El plan Morrokotudak del Gobierno vasco ha impulsado únicamente la formalización de 106 contratos de mujeres en sectores masculinizados en cuatro años. El programa de formación y empleo surgió para fomentar la introducción de mujeres en sectores que tradicionalmente están copados por hombres. De ahí su nombre, Morrokotudak, como se conocía a las mujeres que trabajaban en las minas de Gallarta a mediados del siglo pasado. Las convocatorias se han extendido también a introducir a hombres en profesiones entendidas como feminizadas, sin que, por momento, haya tenido el empuje que se esperaba cuando se puso en marcha la pasada legislatura, en 2021, de la mano de la entonces vicelehendakari y consejera de Trabajo y Empleo, Idoia Mendia, del PSE-EE.

Durante los dos primeros años de andadura, -2021 y 2022- sólo se realizaron 45 contratos a mujeres a través de este programa. En los dos años siguientes se ha seguido aplicando con algo más de éxito, pero bastante limitado en lo que ha cifras se refiere. En total, en 2023 y 2024 -del año pasado todavía no hay cifras de contratación porque está en ejecución- fueron 61 las mujeres formadas y contratadas por este programa. Es decir en los cuatro años de los que se disponen datos, han sido 106 las mujeres contratadas en sectores fundamentalmente industriales y de forma mayoritaria masculinizados.

El vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo del Gobierno vasco, el también socialista Mikel Torres, ha proporcionado los datos relativos a los dos últimos años de este programa de subvenciones a petición de la parlamentaria de EH Bildu Pazis García. Del total de 61 mujeres contratadas, 15 se corresponden con contratos de 2023 y 46 fueron contratadas en 2024. 14 de estas mujeres firmaron un contrato indefinido a tiempo completo, mientras que 47 suscribieron un contrato temporal por circunstancias de la producción. En cuanto a los sectores en los que han sido contratadas, 19 fieron en trabajos relacionados con el transporte terrestre, 18 en fabricación de productos metálicos, 11 en metalurgia, nueve en actividades de seguridad e investigación y cuatro en comercio al por mayor e intermediarios.

La convocatoria de subvenciones, que incluye un periodo de formación con compromiso de contratación, se destina a mujeres y hombres desempleadas en ámbitos masculinizados y feminizados, aunque los contratos a hombres han sido menos. En total se han realizado 2023 y 2024 un total de 75 contratos, de los que 14 corresponden a hombres. De estos, sólo han sido cinco los contratados por tiempo indefinido. Los sectores feminizados en los que se ha contratado a hombres han sido establecimientos residenciales, ocho de ellos, Educación, cinco, y transporte terrestre, uno.

El total de contrataciones de hombres y mujeres ha supuesto una subvención 436.222,27 para empresas de Bizkaia y Gipuzkoa, ya que en estos dos años no se ha solicitado por ninguna en Álava. Esto significa que, unido a las subvenciones de los dos primeros años de funcionamiento de Morrokotudak, en el que el programa ejecutó 107.978,14 euros, desde que se puso en marcha ha ejecutado un gasto de 544.200,41 euros. Una cifra que ya da una idea de que se trata de un programa que no ha cumplido las expectativas para lo que surgió, aunque desde el Gobierno especifican que no todas las empresas piden subvenciones a la contratación. El programa se anunció con una dotación inicial de dos millones de euros. Es decir, cuatro años después se ha ejecutado poco más del 27% de la cantidad con la que surgió.

En cuanto a las empresas que han contratado a través de este programa entre 2023 y 2024, son la mayoría de Bizkaia, territorio al que corresponden 50 de los 75 contratos, y los 25 restantes a Gipuzkoa. La empresa que ha realizado más contratos es Avanza Movilidad Gipuzkoa SA, con un total de 20, subvencionados con 160.000 euros correspondientes a los dos años. Le sigue Asle Seguridad, con ocho contratos y 48.000 euros, Tamoin, con 6 contratos y 47.919 euros. También han contratado a través de este programa Sidenor, Contema, Zidor Consulting, o Lointek, entre otras. Este 2026 está previsto que se vuelva a realizar otra convocatoria del programa, que al igual que el año pasado, se hará de forma diferenciada de la convocatoria para parados en general.

La economía vasca perderá alrededor de 200 millones de euros a finales de este año si se mantienen los precios de la energía al alza, lo que también llevará a una subida general de los precios y un resentimiento en la situación de las empresas y del consumo de los hogares. En el escenario de previsiones que maneja el Gobierno vasco y en un contexto de prolongación de encarecimiento energético con el precio del petróleo en torno 100 dólares, el crecimiento del PIB podría reducirse en torno a dos décimas al cierre de 2026, aunque aún con una subida nominal del 1,7%. “El impacto sería limitado a corto plazo, pero podría intensificarse si los precios elevados se prolongan en el tiempo”, ha señalado el vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo del Gobierno vasco, el socialista Mikel Torres. No obstante, ha querido mandar un mensaje de confianza dentro de la prudencia: “Estamos en una situación de preocupación, pero no de alarmismo”.

De hecho, lo primero que ha hecho Torres ha sido señalar que Euskadi mantiene las previsiones económicas que estaban fijadas hasta ahora, porque el crecimiento que está experimentando la economía vasca es suficientemente “sólido”. Es decir, que sobre el papel se sigue manteniendo que el PIB crecerá a final de año un 1,9%. Y un 1,6% en 2027. Sin embargo, en el contexto internacional actual de absoluta incertidumbre por la crisis derivada del conflicto bélico en Irán, es necesario tener en cuenta “escenarios alternativos”, sobre todo porque no se sabe el tiempo que durará la guerra ni la deriva que llevará y, por lo tanto, cuánto impactará en la situación de las empresas y en los bolsillos de los ciudadanos. De hecho, el IPC ya está claramente al alza. Por lo tanto, la prudencia parece ser de nuevo el denominador común de todas las previsiones que puedan hacerse: “Este escenario exige prudencia y un seguimiento cercano de la situación para analizar su evolución”, ha afirmado Torres, que, no obstante, ha insistido en que la economía vasca se enfrenta a este escenario desde “una posición de fortaleza relativa”. “Mantenemos nuestras previsiones porque los fundamentos internos son sólidos y las políticas públicas están actuando como amortiguador frente a los riesgos externos”, ha indicado. De hecho, el PIB vasco ha crecido en el primer trimestre del año un 2,2%. Pero a partir ahora todo puede pasar.

El consejero ha reconocido que “uno de los principales focos de atención” es el crecimiento de la inflación, impulsada por el encarecimiento energético. El IPC adelantado de marzo ya se sitúa en el 3,3% interanual, un punto por encima del mes anterior. Este crecimiento de la inflación es “el principal canal de transmisión del shock energético a nuestra economía”, ha recordado el vicelehendakari “y este canal ya está plenamente activo”, ha explicado. No obstante, Torres ha destacado el papel de las políticas públicas para amortiguar este impacto. “Las medidas adoptadas están contribuyendo a evitar traslados abruptos a los precios finales y a proteger el poder adquisitivo de los hogares”, ha afirmado.

A la espera de si la guerra en Irán obliga o no a modificar las previsiones, Torres ha señalado que este año se espera que el sector servicios siga siendo el principal motor económico, con un crecimiento previsto del 2,1%, mientras que la construcción mantendrá un avance sólido cercano al 2,6%. La industria “afronta un entorno más exigente debido al coste energético”, ha reconocido, aunque “se prevé una evolución positiva sin contracción de la actividad”, con un aumento que se quedará en el 0,9%.

En relación con el mercado laboral, Torres ha puesto en valor su buen comportamiento. “El empleo seguirá creciendo y la tasa de paro continuará reduciéndose, lo que contribuye a sostener la renta de los hogares y la confianza”, ha señalado. En concreto, se prevé un aumento del empleo del 1,0% en 2026 y del 0,7% en 2027, lo que permitirá situar la tasa de paro en el 6,4% y el 6,2%, respectivamente.

El vicelehendakari ha puesto en valor las medidas anticrisis para amortiguar este impacto. “Las medidas adoptadas están contribuyendo a evitar traslados abruptos a los precios finales y a proteger el poder adquisitivo de los hogares”, ha afirmado. En este sentido, ha destacado que el Gobierno vasco mantiene una estrategia activa de apoyo al tejido productivo y al empleo, especialmente dirigida a los sectores más expuestos al coste de la energía. “Nuestro objetivo es doble: proteger la viabilidad de las empresas y preservar el empleo y su calidad”, ha subrayado Torres.

El Gobierno de Imanol Pradales ha presentado ya este martes su paquete de medidas extraordinarias “para hacer frente al impacto del conflicto de Oriente Medio”. El titular facilitado por el propio Ejecutivo es que el “escudo industrial” alcanza los 1.047 millones de euros. Sin embargo, no toda la inversión prevista es nueva. El consejero coordinador del plan, el consejero de Industria, Mikel Jauregi, ha realizado una cirugía más fina a instancias de los periodistas y ha enumerado como programas rotundamente nuevos unas iniciativas que suman 257 millones de euros, por ejemplo, y que miran a renovables, movilidad eficiente o ayudas a 'pymes'.

A los 17 días del inicio del ataque de Estados Unidos e Israel en Irán, el Gobierno de PNV y PSE-EE ya tiene una guía. Se inspira en planes similares activados durante la pandemia de la COVID-19 en 2020, la “economía de guerra” que trajo la invasión de Ucrania de 2022 o con la crisis arancelaria de 2025. En la presentación han participado hasta tres consejeros. Además de la portavoz, María Ubarretxena, con Jauregi estaban el vicelehendakari y consejero de Economía, Mikel Torres, de la parte socialista del gabinete, y el responsable de Hacienda, Noël d'Anjou. No era una imagen menor, ya que es una jorndada de huelga general. “Estamos hoy aquí trabajando”, han constatado.

En la presentación, ha habido matices. Si Jauregi ha insistido en los “efectos desde la primera semana” del nuevo escenario global y en la “afección directa” en los “bolsillos” de empresas y familias -quizás con las gasolineras como referencia más clara-, Torres ha rechazado que Euskadi esté en crisis. Todo lo contrario, está creciendo más de lo previsto también en 2026 y con afiliación “de récord” en la Seguridad Social, según ha dicho. “Estamos preocupados, pero no hay que estar alarmados”, ha rebajado Torres, que incluso ha citado un informe del BBVA que apunta en esa misma línea optimista en lo macro.

En lo que sí han coincidido en que “Euskadi se anticipa”, en que se pertrecha con medidas para atender a las demandas que puedan ir surgiendo. Y en que es un plan necesariamente complementario al que apruebe el Gobierno de España. El PNV y Pradales han solicitado ya a Pedro Sánchez medidas como bajar el IVA de la factura eléctrica del 21% al 5% o reducir 'peajes' e impuestos energéticos. El socialista Torres ha asegurado a los periodistas que son posiciones perfectamente compartidas.

Las tablas presentadas llegan a 1.047 millones con programas en cuatro ámbitos, 105 para programas de empleo, 450 de avales para 'pymes', 277 en ayudas a empresas para transformación y diversificación y 215 en “autonomía energética”. Con transparencia, Jauregi ha explicado que no todo es nuevo. Ha indicado que “para las 'pymes'” hay “87 millones” que no se contemplaban ya en los presupuestos de 2026 y que es un 51% más que lo dispuesto en 2025. Igualmente, hay 15 millones en “movilidad eficiente” novedosos -no así los 45 anunciados para “autoconsumo”- y 155 más para “coinversiones” en “grandes proyectos” eólicos o fotovoltaicos o de “hidrógeno verde”.

Según Jauregi, Euskadi presenta “gran dependencia de fuentes energéticas externas” y “el conflicto ha incrementado los precios” de electricidad, gas y petróleo. Toca poner dinero para que la industria “sea menos vulnerable ante los shocks” internacionales, ha explicado.

En cuanto a los avales, los 450 millones anunciados son muy semejantes a los activados justamente en 2025 como “escudo” también, pero en aquel caso por los aranceles impuestos por Donald Trump. El consejero de Hacienda, Noël d'Anjou, ha reconocido que el aprobado ahora es un programa esencialmente “coincidente” con el anterior, aunque ha puesto en valor la celeridad de tenerlo listo en un momento del año tan prematuro. Se trata de dar “buenas condiciones” a las 'pymes, la “columna vertebral” del tejido productivo vasco, para que accedan a financiación en tiempos complejos, ha explicado D'Anjou. 'El Correo' informó en diciembre que el plan anterior movilizó apenas 12 de los 450 millones dispuestos.

¿En qué consisten estos avales? Están gestionados por Elkargi y con el respaldo del Instituto Vasco de Finanzas, ofrecen “hasta un máximo de cinco años con un máximo de dos años de carencia” y ofrecen entre 100.000 y 1.500.000 euros para empresas y 30.000 y 120.000 para autónomos. Las 'pymes' han de tener domicilio social en Euskadi y han de acreditar una “exposición significativa” tanto a Estados Unidos como al “conflicto bélico en Oriente Medio”.

En cuanto a la pata laboral, el vicelehendakari Torres ha selañado la importancia de que el “escudo” llegue también a las “personas trabajadoras”. Ha apuntado a introducir una “discriminación positiva” a posibles afectados por el nuevo contexto en los programas como los 100 millones de fomento a la contratación o los complementos a los ERTE, de hasta 150 euros mensuales para personas con salarios por debajo de los 20.000 euros.

La Inspección de Trabajo vasca ha realizado 20.191 actuaciones durante el año 2025 tras las que han realizado 4.443 requerimientos y se han detectado 1.862 infracciones, pero sólo nueve expedientes se han derivado a la Fiscalía por ser presuntos delitos en materia de salud y seguridad laboral, relacionados con accidentes de trabajo mortales, ámbito en el que se incoaron 13 expedientes sancionadores. El Departamento de Economía, Trabajo y Empleo ha realizado este lunes un balance de la actuación en el año pasado, en el que en materia laboral siguen destacando las infracciones sobre el control horario y horas extraordinarias. Se realizaron 1.490 inspecciones en este campo y en más del 60% se detectaron infracciones, un porcentaje de irregularidad que se viene manteniendo los últimos años.

El vicelehendakari y consejero, Mikel Torres, que ha realizado este balance acompañado por la viceconsejera de Trabajo y Seguridad Social, Elena Pérez Barredo, y la subdirectora de la Inspección de Trabajo del País Vasco, Iciar González, ha puesto en valor que pese a las cifras, “los comportamientos fraudulentos detectados afectan a porcentajes muy reducidos del total de empresas -entre el 0,4% y el 2,3% según el supuesto-, lo que demuestra que la mayoría del tejido empresarial vasco cumple la ley”. “Pero donde hay fraude, actuamos”, aseguran.

La mayor parte de las actuaciones tienen que ver con la Seguridad y Salud Laboral, con 11.545 intervenciones —el 57% del total—, en las que se detectaron 570 infracciones, se realizaron 2.754 requerimientos. En el ámbito de las Relaciones Laborales se realizaron 6.974 actuaciones -el 35%-, 635 infracciones y 1.669 requerimientos; y en la lucha contra el fraude en la contratación, con 1.672 actuaciones -el 8%-, 657 infracciones y 20 requerimientos. En conjunto, las infracciones detectadas supusieron sanciones por 10.4 millones de euros, de los que casi tres se corresponden con la Seguridad Laboral. 1,19 millones con infracciones laborales, y 6,23 millones, en infracciones relacionadas con el empleo.

En el ámbito de la Seguridad Laboral, los accidentes graves o mortales dieron lugar a 13 expedientes sancionadores, de los que nueve se han derivado a la Fiscalía, y se realizaron seis requerimientos. Sobre accidentes graves se abrieron 72 expedientes sancionadores y 92 requerimientos, y 145 expedientes sancionadores y 133 requerimientos en accidentes leves. Además, se realizaron 98 actuaciones en investigación de enfermedades profesionales, con 4 sanciones, 33 requerimientos y 2 recargos de prestaciones, además de una campaña específica en coordinación con Osalan.

En lo que se refiere a la lucha contra el fraude en la contratación, en 2025 se revisaron 26.959 contratos y se pusieron en marcha tres planes de choque que afectaron a 12.939 contratos presuntamente fraudulentos. En total, en 2025 se transformaron en indefinidos y a tiempo completo 1.788 contratos parciales o fijos discontinuos irregulares. “Donde no se cumple la ley, hay precariedad; donde hay fraude, hay competencia desleal; y donde se vulneran derechos laborales, se debilita nuestra cohesión social”, ha recordado el vicelehendakari.

18 plazas de inspección pendientes de cubrir

Por otra parte, el departamento ha aprovechado el balance de la inspección de año pasado para presentar el Plan de Gestión 2026-2028, recientemente aprobado por el Departamento de Economía, Trabajo y Empleo, que, según ha recordado la viceconsejera Elena Pérez, “refuerza el compromiso del Gobierno vasco con el empleo digno, la legalidad y la protección efectiva de los derechos laborales”.

El plan contempla entre otras cuestiones la cobertura de todas las plazas vacantes en materia de inspección. Actualmente hay 83 plazas -60 de inspectores y 23 de subinspectores- de las que 18 están vacantes a la espera de concursos de traslado, procesos selectivos u oposiciones. Precisamente se continuará con el programa de becas para la preparación de estas oposiciones, cuya convocatoria depende del Estado.

El plan presta especial atención a los nuevos entornos laborales derivados de la digitalización, la automatización, el teletrabajo y la economía de plataformas, con un mensaje claro: “Los derechos laborales no pueden diluirse en los entornos digitales”. Asimismo, consolida la dimensión preventiva y de acompañamiento de la Inspección, impulsando campañas informativas y actuaciones planificadas en sectores estratégicos. “Nuestro objetivo no es recaudatorio. Nuestro objetivo es que las normas se cumplan”, ha señalado la viceconsejera.

Ha afirmado que la Inspección de Trabajo “no es un fin en sí mismo, sino un instrumento al servicio de un modelo social basado en el diálogo social, la calidad del empleo, la productividad con derechos y la seguridad jurídica”. “Queremos una Inspección moderna, eficaz y plenamente integrada en el autogobierno vasco. Una Inspección que garantice que en Euskadi competir sea compatible con cumplir; innovar, compatible con respetar derechos; y crecer, compatible con cohesionar”, ha concluido la viceconsejera.

Los altos cargos y asimilados del Gobierno vasco tienen a su disposición 241 coches oficiales. De ellos, apenas 22 son ya diésel o gasolina. Aunque en 47 casos no hay datos, se están imponiendo los modelos híbridos. Estos vehículos han supuesto un coste de 1.567.855,02 euros (aquí se suma el posible 'renting', los peajes, aparcamientos, repostajes, cargas eléctricas y todos los gastos) y han recorrido exactamente 10.874.134 kilómetros. Son 271 vueltas al mundo por el ecuador (y un tercio de la siguiente). O, en lo que puede ser una referencia más habitual, 169.908 desplazamientos desde Bilbao hasta Lakua, la sede central de la Administración autonómica en Vitoria.

elDiario.es/Euskadi ofrece el detalle de los datos en tres gráficos interactivos. El primero es el desglose de la flota y los coches de combustión que quedan. El segundo informa del gasto por áreas en parque móvil. Y el tercero es el relativo al desplazamiento medido en kilómetros. La documentación procede de una solicitud realizada por Álvaro Gotxi del PP en el Parlamento Vasco a la que han respondido diez de los dieciséis departamentos del Ejecutivo. Los datos de esas carteras han sido facilitados por la consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, María Ubarretxena, que tiene bajo su cargo una flota general que luego se asigna a los diferentes departamentos. Otro matiz: los consejeros tienen un coche que computa en el Departamento de Seguridad y no en sus respectivas carteras, porque son vehículos de escolta policial.

Algunas situaciones particulares se dan en Presidencia. Aquí aparecen datos de los vehículos de las delegaciones en Argentina y en México, un Volkswagen y un Ford, en pesos argentinos y pesos mexicanos. Aquí se ha procedido a un cambio de divisas. ¿Y en qué vehículos viajan los miembros del Gobierno? Imanol Pradales, como Iñigo Urkullu, tiene Lexus. Y también algunos consejeros lo llevan. Hay nueve berlinas de lujo de esa marca, de los modelos XZ1 y LS 500 H. Además, hay cinco Audi A6 Limousine, cinco BMW 530E XDrive iPerformance y un Hyundai Tucson, el del viceconsejero de Seguridad, el único alto cargo que no forma parte del Consejo de Gobierno que mantiene la escolta. De todo el Gobierno, el organismo BRTA (Basque Research and Technology Alliance, dependiente de la cartera de Mikel Jauregi) ha sido el más transparente. Ha enviado incluso los extractos de las tarjetas de Kutxabank con los gastos. Se da la circunstancia de que la cartera de Susana García Chueca, la de Movilidad Sostenible, es la que tiene menos vehículos, menos gasto y menos kilometraje.

El impacto de los fondos europeos en la comunidad autónoma ascendió el año pasado a 4.438 millones de euros, lo que supone un incremento de casi 1.000 millones respecto al cierre de 2024. El número de beneficiarios ascendió a cerca de 29.000 empresas, de las cuales 26.000 son 'pymes'. El vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo del Gobierno vasco, el socialista Mikel Torres, ha destacado que estos fondos se han convertido en uno de los “mayores motores de inversión en Euskadi.

Torres ha comparecido en el Parlamento Vasco para hacer balance del nivel de ejecución de este dinero que proviene del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) arbitrado por la Unión Europea tras la pandemia de COVID-19, un mecanismo al que le quedan seis meses de aplicación, ya que acaba el plazo el 31 de agosto. Según ha señalado, el crecimiento respecto al año anterior se debe sobre todo al fuerte impulso de las convocatorias estatales, que en 2025 alcanzan los 2.705 millones de euros -casi 800 millones más que en 2024- y por el aumento de los fondos procedentes de otras comunidades autónomas que recaen en entidades y empresas vascas, hasta 426 millones.

A su vez, la gestión autonómica del Gobierno vasco mantiene un nivel estable de asignación, situándose en 1.307 millones, ligeramente por encima del ejercicio anterior. Torres ha resaltado que Euskadi ha logrado asignar el 95% de los fondos y ejecutar el 84% gracias al incremento de instrumentos jurídicos en vigor y a la maduración de los proyectos en marcha. El consejero ha añadido que se ha asignado casi la totalidad“ de los fondos disponibles y se han ejecutado más de 1.000 millones de euros, ”siempre con un foco claro en la transformación industrial, energética y social de nuestro país“.

Además, ha puesto en valor el impacto territorial y la capilaridad de estos fondos, ya que los 313 millones destinados a diputaciones, ayuntamientos y otros organismos públicos han sido transferidos en su totalidad, lo que permite avanzar en proyectos clave en movilidad sostenible, transición energética, rehabilitación urbana, digitalización y políticas sociales. “Los fondos llegan a donde tienen que llegar, y llegan a tiempo. Esto es esencial para garantizar que cada euro contribuya a modernizar nuestros servicios públicos y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía”, ha señalado.

En cuanto a los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE), ha destacado que Euskadi ha aumentado en 69 millones de euros la captación desde la última comparecencia, alcanzando un 8,1% de los fondos estatales, muy por encima del peso poblacional y presupuestario de la comunidad autónoma. “Este dato confirma la fortaleza de nuestro tejido empresarial, que lidera proyectos transformadores en ámbitos como la movilidad eléctrica, el hidrógeno, la industria avanzada o la digitalización”, ha señalado.

El consejero ha manifestado que este es “el tramo final”, por lo que hay que ser “especialmente rigurosos”. “Nuestro objetivo es ejecutar hasta el último euro disponible y justificarlo con absoluta solvencia, garantizando que cada inversión deje una huella positiva, duradera y transformadora en Euskadi”, ha explicado.

Los grupos de la oposición han pedido al Gobierno mayor celeridad para ejecutar al completo el dinero recibido, que no se beneficie sólo a las grandes corporaciones y que los fondos impacten en la vida de las personas. Torres ha insistido en que la cantidad de dinero sin asignar se realizará próximamente. En cuanto a la influencia en la vida de las personas, el vicelehendakari ha insistido en que sobre todo ha impactado en la creación de empleo. Aunque ha señalado que lo detallarán y concretarán, también por sectores, en un informe que realizarán próximamente. Y ha señalado que el 80% de los fondos va a la industria, en la que la mayoría son pymes. Ha reconocido que alguas de estas ayudas, por ejemplo los PERTE, van a grandes empresas como Iberdrola, Mercedes Benz o empresas relacionadas con el hidrógeno, pero ha recordado que esas grandes empresas son tractoras de las pymes.

Los principales beneficiarios de los fondos son Iberdrola Clientes Sociedad Anónima (300.452.940 euros), Mercedes Benz España SAU (SAU 280.502.262 euros), Irizar S. Coop. (167.944.989 euros), Bay of Biscay Hydrogen Sociedad Limitada (160.000.000 euros), Voestalpine Railway Systems Jez S.L. (94.849.802 euros), Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA (70.469.452 euros), Obrascon Huarte Lain SA-Construcciones Adolfo Sobrino SA - UTE LEY 18/1982-UTE Estacion Irun (53.955.592 euros), Iberdrola Generacion SAU (46.000.702 euros), Dragados S.A. y Tecsa EC UTE Ley 18 / 1982 (43.788.304 euros), y EHU (42.340.488 euros).

El Gobierno vasco ha tramitado 11.171 permisos de trabajo a extranjeros en los seis primeros meses desde que se transfirió esta competencia a Euskadi en el mes de julio. Esto hace prever al epartamento de Economía, Trabajo y Empleo que este año 2026 se duplicará el número de expedientes hasta llegar a superar los 22.000.

La mayor parte de los permisos a los que les ha dado el visto bueno en este periodo se corresponde con autorizaciones por arraigo, es decir, personas que ya están residiendo y trabajando en Euskadi, y que ascienden a 9.495, el 85% del total, ocho de cada diez de los expedientes tramitados. En su mayoría se trata de arraigo sociolaboral, por lo que el vicelehendakari Mikel Torres ha destacado la importancia que tiene esta transferencia para dinamizar el mercado de trabajo vasco y regularizarlo. Todavía son menos los permisos a través de autorizaciones iniciales, es decir, trabajadores a los que se les hace contrato en el país de origen, que suman 1.103 trabajadores, el 9,87% del total, aunque el objetivo es que aumenten las personas extranjeras que trabajen en Euskadi a través de esta fórmula.

Torres, que ha presentado el balance del arranque de esta transferencia acompañado por la vicenconsejera Elena Pérez Barredo, ha destacado que en este primer balance se demuestra que contar con la competencia “no sólo ha funcionado bien, sino que está aportando valor al mercado laboral, está ayudando a las empresas”. Además, tanto el vicelehendakari como la viceconsejera han hecho hincapié en que se están “reforzando los derechos de las personas trabajadoras”, ya que algunos de estos permisos se han denegado por irregularidades en los contratos, como no pagar el SMI, o el mínimo establecido en el convenio correspondiente o no respetar la jornada laboral a lo que establece el convenio.

El vicelehendakari ha puesto en valor que en estos momentos “Euskadi cuenta ya con 104.372 personas extranjeras cotizando, una presencia especialmente relevante en sectores estratégicos como la hostelería, la construcción, la logística y la industria”. “Además, casi 17.000 personas autónomas son de origen extranjero, un 5,4 % más que el año anterior, y el 55% de las nuevas altas en la Seguridad Social en 2025 corresponde a personas migrantes”, inciden. Por ello, ha insistido en que “el empleo y el crecimiento económico actuales no se explican sin la aportación de las personas migrantes”, y ha recordado que uno de los objetivos fundamentales del Gobierno y de esta transferencia es “casar oferta y demanda, responder a las necesidades reales de las empresas y hacerlo a través de una migración regular, ordenada y con derechos”.

Los datos que ha desgranado la viceconsejera de Trabajo (y de Seguridad Social, una competencia que está también llegando) muestran diferencias en las nacionalidades y de las personas según sean autorizaciones por arraigo, es decir, de personas que viven en Euskadi, o de autorizaciones iniciales, las de trabajadores a los que se va buscar a los países de origen. También hay diferencias importantes en lo que se refiere a los sectores productivos a los que van dirigidos estos trabajadores. En el caso de permiso por arraigo, son el origen de los trabajadores es fundamentalmente Colombia, Marruecos, Nicaragua y Honduras. Mientras que los sectores son esencialmente el trabajo doméstico, peones de la construcción y camareros.

En el caso de las autorizaciones iniciales los países a los que los empresarios van a buscar trabajadores son Perú, en primer lugar, seguidos de Pakistán y Marruecos. En este caso, las ocupaciones son esencialmente construcción, servicios e industria. La viceconsejera ha explicado que en el caso de las autorizaciones iniciales tienen que ser ocupaciones de difícil cobertura, que están establecidas por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de acuerdo con los agentes sociales. Sin embargo, con Perú hay un antiguo convenio, por lo que se puede contratar trabajadores para más ocupaciones, lo que explicaría en parte que el 21,85% de los trabajadores contratados en origen tengan esa nacionalidad.

Pérez Barredo ha destacado que el objetivo es que el número de contrataciones en origen que suponen ahora el 9,87%, crezca. “Que haya más porcentaje de personas que vienen con contrato de trabajo” y no personas que llegan a Euskadi y luego tratan de regularizar su situación, porque es una forma de que se garanticen mejor los derechos de estas personas. Hay que recordar que la transferencia se refiere a permisos de trabajo para extranjeros solo en Euskadi. Si quieren trabajar en cualquier punto de de España el permiso corresponde a la Administración central, lo mismo que el permiso de residencia, que sigue siendo competencia estatal.

Datos personales del lehendakari, Imanol Pradales, de su pareja, de los dos vicelehendakaris, Ibone Bengoetxea del PNV y Mikel Torres del PSE-EE, y de los consejeros de Salud y de Hacienda, Alberto Martínez y Noël D'Anjou, han sido revelados después de un ciberataque, según la información que ha adelantado elDiario.es. “Es un asunto que debe tomarse con la máxima seriedad. En estos momentos, se está analizando lo ocurrido para que pueda haber una investigación, esclarecer los hechos y determinar su alcance. Prudencia, responsabilidad y plena colaboración”, exponen fuentes de la Presidencia vasca.

La filtración se ha llevado a cabo en un portal especializado en publicar este tipo de bases de datos. Además de estos cargos de “Vascongadas”, como se indica por parte de los responsables, se incluye información personal de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, de José Manuel Moreno Bonilla, presidente de Andalucía, Jde orge Azcón, presidente de Aragón, de Alfonso Fernández Mañueco, presidente de Castilla y León, de Juan Francisco Pérez Llorca, presidente de la Comunidad Valenciana, de María Guardiola, presidenta en funciones de Extremadura, y de María Chivite, presidenta de Navarra.

El autor de la publicación, que se identifica como “Eurogosth”, no ha dejado pistas de sus motivaciones. “Sé que faltan CCAA, no se van a salvar, dentro de poco hare la V2 [versión 2] de esta db [base de datos], probablemente con familiares, o sin familiares, no lo se, no afirmo nada. Viva España”, es su único mensaje. Por el momento no ha realizado más publicaciones.

En el caso vasco, una de las comunidades más afectadas, la información que se proporciona del lehendakari en su teléfono móvil -que es el correcto-, correos personales suyo y de su esposa y DNI. En el caso de Bengoetxea, vicelehendakari primera, aparecen dos correos, el DNI y un fijo. Sobre Mikel Torres viene una vieja dirección de su etapa como alcalde de Portugalete. En el caso de D'Anjou y Martínez aparecen direcciones y, en el segundo caso, también un móvil.

“A pesar de que en mi caso se ha filtrado un correo electrónico viejo, de mi etapa de alcalde de Portugalete, me parece un hecho grave, que debe investigarse para tratar de identificar a la persona o personas que han filtrado esos datos que son personales. Compartir datos personales sin consentimiento es un delito y, por tanto, deberán imponerse las sanciones que establece el Código Penal”, ha señalado Torres.

En una oleada anterior con datos sobre altos cargos relacionados con la gestión ferroviaria ya se habían filtrado datos de José Antonio Santano, secretario de Estado y exalcalde de Irún, del PSE-EE, y de Pedro Marco, máximo responsable de Adif y exviceconsejero vasco de Transportes, también socialista. Se puede ampliar aquí la información.

En 2026, la economía vasca mantendrá un crecimiento que permitirá generar empleo, hasta 11.000 nuevos puestos de trabajo. Al menos, si se cumplen las previsiones del Gobierno vasco, que mantienen el optimismo. Se revisaron al alza el pasado mes de septiembre y las cifras dadas entonces se consideran válidas ahora. Se cerrará 2025 con un crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) del 2,2% y el año que empieza se crecerá menos, un 1,9% para ser exactos, pero lo suficiente como para que se puedan considerar este crecimiento “sólido”. “Las previsiones dibujan un escenario de crecimiento sólido y sostenido para la economía vasca, basado en el empuje de la demanda interna, la fortaleza del mercado laboral y la capacidad de adaptación del tejido productivo, incluso en un contexto internacional marcado por la incertidumbre”, señalan desde el Departamento de Economía, Trabajo y Empleo que dirige el vicelehendakari Mikel Torres. Lo cierto es que esa 'espada de Damocles' de la incertidumbre internacional que pesa no sólo sobre la economía vasca, sino sobre la economía mundial, con los aranceles de Donald Trump o la inestabilidad de las guerras, influyen mucho sobre el crecimiento de la industria, el principal motor del crecimiento vasco. De hecho, es el sector que menos va a crecer el año que viene, pese a al optimismo de las previsiones con las que cuenta el Gobierno vasco, sobre todo por depender mucho de las exportaciones. Y eso hace que estas predicciones puedan estar sujetas a variaciones según evolucione el panorama internacional. Un año más, la incertidumbre es la que manda.

Producto Interior Bruto (PIB)

El Gobierno da por sentado que habrá un crecimiento “estable y equilibrado” en el periodo 2025-2027. Ha elaborado estas previsiones bajo el supuesto de que habrá una “progresiva normalización de los tipos de interés, con un Euribor en torno al 2% en 2026-2027, estabilidad del euro frente al dólar y un entorno internacional de crecimiento moderado, sin nuevos shocks energéticos”. No obstante, reconoce que se “mantienen riesgos asociados a la política comercial, la estabilidad financiera y la situación geopolítica”

Con estos datos prevé que el PIB crezca un 2,2% en 2025 y un 1,9% en 2026. Este crecimiento para el año que viene está por encima de previsto para la zona euro, que se sitúa en el 1,2%, pero ligeramente por debajo del que se prevé para España, un 2%. Esta diferencia se explica desde el Gobierno porque aunque “Euskadi se beneficia de una renta per cápita más alta y un tejido industrial fuerte, su crecimiento global suele ser algo menor que la media española especialmente cuando sectores como el turismo impulsan fuertemente el crecimiento nacional”. Sin embargo, “considera que el dinamismo de la economía vasca está contribuyendo a reducir progresivamente la diferencia de crecimiento respecto al conjunto de España, apoyado en su fortaleza industrial, su capacidad exportadora y su estabilidad estructural”.

El PIB vasco estará impulsado, sobre todo, por la fortaleza de la demanda interna, el consumo y la inversión. De cara a 2027 el PIB vasco también crecerá, pero de forma más moderada, para quedarse en el 1,6% de incremento. Es decir, que el crecimiento se va a impulsar sobre todo gracias al consumo de los hogares, que se prevé que mantenga un tono expansivo, con un crecimiento del 2,7% en 2025, respaldado por la mejora del empleo y la moderación de la inflación, aunque se prevé una desaceleración gradual hasta el 2,1% en 2026. La inversión continuará siendo el componente más dinámico de la demanda, con incrementos del 3,8% en 2025 y del 3,1% en 2026. El sector exterior, por su parte, seguirá restando crecimiento debido a la debilidad del comercio internacional y al impacto de los aranceles estadounidenses.

Sectores

La buena noticia es que el año que viene se espera que todos los sectores crezcan, en mayor o en menor medida. La mala es que la industria será la que menos incremente su peso sobre el PIB, por delante sólo del sector primario, aunque se espera que vaya recuperando puestos en cada trimestre. En concreto, el crecimiento los servicios y la construcción. De hecho, la construcción se consolidará como el ámbito más dinámico de la oferta, con crecimientos previstos del 3,6% en 2025 y del 2,7% en 2026, impulsados por la ejecución de infraestructuras y la demanda residencial. De cara a 2027 bajará al 1,7%.

Los servicios seguirán siendo el principal motor del crecimiento económico, con avances del 2,8% en 2025 y del 2,2% en 2026, gracias al consumo interno y a la actividad turística. En 2027 bajará al 1,6%. Por su parte, la industria mantendrá un ritmo de crecimiento más contenido, con un 0,3% en 2025 y un 1,0% en 2026, condicionada por la incertidumbre internacional y la situación de los mercados europeos a los que se dirigen las exportaciones, aunque con expectativas de una recuperación gradual a partir de 2026. De hecho, la previsión para 2027 apunta a un crecimiento de la industria del 1,5%. El sector primario continuará mostrando volatilidad, con una caída prevista del 0,6 % en 2025 y una ligera recuperación del 0,4 % en 2026.En 2027 se apunta a un aumento del 2,6%, pero hay que tener en cuenta de que se trata ya de una previsión a muy largo plazo.

Empleo

El mercado de trabajo se ha comportado bien a lo largo de este año gracias al crecimiento económico y la previsión es que siga haciéndolo también el que viene, con descenso del paro, y con importante creación de empleo. El empleo crecerá un 1,4 % en 2025, lo que supondrá “la creación de más de 14.000 puestos de trabajo a tiempo completo este año”, según las previsiones del Gobierno vasco. Para el año que viene se crearán 11.000 puestos de trabajo, lo que implica un 1,1% de crecimiento. Para 2027 se ralentiza esa creación de empleo, con un aumento de un 0,8%. Con ello, la tasa de paro descenderá hasta el 6,6% en 2025 y podría situarse en el 6,4% en 2026, con la perspectiva de aproximarse al 6% en 2027. Asimismo, la productividad real del trabajo avanzará en torno al 0,8% anual, reflejando un crecimiento moderado pero sostenido.

El ala del PNV del Gobierno vasco sostiene que sus socios de coalición, el PSE-EE, comparten exactamente el mismo sentimiento de “malestar” o “desazón” (la palabra textual ha sido 'ezinegona', en euskera) con Pedro Sánchez por el incumplimiento del compromiso para cerrar todas las transferencias pendientes del Estatuto de 1979 en 2025, algo que ya no se va a producir. La portavoz del Ejecutivo de Imanol Pradales y consejera que lidera las conversaciones estatutarias, María Ubarretxena, ha remarcado que los traspasos más relevantes encima de la mesa recaen precisamente en áreas dirigidas por los socialistas, particularmente todo lo relativo a la gestión económica de la Seguridad Social, y que el vicelehendakari y consejero del ramo, Mikel Torres, ha estado muy implicado en el intercambio de papeles.

Fuentes del equipo de Torres indican que “la única inquietud” es por los motivos “técnicos” y no por cuestiones “políticas”, porque ven claro el “compromiso” de ambas partes en que los traspasos se hagan “de la mejor forma posible”. Insisten en que el objetivo es que la Seguridad Social o el Sepe, una vez cedidos, ofrezcan “un servicio igual o mejor al que viene prestándose en la actualidad”.

Este lunes 29 de diciembre iba a celebrarse una comisión mixta para la firma de cinco transferencias, tres de ellas relacionadas ya con la Seguridad Social, aunque no todavía las pensiones. Es la primera vez que esta materia iba a ser gestionada por una comunidad autónoma y, según Ubarretxena, esto ha generado “miedo” de última hora en el Estado. Ha recordado que Sánchez y Pradales, en primera persona, cerraron los primeros acuerdos políticos en julio y que luego, en septiembre, se ampliaron a Sumar, que dirige el área de Trabajo. Esto propició la cesión del Sepe, esto es, de las políticas pasivas o prestaciones y subsidios de paro, aunque ahora se ha visto retrasada.

La consejera Ubarretxena, que en estos meses ha realizado viajes casi semanales a Madrid, ha personalizado en el secretario de Estado Borja Suárez, 'número dos' de la ministra Elma Saiz, el bloqueo repentino de la comisión mixta y las trabas en torno a financiación y personal. Ubarretxena, a preguntas de los periodistas, no ha querido nombrarlo directamente pero ha insistido en que Sánchez tiene que poner “orden” en su casa. “No puede ser que haya secretarios de Estado que manden más que los ministros”, ha repetido sobre este alto cargo socialista.

Y ha añadido también que los vascos cumplen siempre con la palabra dada y en que sería deseable que los españoles también lo hicieran. Y, además, “en letra y en espíritu”. “No ocultamos nuestra sorpresa por cómo se han desencadenado los hechos”, ha apuntado Ubarretxena, que antes de la rueda de prensa había ofrecido también una entrevista en Euskadi Irratia en términos muy similares.

Se da la circunstancia de que las cinco materias que se iban a firmar no cerrarían tampoco todos los asuntos pendientes. En lo tocante a la Seguridad Social, por ejemplo, falta por acordar la parte principal, el traspaso de la gestión de las pensiones. Euskadi, en todo caso, será mero cajero, ya que normativa y cuantías seguirían siendo fijadas por el Estado. Siempre se ha recalcado que la transferencia respetará la denominada 'caja única' para toda España, algo que recoge expresamente el Estatuto.

Y hay otros temas colgando, desde los paradores de turismo hasta la matriculación de vehículos. Ubarretxena, que ahora se tomará unos días de vacaciones tras haber estado intentando cerrar estos temas “hasta el día de Navidad”, asegura que las negociaciones seguirán en marcha. El nuevo horizonte es el 16 de enero, una fecha de consenso para las cinco transferencias iniciales pero para el que el PNV no es especialmente optimista. Para el resto de materias no hay calendario, aunque Pradales y Sánchez tenían comprometido verse a finales de enero a modo de “reválida”, es decir, como un examen para ver qué estaba cerrada y qué no de entre todo lo comprometido.

Agentes de la Guardia Civil se personaron el pasado viernes en la sede central del Gobierno vasco, en el barrio de Lakua de Vitoria, y en una delegación en Donostia para obtener tanto los datos registrales como las cuentas de dos cooperativas, Noran y Erkolan. Ambas son de la órbita del empresario Antxon Alonso y están relacionadas con la presunta trama de corrupción en torno al exdirigente del PSOE Santos Cerdán, ya que pudieron haber sido utilizadas para desviar fondos desde la mercantil Servinabar 2000, pieza central del caso y a la que, aparentemente, llegaban los ingresos por comisiones de las relaciones con Acciona.

En su informe más reciente sobre el caso, la Guardia Civil propuso al magistrado instructor del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, la práctica de diferentes entradas y registros. En el caso vasco, se planteó el acceso a la sede de Acciona en Bilbao -donde según 'El Correo' los agentes estuvieron entre las 8.30 y las 22.56 horas del viernes- y a las oficinas en Donostia de Noran y Erkolan. Eso se acompañó de una solicitud de información al Registro de Cooperativas de Euskadi, que se quiso hacer “en el acto y en presencia de la fuerza actuante”.

Así, en vez de librar un oficio para requerir la documentación, la Guardia Civil acudió físicamente con la orden judicial a la sede de Lakua. Fuentes conocedoras de la operación indican que fueron dos agentes y no uniformados. Se identificaron ante un funcionario responsable de este servicio que cuelga del área de Economía, Trabajo y Empleo -cuyo consejero es el vicelehendakari socialista, Mikel Torres- y mostaron el mandamiento judicial. Allí obtuvieron parte de la información pero el resto, las cuentas, estaba depositado en otras dependencias autonómicas en Donostia, en las que también se personaron.

La investigación apunta a que Cerdán era copartícipe al 45% de la sociedad navarra Servinabar 2000, creada por el empresario vasco Alonso. Los indicios apuntan igualmente a que Servinabar 2000 tenía un acuerdo con Acciona y que se canalizaban a través de esa sociedad pagos que podrían camuflar mordidas tras adjudicaciones de obras públicas. Parte de esos flujos dinerarios se desviaban a Noran, donde en su gestación aparece la figura de Koldo García y también consta como “socia trabajadora” durante una temporada la esposa de Cerdán, y a Erkolan, donde la que tenía una nómina era la hermana del político, la también socialista Belén Cerdán.

En un comunicado, el Gobierno vasco ha mostrado su total disposición a la colaboración con la Justicia. “Como se ha hecho en anteriores ocasiones, en las que se ha solicitado dicha información por parte de medios de comunicación, del Parlamento Vasco (a petición de Vox), del Parlamento navarro e incluso por parte de la comisión de investigación del Senado, la Dirección de Economía Social ha aportado la información solicitada”, recalca el equipo de Torres.

Las centrales nacionalistas ELA y LAB, que representan a la mayoría sindical, presentarán esta misma semana la demanda contra Confebask para forzar a la patronal vasca a sentarse a negociar el SMI vasco. La negativa de los empresarios, que por tercera vez reusaron la negociación el pasado 22 de octubre, unida al portazo del Parlamento Vasco a tramitar la ILP que estos sindicatos habían presentado sobre el tema, no deja a las centrales más alternativa que la vía judicial, según afirman.

Tal y como anunciaron estos sindicatos en su día, la demanda se basa en el argumento de que las últimas modificaciones del Estatuto de los Trabajadores otorgan prioridad a los convenios y acuerdos interprofesionales firmados en Euskadi sobre los firmados en el Estado, lo que consideran que implica que las patronales “tienen la obligación legal de negociar” cuestiones como la de la subida de los salarios mínimos en el ámbito vasco. En este caso se trataría de negociar salarios mínimos de convenio, porque el Salario Mínimo Interprofesional es competencia exclusiva del Estado, y es a lo que la patronal se aferra para no abordar la negociación en una mesa con las centrales por considerar que es “jurídicamente inviable”. Por ello, para forzar a la patronal a sentarse, las centrales buscan activar la vía judicial. No obstante, más allá de cuestiones jurídicas, los empresarios consideran que se trata de una medida que, de llevarse a cabo, “pondría en riesgo la competitividad y la sostenibilidad de las empresas vascas”.

El propio secretario general de ELA, Mitxel Lakuntza, ha confirmado que la demanda se presentará esta misma semana. En una entrevista en Euskadi Irratia, justo el día después de que el vicelehendakari Milkel Torres emplazara a estos sindicatos “a seguir manteniendo el diálogo y la negociación” pese a que se negaran a participar en la ronda de contactos, Lakuntza ha justificado su negativa a acudir a la reunión en el portazo del Parlamento a tramitar la ILP para la que se habían recogido 138.495 firmas. Lakuntza ha recordado que fue Torres quien realizó la defensa contra la ILP en el Parlamento Vasco en nombre del Gobierno, y “ahora quiere la foto”.

Lakuntza se ha mostrado preocupado con las “incoherencias” del PNV, ha dicho, siendo un partido nacionalista. Ha recordado lo que se pedía en la ILP era la modificación de un artículo del Estatuto de los Trabajadores para poder decidir aquí el Salario Mínimo. Una cuestión que ambas centrales plantearon incluso a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en la visita que realizó a Bilbao. Ante esto, “los jeltzales han hecho suyo el argumento de la unidad de mercado en España”, ha dicho el secretario general de ELA, y emplazan a los sindicatos a negociar con la patronal, aun sabiendo que “Confebask nos ha dado tres veces la espalda”, ha recordado.

El vicelehendakari segundo y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, el socialista Mikel Torres, ha terminado este lunes con Confebask la ronda que inició la pasada semana con los agentes sociales. Ha sido una ronda incompleta, después de que los sindicatos ELA y LAB rechazaran la invitación del vicelehendakari como protesta al portazo del Parlamento Vasco a tramitar la ILP sobre el salario mínimo y sobre la que el Gobierno vasco ya había manifestado su postura en contra.

Tras el encuentro con la patronal vasca, cuya delegación ha estado encabezada por su presidenta, Tamara Yagüe, Torres ha realizado una valoración “positiva” de la ronda de las conversaciones, que se han limitado a los participantes en la Mesa de Diálogo Social, al no estar presentes ELA y LAB, sindicatos a los que ha instado a seguir manteniendo “el diálogo y la negociación para afrontar los retos que tiene el mercado de trabajo”. “Seguiremos trabajando con quienes quieran sumar”, ha señalado.

Con CCOO y UGT, la semana pasada, y con la patronal vasca, este lunes, Torres ha tratado como cuestiones fundamentales la polémica del salario mínimo de convenio, los trabajos que se están llevando a cabo desde la Mesa de Diálogo Social, la Formación Profesional para el empleo, la Ley de Participación Institucional o las autorizaciones de trabajo de personas extranjeras, cuya transferencia está recién recibida.

En cuanto el tema del salario mínimo de convenio, la patronal se niega a sentarse a negociar esta cuestión específica con los sindicatos. Pese a los reiterados llamamientos desde las centrales, el Gobierno y el Parlamento Vasco a que se avenga a una negociación, los empresarios no quieren ni sentarse a una mesa para tratarlo, y lo han dejado ya claro por tres veces. En primer lugar, porque consideran que un salario mínimo propio más alto que el resto del Estado es “jurídicamente inviable”, pero sobre todo, porque consideran que se trata de una propuesta que puede “poner en riesgo la competitividad y la sostenibilidad de las empresas vascas”. En este sentido, Confebask siempre reitera que se sentará a hablar del tema solo si se vincula con otras cuestiones, como son los costes laborales, la competitividad o la reducción del absentismo laboral, un término en el que la patronal engloba también las ausencias al trabajo por bajas laborales o diversos permisos. Confebask ha señalado que ha aprovechado la reunión con el vicelehendakari para “reiterar su preocupación en torno al absentismo laboral en Euskadi”

Precisamente, como anunció Torres durante la presentación de los presupuestos de su área, el departamento está llevando a cabo un “estudio sobre la incapacidad temporal en Euskadi” con el objetivo de obtener un “diagnóstico exhaustivo y equilibrado de las bajas laborales” y en el que se pretende pormenorizar y analizar “las causas, factores y patrones de la incapacidad temporal por contingencias comunes, así como en la formulación de propuestas de mejora en la gestión y prevención”. “El objetivo es conocer a fondo y de forma imparcial la situación actual para facilitar la toma de decisiones y el debate constructivo entre agentes sociales. El éxito del estudio se medirá no solo por la calidad del análisis, sino por su utilidad para generar diálogo y servir de herramienta práctica para la toma de posibles soluciones consensuadas”, ha explicado Mikel Torres.

La idea es que una vez ultimado el estudio se traslade a los agentes sociales con el fin de que sirva como base de diálogo entre las partes: “El diálogo y la cooperación son fundamentales para afrontar los retos que compartimos, tanto desde el punto de vista de las personas trabajadoras como de la patronal. Ahora más que nunca es imprescindible que todas las partes se escuchen y colaboren para encontrar soluciones a los problemas que importan y preocupan a la ciudadanía vasca”. Torres ha reiterado su compromiso “firme” con el diálogo, y ha citado la “Mesa de Diálogo Social en la que se llegarán a acuerdos importantes en los que se está trabajando”, y a la que no asisten ni ELA ni LAB.

Como sucediera hace unas pocas semanas con la propuesta avalada por 145.142 firmas para mejorar las pensiones desde Euskadi, el Parlamento Vasco ha tumbado este jueves también otra iniciativa legislativa popular o ILP, en este caso firmada por 138.495 personas e impulsada por la mayoría sindical abertzale (ELA, LAB, ESK, Steilas, Hiru y Etxalde), para intentar fijar un marco propio y elevar el salario mínimo profesional (SMI) en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa en atención a su mayor nivel de vida. A los votos negativos de la mayoría gubernamental, PNV y PSE-EE -salvo uno, aparentemente por error-, se han sumado los de PP y Vox. Únicamente EH Bildu y Sumar han apoyado tramitar la propuesta, que buscaba instar a las Cortes Generales a que habiliten a las comunidades autónomas a establecer sus propias políticas en esta materia.

El debate ha servido para escenificar, con el máximo de los simbolismos, que ELA ha completado ya su recorrido de ser el sindicato del PNV a “contrapoder”. Quien ha tomado la palabra en la sesión parlamentaria para defender la propuesta ha sido el propio secretario general de la central, Mitxel Lakuntza, que no ha dudado en dirigirse directamente al lehendakari, Imanol Pradales, que seguía el discurso con un ordenador portátil negro en el regazo y una pequeña libreta abierta para tomar notas. Lakuntza, que ha tomado la palabra íntegramente en euskera, le ha reprochado que defienda en sus discursos un nuevo estatus vasco y luego bloquee propuestas como la del SMI propio.

El líder de ELA ha criticado que el Ejecutivo liderado por el PNV, aunque sea el PSE-EE el que dirija las políticas laborales, se agarre a la unidad de mercado de España. Ha asegurado que la verdadera brecha salarial es la diferencia de 600 euros “entre Irún y Hendaya” por no disponer de herramientas para el conjunto de Euskal Herria. Según Lakuntza, votar 'no' a intentar lograr un marco para un SMI propio y superior vasco es “renunciar” al autogobierno. Además, ha considerado una “burrada” ('astakeria', textualmente en euskera) y un “fraude democrático” que se cierre la puerta a un volumen de firmas casi tan alto como los votos obtenidos en las últimas elecciones por la tercera fuerza de la Cámara, el PSE-EE.

Lakuntza, consciente del callejón sin salida de la propuesta de antemano, ni siquiera ha gastado todo su tiempo y ha renunciado a seis de los quince minutos que tenía disponibles. Tras su discurso, ha sido aplaudido por los otros representantes sindicales, entre ellos Garbiñe Aranburu, de LAB. La presidenta, Bakartxo Tekeria, ha pedido silencio. Este Parlamento no está habituado a las protestas del Congreso, pero tampoco son corrientes los aplausos. Acto seguido, el líder de ELA ha subido dos plantas y se ha ubicado ya en la tribuna de invitados a ver la finalización del debate, ya entre los representantes políticos.

La realidad es que antes de la votación únicamente ha intervenido Pello Otxandiano, jefe de la oposición y líder de EH Bildu. Se ha quejado de tener que hacer un “monólogo” y que el resto de partidos se hayan limitado a intervenir después de despachar el asunto, ya con un turno mínimo de “explicación de voto” y sin posibilidad de debate. Otxandiano ha resaltado la gravedad de que el Parlamento haya tumbado en un breve plazo dos iniciativas legislativas populares y ha ironizado que el Gobierno insista con discursos sobre la regeneración y la participación, incluso planteando una ponencia sobre el tema en el Parlamento, cuando ni siquiera tramita este tipo de propuestas. “El mensaje es muy perjudicial [...]. Al debate no se le pueden cerrar las puertas”, ha protestado desde la “madurez democrática”. Tejeria ha intervenido nuevamente para reprocharle que, por momentos, se desviara del debate sobre el SMI como tal.

Otxandiano, en su alocución, ha diagnosticado que el debate del SMI está en modo “bloqueo” y que tiene su causa en el “veto de Confebask”, la patronal vasca. Su formación, en la única ocasión en que pactó los presupuestos con Iñigo Urkullu, en 2022, ya introdujo la necesidad de activar un debate para que Euskadi disponga de un marco propio por su mayor nivel de vida. “No sé si llevamos ya siete u ocho años a vueltas”, ha manifestado. El vicelehendakari socialista, Mikel Torres, consejero del ramo y que también ha pasado la sesión escribiendo notas, ha optado por la vía de promover mejores condiciones desde la negociación colectiva, ya que la competencia como tal del SMI es estatal. De hecho, ha llegado ya a presentar un estudio que eleva hasta los 1.385 euros mensuales en 14 pagas la cifra óptima, frente a los 1.184 euros fijados por el Estado para 2025. En 2018, con el inicio de la andadura del Gobierno de Pedro Sánchez, era de 735,9 euros. Ahora bien, el estudio impulsado por Torres también se avisó que la “regionalización” puede acarrear “posibles efectos negativos”, como el “desplazamiento de trabajadores” entre territorios o “competencencia desleal”.

“Hemos votado a favor de la toma en consideración aunque su contenido no lo compartimos. Tenemos serias dudas, pero viene avalada por más de 100.000 firmas de trabajadores de este país. Creemos que este tipo de iniciativas de participación política directa no pueden encontrarse con el portazo del Parlamento en la misma entrada”, ha argumentado Jon Hernández, de Sumar, el único otro grupo que ha avalado la toma en consideración de la ILP. Según su criterio, hay un “riesgo de involución” en la “conquista histórica” de la “base salarial” para “todos los patrones”, ya que dar competencias a las autonomías podría implicar que propongan cifras más bajas que las que dije el Estado. Hernández, eso sí, ha admitido que “el coste de la vida en Euskadi no es el mismo que otras partes”.

Los argumentos del 'no'

Entre los que se han opuesto, los dos partidos del Gobierno. El PSE-EE, el partido que gestiona la cartera de Economía, Trabajo y Empleo, ha querido poner en valor las políticas del Ejecutivo de Sánchez, que “constantemente” han permitido ya mejorar el “poder adquisitivo”. Ekain Rico ha citado la subida “del 60% desde 2018” del SMI y la reforma laboral, rechazada por las fuerzas nacionalistas vascas en su momento. “Esto no va de más o menos soberanía. Esto va de derechos laborales y de solidaridad entre trabajadores”. Y ha “avisado” de que Antonio Garamendi, presidente de la patronal española CEOE, e Isabel Díaz Ayuso, presidenta madrileña del PP, también defienden esa “territorialización” y no precisamente para subir las cuantías. Rico ha pedido también a los sindicatos proponentes que “no veten el diálogo social en Euskadi” y se sienten, como hacen UGT y CCOO, en los foros sociolaborales.

Desde la bancada del PNV, Markel Aranburu ha arrancado con un augurio de que “más pronto que tarde” Euskadi tendrá un marco propio de SMI. “Lo tenemos muy cerca”, ha planteado. Ha destacado también que su partido arañó al Gobierno de Sánchez la posibilidad de la prevalencia de los convenios vascos como retoque de la reforma laboral. “Ahora os corresponde a sindicatos y organizaciones empresariales. Dialogar, negociar y acordar. Llamamos a quienes no quieren sentar a que se sienten. Y a quienes se sientan y se levantan, que permanezcan. Menos ruido y más rigor”, ha manifestado también, mirando a los sindicatos presentes en el hemiciclo.

El PP ha manifestado claramente que “no está de acuerdo con trocear el SMI por territorios” -de hecho, ha asegurado que hay comarcas “enteras” por debajo del nivel económico español- y también ha criticado las subidas, porque aparentemente perjudican a los empresarios. “No pensemos en ellos como en Florentino Pérez. Son autónomos. Ésa es la realidad en Euskadi y en Madrid”, ha dicho Álvaro Gotxi. El 'popular' ha intentado debatir con Otxandiano, pero la presidenta le ha recordado que ha renunciado a ello al querer usar el turno de explicación de voto. Para Vox, el SMI tiene que seguir siendo una “competencia estatal” y ha de ser “igual para todos los españoles”.

Después de la sesión, Aranburu de LAB ha comparecido ante los medios de comunicación para exhibir su enfado. “Han dado la espalda a los trabajadores, como hicieron con las pensiones. No han tenido ni la valentía de entrar al debate”, ha señalado. Muy crítica, ha considerado un “fake” al Gobierno de Pradales y ha lamentado la “hipocresía” de que les pidan negociar cuando la patronal se ha levantado por sistema cuando tocaba tratar el tema. Y, según LAB, el PNV se está yendo cada vez más a la derecha.

El Departamento que dirige el vicelehendakari segundo, Mikel Torres, Economía, Trabajo y Empleo, contará el próximo año con 1.266,2 millones de euros, lo que supone un incremento del 3,3% respecto al año anterior, es decir, menos de la media general del Gobierno, 4,1%. Según ha explicado en el Parlamento Vasco, son unas cuentas destinadas fundamentalmente al impulso de la labor de Lanbide para incrementar el empleo y la inclusión. Sin embargo, no prevén aún las transferencias pendientes, empezando por la del Sepe, las políticas pasivas de empleo.

Torres ha presentado en la comisión parlamentaria el proyecto de presupuestos para 2026 para este departamento arropado por buenos datos de empleo, de afiliación a la Seguridad Social y de buenas previsiones económicas. “Algo estaremos haciendo bien”, ha dicho. Pese a ello, ha destacado el esfuerzo presupuestario por reforzar las políticas activas de empleo para reducir la tasa de paro.

En las cuentas del año que viene Lanbide gestionará 516 millones de para “impulsar las políticas activas, la formación, la inclusión, el fomento de la contratación y servicios a empresasas”. Además, la parte del Servicio Vasco de Empleo que gestiona la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV) contará con 688 millones de euros, para “consolidar la protección social y la inclusión”. Esta última, la PCV, tiene ya un peso mínimo porque está llamada a desapecer.Lanbide se consolida como el elemento central de las políticas activas de empleo, con especial atención a jóvenes, mujeres, personas mayores y colectivos en situación de vulnerabilidad. Queremos avanzar en la vertebración del Sistema Vasco de Inclusión y garantizar el derecho subjetivo a planes personalizados de empleo e inclusión para todas las personas demandantes“, ha subrayado Torres.

El proyecto de presupuestos para 2026 no recoge otra de las funciones que asumirá Lambide cuando se materialice a final de este año la transferencia de parte de las políticas pasivas de empleo, el pago de las prestaciones del paro. A preguntas de EH Bildu, Torres ha señalado que aunque se firmará en diciembre, se trata de una transferencia “compleja” que llevará tiempo ponerla en marcha. “Hay que hacerlo bien. Las prisas no son buenas”, ha señalado el vicelehendakari, que ha reconocido que no será una “transferencia fácil de gestionar”. La llegada de las políticas activas en 2012, también bajo gestión socialista en Lanbide, es un claro precedente.

“Vamos a intentar que todo lo que hagamos lo hagamos bien de forma que el primer día que se dé esta prestación se haga por lo menos en las mismas condiciones que lo prestaba el Estado y si podemos hacerlo más ágil, mejor”, ha indicado. El proyecto de presupuestos sí contempla una partida de 262.909 destinada a las autorizaciones de trabajo a extranjeros. Este periódico ya adelantó algunos detalles sobre esta transferencia.

Las cuentas presentadas ante el Parlamento contemplan además un incremento de dinero para que los Ayuntamientos elaboren planes de empleo, con una partida, que pasa de 1,2 millones en 2025 a 5,4 millones de euros en 2026, extendiéndose a municipios de más de 10.000 habitantes. “Esta medida permitirá fortalecer la dimensión local del empleo y fomentar la participación de los agentes y entidades en el desarrollo de la ley 15/2023 de Empleo. Queremos que los ayuntamientos sean protagonistas en la generación de oportunidades laborales y en el desarrollo económico de sus municipios. La colaboración con las entidades locales es clave para adaptar las políticas de empleo a las realidades y necesidades de cada territorio”, ha afirmado el consejero. Por su parte, Osalan contará con un presupuesto de 18,53 millones de presupuestos y el Eustat, 18,4 millones.

Por otra parte, se contemplan partidas para evitar la brecha salarial y la elaboración de un índice de calidad en el empleo y un estudio sobre la incapacidad temporal en Euskadi, “con el objetivo de mejorar las condiciones laborales y avanzar hacia un empleo más seguro y saludable”. “La calidad en el empleo y la igualdad de oportunidades son pilares fundamentales de nuestra acción. Apostamos por la innovación en la gestión de personas, el apoyo a la economía social y la articulación económica y profesional del sector de los cuidados”, ha señalado Mikel Torres. “Estos presupuestos son una herramienta para transformar la economía vasca, fortalecer el tejido social y empresarial y garantizar un futuro más justo, inclusivo y sostenible para Euskadi”, ha indicado el vicelehendakari.

El Gobierno de Imanol Pradales ha aprobado este martes un informe desfavorable a la tramitación de la iniciativa legislativa popular (ILP) promovida por los sindicatos ELA, LAB y otros como ESK o Steilas para mejorar el salario mínimo interprofesional (SMI) en Euskadi. Esta emisión de criterio adelanta que el Parlamento Vasco, donde PNV y socialistas tienen mayoría absoluta, no admitirá siquiera a trámite esta propuesta salvo sorpresa mayúscula, como sucedió hace solamente un mes con la de mejora de las pensiones, que llegó con 145.143 firmas.

Los proponentes informaron de que la ILP venía respaldada por 138.495 firmas (el 6% de la población y cerca de los apoyos de la tercera fuerza política en las últimas autonómicas, el PSE-EE), pero el Gobierno, por el contrario, asegura que supera por muy poco el mínimo requerido de 10.000. En concreto, apunta a 10.218 citando informes del Instituto Nacional de Estadística y de la Mesa del Parlamento Vasco. De hecho, añade que se presentaron apenas 278 más, que han sido rechazadas por defectos de forma. Las fuentes consultadas indican que, aparentemente, se deja de contar al alcanzar el umbral de 10.000 aunque los signatarios sean mucho más.

La fijación del SMI es una competencia del Estado. Ahora mismo está en 1.183,7 euros en catorce pagas y ha ido escalando de modo importante en los últimos años, con Pedro Sánchez en La Moncloa. En 2018 era de 735,9 euros mensuales. Sin embargo, los sindicatos sostienen que el nivel de vida aquí es más alto y que se precisa un marco propio y superior. Han registrado una iniciativa gemela en Navarra. La iniciativa legislativa busca que el Parlamento Vasco inste a las Cortes Generales a cambiar la normativa estatal y a introducir que “las comunidades autónomas podrán establecer un SMI aplicable en su territorio”.

El vicelehendakari segundo y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, ha sido el encargado de presentar el dictamen del Ejecutivo. Ha dado “tres grupos de razones” para que la iniciativa sea rechazada. Las primeras son de tipo “jurídico-constitucionales” porque es una materia “de competencia exclusiva del Estado” y que, en todo caso, debería tramitarse como ley orgánica, que exige en las Cortes Generales una tramitación reforzada, o como “ley marco”. En segundo lugar, se apela a la “prudencia” sobre la “oportunidad” de abrir este debate de la territorialización del SMI. En tercer lugar, se alude a la necesidad de la “concertación social y política”, a que se busquen vías “más posibles” y “efectivas” como lo es la “negociación colectiva”. Torres ha hecho un llamamiento a los agentes sociales para que intenten dialogar y llegar a acuerdos.

Hasta 1.385 euros

La conversación sobre la necesidad de un SMI vasco propio y más alto no es nueva. En 2022, el Gobierno de Iñigo Urkullu accedió a analizar la cuestión en un acuerdo presupuestario con EH Bildu, principal fuerza de la oposición y que apoya decidamente a los sindicatos en esta iniciativa. En la actual legislatura, el vicelehendakari Torres ya ha presentado un estudio sobre la estructura económica propia y ha apuntado que “el rango estimado para el salario mínimo de convenio en Euskadi oscilaría entre 1.268 y 1.385 euros brutos en 14 pagas, lo que supone un incremento de entre el 7 y el 17% respecto al SMI estatal”. “Esta horquilla guarda coherencia con el mayor coste de vida en Euskadi, estimado entre un 7 y un 11% superior al conjunto del Estado”, se argumentó en julio, cuando se presentó el estudio. Eso sí, ese documento alertaba de que la “regionalización” del SMI en España puede acarrear “posibles efectos negativos”, como el “desplazamiento de trabajadores” entre territorios o “competencencia desleal”.

El Gobierno apuesta por la negociación colectiva como fórmula para ofrecer más cobertura a los trabajadores. Pero la patronal, representada por Confebask, se ha negado. Incluso el Ejecutivo le ha afeado que ni siquiera se quiera sentar a negociar. Los sindicatos promotores de la ILP, de hecho, han solicitado un acto de conciliación que se celebrará este miércoles en el Consejo de Relaciones Laborales como paso previo a una posible judicialización del asunto. Argumentan que las últimas reformas laborales en España hacen prevalecer los convenios autonómicos, de modo que entienden que Confebask, al menos, deberían sentarse a analizar la cuestión. Torres ha insistido en apelar al “diálogo” y en rechazar que la pugna acabe en los tribunales.

A nivel político, los socios del Gobierno, PNV y PSE-EE, encaran con matices el debate. Los socialistas dirigen el área de Economía, Trabajo y Empleo e insisten en que la competencia es estatal y en que de lo que se trata es de fijar marcos “de convenio” y no romper el SMI unificado. Los nacionalistas, de su lado, han emitido un comunicado en el que reclaman más autogobierno para las instituciones vascas. El partido que dirige Aitor Esteban desea “disponer de un SMI vasco” y, con ello, “mejorar la actual cuantía”. Avisa también de que la ILP implica una “delegación” de competencias y no crear un “marco propio de relaciones laborales”. Insiste en que no se puede dejar la materia “al albur” de las mayorías políticas en España y deslizan que ahora mismo ni siquiera el Gobierno de España apoyaría algo así, señalando a Sumar, la formación que controla las políticas de Trabajo.

El lehendakari, Imanol Pradales, ha contrapuesto en un desayuno en un céntrico hotel de Madrid la “estabilidad” de Euskadi en contraposición con las convulsiones de la política española. Sin embargo, a su regreso se ha encontrado con que el incendio entre los dos socios de la coalición, PNV y PSE-EE, está cogiendo cada vez más intensidad desde que prendiera hace una semana cuando los nacionalistas se apoyaron en EH Bildu para sacar adelante una propuesta propia de reforma legal para blindar las exigencias de euskera en las convocatorias públicas y, al tiempo, posibilitaran a su vez la tramitación de otra de la formación abertzale. La oposición asiste expectante al cruce de reproches.

Este miércoles, en la escalada dialéctica entre nacionalistas y socialistas se han conocido dos nuevos hechos. Por un lado, se ha confirmado que la mayoría que tiene el Gobierno en el Parlamento Vasco volverá a desactivarse próximamente cuando se discuta sobre el centro de refugiados que el Estado construye en el barrio de Arana de Vitoria. El PNV reclamará la paralización y el PSE-EE sí lo defenderá. En realidad, el PNV ya apoyó una propuesta similar del PP hace unos días en Vitoria. Por otro lado, el vicelehendakari y cabeza de la parte socialista del Ejecutivo, Mikel Torres, ha publicado en X un largo texto en el que defiende la libertad del PSE-EE de “disentir” dentro del Ejecutivo y en el que muestra su malestar por unos comentarios de su compañero Bingen Zupiria en Euskadi Irratia sobre la posición de sus colegas socialistas.

Es evidente que desde que Eneko Andueza dirige a los socialistas vascos su perfil es más combativo hacia el PNV que el de su predecesora, Idoia Mendia. Además, quiso expresamente no ser él el vicelehendakari con Pradales para poder tener aún más libertad. Pero también se ha notado un cambio de relación desde que Andoni Ortuzar dejó paso a Aitor Esteban, a comienzos de este año. Ortuzar y Andueza, detrás de los focos, tenían buena sintonía. Ya en primavera ambos partidos chocaron de un modo fuerte. Finalmente, todo se resolvió y el lehendakari diagnosticó que había sido un “catarro” que se superó con un poco de “paracetamol”. Hasta se vio juntos a Esteban y Andueza presentando una iniciativa compartida en el asunto que, quizás, más les ha enfrentado en la historia reciente, la vivienda.

Sin embargo, con el cambio de estación después del verano han vuelto los síntomas catarrales. El euskera ha sido el detonante, sí, pero se repiten diferencias en materia migratoria, como es el caso de Arana, o de nuevo en temas de vivienda. Por ejemplo, dos consejeros del PNV, Nerea Melgosa y Noël D'Anjou, presentaron sin el titular de Vivienda, el socialista Denis Itxaso, el programa de avales para la adquisición de una casa en propiedad.

En las últimas horas, la cadena de agravios ha ido sumando eslabones y Andueza llegó a decir, por segunda vez en lo que va de legislatura (ni año y medio) que tiene dudas de la voluntad del PNV de gobernar en coalición con ellos. El todavía alcalde de Donostia, Eneko Goia, le llamó “ahobero” ('charlatán', en euskera) y el de Bilbao, Juan María Aburto, le vio hechuras de jefe de la oposición más que de socio. Finalmente, Esteban publicó en redes un vídeo acusando a su socio de generar “tensión” y de mantener un papel “retador”.

Pero el asunto no ha quedado ahí. Ha habido más declaraciones en uno y otro lado. Y ahí se encuadran las palabras de Bingen Zupiria, que ha explicado que los consejeros del PNV no tienen “responsabilidades en el partido” y que solamente se deben al programa de Gobierno compartido mientras que hay colegas de la parte socialista que, a la vez, tienen “deberes” de su secretario general, por lo que supuestamente se ven más “incomodados” por Andueza. Era una velada referencia a Mikel Torres, que es también secretario general en Bizkaia, y a Javier Hurtado, que ocupa ese cargo en Álava.

En el que ha sido su posicionamiento político más relevante desde que llegó al cargo al margen de sus áreas, las de Economía, Trabajo y Empleo, el vicelehendakari Torres ha señalado que están “muy satisfechos” con Andueza. “No experimentamos, por tanto, ninguna incomodidad cuando nuestro secretario general, Eneko Andueza, traslada una posición política sobre cualquier asunto. Yo mismo, como vicelehendakari, y mis compañeros y compañeras socialistas en el Consejo de Gobierno, sí nos sentimos incómodos cuando parece que se pretende negar al Partido Socialista su capacidad para tomar decisiones, manifestar un criterio propio, defender consensos alcanzados hace no tanto o, simplemente, disentir”, ha indicado.

Y ha añadido: “Que nuestro socio de Gobierno, el PNV, trate de perjudicar la imagen de nuestro secretario general nos resulta doloroso, por injusto. Pero que esas voces procedan, precisamente, del propio Consejo de Gobierno, no es de recibo. No es la primera vez que se pretende sugerir algo así, pero resulta evidente que el consejero Bingen Zupiria no ha estado acertado en sus declaraciones de hoy”. A los pocos minutos, Hurtado y las consejeras María Jesús San José y Susana García Chueca ya lo habían retuiteado.

Una enmienda fuera de plazo

La consejera-portavoz de Pradales, María Ubarretxena, con mucho más peso que la vicelehendakari del PNV, Ibone Bengoetxea, intentó recalcar que hay un Gobierno unido y que todos sus integrantes duermen con el programa conjunto “en la mesilla de noche”. Ese acuerdo de 2024 -o al menos su versión pública- no recoge el régimen de funcionamiento de la coalición pero otros anteriores sí exigían que PNV y PSE-EE habían de operar de la mano en el Parlamento salvo en temas muy concretos, esencialmente los relacionados con cuestiones nacionales. Eso no se cumplió con el euskera y no volverá a cumplirse con el centro de refugiados de Arana.

Y es que, a una iniciativa del PP, nacionalistas y socialistas han decidido responder en solitario con enmiendas diferentes y de sentido contrario. En sentido estricto, quien ha ido primero al registro ha sido el PSE-EE. Ha sido cuando pasaban cinco segundos a las 11.57 horas de este miércoles, es decir, a escasos minutos de que a mediodía se cerrara el plazo. El texto plantea rechazar discursos racistas y xenófobos. Después lo ha hecho el PNV, pero unos segundos después de cerrado el plazo. En concreto, el registro consta a las 12.00 horas y 13 segundos. La Mesa deberá determinar si es un escrito válido. En él, los nacionalistas “rechazan” y “solicitan la paralización” del “macrocentro” por ser “contrario al modelo vasco”. Nada ha cambiado entre quienes se oponen después de que los socialistas plantearan reducir las plazas de 350 a 200.

La agenda económica del Gobierno de Imanol Pradales ha adquirido velocidad esta semana a pocos días de que se presente los presupuestos de 2026. Por un lado, el Consejo de Gobierno ha dado luz verde al plan industrial. Por otro, se ha confirmado el anuncio de mejora de las previsiones macroeconómicas a pesar de las incertidumbres internacionales. Y, finalmente, ya se ha convocado para este miércoles la presentación del paquete de 1.000 millones de inversiones.

El Gobierno ha aprobado este martes el Plan de Industria-Euskadi 2030, que tendrá una dotación de 3.900 millones de euros a lo largo de la presente legislatura, con lo que el Ejecutivo considera que se impulsará una inversión privada de 12.000 millones de euros, y movilizará un total de 15.900 millones de euros de inversión público-privada. De ahí la importancia que se da al desarrollo de la Alianza Financiera Vasca para facilitar esta inversión privada. “Este plan sentará las bases para la creación de puestos de trabajo de alta calidad para futuras generaciones. Hablamos de crear empleo estable y bien remunerado que responde a las aspiraciones de nuestros hijos e hijas y les permite desarrollar plenamente su potencial, y sus proyectos personales y profesionales en Euskadi”, ha señalado el consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi.

El consejero ha destacado la apuesta del Gobierno vasco por impulsar el sector industrial “en un momento histórico de máxima incertidumbre en el contexto comercial y geopolítico mundial”, con Europa “perdiendo competitividad ante Estados Unidos, y con China y corriendo riesgo de quedarse fuera del tablero tecnológico e industrial global”. Ante este marco internacional de inseguridad, la economía vasca, sin embargo, está respondiendo bien y al alza y con un “crecimiento sólido” en palabras del vicelehendakari, Mikel Torres.

De hecho, el Gobierno vasco ha elevado en una décima sus previsiones de crecimiento económico para este año y el próximo respecto a las estimaciones efectuadas el pasado junio, situándolas de esa forma en un 2,2% y un 1,9%. Por ello, Jauregi ha considerado que es necesario apostar por “lascertezas: más industria y más Europa”. “La industria es nuestra fuente de progreso, riqueza, bienestar y empleos de calidad”, ha señalado. “Tenemos que confiar en nuestras certezas como país: la industria es el pasado, el presente y el futuro de Euskadi. Ésta es la certeza que compartimos todos”, ha insistido.

El plan aprobado por el Gobierno vasco “se alinea con las prioridades estratégicas europeas”, ha destacado el consejero, y se ha desarrollado con las aportaciones del resto de instituciones públicas vascas, de la Comisión Europea, de los clústeres industriales, organizaciones empresariales y líderes industriales de Euskadi. Prioriza, por un lado, sectores tractores actuales, como es el caso de los componentes de automoción, la energía, fabricación avanzada, metalurgia y movilidad sostenible, así como en sectores con potencial tractor a futuro, entre los que considera el sector aeroespacial, biosanitario, soluciones digitales avanzadas, redes inteligentes y almacenamiento, y combustibles renovables. Además, apuesta por fortalecer la inversión en I+D+i, la digitalización y nuevas infraestructuras energéticas.

Entre las quince prioridades estratégicas que fija el plan destacan el arraigo empresarial, la atracción de inversión extranjera, desarrollar nuevo talento, atraer a mujeres a la industria, la descarbonización, incrementar el tamaño de las pymes e impulsar la adopción de la Inteligencia Artificial (IA).

El objetivo será desarrollar, de momento, 23 proyectos transformadores, basados en la colaboración público-privada, “que supondrán un impuso de primer orden a la transformación industrial del país”. En los proyectos habrá “un liderazgo público o privado según la naturaleza de los proyectos, pero todos con una vocación de país y de colaboración público-privada. De esta forma, se consolida y actualiza el modelo de clusterización impulsado por el Gobierno vasco en los años 90, bajo el liderazgo de Jon Azua y la ayuda de Michael Porter, ha recordado Jauregi .

“Ante la creciente complejidad e incertidumbre, tenemos que acertar con un nuevo modelo para ganar en competitividad. Un modelo basado en un mayor nivel de colaboración de nuestros líderes industriales con su cadena de proveedores vascos y con los centros tecnológicos para ganar en tecnología y diferenciación”. “Todos sabemos que para mantener o ganar en competitividad hay que correr más que nuestros competidores. Y ¿cómo corremos más? Pues haciendo cuadrilla y colaborando más”, ha señalado el consejero.

Entre los 23 proyectos ya aprobados en este momento, hay 12 liderados por el sector privado y 11 liderados por el sector público, con unos criterios que han sido establecidos por una secretaría técnica que se ha creado en la Spri a tal fin. Entre esos proyectos se encuentra “la creación de un Polo de Excelencia para el desarrollo y testeo de soluciones robóticas de última generación aplicadas a la fabricación avanzada; el desarrollo de la red eléctrica del futuro de Euskadi para dar respuesta a las necesidades de capacidad de potencia industriales y que favorezca la innovación y desarrollo tecnológico de la cadena de valor del valle eléctrico que existe en Euskadi; la creación de un Polo de Excelencia para el desarrollo tecnológico industrial del hidrógeno verde y los combustibles renovables; el desarrollo en Euskadi de las cadenas de valor en el sector aeroespacial, priorizando nuevas arquitecturas de motor que permitan la integración de combustibles sostenibles y la incorporación de tecnologías avanzadas; la creación de un programa de atracción y formación de mujeres que estén interesadas en pasarse de su actual sector de actividad a la industria; y el desarrollo del proyecto Euskorpus para crear una industria de la inteligencia artificial en Euskadi enfocada en el lenguaje y con un foco en el euskera.

Jauregi ha insistido en que el Plan se basará en Proyectos Transformadores concebidos como “oportunidades de colaboración a nivel de Euskadi para generar nueva actividad industrial”. “Nuestra labor desde el Gobierno es facilitar, acompañar y exigir esta colaboración. Eso sí, los proyectos se regirán con planes de negocio concretos y se exigirán resultados”, ha recalcado el consejero. Para ello, la secretaría técnica creada en la Spri recibirá las expresiones de interés de los Proyectos Transformadores y reportará a un Comité Estratégico, presidido por el consejero, que “evaluará, aprobará y hará seguimiento de los Proyectos Transformadores”.

Jauregi ha recordado que para que el plan se desarrolle plenamente “necesita de la implicación activa de nuestros centros de ciencia e investigación y de la activación del músculo financiero propio mediante la Alianza Financiera Vasca. No hay desarrollo industrial sin capitalización tecnológica”, ha remarcado Jauregi. En este sentido, ha señalado que el Plan de Inversiones de la Alianza Financiera Vasca, “Euskadi Eraldatuz 2030” que será presentado este mismo miércoles por el lehendakari, junto con los departamentos de Hacienda y Finanzas y de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno vasco, será “un apoyo fundamental a la hora de presentar un catálogo diverso de herramientas financieras y que también dan soporte a los Proyectos Transformadores”. Tras la presentación del Plan de Industria en el Parlamento Vasco se procederá a la recepción por parte de la Spri de expresiones de interés para los Proyectos Transformadores.

El consejero ha resaltado que el plan aprobado este martes “sienta las bases para que Euskadi sea, en la medida de nuestras posibilidades, protagonista en el camino emprendido por Europa”, además de “marcar las líneas estratégicas del Gobierno vasco para la transformación industrial y la creación de puestos de trabajo de alta calidad para futuras generaciones”.

Crecimiento sostenido, al alza y con más empleo

El plan se desarrollará en un contexto de incertidumbre internacional ante el que la economía vasca está resistiendo con un “crecimiento sólido y estable, incluso en un contexto internacional marcado por la incertidumbre y la ralentización de las principales economías europeas”, según ha señalado el vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo. La previsión revisada este martes al alza por el Gobierno vasco estima que la economía crecerá un 2,2 % en 2025 y un 1,9 % en 2026, es decir una décima por encima de lo que estaba previsto. “Se trata de una revisión al alza respecto a estimaciones anteriores, lo que refleja la solidez de la actividad económica en Euskadi”, ha señalado Torres. “Euskadi ha sabido mantener el rumbo en un contexto internacional incierto, y podemos afirmar que afrontamos los próximos años con confianza y con una base sólida para seguir creando oportunidades”, ha señalado.

De hecho, en la revisión de las cuentas anuales de 2023 y 2024 ya se refleja que la economía vasca creció más de lo previsto: un 3,0 % en 2023 y un 2,5 % en 2024, tres décimas por encima de las estimaciones iniciales. Torres ha indicado que se espera que el motor principal de este crecimiento sea la “demanda interna”. De hecho, se prevé que el consumo de los hogares aumente un 2,7% en 2025, “gracias a la mejora del empleo y a una inflación más moderada”. En lo que se refiere a la inversión también se mantiene en cifras positivas, con un incremento estimado del 3,1%, apoyada en unas condiciones financieras más favorables. Aunque la aportación del sector exterior “será más limitada, las exportaciones muestran signos de recuperación, con aumentos previstos del 2% en 2025 y del 3% en 2026”.

Todo ello acompañado de unos datos de empleo que espera que sigan siendo positivos: “Para 2025 se prevé la creación de unos 14.000 empleos equivalentes a tiempo completo, lo que permitirá reducir la tasa de paro hasta el 6,4 %. ”Este avance contribuirá a reforzar la cohesión social y el bienestar de la ciudadanía, objetivos centrales de nuestra política económica“, ha destacado Mikel Torres.

Por sectores, los servicios seguirán siendo el gran motor de la economía con un crecimiento del 2,7% en 2025, acompañados por la construcción, que mantendrá un ritmo positivo del 2,5 %. La industria afronta mayores dificultades por la debilidad del comercio internacional, pero se espera una recuperación a lo largo de 2026, cuando los mercados exteriores muestren una mayor estabilidad.

Los sindicatos ELA y LAB, junto con Steilas, ESK, HIRU y Etxalde, amenazan con llevar a los tribunales a la patronal vasca, Confebask, para forzar la negociación sobre el salario mínimo vasco, algo que los empresarios se niegan a abordar. Este lunes las centrales han dado el paso de solicitar un acto de conciliación en el Consejo de Relaciones Laborales (CRL) como nuevo intento de que la patronal negocie. Si Confebask no acude al acto de conciliación, los sindicatos iniciarán a vía judicial.

Las centrales presentarán una demanda de conflicto colectivo basándose en que las últimas modificaciones del Estatuto de los Trabajadores otorgan prioridad a los convenios y acuerdos interprofesionales firmados en Euskadi sobre los firmados en el Estado, lo que consideran que implica que las patronales “tienen la obligación legal de negociar”. En su opinión, el empeño de los empresarios en no abordar este tema en la mesa de negociación radica en que Confebask quiere “un mercado laboral basado en las condiciones laborales de España”.

El primer intento de negociación se realizó en febrero de este año. La patronal se sentó en la mesa del CRL con todos los sindicatos -también con CCOO y UGT-, pero sólo para confirmar 'in situ' que no pensaba negociar nada sobre este asunto. Ni las presiones de los sindicatos ni los llamamientos del Gobierno a la negociación consiguieron que acudiera a un segundo intento. “Esta será la tercera vez que intentamos negociar con Confebask, esperemos que la tercera sea la buena”, han señalado desde ELA.

A la vez, estos sindicatos han pedido al Gobierno vasco que “dé un paso paso más” y “actúe como mediador en la conciliación que se ha solicitado, y haga todo lo que esté en su mano para que la patronal se siente a negociar”. La respuesta del Ejecutivo ha sido rápida. El área que dirige Mikel Torres ha señalado que estarán “a lo que el CRL y el Preco soliciten y digan”, y que la postura que siempre han defendido es “abogar por el diálogo y la negociación” entre las partes. De hecho, han recordado que el estudio que presentaron sobre el salario mínimo de convenio -no de SMI porque Euskadi carece de competencias para fijar el salario mínimo interprofesional- pretendía ser una base para abordar ese diálogo. Dicho esto, ha considerado que “la solución a la falta de negociación no pueden ser los tribunales”.

Los sindicatos nacionalistas abordan la posibilidad de abordar la vía judicial, en principio, sin CCOO y UGT, lo mismo que la vía de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que se ha presentado en el Parlamento Vasco para su debate avalada con 138.495 firmas para que se negocie con el Gobierno del Estado capacidad legislativa para Euskadi para fijar un SMI propio. Es un debate para el que todavía no hay fecha, pero que no tiene visos de prosperar, ya que no cuenta con el apoyo de PNV y PSE-EE, y por lo tanto no cuenta con votos suficientes en la Cámara. Los sindicatos consoderan que estas miles de firmas “expresan la voluntad de todo un pueblo, y la patronal no puede hacer oídos sordos a una demanda social tan masiva”. “La patronal debe asumir su responsabilidad y, tal como lo piden miles de trabajadores y trabajadoras, debe abordar la negociación de un salario mínimo propio”, han insistido las centrales.

CCOO ha lamentado no tener conocimiento de la iniciativa que los sindicatos han presentado en el CRL y ha criticado que ELA y LAB nuevamente hayan planteado el “apartheid sindical”. En cualquier caso, acudirán a la convocatoria de conciliación si se produce, y han apostado por la acción sindical y la movilización para que Confebask negocie el salario mínimo.

La mayoría de PNV y PSE-EE en el Parlamento, con el añadido del voto de Vox, ha tumbado este jueves la admisión a trámite de la iniciativa legislativa popular respaldada por 145.142 firmas para equiparar las pensiones en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa al salario mínimo interprofesional, el SMI, ahora mismo en 1.184 euros mensuales en 14 pagas. Los partidos del Gobierno vasco ya habían adelantado con un informe su negativa a esta propuesta, alegando que “podría poner en riesgo la sostenibilidad de las finanzas públicas” y también que Euskadi ya dispone de la renta de garantía de ingresos, la RGI, que es un salario social para quienes no tienen recursos, actúa también como complemento de nóminas y pensiones bajas.

EH Bildu y Sumar ha votado a favor de abrir un debate en la Cámara sobre las pensiones, pero sus 28 votos han sido insuficientes frente a los 39 del 'no' y las siete abstenciones del PP. Ana Mezo, la portavoz de los promotores que, sin ser parlamentaria, ha podido intervenir en el hemiciclo, ya intuía durante su exposición lo que minutos después iba a ocurrir. “El rechazo afecta a una cuestión de fuerte impacto social”, había dicho en su turno de presentación de las medidas propuestas. “Se hurta en este Parlamento y en la sociedad vasca un debate fundamental”, ha añadido también. “Detrás hay personas con nombres, apellidos y caras”, ha protestado, finalmente.

Mezo se ha quejado también por no disponer de “derecho a réplica”. De hecho, después de una salva de aplausos, la pensionista ha tenido que abandonar el hemiciclo tras su exposición de 15 minutos y ha seguido el resto de la sesión desde una tribuna con el resto de invitados, mayoritariamente pensionistas con un chaleco rojo con lemas alusivos a la necesidad de una pensión de 1.184 euros. Por ello, ha habido que suspender un par de minutos el debate para esperar a que Mezo subiera las tres plantas para acomodarse en su nueva ubicación. El personal de seguridad de la Cámara ha estado acompañándolos en todo momento.

El lehendakari, Imanol Pradales, ha seguido el debate mientras trabajaba con su portátil en el escaño. El vicelehendakari socialista, Mikel Torres, de su lado, hacía lo propio con una tableta. En paralelo, el Ejecutivo vasco tiene abiertas negociaciones con el Estado para asumir, antes de que finalice 2025, la gestión del régimen económico de la Seguridad Social. El proceso ya se ha iniciado con la transferencia de algunas prestaciones no contributivas y de las políticas pasivas de empleo (el SEPE), pero todavía no hay acuerdo en torno a las pensiones como tal. En todo caso, las cuantías y la legislación seguirán siendo competencia estatal. Tanto la Constitución como el Estatuto aluden expresamente a un sistema unitario y con solidaridad interterritorial.

15.091 pensionistas cobraban en agosto, el último mes de cerrado, el complemento de la RGI. Son el 25,81% de los perceptores totales. Los promotores estiman que del orden de 100.000 pensionistas carecen de ingresos suficientes. Añaden que el modelo de la RGI toma como referencia los ingresos y circunstancias de toda la unidad de convivencia o familia y no situaciones individuales. Mezo ha avisado, además, de la brecha de género entre las personas mayores, ya que la precariedad afecta especialmente a mujeres.

Las 145.142 representante al 6,46% de la población de la comunidad autónoma y casi cinco veces más que el mínimo legal, 30.000 rúbricas, para presentar una iniciativa legislativa popular (ILP). Si fueran votos, prácticamente serían la tercera fuerza en el Parlamento a la luz del escrutinio de las elecciones de 2024, muy cerca de los 150.000 apoyos sumados por el PSE-EE y solamente por detrás de PNV y EH Bildu. Desde que en 2018 Sabin Zubiri fuera el primer ciudadano anómino en tomar la palabra para defender una propuesta legislativa popular ninguna ha sido siquiera admitida a trámite. En la lista de espera del Parlamento, que llevaba hasta este jueves tres meses sin votaciones a causa del largo parón estival, hay otra propuesta lanzada por los sindicatos, esta vez sobre disponer en Euskadi de un SMI propio.

El “zorionak” del PNV y los datos del PSE-EE

PNV y PSE-EE ni siquiera han intervenido en el turno en contra antes de la votación. Se han limitado a tomar la palabra 'a posteriori', como explicación de voto. Markel Aranburu ha ejercido como portavoz del PNV. “Zorionak lortu duzuenagatik!”, ha arrancado, queriendo reconocer el trabajo de los pensionistas para reunir tantas firmas. “Las políticas sociales más avanzadas del Estado son las nuestras”, ha señalado también. Según Aranburu, no es posible tramitar esta propuesta porque la competencia “es de Madrid”. Además, ha indicado que el modelo vasco de “protección social”, en referencia a la RGI, ya complementa las pensiones bajas de 15.000 personas.

El representante socialista, Ekain Rico, ha acudido a la tribuna con una batería de datos. Ha señalado que el Gobierno de Pedro Sánchez ha mejorado sin parar las pensiones con un “ambicioso programa de reformas” frente a los “recortes”, “congelaciones” y “contrarreformas” del PP durante la etapa de Mariano Rajoy. Ha señalado que el “incremento continuado” de las cuantías no se queda en “palabras”, que son “hechos”. La pensión media en España es de 1.312 euros, por encima de los 1.184. La de jubilación, en concreto, es de 1.507, ha dicho. “Y en Euskadi las cuantías son aún mayores”, ha subrayado igualmente. Ha hablado de 1.617 euros en general y de 1.836 por jubilación. Sobre la RGI, ha indicado que ofrece una cobertura de 1.080 euros para una persona sola (pero a doce pagas) y de hasta 1.535 para unidades de convivencia más amplias, según Rico. Eso sí, ha dicho que no puede convertirse en “complemento universal”, porque su misión es otra. En el bipartito vasco es el PSE-EE el que gestiona tanto la RGI como la parte de Seguridad Social que se va a ir transfiriendo.

La única parlamentaria de Vox, Amaia Martínez Grisaleña, ha sido la única que técnicamente ha usado el tiempo en contra. Ha dicho que era una cuestión de “respeto” a los invitados explicarles por qué se opone. Ha dicho que las pensiones son competencia del Estado y que “es el Gobierno de España el que debe dar solución a las pensiones mínimas”. También que no se puede poner una pensión mínima general que iguale a quienes “cada día madrugan, cotizan y hacen país” y dar unos complementos vascos que hagan que una persona mayor “del resto del Estado” tenga peores condiciones en las mismas circunstancias personales. “Es un mensaje peligroso”, ha cerrado.

El turno del 'sí'

El principal apoyo de la iniciativa ha sido el de EH Bildu. Nerea Kortajarena, desde la tribuna, ha lamentado el portazo y ha indicado que “la democracia, cuando es participativa, es más democracia”. Ha avisado que “nunca” una propuesta con “tanto apoyo” había llegado a la Cámara y ha asegurado que no se puede pretender que “la participación ciudadana se limite a votar cada cuatro años”. La 'número dos' de la coalición ha repetido datos sobre la necesidad de operar en la mejora de las pensiones y ha considerado deseable al menos abrir el debate y meter “en la agenda” esta cuestión. “Si el debate no es fructífero, tienen ustedes mayoría para pararlo [en la votación final]”, ha agregado. Kortajarena ha ironizado que el PNV, hace solamente una semana, prometió atender las preocupaciones que se perciben “en la calle” y “en los bares” y que ahora comete el “error” de cerrar la puerta a 145.142 personas.

Desde Sumar, Jon Hernández ha asegurado que la propuesta ha sido “arrojada al vertedero” por los partidos del Gobierno. “Permitir el debate es una cuestión prepolítica”, sostiene. Además, niega que establecer más complementos ponga en riesgo los presupuestos, porque comportaría incrementar un “1,4%” el presupuesto vasco. “No es ninguna locura”, ha considerado. Con todo, ha querido “lanzar un mensaje en positivo” a los firmantes porque su trabajo “no ha sido en balde” y “el debate está vivo aunque esta propuesta específica no vaya a seguir el trámite parlamentario”. Los invitados han aplaudido los discursos tanto de EH Bildu como de Sumar. El PP no ha votado en contra, pero tampoco a favor. Se ha quedado en la abstención aunque también ha pospuesto su intervención a después de la votación. Ha sido Álvaro Gotxi el que ha tomado la palabra.

Al poco de terminar el debate, Mezo y otros compañeros han dicho a los medios de comunicación que es un gran “despropósito” lo ocurrido. “Y podría emplear palabras más duras”, se ha contenido. Quien no lo ha hecho ha sido su colega Arturo Val del Olmo, que ha llegado a acusar de “prevaricación” a los partidos del Gobierno. Fue militante socialista y de la UGT. Mezo, en todo caso, sí ha aprovechado para poner en valor ocho años del movimiento de pensionistas vasco. En el exterior del Parlamento, más pensionistas se han movilizado en defensa de su propuesta y enfadados por el portazo. “Nos vamos de aquí con el convencimiento pleno de que tenemos que seguir luchando. Nuestra generación va a ir desapareciendo. Pero nuestra rebeldía no”, ha clamado Val del Olmo.