Cientos de personas se han manifestado este domingo, 31 de mayo, en Cuenca, donde se celebraba el acto institucional del Día de Castilla-La Mancha, presidido por Emiliano García-Page. Convocados por las asociaciones Pueblos Vivos, Stop Ganadería Industrial y Stop Biometano, han querido así mostrar su oposición al “despliegue industrial” de macrogranjas y plantas de biogás en esta comunidad autónoma. El lema de la movilización: “No somos territorio de sacrificio”.

Ante la decisión del Gobierno castellanomanchego de que Cuenca sea este año la sede del acto, la movilización la han protagonizado plataformas ciudadanas y vecinales de la comarca y de la Mancha Alta conquense. Protestaban contra los proyectos de macrogranjas y macroplantas de biogás-biometano. La manifestación, convocada por 46 colectivos vecinales, ha partido del barrio del Castillo y ha finalizado en la Pplaza Mayor, donde se han escuchado cánticos pidiendo la dimisión de la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez.

 La Subdelegación de Gobierno “no ha permitido que la manifestación se acerque a las proximidades del Auditorio, donde la Junta de Castilla-La Mancha celebraba el acto institucional del Día de Castilla-La Mancha”, explicaban los convocantes.

Tras la finalización de la manifestación, “la Policía Nacional no ha permitido a las personas que vestían camisetas reivindicativas visitar la zona de las Casas Colgadas y el puente de San Pablo, a diferencia de los turistas, a los que sí se les permitía acceder”, denunciaban

Han expresado durante la protesta su “profunda alarma” ante la “nueva ofensiva legislativa” del Gobierno de Castilla-La Mancha, por la publicación del borrador de la nueva Ley de Inversiones Empresariales Estratégicas. En este anteproyecto, tal y como adelantó este medio, el biometano está incluido como “estratégico”.

Aseguran que con ello, el Ejecutivo de Page defiende un “despliegue masivo” de biometano bajo premisas que los colectivos consideran “técnicamente cuestionables”. Señalan que a través del borrador de dicha ley, la Junta pretende “acelerar y blindar” la implantación de macroplantas de biometano, una “maniobra” que los colectivos vecinales califican unánimemente de “huida hacia adelante”, “imposición” y “desprecio a la ciudadanía”.

Y es que apuntan que la gravedad de la situación en este territorio es “extrema”. Según datos técnicos recabados por las plataformas locales, se proyectan hasta seis macroplantas de biometano más la ya implantada en Belinchón, sumando un total de siete instalaciones en un radio de menos de 30 kilómetros: dos proyectos en Tarancón, un macroproyecto en Huelves , que apenas tiene 75 habitantes, y tres proyectos en Campos del Paraíso, también con escasa población.

Esta “brutal concentración industrial” pretende, afirman, asentarse sobre una comarca que ya ha sido declarada Zona Vulnerable a la Contaminación por Nitratos en el registro de la Junta de Castilla-La Mancha.

Argumentan asimismo que una de las afecciones de este tipo de instalaciones son posibles filtraciones de lixiviados y de residuos con alto contenido en metales pesados provocando “contaminación irreversible” de las aguas subterráneas.

Refieren que el digestato o digerido resultante del proceso de biometanización se pretende utilizar como fertilizante para las tierras, “siendo más contaminante incluso que los purines” pues el proceso de biometanización transforma parte del nitrógeno orgánico en nitrógeno amoniacal “más soluble y fácilmente filtrable hacia acuíferos y aguas subterráneas si no se controla rigurosamente su aplicación agrícola”.

Los colectivos denuncian la “absoluta desproporción” de un modelo que convierte a los pequeños pueblos en “polos de tratamiento masivo de residuos a gran escala”. Y frente al “rodillo industrial” que pretenden las empresas energéticas, los habitantes de la comarca defienden el “modelo de desarrollo sostenible y arraigo”.

“El verdadero desarrollo rural no se importa en camiones de residuos, sino que se cultiva potenciando los recursos endógenos y el patrimonio que ya pertenecen a la comarca”, destacan. Frente a ello, proponen la creación de riqueza a través de la rehabilitación, la atracción de un turismo de calidad y la edificación de viviendas atractivas para un arraigo residencial estable.

Por eso argumentan que las afirmaciones oficiales que pretenden “hacer compatibles” las macroplantas con este entorno “carecen de base empírica realizable”: “La presencia de una industria pesada de tratamiento de desechos externos, caracterizada por olores crónicos y un tránsito incesante de camiones de gran tonelaje, introduce un impacto paisajístico y ambiental que neutraliza por completo cualquier incentivo para el turismo, la hostelería y el bienestar residencial”.

En los últimos meses se han multiplicado las coordinadoras locales, las manifestaciones, las alegaciones colectivas y las acciones informativas en defensa del medio rural, la salud pública y los recursos hídricos.

Y en el caso de Castilla-La Mancha, las distintas plataformas mantienen ya una estrecha coordinación territorial y trabajan conjuntamente en iniciativas sociales, técnicas y jurídicas para responder “de forma unitaria” al avance de estos proyectos industriales impulsados “bajo la etiqueta de transición ecológica”.

Protestas de los trabajadores autónomos en Ciudad Real

De igual modo, en Ciudad Real la Plataforma por la Dignididad de los Autónomos 30N ha convocado una movilización en la plaza de la Constitución de Ciudad Real. Esta concentración se convocó de forma simultánea a otras marchas en 22 provincias españolas con el objetivo conjunto de visibilizar la “situación límite” en la que se encuentran los profesionales y pequeño negocios ante el “escenario de asfixia fiscal”, además de un “incremento burocrático e incertidumbre económica actual”.

Desde la plataforma destacan que esta nueva movilización representa la cuarta ocasión en la que el colectivo sale de forma organizada a las calles desde el primer 30 de noviembre. “Lograr mantener la movilización activa de manera continuada es el reflejo de un descontento estructural muy profundo. Ninguna otra plataforma del sector ha desarrollado una estrategia de persistencia sostenida de este alcance hasta la fecha”, señalan desde la dirección nacional, recalcando que la organización mantiene su identidad civil “intacta, libre de siglas partidistas y centrada exclusivamente en los problemas reales del tejido productivo”.

En Castilla-La Mancha existe un Plan de Biometanización planeado hasta 2030. Se diseñó hace dos años pero todavía no está aprobado, pese a que estaba previsto su arranque en 2024. Pero con este proyecto, el Gobierno de Emiliano García-Page ya dejó clara hace tiempo su apuesta por el biogás como energía renovable de gran potencial en la comunidad autónoma. Y aunque numerosos colectivos ciudadanos, ecologistas y sociales, e incluso algunos ayuntamientos, han ido engrosando el rechazo a la instalación de estas plantas en pueblos de la región por sus efectos medioambientales y su “efecto llamada” para macrogranjas, el Ejecutivo autonómico ha decidido redoblar su apuesta incluyendo esta fuente de energía, procedente del tratamiento de residuos agroganaderos, en una nueva ley, todavía en fase de anteproyecto.

Concretamente, ha sacado a información pública el borrador de una nueva Ley de Inversiones Empresariales Estratégicas diseñada para fomentar el crecimiento económico de la región mediante la captación de inversiones.

El proyecto de ley propone un sistema de “tramitación preferente y acompañamiento administrativo” para aquellas iniciativas que generen empleo significativo y riqueza, especialmente en áreas rurales que sufren de despoblación.

Para ser considerados estratégicos, los proyectos deben cumplir con “umbrales mínimos de inversión” y contratación, los cuales se flexibilizan en zonas vulnerables para “promover la cohesión territorial”.

Lo curioso es que Castilla-La Mancha ya cuenta con una normativa similar: la Ley de Medidas Urgentes para la Declaración de Proyectos Prioritarios, que se aprobó en 2020, en plena pandemia de coronavirus, para impulsar igualmente la actividad socioeconómica en la región. Ya hay decenas de proyectos con esta catalogación en la comunidad autónoma.

El objetivo, actualizar la ley anterior de proyectos “prioritarios”

El Gobierno autonómico justifica ahora la nueva normativa en la necesidad de actualizar algunos de los parámetros que se establecieron hace cinco años, conforme a los índices de crecimiento y a las nuevas actividades económicas.

Y es en esos nuevos proyectos donde ubica el biometano. Incluye la generación de biogás, su principal derivada, dentro de las actividades económicas que pueden ser declaradas como “inversiones empresariales estratégicas” en Castilla-La Mancha. Específicamente, se refiere a las instalaciones de gestión de residuos para la generación de biometano.

Pero no lo plantea sin más. En el borrador se incorporan cinco “condiciones” concurrentes para que estas instalaciones reciban esa calificación. La primera de ellas es que la instalación debe localizarse en una zona declarada “vulnerable” a la contaminación por nitratos de origen agrario.

Esto es así porque, según el propio Gobierno regional, la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas por nitratos, procedentes de fuentes de origen agrario, es uno de los principales problemas sanitarios y ambientales a los que se enfrenta el sector agrario en la actualidad. El uso incorrecto de los fertilizantes utilizados en la agricultura y la gestión inadecuada de los estiércoles ganaderos, supone un exceso de nitrógeno en el medio, que limita sus potenciales usos, a la vez que supone un riesgo para el medio ambiente y la salud humana.

Las plantas de biometano pueden ser, argumenta, una posibilidad de acabar con esos nitratos. De hecho, el Ejecutivo ya modificó hace dos años la mencionada Ley de Proyectos Prioritarios para incorporar este cambio.

La segunda condición que establece el actual anteproyecto de ley es que al menos la mitad de los residuos tratados en la planta deben ser purines, vinazas o alperujos. Precisamente, este es uno de los argumentos a los que se aferra el Gobierno regional para defender esta fuente de energía. La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, preguntó recientemente a quienes rechazan el biometano cuál creen que debería ser la salida a estos residuos, ante la falta de alternativas.

Otro condicionante que impondrá la nueva normativa es que el tratamiento de la fracción sólida no podrá aplicarse directamente a los cultivos: tendrá que someterse a un proceso de reducción de nitrógeno para disminuir la cantidad de este elemento que sale de la planta y ser un “fertilizante registrado”.

Aquí cumple un papel fundamental el residuo procedente de las plantas de biometano que trae de cabeza a sus promotores: el digestato y su tratamiento. Por lo general, se comercializa como compostaje, pero su transporte y gestión tiene unos costes elevados y un fuerte impacto ambiental, según los ecologistas.

Y finalmente, la ley obligará a que las futuras plantas de biometano lleven asociado un “beneficio a la comunidad local” donde se ubiquen. Este es el principal argumento de las empresas promotoras que defienden el biometano. En un encuentro reciente en Toledo, muchas de ellas esgrimieron que estas plantas generan y fijan empleo en los pueblos, contribuyendo a frenar la despoblación.

“Tramitación urgente”, acompañamiento y subvenciones

Si cumplen estas condiciones, al ser considerada una inversión estratégica, estos proyectos de biometano podrían beneficiarse de una “tramitación urgente”, acompañamiento administrativo y medidas de incentivación en subvenciones o financiación.

En esta nueva normativa y para identificar esos proyectos “estratégicos”, la estructura administrativa incluirá una Comisión de Valoración especializada y unidades de apoyo provincial para “garantizar la seguridad jurídica y la eficacia” en el desarrollo de los mismos.

Aunque con esta nueva ley el Gobierno de Page deja claro su interés por el biometano, lo cierto es que, al mismo tiempo, el borrador sitúa el medio ambiente, el desarrollo sostenible y la economía circular como “pilares centrales” para la calificación de inversiones estratégicas en Castilla-La Mancha.

Por ejemplo, en los propios principios rectores de la ley se encuentra potenciar la transición ecológica mediante la “atracción” de iniciativas “innovadoras y sostenibles”.

Al mismo tiempo, hay otro dato importante: la nueva norma establece que para que una inversión sea declarada estratégica, la promotora debe aportar un “bloque ambiental” y técnico detallado en su memoria justificativa. En ese documento, es obligatorio que la empresa justifique que el proyecto es compatible con el entorno, que es viable desde el punto de vista medioambiental, el tipo de tecnología que se utilizará y la evaluación del proyecto en términos de sostenibilidad.

Precisamente, en el anexo del anteproyecto donde se destallan las actividades económicas, y donde se incluye el biometano, se añaden igualmente actividades específicas que, por su naturaleza ambiental, son candidatas a ser estratégicas, especialmente las destinadas a evitar que los productos “terminen en un vertedero”.

Ese el caso de proyectos de aprovechamiento de servicios ecosistémicos como la biodiversidad, el agua, la conservación del suelo o la captura de carbono; de aquellos que utilicen productos forestales certificados (FSC o PEFC); que realicen la primera transformación de recursos forestales (biomasa, resinas, corcho); o que reutilicen reciclaje textil o químico.

Pero de igual forma también en este listado de ‘futuribles’ incorpora proyectos de extracción de materias primas fundamentales. Este es otro punto polémico en la comunidad autónoma: las tierras raras abundan en el Campo de Montiel pero el rechazo social y la inviabilidad ambiental han evitado hasta ahora su explotación. Y lo mismo ocurre en otras minas que sí cuentan con autorización o están planeadas en la región, como la de fosfatos en el entorno de Cabañeros o las de oro en la provincia de Guadalajara.

Page avanza que la nueva ley se aprobará en septiembre

El propio Emiliano García-Page ya ha vendido las bondades de esta nueva ley. Según ha adelantado, el Consejo de Gobierno la aprobará el próximo mes de septiembre para su posterior remisión a las Cortes regionales. Según ha comentado, la normativa va a “englobar, aumentar y sustituir” a otras leyes vigentes, en referencia implícita a la mencionada ley de 2020 sobre proyectos prioritarios.

Mientras tanto, las plataformas vecinales, sociales y ecologistas mantienen su cruzada contra el biometano y no aceptan los argumentos que esgrime la Consejería de Desarrollo Sostenible para su defensa. Bajo el paraguas de Stop Ganadería Industrial, muchas de ellas han decidido unirse y recientemente se manifestaron todas juntas, esta vez en Toledo, para dejar clara su postura: “Ni en tu pueblo, ni el mío”.

“Esto no va de colores, va de olores”. Es uno de los lemas con los que más de una veintena de asociaciones vecinales de toda Castilla-La Mancha se han unido, convocadas por la plataforma No al Biogás en la Sagra, para protestar en una manifestación contra el impacto de la “biometanización” de la comunidad autónoma. Básicamente, exigen la paralización del plan autonómico que contempla la regulación de las plantas de biogás y el freno a la imposición de estas instalaciones y también de las macrogranjas.

La movilización se ha celebrado este sábado a las 17 horas en la céntrica plaza de Zocodover del Casco Histórico de Toledo y no tiene precedentes en cuanto a la unión de tantos colectivos de la comunidad autónoma.

Los organizadores la han calificado de “multitudinaria” a pesar de la lluvia, y en ella han participado cientos de personas llegadas de las cinco provincias de la región.

“Se ha evidenciado el creciente rechazo social al Plan Regional de Biometanización 2024-2030 promovido por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha”, han señalado los convocantes que han mostrado “su oposición frontal” a la implantación de macroplantas de biometano y macrogranjas industriales, un modelo que consideran incompatible con la conservación del medio ambiente, la protección del agua, la calidad de vida de los vecinos y el desarrollo sostenible de los pueblos.

Denuncian que “una vez más el medio rural se pone al servicio de intereses económicos ajenos a sus necesidades. Si estas plantas de biometano o las macrogranjas de cerdos aportasen beneficios a los vecinos, las grandes ciudades se pelearían por ubicarlas en sus inmediaciones, pero la realidad es que ninguna las quiere”, señalan desde las plataformas.

“Se ignoran” las 15.000 alegaciones presentadas

Durante el acto, los portavoces del Grupo Regional de Plataformas Stop Biometano de Castilla-La Mancha han denunciado que el Gobierno autonómico “sigue ignorando” las más de 15.000 alegaciones presentadas por ciudadanos, asociaciones y ayuntamientos de toda la región. Han recordado que estas alegaciones continúan sin recibir una respuesta individualizada y motivada, lo que, a juicio de los colectivos, supone “una grave vulneración del derecho democrático de participación pública”.

En la concentración han pedido también la revisión individualizada, motivada y legalmente válida de las citadas alegaciones ciudadanas; una evaluación ambiental y técnica “verdaderamente independiente, libre de conflictos de interés”; y un marco legal “previo, garantista y preventivo que proteja el territorio, la salud pública, la economía rural y la autonomía municipal”.

La concentración ha servido también para lanzar un mensaje claro y contundente a la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, y al presidente de la Junta: “Los pueblos de Castilla-La Mancha no aceptarán imposiciones ni decisiones tomadas de espaldas a la ciudadanía”.

Del mismo modo, advierten al presidente García Page “del elevado coste electoral que le va a suponer seguir apoyando el plan de su consejera que cuenta con un amplio rechazo social en las comarcas afectadas”.

Piden la suspensión cautelar del plan de biometanización

Las plataformas exigen también la suspensión cautelar inmediata del Plan Regional de Biometanización y la paralización de todas las plantas proyectadas, una evaluación verdaderamente independiente y la aprobación de un marco legal garantista que proteja la autonomía municipal y el derecho de los municipios a decidir sobre su futuro.

La jornada ha estado marcada, inciden, por “un ambiente de unidad, determinación y firme compromiso”. Vecinos de todas las comarcas afectadas aseguran que la oposición a este modelo “no es un fenómeno aislado, sino un movimiento regional amplio, transversal, organizado y cada vez más fuerte que aglutina a miles de personas del mundo rural”. Advierten y apelan a la solidaridad de todo el mundo rural ya que “hoy son ya más de setenta pueblos de toda la región los que se sienten amenazados, pero en unos años podrían ser otros setenta ya que esto es solo el comienzo de un modelo industrial impuesto que supone un grave riesgo para los vecinos del medio rural”.

Hoy son ya más de setenta pueblos de toda la región los que se sienten amenazados, pero en unos años podrían ser otros setenta ya que esto es solo el comienzo de un modelo industrial impuesto que supone un grave riesgo para los vecinos del medio rural

Las Plataformas Stop Biometano han valorado muy positivamente la respuesta ciudadana y han anunciado que continuarán intensificando su coordinación y sus acciones sociales, institucionales y jurídicas hasta lograr la paralización definitiva de un plan que consideran injusto, insostenible y contrario a la voluntad mayoritaria de los pueblos.

“Hoy Toledo ha escuchado la voz de los pueblos de Castilla-La Mancha. Cientos de personas y decenas de plataformas han demostrado que nuestros pueblos están unidos y decididos a defender su tierra, su agua, su salud y su dignidad. No permitiremos que conviertan nuestra región en un vertedero industrial. La movilización no ha hecho más que comenzar”, señalan.

Plataformas adheridas a la protesta

Ahora, la protesta llega a la capital castellanomanchega. Según han informado sus organizadores a este medio, acudirán representantes de plataformas de Campo de Criptana, Socuéllamos, Torralba de Calarava, Carrión de Calatrava, Llanos del Caudillo, Madridejos, Membrilla, Campos del Paraíso, Valdepeñas, Pedro Muñoz, Arenales de San Gregorio, Villa de Don Fadrique, Villaluenga de la Sagra, Manzanares, Malagón, Daimiel, Quintanar de la Orden, Tomelloso, Villarrobledo, Huelves, Paredes, Tobarra y Fuentenovilla.

Junto a todas ellas, muchas con un largo historial de movilizaciones en sus municipios, también ha estado presente la Stop Ganadería Industrial, la plataforma estatal que también impulsa y apoya desde hace años el rechazo a las plantas de biogás, principalmente porque consideran que suponen un “efecto llamada” para macrogranjas. Mantiene actualizado un mapa de los proyectos en la región:

Constituidas como Grupo regional de Plataformas Ciudadanas Stop Biometano de Castilla-La Mancha, la manifestación de Toledo quiere visibilizar el “rechazo social masivo” al Plan Regional de Biometanización 2024-2030 impulsado por la Junta de Castilla-La Mancha y denunciar públicamente “la falta de respuesta democrática, jurídica y ambiental” por parte del Gobierno regional.

Hay posibles impactos sobre acuíferos, contaminación por nitratos, emisiones, olores, bioaerosoles, incremento del tráfico pesado, así como “deterioro de la economía rural tradicional y riesgos para la salud pública

Creen que el Plan Regional de Biometanización carece de una evaluación acumulativa rigurosa sobre el efecto conjunto de decenas de proyectos previstos, omite “análisis clave” sobre disponibilidad de recursos, trazabilidad del digestato y emisiones fugitivas, y presenta “graves dudas sobre su imparcialidad por la vinculación de entidades adjudicatarias con el propio sector del biogás”.

En la misma línea, desde una de las plataformas convocantes, la Asociación de Vecinos por la Sagra Viva sin Biogás, denuncian que una de las plantas que pretenden instalar en su comarca y de la que ya se han iniciado las obras, se ubica a una distancia de las poblaciones que consideran completamente insuficiente.

En concreto, a menos de un kilómetro y medio de los municipios toledanos de Cobeja, Yuncler y Villaluenga, así como a tres kilómetros de Pantoja, por debajo de lo que establece el propio Plan de Biometanización. Piden por ello que se paralicen las obras y se amplíe la distancia a estas poblaciones como mínimo a diez kilómetros “por los riesgos que podrían suponer sobre la salud y la calidad de vida de nuestros vecinos.

La concentración de Toledo pretende convertirse en una demostración de unidad regional frente a un modelo que consideran “impuesto, contaminante y socialmente rechazado”, así como en “un mensaje inequívoco” al Gobierno autonómico: “La ciudadanía rural está organizada, movilizada y decidida a defender sus derechos”.

“¿Qué piensan hacer con sus alpechines?”, dice el Gobierno regional

La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha hecho alusión a esta manifestación esta misma semana. Dice respetar estas protestas pero ha preguntado a los vecinos y vecinas que viven en algún municipio de la región “qué piensan hacer con sus alpechines, con sus vinazas, con los estiércoles ganaderos, con los restos de podas y con los lodos de depuradora”. Es decir, señala directamente los residuos agroganaderos que tratan y convierten estas plantas de biometano.

Si los residuos no se tratan de forma adecuada, los llevarán a los vertederos y en los vertederos tendremos lixiviados, tendremos contaminaciones de los acuíferos y por lo tanto tendremos un grave problema en toda la región

Ha advertido de que si estos residuos no se tratan de forma adecuada, “tendremos un problema”, ya que “los llevarán a los vertederos y en los vertederos tendremos lixiviados, tendremos contaminaciones de los acuíferos y por lo tanto tendremos un grave problema en toda la región”.

Por lo tanto, la consejera cree que es importante que eso también se tenga en consideración. Y al mismo tiempo defiende que los proyectos empresariales de biometano busquen buenas ubicaciones, que “no molesten absolutamente a nadie” y que resuelvan estos problemas.

Precisamente, el decreto que dará cabida al Plan Regional de Biometanización está ya en el servicio jurídico en sus últimas fases de implementación de mejora desde el punto de vista jurídico del texto.

Confía la titular de Desarrollo Sostenible que antes del verano esté ya disponible y permita a la región contar con una norma reguladora que defina “qué tipo de instalaciones son las que pueden venir a Castilla-La Mancha” y sobre todo, dónde se tienen que instalar y de qué forma, “para que también sea una ayuda a los municipios para su toma de decisiones”.

Mientras esta planificación sigue su trámite, las empresas promotoras también desembarcaron recientemente en Toledo para analizar las variables ambientales del biogás. En unas jornadas organizadas por la Fundación Naturgy, Margarita de Gregorio, CEO de la Asociación Española de Biocircularidad (Biocirc) advirtió de que esta polémica renovable ha “venido para quedarse”, pero admitió que “debe explicarse mejor”. Varios expertos apostaron por su desarrollo para la descarbonización, aunque también reconocieron que “hay que saber llegar a la población rural”.

En ese evento también estuvo presente Alipio García Rodríguez, director general de Transición Energética del Gobierno de Castilla-La Mancha, quien incidió en la defensa que la Administración regional hace de las renovables, junto con la “preocupación” por el tratamiento de los residuos. Sobre este último aspecto, recordó que es algo que ya pasó con la instalación de las primeras depuradoras y los lodos que generan.

“Ahora contamos con una tecnología más avanzada como el biogás, la biometanización, que es un eslabón muy concreto en esa circularidad y es donde hay que poner el foco”. Considera que con ello se pueden gestionar residuos orgánicos sin el uso de vertederos o mediante su manipulación directa en el terreno, que es lo que genera contaminación del agua por nitratos. “Debemos contar con nuevas actuaciones de gestores autorizados para compensar todo esto”.

No obstante, las supuestas bondades del biogás no terminan de convencer a los vecinos y vecinas de los pueblos afectados. Con más de 70 proyectos operando o en planificación en toda la comunidad autónoma, las plataformas ciudadanos han decidido ahora unirse para manifestar su rechazo total, dentro un debate muy polarizado y de difícil solución.

La última gran manifestación en la región antes de la celebrada este sábado fue la llevada a cabo en la localidad conquense de Campos del Paraíso el pasado 28 de marzo. Más de un millar de personas entre vecinos, agricultores, familias y colectivos sociales de distintos puntos de la provincia de Cuenca se movilizaron en este municipio integrado por cinco poblaciones (Carrascosa del Campo, Loranca del Campo, Olmedilla del Campo, Valparaíso de Abajo y Valparaíso de Arriba) para mostrar su rechazo a los proyectos de plantas de biogás previstos en su entorno.

La movilización, convocada por la Asociación Vecinal Campos del Paraíso Comunidad Rural y respaldada por 40 asociaciones, recorrió las calles de Carrascosa del Campo en un ambiente reivindicativo y emocional, en defensa del territorio, la salud y el futuro del medio rural. 

El Grupo Municipal Cuenca en Marcha-Unidas por Cuenca llevará al próximo pleno del Ayuntamiento una moción para paralizar la implantación de plantas de biogás en el término municipal, ante el avance de este tipo de proyectos y “sus posibles consecuencias sobre el territorio, la salud pública y la calidad de vida”.

La iniciativa plantea la suspensión cautelar inmediata de licencias urbanísticas para estas instalaciones hasta la aprobación del nuevo Plan de Ordenación Municipal (POM), así como la incorporación en este documento de “una regulación estricta o incluso su prohibición expresa”.

Desde la formación argumentan que Castilla-La Mancha y la provincia de Cuenca están viviendo una “auténtica avalancha” de proyectos de biogás, muchos de ellos “impulsados sin planificación territorial y con un fuerte rechazo vecinal en los municipios afectados”. Alertan de que este modelo puede convertir el medio rural “en un espacio de concentración de infraestructuras vinculadas al tratamiento de residuos”.

El concejal Pablo García ha criticado la falta de planificación, argumentando que “se están impulsando instalaciones con enormes impactos sin una estrategia clara, sin evaluar los efectos acumulativos y sin escuchar a la ciudadanía”. “Eso es inaceptable”, ha asegurado.

Hablamos de olores, de tráfico constante de camiones, y de presión sobre carreteras y recursos hídricos

Asimismo, ha advertido de las consecuencias directas. “Hablamos de olores, de tráfico constante de camiones, de presión sobre carreteras y recursos hídricos, y de riesgos para suelos y acuíferos. No es desarrollo sostenible, es trasladar problemas al medio rural”, ha declarado en este sentido.

El edil ha insistido en que la transición energética “no puede servir de excusa para justificar cualquier proyecto” y que “defender las renovables también es poner límites y proteger a la población”.

La moción también reclama a la Junta que garantice evaluaciones ambientales rigurosas, acumulativas y coordinadas, teniendo en cuenta el impacto real de estas plantas sobre el territorio. Por último, Pablo García ha llamado a situar el debate en el centro de la agenda pública: “Lo que está en juego es el modelo de ciudad y de provincia. O planificamos nosotros o nos lo imponen desde fuera”.

El Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra ha estimado un recurso de alzada contra la autorización de una planta de biometanización en el término municipal de Sesma, promovida por la empresa Biometano Sesma S.L. Por medio de una Orden Foral, se anula la Autorización Ambiental Integrada (AII) concedida el pasado mes de octubre a esta instalación.

Al igual que en planta de biogás proyectada en Arróniz –cuya suspensión tuvo que pasar ayer miércoles por el trámite de un acuerdo elevado a Consejo de Gobierno por tratarse el recurrente de una entidad local-, el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente se pronuncia estimando parcialmente un recurso de alzada, basado en el mismo argumento de déficit de base territorial considerado en la planta de biometanización tramitada en el término municipal de Arróniz, aplicado también al caso de Sesma.

Concretamente, el Servicio de Economía Circular e Innovación de la Dirección General de Medio Ambiente, revisada toda la documentación presentada para acreditar la base territorial, ha confirmado que alguna de las autorizaciones presentadas por la empresa promotora no se ajustan a los requerimientos de la Orden Foral 234/2025, ya que la autorización para el vertido debe ser del titular de las parcelas y no, en su caso, de las personas arrendatarias. En este sentido, parte de estas autorizaciones no se ajustan a la realidad y, por tanto, deben ser excluidas. En definitiva, el proyecto de la planta carece de base territorial suficiente para la aplicación en campo de los digestatos que vayan a tratarse en la instalación, uno de los requisitos que exige la Autorización Ambiental Integrada.

En el caso de la autorización para la planta de biometanización de Sesma, se han interpuesto distintos recursos de alzada por parte de la Fundación Sustrai Erakuntza, la plataforma vecinal Stop Biometano, la agrupación local LOIU del municipio colindante de Lodosa y el colectivo ecologista Ecología y Libertad, además de un requerimiento previo planteado desde el Ayuntamiento de Lodosa.

Al anularse la resolución recurrida de la AAI, procede ahora declarar la terminación del procedimiento de requerimiento previo interpuesto y de los recursos de alzada, por desaparición sobrevenida del objeto de los mismos.

Hay impulso, hay promotores, hay ganas. Pero también múltiples variables ambientales, alguna carencia de legislación, así como “desinformación” y una amplia “necesidad de explicarnos mejor”. Son algunas de las conclusiones que varios impulsores del biogás han expresado en la jornada organizada en Toledo por la Fundación Naturgy para la presentación a nivel estatal de una guía “pionera” sobre las variables de esta polémica energía renovable, que cuenta con una amplia contestación social en varios puntos del país por su “efecto llamada” para macrogranjas y sus afecciones ambientales.

El biogás es una fuente de energía renovable producida por la descomposición de materia orgánica, principalmente residuos agroganaderos, pero también lodos y basura, en ausencia de oxígeno. Está compuesto por metano y dióxido de carbono y se utiliza para generar electricidad, calor, biocombustible o fertilizantes orgánicos. Es un método de gestión de residuos que se convierte en biometano al ser “purificado” eliminando todas sus impurezas y convirtiéndolo en una fuente de energía similar al gas natural.

La elección de la capital castellanomanchega para este evento no ha sido casual. En esta comunidad autónoma, según el mapeo en tiempo real que realiza Stop Ganadería Industrial, hay más de 70 plantas operando, en trámite o con solicitud de autorización ambiental. Por eso, las protestas han arreciado en los últimos años. Incluso desde la administraciones locales: ayuntamientos, como el de Albacete, por ejemplo, han aprobado ordenanzas para impedir la instalación de plantas de este tipo.

En la jornada, de hecho, ha estado presente el alcalde de Campos del Paraíso, Francisco Javier del Saz (PP). En este municipio, de apenas 300 habitantes, se produjo recientemente una de las mayores movilizaciones, de más de un millar de personas, contra los proyectos de biogás que planean sobre el municipio y sus pedanías.

“No estoy ni a favor ni en contra. He venido a informarme porque hay preocupación entre los vecinos. Quiero contarles todo lo que se diga aquí, y que puedan tener todos los datos. Yo también soy vecino y también me afecta, pero quiero ser objetivo y contar lo que hay”, ha precisado a este medio.

La primera guía técnica que analiza todas las variables ambientales

Y es que entre los impulsores del biogás hay “sorpresa” por estas movilizaciones. De ahí la jornada de Naturgy, abanderada por María Eugenia Coronado, directora general de Fundación, con el fin de contrarrestar estas críticas, y ‘vender’ el biometano con un informe que se detiene en sus decenas de variables ambientales.  

Este documento lo ha elaborado INERCO, una empresa internacional especializada en brindar soluciones integrales en ingeniería, medio ambiente y seguridad industrial. Su enfoque principal es el desarrollo sostenible para sectores como el gas, la minería o la química. Actualmente, opera en más de 10 países.

En realidad, se trata de una guía técnica que analiza el papel del biometano en la transición energética y la economía circular y detalla cuál es el marco ambiental y regulatorio aplicable, las principales variables técnicas y ambientales de estas instalaciones y las mejores prácticas para su implantación y operación sostenible.

Sus conclusiones las ha presentado Amelia Olid, jefa del Área de Gestión Ambiental de Nuevos Desarrollos de INERCO. Uno de sus contenidos más destacados es el amplio espacio que dedica a los condicionantes técnicos y ambientales en el proceso productivo de las plantas de biometano.

No oculta que entre ellos se encuentran efectos como las emisiones atmosféricas y de olores, ruidos, efluentes derivados por el almacenamiento, y otras afecciones como la contaminación de aguas subterráneas y suelos, y el impacto paisajístico.

Es en la gestión del digestato y en la elaboración del compost, es decir, en los residuos de estas plantas, donde se producen los principales impactos, y para ello propone medidas correctoras que abarcan todo el proceso, desde el diseño de la planta hasta su funcionamiento final. En todo ello, concluye, la legislación estatal y las normativas autonómicas, a la hora de otorgar autorización ambiental, son “garantistas” y permiten su instalación sin apenas consecuencias.  

Pero ha sido en el coloquio posterior a la presentación del informe, moderado por Humberto del Horno, delegado de Europa Press en Castilla-La Mancha, donde se han puesto sobre la mesa las reflexiones más interesantes y donde ha quedado de manifiesto que el biogás es una solución “compleja”, pero que ofrece una “salida necesaria” a la gestión de residuos orgánicos.

Sobre la necesidad y la urgencia de potenciar esta renovable, Francisco Javier Hidalgo, director de Consultoría en España de INERCO, ha querido advertir primero de que siempre que surge una actividad relativamente nueva, las administraciones y el entorno social necesitan conocer sus ventajas e inconvenientes.

Y el argumento principal, ha señalado, es que se trata de una “gran necesidad”. “Tener plantas de biometano ayuda a la descarbonización y además permite la gestión de residuos. Es una pieza clave que nos permite movernos hacia una generación más sostenible y va a permitir hacerlo desde el uso de recursos del territorio, no necesitamos traer nada de fuera”, ha añadido.  

Del “régimen plano” al digestato

Por su parte, Lourdes Gómez de la Vega, responsable de Ingeniería y Medio Ambiente en Gases Renovables de Naturgy, ha remarcado que en el actual contexto de transición energética, especialmente en Castilla-La Mancha, ha habido ha habido un importante desarrollo de energías renovables, pero la diferencia del biometano es que se produce en un “régimen plano”, es decir, de manera continua, al contrario que la fotovoltaica y la eólica, que dependen de elementos externos como el viento o el sol.

“El biometano se puede almacenar de forma muy fácil y con precios más competitivos y además permite abastecer al sector doméstico”. Se refiere con ello a la molécula CH4 (metano) que permite la misma inyección a la red que el gas natural, pero como una solución “mucho más potente”.  

A este respecto, Alipio García Rodríguez, director general de Transición Energética del Gobierno de Castilla-La Mancha, ha incidido en la defensa que la Administración regional hace de las renovables, junto con la “preocupación” por el tratamiento de los residuos. Sobre este último aspecto, ha recordado que es algo que ya pasó con la instalación de las primeras depuradoras y los lodos que generan.

“Ahora contamos con una tecnología más avanzada como el biogás, la biometanización, que es un eslabón muy concreto en esa circularidad y es donde hay que poner el foco”. Considera que con ello se pueden gestionar residuos orgánicos sin el uso de vertederos o mediante su manipulación directa en el terreno, que es lo que genera contaminación del agua por nitratos. “Debemos contar con nuevas actuaciones de gestores autorizados para compensar todo esto”.

Sobre el desarrollo del biometano en España, la responsable de Renovables de Naturgy ha querido hacer hincapié en que no se trata de una tecnología nueva, ya que ha habido proliferación de plantas en Europa durante 20 años. “Ahora hay que diseñar plantas para la variabilidad de residuos de manera mucho más amplia, que ayuden al territorio para un sistema de gestión eficiente, y que sirvan para inyectar en las redes domésticas, no solo para la industria”.

Es en este punto cuando se ha referido al digestato y a su valorización para una “aplicación directa”. “Tenemos la obligación de generar un producto que sirva como fertilizante para comercializar y certificar en toda la Unión Europea, y contribuir así a disminuir los fertilizantes químicos”.

Para el representante de INERCO, biogás y biometano no suponen solo una energía renovable sino una solución a la problemática de la circularidad de los residuos. Y coincide con Naturty en que es un modelo “ampliamente probado” en Europa. “Ahora mismo ya hay técnicas de mitigación de los impactos y se utilizan a escala productiva global”.

Además, ha explicado que gran parte de los promotores que desarrollan estas plantas son empresas que tienen mucha experiencia a nivel energético, y eso “no siempre pasa con todos los proyectos”, por lo que es “una garantía de que los estándares de diseño son altos”.

Según está el mundo, el biometano es estratégico. No podemos esperar más. Nos dota de autonomía y ha venido para quedarse

Una de las más taxativas en la defensa del biometano y su tecnología ha sido Margarita de Gregorio, CEO de la Asociación Española de Biocircularidad (Biocirc): “Según está el mundo, el biometano es estratégico. No podemos esperar más. Nos dota de autonomía y ha venido para quedarse”.

Pero ha sido también la que ha hecho mayor autocrítica. Preguntada sobre las protestas vecinales y sociales en el medio rural ha reconocido: “Igual podemos explicarlo mejor”.

“No subestimamos para nada a las poblaciones rurales. La gente en los pueblos sabe mucho más que en las ciudades y tenemos una oportunidad de explicarlo todo mejor. Debemos construir todos juntos esta transición. Instalamos industrias que hay que alimentar diariamente con base orgánica. Son como ‘minirrefinería’ de petróleo, que sirven para inyectar gas. pero también para otros usos. Pero ante todo, tenemos que explicar mejor las cosas y saber llegar a la población rural”.

En su opinión, será la propia realidad la que a medio plazo demostrará que las plantas de biogás van a ser “prescriptoras” para “luchar contra la desinformación” y demostrarán que no van a tener efectos negativos. “Las empresas son las primeras interesadas en garantizar todo el proceso sin afecciones y necesitamos que nos den ese voto de confianza”.

Precisamente, el director general de Transición Energética de Castilla-La Mancha, ha ensalzado la función de la Administración para dar “seguridad” en ese proceso y “vigilar” para que estos proyectos se ajusten a la ley. “Igual que existe una normativa de residuos, ahora de ser garantistas en el tratamiento de estos residuos y explicarlo a la ciudadanía para que tengan la confianza de que se va a desarrollar correctamente. Es más, si no se cumple, habrá sanciones y cierres, sin duda”. De hecho, aunque no lo ha mencionado explícitamente, es lo que contempla el Plan de Biometanización que tramita esta comunidad autónoma.

Para Margarita de Gregorio, el digestato es “clave” en el proceso. “En ningún caso, en ninguna instalación, lo que sale es igual a lo que entra. El producto final siempre es mejor porque la materia orgánica se ha higienizado. Por lo tanto, ese producto es otro valor, es una oportunidad para aplicar al terreno, para valorizar un elemento estructural de la biocircularidad que va más allá del propio concepto energético”.

“Es una sorpresa que algo que es en todas sus fases tan positivo pueda estar tan cuestionado, cuando es una oportunidad para cerrar procesos productivos. Y donde además, en todo el proceso interviene mano de obra y genera empleo local”, ha destacado. A la fijación de empleo local también se ha referido el responsable de INERCO, poniendo el foco en áreas más desfavorecidas.

Finalmente, todos los intervinientes han hecho sus presagios a medio plazo. Para la representante de Biocirc, en cinco años habrá más un centenar de plantas de biogás operando en España “en condiciones perfectas” y además, con Castilla-La Mancha como “protagonista”.

Por su parte, el director general de Transición Energética ha augurado que estas instalaciones se construirán de manera proporcionada al tamaño de las comarcas y permitirán que “no haya tanta dependencia” de gasoductos y una descarbonización “necesaria”. “La tecnología va a avanzar mucho y eso nos permitirá también un mayor aprovechamiento en el tratamiento de los residuos”.

Desde la Fundación Naturgy vaticinan que los actores y promotores “van a proliferar” pero solo tendrán éxito aquellos que “generen sinergias” con el producto final, y “que tengan interés en la descarbonización y en la producción de fertilizantes sostenibles y orgánicos”.

La fundación ecologista Sustrai Erakuntza ha presentado recurso de alzada a la autorización de apertura de la planta de biogás de Arróniz por “el cúmulo de irregularidades que presenta”. Este recurso se suma al interpuesto por más de 4.252 personas y asociaciones, animadas por la plataforma Stop Biogás Arróniz. Según han indicado desde la fundación en un comunicado, “motivos no faltan para rechazar esta iniciativa empresarial con origen en Sevilla tan perjudicial para el territorio”.

Se trata de un proyecto “que prácticamente se mantuvo oculto durante toda la tramitación del expediente”. “A pesar de que el Ayuntamiento de Arróniz tenía conocimiento del mismo de manos de la empresa, en ningún momento informó de ello a la población, ni siquiera cuando muchos meses después fue puesto a exposición pública por parte del Gobierno de Navarra”, han criticado. De este modo, “la población no pudo tomar conciencia de la magnitud del problema que esta planta podría traer para su entorno hasta casi el instante en que el proyecto ya estaba aprobado por el gobierno”.

“Cuando el proyecto se presentó a exposición pública, no lo fue al completo. Partes importantes del mismo se omitieron y no han sido conocidas hasta que fue aprobado. Y hay otras que aún se desconocen. Y ello ocurre porque el proyecto se ha presentado indebidamente, fraccionado en varios proyectos separados, de los cuales a día de hoy solo conocemos el de la propia planta de biometanización”, han reivindicado.

Según han remarcado, “todavía se desconoce cómo se realizará la unión de esta a la red de gas natural, así como a la línea eléctrica de abastecimiento”. “Existen documentos de suma importancia que no han podido ser analizados en la exposición pública, como el plan de gestión de los digestatos que se producen en la planta”, han manifestado. Desde la fundación han añadido que “la gran mayoría de los residuos que se introducen en la planta como materia prima para producir el biogás salen de ella casi en las mismas condiciones y es necesario deshacerse de ellos”.

“Esto se realiza utilizándolos para fertilizar tierras agrícolas. Pero esta es una actividad potencialmente contaminante, por la posibilidad de que se sobrefertilice el terreno, lo que crea problemas de contaminación por nitratos. A lo que habría que añadir la posible presencia en el digestato de contaminantes como metales pesados u otros”, han subrayado. Por lo tanto, “conocer el plan que la planta tiene para realizar esta actividad es completamente necesario para poder analizar su compatibilidad medioambiental”. Y este documento “no estaba disponible en la exposición pública”.

“Cuando lo hemos conocido en la aprobación del proyecto, hemos podido comprobar la gran cantidad de errores que contiene: parcelas cercanas a núcleos urbanos o próximas a cursos de agua donde está prohibida esta práctica, parcelas no dedicadas a cultivos, con pendientes excesivas, parcelas duplicadas, parcelas inaccesibles...”, han apuntado.

A su juicio, “un cúmulo de errores que deberían suficientes para invalidar el plan, dado que, si se eliminan las parcelas erróneas, este pasa de tener inicialmente 2.600 hectáreas de terreno a tener poco más de 1.600”. Una superficie “totalmente insuficiente para la actividad prevista”. Además, “durante los pocos meses en los que la población ha podido conocer el proyecto se han generado dudas sobre la bondad de utilizar los digestatos en los campos de labor”. “Tanto es así que un total de 647 hectáreas de propiedad particular y 1.316 hectáreas de comunales han sido retiradas del plan de la empresa. Las personas que las gestionan, sean propietarias, arrendatarias o ediles a cargo de los comunales, han reconsiderado su aprobación inicial, conseguida sin información veraz por parte la empresa, y las han retirado”, han subrayado.

Por lo tanto, el plan de digestatos actual “no es viable”. “Nos encontramos ante un proyecto que no tiene nada de convencional. Se trata de una actividad con muchos riesgos para el suelo agrícola, la biodiversidad y las personas que la sufrirían en su cercanía. Una planta que necesitaría un total de 140.000 toneladas al año de residuos orgánicos, pero que el proyecto es incapaz de indicar de dónde acarreará”, han reivindicado.

De este modo, “vista la escasa disponibilidad de residuos en la zona, junto con la probable competencia por estos residuos entre las 4 plantas del mismo tipo que se quieren instalar a pocos kilómetros de distancia, obligaría a tener que transportarlos desde largas distancias”. “Lo mismo ocurriría posteriormente con los digestatos residuales que se produzcan. Este proyecto provoca un incremento considerable en el transporte, usando combustibles fósiles, que no ha sido analizado en el proyecto. De esta forma se desconoce si el balance energético de la planta es positivo”, han afirmado.

Sin embargo, “lo más extraño que ha sucedido con este proyecto ha sido el modo en que fue aprobado por parte del Departamento de Medio Ambiente y Desarrollo Rural”. Porque “todo ello se ha producido mientras se debatía y aprobaba una moratoria a las plantas de biometanización en el Parlamento navarro en octubre de 2025”. La moratoria “que finalmente descafeinó y aprobó el Parlamento tan solo ha paralizado algunos de los proyectos y por un tiempo ínfimo, que no está sirviendo para analizarlos y realizar un verdadero debate social”.

“La planta de biometanización de Arróniz se aprobó el 12 noviembre de 2025, y tan solo el Ayuntamiento de Arróniz tuvo conocimiento de ello días después, pero no así la población afectada. No fue hasta el 6 de marzo de 2026 cuando dicha autorización fue publicada en el Boletín Oficial de Navarra”, han subrayado, tras añadir que la moratoria “fue aprobada por el Gobierno de Navarra el día 7 de noviembre de 2025 y entró en vigor con su publicación en el BON el 13 de noviembre, justo el día posterior a aprobar la autorización de la planta”.

“Esto ya nos indica que posiblemente la planta se autorizó con premura para conseguir que estuviera aprobada antes de empezar la moratoria. Pero resulta que, además, cuando la autorización de la planta es publicada en el boletín, el mismo día se publica una supuesta 'corrección de errores' de la autorización, que oficialmente vendría a subsanar supuestas erratas en la misma”, han añadido. Sin embargo, “analizadas las modificaciones, se puede apreciar cómo estas son de calado y modifican sustancialmente la planta y su funcionamiento”.

“No se trata de meras erratas en el texto. Por lo tanto, nos encontramos ante una tramitación bajo sospecha, con una autorización inicial que se aprobó deprisa y corriendo para no verse afectada por la moratoria. Que ha tenido su continuación con una modificación de oficio para solventar los problemas que se incurrieron en dicha aprobación apresurada”, han remarcado. A su juicio, “se ha producido un fraude de ley que ha intentado impedir que la sociedad analizara adecuadamente este proyecto, lo pudiera debatir y establecer la posibilidad de su implantación”.

Sigue creciendo la lista de alcaldes y alcaldesas que deciden frenar desde los ayuntamientos la instalación de plantas de biogás en sus términos municipales. Tienen potestad para hacerlo, puesto que de las administraciones locales depende que estas compañías obtengan licencia municipal para implantarse en esos terrenos.

En esta ocasión, el Ayuntamiento de Chinchilla de Montearagón, en la provincia de Albacete, es el que le pone freno. El Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) publica un anuncio de su alcalde, Francisco Morote (PSOE), mediante el cual se hace pública la resolución la Corporación local adoptada el pasado 24 de marzo en la que se suspenden las licencias para instalaciones de plantas de biogás, compostaje y “otras industriales similares” que “perjudiquen el medio ambiente”.

En este municipio está proyectada una planta de tratamiento de residuos orgánicos para la producción de biometano cuya empresa promotora es Bioenergía Gas Renovable VII, del grupo The Green Vector. El expediente está actualmente en tramitación y aunque su ubicación está prevista en el término municipal de Chinchilla, estaría más próxima la localidad vecina de Pétrola.

La resolución municipal se produce después de que el Gobierno de Castilla-La Mancha pidiera al Ayuntamiento en noviembre del año pasado que se pronunciara al respecto de la intención de la futura planta de biogás.

Amenaza con destruir un valioso ecosistema

Stop Ganadería Industrial

Este proyecto es uno de los más de 70 que actualmente están en tramitación o ya instalados en Castilla-La Mancha. Sobre el mismo ya había puesto el foco la plataforma Stop Ganadería Industrial, que alertó de que “amenaza con destruir un valioso ecosistema” del que forma parte el complejo lagunar de Pétrola, junto con las cercanas lagunas de Horna, Hoya Usilla y Corral Rubio.

Según habían denunciado, en la Laguna de Pétrola, declarada Reserva Natural, conviven numerosas aves como flamencos, fochas, moritos, malvasía cabeciblancas, algunas de ellas en peligro de extinción, formando un “entorno único en el que incluso algunas de estas especies anidan y crían”. De todo ello se hicieron también eco vecinos y vecinas de ambas localidades.

Este colectivo también alerta del “efecto negativo” para los vecinos y vecinas de Pétrola, que por proximidad de la planta (unos cinco kilómetros), podrían sufrir los olores que desprende la materia orgánica con la que trabajan estas plantas para generar el biogás, en su mayoría purines procedentes de macrogranjas, además de “las plagas de insectos atraídos por el olor a putrefacción”. 

“Por si esto fuera poco, contaminarán la tierra y el agua subterránea, además de los pozos y las lagunas con el subproducto sobrante resultado de toda la descomposición orgánica: el digestato”, añaden en Stop Ganadería Industrial.

Una “gran humareda” había alertado a los vecinos y vecinas de la localidad conquense de Belinchón. La voz de alarma la había dado Cuenca Ahora, el movimiento ligado a la España Vaciada, que en un principio atribuía este episodio a la planta de biogás ubicada en la zona.

No obstante, fuentes de la Consejería de Desarrollo Sostenible han precisado a este medio que no se trata de humo por combustión, sino de una “nube de vapor” generada por el frío y la humedad en la planta de compostaje que “comparte instalaciones” con la de biogás. En la mayoría de los casos, este tipo de factorías disponen de áreas aledañas donde tratan el digestato, el residuo más frecuente del biogás, para convertirlo en compost.

La citadas fuentes precisan que estos episodios se producen porque el compost tiene una mayor temperatura, pero “se trata de vapor”. Se produjo el pasado fin de semana y desde la empresa (Grupo Gestcompost), precisan desde la Consejería, indican que “ya está controlado”.

La empresa señala que se produjo “por procesos propios del tratamiento biológico de materia orgánica” y que fue detectado de forma temprana por sus sistemas de vigilancia y controlado de manera inmediata “sin que se registraran daños personales ni afecciones significativas al entorno”.

Pese a estas explicaciones, el alcalde de Belinchón, Jesús López Castejón, sí habla de “fuego” y de “humo”. “Es un episodio puntual en la zona de compostaje”, ha explicado, en un municipio habituado a la convivencia con esta planta que abrió hace unos dos años y medio de la mano de la empresa zaragozana GestCompost.

El fuego que menciona, añade, se originó el pasado domingo “por combustión interna” y “las llamas se avivaron debido al fuerte viento generando una importante columna de humo”, según ha explicado en declaraciones a este medio. Todavía hoy la empresa está tratando de sofocarlo. “Está controlado y tienen claro cuáles son las medidas de seguridad que han de tomar”.

El alcalde coincide con el Gobierno regional en que no se han producido daños personales ni “afección al entorno”, y asegura que el humo “no lleva ningún producto químico, nada biológico, ni absolutamente nada que pueda ser perjudicial para la salud”.

También ha descartado que la planta de gas se haya visto afectada. Ha quitado hierro al incidente y lo ha comparado con el incendio de una pila de fardos de paja. “Pueden estar ardiendo cinco días porque el agua no penetra. Lo que harán es extender el compostaje para echar más agua y apagarlo”.

Cuenca Ahora habla también de un “fuerte olor”

Cuenca Ahora, que dio la voz de alarma, ha podido comprobar este episodio en imágenes recientes tomadas en la zona. Segun han informado, testigos en el lugar aseguraron que se desprendía un “muy fuerte olor” que ha provocado que aumente “la preocupación” por suceso que se prolongaba ya más de 24 horas.

Ante “la falta de información pública” sobre el origen de la “humareda”, el movimiento ligado a la España vaciada había exigido a las autoridades competentes -tanto al Ayuntamiento como a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha- que se pronunciaran “de manera inmediata” y aclararan su origen. Reclamaban a ambas administraciones que “detallen” si se trata de un episodio puntual o un fallo técnico.

La planta de biometano de Belinchón tiene capacidad para tratar 700.000 toneladas al año de residuos, de ahí la insistencia de Cuenca Ahora en que se garantice la seguridad de estas instalaciones. La formación recuerda que lleva “meses alertando de sus perjuicios”.

Piden un control de emisiones

También solicitan la puesta en marcha de un control de emisiones, así como la activación de mecanismos de vigilancia que garanticen la seguridad de los vecinos y la protección del entorno.

Cuenca Ahora advierte de que este tipo de imágenes “refuerzan la preocupación existente en la provincia como hemos visto este fin de semana en Campos del Paraíso con el clamor de cerca de 2.000 vecinos ante la proliferación de este tipo de instalaciones”. En este aspecto reclama “máxima transparencia” en la implantación de proyectos que, aseguran, “pueden tener un impacto directo sobre la salud, el medio ambiente y la calidad de vida en el medio rural”.

Hace ya décadas que cambió radicalmente nuestra forma de vida. Mucha gente del rural emigró a las ciudades en busca de un futuro mejor, empujados por el paro y la mecanización de las tareas agrícolas. Castellanomanchegos y castellanomanchegas, que no sabían ni que lo eran, construyeron lo que serían los barrios obreros de Madrid y Barcelona.

Desde entonces, vivimos en una España de dos velocidades. A las ciudades ha llegado antes el agua corriente, la luz, el internet y las oportunidades. Llegaban antes allí por un criterio muy razonable para muchos: la rentabilidad. El dinero dibujo fronteras que no podemos ver como vemos la valla de Melilla, pero que están ahí, y que sentimos. Los pueblos, especialmente en los últimos veinte años han ido perdiendo servicios: han cerrado bancos, escuelas y centros de salud.

Pero algo está cambiando en esa España olvidada. La tierra tan despreciada durante décadas vuelve a ser foco de interés, económico por supuesto.

Los que manejan el dinero no tienen más ideología que seguir acumulándolo. Por eso, en este nuevo tiempo, en el que la justa prioridad es descarbonizar nuestra economía y producir energía de manera soberana y menos contaminante, los que manejan el dinero también encuentran su oportunidad de negocio.

Esta vez han fijado el foco en nuestros pueblos, y se ayudan de gobernantes que les ponen alfombra roja sin echar cuentas, sin planificar y sin poner límites. ¿Les suena?

El gobierno de García-Page presentó hace unos meses el Plan de Biometanización de Castilla-La Mancha. Aprobación, que no estuvo exenta de polémica, puesto que la empresa que lo redactó es la misma que diseña, construye y opera las plantas de biogás. Lo que viene siendo un conflicto de intereses de manual.

Pero hay más, el pago por este servicio de consultoría se hizo en dos facturas que casualmente tienen el importe límite para no tener que sacar el servicio a concurso público.

¿Se acuerdan de lo que decíamos de la España olvidada? ¿La de la segunda marcha? Resulta que esa España está llenita de pueblos, de pequeñas comunidades resistentes empeñadas en no aceptar el frenesí urbanita y de no contaminarse con la sensación de que aburrirse, es estar perdiéndose algo.

No quiero idealizar la España rural, que sin duda sigue teniendo infinitos retos propios como la integración de la diversidad étnica o sexual. Pero que también tiene infinitas cosas que proteger, como las noches al fresco, el contacto con la naturaleza, las pausas, los “Marí, me he quedado sin huevos para la tortilla” o el trabajar a 10 minutos de casa.

Pues esa España, la de la resistencia rural, la de familias que sacan adelante sus explotaciones agrarias, pero también las cooperativas, también la de las mujeres rurales, y la de la innovación y la ciencia, y la que sufre el sexilio, esa España, está en pie de guerra.

Y lo está porque ya no es la misma que hace 40 años. Hoy en nuestros pueblos vive gente que no quiere dinero rápido a cambio de hipotecar su futuro. Quiere garantías, quiere participación y quiere decidir.

Sin embargo, el Plan de Biometanización va justo en la dirección contraria. No plantea un modelo público, ni comunitario, ni descentralizado. No pone la energía en manos de la gente. Lo que propone es un modelo extractivista de manual: grandes inversiones privadas, grandes instalaciones y beneficios que se van fuera del territorio.

El esquema es sencillo: las empresas ponen el capital, la administración facilita los trámites—y, si hace falta, acompaña con subvenciones—, se construyen las plantas y los beneficios terminan en las cuentas de los inversores.

Mientras tanto, el territorio asume los impactos: el tráfico pesado, los olores, la presión sobre suelos y acuíferos, y un modelo productivo que no se cuestiona, sino que se refuerza.

Porque ese es otro de los grandes problemas del plan: no reduce los residuos, los necesita. No cambia la ganadería intensiva, la hace rentable. Convierte los purines en negocio, y con ello se corre el riesgo de incentivar aún más el modelo que está en el origen del problema.

Se nos vende como economía circular lo que, en muchos casos, es simplemente dar una vuelta más al mismo sistema. Además, incluso, algunos expertos cuestionan la viabilidad de las explotaciones tal y como están planteadas.

Y todo ello, además, con una promesa de empleo muy limitada. Mucho capital, pero poca mano de obra. Mucha inversión, pero poco retorno social.

Castilla-La Mancha tiene una oportunidad histórica: liderar una transición energética justa, democrática y arraigada al territorio. Apostar por cooperativas energéticas, por plantas de pequeña escala, por modelos donde la energía sea de la gente y los beneficios se queden en los pueblos.

Pero el gobierno regional ha elegido otro camino, el de siempre, el de convertir el territorio en un recurso. El de llenar la España rural de proyectos que se deciden fuera, se ejecutan desde fuera y cuyos beneficios se marchan fuera.

Frente a eso, cada vez más gente lo tiene claro: la transición ecológica debe ser justa y democrática. La transición energética debe ser nuestra prioridad, hay que apretar el acelerador, y más en el contexto internacional en el que nos encontramos, pero eso no está reñido con que por primera vez aprovechemos la oportunidad para que gane la gente común.

Este sábado, la Asociación Campos del Paraíso ha organizado una manifestación para protestar contra las plantas de niogás que pretenden instalar en Carrascosa del Campo con el lema “Ni en tu pueblo ni en el mío”.

Este pequeño municipio de menos de 600 habitantes de la provincia de Cuenca se ha movilizado con un extraordinario éxito congregando a unas 2.000 personas, pero no es el único. Son muchos los municipios que se están organizando contra estas políticas. Por poner un ejemplo, el pasado día de la región en Albacete, también estuvo marcado por las protestas de manifestantes a la entrada del acto institucional. Nosotros estuvimos con ellos, pero el presidente Page no fue capaz de acercarse y simplemente saludar.

Nuestros pueblos no están dispuestos a volver a ser el lugar donde otros vienen a hacer negocio. Y nosotros, Movimiento Sumar, tampoco. Estaremos en las calles, con la gente, escuchando y haciendo propuestas para que en un futuro, cercano, podamos cambiar el rumbo y que esta transición no sirva para llenar los bolsillos de unos pocos sino para garantizar unos pueblos limpios y soberanos donde merezca la pena vivir.

Más de un millar de personas entre vecinos, agricultores, familias y colectivos sociales de distintos puntos de la provincia de Cuenca se han manifestado este sábado en Campos del Paraíso, municipio integrado por cinco poblaciones (Carrascosa del Campo, Loranca del Campo, Olmedilla del Campo, Valparaíso de Abajo y Valparaíso de Arriba) para mostrar su rechazo a los proyectos de plantas de biogás previstos en el municipio y su entorno.

La movilización, convocada por la Asociación Vecinal Campos del Paraíso Comunidad Rural y respaldada por cuarenta de asociaciones, ha recorrido las calles de Carrascosa del Campo en un ambiente reivindicativo y emocional, en defensa del territorio, la salud y el futuro del medio rural.

Durante la jornada, los asistentes han denunciado la implantación de seis proyectos en el entorno, tres en Campos del Paraíso, uno en Huelves y dos en Tarancón, que han generado una creciente preocupación en la comarca por su posible impacto ambiental, el incremento del tráfico pesado y las consecuencias sobre la calidad de vida.

“Nuestros pueblos no son espacios vacíos”

El acto ha culminado con la lectura de un manifiesto por parte de representantes de distintas generaciones, un niño, un agricultor y una vecina, en el que se ha lanzado un mensaje claro: “Campos del Paraíso y su comarca no son espacios vacíos. Aquí vive gente. Con nuestro futuro no se negocia”

El texto advierte de que estos proyectos “no son un hecho aislado”, sino parte de un modelo que durante años ha tratado a los pueblos como “territorios disponibles para asumir impactos, mientras los beneficios se concentran lejos”.

Asimismo, los vecinos han señalado riesgos asociados a este tipo de instalaciones como la posible contaminación del suelo y acuíferos, las emisiones de gases y olores, el aumento del tráfico pesado o el deterioro del entorno y la calidad de vida.

Antes del inicio de la marcha, los portavoces han atendido a los medios, subrayando el carácter transversal y creciente del movimiento.

El presidente de la Asociación Vecinal Campos del Paraíso Comunidad Rural, Carlos Muñoz, ha afirmado que “esto no va de estar en contra de nada, va de defender lo que somos. Nuestros pueblos no pueden convertirse en lugares donde otros deciden sin contar con la gente que vive aquí”.

La presidenta de Pueblos Vivos Cuenca, Remedios Bobillo, ha advertido de que “este tipo de proyectos se están concentrando en zonas rurales sin un debate suficiente y sin tener en cuenta el impacto acumulado en el territorio”.

Por su parte, el portavoz de Ecologistas en Acción Manchuela, Toni Jorge, ha señalado que “no se puede hablar de transición ecológica si no se hace con criterios de sostenibilidad real y de justicia territorial”.

El documental que pondrá rostro al conflicto

La jornada ha comenzado con el visionado del teaser del documental ‘Extraños en el Paraíso’, un proyecto que aborda el impacto de este tipo de iniciativas en el medio rural.

El productor ejecutivo Saúl Sánchez Román ha explicado que “este documental nace para contar lo que muchas veces no se ve: cómo estos proyectos afectan a la vida cotidiana de los pueblos y a su identidad”, y ha subrayado que “no es solo una cuestión técnica o energética, es una historia de personas, de territorio y de futuro”.

El manifiesto vecinal incide también en el impacto económico de estas instalaciones, señalando que generan “escasos beneficios locales” y que los empleos asociados suelen ser limitados y especializados, mientras los efectos negativos recaen sobre la población.

Además, advierte del llamado “efecto llamada”, que puede favorecer la instalación de macrogranjas o la llegada de residuos de otros territorios, convirtiendo a los pueblos en centros receptores y alterando su equilibrio social y ambiental.

Los organizadores han destacado la elevada participación y la diversidad de perfiles presentes —jóvenes, mayores, agricultores y familias— como reflejo de un movimiento social que sigue creciendo en la provincia.

En este sentido, han asegurado que la movilización de este sábado marca “un punto de inflexión” y han avanzado que continuarán impulsando acciones para defender un modelo de desarrollo rural “justo, sostenible y compatible con la vida en los pueblos”.

El Partido Verde-Verdes Equo de Castilla-La Mancha ha lamentado que el Gobierno regional no se haya reunido con vecinos ni con las plataformas que piden la paralización de los diversos proyectos para impulsar plantas de biometano en territorio castellanomanchego.

En un comunicado, Elisa Díaz Argüelles, coportavoz del partido, ha afeado esta ausencia de contactos por parte del Ejecutivo de García-Page cuando ha pasado más de un año del inicio de movimientos contra la industria del biometano, con una primera movilización de los vecinos de Campo de Criptana (Ciudad Real).

“Las macrogranjas y las grandes plantas de biometano forman parte de un modelo de crecimiento ilimitado que trata de pasar por encima de las personas y de los territorios”, afirma Díaz en su escrito.

“Es realmente lamentable que las empresas gasistas que están promoviendo estas industrias hayan apostado por instalarse en pueblos pequeños, que no producen en absoluto la enorme cantidad de toneladas de residuos que necesitan sus macroplantas”.

Critican los residuos que se generarían

La coportavoz afirma que el mayor problema que generarían estas industrias si se implantaran serían los residuos que generarían, entre los que destaca el digestato.

“Dicen que es fertilizante, pero nada más lejos de la realidad. La distribución de este nuevo residuo en miles de hectáreas convertirá nuestros campos en tierras con contaminantes y nitrogenadas. Y esa contaminación va a aprovecharse de las tormentas con nombre (Leonardo, Oriana o Regina) para filtrarse en nuestros acuíferos y provocar los efectos más nocivos sobre nuestra agua de boca”, afirma.

“Los que venden estos macroproyectos nos hablan de economía circular y de gestión adecuada de los residuos existentes y basan sus propuestas en la acumulación en nuestro territorio de los desechos de comunidades vecinas, dado que aquí el volumen de residuos generado es completamente insuficiente para producir en cantidades rentables”, añade Díaz.

Por ello, desde Verdes Equo de Castilla-La Mancha proponen “una transición agroecológica que no solo reduzca la dependencia de insumos externos y mercados globales, sino que también promueva prácticas que regeneren los suelos, el agua y la biodiversidad, garantizando una producción de alimentos sana y suficiente para las comunidades locales: una verdadera soberanía alimentaria”.

La Asociación Vecinal Campos del Paraíso Comunidad Rural ha tenido conocimiento de la existencia de un tercer proyecto de planta de biometano en el término municipal de esta población conquense, que ya cuenta con informe de compatibilidad urbanística y cuya ubicación se sitúa junto a la carretera CUV-7031, en las proximidades del embalse regulador de la tubería manchega.

Con esta nueva información, los vecinos vuelven a alertar de que “no se trata de un proyecto aislado, sino de un posible proceso de concentración de instalaciones de este tipo en el municipio”.

Y es que hasta el momento dicen tener constancia de una primera planta, promovida por Biofertilizantes CH4 S.L.U., filial del grupo Ence, que se encuentra en fase de evaluación ambiental, además de una segunda planta que cuenta también con compatibilidad urbanística y que estaría situada frente al Cerro Castillo, entre Olmedilla y Valparaíso de Abajo.

Ahora aseguran que se confirma la existencia de un tercer proyecto y creen estar “ante un escenario completamente distinto al que se nos trasladó inicialmente. No hablamos de una planta, hablamos de tres, y todas en el mismo término municipal”, señalan desde la entidad vecinal.

“Especial preocupación”, apuntan, ha generado la ubicación de la tercera planta en las inmediaciones del embalse regulador de la 'tubería manchega', una infraestructura clave para el abastecimiento y regulación hídrica en la zona. La asociación considera que este dato “añade un elemento de sensibilidad adicional que debe ser evaluado con el máximo rigor técnico y ambiental”.

Desde la asociación vecinal advierten que “la acumulación de proyectos refuerza la percepción de que el municipio podría estar siendo considerado como zona de implantación prioritaria para este tipo de instalaciones industriales de gran volumen, lo que tendría implicaciones territoriales, ambientales y sociales de largo alcance”.

Aseguran que “la cuestión ya no es solo el impacto individual de una planta concreta, sino el efecto conjunto que puede producir la concentración de varias instalaciones en un mismo entorno rural”.

Una manifestación prevista para el 28 de marzo

Esta nueva información se produce a escasas semanas de la manifestación de convocada para el próximo 28 de marzo a las 12:00 horas en Carrascosa del Campo, donde vecinos de distintos municipios de la provincia expresarán su preocupación por la proliferación de proyectos similares en la comarca y en otros puntos de Cuenca.

La asociación insiste en que la ciudadanía tiene derecho a conocer “con transparencia” todos los proyectos en tramitación y sus posibles afecciones, y reclama a las administraciones competentes “una visión global y acumulativa del impacto territorial antes de continuar con cualquier procedimiento”.

El Gobierno de La Rioja frena el proyecto de la planta de biometano en Hervías. Así al menos se desprende de lo publicado en el Boletín Oficial de La Rioja. “Se formula la declaración de impacto ambiental y se pone fin al procedimiento en el expediente del proyecto la planta de gestión de subproductos orgánicos en el término municipal de Hervías en La Rioja. Anuncio que ha generado una ”sensación agridulce“ para el vecindario y de ”prudencia“ para la plataforma Stop Biometano en Hervías.

El proyecto presentado por la empresa consiste en la instalación de una planta destinada a la valorización de subproductos orgánicos para la generación de biometano con el objetivo principal de aprovechar energéticamente los subproductos de origen orgánico. Así, recoge el BOR, este proyecto permitirá gestionar y valorizar hasta un total máximo de 109.000 toneladas anuales de subproductos para la producción de biogás y el biometano se inyectará inyectado a la red de gas natural convencional de Enagás. El proyecto se ubica en las parcelas 640,62,72 y 639 del polígono 501 de Hervías (LaRioja) con una extensión de 12,4 hectáreas. Las instalaciones dispondrán de depósitos, edificaciones, balsas de tratamiento y vallado perimetral del conjunto de parcelas con una superficie máxima ocupada de unas seis hectáreas, dentro de las cuales se incluye también una planta solar fotovoltaica para su abastecimiento. Las actividades se encuentran en zona destinada al cultivo agrícola.

En cuanto su funcionamiento, estaría operativa los 365 días al año de forma continua, salvo situaciones de paradas técnicas. El transporte de mercancías, entrada de materias primas y salida de productos, se realizará de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 horas. Y respecto al tráfico de vehículos, se prevé una medida de hasta 33 vehículos de gran tonelaje que circularán de lunes a viernes. Se proyectan los accesos desde la carretera autonómica LR-326, a la altura de su intersección a la autovía A-12 y camino paralelo a esta.

300 alegaciones en contra

Tras el periodo de exposición pública, el proyecto recibió más de 300 alegaciones cuyas principales preocupaciones aludían a la amenaza ambiental y patrimonial en relación al impacto irreversible en el paisaje y el valor cultural del Camino de Santiago Francés además del riesgo para el yacimiento arqueológico de Valdescusa y la biodiversidad de la Laguna de Hervías. Asimismo, y como apunta el portavoz de la Plataforma Stop Biometano Hervías, las alegaciones también apuntaban cuestiones relativas a la salud y calidad de vida. Y es que el vecindario de la zona alertó de los malos olores, el ruido constante y las emisiones atmosféricas., sobre todo, para las zonas habitadas más próximas a la planta y al camping de Bañares. En cuanto a la seguridad hídrica, existe un temor fundado a la contaminación de acuíferos y aguas subterráneas por vertidos o lixiviados, lo que podría comprometer seriamente el depósito de agua potable del municipio.

Y también se alertó de un caos en las infraestructuras y aumento de la peligrosidad por el incremento del tráfico pesado en la N-120 y la falta de accesos adecuados y seguros a la planta además de una pérdida de valor de las propiedades y el perjuicio para los negocios locales. Entre las alegaciones, también se han colado las sospechas de que la planta acabaría importando residuos de otras comunidades autónomas, hipotecando el futuro desarrollo industrial y agroalimentario de la comarca.

Cabe recurso de alzada por parte de la empresa

Este primer revés a la empresa no es definitivo porque el BOR también recoge que la presente resolución pone fin a la vía administrativa, pero la puerta para interponer un recurso de alzada ante la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente continúa abierta. La empresa tiene un mes de plazo.

“Ahora empezará la guerra”, advierte el portavoz de la Plataforma, Gabriel Lacalle. Y es que valora que se hayan admitido las afecciones paisajísticas del proyecto, pero lamenta que “no se hayan tenido en cuenta las consecuencias para salud de las personas que viven en esta zona. Hay afecciones que podrían producirse desde este punto de vista que tienen más peso”, insiste.

De ahí su prudencia porque “el expediente no está cerrado y la empresa puede presentar un recurso de alzada todavía”. Además, Lacalle explica que otras dos direcciones generales han emitido informes negativos, “pero subsanables. Es el caso de la Dirección General de Calidad Ambienta que informa de que la documentación presentada recoge numerosos aspectos a subsanar por el promotor relativos a la evaluación de impacto ambiental, así como sobre las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y la Dirección General de Infraestructuras”.

Por todo ello, promete Lacalle, “vamos a seguir dando la batalla porque tengo la sensación de que ahora es cuando se va a desatar la guerra”. Y aunque reitera que están “prudentemente satisfechos” ya han convocado una reunión para el próximo 7 de marzo para “analizar y debatir sobre la oportunidad de conformar una alianza o lo que se acuerde entre las diferentes plataformas ciudadanas contra este tipo de plantas en La Rioja y en el entorno más cercano para, entre otros, generar un impulso de unidad social que no solo no sé más visibilidad social, sino una mayor capacidad de acción ante las imposiciones lesivas para nuestros entornos”.

Y de la prudencia de esta plataforma a la sensación “agridulce” del vecindario por el papel de la alcaldesa del municipio que “firmó un informe favorable a esta planta que ahora parece que ha paralizado el Gobierno de La Rioja”. “Estamos ”satisfechos“, apunta un vecino, ”aunque habrá que estar atentos y ver si finalmente se deniega la otra planta prevista“.

El proyecto de instalar una macrocelulosa en el corazón geográfico de Galicia descansa ahora en un cajón de los despachos de San Caetano, después de haber sido la propuesta estrella de la Xunta para la recuperación económica tras la pandemia. Se topó con un férreo rechazo social, de colectivos ecologistas, de asociaciones gremiales, de órganos consultivos del Gobierno gallego y de los partidos de la oposición en el Parlamento. Pero los planes de Altri –en asociación con el empresario gallego Manuel García Pardo– no son los únicos que han levantado en contra a vecinos, sectores productivos y expertos en la comunidad. Varias explotaciones mineras, la multiplicación de propuestas para parques eólicos o las plantas de biometano acumulan también críticas por su impacto negativo y han dado lugar a plataformas que se organizan para frenar estos planes.

Una de las iniciativas industriales que más protestas ha provocado en la última década en Galicia es la de la reactivación de la mina de Touro – O Pino. En 2017, cuando se presentó el primer proyecto para retomar la actividad, la extracción de cobre llevaba tres décadas parada sin que se hubiese hecho una recuperación adecuada del entorno. Una plataforma vecinal, con la mirada puesta en la contaminación nunca resuelta, se opuso a reabrir la explotación. Como en el caso de Altri, a la causa se sumaron entidades de la ría de Arousa, a la que llegarían, a través de afluentes del Ulla, los contaminantes. Las manifestaciones, caminatas reivindicativas y concentraciones se repitieron durante casi tres años y, en 2020, la Xunta terminó por anunciar que la declaración de impacto ambiental era desfavorable por los efectos que tendría en la zona y el aumento de la presión sobre el río.

Aquel celebrado carpetazo no fue, sin embargo, el final de la historia. La empresa, Cobre San Rafael, volvió a presentar ante la Xunta lo que asegura que es un proyecto nuevo, “más innovador y más verde”, creado desde “la escucha al territorio”. La respuesta de la Xunta fue declarar, a mediados de 2024, estos planes proyecto industrial estratégico, una fórmula favorable para el promotor porque permite acelerar los plazos de tramitación. El presidente gallego, Alfonso Rueda, aludió aquel día a que la empresa cumplía con sus promesas los requisitos establecidos para darle el amparo de esa figura y destacó el interés de la extracción de cobre, considerado mineral estratégico por la Unión Europea. La reactivación de la mina está actualmente a la espera de la declaración de impacto ambiental.

La plataforma vecinal Mina Touro – O Pino Non y la asociación Ecoloxistas en Acción, por la contra, no vieron cambios significativos en el proyecto y han vuelto a organizarse para batallar contra la reapertura de la mina, a la que presentaron miles de alegaciones. Enfrente, la empresa ha optado por la estrategia comunicativa de no dejar pasar las críticas y dar la réplica presentando su proyecto como algo que respaldan los propios vecinos, con fiestas y sorteos de camisetas de equipos de fútbol incluidos. Las alegaciones a favor no son lo habitual, pero la propia Cobre San Rafael difundió que, en este caso, se registraron unas 6.000.

Isabel García, miembro de la plataforma que se opone a la mina y portavoz de Ecoloxistas en Acción en lo que tiene que ver con la misma, recuerda que hay varios frentes abiertos: la declaración de proyecto industrial estratégico fue recurrida y Explotaciones gallegas, que es copropietaria de Cobre San Rafael, afronta una demanda penal por daños al medio ambiente. Con los antecedentes del proceso en el que ella está implicada, García pone todas las precauciones en su reacción al archivo de Altri. “Están haciendo lo mismo que hicieron con Touro: darle aire, tiempo, a la empresa para mejorar y ver si pueden sacar adelante las necesidades que tiene el proyecto. Mientras tanto, a ver si la oposición social se va diluyendo. Es una táctica que utilizan tanto el Gobierno como las multinacionales”. Lo que ve como algo positivo es que en estas luchas se han implicado varios colectivos y “no va a ser tan fácil” para los promotores. En Touro, el primer proyecto para volver a explotar la mina es de 2017 y nueve años después, reivindica, “no se está sacando un solo gramo”.

La de Touro no es la única explotación minera que ha generado oposición, bien de vecinos, bien de entidades ecologistas. La de Doade (en Beariz, Ourense), incluida entre los proyectos impulsados por la Unión Europea para extraer minerales críticos –en este caso, litio–, ha registrado más de 3.000 alegaciones en contra. La de Penouta (Viana do Bolo, Ourense) tiene paralizada la extracción de coltán tras la denuncia de Ecoloxistas en Acción. Y la de San Fins (Lousame, A Coruña) no llegó a tener producción en su último intento, a principios de 2023. Mariscadores y ecologistas protestaron contra el permiso dado por la Xunta para verter aguas contaminadas a un arroyo siete kilómetros por encima de la ría de Muros e Noia. Un año y dos meses después, el Gobierno gallego retiró esa autorización tras constatar que seguía contaminando.

Renovables, pero con riesgos

Aunque forman parte troncal de la estrategia europea para que la economía dependa menos de los combustibles fósiles, las energías renovables afrontan sus propias objeciones. Y estas suelen proceder de colectivos vecinales y de organizaciones ambientalistas, aunque pueda parecer una paradoja. En el caso gallego, se cuentan por decenas los proyectos eólicos encallados en la Justicia por posible daño ambiental. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha encontrado casos en los que no se evaluaron conjuntamente los impactos de todos los elementos de la explotación o en los que no se revisó lo suficiente el efecto sobre territorios incluidos en Red Natura o la presencia de especies protegidas. También hay casos de litigios para proteger patrimonio cultural, no solo natural.

La situación ha derivado en un parón en la eólica que la Xunta y el PP achacan en exclusiva a los jueces, pero que expertos atribuyen a que las deficiencias en el trámite ambiental en el Gobierno gallego hacen que los proyectos sean impugnables ante la Justicia y a que hay un mayor activismo en este ámbito. A principios de esta década, con la multiplicación de solicitudes para levantar nuevos parques también creció la oposición. En los despachos de la Xunta se acumularon tantos expedientes que el entonces presidente, Alberto Núñez Feijóo, anunció en 2021 una moratoria que impedía presentar más mientras no se fuesen resolviendo los que ya habían llegado a San Caetano. Fue el momento en el que se vieron más manifestaciones con el lema 'Eólica si, pero non así' en Galicia.

El foco se está colocando en los últimos meses sobre otra renovable: el biometano. Según los datos que dio el pasado octubre la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, en Galicia hay ocho plantas funcionando y otras tantas en tramitación. En aquella comparecencia, que era una respuesta a una pregunta del BNG en el Parlamento, Vázquez criticó las protestas contra los proyectos industriales de este tipo. Cuando se anuncia una planta, “aparece una plataforma”, dijo, tratando de relacionar la contestación con intereses de partidos políticos y no con los propios de vecinos o colectivos ecologistas.

El biometano y los purines

Solo unos días antes de que la conselleira defendiese los proyectos de biogás en la Cámara gallega, la empresa láctea lucense Lence anunciaba que renunciaba a la planta de biometano que quería levantar junto a sus instalaciones en el polígono de O Ceao por la creciente oposición social. En una carta firmada por Carmen Lence, presidenta del grupo, y publicada en el diario El Progreso, señalaba que el objetivo era dar solución al “problema urgente” en el que se habían convertido los purines de las granjas de animales.

En otros puntos de Galicia han nacido plataformas que se están organizando para tratar de frenar otros proyectos, como en Agolada (Pontevedra) o en la comarca de A Limia (Ourense). En este último caso, un colectivo reunió en enero más de 3.400 alegaciones contra el proyecto impulsado por Ence en Xunqueira de Ambía. Sostienen que se trata de una planta de gran tamaño que representa una “amenaza” para la salud humana por sus emisiones y también un riesgo para el entorno, dado que se proyecta junto a una zona de especial protección para las aves (ZEPA). Entre las entidades que presentaron sus objeciones está la Sociedade Galega de Historia Natural (SGHN), que señala contradicciones en las previsiones de consumo de agua, falta de datos y cuestiona que, teniendo en cuenta los gases de efecto invernadero que se van a liberar, el balance energético salga realmente a favor de las instalaciones.

El presidente de la SGHN, el biólogo e investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) Serafín González, duda de que este proyecto se pueda calificar de “verde” y critica que estas plantas, alimentadas con purines y otros desechos, se están utilizando en varios casos para justificar el modelo de las macrogranjas. Precisamente en A Limia, otra batalla medioambiental liderada por los vecinos del embalse de As Conchas ha terminado con una condena a la Xunta y al Estado confirmada por el Tribunal Supremo. El fallo señala que la inacción de estas administraciones supuso una vulneración de los derechos humanos de los residentes de la zona, sometidos a los efectos de la contaminación de las aguas por la presencia de grandes granjas de animales en la comarca.

El despliegue de plantas de biometano en entornos rurales ha generado un gran rechazo en territorios de alto valor vitivinícola. La preocupación no se centra únicamente en la transición energética, sino en el modelo de implantación y su compatibilidad con la protección del suelo agrícola y la identidad del paisaje del vino.

En la Denominación de Origen Calificada de Rioja, la Denominación de Origen más antigua de España, los distintos proyectos de Biometano han sido objeto de fuerte rechazo social y algunos han recibido ya informes ambientales desfavorables por su impacto paisajístico y territorial, en un contexto donde el viñedo constituye un eje económico y cultural.

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribera del Duero ha manifestado públicamente su rechazo ante la proliferación de Macrogranjas y Macroplantas de biometano dentro de su ámbito territorial, alertando del riesgo que determinadas actividades industriales pueden suponer para la imagen de calidad y la sostenibilidad del viñedo.

En el caso de la Denominación de Origen Toro, representantes del sector han trasladado en medios regionales su rechazo por la posible afección a suelos vitícolas y por la proximidad de instalaciones industriales a zonas de producción, reclamando planificación, distancias adecuadas y garantías ambientales que eviten impactos sobre el viñedo y el entorno rural.

En Castilla La Mancha, el Plan Regional de Biometanización ha acumulado miles de alegaciones ciudadanas. En municipios como Valdepeñas, la inquietud se centra especialmente en la aplicación del digestato como fertilizante y su potencial efecto sobre la calidad y el equilibrio del suelo agrícola.

La cuestión no es energía renovable frente a agricultura, sino ordenación territorial y protección del viñedo como patrimonio económico y ambiental. Si denominaciones consolidadas de reconocimiento mundial, reclaman la eliminación de estos proyectos, la pregunta es inevitable: ¿Vamos a permitir que nos pongan una industria de este tipo? ¿Qué opina la D.O. Valdepeñas?

En los últimos meses, varios municipios navarros se han movilizado para tratar de paralizar la instalación de plantas de biometano por los daños medioambientales que generan ante la cantidad de residuos que necesitan. En este contexto, la fundación ecologista Sustrai Erakuntza ha elaborado un informe en el que analiza las características de todas las plantas de biogás instaladas en la comunidad foral y de las que están proyectadas para alertar de los riesgos del 'boom' de estas instalaciones.

El informe detalla que actualmente en Navarra hay operativas seis plantas de biometano, a las que se le suman otras 15 en fase de tramitación o construcción. En octubre del año pasado el Parlamento foral aprobó una moratoria de un año para la apertura de nuevas plantas; sin embargo, desde la fundación Sustrai, su portavoz, Pablo Lorente, lamenta que hay tres que la han esquivado. Son las de Sesma, Arróniz y la planta de fangos de Tudela.

Las plantas de biometano generan biogás, una fuente de energía incluida en el grupo de las energías renovables que se produce a través de la descomposición anaerobia -sin oxígeno- de materia orgánica. Para ello mezclan residuos agrícolas, ganaderos, agroindustriales, lodos de depuradoras o residuos domésticos. Con la biometanización se produce el biogás, en el que predomina el metano y que, una vez depurado, se inyecta en la red general de gas natural. Pero lo que a simple vista parece algo positivo, la generación de energía renovable, esconde problemas como la contaminación de acuíferos y suelos, así como emisiones de gases perniciosos para la salud, malos olores y un aumento del tráfico de camiones de gran tonelaje cargados de purines.

Según los cálculos de Sustrai, entre las plantas de biometano existentes y las proyectadas, Navarra necesitaría gestionar al año más de 1,8 millones de toneladas de residuos, cuando la fundación cuantifica en unas 700.000 toneladas los residuos que se generan en la comunidad foral, según los datos recogidos en el censo ganadero del 2024.

“La falta de disponibilidad de materias primas para estas plantas provocará efectos negativos: o se produce un mayor despliegue de macrogranjas en la zona para asegurar la materia prima, o se genera un mayor tráfico de camiones para traer residuos de lugares más lejanos, junto a una mayor competencia entre las plantas para hacerse con residuos, y una mayor necesidad de ampliar el espectro de los residuos que reciben”, lamentan desde Sustrai.

A este problema se añade la gestión del digestato que permanece tras el proceso de biometanización (un 80% de los residuos utilizados en la producción de biogás). “Se necesitan extensos terrenos para fertilizar sin exceder la dosis. Sin embargo, la realidad nos señala que transportar el digestato a largas distancias es costoso, por lo que para ahorrar costes se sobrefertiliza en lugares cercanos a las plantas de biometanización. Resultado: aumenta el riesgo de contaminación de los terrenos por exceso de nitratos. Un problema añadido y que agravará la pésima situación actual”, explican.

El Gobierno de Navarra ha tenido que ampliar las zonas consideradas vulnerables a la contaminación por nitratos en la comunidad foral, que han pasado de cuatro zonas y 99.259 hectáreas designadas en 2020, a doce zonas y 247.854 hectáreas en la actualidad.

“La planificación pública exige un análisis de las necesidades locales, y en base a ello, la puesta en marcha de plantas descentralizadas, con gestión cooperativa y apoyo público. Necesitamos un plan de biometanización al servicio del desarrollo local y de la salud y el futuro fértil de nuestro suelo y agua”, concluye el informe.

El digestato es un subproducto derivado la generación de biogás y biometano. Se trata de un material sólido-líquido residual rico en nutrientes resultante de la digestión anaeróbica de materia orgánica: desechos agrícolas, ganaderos o urbanos.

Según el Ministerio para la Transición Ecológica, una planta de biogás produce digestato en una cantidad que equivale en torno al 90% de la materia orgánica introducida en el biodigestor, ya que solo una pequeña parte se convierte en biogás. Generalmente, se obtiene aproximadamente una tonelada de digestato por cada tonelada de residuo fresco procesado, variando según la humedad del sustrato.

Así, en los últimos años, este residuo se ha convertido en un quebradero de cabeza para las nuevas instalaciones de biogás o biometano que proliferan en toda España. Porque su tratamiento final se está realizando a base de su conversión en compostaje, una actividad que principalmente se realiza al aire libre, tiene impacto ambiental y produce malos olores, lo que ha desatado numerosas denuncias de los colectivos ecologistas.

Estas asociaciones consideran que la extensión de este residuo en los campos circundantes a las plantas de biogás es “inviable”, ya no solo ambientalmente, sino que puede provocar impactos en los acuíferos y en la contaminación por nitratos.

Por eso es una de las trabas que están encontrando en Castilla-La Mancha los más de 70 proyectos de producción de biogás que están intentando instalarse en la región o que ya operan en ella. La mayoría cuenta con la oposición vecinal y en algunos casos de los propios ayuntamientos, lo que ha llevado incluso a ordenanzas municipales para prohibir su instalación.

Este es el contexto que una start-up española lleva años estudiando para ofrecer una solución a la gestión de este residuo. La empresa es Biotecnología Bioeconómica y opera en todo el país, pero está especialmente interesada en el territorio castellanomanchego, al ver la contestación social derivada de los problemas que genera el digestato.

Del estudio de valoración a la patente

Su apoderado, Javier Martínez, explica que la compañía, fundada en 2023, tiene como objetivo la gestión de residuos orgánicos (principalmente digestato y lodos de depuradoras de aguas residuales) para convertirlos en productos de alto valor como grasas, aceites y fertilizantes para la agricultura. Es decir, trabaja en la valorización de residuos y además genera créditos de carbono (permiten a las empresas obtener compensaciones económicas por no generar contaminación).

Pese a su reciente fundación, esta empresa lleva estudiando la gestión de residuos desde hace ocho años. Ha patentado el biodigestor ‘Aerobio’ para residuos orgánicos. Comenzó ofreciendo esta solución al sector ganadero para el tratamiento de purines y estiércol, pero ahora quiere fomentar su actividad en el área del biogás y el biometano, como “líderes del mercado en captación de residuos”.

“Actualmente, ninguna planta de biogás en España ha encontrado solución ambiental al problema del digestato. Todo el mundo sabe que es un problema, lo reconocen en privado, pero pasan por encima de la solución”, afirma Martínez.

Como ejemplo pone a la planta de biometano de Noez, en los Montes de Toledo, cuya puesta en marcha provocó las protestas del pueblo vecino de Casasbuenas, a cuya vecindad afectan los malos olores derivados del tratamiento de residuos. Es una instalación que esta empresa ha estado analizando.

Pero, ¿en qué consiste su solución? La start up ha detectado que los técnicos de las administraciones públicas “retardan” las concesiones medioambientales porque las soluciones de los promotores de biogás se encuentran, al generar digestato, con el mismo problema que el de los purines y los estiércoles de las macrogranjas. “Porque el compost es una palabra mágica, pero no es un buen fertilizante y su elaboración se hace al aire y tiene impacto ambiental. Además, supone un gasto para los promotores de biometano”.

Estudiaron así las cualidades del digestato y comprobaron que en la mayoría de los casos pierde valor nutritivo, pero si se le añaden algunos “correctores”, existe una solución. “Se basa, fundamentalmente en ponerlo a dieta, en complementarlo”.

El proceso se inicia con un análisis nutricional del residuo. “Vemos qué le falta para que sea más completo, generalmente proteínas o carbohidratos”. Posteriormente, se mezcla, se tritura y con eso se pone “a dieta”. Posteriormente, en el biodigestor, se mezcla ese producto con las larvas de la mosca 'soldado negra', que se crían en la misma nave y la utiliza como elemento de crecimiento y de aprovechamiento.

“En 15 días hace desaparecer la dieta, se desarrolla y, cuando eso ocurre, extraemos de la larva todos sus componentes, como se extrae el aceite de una aceituna. Los procesamos allí mismo y los convertimos en productos finales para uso agrícola”, detalla el apoderado de la compañía.

Según afirma, en ese momento “ya no hay residuo, desaparece”. Lo que se obtiene cada dos semanas son “productos de valor”, que se ofrecen en 'biopacks' y que son “incluso más rentables que el propio gas” en cuanto al retorno de la inversión.

Una de las ventajas que esta empresa destaca es que el proceso se realiza en naves que ellos mismos se encargan de instalar en los terrenos de las plantas de biogás, a la medida de su nivel de producción. Estas naves, destaca, no tienen impacto ambiental, son herméticas y están climáticamente controladas. “Da igual la climatología exterior, porque dentro se mantienen las mismas condiciones de temperatura, humedad y calidad del aire”.

“Si la instalamos en el mismo terreno en el que está la planta de biogás y nos dan acceso al tubo por el que sale el digestato, este residuo ni siquiera tocaría el aire de la calle y desaparecería en nuestra planta. Sale ya convertido en grasas, aminoácidos, fertilizantes. Ahí ya no existe el problema”.

Una vez puesta en marcha, a los dos meses, ya funciona siempre igual, con el mismo proceso, al tratarse de un circuito cerrado. “También genera empleo local porque contratamos a gente de la zona y nos encargamos de la formación”. Asimismo, los productos finales, los bioestimulantes, se intentan vender a los agricultores del pueblo y de la comarca.

¿Y el impacto ambiental y la financiación?

Otra ventaja que ensalzan: es la propia empresa la que tramita con la Administración autonómica su expediente de impacto ambiental. “Lo hacemos nosotros como empresa independiente. La promotora de la planta de biogás no tiene que hacer nada, e incluso puede solicitar un expediente informativo de mejora, lo que optimizaría su posición” en cuanto al impacto ambiental.

Una planta pequeña de tratamiento de digestato puede costarle a Biotecnología Bioeconómica entre 9 y 12 millones de euros, para su uso durante 20 años. Sin embargo, las ofrecen de manera gratuita. “Nos ocupamos de todas las inversiones y de vender el producto final. En cada planta, constituimos una ‘Sociedad Proyecto’ (SPV en sus siglas en inglés) y buscamos fondos de inversión o de capital riesgo para financiarlo”. Actualmente, la empresa tiene un acuerdo con una de las cuatro grandes consultoras, las denominadas Big Four, para que se encargue de buscar los fondos de inversión.

La empresa dice haber constatado que “se retribuye muy bien al inversionista” y que esta mecánica les permite “ser autónomos” y no cobrar a la planta de biogás. “Eso le supone un ahorro de dinero, pero también otro más importante, que es el ahorro medioambiental”.

Es como si a la industria del gas le costase reconocer que hay una solución fantástica que no les cuesta dinero

No obstante, en esta empresa lamentan que a los promotores “les cuesta trabajo” contratar esta solución, cuando “deberían entender que la autorización ambiental será más ágil, porque somos muy eficientes medioambientalmente”. “Nos cuesta mucho trabajo porque hay muchos intereses cruzados”, lamentan.

 “Creemos que tenemos el mejor sistema de gestión del digestato y de los lodos de depuradora. Hacemos desaparecer in situ el problema del residuo y las plantas ganan una calificación mayor. Debería estar la gente llamándonos a la puerta, pero no hay manera. Es como si a la industria del gas le costase reconocer que hay una solución fantástica que no les cuesta dinero”, concluye Javier Martínez.

Esta empresa ya tiene una nave “pendiente de permisos” en una planta de biogás de Lleida, donde se procesan hasta 30.000 toneladas de digestato en un terreno de dos hectáreas. También está en trámite otro proyecto en una planta de depuración de agua en Canarias y actualmente está en negociación con unos 30 proyectos de biogás y depuradoras en Galicia, Aragón y Andalucía.

El futuro Parque Científico y Tecnológico de Economía Circular 'Los Palancares' de Cuenca sigue sumando polémicas. Este proyecto, cuya promotora es la Diputación Provincial y que ya tiene luz verde ambiental para su urbanización interior y para las conexiones exteriores, sigue en el punto de mira de los colectivos ecologistas, quienes ahora denuncian que se han incorporado tres nuevas plantas de gas e hidrocarburos, con “alto impacto ambiental y opacidad” por parte de la institución provincial.

Con 800.000 metros cuadrados de suelo industrial, el futuro parque se tramita como Plan de Singular Interés (PSI) mediante un procedimiento de evaluación ambiental estratégica, puesto que supone la modificación del planeamiento municipal de la ciudad Cuenca. Incluye en total nueve proyectos urbanizadores por un importe de entre 24 y 30 millones de euros, según estima la Diputación provincial.

Ahora, Ecologistas en Acción de la Manchuela denuncia que uno de los proyectos, el denominado 'Nueva Planta I+D del Centro Nacional del Hidrógeno' (NPIDi) incluye cinco plantas piloto más pequeñas que las del anterior proyecto, exclusivamente para uso en investigación. De ellas, dos ya se presentaron, y tres son nuevas y hasta ahora no se habían hecho públicas.

Según el informe que ha realizado este colectivo y al que ha tenido acceso elDiario.es Castilla-La Mancha, estas plantas no generarán energía neta. Al contrario, “la consumirán en su funcionamiento” puesto que se requiere un total de 740 kilovatios de potencia eléctrica.

“También se requerirá energía en el transporte de las materias primas y personal. Los productos obtenidos (gases, combustibles líquidos, subproductos) serán recogidos por gestores autorizados o bien se quemarán en antorchas”, agrega. Sin embargo, en el documento ambiental, aunque la promotora admite afección “sobre los factores climáticos de carácter significativo en el ámbito local, permanente y sinérgico”, el proyecto se considera “compatible” al disponer de “medidas preventivas y correctoras”.

En este documento, Ecologistas en Acción considera “sorprendente” que no se haya evaluado la afección de las columnas de humo generadas por las chimeneas y antorchas de las plantas, ni sobre el aterrizaje y despegue de los helicópteros de la base de las brigadas aerotransportadas (BRIF), que se ha construido en la parcela colindante.

"El proyecto conlleva el estancamiento de masas de aire frío cerca de la superficie y con ello los gases y humos"

Carlos Villeta — Ecologistas en Acción de la Manchuela

Reitera además la frecuencia de situaciones de “inversión térmica” en el valle del río Moscas (uno de los 'puntos calientes' del impacto ambiental del proyecto) que “conllevan el estancamiento de masas de aire frío cerca de la superficie y con ello los gases y humos”.

“El destino único de estas plantas es la investigación científica, pero solo hay grupos de investigación en hidrógeno en la región en Puertollano, concretamente en el Centro Nacional de Experimentación de Tecnologías de Hidrógeno y Pilas de Combustible (CNH2). Cada vez que los investigadores visiten la planta deberán recorrer 612 kilómetros por carretera”, precisa Carlos Villeta, de Ecologistas en Acción.

Por todo ello, Ecologistas en Acción ha presentado este informe ante la Consejería de Desarrollo Sostenible en calidad de interesado, solicitando que el proyecto se someta a evaluación ambiental ordinaria por su “elevado impacto” y sus afecciones a la mencionada microrreserva.

Agregan asimismo que la Diputación tampoco ha explicado por qué se presentó “a bombo y platillo” una planta de biogás y otra de hidrógeno en febrero 2023, “comprometiéndose a facilitar el proyecto” para después, comunicar al Consejo de Transparencia el 11 de febrero de 2024 que no había ningún proyecto de planta de biogás. Para Carlos Villeta, el presidente de la Diputación, el socialista Álvaro Martínez Chana “tiene que dar muchas explicaciones”.

Este medio se ha puesto en contacto con la institución provincial, como promotora del proyecto, para recabar información y valoración sobre las nuevas plantas que denuncian los ecologistas. Por el momento no ha habido respuesta.

Las cinco plantas de I+D de 'Los Palancares'

Según la información recabada, en total serán cinco plantas de este tipo las que se instalarán en el futuro parque de 'Los Palancares'. La primera de ellas será para electrólisis alcalina: utiliza un electrolizador para dividir las moléculas de agua en hidrógeno gaseoso (H2) y oxígeno gaseoso (O2) utilizando electricidad. Consumirá 550 litros de agua al mes.

La segunda de las instalaciones sería una planta piloto de gasificación de biomasa, obtenida de residuos forestales (podas y limpieza de montes) y agrícolas de la zona y de la empresa Ayuntamiento de Cuenca Maderas S.A., mediante el uso de oxígeno como agente gasificante procedente de la planta de electrolisis alcalina. La previsión es que obtenga 2.850 kilogramos al mes de este producto, que se almacenará en botellas hasta su retirada por un gestor autorizado. Contempla su quema en antorcha de seguridad si fuera necesario.

La tercera planta piloto será para digestión anaerobia (microorganismos que metabolizan sin oxígeno) y upgrading (obtención y mejora) de biogás. Esto quiere decir que se producirá la transformación biológica de los residuos orgánicos procedentes de distintas fuentes (alperujo de almazara, residuos vitivinícolas, lactosuero, aguas azucaradas, entre otras). El biogás se almacenará en botellas en la zona de almacenaje. También prevé su posible quema en una antorcha de seguridad.

Por otro lado, el proyecto contempla una cuarta planta piloto, en este caso de metanol, que se realiza mediante la hidrogenación del CO2. Previo a la reacción se mezclan el CO2, el H2 (o gas de síntesis procedente de la planta piloto de electrolisis alcalina).

Finalmente, la quinta planta piloto sería para la producción de hidrocarburos. Para ello, se someterá CO2, N2 y H2 a la reacción de Fischer-Tropsch: polimerización donde se unen CO y H2 para formar cadenas carbonadas. Posteriormente, se realizará una separación de fracciones. Los gases y las fracciones ligeras se quemarán y las pesadas se recircularán. Solo las fracciones intermedias se almacenarán. No se menciona el destino de los hidrocarburos obtenidos.

Otro proyecto “histórico” de la Diputación de Cuenca

Este no es el único proyecto en el que la Diputación de Cuenca actúa como promotora. El pasado mes de febrero, la institución provincial firmó con el Gobierno de Castilla-La Mancha un convenio de colaboración para la construcción de una nueva planta de gestión de residuos cuya inversión total asciende a 46 millones de euros. Este convenio se enmarca entre las actuaciones y objetivos del Plan regional de Prevención y Gestión de Residuos 2030.

El nuevo centro de tratamiento de residuos sólidos urbanos de Cuenca ha llegado a calificarse como “la obra más importante de la historia” de la Diputación de Cuenca. Estará ubicado a 20 kilómetros de la capital en la pedanía de Villanueva de los Escuderos, en el término municipal de Cuenca, en una parcela de 14 hectáreas y con capacidad para 70.000 toneladas de residuos. Estará compuesta por una planta de tratamientos urbanos y biorresiduos, área de compostaje, edificios auxiliares, urbanización y un vertedero de rechazos.

El proyecto contempla, además, líneas para la obtención de compost de calidad y combustible sólido recuperado y tiene prevista una función divulgadora con un aula de educación ambiental que permita convertir al centro de tratamiento de residuos sólidos urbanos en un lugar de formación e información. Su puesta en funcionamiento está prevista para 2028.

Durante años, Campos del Paraíso, municipio de la provincia de Cuenca compuesto por los pueblos de Carrascosa del Campo, Valparaíso de Arriba, Valparaíso de Abajo, Loranca del Campo y Olmedilla del Campo, como tantos otros lugares de la España rural, ha sido tratado como un espacio disponible. Un lugar donde ubicar infraestructuras, proyectos energéticos, trazados o explotaciones que otros deciden y otros aprovechan. Un territorio al que se le pide comprensión, sacrificio y silencio, pero al que rara vez se le devuelve poder, servicios o futuro.

Nada de esto es nuevo. Una comarca llena de parques fotovoltaicos, eólicos, infraestructuras que atraviesan sin quedarse, proyectos extractivos o ganaderos que prometen desarrollo y dejan poco más que impactos.

Todo ello ha ido sedimentando una sensación difusa, casi resignada, de injusticia. Una suma de agravios que, de manera aislada, no siempre encuentra cauce, social, político o respuesta colectiva.

Hasta que algo ocurre.

En Campos del Paraíso, ese algo ha sido un proyecto de planta de biometano. No tanto por lo que es técnicamente -que no explicaré aquí- sino por lo que ha significado simbólicamente. Ha actuado como detonante. Como ese punto en el que distintas frustraciones, miedos y experiencias previas empiezan a reconocerse entre sí. Como si, de repente, muchas demandas dispersas encontraran un mismo nombre.

Lo que estamos viendo estos días no es solo una oposición vecinal a un proyecto concreto. Es algo más profundo. La construcción de un pueblo en sentido político y sociológico. Personas que hasta ahora no habían compartido espacios de deliberación, que no se habían organizado juntas, empiezan a hacerlo. Cazadores, agricultores, jóvenes, mayores, gente que pasea, que corre, que vive el territorio de formas distintas, pero que lo reconoce como propio.

La teoría populista -en el sentido positivo de la palabra- explica que el pueblo no existe de antemano, sino que se construye cuando distintas demandas se articulan en una cadena común frente a un poder que las ignora. Aquí ha ocurrido algo parecido. El biogás o biometano ha funcionado como un significante capaz de condensar una experiencia compartida: la de sentirse, una vez más, territorio de sacrificio.

Y frente a esa lógica dominante, la que presenta estos lugares como espacios vacíos, disponibles, gestionables desde lejos, ha emergido una respuesta democrática y activista. Más de cien personas asistiendo a una primera asamblea vecinal. No para gritar, sino para entender, organizarse, repartirse tareas, crear una asociación, pensar colectivamente cómo defender su derecho a decidir sobre el lugar en el que viven.

Eso es democracia. Eso es activismo. Y eso también es política, de la más genuina sin duda alguna.

No se trata de romantizar el conflicto ni de idealizar la movilización. Tampoco de negar la complejidad de la transición ecológica o la necesidad de nuevas formas de producción energética. Se trata de quién decide, cómo se decide y con quién se habla. Se trata de romper una hegemonía que convierte a los pueblos en receptores pasivos de decisiones ajenas y de construir otra en la que sean sujetos activos.

La radicalidad democrática no está en el ruido, sino en el método. Información, organización, participación, instituciones fuertes y claras. Parar un proyecto, si así se decide colectivamente, pero también reforzar los mecanismos para que no vuelva a suceder sin transparencia ni diálogo.

Al final de la asamblea, cuando la gente ya se iba, un vecino de 84 años se me acercó con lágrimas en los ojos. Me dijo que contara con él para lo que hiciera falta, dentro de lo que su edad le permitiera. No hablaba de biometano. Hablaba de dignidad. De sentirse parte de algo colectivo.

Quizá de eso va todo esto. De que un pueblo que, acostumbrado a ser espacio, ha decidido empezar a ser sujeto.