La investigación de la Audiencia Nacional se fija en la sociedad de dos hermanos venezolanos como el “vehículo” que habría tenido José Luis Rodríguez Zapatero para cobrar de forma encubierta por sus gestiones en grandes operaciones comerciales que implicarían a Venezuela y China. Se trata de Inteligencia Prospectiva SL, cuya sede fue uno de los objetivos de los agentes de la UDEF en sus registros de este martes. La Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) considera que la sociedad es “carente de actividad real” y, sin embargo, regó a las empresas del entorno de Zapatero con elevados pagos.

Los hermanos venezolanos Domingo Arnaldo Amaro Chacón y Guillermo Alfredo Amaro Chacón son administradores solidarios de Inteligencia Prospectiva, antes Beren Europe y posteriormente Alaska Ilimitada. Un informe del pasado mes de febrero de la ONIF concluye que su “operativa financiera resulta incompatible con su cifra de negocio declarada y plenamente coherente con uso instrumental orientado a introducir fondos en España procedentes del extranjero”, según recoge el juez en su auto. Calama añade que esos fondos procedentes del extranjero acabaron en “sociedades vinculadas a la red organizada liderada por José Luis Rodríguez Zapatero y operada por Julio Martínez Martínez”.

Entre 2020 y 2025, Inteligencia Prospectiva movió más de 2,6 millones de euros en sus cuentas bancarias. Se trata, según la ONIF, de una “cifra absolutamente incongruente con su actividad declarada”. De esa cantidad, un porcentaje muy importante fue al entorno de Zapatero. Análisis Relevante obtuvo de Inteligencia Prospectiva 368.258,72 euros. Es la sociedad de Julio Martínez en la que, según los investigadores, Zapatero juega un papel muy superior al que reconoce de trabajos de asesoría. La empresa de marketing de las hijas del expresidente, Whathefav, obtuvo 561.440 euros de la misma empresa. Y Gate Center, con un consejo asesor presidido por Zapatero, cobró 266.200 euros.

Los hermanos Amaro, recoge el juez, “exceden de forma manifiesta las capacidades y funciones propias de un empresario común, incidiendo en asuntos de Estado de primer nivel”. Especialmente en Venezuela. En el teléfono de Julio Martínez aparecieron mensajes como “los chinos listos para comprar barcos” y “listo para viajar a reunirse con la Dama y Ministro de Petróleo”. Los barcos hace alusión al traslado de petróleo y la “Dama” es Delcy Rodríguez, entonces vicepresidenta de Venezuela, a la que atribuyen la “asignación directa” de esos barcos con crudo.

Una “carta de intención”

Los investigadores creen que el expresidente es clave en esta dinámica porque los potenciales compradores deben dirigirse a Zapatero mediante una “carta de intención”, un documento formal en el que una sociedad expresa su interés en realizar una acción futura, establecer un acuerdo o participar en un proyecto. En los registros apareció una de estas cartas envida por China International Cultural Technology Resoruces Group Co Ltd a la “Oficina del presidente Zapatero” el 30 de octubre de 2023.

Inteligencia Prospectiva se creó el 13 de enero de 2020, poco antes de la pandemia de la COVID-19. Tenía por objeto la consultoría de organización y el asesoramiento económico, industrial y comercial. No le fue bien. Los hermanos Amaro Chacón han tenido que inyectar capital repetidas veces para compensar sus resultados negativos. La empresa presenta ingresos nulos o inferiores a 35.000 euros “mientras que su volumen de gastos por servicios exteriores y trabajos realizados por terceros es extraordinariamente elevado”.

Los investigadores se preguntan para qué quería Inteligencia Prospectiva firmar tres contratos de asesoramiento, entre 2020 y 2022, para la realización de informes mensuales sobre tendencias políticas y económicas. “La ausencia de actividad real de Inteligencia Prospectiva evidencia que tales contratos no responden a una prestación efectiva de servicios, sino que constituyen instrumentos de cobertura formal para justificar transferencias económicas previamente decididas”, escribe Calama.

Timoteo Zambrano (Caracas, 1955) opera en los pliegues de una política que muchos consideran extinta: la del pacto discreto y el pragmatismo de largo aliento. Formado en las filas de Acción Democrática (AD) y exvicepresidente de la Internacional Socialista, su trayectoria es un mapa de mudanzas estratégicas que va desde la secretaría general de AD y la militancia en Un Nuevo Tiempo hasta la fundación de su propio partido, Cambiemos. Sus sellos más recientes fueron la arquitectura de la Alianza Democrática y de la llamada “mesa democrática” —instancia de negociación paralela a la oposición tradicional, que los sectores radicales denominan con desprecio “la mesita”—, que gestionó la liberación de presos políticos y mantuvo abiertos canales directos con el chavismo, una suerte de contrapeso silencioso al papel de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

Cuando Hugo Chávez llegó al poder en 1999, Zambrano acababa de ser elegido senador. Tres años después tomó asiento en la Mesa de Negociación y Acuerdos auspiciada por la OEA —la primera instancia internacional de diálogo entre el chavismo y la oposición— y se convirtió en uno de los portavoces más visibles de la Coordinadora Democrática, la primera gran alianza unitaria del antichavismo. Ambas experiencias naufragaron: la Mesa no logró descomprimir un país que había hecho del conflicto político su clima permanente, y la Coordinadora se desmoronó en 2004 tras la derrota opositora en el referéndum revocatorio que ratificó a Chávez en el poder.

Al año siguiente rompió con AD y se incorporó a Un Nuevo Tiempo, el partido socialdemócrata fundado por Manuel Rosales, donde recaló buena parte de la militancia de la AD de los noventa. Diputado al Parlamento Latinoamericano tras las legislativas de 2010, fue también uno de los fundadores y portavoces de la MUD, el segundo gran ensayo unitario del antichavismo.

La muerte de Chávez, el agravamiento de la crisis económica y la victoria opositora en las parlamentarias de 2015 abrieron una nueva fase de tensiones internas. Los partidos de la MUD, ya mayoría en la Asamblea Nacional, endurecieron el tono y desplegaron una estrategia de salida por todas las vías disponibles: la presión constitucional, los llamados a la intervención extranjera y la arquitectura del régimen de sanciones internacionales que terminaría por contraer el PIB venezolano en cerca de un 75%. El chavismo respondió en 2017 con un Tribunal Supremo que anuló las atribuciones del Parlamento, lo que desencadenó meses de protestas y represión y la creación de una Asamblea Nacional Constituyente solo del chavismo. Un año después, la MUD denunció fraude en las presidenciales que otorgaron la reelección a Maduro, y el bloque terminó por disolverse en 2018.

Zambrano se opuso a aquella escalada. Defendió el diálogo con el chavismo como única salida viable y pagó el precio: su relación con el resto de la oposición se fracturó a fondo, y sus posiciones públicas se convirtieron, desde entonces, en materia de controversia casi permanente.

Sus raíces como negociador tras los bastidores son profundas. Un alto funcionario del chavismo, que habló bajo condición de anonimato, lo describió a elDiario.es como “una persona cabal y contemporizadora, moldeada desde joven por el expresidente Carlos Andrés Pérez para la diplomacia informal: aquellas misiones que no podían atenderse desde la cancillería oficial, sino mediante el trabajo silencioso en el continente, el Caribe y los foros de la Internacional Socialista”.

Su figura, sin embargo, despierta ambivalencia. Toda la opinión pública sabe que es amigo del expresidente Rodríguez Zapatero. Ricardo Ríos, de la Dirección Nacional de Avanzada Progresista, reconoce su habilidad para construir acuerdos, pero advierte que esa misma destreza tiene un doble filo: “Es bueno fabricando acuerdos, pero también desacuerdos”. Iris de Franca, dirigente del Movimiento de Mujeres Políticas de Venezuela y exmilitante del partido de Zambrano, va más lejos: señala que Zambrano arrastra un estilo patriarcal y cerrado que choca con las exigencias de renovación, y que le faltan habilidades comunicacionales para el momento que vive el país. Con todo, reconoce que su propio crecimiento político estuvo vinculado al respaldo de Zambrano, quien solía fortalecer y acompañar las trayectorias de sus cuadros más cercanos. “Mantengo un profundo respeto por su figura”, admite. Quienes lo han tratado en la arena política coinciden en que es una persona terca, y que esa tozudez impide en ocasiones avanzar en acuerdos con otros dirigentes.

En lo personal, carga con el estigma de una denuncia de maltrato por parte de una de sus exesposas, un conflicto que los más cercanos reducen a una disputa patrimonial. En lo político, rechaza la cultura del espejismo: sostiene que el cambio no puede ser un atajo para evadir la crisis, sino una construcción cotidiana, y que la democracia solo es viable si las luchas antagónicas dejan de ser existenciales para volverse funcionales.

Su nombramiento como embajador en España no ha estado exento de polémica. Chuo Torrealba, activista social y periodista que lo conoce desde hace más de dos décadas, advierte que la designación entraña “una situación peligrosa”: el gobierno provisional proyecta una imagen de apertura a costo cero mientras ubica a figuras opositoras en cargos cuya función es, precisamente, representarlo. “Para ellos es ganar-ganar”, resume. Aun así, descarta que la distancia física vaya a mermar la capacidad de Zambrano para gestionar casos de presos políticos, dado que sus contactos —incluidos vínculos con sectores del Partido Demócrata estadounidense— trascienden la presencia en Caracas.

Las críticas más duras, no obstante, llegaron el 2 de mayo desde Miami. Juan Pablo Guanipa, íntimo aliado de María Corina Machado y expreso político, elevó el tono contra Enrique Ochoa Antich y el propio Zambrano en un encuentro con la diáspora venezolana recogido por VPItv. Los acusó de “medrar alrededor del poder para obtener prebendas” mientras se presentan como opositores. Cuestionó sus designaciones como embajadores en Alemania y España, y aseguró que el régimen busca “dar la impresión de que ha cambiado” al incorporar a figuras que, según él, solo amplían una fachada. “Son peores, porque son solapados. Y yo no quiero nombrar a nadie porque no me gusta entrar en esas cosas: Ochoa Antich, Timoteo Zambrano. Son dos sinvergüenzas”, sentenció.

De Franca, en cambio, lee el nombramiento en clave de oportunidad histórica. Sostiene que Venezuela requiere de una política exterior capaz de reconectar con el mundo, y que la experiencia de Zambrano como operador internacional es lo que el contexto actual demanda: “Una oportunidad clave que no se había materializado en las últimas décadas”. Entre quienes lo conocen, prevalece la certeza de que Zambrano seguirá siendo lo que siempre ha sido: un hombre de acuerdos, con todo lo que eso implica de virtud y de riesgo.

“Ay, no, muchacha, eso seguro es alguna bombona de gas que explotó”. Esto fue lo primero que pensó Yaritza Pérez la madrugada del 3 de enero, cuando los destellos y el estruendo la sacudieron en su casa frente al Helicoide, un centro de detención con numerosas denuncias de torturas en Caracas. Pero no era un accidente doméstico: comenzaba la operación que secuestró a Nicolás Maduro y dio lugar a la era de Delcy Rodríguez en el poder.

Tras 117 días de gestión, Yaritza —que vivió 17 años en la parroquia 23 de enero, un bastión emblemático del chavismo— no percibe el alivio prometido: “Yo, en realidad, no he visto ningún cambio. Yo veo que todo está igual. Todos estamos a la expectativa, a la espera de qué va a suceder de aquí al primero de mayo. Para mí, la presidenta encargada es como decir un adorno y el que está mandando es el otro señor, Donald Trump. Es un loco, yo no entiendo en qué estaba pensando la gente por allá, porque tú mandas en tu país, no en el de nosotros”, dice a elDiario.es.

Su testimonio toma el pulso a una transición que se debate entre el pragmatismo geopolítico de alto nivel y la precariedad extrema de la calle. Para evaluarla con rigor hay que responder tres preguntas: qué cambió de verdad, qué no se ha movido y qué empeoró.

Lo que ha cambiado

Para el economista Luis Vicente León, director de la firma encuestadora Datanálisis, este período no puede leerse como una gestión aislada, sino como una administración compartida o condicionada por la nueva arquitectura de licencias de Estados Unidos. El éxito político de Rodríguez, sostiene, reside en su rol de bisagra o power broker: ella es quien entiende lo que la Administración Trump exige y logra traducirlo al sistema interno del chavismo sin que se rompa el orden.

El giro pragmático macroeconómico, dice León, no puede negarse. La reforma a la Ley de Hidrocarburos representa un cambio real de modelo hacia la privatización de áreas antes intocables. El diputado Antonio Ecarri, miembro de la opositora fracción Libertad, confirma esa apertura desde dentro: “Delcy es muy respetuosa, escucha y es cordial. Trabajar en construir consenso es un gran logro después de 27 años. La salida de Tarek William Saab, el exfiscal de la República, fue una gran victoria de los sectores aperturistas frente a los inmovilistas”. La Asamblea Nacional incluye ahora 29 diputados de la oposición.

En materia de justicia, la Ley de Amnistía liberó de forma inmediata a 8.616 personas: quienes no entraban en ese supuesto podían recurrir ante la Comisión Especial de Seguimiento, presidida por el diputado Jorge Arreaza, que recibió más de 12.500 solicitudes y aprobó 12.187. Según el Foro Penal, 490 presos políticos quedaron fuera de ambas vías y siguen recluidos.

Lo que no ha cambiado

Ecarri señala que la estética del cambio no ha tocado la estructura: “El Estado hiperpresidencialista petrolero no es viable. Comparas la Constitución española y la venezolana y el presidente aquí tiene todas las atribuciones del rey, las comunidades autónomas y el Parlamento. Eso es como si tras la muerte de Franco, Suárez solo hubiese cambiado la elección del gran caudillo. Aquí hay sectores populares con hambre y una crisis muy difícil; el aumento debe ir para los más vulnerables porque el caos no le sirve a nadie”.

Juan González, activista en defensa de los derechos humanos y ex-preso político (el nombre es ficticio para evitar represalias), apunta en la misma dirección desde el terreno de los derechos civiles: “Los portales web siguen censurados y leyes como la Ley contra el Odio siguen vigentes. La pregunta es si se van a desmontar las dinámicas antidemocráticas o van a continuar. Hay un pequeño cambio en las fuerzas de seguridad, cierta contención, pero la dinámica de la amnistía sigue siendo selectiva”.

Delcy es muy respetuosa, escucha y es cordial [...] La salida de Tarek William Saab, el exfiscal de la República, fue una gran victoria de los sectores aperturistas frente a los inmovilistas

Antonio Ecarri — Diputado de la oposición

González también cuestiona la calidad de las liberaciones que sí se produjeron: “Es importante que se libere a la gente, pero fueron los mismos jueces que aplicaron las penas los que debieron amnistiar. Hay una dinámica no muy clara, no es automática, sino que responde a una decisión donde [los jueces] se pagan y se dan el vuelto; no se entienden las razones para decidir. Hay un sinsabor asociado, porque los procesos de designación de fiscalía y defensor [del pueblo] no cumplieron con los estándares de la Constitución. Algunos de los funcionarios designados eran agentes del Estado en instancias internacionales”.

Para él, además, que Rodríguez haya suspendido la Ley de Amnistía es una transgresión grave: ese instrumento lo aprobó la Asamblea Nacional y no corresponde a la presidenta fijar su vigencia. Al arrogarse esa decisión, la mandataria invade atribuciones que no le pertenecen y deja en evidencia la subordinación de los demás poderes. Yaritza Pérez lo resume con una imagen: “Para que pueda funcionar tiene que haber una limpieza en el Gobierno total, quitar a los mismos que están. Porque ella [la presidenta] ha movido a muchos ministros, pero los ha movido de un ministerio para otro; es la misma gente”. Sin embargo, muchos de los pesos pesados del anterior Gobierno han pasado a puestos de segundo nivel y la retórica política de Rodríguez también ha cambiado notablemente respecto a Maduro.

Lo que ha empeorado

León advierte el escollo más peligroso del período: “Hay una dualidad clara. Por un lado, la apertura petrolera ha inyectado optimismo macro: la gente siente que el país se mueve. Pero, por otro, la mejora no llega al bolsillo al mismo ritmo. Las inversiones son lentas. El ciudadano ve el llamado 'nuevo momento político' en las noticias, pero no en su cuenta bancaria, y eso genera una sensación de fragilidad. Más que deslastrarse de figuras, Rodríguez está vendiendo funcionalidad. Si la economía camina, el discurso cuaja; si se estanca, se percibirá como otra promesa más”.

Marta Torrealba, profesora y periodista, encarna esa desconexión desde dentro. Con una cesta de la compra que supera los 600 dólares, las condiciones de supervivencia en la academia son tan precarias que el pasado 24 de abril las 23 universidades nacionales se sumaron a un paro.

“El pasaje de bus supera el salario mínimo mensual. Hay pasajes que cuestan 140 bolívares, mientras el sueldo mínimo es de 130 bolívares (0,23 euros). Sé de profesores que quedan en deuda con la Universidad Central de Venezuela porque su sueldo es menor a lo que les descuentan por el seguro médico; otros renuncian a este beneficio porque simplemente no pueden pagarlo. El sueldo quincenal de un profesor jubilado puede ser de cuatro bolívares, eso no alcanza ni para comprar un caramelo, porque un caramelo cuesta cinco”, relata.

El agradecimiento a Trump por haberse llevado a Maduro bajó 19 puntos entre enero y marzo [...] Los venezolanos entendían que no se harían ricos de inmediato, pero esperaban un incremento en su calidad de vida que no se ha dado

Marta Torrealba — Profesora y periodista

Torrealba describe un declive que borró los logros de décadas anteriores: “A principios de los 90, los profesionales teníamos ingresos respetables. Yo incluso pude adquirir un inmueble donde vivo y todavía en el año 2000 compré un automóvil. Podías ir de vacaciones tranquilamente y ayudar a tu familia. Ahora, la mayoría de los profesionales lo que hacemos es sobrevivir. No tengo gastos para entretenimiento ni ningún tipo de lujo y tengo dos trabajos, como muchos profesionales y técnicos”.

La rendición de cuentas es otra ausencia que denuncia con indignación: “Nos manejamos con una opacidad total. No sabemos si EEUU realmente puso los recursos en el fondo de fideicomiso por la venta de petróleo, ni cuánto ingresó por la venta del oro. Delcy dijo que ese dinero era para salarios y hospitales, pero cuando llegas a un hospital tienes que llevar hasta los insumos básicos, te piden una lista como de preescolar. El aumento que anuncian para el 1 de mayo va a ser una decepción; los venezolanos sienten que no va a compensar la inflación”.

La figura de Donald Trump, vista al comienzo por algunos como un libertador, también acusa el desgaste. “El agradecimiento a Trump por haberse llevado a Maduro bajó 19 puntos entre enero y marzo, según una encuesta de Meganálisis. Los venezolanos entendían que no se harían ricos de inmediato, pero esperaban un incremento en su calidad de vida que no se ha dado. Al contrario, hay un declive fuerte del ingreso con un dólar que ya ronda los 500 bolívares”, afirma Torrealba. Y añade: “La nueva ministra de Educación Superior le dijo claramente al sector universitario que no había dinero para el aumento salarial. Mientras no se controle el dólar, ningún aumento va a servir. El control tiene que ser del dólar, no de precios; eso ya se ha ensayado y no sirve para nada”.

A la espera del 1 de mayo

Después de 117 días, lo que Rodríguez ha conseguido es algo más sutil que un cambio de gobierno: ha conseguido tiempo. Tiempo para que la apertura petrolera se asiente, tiempo para que Washington cobre lo que vino a cobrar, tiempo para que el malestar de la calle se administre sin estallar. El 1 de mayo, día para el que la presidenta encargada anunció un incremento salarial, será la primera prueba de hasta cuándo se puede pedir paciencia a un país que lleva tres años sin aumento salarial.

“Es la misma gente”, resume Yaritza Pérez. Y Marta Torrealba, en la otra punta de Caracas, sigue haciendo cuentas para saber si esta quincena le alcanzará para un caramelo.

El cantante Carlos Baute se ha disculpado “si alguien se ha sentido ofendido” por sumarse a los cánticos racistas contra Delcy Rodríguez durante su concierto el domingo en la Puerta del Sol. También ha asegurado que no es “una persona racista” porque viene “de una familia venezolana” y creció “dentro del folclore venezolano, tambores”.

El artista ha publicado un vídeo para dar explicaciones en el que afirma que se sumó al cántico dejándose “llevar por la emoción del momento” y “sin medirlo” porque “son muchos años de represión” en Venezuela. “En medios se han generado interpretaciones y están diciendo que soy racista. Por favor, vengo de una familia venezolana, crecí dentro del folclore venezolano, tambores”, ha añadido.

“No soy una persona racista ni creo en el insulto como camino. Un momento puntual no define quién soy. Si alguien se ha sentido ofendido no tengo problema en disculparme”, dice en el vídeo.

El PP de Madrid se ha desvinculado de los gritos y ha afirmado que la Comunidad no tiene “responsabilidad” en los insultos a la presidenta de Venezuela porque se lanzaron “en la plaza por los propios manifestantes venezolanos, no en un acto” del Ejecutivo regional. Poco antes, el líder nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho que no está “a favor de insultar a nadie”. El líder del PP ha ironizado con que “hay personas que insultan y luego les molesta ser insultadas”. Y ha zanjado, titubeante: “No estoy de acuerdo con los que insultan ni con los que son insultados”.

Ante esta situación, la Embajada de Venezuela en España pidió perdón este domingo por los cánticos racistas. “Esta Embajada expresa sus más sinceras disculpas al pueblo de España, que conoce en su propia historia el horror del fascismo y de los crímenes de odio”, expresó la embajadora venezolana, Gladys Gutiérrez, en un comunicado emitido este domingo.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este lunes que no está “a favor de insultar a nadie” después de los cánticos racistas coreados contra la presidenta venezolana, Delcy Rodríguez, durante un acto propagandístico de la dirigente opositora María Corina Machado organizado por Isabel Díaz Ayuso. El cantante del país caribeño Carlos Baute coreó gritos de “¡fuera la mona!”, en referencia a Rodríguez, frente a la sede del Gobierno autonómico de Madrid.

“No estoy a favor de insultar a nadie”, ha dicho Feijóo en declaraciones a los medios justo antes de participar en un acto informativo protagonizado de nuevo por Machado. El líder del PP ha ironizado con que “hay personas que insultan y luego les molesta ser insultadas”. Y ha zanjado, titubeante: “No estoy de acuerdo con los que insultan ni con los que son insultados”.

Feijóo también ha justificado el plante de la política venezolana al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, quien la invitó formalmente a mantener una reunión. Machado prefirió no entrevistarse con el jefe del Ejecutivo, aunque sí lo ha hecho con el propio líder del PP y con Ayuso.

El líder de la oposición ha asegurado que Sánchez “ha compadreado y sigue compadreando con el régimen de [Nicolás] Maduro”, en referencia al expresidente venezolano que fue secuestrado por soldados de EE UU y trasladado de forma ilegal a Nueva York, donde está siendo juzgado por narcotráfico.

La Presidencia de Venezuela está ahora en manos de Delcy Rodríguez, quien ha iniciado conversaciones con EE UU y España para iniciar una transición en el país. Como muestra de su voluntad, ha liberado a cientos de “presos políticos”.

Unos gestos que no son suficientes para Feijóo, quien ha lamentado que España haya pedido a la UE la “suspensión de las sanciones” económicas y de viaje contra el “Gobierno de Delcy”. Algo que es, ha dicho, “incompatible con la democracia y la coherencia”.

El Gobierno de Estados Unidos levantó este miércoles las sanciones que había impuesto a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez.

La Oficina de Control de Activos (OFAC) del Departamento de Tesoro de EEUU sacó a Rodríguez de su lista de individuos sancionados, donde había entrado en septiembre de 2018, bajo el primer mandato de Donald Trump.

La medida es el último paso en el deshielo de las relaciones entre Washington y Caracas, tras la captura por parte de EEUU del ya expresidente Nicolás Maduro, que enfrenta en Nueva York un juicio por narcotráfico.

Fuera de la lista, Rodríguez deja de estar sujeta a las restricciones del Tesoro, que le impedía a cualquier organismo o individuo en EEUU realizar transacciones con ella, al igual que abre la puerta a que se descongele cualquier activo que tenga en el país norteamericano.

Este lunes, Estados Unidos reanudó oficialmente las operaciones de su Embajada en Caracas, después de que la Administración de Trump y el Gobierno venezolano restablecieran oficialmente las relaciones diplomáticas entre ambos países, rotas desde 2019.

Rodríguez, a quien EEUU reconoció a principios de marzo como la presidenta de Venezuela, había entrado en la lista de sancionados como parte de la entonces estrategia de “máxima presión” del Gobierno Trump para forzar la salida de Maduro.

La OFAC la acusó en ese momento de “ayudar a mantener y solidificar” el “autoritarismo” de Maduro.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, destituyó este miércoles a Vladimir Padrino López tras más de una década como ministro de Defensa en el país suramericano, y designó en su lugar al general Gustavo González López, dos meses después de la captura del presidente Nicolás Maduro durante un ataque militar estadounidense en Caracas.

“Agradecemos al G/J Vladimir Padrino López por su lealtad a la patria y por haber sido, durante todos estos años, el primer soldado en la defensa de nuestro país. Seguros estamos de que asumirá con el mismo compromiso y honor las nuevas responsabilidades que le serán encomendadas”, ha expresado Delcy Rodríguez en sus redes sociales.

También ha asegurado que el ahora exministro asumirá “nuevas responsabilidades que le serán encomendadas”, sin dar más detalles. Padrino era el eje militar del régimen chavista, y su continuidad al frente de Defensa garantizaba el control de los principales resortes del Estado y de las Fuerzas Armadas pese a la detención del líder venezolano Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, tras la intervención militar de Estados Unidos. Jefe de la cúpula militar y con una confianza por parte de la élite venezolana que se remonta a los albores del primer gobierno de Hugo Chávez, Padrino jugaba un papel central como puente entre los “años dorados” del chavismo y la incertidumbre de la actual administración.

Padrino López ocupó esta cartera de Estado desde el 24 de octubre de 2014, designado tras una oleada de protestas masivas antigubernamentales que marcaron el inicio del primer período presidencial de Nicolás Maduro.

El nuevo ministro de defensa, Gustavo González López, se desempeña como comandante general de la Guardia de Honor Presidencial desde el 6 de enero, cuando fue designado por Rodríguez. Desde esa misma fecha fue también designado como titular de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM). También ha sido director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) entre 2014 y 2018, y luego entre 2019 y 2024. Entre otros cargos, también fue ministro de Interior y Justicia y comandante general de la Milicia Nacional Bolivariana.

Desde el pasado 5 de enero, cuando fue juramentada como presidenta encargada, Rodríguez ha hecho cambios en el gabinete, entre ellos la designación de Paula Henao como ministra de Hidrocarburos, así como la de Luis Villegas al frente del Ministerio de Industrias y Comercio Nacional en sustitución del empresario de origen colombiano Alex Saab, quien estuvo preso en Estados Unidos y era cercano a Nicolás Maduro.

La mandataria encargada inició un proceso de acercamiento con la Administración de Donald Trump -a quien ha llamado “socio y amigo”- y ha recibido en la capital venezolana a varios altos funcionarios estadounidenses, como los secretarios de Energía e Interior, Chris Wright y Doug Burgum, respectivamente.

El Gobierno de la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, firmó este jueves un acuerdo para “garantizar el suministro de gas” con la empresa española Repsol y con la italiana Eni, según recoge la agencia EFE.

“Me complace mucho que sea de la mano de dos empresas europeas que se quedaron en Venezuela, que creyeron en Venezuela y que no le dieron la espalda a nuestro pueblo”, manifestó la presidenta encargada en una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

En este sentido, agradeció a las empresas por haber permanecido en Venezuela en los “momentos más duros” y resaltó que producto de ese trabajo se firma un acuerdo para la explotación de Cardón IV, uno de los mayores campos de gas de Latinoamérica que “actualmente se cuenta con una producción de 580 millones de pies cúbicos de gas al día”, según indicó en su página la multinacional española.

Según Rodríguez, el acuerdo “garantiza el abastecimiento de gas” en Venezuela para el desarrollo nacional y el consumo doméstico y también permitirá la exportación.

El acuerdo lo firmaron la nueva ministra de Hidrocarburos, Paula Henao, así como autoridades de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) como su presidente, Héctor Obregón, y en representación de Repsol y Eni, Gonzalo Antonio Carrillo Recalde, según dijo VTV.

Repsol “apuesta por ampliar sus inversiones y expandir sus fuerzas productivas con PDVSA en el plan estratégico 2026-2028”, añadió el canal estatal que más temprano informó que en la reunión también participó Francisco Gea Pascual de Riquelme, director general de Exploración y Producción y miembro del Comité Ejecutivo de la empresa española.

En febrero, Repsol informó que se estaba preparando para “restablecer y reanudar” las operaciones diarias en Venezuela tras haber recibido las licencias que le permiten operar en el país, según dijo entonces el consejero delegado de la petroquímica, Josu Jon Imaz.

En este sentido, Imaz señaló que la primera contribución será continuar suministrando gas, necesario para el sistema eléctrico venezolano, y al mismo tiempo incrementar su elaboración.

Respecto a la producción de petróleo, dijo que van a restaurar las actividades normales, que incluye involucrar a su equipo en las operaciones, “invirtiendo en la renovación de las instalaciones de producción, como bombas u otras”.

Imaz participó el pasado 9 de enero en una reunión celebrada en la Casa Blanca con el presidente estadounidense, Donald Trump, varios miembros de su gabinete y representantes de casi una veintena de petroleras.

En esa reunión, Imaz expresó al mandatario de EE.UU. que la empresa española está preparada para “invertir con fuerza en Venezuela” y para multiplicar por tres su producción de crudo en el país suramericano, hasta aproximadamente los 135.000 barriles diarios.

El pasado enero, semanas después del ataque estadounidense en el país, el Parlamento, controlado por el chavismo, aprobó por unanimidad la reforma de la Ley de Hidrocarburos impulsada por Rodríguez para incentivar la inversión extranjera.

Se acaban de cumplir dos meses del ataque de EEUU a Venezuela. Aquel 3 de enero murió un centenar de personas, entre ellos 32 soldados cubanos de la guardia de Nicolás Maduro, quien fue secuestrado por los militares estadounidenses para llevarlo a una cárcel en Nueva York.

Desde entonces, Delcy Rodríguez ocupa la presidencia de Venezuela, un gobienro cada vez más afín a la Casa Blanca. Hasta el punto de que la que fue vicepresidenta de Maduro se intercambia mensajes elogiosos en las redes sociales con el presidente de EEUU, Donald Trump, y uno de los asistentes más ultras del presidente estadounidense, el jefe de Gabinete adjunto Setephen Miller, amplifica la conversación.

“Delcy Rodríguez, presidenta de Venezuela, está haciendo un gran trabajo y colaborando muy bien con los representantes estadounidenses”, ha publicado Donald Trump en Truth Social: “El petróleo está empezando a fluir, y es muy gratificante ver la profesionalidad y la dedicación entre ambos países”.

La presidenta de Venezuela ha respondido así a quien dirigió una invasión a su país hace dos meses y tiene encarcelado a su presidente: “Agradezco al presidente Donald Trump la amable disposición de su gobierno para trabajar conjuntamente en una agenda que fortalezca la cooperación binacional en beneficio de los pueblos de Estados Unidos y Venezuela”.

Durante una comparecencia pública este miércoles en la Casa Blanca, Trump ha insistido en los elogios a Rodríguez “Venezuela ha funcionado muy bien. Tenemos una relación maravillosa con la presidenta y los distintos representantes, y estamos extrayendo cientos de millones de barriles de petróleo, lo que nos beneficia tanto a nosotros como a Venezuela. Les irá mejor que nunca y nosotros obtendremos una gran parte de eso, además de mejorar la vida del pueblo venezolano, que se ha visto muy, muy afectado”.

El intercambio de elogios entre Rodríguez y Trump se produce Caracas, el mismo día en que el secretario de Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, ha visitado las riquezas minerales de Venezuela, informa Efe: “Venezuela es un país sumamente rico, es un país que contiene grandes reservas no solamente de petróleo y gas, sino también de minerales críticos. En este mundo tan enorme somos vecinos geográficos con mucha sinergia”.

Desde el Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo, Burgum confió en que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien estaba a su lado, así como el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, quieren “eliminar los trámites burocráticos para que fluya esta inversión de capital”.

Representantes de “unas dos docenas de empresas estadounidenses, de las más grandes, de las más fuertes, de las mejores del mundo en minerales y minería” lo acompañan en su visita de dos días a Venezuela.

Por su parte Delcy Rodríguez pidió dar celeridad a la reforma de la Ley de Minas -que todavía tiene que presentarse al Parlamento venezolano-, y cuyo objetivo es ampliar el marco legal para desarrollar el sector con inversión nacional y extranjera.

La alta representante para Exteriores de la Unión Europea, Kaja Kallas, ha anunciado este lunes que respalda la posición del Gobierno español para que se levanten las sanciones a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, tras la reunión de los ministros de Exteriores de los 27 que ha tenido lugar en Bruselas.

Kallas ha declarado que va a proponer “levantar las sanciones impuestas a Delcy Rodríguez, quien actualmente ejerce como presidenta interina. Este planteamiento se basa en los recientes avances legislativos, incluidos la aprobación de una amnistía y la liberación de cientos de personas consideradas presos políticos”.

El ministro español de Exteriores, José Manuel Alabares, ya comentó antes de comenzar la reunión con sus homólogos europeos en Bruselas que “hay sintonía” en la UE respecto a este tema. “Todo el mundo comprende que hay que mandar una señal fuerte de que se va en la buena dirección. Las sanciones nunca son un fin en sí mismo, son un medio de presión”.

El pasado 20 de febrero, en una sesión calificada como histórica, los diputados del Gobierno y la oposición democrática de la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó por unanimidad la Ley de Amnistía y Convivencia Democrática. Pese a los malos augurios y el escepticismo general en la sociedad, la comisión sacó adelante la medida como “un intento real de reconciliación”. 

Albares ha recordado que “Nicolás Maduro nunca tuvo sanciones europeas. Es un poco chocante que la actual presidenta mantenga unas sanciones que vienen arrastradas del momento en que era vicepresidenta, porque precisamente para mantener el diálogo, la Unión Europea nunca sanciona ni al presidente ni al ministro de Asuntos Exteriores”.

Proceso europeo por 'hitos'

“Todavía no sabemos si habrá consenso entre los Estados miembros de la Unión Europea para respaldar esa propuesta, porque aún no ha sido formalmente llevada a la mesa de decisiones y requerirá la aprobación unánime de los socios europeos para modificarse el régimen de sanciones”, ha explicado la jefa de la diplomacia europea sobre los próximos pasos a dar para normalizar las relaciones entre la UE y Venezuela.

En este sentido, Kallas ha apuntado que propondrá “entablar una discusión más amplia sobre el enfoque europeo hacia las autoridades venezolanas con el objetivo de establecer criterios claros o 'hitos' acerca de lo que esperamos ver por parte de Venezuela en términos de derechos humanos, estado de derecho y proceso político. Cualquier avance tangible en esos ámbitos pueda ir acompañado de pasos reflejados por nuestra parte”.

La alta representante para Exteriores de la UE ha puntualizado que “se podría articular una relación condicional y progresiva que incentive reformas internas en Venezuela, manteniendo al mismo tiempo el apoyo europeo en función de resultados concretos”.

A Juan Ernesto (nombre ficticio por medidas de seguridad) lo detuvieron en 2024 en una avenida del centro de Caracas, a plena luz del día. Un comando policial con capuchas y armamento tipo SWAT lo interceptó y lo bajó del vehículo a empujones. Le pusieron una capucha en la cabeza; cada vez que intentaba preguntar algo, le gritaban que se callara. Faltaban 72 horas para que Nicolás Maduro asumiera un tercer mandato entre acusaciones generalizadas de fraude y el Gobierno había intensificado las redadas policiales.

Juancho —como lo llaman su familia y amigos— es un reputado activista por los derechos humanos y miembro de la directiva de una ONG con treinta años de trabajo. “Me detuvieron sin orden judicial; pensé que me iban a desaparecer”, dice a elDiario.es. Lo llevaron a una casa clandestina de torturas, lo amarraron a una silla y lo interrogaron durante 24 horas, según cuenta. Le preguntaban con insistencia si tenía relación con María Corina Machado. Después lo trasladaron al Helicoide, donde compartió una celda de 40 metros y dos baños con 14 personas. Su familia recorrió durante días los centros de detención de Caracas: en todos negaban que estuviera allí. Introdujeron un habeas corpus, que fue rechazado. Supieron dónde estaba solo gracias a un mensaje cifrado que otro preso logró enviar oculto en un libro.

Nunca le dejaron designar un abogado privado. El Estado le impuso un defensor público al que vio diez minutos por vía telemática. Así supo que estaba acusado de “legitimación de capitales y asociación para delinquir”: un delito fabricado que, según los activistas, sirve para disfrazar la persecución política. Semanas después lo excarcelaron con medidas cautelares. Hoy tiene prohibido hablar con la prensa y debe presentarse ante un tribunal cada 30 días.

Ahora, la ley de amnistía que se acaba de aprobar le deja un sabor agridulce. Se alegra de que algunos presos políticos vayan a recobrar su libertad, pero su caso no está contemplado en la norma. “Con una ley así, Hugo Chávez jamás habría sido amnistiado luego del fallido golpe de Estado en 1992”, me dice.

Más que entenderse como un instrumento definitivo para el 'perdón y olvido', la amnistía en Venezuela puede interpretarse como una medida pragmática y necesaria, cuyos resultados deberían blindarse con mecanismos adicionales de verdad, justicia y reparación

Mibelis Acevedo — periodista y experta en transiciones políticas

La represión política no llegó con Maduro. Desde que Hugo Chávez asumió la presidencia en 1999 hay presos políticos en Venezuela. José Vicente Rangel, su ministro de Defensa y canciller, acuñó un mantra recordado desde entonces: “En Venezuela no hay presos políticos, sino políticos presos”. Al invertir las palabras, el chavismo despojó al disidente de su motivación política y lo revistió con el traje a rayas del criminal común.

Bajo Chávez, la cárcel fue un bisturí de precisión: castigos ejemplarizantes para figuras específicas que enviaban un mensaje al resto. Con Maduro, la represión se convirtió en maquinaria industrial. Ya no solo caían los generales o los jueces, sino cualquier estudiante que gritara en una esquina o la tuitera que cuestionaba el hambre. Se crearon centros especiales como 'La Tumba', un laboratorio de cinco pisos bajo el asfalto de Caracas: siete celdas de dos por tres metros, paredes de un blanco quirúrgico, luces fluorescentes que jamás se apagan. El preso pierde la noción del día y la noche. Es la arquitectura de la deshumanización: un lugar diseñado para que la mente se rinda.

Varias ONG como Provea, Foro Penal y Espacio Público denunciaron el perverso fenómeno de la “puerta giratoria”: el Gobierno liberaba a un grupo de presos antes de una cumbre internacional, pero apenas se apagaban las cámaras, encarcelaba a otros dos. La libertad ciudadana se convirtió en moneda de cambio, un activo del mercado de la negociación política.

Lo que dice y lo que oculta la ley

El 19 de febrero de 2026, la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad la Ley de amnistía para la convivencia democrática. Delcy Rodríguez la promulgó esa misma noche. El contexto es decisivo: tras el secuestro de Maduro por fuerzas especiales estadounidenses el 3 de enero, el Gobierno encargado de Rodríguez inició un proceso de liberaciones que, según Foro Penal, alcanzó a 448 personas antes de la aprobación.

El texto tiene 16 artículos. El ámbito temporal va de 1999 a la fecha, pero la amplitud es engañosa: el artículo 8 restringe la amnistía a 13 episodios concretos (golpe de 2002, paro petrolero, protestas de 2004, 2007, 2009, 2013, 2014, 2017, hechos de 2019, elecciones de 2024 y 2025). Gonzalo Himiob, vicepresidente de Foro Penal, calculó que, de 27 años formales, más de 14 quedan fuera, y de los meses restantes apenas unos 20 están cubiertos.

Se excluyen los delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, homicidio intencional, narcotráfico, corrupción y la participación en “acciones armadas o de fuerza” con intervención extranjera. Esta última cláusula apunta directamente a Machado, Edmundo González y Leopoldo López. La propia Rodríguez ha advertido que Machado deberá “rendir cuentas” cuando pise Caracas.

Foro Penal estima que 2.742 personas podrían beneficiarse de forma inmediata. Pero quedan fuera unos 180 militares procesados por rebelión, las personas detenidas en períodos no contemplados y todos aquellos cuya persecución política se disfrazó de delito común, como en el caso de Juan Ernesto. La norma tampoco contempla la devolución de bienes incautados, la rehabilitación de los inhabilitados ni la reapertura de medios clausurados.

Lo que dicen las organizaciones de derechos humanos

Las principales ONG venezolanas coinciden en varios puntos críticos. Foro Penal, la más pragmática, trabaja con el instrumento disponible: ya entregó a la comisión parlamentaria una lista de 232 casos excluidos. Pero su director, Alfredo Romero, advirtió que “el monstruo todavía está ahí y puede morder” y que la amnistía no era requisito para liberar a personas detenidas de forma arbitraria.

Cofavic, fundada tras el conocido Caracazo, es más crítica. “La reconciliación no puede basarse en la impunidad”. Denuncia que la ley no prevé justicia transicional, ni Comisión de la Verdad, ni reparación. Lo más grave: el artículo 14 ordena la eliminación de registros y antecedentes, lo que podría “enterrar la evidencia de los crímenes cometidos contra los amnistiados” y destruir la memoria histórica. Cofavic ha acuñado un concepto para definir este riesgo: “impunidad por absorción”. El Estado, al perdonar al ciudadano por su disidencia, se perdona a sí mismo por la violencia con que la reprimió.

Provea denuncia que la ley califica como “hechos violentos” lo que fueron protestas legítimas y que sin desmontar el aparato represivo no habrá estabilidad democrática. JEP (Justicia, Encuentro y Perdón) la califica de “revictimizante y excluyente”. Rafael Uzcátegui, del Laboratorio de Paz, señala su “falla de origen”: está promovida por el mismo Gobierno responsable de las violaciones. Los expertos de la ONU han pedido que se aplique a todas las víctimas de enjuiciamiento ilegal y que se excluya a los responsables de violaciones graves, incluidos los agentes del Estado.

Un puente de plata con muchos vacíos

“Más que entenderse como un instrumento definitivo para el 'perdón y olvido', la amnistía en Venezuela puede interpretarse como una medida pragmática y necesaria, cuyos resultados deberían blindarse con mecanismos adicionales de verdad, justicia y reparación”, explica a elDiario.es la periodista y experta en transiciones políticas, Mibelis Acevedo. Las leyes de amnistía, señala, también son el “puente de plata” que puede facilitar el paso del autoritarismo a la democracia, un incentivo para que sectores del régimen colaboren con el cambio. Pero advierte que esta ley, en su forma actual, entra en la categoría de las gestionadas por Gobiernos no democráticos, como las autoamnistías de Chile y Uruguay en los años 70 y 80.

La ley de amnistía es un hecho relevante, sostiene, es la primera vez que un Gobierno venezolano reconoce la existencia de presos políticos en sentido amplio. Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, pidió perdón a los venezolanos por los crímenes del Estado desde la llegada de Chávez al poder. Ese gesto, inédito en la era bolivariana, no debe subestimarse. Pero no es una ley de justicia transicional: no hay verdad, no hay reparación, no hay garantías de no repetición. Libera a las víctimas de la persecución, pero puede borrar las pruebas de esa persecución. Perdona la disidencia, pero no investiga la represión.

Juan Ernesto, mientras tanto, sigue presentándose cada treinta días ante un tribunal. Tiene prohibido hablar con la prensa. La ley que el Gobierno presenta como acto de reconciliación no cubre su caso. Él, que defendió a decenas de personas, que fue torturado y acusado de un delito fabricado, sigue con un pie dentro del sistema penal. Sin embargo, tiene la oportunidad de solicitar que su caso sea revisado por la comisión de seguimiento de la ley y ser libre completamente. El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, anunció este sábado que el Gobierno tiene previsto atender las solicitudes para que “más de 11.000 personas puedan disfrutar de libertad plena”, ya que tienen medidas sustitutivas de libertad, como prohibición de salida del país y régimen de presentación ante tribunales. A pesar de las falencias, Juan Ernesto reconoce que la ley es un “paso pequeñito” hacia una transición y puede impulsar más cambios para recuperar la democracia.

En una sesión histórica, los diputados del Gobierno y la oposición democrática de la Asamblea Nacional de Venezuela han aprobado por unanimidad los 16 artículos de la Ley de Amnistía y Convivencia Democrática. Pese a los malos augurios y el escepticismo general en la sociedad, la comisión de los 19 diputados logró armar un articulado por consenso que se presentó a la plenaria de los 285 diputados para su segunda discusión. La sesión comenzó con dos horas de retraso y duró, exactamente, 99 minutos. 

En el documento se establece que el instrumento tiene por finalidad “conceder una amnistía general y plena” a las personas “procesadas o condenadas por la presunta o comprobada comisión de delitos políticos o conexos, desde el primero de enero de 1999 hasta el 30 de enero de 2026”. “Lamento que hayan ocurrido todos esos hechos para que lleguemos a entendernos; pero de esos dolores también se aprende. Estamos en un nuevo momento”, ha señalado Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, al finalizar la sesión.

El texto establece “salvaguardas claras sobre los delitos que serán excluidos del instrumento legal, a saber: las violaciones graves de los derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra, el homicidio intencional, la corrupción y el tráfico de drogas”.

Lamento que hayan ocurrido todos esos hechos para que lleguemos a entendernos; pero de esos dolores también se aprende. Estamos en un nuevo momento

Jorge Rodríguez — Presidente de la Asamblea Nacional

Además, en medio del debate, Rodríguez dejó colar un anuncio que era petición de las ONG. Aunque no satisface por completo la demanda, dijo que la Ley contra el Odio, que sanciona hasta mensajes publicados en redes sociales será reformada, pues admitió que, en algunos casos, no había sido usada “de forma adecuada”.

El documento incluye los episodios de violencia por motivos políticos ocurridos durante el Golpe de Estado del 11 de abril de 2002 —incluidos los asaltos y ataques contra gobernaciones, alcaldías e instalaciones públicas y privadas—; los hechos de violencia por motivos políticos en el marco del paro y sabotaje empresarial y petrolero de diciembre de 2002 a febrero de 2003; los de febrero, marzo y agosto de 2004; mayo de 2007; tras las elecciones presidenciales de 2013; en febrero y junio de 2014; de marzo y agosto de 2017; en enero y abril de 2019 —autoproclamación de Juan Guaidó— y en las elecciones presidenciales de julio de 2024.

Antes de ser aprobada, el Gobierno venezolano informó que entre noviembre de 2025 e inicios del presente mes han sido excarceladas 896 personas, detenidas por presuntamente haber cometido delitos relacionados con la violencia política o tras haber sido halladas culpables de tales acciones. De acuerdo con la ONG Foro Penal, sin embargo, quedan 644 presos políticos en el país, tras más de 406 excarcelaciones en medio de un proceso iniciado el pasado 8 de enero por el Gobierno encargado.

Este mismo viernes de madrugada, el opositor Juan Pablo Guanipa, colaborador de la líder opositora María Corina Machado, ha sido puesto en libertad de forma definitiva, tal y como ha anunciado él mismo en X. “Quiero confirmar que ya estoy en libertad plena”, ha escrito Guanipa, quien había sido excarcelado hace casi dos semanas y detenido de nuevo, después de encabezar una manifestación por la libertad de los presos políticos.

Sin embargo, Guanipa ha denuncia que la ley aprobada unas horas antes “no es ninguna amnistía”, sino un documento que pretende “chantajear a muchos venezolanos inocentes” y que excluye a “varios hermanos que siguen injustamente tras las rejas”.

“La liberación de presos políticos no es ningún acto de clemencia. Ninguno de ellos debió estar preso. La dictadura los secuestró tratando de quebrar el espíritu del pueblo venezolano, pero no pudieron”, ha afirmado en un comunicado publicado en X. Por ello, ha dicho que la reconciliación entre venezolanos tiene que hacerse “con la verdad por delante”.

Un punto de clave para los opositores es la creación de un mecanismo para hacerle seguimiento a los casos especiales y al funcionamiento del articulado aprobado por la Asamblea. En la disposición final se establece la creación de una comisión integrada por 23 diputados.

El presidente de la Asamblea Nacional designó una comisión de parlamentarios para entregarle la recién sancionada ley a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y que sea publicada en Gaceta Oficial y entre en vigor.

Con la aprobación de la ley, la Policía, los cuerpos de investigación y los militares “darán por finalizadas las averiguaciones y procedimientos relativos a los hechos” referidos. Igualmente, los archivos sobre los procesos abiertos a las personas amnistiadas deberán ser eliminados.

¿Por qué ahora?

Aunque muchas personas creen ciegamente que detrás del impulso de la amnistía está el Gobierno de Donald Trump, diversas fuentes de la Comisión de Consulta de la Ley, tanto chavistas como opositores, aseguraron que la iniciativa provino del chavismo. ¿Por qué? “Necesitan acuerdos con la oposición democrática porque la soberanía del país está comprometida”, dijo uno.

Tanto es así que un alto funcionario del Gobierno afirmó tajante: “Es un intento real de reconciliación después del horror del 3 de enero”.

Para el politólogo y profesor universitario Ricardo Sucre, la aprobación la Ley de Amnistía representa mucho más que un trámite legislativo: simboliza el cierre de una etapa marcada por la violencia política y una confrontación que no logró mejorar la calidad de vida de la población. Venezuela ha consumido dos décadas en un conflicto “intratable”, caracterizado por la hiperinflación, la migración masiva y la represión. “El ciudadano espera con ansia el fin de este antagonismo para definir un marco de convivencia que permita el funcionamiento de las instituciones y alivie el clima de miedo”, afirmó.

El gobierno reconoce sus limitaciones, obligando a los sectores de la oposición que permanecen en el país a adoptar una postura más pragmática frente al conflicto

Ricardo Sucre — Politólogo y profesor universitario

Enfatizó que el bombardeo norteamericano del pasado 3 de enero marcó un punto de inflexión. A su juicio, la oposición de derecha que representa y acompaña a María Corina Machado siempre buscó que el chavismo terminara en “capitulación” o un proceso similar a los Juicios de Núremberg. En cambio, los actores políticos actuales parecen haber tomado conciencia de la necesidad de coexistir.

Este cambio de posición alcanzaría incluso a la cúpula del chavismo. Sucre sostiene que el oficialismo ha reflexionado tras incidentes que percibieron como amenazas directas a su seguridad personal. Dijo que las declaraciones de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, sobre las liberaciones, y su hermano y presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien ha llegado a mencionar el concepto de “garantías para los perdedores”, sugieren una aceptación de la realidad política actual. El escenario tras el 3 de enero deja claro que el Gobierno reconoce sus limitaciones, obligando a los sectores de la oposición que permanecen en el país a adoptar una postura más pragmática frente al conflicto, sentenció.

La ley se basa en valores como el respeto a la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social, los derechos humanos, la ética y el pluralismo político, que integran el “Estado democrático y social de derecho y de justicia”.

España pide retirar las sanciones a Delcy

Tras la declaración de amnistía, el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha anunciado este viernes que España solicitará formalmente a la Unión Europea que retire las sanciones contra Delcy Rodríguez, según informa EFE.

“Las sanciones nunca son un fin, son un medio para alcanzar fines, para que se produzca este diálogo amplio, pacífico y democrático en Venezuela. Si se están dando pasos hacia ello, la Unión Europea también tiene que darlos. Al mismo tiempo, quiero recordar que Nicolás Maduro no tenía sanciones de la Unión Europea”, ha asegurado Albares en declaraciones a la prensa en Barcelona.

“Es una buena señal que se haya aprobado por unanimidad, con todos los votos, también los de la oposición, ha subrayado el ministro. ”Y nosotros animamos a Delcy Rodríguez a seguir dando pasos en esa dirección, para que se creen las condiciones para que las personas que están fuera de Venezuela, aquellos que quieran, puedan regresar“, ha agregado.

El Parlamento de Venezuela, controlado por el chavismo, ha aprobado este jueves diferir para la próxima semana el segundo y último debate necesario para la aprobación de ley de amnistía para los casos de los presos políticos desde 1999, al haber diferencias por un artículo que exigía a los procesados y condenados presentarse ante la Justicia.

En la sesión celebrada este jueves, la Asamblea Nacional ha aprobado hasta el artículo sexto la titulada Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática. La discusión se ha atascado en el séptimo punto, cuyo borrador señala que la amnistía es para todas aquellas personas que se encuentren o puedan “ser procesada o condenada por su presunta o comprobada participación en delitos o faltas cometidos”, siempre que “esté a derecho o se ponga a derecho luego de la entrada en vigencia” de la normativa.

El diputado opositor Luis Florido, de la fracción Libertad, ha indicado que había que modificar el artículo debido a que, a su juicio, la solicitud de presentación ante la Justicia implica ya un señalamiento como culpable a las personas que estén judicializadas. El chavismo, en cambio, ha argumentado que la Constitución establece que las personas deben estar presentes en un proceso penal.

El diputado chavista Jorge Arreaza, líder de la comisión encargada de la ley, ha propuesto diferir “la discusión del resto de los artículos para evitar caer en debates innecesarios” y “mantener el clima necesario de conciliación”. Asimismo, espera que se pueda aprobar la norma en la próxima sesión.

La vicepresidenta de la comisión, la opositora Nora Bracho, ha planteado también el aplazamiento con el objetivo de “seguir debatiendo y discutiendo este artículo (séptimo)”.

Entre lo aprobado durante la sesión de este jueves, la futura ley concede “una amnistía general y plena de los delitos o faltas cometidos y acaecidos en el marco de los hechos y el ámbito temporal” establecidos en el texto, con el fin de “promover la paz social y la convivencia democrática”.

La propuesta de ley fue presentada el pasado 30 de enero por la presidenta encargada en medio de un proceso gradual de excarcelación de presos políticos que comenzó el día 8, casi una semana después de la captura de Maduro y de su esposa.

Según la ONG Foro Penal, al menos 383 presos políticos han sido excarcelados desde el 8 de enero, cuando el presidente del Parlamento anunció la liberación de un “número importante” de personas.

La legislación venezolana establece que un proyecto de ley debe pasar por una primera discusión para la exposición de motivos y evaluación de “objetivos, alcance y viabilidad”, y luego, tras una fase de consultas, ser estudiada artículo por artículo en un segundo y último debate para finalmente ser aprobada.

Dormía profundo cuando el revuelo de mis gatas me despertó. Una me daba con la pata en la cara, las tres se me subían por la espalda, saltaban en la cama y tiraban cosas al suelo. Me incorporé sin comprender lo que pasaba. En pocos segundos escuché el estruendo, tiroteos y lo que pensé que eran helicópteros.

Corrí a mi biblioteca a encender la computadora y me metí en X. ¿Nos están bombardeando? Nos están bombardeando.

A la mayoría la tomó por sorpresa. Después de cinco meses de amenazas en las que pocos creían, llegó el lobo y derrocó a Nicolás Maduro. O lo secuestró, como dicen los izquierdistas del mundo, y los chavistas.

De imprudente me asomé por la ventana: un sinfín de columnas naranja intenso, como si un dragón exhalara fuego con fuerza hacia el cielo. Desde mi casa, en una zona alta de Caracas, divisé varios puntos arder. Parecía que intentaban formar una figura geométrica.

Se escuchaban las aspas de los helicópteros. Había aviones que solo vi en Instagram. Fuego, miedo e histeria esparcido por todo el valle de Caracas, La Guaira y Aragua. En muchos sitios se fue la luz y en mi casa se cayó internet, pero yo tenía señal en mi móvil.

Leí en el 'New York Times', hace pocos meses, a un exmarine curtido en mil guerras: juraba que el tándem Trump-Rubio nos atacaría. Algo se me rompió dentro. Tuve un pánico ciego: nos van a bombardear, nos van a bombardear. Tomé clonazepam para calmarme. Esa semana se lo conté a mi psiquiatra con vergüenza. Hablo de obsesión y paranoia. Yo no sabía cuándo, pero sabía que sí

Los gringos al final nos atacaban, todo el mundo lo tenía claro. Aunque nadie sabía del destino de Nicolás, Cilia, Diosdado ni los hermanos Rodríguez.

Mis ventanas crujían y la estructura de metal se movía al ritmo de una danza macabra. En las redes, la gente de casas aledañas a los blancos de los norteamericanos, contaba lo que veía. Reportaban desde La Carlota, en los alrededores de la base de aviación y de la Casona; desde Prados del Este, Manzanares y Cumbres de Curumo, cerca de una de las entradas de Fuerte Tiuna, donde estaba el búnker de Maduro.

El ruido desesperante de la “operación quirúrgica” duró un poco más de dos horas. La “extracción” de Maduro y Cilia, menos de tres minutos. Allí sí hubo enfrentamientos y liquidaron a todo el mundo. 130 muertos, destrozos en toda Caracas, el aeropuerto de Higuerote en ruinas, los edificios frente a Maiquetía arrasados. También lanzaron drones sobre la zona y, por rebote, destruyeron edificios residenciales. Murieron vecinos y perdieron sus casas. Pero fue una operación limpia, hecha con pinzas. Ninguna baja de marines. No quiero saber qué pasaría con una invasión.

Cerca de las cuatro terminó el bombardeó, pero pasaron horas antes de que pudiera hacerme una idea de lo que había pasado. ¿Nos habrían invadido? ¿Habrían entrado los marines? El silencio era aterrador. Nada se movía, no se escuchaba ni una voz, creo que la gente susurraba. Ese silenció se prolongó un día y medio.

Desprevenida como muchos, no había guardado comida. Los gabinetes estaban vacíos; en la nevera, solo agua. Llamé a la panadería que queda a dos cuadras de mi casa: ¿iban a abrir? Me preguntaron si estaba loca. Sí tenía un buen acopio de pienso para gatos y medicamentos por otra razón: sospechaba que el bloqueo nos iba a llevar a un escenario como el de 2016. Nada de comida ni medicamentos a menos que te los mandaran del exterior o pudieras viajar para aprovisionarte. Pero esa es otra historia desgarradora: los años del hambre.

Le escribí a un amigo que vive cerca de Fuerte Tiuna, en el este de Caracas, en un reducto de nuestra extinguida clase media. Nada: solo una raya en su WhatsApp. Me alarmé. Pensé que el ataque a la fortaleza de Maduro había arrasado su casa. En redes circulaban videos de helicópteros y aviones norteamericanos enzarzados en combates contra el fuego antiaéreo venezolano. Me escribió cuando volvió la luz: estaba vivo y su edificio intacto, pero en shock.

Mi hipótesis es que Diosdado quiso pelear y los demás optaron por negociar con el fascista de Donald Trump. O tal vez no quería que Delcy tomara el lugar de Maduro. Es poco lo que se llega a saber de las intrigas palaciegas. Especulaciones, lo que publican medios internacionales, y más especulaciones

Leí en el New York Times, hace pocos meses, a un exmarine curtido en mil guerras: juraba que el tándem Trump-Rubio nos atacaría. Algo se me rompió dentro. Tuve un pánico ciego: nos van a bombardear, nos van a bombardear. Tomé clonazepam para calmarme. Esa semana se lo conté a mi psiquiatra con vergüenza. Hablo de obsesión y paranoia. Yo no sabía cuándo, pero sabía que sí.

El 4 de enero me llamó: “Tenías razón. Nos bombardearon”.

Esa lectura había producido una epifanía, tuve la certeza visceral de un final cruento.

La aparición de Delcy Rodríguez

En algún momento de esa mañana, Delcy Rodríguez dijo en VTV que habían secuestrado a Maduro y a Cilia. Por un momento pensé que estaba en Rusia con su hermano Jorge, porque no había imagen. No fue así. Horas más tarde, Delcy apareció en Miraflores. Mi recuerdo sobre lo que dijo es brumoso.

Al día siguiente, cuando se instaló el Parlamento para el período 2026-2031, su hermano Jorge Rodríguez, el sempiterno presidente de la Asamblea Nacional, la juramentó como presidenta encargada. La acompañaban los ministros de Defensa y de Justicia, Vladimir Padrino López y Diosdado Cabello. El rostro furioso e impotente de Cabello me impresionó. Los labios fruncidos y la mirada asesina.

Mi hipótesis es que Diosdado quiso pelear y los demás optaron por negociar con el fascista de Donald Trump. O tal vez no quería que Delcy tomara el lugar de Maduro. Es poco lo que se llega a saber de las intrigas palaciegas. Especulaciones, lo que publican medios internacionales, y más especulaciones.

Silencio sobre los muertos

Lo que de verdad pasó ese día, pocos lo saben. El Gobierno ha guardado con celo el nombre de los fallecidos y ha dado una cifra que dista mucho de la publicada en medios internacionales. Solo se sabe que murieron 32 cubanos, porque se repatriaron sus cuerpos y Díaz-Canel hizo un funeral con honores.

El miedo, el cerco policial y la autocensura por prevención han hecho que los periodistas no salgan a buscar esas historias. Además, la ciudad está tomada por los cuerpos policiales y militares, cualquiera que sea su nombre. Todos intimidan. Llevan capuchas y fusiles inmensos. Al principio había muchas alcabalas. A mí todavía me aterrorizan, lo confieso.

Pero fuera sí se han publicado algunas buenas historias, antes y después. Recuerdo una de la BBC: un padre en duelo por su hijo. Ahí estaba el hombre en el Cementerio del Sur, apoyado en un murito de cemento, con la mirada fija en la foto de su hijo junto a su lápida. Era un cadete muy joven. Ese rostro de dolor por una muerte en vano me hizo soltar unas lágrimas. Todo por una guerra que ese muchacho no querría pelear. Quise abrazar a ese padre desconsolado.

De nuestros muertos nadie habla. Están fuera del debate público. La oposición los ignora: son pobres. Y al gobierno de facto tampoco le interesa divulgar la dimensión del ataque y las historias de los caídos. Según el New York Times fueron 130, no los 75 que reporta el Ministerio de Defensa.

En Catia La Mar, cerca del aeropuerto de Maiquetía, y en Higuerote hubo víctimas civiles y edificios residenciales en escombros. Tres semanas después del ataque, el alcalde de Baruta, Gustavo Duque, visitó La Carlota y escribió en un post que el 90% de las casas cerca de La Carlota estaba en ruinas. La Alcaldía prometió ayudar a reconstruirlas.

La renuncia a la política

Quizá soy rara, pero a mí me dolían y me duelen esas muertes que se despachan como “daño colateral”. En algunas personas, el odio a Maduro y la felicidad por su secuestro han borrado todo rastro de humanidad. Me indigna que en todo este largo conflicto paguen los más inocentes, y que los líderes ni siquiera por pudor hablen de las vidas truncadas.

Es un peaje, dicen muchos, el precio que hay que pagar por salir del chavismo. Me niego a verlo así. Al chavismo había que vencerlo con un verdadero trabajo político. Es verdad que son tramposos, hasta criminales, pero no acepto el “solos no podemos”. Nunca vi a la oposición chilena ni a la argentina pedir invasiones para salir de Pinochet o de Videla. Una cosa es concitar todo el apoyo contra la dictadura, otra que unos exiliados y una mujer ambiciosa —que ha demostrado no saber de política— invocaran por enésima vez la fuerza bruta y una intervención.

Soy de las pocas periodistas venezolanas que desconfía de María Corina Machado. Siempre he rechazado las salidas insurreccionales y las sanciones económicas. Me pareció absurdo que le dieran el Nobel de la Paz a Machado e interpreté el discurso del Comité como una justificación de la fuerza bruta. Es verdad que el chavismo está atornillado al poder y cada vez que parece vencido se saca un as de bajo la manga e invierte la situación. La gente dice que lo hemos intentado todo y eso en parte es verdad. Pero jamás hemos tenido una autocrítica sincera de las torpezas de la oposición que han contribuido a fortalecer al chavismo.

Nunca vi a la oposición chilena ni a la argentina pedir invasiones para salir de Pinochet o de Videla. Una cosa es concitar todo el apoyo contra la dictadura, otra que unos exiliados y una mujer ambiciosa —que ha demostrado no saber de política— invocaran por enésima vez la fuerza bruta y una intervención

Nadie ha reconocido que los llamados a la abstención fueron errores garrafales. Tampoco que las aventuras insurreccionales, amén de inútiles, dejaron a una catarata de civiles y militares presos. Pienso en el ataque con un dron a Maduro en el centro de Caracas o en la ridícula “operación Gedeón”, lideradas por Julio Borges y Leopoldo López, respectivamente. Puedo seguir enumerando todas las locuras de unos adversarios que han demostrado, en estos 25 años, no ser una alternativa de poder. María Corina Machado ha formado parte de todos estos desastres. Hasta del golpe de Carmona Estanga en 2002. El mismo elenco de gobierno y la misma oposición han ido envejeciendo sin dar paso a nadie. Un statu quo al que no le importa la gente.

Después de meses de un intenso lobby en Washington, de cortejar a senadores republicanos y a aliados en toda la fauna de la extrema derecha latinoamericana y europea, se creó un clima proclive a que Maduro saliera al costo que fuera. Pero los medios que emplees determinan el fin. El uso de la fuerza es la renuncia a la política, es claudicar, y muestra que no crees en la democracia, sino en el poder. Es raro que una persona pida un ataque militar en su propio país para que, cuando depongan al dictador... Eso es tercerizar la acción política.

Al final, esa oposición en el exilio junto a María Corina Machado ha perdido su apuesta. Después de todo lo invertido en campañas de apoyo a una salida militar, Trump y Marco Rubio decidieron que gobernara el chavismo, la causa era conocida. Machado no tiene apoyo interno para gobernar, informó la CIA. Ni falta que hacía. Sabíamos que no existía ese plan de 100 horas para tomar el control del territorio, que era absurdo. La verdad es que ni el chavismo tiene un verdadero control territorial.

La destructiva operación quirúrgica nos dejó en el peor de los mundos. Seguiremos con el chavismo quién sabe hasta cuándo y hemos vuelto a 1900. Somos una colonia americana que va a beneficiar con su petróleo nada más que a los estadounidenses

Los medios internacionales revelaron las inconsistencias del programa de gobierno de Machado. No era verdad que el 80% de los militares estuviera con la oposición ni que se pudiera purgar al otro 20%. Era fácil adivinarlo. ¿Cómo se sostiene Maduro entonces? No eran más que inferencias de los resultados del 28 de julio. Pero una cosa es votar sin que nadie te vea y otra cuadrarte ante otro comandante.

La destructiva operación quirúrgica nos dejó en el peor de los mundos. Seguiremos con el chavismo quién sabe hasta cuándo y hemos vuelto a 1900. Somos una colonia americana que va a beneficiar con su petróleo nada más que a los estadounidenses. Aunque sea inverosímil, mucha gente piensa que Delcy Rodríguez cumplirá los designios de Trump y calmará a los chavistas que se sienten vejados. Creen que lo hará para evitar el segundo bombardeo con el que Washington nos ha amenazado varias veces. Yo no lo creo.

Si María Corina fuese norteamericana y hubiese promovido —aun sin éxito— un bombardeo a Estados Unidos, la habrían procesado por traición a la patria. Es falso que en el amor y en la guerra todo valga. Hay líneas que no deberíamos cruzar. Machado y su oposición, para mí, están fuera del juego político por su sectarismo y por la gracia del bombardeo. También por su falta de empatía: ni siquiera han presentado sus condolencias a las familias de las víctimas. Es como si la gente afectada no existiera.

A mí me inquieta pensar en cómo vamos a librarnos del doble yugo que ahora nos oprime. Creo que será más fácil salir del chavismo que expulsar a los norteamericanos de un país con las mayores reservas de petróleo del mundo. Seguro que ni llegaré a verlo.

El exjefe del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero ha asegurado este viernes, durante su visita a Caracas, que siente una “gran confianza” en la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

A su juicio, en un tiempo récord, Rodríguez ha dado pasos que “están produciendo una nueva manera de respirar” en el país suramericano, “tras muchos años muy difíciles”. “Veo el mejor ambiente desde los últimos diez años y hablo con personas de la oposición, por supuesto con el Gobierno y, además, si se me permite decirlo, tengo una relación muy de largo alcance, (...) tengo una gran confianza en Delcy Rodríguez”, ha expresado.

Rodríguez Zapatero, que ha mostrado su satisfacción por poder afirmar que es momento de “una esperanza fundada”, ha dicho no tener ninguna duda de que la sociedad venezolana es consciente del momento histórico que vive.

“Tenemos por delante el horizonte de reencontrar al país, tenemos por delante el horizonte de reconciliar, tenemos por delante el horizonte de reformas institucionales, de diálogo político y debe ser la propia sociedad la que marque el ritmo, el camino de los pasos que nos lleven a una situación que podamos decir ideal”, ha afirmado.

El expresidente del Gobierno español ha señalado que hablará con “mucha gente” durante su visita y dice esperar que en el país haya “perdón y reconciliación”, aunque ha agregado que “el olvido no puede existir”.

Zapatero, invitado a Caracas por el programa para la convivencia y la paz

Rodríguez Zapatero, que ha sido mediador en varios procesos de negociaciones entre el Gobierno y la oposición de Venezuela, así como en varios casos de excarcelaciones en el país suramericano, visita Caracas poco más de un mes después de que Estados Unidos capturara a Nicolás Maduro junto a su esposa, Cilia Flores, en medio de una serie de ataques en Caracas y tres regiones aledañas.

El expresidente del Gobierno español tiene previsto reunirse con la presidenta encargada, tras ser invitado por el programa para la convivencia y la paz del Ejecutivo venezolano.

El pasado 23 de enero, Rodríguez lanzó el programa para convocar un “verdadero diálogo político” en el país que incluya a sectores “coincidentes” y “divergentes” y encomendó la tarea al presidente del Parlamento, su hermano Jorge Rodríguez.

La visita de Zapatero se produce también en medio de un proceso de discusión para la aprobación de una ley de amnistía para los presos políticos de los últimos 27 años, en los que ha gobernado el chavismo.

El Parlamento de Venezuela, de amplia mayoría oficialista, ha aprobado este jueves por unanimidad y en primer debate el proyecto de ley de amnistía para los presos políticos impulsado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

El proyecto, que se remonta a los casos de presos políticos desde 1999 —cuando el chavismo llegó al poder—, excluye a los procesados o condenados por violaciones graves de derechos humanos, y aún debe ser aprobado en un segundo debate.

El proyecto de ley ahora debe ser sometido a consultas con diversos sectores de la sociedad civil y para ello el presidente de la Asamblea Nacional, el chavista Jorge Rodríguez, designó una comisión especial presidida por Arreaza e integrada por otros 18 diputados, entre ellos Nicolás Maduro Guerra, hijo del mandatario Nicolás Maduro, y la exministra del Servicio Penitenciario Iris Varela, a los que pidió celeridad.

“No tenemos mucho tiempo”, aseguró Rodríguez, quien hizo un llamado a insistir “en la necesidad de sanación”. El funcionario, hermano de la mandataria encargada, instó a que la consulta sea “profunda” e incluya a “quien tenga un testimonio” o propuesta, así como a los “familiares de las personas privadas de libertad”, los propios detenidos y “las víctimas también de los crímenes que se han cometido en todos estos años”.

“Independientemente de los hechos que cometieron, me va a reconfortar cada abrazo de las personas liberadas con su madre, con su padre, con su esposa, con su familia y con sus hijos”, expresó.

Maduro Guerra, tras equiparar a su padre, detenido en EEUU, con el expresidente sudafricano y nobel de la paz Nelson Mandela, dijo esperar que, una vez aprobada la ley, se haga política “sin violencia, sin odios, sin misiles, sin invasión militar y sin secuestro de presidentes”, en referencia a los ataques estadounidenses del pasado 3 de enero en suelo venezolano y al secuestro del líder chavista y su esposa, Cilia Flores.

La propuesta de ley fue presentada el pasado 30 de enero por la presidenta encargada en medio de un proceso gradual de excarcelación de presos políticos que comenzó el día 8, casi una semana después de la captura de Maduro y de su esposa.

Según la ONG Foro Penal, al menos 383 presos políticos han sido excarcelados desde el 8 de enero, cuando el presidente del Parlamento anunció la liberación de un “número importante” de personas.

La legislación venezolana establece que un proyecto de ley debe pasar por una primera discusión para la exposición de motivos y evaluación de “objetivos, alcance y viabilidad”, y luego, tras una fase de consultas, ser estudiada artículo por artículo en un segundo y último debate para finalmente ser aprobada.

La caída en desgracia de Alex Saab (Barranquilla, Colombia, 1971), el oscuro operador de Nicolás Maduro apartado del poder por el nuevo Gobierno de Delcy Rodríguez a finales de enero, dio un nuevo paso hacia el abismo este miércoles.

Medios colombianos e internacionales informaron de su detención en una operación conjunta del nuevo Ejecutivo venezolano con EEUU, pero su paradero no está claro. Las autoridades de ninguno de los dos países han confirmado públicamente la operación y su abogado niega que haya sido detenido. Sin embargo, fuentes estadounidenses han confirmado a Reuters que está arrestado y será extraditado a ese país. Asimismo, fuentes de Washington y Caracas consultadas por The New York Times confirman la detención e interrogatorio de Saab, pero sostienen que desconocen su situación legal actual.

El rumbo del colombiano Saab había sido inicialmente como el de cualquier comerciante en su natal Barranquilla. Su capacidad para moverse en la sombra, sin embargo, lo erigieron en una suerte de Rasputín financiero del chavismo que ayudó a Maduro a moverse pese a las sanciones de EEUU que pretendían ahogarlo.

Hoy, múltiples informaciones establecen su participación en negocios oscuros cuyos dividendos superan los 1.000 millones de dólares.

A saber: el traslado irregular de lingotes de oro a Turquía, su rol como enlace para evadir sanciones entre la Revolución Bolivariana y el ayatolá Alí Jamenei en Irán o su enriquecimiento mediante el suministro de cientos de kilos de leche en polvo adulterada a los niños de los barrios populares en Venezuela, entre otros denunciados por la prensa. La inteligencia estadounidense, la Fiscalía colombiana y diversos medios, como Armando.info, lo tienen fichado desde hace más de una década.

Saab accedió a la cúpula chavista en 2010 a través de la fallecida política colombiana Piedad Córdoba, cercana a Maduro. Buscaba por entonces recuperar 30 millones de dólares adeudados por el CADIVI (Comisión de Administración de Divisas de Venezuela), el engranaje estatal venezolano que regía el control cambiario. Cuando Chávez al fin liberó ese capital, el comerciante reflotó su arruinada textilera en Barranquilla e ideó un esquema funcional: envíos masivos y ficticios de ropa usada desde Colombia y Ecuador con el fin de capturar dólares a una tasa preferente y luego revenderlos en el mercado negro con un retorno abultado. Se calcula que con este método exportó unos 296 millones de dólares en bienes fantasma.

El lujo que desplegó incluyó noches de miles de dólares en los hoteles más lujosos de París, una flota de al menos cuatro aviones privados —de 28 millones en promedio cada uno—y apartamentos en Miami o Barranquilla

“Uno de sus primeros negocios en Venezuela fue el de los contratos para construir casas prefabricadas en 2012 a través de la empresa Fondo Global [registrada en Bogotá]. Se debían entregar 5.000 unidades en 2014, que a día de hoy no se han terminado”, asegura el reportero de Armando.info Roberto Deniz. El ascenso del anodino hijo de un libanés y una descendiente de inmigrantes palestinos en la ciudad portuaria del Caribe colombiano fue meteórico.

El lujo que desplegó incluyó noches de miles de dólares en los hoteles más lujosos de París, una flota de al menos cuatro aviones privados —de 28 millones en promedio cada uno—y apartamentos en Miami o Barranquilla. El periodista de investigación de Univisión Gerardo Reyes escribe en su biografía de Saab que la “paciencia de buey” y “adoración por el dinero” lo catapultaron al primer círculo de confianza de Nicolás Maduro.

Su buena racha, sin embargo, se vio truncada con la llegada de Donald Trump en 2017. El experto en seguridad nacional Marshall Billingslea —alta figura del Tesoro estadounidense— se obsesionó con la conducta sombría del multimillonario colombiano. Fue él quien aceleró su cacería. “A mediados de 2019, dio luz verde a cargos contra Saab y Pulido [su socio y narco confeso] en Miami, al tiempo que los inscribió en la lista OFAC”, relata Reyes. Detenido el 12 de junio de 2020 en Cabo Verde, Saab fue extraditado a petición de un juzgado estadounidense por delitos asociados al lavado de dinero y soborno y pasó tres años en prisión.

Mientras pasaba en Venezuela como un próspero exportador de textiles que se hizo millonario de la noche a la mañana, sus empresas en Colombia estaban en la mira de la justicia penal

Para su defensa, desde 2013, había elegido al mediático penalista Abelardo de la Espriella, hoy candidato de la extrema derecha a la presidencia de Colombia. Según la biografía de Reyes: “Él domina a Saab; si Abelardo le dice que se tire por la ventana de un avión, se tira, que baile en la cabeza, pues baila”. Se trata de un tema vidrioso para el actual aspirante. Por ello ha tenido que repetir en múltiples entrevistas que el vínculo laboral se cerró en 2019 tras las sanciones de la OFAC. Ahora esgrime que Saab era entonces un contratista privado y no un funcionario de Maduro.

Los problemas judiciales de su cliente se apilaban en los tribunales desde hace años, en todo caso. Mientras pasaba en Venezuela como un próspero exportador de textiles que se hizo millonario de la noche a la mañana con el desembolso de CADIVI, sus empresas en Colombia estaban en la mira de la justicia penal. Una investigación de la Fiscalía en Bogotá halló que el industrial barranquillero se había dedicado, durante más de una década, a “engañar al Gobierno de su país con operaciones ficticias de comercio exterior y timos al sistema tributario”.

De regreso en Caracas, el líder —bajo la mirada desconfiada de la actual presidenta Delcy Rodríguez, que nunca lo ha visto con buenos ojos— premia su lealtad. En octubre de 2024 lo designa Ministro de Industria

La política internacional, sin embargo, aún guardaba un par de giros inesperados. La Administración demócrata de Joe Biden liberó a Saab en diciembre de 2023 como parte de un canje de prisioneros con Venezuela. El pacto permitió a su vez la excarcelación de Leonard Francis, alias Fat Leonard (Leonard el gordo) —ciudadano malayo condenado por sobornos a oficiales de la Marina estadounidense— y otros detenidos norteamericanos, a cambio del magnate colombiano. Su imagen carcelaria, reducido a uniforme naranja y gesto adusto, opacó al otrora empresario elegante que manejaba los circuitos del poder financiero.

De regreso en Caracas, el líder —bajo la mirada desconfiada de la actual presidenta Delcy Rodríguez, que nunca lo ha visto con buenos ojos— premia su lealtad al régimen. “Primero [en enero de 2024] lo nombra presidente del Centro Internacional de Inversión Productiva de Venezuela, un organismo que busca captar inversiones en Venezuela. Y en octubre de ese año lo designa ministro de Industria, con la misión de reactivar el parque industrial expropiado por Chávez. Su tarea era reunirse con los empresarios y abrir procesos de licitación. Para que te hagas una idea de su cercanía con Maduro, en paralelo mantuvo una participación en el tema de la comercialización del petróleo venezolano”, recuerda Deniz.

Dos años después, tras cumplir otros tantos en una cárcel estadounidense por lavado de dinero, Alex Saab ha vuelto a ser capturado. Fue este miércoles en Caracas, en una operación conjunta de las autoridades venezolanas y estadounidenses. La noticia marca, quizás, el último capítulo del chacal financiero. Una pieza seminal del rompecabezas. El que controlaba las exportaciones. Y canalizaba, según confesó a los fiscales norteamericanos, la mitad de cada dólar ganado en contratos para el chavismo hacia las cuentas bancarias de su incondicional Nicolás Maduro.

Operación conjunta en suelo venezolano con el FBI para detener a Alex Saab. Saab, ex ministro afín al ex presidente venezolano Nicolás Maduro, cayó del Gobierno de Delcy Rodríguez el pasado 16 de enero cuando la presidenta, Delcy Rodríguez, anunció la fusión del Ministerio de Industrias y Producción Nacional con el de Comercio Nacional para dar lugar a una “nueva instancia” que delegó en Luis Antonio Villegas.

Alex Saab, colaborador cercano de Maduro, había sido detenido en Cabo Verde en 2020 por lavado de dinero, extraditado a EEUU y retornó a Venezuela en 2023 tras un acuerdo con la Casa Blanca.

Fuentes de inteligencia en Estados Unidos, informa Caracol Radio confirman que Saab, supuesto “testaferro” de Nicolás Maduro, ha sido capturado en Venezuela para su extradición a Estados Unidos. El arresto en Venezuela este miércoles como parte de una operación conjunta entre las autoridades estadounidenses y venezolanas, también ha sido confirmado a Reuters por un funcionario policial estadounidense.

La captura, explica Radio Caracol, ha ocurrido en la madrugada en un operativo conjunto entre las autoridades venezolanas y el FBI.

Caracol también informa de que el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional lo tiene en su poder mientras se concreta su envío a EEUU.

Su última detención representa un giro, un mes después de que el propio Maduro fuera secuestrado por las fuerzas estadounidenses en Caracas, y evidencia un nuevo nivel de colaboración entre las fuerzas de Estados Unidos y Venezuela.

Como líder interina, Rodríguez controla las agencias y las acciones de las fuerzas policiales de Venezuela. Su hermano, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, ha afirmado este miércoles no tener información sobre Saab.

El Ministerio de Comunicación de Venezuela no ha respondido a las preguntas sobre el caso.

Antes de su indulto en 2023, EEUU había acusado a Saab de desviar alrededor de 350 millones de dólares de Venezuela a través de Estados Unidos como parte de un esquema de sobornos vinculado al tipo de cambio controlado por el Estado venezolano.

Saab negó los cargos y apeló para que fueran desestimados alegando inmunidad diplomática. Un tribunal de apelaciones no se había pronunciado sobre la apelación de Saab en el momento del intercambio de prisioneros.

Regresó a Venezuela con gran pompa a finales de 2023, donde Maduro elogió su lealtad a la revolución chavista y lo aclamó como un héroe nacional. Posteriormente, Maduro lo nombró ministro de Industria, cargo que ocupó hasta el mes pasado, cuando fue destituido por Rodríguez.

Raúl Gorrín, el otro capturado del que informa Radio Caracol, es un empresario venezolano también señalado como supuesto “testaferro” de Nicolás Maduro. Gorrín es dueño del canal Globovisión, y está sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por haber pagado supuestos sobornos de hasta 159 millones de dólares a funcionarios venezolanos.

El periódico colombiano El Espectador citó el miércoles a un hombre que, según el diario, era el abogado de Saab, Luigi Giuliano, quien desmintió el arresto calificándolo de “noticia falsa”. Periodistas afines al gobierno venezolano también negaron la detención de Saab en redes sociales el miércoles por la tarde. No obstante, Saab no ha aparecido en público desde que se publicó la noticia de su arresto este miércoles al mediodía.

Después de Venezuela llega Cuba. El presidente de EEUU, tras un ataque militar a Venezuela que acabó con el derrocamiento y secuestro de Nicolás Maduro, pone ahora la diana en La Habana. Así, Donald Trump ha firmado este jueves un decreto para imponer aranceles a cualquier producto proveniente de países que “vendan o suministren” petróleo a Cuba, una medida que, sobre todo, ejerce presión sobre el vecino México.

De hecho, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha declarado esta semana que su Gobierno había suspendido, al menos de momento, los envíos de petróleo a Cuba, pero afirmó que se trataba de una “decisión soberana” no tomada bajo presión de Estados Unidos.

El decreto firmado por Donald Trump este jueves se titula “Abordando las amenazas a EEUU por parte de Cuba”, una isla de 11 millones de habitantes ante la principal potencia económica y militar del mundo.

Según Trump, “el Gobierno de Cuba ha tomado medidas extraordinarias que perjudican y amenazan a Estados Unidos. El régimen se alinea con –y brinda apoyo a– numerosos países hostiles, grupos terroristas transnacionales y actores malintencionados adversos a EEUU, incluidos Rusia, China, Irán, Hamás y Hezbolá. Cuba continúa intentando frustrar los esfuerzos de EEUU para abordar las amenazas que representan los países hostiles, los grupos terroristas transnacionales y los actores malintencionados en el hemisferio occidental [América]”.

“Además, en contra de los intereses y la política exterior de Estados Unidos, el régimen comunista cubano apoya el terrorismo y desestabiliza la región a través de la migración y la violencia”, afirma Trump: “Por lo tanto, considero que la situación con respecto a Cuba constituye una amenaza extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de EEUU, y por la presente declaro el estado de emergencia nacional con respecto a dicha amenaza”.

Y añade: “Para hacer frente a la emergencia nacional declarada en esta orden, determino que es necesario y apropiado establecer un sistema arancelario. Según este sistema, se podrá imponer un arancel adicional ad valorem a las importaciones de bienes procedentes de cualquier país extranjero que venda o suministre petróleo a Cuba, directa o indirectamente”.

La orden presionaría principalmente a México, que ha expresado históricamente su solidaridad frente al bloqueo económico de Estados Unidos, mientras presidenta del país, Claudia Sheinbaum, ha buscado construir una relación no hostil con Trump.

Esta semana ha estado marcada por la especulación de que México reduciría los envíos de petróleo a Cuba ante la creciente presión de Trump para que se distanciara del gobierno cubano.

A consecuencia de las sanciones económicas de Estados Unidos, Cuba ha dependido en gran medida de la ayuda extranjera y de los envíos de petróleo de aliados como México, Rusia y Venezuela. Pero desde el ataque militar estadounidense y el secuestro de Nicolás Maduro, Trump ha impedido que llegue más petróleo venezolano a Cuba.

En su informe más reciente, Pemex indicó que envió casi 20.000 barriles de petróleo diarios a Cuba entre enero y el 30 de septiembre de 2025, informa AP.

Ese mes, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, visitó Ciudad de México. Posteriormente, Jorge Piñón, experto del Instituto de Energía de la Universidad de Texas que rastrea los envíos mediante tecnología satelital, afirmó que la cifra había descendido a unos 7.000 barriles, según AP.

Este martes, Sheinbaum dijo que la petrolera estatal mexicana había suspendido temporalmente algunos envíos de petróleo a Cuba, pero dijo que la pausa era parte de las fluctuaciones generales en el suministro de petróleo y que se trataba de una “decisión soberana” no tomada bajo presión de Estados Unidos. Sheinbaum ha dicho que México continuaría mostrando solidaridad con La Habana, pero no aclaró qué tipo de apoyo ofrecería México.

Más pasos en las nuevas relaciones entre el EEUU de Donald Trump y la Venezuela de Delcy Rodríguez. Si este jueves por la mañana el presidente de EEUU anunciaba el fin del bloqueo del espacio aéreo por parte de Washington, el jueves por tarde la Asamblea y la presidenta venezolana, Delcy Rodríguez, aprobaban una ley que liberalizará el sector petrolero del país, en lo que supone un giro importante en el rumbo marcado por el chavismo en las últimas dos décadas.

Los diputados de la Asamblea Nacional votaron la reforma de la ley de la industria energética, apenas 26 días después del derrocamiento de Nicolás Maduro tras un ataque militar de EEUU el pasado 3 de enero. Una reforma que fue firmada posteriormente por la presidenta interina, Delcy Rodríguez.

“Junto a nuestras trabajadoras y trabajadores firmamos la Reforma de la Ley de Hidrocarburos, un instrumento aprobado por unanimidad en la AN que fortalece nuestra soberanía energética y crea condiciones para atraer inversiones, impulsando el desarrollo de Venezuela”, ha dicho la presidenta de Venezuela.

En paralelo, el Departamento del Tesoro de EEUU ha comenzado a flexibilizar las sanciones al petróleo venezolano y amplió la capacidad de las empresas energéticas estadounidenses para operar en el país, en lo que supone el primer paso de los planes esbozados por el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, el día anterior en el Senado. En su comparecencia ante el Comité de Asuntos Exteriores, Rubio afirmó que el dinero de las ventas del petróleo de Venezuela irá a una cuenta bloqueada por el Tesoro de EEUU, y que será Washington el que decida qué dinero se libera de esa cuenta, en función de para qué diga Caracas que quiere usarlo.

La licencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos abarca diversas actividades que podrían acelerar el flujo de crudo venezolano, incluyendo la exportación, venta, almacenamiento y refinación del petróleo del país, informa Bloomberg.

La licencia cubre una gama de operaciones intermedias y posteriores a la producción, incluyendo la carga de petróleo en buques cisterna, así como su exportación, comercialización y transporte. También autoriza la refinación de crudo venezolano por parte de entidades estadounidenses establecidas y pagos “comercialmente razonables” mediante intercambios físicos de crudo, diluyentes o productos petrolíferos refinados.

“Estamos hablando del futuro. Estamos hablando del país que vamos a dejar a nuestros hijos”, dijo Rodríguez, informa AP.

La legislación aprobada en Venezuela promete otorgar a las empresas privadas el control sobre la producción y venta de petróleo y permitir el arbitraje independiente de disputas.

El Gobierno de Rodríguez espera que los cambios sirvan como garantía para las principales compañías petroleras estadounidenses que hasta ahora han dudado en regresar al país.

La ley revisada modificaría los impuestos a la extracción, estableciendo un límite máximo de regalías del 30% y permitiendo que el poder ejecutivo establezca porcentajes para cada proyecto en función de las necesidades de inversión de capital, la competitividad y otros factores.

También elimina la obligación de que las disputas se resuelvan únicamente en los tribunales venezolanos.

El diputado del partido gobernante, Orlando Camacho, presidente de la comisión de petróleo de la Asamblea Nacional, afirmó que la reforma “cambiará la economía del país”, informa AP. Mientras tanto, el diputado de la oposición, Antonio Ecarri, instó a la Asamblea a incluir disposiciones de transparencia y rendición de cuentas en la ley, incluida la creación de un sitio web para hacer pública la información sobre la financiación y otros datos relevantes.

La ley fue modificada por última vez hace dos décadas, cuando Hugo Chávez convirtió el fuerte control estatal sobre la industria petrolera en un pilar de su revolución.

En los primeros años de su mandato, una enorme bonanza de petrodólares, gracias a los precios récord del petróleo a nivel mundial, convirtió a PDVSA en la principal fuente de ingresos del gobierno y en la columna vertebral de la economía venezolana.