El 16 de julio se celebrará en los juzgados madrileños un acto de conciliación entre las representaciones legales de la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el empresario condenado por el caso Mascarillas Víctor de Aldama. Es un acto procedimenal necesario y previo a la presentación de una querella por injurias. La presidenta acude a los tribunales españoles de la mano del despacho del exjuez Baltasar Garzón por las manifestaciones vertidas por Aldama en dos programas de televisión los días 4 y 5 de febrero en los que sostuvo que había recibido de ella un sobre con el logotipo o sello de la empresa estatal venezolana Petróleos de Venezuela SA (PDVSA). Ese sobre, que ya está en manos de la Audiencia Nacional contendría documentación relacionada con actividades que podrían ser delictivas.

El escrito, adelantado por El Mundo y al que ha tenido acceso elDiario.es, señala que “es inveraz, falsa o no ajustada a la realidad la afirmación consistente en la imputación de un hecho a Delcy Eloína Rodríguez consistente en que esta entregó al aquí requerido el sobre”. Por eso, en el acto de conciliación solicita que el empresario “reconozca que no son ciertos los hechos por él afirmados en los medios de comunicación Telemadrid y Cuatro” y que, por tanto, “se retracte de la falsedad de dicho hecho consistente en la persona que le entregó el sobre”.

Advierte asimismo de que Delcy Rodríguez “se reserva la vía penal y civil” para solicitar una indemnización derivada del daño relacionado “con la imputación de hechos falsos o inveraces” y adelanta que esa solicitud se hará efectiva en el caso de que este acto de conciliación no sea satisfactorio para ella.

Fue el pasado 16 de marzo cuando trascendió que el empresario y comisionista Víctor de Aldama, investigado en varios sumarios, habría entregado en la Audiencia Nacional el supuesto sobre de la petrolera estatal venezolana PDVSA que él vincula con finanzas bajo sospecha del PSOE, según adelantaba El País y confirmó en fuentes jurídicas a elDiario.es.

De Aldama prestó declaración en ese momento -iba acompañado de su letrado José Antonio Choclán- para dar cuenta de lo que incluían esos papeles que presentaba, si bien no trascendió ningún detalle de esa comparecencia. La misma tuvo lugar en el marco de la pieza secreta en la que se investigan los pagos en metálico en el seno del PSOE para averiguar si el mecanismo empleado por la formación pudiera haber sido usado para blanquear dinero de las presuntas mordidas que cobraban -siempre presuntamente- Koldo García y José Luis Ábalos.

La existencia de ese sobre salió a colación en una declaración judicial del pasado enero en el marco del millonario fraude del IVA en el sector de los hidrocarburos por el que está siendo investigado. El fiscal del caso, Luis Pastor, le preguntó por el contenido de ese sobre. “Bueno, si no les importa, eso algo que creo que tenemos que negociar directamente o que tenemos que hablar directamente con ustedes porque es algo que estamos hablando de la financiación ilegal del partido. Es algo que no hemos hablado hasta ahora”, respondió Aldama. Tras un breve intercambio de preguntas, el empresario aseguró que el contenido de ese sobre era relativo al negocio de hidrocarburos y “con la financiación ilegal del PSOE” y de la Internacional Socialista que en la actualidad preside Pedro Sánchez. También afirmó que ese sobre se lo había entregado la actual presidenta venezolana, Delcy Rodríguez.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil reveló en uno de sus informes que Aldama dejó en custodia a uno de sus hombres de confianza, Luis Alberto Escolano, “documentación sensible” relativa a PDVSA. Los investigadores señalaban que en la fotografía reenviada por parte de Escolano a Aldama se aprecia en la parte inferior del sobre el sellado de la recepción del mismo. “Este sellado, correspondiente a la Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela, indica la recepción del sobre por parte de Víctor de Aldama el día 4 de febrero de 2020”, recogía ese atestado.

Delcy Rodríguez ha completado seis meses al frente del Gobierno interino bajo una “situación excepcional” fuera de los procedimientos constitucionales formales, pero avalada por el Tribunal Supremo de Justicia. El balance revela una gestión fragmentada entre promesas económicas y debilidad estructural. Ahora, los terremotos han interrumpido cualquier ilusión de transición, según algunos expertos.

Para Ricardo Sucre, politólogo venezolano, la gestión de Rodríguez tiene tres fases claramente diferenciadas. Los primeros tres meses, de enero a marzo, funcionaron como un período de “ajuste y construcción de estrategia”. Durante esta etapa, Rodríguez definió dos grandes ejes que simulaban un alejamiento del modelo chavista: una apertura económica al capital extranjero, particularmente estadounidense, y una narrativa de reconciliación que reconocía públicamente “las heridas infligidas por décadas de conflicto político”. El anuncio de dos fondos —social e infraestructura— quedó en suspenso y los resultados visibles de este periodo fueron limitados. La distribución de 300 millones de dólares a través de la plataforma Patria (programa social) funcionó como gesto de voluntad redistributiva, pero insuficiente para alterar percepciones sobre su capacidad operativa real.

Lo que Sucre detectó entonces fue la grieta estructural que definiría los seis meses: “Una visión ideológica que no priorizaba capacidad institucional, sino narrativa”. Las instituciones heredadas del chavismo permanecían intactas en su centralización “represiva”, sus mecanismos de control y su “desprecio” por procedimientos democráticos, dice. Solo cambiaban los discursos. A partir de abril, sin embargo, Rodríguez aceleró las señales de liberalización económica: licencias energéticas concedidas, anuncios de regreso de aerolíneas internacionales —American Airlines, United, Qatar Airways— y apertura del sector petrolero a inversionistas privados. El país comenzaba a “activarse” en los términos permitidos por el modelo estadounidense: energía y movilidad. La narrativa internacional mejoraba ligeramente. La Administración Trump respaldaba la alianza con más énfasis.

Rodríguez no gobierna Venezuela, sino que administra un territorio bajo tutela estadounidense

Ricardo Sucre — Politólogo

Pero los indicadores estructurales contradicen el optimismo discursivo. “Los uniformes desgastados de bomberos y rescatistas y la ausencia de tecnología punta, entre otros, revelaban un Estado cuya concepción de la gestión pública permanece limitada por una visión ideológica que no prioriza capacidad institucional, sino narrativa”, sostiene Sucre. Los servicios públicos centralizados siguen colapsados. La represión informativa continúa. Los periodistas son criminalizados bajo denuncias de “espionaje” o “sedición”. El aparato “represivo”, lejos de desmontarse, se reorganiza, sostiene el politólogo.

Operación María Corina Machado

Tras los devastadores terremotos, Rodríguez se ha enfrentado a su verdadera prueba: demostrar capacidad operativa. Sucre cree que la respuesta fue lenta, tardía, insuficiente en recursos: “Familias excavaban con las manos mientras equipos de rescate internacionales llegaban días después. El Gobierno no pudo responder porque estructuralmente no tiene la capacidad: centralización de servicios de emergencia que antes funcionaban descentralizados, decisiones políticas que priorizaron control sobre eficiencia, una élite gobernante que legó instituciones débiles”.

La mandataria trató ayer de sacudirse las acusaciones de lentitud en la respuesta. El caos inicial, dijo en rueda de prensa, es achacable a “laboratorios mediáticos” que sembraron la desinformación. “La primera matriz mediática elaborada en laboratorios fue ‘bajen todos a La Guaira’ para causar caos, para impedir las labores de búsqueda y rescate”, lanzó.

Sin dar muchos detalles, calificó a los supuestos responsables de “miserables” y declaró que están “ubicados y determinados”. Admitió, no obstante, que los venezolanos “humanamente, y con razón, bajaron a buscar un familiar, bajaron a buscar a un amigo, bajaron a buscar un trabajador”.

Lo más revelador ha sido lo que el desastre ha expuesto de la estructura de poder. El intento de regreso de la opositora María Corina Machado revela lo que Sucre califica como “las verdaderas limitaciones de Rodríguez como gobernante”. Su incapacidad para permitir el ingreso de la opositora expuso que su autoridad es meramente administrativa, subordinada a decisiones tomadas en Washington, que ha obstaculizado el regreso de Machado.

“Rodríguez no gobierna Venezuela, sino que administra un territorio bajo tutela estadounidense”, concluye el analista. Sus decisiones políticas fundamentales requieren aval externo. Su narrativa de reconciliación se desmorona ante la realidad de que está gobernando desde la debilidad, incapaz de ejercer soberanía sobre asuntos tan elementales como permitir el regreso de una ciudadana a su propio país.

En opinión del experto, tras los terremotos, las elecciones están más lejos que antes. La reunión entre Machado y la oposición mayoritaria en Panamá, de donde salió una hoja de ruta, murió ante el intento forzado de la premio Nobel de la Paz de regresar al país para crear un crisis política en medio de la tragedia. Sucre denuncia que Corina Machado y su grupo iban a “montar un show” en La Guaira, epicentro de la devastación. Altos cargos del Gobierno de Trump calificaron el intento de Corina Machado de “oportunismo político grotesco”. “Quiere una foto distribuyendo nuestra ayuda”, denunciaba una de estas fuentes citadas por el medio Axios.

El Gobierno de Rodríguez también ha sido muy criticado por algunos sectores por su gestión del desastre. En un vídeo que circuló en redes se puede ver a Diosdado Cabello conversando con un rescatista estadounidense. “Hay alguien justo allá que estamos intentando ayudar. ¿No quieres que ayudemos a esa persona?”, le dice este último, mientras Cabello parece pedir despejar el camino. Por otro lado, Topos Chile, un grupo no gubernamental, denunció que soldados venezolanos han interrumpido constantemente su labor bajo sospecha de “espionaje yanqui”. Otros grupos internacionales de rescate han informado de dificultades para entrar en el país y alguno ha señalado que no ha podido hacerlo.

La cara de la represión

Delsa Solórzano, presidenta de Encuentro Ciudadano y miembro de la Plataforma Democrática que apoya a Machado, dice en declaraciones a elDiario.es que cree que la oposición se mantendrá unida y que continuará apoyando el plan de tres fases del secretario de Estado de Estados Unidos: “estabilización, recuperación y transición”. Sin embargo, Trump ha afirmado desde el primer minuto que la apertura democrática del país no está entre sus prioridades.

La opositora denuncia la existencia de 500 presos políticos pese a la liberación de 800 y de la “falta de separación de poderes”. “El poder Ejecutivo y Legislativo está en manos del ‘Rodrigato’ [el hermano de Delcy, Jorge Rodríguez, es presidente de la Asamblea]”, dice Solórzano, que también sostiene que la permanencia de Cabello invalida toda narrativa de ruptura. “No podemos olvidar cómo desde el Mazo Dando, Cabello, de quien dependen los cuerpos represivos del Estado, amenazó a políticos, periodistas y activistas. Tiene a un ministro del Interior que en ese programa decía a quién se iba a encarcelar. El ministro de Interior amenaza desde un canal estatal”.

Carlos Correa, defensor de derechos humanos y la libertad de expresión, identifica lo que él considera el obstáculo más corrosivo para la legitimidad de Rodríguez: la persistencia de “represión” informativa bajo discurso de “apertura democrática”. Aunque hubo mejoras relativas —reducción en detenciones de periodistas, menor cierre de emisoras—, indica que el “ecosistema mediático venezolano permanece deprimido y debilitado”. Durante el terremoto, la desinformación ha sido absoluta. El secuestro de Maduro se conoció por comunicados extranjeros, no por transparencia estatal. “La persistencia de lógicas represivas hacia la prensa mina cualquier narrativa de 'apertura' que Rodríguez intente construir”, señala Correa.

La fractura de la comunicación es irreparable porque es estructural. Mientras el Gobierno “afirma gobernar con transparencia y reconciliación”, simultáneamente “mantiene portales informativos bloqueados, criminaliza a periodistas en zonas de desastre y controla la información de Estado con lógica partidaria”. Correa es categórico: “Sin construcción de 'ciudadanía civil' mediante información transparente, sin comunicación de servicio público que sustituya la comunicación de chuchería, la legitimidad seguirá siendo frágil”. La consecuencia de esta estrategia contradictoria es previsible: “Cualquier gestión exitosa permanecerá invisible, amplificada solo por medios oficialistas, lo que refuerza la percepción internacional de autoritarismo que contradice su posicionamiento político”.

El consenso entre Sucre, Correa y Solórzano revela una verdad incómoda para Rodríguez: es imposible proyectar un gobierno transicional cuando se perpetúan simultáneamente las estructuras anteriores. La apertura económica y las promesas de reconciliación coexisten con la “represión” y la permanencia de figuras como Cabello. El pragmatismo económico se contradice con la incapacidad operativa ante desastres humanitarios. Washington la respalda públicamente, pero ese apoyo expone su falta de soberanía. Los elogios de diplomáticos estadounidenses sobre su “transparencia y preocupación por la gente” generan desconfianza.

Los intentos de rescatar a personas con vida tras el doble terremoto que dejó cicatrices en Caracas y devastó el estado La Guaira, en la costa de Venezuela, han continuado este martes, seis días después de la tragedia que ha causado al menos 1.943 muertos, principalmente por el colapso de numerosos edificios.

Pero, entre los equipos, las esperanzas de encontrar más supervivientes bajo los escombros comienzan a desvanecerse. Los rescatistas de Ecuador y Estados Unidos suspendieron sus operaciones a primera hora del martes en Macuto, en La Guaira, tras más de 40 horas de trabajo al dejar de recibir respuesta de una madre y sus tres hijos atrapados bajo un edificio de nueve plantas, según informa Reuters. Este miércoles, el equipo neerlandés de búsqueda ha anunciad que da por concluida su misión al reducirse las posibilidades de encontrar a personas con vida.

Mientras siguen los trabajos contrarreloj y circulan vídeos de rescates “milagrosos”, como el de un niño de tres años tras seis días atrapado entre los escombros, los venezolanos que vivieron el temblor tratan de recomponerse de una experiencia común para muchos: la vulnerabilidad ante un desastre que escapa al control.

Claudia Nazoa se encontraba en su apartamento de Caracas cuando comenzó el seísmo. La cineasta lo describe como “infernal”: el rugido, la destrucción de una vida material acumulada durante años. Su prioridad fue salvar lo que importaba. Evacuó entre escombros e inundaciones, se fue a casa de una amiga con incertidumbre sobre su futuro. Félix Ruz vivió el terremoto con su familia. Las salidas quedaron bloqueadas. Este transportista en Caraballeda durmió en el coche, afrontó restricciones y careció de servicios básicos. Pero también presenció actos de solidaridad.

Un rugido

Claudia Nazoa es sobrina de uno de los poetas más famosos de Venezuela: Aníbal Nazoa. Dacha, como la llama todo el mundo, vive en el barrio de San Bernardino, otra de las zonas castigadas en Caracas junto con Altamira. Sobrevivió al terremoto del miércoles en el piso ocho de su edificio junto a una amiga. Aunque fue rescatista y vivió el terremoto de Caracas de 1967 cuando era adolescente, asegura que no es comparable en absoluto. “Esto fue infernal”, dice.

Estaban degustando vinos que Dacha había traído de Madrid cuando sonó una alarma antisísmica a las 18:00 horas. “Mi amiga me dice: 'Está temblando'. Empezó a moverse el suelo de una manera terrible”, relata. El apartamento se movía como “una coctelera” mientras ambas se aferraban a las vigas de su piso. “Sentimos cómo el mundo se caía alrededor. Era un ruido, un rugido como una fiera enorme”, cuenta a elDiario.es.

Vi cómo se caía mi vida alrededor de mí, cómo se destrozaban los recuerdos de toda una vida de viajes

Claudia Nazoa

Su piso estaba lleno de antigüedades, colecciones de frascos de farmacia antiguos, cuadros y objetos de arte que se destruyeron. “Yo vi cómo se caía mi vida alrededor de mí, cómo se destrozaban los recuerdos de toda una vida de viajes”, dice. Sin embargo, su prioridad era distinta: “Lo único que me importaba era mis gatas. Lo único que me importaba en ese momento era que mis animales estuvieran vivos”.

El apartamento se inundó cuando se reventaron las cañerías del piso de arriba. “Salimos corriendo por las escaleras oscuras, bañadas de agua como si nos hubiéramos tirado a la piscina”. En la calle escucharon gritos de vecinos atrapados y ambas lograron ayudarlos a salir.

Los bomberos evacuaron preventivamente el edificio. Dacha permanece refugiada en casa de una amiga sin saber si su piso será habitable. Cuando pudo, regresó a por sus gatas. “Caminé sobre por lo menos 30 centímetros de vidrios rotos, de recuerdos rotos, de vida rota”.

“Caminaba e iba dándole gracias al universo, gracias a Dios, porque estoy viva y mi familia está viva y está entera. Estamos en un shock colectivo”, asegura. Denuncia, además, que funcionarios públicos cobran entre 1.000 y 2.000 dólares a familiares en la morgue para devolverle los cadáveres y que en ningún momento nadie se ha acercado a su edificio a hacer una inspección para saber si es habitable o no.

Ayuda incondicional

Félix Ruz vivía en una casa de tres pisos en Caraballeda, La Guaira —epicentro de la devastación—, y él alquilaba un piso en la plata baja. Cuando pasaron los terremotos, decidió salir de allí con su familia inmediatamente. Mientras bajaba por Caraballeda, vio los edificios caídos y las grietas que se abrieron en las calles. Su vivienda no colapsó, pero se quedó sin agua, sin luz y no tenía comida. “Realmente la experiencia fue complicada, muy duro porque no podíamos salir”, dice al elDiario.es.

El desalojo fue complejo. El puente del río San Julián que atraviesa Caraballeda quedó fracturado, igual que las estructuras de Los Corales y Caraballeda. La salida de la zona se hizo difícil.

Los rescatistas que llegaron unas horas después pedían silencio para trabajar. Ruz se desplazaba con sus niños, de 12 y 4 años, y su esposa. Durmió en el coche durante las primeras noches a la intemperie. Observó que los efectivos policiales restringían el paso a La Guaira a quienes no tenían salvoconducto. “Es un momento crítico, todos estamos angustiados, la gente no sabe qué hacer”, dice.

Las primeras noches las pasó en el kilómetro cero en un puesto de la Guardia Nacional, que está en la autopista que conecta a Caracas con La Guaira, donde recibió atención. La Guardia Nacional apoyó el proceso y le dieron colchones y comida.

En búsqueda de ayuda, se fue a Caracas a echar gasolina y luego a Fuerte Tiuna, el complejo militar más importante del país. Allí le dijeron que podía encontrar abrigo en El Parque del Este. Ruz, que es gandolero y transportista, advierte de que hay personas que se escudan en donaciones para entrar a saquear casas y edificios y recomienda que se dejen en centros de acopio para evitar que se dispersen.

El hombre permanece incomunicado. No hay agua potable. Su casa está alquilada, pero las réplicas sísmicas lo mantienen en vilo. “La Guaira está contaminada”, dice. En su experiencia en el refugio, ha recibido ayuda de todo tipo, hay comida y agua de sobra. La solidaridad ha sido total. Mientras la tragedia pasa, Ruz y su familia están seguros.

El doble terremoto que hace unos días sufrió Venezuela está siendo devastador. Ha sido una catástrofe… Una catástrofe natural. Y ahí nos podríamos quedar. Pero las catástrofes no son iguales para todos… y si hablamos de Venezuela, ahora mismo casi nada es igual que en cualquier otro país. En Venezuela hay un Gobierno heredero de Chavez y Maduro, el de Delcy Rodríguez… que dependen de Estados Unidos. De Trump, que hace un año aprobó la congelación de fondos de ayuda humanitaria.

¿Qué pesará más en el presidente de los Estados Unidos? ¿Su compromiso (interesado) con Venezuela o su promesa electoral de no gastar dinero en ayudar a nadie? Lo abordamos con la periodista venezolana Celina Carquez y con Chema Vera, Director Ejecutivo de UNICEF España.

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Los cadáveres llegan en motos, en la parte de atrás de los coches o en la caja de las camionetas. Las víctimas de una catástrofe natural que ha golpeado hasta lo más profundo a un país ya de por sí frágil. “Ayer, toda la calle estaba abarrotada de gente que llegaba con familiares fallecidos”, dice la estudiante de psicología Camila Rodríguez, que está dando apoyo emocional a las familias afectadas en la morgue Bello Monte, en Caracas.

Al menos 1.719 personas han perdido la vida por los dos terremotos que sacudieron de manera consecutiva la costa caribeña de Venezuela el miércoles pasado, derribando cientos de edificios y dejando a decenas de miles de personas desaparecidas. Muchas de esas víctimas mortales han acabado en Bello Monte, así como los familiares que acuden allí con la esperanza de identificar a sus seres queridos.

Marjorie Cedeño es una de las personas que esperan fuera del edificio de color amarillo pastel. Perdió a su madre, a su padre y a su hermano en el peor terremoto sufrido por Venezuela en los últimos 125 años. Los tres murieron atrapados bajo los escombros cuando su edificio de cuatro plantas, Residencias Obelisco, se derrumbó en Los Palos Grandes, un barrio acomodado a los pies del Cerro El Ávila. A las 21.00 horas del viernes, Marjorie solo había logrado identificar a su hermano, José Ruiz, de 44 años, gracias a una foto que le mostró la policía forense. Bajo los escombros siguen sepultados su padre, Jacinto Ruiz, de 74, y su madre, Zoila Cedeño, de 72, que trabajaba como conserje del edificio.

“Cuando empezó el terremoto, mi hermano acababa de entrar en el edificio”, dice Marjorie. “Creemos que su instinto fue entrar para rescatar a mis padres, que seguían allí; mi hermano venía de la playa con un amigo, que también falleció”. Según ella, otras 25 personas quedaron atrapadas entre las ruinas del edificio.

“Es horrible lo que hay ahí dentro”, dice, refiriéndose a la morgue. “No te puedes imaginar lo desbordada que está. Es algo que no le desearías a nadie, una tragedia inimaginable”.

Belkis Cedeño (sin parentesco con Marjorie) ha acudido a las abarrotadas instalaciones en busca de su cuñada, María Elena Moreno, de 56 años, residente en La Guaira, la región costera más afectada por los terremotos. “Su edificio ha quedado destruido por completo; un edificio de diez plantas reducido a solo la planta baja; consiguieron sacarla a primera hora de esta mañana; estaba sola porque su hijo se había ido al supermercado con la novia”, dice. A Belkis le dijeron que María Elena había sido rescatada con vida sobre las 2.00 de la madrugada del jueves. Pero una falsa alerta de tsunami difundida por redes sociales desató el pánico y la dejaron desamparada en la calle. “Cuando por fin la trasladaron al hospital, ya había fallecido”, indica.

Doy gracias a Dios porque los venezolanos tienen un corazón tan grande... La gente ha sido extraordinaria

Marjorie Cedeño

Según Edgar Hernández, expresidente de la Asociación Nacional de Funerarias de Venezuela, las funerarias de todo el país han donado más de 200 ataúdes, además de bolsas para cadáveres y otros suministros, y están apoyando a las encargadas de responder a la catástrofe. “Muchas personas han recuperado cadáveres y los han transportado en sus vehículos particulares hasta Bello Monte porque está menos saturado y porque es más fácil acceder a él que a la morgue de La Guaira, completamente colapsada por la presión de la emergencia”.

“Hay muchísima gente buena ayudando”

“Hoy hemos conseguido 33 personas con vida y quería agradecerles”, dijo el sábado por televisión la líder interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, a un grupo de rescatistas extranjeros, en un intento de consolar a los ciudadanos conmocionados. “Cada vida salvada da esperanza a Venezuela”, tuiteó Rodríguez después, cuando anunció que en la localidad de Caraballeda, en la devastada costa norte, habían encontrado a un niño de 11 años con vida.

El Ministerio de Comunicaciones ha tratado de proyectar una imagen de unidad y diligencia ante la tragedia, publicando en las redes sociales los vídeos de los equipos de rescate del gobierno con mazos y camillas, sacando de entre los escombros a supervivientes cubiertos de polvo. Pero la indignación crece en las calles por lo que muchos perciben como una respuesta lenta de un gobierno poco preparado para una crisis de esta magnitud, y por la sensación extendida de haber sido abandonados a su suerte en las horas posteriores al desastre. Delcy Rodríguez fue increpada durante una visita a una zona muy afectada de la capital. “¡El Gobierno no está haciendo nada por la gente!”, le gritó uno de los viandantes.

Fuera de la morgue, el trabajo incansable de voluntarios que ofrecen agua, café y apoyo psicológico contrasta con una reacción oficial letárgica que, según los expertos, se explica por la enorme magnitud del desastre y por los años transcurridos sin invertir lo suficiente en servicios de emergencia.

Por toda la traumatizada ciudad se pueden ver escenas similares, mientras se reparten tiendas de campaña, colchones y comida a cientos de familias que, temerosas de volver a casa, duermen a la intemperie. Muchas de ellas, con niños pequeños a su cargo. Si una cosa no falta en Caracas es la comida que traen los voluntarios.

“Doy gracias a Dios porque los venezolanos tienen un corazón tan grande... La gente ha sido extraordinaria”, dice Marjorie mientras espera noticias de sus padres. “Puede que no haya respuesta por parte del Gobierno, pero hay muchísima gente buena ayudando”.

Traducción de Francisco de Zárate.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha pedido el regreso de los ciudadanos venezolanos que se encuentran fuera del país y ha afirmado que “es hora de que regresen a su patria” para que sean “reconocidos”.

La mandataria, que ha asegurado que los venezolanos que han salido del país han sido “duramente golpeados por la xenofobia” y “privados de sus Derechos Humanos esenciales”, ha hecho un llamamiento para que vuelvan a Venezuela. “Es hora de que regresen. El país los necesita”, ha afirmado.

Uno de los destinos elegidos para vivir por los emigrados venezolanos, por vínculos culturales e históricos, son las Islas Canarias. En el archipiélago residen unos 84.000 venezolanos, que suponen algo más del 3% de la población total de las islas.

Tras asegurar que los migrantes venezolanos han sido víctimas de ataques y han sufrido problemas laborales, Rodríguez ha ofrecido su apoyo y ha destacado que Venezuela ha funcionado durante mucho tiempo como una “nación receptora que ha acogido a comunidades de distintos países”.

“Hemos sido un país que sabe cómo convivir con los migrantes y nuestros migrantes que cruzaron fronteras no se encontraron con un pueblo como el venezolano. Encontraron pueblos que los rechazaron, que los explotaron. Por eso le decimos a los migrantes: es hora de que regresen”, ha aclarado, según informaciones de la cadena de televisión Globovisión.

Venezuela cuenta desde hace años con su plan Vuelta a la Patria, por el que miles de personas han regresado, muchos de ellos tras ser previamente deportados desde territorio estadounidense a terceros países.

Cerca de 7,9 millones de personas han salido de Venezuela buscando protección y una vida mejor, según los datos de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la mayoría de ellos 6,7 millones, acogidos por otros países latinoamericanos y caribeños.

Durante el desayuno de uno de los hoteles más lujosos de Caracas es posible escucharlos. Se sirven huevos fritos, frijoles y arepas, mientras hablan del pasado, presente y futuro de Venezuela en conversaciones que a veces se vuelven susurros. Fragmentos oídos al pasar hacen referencia a las divisiones políticas del país, a una posible hoja de ruta electoral y al crecimiento económico impulsado por el petróleo.

Los que hablan sobre el rumbo del país tras el secuestro del presidente Nicolás Maduro no son funcionarios del Gobierno venezolano. Antes que el español de esta parte del Caribe, lo que se escucha en el JW Marriott es el inglés de los espías, diplomáticos y funcionarios estadounidenses que, en gran medida, llevan las riendas tras la polémica intervención militar de Donald Trump el 3 de enero. En las mesas de al lado hay grupos de marines musculosos: llevan tatuajes en sus abultados gemelos, gorras de béisbol y walkie-talkies sujetos a la cintura.

“¿Cuánto tiempo se va a quedar, señor?”, pregunta la recepcionista a uno de los innumerables empleados del Gobierno estadounidense registrándose en el vestíbulo. “26 o 27 días”, responde el hombre en un español con marcado acento inglés.

Tras la decisión de Trump de derrocar a Maduro y restablecer relaciones con sus sucesores, este hotel de cinco estrellas se ha convertido en un centro neurálgico para Washington. Desde aquí trata de dirigir un país al que algunos llaman ahora protectorado estadounidense (el propio Trump ha llegado a decir que espera convertirlo en el estado número 51).

La embajada 'de facto'

“Es [en la práctica] la embajada de EEUU. No creo que nadie vaya a trabajar en la embajada real”, dice Phil Gunson, que trabaja como analista político para el centro de estudios Crisis Group en Caracas. “El edificio está lleno de ratas y cucarachas, y se está fumigando”, añade Gunson en referencia a las instalaciones oficiales de la legación, clausuradas durante siete años desde que se rompieron las relaciones diplomáticas en 2019.

Las conversaciones que se escuchan en el restaurante del JW Marriott ofrecen un insólito panorama de la difícil situación por la que pasa Venezuela tras casi 13 años del caos económico y autoritarismo de Maduro.

Sentado en el porche en una tarde soleada, un estadounidense especialista en energía habla por teléfono con colegas de su país sobre el pésimo estado de la red eléctrica venezolana, y sus frecuentes apagones, también en la capital. “La distribución es un desastre, ese es el mayor problema en este momento; el cableado, los transformadores, y el software, que es un desastre”, dice. “Los chinos vinieron e hicieron lo suyo, pero no funcionó”.

Otra mañana, unos diplomáticos debaten sobre la posibilidad de convocar nuevas elecciones. Los líderes de la oposición esperan que eso ocurra pronto, pero la presidenta interina Delcy Rodríguez, sucesora de Maduro y exvicepresidenta, no parece tener ninguna prisa.

A lo largo del día, es posible ver a los funcionarios angloparlantes y a los cazadores de fortunas deambulando por el edificio de ladrillo rojo que cuenta con 17 plantas, gimnasio, casi 300 habitaciones, y una piscina rodeada de palmeras. Todoterrenos blindados esperan afuera para llevar a los huéspedes por la ciudad. Uno de ellos es John Barrett, el diplomático de Trump para Venezuela. En unas instalaciones gubernamentales dos edificios más abajo, cerca de la Bolsa de Valores, sigue colgado un enorme cartel de Maduro sonriendo.

“Toma de control corporativa”

Al son de la bossa nova brasileña, clientes y visitantes traman en el restaurante, los pasillos y las salas de reuniones del hotel lo que algunos lugareños han comenzado a llamar la “toma de control corporativa” de Venezuela. En la lista de reproducción, una de las canciones favoritas es Triste, de Antonio Carlos Jobim. La letra parece una poética advertencia para cualquier extranjero que aspire a decidir el futuro del país latinoamericano. “Es triste saber que nadie puede vivir de fantasías, que nunca se harán realidad, que nunca sucederán; el soñador ha de despertar”, dice la canción en portugués.

Nunca te dan una tarjeta de visita, no te dicen sus apellidos… y lo que me resulta muy interesante es que todos preguntan por lo mismo: minería y privatizaciones

Un negociador

Al otro lado de la calle se encuentra el Juan Sebastián Bar, un club nocturno de salsa y jazz cuyo nombre remite a Johann Sebastian Bach, donde los visitantes extranjeros acuden a relajarse. 

Con tarifas de entre 250 y 300 dólares la noche (entre 215 y 258 euros), el JW Marriott se ha ganado el mote de “hotel de los espías” entre los periodistas por ser el cuartel general de los funcionarios estadounidenses. Pero es en el hotel Cayena, a pocos kilómetros, donde se cierran muchos grandes negocios. Tras la caída de Maduro, los magnates extranjeros acudieron en masa a este hotel de lujo (las habitaciones cuestan unos 515 euros por noche, al cambio) apostando por un futuro económico prometedor para Venezuela, aunque Delcy Rodríguez decida mantenerse en el poder y no haya transición a la democracia.

Un negociador que pasó tiempo en el Cayena recuerda haber visto al menos a cuatro multimillonarios extranjeros allí. Dice que seguramente había otros multimillonarios cuyos nombres desconocía. “Nunca te dan una tarjeta de visita, no te dicen sus apellidos… y lo que me resulta muy interesante es que todos preguntan por lo mismo: minería y privatizaciones”, dice.

La toma de control al estilo Trump ha provocado un malestar generalizado. También en las élites venezolanas. Aunque se alegraron de la salida de Maduro, la posibilidad de que su país se convierta en una colonia de Estados Unidos les indigna. Cuando en enero Trump dio sus bendiciones a Delcy Rodríguez, le advirtió: si no hacía caso a Estados Unidos, correría un destino incluso peor que el de Maduro.

El enfado también se palpa en las calles. Durante la manifestación por el Primero de Mayo, un economista socialista de 53 años llamado Oswaldo Pacheco marchó hacia una fila de antidisturbios blandiendo una pancarta blanca. “Colaboración neocolonial”, decía el texto, en referencia a las relaciones del Gobierno venezolano con Trump. “Es una rendición total”, se quejó Pacheco, que acusó a los nuevos gobernantes de Venezuela de seguir las órdenes de Estados Unidos “al pie de la letra”. “Está claro que estas exigencias estadounidenses no tienen como objetivo traernos la democracia, sino expoliar nuestros recursos y aumentar la explotación laboral”, dijo.

Aunque persisten grandes dudas sobre el futuro de Venezuela y, especialmente, de su democracia, el ánimo entre los inversores que se dirigen a Caracas es optimista. En otro hotel de lujo, el Renaissance, un petrolero venezolano se deshace en elogios para su país tras la era Maduro. “Este va a ser el mejor país del mundo”, predice. “Soy más que optimista”.

Traducción de Francisco de Zárate.

La investigación de la Audiencia Nacional se fija en la sociedad de dos hermanos venezolanos como el “vehículo” que habría tenido José Luis Rodríguez Zapatero para cobrar de forma encubierta por sus gestiones en grandes operaciones comerciales que implicarían a Venezuela y China. Se trata de Inteligencia Prospectiva SL, cuya sede fue uno de los objetivos de los agentes de la UDEF en sus registros de este martes. La Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) considera que la sociedad es “carente de actividad real” y, sin embargo, regó a las empresas del entorno de Zapatero con elevados pagos.

Los hermanos venezolanos Domingo Arnaldo Amaro Chacón y Guillermo Alfredo Amaro Chacón son administradores solidarios de Inteligencia Prospectiva, antes Beren Europe y posteriormente Alaska Ilimitada. Un informe del pasado mes de febrero de la ONIF concluye que su “operativa financiera resulta incompatible con su cifra de negocio declarada y plenamente coherente con uso instrumental orientado a introducir fondos en España procedentes del extranjero”, según recoge el juez en su auto. Calama añade que esos fondos procedentes del extranjero acabaron en “sociedades vinculadas a la red organizada liderada por José Luis Rodríguez Zapatero y operada por Julio Martínez Martínez”.

Entre 2020 y 2025, Inteligencia Prospectiva movió más de 2,6 millones de euros en sus cuentas bancarias. Se trata, según la ONIF, de una “cifra absolutamente incongruente con su actividad declarada”. De esa cantidad, un porcentaje muy importante fue al entorno de Zapatero. Análisis Relevante obtuvo de Inteligencia Prospectiva 368.258,72 euros. Es la sociedad de Julio Martínez en la que, según los investigadores, Zapatero juega un papel muy superior al que reconoce de trabajos de asesoría. La empresa de marketing de las hijas del expresidente, Whathefav, obtuvo 561.440 euros de la misma empresa. Y Gate Center, con un consejo asesor presidido por Zapatero, cobró 266.200 euros.

Los hermanos Amaro, recoge el juez, “exceden de forma manifiesta las capacidades y funciones propias de un empresario común, incidiendo en asuntos de Estado de primer nivel”. Especialmente en Venezuela. En el teléfono de Julio Martínez aparecieron mensajes como “los chinos listos para comprar barcos” y “listo para viajar a reunirse con la Dama y Ministro de Petróleo”. Los barcos hace alusión al traslado de petróleo y la “Dama” es Delcy Rodríguez, entonces vicepresidenta de Venezuela, a la que atribuyen la “asignación directa” de esos barcos con crudo.

Una “carta de intención”

Los investigadores creen que el expresidente es clave en esta dinámica porque los potenciales compradores deben dirigirse a Zapatero mediante una “carta de intención”, un documento formal en el que una sociedad expresa su interés en realizar una acción futura, establecer un acuerdo o participar en un proyecto. En los registros apareció una de estas cartas envida por China International Cultural Technology Resoruces Group Co Ltd a la “Oficina del presidente Zapatero” el 30 de octubre de 2023.

Inteligencia Prospectiva se creó el 13 de enero de 2020, poco antes de la pandemia de la COVID-19. Tenía por objeto la consultoría de organización y el asesoramiento económico, industrial y comercial. No le fue bien. Los hermanos Amaro Chacón han tenido que inyectar capital repetidas veces para compensar sus resultados negativos. La empresa presenta ingresos nulos o inferiores a 35.000 euros “mientras que su volumen de gastos por servicios exteriores y trabajos realizados por terceros es extraordinariamente elevado”.

Los investigadores se preguntan para qué quería Inteligencia Prospectiva firmar tres contratos de asesoramiento, entre 2020 y 2022, para la realización de informes mensuales sobre tendencias políticas y económicas. “La ausencia de actividad real de Inteligencia Prospectiva evidencia que tales contratos no responden a una prestación efectiva de servicios, sino que constituyen instrumentos de cobertura formal para justificar transferencias económicas previamente decididas”, escribe Calama.

Timoteo Zambrano (Caracas, 1955) opera en los pliegues de una política que muchos consideran extinta: la del pacto discreto y el pragmatismo de largo aliento. Formado en las filas de Acción Democrática (AD) y exvicepresidente de la Internacional Socialista, su trayectoria es un mapa de mudanzas estratégicas que va desde la secretaría general de AD y la militancia en Un Nuevo Tiempo hasta la fundación de su propio partido, Cambiemos. Sus sellos más recientes fueron la arquitectura de la Alianza Democrática y de la llamada “mesa democrática” —instancia de negociación paralela a la oposición tradicional, que los sectores radicales denominan con desprecio “la mesita”—, que gestionó la liberación de presos políticos y mantuvo abiertos canales directos con el chavismo, una suerte de contrapeso silencioso al papel de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

Cuando Hugo Chávez llegó al poder en 1999, Zambrano acababa de ser elegido senador. Tres años después tomó asiento en la Mesa de Negociación y Acuerdos auspiciada por la OEA —la primera instancia internacional de diálogo entre el chavismo y la oposición— y se convirtió en uno de los portavoces más visibles de la Coordinadora Democrática, la primera gran alianza unitaria del antichavismo. Ambas experiencias naufragaron: la Mesa no logró descomprimir un país que había hecho del conflicto político su clima permanente, y la Coordinadora se desmoronó en 2004 tras la derrota opositora en el referéndum revocatorio que ratificó a Chávez en el poder.

Al año siguiente rompió con AD y se incorporó a Un Nuevo Tiempo, el partido socialdemócrata fundado por Manuel Rosales, donde recaló buena parte de la militancia de la AD de los noventa. Diputado al Parlamento Latinoamericano tras las legislativas de 2010, fue también uno de los fundadores y portavoces de la MUD, el segundo gran ensayo unitario del antichavismo.

La muerte de Chávez, el agravamiento de la crisis económica y la victoria opositora en las parlamentarias de 2015 abrieron una nueva fase de tensiones internas. Los partidos de la MUD, ya mayoría en la Asamblea Nacional, endurecieron el tono y desplegaron una estrategia de salida por todas las vías disponibles: la presión constitucional, los llamados a la intervención extranjera y la arquitectura del régimen de sanciones internacionales que terminaría por contraer el PIB venezolano en cerca de un 75%. El chavismo respondió en 2017 con un Tribunal Supremo que anuló las atribuciones del Parlamento, lo que desencadenó meses de protestas y represión y la creación de una Asamblea Nacional Constituyente solo del chavismo. Un año después, la MUD denunció fraude en las presidenciales que otorgaron la reelección a Maduro, y el bloque terminó por disolverse en 2018.

Zambrano se opuso a aquella escalada. Defendió el diálogo con el chavismo como única salida viable y pagó el precio: su relación con el resto de la oposición se fracturó a fondo, y sus posiciones públicas se convirtieron, desde entonces, en materia de controversia casi permanente.

Sus raíces como negociador tras los bastidores son profundas. Un alto funcionario del chavismo, que habló bajo condición de anonimato, lo describió a elDiario.es como “una persona cabal y contemporizadora, moldeada desde joven por el expresidente Carlos Andrés Pérez para la diplomacia informal: aquellas misiones que no podían atenderse desde la cancillería oficial, sino mediante el trabajo silencioso en el continente, el Caribe y los foros de la Internacional Socialista”.

Su figura, sin embargo, despierta ambivalencia. Toda la opinión pública sabe que es amigo del expresidente Rodríguez Zapatero. Ricardo Ríos, de la Dirección Nacional de Avanzada Progresista, reconoce su habilidad para construir acuerdos, pero advierte que esa misma destreza tiene un doble filo: “Es bueno fabricando acuerdos, pero también desacuerdos”. Iris de Franca, dirigente del Movimiento de Mujeres Políticas de Venezuela y exmilitante del partido de Zambrano, va más lejos: señala que Zambrano arrastra un estilo patriarcal y cerrado que choca con las exigencias de renovación, y que le faltan habilidades comunicacionales para el momento que vive el país. Con todo, reconoce que su propio crecimiento político estuvo vinculado al respaldo de Zambrano, quien solía fortalecer y acompañar las trayectorias de sus cuadros más cercanos. “Mantengo un profundo respeto por su figura”, admite. Quienes lo han tratado en la arena política coinciden en que es una persona terca, y que esa tozudez impide en ocasiones avanzar en acuerdos con otros dirigentes.

En lo personal, carga con el estigma de una denuncia de maltrato por parte de una de sus exesposas, un conflicto que los más cercanos reducen a una disputa patrimonial. En lo político, rechaza la cultura del espejismo: sostiene que el cambio no puede ser un atajo para evadir la crisis, sino una construcción cotidiana, y que la democracia solo es viable si las luchas antagónicas dejan de ser existenciales para volverse funcionales.

Su nombramiento como embajador en España no ha estado exento de polémica. Chuo Torrealba, activista social y periodista que lo conoce desde hace más de dos décadas, advierte que la designación entraña “una situación peligrosa”: el gobierno provisional proyecta una imagen de apertura a costo cero mientras ubica a figuras opositoras en cargos cuya función es, precisamente, representarlo. “Para ellos es ganar-ganar”, resume. Aun así, descarta que la distancia física vaya a mermar la capacidad de Zambrano para gestionar casos de presos políticos, dado que sus contactos —incluidos vínculos con sectores del Partido Demócrata estadounidense— trascienden la presencia en Caracas.

Las críticas más duras, no obstante, llegaron el 2 de mayo desde Miami. Juan Pablo Guanipa, íntimo aliado de María Corina Machado y expreso político, elevó el tono contra Enrique Ochoa Antich y el propio Zambrano en un encuentro con la diáspora venezolana recogido por VPItv. Los acusó de “medrar alrededor del poder para obtener prebendas” mientras se presentan como opositores. Cuestionó sus designaciones como embajadores en Alemania y España, y aseguró que el régimen busca “dar la impresión de que ha cambiado” al incorporar a figuras que, según él, solo amplían una fachada. “Son peores, porque son solapados. Y yo no quiero nombrar a nadie porque no me gusta entrar en esas cosas: Ochoa Antich, Timoteo Zambrano. Son dos sinvergüenzas”, sentenció.

De Franca, en cambio, lee el nombramiento en clave de oportunidad histórica. Sostiene que Venezuela requiere de una política exterior capaz de reconectar con el mundo, y que la experiencia de Zambrano como operador internacional es lo que el contexto actual demanda: “Una oportunidad clave que no se había materializado en las últimas décadas”. Entre quienes lo conocen, prevalece la certeza de que Zambrano seguirá siendo lo que siempre ha sido: un hombre de acuerdos, con todo lo que eso implica de virtud y de riesgo.

“Ay, no, muchacha, eso seguro es alguna bombona de gas que explotó”. Esto fue lo primero que pensó Yaritza Pérez la madrugada del 3 de enero, cuando los destellos y el estruendo la sacudieron en su casa frente al Helicoide, un centro de detención con numerosas denuncias de torturas en Caracas. Pero no era un accidente doméstico: comenzaba la operación que secuestró a Nicolás Maduro y dio lugar a la era de Delcy Rodríguez en el poder.

Tras 117 días de gestión, Yaritza —que vivió 17 años en la parroquia 23 de enero, un bastión emblemático del chavismo— no percibe el alivio prometido: “Yo, en realidad, no he visto ningún cambio. Yo veo que todo está igual. Todos estamos a la expectativa, a la espera de qué va a suceder de aquí al primero de mayo. Para mí, la presidenta encargada es como decir un adorno y el que está mandando es el otro señor, Donald Trump. Es un loco, yo no entiendo en qué estaba pensando la gente por allá, porque tú mandas en tu país, no en el de nosotros”, dice a elDiario.es.

Su testimonio toma el pulso a una transición que se debate entre el pragmatismo geopolítico de alto nivel y la precariedad extrema de la calle. Para evaluarla con rigor hay que responder tres preguntas: qué cambió de verdad, qué no se ha movido y qué empeoró.

Lo que ha cambiado

Para el economista Luis Vicente León, director de la firma encuestadora Datanálisis, este período no puede leerse como una gestión aislada, sino como una administración compartida o condicionada por la nueva arquitectura de licencias de Estados Unidos. El éxito político de Rodríguez, sostiene, reside en su rol de bisagra o power broker: ella es quien entiende lo que la Administración Trump exige y logra traducirlo al sistema interno del chavismo sin que se rompa el orden.

El giro pragmático macroeconómico, dice León, no puede negarse. La reforma a la Ley de Hidrocarburos representa un cambio real de modelo hacia la privatización de áreas antes intocables. El diputado Antonio Ecarri, miembro de la opositora fracción Libertad, confirma esa apertura desde dentro: “Delcy es muy respetuosa, escucha y es cordial. Trabajar en construir consenso es un gran logro después de 27 años. La salida de Tarek William Saab, el exfiscal de la República, fue una gran victoria de los sectores aperturistas frente a los inmovilistas”. La Asamblea Nacional incluye ahora 29 diputados de la oposición.

En materia de justicia, la Ley de Amnistía liberó de forma inmediata a 8.616 personas: quienes no entraban en ese supuesto podían recurrir ante la Comisión Especial de Seguimiento, presidida por el diputado Jorge Arreaza, que recibió más de 12.500 solicitudes y aprobó 12.187. Según el Foro Penal, 490 presos políticos quedaron fuera de ambas vías y siguen recluidos.

Lo que no ha cambiado

Ecarri señala que la estética del cambio no ha tocado la estructura: “El Estado hiperpresidencialista petrolero no es viable. Comparas la Constitución española y la venezolana y el presidente aquí tiene todas las atribuciones del rey, las comunidades autónomas y el Parlamento. Eso es como si tras la muerte de Franco, Suárez solo hubiese cambiado la elección del gran caudillo. Aquí hay sectores populares con hambre y una crisis muy difícil; el aumento debe ir para los más vulnerables porque el caos no le sirve a nadie”.

Juan González, activista en defensa de los derechos humanos y ex-preso político (el nombre es ficticio para evitar represalias), apunta en la misma dirección desde el terreno de los derechos civiles: “Los portales web siguen censurados y leyes como la Ley contra el Odio siguen vigentes. La pregunta es si se van a desmontar las dinámicas antidemocráticas o van a continuar. Hay un pequeño cambio en las fuerzas de seguridad, cierta contención, pero la dinámica de la amnistía sigue siendo selectiva”.

Delcy es muy respetuosa, escucha y es cordial [...] La salida de Tarek William Saab, el exfiscal de la República, fue una gran victoria de los sectores aperturistas frente a los inmovilistas

Antonio Ecarri — Diputado de la oposición

González también cuestiona la calidad de las liberaciones que sí se produjeron: “Es importante que se libere a la gente, pero fueron los mismos jueces que aplicaron las penas los que debieron amnistiar. Hay una dinámica no muy clara, no es automática, sino que responde a una decisión donde [los jueces] se pagan y se dan el vuelto; no se entienden las razones para decidir. Hay un sinsabor asociado, porque los procesos de designación de fiscalía y defensor [del pueblo] no cumplieron con los estándares de la Constitución. Algunos de los funcionarios designados eran agentes del Estado en instancias internacionales”.

Para él, además, que Rodríguez haya suspendido la Ley de Amnistía es una transgresión grave: ese instrumento lo aprobó la Asamblea Nacional y no corresponde a la presidenta fijar su vigencia. Al arrogarse esa decisión, la mandataria invade atribuciones que no le pertenecen y deja en evidencia la subordinación de los demás poderes. Yaritza Pérez lo resume con una imagen: “Para que pueda funcionar tiene que haber una limpieza en el Gobierno total, quitar a los mismos que están. Porque ella [la presidenta] ha movido a muchos ministros, pero los ha movido de un ministerio para otro; es la misma gente”. Sin embargo, muchos de los pesos pesados del anterior Gobierno han pasado a puestos de segundo nivel y la retórica política de Rodríguez también ha cambiado notablemente respecto a Maduro.

Lo que ha empeorado

León advierte el escollo más peligroso del período: “Hay una dualidad clara. Por un lado, la apertura petrolera ha inyectado optimismo macro: la gente siente que el país se mueve. Pero, por otro, la mejora no llega al bolsillo al mismo ritmo. Las inversiones son lentas. El ciudadano ve el llamado 'nuevo momento político' en las noticias, pero no en su cuenta bancaria, y eso genera una sensación de fragilidad. Más que deslastrarse de figuras, Rodríguez está vendiendo funcionalidad. Si la economía camina, el discurso cuaja; si se estanca, se percibirá como otra promesa más”.

Marta Torrealba, profesora y periodista, encarna esa desconexión desde dentro. Con una cesta de la compra que supera los 600 dólares, las condiciones de supervivencia en la academia son tan precarias que el pasado 24 de abril las 23 universidades nacionales se sumaron a un paro.

“El pasaje de bus supera el salario mínimo mensual. Hay pasajes que cuestan 140 bolívares, mientras el sueldo mínimo es de 130 bolívares (0,23 euros). Sé de profesores que quedan en deuda con la Universidad Central de Venezuela porque su sueldo es menor a lo que les descuentan por el seguro médico; otros renuncian a este beneficio porque simplemente no pueden pagarlo. El sueldo quincenal de un profesor jubilado puede ser de cuatro bolívares, eso no alcanza ni para comprar un caramelo, porque un caramelo cuesta cinco”, relata.

El agradecimiento a Trump por haberse llevado a Maduro bajó 19 puntos entre enero y marzo [...] Los venezolanos entendían que no se harían ricos de inmediato, pero esperaban un incremento en su calidad de vida que no se ha dado

Marta Torrealba — Profesora y periodista

Torrealba describe un declive que borró los logros de décadas anteriores: “A principios de los 90, los profesionales teníamos ingresos respetables. Yo incluso pude adquirir un inmueble donde vivo y todavía en el año 2000 compré un automóvil. Podías ir de vacaciones tranquilamente y ayudar a tu familia. Ahora, la mayoría de los profesionales lo que hacemos es sobrevivir. No tengo gastos para entretenimiento ni ningún tipo de lujo y tengo dos trabajos, como muchos profesionales y técnicos”.

La rendición de cuentas es otra ausencia que denuncia con indignación: “Nos manejamos con una opacidad total. No sabemos si EEUU realmente puso los recursos en el fondo de fideicomiso por la venta de petróleo, ni cuánto ingresó por la venta del oro. Delcy dijo que ese dinero era para salarios y hospitales, pero cuando llegas a un hospital tienes que llevar hasta los insumos básicos, te piden una lista como de preescolar. El aumento que anuncian para el 1 de mayo va a ser una decepción; los venezolanos sienten que no va a compensar la inflación”.

La figura de Donald Trump, vista al comienzo por algunos como un libertador, también acusa el desgaste. “El agradecimiento a Trump por haberse llevado a Maduro bajó 19 puntos entre enero y marzo, según una encuesta de Meganálisis. Los venezolanos entendían que no se harían ricos de inmediato, pero esperaban un incremento en su calidad de vida que no se ha dado. Al contrario, hay un declive fuerte del ingreso con un dólar que ya ronda los 500 bolívares”, afirma Torrealba. Y añade: “La nueva ministra de Educación Superior le dijo claramente al sector universitario que no había dinero para el aumento salarial. Mientras no se controle el dólar, ningún aumento va a servir. El control tiene que ser del dólar, no de precios; eso ya se ha ensayado y no sirve para nada”.

A la espera del 1 de mayo

Después de 117 días, lo que Rodríguez ha conseguido es algo más sutil que un cambio de gobierno: ha conseguido tiempo. Tiempo para que la apertura petrolera se asiente, tiempo para que Washington cobre lo que vino a cobrar, tiempo para que el malestar de la calle se administre sin estallar. El 1 de mayo, día para el que la presidenta encargada anunció un incremento salarial, será la primera prueba de hasta cuándo se puede pedir paciencia a un país que lleva tres años sin aumento salarial.

“Es la misma gente”, resume Yaritza Pérez. Y Marta Torrealba, en la otra punta de Caracas, sigue haciendo cuentas para saber si esta quincena le alcanzará para un caramelo.

El cantante Carlos Baute se ha disculpado “si alguien se ha sentido ofendido” por sumarse a los cánticos racistas contra Delcy Rodríguez durante su concierto el domingo en la Puerta del Sol. También ha asegurado que no es “una persona racista” porque viene “de una familia venezolana” y creció “dentro del folclore venezolano, tambores”.

El artista ha publicado un vídeo para dar explicaciones en el que afirma que se sumó al cántico dejándose “llevar por la emoción del momento” y “sin medirlo” porque “son muchos años de represión” en Venezuela. “En medios se han generado interpretaciones y están diciendo que soy racista. Por favor, vengo de una familia venezolana, crecí dentro del folclore venezolano, tambores”, ha añadido.

“No soy una persona racista ni creo en el insulto como camino. Un momento puntual no define quién soy. Si alguien se ha sentido ofendido no tengo problema en disculparme”, dice en el vídeo.

El PP de Madrid se ha desvinculado de los gritos y ha afirmado que la Comunidad no tiene “responsabilidad” en los insultos a la presidenta de Venezuela porque se lanzaron “en la plaza por los propios manifestantes venezolanos, no en un acto” del Ejecutivo regional. Poco antes, el líder nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho que no está “a favor de insultar a nadie”. El líder del PP ha ironizado con que “hay personas que insultan y luego les molesta ser insultadas”. Y ha zanjado, titubeante: “No estoy de acuerdo con los que insultan ni con los que son insultados”.

Ante esta situación, la Embajada de Venezuela en España pidió perdón este domingo por los cánticos racistas. “Esta Embajada expresa sus más sinceras disculpas al pueblo de España, que conoce en su propia historia el horror del fascismo y de los crímenes de odio”, expresó la embajadora venezolana, Gladys Gutiérrez, en un comunicado emitido este domingo.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este lunes que no está “a favor de insultar a nadie” después de los cánticos racistas coreados contra la presidenta venezolana, Delcy Rodríguez, durante un acto propagandístico de la dirigente opositora María Corina Machado organizado por Isabel Díaz Ayuso. El cantante del país caribeño Carlos Baute coreó gritos de “¡fuera la mona!”, en referencia a Rodríguez, frente a la sede del Gobierno autonómico de Madrid.

“No estoy a favor de insultar a nadie”, ha dicho Feijóo en declaraciones a los medios justo antes de participar en un acto informativo protagonizado de nuevo por Machado. El líder del PP ha ironizado con que “hay personas que insultan y luego les molesta ser insultadas”. Y ha zanjado, titubeante: “No estoy de acuerdo con los que insultan ni con los que son insultados”.

Feijóo también ha justificado el plante de la política venezolana al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, quien la invitó formalmente a mantener una reunión. Machado prefirió no entrevistarse con el jefe del Ejecutivo, aunque sí lo ha hecho con el propio líder del PP y con Ayuso.

El líder de la oposición ha asegurado que Sánchez “ha compadreado y sigue compadreando con el régimen de [Nicolás] Maduro”, en referencia al expresidente venezolano que fue secuestrado por soldados de EE UU y trasladado de forma ilegal a Nueva York, donde está siendo juzgado por narcotráfico.

La Presidencia de Venezuela está ahora en manos de Delcy Rodríguez, quien ha iniciado conversaciones con EE UU y España para iniciar una transición en el país. Como muestra de su voluntad, ha liberado a cientos de “presos políticos”.

Unos gestos que no son suficientes para Feijóo, quien ha lamentado que España haya pedido a la UE la “suspensión de las sanciones” económicas y de viaje contra el “Gobierno de Delcy”. Algo que es, ha dicho, “incompatible con la democracia y la coherencia”.

El Gobierno de Estados Unidos levantó este miércoles las sanciones que había impuesto a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez.

La Oficina de Control de Activos (OFAC) del Departamento de Tesoro de EEUU sacó a Rodríguez de su lista de individuos sancionados, donde había entrado en septiembre de 2018, bajo el primer mandato de Donald Trump.

La medida es el último paso en el deshielo de las relaciones entre Washington y Caracas, tras la captura por parte de EEUU del ya expresidente Nicolás Maduro, que enfrenta en Nueva York un juicio por narcotráfico.

Fuera de la lista, Rodríguez deja de estar sujeta a las restricciones del Tesoro, que le impedía a cualquier organismo o individuo en EEUU realizar transacciones con ella, al igual que abre la puerta a que se descongele cualquier activo que tenga en el país norteamericano.

Este lunes, Estados Unidos reanudó oficialmente las operaciones de su Embajada en Caracas, después de que la Administración de Trump y el Gobierno venezolano restablecieran oficialmente las relaciones diplomáticas entre ambos países, rotas desde 2019.

Rodríguez, a quien EEUU reconoció a principios de marzo como la presidenta de Venezuela, había entrado en la lista de sancionados como parte de la entonces estrategia de “máxima presión” del Gobierno Trump para forzar la salida de Maduro.

La OFAC la acusó en ese momento de “ayudar a mantener y solidificar” el “autoritarismo” de Maduro.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, destituyó este miércoles a Vladimir Padrino López tras más de una década como ministro de Defensa en el país suramericano, y designó en su lugar al general Gustavo González López, dos meses después de la captura del presidente Nicolás Maduro durante un ataque militar estadounidense en Caracas.

“Agradecemos al G/J Vladimir Padrino López por su lealtad a la patria y por haber sido, durante todos estos años, el primer soldado en la defensa de nuestro país. Seguros estamos de que asumirá con el mismo compromiso y honor las nuevas responsabilidades que le serán encomendadas”, ha expresado Delcy Rodríguez en sus redes sociales.

También ha asegurado que el ahora exministro asumirá “nuevas responsabilidades que le serán encomendadas”, sin dar más detalles. Padrino era el eje militar del régimen chavista, y su continuidad al frente de Defensa garantizaba el control de los principales resortes del Estado y de las Fuerzas Armadas pese a la detención del líder venezolano Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, tras la intervención militar de Estados Unidos. Jefe de la cúpula militar y con una confianza por parte de la élite venezolana que se remonta a los albores del primer gobierno de Hugo Chávez, Padrino jugaba un papel central como puente entre los “años dorados” del chavismo y la incertidumbre de la actual administración.

Padrino López ocupó esta cartera de Estado desde el 24 de octubre de 2014, designado tras una oleada de protestas masivas antigubernamentales que marcaron el inicio del primer período presidencial de Nicolás Maduro.

El nuevo ministro de defensa, Gustavo González López, se desempeña como comandante general de la Guardia de Honor Presidencial desde el 6 de enero, cuando fue designado por Rodríguez. Desde esa misma fecha fue también designado como titular de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM). También ha sido director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) entre 2014 y 2018, y luego entre 2019 y 2024. Entre otros cargos, también fue ministro de Interior y Justicia y comandante general de la Milicia Nacional Bolivariana.

Desde el pasado 5 de enero, cuando fue juramentada como presidenta encargada, Rodríguez ha hecho cambios en el gabinete, entre ellos la designación de Paula Henao como ministra de Hidrocarburos, así como la de Luis Villegas al frente del Ministerio de Industrias y Comercio Nacional en sustitución del empresario de origen colombiano Alex Saab, quien estuvo preso en Estados Unidos y era cercano a Nicolás Maduro.

La mandataria encargada inició un proceso de acercamiento con la Administración de Donald Trump -a quien ha llamado “socio y amigo”- y ha recibido en la capital venezolana a varios altos funcionarios estadounidenses, como los secretarios de Energía e Interior, Chris Wright y Doug Burgum, respectivamente.

El Gobierno de la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, firmó este jueves un acuerdo para “garantizar el suministro de gas” con la empresa española Repsol y con la italiana Eni, según recoge la agencia EFE.

“Me complace mucho que sea de la mano de dos empresas europeas que se quedaron en Venezuela, que creyeron en Venezuela y que no le dieron la espalda a nuestro pueblo”, manifestó la presidenta encargada en una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

En este sentido, agradeció a las empresas por haber permanecido en Venezuela en los “momentos más duros” y resaltó que producto de ese trabajo se firma un acuerdo para la explotación de Cardón IV, uno de los mayores campos de gas de Latinoamérica que “actualmente se cuenta con una producción de 580 millones de pies cúbicos de gas al día”, según indicó en su página la multinacional española.

Según Rodríguez, el acuerdo “garantiza el abastecimiento de gas” en Venezuela para el desarrollo nacional y el consumo doméstico y también permitirá la exportación.

El acuerdo lo firmaron la nueva ministra de Hidrocarburos, Paula Henao, así como autoridades de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) como su presidente, Héctor Obregón, y en representación de Repsol y Eni, Gonzalo Antonio Carrillo Recalde, según dijo VTV.

Repsol “apuesta por ampliar sus inversiones y expandir sus fuerzas productivas con PDVSA en el plan estratégico 2026-2028”, añadió el canal estatal que más temprano informó que en la reunión también participó Francisco Gea Pascual de Riquelme, director general de Exploración y Producción y miembro del Comité Ejecutivo de la empresa española.

En febrero, Repsol informó que se estaba preparando para “restablecer y reanudar” las operaciones diarias en Venezuela tras haber recibido las licencias que le permiten operar en el país, según dijo entonces el consejero delegado de la petroquímica, Josu Jon Imaz.

En este sentido, Imaz señaló que la primera contribución será continuar suministrando gas, necesario para el sistema eléctrico venezolano, y al mismo tiempo incrementar su elaboración.

Respecto a la producción de petróleo, dijo que van a restaurar las actividades normales, que incluye involucrar a su equipo en las operaciones, “invirtiendo en la renovación de las instalaciones de producción, como bombas u otras”.

Imaz participó el pasado 9 de enero en una reunión celebrada en la Casa Blanca con el presidente estadounidense, Donald Trump, varios miembros de su gabinete y representantes de casi una veintena de petroleras.

En esa reunión, Imaz expresó al mandatario de EE.UU. que la empresa española está preparada para “invertir con fuerza en Venezuela” y para multiplicar por tres su producción de crudo en el país suramericano, hasta aproximadamente los 135.000 barriles diarios.

El pasado enero, semanas después del ataque estadounidense en el país, el Parlamento, controlado por el chavismo, aprobó por unanimidad la reforma de la Ley de Hidrocarburos impulsada por Rodríguez para incentivar la inversión extranjera.

Se acaban de cumplir dos meses del ataque de EEUU a Venezuela. Aquel 3 de enero murió un centenar de personas, entre ellos 32 soldados cubanos de la guardia de Nicolás Maduro, quien fue secuestrado por los militares estadounidenses para llevarlo a una cárcel en Nueva York.

Desde entonces, Delcy Rodríguez ocupa la presidencia de Venezuela, un gobienro cada vez más afín a la Casa Blanca. Hasta el punto de que la que fue vicepresidenta de Maduro se intercambia mensajes elogiosos en las redes sociales con el presidente de EEUU, Donald Trump, y uno de los asistentes más ultras del presidente estadounidense, el jefe de Gabinete adjunto Setephen Miller, amplifica la conversación.

“Delcy Rodríguez, presidenta de Venezuela, está haciendo un gran trabajo y colaborando muy bien con los representantes estadounidenses”, ha publicado Donald Trump en Truth Social: “El petróleo está empezando a fluir, y es muy gratificante ver la profesionalidad y la dedicación entre ambos países”.

La presidenta de Venezuela ha respondido así a quien dirigió una invasión a su país hace dos meses y tiene encarcelado a su presidente: “Agradezco al presidente Donald Trump la amable disposición de su gobierno para trabajar conjuntamente en una agenda que fortalezca la cooperación binacional en beneficio de los pueblos de Estados Unidos y Venezuela”.

Durante una comparecencia pública este miércoles en la Casa Blanca, Trump ha insistido en los elogios a Rodríguez “Venezuela ha funcionado muy bien. Tenemos una relación maravillosa con la presidenta y los distintos representantes, y estamos extrayendo cientos de millones de barriles de petróleo, lo que nos beneficia tanto a nosotros como a Venezuela. Les irá mejor que nunca y nosotros obtendremos una gran parte de eso, además de mejorar la vida del pueblo venezolano, que se ha visto muy, muy afectado”.

El intercambio de elogios entre Rodríguez y Trump se produce Caracas, el mismo día en que el secretario de Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, ha visitado las riquezas minerales de Venezuela, informa Efe: “Venezuela es un país sumamente rico, es un país que contiene grandes reservas no solamente de petróleo y gas, sino también de minerales críticos. En este mundo tan enorme somos vecinos geográficos con mucha sinergia”.

Desde el Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo, Burgum confió en que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien estaba a su lado, así como el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, quieren “eliminar los trámites burocráticos para que fluya esta inversión de capital”.

Representantes de “unas dos docenas de empresas estadounidenses, de las más grandes, de las más fuertes, de las mejores del mundo en minerales y minería” lo acompañan en su visita de dos días a Venezuela.

Por su parte Delcy Rodríguez pidió dar celeridad a la reforma de la Ley de Minas -que todavía tiene que presentarse al Parlamento venezolano-, y cuyo objetivo es ampliar el marco legal para desarrollar el sector con inversión nacional y extranjera.

La alta representante para Exteriores de la Unión Europea, Kaja Kallas, ha anunciado este lunes que respalda la posición del Gobierno español para que se levanten las sanciones a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, tras la reunión de los ministros de Exteriores de los 27 que ha tenido lugar en Bruselas.

Kallas ha declarado que va a proponer “levantar las sanciones impuestas a Delcy Rodríguez, quien actualmente ejerce como presidenta interina. Este planteamiento se basa en los recientes avances legislativos, incluidos la aprobación de una amnistía y la liberación de cientos de personas consideradas presos políticos”.

El ministro español de Exteriores, José Manuel Alabares, ya comentó antes de comenzar la reunión con sus homólogos europeos en Bruselas que “hay sintonía” en la UE respecto a este tema. “Todo el mundo comprende que hay que mandar una señal fuerte de que se va en la buena dirección. Las sanciones nunca son un fin en sí mismo, son un medio de presión”.

El pasado 20 de febrero, en una sesión calificada como histórica, los diputados del Gobierno y la oposición democrática de la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó por unanimidad la Ley de Amnistía y Convivencia Democrática. Pese a los malos augurios y el escepticismo general en la sociedad, la comisión sacó adelante la medida como “un intento real de reconciliación”. 

Albares ha recordado que “Nicolás Maduro nunca tuvo sanciones europeas. Es un poco chocante que la actual presidenta mantenga unas sanciones que vienen arrastradas del momento en que era vicepresidenta, porque precisamente para mantener el diálogo, la Unión Europea nunca sanciona ni al presidente ni al ministro de Asuntos Exteriores”.

Proceso europeo por 'hitos'

“Todavía no sabemos si habrá consenso entre los Estados miembros de la Unión Europea para respaldar esa propuesta, porque aún no ha sido formalmente llevada a la mesa de decisiones y requerirá la aprobación unánime de los socios europeos para modificarse el régimen de sanciones”, ha explicado la jefa de la diplomacia europea sobre los próximos pasos a dar para normalizar las relaciones entre la UE y Venezuela.

En este sentido, Kallas ha apuntado que propondrá “entablar una discusión más amplia sobre el enfoque europeo hacia las autoridades venezolanas con el objetivo de establecer criterios claros o 'hitos' acerca de lo que esperamos ver por parte de Venezuela en términos de derechos humanos, estado de derecho y proceso político. Cualquier avance tangible en esos ámbitos pueda ir acompañado de pasos reflejados por nuestra parte”.

La alta representante para Exteriores de la UE ha puntualizado que “se podría articular una relación condicional y progresiva que incentive reformas internas en Venezuela, manteniendo al mismo tiempo el apoyo europeo en función de resultados concretos”.

A Juan Ernesto (nombre ficticio por medidas de seguridad) lo detuvieron en 2024 en una avenida del centro de Caracas, a plena luz del día. Un comando policial con capuchas y armamento tipo SWAT lo interceptó y lo bajó del vehículo a empujones. Le pusieron una capucha en la cabeza; cada vez que intentaba preguntar algo, le gritaban que se callara. Faltaban 72 horas para que Nicolás Maduro asumiera un tercer mandato entre acusaciones generalizadas de fraude y el Gobierno había intensificado las redadas policiales.

Juancho —como lo llaman su familia y amigos— es un reputado activista por los derechos humanos y miembro de la directiva de una ONG con treinta años de trabajo. “Me detuvieron sin orden judicial; pensé que me iban a desaparecer”, dice a elDiario.es. Lo llevaron a una casa clandestina de torturas, lo amarraron a una silla y lo interrogaron durante 24 horas, según cuenta. Le preguntaban con insistencia si tenía relación con María Corina Machado. Después lo trasladaron al Helicoide, donde compartió una celda de 40 metros y dos baños con 14 personas. Su familia recorrió durante días los centros de detención de Caracas: en todos negaban que estuviera allí. Introdujeron un habeas corpus, que fue rechazado. Supieron dónde estaba solo gracias a un mensaje cifrado que otro preso logró enviar oculto en un libro.

Nunca le dejaron designar un abogado privado. El Estado le impuso un defensor público al que vio diez minutos por vía telemática. Así supo que estaba acusado de “legitimación de capitales y asociación para delinquir”: un delito fabricado que, según los activistas, sirve para disfrazar la persecución política. Semanas después lo excarcelaron con medidas cautelares. Hoy tiene prohibido hablar con la prensa y debe presentarse ante un tribunal cada 30 días.

Ahora, la ley de amnistía que se acaba de aprobar le deja un sabor agridulce. Se alegra de que algunos presos políticos vayan a recobrar su libertad, pero su caso no está contemplado en la norma. “Con una ley así, Hugo Chávez jamás habría sido amnistiado luego del fallido golpe de Estado en 1992”, me dice.

Más que entenderse como un instrumento definitivo para el 'perdón y olvido', la amnistía en Venezuela puede interpretarse como una medida pragmática y necesaria, cuyos resultados deberían blindarse con mecanismos adicionales de verdad, justicia y reparación

Mibelis Acevedo — periodista y experta en transiciones políticas

La represión política no llegó con Maduro. Desde que Hugo Chávez asumió la presidencia en 1999 hay presos políticos en Venezuela. José Vicente Rangel, su ministro de Defensa y canciller, acuñó un mantra recordado desde entonces: “En Venezuela no hay presos políticos, sino políticos presos”. Al invertir las palabras, el chavismo despojó al disidente de su motivación política y lo revistió con el traje a rayas del criminal común.

Bajo Chávez, la cárcel fue un bisturí de precisión: castigos ejemplarizantes para figuras específicas que enviaban un mensaje al resto. Con Maduro, la represión se convirtió en maquinaria industrial. Ya no solo caían los generales o los jueces, sino cualquier estudiante que gritara en una esquina o la tuitera que cuestionaba el hambre. Se crearon centros especiales como 'La Tumba', un laboratorio de cinco pisos bajo el asfalto de Caracas: siete celdas de dos por tres metros, paredes de un blanco quirúrgico, luces fluorescentes que jamás se apagan. El preso pierde la noción del día y la noche. Es la arquitectura de la deshumanización: un lugar diseñado para que la mente se rinda.

Varias ONG como Provea, Foro Penal y Espacio Público denunciaron el perverso fenómeno de la “puerta giratoria”: el Gobierno liberaba a un grupo de presos antes de una cumbre internacional, pero apenas se apagaban las cámaras, encarcelaba a otros dos. La libertad ciudadana se convirtió en moneda de cambio, un activo del mercado de la negociación política.

Lo que dice y lo que oculta la ley

El 19 de febrero de 2026, la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad la Ley de amnistía para la convivencia democrática. Delcy Rodríguez la promulgó esa misma noche. El contexto es decisivo: tras el secuestro de Maduro por fuerzas especiales estadounidenses el 3 de enero, el Gobierno encargado de Rodríguez inició un proceso de liberaciones que, según Foro Penal, alcanzó a 448 personas antes de la aprobación.

El texto tiene 16 artículos. El ámbito temporal va de 1999 a la fecha, pero la amplitud es engañosa: el artículo 8 restringe la amnistía a 13 episodios concretos (golpe de 2002, paro petrolero, protestas de 2004, 2007, 2009, 2013, 2014, 2017, hechos de 2019, elecciones de 2024 y 2025). Gonzalo Himiob, vicepresidente de Foro Penal, calculó que, de 27 años formales, más de 14 quedan fuera, y de los meses restantes apenas unos 20 están cubiertos.

Se excluyen los delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, homicidio intencional, narcotráfico, corrupción y la participación en “acciones armadas o de fuerza” con intervención extranjera. Esta última cláusula apunta directamente a Machado, Edmundo González y Leopoldo López. La propia Rodríguez ha advertido que Machado deberá “rendir cuentas” cuando pise Caracas.

Foro Penal estima que 2.742 personas podrían beneficiarse de forma inmediata. Pero quedan fuera unos 180 militares procesados por rebelión, las personas detenidas en períodos no contemplados y todos aquellos cuya persecución política se disfrazó de delito común, como en el caso de Juan Ernesto. La norma tampoco contempla la devolución de bienes incautados, la rehabilitación de los inhabilitados ni la reapertura de medios clausurados.

Lo que dicen las organizaciones de derechos humanos

Las principales ONG venezolanas coinciden en varios puntos críticos. Foro Penal, la más pragmática, trabaja con el instrumento disponible: ya entregó a la comisión parlamentaria una lista de 232 casos excluidos. Pero su director, Alfredo Romero, advirtió que “el monstruo todavía está ahí y puede morder” y que la amnistía no era requisito para liberar a personas detenidas de forma arbitraria.

Cofavic, fundada tras el conocido Caracazo, es más crítica. “La reconciliación no puede basarse en la impunidad”. Denuncia que la ley no prevé justicia transicional, ni Comisión de la Verdad, ni reparación. Lo más grave: el artículo 14 ordena la eliminación de registros y antecedentes, lo que podría “enterrar la evidencia de los crímenes cometidos contra los amnistiados” y destruir la memoria histórica. Cofavic ha acuñado un concepto para definir este riesgo: “impunidad por absorción”. El Estado, al perdonar al ciudadano por su disidencia, se perdona a sí mismo por la violencia con que la reprimió.

Provea denuncia que la ley califica como “hechos violentos” lo que fueron protestas legítimas y que sin desmontar el aparato represivo no habrá estabilidad democrática. JEP (Justicia, Encuentro y Perdón) la califica de “revictimizante y excluyente”. Rafael Uzcátegui, del Laboratorio de Paz, señala su “falla de origen”: está promovida por el mismo Gobierno responsable de las violaciones. Los expertos de la ONU han pedido que se aplique a todas las víctimas de enjuiciamiento ilegal y que se excluya a los responsables de violaciones graves, incluidos los agentes del Estado.

Un puente de plata con muchos vacíos

“Más que entenderse como un instrumento definitivo para el 'perdón y olvido', la amnistía en Venezuela puede interpretarse como una medida pragmática y necesaria, cuyos resultados deberían blindarse con mecanismos adicionales de verdad, justicia y reparación”, explica a elDiario.es la periodista y experta en transiciones políticas, Mibelis Acevedo. Las leyes de amnistía, señala, también son el “puente de plata” que puede facilitar el paso del autoritarismo a la democracia, un incentivo para que sectores del régimen colaboren con el cambio. Pero advierte que esta ley, en su forma actual, entra en la categoría de las gestionadas por Gobiernos no democráticos, como las autoamnistías de Chile y Uruguay en los años 70 y 80.

La ley de amnistía es un hecho relevante, sostiene, es la primera vez que un Gobierno venezolano reconoce la existencia de presos políticos en sentido amplio. Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, pidió perdón a los venezolanos por los crímenes del Estado desde la llegada de Chávez al poder. Ese gesto, inédito en la era bolivariana, no debe subestimarse. Pero no es una ley de justicia transicional: no hay verdad, no hay reparación, no hay garantías de no repetición. Libera a las víctimas de la persecución, pero puede borrar las pruebas de esa persecución. Perdona la disidencia, pero no investiga la represión.

Juan Ernesto, mientras tanto, sigue presentándose cada treinta días ante un tribunal. Tiene prohibido hablar con la prensa. La ley que el Gobierno presenta como acto de reconciliación no cubre su caso. Él, que defendió a decenas de personas, que fue torturado y acusado de un delito fabricado, sigue con un pie dentro del sistema penal. Sin embargo, tiene la oportunidad de solicitar que su caso sea revisado por la comisión de seguimiento de la ley y ser libre completamente. El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, anunció este sábado que el Gobierno tiene previsto atender las solicitudes para que “más de 11.000 personas puedan disfrutar de libertad plena”, ya que tienen medidas sustitutivas de libertad, como prohibición de salida del país y régimen de presentación ante tribunales. A pesar de las falencias, Juan Ernesto reconoce que la ley es un “paso pequeñito” hacia una transición y puede impulsar más cambios para recuperar la democracia.

En una sesión histórica, los diputados del Gobierno y la oposición democrática de la Asamblea Nacional de Venezuela han aprobado por unanimidad los 16 artículos de la Ley de Amnistía y Convivencia Democrática. Pese a los malos augurios y el escepticismo general en la sociedad, la comisión de los 19 diputados logró armar un articulado por consenso que se presentó a la plenaria de los 285 diputados para su segunda discusión. La sesión comenzó con dos horas de retraso y duró, exactamente, 99 minutos. 

En el documento se establece que el instrumento tiene por finalidad “conceder una amnistía general y plena” a las personas “procesadas o condenadas por la presunta o comprobada comisión de delitos políticos o conexos, desde el primero de enero de 1999 hasta el 30 de enero de 2026”. “Lamento que hayan ocurrido todos esos hechos para que lleguemos a entendernos; pero de esos dolores también se aprende. Estamos en un nuevo momento”, ha señalado Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, al finalizar la sesión.

El texto establece “salvaguardas claras sobre los delitos que serán excluidos del instrumento legal, a saber: las violaciones graves de los derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra, el homicidio intencional, la corrupción y el tráfico de drogas”.

Lamento que hayan ocurrido todos esos hechos para que lleguemos a entendernos; pero de esos dolores también se aprende. Estamos en un nuevo momento

Jorge Rodríguez — Presidente de la Asamblea Nacional

Además, en medio del debate, Rodríguez dejó colar un anuncio que era petición de las ONG. Aunque no satisface por completo la demanda, dijo que la Ley contra el Odio, que sanciona hasta mensajes publicados en redes sociales será reformada, pues admitió que, en algunos casos, no había sido usada “de forma adecuada”.

El documento incluye los episodios de violencia por motivos políticos ocurridos durante el Golpe de Estado del 11 de abril de 2002 —incluidos los asaltos y ataques contra gobernaciones, alcaldías e instalaciones públicas y privadas—; los hechos de violencia por motivos políticos en el marco del paro y sabotaje empresarial y petrolero de diciembre de 2002 a febrero de 2003; los de febrero, marzo y agosto de 2004; mayo de 2007; tras las elecciones presidenciales de 2013; en febrero y junio de 2014; de marzo y agosto de 2017; en enero y abril de 2019 —autoproclamación de Juan Guaidó— y en las elecciones presidenciales de julio de 2024.

Antes de ser aprobada, el Gobierno venezolano informó que entre noviembre de 2025 e inicios del presente mes han sido excarceladas 896 personas, detenidas por presuntamente haber cometido delitos relacionados con la violencia política o tras haber sido halladas culpables de tales acciones. De acuerdo con la ONG Foro Penal, sin embargo, quedan 644 presos políticos en el país, tras más de 406 excarcelaciones en medio de un proceso iniciado el pasado 8 de enero por el Gobierno encargado.

Este mismo viernes de madrugada, el opositor Juan Pablo Guanipa, colaborador de la líder opositora María Corina Machado, ha sido puesto en libertad de forma definitiva, tal y como ha anunciado él mismo en X. “Quiero confirmar que ya estoy en libertad plena”, ha escrito Guanipa, quien había sido excarcelado hace casi dos semanas y detenido de nuevo, después de encabezar una manifestación por la libertad de los presos políticos.

Sin embargo, Guanipa ha denuncia que la ley aprobada unas horas antes “no es ninguna amnistía”, sino un documento que pretende “chantajear a muchos venezolanos inocentes” y que excluye a “varios hermanos que siguen injustamente tras las rejas”.

“La liberación de presos políticos no es ningún acto de clemencia. Ninguno de ellos debió estar preso. La dictadura los secuestró tratando de quebrar el espíritu del pueblo venezolano, pero no pudieron”, ha afirmado en un comunicado publicado en X. Por ello, ha dicho que la reconciliación entre venezolanos tiene que hacerse “con la verdad por delante”.

Un punto de clave para los opositores es la creación de un mecanismo para hacerle seguimiento a los casos especiales y al funcionamiento del articulado aprobado por la Asamblea. En la disposición final se establece la creación de una comisión integrada por 23 diputados.

El presidente de la Asamblea Nacional designó una comisión de parlamentarios para entregarle la recién sancionada ley a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y que sea publicada en Gaceta Oficial y entre en vigor.

Con la aprobación de la ley, la Policía, los cuerpos de investigación y los militares “darán por finalizadas las averiguaciones y procedimientos relativos a los hechos” referidos. Igualmente, los archivos sobre los procesos abiertos a las personas amnistiadas deberán ser eliminados.

¿Por qué ahora?

Aunque muchas personas creen ciegamente que detrás del impulso de la amnistía está el Gobierno de Donald Trump, diversas fuentes de la Comisión de Consulta de la Ley, tanto chavistas como opositores, aseguraron que la iniciativa provino del chavismo. ¿Por qué? “Necesitan acuerdos con la oposición democrática porque la soberanía del país está comprometida”, dijo uno.

Tanto es así que un alto funcionario del Gobierno afirmó tajante: “Es un intento real de reconciliación después del horror del 3 de enero”.

Para el politólogo y profesor universitario Ricardo Sucre, la aprobación la Ley de Amnistía representa mucho más que un trámite legislativo: simboliza el cierre de una etapa marcada por la violencia política y una confrontación que no logró mejorar la calidad de vida de la población. Venezuela ha consumido dos décadas en un conflicto “intratable”, caracterizado por la hiperinflación, la migración masiva y la represión. “El ciudadano espera con ansia el fin de este antagonismo para definir un marco de convivencia que permita el funcionamiento de las instituciones y alivie el clima de miedo”, afirmó.

El gobierno reconoce sus limitaciones, obligando a los sectores de la oposición que permanecen en el país a adoptar una postura más pragmática frente al conflicto

Ricardo Sucre — Politólogo y profesor universitario

Enfatizó que el bombardeo norteamericano del pasado 3 de enero marcó un punto de inflexión. A su juicio, la oposición de derecha que representa y acompaña a María Corina Machado siempre buscó que el chavismo terminara en “capitulación” o un proceso similar a los Juicios de Núremberg. En cambio, los actores políticos actuales parecen haber tomado conciencia de la necesidad de coexistir.

Este cambio de posición alcanzaría incluso a la cúpula del chavismo. Sucre sostiene que el oficialismo ha reflexionado tras incidentes que percibieron como amenazas directas a su seguridad personal. Dijo que las declaraciones de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, sobre las liberaciones, y su hermano y presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien ha llegado a mencionar el concepto de “garantías para los perdedores”, sugieren una aceptación de la realidad política actual. El escenario tras el 3 de enero deja claro que el Gobierno reconoce sus limitaciones, obligando a los sectores de la oposición que permanecen en el país a adoptar una postura más pragmática frente al conflicto, sentenció.

La ley se basa en valores como el respeto a la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social, los derechos humanos, la ética y el pluralismo político, que integran el “Estado democrático y social de derecho y de justicia”.

España pide retirar las sanciones a Delcy

Tras la declaración de amnistía, el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha anunciado este viernes que España solicitará formalmente a la Unión Europea que retire las sanciones contra Delcy Rodríguez, según informa EFE.

“Las sanciones nunca son un fin, son un medio para alcanzar fines, para que se produzca este diálogo amplio, pacífico y democrático en Venezuela. Si se están dando pasos hacia ello, la Unión Europea también tiene que darlos. Al mismo tiempo, quiero recordar que Nicolás Maduro no tenía sanciones de la Unión Europea”, ha asegurado Albares en declaraciones a la prensa en Barcelona.

“Es una buena señal que se haya aprobado por unanimidad, con todos los votos, también los de la oposición, ha subrayado el ministro. ”Y nosotros animamos a Delcy Rodríguez a seguir dando pasos en esa dirección, para que se creen las condiciones para que las personas que están fuera de Venezuela, aquellos que quieran, puedan regresar“, ha agregado.

El Parlamento de Venezuela, controlado por el chavismo, ha aprobado este jueves diferir para la próxima semana el segundo y último debate necesario para la aprobación de ley de amnistía para los casos de los presos políticos desde 1999, al haber diferencias por un artículo que exigía a los procesados y condenados presentarse ante la Justicia.

En la sesión celebrada este jueves, la Asamblea Nacional ha aprobado hasta el artículo sexto la titulada Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática. La discusión se ha atascado en el séptimo punto, cuyo borrador señala que la amnistía es para todas aquellas personas que se encuentren o puedan “ser procesada o condenada por su presunta o comprobada participación en delitos o faltas cometidos”, siempre que “esté a derecho o se ponga a derecho luego de la entrada en vigencia” de la normativa.

El diputado opositor Luis Florido, de la fracción Libertad, ha indicado que había que modificar el artículo debido a que, a su juicio, la solicitud de presentación ante la Justicia implica ya un señalamiento como culpable a las personas que estén judicializadas. El chavismo, en cambio, ha argumentado que la Constitución establece que las personas deben estar presentes en un proceso penal.

El diputado chavista Jorge Arreaza, líder de la comisión encargada de la ley, ha propuesto diferir “la discusión del resto de los artículos para evitar caer en debates innecesarios” y “mantener el clima necesario de conciliación”. Asimismo, espera que se pueda aprobar la norma en la próxima sesión.

La vicepresidenta de la comisión, la opositora Nora Bracho, ha planteado también el aplazamiento con el objetivo de “seguir debatiendo y discutiendo este artículo (séptimo)”.

Entre lo aprobado durante la sesión de este jueves, la futura ley concede “una amnistía general y plena de los delitos o faltas cometidos y acaecidos en el marco de los hechos y el ámbito temporal” establecidos en el texto, con el fin de “promover la paz social y la convivencia democrática”.

La propuesta de ley fue presentada el pasado 30 de enero por la presidenta encargada en medio de un proceso gradual de excarcelación de presos políticos que comenzó el día 8, casi una semana después de la captura de Maduro y de su esposa.

Según la ONG Foro Penal, al menos 383 presos políticos han sido excarcelados desde el 8 de enero, cuando el presidente del Parlamento anunció la liberación de un “número importante” de personas.

La legislación venezolana establece que un proyecto de ley debe pasar por una primera discusión para la exposición de motivos y evaluación de “objetivos, alcance y viabilidad”, y luego, tras una fase de consultas, ser estudiada artículo por artículo en un segundo y último debate para finalmente ser aprobada.