España, como cualquier otro país, genera millones de toneladas de residuos orgánicos cada año. Pero buena parte de ellos podrían dejar de ser únicamente un problema para convertirse también en una fuente de energía. Esa es una de las oportunidades que ofrece el biometano, un gas renovable que puede aprovechar las infraestructuras gasistas existentes y contribuir tanto a la descarbonización como a reducir la dependencia energética del exterior. Y sin embargo, entre su enorme potencial teórico y su implantación real todavía existe una distancia considerable.

Sobre cómo acortar esa brecha ha girado buena parte de la mesa Biometano: del residuo a la competitividad energética, celebrada en el marco del V Foro ReGenera de elDiario.es. Moderada por el periodista Antonio M. Vélez, la charla ha reunido a Jorge Castro, jefe de Servicio en la Subdirección General de Hidrocarburos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico; Ángeles de la Rubia Romero, profesora titular de Ingeniería Química de la Universidad Autónoma de Madrid; Joan Batalla, presidente de Sedigas, y Matteo Vaglio, director de Biocombustibles de Moeve.

El punto de partida ha permitido hacerse una idea del recorrido pendiente. Castro recordaba la evolución experimentada en apenas cinco años: España ha pasado de contar prácticamente con una única planta de biometano a tener alrededor de una treintena operativas, mientras existe una cartera de cientos de proyectos en distintas fases de desarrollo. Un crecimiento que el representante del Ministerio ha enmarcado en una estrategia más amplia para reducir la dependencia energética española y avanzar en la descarbonización.

La oportunidad no es menor. Batalla ha situado en 163 TWh el potencial español de producción de biometano, según una estimación realizada por Sedigas en 2023, una cantidad que equivaldría aproximadamente a la mitad de la demanda actual de gas natural. Frente a las alrededor de 30 plantas españolas, recordó que en Europa funcionan ya más de 2.000. “El biometano es una realidad, no es una promesa”, ha defendido.

Para el presidente de Sedigas, además, se trata del “paradigma de proyecto de circularidad”: permite gestionar residuos que ya existen y convertir parte de ellos en energía. España genera, según las cifras expuestas por Batalla, unos 112 millones de toneladas de residuos al año, una parte importante de origen orgánico. Su aprovechamiento puede contribuir también a abordar problemas asociados a una gestión inadecuada, desde la contaminación de acuíferos hasta las emisiones.

Las barreras para despegar

Que exista materia prima, sin embargo, no significa que el potencial vaya a materializarse automáticamente. Uno de los principales obstáculos señalados por Batalla es el tiempo necesario para sacar adelante los proyectos. “La tramitación puede ser del orden de cuatro o cinco años”, afirma. Existe, sostiene, “apetito inversor”, pero para transformarlo en nuevas instalaciones hace falta reducir incertidumbres y contar con “un marco regulatorio estable y predecible”.

Castro explica que el Gobierno trabaja precisamente en ese nuevo escenario normativo. El Ministerio está abordando la transposición de la directiva europea del gas, que obligará a modificar la legislación española de hidrocarburos, y prepara también un Real Decreto destinado específicamente al biometano. El objetivo es proporcionar mayor certidumbre al sector y establecer al mismo tiempo criterios que garanticen la sostenibilidad de los proyectos.

En este sentido Vaglio, señaló que el desarrollo del biometano no solo contribuye a la descarbonización, sino que también refuerza la seguridad de suministro y la competitividad industrial europea. España, afirmó, dispone de una posición privilegiada gracias a la disponibilidad de residuos, la calidad de sus infraestructuras gasistas y unos costes competitivos para el desarrollo de nuevos proyectos. Además, defendió que los mecanismos europeos de certificación permitirán optimizar el intercambio de gases renovables entre países y aprovechar las fortalezas específicas de cada mercado.

Asimismo, puso en valor el papel del digestato como uno de los grandes vectores de aprovechamiento de la economía circular vinculada al biometano. Este subproducto puede utilizarse como fertilizante y contribuir a reducir la dependencia europea de importaciones procedentes de mercados externos, aportando una mayor estabilidad a agricultores y productores. A ello se suma su potencial de valorización futura mediante nuevas soluciones tecnológicas que permitirán maximizar la eficiencia y el rendimiento de las plantas de biometano

Precisamente por eso Vaglio introduce un matiz ante la posibilidad de que España llegue a convertirse en exportadora. “El primer reto que tenemos es un reto de consumo interno”, señala. Aunque reconocía que el potencial teórico podría acercarse a la mitad de las necesidades españolas de gas, considera que alcanzar alrededor de un 10% durante la próxima década ya supondría un avance muy importante. “Antes de pensar en exportarlo, nosotros somos un país importador de gas. Creo que el destino del gas es interno”, afirma.

Batalla amplía, no obstante, el horizonte. España tiene, a su juicio, “una oportunidad para tener un recurso autóctono” capaz de responder a las necesidades del sector productivo y doméstico y, en el futuro, “contribuir a la descarbonización del resto de Europa”.

Vaglio también destaca algunas ventajas competitivas españolas: disponibilidad de residuos, costes de construcción y una infraestructura gasista que considera entre las mejores de Europa. El coste final depende, sin embargo, de cuestiones tan físicas como la distancia entre los residuos y las plantas. Cuántos kilómetros debe recorrer un camión cargado de materia orgánica puede acabar siendo tan importante como la tecnología utilizada para transformarla.

Del biogás al biometano

Ese último punto abría una de las cuestiones más interesantes de la mesa: producir energía a partir de un residuo no significa necesariamente que el problema ambiental desaparezca. Ángeles de la Rubia situaba el foco precisamente en todo aquello que ocurre antes y después de obtener el biometano.

“En la digestión anaerobia se produce biogás, no se produce biometano. Esto me gustaría dejarlo bien claro”, ha puntualizado la profesora de la UAM. La digestión anaerobia permite que un conjunto de microorganismos transforme materia orgánica residual en biogás y en un material denominado digestato. El primero contiene alrededor de un 65% de metano y debe someterse posteriormente a un proceso de mejora hasta alcanzar aproximadamente un 95% para convertirse en biometano asimilable al gas natural.

El proceso presenta una ventaja importante: permite abordar simultáneamente la gestión de residuos, la producción energética y la recuperación de nutrientes. Pero estos últimos no desaparecen. El nitrógeno y el fósforo presentes en los residuos permanecen en el digestato y este puede aprovecharse como mejorador del suelo, siempre que se utilice correctamente.

El problema aparece cuando se aplica más de lo que los cultivos pueden absorber. “Si aplicamos al suelo más cantidad de digestato [...] que lo que las plantas pueden asimilar, lo que vamos a provocar es que al final ese excedente acabe en nuestros acuíferos y se acumule también en los suelos”, advirtió De la Rubia.

La cuestión resulta especialmente importante en territorios con una elevada concentración ganadera. Tratar los purines mediante digestión anaerobia y devolver después todo el digestato a unos terrenos ya saturados de nutrientes puede limitarse, en palabras de la experta, a “pasar el problema desde la granja hasta nuestras parcelas”. Una posible solución consiste en extraer y concentrar esos nutrientes para transportarlos allí donde sean necesarios, en lugar de trasladar grandes cantidades de un digestato compuesto en buena medida por agua.

Plantas, territorio y aceptación social

La escala de las instalaciones aparecía así como otro elemento esencial. De la Rubia defiende que “no existe un tamaño óptimo aplicable a todos los casos”. En pequeñas explotaciones aisladas puede tener sentido utilizar la digestión anaerobia principalmente para gestionar mejor los purines; en instalaciones centralizadas, con mayor disponibilidad de residuos, puede avanzarse hacia la producción de biometano. Y en áreas con una elevada densidad ganadera hay que resolver también qué hacer con el excedente de nutrientes.

Batalla incide, por su parte, en la necesidad de que los proyectos tengan en cuenta desde el principio el territorio en el que se instalan. El despliegue del biometano está encontrando oposición social en algunos lugares y, a su juicio, el sector “necesita mejorar la información, la transparencia y la participación de las comunidades locales”. También debe evitar modelos que obliguen a transportar residuos a grandes distancias para alimentar plantas sobredimensionadas respecto a los recursos disponibles en su entorno.

De ese modo, el debate ha terminado alejándose de una visión del biometano basada únicamente en cuántas plantas pueden construirse o cuántos teravatios hora podrían producirse. El verdadero desafío consiste en conseguir que toda la cadena funcione: disponer de residuos próximos, agilizar los permisos, generar demanda, ofrecer certidumbre a la inversión, mantener costes competitivos, integrar las instalaciones en el territorio y gestionar adecuadamente el material que queda después del proceso.

Porque convertir un residuo en un recurso abre una oportunidad energética, económica y ambiental, pero no elimina por arte de magia los problemas asociados a ese residuo. Como ha resumido De la Rubia al referirse al digestato, bien utilizado “tiene un potencial, una valorización material”; mal utilizado, en cambio, “acaba efectivamente contaminando suelos y acuíferos”. Una diferencia que resume buena parte del desafío del biometano: su potencial depende tanto de cuánto seamos capaces de producir como de cómo decidamos hacerlo.

La Plataforma Ciudadana Stop Biometano de Daimiel ha pedido al alcalde del municipio, Leopoldo Sierra, que las declaraciones de rechazo a las macroplantas de residuos y biometano se traduzcan en “resultados tangibles” ante el proyecto de una instalación de este tipo en la localidad, con una capacidad prevista de 486.000 toneladas al año.

Concretamente, este colectivo social ha registrado un ruego para el pleno municipal de octubre en el que pide al alcalde que acelere la elaboración del informe socioeconómico y ambiental sobre Daimiel, lo presente ante la Corporación local y someta a votación la “no conformidad” del Ayuntamiento con la instalación de la planta, remitiendo posteriormente el acuerdo y el informe a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

El objetivo es que el Ayuntamiento emita un rechazo efectivo contra esta instalación, es decir, un veto municipal que impediría la construcción de la macroplanta, en virtud de la última reforma de la Ley de Evaluación Ambiental, al igual que ha sucedido en Carrión de la Calatrava.

Stop Biometano Daimiel reconoce las manifestaciones públicas realizadas por el alcalde contra este tipo de instalaciones y las actuaciones municipales iniciadas en materia urbanística. Sin embargo, considera que ha llegado el momento de pasar “de los anuncios a los resultados”.

Afirma que, aunque el alcalde ha anunciado que se modificará el Plan de Ordenación Municipal (POM) y se preparará un informe socioeconómico y ambiental para llevarlo posteriormente al pleno, hay actuaciones concretas que el Ayuntamiento debe completar “de forma urgente”.

No pedimos al alcalde que vuelva a decir que está en contra. Le pedimos que termine el informe, lo lleve al pleno, se vote y se comunique el acuerdo a la Junta

La primera de ellas es el mencionado informe, para poder someterlo a la votación del pleno municipal y remitir el acuerdo a la Junta de Castilla-La Mancha. El propio ruego registrado reclama que este trabajo se acelere y se complete durante este año. “No pedimos al alcalde que vuelva a decir que está en contra. Le pedimos que termine el informe, lo lleve al pleno, se vote y se comunique el acuerdo a la Junta.”

La plataforma considera especialmente relevante que en 2023 el Ayuntamiento emitiera un informe de “compatibilidad urbanística favorable” relacionado con el proyecto. Por ello, entiende que si la posición municipal ha cambiado, ese cambio debe quedar reflejado ahora en actuaciones y acuerdos formales, y no únicamente en “declaraciones públicas”.

Pone como ejemplo la actuación desarrollada por otros municipios próximos. Carrión de Calatrava y Torralba de Calatrava ya han llevado sus respectivas posiciones sobre las macroplantas de biometano a sus órganos plenarios. “Si a estos municipios les ha dado tiempo a hacer su trabajo y llevar su posición al pleno, ¿por qué Daimiel todavía no lo ha hecho?”, se pregunta.

Precisamente por la gran dimensión del proyecto de Daimiel, el Ayuntamiento “debería actuar con especial diligencia”: supone un “gran impacto” en el entorno del Parque Nacional de las Tablas, lo que hace necesario que el Ayuntamiento disponga cuanto antes de “un análisis municipal riguroso sobre sus posibles efectos ambientales, territoriales, económicos y sociales”.

“Estamos hablando de una instalación de 486.000 toneladas de residuos al año en el entorno de Las Tablas de Daimiel. Ante un proyecto de esta magnitud no basta con decir que se está trabajando: los ciudadanos tienen derecho a conocer qué se ha hecho, qué falta por hacer y cuándo se va a terminar el trabajo. Daimiel necesita hechos, no palabras”, concluye la plataforma.

La Plataforma Ciudadana contra la Macroplanta de Biometano en Plasencia ha convocado para el próximo 23 de octubre a las 20:00 horas una concentración en la plaza Mayor de la ciudad para mostrar su rechazo al proyecto.

La convocatoria, autorizada por la Subdelegación del Gobierno, se desarrollará bajo el lema 'Plasencia no es un vertedero, movilizarse sí sirve', según ha informado la plataforma.

La organización ha señalado que la movilización se celebrará después del cierre de los comercios y ha animado a participar a ciudadanos, jóvenes, estudiantes, profesionales, asociaciones y empresarios del comercio y la hostelería.

La plataforma ha reclamado asimismo a la Junta de Extremadura que responda a las alegaciones presentadas contra el proyecto de planta de biometano.

Según sus datos, más de 2.500 ciudadanos suscribieron alegaciones cuyo plazo de presentación finalizó el pasado 3 de agosto.

El colectivo ha apuntado que entre las alegaciones figuran informes de técnicos del área de Urbanismo del Ayuntamiento de Plasencia “que consideran que el emplazamiento solicitado para la planta es un uso prohibido por el Plan General Municipal y, por tanto, no autorizable”.

También ha asegurado que en las alegaciones se advierte de posibles efectos sobre el empleo, el valor de las viviendas, el medio ambiente y los recursos hídricos, entre otros aspectos.

La plataforma cuenta actualmente con 94 miembros y ha constituido cuatro grupos de trabajo centrados en aspectos jurídico-técnicos, movilización ciudadana, comunicación y participación de jóvenes y redes sociales. 

El pleno municipal lo rechazó por unanimidad y ahora el Gobierno de Castilla-La Mancha lo ha archivado. El proyecto para la construcción de una planta de biometano en Carrión de Calatrava, junto al Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, en Ciudad Real, ya está archivado, en virtud de la reciente modificación de la Ley de Evaluación Ambiental que permite a los ayuntamientos vetar proyectos que consideren nocivos para sus municipios.

Una vez materializado el 'no' de la Corporación local, el Gobierno de Castilla-La Mancha procederá al archivo definitivo del expediente para la construcción de esta planta, pese a que llegó a ser declarada proyecto “prioritario” por el propio Ejecutivo autonómico.

Así lo ha anunciado el vicepresidente segundo del Ejecutivo autonómico, José Manuel Caballero, precisamente durante su visita a Carrión de Calatrava para la puesta en marcha del nuevo servicio ASTRA, donde ha asegurado que la Consejería de Desarrollo Sostenible comunicará “en las próximas horas” al Ayuntamiento la finalización del procedimiento.

“No habrá planta de biometano aquí en Carrión de Calatrava”, ha sentenciado Caballero, quien ha recordado el compromiso adquirido meses atrás tanto por el alcalde, Dionisio Moreno, como por el Gobierno regional de que el proyecto no saldría adelante sin consenso social. “Es evidente que no ha reunido el consenso social y es evidente también que hemos cumplido nuestra palabra”, ha señalado.

El anuncio culmina una controversia iniciada a finales de 2024 alrededor del proyecto que planteaba levantar en el término municipal de la localidad una instalación destinada a producir biometano a partir de residuos orgánicos procedentes principalmente de actividades ganaderas y agrícolas, mataderos, almazaras y depuradoras.

La iniciativa provocó desde sus primeros pasos una importante contestación social en Carrión, donde llegó a constituirse una plataforma vecinal contra la planta y se llevaron a cabo varias movilizaciones. De hecho, su representante, Carmelo Donoso, participó en Toledo en la presentación de las alegaciones de la Plataforma Stop Biometano de Castilla-La Mancha, a la cual pertenece, contra el futuro decreto que prepara el Gobierno regional para restringir estas instalaciones.

Mientras este decreto sigue sin aprobarse, el escenario que allanaba este camino cambió este verano con la reforma de la Ley de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, aprobada por las Cortes regionales el 16 de julio, que reforzó la participación de los ayuntamientos para decidir sobre los proyectos planteados en sus términos municipales.

Al amparo de esa nueva regulación, el pleno de Carrión, reunido el pasado 17 de septiembre, aprobó por unanimidad su “no conformidad” con la planta y acordó trasladar esa decisión a la Dirección General de Calidad Ambiental para poner fin a la tramitación.

“Carpetazo” al proyecto de Carrión

Según ha explicado el vicepresidente segundo, Carrión se ha convertido así en el primer municipio cuya petición de rechazo dará lugar a una resolución de este tipo tras el cambio legislativo. “Procedemos, por tanto, a dar carpetazo a este asunto”, ha afirmado el vicepresidente segundo, que ha pedido a los vecinos que recuperen “la normalidad y la tranquilidad”.

Caballero ha querido reconocer igualmente las gestiones realizadas por el alcalde, Dionisio Moreno, y ha defendido que tanto el Ayuntamiento como el Gobierno regional han respetado el compromiso que adquirieron ante la oposición existente en el municipio. “Lo que no han querido no lo van a tener”, ha concluido el vicepresidente segundo, poniendo así punto final al proyecto.

Pero se da la circunstancia de que no es el único proyecto que planea en el entorno de Las Tablas de Daimiel. En Torralba de Calatrava hay una instalación planificada, también en el área de influencia del Parque nacional. De hecho, en el propio Daimiel también existe otro expediente abierto para una tercera planta de biometano.

En el mencionado acto de presentación de alegaciones, Alberto Celis, catedrático en la Universidad de Sevilla, vecino de Daimiel y experto en temas de agua, alertaba del peligro de los tres proyectos para este espacio natural. “El decreto recoge la importancia de los espacios protegidos, pero no incluye lo fundamental que sería impedir que existan instalaciones en municipios con entornos protegidos”.

Sigue la polémica por normativas pendientes

Otra cuestión pendiente (y polémica) es que el Gobierno regional también prepara en paralelo una Ley de Proyectos Empresariales Estratégicos donde el biometano se considera “prioritario”. “Eso implicará que, aunque los ayuntamientos rechacen un proyecto, si la Junta considera que son de utilidad pública, se impondrá por encima de los municipios. Es decir, en una ley (la mencionada de Evaluación Ambiental) se les da poder y en otra ley se les quita. Esto no puede ser y tiene que resolverse”, remarcó Alberto Celis. Precisamente esta es la “inseguridad jurídica” por la que estas plataformas no descartaron acudir a los tribunales.

De momento, el veto municipal propiciado por los cambios en la Ley de Evaluación Ambiental ha funcionado en el caso de Carrión.

Ahora queda esperar a la entrada en vigor del decreto de restricciones al biometano pendiente de aprobación y que no gusta nada a las plataformas vecinales y sociales, ya que, aunque suspendería los expedientes en curso con una moratoria de dos años, deja la puerta abierta a proyectos de “interés estratégico” que aún no están del todo definidos. Por el momento, no hay fecha para su aprobación.

El debate sobre la proliferación de plantas de biometano en el mundo rural extremeño ha desatado un tenso choque dialéctico en la Asamblea de Extremadura. La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, y la presidenta de la Junta, María Guardiola, han protagonizado un enfrentamiento en el que se han cruzado acusaciones sobre el modelo de desarrollo regional, la protección del medio ambiente y la llegada de inversiones privadas a la comunidad.

Irene de Miguel ha arrancado su intervención recordando las movilizaciones ciudadanas del pasado 7 de septiembre a las puertas del Teatro Romano de Mérida, donde plataformas vecinales, agricultores y ganaderos se manifestaron contra la instalación de estas industrias. Según la diputada de la formación morada, Extremadura corre el riesgo de convertirse en “el vertedero” donde se gestionen los desechos que rechazan otros territorios del país.

De Miguel ha criticado con dureza que la Junta de Extremadura esté poniendo “alfombra roja” a grandes empresas de fuera de la región facilitando autorizaciones ambientales en lugar de exigir Evaluaciones de Impacto Ambiental completas. Asimismo, ha advertido sobre las consecuencias que estas instalaciones conllevan para los pueblos: aumento del tráfico pesado de camiones, malos olores, contaminación de suelos y acuíferos, así como un impacto directo en la salud pública y en la agricultura y ganadería tradicionales.

“Convertir el medio rural en un polo industrial de tratamiento de desechos ahuyenta la población”, ha aseverado De Miguel, sosteniendo que la capacidad de las plantas proyectadas supera con creces los residuos que genera la propia región, lo que obligará a importar basura de otras zonas de España.

Guardiola: “Si un proyecto no cumple, no se autoriza”

Por su parte, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha rechazado tajantemente las críticas y ha defendido que la transformación de residuos agroganaderos en biometano y biofertilizantes es una herramienta clave de la economía circular promovida y financiada por la Unión Europea.

Guardiola ha tildado el discurso de De Miguel de “populismo barato disfrazado de sensibilidad ambiental” y “ecologismo chavista”, reprochándole que critique cualquier inversión privada que busque generar riqueza en la región. “Si un proyecto no cumple la ley, no se autoriza. Todos los expedientes pasan por informes de impacto ambiental, controles urbanísticos y la normativa más exigente”, ha garantizado la jefa del Ejecutivo autonómico, subrayando que las decisiones dependen de los informes técnicos y no de pancartas.

Carrión de Calatrava ha cerrado la puerta a la planta de biometano que pretendía instalarse en su término municipal a tan solo 9 kilómetros de la zona protegida de las Tablas de Daimiel y a 3 kilómetros del río Guadiana. La decisión ha sido tomada este jueves por unanimidad en el Pleno del Ayuntamiento de esta localidad ciudadrealeña, que ha declarado su “no conformidad” con la instalación y da por finalizado un proyecto que recibió el rechazo de los vecinos.

La decisión es especialmente relevante porque supone uno de los primeros casos en los que se aplica la reciente reforma de la Ley de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha que otorga a los plenos municipales de los ayuntamientos el poder de vetar cualquier proyecto de este tipo salvo que sean declarados como “inversión estratégica” por el Gobierno regional, aunque el Ejecutivo de Emiliano García-Page sí llegó a calificarlo como “prioritario”.

La decisión adoptada por la Corporación será ahora trasladada a la Dirección General de Calidad Ambiental para que se incorpore al expediente y se proceda a la finalización de la tramitación ambiental.

Fuentes de la Consejería de Desarrollo Sostenible han confirmado a este medio que después de la negativa del Ayuntamiento, se finalizará la tramitación y se archivará, dado que la excepción que contempla la ley no se aplica en este caso.

El alcalde de Carrión de Calatrava, Dionisio Moreno, ha asegurado que con esta decisión “se da por finalizado este asunto, con lo que se acaban las inseguridades, incertidumbres y desconfianzas”.

De esta manera, Carrión de Calatrava se convierte en el segundo consistorio en decir “no” a la instalación de un proyecto de biometano en su término municipal, después de que Talavera de la Reina suspendiera la concesión de licencias a este tipo de plantas.

Una planta de biometano cerca de Las Tablas de Daimiel

La iniciativa para construir la planta comenzó su tramitación en 2024 y contemplaba la producción de biometano mediante el tratamiento de distintos residuos orgánicos. Detrás del proyecto estaba la mercantil Nortiben Green Energy, empresa que también está detrás de la planta de biogás de Gálvez (Toledo), la cual ya dispone del visto bueno para su construcción.

Sin embargo, el plan de Carrión sufrió el rechazo de los vecinos, que llegaron a calificar esta hipotética planta de biogás como “basura”. Entre las críticas, señalaban que se iba a situar tan solo 9 kilómetros de la zona protegida de las Tablas de Daimiel y a 3 kilómetros del río Guadiana, enclaves de biodiversidad e importantes recursos naturales de la provincia de Ciudad Real.

Desde entonces, el proyecto generó debate e incertidumbre en el municipio y el Ayuntamiento fue adoptando diferentes medidas dentro de sus competencias hasta llegar en el día de ayer al que parece que será el punto final de este trayecto.

Pendiente de aprobación el decreto del biometano

Sobre este tipo de instalaciones todavía queda pendiente de resolver la tramitación de la moratoria que el Gobierno de Castilla-La Mancha quiere establecer a través un decreto que restringe su instalación y paraliza los expedientes en curso. Sin embargo, esta propuesta normativa no sirvió para calmar los ánimos de las decenas de colectivos sociales y vecinales de toda la región, que rechazan de lleno esta polémica renovable.

De hecho, las plataformas sociales y vecinales contra las instalaciones de biometano en Castilla-La Mancha salieron a la calle a finales del mes de agosto para expresar su rechazo total al decreto que el Gobierno regional prepara para regular estas plantas, al cual presentaron más de 20.000 alegaciones. El decreto todavía tiene que pasar por el Consejo de Gobierno para su aprobación definitiva, previsiblemente antes de final de año.

El Parlamento de Navarra ha aprobado este jueves extender hasta el 31 de diciembre de 2028 la moratoria a la instalación de nuevas plantas de biometano en la comunidad foral. La medida, que ha contado con los votos a favor de UPN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo/Zurekin, la abstención del PSN y del PP y el voto en contra de Vox, prorroga la moratoria de un año aprobada el año pasado y que provocó una división entre los socios del Gobierno de Chivite. Durante el periodo que dure la moratoria, el Gobierno de Navarra trabajará en una normativa que regule la instalación de estás plantas.

La ley aprobada este jueves recoge que desde el 14 de noviembre de 2025 y hasta el 31 de diciembre de 2028 no se admitirán a trámite por parte de ninguna administración pública competente nuevos proyectos de plantas de biometanización anaeróbica cuya actividad consista en la gestión de residuos orgánicos, agroalimentarios y/o deyecciones ganaderas generados por instalaciones externas a la planta.

Por su parte, los expedientes de autorización de plantas de biometanización que se encuentran suspendidos cautelarmente desde el 15 de julio de 2026 se mantendrán suspendidos bajo las mismas condiciones que motivaron dicha resolución. Por tanto, la medida aprobada afectará a las plantas que proyectadas en Arróniz y Sesma y que provocaron movilizaciones vecinales en contra.

Quedan excluidas de la presente moratoria las plantas de biometanización anaeróbica de autogestión, cuya capacidad de gestión sea inferior a 25.000 toneladas anuales; y las instalaciones de biometanización anaeróbicas de gestión pública que responden a procesos complementarios a otros marcos competenciales, como la gestión de residuos domésticos municipales procedentes del quinto contenedor de la fracción orgánica y la depuración de aguas residuales urbanas.

Las plantas de biometanización anaeróbica cuya actividad consista en la gestión de residuos orgánicos, agroalimentarios y/o deyecciones ganaderas generados por instalaciones externas con una capacidad de gestión anual superior a las 100.000 toneladas y que a 15 de julio de 2026 se encuentren en fase de autorización serán objeto de suspensión cautelar hasta el 31 de diciembre de 2028. El PSN había presentado una enmienda que suprimía este punto, pero no ha sido aprobada.

Unas 400 personas se han concentrado este miércoles en la Plaza de España de Don Benito para exigir la paralización o el endurecimiento del control ambiental sobre la planta de biometano proyectada por la empresa Vegantia. La instalación, diseñada para procesar 212.000 toneladas anuales de residuos, ha desatado un rechazo frontal entre los vecinos de las localidades más próximas.

La movilización, impulsada por las plataformas vecinales de Santa Amalia, Hernán Cortés y Valdehornillos, se ha mantenido a pesar de que el pleno municipal de Don Benito previsto para esta jornada se ha pospuesto al jueves. Los manifestantes advierten de que la planta, ubicada en término calabazón pero pegada a sus pedanías, carecerá de beneficios para la zona y acarreará graves molestias.

Desde la plataforma de Hernán Cortés, Lorenzo Martín ha alertado de que la comarca de Vegas Altas no genera suficientes residuos para alimentar una planta de estas dimensiones. Esta carencia obligará a importar materia prima de otros territorios, masificando de camiones la N-430 y las pistas agrícolas locales, con el consiguiente riesgo de olores, plagas y molestias.

Por su parte, Esther Sánchez, portavoz de la plataforma de Valdehornillos, ha puesto el foco en la afección hídrica. La parcela elegida se sitúa directamente sobre el acuífero de Vegas Altas —donde las catas han detectado agua a solo metro y medio de profundidad— y calcula que unos 195.000 toneladas de digestato volverán a salir de la planta tras la extracción del gas.

El impacto socioeconómico también ha sido cuestionado por Paco González, representante de Santa Amalia, quien señala que la instalación apenas creará entre cinco y siete puestos de trabajo y no suministrará el biometano a la población local, dejándoles únicamente el residuo resultante.

Frente al rechazo vecinal, el promotor de la planta, Emilio Camacho, defendió recientemente que el proyecto operará con garantías técnicas avanzadas. Según la empresa, los residuos procederán de un radio máximo de 60 kilómetros y la planta contará con naves cerradas provistas de filtros, balsas impermeabilizadas y cubiertas, además de un sistema de pasteurización para el digestato.

Vecinos y plataformas ciudadanas de Hernán Cortés, Valdehornillos y Santa Amalia han tomado las calles este domingo para expresar su rechazo frontal a la instalación de una planta de biogás proyectada en el término municipal de Don Benito. La marcha, que ha partido a las 8:30 horas desde los ayuntamientos de las tres localidades, ha culminado en los terrenos donde está prevista la infraestructura con un mensaje rotundo contra la llegada de industrias contaminantes a las Vegas Altas.

A la movilización se ha sumado la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, junto al diputado Juan Schirinzi, para respaldar a las plataformas vecinales y denunciar el “hartazgo” de la ciudadanía ante iniciativas que rechazan en otros territorios.

“Este proyecto no viene a solucionar ningún problema; al revés, viene a crear problemas, a generar contaminación y riesgos para la salud de quienes habitan este territorio”, ha advertido De Miguel al término de la marcha. La portavoz de la formación autonómica ha cargado contra la llegada de proyectos industriales que “no traen riqueza” a la región y ha pedido a PP y Vox que “recapaciten sobre en qué están convirtiendo al medio rural extremeño”.

“Extremadura no se merece ser el vertedero de nadie y nosotros no tenemos los residuos que dicen que se van a gestionar en todas estas plantas de biometano. Lo que queremos es un territorio de oportunidades y no un estercolero”, ha enfatizado de Miguel durante la protesta.

Tramitación “en pleno verano” y petición de moratoria

Uno de los puntos centrales del malestar ciudadano se centra en la “falta de transparencia” que ha rodeado al expediente. Según ha denunciado la portavoz, los habitantes de la zona no tuvieron conocimiento de la infraestructura hasta mitad del verano, cuando los plazos legales para registrar alegaciones ya habían expirado o resultaban de difícil acceso para los vecinos. Por ello, exige la paralización inmediata del proyecto y la apertura de un nuevo periodo de exposición pública.

Ante esta situación, Unidas por Extremadura ha anunciado que volverá a llevar a la Asamblea de Extremadura la propuesta para aplicar una moratoria regional y una planificación ordenada sobre las plantas de biogás. La iniciativa ya fue rechazada anteriormente por la mayoría que forman Partido Popular y Vox en la cámara autonómica, aunque la formación confía en que la cercanía de las elecciones municipales fuerce un cambio de posición en los partidos del gobierno regional.

El PSOE de Don Benito ha formalizado su oposición a la instalación de una planta de biogás en el término municipal tras asumir el malestar manifestado por los vecinos de las entidades locales menores de Hernán Cortés y Valdehornillos.

La posición ha sido ratificada por el secretario general y candidato socialista a la Alcaldía, Manuel Gómez, durante un encuentro celebrado con el secretario general de los socialistas extremeños, Álvaro Sánchez Cotrina, situando la escucha activa a la población afectada como un requisito irrenunciable antes de respaldar cualquier actuación de estas características.

Los socialistas se han reunido con los colectivos vecinales para evaluar el impacto en la calidad de vida, el territorio y la economía de la zona. En este sentido, la dirección local defiende la coherencia de su postura recordando su alineamiento previo con los vecinos de Vivares ante la planta de biometano proyectada en Miajadas, sosteniendo que la exigencia de transparencia y participación ciudadana se mantiene al margen de qué partido ostente el gobierno municipal.

El posicionamiento político se produce tras las explicaciones públicas ofrecidas por Emilio Camacho, concejal independiente integrado en el grupo municipal del PSOE y empresario local vinculado a la sociedad promotora Vegantia. Camacho detalló que su participación empresarial en el proyecto de biogás se remonta a septiembre de 2022, casi un año antes de su toma de posesión como edil en junio de 2023, enmarcando esta colaboración en su trayectoria previa dentro del sector agroindustrial y de representación económica en la comarca.

No obstante, el PSOE de Don Benito ha manifestado su respeto hacia la trayectoria profesional de Camacho y las aclaraciones sobre sus negocios privados, pero el candidato socialista ha marcado una distinción explícita entre la actividad empresarial y la acción política.

Los socialistas insisten en que ningún proyecto industrial “puede imponerse a costa de la calidad de vida o la actividad económica de la zona rural”. En este sentido, Gómez ha confirmado que trasladarán este rechazo a los órganos municipales para exigir que las entidades locales tengan voz real y voto sobre las decisiones que impactan en su suelo.

Talavera de la Reina ha suspendido oficialmente la concesión de licencias urbanísticas para la implantación de industrias de producción de biogás.

Con la publicación del anuncio este jueves en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), se completa así un procedimiento administrativo iniciado el pasado 7 de agosto, aprobado inicialmente en el Pleno Extraordinario celebrado el 19 de agosto y ratificado por unanimidad de todos los grupos municipales el pasado 4 de septiembre.

Durante el transcurso de este proceso saltó la polémica entre el Ayuntamiento de PP y Vox y la oposición socialista, puesto que la planta de biometano cercana a Cazalegas presentó una solicitud de licencia en el Ayuntamiento aprovechando que el acuerdo municipal que suspendía la concesión de estas licencias todavía no ha sido publicado.

No obstante, los tres grupos con representación en el consistorio aprobaron por unanimidad este freno a las plantas de biogás, aunque los reproches mutuos no cesaron, con el actual gobierno de PP y Vox, por un lado, y el PSOE, por otro, culpándose mutuamente de haber abierto la puerta a la llegada de este tipo de instalaciones. Una puerta que queda cerrada tras la publicación del anuncio en el DOCM.

Plataformas y localidades integradas en STOP BiometaNO Extremadura se han concentrado este lunes ante el Teatro Romano de Mérida, coincidiendo con la entrega de las Medallas de Extremadura, para reclamar la paralización de los proyectos de biometano y biogás previstos en la comunidad.

La protesta ha buscado trasladar el rechazo de estos colectivos a lo que consideran una implantación indiscriminada de macroplantas y hacer visible su reivindicación durante uno de los principales actos institucionales del Día de Extremadura. “El verdadero orgullo de Extremadura no se cuelga al pecho; se defiende cuidando nuestra tierra y a quienes la habitamos”, han señalado desde la organización convocante.

STOP BiometaNO Extremadura sostiene que este tipo de instalaciones puede generar malos olores y emisiones contaminantes y advierte de posibles riesgos para los acuíferos y las tierras de cultivo por el tratamiento de purines, lodos de depuradora y otros residuos agrícolas, ganaderos e industriales.

El colectivo también cuestiona el destino de los digestatos resultantes del proceso y alerta de que este modelo energético puede favorecer la expansión de la ganadería intensiva y perjudicar a actividades como la agricultura tradicional y el turismo rural.

Ante esta situación, las plataformas reclaman a las administraciones una moratoria que suspenda las licencias y autorizaciones de estos proyectos hasta que se realice una evaluación técnica “exhaustiva e independiente”.

También solicitan que se garantice la participación de los ciudadanos y que se apruebe un plan estratégico regional que ordene la implantación de estas instalaciones y determine cuáles son las necesidades reales de Extremadura.

La concentración ha contado con la participación de plataformas y vecinos procedentes de La Coronada, Oliva de Plasencia, Casas del Monte, Segura de Toro, Hervás, Granja de Torrehermosa, Miajadas, Vivares, Plasencia, Carcaboso, Monterrubio de la Serena, Valdehornillos, Hernán Cortés y Santa Amalia.

Irene de Miguel: “Extremadura no puede convertirse en el vertedero de Europa”

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha participado en la concentración y ha trasladado el apoyo de su formación a las plataformas contrarias a los proyectos de biometano. “Estamos con la Extremadura que no se resigna, que se organiza y que pelea por un futuro mejor aquí”, ha afirmado De Miguel, que ha contrapuesto esa región con la que, en su opinión, representa el Gobierno autonómico: “la Extremadura de postureo, de escaparate”.

La portavoz de Unidas por Extremadura ha reclamado “un gobierno valiente” y ha afirmado que la comunidad “no puede convertirse en el vertedero de Europa”.

De Miguel también ha acusado al Ejecutivo extremeño de estar convirtiendo la región en “tierra de sacrificio” y ha criticado que se favorezca a grandes proyectos mientras, a su juicio, los servicios públicos básicos “penden de un hilo”.

Durante su intervención, ha arremetido además contra la gestión del Gobierno de María Guardiola y ha relacionado sus críticas con otras cuestiones de la actualidad política extremeña, entre ellas la posición de la Junta sobre la acogida de menores migrantes.

La portavoz de Unidas por Extremadura ha definido al Ejecutivo autonómico como “fariseo” y ha acusado a sus integrantes de defender determinados valores mientras mantienen posiciones que, según ha señalado, contradicen esos principios. Frente a ello, De Miguel ha reivindicado a “la gente decente de Extremadura” que, a su juicio, está reclamando “un futuro aquí” y una región convertida en “una tierra de oportunidades”.

“La Extremadura del postureo, la Extremadura de los grandes discursos está ahí, pero la Extremadura real, la que levanta esta tierra día a día, la que madruga, es la que está hoy aquí”, ha afirmado.

La portavoz también ha felicitado a los galardonados con las Medallas de Extremadura: José María Núñez, Guillermo Gracia, el Museo Nacional de Arte Romano y Pedro Porro, a los que ha definido como “un orgullo para esta tierra”.

Por último, ha advertido de que detrás de las Medallas existe también, en su opinión, un Gobierno que “niega los derechos más fundamentales” y “está poniendo en peligro las libertades”. De Miguel ha terminado reivindicando una Extremadura “que no se resigna” y que seguirá organizándose y movilizándose para defender “una tierra de oportunidades y un futuro aquí”.

El Pleno del Ayuntamiento de Talavera de la Reina del pasado viernes ha ratificado por unanimidad la suspensión cautelar de licencias de plantas de biometano acordada en el marco de la tramitación de la modificación puntual del Plan de Ordenación Municipal (POM), así como su remisión para publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), dando cumplimiento al procedimiento administrativo iniciado el pasado 7 de agosto y aprobado inicialmente en el Pleno Extraordinario celebrado el 19 de agosto.

El portavoz municipal, Jesús García-Barroso, ha explicado que “el acuerdo se eleva al Pleno para su ratificación, tanto en lo referente a la apertura del expediente de modificación puntual del POM como a la suspensión cautelar de licencias”, ya que la resolución aprobada el 7 de agosto contemplaba expresamente este trámite como parte del procedimiento establecido.

Tras su ratificación por el Pleno, el acuerdo será remitido al Diario Oficial de Castilla-La Mancha para su publicación y plena eficacia jurídica, ha informado el Consistorio en nota de prensa.

García-Barroso ha subrayado que la tramitación se está desarrollando conforme a los pasos establecidos desde el inicio del expediente, diferenciando entre las manifestaciones de carácter político y los actos administrativos necesarios para formalizar las decisiones municipales.

“Una cosa es la expresión de una posición política por parte de los grupos municipales y otra muy distinta la tramitación formal de un expediente de modificación del POM y la adopción de medidas como la suspensión de licencias, que requieren el cumplimiento de un procedimiento reglado y garantista”, ha señalado.

El PSOE acusa al alcalde de mentir

Sin embargo, desde el Grupo Municipal Socialista han denunciado que el alcalde de Talavera, José Julián Gregorio, ha estado “mintiendo a la ciudadanía” al decir que las licencias para plantas de biometano llevaban suspendidas desde el 7 de agosto.

El portavoz del Grupo Socialista, José Gutiérrez, ha lamentado que el Gobierno local ha vuelto a traer al Pleno celebrado la suspensión del otorgamiento de licencias a estas plantas a pesar de que el alcalde “lleva toda la semana pidiendo tranquilidad porque estas licencias ya estaban suspendidas”.

De ser así, desde el Grupo Socialista se preguntan por qué su propio concejal de Urbanismo ha tenido que volver a llevar hoy esa suspensión al Pleno. “Porque es mentira”, han afirmado los socialistas, “porque el alcalde lleva toda una semana mintiendo a la ciudadanía en un tema tan importante y sensible como es la posible llegada del biometano a nuestra ciudad”.

De este modo, los socialistas han insistido en que el artículo 130.1 del Decreto 248/2004 que regula el Reglamento de la LOTAU en Castilla-La Mancha dice muy claramente que para que entre en vigor esa suspensión de licencias tiene que publicarse en el DOCM “y a día de hoy no está publicado”.

Además, también han recordado que el DOCM ha contestado a la pregunta realizada por los socialistas sobre si se había enviado este asunto y por qué no se había publicado y han contestado que se envió el día 25 de agosto pero que “el Ayuntamiento no ha pagado la tasa”, informa el PSOE en nota de prensa.

Aprobada la Zona de Bajas Emisiones

Por otro lado, en el Pleno se ha aprobado de forma definitiva y por mayoría la Ordenanza Municipal reguladora de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Talavera, que lleva prometida desde 2024.

La concejal de Seguridad Ciudadana, Macarena Muñoz, ha dicho que con esta aprobación se culmina la tramitación administrativa y se da cumplimiento a la normativa vigente en esta materia.

Ha recordado que el modelo diseñado para Talavera “está adaptado a la realidad de la ciudad y pensado para los talaveranos, apostando por una implantación proporcionada y alejada de modelos restrictivos aplicados en otros municipios”.

En este sentido, ha recalcado que la entrada en vigor de la ordenanza “no supondrá restricciones a la circulación de vehículos ni la imposición de sanciones por acceder a la Zona de Bajas Emisiones”.

Plataformas y localidades integradas en STOP BiometaNO Extremadura se concentrarán el próximo lunes ante el Teatro Romano de Mérida para reclamar la paralización de los proyectos de plantas de biometano y biogás previstos en la comunidad. La protesta, convocada a las 19.00 horas, coincidirá con uno de los principales actos institucionales del Día de Extremadura, la entrega de las Medallas de Extremadura.

La organización asegura que la movilización será pacífica y pretende visibilizar el rechazo de estos colectivos a lo que consideran una implantación indiscriminada de macroplantas en distintos puntos de la región. “El verdadero orgullo de Extremadura no se cuelga al pecho; se defiende cuidando nuestra tierra y a quienes la habitamos”, señala STOP BiometaNO en la convocatoria.

El colectivo sostiene que este tipo de instalaciones pueden generar malos olores y emisiones contaminantes y plantea también posibles riesgos para los acuíferos y las tierras de cultivo por el tratamiento de purines, lodos de depuradora y otros residuos agrícolas, ganaderos e industriales.

STOP BiometaNO cuestiona asimismo el destino de los digestatos, los residuos que resultan del proceso de producción de biogás y biometano, y advierte de que este modelo puede favorecer, a su juicio, la expansión de la ganadería intensiva. También considera que podría perjudicar a actividades como la agricultura tradicional y el turismo rural.

Ante esta situación, la plataforma reclama a las administraciones una moratoria que suspenda las licencias y autorizaciones de estos proyectos hasta que se lleve a cabo una evaluación técnica que considera necesario que sea “exhaustiva e independiente”.

Además, pide que se garantice la participación ciudadana en la toma de decisiones y que la Junta de Extremadura apruebe un plan estratégico regional que ordene la implantación de estas instalaciones y determine cuáles son las necesidades reales de la comunidad.

La concentración cuenta con el respaldo de plataformas y vecinos de La Coronada, Oliva de Plasencia, Casas del Monte, Segura de Toro, Hervás, Granja de Torrehermosa, Miajadas, Vivares, Plasencia, Carcaboso, Monterrubio de la Serena, Valdehornillos, Hernán Cortés y Santa Amalia.

El Ejecutivo aragonés ha acordado este miércoles, en la reunión del Consejo de Gobierno, declarar como Inversión de Interés Autonómico (DIIA) el proyecto de construcción de tres plantas de gestión de residuos orgánicos para la producción de gas renovable –biometano– en los municipios de Caspe (Zaragoza), La Puebla de Híjar (Teruel) y Fraga (Huesca), promovido por las sociedades BDP Bioenergy VIII, BDP Bioenergy IX y BDP Bioenergy XII, integradas en el grupo empresarial ABEI Energy.

La actuación prevé una inversión global de 58,7 millones de euros y permitirá la puesta en marcha de tres instalaciones destinadas a valorizar residuos, procedentes principalmente de la actividad ganadera y agroalimentaria al transformarlos en biometano, un gas renovable plenamente compatible con las infraestructuras de gas natural existentes.

El conjunto de las tres plantas tendrá capacidad para tratar 537.000 toneladas anuales de residuos orgánicos. Una inversión de 58,7 millones en las tres provincias de la comunidadLas tres plantas, ubicadas en las localidades de Caspe, La Puebla de Híjar y Fraga, supondrán una inversión conjunta de 58,72 millones de euros -19,99 millones en Caspe, 19,02 millones en La Puebla de Híjar y 19,70 millones en Fraga.

Cerca del 90% de la inversión se ejecutará entre 2026 y 2028, con la puesta en funcionamiento prevista para junio de 2028 en Caspe, agosto de 2028 en La Puebla de Híjar y octubre de 2028 en Fraga.

El proyecto generará además un importante impacto económico y laboral en el territorio, con la creación de unos 180 empleos directos durante la fase de construcción y 48 puestos de trabajo estables una vez entren en funcionamiento las plantas, a los que se sumarán alrededor de 90 empleos indirectos vinculados a actividades auxiliares como transporte, mantenimiento, logística y servicios especializados.

En conjunto, los estudios incorporados al expediente estiman que la iniciativa podría alcanzar un impacto total de hasta 462 empleos entre directos, indirectos e inducidos durante las fases de construcción y operación.

La declaración de inversión de interés autonómico reconoce la especial relevancia económica, social y territorial del proyecto para Aragón y permitirá agilizar su tramitación administrativa mediante el impulso preferente y urgente de todos los procedimientos vinculados a su desarrollo, sin menoscabo del cumplimiento de todas las autorizaciones y requisitos legales exigibles.

Con esta declaración, el Gobierno de Aragón refuerza su apuesta por proyectos vinculados a la transición energética, la economía circular y la valorización de recursos locales, impulsando nuevas inversiones industriales, la creación de empleo y la actividad económica en el medio rural de las tres provincias aragonesas.

El concejal de Urbanismo, Benedicto García, ha asegurado este martes que “todas las licencias de plantas de biometano están suspendidas”. Unas declaraciones que llegan un día después de que el portavoz del Grupo Municipal Socialista, José Gutiérrez, acusase al alcalde de la ciudad, el 'popular' José Julián Gregorio, de permitir con su “inacción” que la empresa promotora de la polémica planta de biometano cercana a Cazalegas haya presentado ya su solicitud de licencia en el Ayuntamiento, aprovechando que el acuerdo municipal que suspendía la concesión de estas licencias todavía no ha sido publicado.

Según las explicaciones proporcionadas por García, el Ayuntamiento ya está actuando para modificar el marco urbanístico que afecta a este tipo de instalaciones. En ese sentido ha señalado que, a principios de agosto, su concejalía inició el expediente de modificación puntual del Plan de Ordenación Municipal (POM), al tiempo que se acordó suspender la concesión de licencias de obras y usos relacionados con plantas de biometano, conforme al Reglamento de Planeamiento de Castilla-La Mancha.

El responsable de Urbanismo ha explicado que esta modificación pretende corregir la regulación incorporada en 2020 y evitar que el planeamiento urbanístico posibilite la implantación de estas actividades en determinadas áreas de suelo rústico.

Junto a estas actuaciones municipales, García ha puesto sobre la mesa las medidas que el Ayuntamiento está reclamando a otras administraciones. En concreto, ha solicitado a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que modifique la Orden 4/2020 para fijar una distancia mínima de cinco kilómetros entre las plantas de biometano y cualquier suelo urbano o urbanizable.

Asimismo, ha insistido en que el Ayuntamiento ya ha interpuesto un recurso de alzada contra la autorización ambiental integrada otorgada el pasado 24 de julio al proyecto de Montearagón Bioenergy. Según ha señalado, esta actuación responde a la necesidad de garantizar la autonomía local y la protección de los vecinos de Talavera, sus EATIM y los municipios de la comarca que también podrían verse afectados.

Además, el pasado 19 de agosto se aprobó por unanimidad una moción para paralizar la instalación de plantas de biometano en el término municipal de Talavera.

Acusa al PSOE de impulsar las plantas de biometano

El concejal de Urbanismo ha cuestionado además el posicionamiento actual del PSOE sobre las plantas de biometano y ha acusado a la anterior alcaldesa, la socialista Tita García, de defender públicamente antes de la pandemia este modelo como “uno de los vectores energéticos de futuro” y de promocionar esta actividad en Talavera.

En este sentido, García ha señalado al Partido Socialista y al Gobierno de Emiliano García-Page por haber impulsado el Plan de Biometanización de Castilla-La Mancha 2024-2030, junto con la anterior alcaldesa, Tita García, y ha afirmado “y ahora dicen lo contrario”.

Las plataformas sociales y vecinales contra las instalaciones de biometano en Castilla-La Mancha han arrancado el curso político exhibiendo su rechazo total al decreto que el Gobierno regional prepara para regular estas plantas.

La intención del Ejecutivo con esta norma es implantar una moratoria con la que quedan suspendidos los expedientes en curso hasta que cumplan con los nuevos requisitos. Pero eso no ha bastado para que los colectivos sociales, ayuntamientos y particulares hayan presentado más de 20.000 alegaciones.

Entre todas ellas, casi 6.000 tienen en común varios argumentos, que son los que las plataformas han esgrimido para valorar ir a los tribunales si la Consejería de Desarrollo Sostenible no retira el decreto.

Principalmente, según las alegaciones que ha consultado este periódico, colectivos y particulares consideran que el decreto es una disposición ejecutiva “técnica” y de planificación “muy incompleta” que busca “sustituir” el Plan Regional de Biometanización de Castilla-La Mancha, que quedó “enterrado”.

De hecho, argumentan que si el Gobierno regional quiere llevar a cabo esta sustitución para “eludir” su correspondiente evaluación ambiental estratégica y las 15.000 alegaciones que se presentaron sobre ese Plan, eso ya sería, por sí solo, “motivo legal de nulidad” del futuro decreto.

Veto de ayuntamientos y proyectos “estratégicos”

Dicho esto, las alegaciones se centran posteriormente en que la nueva norma no cumple con la Ley de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha por varios motivos. El primero de ellos se basa en que no aclara los recursos a los que deben atenerse los ayuntamientos para ejercer su autoridad en su municipio e impedir la instalación de plantas de biometano. Es decir, no tiene en cuenta que muchos Consistorios no disponen de la capacidad técnica suficiente para realizar informes técnicos motivados.

Otro motivo es que tampoco expresa los criterios “motivados” que el Gobierno podrá aducir para declarar “inversiones estratégicas” las plantas al ser aprobadas. Se refieren a la excepción que contempla el Ejecutivo autonómico en su decreto, mediante la cual si un proyecto fuera “prioritario” podría imponerse sobre la decisión del Ayuntamiento.

Tras señalar que el decreto no desarrolla medidas compensatorias y compensaciones por posibles daños a empresas hoteleras y de todo tipo por la instalación de plantas de biometano, estas alegaciones se centran en la “falta efectiva” de medidas de vigilancia y control y del residuo final de estas instalaciones: el digestato, generalmente comercializado como fertilizante para el campo.

Si finalmente ese puede ser su uso, alertan de que las miles de toneladas de residuos finales de estas instalaciones contienen elementos contaminantes como el nitrógeno, el fósforo, el potasio, el calcio, el magnesio o el amoniaco, así restos farmacéuticos y de microplásticos y otros “elementos tóxicos muy difíciles de controlar y eliminar”. “Los residuos finales de las plantas contienen altas cantidades de nitrógeno que se añadirían a los suelos y, por filtración, pasarían a las aguas subterráneas, contaminando aún más con nitratos estas aguas”, argumentan.

Las alegaciones sociales y vecinales se centran también en alertar de múltiples riesgos. Argumentan que las plantas de biometano tienen eventualmente fugas y antorchas de este gas que es “80 veces más pernicioso y contaminante” que el CO₂. Alertan igualmente de posibles problemas de “accidentes, explosiones e incendios”.

Básicamente, consideran que el hecho de que el 80% de los residuos sean acarreados “indebidamente” hasta 35 kilómetros de un pueblo, y el resto (20%) desde más lejos, convertiría a los municipios en “pueblos escoba” y “pueblos vertedero”.

Hablan igualmente de “probables impactos y daños de difícil o imposible reparación posterior” a la flora, a la fauna, al paisaje, a las aguas superficiales y subterráneas, al tránsito, a las vías pecuarias, a las carreteras y al desarrollo económico. Consideran por ello que es “temerario, antisocial e ilegítimo” que este decreto permita autorizar estas plantas de concentración de residuos y de biometano a apenas a dos kilómetros de las poblaciones donde vive la gente.

En estas alegaciones, colectivos y asociaciones argumentan que estas plantas quieren implantarse “en contra de la voluntad de los pueblos” y de su ciudadanía “sin tener en cuenta debidamente lo que la Constitución y las leyes ambientales establecen al respecto de la información, la participación y la justicia ambiental”.

Las macroplantas de gestión de residuos para producir biometano propuestas responden a un modelo de desarrollo insostenible agroenergético especulativo

Y concluyen: “Las macroplantas de gestión de residuos para producir biometano propuestas responden a un modelo de desarrollo insostenible agroenergético especulativo que sitúa los intereses privados por encima de los intereses públicos, y dado que estas plantas no son de utilidad pública ni de interés social, ni suscitan el necesario consenso social para su implantación, sino que, muy al contrario, existe en numerosos municipios de Castilla-La Mancha una gran oposición ciudadana a su construcción y a su desarrollo”.

En definitiva, estas miles de alegaciones se centran en denunciar la “maniobra” del Gobierno de Castilla-La Mancha para intentar desactivar la contestación ciudadana con la aprobación del futuro decreto. Y en ello se centraron las plataformas locales y regionales que comparecieron hace unos días para manifestar su rechazo.

“No estamos en desacuerdo con que se gestionen los residuos producidos por las industrias cárnicas, pero tampoco entendemos por qué Castilla-La Mancha tiene que ser la que limpie la basura de toda España, por qué se quiere hacer aquí una megaindustria de reciclaje”, afirmaron en referencia a los residuos agroganaderos que tratan las plantas de biometano.

El Grupo Municipal Socialista de Talavera de la Reina ha denunciado que la “inacción” del alcalde, José Julián Gregorio (PP), ha permitido que la empresa promotora de la polémica planta de biometano cercana a Cazalegas haya presentado ya su solicitud de licencia en el Ayuntamiento, aprovechando que el acuerdo municipal que suspendía la concesión de estas licencias todavía no ha sido publicado.

A este respecto, el portavoz socialista local, José Gutiérrez, ha recordado que el pasado 19 de agosto el pleno municipal aprobó por unanimidad la propuesta del PSOE para modificar el Plan de Ordenación Municipal (POM) y suspender las licencias de plantas de biometano mientras se llevaba a cabo dicha modificación.

Sin embargo, a 31 de agosto, 12 días después, el acuerdo todavía no ha sido publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), por lo que no ha entrado en vigor. En este sentido, han recordado que lo habitual es que estas cuestiones se manden el mismo día para ser publicadas al día siguiente.

Para el Grupo Socialista, esto es “especialmente grave” porque ha permitido que la empresa haya registrado su solicitud de licencia. Los socialistas subrayan que el alcalde ha tenido “tiempo de sobra” para publicar tanto el acuerdo plenario como la supuesta resolución del concejal de Urbanismo en la que, según afirmó el portavoz del Gobierno, se había suspendido la concesión de licencias. Sin embargo, 25 días después, esta resolución “tampoco ha sido publicada”.

“El Pleno dijo no”

Desde el Grupo Socialista han exigido al alcalde que inadmita “de inmediato” la licencia presentada por la empresa, ya que existía un “pronunciamiento plenario claro y contundente” contra la instalación de estas plantas y que mande publicar de manera urgente el acuerdo plenario del 19 de agosto.

“El Pleno dijo no al biometano y el alcalde tiene que hacer cumplir ese no”, ha afirmado José Gutiérrez, quien ha lamentado que mientras el Gobierno local asegura públicamente que está “todo paralizado”, la realidad sea que la empresa ha presentado una licencia y el alcalde “la tiene sobre su mesa”.

Igualmente, también ha afirmado que esta “crisis del biometano” está generada “única y exclusivamente” por el actual Gobierno local y por su alcalde, José Julián Gregorio, quien “la sigue alimentando sin dar respuesta ni una solución, dejando pasar plazos y no publicando en el Diario Oficial los acuerdos plenarios que son de obligado cumplimiento para tener efectividad jurídica”.

La moratoria que el Gobierno de Castilla-La Mancha quiere establecer ante la proliferación de plantas de biometano en la comunidad autónoma, mediante un decreto que restringe su instalación y paraliza los expedientes en curso, no ha servido para calmar los ánimos de las decenas de colectivos sociales y vecinales de toda la región que rechazan de lleno esta polémica renovable. Unidos bajo el paraguas de la Plataforma regional Stop Biometano, han comparecido en Toledo y han alertado de que están dispuestos a acudir a los tribunales si el Ejecutivo de Emiliano García-Page no da marcha atrás y apuesta por otras alternativas.

Considera la asociación autonómica que el mencionado decreto no soluciona el problema de fondo. “Es un grave problema ambiental, social, sanitario, y ahora también político. En nuestros pueblos limpios, sanos y verdes, no nos merecemos que nos impongan estas instalaciones”, afirma en representación de este colectivo Rafael Ruiz, portavoz de Stop Biometano en Torralba de Calatrava (Ciudad Real), donde se proyecta una de estas instalaciones.

Recuerda en este sentido que el nuevo decreto supone la “prescripción” del anterior Plan de Biometano que promovió el Gobierno regional, sin que la Administración haya dejado claro sin las más de 15.000 alegaciones que se presentaron a ese proyecto también decaen.

De cualquier forma, ahora son más de 20.000 las alegaciones que estos colectivos y miles de particulares han presentado al nuevo decreto, todavía pendiente de aprobación, lo que demuestra que la oposición social al biometano es “creciente”.

Estas instalaciones suponen un desafío gravísimo para nuestra tierra, no las queremos. Ni siquiera queremos el decreto, porque genera inseguridad jurídica

“Estas instalaciones suponen un desafío gravísimo para nuestra tierra, no las queremos. Ni siquiera queremos el decreto, porque contiene muchísimos elementos que generan inseguridad jurídica. Debe ser revisado o directamente anulado, porque solo contempla algunas concesiones para ver si los ayuntamientos y los alcaldes se contentan”, argumenta Rafael Ruiz.

Se refiere al hecho de que esta nueva normativa, junto con la reciente modificación de la Ley de Evaluación Ambiental, permita a los plenos municipales poder “vetar” la instalación de plantas de biometano en sus términos municipales. Para las plataformas, esto es una “trampa”, porque muchos pueblos no disponen de recursos técnicos para emitir informes argumentados de rechazo, como requiere la ley.

A esta cuestión hace mención también Elisa Díaz, coportavoz de Verdes-Equo en Castilla-La Mancha, quien habla de “maniobra” del Gobierno de Castilla-La Mancha para intentar desactivar la contestación ciudadana. “Pero los vecinos y vecinas no se van a quedar de brazos cruzados, van a seguir muy vigilantes con su patrimonio”, ha dicho.

En su opinión, hay “imprecisiones” en el decreto que deben pulirse o incluso anularse. “No estamos en desacuerdo con que se gestionen los residuos producidos por las industrias cárnicas, pero tampoco entendemos por qué Castilla-La Mancha tiene que ser la que limpie la basura de toda España, por qué se quiere hacer aquí una megaindustria de reciclaje”, afirma en referencia a los residuos agroganaderos que tratan las plantas de biometano.

También incide la falta de recursos de muchos ayuntamientos para emitir informes como los que se solicitan en la nueva normativa para poder tumbar estos proyectos. El caso más paradigmático es el de Campos del Paraíso, en Cuenca, de apenas 700 habitantes. En su término municipal hay dos plantas de biogás proyectadas, y hasta seis en la zona colindante o de influencia. De hecho, este municipio acogió el pasado mes de marzo una de las manifestaciones más numerosas contra esta polémica renovable.

Desde Equo alertan también de que estas plantas tienen eventualmente fugas procedentes de sus antorchas de gas, que son, según estiman, un 80% más contaminantes que el CO2, así como posibles accidentes, explosiones e incendios. “Nada de esto está previsto en el decreto, ni siquiera la incidencia del cambio climático”.

Para Elisa Díaz, estas plantas responden, por tanto, a un modelo de desarrollo agroenergético “insostenible y especulativo”. “No son de utilidad pública ni de interés social, no tienen consenso y la posición ciudadana es cada vez mayor”.

“A un alcalde le pueden proponer un proyecto atractivo, puede aceptarlo, pero no hace una evaluación correcta de los riesgos que asume al abrirle los brazos. Hay un principio de precaución, que es vigilar el territorio. Muchas de estas empresas tienen un capital detrás de 3.000 euros: con eso no se podría hacer frente a contingencias como una fuga o un incendio”, concluye.

Ningún municipio de la región tiene los recursos suficientes para los enormes volúmenes de residuos que pretenden ser tratados

Otro de los datos más relevantes lo ha aportado Carmelo Donoso, de la Plataforma Stop Biometano de Carrión de Calatrava, en Ciudad Real. Ha recordado que actualmente hay en Castilla-La Mancha más de 70 plantas en tramitación, mientras que “ningún municipio de la región tiene los recursos suficientes para los enormes volúmenes de residuos que pretenden ser tratados”, procedentes a su vez de la “gran proliferación de macrogranjas” por toda la comunidad autónoma.

Es el motivo por el que miles de alegaciones rechazan que la distancia mínima establecida en el decreto entre las plantas de biogás y los núcleos urbanos sea tan solo de dos kilómetros. Según ha apuntado, deberían estar al menos a 25 kilómetros de los pueblos y de sus aguas potables, y localizadas de forma que no afecten a poblaciones vecinas.

Precisamente, Carrión de Calatrava y Torralba de Calatrava son dos de los municipios afectados por la planificación de estas instalaciones que forman parte del área de influencia del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel. Para más inri, en este último municipio también hay otra planta proyectada.

Alberto Celis es catedrático en la Universidad de Sevilla, vecino de Daimiel y experto en temas de agua. Alerta del peligro de los tres proyectos para este espacio natural. “El decreto recoge la importancia de los espacios protegidos, pero no incluye lo fundamental que sería impedir que existan instalaciones en municipios con entornos protegidos”.

Anuncia así que las plataformas pondrán en marcha una campaña bajo el lema ‘Salvemos las Tablas de Daimiel’ para recordar que actualmente el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) está trabajando en un marco de actuaciones prioritarias para “salvar” el Parque Nacional. “No tiene sentido que mientras se prepara ese plan, Castilla-La Mancha vaya en la dirección contraria proyectando plantas en estos tres pueblos”.

Alberto Celis ha detallado además que las plataformas están trabajando con técnicos un documento de propuestas alternativas para el tratamiento de residuos sin necesidad del biometano. Se trata, explica por su parte Rafael Ruiz, de una docena de soluciones que no ha detallado, pero que quieren presentar al Gobierno de Castilla-La Mancha.

Otra cuestión para la polémica es que el Gobierno regional también prepara una Ley de Proyectos Empresariales Estratégicos donde el biometano se considera “prioritario”. “Eso implicará que, aunque los ayuntamientos rechacen un proyecto, si la Junta considera que son de utilidad pública, se impondrá por encima de los municipios. Es decir, en una ley (la mencionada de Evaluación Ambiental) se les da poder y en otra ley se les quita. Esto no puede ser y tiene que resolverse”.

Si la Junta sigue por este camino, abriremos contenciosos en los tribunales

Precisamente esta es la “inseguridad jurídica” por la que estas plataformas no descartan acudir a los tribunales. “Se están saltando leyes e incluso el Tratado fundacional de la Unión Europea. Faltan evaluaciones ambientales estratégicas en algunas plantas. Eso no puede ser. Si la Junta sigue por este camino, abriremos contenciosos en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha y, si no nos dan la razón, llegaremos al Supremo, al Constitucional o a los tribunales europeos. No nos vamos a quedar callados”, amenaza Rafael Ruiz.

Actualmente, hay en Castilla-La Mancha tres plantas de biometano ya operando. La de Balsa de Ves, en Albacete, inició su actividad tratando 3.000 toneladas de residuos, y actualmente ha llegado a las 40.000 toneladas. La de Noez, en Toledo, afecta principalmente al pueblo vecino de Casasbuenas, donde ya se han presentado varias denuncias por contaminación. Y la más grande de las tres es la de Belinchón, en Cuenca, que trata hasta 400.000 toneladas de residuos.

En paralelo, ya se están construyendo otras tres: en Gálvez (Toledo), Villaluenga de la Sagra (Toledo) y Pedro Muñoz (Ciudad Real). Según el mapeo de estas plataformas y de Stop Ganadería Industrial, hay más de 70 plantas proyectadas, con expedientes en tramitación en toda Castilla-La Mancha, y el “objetivo”, afirman, es llegar a un centenar.

Estas plataformas sociales y vecinales se reunieron con la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, a finales del pasado mes de junio. Según afirman, la consejera mostró interés en el mencionado estudio de alternativas pero no les consta que el Gobierno esté trabajando en ello. Ahora quieren otro encuentro, para tener “el mismo número de reuniones que la consejera ha tenido con constructoras y empresas gasísticas”.

De hecho, piden directamente hablar con Emiliano García-Page ante la dimensión de un problema que “no es solo ambiental sino también político”. “Las elecciones están cerca y esto ya es un movimiento ciudadano en toda regla. Somos 46 plataformas de 46 pueblos, y a fin de año seremos cien. Queremos decirle que seguir permitiendo estas instalaciones es antisocial y es imponer los intereses privados por encima de intereses públicos”.

“Las plantas de biometano son malsanas, contaminantes y no aportan apenas empleo. Esto no es ni economía verde, ni circular, ni descarbonificada. Esto no es transición ecológica, es transacción económica. Queremos nuestros pueblos tranquilos, limpios, verdes y sanos, y no convertidos en un vertedero o en tierras de sacrificio”, concluyen.

La plataforma 'Salvemos Oliva de Plasencia' ha expresado su rechazo a la aprobación del informe de impacto ambiental para la instalación de una planta de biometano en este municipio cacereño y ha anunciado que mantendrá sus movilizaciones contra el proyecto.

La plataforma, en un comunicado difundido en redes sociales, ha subrayado que, aunque la aprobación del informe supone “una piedra en el camino”, continuará con sus protestas. En este sentido, ha animado a los vecinos a participar en las concentraciones que celebra cada domingo a las 10:00 horas en la plaza del Llano de Oliva de Plasencia y ha pedido a quienes apoyan sus reivindicaciones que hagan sonar el claxon al pasar por el municipio.

“Ni nos paran, ni nos callan”, ha afirmado la plataforma, que también ha defendido el lema “Oliva no se vende, se defiende”.

El proyecto, promovido por la mercantil Desarrollos Bioenergéticos de Extremadura Alagón, contempla la construcción de una planta de biometanización de alperujo con capacidad para tratar hasta 50.000 toneladas de este residuo al año.

El proyecto prevé dos fases, con una capacidad inicial de tratamiento de 25.000 toneladas anuales que se ampliaría hasta las 50.000 toneladas en una segunda fase. Según la resolución publicada en el Diario Oficial de Extremadura (DOE), no es necesario someter el proyecto al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria al no preverse impactos adversos significativos sobre el medio ambiente.

La planta se ubicará en la parcela 13 del polígono 533 del término municipal de Oliva de Plasencia y el acceso a las instalaciones se realizará desde la carretera CC-212, a través del camino del Pimpollar.

La instalación transformará mediante digestión anaerobia la materia orgánica de los alperujos en biogás y un residuo sólido estabilizado. El biogás será purificado para obtener biometano, que se inyectará en la red de gas natural.

Los vecinos de Oliva de Plasencia han protagonizado durante los últimos dos años distintos actos de protesta contra la instalación de la planta.