Riesgo de incendio y “pueblos vertedero”: por qué los colectivos sociales rechazan el decreto de Page sobre biometano

Las plataformas sociales y vecinales contra las instalaciones de biometano en Castilla-La Mancha han arrancado el curso político exhibiendo su rechazo total al decreto que el Gobierno regional prepara para regular estas plantas.

La intención del Ejecutivo con esta norma es implantar una moratoria con la que quedan suspendidos los expedientes en curso hasta que cumplan con los nuevos requisitos. Pero eso no ha bastado para que los colectivos sociales, ayuntamientos y particulares hayan presentado más de 20.000 alegaciones.

Entre todas ellas, casi 6.000 tienen en común varios argumentos, que son los que las plataformas han esgrimido para valorar ir a los tribunales si la Consejería de Desarrollo Sostenible no retira el decreto.

Principalmente, según las alegaciones que ha consultado este periódico, colectivos y particulares consideran que el decreto es una disposición ejecutiva “técnica” y de planificación “muy incompleta” que busca “sustituir” el Plan Regional de Biometanización de Castilla-La Mancha, que quedó “enterrado”.

De hecho, argumentan que si el Gobierno regional quiere llevar a cabo esta sustitución para “eludir” su correspondiente evaluación ambiental estratégica y las 15.000 alegaciones que se presentaron sobre ese Plan, eso ya sería, por sí solo, “motivo legal de nulidad” del futuro decreto.

Veto de ayuntamientos y proyectos “estratégicos”

Dicho esto, las alegaciones se centran posteriormente en que la nueva norma no cumple con la Ley de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha por varios motivos. El primero de ellos se basa en que no aclara los recursos a los que deben atenerse los ayuntamientos para ejercer su autoridad en su municipio e impedir la instalación de plantas de biometano. Es decir, no tiene en cuenta que muchos Consistorios no disponen de la capacidad técnica suficiente para realizar informes técnicos motivados.

Otro motivo es que tampoco expresa los criterios “motivados” que el Gobierno podrá aducir para declarar “inversiones estratégicas” las plantas al ser aprobadas. Se refieren a la excepción que contempla el Ejecutivo autonómico en su decreto, mediante la cual si un proyecto fuera “prioritario” podría imponerse sobre la decisión del Ayuntamiento.

Tras señalar que el decreto no desarrolla medidas compensatorias y compensaciones por posibles daños a empresas hoteleras y de todo tipo por la instalación de plantas de biometano, estas alegaciones se centran en la “falta efectiva” de medidas de vigilancia y control y del residuo final de estas instalaciones: el digestato, generalmente comercializado como fertilizante para el campo.

Si finalmente ese puede ser su uso, alertan de que las miles de toneladas de residuos finales de estas instalaciones contienen elementos contaminantes como el nitrógeno, el fósforo, el potasio, el calcio, el magnesio o el amoniaco, así restos farmacéuticos y de microplásticos y otros “elementos tóxicos muy difíciles de controlar y eliminar”. “Los residuos finales de las plantas contienen altas cantidades de nitrógeno que se añadirían a los suelos y, por filtración, pasarían a las aguas subterráneas, contaminando aún más con nitratos estas aguas”, argumentan.

Las alegaciones sociales y vecinales se centran también en alertar de múltiples riesgos. Argumentan que las plantas de biometano tienen eventualmente fugas y antorchas de este gas que es “80 veces más pernicioso y contaminante” que el CO₂. Alertan igualmente de posibles problemas de “accidentes, explosiones e incendios”.

Básicamente, consideran que el hecho de que el 80% de los residuos sean acarreados “indebidamente” hasta 35 kilómetros de un pueblo, y el resto (20%) desde más lejos, convertiría a los municipios en “pueblos escoba” y “pueblos vertedero”.

Hablan igualmente de “probables impactos y daños de difícil o imposible reparación posterior” a la flora, a la fauna, al paisaje, a las aguas superficiales y subterráneas, al tránsito, a las vías pecuarias, a las carreteras y al desarrollo económico. Consideran por ello que es “temerario, antisocial e ilegítimo” que este decreto permita autorizar estas plantas de concentración de residuos y de biometano a apenas a dos kilómetros de las poblaciones donde vive la gente.

En estas alegaciones, colectivos y asociaciones argumentan que estas plantas quieren implantarse “en contra de la voluntad de los pueblos” y de su ciudadanía “sin tener en cuenta debidamente lo que la Constitución y las leyes ambientales establecen al respecto de la información, la participación y la justicia ambiental”.

Las macroplantas de gestión de residuos para producir biometano propuestas responden a un modelo de desarrollo insostenible agroenergético especulativo

Y concluyen: “Las macroplantas de gestión de residuos para producir biometano propuestas responden a un modelo de desarrollo insostenible agroenergético especulativo que sitúa los intereses privados por encima de los intereses públicos, y dado que estas plantas no son de utilidad pública ni de interés social, ni suscitan el necesario consenso social para su implantación, sino que, muy al contrario, existe en numerosos municipios de Castilla-La Mancha una gran oposición ciudadana a su construcción y a su desarrollo”.

En definitiva, estas miles de alegaciones se centran en denunciar la “maniobra” del Gobierno de Castilla-La Mancha para intentar desactivar la contestación ciudadana con la aprobación del futuro decreto. Y en ello se centraron las plataformas locales y regionales que comparecieron hace unos días para manifestar su rechazo.

“No estamos en desacuerdo con que se gestionen los residuos producidos por las industrias cárnicas, pero tampoco entendemos por qué Castilla-La Mancha tiene que ser la que limpie la basura de toda España, por qué se quiere hacer aquí una megaindustria de reciclaje”, afirmaron en referencia a los residuos agroganaderos que tratan las plantas de biometano.