El Gobierno vasco ha reformado su decreto de ayudas económicas a familias con hijos, que cubren los nacimientos o las adopciones. Ha cumplido su compromiso y ha subido los 200 euros mensuales hasta que el menor cumpla los cuatro años, es decir, 2.400 euros más que lo que se abona hasta ahora, de 7.200 a 9.600 euros. También se amplían las prestaciones para familias numerosas o monoparentales, así como para que puedan solicitarlas las familias de acogida. Sin embargo, la consejera responsable del programa, Nerea Melgosa, del PNV, ha confirmado que no se ha eliminado la posibilidad de que quienes tienen un bebé por gestación subrogada, una práctica ilegal en España, puedan seguir accediendo a las ayudas públicas camuflándolo como “adopción internacional”.

“No está eliminado”, ha señalado Melgosa a preguntas de los periodistas después de presentar los cambios en el plan. Ha añadido que es imposible conocer cuántos casos ha habido de este tipo en los últimos años porque el aplicativo infomático “no discrimina” a los solicitantes por tipos, según ha explicado. Existe otro programa que contempla también esta práctica: los permisos de parentalidad de los funcionarios autonómicos, que son idénticos en estos supuestos.

Las mejoras en el plan de ayudas, aunque están ya aprobadas, entrarán en vigor en la tercera o cuarta semana de junio, al día siguiente de que el decreto aparezca en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV), según las estimaciones de la consejera Melgosa. Eso sí, las medidas tiene carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2026, de modo que, por ejemplo, menores nacidos en la primera parte de 2022 y que están cumpliendo ahora los cuatro años podrían acceder a determinadas mensualidades con carácter transitorio.

Según Melgosa, estas ayudas “reducen la presión económica” que comporta la crianza y permiten destinar “más energía” a “educar y acompañar en mejores condiciones” a los menores. Ha añadido que el Gobierno vasco opera “con todo tipo de familias en la cabeza, en el corazón y en las cuentas”.

Ahora mismo son del orden de 40.000 familias las que acceden a estas ayudas mes a mes. Son universales, aunque cuando se crearon se valoró modularlas por renta. Con los cambios, se prevé llegar hasta 52.000. Acarreará una inversión adicional de 33,8 millones de euros en 2026 y de 85,8 millones de cara al próximo cuatrienio. “Un nacimiento es una buena noticia no sólo para la familia, sino para la casa vasca”, ha solemnizado también Melgosa, consciente del 'invierno' demográfico del país.

El Gobierno vasco dispone de una página web con todos los requisitos del programa. Se exige al menos un año de empadronamiento en Euskadi, o cinco de los últimos diez. Ahora, se abonarán 200 euros durante 48 meses y no durante 36. El cómputo es o desde el nacimiento o desde el momento de la adopción. Igualmente, hay un pago adicional de 100 euros durante 36 meses a partir del cuarto año para familias numerosas o monoparentales. El nuevo certificado de monoparentalidad ha sido ya solicitado por 3.428 personas y Melgosa ha remarcado que pueden pedirlo igualmente quienes estén en esa situación por causas sobrevenidas, por ejemplo por fallecimiento del cónyuge. Se estima que del orden de 621 familias de acogida puedan reclamar también las prestaciones y se confía en que darles cabida anime a otras a pedir la tutela de menores ahora internados en centros.

Un numeroso grupo de personas, cuya composición va cambiando pero que tienen como nexo común que huyen de los conflictos en Malí, lleva alrededor de un año en las calles de Vitoria a la espera de citas de la Policía Nacional para acceder a su condición de refugiados. Este domingo a última hora, un grupo de voluntarios cargaba en unas furgonetas ubicadas en el exterior de la parroquia de San Joaquín y Santa Ana del barrio de Salburua de Vitoria los colchones y otros enseres que han utilizado en los últimos meses los malienses que han podido pernoctar allí.

La operación se repetía en la iglesia de Nuestra Señora de las Nieves, en Aranbizkarra. ¿La razón? La llegada del verano, según confirman fuentes del Obispado de Vitoria.

“Esto significa que una situación que ya era precaria se agrava todavía más”, ha denunciado el colectivo Salburuko Harrera Sarea, que lleva una larga temporada dando apoyo desinteresado a este colectivo, cuya bonhomía destacan. Ahora mismo, solamente hay disponibles una veintena de plazas para estos migrantes, las de la asociación de vecinos. “Vuelven a dormir en la calle”, lamentan desde la red vecinal, que echa en falta soluciones estructurales de las instituciones. Este domingo, en el barrio, hubo una pequeña concentración para reclamar una acogida digna.

Desde la Iglesia católica indican que la cesión de las dos parroquias más próximas a la comisaría de la Policía Nacional fue un acuerdo temporal, motivado por la “emergencia” meteorológica. Han podido pernoctar y cubrir otras necesidades básicas desde aproximadamente enero con alrededor de tres docenas de plazas en total, que se suman a la veintena ofrecida en los locales vecinales de Salburua. El Obispado destacó que incluso se habían permitido ritos propios musulmanes, la religión mayoritaria de los migrantes malienses, en templos católicos. Estas mismas fuentes agregan que, de cara al otoño, “si se mantienen las necesidades” estarían dispuestos a retomar esta colaboración, pero las iglesias están cerradas este verano.

Salburuko Harrera Sarea recalca que “estas personas no están en la calle porque quieren” y “tampoco porque no existan recursos”. Y miran a las instituciones públicas, que “no han sido capaces de dar respuesta a una situación que llevan más de un año conociendo”. “Son personas que tienen derecho a solicitar asilo. Sin embargo, mientras esperan poder ejercer ese derecho, están siendo obligadas a vivir en la calle [...]. La solidaridad popular no puede convertirse en la coartada de la inacción institucional”, argumentan.

Se de la circunstancia de que este grupo se ubica en una zona no lejana al centro de refugiados que prepara el Estado en la antigua Clínica Arana, que primero fue hospital, luego residencia de mayores y más tarde un espacio abandonado. Inicialmente, iba a tener 350 plazas. Luego se quedó en 200 y las últimas noticias apuntan a 120. Es un proyecto al que se han opuesto PP y Vox, pero también el PNV. La consejera Nerea Melgosa ha dicho desde hace tiempo que no comparte el modelo y, en una reciente respuesta en el Parlamento Vasco, lo ha reiterado. “Me da igual 120, 300 ó 500 [...]. Si fuese el Gobierno vasco el que tuviese las competencias, ese centro no existiría. Así, directamente”, dijo hace unas semanas.

La pasada semana, la Defensoría Vecinal (organismo conocido como Síndica) informó de que habían recibido una petición de la red de apoyo a los malienses para que evaluaran la respuesta institucional. Según la alcaldesa, Maider Etxebarria, del PSE-EE, la ciudad ha realizado “seguimiento absoluto” de la cuestión, “viendo y enfocando las diferentes posibilidades de ayuda”. Puso en valor en una rueda de prensa las “muchas actuaciones” llevadas a cabo “desde las primeras semanas”. Citó como ejemplo los accesos a duchas en polideportivos o reuniones con la Policía Nacional para poder agilizar las citas. “Con los recursos que tenemos se está dando toda la ayuda que podemos”, aseguró. Pero advirtió, igualmente, de que los recursos son finitos“.

El Parlamento Vasco, fuera del salón de plenos y en apenas unos minutos, ha superado este jueves el que posiblemente sea el trámite más relevante de la jornada. Se ha constituido ya la ponencia legislativa para modificar la normativa de Juventud en busca de endurecer el control de los campamentos de verano. Es una propuesta de PNV y PSE-EE para tratar de evitar que en 2026 se reproduzcan las denuncias de violencia sexual en la colonia de Euskal Udalekuak en Bernedo, un caso actualmente bajo investigación judicial.

Según fuentes parlamentarias, la voluntad es que la ponencia cierre este mismo viernes, a las 9.30 horas, el articulado definitivo. Después, una comisión tendrá que aprobar el dictamen, pero sería perfectamente posible que un pleno de junio apruebe la reforma legislativa. El objetivo siempre fue tenerlo antes del verano, para que las modificaciones surtan efecto en la edición de este año de Euskal Udalekuak.

Entre los cambios previstos, se endurecen las sanciones, se sustituye la comunicación previa de una actividad por una declaración responsable obligatoria siempre que participen menores de edad en una colonia y se refuerza el control para que los trabajadores presenten el certificado de ausencia de antecedentes sexuales. Eso sí, PNV y PSE-EE han presentado una autoenmienda para ajustar la redacción de un artículo sobre las infracciones “muy graves”. Donde antes se hablaba de penalizar actuaciones que “por acción u omisión” implicasen “racismo, xenofobia, violencia machista o cualquier otro tipo de violencia”, se acepta ahora que lo sancionable sean “actuaciones que promuevan actitudes y conductas discriminatorias, limitadoras de los derechos de la infancia, la adolescencia y la juventud o promuevan cualquier tipo de violencia”. Es una “mejora” realizada “a instancias del Ararteko”, la Defensoría del Pueblo.

Está por ver si las formaciones del Gobierno aceptan enmiendas de la oposición. EH Bildu tiene cuatro presentadas, las mismas que el PP. No constan de Sumar y de Vox. La coalición abertzale pide que los controles sean para actividades de duración “igual o superior” a cuatro días o tres noches, si tienen pernocta, para evitar una “carga burocrática desproporcionada” en el ocio infantil y juvenil. Reclama también rescatar un inciso que eliminaban nacionalistas y socialistas para controlar que haya actividades que “encubran” ánimo de lucro cuando supuestamente no lo tenían. Los 'populares', de su lado, tienen enmiendas para ajustar el papel de las diputaciones o arreglar los “despropósitos” de que la normativa de Juventud previa como sanciones en casos muy graves cuantías mucho más bajas que la de Infancia y Adolescencia para casos muy similares.

La reforma legal se ha tramitado por el procedimiento de urgencia, aunque en el camino el PP solicitó una ampliación del plazo de presentación de enmiendas. La tramitación fue iniciada en marzo, aunque las denuncias se conocieron en septiembre de 2025. El Gobierno recibió críticas de la oposición tanto por la forma como por el fondo. De hecho, el Ejecutivo intentó hacerlo por lectura única, sin debate de expertos ni ponencia legislativa. Asimismo, se trata de un texto presentado como “proposición” de los partidos del Ejecutivo y no como “proyecto” del Gobierno. Esto permite no elaborar memorias e informes administrativos. Se ha usado más veces a lo largo de la legislatura. En paralelo, el Ejecutivo prepara un decreto en el mismo sentido, de la mano de la consejera Nerea Melgosa, del PNV.

El Gobierno vasco ha desembolsado 39.046,70 euros en su 'día sin móviles', que tuvo lugar el 18 de abril en Vitoria y Bilbao pero que fue pospuesto al 9 de mayo en Donostia al coincidir con la final de la Copa del Rey para la Real Sociedad. En total, han participado 175 familias y 373 personas fueron informadas de la iniciativa.

En respuesta a una solicitud de información por parte de la parlamentaria de EH Bildu Lore Martínez Axpe, la consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, del PNV, ha defendido la iniciativa. El documento fue enviado a la Cámara por el Gobierno vasco el pasado 14 de mayo y en él se encuentra la información básica de la campaña impulsada. No obstante, carece de datos concretos sobre la cantidad de participantes, los diseñadores de la iniciativa y el presupuesto. Se da la circunstancia de que ese mismo día la Cámara aprobó la nueva ley vasca de Transparencia.

Fue el pasado 18 de abril cuando se celebró el 'día sin móviles en familia', aunque en Donostia se realizó el 9 de mayo. Se pospuso la iniciativa de desconexión digital para darle cabida, sin incoherencias, a las actividades del Ayuntamiento de Donostia y la Diputación de Gipuzkoa relacionadas con el partido de fútbol.

La jornada buscó ofrecer un “espacio participativo”, indicó en su momento Melgosa, con el objetivo de desconectar digitalmente. De forma voluntaria, las familias dejaban sus aparatos electrónicos en una bolsa que les brindaban en un ‘stand’. Allí les retaban a pasar al menos una hora sin usar el móvil y, al lograrlo, podrían regresar al 'stand' para recibir una recompensa: una bolsa pequeña para guardar el móvil en casa. Adicionalmente, les invitaban a las familias a firmar un “compromiso familiar” sobre su concienciación con respecto al uso del móvil.

En la respuesta oficial a EH Bildu no vienen los indicadores de la campaña, aunque el Goberno sí los ha facilitado a instancias de este periódico. Entre las tres capitales participaron 175 familias: 65 en Bilbao, 64 en Vitoria y 46 en Donostia. Igualmente, ofrecieron información sobre la actividad a 373 personas, 152 en Bilbao, 123 en Donostia y 98 en Vitoria. El departamento de Melgosa destaca que, más allá de lo cuantificable, “lo importante es el impacto cualitativo y la reflexión que está generando” sobre el uso imprudente del móvil. Adicionalmente, en la Cámara, Melgosa indica que “el coste de la iniciativa ha sido de 39.046,7 euros”, sin mayores desgloses.

La respuesta de la consejera se ha concentrado en el diagnóstico o estudios que justifican la puesta en marcha de la iniciativa. Ha explicado que el ‘día sin móviles en familia’ parte de un diagnóstico elaborado por su departamento, en el que identifica diversas problemáticas relacionadas con el uso de pantallas y redes sociales entre menores y jóvenes. Entre ellas, destacan el posible uso compulsivo de internet, problemas de comunicación, situaciones de soledad y aumento de la percepción de acoso en redes sociales.

La consejera Melgosa ha señalado que dos de cada diez adolescentes presentan un posible uso compulsivo de internet y que un 5% de los hogares con hijos e hijas reconoce problemas relacionados con el uso excesivo o inadecuado de pantallas digitales. Asimismo, el diagnóstico recoge que cerca del 10% de las personas jóvenes tiene dificultades para comunicarse y que el 7,1% de la población de entre 15 y 24 años asegura sentirse sola con frecuencia. Ha vinculado estos datos al deterioro del bienestar emocional y de la salud mental detectado tras la pandemia de la COVID-19. En este sentido, ha defendido que la iniciativa busca “generar entornos seguros y protectores” y fomentar hábitos digitales más saludables entre niños, niñas y adolescentes.

La política migratoria abre una nueva brecha entre PNV y PSE-EE, socios de Gobierno en Euskadi. La consejera nacionalista Nerea Melgosa, titular de la cartera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, ha vuelto a criticar duramente el centro de refugiados que el Estado proyecta en Vitoria y que está impulsado por los socialistas. En Radio Vitoria, Melgosa ha sido muy tajante: “Si fuese el Gobierno vasco el que tuviese las competencias, ese centro no existiría. Así, directamente”. PP y Vox también se oponen a ese recurso, al igual que algunos colectivos vecinales.

La secretaria de Estado, Pilar Cancela, viajó esta semana a Vitoria para explicar que las instalaciones de la antigua Clínica Arana, en obras desde hace tiempo, estarán listas previsiblemente en octubre. Añadió que prevén abrir solamente 120 plazas para refugiados, en lugar de las 200 previstas en segunda instancia. El proyecto original era incluso mayor, de 350. “Me da igual 120, 300 ó 500”, ha asegurado Melgosa, que insiste en que en Euskadi hay un “modelo vasco” de atención de migrantes.

Se de la circunstancia de que las 120 plazas en que se ha quedado Arana son ya menos, por ejemplo, que el recurso abierto por el Gobierno vasco en Irún en 2022, cuando se inició la guerra en Ucrania. Aquellas instalaciones, en una lonja en Hilanderas como apoyo al centro del Estado en un antiguo concesionario, fueron inauguradas por el entonces lehendakari, Iñigo Urkullu, y por la predecesora de Melgosa, Beatriz Artolazabal, para 150 personas. Eran literas pensadas para estancias cortas de refugiados, un paso previo a otras derivaciones a centros como los de Berriz, Oñati y Tolosa.

Según Melgosa, “todavía” se puede “darle una vuelta” al proyecto de Arana “y que se utilice para otras cosas”. La Clínica Arana es un edificio antiguo de la Seguridad Social que luego fue residencia de mayores y que llevaba lustros abandonado. En 2023 se planteó el proyecto de los refugiados y brotó oposición variada, incluyendo mensajes sobre la supuesta inseguridad que generarían los refugiados. Uno de los mensajes que lanzó Cancela en Vitoria es que el “perfil” de los internos será, en esencia, el de mujeres con sus hijos. El proyecto ha supuesto una inversión próxima a los 17 millones de euros.

Un total de 2.811 jóvenes en Euskadi perciben a la vez las ayudas Gaztelagun, de 300 euros de apoyo al alquiler, y Emantzipa, otros 300 euros de impulso a la emancipación, programas paralelos del Gobierno vasco, uno de la parte de Vivienda (en manos del PSE-EE) y otro de la de Juventud (del PNV). Son datos facilitados a este periódico por fuentes oficiales del Ejecutivo.

Los programas son legalmente complementarios y tienen requisitos diferentes. Gaztelagun, más veterano, está abierto a jóvenes de 18 a 35 años y los 300 euros son indefinidos mientras se cumplan los requisitos. En los próximos días entrará en vigor una flexibilización de la regulación para incrementar los beneficiarios potenciales y también para incrementar el precio de los pisos que dan posibilidad de pedir la ayuda, particularmente en zonas tensionadas como Donostia.

En cuanto a Emantzipa, cuya normativa para 2026 se ha presentado este martes y se podrá empezar a solicitar de nuevo a partir del 12 de mayo, es una opción para jóvenes de entre 23 a 29 años (hasta ahora estaba pensado desde los 25 años) y el cobro se limita a 24 mensualidades. La consejera responsable, Nerea Melgosa, no descarta elevar la edad máxima de acceso en línea con Gaztelagun, como planteó públicamente el pasado año, si bien sí recalca que, por el momento, se está priorizando intentar 'premiar' adelantar la edad de emancipación. Se da la circunstancia de que otro programa de Melgosa, los avales a jóvenes para la compra de vivienda, el llamado Gazte Aval, tiene como edad tope los 40 años.

Emantzipa, el proyecto estrella del final del mandato de Iñigo Urkullu, arrancó sin la fuerza prometida. La ejecución del dinero anunciado para su lanzamiento, 53 millones de euros, fue de apenas el 20%, como avisó la oposición en el Parlamento. Se denunciaron también retrasos en los pagos y otras incidencias. Se aludió a 12.000 beneficiarios potenciales pero, por el momento, en 2024 se sumaron 6.846 y en 2025 otros 2.754. Pasados ya dos años, la cifra será móvil en función de nuevas altas y las bajas que se den cuando se cumplan los 24 cobros. También hay casos de jóvenes que pierden la ayuda por ver sus ingresos propios mejorados y pasar de la barrera de los 30.000 euros anuales (a título individual) o 36.500 (en pareja).

La convocatoria de Emantzipa en 2026 está dotada con 36,25 millones de euros, lo que permitiría costear durante dos años los 7.200 euros totales de unos 5.000 nuevos beneficiarios. Son cifras mucho más ajustadas a la ejecución real del programa, indican desde el Gobierno. De hecho, la consejera Melgosa ha aludido a unas 4.000 nuevas altas en la presentación. La titular de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico ha insistido también en que ha habido “cambios en el procedimiento” para abonar “en tiempo y forma” cada mes al principio las prestaciones reconocidas.

Melgosa ha insistido que Emantzipa es una “apuesta” para “seguir removiendo obstáculos” en la emancipación juvenil. Ofrece “estabilidad, oportunidades y un apoyo directo” por parte de la Administración. El plazo de nuevas altas se abrirá el 12 de mayo y estará abierto hasta el 30 de noviembre “salvo agotamiento” del presupuesto. Las solicitudes pueden ser telemáticas o presenciales, en las oficinas de atención ciudadana Zuzenean.

El próximo 18 de abril será conocido a partir de ahora como el Día Sin Móvil en Familia. Así lo ha anunciado este martes la consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del Gobierno vasco, Nerea Melgosa, quien ha detallado que la jornada, organizada por su departamento, contará con tres espacios participativos situados en Bilbao, Donostia y Vitoria en los que los teléfonos móviles pasarán a un segundo plano. “El objetivo de esta actividad gratuita y abierta a toda la ciudadanía será bajar el ritmo, dejar el móvil de un lado por unas horas y aprovechar ese periodo para conversar, jugar, escucharse y disfrutar en familia, sin pantallas de por medio”, ha detallado Melgosa.

En este sentido, ha indicado que el uso excesivo del teléfono móvil y las redes sociales, tanto por parte de los adolescentes y menores de edad como por los propios padres, supone una preocupación para la sociedad. “Los padres y madres debemos dar ejemplo, porque los menores imitan lo que ven”, ha alertado. Para ello, los espacios sin móvil, ubicados en la Plaza Okendo (junto al Teatro Victoria Eugenia), en el Parque de Doña Casilda (junto a la escultura de Tonnetti) y en la calle Postas nº 2, en la plaza de Los celedones de Oro, frente a la escultura “Isiltasun Oihuka”, estarán abiertos de 11:00 a 19:00 horas ininterrumpidamente y cada familia deberá decidir por cuánto tiempo es capaz de estar sin utilizar los aparatos electrónicos. Todo ello se realizará de manera voluntaria y con los objetivos principales favorecer el bienestar emocional y relacional de las familias, tomar conciencia del impacto del uso del móvil en la convivencia diaria y fomentar una orientación digital positiva. 

“En un mundo hiperconectado, el móvil forma parte de nuestra vida cotidiana. Nos informa, nos conecta y nos facilita muchas tareas. Pero a veces, sin darnos cuenta, también nos aleja de quienes tenemos más cerca. El Día sin Móvil propone una pausa consciente y voluntaria en el uso del teléfono, orientada a promover un uso más equilibrado, responsable y saludable de la tecnología. No se trata de cuestionar la digitalización y los avances tecnológicos, sino de poner a las personas en el centro, fomentando una relación más consciente con los dispositivos y reforzando los vínculos sociales, el encuentro comunitario y la atención plena” ha señalado Melgosa.

Además de la actividad, las familias podrán expresar su compromiso por un uso más consciente de la tecnología firmando un Compromiso Familiar. En esa firma simbólica del Compromiso Familiar los participantes elegirán a qué propuestas adherirse: priorizar los momentos en familia frente al uso del móvil; dar ejemplo de un uso responsable de la tecnología, especialmente las personas adultas; promover actividades en familia sin pantallas y establecer acuerdos familiares claros sobre el uso del móvil.

Según han detallado desde el Gobierno vasco, los espacios establecidos en este Día Sin Móvil en Familia contarán con personal cualificado con formación en intervención familiar o comunitaria y dominio de euskera y castellano, generando “un clima de confianza y adaptando las dinámicas a la diversidad de realidades familiares presentes en Euskadi”. “Este acompañamiento será imprescindible para extraer información significativa, detectar percepciones sobre el uso del móvil y promover la toma de conciencia sobre su influencia en la convivencia. La combinación de estas acciones —vivencia directa, acompañamiento profesional, recogida estructurada de información y entrega de materiales para facilitar la continuidad del hábito— busca promover la reflexión familiar sobre el uso del móvil, mejorar la comunicación entre sus miembros y generar aprendizajes útiles para el diseño de futuras políticas públicas”, ha explicado Melgosa.

Tras la actividad, las familias recibirán a modo de regalo una bolsa reutilizable de tela personalizada, que se utilizará para introducir los teléfonos móviles al aceptar el compromiso y que materializa el inicio del reto y un soporte para teléfonos móviles (caja u otro dispositivo similar) que se entregará a las familias que regresen para completar la experiencia, pensado para que puedan dejar en él los móviles de todos los miembros del hogar y replicar la práctica de desconexión digital.

“Esta iniciativa forma parte de las acciones del V Plan de Familias, Infancia y Adolescencia de Euskadi. Este plan promueve entornos familiares saludables, relaciones de calidad y un uso equilibrado de las tecnologías. La prevención, detección y educación sobre el uso de las tecnologías por parte de niños, niñas y adolescentes son fundamentales y en eso estamos; ya estamos reuniéndonos y trabajando con diferentes colectivos familiares y expertos en la materia, porque para nosotros el uso saludable de las pantallas en el entorno familiar es una apuesta firme, y este Día de pasar en Familia sin Móvil es un claro ejemplo de ello” ha concluido la consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico.

Euskadi tiene en estos momentos 25.800 personas extranjeras inscritas en Lanbide sin acceso al mercado laboral a la espera de que se produzca la regularización extraordinaria anunciada por el Gobierno de España. En principio, este proceso estaba previsto que arrancara este 1 de abril, pero se está desarrollando con retraso.

La competencia para llevar a cabo la regularización es del Estado. Para lo que sí tiene competencias el Gobierno vasco, aunque solamente desde el mes de julio del año pasado, es para otorgar permisos de trabajo a extranjeros, y, por eso, desde Lanbide se les ofrece una preparación y orientación de cara a la futura inclusión laboral. Desde julio hasta enero se han tramitado 11.171 permisos de trabajo a extranjeros, y se espera que este año se supere la cifra de 22.000.

En concreto, de las 25.800 personas migrantes inscritas en las oficinas de empleo vascas, que de momento no pueden trabajar, alrededor de 13.000 ya están implicados a través de Lanbide en la búsqueda de empleo: 4.899 han recibido orientación o formación laboral pero no tienen triaje o diagnóstico, mientras que 7.618 tienen triaje, entrevista o diagnóstico realizado en los últimos 18 meses, según datos del Departamento de Economía, Trabajo y Empleo del Gobierno vasco. “Son personas que están en situación irregular, pero que están formadas y están detectadas por Lanbide, y, por lo tanto, estarán en una circunstancia muy positiva tanto de formación, como de búsqueda de empleo” cuando se produzca esa regularización, destacan desde el Gobierno. La mayoría de estas personas son jóvenes. El 30,3% está entre 20 y 29 años y el 44,7% están entre 30 y 44 años. Mayoritariamente, son hombres, un 56,7%.

El proceso está a la espera de que se publique el real decreto, que en este momento está en fase de análisis por el Consejo de Estado. Los trámites corresponden en exclusiva al Gobierno central, que es el que tiene la competencia. Es una cuestión que el Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del Gobierno vasco, que dirige Nerea Melgosa y que asume las competencias migratorias, ha querido que quede claro ante el retraso en el arranque del proceso.

“Se trata de un proceso de competencia estatal, tanto en su definición normativa como en su eventual aprobación y puesta en marcha. El papel del Gobierno vasco se limita a actuar con rigor institucional: informar con veracidad cuando exista una norma estatal definitiva, analizar su alcance y facilitar a la ciudadanía información fiable, evitando especulaciones o anuncios prematuros”, han señalado.

Según han trasladado, desde el pasado 27 de enero de 2026, cuando el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones anunció el inicio de los trámites de este proceso, el Gobierno vasco “ha actuado con responsabilidad institucional, voluntad de colaboración y vocación de servicio público”. Recuerdan desde el departamento que la comunicación oficial del Ministerio anunciaba el inicio de la tramitación de un real decreto y una previsión de arranque de solicitudes “a principios de abril” o “en un plazo aproximado de dos meses”, una vez cumplidos los trámites preceptivos.

En este contexto y, “ante la ausencia de una norma definitiva”, el Gobierno vasco puso en marcha una campaña informativa provisional para trasladar a la ciudadanía información comprensible sobre el borrador estatal, “advirtiendo en todo momento de su carácter no definitivo y sujeto a cambios”, han puntualizado. “El objetivo fue evitar desinformación y falsas expectativas, y ofrecer un acompañamiento riguroso desde el primer momento”.

También han señalado que tras realizar un análisis técnico del borrador, desde el departamento se realizaron al Ministerio “alegaciones y propuestas orientadas a mejorar la seguridad jurídica del proceso, facilitar su aplicación y reforzar la integración social”. Y que “dentro de una lógica de lealtad institucional y colaboración con la Administración General del Estado”, en una reunión que tuvo lugar el 16 de febrero, el Gobierno vasco “trasladó su posicionamiento y ofreció colaboración”. “En ese encuentro, el Ministerio dejó claro que la regularización extraordinaria sería un proceso gestionado íntegramente por el Estado, sin necesidad de implicación operativa de las comunidades autónomas. A partir de ese momento, la actuación del Gobierno vasco quedó ajustada a ese marco”, han indicado.

En este sentido, han insistido en que “conviene distinguir con claridad entre este proceso extraordinario y otras competencias ejecutivas ya transferidas a Euskadi”. “Desde julio de 2025, Euskadi ejerce funciones en materia de autorizaciones iniciales de trabajo de personas extranjeras en su ámbito territorial, pero la legislación aplicable, la autorización de residencia y la tramitación de todas las autorizaciones no transferidas siguen correspondiendo a la Administración General del Estado”.

El Gobierno central anunció inicialmente que la tramitación de la regularización se iniciaría el 1 de abril finalizaría el 30 de junio. Tras el Consejo de Ministros del pasado martes, la ministra portavoz, Elma Saiz, no quiso concretar fechas de arranque, pero garantizó que entrarían “dentro del calendario previsto”. “No decimos día exacto porque efectivamente está en este momento en el Consejo de Estado, pero seguimos dentro del calendario previsto”, explicó la portavoz del Gobierno. “Habrá plazo suficiente para tramitar las solicitudes”, señaló.

El lehendakari, Imanol Pradales, ha salido de su reunión en La Moncloa con Pedro Sánchez con un ramillete de acuerdos, tanto relativos al desarrollo estatutario como en temas como la seguridad o la economía. Ya era conocido que se iba a crear un órgano bilateral para canalizar el deseo del Gobierno vasco de coparticipar en la gestión de los aeropuertos de Loiu, Foronda y Hondarribia, como adelantó este periódico en febrero, y a ello se le asuman otras transferencias de competencias de pequeño calado. Asimismo, el Ejecutivo autonómico da mucha relevancia a los compromisos en materia de seguridad para atajar las armas blancas y la multirreincidencia y para que la Ertzaintza gane atribuciones en materia de inmigración. Y también al apartado económico, dado el contexto general. Pradales ha aludido al Vascofin, un “marco de cooperación financiera” para mejorar el acceso a circulante de las 'pymes' y que implicará la coordinación entre el ICO estatal y el IVF vasco.

No hay todavía acuerdo para el traspaso de la gestión de las pensiones de la Seguridad Social, contemplado en el Estatuto de 1979 y comprometido para finales de 2025. El PNV apoyó en 2023 la investidura de Pedro Sánchez a cambio de cerrar todas las transferencias en dos años. Las conversaciones siguen abiertas para una operación de gran calado presupuestario, 12.000 millones de euros. Se da la circunstancia de que el hasta ahora principal interlocutor del Gobierno vasco en estas reuniones era quien ahora se ha convertido en ministro de Hacienda, Arcadi España. El lehendakari ha indicado que en julio debería producirse otra reunión para seguir avanzando.

“Antes de nada, permítanme unas palabras de agradecimiento para Arcadi España, nuevo ministro de Hacienda y hasta ahora secretario de Estado de Política Territorial. Ha sido una persona clave en la colaboración entre nuestros Gobiernos durante todos estos meses. Un político dialogante, honesto y de una enorme capacidad negociadora. Le deseo buena suerte y espero que podamos seguir colaborando con el mismo espíritu, ahora desde sus nuevas responsabilidades”, es lo primero que ha dicho Pradales en su rueda de prensa en Madrid.

La cita de este viernes ha sido doble. Primero, un cara a cara entre Sánchez y Pradales. Y, ya después, una comisión bilateral con ambos acompañados por sus equipos. Ambos mandatarios acumulan ya más de media docena de encuentros en Vitoria, Madrid y otros eventos desde que Pradales se convirtió en lehendakari en el verano de 2024. La relación es mucho más intensa que la que tenía Iñigo Urkullu con Sánchez. Con Sánchez han estado el ministro Ángel Víctor Torres, cinco secretarios de Estado -pero ya no España- y, entre otros, la delegada en Euskadi, Marisol Garmendia. A Pradales le han acompañado tres consejeros, María Ubarretxena, Nerea Melgosa y Susana García Chueca, de la parte del PSE-EE de la coalición, además de otros tres altos cargos. El titular de Salud, Alberto Martínez, estaba también en Madrid pero en otro foro, la interterritorial en la que ha protestado por la incapacidad del Ejecutivo central para cortar la huelga de médicos, una queja que también se ha tratado en la bilateral.

Los acuerdos sobre seguridad

En un contexto en el que el PNV ha endurecido sus discursos sobre seguridad y migraciones, Pradales regresa de Madrid con una batería de compromisos. Por ejemplo, se ha comprometido una modificación del Reglamento de Armas para “reforzar la prohibición del porte o uso de armas blancas, incluso de pequeño tamaño”. Igualmente, se busca que la normativa procesal tenga en cuenta como antecedentes investigaciones en curso y no solamente sentencias firmes “a la hora de imponer medidas de prisión preventiva” en el caso de delincuentes multirreincidentes. Es una “creciente preocupación ciudadana”, entienden fuentes del Ejecutivo vasco.

Por otro lado, el Estado acepta una “participación complementaria en materia de extranjería” de la Policía autonómica, “reforzando la efectividad del papel de la Ertzaintza en los informes policiales, sobre seguridad y orden público, que deben emitirse en materia de expulsión de personas extranjeras sin arraigo y con causas abiertas con la justicia”. Este ámbito es una función de la Policía Nacional. Asimismo, se dará acceso a la Ertzaintza a más foros internacionales de coordinación “sin pasar por la Policía Nacional” como SPOC o European Search Portal. También ganará competencias en el control de drones.

Dice Pradales que son acuerdos “muy importantes”. Ha añadido que sigue insistiendo en que Euskadi sea considerada como “frontera norte” de España. Ha pedido que se cree una subcomisión para poder analizarlo.

Los acuerdos estatutarios

A falta de concreciones sobre las pensiones, el gran punto pendiente del Estatuto de 1979, los Gobiernos central y vasco siguen avanzando en otras materias. Se trata de pequeñas competencias como la gestión de los seguros agrarios, la inspección pesquera o algunas nuevas funciones sobre centros de reconocimiento de conductores y reeducación vial, así como sobre seguridad privada (formación y capacitación).

Sin novedades, se da curso igualmente al “órgano bilateral” de nuevo cuño para que las instituciones vascas coparticipen en la toma de decisiones sobre aeropuertos. No es un traspaso de competencias, porque las terminales vascas seguirán siendo gestionadas por Aena. Euskadi tendrá “participación” en la “planificación económica” sobre Loiu, Foronda y Hondarribia, más capacidad de “promoción de nuevas rutas y coordinación con agentes económicos y logísticos” y, en particular, se hará de Foronda, en Vitoria, un “sandbox” o banco de pruebas de un nuevo modelo de impulso a la conectividad aérea en una comunidad sin AVE.

“Seguimos avanzando, pero queda mucho por hacer y acordar. Y conviene recordar una y otra vez que son competencias que pertenecen al pueblo vasco por ley y referéndum. Y que el Estado sigue sin cumplir”, ha manifestado el lehendakari. Ha señalado que las materias pendientes son “complejas” pero ha dicho que no piensa “cejar” en el “empeño” para conseguirlas. “Seguiremos insistiendo, trabajando y dialogando todo lo que haga falta para cumplir la palabra dada y defender los intereses de Euskadi”, ha manifestado. Julio ha sido fijado como nuevo horizonte. El ministro Torres ha confirmado la fecha en una comparecencia posterior.

Propuestas de Pradales

Asimismo, Pradales ha aprovechado el viaje para lanzar una batería de propuestas adicionales a Sánchez, muy enfocadas en la situación global de incertidumbre económica con epicentro en Irán. Ya hace dos semanas le había hecho llegar un decálogo y ahora le ha concretado en persona otras peticiones.

Son, por ejemplo, la “eliminación del impuesto a la generación eléctrica del 7%”, “exención de los peajes de Transporte & Distribución (T&D) del 80% para los consumidores electrointensivos”, la “exención del pago del Fondo Nacional de Eficiencia Energía (FNEE)”, compensaciones por emisiones de dióxido de carbono, “reducir el impuesto especial de electricidad” o “no añadir gravámenes adicionales a la factura eléctrica industrial en los próximos 5 años”.

Euskadi, con competencias de recaudación plenas pero no de regulación del IVA, desea igualmente una “reducción temporal” de ese impuesto indirecto “a algunos alimentos básicos y de producción estatal relevante”. “En España el IVA de la carne y el pescado está en el 10% (tipo reducido), se plantea reducirlo al tipo superreducido a un 4%”, exponen desde el Ejecutivo vasco.

Sobre la pesca, con embarcaciones en Ondarroa ya paradas por el incremento de los costes, Pradales quiere que el Estado active “compensaciones por paralización temporal de la flota”. “Estas ayudas cubrirían un porcentaje del ingreso medio del barco durante los días que quede en puerto, evitando pérdidas netas y preservando empleos hasta que retome la actividad”, indican.

El caballo de batalla de la Sanidad

Por otro lado, los representantes vascos han atacado por dos flancos en Madrid a la ministra Mónica García. El consejero de Salud ha acudido a la interterritorial y, con el apoyo de otras comunidades, ha insistido en que toca poner fin a la huelga de facultativos, que está disparando las listas de espera.

“Entre diciembre y marzo, más de 300.000 personas han visto alterada su atención sanitaria en Euskadi. Son los verdaderos perjudicados de una situación insostenible. Tras un gran esfuerzo habíamos recuperado las cifras de listas de espera previas a la pandemia, y ahora los tiempos de espera están volviendo a aumentar”, ha dicho Martínez a los periodistas en la capital.

Y, en el encuentro de Pradales y Sánchez, el Gobierno vasco también ha insistido en medidas para desbloquear esta cuestión e, igualmente, para poder disponer de más médicos en un contexto de escasez de personal. Entre ellas, “agilizar el proceso de homologación de títulos de médicos especialistas formados en el extranjero”, “elevar la edad máxima de ejercicio de la profesión médica voluntaria a 72 años en Atención Primaria” o “autorizar un periodo transitorio de 3 años que habilite a médicos sin especialidad para ejercer en períodos estivales”. También “autorizar que los residentes de medicina de familia puedan empezar a ejercer una vez finalizado el tercer año de residencia, de manera que el R4 lo puedan realizar más adelante cuando los sistemas estén menos estresados por la falta de médicos”.

El Parlamento Vasco ha dado inicio finalmente este jueves a la tramitación de la reforma de la ley de Juventud de 2022 para intentar reforzar los controles en los campamentos en los que participen menores a la luz de la veintena de denuncias de presunta violencia sexual en los organizados en la localidad alavesa de Bernedo por la entidad Euskal Udalekuak. Se realizará por la vía de urgencia, con el ánimo de que las medidas entren en vigor en junio, según fuentes parlamentarias. Este mismo jueves se va a celebrar una Mesa para abrir ya el período de comparecencias de expertos y adelantar lo máximo posible el inicio del plazo de enmiendas, que será de solamente una semana, según estas mismas fuentes.

La iniciativa es de PNV y PSE-EE. EH Bildu también ha apoyado la toma en consideración, al igual que Sumar. El PP se ha abstenido y Vox ha sido la única formación en oponerse. La ley se reformará por la vía de urgencia, que acorta a la mitad los trámites ordinarios, pero no por el procedimiento aún más rápido, el de “lectura única”, como pretendían los partidos del Gobierno vasco. Para ello, podía haber optado por registrar la iniciativa como “proyecto de ley”, como le permite el reglamento. Pero se hizo como “proposición de ley”, para lo que se requiere unanimidad en la Mesa, sin ser suficiente la mayoría absoluta. Y EH Bildu, el único partido de la oposición representado en el órgano que dirige la Cámara, se opuso. El PNV ha insistido en las críticas a la coalición abertzale por “retrasar” la ley, pero Nerea Kortajarena, desde la bancada de EH Bildu, ha sido muy crítica. “La unanimidad no es un estado de gracia. Es el fruto del diálogo y la negociación”, ha avisado.

La cronología indica que la ley urgente -para que esté promulgada antes de la ya publicitada nueva edición de las colonias- se registró el 20 de febrero. Las denuncias sobre el campamento de Bernedo se conocieron en septiembre de 2025. De hecho, la Fiscalía lamentó que existiera una investigación de la Ertzaintza y de un juzgado de Vitoria desde la primavera anterior y que se volvieran a celebrar las actividades Euskal Udalekuak con normalidad el pasado verano. Un pequeño retraso en la presentación del preceptivo informe del Gobierno al texto de PNV y PSE-EE, como adelantó este periódico, impidió que esta tramitación se pudiera iniciar el 12 de marzo, cuando se celebró el anterior pleno. La ley llega al Parlamento en una temporada de baja actividad por la sucesión de puentes y parones vacacionales. Serán seis semanas sin sesiones de control después de haber retomado en febrero la actividad después de Navidad; y el próximo pleno ordinario no llegará hasta el 16 de abril.

El representante del PNV Ander Añibarro, exdirector de Juventud del Gobierno vasco, ha insistido en culpar a EH Bildu de los retrasos de la tramitación. “Con los menores no se juega”, ha llegado a decir, insistiendo en que era precisa la “lectura única”. “Un grupo parlamentario decidió impedir esa tramitación. ¿Por qué hicieron eso? La ciudadanía tiene derecho a conocer esas razones”, ha clamado desde la tribuna. “La respuesta legislativa no puede demorarse”, ha señalado, igualmente, el portavoz del PNV.

Kortajarena ha replicado -aunque la presidenta Bakartxo Tejeria le ha recordado que su turno era solamente de “explicación de voto” y no de debate con los otros partidos- que EH Bildu ve como una “prioridad” la defensa de los derechos de los menores, pero ha remarcado que el Gobierno lanza una reforma de una ley de 2022 incluso antes de haber aprobado los reglamentos para desarrollar el texto original. Es más, cuando se inició la discusión política sobre los retrasos en esta tramitación, la consejera del ramo, Nerea Melgosa (PNV), terció garantizando que aprobaría por decreto los controles adicionales para Bernedo. La semana pasada se activó ya la tramitación de ese decreto, según se informó. La consejera Melgosa no ha estado presente este jueves en el Parlamento.

Añibarro y la socialista Itxaso Asensio han explicado los cambios legislativos que se pretenden. Los principales pasan por cambiar la “comunicación” de la celebración de una colonia por una “declaración responsable”, así como por exiger “certificaciones negativas” de antecedentes de delitos sexuales para trabajar con menores y endurecer las sanciones. “Que las familias estén tranquilas”, ha señalado Asensio, que ha añadido que la ley busca “reforzar la función inspectora” igualmente.

El PP, como ya había adelantado, ha criticado la iniciativa al entender que el ordenamiento jurídico vigente en España ya permite actuar en ámbitos como los certificados para quienes desarrollan actividades con niños y adolescentes. Laura Garrido ha considerado que ya el pasado año “no se actuó aun teniendo herramientas”. Garrido ha anunciado enmiendas para “mejorar” la propuesta de PNV y PSE-EE. Sumar, por su parte, se ha dicho partidario de tramitar la reforma, pero no de los procedimientos con los que se quiere hacer. “El Parlamento debería tener derecho a debatir mejor”, ha señalado Jon Hernández, que ha cuestionado también las reformas legislativas 'ad hoc' pensadas para responder a “hechos concretos”. Vox, que está personado en la causa judicial por las denuncias de Bernedo, ha indicado que si una ley de 2022 se quiere retocar en 2026 es porque “nació coja” en lo tocante a “protección de los menores”.

Euskal Udalekuak prepara ya una nueva edición de los campamentos de Bernedo. También tiene actividades en dos localidades de Navarra. El pasado año, varios centenares de familias de usuarios lanzaron un mensaje de apoyo a la entidad frente a la cascada de denuncias de violencia sexual, que un caso tiene la tipificación inicial de agresión. Este año, personalidades del mundo de la cultura están haciendo vídeos animando a mantener las inscripciones.

El Gobierno vasco, por decreto, ha establecido el día 20 de noviembre como “día de la memoria trans” en Euskadi. El Ejecutivo de Imanol Pradales, una coalición de PNV y PSE-EE, entiende que es un gesto de “reconocimiento institucional, reparación simbólica y visibilización” de este colectivo. Asegura que actúa “en coherencia” con la ley autonómica de 2024, visada por el Parlamento Vasco por amplia mayoría, y en colaboración con entidades como Naizen, Errespetuz o Loratuz Lotu.

El 20 de noviembre es ya el día internacional de la memoria trans, en conmemoración de un asesinato que se produjo en Boston en 1998, aunque ahora tendrá una significación especial en Euskadi. “Desde el Gobierno también queremos contribuir a preservar la memoria de quienes han sufrido discriminación o invisibilización”, ha señalado la consejera-portavoz, María Ubarretxena, en la rueda de prensa semanal tras el Consejo de Gobierno.

El Gobierno entiende que el decreto, que será firmado por la consejera Nerea Melgosa, “refuerza su compromiso con una sociedad más justa, inclusiva y respetuosa con la diversidad, incorporando de manera expresa la realidad de las personas LGTBIQ+ a la agenda de las políticas públicas de igualdad”. Euskadi quiere destacar cada 20 de noviembre la “aportación” de este colectivo “a la construcción de una Euskadi más plural y democrática” y ahondar en la “reparación de desigualdades históricas”.

EH Bildu ha denunciado que la Encuesta de la Pobreza y Desigualdades Sociales (EPDS) lleva sin renovar sus datos estadísticos desde 2022. Según señala la parlamentaria Nerea Kortajarena, que ha registrado una pregunta en el Parlamento Vasco para que la consejera Nerea Melgosa dé explicaciones, este estudio se realiza cada cuatro años, pero, al considerarse en su momento que este periodo era demasiado amplio, se realiza, entre las dos encuestas, un módulo de EPDS cada dos años, por lo que debería disponerse de los resultados de la encuesta de 2024 en 2025.

Recuerda Kortajarena que “las últimas tablas estadísticas e informe son de 2022”. En la página web del departamento se menciona a la empresa encargada de la encuesta 2024 y que la recogida de datos se realizará entre mayo y julio de 2024, “pero a día de hoy no hay tablas ni informe”. “Un Gobierno mide y analiza lo que le preocupa y le parece importante, de manera que tendremos que pensar que al Gobierno de Imanol Pradales la pobreza ni le preocupa ni le parece importante”, ha señalado la parlamentaria.

Corresponde al Órgano Estadístico Específico (OEE) adscrito al Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico desarrollar la actuación referente a la estadística. Entre las encuestas que el Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico tiene en marcha, se menciona la Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales (EPDS), cuyo objetivo es “conocer, estudiar y evaluar las líneas de pobreza y su incidencia en la comunidad autónoma vasca”. EH Bildu considera que esta encuesta es de suma importancia para la toma de decisiones en torno a las políticas públicas, por lo que piden a la consejera que clarifique si se tienen los datos de 2024, cuándo estarán disponibles y los motivos del retraso en su publicación.

Ibone Bengoetxea está reforzando su rol como 'número dos' del Gobierno de Imanol Pradales. La vicelehendakari primera, de la parte del PNV del Ejecutivo de coalición con los socialistas, está empezando a tomar partido en asuntos más allá de su cartera de responsable de Cultura y Política Lingüística (y Deportes), como ya lo venía haciendo desde el inicio de la legislatura el vicelehendakari socialista Mikel Torres. Como ejemplo claro de ello, este jueves, antes del pleno del Parlamento Vasco, ha intercedido en el debate sobre el endurecimiento de los controles de las colonias de verano para evitar casos como el de Bernedo, donde se reprodujeron denuncias de presunta violencia sexual hacia los menores.

Bengoetxea ha insistido -sin mencionar directamente a EH Bildu- que no es procedente bloquear en la Cámara las “respuestas” que pide la “sociedad”. Se da la circunstancia de que este martes PNV y PSE-EE no lograron que se tramite por el procedimiento de “lectura única” una reforma de la normativa de Juventud elaborada 'ad hoc' para elevar los controles. Nacionalistas y socialistas dan mayoría absoluta al Gobierno de Pradales, pero hay trámites que, por ley, requieren otros consensos. Y se precisa de unanimidad en la Mesa para ir a una tramitación legislativa exprés y con menos pasos y margen de maniobra para la oposición, que es lo que implica la “lectura única”. EH Bildu, con dos representantes de cinco en la Mesa, se opuso.

La normativa, en todo caso, sí se tramitará “de urgencia”, es decir, en la mitad de tiempo que una proposición de ley ordinaria, aunque PNV y PSE-EE sostienen que no hay margen para tenerla promulgada y en vigor antes del verano. La vicelehendakari no ha aclarado por qué, si los plazos aprietan, se ha esperado hasta finales de febrero a lanzar la iniciativa. El caso es de dominio público desde septiembre. Antes incluso, en abril del pasado año, eran conocidas ya algunas denuncias y el asunto estuvo en un limbo y se volvieron a celebrar las colonias de Bernedo en verano.

Es más, el Gobierno podía haber logrado la “lectura única” sin necesidad del apoyo de la oposición si hubiese tramitado la reforma como “proyecto”, es decir, como iniciativa propia. Así lo expone el reglamento del Parlamento. EH Bildu ha criticado, como también en otros debates Sumar y PP, que PNV y PSE-EE prefieren las “proposiciones” porque en ellas no son necesarios los informes consultivos y memorias económicas que han de acompañar a las leyes que envía el Ejecutivo.

Sea como fuere, el Gobierno ya ha dicho que adoptará por decreto las medidas que sean necesarias para la “tranquilidad” de las familias. Bengoetxea ha indicado que el Ejecutivo lleva “tiempo” trabajando en ello y en colaboración con las diputaciones, que tienen importantes competencias en la materia. En concreto, se plantea una modificación más rápida de lo previsto del decreto de 1985 sobre campamentos para modificar muchos aspectos pero también los controles, según expuso este martes la consejera del ramo, Nerea Melgosa.

Como las colonias de Bernedo, organizadas por Euskal Udalekuak, abren en breve sus inscripciones para 2026 a falta de normativas en vigor que las bloqueen, los periodistas han preguntado a Bengoetxea si pediría a las familias que no se apunten. La vicelehendakari ha preferido tratarlas como “mayores de edad” y no dirigirlas, pero ha insistido en que hay “información suficiente” sobre lo sucedido en Bernedo para que puedan adoptar sus “decisiones”.

“Propaganda”, según el PP

El líder del PP, Javier de Andrés, también ha terciado el debate sobre la reforma legislativo. Y ha denunciado que el Gobierno quiere hacer “propaganda” para tapar su “pasividad” anterior sobre Euskal Udalekuak. Los 'populares' remontan las responsabilidades incluso más atrás en el tiempo, hasta 2023, porque ya entonces la Diputación de Gipuzkoa detectó algunos casos y dejó de enviar a sus jóvenes tutelados.

Según ha expuesto De Andrés, la exigencia de ausencia de antecedentes sexuales para tratar con menores, algo presentado como novedad en la reforma de PNV y PSE-EE, es un requisito fijado en la normativa estatal desde 2021, y perfectamente vigente en muchas actividades en Euskadi. Además, hasta dos artículos de la normativa autonómica de Infancia de 2024 lo contemplan igualmente. “Lo que no han hecho no ha sido por no tener soporte legislativo”, ha señalado el dirigente del PP.

La Mesa del Parlamento Vasco ha acordado tramitar “de urgencia” la reforma de la ley de Juventud anunciada la pasada semana por PNV y PSE-EE y que busca elevar el control sobre los campamentos estivales a la luz de las denuncias por presuntos casos de violencia sexual en las colonias de Bernedo. Reglamentariamente, esto reduce a la mitad los plazos ordinarios, que a veces duran años en una Cámara acostumbrada a largos parones vacacionales, pero los proponentes consideraban necesario ir aún más rápido y valerse de la fórmula de la “lectura única”, que no permite, por ejemplo, escuchar comparececencias de expertos.

El PNV ha acusado a EH Bildu de torpedear la iniciativa, que se retrasará “al menos dos meses”, “lo que deja en el aire que la normativa pueda estar en vigor en verano”. Sin embargo, la consejera del ramo, Nerea Melgosa, también del PNV, ha confirmado unos pocos minutos después que aprobará las medidas pertinentes “por decreto” para que estén en vigor en tiempo y forma y no haya nuevos riesgos para los menores este verano.

En concreto, la consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico acelerará la reforma de un decreto de 1985 sobre tiempo libre que ya se inició precisamente a la luz del caso de Bernedo. Será un reglamento más amplio, pero incluirá los puntos principales que iban a ir en la ley, como la declaración responsable que se exigirá a organizadores, indican fuentes muy próximas a Melgosa.

¿Cuál es el histórico de este caso? La Ertzaintza entregó en abril de 2025 a un juzgado de Vitoria un informe de presuntos casos de violencia sexual en las colonias de Euskal Udalekuak, que se celebran en la localidad alavesa de Bernedo y en dos localizaciones navarras. Sin embargo, el expediente quedó en un limbo durante meses, hasta pasada la siguiente edición, en la que se acumularon otra veintena de denuncias de familias. Solamente después de que el asunto trascendiera públicamente se reactivó la causa judicial y se crearon órganos interinstitucionales para adoptar nuevas medidas de protección.

Este foro -que sienta al Ejecutivo autonómico y a las diputaciones, con muchas competencias en la materia- es el que ha alumbrado una reforma legislativa que, para acelerar trámites y evitar informes de organismos de control, no la ha presentado el Gobierno, sino los partidos con forma de propoposición de ley. Fue anunciada este viernes. El Ejecutivo quería que se tramitara como “lectura única”, pero no tenía apoyos asegurados para ello ya que eso exige “unanimidad” en la Mesa, donde la oposición, en este caso EH Bildu, tiene dos representantes.

“¿Por qué quiere [EH] Bildu entorpecer que se refuerce la protección de los menores y el control de los campamentos de verano? No nos cabe en la cabeza que alguien quiera alargar plazos y que estas medidas no estén en marcha para este verano, cuando se celebran la mayoría de estas actividades. ¿Qué oculta [EH] Bildu? ¿Qué hay detrás de este interés en retrasar la aplicación de estas medidas?”, ha lanzado al aire el PNV. Con el reglamento en la mano, los nacionalistas veían perfectamente viable la “lectura única”. “Se justifica en que se proponen modificaciones puntuales que no alteran la estructura básica de la ley, y que no hay complejidad técnica elevada en la tramitación”, apelan.

“En EH Bildu estamos en contra, por principio, de la tramitación por lectura única de cualquier ley porque impide un debate en condiciones normales, con los informes preceptivos del Gobierno y las comparecencias de personas expertas y agentes implicados o afectados por la ley en tramitación. En el caso concreto de esta proposición de ley nos hemos opuesto fundamentalmente porque nos parece muy importante que personas expertas en la materia y agentes sociales con interés en la iniciativa tengan la ocasión de comparecer durante la tramitación parlamentaria y dar su opinión sobre la propuesta de PNV y PSE-EE. De haber aceptado la tramitación por lectura única, eso sería imposible”, responden desde la coalición abertzale. El Gobierno replica que el texto ya ha sido fruto de contraste con expertos y entidades sociales.

EH Bildu agrega que “más allá de este caso concreto” ven que PNV y PSE-EE “se están acostumbrando a retorcer el reglamento para promover iniciativas legislativas hurtando al Parlamento el debate normalizado y con garantías”. “Y lo hacen porque su Gobierno está siendo incapaz de afrontar las necesidades del país en tiempo y forma, de manera que luego se ven abocados a plantear deprisa y corriendo leyes o reformas de leyes sin cumplir las condiciones mínimas que exige el debate parlamentario. Lo hicieron con la ley de medidas sobre Vivienda y ahora lo hacen con la ley de Juventud. EH Bildu no va a ser cómplice de la degradación del parlamentarismo. Es incompatible promover, por un lado, una ponencia de calidad democrática y, por otro, pretender hurtar al Parlamento el debate normalizado de una ley”, exponen fuentes de la principal fuerza de la oposición.

En esta legislatura, PNV y PSE-EE han tirado de propuestas propias para hacer ajustes en otras dos leyes que afectan a menores. Por un lado, hicieron una reforma 'exprés' de la normativa de caza para permitir que adolescentes puedan asistir a batidas. Y, por otro lado, ahora se tramita una nueva reforma para que los menores participen en festejos de 'sokamuturra'.

PNV y PSE-EE han registrado en el Parlamento Vasco una proposición de ley de modificación de la Ley 2/2022 de Juventud con el objetivo de “reforzar la protección de las personas menores de edad” en las actividades de tiempo libre infantil y juvenil, y aumentar los mecanismos de control administrativo, además de “endurecer” las sanciones ante posibles irregularidades, con el fin de evitar que se reproduzcan casos como el del udaleku de Bernedo.

Entre las principales medidas del texto legal reformado, destaca la sustitución de la comunicación previa por una declaración responsable obligatoria antes del inicio de las actividades de tiempo libre en las que participen menores de edad, según han explicado en un comunicado conjunto socialistas y jeltzales. Este documento se deberá presentar ante Juventud del Gobierno vasco o ante la Diputación correspondiente al territorio histórico en el que se vaya a realizar la actividad. De este modo, las entidades organizadoras asumirán la responsabilidad del cumplimiento de todos los requisitos legales desde el primer momento.

La consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, ha defendido la “tolerancia cero” para los campamentos de verano, y tras decir que “no pondría el foco en el udaleku de Bernedo”, ha explicado que la propuesta de cambio de la Ley de Juventud registrada este viernes busca que esas actividades de ocio “tengan los certificados sexuales al día” entre otros documentos, lo que es “transparencia, rigor y sobre todo de fortalecer al ocio y tiempo libre”, ya que “ponemos un determinado caso para poder manchar todo el tiempo y no es así”.

PNV y PSE-EE han subrayado que su reforma “refuerza de manera clara” las garantías frente a delitos de naturaleza sexual, estableciendo la obligación de acreditar el certificado negativo para todo el personal que tenga contacto habitual con menores. El texto deberá renovarse anualmente. La proposición de ley también introduce mejoras en el reconocimiento oficial de servicios y equipamientos juveniles, que deberán contar con resolución administrativa expresa, y clarifica el régimen de infracciones para “reforzar la seguridad, la responsabilidad y la calidad en la prestación de los servicios”.

“Tolerancia cero”, ha dicho Melgosa, para añadir que se trata de que las entidades que puedan conformar cualquier espacio o actividad de ocio y tiempo libre “tengan los certificados sexuales al día además de tipo de formaciones”, como 'tratu on' y “otro tipo que se irán regulando”. Por otra parte ha destacado la importancia del registro de entidades que surge de una “coordinación exhaustiva entre las diputaciones, Gobierno vasco y Eudel”. Además, se realizarán “determinadas informaciones pedagógicas a las familias para que sepan y que se queden más tranquilas”, ha añadido.

Endurecimiento de sanciones

De la misma forma, jeltzales y socialistas han “revisado y endurecido el régimen de sanciones ante posibles irregularidades, incluyendo nuevas infracciones graves o muy graves”. De esta forma, “se castigará o se castigará más duramente carecer de seguro de responsabilidad civil y de certificado negativo de delitos sexuales, no disponer de medidas de seguridad en instalaciones y equipamientos, llevar a cabo actuaciones que promuevan el racismo, la xenofobia, la violencia machista o cualquier tipo de violencia”.

PNV y PSE-EE han solicitado la tramitación por el procedimiento de urgencia y lectura única, al tratarse de “una reforma técnica, acotada y centrada en la protección inmediata de los derechos de la infancia y la adolescencia que no supone una alteración del modelo general de políticas de juventud”.

El Gobierno vasco ha aprobado este martes el quinto Plan de Apoyo a Familias, a la Infancia y a la Adolescencia de Euskadi, que se ha elaborado con la participación de entidades, familias y, por primera vez, con treinta niños, niñas y adolescentes de entre 8 y 14 años. Se trata de un plan que contará con una duración de cuatro años, de 2026 hasta 2030, y cuenta con 17 medidas y 78 acciones. Aunque la consejera Nerea Melgosa, del PNV, insiste en que no es un “catálogo de ayudas”, sí se ha estimado una inversión de 817 millones de euros.

“Este plan reconoce a las familias de Euskadi como pilares fundamentales de nuestra sociedad y pone en valor su contribución como agentes activos del bienestar colectivo”, ha explicado la consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico tras el Consejo de Gobierno celebrado este martes. Una de las patas principales es la ayuda de 200 euros mensuales que se abona por nacimiento, adopción, acogida o incluso gestación subrogada, que será mejorada. Melgosa ha dicho desconocer cuáles son las intenciones del Gobierno de España, que planteó también una prestación similar pero hasta los 18 años.

El plan utiliza palabras como “crianza responsable” o “corresponsabilidad en los cuidados”, claves en las que se han querido enfocar desde el Ejecutivo para hacer frente a las problemáticas que dificultan el día a día de las familias. Por ello, lo que se busca es crear un mayor refuerzo de cara a la conciliación. “Vivimos un tiempo de profundas transformaciones sociales. Las familias son cada vez más diversas, la crianza y los cuidados requieren una conciliación equilibrada, la emancipación se retrasa y la infancia y adolescencia afrontan nuevos retos. Ante esta nueva realidad, las instituciones no podemos mirar hacia otro lado, nos jugamos mucho como país. Tenemos que anticiparnos, acompañar y generar seguridad vital y eso es lo que hace este plan”, ha detallado Melgosa.

Entre las medidas que ha presentado se encuentra la ampliación de la ayuda directa de 200 euros mensuales por hijo hasta los cuatro años, ya anunciada a principios de 2025, un decreto para familias monoparentales, aprobado también en diciembre de 2025, y “un refuerzo de la comuidad Kontzilia”, que forman empresas y cooperativas con el objetivo de favorecer la conciliación. También se incluyen en el nuevo plan la extensión de permisos de paternidad y maternidad con permisos iguales e intransferibles, la ampliación de la oferta de Haurreskolak -expresamente preguntada por ello, Melgosa ha pedido tiempo para explicar su alcance- o la creación del Foro de la Infancia y la Adolescencia para “garantizar su participación en las políticas públicas”.

Además, “en un plazo muy breve” que no determinan desde el Gobierno vasco, se pondrá en marcha un “observatorio de infancia, adolescencia y juventud” y un servicio de atención integral y especializada a personas menores víctimas de violencia sexual. “El quinto plan no es un plan sectorial ni de un catálogo de ayudas. Es un marco político que orienta cómo Euskadi quiere cuidar, convivir y construir bienestar colectivo en los próximos años. Fortalecer a las familias es fortalecer la comunidad y fortalecer la comunidad es fortalecer la cohesión social y el futuro de nuestro país”, ha aseverado la consejera.

En cuanto a la ayuda de 200 euros por hijo hasta los cuatro años Melgosa ha reconocido que sumaría a unos “12.000 expedientes más”. “Y si sumamos 0-3 y 3-7 [los pagos son durante más tiempo en caso de familias numerosas, monoparentales o con discapacidad] cada mes se pagan o se invierte en políticas de familia 47.000 expedientes”, ha aclarado. Preguntada por si la ayuda del Gobierno vasco se puede compaginar con la prestación del Gobierno de España de 200 euros para menores de 18 años pero con un horizonte lejano, la consejera ha indicado que pese a que han solicitado el texto de la medida, por el momento no lo han recibido y, por tanto, no pueden “analizarlo ni saber cuáles son sus implicaciones”.

En cuanto a la ampliación de la oferta de Haurreskolak, ha añadido que “muchas veces no se tiene en cuenta que una de las grandes medidas de conciliación y corresponsabilidad no es solamente el tema de los permisos, sino el de las plazas de Haurreskolak gratuitas de 0 a 2 años. Es importante poner encima de la mesa la inversión que se está haciendo sobre políticas de conciliación y de educación en las escuelas infantiles”, ha concluido.

Los altos cargos y asimilados del Gobierno vasco tienen a su disposición 241 coches oficiales. De ellos, apenas 22 son ya diésel o gasolina. Aunque en 47 casos no hay datos, se están imponiendo los modelos híbridos. Estos vehículos han supuesto un coste de 1.567.855,02 euros (aquí se suma el posible 'renting', los peajes, aparcamientos, repostajes, cargas eléctricas y todos los gastos) y han recorrido exactamente 10.874.134 kilómetros. Son 271 vueltas al mundo por el ecuador (y un tercio de la siguiente). O, en lo que puede ser una referencia más habitual, 169.908 desplazamientos desde Bilbao hasta Lakua, la sede central de la Administración autonómica en Vitoria.

elDiario.es/Euskadi ofrece el detalle de los datos en tres gráficos interactivos. El primero es el desglose de la flota y los coches de combustión que quedan. El segundo informa del gasto por áreas en parque móvil. Y el tercero es el relativo al desplazamiento medido en kilómetros. La documentación procede de una solicitud realizada por Álvaro Gotxi del PP en el Parlamento Vasco a la que han respondido diez de los dieciséis departamentos del Ejecutivo. Los datos de esas carteras han sido facilitados por la consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, María Ubarretxena, que tiene bajo su cargo una flota general que luego se asigna a los diferentes departamentos. Otro matiz: los consejeros tienen un coche que computa en el Departamento de Seguridad y no en sus respectivas carteras, porque son vehículos de escolta policial.

Algunas situaciones particulares se dan en Presidencia. Aquí aparecen datos de los vehículos de las delegaciones en Argentina y en México, un Volkswagen y un Ford, en pesos argentinos y pesos mexicanos. Aquí se ha procedido a un cambio de divisas. ¿Y en qué vehículos viajan los miembros del Gobierno? Imanol Pradales, como Iñigo Urkullu, tiene Lexus. Y también algunos consejeros lo llevan. Hay nueve berlinas de lujo de esa marca, de los modelos XZ1 y LS 500 H. Además, hay cinco Audi A6 Limousine, cinco BMW 530E XDrive iPerformance y un Hyundai Tucson, el del viceconsejero de Seguridad, el único alto cargo que no forma parte del Consejo de Gobierno que mantiene la escolta. De todo el Gobierno, el organismo BRTA (Basque Research and Technology Alliance, dependiente de la cartera de Mikel Jauregi) ha sido el más transparente. Ha enviado incluso los extractos de las tarjetas de Kutxabank con los gastos. Se da la circunstancia de que la cartera de Susana García Chueca, la de Movilidad Sostenible, es la que tiene menos vehículos, menos gasto y menos kilometraje.

El Gobierno vasco ha realizado el balance del programa de avales para jóvenes destinado a facilitar el acceso a la primera vivienda habitual, Gazteaval, donde han destacado que se han realizado 61 operaciones con un importe total concedido de 10.624.744,00 euros desde su puesta en marcha en septiembre de 2025. En la presentación del balance han participado la consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, y el consejero de Hacienda y Finanzas, Noël D'Anjou, así como los representantes de las cuatro entidades bancarias que participan en Gazteaval, Laboral Kutxa, CaixaBank, Abanca-Bankoa y Kutxabank.

El acto, que ha tenido lugar en la sede de Gogora, Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos, en Bilbao, ha servido también a modo de presentación de ING como nueva incorporación al programa, así como de los resultados del estudio “Juventud y educación y gestión financiera” de 2025.

Melgosa ha expresado que el principal obstáculo de los jóvenes a la hora de acceder a la primera vivienda “no es la solvencia, sino la falta de ahorros para la entrada”. “Muchas y muchos jóvenes se encuentran con ese muro: pueden pagar la hipoteca, pero no tienen ese 20% previo. Y es ahí donde GazteAval actúa: como una llave para abrir la puerta a un proyecto de vida”, ha añadido. con medidas complementarias que respondan a necesidades inmediatas.

Por su parte, el consejero Noël d'Anjou ha destacado el “carácter garantista del programa”, que permite completar la financiación hipotecaria sin coste para las personas solicitantes. Según ha explicado, la entidad financiera analiza cada operación con sus criterios habituales, y el aval se mantiene hasta que el préstamo alcanza el 80% del valor de referencia, momento en el que se extingue.

“Una juventud capaz de gestionar su economía”

Por otra parte, el Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico ha presentado también los principales resultados del estudio 'Juventud y educación y gestión financiera. Euskadi 2025', elaborado por el Observatorio Vasco de la Juventud. Melgosa ha señalado que “facilitar el acceso a la vivienda es esencial, pero también lo es reforzar la autonomía económica: disponer de herramientas para entender una hipoteca, comparar condiciones o planificar el ahorro”.

Los resultados “dibujan una juventud que se percibe capaz de gestionar su economía cotidiana, con hábitos de ahorro relevantes y un uso intensivo de canales digitales, pero que al mismo tiempo demanda más formación reglada y presenta brechas de conocimiento en conceptos financieros clave”, han explicado.

El Observatorio Vasco de la Juventud incide en que la juventud vasca combina una percepción de competencia en la gestión cotidiana con una demanda clara de educación financiera desde edades tempranas. En palabras de Melgosa, “conocer para actuar y escuchar para transformar” resulta imprescindible para reforzar la emancipación y reducir desigualdades en el acceso a la información financiera.

El informe se basa en datos recopilados en octubre de 2025 mediante una encuesta que combina cuestionario online autoadministrado y entrevistas telefónicas, realizada a 2.741 jóvenes de 18 a 34 años en Euskadi.

Exactamente dos meses después de que trascendiera la dimisión de Ana Belén Otero, la consejera Nerea Melgosa ha encontrado finalmente nuevo viceconsejero de Bienestar. Será Iván Larraza Vila, que llevaba apenas medio año como director de gestión de la entidad del tercer sector Matía y que antes había trabajado en CAF (ocho años, con puestos directivos), Viscofan (casi dos años) y Price Waterhouse Coopers (más de cuatro años). Es donostiarra y tiene estudios de gestión internacional por la Universidad de Deusto, así como experiencia internacional.

Este periódico informó a comienzos de octubre de la “dimisión por motivos personales” de Otero. Su cese fue visado por el Consejo de Gobierno, aunque ni se comunicó en la rueda de prensa ni se incluyó en el 'dossier' informativo. El nombramiento de Larraza sí ha sido publicitado. Otero llevaba menos de un año en el cargo. Accedió a él a finales de noviembre de 2024 después de cinco años como directora de Servicios Sociales de Álava. Antes, tenía una larga trayectoria en el tercer sector como gerente de Asafes durante doce años, docente de la EHU o de la UNED y como trabajadora social. Ha regresado a esa entidad.

Melgosa ha indicado sobre Larraza que es una “persona de acreditado reconocimiento” y ha destacado su paso por Matía, el más breve de su carrera profesional. Preguntada por los dos meses de espera, ha indicado que “no es un tema de tiempo, sino de acertar con la persona” y ha insistido en que es un “perfil adecuado”. “Es al que queríamos”, ha recalcado.

La consejera Melgosa ha informado de este nombramiento al tiempo que ha presentado un primer decreto para atender a las familias monoparentales y monomarentales (un 80% del total). Se estima que “21.000” familias “obtendrán beneficios” con un nuevo certificado que entrará en vigor desde el 1 de enero de 2026. El reglamento regula una “acreditación” y, después, serán los organismos competentes los que fijen las ventajas para este colectivo, aunque el propio área de Melgosa ya plantea incrementar un 30% las ayudas de conciliación a este tipo de unidades de convivencia o que queden equiparadas a familias numerosas en las ayudas por nacimiento, adopción o gestación subrogada, es decir, un plus mensual de 100 euros hasta que el menor cumpla los siete años.

El certificado podrá tramitarse 'online' (en euskadi.eus) o en las oficinas físicas de atención ciudadana, Zuzenean. Se ha habilitado también el canal de información gurasobakarra@euskadi.eus. Para ello se exige “residencia legal efectiva” en la comunidad autónoma y empadronamiento “ininterrumpido” durante los últimos doce meses. Los hijos tendrán que ser menores de 21 (o de 26 si están estudiando aún), tener una discapacidad por encima del 33% o un grado reconocido de dependencia y depender económicamente del progenitor. “Hoy damos un paso más en el reconocimiento de los derechos de estas familias, así como de la diversidad familiar de nuestro país”, ha señalado la consejera. “Estas familias tienen mayores dificultades”, ha agregado.

El Gobierno vasco destinará el próximo año cerca de 170 millones de euros a políticas de familia, con medidas como el aumento de un 10% en las ayudas por excedencia o reducción de jornada, la ampliación hasta los cuatro años de edad de las ayudas de 200 euros mensuales a la crianza o la flexibilización de los requisitos para acceder a estas prestaciones. Así lo ha expuesto la consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, ante la comisión de presupuestos del Parlamento Vasco.

En la nota de prensa que ha difundido su equipo, se orilla que esta cartera social ha sufrido un recorte del 4,5% en un contexto expansivo fruto del ajuste de las partidas para la ayuda juvenil Emantzipa. Melgosa tendrá en disponible total de 342 millones de euros, 16 millones menos que este 2025.

La consejera ha indicado que movilizará del orden de 43,1 millones de euros para favorecer la autonomía juvenil y en el comunicado se ha hablado de actuaciones “en vivienda”, una cartera dirigida por otro consejero, el socialista Denis Itxaso. Además de Emantzipa (una ayuda de 300 mensuales durante 24 meses, con una edad mínima 23 años y para la que se prevén 4.000 nuevas solicitudes) también está la línea de avales para la compra de vivienda, pero se ha indicado una partida de 164.600 euros.