La Diputación de Gipuzkoa ha puesto en marcha, junto con los ayuntamientos de Donostia y Eibar, la primera agencia europea especializada en la evaluación de los cuidados y las políticas sociales, Agentzia. Más de 350 representantes de instituciones, entidades sociales, municipios, comunidades autónomas, universidades, agencias europeas de evaluación y organismos internacionales han participado este miércoles en la presentación de este proyecto.

La jornada ha contado con la colaboración de la European Social Network (ESN), principal red europea de servicios sociales públicos, y con la participación de su director ejecutivo, Alfonso Lara Montero, además de representantes de las agencias y organismos de evaluación de Bélgica, Irlanda, Suecia y Francia, que han compartido algunas de las experiencias más avanzadas de Europa en materia de evaluación de la calidad de los servicios sociales, según recoge Europa Press.

En la apertura del acto de Tabakalera, la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, acompañada de los alcaldes de Donostia, Jon Insausti, y Eibar, Jon Iraola, y de la consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del Gobierno vasco, Nerea Melgosa, ha puesto en valor esta nueva herramienta para “abordar el mayor reto que tenemos en el ámbito de las políticas sociales: la sostenibilidad”. “Sin duda, con Agenzia damos un paso decisivo en la sostenibilidad de las políticas sociales”, ha subrayado, para añadir que el objetivo es avanzar “en la evaluación, que nos permitirá orientar las decisiones estratégicas sobre bases objetivas y no únicamente sobre percepciones”.

Mendoza ha defendido que Agentzia “ayudará a dar pasos realistas, factibles, garantistas y sostenibles” para seguir “apuntalando la transformación de los cuidados”, poniendo el foco “siempre” en la calidad de vida de las personas. Según ha explicado, “Agentzia desarrollará su actividad en torno a tres grandes funciones: evaluar para informar, proporcionando información objetiva, rigurosa e independiente sobre la calidad de los servicios; evaluar para mejorar, acompañando a profesionales, organizaciones y administraciones en un proceso continuo de innovación; y evaluar para decidir, aportando evidencia que contribuya a planificar y orientar las políticas sociales con mayor eficacia, transparencia e impacto”.

Para desarrollar este modelo, la Diputación ha trabajado junto con la European Social Network (ESN), diferentes entidades guipuzcoanas y organismos europeos especializados en evaluación en un proceso de aprendizaje que ha permitido adaptar al contexto de Gipuzkoa los estándares europeos de calidad promovidos por la ESN. Asimismo, Agentzia “diferenciará claramente las funciones de evaluación y de inspección”, ha explicado, para añadir que “mientras la inspección garantiza el cumplimiento de la normativa, la evaluación analizará el impacto de los servicios y de las políticas públicas e identificará oportunidades de mejora”.

Mendoza ha señalado que “la vocación europea de Agentzia ha dado un nuevo paso con la constitución de la Red Europea de Agencias de Evaluación de la Calidad en los Servicios Sociales”, impulsada por Gipuzkoa y formalizada este pasado martes durante un encuentro celebrado en el Palacio foral.

Junto a la diputada general y la diputada de Cuidados y Políticas Sociales Maite Peña, esta reunión congregó al director ejecutivo de la European Social Network (ESN), Alfonso Lara Montero, así como a representantes de agencias y organismos de evaluación de Bélgica, Irlanda, Suecia y Francia, que compartieron sus experiencias y sentaron las bases de un espacio permanente de cooperación entre los principales organismos europeos especializados en evaluación de las políticas sociales.

La consejera vasca de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, ha reclamado que “se agoten todas las vías para que vuelvan con sus familias” los menores llegados a Ceuta. Asimismo, ha recordado que el sistema de protección de Euskadi “trabaja ya por encima de su capacidad ordinaria”, y ha demandado que “cualquier derivación debe acordarse” con las instituciones vascas, y realizarse “con expedientes completos, financiación suficiente y todas las garantías jurídicas y asistenciales”.

En declaraciones a los medios de comunicación en Vitoria, Melgosa ha asegurado que le “preocupa” que, ante la crisis en Ceuta por la llegada de migrantes, se esté “normalizando lo excepcional, que haya menores lejos de sus familias”, informa Europa Press. De este modo, ha considerado que “no parece razonable que la primera respuesta sea trasladar a menores a más de mil kilómetros de distancia, a lugares donde no tienen ningún arraigo”. “Estamos hablando de niños, niñas y adolescentes”, ha insistido la consejera vasca, que ha apelado a que, “antes de plantear cualquier derivación, se debería acreditar que efectivamente se han agotado todas las vías para localizar a sus familias, valorar una reunificación cuando sea posible y garantizar que cada decisión responde al interés superior del menor”.

En este sentido, ha remarcado que “la primera obligación del Estado no es repartir menores”, sino “ejercer plenamente las responsabilidades que le corresponden y, por lo tanto, agotar las vías para que vuelvan con sus familias”. Nerea Melgosa ha incidido en que Euskadi “lleva años demostrando con hechos su compromiso con la protección de la infancia y con una migración ordenada, regular y humana”, ya que, según ha defendido, “es la manera más justa de tratar este fenómeno”.

La consejera ha recordado que el sistema vasco de protección “ya trabaja por encima de su capacidad ordinaria”. “Y esa realidad no puede ignorarse”, ha emplazado. En esta línea, ha reivindicado que “la cooperación entre instituciones exige lealtad, planificación y respeto competencial” y, por ello, no puede haber “decisiones unilaterales ni hechos consumados”.

Así, ha demandado que “cualquier derivación debe acordarse con el Gobierno vasco y con las Diputaciones Forales, que son quienes asumen la tutela, y realizarse con expedientes completos, financiación suficiente y todas las garantías jurídicas y asistenciales”.

Euskadi, por su parte, seguirá “actuando con responsabilidad” porque, en palabras de Nerea Melgosa, “proteger a la infancia forma parte de nuestros valores”. “Esa misma responsabilidad - es la que nos ha llevado a defender la necesidad de dotarnos de nuevas capacidades políticas para gestionar una realidad migratoria cada vez más compleja”, ha concluido.

La consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, del PNV, ha fichado a Arantza Chacón, de larga trayectoria en entidades sociales como Anesvad, CEAR o Zehar Errefuxiatuekin, como nueva directora de Diversidad, Convivencia y Solidaridad Intergeneracional. Esto ha motivado un baile en el equipo actual de Melgosa, del que no sale nadie. Sin embargo, el actual responsable de esa dirección, Txema Ezkerra, pasa a ocupar un cargo de igual rango pero centrado en Infancia, Adolescencia y Familias y el hasta ahora responsable de esas labores, Gorka Oraá, permanecerá como asesor.

Chacón (Vitoria, 1974) es licenciada en Derecho por la Universidad de Sevilla e investigadora especializada en cooperación internacional, derechos humanos, migraciones y género. Desde 2001 ha estado vinculada a CEAR y tras la reconversión de esta entidad, dirigió durante dos años Zehar Errefuxiatuekin pasa saltar luego a Anesvad, su último destino. Tiene varias publicaciones y reconocimientos y ha colaborado con elDiario.es en diferentes eventos y artículos de opinión.

El Consejo de Gobierno aprobó el martes el nombramiento y todos los cambios. Sin embargo, se optó por no dar cuenta de ello ni en la comparecencia pública de la portavoz, María Ubarretxena, que estuvo acompañada durante unos minutos por la propia Melgosa, ni en el dossier de 40 páginas entregado a los periodistas. No es la primera vez que sucede con los nombramientos, que han sido publicados ahora en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV).

Según fuentes del equipo de Melgosa, la reorganización no comporta la salida de nadie porque Ezkerra, ahora al frente del área de Diversidad, pasará a asumir la de Familias y Oraá, que se quedaría sin hueco, “se quedará como asesor”. Melgosa ya tuvo que hacer otro cambio en su organigrama en 2025 con la dimisión de su viceconsejera Ana Belén Otero. Dos meses después, llegó Iván Larraza.

El Gobierno vasco ha ampliado las ayudas de 200 euros mensuales por hijo hasta los 4 años, uno más que hasta ahora. El decreto que las regula ya ha entrado en vigor, por lo que se pueden solicitar desde este jueves. Las familias monoparentales y las numerosas a partir del tercer hijo optan también a otra ayuda, esta de 100 euros por mes, desde los 4 años y hasta cumplir los 7.

Hasta ahora, había ayudas hasta los 3 años. Con la ampliación, se puede cobrar hasta el mes anterior del cuarto cumpleaños. Sin embargo, avisa el Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, para solicitar la ampliación, hay que esperar a que termine la primera, porque, de lo contrario, se denegará. Una vez concluida aquella, hay que solicitar la ampliación en menos de seis meses, para que se reconozcan todos.

Estas son algunas de las claves de esta ampliación:

Cuantía de la ayuda y tramos

Hay dos tramos diferenciados: 200 euros mensuales de los 0 a los 4 años y 100 euros de los 4 a los 7, aunque en este segundo caso solo cuando se trata de una familia monoparental o el hijo ya es, por lo menos, el tercero.

La primera ayuda (una ampliación de una actual que llegaba hasta los 3 años) se puede cobrar hasta el mes anterior al del cuarto cumpleaños del hijo. Por tanto, si una hija, por ejemplo, ha cumplido 4 años en enero de 2026 o antes, ya no corresponde esa ampliación. Para los casos de adopción y tutela (incluidos los casos de gestación subrogada), se puede cobrar durante cuatro años desde que se inscribe al niño en el Registro Civil. En los casos de delegación de guarda, los cuatro años cuentan desde la resolución administrativa.

En el caso de las familias monoparentales, esnecesario que estén registradas en el censo del Gobierno vasco. Se puede cumplimentar este trámite a partir de este enlace. No se incluyen, aclara el Gobierno vasco, las familias “en situación de monoparentalidad”.

El Gobierno vasco incluye una lista de ejemplos variopintos en su web.

Cómo presentar la solicitud

La solicitud se puede presentar a través de Internet, si se cuentan con claves electrónicas (como la BakQ), en el formulario que se enlaza aquí. Si se prefiere hacer de forma presencial, es necesario solicitar cita previa en las oficinas de atención ciudadana Zuzenean. Para más información, se puede llamar a los números de teléfono 012 y 945 01 80 00. Está disponible, asimismo, la dirección de correo electrónico umeak@euskadi.eus.

El Gobierno vasco subraya que hay que hacer una solicitud por cada uno de los hijos por los que se quiere conseguir la ayuda. Existe la excepción de los partos o las adopciones múltiples (con gemelos, por ejemplo), en cuyo caso basta con una única solicitud para todos los hijos del mismo nacimiento.

Hasta ahora, existía una ayuda hasta los 3 años. Para conseguir ampliar esta ayuda hasta los 4, habrá que presentar una solicitud de ampliación. Hay que hacerlo, eso sí, el mes siguiente a la finalización de la anterior, porque, de lo contrario, se denegará. “No se amplía de oficio. En todos los casos será necesario presentar una nueva solicitud. La ampliación de la ayuda no se aplicará automáticamente”, recalca el Gobierno vasco.

Cuándo presentar la solicitud

La solicitud se puede presentar ya, desde este jueves, en que ha entrado en vigor el decreto que regula las ayudas. Se reconocen efectos retroactivos desde el 1 de enero de este año. Para conseguir que se reconozcan esos efectos retroactivos, es necesario presentar la solicitud antes de que concluya el año.

Recuerda el Gobierno vasco que, en el caso de que se esté cobrando la anterior ayuda que llega hasta los 3 años y se quiera ampliar, hay que esperar a que finalice y luego solicitar la nueva. Pone el siguiente ejemplo para una hija nacida el 15 de noviembre de 2022: recibe la ayuda de los 0 a los 3 años hasta octubre de 2025 y luego le corresponde la ampliación desde enero hasta octubre de 2026.

La estrategia institucional de responder por tierra, por mar y por aire, con una nueva ley, un nuevo decreto y sanciones administrativas, al caso de la veintena de denuncias de violencia sexual en el campamento de Euskal Udalekuak en Bernedo ha funcionado a medias. De hecho, si la colonia, bajo investigación penal, no se celebrará es exclusivamente porque los organizadores no tienen capacidad efectiva para mantener el alquiler de las instalaciones, mientras que sí operará con normalidad en dos localizaciones de Navarra, Arbaizar y Goñi.

¿Qué ha pasado en los últimos meses? Se cambió la ley autonómica para endurecer los controles de los campamentos de verano. Fue publicada el 18 de junio en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) y, por lo tanto, sí está en vigor. Sin embargo, el 1 de julio llegará en Euskadi sin que esté en vigor el prometido decreto con los mismos objetivos, que actualiza un reglamento de 1985.

El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes el decreto. Dijo el Ejecutivo que se haría antes de que se acabara junio y se ha hecho así. Sin embargo, hay que esperar a su publicación en el BOPV para que entre en vigor, es decir, una vez iniciadas muchas de las actividades programadas. Además, las exigencias de titulaciones o certificaciones para los monitores solamente se exigirán en un 60% este año, en un 70% en 2027 y en un 80% en 2028. Otras medidas sobre ratios de personal, por ejemplo, se demorarán tres meses, es decir, hasta pasada la temporada de verano.

La consejera responsable, Nerea Melgosa, del PNV, ha pedido tranquilidad porque merced al trabajo de cocina con el sector se estaba haciendo la preparación de la campaña estival de 2026 con la previsión de que entraran en vigor los cambios del decreto, dando a entender que muchos ya operarán conforme al nuevo reglamento. De hecho, se publicita que del orden de 300 colonias han operado así.

Ahora bien, la comunicación oficial indica que “las declaraciones responsables” de los organizadores de cara a las actividades de este año “se regirán por el decreto” de 1985. Y es que es inviable cumplir la previsión de que se hagan con al menos un mes de antelación y con margen para la subsanación de posibles problemas antes del inicio efectivo, el nuevo modelo diseñado.

¿Qué busca el decreto? Melgosa ha insistido en que “no va en contra de nadie” ni “pone una diana” contra unas colonias concretas. Insiste en que se buscan “actividades más seguras” y “situar el bienestar de la infancia y la adolescencia”. Se trata de “reforzar” el “modelo vasco” de tiempo libre que, en su “mayoría”, es altamente profesional.

Las medidas pasan también por crear la figura de los inspectores, aunque “ya trabajan”. “Llevan unos meses trabajando”, se garantiza, y se recalca que, en caso de detectar “cualquier situación de riesgo”, informarán de ello “a la Ertzaintza, a URA [Agencia Vasca del Agua], a servicios sociales o al Departamento de Salud”, se indica. Además, se prevé la figura del delegado de “protección a la infancia y a la adolescencia”, una persona de referencia de las entidades organizadoras que, por ejemplo, revisará los certificados de antecedentes por delitos sexuales, ya muy comunes en muchas actividades con menores. El decreto toca también otros ámbitos como el impulso del euskera, el uso responsable de las tecnologías o la integración de la discapacidad.

La otra pata, la tercera, ha sido la foral. La Diputación de Álava, que también tiene competencias en esta materia, aplicó una suspensión de la actividad por tres años y planteó una sanción económica de 9.000 euros. Incluso cerró la apuerta a que otra entidad relacionada con Euskal Udalekua, Dorrekoa y no Sarrea, se subrogara la actividad en fraude de ley.

Sin embargo, Euskal Udalekuak ha conseguido levantar la prohibición con un proceso de cautelares en una sala de lo contencioso-administrativo de Vitoria que cuestiona el expediente foral. Esto ha sucedido en los últimos días y técnicamente permite la celebración de la actividad, aunque no hay margen para ello por diferentes razones logísticas. Ahora, la Diputación presentará alegaciones para salvar su armazón argumental.

En paralelo, la investigación penal iniciada en otro juzgado de Vitoria antes incluso del turno del verano de 2025 no ha emitido ningún tipo de conclusión. Ya suscitó polémica en otoño que algunas de las denuncias fueran previas a la edición de 2025 del campamento y que ni siquiera se analizaran, como denunció la Fiscalía. Pero es que desde entonces la instrucción apenas se ha movido.

La nueva juez responsable es Marta Escudero, que relevó a Álvaro Silván. Sin embargo, ni se ha tomado declaración a las víctimas ni tampoco a los posibles responsables de los hechos denunciados, que son una agresión sexual y, en el resto de supuestos, tocamientos o exhibicionismo. El único 'avance' ha sido la aceptación de la personación de cuatro entidades de ultraderecha, Vox, Hazte Oír, Abogados Cristianos y Manos Limpias, según la Cadena Ser.

Euskal Udalekuak, en estos meses, ha mentenido fuertes apoyos entre quienes sostienen que defiende un modelo transfeminista y que buscar superar la sexualización de los cuerpos. Por el contrario, un grupo de familias han hecho pública una carta en la que lamentan las consecuencias para los menores que sufrieron los hechos presuntamente abusivos que se están investigando. La consejera Melgosa ha insistido en que nadie pone en duda ni la igualdad de género ni la coeducación, pero que sí es importante atajar las “conductas sexistas”.

El Gobierno de Imanol Pradales cumple ya dos años, la mitad de la legislatura. Es una coalición de PNV y PSE-EE que tienen sus tiras y aflojas, sus idas y venidas. Ahora, oficialmente, los socios están en tregua. Pero en los próximos días volverán a separar sus caminos en lo tocante a la reforma de la normativa del euskera en el empleo público, como antes han chocado en Vivienda, en política migratoria o en otras materias. elDiario.es/Euskadi repasa, uno por uno, los hitos principales del lehendakari y de sus quince consejeros.

Imanol Pradales

Lehendakari (PNV)

El lehendakari, dos años después, es el político vasco más valorado. El Sociómetro le da una nota de 5,8 sobre 10, que además ha ido creciendo en los últimos meses conforme avanzaba el mandato. Pradales, poco a poco, va esculpiendo su propio perfil. Está cuidando mucho la política internacional, con el hito de la visita del presidente de Alemania a finales de 2025, Frank-Walter Steinmeier, quien pidió disculpas por el bombardeo nazi de Gernika en 1937. También ha querido rescatar el alma más católica del PNV, con dos encuentros con el papa León XIV esta primavera, uno en el Vaticano y otro en Canarias, una carta a los obispos para prometerles remar juntos y la asistencia a eucaristías. Ha repetido que el nuevo pontífice es uno de sus faros. En materia migratoria, Pradales insiste, eso sí, en que los migrantes tienen “derechos”, pero también “obligaciones”. Lo planteó el discurso de Navidad y lo volvió a repetir en las entrevistas en ETB por el segundo aniversario: “Este país tiene una identidad, una lengua y unos valores que queremos seguir preservando”. El lehendakari entiende que la situación en España tiene una “pinta horrorosa” por las investigaciones de corrupción que se suceden, pero, tirando de pragmatismo, asegura que mientras Pedro Sánchez siga en el Gobierno tiene que ser aprovechada la ventana de oportunidad. En julio espera celebrar una reunión para cerrar acuerdos pendientes, como el del traspaso completo de la Seguridad Social, algo nunca antes cedido a una comunidad autónoma. ¿Y la reforma del Estatuto? Supuestamente, PNV y PSE-EE lo negocian con EH Bildu. Se anunció para junio algún movimiento por parte de Pradales que aún no ha llegado.

Ibone Bengoetxea

Vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística (PNV)

Tras unos primeros meses con un perfil más bajo, Bengoetxea ha reforzado su peso político en el segundo año. En estos meses, ha encabezado la fallida petición de que el 'Guernica' de Pablo Picasso pueda exhibirse en el Guggenheim de Bilbao temporalmente por el nonagésimo aniversario del bombardeo nazi. Igualmente, ha quedado enterrado el intento de levantar un nuevo Guggenheim en Urdaibai, el mismo que iba a hacerse “sí o sí”, según el PNV. Asimismo, sigue abierto el debate sobre la reforma legislativa para blindar las exigencias de euskera en las oposiciones a raíz de la cascada de fallos judiciales. El asunto ha generado una brecha con el socio de Gobierno, el PSE-EE, y la propuesta del PNV solamente prosperará si EH Bildu lo permite. Bengoetxea ha amagado con regularlo por decreto si esa vía falla. En materia de deportes, la selección vasca de pelota compitió oficialmente -y se enfrentó a la de España- y se ha abierto el melón de la oportunidad de organizar la Copa del Mundo de fútbol masculina de 2030 en Bilbao y Donostia.

Mikel Torres

Vicelehendakari segundo y consejero de Economía, Trabajo y Empleo (PSE-EE)

Torres también ha ganado en peso político como cabeza de la parte socialista del Gobierno de coalición y ha empezado a cuestionar algunas decisiones del socio, como recientemente lo tocante a la nueva reforma fiscal de Bizkaia, un papel antes reservado en exclusiva a Eneko Andueza. Su cartera, Economía, Trabajo y Empleo, tiene funciones relevantes, pero, si se completan las transferencias pendientes, las tendrá aún más. Ha ganado ya lo relativo a las autorizaciones laborales de trabajadores extranjeros, en 2027 Lanbide integrará las políticas activas y la RGI/IMV con las prestaciones y subsidios de paro con la desaparición del SEPE estatal y se negocia que Euskadi asuma también el pago de pensiones, unos 12.000 millones anuales. En materia laboral, Torres defiende que Euskadi tiene “bases sólidas” con la cifra más alta de cotizantes a la Seguridad Social de la historia, por encima del millón. “Pero tenemos que hablar menos de las cifras de empleo y más de la calidad”, asume. La mayoría sindical sigue fuera de los foros de diálogo social.

Noël d'Anjou

Hacienda (PNV)

En contraste, D'Anjou sale bien parado. En junio ya ha empezado a preparar los presupuestos de 2027. El Parlamento Vasco los aprobará en tiempo y forma, antes de que acabe el año. Serán los terceros en tres años de legislatura. Es algo impensable en España, que tuvo en 2022 su último debate presupuestario y que sigue con los de 2023 prorrogados. Más allá de eso, D'Anjou ejerce una suerte de bicefalia con Torres en lo tocante al liderazgo de la política económica. Técnicamente, las previsiones son cosa del PSE-EE, que además controla el Eustat, el Instituto Vasco de Estadística. Está por ver la ejecución real de la gran inyección de 1.000 millones para proyectos del pasado año, que además iba a venir completada con 3.000 de capital privado.

María Ubarretxena

Portavoz y consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno (PNV)

Ubarretxena puede colgarse la medalla de haber visto cómo el Parlamento ha aprobado, tras tres intentos fallidos en otras tantas legislaturas, la primera ley vasca de Transparencia. Euskadi deja de ser la única comunidad autónoma sin ese mecanismo. Y no sólo es poder obtener información, sino poder denunciar prácticas irregulares. “Todas las personas que deseen denunciar tendrán la oportunidad de hacerlo y su anonimato y su protección estarán garantizados”, explicó en una entrevista con este periódico. Ubarretxena es, además, la principal negociadora con el Estado de las transferencias pendientes del Estatuto de 1979. Está en el aire aún la más relevante, la gestión de las pensiones de la Seguridad Social, pero ya ha habido otros acuerdos relacionados, como el de las prestaciones del paro o el del seguro escolar. Dio mucho que hablar, igualmente, la negociación para la creación de un órgano bilateral con el que las instituciones vascas puedan tener voz en la gestión de los aeropuertos, aunque Loiu, Hondarribia y Foronda siguen siendo de titularidad estatal.

Más información: Entrevista con María Ubarretxena

Mikel Jauregi

Industria, Transición Energética y Sostenibilidad (PNV)

Jauregi tiene pendiente, y es una herencia de otras legislaturas, el denominado PTS de renovables, el documento que ordenará de manera definitiva el despliegue de parques solares y eólicos. Ahora, se multiplican las propuestas y se van analizando una a una, no sin contestación social. Euskadi está ultimando el primer proyecto con molinos de viento en veinte años. Es una comunidad muy dependiente en lo energético y con un 'mix' con mucho menos peso verde que el entorno. El consejero ha acuñado el concepto 'cuadrilla' para definir a la suma de esfuerzos públicos y privados para participar en proyectos empresariales. El gran hito fue la recuperación de la sede social de Talgo de la mano de José Antonio Jainaga, de Sidenor. Fue elegido empresario del año sin importar su investigación en la Audiencia Nacional por las ventas a Israel. En Nochevieja, al filo de las campanadas, la 'cuadrilla' recuperó la antigua Ibermática. Más dolores de cabeza está ofreciendo Tubos Reunidos, ahora en concurso de acreedores. El PNV insiste en que la SEPI estatal, su principal acreedor, propicie una quita de la deuda, 112,8 millones de principal y 40 en intereses, pero ese rescate otorgado en 2021 está siendo investigado por sospechas de corrupción. Hasta la empresa ha admitido que pagó unas cantidades al expresidente de la SEPI, el socialista andaluz Vicente Fernández Guerrero.

Bingen Zupiria

Seguridad (PNV)

El final de su segundo año ha estado marcado por las cargas de la Ertzaintza en el aeropuerto de Loiu tras la llegada de activistas de la Global Summud Flotilla. Las imágenes dieron la vuelta al mundo y Zupiria hasta empleó el inglés para insistir en que es algo que no tenía que haber ocurrido. Eso sí, a la vez insiste en que hay un humus en la sociedad vasca que no acata la autoridad de la Policía. Este debate sobre el “modelo policial” se repite periódicamente. Sigue pendiente, eso sí, que la Ertzaintza alcance la plantilla prometida de 8.000 efectivos, comprometida desde 2004. En los últimos meses, la situación sindical en la Policía vasca ha dado un vuelco con la victoria de Euspel en las elecciones internas y el desplome de Erne. Y la academia de Arkaute ha vivido su particular crisis con la salida de Miren Dobaran y la necesidad de rescatar a Jon Goikolea.

Begoña Pedrosa

Educación (PNV)

Las propuestas de fusiones de centros públicos y cierres han acarreado los momentos más controvertidos en los últimos meses para Pedrosa. Familias y sindicatos han lanzado críticas. Los motivos esgrimidos son la caída de la natalidad y la necesidad de optimizar recursos, pero también seguir reduciendo la brecha de segregación entre colegios. La consejera logró la paz social con los sindicatos de la red pública en 2025, logrando un acuerdo valorado en 100 millones que ponía fin a lustros sin convenio. Pero ahora están empezando a avisar de retrasos en el cumplimiento de los compromisos adquiridos. En Euskadi, casi el 50% del alumnado está matriculado en centros de titularidad privada. Finalmente, este año se ha conocido la resolución de la Autoridad Vasca de la Competencia sobre los problemas en el servicio de transporte escolar en la pasada legislatura. Han multado con 900.000 euros a 31 empresas por “boicotear” al Gobierno vasco para ganar más con los autobuses.

Más información: Entrevista con Begoña Pedrosa

Denis Itxaso

Vivienda (PSE-EE)

El reciente Sociómetro es contundente: la vivienda es el primer problema de la sociedad vasca y, además, apenas un 8% confía en las políticas del Gobierno vasco. Itxaso es un consejero omnipresente. Insiste en que está en actitud de “combate” y que la emergencia habitacional “tiene solución” si se toman medidas. En diciembre llegó la reforma legislativa con cambios en varias normas para agilizar la construcción de vivienda y ahora ya hay una nueva reforma anunciada. En medio, aprobó un decreto “urgente” con medidas que han tenido tirón -como las mejoras de las prestaciones para jóvenes Gaztelagun- pero que tardó más de un año en ser una realidad. “Lo lamento muchísimo. Hemos puesto alma. Hemos trabajado a destajo. Muchos informes. Al final tenemos una burocracia que nos hace polvo”, alegó. La cartera de Vivienda es del PSE-EE, aunque el PNV busca lanzar sus propios planes, como la línea de avales a la compra de casas de hasta 400.000 euros o las ayudas Emantzipa, paralelas a Gaztelagun. A la vez, son recurrentes las tensiones con EH Bildu, principal fuerza de la oposición y que lidera decenas de municipios.

Alberto Martínez

Salud (PNV)

Si el estado de salud de Osakidetza era el gran problema heredado de la pasada legislatura, ya no lo es. Pero el segundo año de Alberto Martínez ha sido mucho más tortuoso que el primero. Hace un año, por ejemplo, logró la fotografía del denominado Pacto Vasco de Salud, pero sin la mayoría sindical y, sobre todo, con un gran cambio de caras en su equipo a las pocas semanas. Se fue el viceconsejero, Enrique Peiró, y la directora general de Osakidetza, Susana López Altuna. Apenas duraron un año en el cargo. En enero, además, tuvo que hacer frente a la crisis de las vacunas caducadas, que parece tener una pequeña réplica cuyo alcance se desconoce ahora en junio. Sin embargo, lo que más tiempo ocupa a Martínez es la huelga intermitente de médicos que está obligando a posponer consultas y que ha echado por tierra la mejora de la lista de espera quirúrgica tras los años de la pandemia de COVID-19. El consejero ha liderado a sus colegas de otras comunidades en una cruzada contra la ministra de Sanidad, Mónica García, de Sumar, a la que acusa de no sentarse a negociar un estatuto marco propio para los facultativos.

Nerea Melgosa

Bienestar, Juventud y Reto Demográfico (PNV)

El año de Melgosa ha estado marcado por la reforma legislativa exprés y por la anunciada aprobación de un decreto -que técnicamente aún no ha llegado- para endurecer el control de los campamentos de verano a raíz de la veintena de denuncias de violencia sexual conocidas el pasado año en torno a la colonia de Euskal Udalekuak en Bernedo. Asimismo, se han aprobado las mejoras en las ayudas por crianza, 200 euros mensuales que ahora se cobrarán durante cuatro años y no durante tres. Se mantiene la posibilidad de que las perciban quienes han inscrito a un bebé nacido por gestación subrogada, una práctica no legal en España. Melgosa es también la consejera competente en materia de migración y ha mantenido firme su 'no' al centro de refugiados de Vitoria que proyecta al Estado. Al PNV le da igual que las plazas vayan a ser 120 y no las 350 inicialmente planteadas.

Susana García Chueca

Movilidad Sostenible (PSE-EE)

Sin noticias sobre si la 'Y vasca' se conectará con Pamplona por Vitoria o por Ezkio/Itsaso y sin fecha para el estreno de los trenes de alta velocidad cuando se cumplen veinte años del inicio de las obras, García Chueca podrá inaugurar en breve el nuevo Topo de Donostia -aunque empiezan a florecer los titulares sobre los millonarios sobrecostes-, la 'metrización' del servicio. También se ha desbloqueado la línea 4 del metro de Bilbao, la de Rekalde, iniciado una nueva ampliación del tranvía de Vitoria, la de Zabalgana, y anunciado que las líneas de Cercanías de Renfe, ya gestionadas por el Gobierno autonómico, pasarán a llamarse en algún momento Lottu. En cartera hay más proyectos en estudio, como la llegada del Topo no ya a Hendaya sino a Baiona o una ampliación más del tranvía de Vitoria hasta el Fernando Buesa Arena. Se ha posicionado en contra de que el puerto de Pasaia pierda la etiqueta de infraestructura de “interés general”, como plantea el PNV, para que sea transferido y gestionado por las instituciones vascas.

Entrevista con Susana García Chueca

Juan Ignacio Pérez Iglesias

Ciencia, Universidades e Innovación (PNV)

Hay un nuevo rector en la EHU, la Universidad pública vasca, Joxerramon Bengoetxea, y un exrector al frente de la cartera de Universidades del Gobierno vasco. Y los últimos meses han sido de enfrentamiento. El más fuerte, en otoño de 2025, tuvo como eje de la discusión en torno a la financiación. “¿Se trata quizás de enmascarar la ausencia de un proyecto académico? ¿O de ocultar la incapacidad para ejercer la responsabilidad y tomar decisiones presupuestarias difíciles? [...] Confío en que no se trate de hacer uso de la universidad pública como ariete político”, llegó a escribir el consejero sobre Bengoetxea. Pero ha habido más. El cierre en febrero del campus de Vitoria por un acto de Vox y recientemente las correcciones de la Selectividad han motivado encontronazos que no se habían visto cuando en el rectorado de Leioa había personas más afines al Gobierno. Los avances de Donostia como capital de la computación cuántica han sido noticia este año. Pérez Iglesias es el único consejero independiente, aunque participa en los actos del PNV, el partido que le propuso para el cargo.

Javier Hurtado

Turismo, Comercio y Consumo (PSE-EE)

El consejero que más años lleva de continuo en el mismo cargo ha ganado peso político ya que, desde 2025, es también el líder de su partido en Álava. Aunque la medida es foral, sí puede sumar a su haber que esté ya aprobada la denominada 'tasa turística', en realidad un impuesto más que grava las estancias y que es variable en función del tipo de alojamiento. No está en vigor, porque tienen que desarrollarla los municipios, pero lo estará en 2027. Tramita una reforma legislativa sobre el sector, aunque su principal medida, la de prohibir más apartamentos turísticos en zonas tensionadas, ya está en vigor por otra vía, la normativa de Vivienda. Hurtado ha manifestado con insistencia su deseo de “desestacionalizar” y “descentralizar” el flujo de visitantes, esto es, que no se concentren ni en el mismo punto ni en la misma época del año. Donostia, con nuevo alcalde, es siempre el centro de las miradas en este debate.

Amaia Barredo

Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca (PNV)

La consejera Barredo ha puesto mucho empeño en llevar cajeros a zonas con poca población y ha inaugurado el nuevo edificio del Basque Culinary Center de Donostia, el conocido como GOe, y puesto las primeras piedras de las dos sedes de EDA, en Vitoria y en la Rioja Alavesa. Pero también se ha visto obligada a retocar la normativa de pesca de la angula o la de asignación de amarres en los puertos deportivos, donde hay que buscar 774 'aparcamientos' para cubrir la lista de espera y, a la vez, sentencias desfavorables por la gestión de la sociedad portuaria EKP. En 2026, se han convertido en firmes también las sentencias sobre el proyecto Valogreene Paper de Bergara anulando la autorización firmada por Barredo cuando era viceconsejera. Han sido cuatro las resoluciones del Tribunal Supremo, aunque la vía penal quedó cerrada. Y hay más sentencias: en Semana Santa se conoció la condena al dueño de la empresa La Gilda del Norte por delitos contra trabajadores extranjeros, a los que tenía sin dar de alta y obligaba a esconderse en caso de inspecciones. A los pocos días, fue una de las marcas invitadas al pabellón de Euskadi de la feria Salón Gourmets de Madrid.

María Jesús San José

Justicia y Derechos Humanos (PSE-EE)

Si de presentación de proyectos se trata, San José ya puede dar por cumplida la apertura de la nueva cárcel de Donostia, la de Zubieta. Eso sí, ha acumulado años de retraso imputables al Gobierno central, el responsable de las obras. Pero no es ése el principal foco de titulares en lo tocante a la gestión penitenciaria. Las flexibilizaciones de grado y semilibertades concedidas a presos de ETA le han granjeado las críticas de la oposición de derechas y de asociaciones de víctimas, sobre todo en los casos de exdirigentes como Soledad Iparragirre 'Anboto' o Garikoitz Azpiazu 'Txeroki'. Siempre ha defendido que se está cumpliendo con la legalidad y que se siguen criterios técnicos. En algunos casos, la Justicia ha enmendado las decisiones adoptadas. Menos eco ha tenido que se haya concedido la semilibertad a los cuatro excargos del PNV encarcelados por corrupción en el marco del 'caso De Miguel' sin que hayan llegado siquiera a la mitad de la condena efectiva. Eso sí, fue contra el criterio de Prisiones y por orden judicial. En materia de Derechos Humanos, fue muy simbólica la petición de “perdón” por los GAL viniendo de un equipo socialista y se han hecho actos para exponer el sufrimiento causado por ETA entre jóvenes o para conmemorar aniversarios, como el quincuagésimo de la masacre del 3 de marzo de 1976 en Vitoria.

En la respuesta a la enésima iniciativa de Vox en el Parlamento Vasco sobre los derechos de los extranjeros, los datos han terminado por revelar que las ayudas por nacimiento se abonan en un 82% a españoles y en un 18% a foráneos. Se da la circunstancia de que, según la estadística de natalidad de hace solamente unos días, el 26% de los partos son ya de mujeres nacidas fuera de España.

En cifras concretas, desde la puesta en marcha en 2023 del programa de las ayudas de crianza —200 euros mensuales hasta los tres años desde el parto, la adopción o incluso la inscripción de una gestación subrogada y que ahora se han ampliado hasta los cuatro— se han abonado 348,85 millones de euros. De ellos, 288,23 han ido a personas que han hecho la solicitud con un DNI y 60,6 a personas con un NIE o con algún pasaporte extranjero.

Un dato que da a entender que el programa no ha calado en determinados colectivos como lo ha hecho entre los locales es que las partidas globales ejecutadas han ido disminuyendo ligeramente año a año —103,9 millones en 2023, 102,3 en 2024 y 101,7 en 2025— conforme a la evolución general de la natalidad mientras las cuantías abonadas a extranjeros han subido. El primer año, por ejemplo, accedieron al 15% del presupuesto movilizado y en 2026 ya están en un porcentaje cercano al 20%, más próximo a su peso real en el conjunto de la población recién nacida.

Las tablas entregadas por la consejera Nerea Melgosa a la Cámara muestran también que en los tres ejercicios ya cerrados, 2023, 2024 y 2025, se ha ejecutado un 86,8% del dinero total presupuestado en el programa, 308 de 354 millones, en números redondos. En lo que va de año, teniendo en cuenta que no ha entrado en vigor la mejora, se han reconocido 40,8 millones en prestaciones. El presupuesto para este ejercicio es de 131,4 millones, el más elevado de la historia de la iniciativa. Las ayudas son universales, no dependen de la renta. Sí se exige “residir de forma efectiva” en cualquier municipio de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa y tener un empadronamiento con una antigüedad mínima de un año o de cinco continuados de los últimos diez.

El Gobierno vasco ha reformado hace unos días su decreto de ayudas económicas a familias con hijos y la dotación total ha pasado de 7.200 a 9.600 euros, es decir, que los 200 euros se abonan durante 48 meses y no durante 36. También se han ampliado las prestaciones complementarias para familias numerosas o monoparentales, así como para que puedan solicitarlas las familias de acogida. Aunque no hay datos desagregados, es posible pedir estas prestaciones no solamente en caso de parto o adopción sino también tras la inscripción de un caso de gestación subrogada.

Técnicamente, las mejoras no han entrado en vigor aún. Lo harán este mes de junio, según garantizó Melgosa. Eso sí, tendrán carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2026. Ahora mismo son del orden de 40.000 familias las que acceden a estas ayudas mes a mes. Con los cambios, se prevé llegar hasta 52.000.

El Gobierno vasco ha reformado su decreto de ayudas económicas a familias con hijos, que cubren los nacimientos o las adopciones. Ha cumplido su compromiso y ha subido los 200 euros mensuales hasta que el menor cumpla los cuatro años, es decir, 2.400 euros más que lo que se abona hasta ahora, de 7.200 a 9.600 euros. También se amplían las prestaciones para familias numerosas o monoparentales, así como para que puedan solicitarlas las familias de acogida. Sin embargo, la consejera responsable del programa, Nerea Melgosa, del PNV, ha confirmado que no se ha eliminado la posibilidad de que quienes tienen un bebé por gestación subrogada, una práctica ilegal en España, puedan seguir accediendo a las ayudas públicas camuflándolo como “adopción internacional”.

“No está eliminado”, ha señalado Melgosa a preguntas de los periodistas después de presentar los cambios en el plan. Ha añadido que es imposible conocer cuántos casos ha habido de este tipo en los últimos años porque el aplicativo infomático “no discrimina” a los solicitantes por tipos, según ha explicado. Existe otro programa que contempla también esta práctica: los permisos de parentalidad de los funcionarios autonómicos, que son idénticos en estos supuestos.

Las mejoras en el plan de ayudas, aunque están ya aprobadas, entrarán en vigor en la tercera o cuarta semana de junio, al día siguiente de que el decreto aparezca en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV), según las estimaciones de la consejera Melgosa. Eso sí, las medidas tiene carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2026, de modo que, por ejemplo, menores nacidos en la primera parte de 2022 y que están cumpliendo ahora los cuatro años podrían acceder a determinadas mensualidades con carácter transitorio.

Según Melgosa, estas ayudas “reducen la presión económica” que comporta la crianza y permiten destinar “más energía” a “educar y acompañar en mejores condiciones” a los menores. Ha añadido que el Gobierno vasco opera “con todo tipo de familias en la cabeza, en el corazón y en las cuentas”.

Ahora mismo son del orden de 40.000 familias las que acceden a estas ayudas mes a mes. Son universales, aunque cuando se crearon se valoró modularlas por renta. Con los cambios, se prevé llegar hasta 52.000. Acarreará una inversión adicional de 33,8 millones de euros en 2026 y de 85,8 millones de cara al próximo cuatrienio. “Un nacimiento es una buena noticia no sólo para la familia, sino para la casa vasca”, ha solemnizado también Melgosa, consciente del 'invierno' demográfico del país.

El Gobierno vasco dispone de una página web con todos los requisitos del programa. Se exige al menos un año de empadronamiento en Euskadi, o cinco de los últimos diez. Ahora, se abonarán 200 euros durante 48 meses y no durante 36. El cómputo es o desde el nacimiento o desde el momento de la adopción. Igualmente, hay un pago adicional de 100 euros durante 36 meses a partir del cuarto año para familias numerosas o monoparentales. El nuevo certificado de monoparentalidad ha sido ya solicitado por 3.428 personas y Melgosa ha remarcado que pueden pedirlo igualmente quienes estén en esa situación por causas sobrevenidas, por ejemplo por fallecimiento del cónyuge. Se estima que del orden de 621 familias de acogida puedan reclamar también las prestaciones y se confía en que darles cabida anime a otras a pedir la tutela de menores ahora internados en centros.

Un numeroso grupo de personas, cuya composición va cambiando pero que tienen como nexo común que huyen de los conflictos en Malí, lleva alrededor de un año en las calles de Vitoria a la espera de citas de la Policía Nacional para acceder a su condición de refugiados. Este domingo a última hora, un grupo de voluntarios cargaba en unas furgonetas ubicadas en el exterior de la parroquia de San Joaquín y Santa Ana del barrio de Salburua de Vitoria los colchones y otros enseres que han utilizado en los últimos meses los malienses que han podido pernoctar allí.

La operación se repetía en la iglesia de Nuestra Señora de las Nieves, en Aranbizkarra. ¿La razón? La llegada del verano, según confirman fuentes del Obispado de Vitoria.

“Esto significa que una situación que ya era precaria se agrava todavía más”, ha denunciado el colectivo Salburuko Harrera Sarea, que lleva una larga temporada dando apoyo desinteresado a este colectivo, cuya bonhomía destacan. Ahora mismo, solamente hay disponibles una veintena de plazas para estos migrantes, las de la asociación de vecinos. “Vuelven a dormir en la calle”, lamentan desde la red vecinal, que echa en falta soluciones estructurales de las instituciones. Este domingo, en el barrio, hubo una pequeña concentración para reclamar una acogida digna.

Desde la Iglesia católica indican que la cesión de las dos parroquias más próximas a la comisaría de la Policía Nacional fue un acuerdo temporal, motivado por la “emergencia” meteorológica. Han podido pernoctar y cubrir otras necesidades básicas desde aproximadamente enero con alrededor de tres docenas de plazas en total, que se suman a la veintena ofrecida en los locales vecinales de Salburua. El Obispado destacó que incluso se habían permitido ritos propios musulmanes, la religión mayoritaria de los migrantes malienses, en templos católicos. Estas mismas fuentes agregan que, de cara al otoño, “si se mantienen las necesidades” estarían dispuestos a retomar esta colaboración, pero las iglesias están cerradas este verano.

Salburuko Harrera Sarea recalca que “estas personas no están en la calle porque quieren” y “tampoco porque no existan recursos”. Y miran a las instituciones públicas, que “no han sido capaces de dar respuesta a una situación que llevan más de un año conociendo”. “Son personas que tienen derecho a solicitar asilo. Sin embargo, mientras esperan poder ejercer ese derecho, están siendo obligadas a vivir en la calle [...]. La solidaridad popular no puede convertirse en la coartada de la inacción institucional”, argumentan.

Se de la circunstancia de que este grupo se ubica en una zona no lejana al centro de refugiados que prepara el Estado en la antigua Clínica Arana, que primero fue hospital, luego residencia de mayores y más tarde un espacio abandonado. Inicialmente, iba a tener 350 plazas. Luego se quedó en 200 y las últimas noticias apuntan a 120. Es un proyecto al que se han opuesto PP y Vox, pero también el PNV. La consejera Nerea Melgosa ha dicho desde hace tiempo que no comparte el modelo y, en una reciente respuesta en el Parlamento Vasco, lo ha reiterado. “Me da igual 120, 300 ó 500 [...]. Si fuese el Gobierno vasco el que tuviese las competencias, ese centro no existiría. Así, directamente”, dijo hace unas semanas.

La pasada semana, la Defensoría Vecinal (organismo conocido como Síndica) informó de que habían recibido una petición de la red de apoyo a los malienses para que evaluaran la respuesta institucional. Según la alcaldesa, Maider Etxebarria, del PSE-EE, la ciudad ha realizado “seguimiento absoluto” de la cuestión, “viendo y enfocando las diferentes posibilidades de ayuda”. Puso en valor en una rueda de prensa las “muchas actuaciones” llevadas a cabo “desde las primeras semanas”. Citó como ejemplo los accesos a duchas en polideportivos o reuniones con la Policía Nacional para poder agilizar las citas. “Con los recursos que tenemos se está dando toda la ayuda que podemos”, aseguró. Pero advirtió, igualmente, de que los recursos son finitos“.

El Parlamento Vasco, fuera del salón de plenos y en apenas unos minutos, ha superado este jueves el que posiblemente sea el trámite más relevante de la jornada. Se ha constituido ya la ponencia legislativa para modificar la normativa de Juventud en busca de endurecer el control de los campamentos de verano. Es una propuesta de PNV y PSE-EE para tratar de evitar que en 2026 se reproduzcan las denuncias de violencia sexual en la colonia de Euskal Udalekuak en Bernedo, un caso actualmente bajo investigación judicial.

Según fuentes parlamentarias, la voluntad es que la ponencia cierre este mismo viernes, a las 9.30 horas, el articulado definitivo. Después, una comisión tendrá que aprobar el dictamen, pero sería perfectamente posible que un pleno de junio apruebe la reforma legislativa. El objetivo siempre fue tenerlo antes del verano, para que las modificaciones surtan efecto en la edición de este año de Euskal Udalekuak.

Entre los cambios previstos, se endurecen las sanciones, se sustituye la comunicación previa de una actividad por una declaración responsable obligatoria siempre que participen menores de edad en una colonia y se refuerza el control para que los trabajadores presenten el certificado de ausencia de antecedentes sexuales. Eso sí, PNV y PSE-EE han presentado una autoenmienda para ajustar la redacción de un artículo sobre las infracciones “muy graves”. Donde antes se hablaba de penalizar actuaciones que “por acción u omisión” implicasen “racismo, xenofobia, violencia machista o cualquier otro tipo de violencia”, se acepta ahora que lo sancionable sean “actuaciones que promuevan actitudes y conductas discriminatorias, limitadoras de los derechos de la infancia, la adolescencia y la juventud o promuevan cualquier tipo de violencia”. Es una “mejora” realizada “a instancias del Ararteko”, la Defensoría del Pueblo.

Está por ver si las formaciones del Gobierno aceptan enmiendas de la oposición. EH Bildu tiene cuatro presentadas, las mismas que el PP. No constan de Sumar y de Vox. La coalición abertzale pide que los controles sean para actividades de duración “igual o superior” a cuatro días o tres noches, si tienen pernocta, para evitar una “carga burocrática desproporcionada” en el ocio infantil y juvenil. Reclama también rescatar un inciso que eliminaban nacionalistas y socialistas para controlar que haya actividades que “encubran” ánimo de lucro cuando supuestamente no lo tenían. Los 'populares', de su lado, tienen enmiendas para ajustar el papel de las diputaciones o arreglar los “despropósitos” de que la normativa de Juventud previa como sanciones en casos muy graves cuantías mucho más bajas que la de Infancia y Adolescencia para casos muy similares.

La reforma legal se ha tramitado por el procedimiento de urgencia, aunque en el camino el PP solicitó una ampliación del plazo de presentación de enmiendas. La tramitación fue iniciada en marzo, aunque las denuncias se conocieron en septiembre de 2025. El Gobierno recibió críticas de la oposición tanto por la forma como por el fondo. De hecho, el Ejecutivo intentó hacerlo por lectura única, sin debate de expertos ni ponencia legislativa. Asimismo, se trata de un texto presentado como “proposición” de los partidos del Ejecutivo y no como “proyecto” del Gobierno. Esto permite no elaborar memorias e informes administrativos. Se ha usado más veces a lo largo de la legislatura. En paralelo, el Ejecutivo prepara un decreto en el mismo sentido, de la mano de la consejera Nerea Melgosa, del PNV.

El Gobierno vasco ha desembolsado 39.046,70 euros en su 'día sin móviles', que tuvo lugar el 18 de abril en Vitoria y Bilbao pero que fue pospuesto al 9 de mayo en Donostia al coincidir con la final de la Copa del Rey para la Real Sociedad. En total, han participado 175 familias y 373 personas fueron informadas de la iniciativa.

En respuesta a una solicitud de información por parte de la parlamentaria de EH Bildu Lore Martínez Axpe, la consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, del PNV, ha defendido la iniciativa. El documento fue enviado a la Cámara por el Gobierno vasco el pasado 14 de mayo y en él se encuentra la información básica de la campaña impulsada. No obstante, carece de datos concretos sobre la cantidad de participantes, los diseñadores de la iniciativa y el presupuesto. Se da la circunstancia de que ese mismo día la Cámara aprobó la nueva ley vasca de Transparencia.

Fue el pasado 18 de abril cuando se celebró el 'día sin móviles en familia', aunque en Donostia se realizó el 9 de mayo. Se pospuso la iniciativa de desconexión digital para darle cabida, sin incoherencias, a las actividades del Ayuntamiento de Donostia y la Diputación de Gipuzkoa relacionadas con el partido de fútbol.

La jornada buscó ofrecer un “espacio participativo”, indicó en su momento Melgosa, con el objetivo de desconectar digitalmente. De forma voluntaria, las familias dejaban sus aparatos electrónicos en una bolsa que les brindaban en un ‘stand’. Allí les retaban a pasar al menos una hora sin usar el móvil y, al lograrlo, podrían regresar al 'stand' para recibir una recompensa: una bolsa pequeña para guardar el móvil en casa. Adicionalmente, les invitaban a las familias a firmar un “compromiso familiar” sobre su concienciación con respecto al uso del móvil.

En la respuesta oficial a EH Bildu no vienen los indicadores de la campaña, aunque el Goberno sí los ha facilitado a instancias de este periódico. Entre las tres capitales participaron 175 familias: 65 en Bilbao, 64 en Vitoria y 46 en Donostia. Igualmente, ofrecieron información sobre la actividad a 373 personas, 152 en Bilbao, 123 en Donostia y 98 en Vitoria. El departamento de Melgosa destaca que, más allá de lo cuantificable, “lo importante es el impacto cualitativo y la reflexión que está generando” sobre el uso imprudente del móvil. Adicionalmente, en la Cámara, Melgosa indica que “el coste de la iniciativa ha sido de 39.046,7 euros”, sin mayores desgloses.

La respuesta de la consejera se ha concentrado en el diagnóstico o estudios que justifican la puesta en marcha de la iniciativa. Ha explicado que el ‘día sin móviles en familia’ parte de un diagnóstico elaborado por su departamento, en el que identifica diversas problemáticas relacionadas con el uso de pantallas y redes sociales entre menores y jóvenes. Entre ellas, destacan el posible uso compulsivo de internet, problemas de comunicación, situaciones de soledad y aumento de la percepción de acoso en redes sociales.

La consejera Melgosa ha señalado que dos de cada diez adolescentes presentan un posible uso compulsivo de internet y que un 5% de los hogares con hijos e hijas reconoce problemas relacionados con el uso excesivo o inadecuado de pantallas digitales. Asimismo, el diagnóstico recoge que cerca del 10% de las personas jóvenes tiene dificultades para comunicarse y que el 7,1% de la población de entre 15 y 24 años asegura sentirse sola con frecuencia. Ha vinculado estos datos al deterioro del bienestar emocional y de la salud mental detectado tras la pandemia de la COVID-19. En este sentido, ha defendido que la iniciativa busca “generar entornos seguros y protectores” y fomentar hábitos digitales más saludables entre niños, niñas y adolescentes.

La política migratoria abre una nueva brecha entre PNV y PSE-EE, socios de Gobierno en Euskadi. La consejera nacionalista Nerea Melgosa, titular de la cartera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, ha vuelto a criticar duramente el centro de refugiados que el Estado proyecta en Vitoria y que está impulsado por los socialistas. En Radio Vitoria, Melgosa ha sido muy tajante: “Si fuese el Gobierno vasco el que tuviese las competencias, ese centro no existiría. Así, directamente”. PP y Vox también se oponen a ese recurso, al igual que algunos colectivos vecinales.

La secretaria de Estado, Pilar Cancela, viajó esta semana a Vitoria para explicar que las instalaciones de la antigua Clínica Arana, en obras desde hace tiempo, estarán listas previsiblemente en octubre. Añadió que prevén abrir solamente 120 plazas para refugiados, en lugar de las 200 previstas en segunda instancia. El proyecto original era incluso mayor, de 350. “Me da igual 120, 300 ó 500”, ha asegurado Melgosa, que insiste en que en Euskadi hay un “modelo vasco” de atención de migrantes.

Se de la circunstancia de que las 120 plazas en que se ha quedado Arana son ya menos, por ejemplo, que el recurso abierto por el Gobierno vasco en Irún en 2022, cuando se inició la guerra en Ucrania. Aquellas instalaciones, en una lonja en Hilanderas como apoyo al centro del Estado en un antiguo concesionario, fueron inauguradas por el entonces lehendakari, Iñigo Urkullu, y por la predecesora de Melgosa, Beatriz Artolazabal, para 150 personas. Eran literas pensadas para estancias cortas de refugiados, un paso previo a otras derivaciones a centros como los de Berriz, Oñati y Tolosa.

Según Melgosa, “todavía” se puede “darle una vuelta” al proyecto de Arana “y que se utilice para otras cosas”. La Clínica Arana es un edificio antiguo de la Seguridad Social que luego fue residencia de mayores y que llevaba lustros abandonado. En 2023 se planteó el proyecto de los refugiados y brotó oposición variada, incluyendo mensajes sobre la supuesta inseguridad que generarían los refugiados. Uno de los mensajes que lanzó Cancela en Vitoria es que el “perfil” de los internos será, en esencia, el de mujeres con sus hijos. El proyecto ha supuesto una inversión próxima a los 17 millones de euros.

Un total de 2.811 jóvenes en Euskadi perciben a la vez las ayudas Gaztelagun, de 300 euros de apoyo al alquiler, y Emantzipa, otros 300 euros de impulso a la emancipación, programas paralelos del Gobierno vasco, uno de la parte de Vivienda (en manos del PSE-EE) y otro de la de Juventud (del PNV). Son datos facilitados a este periódico por fuentes oficiales del Ejecutivo.

Los programas son legalmente complementarios y tienen requisitos diferentes. Gaztelagun, más veterano, está abierto a jóvenes de 18 a 35 años y los 300 euros son indefinidos mientras se cumplan los requisitos. En los próximos días entrará en vigor una flexibilización de la regulación para incrementar los beneficiarios potenciales y también para incrementar el precio de los pisos que dan posibilidad de pedir la ayuda, particularmente en zonas tensionadas como Donostia.

En cuanto a Emantzipa, cuya normativa para 2026 se ha presentado este martes y se podrá empezar a solicitar de nuevo a partir del 12 de mayo, es una opción para jóvenes de entre 23 a 29 años (hasta ahora estaba pensado desde los 25 años) y el cobro se limita a 24 mensualidades. La consejera responsable, Nerea Melgosa, no descarta elevar la edad máxima de acceso en línea con Gaztelagun, como planteó públicamente el pasado año, si bien sí recalca que, por el momento, se está priorizando intentar 'premiar' adelantar la edad de emancipación. Se da la circunstancia de que otro programa de Melgosa, los avales a jóvenes para la compra de vivienda, el llamado Gazte Aval, tiene como edad tope los 40 años.

Emantzipa, el proyecto estrella del final del mandato de Iñigo Urkullu, arrancó sin la fuerza prometida. La ejecución del dinero anunciado para su lanzamiento, 53 millones de euros, fue de apenas el 20%, como avisó la oposición en el Parlamento. Se denunciaron también retrasos en los pagos y otras incidencias. Se aludió a 12.000 beneficiarios potenciales pero, por el momento, en 2024 se sumaron 6.846 y en 2025 otros 2.754. Pasados ya dos años, la cifra será móvil en función de nuevas altas y las bajas que se den cuando se cumplan los 24 cobros. También hay casos de jóvenes que pierden la ayuda por ver sus ingresos propios mejorados y pasar de la barrera de los 30.000 euros anuales (a título individual) o 36.500 (en pareja).

La convocatoria de Emantzipa en 2026 está dotada con 36,25 millones de euros, lo que permitiría costear durante dos años los 7.200 euros totales de unos 5.000 nuevos beneficiarios. Son cifras mucho más ajustadas a la ejecución real del programa, indican desde el Gobierno. De hecho, la consejera Melgosa ha aludido a unas 4.000 nuevas altas en la presentación. La titular de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico ha insistido también en que ha habido “cambios en el procedimiento” para abonar “en tiempo y forma” cada mes al principio las prestaciones reconocidas.

Melgosa ha insistido que Emantzipa es una “apuesta” para “seguir removiendo obstáculos” en la emancipación juvenil. Ofrece “estabilidad, oportunidades y un apoyo directo” por parte de la Administración. El plazo de nuevas altas se abrirá el 12 de mayo y estará abierto hasta el 30 de noviembre “salvo agotamiento” del presupuesto. Las solicitudes pueden ser telemáticas o presenciales, en las oficinas de atención ciudadana Zuzenean.

El próximo 18 de abril será conocido a partir de ahora como el Día Sin Móvil en Familia. Así lo ha anunciado este martes la consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del Gobierno vasco, Nerea Melgosa, quien ha detallado que la jornada, organizada por su departamento, contará con tres espacios participativos situados en Bilbao, Donostia y Vitoria en los que los teléfonos móviles pasarán a un segundo plano. “El objetivo de esta actividad gratuita y abierta a toda la ciudadanía será bajar el ritmo, dejar el móvil de un lado por unas horas y aprovechar ese periodo para conversar, jugar, escucharse y disfrutar en familia, sin pantallas de por medio”, ha detallado Melgosa.

En este sentido, ha indicado que el uso excesivo del teléfono móvil y las redes sociales, tanto por parte de los adolescentes y menores de edad como por los propios padres, supone una preocupación para la sociedad. “Los padres y madres debemos dar ejemplo, porque los menores imitan lo que ven”, ha alertado. Para ello, los espacios sin móvil, ubicados en la Plaza Okendo (junto al Teatro Victoria Eugenia), en el Parque de Doña Casilda (junto a la escultura de Tonnetti) y en la calle Postas nº 2, en la plaza de Los celedones de Oro, frente a la escultura “Isiltasun Oihuka”, estarán abiertos de 11:00 a 19:00 horas ininterrumpidamente y cada familia deberá decidir por cuánto tiempo es capaz de estar sin utilizar los aparatos electrónicos. Todo ello se realizará de manera voluntaria y con los objetivos principales favorecer el bienestar emocional y relacional de las familias, tomar conciencia del impacto del uso del móvil en la convivencia diaria y fomentar una orientación digital positiva. 

“En un mundo hiperconectado, el móvil forma parte de nuestra vida cotidiana. Nos informa, nos conecta y nos facilita muchas tareas. Pero a veces, sin darnos cuenta, también nos aleja de quienes tenemos más cerca. El Día sin Móvil propone una pausa consciente y voluntaria en el uso del teléfono, orientada a promover un uso más equilibrado, responsable y saludable de la tecnología. No se trata de cuestionar la digitalización y los avances tecnológicos, sino de poner a las personas en el centro, fomentando una relación más consciente con los dispositivos y reforzando los vínculos sociales, el encuentro comunitario y la atención plena” ha señalado Melgosa.

Además de la actividad, las familias podrán expresar su compromiso por un uso más consciente de la tecnología firmando un Compromiso Familiar. En esa firma simbólica del Compromiso Familiar los participantes elegirán a qué propuestas adherirse: priorizar los momentos en familia frente al uso del móvil; dar ejemplo de un uso responsable de la tecnología, especialmente las personas adultas; promover actividades en familia sin pantallas y establecer acuerdos familiares claros sobre el uso del móvil.

Según han detallado desde el Gobierno vasco, los espacios establecidos en este Día Sin Móvil en Familia contarán con personal cualificado con formación en intervención familiar o comunitaria y dominio de euskera y castellano, generando “un clima de confianza y adaptando las dinámicas a la diversidad de realidades familiares presentes en Euskadi”. “Este acompañamiento será imprescindible para extraer información significativa, detectar percepciones sobre el uso del móvil y promover la toma de conciencia sobre su influencia en la convivencia. La combinación de estas acciones —vivencia directa, acompañamiento profesional, recogida estructurada de información y entrega de materiales para facilitar la continuidad del hábito— busca promover la reflexión familiar sobre el uso del móvil, mejorar la comunicación entre sus miembros y generar aprendizajes útiles para el diseño de futuras políticas públicas”, ha explicado Melgosa.

Tras la actividad, las familias recibirán a modo de regalo una bolsa reutilizable de tela personalizada, que se utilizará para introducir los teléfonos móviles al aceptar el compromiso y que materializa el inicio del reto y un soporte para teléfonos móviles (caja u otro dispositivo similar) que se entregará a las familias que regresen para completar la experiencia, pensado para que puedan dejar en él los móviles de todos los miembros del hogar y replicar la práctica de desconexión digital.

“Esta iniciativa forma parte de las acciones del V Plan de Familias, Infancia y Adolescencia de Euskadi. Este plan promueve entornos familiares saludables, relaciones de calidad y un uso equilibrado de las tecnologías. La prevención, detección y educación sobre el uso de las tecnologías por parte de niños, niñas y adolescentes son fundamentales y en eso estamos; ya estamos reuniéndonos y trabajando con diferentes colectivos familiares y expertos en la materia, porque para nosotros el uso saludable de las pantallas en el entorno familiar es una apuesta firme, y este Día de pasar en Familia sin Móvil es un claro ejemplo de ello” ha concluido la consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico.

Euskadi tiene en estos momentos 25.800 personas extranjeras inscritas en Lanbide sin acceso al mercado laboral a la espera de que se produzca la regularización extraordinaria anunciada por el Gobierno de España. En principio, este proceso estaba previsto que arrancara este 1 de abril, pero se está desarrollando con retraso.

La competencia para llevar a cabo la regularización es del Estado. Para lo que sí tiene competencias el Gobierno vasco, aunque solamente desde el mes de julio del año pasado, es para otorgar permisos de trabajo a extranjeros, y, por eso, desde Lanbide se les ofrece una preparación y orientación de cara a la futura inclusión laboral. Desde julio hasta enero se han tramitado 11.171 permisos de trabajo a extranjeros, y se espera que este año se supere la cifra de 22.000.

En concreto, de las 25.800 personas migrantes inscritas en las oficinas de empleo vascas, que de momento no pueden trabajar, alrededor de 13.000 ya están implicados a través de Lanbide en la búsqueda de empleo: 4.899 han recibido orientación o formación laboral pero no tienen triaje o diagnóstico, mientras que 7.618 tienen triaje, entrevista o diagnóstico realizado en los últimos 18 meses, según datos del Departamento de Economía, Trabajo y Empleo del Gobierno vasco. “Son personas que están en situación irregular, pero que están formadas y están detectadas por Lanbide, y, por lo tanto, estarán en una circunstancia muy positiva tanto de formación, como de búsqueda de empleo” cuando se produzca esa regularización, destacan desde el Gobierno. La mayoría de estas personas son jóvenes. El 30,3% está entre 20 y 29 años y el 44,7% están entre 30 y 44 años. Mayoritariamente, son hombres, un 56,7%.

El proceso está a la espera de que se publique el real decreto, que en este momento está en fase de análisis por el Consejo de Estado. Los trámites corresponden en exclusiva al Gobierno central, que es el que tiene la competencia. Es una cuestión que el Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del Gobierno vasco, que dirige Nerea Melgosa y que asume las competencias migratorias, ha querido que quede claro ante el retraso en el arranque del proceso.

“Se trata de un proceso de competencia estatal, tanto en su definición normativa como en su eventual aprobación y puesta en marcha. El papel del Gobierno vasco se limita a actuar con rigor institucional: informar con veracidad cuando exista una norma estatal definitiva, analizar su alcance y facilitar a la ciudadanía información fiable, evitando especulaciones o anuncios prematuros”, han señalado.

Según han trasladado, desde el pasado 27 de enero de 2026, cuando el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones anunció el inicio de los trámites de este proceso, el Gobierno vasco “ha actuado con responsabilidad institucional, voluntad de colaboración y vocación de servicio público”. Recuerdan desde el departamento que la comunicación oficial del Ministerio anunciaba el inicio de la tramitación de un real decreto y una previsión de arranque de solicitudes “a principios de abril” o “en un plazo aproximado de dos meses”, una vez cumplidos los trámites preceptivos.

En este contexto y, “ante la ausencia de una norma definitiva”, el Gobierno vasco puso en marcha una campaña informativa provisional para trasladar a la ciudadanía información comprensible sobre el borrador estatal, “advirtiendo en todo momento de su carácter no definitivo y sujeto a cambios”, han puntualizado. “El objetivo fue evitar desinformación y falsas expectativas, y ofrecer un acompañamiento riguroso desde el primer momento”.

También han señalado que tras realizar un análisis técnico del borrador, desde el departamento se realizaron al Ministerio “alegaciones y propuestas orientadas a mejorar la seguridad jurídica del proceso, facilitar su aplicación y reforzar la integración social”. Y que “dentro de una lógica de lealtad institucional y colaboración con la Administración General del Estado”, en una reunión que tuvo lugar el 16 de febrero, el Gobierno vasco “trasladó su posicionamiento y ofreció colaboración”. “En ese encuentro, el Ministerio dejó claro que la regularización extraordinaria sería un proceso gestionado íntegramente por el Estado, sin necesidad de implicación operativa de las comunidades autónomas. A partir de ese momento, la actuación del Gobierno vasco quedó ajustada a ese marco”, han indicado.

En este sentido, han insistido en que “conviene distinguir con claridad entre este proceso extraordinario y otras competencias ejecutivas ya transferidas a Euskadi”. “Desde julio de 2025, Euskadi ejerce funciones en materia de autorizaciones iniciales de trabajo de personas extranjeras en su ámbito territorial, pero la legislación aplicable, la autorización de residencia y la tramitación de todas las autorizaciones no transferidas siguen correspondiendo a la Administración General del Estado”.

El Gobierno central anunció inicialmente que la tramitación de la regularización se iniciaría el 1 de abril finalizaría el 30 de junio. Tras el Consejo de Ministros del pasado martes, la ministra portavoz, Elma Saiz, no quiso concretar fechas de arranque, pero garantizó que entrarían “dentro del calendario previsto”. “No decimos día exacto porque efectivamente está en este momento en el Consejo de Estado, pero seguimos dentro del calendario previsto”, explicó la portavoz del Gobierno. “Habrá plazo suficiente para tramitar las solicitudes”, señaló.

El lehendakari, Imanol Pradales, ha salido de su reunión en La Moncloa con Pedro Sánchez con un ramillete de acuerdos, tanto relativos al desarrollo estatutario como en temas como la seguridad o la economía. Ya era conocido que se iba a crear un órgano bilateral para canalizar el deseo del Gobierno vasco de coparticipar en la gestión de los aeropuertos de Loiu, Foronda y Hondarribia, como adelantó este periódico en febrero, y a ello se le asuman otras transferencias de competencias de pequeño calado. Asimismo, el Ejecutivo autonómico da mucha relevancia a los compromisos en materia de seguridad para atajar las armas blancas y la multirreincidencia y para que la Ertzaintza gane atribuciones en materia de inmigración. Y también al apartado económico, dado el contexto general. Pradales ha aludido al Vascofin, un “marco de cooperación financiera” para mejorar el acceso a circulante de las 'pymes' y que implicará la coordinación entre el ICO estatal y el IVF vasco.

No hay todavía acuerdo para el traspaso de la gestión de las pensiones de la Seguridad Social, contemplado en el Estatuto de 1979 y comprometido para finales de 2025. El PNV apoyó en 2023 la investidura de Pedro Sánchez a cambio de cerrar todas las transferencias en dos años. Las conversaciones siguen abiertas para una operación de gran calado presupuestario, 12.000 millones de euros. Se da la circunstancia de que el hasta ahora principal interlocutor del Gobierno vasco en estas reuniones era quien ahora se ha convertido en ministro de Hacienda, Arcadi España. El lehendakari ha indicado que en julio debería producirse otra reunión para seguir avanzando.

“Antes de nada, permítanme unas palabras de agradecimiento para Arcadi España, nuevo ministro de Hacienda y hasta ahora secretario de Estado de Política Territorial. Ha sido una persona clave en la colaboración entre nuestros Gobiernos durante todos estos meses. Un político dialogante, honesto y de una enorme capacidad negociadora. Le deseo buena suerte y espero que podamos seguir colaborando con el mismo espíritu, ahora desde sus nuevas responsabilidades”, es lo primero que ha dicho Pradales en su rueda de prensa en Madrid.

La cita de este viernes ha sido doble. Primero, un cara a cara entre Sánchez y Pradales. Y, ya después, una comisión bilateral con ambos acompañados por sus equipos. Ambos mandatarios acumulan ya más de media docena de encuentros en Vitoria, Madrid y otros eventos desde que Pradales se convirtió en lehendakari en el verano de 2024. La relación es mucho más intensa que la que tenía Iñigo Urkullu con Sánchez. Con Sánchez han estado el ministro Ángel Víctor Torres, cinco secretarios de Estado -pero ya no España- y, entre otros, la delegada en Euskadi, Marisol Garmendia. A Pradales le han acompañado tres consejeros, María Ubarretxena, Nerea Melgosa y Susana García Chueca, de la parte del PSE-EE de la coalición, además de otros tres altos cargos. El titular de Salud, Alberto Martínez, estaba también en Madrid pero en otro foro, la interterritorial en la que ha protestado por la incapacidad del Ejecutivo central para cortar la huelga de médicos, una queja que también se ha tratado en la bilateral.

Los acuerdos sobre seguridad

En un contexto en el que el PNV ha endurecido sus discursos sobre seguridad y migraciones, Pradales regresa de Madrid con una batería de compromisos. Por ejemplo, se ha comprometido una modificación del Reglamento de Armas para “reforzar la prohibición del porte o uso de armas blancas, incluso de pequeño tamaño”. Igualmente, se busca que la normativa procesal tenga en cuenta como antecedentes investigaciones en curso y no solamente sentencias firmes “a la hora de imponer medidas de prisión preventiva” en el caso de delincuentes multirreincidentes. Es una “creciente preocupación ciudadana”, entienden fuentes del Ejecutivo vasco.

Por otro lado, el Estado acepta una “participación complementaria en materia de extranjería” de la Policía autonómica, “reforzando la efectividad del papel de la Ertzaintza en los informes policiales, sobre seguridad y orden público, que deben emitirse en materia de expulsión de personas extranjeras sin arraigo y con causas abiertas con la justicia”. Este ámbito es una función de la Policía Nacional. Asimismo, se dará acceso a la Ertzaintza a más foros internacionales de coordinación “sin pasar por la Policía Nacional” como SPOC o European Search Portal. También ganará competencias en el control de drones.

Dice Pradales que son acuerdos “muy importantes”. Ha añadido que sigue insistiendo en que Euskadi sea considerada como “frontera norte” de España. Ha pedido que se cree una subcomisión para poder analizarlo.

Los acuerdos estatutarios

A falta de concreciones sobre las pensiones, el gran punto pendiente del Estatuto de 1979, los Gobiernos central y vasco siguen avanzando en otras materias. Se trata de pequeñas competencias como la gestión de los seguros agrarios, la inspección pesquera o algunas nuevas funciones sobre centros de reconocimiento de conductores y reeducación vial, así como sobre seguridad privada (formación y capacitación).

Sin novedades, se da curso igualmente al “órgano bilateral” de nuevo cuño para que las instituciones vascas coparticipen en la toma de decisiones sobre aeropuertos. No es un traspaso de competencias, porque las terminales vascas seguirán siendo gestionadas por Aena. Euskadi tendrá “participación” en la “planificación económica” sobre Loiu, Foronda y Hondarribia, más capacidad de “promoción de nuevas rutas y coordinación con agentes económicos y logísticos” y, en particular, se hará de Foronda, en Vitoria, un “sandbox” o banco de pruebas de un nuevo modelo de impulso a la conectividad aérea en una comunidad sin AVE.

“Seguimos avanzando, pero queda mucho por hacer y acordar. Y conviene recordar una y otra vez que son competencias que pertenecen al pueblo vasco por ley y referéndum. Y que el Estado sigue sin cumplir”, ha manifestado el lehendakari. Ha señalado que las materias pendientes son “complejas” pero ha dicho que no piensa “cejar” en el “empeño” para conseguirlas. “Seguiremos insistiendo, trabajando y dialogando todo lo que haga falta para cumplir la palabra dada y defender los intereses de Euskadi”, ha manifestado. Julio ha sido fijado como nuevo horizonte. El ministro Torres ha confirmado la fecha en una comparecencia posterior.

Propuestas de Pradales

Asimismo, Pradales ha aprovechado el viaje para lanzar una batería de propuestas adicionales a Sánchez, muy enfocadas en la situación global de incertidumbre económica con epicentro en Irán. Ya hace dos semanas le había hecho llegar un decálogo y ahora le ha concretado en persona otras peticiones.

Son, por ejemplo, la “eliminación del impuesto a la generación eléctrica del 7%”, “exención de los peajes de Transporte & Distribución (T&D) del 80% para los consumidores electrointensivos”, la “exención del pago del Fondo Nacional de Eficiencia Energía (FNEE)”, compensaciones por emisiones de dióxido de carbono, “reducir el impuesto especial de electricidad” o “no añadir gravámenes adicionales a la factura eléctrica industrial en los próximos 5 años”.

Euskadi, con competencias de recaudación plenas pero no de regulación del IVA, desea igualmente una “reducción temporal” de ese impuesto indirecto “a algunos alimentos básicos y de producción estatal relevante”. “En España el IVA de la carne y el pescado está en el 10% (tipo reducido), se plantea reducirlo al tipo superreducido a un 4%”, exponen desde el Ejecutivo vasco.

Sobre la pesca, con embarcaciones en Ondarroa ya paradas por el incremento de los costes, Pradales quiere que el Estado active “compensaciones por paralización temporal de la flota”. “Estas ayudas cubrirían un porcentaje del ingreso medio del barco durante los días que quede en puerto, evitando pérdidas netas y preservando empleos hasta que retome la actividad”, indican.

El caballo de batalla de la Sanidad

Por otro lado, los representantes vascos han atacado por dos flancos en Madrid a la ministra Mónica García. El consejero de Salud ha acudido a la interterritorial y, con el apoyo de otras comunidades, ha insistido en que toca poner fin a la huelga de facultativos, que está disparando las listas de espera.

“Entre diciembre y marzo, más de 300.000 personas han visto alterada su atención sanitaria en Euskadi. Son los verdaderos perjudicados de una situación insostenible. Tras un gran esfuerzo habíamos recuperado las cifras de listas de espera previas a la pandemia, y ahora los tiempos de espera están volviendo a aumentar”, ha dicho Martínez a los periodistas en la capital.

Y, en el encuentro de Pradales y Sánchez, el Gobierno vasco también ha insistido en medidas para desbloquear esta cuestión e, igualmente, para poder disponer de más médicos en un contexto de escasez de personal. Entre ellas, “agilizar el proceso de homologación de títulos de médicos especialistas formados en el extranjero”, “elevar la edad máxima de ejercicio de la profesión médica voluntaria a 72 años en Atención Primaria” o “autorizar un periodo transitorio de 3 años que habilite a médicos sin especialidad para ejercer en períodos estivales”. También “autorizar que los residentes de medicina de familia puedan empezar a ejercer una vez finalizado el tercer año de residencia, de manera que el R4 lo puedan realizar más adelante cuando los sistemas estén menos estresados por la falta de médicos”.

El Parlamento Vasco ha dado inicio finalmente este jueves a la tramitación de la reforma de la ley de Juventud de 2022 para intentar reforzar los controles en los campamentos en los que participen menores a la luz de la veintena de denuncias de presunta violencia sexual en los organizados en la localidad alavesa de Bernedo por la entidad Euskal Udalekuak. Se realizará por la vía de urgencia, con el ánimo de que las medidas entren en vigor en junio, según fuentes parlamentarias. Este mismo jueves se va a celebrar una Mesa para abrir ya el período de comparecencias de expertos y adelantar lo máximo posible el inicio del plazo de enmiendas, que será de solamente una semana, según estas mismas fuentes.

La iniciativa es de PNV y PSE-EE. EH Bildu también ha apoyado la toma en consideración, al igual que Sumar. El PP se ha abstenido y Vox ha sido la única formación en oponerse. La ley se reformará por la vía de urgencia, que acorta a la mitad los trámites ordinarios, pero no por el procedimiento aún más rápido, el de “lectura única”, como pretendían los partidos del Gobierno vasco. Para ello, podía haber optado por registrar la iniciativa como “proyecto de ley”, como le permite el reglamento. Pero se hizo como “proposición de ley”, para lo que se requiere unanimidad en la Mesa, sin ser suficiente la mayoría absoluta. Y EH Bildu, el único partido de la oposición representado en el órgano que dirige la Cámara, se opuso. El PNV ha insistido en las críticas a la coalición abertzale por “retrasar” la ley, pero Nerea Kortajarena, desde la bancada de EH Bildu, ha sido muy crítica. “La unanimidad no es un estado de gracia. Es el fruto del diálogo y la negociación”, ha avisado.

La cronología indica que la ley urgente -para que esté promulgada antes de la ya publicitada nueva edición de las colonias- se registró el 20 de febrero. Las denuncias sobre el campamento de Bernedo se conocieron en septiembre de 2025. De hecho, la Fiscalía lamentó que existiera una investigación de la Ertzaintza y de un juzgado de Vitoria desde la primavera anterior y que se volvieran a celebrar las actividades Euskal Udalekuak con normalidad el pasado verano. Un pequeño retraso en la presentación del preceptivo informe del Gobierno al texto de PNV y PSE-EE, como adelantó este periódico, impidió que esta tramitación se pudiera iniciar el 12 de marzo, cuando se celebró el anterior pleno. La ley llega al Parlamento en una temporada de baja actividad por la sucesión de puentes y parones vacacionales. Serán seis semanas sin sesiones de control después de haber retomado en febrero la actividad después de Navidad; y el próximo pleno ordinario no llegará hasta el 16 de abril.

El representante del PNV Ander Añibarro, exdirector de Juventud del Gobierno vasco, ha insistido en culpar a EH Bildu de los retrasos de la tramitación. “Con los menores no se juega”, ha llegado a decir, insistiendo en que era precisa la “lectura única”. “Un grupo parlamentario decidió impedir esa tramitación. ¿Por qué hicieron eso? La ciudadanía tiene derecho a conocer esas razones”, ha clamado desde la tribuna. “La respuesta legislativa no puede demorarse”, ha señalado, igualmente, el portavoz del PNV.

Kortajarena ha replicado -aunque la presidenta Bakartxo Tejeria le ha recordado que su turno era solamente de “explicación de voto” y no de debate con los otros partidos- que EH Bildu ve como una “prioridad” la defensa de los derechos de los menores, pero ha remarcado que el Gobierno lanza una reforma de una ley de 2022 incluso antes de haber aprobado los reglamentos para desarrollar el texto original. Es más, cuando se inició la discusión política sobre los retrasos en esta tramitación, la consejera del ramo, Nerea Melgosa (PNV), terció garantizando que aprobaría por decreto los controles adicionales para Bernedo. La semana pasada se activó ya la tramitación de ese decreto, según se informó. La consejera Melgosa no ha estado presente este jueves en el Parlamento.

Añibarro y la socialista Itxaso Asensio han explicado los cambios legislativos que se pretenden. Los principales pasan por cambiar la “comunicación” de la celebración de una colonia por una “declaración responsable”, así como por exiger “certificaciones negativas” de antecedentes de delitos sexuales para trabajar con menores y endurecer las sanciones. “Que las familias estén tranquilas”, ha señalado Asensio, que ha añadido que la ley busca “reforzar la función inspectora” igualmente.

El PP, como ya había adelantado, ha criticado la iniciativa al entender que el ordenamiento jurídico vigente en España ya permite actuar en ámbitos como los certificados para quienes desarrollan actividades con niños y adolescentes. Laura Garrido ha considerado que ya el pasado año “no se actuó aun teniendo herramientas”. Garrido ha anunciado enmiendas para “mejorar” la propuesta de PNV y PSE-EE. Sumar, por su parte, se ha dicho partidario de tramitar la reforma, pero no de los procedimientos con los que se quiere hacer. “El Parlamento debería tener derecho a debatir mejor”, ha señalado Jon Hernández, que ha cuestionado también las reformas legislativas 'ad hoc' pensadas para responder a “hechos concretos”. Vox, que está personado en la causa judicial por las denuncias de Bernedo, ha indicado que si una ley de 2022 se quiere retocar en 2026 es porque “nació coja” en lo tocante a “protección de los menores”.

Euskal Udalekuak prepara ya una nueva edición de los campamentos de Bernedo. También tiene actividades en dos localidades de Navarra. El pasado año, varios centenares de familias de usuarios lanzaron un mensaje de apoyo a la entidad frente a la cascada de denuncias de violencia sexual, que un caso tiene la tipificación inicial de agresión. Este año, personalidades del mundo de la cultura están haciendo vídeos animando a mantener las inscripciones.

El Gobierno vasco, por decreto, ha establecido el día 20 de noviembre como “día de la memoria trans” en Euskadi. El Ejecutivo de Imanol Pradales, una coalición de PNV y PSE-EE, entiende que es un gesto de “reconocimiento institucional, reparación simbólica y visibilización” de este colectivo. Asegura que actúa “en coherencia” con la ley autonómica de 2024, visada por el Parlamento Vasco por amplia mayoría, y en colaboración con entidades como Naizen, Errespetuz o Loratuz Lotu.

El 20 de noviembre es ya el día internacional de la memoria trans, en conmemoración de un asesinato que se produjo en Boston en 1998, aunque ahora tendrá una significación especial en Euskadi. “Desde el Gobierno también queremos contribuir a preservar la memoria de quienes han sufrido discriminación o invisibilización”, ha señalado la consejera-portavoz, María Ubarretxena, en la rueda de prensa semanal tras el Consejo de Gobierno.

El Gobierno entiende que el decreto, que será firmado por la consejera Nerea Melgosa, “refuerza su compromiso con una sociedad más justa, inclusiva y respetuosa con la diversidad, incorporando de manera expresa la realidad de las personas LGTBIQ+ a la agenda de las políticas públicas de igualdad”. Euskadi quiere destacar cada 20 de noviembre la “aportación” de este colectivo “a la construcción de una Euskadi más plural y democrática” y ahondar en la “reparación de desigualdades históricas”.

EH Bildu ha denunciado que la Encuesta de la Pobreza y Desigualdades Sociales (EPDS) lleva sin renovar sus datos estadísticos desde 2022. Según señala la parlamentaria Nerea Kortajarena, que ha registrado una pregunta en el Parlamento Vasco para que la consejera Nerea Melgosa dé explicaciones, este estudio se realiza cada cuatro años, pero, al considerarse en su momento que este periodo era demasiado amplio, se realiza, entre las dos encuestas, un módulo de EPDS cada dos años, por lo que debería disponerse de los resultados de la encuesta de 2024 en 2025.

Recuerda Kortajarena que “las últimas tablas estadísticas e informe son de 2022”. En la página web del departamento se menciona a la empresa encargada de la encuesta 2024 y que la recogida de datos se realizará entre mayo y julio de 2024, “pero a día de hoy no hay tablas ni informe”. “Un Gobierno mide y analiza lo que le preocupa y le parece importante, de manera que tendremos que pensar que al Gobierno de Imanol Pradales la pobreza ni le preocupa ni le parece importante”, ha señalado la parlamentaria.

Corresponde al Órgano Estadístico Específico (OEE) adscrito al Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico desarrollar la actuación referente a la estadística. Entre las encuestas que el Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico tiene en marcha, se menciona la Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales (EPDS), cuyo objetivo es “conocer, estudiar y evaluar las líneas de pobreza y su incidencia en la comunidad autónoma vasca”. EH Bildu considera que esta encuesta es de suma importancia para la toma de decisiones en torno a las políticas públicas, por lo que piden a la consejera que clarifique si se tienen los datos de 2024, cuándo estarán disponibles y los motivos del retraso en su publicación.

Ibone Bengoetxea está reforzando su rol como 'número dos' del Gobierno de Imanol Pradales. La vicelehendakari primera, de la parte del PNV del Ejecutivo de coalición con los socialistas, está empezando a tomar partido en asuntos más allá de su cartera de responsable de Cultura y Política Lingüística (y Deportes), como ya lo venía haciendo desde el inicio de la legislatura el vicelehendakari socialista Mikel Torres. Como ejemplo claro de ello, este jueves, antes del pleno del Parlamento Vasco, ha intercedido en el debate sobre el endurecimiento de los controles de las colonias de verano para evitar casos como el de Bernedo, donde se reprodujeron denuncias de presunta violencia sexual hacia los menores.

Bengoetxea ha insistido -sin mencionar directamente a EH Bildu- que no es procedente bloquear en la Cámara las “respuestas” que pide la “sociedad”. Se da la circunstancia de que este martes PNV y PSE-EE no lograron que se tramite por el procedimiento de “lectura única” una reforma de la normativa de Juventud elaborada 'ad hoc' para elevar los controles. Nacionalistas y socialistas dan mayoría absoluta al Gobierno de Pradales, pero hay trámites que, por ley, requieren otros consensos. Y se precisa de unanimidad en la Mesa para ir a una tramitación legislativa exprés y con menos pasos y margen de maniobra para la oposición, que es lo que implica la “lectura única”. EH Bildu, con dos representantes de cinco en la Mesa, se opuso.

La normativa, en todo caso, sí se tramitará “de urgencia”, es decir, en la mitad de tiempo que una proposición de ley ordinaria, aunque PNV y PSE-EE sostienen que no hay margen para tenerla promulgada y en vigor antes del verano. La vicelehendakari no ha aclarado por qué, si los plazos aprietan, se ha esperado hasta finales de febrero a lanzar la iniciativa. El caso es de dominio público desde septiembre. Antes incluso, en abril del pasado año, eran conocidas ya algunas denuncias y el asunto estuvo en un limbo y se volvieron a celebrar las colonias de Bernedo en verano.

Es más, el Gobierno podía haber logrado la “lectura única” sin necesidad del apoyo de la oposición si hubiese tramitado la reforma como “proyecto”, es decir, como iniciativa propia. Así lo expone el reglamento del Parlamento. EH Bildu ha criticado, como también en otros debates Sumar y PP, que PNV y PSE-EE prefieren las “proposiciones” porque en ellas no son necesarios los informes consultivos y memorias económicas que han de acompañar a las leyes que envía el Ejecutivo.

Sea como fuere, el Gobierno ya ha dicho que adoptará por decreto las medidas que sean necesarias para la “tranquilidad” de las familias. Bengoetxea ha indicado que el Ejecutivo lleva “tiempo” trabajando en ello y en colaboración con las diputaciones, que tienen importantes competencias en la materia. En concreto, se plantea una modificación más rápida de lo previsto del decreto de 1985 sobre campamentos para modificar muchos aspectos pero también los controles, según expuso este martes la consejera del ramo, Nerea Melgosa.

Como las colonias de Bernedo, organizadas por Euskal Udalekuak, abren en breve sus inscripciones para 2026 a falta de normativas en vigor que las bloqueen, los periodistas han preguntado a Bengoetxea si pediría a las familias que no se apunten. La vicelehendakari ha preferido tratarlas como “mayores de edad” y no dirigirlas, pero ha insistido en que hay “información suficiente” sobre lo sucedido en Bernedo para que puedan adoptar sus “decisiones”.

“Propaganda”, según el PP

El líder del PP, Javier de Andrés, también ha terciado el debate sobre la reforma legislativo. Y ha denunciado que el Gobierno quiere hacer “propaganda” para tapar su “pasividad” anterior sobre Euskal Udalekuak. Los 'populares' remontan las responsabilidades incluso más atrás en el tiempo, hasta 2023, porque ya entonces la Diputación de Gipuzkoa detectó algunos casos y dejó de enviar a sus jóvenes tutelados.

Según ha expuesto De Andrés, la exigencia de ausencia de antecedentes sexuales para tratar con menores, algo presentado como novedad en la reforma de PNV y PSE-EE, es un requisito fijado en la normativa estatal desde 2021, y perfectamente vigente en muchas actividades en Euskadi. Además, hasta dos artículos de la normativa autonómica de Infancia de 2024 lo contemplan igualmente. “Lo que no han hecho no ha sido por no tener soporte legislativo”, ha señalado el dirigente del PP.