“Una reunión histórica”. La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha difundido en X una foto, sonriente, con el presidente de EEUU, Donald Trump, del encuentro que han mantenido los dos en el hotel Lotte New York Palace, donde el presidente norteamericano ha organizado una recepción para los líderes que han acudido a la Asamblea General de la ONU.

“Sostuvimos una histórica reunión con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con quien conversamos sobre el fortalecimiento de la relación bilateral entre nuestros países y el avance de una agenda de cooperación en áreas estratégicas como energía, minería, seguridad y otros asuntos de interés común”, ha dicho Rodríguez en X.

La presidenta interina, al tiempo que celebra la reunión con Trump y la califica de histórica, no menciona ni muestra intención de visitar al presidente de su país, Nicolás Maduro, en una cárcel de Brooklyn tras ser secuestrado por tropas estadounidenses el pasado 3 de enero, en un ataque en el que murió un centenar de personas, entre ellos 37 soldados cubanos.

“Expresamos nuestro agradecimiento al presidente Trump y a su Gobierno por el decidido apoyo brindado durante la emergencia ocasionada por los terremotos del pasado 24 de junio, así como por su respaldo al proceso de reinserción de nuestro país en los espacios multilaterales. Venezuela y los Estados Unidos comparten una relación histórica que, en esta nueva etapa, estamos llamados a encauzar a través del diálogo. Seguiremos impulsando una diplomacia al servicio del interés nacional, orientada a alcanzar resultados concretos y beneficios colectivos para el pueblo venezolano”.

Al llegar a Nueva York este pasado domingo, afirmó Rodríguez: “Llegamos a Nueva York con la firmeza y la esperanza de un pueblo que cree en el encuentro y la unión entre las naciones. En la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas, Venezuela estará presente para llevar su voz y defender sus principios, con una agenda de trabajo basada en el respeto, la cooperación y el entendimiento. Somos un país que apuesta por la paz, el diálogo y la construcción de caminos comunes”.

Fuentes de la Casa Blanca informaron de que en la reunión con Rodríguez, a puerta cerrada, participaron el presidente de EEUU, el secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario del Tesoro, Scott Bessent; la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, y Stephen Miller, asistente del presidente y subjefe de gabinete.

Y todo esto lo ha dicho la presidenta interina en un contexto en el que el presidente de EEUU calificaba este martes en la Asamblea de Naciones Unidas a Maduro como un “dictador fuera de la ley”, mencionó que cientos de presos políticos habían sido liberados desde su secuestro y presentó dicha operación como prueba de que Estados Unidos emplearía su “incomparable poderío militar” para proteger sus intereses.

“Al vencedor le corresponde el botín”, afirmó, describiendo el acuerdo petrolero que su administración firmó con Caracas el mes pasado como “quizás el mayor acuerdo jamás realizado”. Trump ha expresado su deseo de que fluyan 100.000 millones de dólares en inversiones hacia la industria petrolera venezolana.

Rodríguez llegó a Nueva York el lunes junto a una delegación que ha estado manteniendo conversaciones sobre energía, minería y deuda con funcionarios estadounidenses, organismos multilaterales de crédito y empresas, según diversas fuentes, informa Reuters.

El titular del Banco Interamericano de Desarrollo trabaja para lograr la aprobación de un préstamo de 2.500 millones de dólares para Venezuela, aunque se ha encontrado con la oposición de algunos miembros de la junta directiva de la institución.

La cita llega después del acuerdo por el que Venezuela ha cedido a Estados Unidos parte de sus reservas petroleras. Es el primer encuentro entre un presidente estadounidense y un gobernante venezolano en más de 11 años, desde la breve reunión que mantuvieron Barack Obama y Nicolás Maduro durante la Cumbre de las Américas de 2015, celebrada en Panamá, informa Efe.

Recientemente, se ha anunciado un acuerdo petrolero que permitiría a Estados Unidos controlar una quinta parte de las reservas de crudo venezolanas.

Acercamiento de Rodríguez a Sánchez

La presidenta encargada de Venezuela se ha acercado este martes a saludar al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en el marco de la Asamblea General de la ONU, donde le ha pedido poder seguir hablando sobre la situación política en Venezuela. El presidente le ha garantizado el compromiso de España con su país y con el futuro de la región, según fuentes de Moncloa.

En principio, no está previsto que haya un encuentro entre ambos en Nueva York más allá de esta charla, que es la primera conversación cara a cara que mantienen ambos mandatarios, ya que hasta ahora solo habían trascendido dos conversaciones telefónicas desde que Rodríguez se hizo cargo de la presidencia del país en sustitución de Nicolás Maduro, secuestrado ilegalmente por Estados Unidos y actualmente preso en una cárcel de Nueva York.

La primera de ellas tuvo lugar el 9 de enero, y en ella Sánchez trasladó a la presidenta encargada venezolana el apoyo de España a una transición pacífica, dialogada y democrática en su país, y Rodríguez le planteó trabajar conjuntamente en una agenda bilateral amplia y beneficiosa para España y Venezuela.

La segunda conversación tuvo lugar el pasado 25 de junio tras los terremotos sufridos por Venezuela y en ella Sánchez ofreció la ayuda que fuera necesaria por parte de España y le trasladó la solidaridad con el pueblo venezolano y el afecto a las víctimas y sus familias.

Delcy Rodríguez podría viajar a España el próximo mes de noviembre para participar en la Cumbre Iberoamericana que albergará Madrid los días 4 y 5 de ese mes.

La delegación de la oposición venezolana regresa a Caracas este martes 15 de septiembre para abrir la segunda ronda de negociaciones con el Gobierno interino de Delcy Rodríguez. Jorge Millán, diputado opositor, cuenta que este es el octavo proceso formal en busca de una salida democrática para Venezuela. Los siete anteriores fracasaron. Millán cree que este no correrá la misma suerte, y esa confianza, con matices, la comparten hasta los analistas más escépticos.

Washington impulsó la mesa en agosto, siete meses después de la captura de Nicolás Maduro por una operación militar estadounidense. A un lado se sienta el Gobierno interino, con Jorge Rodríguez al frente; al otro, la Asamblea Nacional elegida en 2015, el último Parlamento con mayoría opositora, encabezada por Dinorah Figuera. Los ganadores de las elecciones de julio de 2024 no están. La primera ronda (Caracas, 6-12 de agosto) terminó con dos acuerdos: renovar por completo el Tribunal Supremo, cuyos magistrados responden al chavismo, y recuperar el oro venezolano depositado en el Banco de Inglaterra para atender la emergencia de los terremotos (24 de junio).

Ahora las partes evaluarán los avances de la reforma de la ley del Tribunal Supremo y abrirán el capítulo de las garantías políticas: las inhabilitaciones que impiden a dirigentes opositores presentarse a elecciones y la judicialización de los partidos, la entrega por orden judicial de sus siglas y sus tarjetas electorales a directivas afines al Gobierno. Discutirán también la derogación de leyes como la Ley contra el Odio o la que controla a las ONG. Millán explica que cada ciclo dura una semana y va seguido de una fase de implementación. Más allá de eso, los detalles son escasos: las conversaciones son privadas y los negociadores solo hablan en términos generales.

Pero el diputado da por hecho que esta vez sí funcionará. “Estamos optimistas con este proceso porque las cosas cambiaron después del 3 de enero. Está claro que no fue cualquier cosa: un presidente de facto fue apresado y hoy está ante la justicia norteamericana. Esa circunstancia redefinió la situación política venezolana. Creemos que el apoyo de Estados Unidos al proceso de diálogo es una garantía en sí misma para que tenga éxito”, dice a elDiario.es. Jesús Seguías, presidente de la encuestadora Datincorp, lo explica con menos entusiasmo. Los procesos anteriores fracasaron, sostiene, porque no había un garante con poder vinculante. Estados Unidos, que describe las conversaciones como facilitadas por Washington, tiene una capacidad de presión sobre las dos partes que ninguno de los mediadores anteriores tuvo.

La lista es larga. La OEA y el Centro Carter acompañaron una mesa tras el golpe de 2002; Unasur y el Vaticano mediaron en 2014; en 2016, un delegado del papa Francisco y los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero, Leonel Fernández y Martín Torrijos. Zapatero siguió en Santo Domingo (2017-2018), donde las conversaciones se rompieron por las condiciones electorales. Noruega facilitó las rondas de Oslo y Barbados (2019) y las de México (desde 2021), que desembocaron en el Acuerdo de Barbados de 2023 sobre las elecciones de 2024, que el Gobierno se adjudicó sin publicar las actas. Ninguno de esos mediadores tenía intereses propios en Venezuela ni podía obligar a cumplir lo firmado.

El negocio antes que la democracia

Los dos entrevistados coinciden en que la Casa Blanca antepone sus propios intereses —la estabilidad, la seguridad energética, sus objetivos geopolíticos— a la democracia venezolana. Marco Rubio lo dijo ante el Senado el 28 de enero: el objetivo final es «una Venezuela amistosa, estable, próspera y democrática». El orden de los adjetivos no parece casual. Según explicó Seguías a elDiario.es: “Trump y Rubio no tienen preferencias personales entre Delcy Rodríguez y María Corina Machado; ninguna satisface del todo a Washington, que quiere un país estable, con instituciones que funcionen y que produzca petróleo”.

La prueba más concreta de ese interés es el acuerdo anunciado por Trump este 28 de agosto, que da a Estados Unidos el control mayoritario de más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas, en plena guerra con Irán y a dos meses de las elecciones legislativas estadounidenses. Detrás del acuerdo, según Seguías, está el pulso con China, que a su juicio es existencial para Estados Unidos, porque China controla el 70% de las tierras raras y Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo del planeta. Para Washington, dice, Venezuela debe quedar alineada con Occidente en lugar de convertirse en aliada de China, Rusia o Irán. Los debates sobre la legitimidad democrática vienen después.

Trump y Rubio no tienen preferencias personales entre Delcy Rodríguez y María Corina Machado; ninguna satisface del todo a Washington, que quiere un país estable, con instituciones que funcionen y que produzca petróleo

Jesús Seguías — Datincorp

Con esa lógica, Washington debería preferir a Machado, más afín a sus posiciones que Delcy Rodríguez; sin embargo, se entiende con la última. Seguías lo atribuye a un cálculo de viabilidad. Transferir de inmediato el poder a la oposición exigiría una de dos vías que Washington descarta: que opositores armados combatan al Gobierno, una fantasía, o que decenas de miles de soldados estadounidenses ocupen el territorio en una guerra irregular larga y costosa. Un núcleo de chavistas armados, aliados con las guerrillas colombianas, bastaría para destruir instalaciones petroleras y espantar cualquier inversión. Washington ha aprendido la lección, dice Seguías: “Desde Vietnam, Estados Unidos ha perdido todas las guerras asimétricas”. Rubio dijo al Congreso que no prevé nuevas acciones militares en Venezuela, aunque se reserva la fuerza. Por eso Washington prefiere entenderse con quienes controlan el poder y garantizan el orden, al margen de su legitimidad.

La paradoja, señala Seguías, es que los avances que Millán anticipa (el Tribunal Supremo, las inhabilitaciones, las tarjetas de los partidos) son posibles precisamente porque Estados Unidos se entiende con el chavismo. La oposición rechaza la idea de que actúa tutelada desde fuera e insiste en que quienes están en la mesa son luchadores por la democracia. Pero el acompañamiento estadounidense responde a un cálculo de estabilidad regional antes que a una afinidad ideológica. Estados Unidos necesita una Venezuela estable, alineada y productora de energía; la oposición necesita instituciones democráticas. Las dos demandas son compatibles, y en esa coincidencia de intereses se sostiene el proceso. Seguías añade una advertencia: después de 27 años de chavismo en el poder, el cambio viable pasa por acuerdos en los que las dos partes ganen algo, y eso exige abandonar la fantasía de una victoria total.

Fuera de la mesa, sectores de la oposición y más de una decena de ONG reclaman que el calendario electoral entre en la agenda, porque hasta ahora no está. Delcy Rodríguez sigue en el poder gracias a un fallo del Tribunal Supremo que evitó calificar la ausencia de Maduro como falta absoluta, lo que habría obligado a convocar elecciones este año. Varios consultores hablan de una “prueba de fuego”: tras el acuerdo petrolero, la mesa tendrá que mostrar resultados visibles. Millán confía en que los habrá.

El reciente acuerdo entre el gobierno de Estados Unidos y el de Venezuela ha desatado un largo reguero de críticas. Todavía no se conocen los términos exactos, pero sí lo suficiente como para constatar que el gobierno de Estados Unidos ha logrado un control efectivo sobre la gestión de gran parte del petróleo venezolano. Así, no se han cumplido las advertencias de Diosdado Cabello, ministro de Interior, que hace menos de un año afirmaba que no se entregaría “ni una gota” de crudo a los estadounidenses en caso de producirse una agresión. Finalmente, se produjo la intervención militar, incluyendo el secuestro del presidente, y se transferirá más de una gota de petróleo hacia Estados Unidos. Según el propio Donald Trump, el acuerdo es para 65.000 millones de barriles, aproximadamente una quinta parte de todas las reservas del país.

Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo probadas del mundo, es decir, de cantidades que son recuperables del subsuelo con la tecnología y precios actuales. Esa circunstancia geológica ha moldeado profundamente la política del país latinoamericano desde que se descubrieron los primeros yacimientos en 1914, cuando Venezuela llevaba ya un siglo siendo independiente, pero todavía era un país básicamente agrario y muy pobre. Merece la pena remontarse brevemente a ese momento porque, paradójicamente, guarda una similitud sorprendente con lo que está pasando ahora mismo.

La maldición de los recursos

Como muchos países en desarrollo saben, que un territorio sea abundante en recursos no significa que tenga un billete garantizado hacia el desarrollo económico. De hecho, es más habitual lo contrario, es decir, que las naciones más abundantes en recursos naturales sean también los más pobres. En economía se conoce como maldición de los recursos a una hipótesis que intenta explicar esa paradoja, y según la cual el problema principal es que el país se vuelca tanto en explotar ese sector abundante en recursos (por ejemplo, petróleo) que se 'olvida' de casi todo lo demás. En realidad, no es una cuestión de decisiones gubernamentales sino de la propia orientación del mercado, ya que tanto el capital internacional como el nacional fluyen, lógicamente, hacia ese sector abundante en recursos que, como es deseado por todo el mundo, genera tasas de ganancia más elevadas y deja de fluir hacia el resto. El país se convierte rápidamente en un exportador del recurso natural y la dinámica económica hace el resto (por ejemplo, el tipo de cambio se encarece y eso dificulta otro tipo de ventas al extranjero, como las industriales).

Cuando a comienzos del siglo XX se fueron descubriendo los yacimientos de petróleo por todo el mundo, solo unas pocas empresas estadounidenses e inglesas tenían la capacidad tecnológica y financiera para extraer el recurso y, además, refinarlo para convertirlo en un producto utilizable por la sociedad (por ejemplo, gasolina, lubricantes, productos petroquímicos, etc.). Aunque el petróleo estaba en el subsuelo venezolano, no había en el país ninguna empresa capaz de convertirlo en algo útil, de modo que se permitió que fueran las empresas multinacionales las que se encargaran de todo. El proceso ganó orden a partir de 1922, cuando el presidente Juan Vicente Gómez declaró los recursos del subsuelo propiedad del Estado y este pasó a controlar tanto las concesiones como los royalties e impuestos aplicables. Eran tales las reservas venezolanas que en los años treinta el país ya se había convertido en el principal exportador de petróleo del mundo.

Gracias a los impuestos aplicados a la actividad extractiva, el Estado fue capaz de desplegar una estrategia de creación de infraestructuras y servicios públicos que dinamizaron la economía, elevándose también el consumo de una emergente clase media, al tiempo que se fortalecía su autoridad sobre el territorio. El contexto de boom del petróleo favoreció que los países en los que las multinacionales extraían el recurso reclamaran una mayor porción de la tarta y Venezuela fue, además, pionera en la lucha y ejemplo posterior para países de Oriente Medio. La legislación de 1943 y, posteriormente, la consolidación del principio 50-50 (reparto por igual de los beneficios) hicieron que el Estado capturase una parte mucho mayor de los beneficios generados por la actividad petrolera.

En el contexto de posguerra, de intervencionismo económico y descolonización, se extendió el imaginario de que el desarrollo económico pasaba por controlar y explotar directamente los recursos naturales. La idea de desarrollo nacional y económico iban de la mano en un imaginario extractivista que se interpretaba como condición para igualar la riqueza de los países más avanzados. Tras los precedentes de Rusia en 1917 y México y Bolivia en los años treinta, en 1951 Irán fue el primer país de Oriente Medio en nacionalizar su petróleo y expulsar a las empresas occidentales. Pero solo dos años después el gobierno de Mossadegh fue derrocado por un golpe de Estado de Reino Unido y Estados Unidos.

En 1957, Irán permitió la entrada de la multinacional italiana ENI, que aceptó un acuerdo 75-25 que puso nerviosas al resto de multinacionales y demostraba que los países petroleros estaban interesados en captar mayores cuotas de las rentas del sector. En septiembre de 1960, algunos de estos países, a instancia de Venezuela, formaron la Organización de los Países Exportadores de Petróleo (OPEP) para fortalecer sus demandas y elevar la participación del Estado al menos a una ratio 60-40. En los años setenta se producirían las primeras grandes nacionalizaciones de compañías occidentales, primero en Argelia y Libia, y luego, y de forma progresiva, en los países del Golfo Pérsico. Los llamados países productores demostraban tener ya la capacidad tecnológica y financiera para realizar la actividad ellos mismos y sin mediaciones, es decir, capturando completamente toda la renta petrolera.

La compañía estatal de Venezuela fue PDVSA, creada en ese contexto internacional en 1976. La renta petrolera era tan alta que los partidos políticos dominantes se repartieron su influencia en el denominado pacto del Punto Fijo. El sistema seguía siendo el mismo: un desarrollo económico totalmente dependiente de las rentas petroleras, donde el gobierno tenía un margen enorme para decidir qué hacer con ellas (con una fuerte autonomía de PDVSA respecto del poder político y problemas crecientes de corrupción) y consecuentemente muy vulnerable a las caídas del precio del petróleo. Durante esas décadas fracasaron todos los intentos de diversificar la estructura productiva, como la industrialización por sustitución de importaciones, que logró crear determinadas capacidades industriales, pero no consiguió modificar sustancialmente la dependencia estructural de la renta petrolera. La caída de los precios a mediados de los años ochenta llevó al país a una crisis económica que fue gestionada a la manera neoliberal, desembocando en una profunda crisis política que duró hasta que en 1998 Hugo Chávez ganó las elecciones.

El chavismo se construyó sobre el rentismo petrolero

La victoria de Chávez no gustó a las élites que habían gestionado la renta petrolera hasta entonces, razón por la cual sufrió el golpe de Estado de 2002. Tras superarlo gracias al apoyo popular y de los militares, y tras un paro patronal de la empresa PDVSA, Chávez despidió a miles de trabajadores y gestores de la empresa y tomó un control mucho más activo sobre sus decisiones. Los precios del petróleo acompañaron y el gobierno logró poner en marcha políticas sociales que sacaron a millones de personas de la pobreza y redujeron de manera muy notable la desigualdad. Sin embargo, todo el sistema seguía dependiendo en última instancia de las rentas petroleras.

Se suele hablar de PDVSA como una suerte de para-Estado porque asumió proyectos que no tenían nada que ver con su función económica, como programas sociales o proyectos de infraestructuras urbanas. Así, el endeudamiento de la empresa quedó no sólo vinculado a su actividad inversora y extractiva sino también a la necesidad de acometer proyectos sociales ajenos a la entidad. Por otro lado, la cualificación de los nuevos dirigentes parecía estar lejos de las capacidades de los anteriores. Además, políticamente era una forma de llevar a cabo una intervención pública que no pasaba por los controles habituales de la asamblea nacional. Algunos o todos estos elementos ayudan a entender por qué la empresa PDVSA ya se encontraba en niveles de actividad económica y financieros muy bajos antes de que llegaran las primeras sanciones estadounidenses en 2017. Las sanciones no crearon el deterioro de PDVSA, que ya era evidente antes de 2017, pero sí contribuyeron posteriormente a profundizarlo.

Como se puede ver en el siguiente gráfico, el peso del petróleo en las exportaciones siempre ha sido muy alto en Venezuela. Curiosamente, la mayor dependencia del petróleo se produce durante el período chavista, con niveles por encima del 95%, lo que da muestra del fracaso de las estrategias de diversificación industrial. Eso sí, durante el período de Hugo Chávez, el PIB por habitante fue recuperándose desde los niveles anteriores, lo que es congruente con otros indicadores sociales que también mejoraron durante ese período.

Lo cierto es que durante el chavismo las rentas petroleras, en vez de financiar opulentos modos de vida de una minoría de la población vinculada a las elites y los burócratas de PDVSA, sirvieron para combatir la desigualdad y la pobreza. No obstante, sin la erradicación completa de la corrupción. Pero en ambos casos las rentas servían para garantizar la estabilidad social y política de los tiempos de 'vacas gordas'. Cuando las rentas se secaban, devenían los problemas.

Tras la muerte de Chávez en 2013, Nicolás Maduro heredó un modelo económico extremadamente dependiente del petróleo y, un año después, el desplome de los precios internacionales del crudo desencadenó una crisis económica de enorme magnitud. El apoyo electoral al chavismo se fue debilitando y, tras perder la mayoría parlamentaria en 2015, el Gobierno respondió mediante una creciente concentración del poder institucional y una progresiva erosión de los mecanismos democráticos. Mientras tanto, la gestión de la renta petrolera quedó crecientemente en manos de fracciones militares leales al gobierno. Lejos de abandonar el modelo extractivista, en el año 2016 Nicolás Maduro aprobó el proyecto del Arco Minero del Orinoco, pensado para extraer oro y otros minerales de una inmensa área de Venezuela. El objetivo declarado era fomentar las exportaciones de estos minerales, algunos de los cuales son importantes en la transición energética hacia energías renovables, y con una fuerte participación de empresas estatales y actores vinculados a las Fuerzas Armadas.

Sin embargo, en la actualidad la producción petrolera venezolana se encuentra muy por debajo de su potencial y de sus niveles históricos. La coyuntura de precios internacionales, la mala gestión de la empresa y las sanciones provocaron un desplome de la actividad petrolera que privó de las rentas al Estado venezolano. En esas condiciones, Venezuela vuelve al comienzo, es decir, a la necesidad de atraer capital extranjero para realizar las inversiones necesarias para extraer el combustible fósil.

El papel de Estados Unidos

Para Estados Unidos el petróleo venezolano es especialmente importante, porque se trata de un tipo de crudo pesado que necesitan para una parte importante de la capacidad de refino estadounidense, pero cuya producción doméstica no basta para abastecerla. Aunque Estados Unidos se ha convertido en el mayor productor mundial de petróleo gracias, entre otros factores, al desarrollo del fracking, siguen siendo importadores netos de petróleo pesado. Y no parece casualidad que sus dos principales fuentes de petróleo pesado hayan sido hasta hace poco Canadá y Venezuela, países con los que está tratando de redefinir su relación (con una guerra comercial en el primer caso, y con la violencia en el segundo). En el caso de Venezuela, como podemos ver en el siguiente gráfico, la caída de importaciones fue progresiva durante el gobierno de Hugo Chávez y terminó desplomándose después. Con los nuevos acontecimientos, la Casa Blanca se ha asegurado que ese flujo se reactiva.

Aunque habrá que esperar a conocer los términos exactos del acuerdo, los cálculos preliminares parecen indicar que la captura de la renta que hará el Estado venezolano del sector petrolero será notablemente inferior a la que existía incluso durante el período del Punto Fijo. En este sentido, Estados Unidos ha logrado capturar una parte sustancial de esa renta que hasta hace unos años era impensable; y lo ha logrado a través de las sanciones, que han terminado de machacar la débil capacidad productiva de PDVSA, y de la violencia ejercida contra otro país soberano.

Por otro lado, merece la pena remarcar de nuevo que durante el chavismo la renta petrolera permitió una importante redistribución social y una mejora de numerosos indicadores de bienestar, pero no consiguió transformarse en una diversificación productiva suficiente capaz de reducir la dependencia del petróleo. El apoyo popular al chavismo era real y está claramente acreditado, y sobre bases razonables, pero todo el sistema se sostenía sobre los precios del petróleo, de modo que cuando se agotó el flujo extraordinario de rentas comenzó también la deslegitimación ciudadana. El economista Edward Barbier señalaba, reflexionando sobre la paradoja de la maldición de los recursos, que para que un país se desarrolle no sólo es necesario tener recursos abundantes y extraer renta de ellos sino, y muy especialmente, reinvertir esas rentas en diversificar la actividad económica y crear encadenamientos (de modo que las industrias se necesiten unas a otras). Este último paso es el que no ha sido capaz de completar Venezuela en los últimos cien años. Y tampoco el chavismo, a pesar de haberlo proclamado.

En realidad, hay un irónico componente cíclico en todo esto. Porque primero fue el capital extranjero el que explotó un recurso sobre el que el Estado apenas tenía capacidad efectiva de intervención. Después, a través de impuestos, nacionalizaciones y finalmente la creación de PDVSA, el Estado fue capturando una parte cada vez mayor de esa renta hasta hacerse prácticamente con su totalidad. El chavismo heredó ese modelo de rentismo estatal y utilizó sus extraordinarios ingresos para redistribuir la riqueza, pero no consiguió transformar de manera suficiente esas rentas en una estructura productiva diversificada. Cuando la producción y los precios se desplomaron, también lo hizo la capacidad del Estado para sostener ese modelo. Y ahora, un siglo después del comienzo de la explotación petrolera moderna, Venezuela vuelve a necesitar capital extranjero para explotar su principal recurso. Es como si varias décadas de luchas políticas y sociales en torno a la captura de renta por actores extranjeros hubieran desaparecido de golpe. Y al menos Venezuela sigue sin saber responder a qué hacer con la renta que genera un producto, el petróleo, que además tiene los días contados. El problema adicional es que ahora ni siquiera lo deciden ellos.

El opaco acuerdo anunciado el pasado fin de semana por Donald Trump para dar acceso privilegiado a Estados Unidos al petróleo de Venezuela tiene derivadas españolas. Una es el impacto que puede tener para Repsol el nuevo panorama energético que se abre en ese país; otra, el relevante papel que se atribuye en la operación al controvertido magnate local Alejandro Betancourt, investigado por un presunto desfalco multimillonario en la petrolera estatal PDVSA y con importantes intereses económicos en España.

No está claro si Repsol formará parte de lo que Trump define como “el mayor acuerdo petrolero de la historia”, sin “coste alguno para el contribuyente estadounidense”, según el actual inquilino de la Casa Blanca. Del pacto, muy criticado por la oposición venezolana, se conocen solo algunas grandes cifras: EEUU tendrá el control mayoritario de 17 yacimientos no identificados que representan más de 65.000 millones de barriles de petróleo venezolano, un 21,7% de los 300.000 millones de barriles estimados en el país, que tiene las mayores reservas de crudo del planeta.

Se desconoce qué empresas participarán, cuáles serán exactamente los campos incluidos ni de qué forma EEUU ejercerá ese “control mayoritario”. Tampoco se sabe quién o quienes asumirán las inversiones necesarias y cómo se desglosará la participación de Estados Unidos. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha asegurado que el acuerdo supondrá 209.000 millones de dólares en impuestos y 100.000 millones de inversión para poner al día la maltrecha infraestructura petrolera del país, que mantendrá la “soberanía sobre sus recursos”.

El pasado sábado, la sustituta de Nicolás Maduro, encarcelado desde enero por EEUU, aseguró que tendrá una vigencia de 25 años y permitirá elevar la producción del país por encima de 1,5 millones de barriles diarios, frente a los 1,2 millones actuales. “Nuestra meta va más allá con la firma de otros importantes acuerdos que incluyen a grandes empresas como Chevron, Repsol, Eni, Shell o BP, entre otras. Queremos ser una potencia energética”, aseguró Rodríguez.

La española, que no comenta el posible impacto del acuerdo anunciado por Trump, llegó a revalorizarse este lunes más de un 3% y lideró las subidas en el Ibex con un alza del 2,6%, impulsada por la cotización del Brent. El petróleo de referencia para Europa llegó a superar los 90 dólares durante la sesión tras reanudarse los ataques entre EEUU e Irán por primera vez desde julio, en una tendencia que, unida al encarecimiento del gas o el euríbor, ha propiciado la cuesta de septiembre más dura en años en España.

Repsol, que es la compañía más alcista del Ibex este 2026 (sus acciones han repuntado más de un 80%), catapultada por la crisis en Oriente Medio y su impacto en los precios energéticos, recuperó en abril el control de sus operaciones petroleras en Venezuela. En junio firmó un acuerdo de intenciones con el Ministerio de Hidrocarburos y la estatal PDVSA para analizar la posibilidad de explorar y desarrollar Horcón, una nueva zona petrolífera situada al sureste del lago de Maracaibo con “grandes expectativas”, según dijo en julio a los analistas el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz.

En enero, días después del secuestro del anterior presidente venezolano, Imaz trasladó a Trump en un encuentro en la Casa Blanca que la compañía estaba preparada para invertir de manera significativa en Venezuela. Repsol asegura que puede triplicar su producción de hidrocarburos en el país caribeño en tres años, hasta los 135.000 barriles diarios, con un incremento de la producción bruta de petróleo en un año y un aumento del 10% en la producción de gas, si se dan las condiciones adecuadas, y utilizando los ingresos que se obtengan en el país (el pago en especie con cargamentos por la producción).

En mayo Repsol recibió el primer cargamento de gas procedente de Venezuela al amparo de las nuevas licencias de exportación de EEUU y del marco acordado con el gobierno venezolano, vinculado a la producción de gas del yacimiento Cardón, y prevé cuatro cargamentos adicionales para 2026: uno destinado a financiar la inversión necesaria para aumentar la producción de gas [clave para la generación eléctrica en el país] en aproximadamente un 10%, y otros tres para monetizar la producción actual.

La multinacional española opera en Venezuela desde 1993. Produce gas en el activo Cardón IV, operado al 50% con la italiana Eni, que se destina exclusivamente para uso interno en el país: proporciona más del 30% del suministro de gas de Venezuela, y sirve para abastecer las plantas de generación de energía eléctrica del país. También produce petróleo, con una producción bruta aproximada de 45.000 barriles diarios, principalmente en el activo Petroquiriquire, cuya propiedad es 60% PDVSA y 40% Repsol.

La petrolera española lleva años intentando cobrar una millonaria deuda en Venezuela. A junio, las cuentas comerciales pendientes de PDVSA con Repsol alcanzaban 4.080 millones, de los que 3.295 millones permanecen provisionados, mientras que la financiación concedida asciende a otros 1.036 millones, con provisiones de 622 millones.

El polémico 'bolichico'

En el acuerdo entre Caracas y Washington sí se da por descontada la participación de Alejandro Betancourt, uno de los principales exponentes de los denominados 'bolichicos', la generación de empresarios venezolanos con conexiones políticas que se hicieron multimillonarios con Hugo Chávez, y que en España tiene una investigación abierta en la Audiencia Nacional por blanqueo.

Conocido por ser el principal accionista de Hawkers, multinacional de gafas de sol fundada en Alicante y presente en una veintena de países, a Betancourt, de 46 años, se le acusa, junto con sus socios, de haber sobornado a tres funcionarios de la petrolera estatal venezolana con 42 millones de dólares para defraudar supuestamente 4.850 millones en operaciones de cambio de divisas canalizadas a través del petróleo. Ese dinero, según pretende demostrar la justicia española, acabó regado en empresas, inversiones e inmuebles de lujo en España.

Entre 2009 y 2011, en época de Chávez, y a través de una empresa sin experiencia previa, Derwick Associates, Betancourt se llevó al menos 11 contratos sin licitación por unos 5.000 millones de dólares para construir plantas eléctricas en plena emergencia energética en el país. El sobreprecio de los contratos, según Transparencia Venezuela, rondó los 2.900 millones de dólares. Varias de esas plantas nunca funcionaron como se prometió. Gran parte del país vive todavía hoy a oscuras y sin electricidad varias horas al día.

Hace unos meses, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional obligó al juez Santiago Pedraz a reabrir la investigación contra Betancourt que el magistrado había archivado en marzo al concluir que los hechos ya habían sido enjuiciados en Venezuela. Esa causa deriva de otra abierta en Suiza por blanqueo de capitales, que a su vez proviene de una investigación en Estados Unidos donde sus supuestos cómplices ya fueron condenados.

Hasta mayo de este año, Betancourt tenía prohibido abandonar el Reino Unido (donde está afincado hace años) mientras peleaba para evitar una petición de extradición de Suiza. El Washington Post reveló el pasado jueves que altos funcionarios estadounidenses intervinieron directamente para resolver la causa penal suiza contra él sin que enfrentara cargos y levantar las restricciones de movimiento que le mantenían encerrado en sus dos mansiones en Reino Unido.

Diversos medios han señalado a Betancourt como pieza clave entre las negociaciones entre EEUU y Venezuela para lo que Financial Times definía este lunes como un “inusual” acuerdo que puede convertir a este empresario en el “virrey” petrolero de Trump en el país caribeño a través de su empresa North American Blue Energy Partners (NABEP), de la que el gobierno estadounidense va a tomar un 35% del capital, según The Wall Street Journal.

Esta compañía, con sede en Barbados, fue cofundada en 2024 por Betancourt y Harry Sargeant III, un magnate energético de Florida y donante republicano. NABEP es uno de los principales operadores privado del sector petrolero en Venezuela. Hace unos días, anunció el fichaje como nueva responsable legal de Sara Chouraqui, ex jefa de la división de fraude y corrupción de la Serious Fraud Office británica.

Además de por su paquete en Hawkers, en España Betancourt es conocido por haber estado vinculado a Auro New Transport, una de las principales compañías propietarias de licencias VTC, de la que fue fundador y Uber compró el 30% en 2025 en una operación que se ha cifrado en más de 200 millones de euros. El denominado virrey petrolero de Trump en Venezuela también fue uno de los socios fundadores del Banco de Dakar, impulsado por Alberto Cortina y otros multimillonarios españoles hace más de una década. Betancourt invirtió asimismo en Playtomic, una plataforma digital para organizar partidos de pádel; en la empresa de pagos digitales Easy Payment Gateway o en la web de búsqueda de empleo Jobandtalent.

Entre sus propiedades inmobiliarias más conocidas en España figura la finca de El Alamín, en Toledo, que cuenta con un castillo y una superficie de 1.400 hectáreas, y que en su día fue subastada por unos 24 millones tras ser expropiada al expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, dueño entonces de la quebrada Viajes Marsans.

En 2014 un juez de Nueva York absolvió a Betancourt de las acusaciones de corrupción que había formulado un ex alto diplomático estadounidense contra él y otro empresario venezolano, Francisco D'Agostino, cuñado de Luis Alfonso de Borbón, el bisnieto más conocido del dictador Francisco Franco. Últimamente D'Agostino se dedica a promover corridas de toros en Mallorca.

El diputado Nicolás Maduro Guerra ha hecho públicas este domingo unas nuevas imágenes de su padre, el presidente venezolano Nicolás Maduro, depuesto tras un secuestro exprés por militares estadounidense y actualmente encarcelado en Nueva York.

“Envío estas fotos como un pequeño regalo a todos mis nietos y nietas, a los niños y niñas, y a toda la gente noble que nos ama”, reza el mensaje que acompaña las imágenes, que tienen fecha de 25 de junio, y en las que se ve a Maduro con un pantalón y sudadera gris en dos fotografías.

Maduro, visiblemente más delgado, aparece sonriente en una de las instantáneas con lentes, el cabello más canoso y haciendo la V de victoria con ambas manos. En una segunda imagen, ya sin lentes, hace la V con una mano y se observa que usa en la otra un reloj.

El presidente derrocado y su esposa Cilia Flores están detenidos en una prisión de Nueva York desde que fueron secuestrados en una operación militar de Estados Unidos en territorio venezolano el pasado 3 de enero.

En Nueva York se enfrentan un proceso judicial por conspiración, narcoterrorismo y delitos relacionados con posesión de armas.

Estados Unidos y Venezuela retomaron sus relaciones diplomáticas, rotas durante siete años, luego de la captura de Maduro.

El sábado, la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien asumió el cargo tras la captura de Maduro, informó que el acuerdo petrolero alcanzado con Estados Unidos tendrá una vigencia de 25 años con un objetivo de producción superior a 1,5 millones de barriles diarios.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este sábado que el acuerdo petrolero alcanzado con Estados Unidos tendrá una vigencia de 25 años con un objetivo de producción superior a 1,5 millones de barriles diarios.

“Nuestra meta va más allá con la firma de otros importantes acuerdos que incluyen a grandes empresas como Chevron, Repsol Eni, Shell, BP, entre otros. Queremos ser una potencia energética”, señaló la mandataria en un mensaje transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Asimismo, explicó que, tomando como referencia un precio de 65 dólares por barril, el país puede recibir 209.335 millones de dólares en virtud del convenio. “En términos concretos, esto significa que por cada barril producido y vendido, cerca de 19 dólares ingresan directamente a nuestro país”, indicó.

Rodríguez agregó que este proyecto contempla el desarrollo de ocho bloques verdes en la Faja Petrolífera del Orinoco - una zona que abarca más de 55.000 kilómetros cuadrados ubicada en el este y centro-este del país-, con regalías mínimas de 16 % e impuesto sobre la renta del 34 %, lo que, consideró, permitirá apalancar la recuperación económica de Venezuela.

Igualmente, agradeció al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, por su esfuerzo para lograr este acuerdo.

“Pero hay algo que debe quedar absolutamente claro, Venezuela conserva la propiedad y la soberanía sobre sus recursos”, subrayó la mandataria encargada, tras defender que en este acuerdo “cada parte aporta aquello que puede hacer mejor”.

La presidenta destacó que Estados Unidos aportará capital, tecnología y capacidad operativa para “adelantar la recuperación de una industria estratégica duramente golpeada por las sanciones”.

En ese contexto, afirmó que los venezolanos “tienen derecho a saber cuánto se invierte, cuánto se produce, cuánto recibe el Estado y cuáles son las condiciones para los operadores”.

Una empresa privada conjunta

Este sábado, un funcionario estadounidense señaló a la cadena CBS que el acuerdo entre ambos países incluiría el otorgamiento de una concesión de 100 años a una empresa conjunta privada.

El Gobierno estadounidense, de acuerdo a este funcionario, controlaría el 55 % de esta compañía conjunta, repartido entre la participación accionaria en el proyecto y la capacidad de obtener petróleo del mismo a precio de costo. La fuente describió a la firma conjunta como la segunda mayor propietaria corporativa de reservas probadas de petróleo del mundo, pero se reservó dar nombres en específico.

El viernes, Estados Unidos y Venezuela anunciaron este acuerdo por el que Washington controlará más del 20 % de las reservas de crudo venezolano. Delcy Rodríguez detalló que se prevé el desarrollo de 17 campos estratégicos, con “un potencial probado de 65.000 millones de barriles de petróleo”.

Por su parte, Marco Rubio describió el acuerdo como “una gran victoria tanto para el pueblo estadounidense como para el venezolano”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes un “histórico” acuerdo con Venezuela para controlar sus reservas petroleras que duplicará las reservas petroleras del país norteamericano. En su red Truth Social, lo calificó como “el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial” y declaró que el convenio asegura el “control mayoritario estadounidense sobre más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo en Venezuela”.

“La histórica transacción más que duplica las reservas petroleras de Estados Unidos, aumenta considerablemente nuestro suministro de petróleo y reducirá sustancialmente los precios de la gasolina para todos los estadounidenses a largo plazo”, añadió. Trump describió el acuerdo como una “alianza con el sector privado” que llevó a cabo el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Guerra, Pete Hegseth, “en estrecha colaboración con la muy respetada presidenta interina de Venezuela”, Delcy Rodríguez.

La presidenta encargada de Venezuela también confirmó horas después el “histórico acuerdo” petrolero con Estados Unidos y agradeció “altamente” a Trump y a Rubio por “su disposición en el desarrollo” de una alianza que describió como “un hito histórico en las relaciones bilaterales”. En un comunicado, la líder chavista, al frente del Gobierno venezolano tras la detención de Nicolás Maduro en Caracas por parte de EEUU en enero de este año, aseveró que el acuerdo permitirá “incrementar considerablemente la producción de petróleo con la participación de operadores privados”.

La mandataria expresó que el convenio fue suscrito gracias al “fortalecimiento de la relación” entre Caracas y Washington, que reanudaron formalmente sus vínculos diplomáticos en marzo pasado tras siete años de ruptura, y tendrá un “impacto significativo en el renacimiento” de Venezuela. Además, facilitará un “importante flujo de inversiones destinado a la recuperación y reconstrucción de infraestructura estratégica para el desarrollo” de la industria de los hidrocarburos de la nación suramericana, que cuenta con las mayores reservas probadas de crudo del mundo.

“Venezuela consolida así una nueva etapa de recuperación, crecimiento, producción, seguridad y prosperidad para nuestro pueblo”, agregó la presidenta encargada, quien el pasado lunes había dicho que su país produce hoy 1,23 millones de barriles por día (bpd) de petróleo, su nivel más alto desde febrero de 2019.

Por su parte, Rubio describió el acuerdo como “una gran victoria tanto para el pueblo estadounidense como para el venezolano”. Según estima el secretario de Estado estadounidense, el acuerdo atraerá cerca de 100.000 millones de dólares en inversión privada, “respaldará miles de empleos bien remunerados e impulsará la reconstrucción de la economía de Venezuela”. “Demuestra cómo la audaz política exterior del presidente Trump impulsa logros bajo el principio de ”Estados Unidos primero“: asegurar reservas estables y petróleo de bajo costo en nuestro hemisferio, así como reducir los precios de la gasolina en el país”, dijo.

Desde el secuestro de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero de 2026, la relación entre Venezuela y Estados Unidos pasó de la confrontación a un progresivo acercamiento con el levantamiento de sanciones y una creciente normalización.

¿Qué se sabe del acuerdo?

Aunque aún faltan muchos detalles del trato, Delcy Rodríguez ha precisado que supondrá el desarrollo de 17 campos estratégicos en el país con las mayores reservas de crudo probadas del mundo y una inversión de más de 100.000 millones de dólares. El millonario acuerdo anunciado, tras meses de negociaciones, en torno a un sector estratégico clave, cimenta la relación entre las dos Administraciones sobre la que Trump ha declarado en varias ocasiones que Estados Unidos “está a cargo” de Venezuela.

Empresas estadounidenses explotarán la mayor parte de unas reservas con un potencial probado de 65.000 millones de barriles de petróleo, lo que, según Trump, supondrá duplicar con creces las reservas probadas petroleras de Estados Unidos que contaba con 46.400 millones de barriles de crudo y condensado al cierre de 2023, según la Administración de Información Energética (EIA).

Venezuela, cuya industria petrolera representa el corazón de su economía, cuenta con reservas de 303.806 millones de barriles, según el Ministerio de Hidrocarburos. Por tanto, el volumen acordado entre ambos países, de unos 65.000 millones de barriles, representa más del 21 % del total de reservas del país suramericano.

Según Rodríguez, las operaciones aportarán más de 209.000 millones de dólares en tributos para el Estado, mientras que Trump destacó que el acuerdo no tendrá coste para el contribuyente estadounidense y reducirá los precios de la gasolina en medio de un aumento por la guerra de Irán.

Según medios estadounidenses, Chevron, que opera en Venezuela, sería una de las petroleras implicadas en el acuerdo.

Flexibilización de sanciones

Trump valoró desde el principio a Rodríguez como una interlocutora fiable. Pronto flexibilizó las sanciones impuestas a Venezuela mediante excepciones aunque mantuvo la base sobre el Gobierno y la petrolera estatal PDVSA.

A finales de enero, autorizó a “entidades estadounidenses establecidas” a comprar, levantar, exportar, transportar, almacenar y vender con condiciones crudo o productos venezolanos; en marzo habilitó ciertas transacciones con PDVSA y este 27 de agosto actualizó la autorización de operaciones de petróleo y gas para seis compañías: BP, Chevron, Eni, Maurel & Prom, Repsol y Shell, y sus subsidiarias.

Reformas oportunas en Venezuela

La Venezuela de Rodríguez cedió el control estatal sobre la actividad petrolera para abrir las puertas al capital privado y extranjero al reformar de manera sustancial la Ley Orgánica de Hidrocarburos, una medida que analistas interpretan como el desmantelamiento del legado del fallecido presidente Hugo Chávez.

Esa reforma, que se aprobó el mismo enero en que fue detenido Nicolás Maduro, ha permitido la llegada de nuevo capital: según Rodríguez, se ha suscrito medio centenar de acuerdos para nuevas inversiones en “más de 76 áreas productivas de hidrocarburos”.

Rodríguez también anunció que su país está produciendo hoy 1,23 millones de bpd, su nivel más alto desde febrero de 2019. En 1998, un año antes de que el chavismo llegara al poder, se produjeron 3,1 millones de barriles por día (bpd) de crudo.

Yacimientos de crudo pesado

La Faja Petrolífera del Orinoco, una zona que abarca más de 55.000 kilómetros cuadrados y está ubicada al sur de los estados de Guárico, Anzoátegui, Monagas y Delta Amacuro (este), contiene el 87 % de las reservas venezolanas, lo que la convierte en “la mayor reserva de crudo en el mundo”, con capacidad para satisfacer la demanda energética global durante tres siglos, según Pdvsa. Esta zona fue descubierta en 1936 y nacionalizada en 2007 por el entonces presidente venezolano, Hugo Chávez (1999-2013).

Sin embargo, los yacimientos petroleros venezolanos son difíciles de explotar al tratarse de principalmente de crudo pesado, que requiere de procesos complejos para extraerse y refinarse, especialmente con una infraestructura en mal estado. El mismo Trump, en su anuncio, advirtió que el suministro de petróleo venezolano ayudará a Estados Unidos “a largo plazo”.

Venezuela abrirá el 1 de agosto un nuevo proceso de negociación entre el Gobierno y la oposición, el octavo desde que el chavismo llegó al poder hace 27 años. Esta vez no hay facilitador —en el anterior, previo a las cuestionadas presidenciales de 2024, medió Noruega— y es Estados Unidos quien fija los negociadores, la agenda y los plazos.

La mesa llega en el peor momento y por decisión ajena. El 3 de enero, un bombardeo estadounidense dejó más de 100 muertos y terminó con el secuestro de Nicolás Maduro. Desde entonces, Washington controla los resortes del Gobierno y, sobre todo, la producción petrolera. El 24 de junio, un doble terremoto añadió más de 5.500 muertos y casi 18.000 personas sin hogar. Fue Estados Unidos, y no ningún actor venezolano, quien propuso volver a la mesa mientras las cuadrillas aún buscaban supervivientes entre los escombros.

La delegación opositora la preside Dinorah Figuera, una médica cirujana del partido opositor Primero Justicia, exiliada en Madrid. Dirige desde enero de 2023 la Asamblea Nacional de 2015, el Parlamento que la oposición ganó con holgura aquel año y que el chavismo fue vaciando de poderes. Esa asamblea sostuvo en 2019 el “gobierno interino” de Juan Guaidó, reconocido en su día por medio centenar de países, España incluida; cuando la propia oposición liquidó aquel experimento, Figuera lo relevó. Hoy dirige un cuerpo sin territorio ni poder real dentro de Venezuela, pero que Occidente aún reconoce como el último Parlamento legítimamente electo. Ese reconocimiento es su única baza: le da la representación legal de los activos venezolanos en el exterior —la petrolera Citgo, el oro depositado en el Banco de Inglaterra—, un patrimonio congelado por los litigios que la Asamblea custodia, pero que no puede gastar a su antojo.

Que Washington la escogiera sorprendió, porque Figuera no representa a la mayoría opositora. En Venezuela hay al menos tres oposiciones: la más votada, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática en torno a María Corina Machado —que ganó las primarias de 2023, fue inhabilitada y llevó al diplomático Edmundo González como candidato en 2024, y que el año pasado recibió el premio Nobel de la Paz—; la institucional de la Asamblea de 2015; y la de los moderados que han negociado con el chavismo o concurrido a las urnas, como Un Nuevo Tiempo o Avanzada Progresista. Estados Unidos eligió la segunda y apartó a las otras dos.

El secretario de Estado, Marco Rubio —a quien el New York Times ha llamado el “virrey” de facto del país latinoamericano—, justifica la elección de la contraparte opositora: las autoridades de 2015, argumenta, llegaron al poder tras “la última elección democrática del país”. Pero el mandato de este cuerpo caducó en 2021. Ante el malestar de los excluidos, Figuera aseguró en X que se convocaría a todos y que Machado tendrá un papel importante. El propio Rubio, preguntado por un periodista, admitió que la premio Nobel podría sentarse a la mesa, aunque lo dejó en condicional: “Podría”. Un miembro de la delegación del chavismo también asegura a elDiario.es: “Vamos a hablar con toda la oposición, no solo con la AN-2015”, y niega que haya imposición en la agenda por parte de Estados Unidos.

El politólogo Ángel Álvarez lo describe sin rodeos: el proceso no está propiciado, sino “impuesto por Estados Unidos”, que “decide cuándo, dónde, quiénes y sobre qué”. Lo compara con Vietnam del Sur durante la guerra, cuando “eran los militares y los políticos estadounidenses quienes decidían lo que aquel terrible y corrupto gobierno hacía en su territorio”. Lo permite la debilidad opositora, “que facilita que se impongan decisiones sin prácticamente ninguna resistencia”, y también la del Gobierno, “bajo la espada de Damocles”: desde el 3 de enero, dice, quedó claro que Washington “está dispuesto a usar la violencia extrema para castigar a quienes no le obedezcan”.

La elección de la Asamblea de 2015 tampoco es casual. El respaldo de Machado “es muy alto en las encuestas”, pero “no tiene un arnés jurídico”, porque nació de unas primarias sin valor legal; la Asamblea, en cambio, “tiene ese barniz de legalidad”. Washington escoge así “a alguien que puedas controlar más directamente”, pero con “una credibilidad mínima a nivel internacional”.

Una mesa demasiado “estrecha”

¿Para qué quiere Estados Unidos este diálogo? Álvarez lo atribuye a los inversores. Washington busca “un cierto nivel mínimo de apertura política para dar la impresión de que se avanza” hacia la liberalización, y lo que de verdad interesa a quien quiere invertir es “un orden jurídico que proteja sus inversiones”. De ahí que los magistrados del Tribunal Supremo encabecen la agenda, por delante del salario o la reconstrucción: “Si el Supremo tiene varios sectores políticos representados, es más fácil para un actor externo y poderoso incidir en sus decisiones”. El desenlace que anticipa es cosmético: un “refrescamiento de cara”, algunos magistrados “aparentemente más neutrales” y quizá un Consejo Nacional Electoral algo más plural, pero con el oficialismo aún al mando.

El calendario refuerza esa cautela. El politólogo cree que a Estados Unidos “no le conviene un cambio abrupto de gobierno, mucho menos antes de 2028”, así que el proceso “se puede prolongar”: el Gobierno de Rodríguez “puede aguantar perfectamente dos años”, y la cita electoral podría estirarse hasta 2030, cuando tocaría constitucionalmente la celebración de las presidenciales.

Los actores que quedan fuera insisten en que la mesa se amplíe. El diputado Ángel Medina, de Unión y Cambio, dice a elDiario.es que mantiene conversaciones “con la Plataforma Unitaria y con otros actores políticos, como Enrique Márquez o Alberto Galíndez”. Todos, reconoce, están “esperando a ver hacia dónde va esto”, pero fuera de la negociación formal. Márquez, exrector del Consejo Nacional Electoral y candidato presidencial en 2024, salió de la cárcel en enero tras meses como preso político y fue invitado de honor de Trump en su discurso del Estado de la Unión. Pero ni siquiera eso le ha dado un sitio en la mesa. Galíndez es el único gobernador opositor del país, en el estado de Cojedes.

¿Dónde está el dinero de la facturación petrolera venezolana? Ese dinero no es de Trump. Es de la república, del pueblo de Venezuela

Luis Augusto Romero — Miembro del partido opositor Avanzada Progresista

Lo que reclaman es una agenda menos estrecha. Medina advierte de que el salario, la inflación, el dinero para la reconstrucción y los servicios públicos no están en la mesa, y que “la agenda legislativa que se aprobó en enero se quedó corta” tras el terremoto y “tiene que transformarse de raíz”. Desde Avanzada Progresista, Luis Augusto Romero suma la libertad de los presos políticos y la suerte de los damnificados “que padecen en los campamentos temporales sin soluciones dignas”, y recuerda a elDiario.es que la mejora económica prometida tras el 3 de enero “simplemente no ha ocurrido”.

Romero apunta al fondo del asunto: “¿Dónde está el dinero de la facturación petrolera venezolana?”. Según cifras de economistas, dice, Washington no transfiere la totalidad de esos ingresos. “Ese dinero no es de Trump. Es de la república, del pueblo de Venezuela”. Mientras Figuera y Rodríguez discuten magistrados, Estados Unidos administra los recursos que pagarían la reconstrucción.

El diálogo que arranca el 1 de agosto es, en el fondo, el que le sirve a Washington: una apertura institucional acotada que tranquilice a los inversores sin ceder poder. Y para quien lo imaginaba como antesala de unas elecciones, Trump ya avisó: Venezuela “no está preparada para una elección”.

El 16 de julio se celebrará en los juzgados madrileños un acto de conciliación entre las representaciones legales de la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el empresario condenado por el caso Mascarillas Víctor de Aldama. Es un acto procedimenal necesario y previo a la presentación de una querella por injurias. La presidenta acude a los tribunales españoles de la mano del despacho del exjuez Baltasar Garzón por las manifestaciones vertidas por Aldama en dos programas de televisión los días 4 y 5 de febrero en los que sostuvo que había recibido de ella un sobre con el logotipo o sello de la empresa estatal venezolana Petróleos de Venezuela SA (PDVSA). Ese sobre, que ya está en manos de la Audiencia Nacional contendría documentación relacionada con actividades que podrían ser delictivas.

El escrito, adelantado por El Mundo y al que ha tenido acceso elDiario.es, señala que “es inveraz, falsa o no ajustada a la realidad la afirmación consistente en la imputación de un hecho a Delcy Eloína Rodríguez consistente en que esta entregó al aquí requerido el sobre”. Por eso, en el acto de conciliación solicita que el empresario “reconozca que no son ciertos los hechos por él afirmados en los medios de comunicación Telemadrid y Cuatro” y que, por tanto, “se retracte de la falsedad de dicho hecho consistente en la persona que le entregó el sobre”.

Advierte asimismo de que Delcy Rodríguez “se reserva la vía penal y civil” para solicitar una indemnización derivada del daño relacionado “con la imputación de hechos falsos o inveraces” y adelanta que esa solicitud se hará efectiva en el caso de que este acto de conciliación no sea satisfactorio para ella.

Fue el pasado 16 de marzo cuando trascendió que el empresario y comisionista Víctor de Aldama, investigado en varios sumarios, habría entregado en la Audiencia Nacional el supuesto sobre de la petrolera estatal venezolana PDVSA que él vincula con finanzas bajo sospecha del PSOE, según adelantaba El País y confirmó en fuentes jurídicas a elDiario.es.

De Aldama prestó declaración en ese momento -iba acompañado de su letrado José Antonio Choclán- para dar cuenta de lo que incluían esos papeles que presentaba, si bien no trascendió ningún detalle de esa comparecencia. La misma tuvo lugar en el marco de la pieza secreta en la que se investigan los pagos en metálico en el seno del PSOE para averiguar si el mecanismo empleado por la formación pudiera haber sido usado para blanquear dinero de las presuntas mordidas que cobraban -siempre presuntamente- Koldo García y José Luis Ábalos.

La existencia de ese sobre salió a colación en una declaración judicial del pasado enero en el marco del millonario fraude del IVA en el sector de los hidrocarburos por el que está siendo investigado. El fiscal del caso, Luis Pastor, le preguntó por el contenido de ese sobre. “Bueno, si no les importa, eso algo que creo que tenemos que negociar directamente o que tenemos que hablar directamente con ustedes porque es algo que estamos hablando de la financiación ilegal del partido. Es algo que no hemos hablado hasta ahora”, respondió Aldama. Tras un breve intercambio de preguntas, el empresario aseguró que el contenido de ese sobre era relativo al negocio de hidrocarburos y “con la financiación ilegal del PSOE” y de la Internacional Socialista que en la actualidad preside Pedro Sánchez. También afirmó que ese sobre se lo había entregado la actual presidenta venezolana, Delcy Rodríguez.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil reveló en uno de sus informes que Aldama dejó en custodia a uno de sus hombres de confianza, Luis Alberto Escolano, “documentación sensible” relativa a PDVSA. Los investigadores señalaban que en la fotografía reenviada por parte de Escolano a Aldama se aprecia en la parte inferior del sobre el sellado de la recepción del mismo. “Este sellado, correspondiente a la Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela, indica la recepción del sobre por parte de Víctor de Aldama el día 4 de febrero de 2020”, recogía ese atestado.

Delcy Rodríguez ha completado seis meses al frente del Gobierno interino bajo una “situación excepcional” fuera de los procedimientos constitucionales formales, pero avalada por el Tribunal Supremo de Justicia. El balance revela una gestión fragmentada entre promesas económicas y debilidad estructural. Ahora, los terremotos han interrumpido cualquier ilusión de transición, según algunos expertos.

Para Ricardo Sucre, politólogo venezolano, la gestión de Rodríguez tiene tres fases claramente diferenciadas. Los primeros tres meses, de enero a marzo, funcionaron como un período de “ajuste y construcción de estrategia”. Durante esta etapa, Rodríguez definió dos grandes ejes que simulaban un alejamiento del modelo chavista: una apertura económica al capital extranjero, particularmente estadounidense, y una narrativa de reconciliación que reconocía públicamente “las heridas infligidas por décadas de conflicto político”. El anuncio de dos fondos —social e infraestructura— quedó en suspenso y los resultados visibles de este periodo fueron limitados. La distribución de 300 millones de dólares a través de la plataforma Patria (programa social) funcionó como gesto de voluntad redistributiva, pero insuficiente para alterar percepciones sobre su capacidad operativa real.

Lo que Sucre detectó entonces fue la grieta estructural que definiría los seis meses: “Una visión ideológica que no priorizaba capacidad institucional, sino narrativa”. Las instituciones heredadas del chavismo permanecían intactas en su centralización “represiva”, sus mecanismos de control y su “desprecio” por procedimientos democráticos, dice. Solo cambiaban los discursos. A partir de abril, sin embargo, Rodríguez aceleró las señales de liberalización económica: licencias energéticas concedidas, anuncios de regreso de aerolíneas internacionales —American Airlines, United, Qatar Airways— y apertura del sector petrolero a inversionistas privados. El país comenzaba a “activarse” en los términos permitidos por el modelo estadounidense: energía y movilidad. La narrativa internacional mejoraba ligeramente. La Administración Trump respaldaba la alianza con más énfasis.

Rodríguez no gobierna Venezuela, sino que administra un territorio bajo tutela estadounidense

Ricardo Sucre — Politólogo

Pero los indicadores estructurales contradicen el optimismo discursivo. “Los uniformes desgastados de bomberos y rescatistas y la ausencia de tecnología punta, entre otros, revelaban un Estado cuya concepción de la gestión pública permanece limitada por una visión ideológica que no prioriza capacidad institucional, sino narrativa”, sostiene Sucre. Los servicios públicos centralizados siguen colapsados. La represión informativa continúa. Los periodistas son criminalizados bajo denuncias de “espionaje” o “sedición”. El aparato “represivo”, lejos de desmontarse, se reorganiza, sostiene el politólogo.

Operación María Corina Machado

Tras los devastadores terremotos, Rodríguez se ha enfrentado a su verdadera prueba: demostrar capacidad operativa. Sucre cree que la respuesta fue lenta, tardía, insuficiente en recursos: “Familias excavaban con las manos mientras equipos de rescate internacionales llegaban días después. El Gobierno no pudo responder porque estructuralmente no tiene la capacidad: centralización de servicios de emergencia que antes funcionaban descentralizados, decisiones políticas que priorizaron control sobre eficiencia, una élite gobernante que legó instituciones débiles”.

La mandataria trató ayer de sacudirse las acusaciones de lentitud en la respuesta. El caos inicial, dijo en rueda de prensa, es achacable a “laboratorios mediáticos” que sembraron la desinformación. “La primera matriz mediática elaborada en laboratorios fue ‘bajen todos a La Guaira’ para causar caos, para impedir las labores de búsqueda y rescate”, lanzó.

Sin dar muchos detalles, calificó a los supuestos responsables de “miserables” y declaró que están “ubicados y determinados”. Admitió, no obstante, que los venezolanos “humanamente, y con razón, bajaron a buscar un familiar, bajaron a buscar a un amigo, bajaron a buscar un trabajador”.

Lo más revelador ha sido lo que el desastre ha expuesto de la estructura de poder. El intento de regreso de la opositora María Corina Machado revela lo que Sucre califica como “las verdaderas limitaciones de Rodríguez como gobernante”. Su incapacidad para permitir el ingreso de la opositora expuso que su autoridad es meramente administrativa, subordinada a decisiones tomadas en Washington, que ha obstaculizado el regreso de Machado.

“Rodríguez no gobierna Venezuela, sino que administra un territorio bajo tutela estadounidense”, concluye el analista. Sus decisiones políticas fundamentales requieren aval externo. Su narrativa de reconciliación se desmorona ante la realidad de que está gobernando desde la debilidad, incapaz de ejercer soberanía sobre asuntos tan elementales como permitir el regreso de una ciudadana a su propio país.

En opinión del experto, tras los terremotos, las elecciones están más lejos que antes. La reunión entre Machado y la oposición mayoritaria en Panamá, de donde salió una hoja de ruta, murió ante el intento forzado de la premio Nobel de la Paz de regresar al país para crear un crisis política en medio de la tragedia. Sucre denuncia que Corina Machado y su grupo iban a “montar un show” en La Guaira, epicentro de la devastación. Altos cargos del Gobierno de Trump calificaron el intento de Corina Machado de “oportunismo político grotesco”. “Quiere una foto distribuyendo nuestra ayuda”, denunciaba una de estas fuentes citadas por el medio Axios.

El Gobierno de Rodríguez también ha sido muy criticado por algunos sectores por su gestión del desastre. En un vídeo que circuló en redes se puede ver a Diosdado Cabello conversando con un rescatista estadounidense. “Hay alguien justo allá que estamos intentando ayudar. ¿No quieres que ayudemos a esa persona?”, le dice este último, mientras Cabello parece pedir despejar el camino. Por otro lado, Topos Chile, un grupo no gubernamental, denunció que soldados venezolanos han interrumpido constantemente su labor bajo sospecha de “espionaje yanqui”. Otros grupos internacionales de rescate han informado de dificultades para entrar en el país y alguno ha señalado que no ha podido hacerlo.

La cara de la represión

Delsa Solórzano, presidenta de Encuentro Ciudadano y miembro de la Plataforma Democrática que apoya a Machado, dice en declaraciones a elDiario.es que cree que la oposición se mantendrá unida y que continuará apoyando el plan de tres fases del secretario de Estado de Estados Unidos: “estabilización, recuperación y transición”. Sin embargo, Trump ha afirmado desde el primer minuto que la apertura democrática del país no está entre sus prioridades.

La opositora denuncia la existencia de 500 presos políticos pese a la liberación de 800 y de la “falta de separación de poderes”. “El poder Ejecutivo y Legislativo está en manos del ‘Rodrigato’ [el hermano de Delcy, Jorge Rodríguez, es presidente de la Asamblea]”, dice Solórzano, que también sostiene que la permanencia de Cabello invalida toda narrativa de ruptura. “No podemos olvidar cómo desde el Mazo Dando, Cabello, de quien dependen los cuerpos represivos del Estado, amenazó a políticos, periodistas y activistas. Tiene a un ministro del Interior que en ese programa decía a quién se iba a encarcelar. El ministro de Interior amenaza desde un canal estatal”.

Carlos Correa, defensor de derechos humanos y la libertad de expresión, identifica lo que él considera el obstáculo más corrosivo para la legitimidad de Rodríguez: la persistencia de “represión” informativa bajo discurso de “apertura democrática”. Aunque hubo mejoras relativas —reducción en detenciones de periodistas, menor cierre de emisoras—, indica que el “ecosistema mediático venezolano permanece deprimido y debilitado”. Durante el terremoto, la desinformación ha sido absoluta. El secuestro de Maduro se conoció por comunicados extranjeros, no por transparencia estatal. “La persistencia de lógicas represivas hacia la prensa mina cualquier narrativa de 'apertura' que Rodríguez intente construir”, señala Correa.

La fractura de la comunicación es irreparable porque es estructural. Mientras el Gobierno “afirma gobernar con transparencia y reconciliación”, simultáneamente “mantiene portales informativos bloqueados, criminaliza a periodistas en zonas de desastre y controla la información de Estado con lógica partidaria”. Correa es categórico: “Sin construcción de 'ciudadanía civil' mediante información transparente, sin comunicación de servicio público que sustituya la comunicación de chuchería, la legitimidad seguirá siendo frágil”. La consecuencia de esta estrategia contradictoria es previsible: “Cualquier gestión exitosa permanecerá invisible, amplificada solo por medios oficialistas, lo que refuerza la percepción internacional de autoritarismo que contradice su posicionamiento político”.

El consenso entre Sucre, Correa y Solórzano revela una verdad incómoda para Rodríguez: es imposible proyectar un gobierno transicional cuando se perpetúan simultáneamente las estructuras anteriores. La apertura económica y las promesas de reconciliación coexisten con la “represión” y la permanencia de figuras como Cabello. El pragmatismo económico se contradice con la incapacidad operativa ante desastres humanitarios. Washington la respalda públicamente, pero ese apoyo expone su falta de soberanía. Los elogios de diplomáticos estadounidenses sobre su “transparencia y preocupación por la gente” generan desconfianza.

Los intentos de rescatar a personas con vida tras el doble terremoto que dejó cicatrices en Caracas y devastó el estado La Guaira, en la costa de Venezuela, han continuado este martes, seis días después de la tragedia que ha causado al menos 1.943 muertos, principalmente por el colapso de numerosos edificios.

Pero, entre los equipos, las esperanzas de encontrar más supervivientes bajo los escombros comienzan a desvanecerse. Los rescatistas de Ecuador y Estados Unidos suspendieron sus operaciones a primera hora del martes en Macuto, en La Guaira, tras más de 40 horas de trabajo al dejar de recibir respuesta de una madre y sus tres hijos atrapados bajo un edificio de nueve plantas, según informa Reuters. Este miércoles, el equipo neerlandés de búsqueda ha anunciad que da por concluida su misión al reducirse las posibilidades de encontrar a personas con vida.

Mientras siguen los trabajos contrarreloj y circulan vídeos de rescates “milagrosos”, como el de un niño de tres años tras seis días atrapado entre los escombros, los venezolanos que vivieron el temblor tratan de recomponerse de una experiencia común para muchos: la vulnerabilidad ante un desastre que escapa al control.

Claudia Nazoa se encontraba en su apartamento de Caracas cuando comenzó el seísmo. La cineasta lo describe como “infernal”: el rugido, la destrucción de una vida material acumulada durante años. Su prioridad fue salvar lo que importaba. Evacuó entre escombros e inundaciones, se fue a casa de una amiga con incertidumbre sobre su futuro. Félix Ruz vivió el terremoto con su familia. Las salidas quedaron bloqueadas. Este transportista en Caraballeda durmió en el coche, afrontó restricciones y careció de servicios básicos. Pero también presenció actos de solidaridad.

Un rugido

Claudia Nazoa es sobrina de uno de los poetas más famosos de Venezuela: Aníbal Nazoa. Dacha, como la llama todo el mundo, vive en el barrio de San Bernardino, otra de las zonas castigadas en Caracas junto con Altamira. Sobrevivió al terremoto del miércoles en el piso ocho de su edificio junto a una amiga. Aunque fue rescatista y vivió el terremoto de Caracas de 1967 cuando era adolescente, asegura que no es comparable en absoluto. “Esto fue infernal”, dice.

Estaban degustando vinos que Dacha había traído de Madrid cuando sonó una alarma antisísmica a las 18:00 horas. “Mi amiga me dice: 'Está temblando'. Empezó a moverse el suelo de una manera terrible”, relata. El apartamento se movía como “una coctelera” mientras ambas se aferraban a las vigas de su piso. “Sentimos cómo el mundo se caía alrededor. Era un ruido, un rugido como una fiera enorme”, cuenta a elDiario.es.

Vi cómo se caía mi vida alrededor de mí, cómo se destrozaban los recuerdos de toda una vida de viajes

Claudia Nazoa

Su piso estaba lleno de antigüedades, colecciones de frascos de farmacia antiguos, cuadros y objetos de arte que se destruyeron. “Yo vi cómo se caía mi vida alrededor de mí, cómo se destrozaban los recuerdos de toda una vida de viajes”, dice. Sin embargo, su prioridad era distinta: “Lo único que me importaba era mis gatas. Lo único que me importaba en ese momento era que mis animales estuvieran vivos”.

El apartamento se inundó cuando se reventaron las cañerías del piso de arriba. “Salimos corriendo por las escaleras oscuras, bañadas de agua como si nos hubiéramos tirado a la piscina”. En la calle escucharon gritos de vecinos atrapados y ambas lograron ayudarlos a salir.

Los bomberos evacuaron preventivamente el edificio. Dacha permanece refugiada en casa de una amiga sin saber si su piso será habitable. Cuando pudo, regresó a por sus gatas. “Caminé sobre por lo menos 30 centímetros de vidrios rotos, de recuerdos rotos, de vida rota”.

“Caminaba e iba dándole gracias al universo, gracias a Dios, porque estoy viva y mi familia está viva y está entera. Estamos en un shock colectivo”, asegura. Denuncia, además, que funcionarios públicos cobran entre 1.000 y 2.000 dólares a familiares en la morgue para devolverle los cadáveres y que en ningún momento nadie se ha acercado a su edificio a hacer una inspección para saber si es habitable o no.

Ayuda incondicional

Félix Ruz vivía en una casa de tres pisos en Caraballeda, La Guaira —epicentro de la devastación—, y él alquilaba un piso en la plata baja. Cuando pasaron los terremotos, decidió salir de allí con su familia inmediatamente. Mientras bajaba por Caraballeda, vio los edificios caídos y las grietas que se abrieron en las calles. Su vivienda no colapsó, pero se quedó sin agua, sin luz y no tenía comida. “Realmente la experiencia fue complicada, muy duro porque no podíamos salir”, dice al elDiario.es.

El desalojo fue complejo. El puente del río San Julián que atraviesa Caraballeda quedó fracturado, igual que las estructuras de Los Corales y Caraballeda. La salida de la zona se hizo difícil.

Los rescatistas que llegaron unas horas después pedían silencio para trabajar. Ruz se desplazaba con sus niños, de 12 y 4 años, y su esposa. Durmió en el coche durante las primeras noches a la intemperie. Observó que los efectivos policiales restringían el paso a La Guaira a quienes no tenían salvoconducto. “Es un momento crítico, todos estamos angustiados, la gente no sabe qué hacer”, dice.

Las primeras noches las pasó en el kilómetro cero en un puesto de la Guardia Nacional, que está en la autopista que conecta a Caracas con La Guaira, donde recibió atención. La Guardia Nacional apoyó el proceso y le dieron colchones y comida.

En búsqueda de ayuda, se fue a Caracas a echar gasolina y luego a Fuerte Tiuna, el complejo militar más importante del país. Allí le dijeron que podía encontrar abrigo en El Parque del Este. Ruz, que es gandolero y transportista, advierte de que hay personas que se escudan en donaciones para entrar a saquear casas y edificios y recomienda que se dejen en centros de acopio para evitar que se dispersen.

El hombre permanece incomunicado. No hay agua potable. Su casa está alquilada, pero las réplicas sísmicas lo mantienen en vilo. “La Guaira está contaminada”, dice. En su experiencia en el refugio, ha recibido ayuda de todo tipo, hay comida y agua de sobra. La solidaridad ha sido total. Mientras la tragedia pasa, Ruz y su familia están seguros.

El doble terremoto que hace unos días sufrió Venezuela está siendo devastador. Ha sido una catástrofe… Una catástrofe natural. Y ahí nos podríamos quedar. Pero las catástrofes no son iguales para todos… y si hablamos de Venezuela, ahora mismo casi nada es igual que en cualquier otro país. En Venezuela hay un Gobierno heredero de Chavez y Maduro, el de Delcy Rodríguez… que dependen de Estados Unidos. De Trump, que hace un año aprobó la congelación de fondos de ayuda humanitaria.

¿Qué pesará más en el presidente de los Estados Unidos? ¿Su compromiso (interesado) con Venezuela o su promesa electoral de no gastar dinero en ayudar a nadie? Lo abordamos con la periodista venezolana Celina Carquez y con Chema Vera, Director Ejecutivo de UNICEF España.

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Los cadáveres llegan en motos, en la parte de atrás de los coches o en la caja de las camionetas. Las víctimas de una catástrofe natural que ha golpeado hasta lo más profundo a un país ya de por sí frágil. “Ayer, toda la calle estaba abarrotada de gente que llegaba con familiares fallecidos”, dice la estudiante de psicología Camila Rodríguez, que está dando apoyo emocional a las familias afectadas en la morgue Bello Monte, en Caracas.

Al menos 1.719 personas han perdido la vida por los dos terremotos que sacudieron de manera consecutiva la costa caribeña de Venezuela el miércoles pasado, derribando cientos de edificios y dejando a decenas de miles de personas desaparecidas. Muchas de esas víctimas mortales han acabado en Bello Monte, así como los familiares que acuden allí con la esperanza de identificar a sus seres queridos.

Marjorie Cedeño es una de las personas que esperan fuera del edificio de color amarillo pastel. Perdió a su madre, a su padre y a su hermano en el peor terremoto sufrido por Venezuela en los últimos 125 años. Los tres murieron atrapados bajo los escombros cuando su edificio de cuatro plantas, Residencias Obelisco, se derrumbó en Los Palos Grandes, un barrio acomodado a los pies del Cerro El Ávila. A las 21.00 horas del viernes, Marjorie solo había logrado identificar a su hermano, José Ruiz, de 44 años, gracias a una foto que le mostró la policía forense. Bajo los escombros siguen sepultados su padre, Jacinto Ruiz, de 74, y su madre, Zoila Cedeño, de 72, que trabajaba como conserje del edificio.

“Cuando empezó el terremoto, mi hermano acababa de entrar en el edificio”, dice Marjorie. “Creemos que su instinto fue entrar para rescatar a mis padres, que seguían allí; mi hermano venía de la playa con un amigo, que también falleció”. Según ella, otras 25 personas quedaron atrapadas entre las ruinas del edificio.

“Es horrible lo que hay ahí dentro”, dice, refiriéndose a la morgue. “No te puedes imaginar lo desbordada que está. Es algo que no le desearías a nadie, una tragedia inimaginable”.

Belkis Cedeño (sin parentesco con Marjorie) ha acudido a las abarrotadas instalaciones en busca de su cuñada, María Elena Moreno, de 56 años, residente en La Guaira, la región costera más afectada por los terremotos. “Su edificio ha quedado destruido por completo; un edificio de diez plantas reducido a solo la planta baja; consiguieron sacarla a primera hora de esta mañana; estaba sola porque su hijo se había ido al supermercado con la novia”, dice. A Belkis le dijeron que María Elena había sido rescatada con vida sobre las 2.00 de la madrugada del jueves. Pero una falsa alerta de tsunami difundida por redes sociales desató el pánico y la dejaron desamparada en la calle. “Cuando por fin la trasladaron al hospital, ya había fallecido”, indica.

Doy gracias a Dios porque los venezolanos tienen un corazón tan grande... La gente ha sido extraordinaria

Marjorie Cedeño

Según Edgar Hernández, expresidente de la Asociación Nacional de Funerarias de Venezuela, las funerarias de todo el país han donado más de 200 ataúdes, además de bolsas para cadáveres y otros suministros, y están apoyando a las encargadas de responder a la catástrofe. “Muchas personas han recuperado cadáveres y los han transportado en sus vehículos particulares hasta Bello Monte porque está menos saturado y porque es más fácil acceder a él que a la morgue de La Guaira, completamente colapsada por la presión de la emergencia”.

“Hay muchísima gente buena ayudando”

“Hoy hemos conseguido 33 personas con vida y quería agradecerles”, dijo el sábado por televisión la líder interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, a un grupo de rescatistas extranjeros, en un intento de consolar a los ciudadanos conmocionados. “Cada vida salvada da esperanza a Venezuela”, tuiteó Rodríguez después, cuando anunció que en la localidad de Caraballeda, en la devastada costa norte, habían encontrado a un niño de 11 años con vida.

El Ministerio de Comunicaciones ha tratado de proyectar una imagen de unidad y diligencia ante la tragedia, publicando en las redes sociales los vídeos de los equipos de rescate del gobierno con mazos y camillas, sacando de entre los escombros a supervivientes cubiertos de polvo. Pero la indignación crece en las calles por lo que muchos perciben como una respuesta lenta de un gobierno poco preparado para una crisis de esta magnitud, y por la sensación extendida de haber sido abandonados a su suerte en las horas posteriores al desastre. Delcy Rodríguez fue increpada durante una visita a una zona muy afectada de la capital. “¡El Gobierno no está haciendo nada por la gente!”, le gritó uno de los viandantes.

Fuera de la morgue, el trabajo incansable de voluntarios que ofrecen agua, café y apoyo psicológico contrasta con una reacción oficial letárgica que, según los expertos, se explica por la enorme magnitud del desastre y por los años transcurridos sin invertir lo suficiente en servicios de emergencia.

Por toda la traumatizada ciudad se pueden ver escenas similares, mientras se reparten tiendas de campaña, colchones y comida a cientos de familias que, temerosas de volver a casa, duermen a la intemperie. Muchas de ellas, con niños pequeños a su cargo. Si una cosa no falta en Caracas es la comida que traen los voluntarios.

“Doy gracias a Dios porque los venezolanos tienen un corazón tan grande... La gente ha sido extraordinaria”, dice Marjorie mientras espera noticias de sus padres. “Puede que no haya respuesta por parte del Gobierno, pero hay muchísima gente buena ayudando”.

Traducción de Francisco de Zárate.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha pedido el regreso de los ciudadanos venezolanos que se encuentran fuera del país y ha afirmado que “es hora de que regresen a su patria” para que sean “reconocidos”.

La mandataria, que ha asegurado que los venezolanos que han salido del país han sido “duramente golpeados por la xenofobia” y “privados de sus Derechos Humanos esenciales”, ha hecho un llamamiento para que vuelvan a Venezuela. “Es hora de que regresen. El país los necesita”, ha afirmado.

Uno de los destinos elegidos para vivir por los emigrados venezolanos, por vínculos culturales e históricos, son las Islas Canarias. En el archipiélago residen unos 84.000 venezolanos, que suponen algo más del 3% de la población total de las islas.

Tras asegurar que los migrantes venezolanos han sido víctimas de ataques y han sufrido problemas laborales, Rodríguez ha ofrecido su apoyo y ha destacado que Venezuela ha funcionado durante mucho tiempo como una “nación receptora que ha acogido a comunidades de distintos países”.

“Hemos sido un país que sabe cómo convivir con los migrantes y nuestros migrantes que cruzaron fronteras no se encontraron con un pueblo como el venezolano. Encontraron pueblos que los rechazaron, que los explotaron. Por eso le decimos a los migrantes: es hora de que regresen”, ha aclarado, según informaciones de la cadena de televisión Globovisión.

Venezuela cuenta desde hace años con su plan Vuelta a la Patria, por el que miles de personas han regresado, muchos de ellos tras ser previamente deportados desde territorio estadounidense a terceros países.

Cerca de 7,9 millones de personas han salido de Venezuela buscando protección y una vida mejor, según los datos de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la mayoría de ellos 6,7 millones, acogidos por otros países latinoamericanos y caribeños.

Durante el desayuno de uno de los hoteles más lujosos de Caracas es posible escucharlos. Se sirven huevos fritos, frijoles y arepas, mientras hablan del pasado, presente y futuro de Venezuela en conversaciones que a veces se vuelven susurros. Fragmentos oídos al pasar hacen referencia a las divisiones políticas del país, a una posible hoja de ruta electoral y al crecimiento económico impulsado por el petróleo.

Los que hablan sobre el rumbo del país tras el secuestro del presidente Nicolás Maduro no son funcionarios del Gobierno venezolano. Antes que el español de esta parte del Caribe, lo que se escucha en el JW Marriott es el inglés de los espías, diplomáticos y funcionarios estadounidenses que, en gran medida, llevan las riendas tras la polémica intervención militar de Donald Trump el 3 de enero. En las mesas de al lado hay grupos de marines musculosos: llevan tatuajes en sus abultados gemelos, gorras de béisbol y walkie-talkies sujetos a la cintura.

“¿Cuánto tiempo se va a quedar, señor?”, pregunta la recepcionista a uno de los innumerables empleados del Gobierno estadounidense registrándose en el vestíbulo. “26 o 27 días”, responde el hombre en un español con marcado acento inglés.

Tras la decisión de Trump de derrocar a Maduro y restablecer relaciones con sus sucesores, este hotel de cinco estrellas se ha convertido en un centro neurálgico para Washington. Desde aquí trata de dirigir un país al que algunos llaman ahora protectorado estadounidense (el propio Trump ha llegado a decir que espera convertirlo en el estado número 51).

La embajada 'de facto'

“Es [en la práctica] la embajada de EEUU. No creo que nadie vaya a trabajar en la embajada real”, dice Phil Gunson, que trabaja como analista político para el centro de estudios Crisis Group en Caracas. “El edificio está lleno de ratas y cucarachas, y se está fumigando”, añade Gunson en referencia a las instalaciones oficiales de la legación, clausuradas durante siete años desde que se rompieron las relaciones diplomáticas en 2019.

Las conversaciones que se escuchan en el restaurante del JW Marriott ofrecen un insólito panorama de la difícil situación por la que pasa Venezuela tras casi 13 años del caos económico y autoritarismo de Maduro.

Sentado en el porche en una tarde soleada, un estadounidense especialista en energía habla por teléfono con colegas de su país sobre el pésimo estado de la red eléctrica venezolana, y sus frecuentes apagones, también en la capital. “La distribución es un desastre, ese es el mayor problema en este momento; el cableado, los transformadores, y el software, que es un desastre”, dice. “Los chinos vinieron e hicieron lo suyo, pero no funcionó”.

Otra mañana, unos diplomáticos debaten sobre la posibilidad de convocar nuevas elecciones. Los líderes de la oposición esperan que eso ocurra pronto, pero la presidenta interina Delcy Rodríguez, sucesora de Maduro y exvicepresidenta, no parece tener ninguna prisa.

A lo largo del día, es posible ver a los funcionarios angloparlantes y a los cazadores de fortunas deambulando por el edificio de ladrillo rojo que cuenta con 17 plantas, gimnasio, casi 300 habitaciones, y una piscina rodeada de palmeras. Todoterrenos blindados esperan afuera para llevar a los huéspedes por la ciudad. Uno de ellos es John Barrett, el diplomático de Trump para Venezuela. En unas instalaciones gubernamentales dos edificios más abajo, cerca de la Bolsa de Valores, sigue colgado un enorme cartel de Maduro sonriendo.

“Toma de control corporativa”

Al son de la bossa nova brasileña, clientes y visitantes traman en el restaurante, los pasillos y las salas de reuniones del hotel lo que algunos lugareños han comenzado a llamar la “toma de control corporativa” de Venezuela. En la lista de reproducción, una de las canciones favoritas es Triste, de Antonio Carlos Jobim. La letra parece una poética advertencia para cualquier extranjero que aspire a decidir el futuro del país latinoamericano. “Es triste saber que nadie puede vivir de fantasías, que nunca se harán realidad, que nunca sucederán; el soñador ha de despertar”, dice la canción en portugués.

Nunca te dan una tarjeta de visita, no te dicen sus apellidos… y lo que me resulta muy interesante es que todos preguntan por lo mismo: minería y privatizaciones

Un negociador

Al otro lado de la calle se encuentra el Juan Sebastián Bar, un club nocturno de salsa y jazz cuyo nombre remite a Johann Sebastian Bach, donde los visitantes extranjeros acuden a relajarse. 

Con tarifas de entre 250 y 300 dólares la noche (entre 215 y 258 euros), el JW Marriott se ha ganado el mote de “hotel de los espías” entre los periodistas por ser el cuartel general de los funcionarios estadounidenses. Pero es en el hotel Cayena, a pocos kilómetros, donde se cierran muchos grandes negocios. Tras la caída de Maduro, los magnates extranjeros acudieron en masa a este hotel de lujo (las habitaciones cuestan unos 515 euros por noche, al cambio) apostando por un futuro económico prometedor para Venezuela, aunque Delcy Rodríguez decida mantenerse en el poder y no haya transición a la democracia.

Un negociador que pasó tiempo en el Cayena recuerda haber visto al menos a cuatro multimillonarios extranjeros allí. Dice que seguramente había otros multimillonarios cuyos nombres desconocía. “Nunca te dan una tarjeta de visita, no te dicen sus apellidos… y lo que me resulta muy interesante es que todos preguntan por lo mismo: minería y privatizaciones”, dice.

La toma de control al estilo Trump ha provocado un malestar generalizado. También en las élites venezolanas. Aunque se alegraron de la salida de Maduro, la posibilidad de que su país se convierta en una colonia de Estados Unidos les indigna. Cuando en enero Trump dio sus bendiciones a Delcy Rodríguez, le advirtió: si no hacía caso a Estados Unidos, correría un destino incluso peor que el de Maduro.

El enfado también se palpa en las calles. Durante la manifestación por el Primero de Mayo, un economista socialista de 53 años llamado Oswaldo Pacheco marchó hacia una fila de antidisturbios blandiendo una pancarta blanca. “Colaboración neocolonial”, decía el texto, en referencia a las relaciones del Gobierno venezolano con Trump. “Es una rendición total”, se quejó Pacheco, que acusó a los nuevos gobernantes de Venezuela de seguir las órdenes de Estados Unidos “al pie de la letra”. “Está claro que estas exigencias estadounidenses no tienen como objetivo traernos la democracia, sino expoliar nuestros recursos y aumentar la explotación laboral”, dijo.

Aunque persisten grandes dudas sobre el futuro de Venezuela y, especialmente, de su democracia, el ánimo entre los inversores que se dirigen a Caracas es optimista. En otro hotel de lujo, el Renaissance, un petrolero venezolano se deshace en elogios para su país tras la era Maduro. “Este va a ser el mejor país del mundo”, predice. “Soy más que optimista”.

Traducción de Francisco de Zárate.

La investigación de la Audiencia Nacional se fija en la sociedad de dos hermanos venezolanos como el “vehículo” que habría tenido José Luis Rodríguez Zapatero para cobrar de forma encubierta por sus gestiones en grandes operaciones comerciales que implicarían a Venezuela y China. Se trata de Inteligencia Prospectiva SL, cuya sede fue uno de los objetivos de los agentes de la UDEF en sus registros de este martes. La Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) considera que la sociedad es “carente de actividad real” y, sin embargo, regó a las empresas del entorno de Zapatero con elevados pagos.

Los hermanos venezolanos Domingo Arnaldo Amaro Chacón y Guillermo Alfredo Amaro Chacón son administradores solidarios de Inteligencia Prospectiva, antes Beren Europe y posteriormente Alaska Ilimitada. Un informe del pasado mes de febrero de la ONIF concluye que su “operativa financiera resulta incompatible con su cifra de negocio declarada y plenamente coherente con uso instrumental orientado a introducir fondos en España procedentes del extranjero”, según recoge el juez en su auto. Calama añade que esos fondos procedentes del extranjero acabaron en “sociedades vinculadas a la red organizada liderada por José Luis Rodríguez Zapatero y operada por Julio Martínez Martínez”.

Entre 2020 y 2025, Inteligencia Prospectiva movió más de 2,6 millones de euros en sus cuentas bancarias. Se trata, según la ONIF, de una “cifra absolutamente incongruente con su actividad declarada”. De esa cantidad, un porcentaje muy importante fue al entorno de Zapatero. Análisis Relevante obtuvo de Inteligencia Prospectiva 368.258,72 euros. Es la sociedad de Julio Martínez en la que, según los investigadores, Zapatero juega un papel muy superior al que reconoce de trabajos de asesoría. La empresa de marketing de las hijas del expresidente, Whathefav, obtuvo 561.440 euros de la misma empresa. Y Gate Center, con un consejo asesor presidido por Zapatero, cobró 266.200 euros.

Los hermanos Amaro, recoge el juez, “exceden de forma manifiesta las capacidades y funciones propias de un empresario común, incidiendo en asuntos de Estado de primer nivel”. Especialmente en Venezuela. En el teléfono de Julio Martínez aparecieron mensajes como “los chinos listos para comprar barcos” y “listo para viajar a reunirse con la Dama y Ministro de Petróleo”. Los barcos hace alusión al traslado de petróleo y la “Dama” es Delcy Rodríguez, entonces vicepresidenta de Venezuela, a la que atribuyen la “asignación directa” de esos barcos con crudo.

Una “carta de intención”

Los investigadores creen que el expresidente es clave en esta dinámica porque los potenciales compradores deben dirigirse a Zapatero mediante una “carta de intención”, un documento formal en el que una sociedad expresa su interés en realizar una acción futura, establecer un acuerdo o participar en un proyecto. En los registros apareció una de estas cartas envida por China International Cultural Technology Resoruces Group Co Ltd a la “Oficina del presidente Zapatero” el 30 de octubre de 2023.

Inteligencia Prospectiva se creó el 13 de enero de 2020, poco antes de la pandemia de la COVID-19. Tenía por objeto la consultoría de organización y el asesoramiento económico, industrial y comercial. No le fue bien. Los hermanos Amaro Chacón han tenido que inyectar capital repetidas veces para compensar sus resultados negativos. La empresa presenta ingresos nulos o inferiores a 35.000 euros “mientras que su volumen de gastos por servicios exteriores y trabajos realizados por terceros es extraordinariamente elevado”.

Los investigadores se preguntan para qué quería Inteligencia Prospectiva firmar tres contratos de asesoramiento, entre 2020 y 2022, para la realización de informes mensuales sobre tendencias políticas y económicas. “La ausencia de actividad real de Inteligencia Prospectiva evidencia que tales contratos no responden a una prestación efectiva de servicios, sino que constituyen instrumentos de cobertura formal para justificar transferencias económicas previamente decididas”, escribe Calama.

Timoteo Zambrano (Caracas, 1955) opera en los pliegues de una política que muchos consideran extinta: la del pacto discreto y el pragmatismo de largo aliento. Formado en las filas de Acción Democrática (AD) y exvicepresidente de la Internacional Socialista, su trayectoria es un mapa de mudanzas estratégicas que va desde la secretaría general de AD y la militancia en Un Nuevo Tiempo hasta la fundación de su propio partido, Cambiemos. Sus sellos más recientes fueron la arquitectura de la Alianza Democrática y de la llamada “mesa democrática” —instancia de negociación paralela a la oposición tradicional, que los sectores radicales denominan con desprecio “la mesita”—, que gestionó la liberación de presos políticos y mantuvo abiertos canales directos con el chavismo, una suerte de contrapeso silencioso al papel de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

Cuando Hugo Chávez llegó al poder en 1999, Zambrano acababa de ser elegido senador. Tres años después tomó asiento en la Mesa de Negociación y Acuerdos auspiciada por la OEA —la primera instancia internacional de diálogo entre el chavismo y la oposición— y se convirtió en uno de los portavoces más visibles de la Coordinadora Democrática, la primera gran alianza unitaria del antichavismo. Ambas experiencias naufragaron: la Mesa no logró descomprimir un país que había hecho del conflicto político su clima permanente, y la Coordinadora se desmoronó en 2004 tras la derrota opositora en el referéndum revocatorio que ratificó a Chávez en el poder.

Al año siguiente rompió con AD y se incorporó a Un Nuevo Tiempo, el partido socialdemócrata fundado por Manuel Rosales, donde recaló buena parte de la militancia de la AD de los noventa. Diputado al Parlamento Latinoamericano tras las legislativas de 2010, fue también uno de los fundadores y portavoces de la MUD, el segundo gran ensayo unitario del antichavismo.

La muerte de Chávez, el agravamiento de la crisis económica y la victoria opositora en las parlamentarias de 2015 abrieron una nueva fase de tensiones internas. Los partidos de la MUD, ya mayoría en la Asamblea Nacional, endurecieron el tono y desplegaron una estrategia de salida por todas las vías disponibles: la presión constitucional, los llamados a la intervención extranjera y la arquitectura del régimen de sanciones internacionales que terminaría por contraer el PIB venezolano en cerca de un 75%. El chavismo respondió en 2017 con un Tribunal Supremo que anuló las atribuciones del Parlamento, lo que desencadenó meses de protestas y represión y la creación de una Asamblea Nacional Constituyente solo del chavismo. Un año después, la MUD denunció fraude en las presidenciales que otorgaron la reelección a Maduro, y el bloque terminó por disolverse en 2018.

Zambrano se opuso a aquella escalada. Defendió el diálogo con el chavismo como única salida viable y pagó el precio: su relación con el resto de la oposición se fracturó a fondo, y sus posiciones públicas se convirtieron, desde entonces, en materia de controversia casi permanente.

Sus raíces como negociador tras los bastidores son profundas. Un alto funcionario del chavismo, que habló bajo condición de anonimato, lo describió a elDiario.es como “una persona cabal y contemporizadora, moldeada desde joven por el expresidente Carlos Andrés Pérez para la diplomacia informal: aquellas misiones que no podían atenderse desde la cancillería oficial, sino mediante el trabajo silencioso en el continente, el Caribe y los foros de la Internacional Socialista”.

Su figura, sin embargo, despierta ambivalencia. Toda la opinión pública sabe que es amigo del expresidente Rodríguez Zapatero. Ricardo Ríos, de la Dirección Nacional de Avanzada Progresista, reconoce su habilidad para construir acuerdos, pero advierte que esa misma destreza tiene un doble filo: “Es bueno fabricando acuerdos, pero también desacuerdos”. Iris de Franca, dirigente del Movimiento de Mujeres Políticas de Venezuela y exmilitante del partido de Zambrano, va más lejos: señala que Zambrano arrastra un estilo patriarcal y cerrado que choca con las exigencias de renovación, y que le faltan habilidades comunicacionales para el momento que vive el país. Con todo, reconoce que su propio crecimiento político estuvo vinculado al respaldo de Zambrano, quien solía fortalecer y acompañar las trayectorias de sus cuadros más cercanos. “Mantengo un profundo respeto por su figura”, admite. Quienes lo han tratado en la arena política coinciden en que es una persona terca, y que esa tozudez impide en ocasiones avanzar en acuerdos con otros dirigentes.

En lo personal, carga con el estigma de una denuncia de maltrato por parte de una de sus exesposas, un conflicto que los más cercanos reducen a una disputa patrimonial. En lo político, rechaza la cultura del espejismo: sostiene que el cambio no puede ser un atajo para evadir la crisis, sino una construcción cotidiana, y que la democracia solo es viable si las luchas antagónicas dejan de ser existenciales para volverse funcionales.

Su nombramiento como embajador en España no ha estado exento de polémica. Chuo Torrealba, activista social y periodista que lo conoce desde hace más de dos décadas, advierte que la designación entraña “una situación peligrosa”: el gobierno provisional proyecta una imagen de apertura a costo cero mientras ubica a figuras opositoras en cargos cuya función es, precisamente, representarlo. “Para ellos es ganar-ganar”, resume. Aun así, descarta que la distancia física vaya a mermar la capacidad de Zambrano para gestionar casos de presos políticos, dado que sus contactos —incluidos vínculos con sectores del Partido Demócrata estadounidense— trascienden la presencia en Caracas.

Las críticas más duras, no obstante, llegaron el 2 de mayo desde Miami. Juan Pablo Guanipa, íntimo aliado de María Corina Machado y expreso político, elevó el tono contra Enrique Ochoa Antich y el propio Zambrano en un encuentro con la diáspora venezolana recogido por VPItv. Los acusó de “medrar alrededor del poder para obtener prebendas” mientras se presentan como opositores. Cuestionó sus designaciones como embajadores en Alemania y España, y aseguró que el régimen busca “dar la impresión de que ha cambiado” al incorporar a figuras que, según él, solo amplían una fachada. “Son peores, porque son solapados. Y yo no quiero nombrar a nadie porque no me gusta entrar en esas cosas: Ochoa Antich, Timoteo Zambrano. Son dos sinvergüenzas”, sentenció.

De Franca, en cambio, lee el nombramiento en clave de oportunidad histórica. Sostiene que Venezuela requiere de una política exterior capaz de reconectar con el mundo, y que la experiencia de Zambrano como operador internacional es lo que el contexto actual demanda: “Una oportunidad clave que no se había materializado en las últimas décadas”. Entre quienes lo conocen, prevalece la certeza de que Zambrano seguirá siendo lo que siempre ha sido: un hombre de acuerdos, con todo lo que eso implica de virtud y de riesgo.

“Ay, no, muchacha, eso seguro es alguna bombona de gas que explotó”. Esto fue lo primero que pensó Yaritza Pérez la madrugada del 3 de enero, cuando los destellos y el estruendo la sacudieron en su casa frente al Helicoide, un centro de detención con numerosas denuncias de torturas en Caracas. Pero no era un accidente doméstico: comenzaba la operación que secuestró a Nicolás Maduro y dio lugar a la era de Delcy Rodríguez en el poder.

Tras 117 días de gestión, Yaritza —que vivió 17 años en la parroquia 23 de enero, un bastión emblemático del chavismo— no percibe el alivio prometido: “Yo, en realidad, no he visto ningún cambio. Yo veo que todo está igual. Todos estamos a la expectativa, a la espera de qué va a suceder de aquí al primero de mayo. Para mí, la presidenta encargada es como decir un adorno y el que está mandando es el otro señor, Donald Trump. Es un loco, yo no entiendo en qué estaba pensando la gente por allá, porque tú mandas en tu país, no en el de nosotros”, dice a elDiario.es.

Su testimonio toma el pulso a una transición que se debate entre el pragmatismo geopolítico de alto nivel y la precariedad extrema de la calle. Para evaluarla con rigor hay que responder tres preguntas: qué cambió de verdad, qué no se ha movido y qué empeoró.

Lo que ha cambiado

Para el economista Luis Vicente León, director de la firma encuestadora Datanálisis, este período no puede leerse como una gestión aislada, sino como una administración compartida o condicionada por la nueva arquitectura de licencias de Estados Unidos. El éxito político de Rodríguez, sostiene, reside en su rol de bisagra o power broker: ella es quien entiende lo que la Administración Trump exige y logra traducirlo al sistema interno del chavismo sin que se rompa el orden.

El giro pragmático macroeconómico, dice León, no puede negarse. La reforma a la Ley de Hidrocarburos representa un cambio real de modelo hacia la privatización de áreas antes intocables. El diputado Antonio Ecarri, miembro de la opositora fracción Libertad, confirma esa apertura desde dentro: “Delcy es muy respetuosa, escucha y es cordial. Trabajar en construir consenso es un gran logro después de 27 años. La salida de Tarek William Saab, el exfiscal de la República, fue una gran victoria de los sectores aperturistas frente a los inmovilistas”. La Asamblea Nacional incluye ahora 29 diputados de la oposición.

En materia de justicia, la Ley de Amnistía liberó de forma inmediata a 8.616 personas: quienes no entraban en ese supuesto podían recurrir ante la Comisión Especial de Seguimiento, presidida por el diputado Jorge Arreaza, que recibió más de 12.500 solicitudes y aprobó 12.187. Según el Foro Penal, 490 presos políticos quedaron fuera de ambas vías y siguen recluidos.

Lo que no ha cambiado

Ecarri señala que la estética del cambio no ha tocado la estructura: “El Estado hiperpresidencialista petrolero no es viable. Comparas la Constitución española y la venezolana y el presidente aquí tiene todas las atribuciones del rey, las comunidades autónomas y el Parlamento. Eso es como si tras la muerte de Franco, Suárez solo hubiese cambiado la elección del gran caudillo. Aquí hay sectores populares con hambre y una crisis muy difícil; el aumento debe ir para los más vulnerables porque el caos no le sirve a nadie”.

Juan González, activista en defensa de los derechos humanos y ex-preso político (el nombre es ficticio para evitar represalias), apunta en la misma dirección desde el terreno de los derechos civiles: “Los portales web siguen censurados y leyes como la Ley contra el Odio siguen vigentes. La pregunta es si se van a desmontar las dinámicas antidemocráticas o van a continuar. Hay un pequeño cambio en las fuerzas de seguridad, cierta contención, pero la dinámica de la amnistía sigue siendo selectiva”.

Delcy es muy respetuosa, escucha y es cordial [...] La salida de Tarek William Saab, el exfiscal de la República, fue una gran victoria de los sectores aperturistas frente a los inmovilistas

Antonio Ecarri — Diputado de la oposición

González también cuestiona la calidad de las liberaciones que sí se produjeron: “Es importante que se libere a la gente, pero fueron los mismos jueces que aplicaron las penas los que debieron amnistiar. Hay una dinámica no muy clara, no es automática, sino que responde a una decisión donde [los jueces] se pagan y se dan el vuelto; no se entienden las razones para decidir. Hay un sinsabor asociado, porque los procesos de designación de fiscalía y defensor [del pueblo] no cumplieron con los estándares de la Constitución. Algunos de los funcionarios designados eran agentes del Estado en instancias internacionales”.

Para él, además, que Rodríguez haya suspendido la Ley de Amnistía es una transgresión grave: ese instrumento lo aprobó la Asamblea Nacional y no corresponde a la presidenta fijar su vigencia. Al arrogarse esa decisión, la mandataria invade atribuciones que no le pertenecen y deja en evidencia la subordinación de los demás poderes. Yaritza Pérez lo resume con una imagen: “Para que pueda funcionar tiene que haber una limpieza en el Gobierno total, quitar a los mismos que están. Porque ella [la presidenta] ha movido a muchos ministros, pero los ha movido de un ministerio para otro; es la misma gente”. Sin embargo, muchos de los pesos pesados del anterior Gobierno han pasado a puestos de segundo nivel y la retórica política de Rodríguez también ha cambiado notablemente respecto a Maduro.

Lo que ha empeorado

León advierte el escollo más peligroso del período: “Hay una dualidad clara. Por un lado, la apertura petrolera ha inyectado optimismo macro: la gente siente que el país se mueve. Pero, por otro, la mejora no llega al bolsillo al mismo ritmo. Las inversiones son lentas. El ciudadano ve el llamado 'nuevo momento político' en las noticias, pero no en su cuenta bancaria, y eso genera una sensación de fragilidad. Más que deslastrarse de figuras, Rodríguez está vendiendo funcionalidad. Si la economía camina, el discurso cuaja; si se estanca, se percibirá como otra promesa más”.

Marta Torrealba, profesora y periodista, encarna esa desconexión desde dentro. Con una cesta de la compra que supera los 600 dólares, las condiciones de supervivencia en la academia son tan precarias que el pasado 24 de abril las 23 universidades nacionales se sumaron a un paro.

“El pasaje de bus supera el salario mínimo mensual. Hay pasajes que cuestan 140 bolívares, mientras el sueldo mínimo es de 130 bolívares (0,23 euros). Sé de profesores que quedan en deuda con la Universidad Central de Venezuela porque su sueldo es menor a lo que les descuentan por el seguro médico; otros renuncian a este beneficio porque simplemente no pueden pagarlo. El sueldo quincenal de un profesor jubilado puede ser de cuatro bolívares, eso no alcanza ni para comprar un caramelo, porque un caramelo cuesta cinco”, relata.

El agradecimiento a Trump por haberse llevado a Maduro bajó 19 puntos entre enero y marzo [...] Los venezolanos entendían que no se harían ricos de inmediato, pero esperaban un incremento en su calidad de vida que no se ha dado

Marta Torrealba — Profesora y periodista

Torrealba describe un declive que borró los logros de décadas anteriores: “A principios de los 90, los profesionales teníamos ingresos respetables. Yo incluso pude adquirir un inmueble donde vivo y todavía en el año 2000 compré un automóvil. Podías ir de vacaciones tranquilamente y ayudar a tu familia. Ahora, la mayoría de los profesionales lo que hacemos es sobrevivir. No tengo gastos para entretenimiento ni ningún tipo de lujo y tengo dos trabajos, como muchos profesionales y técnicos”.

La rendición de cuentas es otra ausencia que denuncia con indignación: “Nos manejamos con una opacidad total. No sabemos si EEUU realmente puso los recursos en el fondo de fideicomiso por la venta de petróleo, ni cuánto ingresó por la venta del oro. Delcy dijo que ese dinero era para salarios y hospitales, pero cuando llegas a un hospital tienes que llevar hasta los insumos básicos, te piden una lista como de preescolar. El aumento que anuncian para el 1 de mayo va a ser una decepción; los venezolanos sienten que no va a compensar la inflación”.

La figura de Donald Trump, vista al comienzo por algunos como un libertador, también acusa el desgaste. “El agradecimiento a Trump por haberse llevado a Maduro bajó 19 puntos entre enero y marzo, según una encuesta de Meganálisis. Los venezolanos entendían que no se harían ricos de inmediato, pero esperaban un incremento en su calidad de vida que no se ha dado. Al contrario, hay un declive fuerte del ingreso con un dólar que ya ronda los 500 bolívares”, afirma Torrealba. Y añade: “La nueva ministra de Educación Superior le dijo claramente al sector universitario que no había dinero para el aumento salarial. Mientras no se controle el dólar, ningún aumento va a servir. El control tiene que ser del dólar, no de precios; eso ya se ha ensayado y no sirve para nada”.

A la espera del 1 de mayo

Después de 117 días, lo que Rodríguez ha conseguido es algo más sutil que un cambio de gobierno: ha conseguido tiempo. Tiempo para que la apertura petrolera se asiente, tiempo para que Washington cobre lo que vino a cobrar, tiempo para que el malestar de la calle se administre sin estallar. El 1 de mayo, día para el que la presidenta encargada anunció un incremento salarial, será la primera prueba de hasta cuándo se puede pedir paciencia a un país que lleva tres años sin aumento salarial.

“Es la misma gente”, resume Yaritza Pérez. Y Marta Torrealba, en la otra punta de Caracas, sigue haciendo cuentas para saber si esta quincena le alcanzará para un caramelo.

El cantante Carlos Baute se ha disculpado “si alguien se ha sentido ofendido” por sumarse a los cánticos racistas contra Delcy Rodríguez durante su concierto el domingo en la Puerta del Sol. También ha asegurado que no es “una persona racista” porque viene “de una familia venezolana” y creció “dentro del folclore venezolano, tambores”.

El artista ha publicado un vídeo para dar explicaciones en el que afirma que se sumó al cántico dejándose “llevar por la emoción del momento” y “sin medirlo” porque “son muchos años de represión” en Venezuela. “En medios se han generado interpretaciones y están diciendo que soy racista. Por favor, vengo de una familia venezolana, crecí dentro del folclore venezolano, tambores”, ha añadido.

“No soy una persona racista ni creo en el insulto como camino. Un momento puntual no define quién soy. Si alguien se ha sentido ofendido no tengo problema en disculparme”, dice en el vídeo.

El PP de Madrid se ha desvinculado de los gritos y ha afirmado que la Comunidad no tiene “responsabilidad” en los insultos a la presidenta de Venezuela porque se lanzaron “en la plaza por los propios manifestantes venezolanos, no en un acto” del Ejecutivo regional. Poco antes, el líder nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho que no está “a favor de insultar a nadie”. El líder del PP ha ironizado con que “hay personas que insultan y luego les molesta ser insultadas”. Y ha zanjado, titubeante: “No estoy de acuerdo con los que insultan ni con los que son insultados”.

Ante esta situación, la Embajada de Venezuela en España pidió perdón este domingo por los cánticos racistas. “Esta Embajada expresa sus más sinceras disculpas al pueblo de España, que conoce en su propia historia el horror del fascismo y de los crímenes de odio”, expresó la embajadora venezolana, Gladys Gutiérrez, en un comunicado emitido este domingo.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este lunes que no está “a favor de insultar a nadie” después de los cánticos racistas coreados contra la presidenta venezolana, Delcy Rodríguez, durante un acto propagandístico de la dirigente opositora María Corina Machado organizado por Isabel Díaz Ayuso. El cantante del país caribeño Carlos Baute coreó gritos de “¡fuera la mona!”, en referencia a Rodríguez, frente a la sede del Gobierno autonómico de Madrid.

“No estoy a favor de insultar a nadie”, ha dicho Feijóo en declaraciones a los medios justo antes de participar en un acto informativo protagonizado de nuevo por Machado. El líder del PP ha ironizado con que “hay personas que insultan y luego les molesta ser insultadas”. Y ha zanjado, titubeante: “No estoy de acuerdo con los que insultan ni con los que son insultados”.

Feijóo también ha justificado el plante de la política venezolana al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, quien la invitó formalmente a mantener una reunión. Machado prefirió no entrevistarse con el jefe del Ejecutivo, aunque sí lo ha hecho con el propio líder del PP y con Ayuso.

El líder de la oposición ha asegurado que Sánchez “ha compadreado y sigue compadreando con el régimen de [Nicolás] Maduro”, en referencia al expresidente venezolano que fue secuestrado por soldados de EE UU y trasladado de forma ilegal a Nueva York, donde está siendo juzgado por narcotráfico.

La Presidencia de Venezuela está ahora en manos de Delcy Rodríguez, quien ha iniciado conversaciones con EE UU y España para iniciar una transición en el país. Como muestra de su voluntad, ha liberado a cientos de “presos políticos”.

Unos gestos que no son suficientes para Feijóo, quien ha lamentado que España haya pedido a la UE la “suspensión de las sanciones” económicas y de viaje contra el “Gobierno de Delcy”. Algo que es, ha dicho, “incompatible con la democracia y la coherencia”.