El Gobierno de Emiliano García-Page ha comenzado a allanar el camino para el futuro decreto que regulará las polémicas plantas de biometano y su “efecto llamada” para las macrogranjas, con una moratoria para los expedientes en curso. Uno de los objetivos principales de esa regulación es dar a los ayuntamientos el poder de decidir si quieren o no que estos proyectos se implanten su territorio.

Pero para ello, primero debe modificar la Ley de Evaluación Ambiental de la comunidad autónoma. Y ese es el paso que hoy ha dado a través de una proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, mediante la que se modifica esa norma, cuya toma en consideración ha aprobado el pleno parlamentario con la mayoría absoluta socialista. Los grupos del PP y Vox han votado en contra.

Ha explicado los detalles el diputado socialista Francisco José Barato, quien desde el primer momento ha vinculado este cambio normativo con el futuro decreto que regulará las plantas de biometano.

Según ha subrayado, el principal cambio de la Ley regional de Evaluación Ambiental es otorgar “autonomía” a los ayuntamientos sobre los proyectos empresariales que quieran implantarse en sus municipios, tanto en aquellos en los que la Corporación local actúa como órgano sustantivo como en los que no.

Con ello, los ayuntamientos pasan de ejercer una “participación informativa” a adoptar una “participación efectiva” de decisión principal en los informes de impacto ambiental.

En total, la reforma incorpora ocho cambios sustanciales. En primer lugar, se mantiene el informe técnico municipal requerido a los ayuntamientos en los expedientes de evaluación, sobre compatibilidad urbanística y afección socioeconómica de los proyectos. Pero se añade que el pleno municipal “deberá conocer el proyecto y pronunciarse expresamente”, validando o no su conformidad con el proyecto. Si el plenario local no lo autoriza, el proyecto no continuará su tramitación.

“El Ayuntamiento ya no se limita a ser informado, fija una posición efectiva, que tendrá un carácter vinculante”, ha subrayado el parlamentario del PSOE. “En todos los escenarios, los ayuntamientos tendrán una intervención clara, formal y efectiva en los proyectos de evaluación ambiental. Decidirán sobre su continuación”.

En cuanto al proceso de información pública de los expedientes, se añade en la normativa de Evaluación Ambiental un “refuerzo” de la participación de la ciudadanía: la obligación de publicar este trámite en uno de los periódicos de mayor difusión de la localidad, advirtiendo del plazo de presentación de las alegaciones. El objetivo es dar más posibilidades a los vecinos y vecinas para pronunciarse al respecto.

En la Ley actual se prevé el desarrollo de medidas compensatorias para corregir los efectos ambientales de proyectos empresariales. Con esta modificación, se amplían las funciones de las entidades colaboradoras de la Administración autonómica en materia de seguimiento, vigilancia y control. Todo ello, “sin desplazar las competencias de vigilancia” de la inspección ambiental autonómica.

Finalmente, la reforma establece que esta potestad de los ayuntamientos podrá ejercerse sobre los expedientes en curso, en tramitación. Esos proyectos quedarán suspendidos desde el momento en que estos cambios se publiquen en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) durante un plazo máximo de un año, en el que las corporaciones locales deben pronunciarse sobre ellos.

La excepción cuando el proyecto es “estratégico”

Pero existe una excepción en estos cambios. Aunque un ayuntamiento decida en su pleno municipal que no quiere que un proyecto empresarial se ubique en su municipio, el Gobierno castellanomanchego se reserva la opción de seguir adelante con el expediente si se considera “estratégico”.

Y precisamente, actualmente el Ejecutivo regional prepara un anteproyecto de Ley de Inversiones Empresariales Estratégicas, que complementa a la normativa regional de actuaciones “prioritarias”, y donde el biometano ocupa un lugar especial.

No cambiamos quién tiene la competencia para autorizar, pero sí reforzamos el poder de decisión de los ayuntamientos

“No cambiamos quién tiene la competencia para autorizar, pero sí reforzamos el poder de decisión de los ayuntamientos, haciendo compatible el desarrollo económico con la calidad de vida de nuestros pueblos”, ha concluido, no obstante, Francisco José Barato.

El rechazo de la oposición ha sido frontal. Desde Vox, el portavoz adjunto de su Grupo Parlamentario, Francisco José Cobo, ha acusado al PSOE de “poner en peligro la seguridad y el control del impacto ambiental”. Esta reforma, ha dicho, va “contra la naturaleza jurídica de prevenir, corregir y valorar los efectos ambientales”.

Ha arremetido así contra lo que considera “dar poder de veto a un órgano político” (en referencia a los ayuntamientos) frente a la Declaración de Impacto Ambiental (DIA). En su opinión, que un informe municipal sea vinculante “no tiene sentido”.

Además, el parlamentario del partido de ultraderecha ha afirmado que el régimen transitorio de un año es “un auténtico despropósito” y que esta reforma provocará “muchos litigios y conflictos en los tribunales por la nulidad de expedientes”, sobre todo en los proyectos considerados “prioritarios” o estratégicos“.

En la misma línea se ha pronunciado, el diputado del PP Santiago Lucas-Torres, quien se ha referido a esta forma como un “enorme ejercicio de contradicción política”. “La Junta se quiere quitar responsabilidades de encima, porque la evaluación ambiental es una competencia autonómica, no de los ayuntamientos”.

Trasladan esa responsabilidad a cada alcalde, a cada concejal, que no tienen recursos para realizar una evaluación en condiciones

“Con esto, trasladan esa responsabilidad a cada alcalde, a cada concejal, que no tienen recursos para realizar una evaluación en condiciones. Los alcaldes pasan a asumir el desgaste, la presión social. Con esto nos dicen que un proyecto no se desarrolle si no le gusta a quien esté gobernando. Es utilizar a alcaldes y concejales como escudo político”, ha argumentado.

Ha dejado claro que su partido está a favor de la participación de los ayuntamientos en los trámites de evaluación ambiental, pero no de que se “sustituya el criterio técnico” por una “decisión política”.

Además, considera que la mayor incoherencia es que si al Gobierno regional le parece “estratégico”, el proyecto salga delante de cualquier forma. “¿La voluntad municipal es sagrada o no, o solamente cuando coincide con los criterios de Page? Esto es una doble vara de medir tremendamente injusta”.

Santiago Lucas-Torres también se ha preguntado con qué recursos van a contar los ayuntamientos de pueblos muy pequeños para decidir sobre un proyecto, y también ha considerado que la reforma puede ser inconstitucional por “romper el equilibrio competencial, por sustituir informes técnicos por votaciones”.

La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, se ha mostrado “atónita” por el rechazo de la oposición. Ha afirmado que la reforma cumple con el principio de autonomía local que recoge la Constitución y también con la Ley de Bases del Régimen local.

Por ello, ha preguntado directamente a la bancada del PP si le van a decir a ayuntamientos como Campos del Paraíso, en Cuenca (donde gobierna este partido y donde se proyectan varias plantas de biometano en un término municipal muy pequeño), que “no van a poder decidir” sobre ello.

“No vamos a frenar el desarrollo. El periodo transitorio va a permitir que no se agoten los 12 meses. Porque nada más entrar en vigor esta reforma, un pleno municipal puede automáticamente validar un expediente y que este siga su curso”, ha remarcado la consejera.

Si un ayuntamiento tiene dudas, ahí estará la Junta para ayudarle

Además, ha defendido que la reforma también permite mayor transparencia, de manera que los promotores puedan informar a los ayuntamientos de que su proyecto “es el mejor del mundo mundial”. “Pero si un ayuntamiento tiene dudas, ahí estará la Junta para ayudarle, pero además hay un órgano técnico fundamental, que son las diputaciones provinciales. Los municipios no están abandonados”.

Mercedes Gómez ha concluido insistiendo que este es el primer paso para el futuro decreto de regulación de las plantas de biometano, cuyo borrador estará en exposición pública “próximamente”. Ha incidido en que los 919 ayuntamientos de la región están esperando “como agua de mayo” esta iniciativa y “van a tener siempre el asesoramiento del Gobierno de Castilla-La Mancha”.

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha asegurado que “no va a hacer de Talavera un vertedero”, en respuesta a las preguntas de los medios de comunicación sobre los proyectos de plantas de biometano que se dieron a conocer a finales del mes de junio.

Fue entonces cuando la Dirección General de Calidad Ambiental de Castilla-La Manca afirmó que es “viable desde el punto de vista ambiental” el proyecto para construir una planta de biometano y fertilizantes en esta ciudad, y que se estaba tramitando una autorización ambiental integrada para que pueda comenzar a funcionar.

De esta forma, Gregorio (PP), que gobierna el consistorio en coaliación con Vox, ha respondido al Partido Socialista, que previamente había hablado de “silencio atronador” por parte del alcalde y del portavoz de Vox, David Moreno, sobre este proyecto. “El silencio atronador es por parte de los socialistas”, ya que “todos los informes y expedientes positivos han venido por parte de la Junta de Comunidades, que está en manos del PSOE”, ha replicado Gregorio.

Además, ha avanzado que “más adelante hablaremos de cuándo se inicia este expediente porque alguno tendrá que esconder la cabeza cuando digamos en qué momento comienza este primer expediente”.

“Que todo se ajuste a la legalidad”

Con respecto a la situación de los proyectos de plantas de biometano, Gregorio ha explicado que “hay tres peticiones que todavía tienen que pasar por 200 informes”. En ese sentido, ha garantizado que “este alcalde sí que va a pedir todos los informes habidos y por haber para que ningún ciudadano de Talavera tenga la menor duda de que se ajustan a la legalidad”, tanto “medioambiental, social y económica”.

Asimismo, ha incidido en que “no les quepa ninguna duda de que yo voy a estar ahí, en esa lucha, y voy a estar el primero para que todo se ajuste a la legalidad”.

También ha advertido de que lo que no va a consentir es que se apruebe por parte de otra administración y le digan que él es el “culpable”.

El municipio conquense de Torrejoncillo del Rey y sus pedanías se enfrenta a la posible instalación de dos macroplantas de biometano en su término municipal. Dos empresas habrían mostrado interés en crear estas instalaciones y una de ellas ya contaría con el informe favorable de compatibilidad urbanística y la otra habría explicado al Ayuntamiento una posible propuesta.

Así lo señalan en un comunicado desde Pueblos Vivos Cuenca, que integra a movimientos vecinales de pequeños municipios de la provincia. Esta noticia ha despertado la preocupación de los habitantes de este municipio, decenas de los cuales se reunieron en una charla informativa en la que plataformas ciudadanas y expertos reclamaron mayor transparencia sobre los proyectos y alertaron del posible impacto ambiental de unas instalaciones que llegarían a una comarca afectada desde hace años por la contaminación por nitratos y la concentración de explotaciones ganaderas.

Desde la plataforma acusan a la alcaldesa de Torrejoncillo del Rey, Piedad Balsalobre Saiz (PSOE), de cambiar de postura, ya que afirman que el pasado 21 de mayo lanzó un comunicado donde definió el proyecto como “una cuestión inexistente administrativamente”. Más tarde, en el último pleno municipal el pasado 19 de junio, la alcaldesa informó sobre la tramitación de una de las macroplantas: “Hace ya más de un año una empresa solicitó un informe de compatibilidad urbanística sobre una posible ubicación. Al no tener este Ayuntamiento planeamiento propio, la consulta la tramitó la Diputación con un informe favorable desde el punto de vista urbanístico”.

Con este informe la empresa promotora puede iniciar el procedimiento de evaluación ambiental con el gobierno regional. En dicho pleno no se dio a conocer los nombres de las dos empresas implicadas a pesar de ser una de las preguntas planteadas en el turno de ruegos y preguntas por la Asociación de Vecinos y Jubilados de Naharros, que exige la debida transparencia y publicidad.

Una comarca con un largo historial de problemas ambientales

Torrejoncillo del Rey y los pueblos de su entorno llevan años conviviendo con los impactos derivados de la concentración de macrogranjas y de la gestión de sus purines, sobre todo del municipio limítrofe de Huerta de la Obispalía. Durante la jornada se recordó que esta realidad ya ha sido objeto de diversos procedimientos judiciales.

En 2018, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha anuló una autorización ambiental de una explotación porcina en Torrejoncillo del Rey al apreciar deficiencias relevantes en la evaluación ambiental. En el voto particular de aquella resolución se hacía referencia a informes sanitarios que acreditaban la contaminación por nitratos del agua destinada al abastecimiento de la población.

Posteriormente, en 2023, el mismo Tribunal volvió a anular la autorización ambiental de una explotación porcina en Huerta de la Obispalía al considerar insuficiente la evaluación de los efectos acumulativos derivados de la concentración de macrogranjas y de los riesgos asociados a la gestión de los purines sobre las aguas subterráneas.

La última analítica reportada por el Ayuntamiento de Torrejoncillo del Rey al SINAC-Ministerio de Sanidad refleja un nivel de nitratos en el agua del grifo de 85 mg por litro, cuando el máximo para que sea potable es de 50 mg/l. Esta situación de contaminación se repite desde 2022.

Persisten las denuncias por vertidos de purines

Durante el coloquio, varios vecinos de la pedanía de Villarejo Sobrehuerta denunciaron que continúan produciéndose vertidos de grandes cantidades de purines sobre parcelas agrícolas próximas al núcleo urbano.

Según explicaron, en algunos episodios los purines llegan a encharcar completamente las parcelas, una práctica que no está permitida y que incrementa el riesgo de contaminación de los suelos y de las aguas subterráneas, además de provocar molestias continuas por olores y abundantes moscas.

Los asistentes manifestaron su preocupación porque estas situaciones continúan produciéndose pese a las denuncias realizadas durante los últimos años y reclamaron una mayor vigilancia por parte de las administraciones competentes.

Transparencia y participación

Uno de los aspectos que más inquietud generó entre los asistentes fue la necesidad de disponer de una información completa y transparente sobre el proyecto. Los vecinos reclamaron conocer el volumen de residuos que trataría la instalación, su procedencia, el número de camiones previsto, el destino del digestato y los mecanismos de control ambiental previstos durante toda la vida útil de la planta, así como el nombre de las empresas interesadas. Los colectivos vecinales del municipio anunciaron que van a seguir informando a la población sobre este tipo de industrias.

“La ciudadanía tiene derecho a conocer qué residuos pretende tratar la planta, de dónde procederán, cómo se gestionará el digestato y cuáles serán las garantías ambientales del proyecto antes de que se adopten decisiones que condicionarán el futuro del municipio durante décadas”, señaló la representante de Pueblos Vivos Cuenca.

En este sentido Pueblos Vivos considera importante que los alcaldes transmitan a la población toda la información que hayan recabado de la empresa que pretende instalarse en su término, polígono y parcela, nombre y cualquier otro detalle relevante que se haya obtenido. La propia Asociación Española del Biogás, AEBIG, patronal del sector, lo recomienda en su código de buenas prácticas.

Desde Pueblos Vivos Cuenca afirman: “No cuestionamos el biogás como tecnología. Lo que cuestionamos es el modelo que se está impulsando, basado en macroplantas que necesitan traer purines y otros residuos desde decenas o cientos de kilómetros porque el territorio no genera suficientes recursos para alimentarlas. Ese modelo que nos intentan imponer convierte a nuestros pueblos en una tierra de sacrificio”.

Alertaron de que el digestato que generan estas instalaciones también acaba elevando los niveles de nitratos de las aguas subterráneas, como pasa actualmente con el purín.

Este medio se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de Torrejoncillo del Rey para obtener su versión sobre la posible instalación de estas dos macroplantas de biometano en su término municipal, sin haber obtenido respuesta en el momento de publicación de este artículo.

El rechazo vecinal desde las cinco provincias de Castilla-La Mancha y las numerosas protestas han dado sus frutos. Las plataformas contra el biometano de la comunidad autónoma han conseguido, tras varias solicitudes, mantener un encuentro con la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, y su equipo. Han conocido de primera mano el decreto que el Ejecutivo de Page prepara para restringir su implantación y que también supone una moratoria de un año en la que los expedientes en curso quedarán en suspenso para que puedan adaptarse a la nueva norma.

Lo más destacado: los colectivos reunidos con el Gobierno regional dan por “enterrado” el Plan de Biometano que la Administración autonómica llevaba dos años preparando con horizonte 2030. Según afirman, la propia consejera afirmó en el encuentro que ese proyecto “ya es pasado”.

No es la primera vez que el Ejecutivo regional plantea una moratoria para proyectos industriales que tienen que ver, directa o indirectamente, con los residuos. En 2022 se frenó la implantación de las macrogranjas porcinas - una de las fuentes de suministro para producir biometano- durante dos años, aunque en enero de 2025 los permisos volvieron a reactivarse.

A esta reunión acudieron los colectivos vecinales que representan a la asociación Stop Ganadería Industrial y a las plataformas de Huelves, Socuéllamos, Torralba de Calatrava y La Villa de Don Fadrique, agrupados en 'Stop Biometano Castilla-La Mancha', además de Pueblos Vivos Cuenca.  

Por parte del Gobierno, además de la consejera, estuvieron presentes los directores generales de Calidad Ambiental y Transición Energética, Tomás Villarrubia y Alipio García, respectivamente; y la directora general de Economía Circular y Agenda 2030, Esther Haro.

Un Plan destinado a desaperecer

No es de extrañar que el Plan regional de Biometano se considere ya “enterrado”. El nuevo decreto de restricciones al biometano que prepara el Gobierno, que procede del mandato de las Cortes de Castilla-La Mancha y que adelantó elDiarioclm.es, era incompatible con una planificación que venía a promover el uso de esta renovable en la región.

Desde su conocimiento público, recibió más de 15.000 alegaciones de organizaciones y particulares. Nunca se llegó a poner en marcha y ni la consejera ni los miembros del Gobierno lo mencionaban en sus últimas referencias a las plantas de biometano.

El motivo: las manifestaciones contra el biometano han arreciado en los últimos seis meses. Pueblos y ciudades que no quieren albergar instalaciones de gestión de residuos agroganaderos, debido a su impacto ambiental, a posible contaminación de las aguas y a los malos olores.

Y pese a que el Ejecutivo había rechazado todas las aportaciones recibidas para frenar ese Plan de Biometano, básicamente para no “interferir” en las decisiones de las empresas promotoras, ahora ha decido dar marcha atrás y reconocer el poder de decisión de los ayuntamientos sobre si quieren o no estas plantas en sus términos municipales. Varios alcaldes han dejado claro en los últimos meses su negativa a tramitar este tipo de proyectos.

Según miembros de las plataformas presentes en la reunión, el Plan regional de Biometano “es pasado y ya no se va a hablar de él”. El Gobierno no lo ha dicho como tal en la comunicación pública que hizo del encuentro, pero los colectivos que acudieron coinciden en que así será.

Como avanzó este periódico, la consejera les explicó que el nuevo decreto dará “poder absoluto de decisión” a los ayuntamientos sobre la decisión de aceptar la instalación de este tipo de plantas. “Su negativa supondría el archivo inmediato”.

También incorporará una limitación de la distancia de procedencia de los sustratos a 35 kilómetros; la obligación de incluir las instalaciones de tratamiento de las fases del digestato (el principal residuo que producen las plantas, generalmente comercializado como fertilizante); el cubrimiento de balsas de este último; el establecimiento de sistemas de monitorización y control de olores; y una fijación de distancia mínima de dos kilómetros, sin excepciones, a las poblaciones.

Pero los colectivos vecinales mantienen sus reservas. Detallan que a pesar de la paralización anunciada por la consejera, se ha iniciado la tramitación de dos macroplantas de biometano en Villarrobledo, otra en Los Yébenes, se ha aprobado en Gálvez y Talavera de la Reina, y se está elaborando la resolución de la macroplanta de Consuegra, según se puede consultar en la web de la Junta de expedientes bajo evaluación ambiental.

La consejera sigue afirmando que el origen de la contaminación por nitratos es la agricultura, librando de cualquier culpa a la ganadería industrial, renegando de los propios estudios multiisotópicos de su consejería y de algunas sentencias judiciales

Además, según las organizaciones presentes, es “contradictorio” que mientras se tramita un decreto más restrictivo con el biometano también se prepara una ley de inversiones estratégicas donde se impulsan las plantas de biometano.

Afirman que la consejera expresó que es necesaria la reducción de los residuos orgánicos, pero que “no tiene intención” de limitar el crecimiento de la ganadería industrial. Eso “a pesar de que sus propias cifras hablan de que este sector es el generador del 70% de los residuos orgánicos totales”.

“La consejera sigue afirmando que el origen de la contaminación por nitratos es la agricultura, librando de cualquier culpa a la ganadería industrial, renegando de los propios estudios multiisotópicos de su consejería y de algunas sentencias judiciales, como la que acreditó la contaminación del agua de Torrejoncillo del Rey”, argumentan.

Por eso rechazan que el Gobierno de Castilla-La Mancha no se plantee la existencia de otro modelo posible de plantas de biometano “más orientadas a su uso en el lugar de producción de residuos”, como autoconsumo, y “sigue apostando por macroplantas conectadas a la red de gas”.

Los colectivos asistentes a la reunión consideran que el nuevo decreto “contiene avances respecto al extinto Plan de Biometano”, aunque todavía es “manifiestamente mejorable”. Durante el encuentro, ambas partes manifestaron su compromiso de mantener el diálogo sobre el biometano que las organizaciones esperan que “no quede en papel mojado”.

Por su parte, la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, tras la reunión, se ha limitado a celebrar el “dialogo abierto” con estos colectivos, a los que invitó a “alegar las consideraciones que crean oportunas” cuando esta nueva normativa salga a participación pública“.

El periodo de consulta pública se abrió el pasado 22 de junio y se cierre el próximo 3 de julio. A continuación, le seguirá la fase de información pública, “en la que tanto las plataformas, como los promotores de proyectos de biometano, ayuntamientos y público en general, van a disponer de 45 días naturales para presentar sus aportaciones”.

“Este decreto será normativa más garantista de Europa para regular la implantación de plantas de biometano en la comunidad autónoma”

“Este decreto va a recoger la resolución aprobada en las Cortes de Castilla-La Mancha con la normativa más garantista de Europa para regular la implantación de plantas de biometano en la comunidad autónoma”, la consejera. Esto incluye medidas como las ya mencionadas y también que el 80 por ciento de los residuos que traten las plantas de biometano procedan de la comarca, de un área máximo de 35 kilómetros.

En definitiva, destaca que se trata de una serie de normas regulatorias que van a “garantizar” mediante medidas de obligado cumplimiento “cero olores y tratamiento hermético de los residuos”

Finalmente, ha confirmado la obligatoriedad que todos los proyectos se tengan que adaptar al cien por cien a la normativa recogida en el Decreto, para lo que contarán con un plazo de entre 12 y 14 meses para acometer las transformaciones que pudieran ser necesarias.

Posteriormente, algunos de los colectivos presentes han informado de que también detallaron a la consejera que un grupo especializado de técnicos y profesionales de máximo nivel está elaborando un “informe exhaustivo” sobre el tratamiento de los residuos en Castilla-La Mancha “sin necesidad de recurrir a macroplantas de biometano”.

Concretamente, afirman, estos expertos van a incidir en el impacto acumulado de los residuos procedentes de macrogranjas y ganadería industrial.

Las 46 plataformas piden la “paralización total”

En definitiva, afirman que las las 46 plataformas ciudadanas de los 46 pueblos de Castilla-La Mancha que se han movilizado reiteran su exigencia de “paralización total” de todas las macroplantas de biometano y de las macrogranjas de ganadería industrial.

“Reivindicamos al Gobierno regional que escuche a sus pueblos, actúe con rigor y cambie de rumbo hacia un modelo verdaderamente sostenible, coherente y respetuoso con el territorio. Castilla-La Mancha necesita una política de residuos que reduzca el problema en origen y no un modelo que pueda terminar justificando su crecimiento”, concluyen.

Ni las plataformas ni el Gobierno castellanomanchego han hablado de los plazos para la aprobación del nuevo decreto de restricciones, cuya entrada en vigor marcaría a su vez el inicio de la moratoria para los expedientes en curso, al igual que sucedió con las macrogranjas.

La Dirección General de Calidad Ambiental de Castilla-La Manca considera “viable desde el punto de vista ambiental” el proyecto para construir una planta de biometano y fertilizantes en Talavera de la Reina, y ya se tramita una autorización ambiental integrada para que pueda comenzar a funcionar.

Así lo recoge una resolución publicada este martes en el Diario Oficial de la comunidad autónoma para el proyecto presentado por Montearagón Bioenergy.

Por su parte, el Ayuntamiento talaverano considera que, “desde el punto de vista socio económico, no existe inconveniente respecto a la implantación en el término municipal del proyecto”.

Quién si ha puesto pegas ha sido el Ayuntamiento de Cazalegas que apuntan al impacto en el tráfico o a los posibles olores que genere la planta afectando a la urbanización El Cigarral, entre otras zonas. La propia resolución publicada hoy reconoce que “el principal impacto sobre el ambiente atmosférico será la potencial contaminación por sustancias que generan olores. Aunque sea de forma discontinua, estos olores se podrán manifestar durante toda la fase de explotación”, aunque el promotor asegure que se dispondrá de tecnología para evitarlo.

La planta industrial estará en una parcela de 108.181 m² en la que se construirán naves, digestores (donde se descompone la materia orgánica privándola de oxígeno), tanques y depósitos exteriores es de 12.900 m² y los viales en una superficie aproximada de 4.160 m².

Se encuentra a una distancia de 4,6 kilómetros de Talavera de la Reina, a 6,5 de Montearagón, a 2,4 de Las Vegas (La Pueblanueva), a 4,5 kilómetros de Cazalegas y a kilómetro y medio de la urbanización El Cigarral.

Se accede a la finca desde la Carretera CM-4000 que conecta Talavera de la Reina con Toledo y se sitúa a dos kilómetros de la A-5, la carretera Madrid-Extremadura. Junto a la parcela discurren el Camino Natural del Tajo y el Camino Real de Guadalupe, así como por el río Tajo, que discurre al sur de la parcela.

Gestionará 240.000 toneladas de residuos cada año

Será una instalación de producción de biometano centralizada (con residuos procedentes de varios productores) y de co-digestión (de residuos orgánicos no peligrosos: ganadero, agrícola y agroindustrial).

Del proceso de digestión anaerobia (descomposición de residuos sin oxígeno) se obtendrá un biogás que se acondicionará (upgrading) para obtener biometano y se inyectará en la red gasista. Para ello, se construirá un gasoducto soterrado de una longitud aproximada de 655 metros que discurre íntegramente por el término municipal de Talavera de la Reina hasta su punto de conexión con el gasoducto de transporte existente Torrijos-Talavera, propiedad de la red principal de Enagás.

Además, en este acondicionamiento se recuperará Bio-CO2 para usarse en el sector industrial.

Por otro lado, de la digestión se obtendrá el digestato que permitirá la producción de fertilizante orgánico y de apatita (concentrado en fósforo, magnesio y calcio) y un biofertilizante líquido NK. El proceso incluye una etapa con osmosis inversa que recupera agua osmotizada, que en parte se recirculará o se cederá para usos industriales o riego agrícola.

La instalación tendrá una capacidad de tratamiento de 240.000 toneladas de residuos cada año.

“Extremar medidas” para evitar filtraciones al Tajo

El proyecto ha recibido numerosas alegaciones, como las que se derivan del informe de los agentes medioambientales de la Delegación Provincial de Toledo. Advierten, entre otras cosas, de la posibilidad de filtraciones de agua hacia el río Tajo, por lo que indican que deben “extremar las medidas” de impermeabilización y control de vertidos para proteger el cauce.

También la Confederación Hidrográfica el Tajo advierte de que la planta se encuentra en una zona sensible de captación de agua del embalse de Azután, en la zona vulnerable “Madrid-Talavera-Tiétar y sobre una masa de agua subterránea. En estos aspectos, el promotor define el proyecto bajo un régimen de 'vertido cero'.

Mientras, el Servicio de Protección Ciudadana de Toledo emitió un informe técnico señalando los riesgos específicos de la zona de Talavera de la Reina que el proyecto debe observar.

Por ejemplo, identifica “riesgo alto por inundaciones”, riesgo sísmico - esta localidad está incluida entre los municipios con mayor riesgo sísmico de la comunidad autónoma- y riesgo por fenómenos meteorológicos adversos (lluvias, heladas, niebla y altas temperaturas).

Por eso exige que el proyecto se ajuste a todos los planes de emergencia regionales vigentes: Pricam (Inundaciones), Infocam (Incendios Forestales), Sismicam (Sísmico), Meteocam (Meteorológico), Radiocam (Radiológico) y Petcam (Mercancías Peligrosas) e indica la necesidad de elaborar un Plan de Autoprotección.

Ya dispone de autorización ambiental definitiva el proyecto para construir la planta de biometano que se ubicará en el término municipal de Gálvez, en la comarca de los Montes de Toledo. La instalación está diseñada para procesar anualmente casi 200.000 toneladas anuales de residuos orgánicos y subproductos animales.

Esta instalación fue declarada como “prioritaria” por el Gobierno de Castilla-La Mancha y obtuvo la declaración de impacto ambiental positiva hace más de un año, pero en los últimos meses se introdujeron una serie de cambios que requieron una autorización ambiental integrada (AAI) definitiva para poder operar. Esta es la luz verde de la que ya dispone.

La empresa promotora de esta planta es Nortiben Green Energy y su objetivo es convertir los residuos agroganaderos en biometano para su inyección en la red gasista, además de la producción de fertilizantes certificados a partir del material digerido, el denominado y polémico digestato. En esta misma comarca de los Montes de Toledo, se encuentra ya operando otra planta similar, en la localidad de Noez, cuya promotora es Biomethane Initiatives.

El 15 de mayo de 2025, hace más de un año, el Gobierno regional solicitó a promotora de la futura planta de Gálvez que subsanara algunos aspectos de informe de impacto ambiental para adaptarlo a los nuevos criterios adoptados en el Plan regional de Biometanización de la comunidad autónoma.

La resolución explica que, con ello, el proyecto requería dos procesos paralelos: la evaluación de impacto ambiental (EIA) y la AAI aprobada hoy. La primera, que es el visto bueno técnico sobre la viabilidad ambiental se publicó el 6 de mayo de 2025. Y una vez obtenido, ahora el Ejecutivo le otorga la autorización definitiva. 

Los condicionantes ambientales

Con ello, en principio culmina todo el proceso administrativo, tras haber adaptado el proyecto a las nuevas normativas regionales y haber “superado las fases de información pública y evaluación de impacto”. Esta nueva resolución es el documento legal que permite finalmente la construcción y explotación de la planta, aunque bajo condiciones ambientales estrictas.

Se da la circunstancia de que la luz verde que la Dirección General de Calidad Ambiental da a esta futura instalación en Gálvez se produce mientras el Gobierno regional prepara un nuevo decreto con restricciones para las nuevas instalaciones de este tipo, tras el fuerte rechazo social y de algunos ayuntamientos. En principio, se trata de una moratoria a la que tendrían que acogerse también los expedientes en curso, pero aún no hay fecha prevista para su aprobación.

Por el momento, en el caso de esta futura planta, la autorización ambiental, publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), establece protocolos de vigilancia ambiental, límites estrictos de emisiones a la atmósfera y medidas para la protección del suelo.

Entre ellos se encuentra el control de la contaminación atmosférica y de los olores, con límites de emisión para las calderas y para el proceso de proceso de upgrading (amoniaco y metano).

Asimismo, para evitar olores, una de las mayores críticas que reciben este tipo de instalaciones y que más rechazo social ha causado, la planta debe funcionar bajo un modelo de “instalación cerrada”. Esto incluye naves en depresión mecánica, filtros de carbón activo y el transporte de residuos en vehículos cerrados. También se deben realizar inspecciones periódicas por organismos de control acreditados

Para la protección del suelo y del agua, la planta no podrá realizar vertidos de aguas industriales o lixiviados al cauce público; y estas aguas deben ser recirculadas al proceso de digestión. Debe mantener igualmente redes independientes para aguas de proceso, pluviales limpias (tejados), pluviales de contacto (viales) y aguas sanitarias.

A este respecto, todas las superficies de almacenamiento y proceso deben estar hormigonadas o asfaltadas y contar con sistemas de recogida de lixiviados. A ello se suma la obligación de mantener una red de seis piezómetros para monitorizar constantemente la calidad de las aguas subterráneas y detectar posibles fugas.

En cuanto la gestión del digestato (el principal residuo saliente de estas plantas), la autorización publicada hoy obliga a registrarlo como producto fertilizante con certificado de la Unión Europea o estatal para dejar de ser considerado residuo.

Ruidos y protección de fauna

En lo referido a los ruidos y el mantenimiento, establece que no se pueden superar los 70 deciblios (dB) durante el día y la tarde, y los 60 dB durante la noche en los límites de la parcela. Obliga a la promotora a instalar una “pantalla vegetal”, una barrera de plantas autóctonas de al menos cinco metros de ancho alrededor del perímetro, para insonorización.

Finalmente, la resolución para la planta de biometano de Nortiben en Gálvez contempla diversas medidas de protección de la fauna. Menciona así el caso del águila imperial, presente en la zona y en peligro de extinción: se contempla la cancelación de los trabajos de obra civil durante su periodo de nidificación del águila imperial, que abarca los meses de febrero a mayo. También se soterrará la línea de alta tensión (de 20 kV) que contempla en su estudio, para evitar colisiones o electrocuciones de la avifauna del entorno.

Y en general, para evitar accidentes con la fauna silvestre o doméstica, la planta debe contar con vallado perimetral en sus balsas de digerido líquido, con sistemas de rescate en caso de caídas accidentales, y también la mencionada “pantalla vegetal” para favorecer la integración y reducir el impacto visual y acústico sobre el hábitat circundante.

La historia se repite. Hace más de cinco años que el Gobierno de Castilla-La Mancha se vio obligado ha aprobar una moratoria que paralizó la construcción de macrogranjas en esta comunidad autónoma, entonces disparada y con amplio rechazo social. Las nuevas licencias se suspendieron durante dos años y posteriormente el Ejecutivo regional aprobó un nuevo decreto para regularlas. El propio presidente autonómico Emiliano García-Page lo anunció. Ahora, ha vuelto a suceder, pero con las polémicas plantas de biometano, muy ligadas precisamente a la ganadería intensiva, puesto que principalmente realizan la valorización y tratamiento de residuos agroganaderos.

En esta ocasión no ha sido Page quien lo ha anunciado. Y tampoco su gobierno habla de moratoria como tal, pero una resolución del Grupo Parlamentario Socialista aprobada en el pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha así lo establece.

Concretamente, esta propuesta, que los socialistas han aprobado en solitario tras abstenerse el PP y Vox, insta al Gobierno a aprobar un “marco regulador claro, restrictivo y garantista” que permita ordenar el desarrollo de las plantas de biometano desde el “respeto al territorio, la protección ambiental y la seguridad de los vecinos y vecinas”.

La Consejería de Desarrollo Sostenible ya ha confirmado que de esta resolución del Parlamento regional emanará un nuevo decreto, pero no avanza los plazos para su tramitación y aprobación. Lo más curioso es que el Gobierno regional mantiene un Plan de Biometanización que todavía no ha visto la luz pese a que, en su origen, se planteó para el periodo 2024-2030, y al que se ha sometido ya a dos procesos públicos de consultas.

También es significativo que, según adelantó este periódico, el Ejecutivo esté preparando una nueva Ley de Inversiones Empresariales Estratégicas en las que ha incluido el biometano. Está en fase de consultas, pero la incorporación de esta energía renovable en el borrador exacerbó los ánimos de las plataformas contra el biogás, cuyas movilizaciones han arreciado en los últimos meses y que han criticado duramente que el Gobierno autonómico no solo no adoptara medidas para controlar su expansión, sino que además quisiera dar mayor agilidad a algunos proyectos mediante esa etiqueta de “estratégicos”.

La cuestión es que el Ejecutivo de Page ha decidido echar el freno. Y lo va a hacer entrando de lleno en muchas de las cuestiones más polémicas, aquellas en las que han puesto el foco las plataformas: la falta de control, de transparencia, y los problemas con el transporte, los olores, los vertidos y la proliferación de expedientes.

En la resolución aprobada, se establece que el nuevo decreto debe respetar el “poder de decisión” de los ayuntamientos. La nueva normativa obligará a que únicamente con el visto bueno de los plenos municipales se pueda elevar la tramitación de plantas de biometano al órgano ambiental autonómico, “garantizando así cercanía y transparencia en las tomas de decisiones respecto a los vecinos de un municipio”.

Esta circunstancia puede afectar a muchos de los proyectos actualmente en trámite. Algunos han recibido el visto bueno de los ayuntamientos, pero en otros casos, han sido precisamente sus alcaldes y alcaldesas las que han frenado la implantación de proyectos. El más significativo ha sido el caso de la ciudad de Albacete, donde hace dos años el pleno aprobó una ordenanza municipal para impedir su implantación en la ciudad.

El Gobierno castellanomanchego también va a establecer restricciones a las aportaciones de materia prima de fuera del municipio y su entorno. Concretamente, el tamaño de una instalación deberá estar vinculada directamente a la capacidad de generar materias primas para las plantas de biogás en el propio municipio y en su comarca.

Distancias, balsas, olores y transporte

La futura norma obligará a que, al menos el 80% de la materia prima que se use en una planta se obtenga en el municipio en el que se instale y, como mucho, en un radio de 35 kilómetros de distancia. Con ello busca evitar instalaciones “alimentadas de residuos de lugares lejanos” a la ubicación, “vinculando la autorización de los proyectos al cálculo de la huella de carbono”.

Otra cuestión polémica. El futuro decreto prohibirá las balsas abiertas para garantizar que no haya olores ni contaminación del aire ni de los acuíferos. Todos los proyectos deberán tener “balsas herméticas y cerradas” que impidan las filtraciones de la materia prima.

Precisamente, sobre los olores, la nueva normativa obligará a las empresas a instalar medidores de calidad de aire y de control que puedan ser consultados, a través de internet, por el público en general. También tendrán que “modelizar” las “emisiones fugitivas” no solo en chimeneas o antorchas sino también en “fugas de válvulas, sellos de digestores y superficies de las balsas con programas de detección de fugas”.

En cuanto al transporte de los residuos agroganaderos con los que principalmente se alimentan estas instalaciones, tendrá que ser “hermético y en cubas cerradas”. Se prohibirá asimismo que vehículos con esa carga atraviesen los núcleos urbanos: los proyectos deberán diseñar “rutas alternativas y directas” desde las carreteras principales a las plantas de biogás o biometano.

La polémica cuestión del digestato (el principal residuo que genera la producción de biometano, generalmente comercializado como fertilizante) también ha hecho reaccionar al Gobierno de Page. El nuevo decreto obligará a contar obligatoriamente con un programa de tratamiento de digestatos y otro de tratamiento y aprovechamiento de agua para su reutilización para regadío en línea con los principios de la Agenda 2030 y de la economía circular.

Pero lo más relevante es que este producto solo se considerará un fertilizante “agronómicamente válido” cuando su tratamiento garantice su “estabilidad, seguridad sanitaria y eficacia nutritiva”, previa analítica en consonancia con las directivas de la UE.

Con carácter más general, el objetivo es aumentar los sistemas de control, bien a través del cuerpo de inspectores, bien de “entidades colaboradoras” de la Administración. El objetivo, según indica la resolución, es asegurar el principio de “quien contamina paga” como “elemento disuasorio” ante posibles incumplimientos de normativa.

Otra de las polémicas generadas por la proliferación de plantas de biometano ha sido su cercanía a los núcleos urbanos. La misma controversia que hay con las macrogranjas. El nuevo decreto ampliará las distancias en las que una planta de biogás o biometano se puede construir: a un mínimo de dos kilómetros desde el fin del núcleo urbano de un municipio.

Se derogarán las excepciones anteriores en materia de distancias

Con ello quedará derogadas las excepciones que permitían reducir las mismas a un kilómetro o 1,5 kilómetros de distancia, “garantizando previamente con un estudio de dispersión de olores para determinar la extensión del impacto por olor que pudiera generar la planta y garantizar que los 2.000 metros es distancia suficiente para garantizar la calidad de vida de los habitantes de las localidades cercanas”.

Y tras estas medidas, es cuando el texto aprobado establece de manera implícita una moratoria. Porque incorpora “la obligación de adaptación de todos los proyectos a la normativa y, mientras tanto, suspensión de la tramitación”.

“La nueva normativa debe obligar a todos los proyectos que estén al inicio de su tramitación a la adaptación íntegra de los mismos a las restricciones, garantías y exigencias de la nueva normativa en un tiempo máximo de entre 12 y 24 meses”, precisa.

Durante este tiempo y hasta que no se adapten, “no se debe continuar con la tramitación administrativa”. En definitiva, el decreto establece que la no adaptación del proyecto a las exigencias derivará en el “archivo del expediente y a la exclusión del proyecto de continuar con la tramitación”.

Finalmente, la normativa tendrá como objetivo último “garantizar el principio de economía circular”, reducción de la huella de carbono, así como contribuir “con alternativas agronómicamente válidas a la reducción del uso de nitratos y fertilizantes químicos en el suelo y subsuelo”.

Durante la tramitación en las Cortes regionales de la resolución que dará lugar a este nuevo decreto, la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, avanzó que el Gobierno de Page será el “más estricto y garantista” de España, y que se “limitarán” las instalaciones o los proyectos empresariales que “hoy están encima de la mesa”.

“Tenemos que ordenar el despliegue de estas instalaciones y de tenemos que recoger las mejores técnicas disponibles y seguir realizando el ejercicio de transparencia y de participación que siempre hemos hecho”, afirmó. Añadió que con ello además se va a dar a los agricultores y ganaderos una oportunidad de someter sus residuos y sus subproductos a una “valorización energética”, al tiempo que también se ofrecen “soluciones” al sector industrial.

Evitar que la región sea “un estercolero”

En paralelo, las plataformas regionales y locales contra estas plantas y Stop Ganadería Industrial mantienen la lupa puesta sobre los proyectos ya aprobados y los que actualmente están en trámite:

Básicamente, estos colectivos optan por un modelo energético “descentralizado”, usando el biogás para el autoconsumo y autoabastecimiento de núcleos pequeños de población. Al mismo tiempo, piden establecer limitaciones al modelo de plantas de biogás: distancia a núcleos de población, distancia del origen de los materiales usados, limitar el tamaño para evitar los daños ambientales y molestias a la población.

Debido a su correlación o a un posible “efecto llamada” para macrogranjas, han pedido un plan para la reducción paulatina del número de cabezas de ganadería industrial hasta equilibrar los residuos generados con la capacidad de tratamiento y uso sostenibles. El objetivo: evitar que Castilla-La Mancha sea “una región estercolero”.

Cientos de personas se han manifestado este domingo, 31 de mayo, en Cuenca, donde se celebraba el acto institucional del Día de Castilla-La Mancha, presidido por Emiliano García-Page. Convocados por las asociaciones Pueblos Vivos, Stop Ganadería Industrial y Stop Biometano, han querido así mostrar su oposición al “despliegue industrial” de macrogranjas y plantas de biogás en esta comunidad autónoma. El lema de la movilización: “No somos territorio de sacrificio”.

Ante la decisión del Gobierno castellanomanchego de que Cuenca sea este año la sede del acto, la movilización la han protagonizado plataformas ciudadanas y vecinales de la comarca y de la Mancha Alta conquense. Protestaban contra los proyectos de macrogranjas y macroplantas de biogás-biometano. La manifestación, convocada por 46 colectivos vecinales, ha partido del barrio del Castillo y ha finalizado en la Pplaza Mayor, donde se han escuchado cánticos pidiendo la dimisión de la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez.

 La Subdelegación de Gobierno “no ha permitido que la manifestación se acerque a las proximidades del Auditorio, donde la Junta de Castilla-La Mancha celebraba el acto institucional del Día de Castilla-La Mancha”, explicaban los convocantes.

Tras la finalización de la manifestación, “la Policía Nacional no ha permitido a las personas que vestían camisetas reivindicativas visitar la zona de las Casas Colgadas y el puente de San Pablo, a diferencia de los turistas, a los que sí se les permitía acceder”, denunciaban

Han expresado durante la protesta su “profunda alarma” ante la “nueva ofensiva legislativa” del Gobierno de Castilla-La Mancha, por la publicación del borrador de la nueva Ley de Inversiones Empresariales Estratégicas. En este anteproyecto, tal y como adelantó este medio, el biometano está incluido como “estratégico”.

Aseguran que con ello, el Ejecutivo de Page defiende un “despliegue masivo” de biometano bajo premisas que los colectivos consideran “técnicamente cuestionables”. Señalan que a través del borrador de dicha ley, la Junta pretende “acelerar y blindar” la implantación de macroplantas de biometano, una “maniobra” que los colectivos vecinales califican unánimemente de “huida hacia adelante”, “imposición” y “desprecio a la ciudadanía”.

Y es que apuntan que la gravedad de la situación en este territorio es “extrema”. Según datos técnicos recabados por las plataformas locales, se proyectan hasta seis macroplantas de biometano más la ya implantada en Belinchón, sumando un total de siete instalaciones en un radio de menos de 30 kilómetros: dos proyectos en Tarancón, un macroproyecto en Huelves , que apenas tiene 75 habitantes, y tres proyectos en Campos del Paraíso, también con escasa población.

Esta “brutal concentración industrial” pretende, afirman, asentarse sobre una comarca que ya ha sido declarada Zona Vulnerable a la Contaminación por Nitratos en el registro de la Junta de Castilla-La Mancha.

Argumentan asimismo que una de las afecciones de este tipo de instalaciones son posibles filtraciones de lixiviados y de residuos con alto contenido en metales pesados provocando “contaminación irreversible” de las aguas subterráneas.

Refieren que el digestato o digerido resultante del proceso de biometanización se pretende utilizar como fertilizante para las tierras, “siendo más contaminante incluso que los purines” pues el proceso de biometanización transforma parte del nitrógeno orgánico en nitrógeno amoniacal “más soluble y fácilmente filtrable hacia acuíferos y aguas subterráneas si no se controla rigurosamente su aplicación agrícola”.

Los colectivos denuncian la “absoluta desproporción” de un modelo que convierte a los pequeños pueblos en “polos de tratamiento masivo de residuos a gran escala”. Y frente al “rodillo industrial” que pretenden las empresas energéticas, los habitantes de la comarca defienden el “modelo de desarrollo sostenible y arraigo”.

“El verdadero desarrollo rural no se importa en camiones de residuos, sino que se cultiva potenciando los recursos endógenos y el patrimonio que ya pertenecen a la comarca”, destacan. Frente a ello, proponen la creación de riqueza a través de la rehabilitación, la atracción de un turismo de calidad y la edificación de viviendas atractivas para un arraigo residencial estable.

Por eso argumentan que las afirmaciones oficiales que pretenden “hacer compatibles” las macroplantas con este entorno “carecen de base empírica realizable”: “La presencia de una industria pesada de tratamiento de desechos externos, caracterizada por olores crónicos y un tránsito incesante de camiones de gran tonelaje, introduce un impacto paisajístico y ambiental que neutraliza por completo cualquier incentivo para el turismo, la hostelería y el bienestar residencial”.

En los últimos meses se han multiplicado las coordinadoras locales, las manifestaciones, las alegaciones colectivas y las acciones informativas en defensa del medio rural, la salud pública y los recursos hídricos.

Y en el caso de Castilla-La Mancha, las distintas plataformas mantienen ya una estrecha coordinación territorial y trabajan conjuntamente en iniciativas sociales, técnicas y jurídicas para responder “de forma unitaria” al avance de estos proyectos industriales impulsados “bajo la etiqueta de transición ecológica”.

Protestas de los trabajadores autónomos en Ciudad Real

De igual modo, en Ciudad Real la Plataforma por la Dignididad de los Autónomos 30N ha convocado una movilización en la plaza de la Constitución de Ciudad Real. Esta concentración se convocó de forma simultánea a otras marchas en 22 provincias españolas con el objetivo conjunto de visibilizar la “situación límite” en la que se encuentran los profesionales y pequeño negocios ante el “escenario de asfixia fiscal”, además de un “incremento burocrático e incertidumbre económica actual”.

Desde la plataforma destacan que esta nueva movilización representa la cuarta ocasión en la que el colectivo sale de forma organizada a las calles desde el primer 30 de noviembre. “Lograr mantener la movilización activa de manera continuada es el reflejo de un descontento estructural muy profundo. Ninguna otra plataforma del sector ha desarrollado una estrategia de persistencia sostenida de este alcance hasta la fecha”, señalan desde la dirección nacional, recalcando que la organización mantiene su identidad civil “intacta, libre de siglas partidistas y centrada exclusivamente en los problemas reales del tejido productivo”.

En Castilla-La Mancha existe un Plan de Biometanización planeado hasta 2030. Se diseñó hace dos años pero todavía no está aprobado, pese a que estaba previsto su arranque en 2024. Pero con este proyecto, el Gobierno de Emiliano García-Page ya dejó clara hace tiempo su apuesta por el biogás como energía renovable de gran potencial en la comunidad autónoma. Y aunque numerosos colectivos ciudadanos, ecologistas y sociales, e incluso algunos ayuntamientos, han ido engrosando el rechazo a la instalación de estas plantas en pueblos de la región por sus efectos medioambientales y su “efecto llamada” para macrogranjas, el Ejecutivo autonómico ha decidido redoblar su apuesta incluyendo esta fuente de energía, procedente del tratamiento de residuos agroganaderos, en una nueva ley, todavía en fase de anteproyecto.

Concretamente, ha sacado a información pública el borrador de una nueva Ley de Inversiones Empresariales Estratégicas diseñada para fomentar el crecimiento económico de la región mediante la captación de inversiones.

El proyecto de ley propone un sistema de “tramitación preferente y acompañamiento administrativo” para aquellas iniciativas que generen empleo significativo y riqueza, especialmente en áreas rurales que sufren de despoblación.

Para ser considerados estratégicos, los proyectos deben cumplir con “umbrales mínimos de inversión” y contratación, los cuales se flexibilizan en zonas vulnerables para “promover la cohesión territorial”.

Lo curioso es que Castilla-La Mancha ya cuenta con una normativa similar: la Ley de Medidas Urgentes para la Declaración de Proyectos Prioritarios, que se aprobó en 2020, en plena pandemia de coronavirus, para impulsar igualmente la actividad socioeconómica en la región. Ya hay decenas de proyectos con esta catalogación en la comunidad autónoma.

El objetivo, actualizar la ley anterior de proyectos “prioritarios”

El Gobierno autonómico justifica ahora la nueva normativa en la necesidad de actualizar algunos de los parámetros que se establecieron hace cinco años, conforme a los índices de crecimiento y a las nuevas actividades económicas.

Y es en esos nuevos proyectos donde ubica el biometano. Incluye la generación de biogás, su principal derivada, dentro de las actividades económicas que pueden ser declaradas como “inversiones empresariales estratégicas” en Castilla-La Mancha. Específicamente, se refiere a las instalaciones de gestión de residuos para la generación de biometano.

Pero no lo plantea sin más. En el borrador se incorporan cinco “condiciones” concurrentes para que estas instalaciones reciban esa calificación. La primera de ellas es que la instalación debe localizarse en una zona declarada “vulnerable” a la contaminación por nitratos de origen agrario.

Esto es así porque, según el propio Gobierno regional, la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas por nitratos, procedentes de fuentes de origen agrario, es uno de los principales problemas sanitarios y ambientales a los que se enfrenta el sector agrario en la actualidad. El uso incorrecto de los fertilizantes utilizados en la agricultura y la gestión inadecuada de los estiércoles ganaderos, supone un exceso de nitrógeno en el medio, que limita sus potenciales usos, a la vez que supone un riesgo para el medio ambiente y la salud humana.

Las plantas de biometano pueden ser, argumenta, una posibilidad de acabar con esos nitratos. De hecho, el Ejecutivo ya modificó hace dos años la mencionada Ley de Proyectos Prioritarios para incorporar este cambio.

La segunda condición que establece el actual anteproyecto de ley es que al menos la mitad de los residuos tratados en la planta deben ser purines, vinazas o alperujos. Precisamente, este es uno de los argumentos a los que se aferra el Gobierno regional para defender esta fuente de energía. La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, preguntó recientemente a quienes rechazan el biometano cuál creen que debería ser la salida a estos residuos, ante la falta de alternativas.

Otro condicionante que impondrá la nueva normativa es que el tratamiento de la fracción sólida no podrá aplicarse directamente a los cultivos: tendrá que someterse a un proceso de reducción de nitrógeno para disminuir la cantidad de este elemento que sale de la planta y ser un “fertilizante registrado”.

Aquí cumple un papel fundamental el residuo procedente de las plantas de biometano que trae de cabeza a sus promotores: el digestato y su tratamiento. Por lo general, se comercializa como compostaje, pero su transporte y gestión tiene unos costes elevados y un fuerte impacto ambiental, según los ecologistas.

Y finalmente, la ley obligará a que las futuras plantas de biometano lleven asociado un “beneficio a la comunidad local” donde se ubiquen. Este es el principal argumento de las empresas promotoras que defienden el biometano. En un encuentro reciente en Toledo, muchas de ellas esgrimieron que estas plantas generan y fijan empleo en los pueblos, contribuyendo a frenar la despoblación.

“Tramitación urgente”, acompañamiento y subvenciones

Si cumplen estas condiciones, al ser considerada una inversión estratégica, estos proyectos de biometano podrían beneficiarse de una “tramitación urgente”, acompañamiento administrativo y medidas de incentivación en subvenciones o financiación.

En esta nueva normativa y para identificar esos proyectos “estratégicos”, la estructura administrativa incluirá una Comisión de Valoración especializada y unidades de apoyo provincial para “garantizar la seguridad jurídica y la eficacia” en el desarrollo de los mismos.

Aunque con esta nueva ley el Gobierno de Page deja claro su interés por el biometano, lo cierto es que, al mismo tiempo, el borrador sitúa el medio ambiente, el desarrollo sostenible y la economía circular como “pilares centrales” para la calificación de inversiones estratégicas en Castilla-La Mancha.

Por ejemplo, en los propios principios rectores de la ley se encuentra potenciar la transición ecológica mediante la “atracción” de iniciativas “innovadoras y sostenibles”.

Al mismo tiempo, hay otro dato importante: la nueva norma establece que para que una inversión sea declarada estratégica, la promotora debe aportar un “bloque ambiental” y técnico detallado en su memoria justificativa. En ese documento, es obligatorio que la empresa justifique que el proyecto es compatible con el entorno, que es viable desde el punto de vista medioambiental, el tipo de tecnología que se utilizará y la evaluación del proyecto en términos de sostenibilidad.

Precisamente, en el anexo del anteproyecto donde se destallan las actividades económicas, y donde se incluye el biometano, se añaden igualmente actividades específicas que, por su naturaleza ambiental, son candidatas a ser estratégicas, especialmente las destinadas a evitar que los productos “terminen en un vertedero”.

Ese el caso de proyectos de aprovechamiento de servicios ecosistémicos como la biodiversidad, el agua, la conservación del suelo o la captura de carbono; de aquellos que utilicen productos forestales certificados (FSC o PEFC); que realicen la primera transformación de recursos forestales (biomasa, resinas, corcho); o que reutilicen reciclaje textil o químico.

Pero de igual forma también en este listado de ‘futuribles’ incorpora proyectos de extracción de materias primas fundamentales. Este es otro punto polémico en la comunidad autónoma: las tierras raras abundan en el Campo de Montiel pero el rechazo social y la inviabilidad ambiental han evitado hasta ahora su explotación. Y lo mismo ocurre en otras minas que sí cuentan con autorización o están planeadas en la región, como la de fosfatos en el entorno de Cabañeros o las de oro en la provincia de Guadalajara.

Page avanza que la nueva ley se aprobará en septiembre

El propio Emiliano García-Page ya ha vendido las bondades de esta nueva ley. Según ha adelantado, el Consejo de Gobierno la aprobará el próximo mes de septiembre para su posterior remisión a las Cortes regionales. Según ha comentado, la normativa va a “englobar, aumentar y sustituir” a otras leyes vigentes, en referencia implícita a la mencionada ley de 2020 sobre proyectos prioritarios.

Mientras tanto, las plataformas vecinales, sociales y ecologistas mantienen su cruzada contra el biometano y no aceptan los argumentos que esgrime la Consejería de Desarrollo Sostenible para su defensa. Bajo el paraguas de Stop Ganadería Industrial, muchas de ellas han decidido unirse y recientemente se manifestaron todas juntas, esta vez en Toledo, para dejar clara su postura: “Ni en tu pueblo, ni el mío”.

“Esto no va de colores, va de olores”. Es uno de los lemas con los que más de una veintena de asociaciones vecinales de toda Castilla-La Mancha se han unido, convocadas por la plataforma No al Biogás en la Sagra, para protestar en una manifestación contra el impacto de la “biometanización” de la comunidad autónoma. Básicamente, exigen la paralización del plan autonómico que contempla la regulación de las plantas de biogás y el freno a la imposición de estas instalaciones y también de las macrogranjas.

La movilización se ha celebrado este sábado a las 17 horas en la céntrica plaza de Zocodover del Casco Histórico de Toledo y no tiene precedentes en cuanto a la unión de tantos colectivos de la comunidad autónoma.

Los organizadores la han calificado de “multitudinaria” a pesar de la lluvia, y en ella han participado cientos de personas llegadas de las cinco provincias de la región.

“Se ha evidenciado el creciente rechazo social al Plan Regional de Biometanización 2024-2030 promovido por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha”, han señalado los convocantes que han mostrado “su oposición frontal” a la implantación de macroplantas de biometano y macrogranjas industriales, un modelo que consideran incompatible con la conservación del medio ambiente, la protección del agua, la calidad de vida de los vecinos y el desarrollo sostenible de los pueblos.

Denuncian que “una vez más el medio rural se pone al servicio de intereses económicos ajenos a sus necesidades. Si estas plantas de biometano o las macrogranjas de cerdos aportasen beneficios a los vecinos, las grandes ciudades se pelearían por ubicarlas en sus inmediaciones, pero la realidad es que ninguna las quiere”, señalan desde las plataformas.

“Se ignoran” las 15.000 alegaciones presentadas

Durante el acto, los portavoces del Grupo Regional de Plataformas Stop Biometano de Castilla-La Mancha han denunciado que el Gobierno autonómico “sigue ignorando” las más de 15.000 alegaciones presentadas por ciudadanos, asociaciones y ayuntamientos de toda la región. Han recordado que estas alegaciones continúan sin recibir una respuesta individualizada y motivada, lo que, a juicio de los colectivos, supone “una grave vulneración del derecho democrático de participación pública”.

En la concentración han pedido también la revisión individualizada, motivada y legalmente válida de las citadas alegaciones ciudadanas; una evaluación ambiental y técnica “verdaderamente independiente, libre de conflictos de interés”; y un marco legal “previo, garantista y preventivo que proteja el territorio, la salud pública, la economía rural y la autonomía municipal”.

La concentración ha servido también para lanzar un mensaje claro y contundente a la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, y al presidente de la Junta: “Los pueblos de Castilla-La Mancha no aceptarán imposiciones ni decisiones tomadas de espaldas a la ciudadanía”.

Del mismo modo, advierten al presidente García Page “del elevado coste electoral que le va a suponer seguir apoyando el plan de su consejera que cuenta con un amplio rechazo social en las comarcas afectadas”.

Piden la suspensión cautelar del plan de biometanización

Las plataformas exigen también la suspensión cautelar inmediata del Plan Regional de Biometanización y la paralización de todas las plantas proyectadas, una evaluación verdaderamente independiente y la aprobación de un marco legal garantista que proteja la autonomía municipal y el derecho de los municipios a decidir sobre su futuro.

La jornada ha estado marcada, inciden, por “un ambiente de unidad, determinación y firme compromiso”. Vecinos de todas las comarcas afectadas aseguran que la oposición a este modelo “no es un fenómeno aislado, sino un movimiento regional amplio, transversal, organizado y cada vez más fuerte que aglutina a miles de personas del mundo rural”. Advierten y apelan a la solidaridad de todo el mundo rural ya que “hoy son ya más de setenta pueblos de toda la región los que se sienten amenazados, pero en unos años podrían ser otros setenta ya que esto es solo el comienzo de un modelo industrial impuesto que supone un grave riesgo para los vecinos del medio rural”.

Hoy son ya más de setenta pueblos de toda la región los que se sienten amenazados, pero en unos años podrían ser otros setenta ya que esto es solo el comienzo de un modelo industrial impuesto que supone un grave riesgo para los vecinos del medio rural

Las Plataformas Stop Biometano han valorado muy positivamente la respuesta ciudadana y han anunciado que continuarán intensificando su coordinación y sus acciones sociales, institucionales y jurídicas hasta lograr la paralización definitiva de un plan que consideran injusto, insostenible y contrario a la voluntad mayoritaria de los pueblos.

“Hoy Toledo ha escuchado la voz de los pueblos de Castilla-La Mancha. Cientos de personas y decenas de plataformas han demostrado que nuestros pueblos están unidos y decididos a defender su tierra, su agua, su salud y su dignidad. No permitiremos que conviertan nuestra región en un vertedero industrial. La movilización no ha hecho más que comenzar”, señalan.

Plataformas adheridas a la protesta

Ahora, la protesta llega a la capital castellanomanchega. Según han informado sus organizadores a este medio, acudirán representantes de plataformas de Campo de Criptana, Socuéllamos, Torralba de Calarava, Carrión de Calatrava, Llanos del Caudillo, Madridejos, Membrilla, Campos del Paraíso, Valdepeñas, Pedro Muñoz, Arenales de San Gregorio, Villa de Don Fadrique, Villaluenga de la Sagra, Manzanares, Malagón, Daimiel, Quintanar de la Orden, Tomelloso, Villarrobledo, Huelves, Paredes, Tobarra y Fuentenovilla.

Junto a todas ellas, muchas con un largo historial de movilizaciones en sus municipios, también ha estado presente la Stop Ganadería Industrial, la plataforma estatal que también impulsa y apoya desde hace años el rechazo a las plantas de biogás, principalmente porque consideran que suponen un “efecto llamada” para macrogranjas. Mantiene actualizado un mapa de los proyectos en la región:

Constituidas como Grupo regional de Plataformas Ciudadanas Stop Biometano de Castilla-La Mancha, la manifestación de Toledo quiere visibilizar el “rechazo social masivo” al Plan Regional de Biometanización 2024-2030 impulsado por la Junta de Castilla-La Mancha y denunciar públicamente “la falta de respuesta democrática, jurídica y ambiental” por parte del Gobierno regional.

Hay posibles impactos sobre acuíferos, contaminación por nitratos, emisiones, olores, bioaerosoles, incremento del tráfico pesado, así como “deterioro de la economía rural tradicional y riesgos para la salud pública

Creen que el Plan Regional de Biometanización carece de una evaluación acumulativa rigurosa sobre el efecto conjunto de decenas de proyectos previstos, omite “análisis clave” sobre disponibilidad de recursos, trazabilidad del digestato y emisiones fugitivas, y presenta “graves dudas sobre su imparcialidad por la vinculación de entidades adjudicatarias con el propio sector del biogás”.

En la misma línea, desde una de las plataformas convocantes, la Asociación de Vecinos por la Sagra Viva sin Biogás, denuncian que una de las plantas que pretenden instalar en su comarca y de la que ya se han iniciado las obras, se ubica a una distancia de las poblaciones que consideran completamente insuficiente.

En concreto, a menos de un kilómetro y medio de los municipios toledanos de Cobeja, Yuncler y Villaluenga, así como a tres kilómetros de Pantoja, por debajo de lo que establece el propio Plan de Biometanización. Piden por ello que se paralicen las obras y se amplíe la distancia a estas poblaciones como mínimo a diez kilómetros “por los riesgos que podrían suponer sobre la salud y la calidad de vida de nuestros vecinos.

La concentración de Toledo pretende convertirse en una demostración de unidad regional frente a un modelo que consideran “impuesto, contaminante y socialmente rechazado”, así como en “un mensaje inequívoco” al Gobierno autonómico: “La ciudadanía rural está organizada, movilizada y decidida a defender sus derechos”.

“¿Qué piensan hacer con sus alpechines?”, dice el Gobierno regional

La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha hecho alusión a esta manifestación esta misma semana. Dice respetar estas protestas pero ha preguntado a los vecinos y vecinas que viven en algún municipio de la región “qué piensan hacer con sus alpechines, con sus vinazas, con los estiércoles ganaderos, con los restos de podas y con los lodos de depuradora”. Es decir, señala directamente los residuos agroganaderos que tratan y convierten estas plantas de biometano.

Si los residuos no se tratan de forma adecuada, los llevarán a los vertederos y en los vertederos tendremos lixiviados, tendremos contaminaciones de los acuíferos y por lo tanto tendremos un grave problema en toda la región

Ha advertido de que si estos residuos no se tratan de forma adecuada, “tendremos un problema”, ya que “los llevarán a los vertederos y en los vertederos tendremos lixiviados, tendremos contaminaciones de los acuíferos y por lo tanto tendremos un grave problema en toda la región”.

Por lo tanto, la consejera cree que es importante que eso también se tenga en consideración. Y al mismo tiempo defiende que los proyectos empresariales de biometano busquen buenas ubicaciones, que “no molesten absolutamente a nadie” y que resuelvan estos problemas.

Precisamente, el decreto que dará cabida al Plan Regional de Biometanización está ya en el servicio jurídico en sus últimas fases de implementación de mejora desde el punto de vista jurídico del texto.

Confía la titular de Desarrollo Sostenible que antes del verano esté ya disponible y permita a la región contar con una norma reguladora que defina “qué tipo de instalaciones son las que pueden venir a Castilla-La Mancha” y sobre todo, dónde se tienen que instalar y de qué forma, “para que también sea una ayuda a los municipios para su toma de decisiones”.

Mientras esta planificación sigue su trámite, las empresas promotoras también desembarcaron recientemente en Toledo para analizar las variables ambientales del biogás. En unas jornadas organizadas por la Fundación Naturgy, Margarita de Gregorio, CEO de la Asociación Española de Biocircularidad (Biocirc) advirtió de que esta polémica renovable ha “venido para quedarse”, pero admitió que “debe explicarse mejor”. Varios expertos apostaron por su desarrollo para la descarbonización, aunque también reconocieron que “hay que saber llegar a la población rural”.

En ese evento también estuvo presente Alipio García Rodríguez, director general de Transición Energética del Gobierno de Castilla-La Mancha, quien incidió en la defensa que la Administración regional hace de las renovables, junto con la “preocupación” por el tratamiento de los residuos. Sobre este último aspecto, recordó que es algo que ya pasó con la instalación de las primeras depuradoras y los lodos que generan.

“Ahora contamos con una tecnología más avanzada como el biogás, la biometanización, que es un eslabón muy concreto en esa circularidad y es donde hay que poner el foco”. Considera que con ello se pueden gestionar residuos orgánicos sin el uso de vertederos o mediante su manipulación directa en el terreno, que es lo que genera contaminación del agua por nitratos. “Debemos contar con nuevas actuaciones de gestores autorizados para compensar todo esto”.

No obstante, las supuestas bondades del biogás no terminan de convencer a los vecinos y vecinas de los pueblos afectados. Con más de 70 proyectos operando o en planificación en toda la comunidad autónoma, las plataformas ciudadanos han decidido ahora unirse para manifestar su rechazo total, dentro un debate muy polarizado y de difícil solución.

La última gran manifestación en la región antes de la celebrada este sábado fue la llevada a cabo en la localidad conquense de Campos del Paraíso el pasado 28 de marzo. Más de un millar de personas entre vecinos, agricultores, familias y colectivos sociales de distintos puntos de la provincia de Cuenca se movilizaron en este municipio integrado por cinco poblaciones (Carrascosa del Campo, Loranca del Campo, Olmedilla del Campo, Valparaíso de Abajo y Valparaíso de Arriba) para mostrar su rechazo a los proyectos de plantas de biogás previstos en su entorno.

La movilización, convocada por la Asociación Vecinal Campos del Paraíso Comunidad Rural y respaldada por 40 asociaciones, recorrió las calles de Carrascosa del Campo en un ambiente reivindicativo y emocional, en defensa del territorio, la salud y el futuro del medio rural. 

El Grupo Municipal Cuenca en Marcha-Unidas por Cuenca llevará al próximo pleno del Ayuntamiento una moción para paralizar la implantación de plantas de biogás en el término municipal, ante el avance de este tipo de proyectos y “sus posibles consecuencias sobre el territorio, la salud pública y la calidad de vida”.

La iniciativa plantea la suspensión cautelar inmediata de licencias urbanísticas para estas instalaciones hasta la aprobación del nuevo Plan de Ordenación Municipal (POM), así como la incorporación en este documento de “una regulación estricta o incluso su prohibición expresa”.

Desde la formación argumentan que Castilla-La Mancha y la provincia de Cuenca están viviendo una “auténtica avalancha” de proyectos de biogás, muchos de ellos “impulsados sin planificación territorial y con un fuerte rechazo vecinal en los municipios afectados”. Alertan de que este modelo puede convertir el medio rural “en un espacio de concentración de infraestructuras vinculadas al tratamiento de residuos”.

El concejal Pablo García ha criticado la falta de planificación, argumentando que “se están impulsando instalaciones con enormes impactos sin una estrategia clara, sin evaluar los efectos acumulativos y sin escuchar a la ciudadanía”. “Eso es inaceptable”, ha asegurado.

Hablamos de olores, de tráfico constante de camiones, y de presión sobre carreteras y recursos hídricos

Asimismo, ha advertido de las consecuencias directas. “Hablamos de olores, de tráfico constante de camiones, de presión sobre carreteras y recursos hídricos, y de riesgos para suelos y acuíferos. No es desarrollo sostenible, es trasladar problemas al medio rural”, ha declarado en este sentido.

El edil ha insistido en que la transición energética “no puede servir de excusa para justificar cualquier proyecto” y que “defender las renovables también es poner límites y proteger a la población”.

La moción también reclama a la Junta que garantice evaluaciones ambientales rigurosas, acumulativas y coordinadas, teniendo en cuenta el impacto real de estas plantas sobre el territorio. Por último, Pablo García ha llamado a situar el debate en el centro de la agenda pública: “Lo que está en juego es el modelo de ciudad y de provincia. O planificamos nosotros o nos lo imponen desde fuera”.

El Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra ha estimado un recurso de alzada contra la autorización de una planta de biometanización en el término municipal de Sesma, promovida por la empresa Biometano Sesma S.L. Por medio de una Orden Foral, se anula la Autorización Ambiental Integrada (AII) concedida el pasado mes de octubre a esta instalación.

Al igual que en planta de biogás proyectada en Arróniz –cuya suspensión tuvo que pasar ayer miércoles por el trámite de un acuerdo elevado a Consejo de Gobierno por tratarse el recurrente de una entidad local-, el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente se pronuncia estimando parcialmente un recurso de alzada, basado en el mismo argumento de déficit de base territorial considerado en la planta de biometanización tramitada en el término municipal de Arróniz, aplicado también al caso de Sesma.

Concretamente, el Servicio de Economía Circular e Innovación de la Dirección General de Medio Ambiente, revisada toda la documentación presentada para acreditar la base territorial, ha confirmado que alguna de las autorizaciones presentadas por la empresa promotora no se ajustan a los requerimientos de la Orden Foral 234/2025, ya que la autorización para el vertido debe ser del titular de las parcelas y no, en su caso, de las personas arrendatarias. En este sentido, parte de estas autorizaciones no se ajustan a la realidad y, por tanto, deben ser excluidas. En definitiva, el proyecto de la planta carece de base territorial suficiente para la aplicación en campo de los digestatos que vayan a tratarse en la instalación, uno de los requisitos que exige la Autorización Ambiental Integrada.

En el caso de la autorización para la planta de biometanización de Sesma, se han interpuesto distintos recursos de alzada por parte de la Fundación Sustrai Erakuntza, la plataforma vecinal Stop Biometano, la agrupación local LOIU del municipio colindante de Lodosa y el colectivo ecologista Ecología y Libertad, además de un requerimiento previo planteado desde el Ayuntamiento de Lodosa.

Al anularse la resolución recurrida de la AAI, procede ahora declarar la terminación del procedimiento de requerimiento previo interpuesto y de los recursos de alzada, por desaparición sobrevenida del objeto de los mismos.

Hay impulso, hay promotores, hay ganas. Pero también múltiples variables ambientales, alguna carencia de legislación, así como “desinformación” y una amplia “necesidad de explicarnos mejor”. Son algunas de las conclusiones que varios impulsores del biogás han expresado en la jornada organizada en Toledo por la Fundación Naturgy para la presentación a nivel estatal de una guía “pionera” sobre las variables de esta polémica energía renovable, que cuenta con una amplia contestación social en varios puntos del país por su “efecto llamada” para macrogranjas y sus afecciones ambientales.

El biogás es una fuente de energía renovable producida por la descomposición de materia orgánica, principalmente residuos agroganaderos, pero también lodos y basura, en ausencia de oxígeno. Está compuesto por metano y dióxido de carbono y se utiliza para generar electricidad, calor, biocombustible o fertilizantes orgánicos. Es un método de gestión de residuos que se convierte en biometano al ser “purificado” eliminando todas sus impurezas y convirtiéndolo en una fuente de energía similar al gas natural.

La elección de la capital castellanomanchega para este evento no ha sido casual. En esta comunidad autónoma, según el mapeo en tiempo real que realiza Stop Ganadería Industrial, hay más de 70 plantas operando, en trámite o con solicitud de autorización ambiental. Por eso, las protestas han arreciado en los últimos años. Incluso desde la administraciones locales: ayuntamientos, como el de Albacete, por ejemplo, han aprobado ordenanzas para impedir la instalación de plantas de este tipo.

En la jornada, de hecho, ha estado presente el alcalde de Campos del Paraíso, Francisco Javier del Saz (PP). En este municipio, de apenas 300 habitantes, se produjo recientemente una de las mayores movilizaciones, de más de un millar de personas, contra los proyectos de biogás que planean sobre el municipio y sus pedanías.

“No estoy ni a favor ni en contra. He venido a informarme porque hay preocupación entre los vecinos. Quiero contarles todo lo que se diga aquí, y que puedan tener todos los datos. Yo también soy vecino y también me afecta, pero quiero ser objetivo y contar lo que hay”, ha precisado a este medio.

La primera guía técnica que analiza todas las variables ambientales

Y es que entre los impulsores del biogás hay “sorpresa” por estas movilizaciones. De ahí la jornada de Naturgy, abanderada por María Eugenia Coronado, directora general de Fundación, con el fin de contrarrestar estas críticas, y ‘vender’ el biometano con un informe que se detiene en sus decenas de variables ambientales.  

Este documento lo ha elaborado INERCO, una empresa internacional especializada en brindar soluciones integrales en ingeniería, medio ambiente y seguridad industrial. Su enfoque principal es el desarrollo sostenible para sectores como el gas, la minería o la química. Actualmente, opera en más de 10 países.

En realidad, se trata de una guía técnica que analiza el papel del biometano en la transición energética y la economía circular y detalla cuál es el marco ambiental y regulatorio aplicable, las principales variables técnicas y ambientales de estas instalaciones y las mejores prácticas para su implantación y operación sostenible.

Sus conclusiones las ha presentado Amelia Olid, jefa del Área de Gestión Ambiental de Nuevos Desarrollos de INERCO. Uno de sus contenidos más destacados es el amplio espacio que dedica a los condicionantes técnicos y ambientales en el proceso productivo de las plantas de biometano.

No oculta que entre ellos se encuentran efectos como las emisiones atmosféricas y de olores, ruidos, efluentes derivados por el almacenamiento, y otras afecciones como la contaminación de aguas subterráneas y suelos, y el impacto paisajístico.

Es en la gestión del digestato y en la elaboración del compost, es decir, en los residuos de estas plantas, donde se producen los principales impactos, y para ello propone medidas correctoras que abarcan todo el proceso, desde el diseño de la planta hasta su funcionamiento final. En todo ello, concluye, la legislación estatal y las normativas autonómicas, a la hora de otorgar autorización ambiental, son “garantistas” y permiten su instalación sin apenas consecuencias.  

Pero ha sido en el coloquio posterior a la presentación del informe, moderado por Humberto del Horno, delegado de Europa Press en Castilla-La Mancha, donde se han puesto sobre la mesa las reflexiones más interesantes y donde ha quedado de manifiesto que el biogás es una solución “compleja”, pero que ofrece una “salida necesaria” a la gestión de residuos orgánicos.

Sobre la necesidad y la urgencia de potenciar esta renovable, Francisco Javier Hidalgo, director de Consultoría en España de INERCO, ha querido advertir primero de que siempre que surge una actividad relativamente nueva, las administraciones y el entorno social necesitan conocer sus ventajas e inconvenientes.

Y el argumento principal, ha señalado, es que se trata de una “gran necesidad”. “Tener plantas de biometano ayuda a la descarbonización y además permite la gestión de residuos. Es una pieza clave que nos permite movernos hacia una generación más sostenible y va a permitir hacerlo desde el uso de recursos del territorio, no necesitamos traer nada de fuera”, ha añadido.  

Del “régimen plano” al digestato

Por su parte, Lourdes Gómez de la Vega, responsable de Ingeniería y Medio Ambiente en Gases Renovables de Naturgy, ha remarcado que en el actual contexto de transición energética, especialmente en Castilla-La Mancha, ha habido ha habido un importante desarrollo de energías renovables, pero la diferencia del biometano es que se produce en un “régimen plano”, es decir, de manera continua, al contrario que la fotovoltaica y la eólica, que dependen de elementos externos como el viento o el sol.

“El biometano se puede almacenar de forma muy fácil y con precios más competitivos y además permite abastecer al sector doméstico”. Se refiere con ello a la molécula CH4 (metano) que permite la misma inyección a la red que el gas natural, pero como una solución “mucho más potente”.  

A este respecto, Alipio García Rodríguez, director general de Transición Energética del Gobierno de Castilla-La Mancha, ha incidido en la defensa que la Administración regional hace de las renovables, junto con la “preocupación” por el tratamiento de los residuos. Sobre este último aspecto, ha recordado que es algo que ya pasó con la instalación de las primeras depuradoras y los lodos que generan.

“Ahora contamos con una tecnología más avanzada como el biogás, la biometanización, que es un eslabón muy concreto en esa circularidad y es donde hay que poner el foco”. Considera que con ello se pueden gestionar residuos orgánicos sin el uso de vertederos o mediante su manipulación directa en el terreno, que es lo que genera contaminación del agua por nitratos. “Debemos contar con nuevas actuaciones de gestores autorizados para compensar todo esto”.

Sobre el desarrollo del biometano en España, la responsable de Renovables de Naturgy ha querido hacer hincapié en que no se trata de una tecnología nueva, ya que ha habido proliferación de plantas en Europa durante 20 años. “Ahora hay que diseñar plantas para la variabilidad de residuos de manera mucho más amplia, que ayuden al territorio para un sistema de gestión eficiente, y que sirvan para inyectar en las redes domésticas, no solo para la industria”.

Es en este punto cuando se ha referido al digestato y a su valorización para una “aplicación directa”. “Tenemos la obligación de generar un producto que sirva como fertilizante para comercializar y certificar en toda la Unión Europea, y contribuir así a disminuir los fertilizantes químicos”.

Para el representante de INERCO, biogás y biometano no suponen solo una energía renovable sino una solución a la problemática de la circularidad de los residuos. Y coincide con Naturty en que es un modelo “ampliamente probado” en Europa. “Ahora mismo ya hay técnicas de mitigación de los impactos y se utilizan a escala productiva global”.

Además, ha explicado que gran parte de los promotores que desarrollan estas plantas son empresas que tienen mucha experiencia a nivel energético, y eso “no siempre pasa con todos los proyectos”, por lo que es “una garantía de que los estándares de diseño son altos”.

Según está el mundo, el biometano es estratégico. No podemos esperar más. Nos dota de autonomía y ha venido para quedarse

Una de las más taxativas en la defensa del biometano y su tecnología ha sido Margarita de Gregorio, CEO de la Asociación Española de Biocircularidad (Biocirc): “Según está el mundo, el biometano es estratégico. No podemos esperar más. Nos dota de autonomía y ha venido para quedarse”.

Pero ha sido también la que ha hecho mayor autocrítica. Preguntada sobre las protestas vecinales y sociales en el medio rural ha reconocido: “Igual podemos explicarlo mejor”.

“No subestimamos para nada a las poblaciones rurales. La gente en los pueblos sabe mucho más que en las ciudades y tenemos una oportunidad de explicarlo todo mejor. Debemos construir todos juntos esta transición. Instalamos industrias que hay que alimentar diariamente con base orgánica. Son como ‘minirrefinería’ de petróleo, que sirven para inyectar gas. pero también para otros usos. Pero ante todo, tenemos que explicar mejor las cosas y saber llegar a la población rural”.

En su opinión, será la propia realidad la que a medio plazo demostrará que las plantas de biogás van a ser “prescriptoras” para “luchar contra la desinformación” y demostrarán que no van a tener efectos negativos. “Las empresas son las primeras interesadas en garantizar todo el proceso sin afecciones y necesitamos que nos den ese voto de confianza”.

Precisamente, el director general de Transición Energética de Castilla-La Mancha, ha ensalzado la función de la Administración para dar “seguridad” en ese proceso y “vigilar” para que estos proyectos se ajusten a la ley. “Igual que existe una normativa de residuos, ahora de ser garantistas en el tratamiento de estos residuos y explicarlo a la ciudadanía para que tengan la confianza de que se va a desarrollar correctamente. Es más, si no se cumple, habrá sanciones y cierres, sin duda”. De hecho, aunque no lo ha mencionado explícitamente, es lo que contempla el Plan de Biometanización que tramita esta comunidad autónoma.

Para Margarita de Gregorio, el digestato es “clave” en el proceso. “En ningún caso, en ninguna instalación, lo que sale es igual a lo que entra. El producto final siempre es mejor porque la materia orgánica se ha higienizado. Por lo tanto, ese producto es otro valor, es una oportunidad para aplicar al terreno, para valorizar un elemento estructural de la biocircularidad que va más allá del propio concepto energético”.

“Es una sorpresa que algo que es en todas sus fases tan positivo pueda estar tan cuestionado, cuando es una oportunidad para cerrar procesos productivos. Y donde además, en todo el proceso interviene mano de obra y genera empleo local”, ha destacado. A la fijación de empleo local también se ha referido el responsable de INERCO, poniendo el foco en áreas más desfavorecidas.

Finalmente, todos los intervinientes han hecho sus presagios a medio plazo. Para la representante de Biocirc, en cinco años habrá más un centenar de plantas de biogás operando en España “en condiciones perfectas” y además, con Castilla-La Mancha como “protagonista”.

Por su parte, el director general de Transición Energética ha augurado que estas instalaciones se construirán de manera proporcionada al tamaño de las comarcas y permitirán que “no haya tanta dependencia” de gasoductos y una descarbonización “necesaria”. “La tecnología va a avanzar mucho y eso nos permitirá también un mayor aprovechamiento en el tratamiento de los residuos”.

Desde la Fundación Naturgy vaticinan que los actores y promotores “van a proliferar” pero solo tendrán éxito aquellos que “generen sinergias” con el producto final, y “que tengan interés en la descarbonización y en la producción de fertilizantes sostenibles y orgánicos”.

La fundación ecologista Sustrai Erakuntza ha presentado recurso de alzada a la autorización de apertura de la planta de biogás de Arróniz por “el cúmulo de irregularidades que presenta”. Este recurso se suma al interpuesto por más de 4.252 personas y asociaciones, animadas por la plataforma Stop Biogás Arróniz. Según han indicado desde la fundación en un comunicado, “motivos no faltan para rechazar esta iniciativa empresarial con origen en Sevilla tan perjudicial para el territorio”.

Se trata de un proyecto “que prácticamente se mantuvo oculto durante toda la tramitación del expediente”. “A pesar de que el Ayuntamiento de Arróniz tenía conocimiento del mismo de manos de la empresa, en ningún momento informó de ello a la población, ni siquiera cuando muchos meses después fue puesto a exposición pública por parte del Gobierno de Navarra”, han criticado. De este modo, “la población no pudo tomar conciencia de la magnitud del problema que esta planta podría traer para su entorno hasta casi el instante en que el proyecto ya estaba aprobado por el gobierno”.

“Cuando el proyecto se presentó a exposición pública, no lo fue al completo. Partes importantes del mismo se omitieron y no han sido conocidas hasta que fue aprobado. Y hay otras que aún se desconocen. Y ello ocurre porque el proyecto se ha presentado indebidamente, fraccionado en varios proyectos separados, de los cuales a día de hoy solo conocemos el de la propia planta de biometanización”, han reivindicado.

Según han remarcado, “todavía se desconoce cómo se realizará la unión de esta a la red de gas natural, así como a la línea eléctrica de abastecimiento”. “Existen documentos de suma importancia que no han podido ser analizados en la exposición pública, como el plan de gestión de los digestatos que se producen en la planta”, han manifestado. Desde la fundación han añadido que “la gran mayoría de los residuos que se introducen en la planta como materia prima para producir el biogás salen de ella casi en las mismas condiciones y es necesario deshacerse de ellos”.

“Esto se realiza utilizándolos para fertilizar tierras agrícolas. Pero esta es una actividad potencialmente contaminante, por la posibilidad de que se sobrefertilice el terreno, lo que crea problemas de contaminación por nitratos. A lo que habría que añadir la posible presencia en el digestato de contaminantes como metales pesados u otros”, han subrayado. Por lo tanto, “conocer el plan que la planta tiene para realizar esta actividad es completamente necesario para poder analizar su compatibilidad medioambiental”. Y este documento “no estaba disponible en la exposición pública”.

“Cuando lo hemos conocido en la aprobación del proyecto, hemos podido comprobar la gran cantidad de errores que contiene: parcelas cercanas a núcleos urbanos o próximas a cursos de agua donde está prohibida esta práctica, parcelas no dedicadas a cultivos, con pendientes excesivas, parcelas duplicadas, parcelas inaccesibles...”, han apuntado.

A su juicio, “un cúmulo de errores que deberían suficientes para invalidar el plan, dado que, si se eliminan las parcelas erróneas, este pasa de tener inicialmente 2.600 hectáreas de terreno a tener poco más de 1.600”. Una superficie “totalmente insuficiente para la actividad prevista”. Además, “durante los pocos meses en los que la población ha podido conocer el proyecto se han generado dudas sobre la bondad de utilizar los digestatos en los campos de labor”. “Tanto es así que un total de 647 hectáreas de propiedad particular y 1.316 hectáreas de comunales han sido retiradas del plan de la empresa. Las personas que las gestionan, sean propietarias, arrendatarias o ediles a cargo de los comunales, han reconsiderado su aprobación inicial, conseguida sin información veraz por parte la empresa, y las han retirado”, han subrayado.

Por lo tanto, el plan de digestatos actual “no es viable”. “Nos encontramos ante un proyecto que no tiene nada de convencional. Se trata de una actividad con muchos riesgos para el suelo agrícola, la biodiversidad y las personas que la sufrirían en su cercanía. Una planta que necesitaría un total de 140.000 toneladas al año de residuos orgánicos, pero que el proyecto es incapaz de indicar de dónde acarreará”, han reivindicado.

De este modo, “vista la escasa disponibilidad de residuos en la zona, junto con la probable competencia por estos residuos entre las 4 plantas del mismo tipo que se quieren instalar a pocos kilómetros de distancia, obligaría a tener que transportarlos desde largas distancias”. “Lo mismo ocurriría posteriormente con los digestatos residuales que se produzcan. Este proyecto provoca un incremento considerable en el transporte, usando combustibles fósiles, que no ha sido analizado en el proyecto. De esta forma se desconoce si el balance energético de la planta es positivo”, han afirmado.

Sin embargo, “lo más extraño que ha sucedido con este proyecto ha sido el modo en que fue aprobado por parte del Departamento de Medio Ambiente y Desarrollo Rural”. Porque “todo ello se ha producido mientras se debatía y aprobaba una moratoria a las plantas de biometanización en el Parlamento navarro en octubre de 2025”. La moratoria “que finalmente descafeinó y aprobó el Parlamento tan solo ha paralizado algunos de los proyectos y por un tiempo ínfimo, que no está sirviendo para analizarlos y realizar un verdadero debate social”.

“La planta de biometanización de Arróniz se aprobó el 12 noviembre de 2025, y tan solo el Ayuntamiento de Arróniz tuvo conocimiento de ello días después, pero no así la población afectada. No fue hasta el 6 de marzo de 2026 cuando dicha autorización fue publicada en el Boletín Oficial de Navarra”, han subrayado, tras añadir que la moratoria “fue aprobada por el Gobierno de Navarra el día 7 de noviembre de 2025 y entró en vigor con su publicación en el BON el 13 de noviembre, justo el día posterior a aprobar la autorización de la planta”.

“Esto ya nos indica que posiblemente la planta se autorizó con premura para conseguir que estuviera aprobada antes de empezar la moratoria. Pero resulta que, además, cuando la autorización de la planta es publicada en el boletín, el mismo día se publica una supuesta 'corrección de errores' de la autorización, que oficialmente vendría a subsanar supuestas erratas en la misma”, han añadido. Sin embargo, “analizadas las modificaciones, se puede apreciar cómo estas son de calado y modifican sustancialmente la planta y su funcionamiento”.

“No se trata de meras erratas en el texto. Por lo tanto, nos encontramos ante una tramitación bajo sospecha, con una autorización inicial que se aprobó deprisa y corriendo para no verse afectada por la moratoria. Que ha tenido su continuación con una modificación de oficio para solventar los problemas que se incurrieron en dicha aprobación apresurada”, han remarcado. A su juicio, “se ha producido un fraude de ley que ha intentado impedir que la sociedad analizara adecuadamente este proyecto, lo pudiera debatir y establecer la posibilidad de su implantación”.

Sigue creciendo la lista de alcaldes y alcaldesas que deciden frenar desde los ayuntamientos la instalación de plantas de biogás en sus términos municipales. Tienen potestad para hacerlo, puesto que de las administraciones locales depende que estas compañías obtengan licencia municipal para implantarse en esos terrenos.

En esta ocasión, el Ayuntamiento de Chinchilla de Montearagón, en la provincia de Albacete, es el que le pone freno. El Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) publica un anuncio de su alcalde, Francisco Morote (PSOE), mediante el cual se hace pública la resolución la Corporación local adoptada el pasado 24 de marzo en la que se suspenden las licencias para instalaciones de plantas de biogás, compostaje y “otras industriales similares” que “perjudiquen el medio ambiente”.

En este municipio está proyectada una planta de tratamiento de residuos orgánicos para la producción de biometano cuya empresa promotora es Bioenergía Gas Renovable VII, del grupo The Green Vector. El expediente está actualmente en tramitación y aunque su ubicación está prevista en el término municipal de Chinchilla, estaría más próxima la localidad vecina de Pétrola.

La resolución municipal se produce después de que el Gobierno de Castilla-La Mancha pidiera al Ayuntamiento en noviembre del año pasado que se pronunciara al respecto de la intención de la futura planta de biogás.

Amenaza con destruir un valioso ecosistema

Stop Ganadería Industrial

Este proyecto es uno de los más de 70 que actualmente están en tramitación o ya instalados en Castilla-La Mancha. Sobre el mismo ya había puesto el foco la plataforma Stop Ganadería Industrial, que alertó de que “amenaza con destruir un valioso ecosistema” del que forma parte el complejo lagunar de Pétrola, junto con las cercanas lagunas de Horna, Hoya Usilla y Corral Rubio.

Según habían denunciado, en la Laguna de Pétrola, declarada Reserva Natural, conviven numerosas aves como flamencos, fochas, moritos, malvasía cabeciblancas, algunas de ellas en peligro de extinción, formando un “entorno único en el que incluso algunas de estas especies anidan y crían”. De todo ello se hicieron también eco vecinos y vecinas de ambas localidades.

Este colectivo también alerta del “efecto negativo” para los vecinos y vecinas de Pétrola, que por proximidad de la planta (unos cinco kilómetros), podrían sufrir los olores que desprende la materia orgánica con la que trabajan estas plantas para generar el biogás, en su mayoría purines procedentes de macrogranjas, además de “las plagas de insectos atraídos por el olor a putrefacción”. 

“Por si esto fuera poco, contaminarán la tierra y el agua subterránea, además de los pozos y las lagunas con el subproducto sobrante resultado de toda la descomposición orgánica: el digestato”, añaden en Stop Ganadería Industrial.

Una “gran humareda” había alertado a los vecinos y vecinas de la localidad conquense de Belinchón. La voz de alarma la había dado Cuenca Ahora, el movimiento ligado a la España Vaciada, que en un principio atribuía este episodio a la planta de biogás ubicada en la zona.

No obstante, fuentes de la Consejería de Desarrollo Sostenible han precisado a este medio que no se trata de humo por combustión, sino de una “nube de vapor” generada por el frío y la humedad en la planta de compostaje que “comparte instalaciones” con la de biogás. En la mayoría de los casos, este tipo de factorías disponen de áreas aledañas donde tratan el digestato, el residuo más frecuente del biogás, para convertirlo en compost.

La citadas fuentes precisan que estos episodios se producen porque el compost tiene una mayor temperatura, pero “se trata de vapor”. Se produjo el pasado fin de semana y desde la empresa (Grupo Gestcompost), precisan desde la Consejería, indican que “ya está controlado”.

La empresa señala que se produjo “por procesos propios del tratamiento biológico de materia orgánica” y que fue detectado de forma temprana por sus sistemas de vigilancia y controlado de manera inmediata “sin que se registraran daños personales ni afecciones significativas al entorno”.

Pese a estas explicaciones, el alcalde de Belinchón, Jesús López Castejón, sí habla de “fuego” y de “humo”. “Es un episodio puntual en la zona de compostaje”, ha explicado, en un municipio habituado a la convivencia con esta planta que abrió hace unos dos años y medio de la mano de la empresa zaragozana GestCompost.

El fuego que menciona, añade, se originó el pasado domingo “por combustión interna” y “las llamas se avivaron debido al fuerte viento generando una importante columna de humo”, según ha explicado en declaraciones a este medio. Todavía hoy la empresa está tratando de sofocarlo. “Está controlado y tienen claro cuáles son las medidas de seguridad que han de tomar”.

El alcalde coincide con el Gobierno regional en que no se han producido daños personales ni “afección al entorno”, y asegura que el humo “no lleva ningún producto químico, nada biológico, ni absolutamente nada que pueda ser perjudicial para la salud”.

También ha descartado que la planta de gas se haya visto afectada. Ha quitado hierro al incidente y lo ha comparado con el incendio de una pila de fardos de paja. “Pueden estar ardiendo cinco días porque el agua no penetra. Lo que harán es extender el compostaje para echar más agua y apagarlo”.

Cuenca Ahora habla también de un “fuerte olor”

Cuenca Ahora, que dio la voz de alarma, ha podido comprobar este episodio en imágenes recientes tomadas en la zona. Segun han informado, testigos en el lugar aseguraron que se desprendía un “muy fuerte olor” que ha provocado que aumente “la preocupación” por suceso que se prolongaba ya más de 24 horas.

Ante “la falta de información pública” sobre el origen de la “humareda”, el movimiento ligado a la España vaciada había exigido a las autoridades competentes -tanto al Ayuntamiento como a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha- que se pronunciaran “de manera inmediata” y aclararan su origen. Reclamaban a ambas administraciones que “detallen” si se trata de un episodio puntual o un fallo técnico.

La planta de biometano de Belinchón tiene capacidad para tratar 700.000 toneladas al año de residuos, de ahí la insistencia de Cuenca Ahora en que se garantice la seguridad de estas instalaciones. La formación recuerda que lleva “meses alertando de sus perjuicios”.

Piden un control de emisiones

También solicitan la puesta en marcha de un control de emisiones, así como la activación de mecanismos de vigilancia que garanticen la seguridad de los vecinos y la protección del entorno.

Cuenca Ahora advierte de que este tipo de imágenes “refuerzan la preocupación existente en la provincia como hemos visto este fin de semana en Campos del Paraíso con el clamor de cerca de 2.000 vecinos ante la proliferación de este tipo de instalaciones”. En este aspecto reclama “máxima transparencia” en la implantación de proyectos que, aseguran, “pueden tener un impacto directo sobre la salud, el medio ambiente y la calidad de vida en el medio rural”.

Hace ya décadas que cambió radicalmente nuestra forma de vida. Mucha gente del rural emigró a las ciudades en busca de un futuro mejor, empujados por el paro y la mecanización de las tareas agrícolas. Castellanomanchegos y castellanomanchegas, que no sabían ni que lo eran, construyeron lo que serían los barrios obreros de Madrid y Barcelona.

Desde entonces, vivimos en una España de dos velocidades. A las ciudades ha llegado antes el agua corriente, la luz, el internet y las oportunidades. Llegaban antes allí por un criterio muy razonable para muchos: la rentabilidad. El dinero dibujo fronteras que no podemos ver como vemos la valla de Melilla, pero que están ahí, y que sentimos. Los pueblos, especialmente en los últimos veinte años han ido perdiendo servicios: han cerrado bancos, escuelas y centros de salud.

Pero algo está cambiando en esa España olvidada. La tierra tan despreciada durante décadas vuelve a ser foco de interés, económico por supuesto.

Los que manejan el dinero no tienen más ideología que seguir acumulándolo. Por eso, en este nuevo tiempo, en el que la justa prioridad es descarbonizar nuestra economía y producir energía de manera soberana y menos contaminante, los que manejan el dinero también encuentran su oportunidad de negocio.

Esta vez han fijado el foco en nuestros pueblos, y se ayudan de gobernantes que les ponen alfombra roja sin echar cuentas, sin planificar y sin poner límites. ¿Les suena?

El gobierno de García-Page presentó hace unos meses el Plan de Biometanización de Castilla-La Mancha. Aprobación, que no estuvo exenta de polémica, puesto que la empresa que lo redactó es la misma que diseña, construye y opera las plantas de biogás. Lo que viene siendo un conflicto de intereses de manual.

Pero hay más, el pago por este servicio de consultoría se hizo en dos facturas que casualmente tienen el importe límite para no tener que sacar el servicio a concurso público.

¿Se acuerdan de lo que decíamos de la España olvidada? ¿La de la segunda marcha? Resulta que esa España está llenita de pueblos, de pequeñas comunidades resistentes empeñadas en no aceptar el frenesí urbanita y de no contaminarse con la sensación de que aburrirse, es estar perdiéndose algo.

No quiero idealizar la España rural, que sin duda sigue teniendo infinitos retos propios como la integración de la diversidad étnica o sexual. Pero que también tiene infinitas cosas que proteger, como las noches al fresco, el contacto con la naturaleza, las pausas, los “Marí, me he quedado sin huevos para la tortilla” o el trabajar a 10 minutos de casa.

Pues esa España, la de la resistencia rural, la de familias que sacan adelante sus explotaciones agrarias, pero también las cooperativas, también la de las mujeres rurales, y la de la innovación y la ciencia, y la que sufre el sexilio, esa España, está en pie de guerra.

Y lo está porque ya no es la misma que hace 40 años. Hoy en nuestros pueblos vive gente que no quiere dinero rápido a cambio de hipotecar su futuro. Quiere garantías, quiere participación y quiere decidir.

Sin embargo, el Plan de Biometanización va justo en la dirección contraria. No plantea un modelo público, ni comunitario, ni descentralizado. No pone la energía en manos de la gente. Lo que propone es un modelo extractivista de manual: grandes inversiones privadas, grandes instalaciones y beneficios que se van fuera del territorio.

El esquema es sencillo: las empresas ponen el capital, la administración facilita los trámites—y, si hace falta, acompaña con subvenciones—, se construyen las plantas y los beneficios terminan en las cuentas de los inversores.

Mientras tanto, el territorio asume los impactos: el tráfico pesado, los olores, la presión sobre suelos y acuíferos, y un modelo productivo que no se cuestiona, sino que se refuerza.

Porque ese es otro de los grandes problemas del plan: no reduce los residuos, los necesita. No cambia la ganadería intensiva, la hace rentable. Convierte los purines en negocio, y con ello se corre el riesgo de incentivar aún más el modelo que está en el origen del problema.

Se nos vende como economía circular lo que, en muchos casos, es simplemente dar una vuelta más al mismo sistema. Además, incluso, algunos expertos cuestionan la viabilidad de las explotaciones tal y como están planteadas.

Y todo ello, además, con una promesa de empleo muy limitada. Mucho capital, pero poca mano de obra. Mucha inversión, pero poco retorno social.

Castilla-La Mancha tiene una oportunidad histórica: liderar una transición energética justa, democrática y arraigada al territorio. Apostar por cooperativas energéticas, por plantas de pequeña escala, por modelos donde la energía sea de la gente y los beneficios se queden en los pueblos.

Pero el gobierno regional ha elegido otro camino, el de siempre, el de convertir el territorio en un recurso. El de llenar la España rural de proyectos que se deciden fuera, se ejecutan desde fuera y cuyos beneficios se marchan fuera.

Frente a eso, cada vez más gente lo tiene claro: la transición ecológica debe ser justa y democrática. La transición energética debe ser nuestra prioridad, hay que apretar el acelerador, y más en el contexto internacional en el que nos encontramos, pero eso no está reñido con que por primera vez aprovechemos la oportunidad para que gane la gente común.

Este sábado, la Asociación Campos del Paraíso ha organizado una manifestación para protestar contra las plantas de niogás que pretenden instalar en Carrascosa del Campo con el lema “Ni en tu pueblo ni en el mío”.

Este pequeño municipio de menos de 600 habitantes de la provincia de Cuenca se ha movilizado con un extraordinario éxito congregando a unas 2.000 personas, pero no es el único. Son muchos los municipios que se están organizando contra estas políticas. Por poner un ejemplo, el pasado día de la región en Albacete, también estuvo marcado por las protestas de manifestantes a la entrada del acto institucional. Nosotros estuvimos con ellos, pero el presidente Page no fue capaz de acercarse y simplemente saludar.

Nuestros pueblos no están dispuestos a volver a ser el lugar donde otros vienen a hacer negocio. Y nosotros, Movimiento Sumar, tampoco. Estaremos en las calles, con la gente, escuchando y haciendo propuestas para que en un futuro, cercano, podamos cambiar el rumbo y que esta transición no sirva para llenar los bolsillos de unos pocos sino para garantizar unos pueblos limpios y soberanos donde merezca la pena vivir.

Más de un millar de personas entre vecinos, agricultores, familias y colectivos sociales de distintos puntos de la provincia de Cuenca se han manifestado este sábado en Campos del Paraíso, municipio integrado por cinco poblaciones (Carrascosa del Campo, Loranca del Campo, Olmedilla del Campo, Valparaíso de Abajo y Valparaíso de Arriba) para mostrar su rechazo a los proyectos de plantas de biogás previstos en el municipio y su entorno.

La movilización, convocada por la Asociación Vecinal Campos del Paraíso Comunidad Rural y respaldada por cuarenta de asociaciones, ha recorrido las calles de Carrascosa del Campo en un ambiente reivindicativo y emocional, en defensa del territorio, la salud y el futuro del medio rural.

Durante la jornada, los asistentes han denunciado la implantación de seis proyectos en el entorno, tres en Campos del Paraíso, uno en Huelves y dos en Tarancón, que han generado una creciente preocupación en la comarca por su posible impacto ambiental, el incremento del tráfico pesado y las consecuencias sobre la calidad de vida.

“Nuestros pueblos no son espacios vacíos”

El acto ha culminado con la lectura de un manifiesto por parte de representantes de distintas generaciones, un niño, un agricultor y una vecina, en el que se ha lanzado un mensaje claro: “Campos del Paraíso y su comarca no son espacios vacíos. Aquí vive gente. Con nuestro futuro no se negocia”

El texto advierte de que estos proyectos “no son un hecho aislado”, sino parte de un modelo que durante años ha tratado a los pueblos como “territorios disponibles para asumir impactos, mientras los beneficios se concentran lejos”.

Asimismo, los vecinos han señalado riesgos asociados a este tipo de instalaciones como la posible contaminación del suelo y acuíferos, las emisiones de gases y olores, el aumento del tráfico pesado o el deterioro del entorno y la calidad de vida.

Antes del inicio de la marcha, los portavoces han atendido a los medios, subrayando el carácter transversal y creciente del movimiento.

El presidente de la Asociación Vecinal Campos del Paraíso Comunidad Rural, Carlos Muñoz, ha afirmado que “esto no va de estar en contra de nada, va de defender lo que somos. Nuestros pueblos no pueden convertirse en lugares donde otros deciden sin contar con la gente que vive aquí”.

La presidenta de Pueblos Vivos Cuenca, Remedios Bobillo, ha advertido de que “este tipo de proyectos se están concentrando en zonas rurales sin un debate suficiente y sin tener en cuenta el impacto acumulado en el territorio”.

Por su parte, el portavoz de Ecologistas en Acción Manchuela, Toni Jorge, ha señalado que “no se puede hablar de transición ecológica si no se hace con criterios de sostenibilidad real y de justicia territorial”.

El documental que pondrá rostro al conflicto

La jornada ha comenzado con el visionado del teaser del documental ‘Extraños en el Paraíso’, un proyecto que aborda el impacto de este tipo de iniciativas en el medio rural.

El productor ejecutivo Saúl Sánchez Román ha explicado que “este documental nace para contar lo que muchas veces no se ve: cómo estos proyectos afectan a la vida cotidiana de los pueblos y a su identidad”, y ha subrayado que “no es solo una cuestión técnica o energética, es una historia de personas, de territorio y de futuro”.

El manifiesto vecinal incide también en el impacto económico de estas instalaciones, señalando que generan “escasos beneficios locales” y que los empleos asociados suelen ser limitados y especializados, mientras los efectos negativos recaen sobre la población.

Además, advierte del llamado “efecto llamada”, que puede favorecer la instalación de macrogranjas o la llegada de residuos de otros territorios, convirtiendo a los pueblos en centros receptores y alterando su equilibrio social y ambiental.

Los organizadores han destacado la elevada participación y la diversidad de perfiles presentes —jóvenes, mayores, agricultores y familias— como reflejo de un movimiento social que sigue creciendo en la provincia.

En este sentido, han asegurado que la movilización de este sábado marca “un punto de inflexión” y han avanzado que continuarán impulsando acciones para defender un modelo de desarrollo rural “justo, sostenible y compatible con la vida en los pueblos”.

El Partido Verde-Verdes Equo de Castilla-La Mancha ha lamentado que el Gobierno regional no se haya reunido con vecinos ni con las plataformas que piden la paralización de los diversos proyectos para impulsar plantas de biometano en territorio castellanomanchego.

En un comunicado, Elisa Díaz Argüelles, coportavoz del partido, ha afeado esta ausencia de contactos por parte del Ejecutivo de García-Page cuando ha pasado más de un año del inicio de movimientos contra la industria del biometano, con una primera movilización de los vecinos de Campo de Criptana (Ciudad Real).

“Las macrogranjas y las grandes plantas de biometano forman parte de un modelo de crecimiento ilimitado que trata de pasar por encima de las personas y de los territorios”, afirma Díaz en su escrito.

“Es realmente lamentable que las empresas gasistas que están promoviendo estas industrias hayan apostado por instalarse en pueblos pequeños, que no producen en absoluto la enorme cantidad de toneladas de residuos que necesitan sus macroplantas”.

Critican los residuos que se generarían

La coportavoz afirma que el mayor problema que generarían estas industrias si se implantaran serían los residuos que generarían, entre los que destaca el digestato.

“Dicen que es fertilizante, pero nada más lejos de la realidad. La distribución de este nuevo residuo en miles de hectáreas convertirá nuestros campos en tierras con contaminantes y nitrogenadas. Y esa contaminación va a aprovecharse de las tormentas con nombre (Leonardo, Oriana o Regina) para filtrarse en nuestros acuíferos y provocar los efectos más nocivos sobre nuestra agua de boca”, afirma.

“Los que venden estos macroproyectos nos hablan de economía circular y de gestión adecuada de los residuos existentes y basan sus propuestas en la acumulación en nuestro territorio de los desechos de comunidades vecinas, dado que aquí el volumen de residuos generado es completamente insuficiente para producir en cantidades rentables”, añade Díaz.

Por ello, desde Verdes Equo de Castilla-La Mancha proponen “una transición agroecológica que no solo reduzca la dependencia de insumos externos y mercados globales, sino que también promueva prácticas que regeneren los suelos, el agua y la biodiversidad, garantizando una producción de alimentos sana y suficiente para las comunidades locales: una verdadera soberanía alimentaria”.

La Asociación Vecinal Campos del Paraíso Comunidad Rural ha tenido conocimiento de la existencia de un tercer proyecto de planta de biometano en el término municipal de esta población conquense, que ya cuenta con informe de compatibilidad urbanística y cuya ubicación se sitúa junto a la carretera CUV-7031, en las proximidades del embalse regulador de la tubería manchega.

Con esta nueva información, los vecinos vuelven a alertar de que “no se trata de un proyecto aislado, sino de un posible proceso de concentración de instalaciones de este tipo en el municipio”.

Y es que hasta el momento dicen tener constancia de una primera planta, promovida por Biofertilizantes CH4 S.L.U., filial del grupo Ence, que se encuentra en fase de evaluación ambiental, además de una segunda planta que cuenta también con compatibilidad urbanística y que estaría situada frente al Cerro Castillo, entre Olmedilla y Valparaíso de Abajo.

Ahora aseguran que se confirma la existencia de un tercer proyecto y creen estar “ante un escenario completamente distinto al que se nos trasladó inicialmente. No hablamos de una planta, hablamos de tres, y todas en el mismo término municipal”, señalan desde la entidad vecinal.

“Especial preocupación”, apuntan, ha generado la ubicación de la tercera planta en las inmediaciones del embalse regulador de la 'tubería manchega', una infraestructura clave para el abastecimiento y regulación hídrica en la zona. La asociación considera que este dato “añade un elemento de sensibilidad adicional que debe ser evaluado con el máximo rigor técnico y ambiental”.

Desde la asociación vecinal advierten que “la acumulación de proyectos refuerza la percepción de que el municipio podría estar siendo considerado como zona de implantación prioritaria para este tipo de instalaciones industriales de gran volumen, lo que tendría implicaciones territoriales, ambientales y sociales de largo alcance”.

Aseguran que “la cuestión ya no es solo el impacto individual de una planta concreta, sino el efecto conjunto que puede producir la concentración de varias instalaciones en un mismo entorno rural”.

Una manifestación prevista para el 28 de marzo

Esta nueva información se produce a escasas semanas de la manifestación de convocada para el próximo 28 de marzo a las 12:00 horas en Carrascosa del Campo, donde vecinos de distintos municipios de la provincia expresarán su preocupación por la proliferación de proyectos similares en la comarca y en otros puntos de Cuenca.

La asociación insiste en que la ciudadanía tiene derecho a conocer “con transparencia” todos los proyectos en tramitación y sus posibles afecciones, y reclama a las administraciones competentes “una visión global y acumulativa del impacto territorial antes de continuar con cualquier procedimiento”.