La comisión de control y transparencia de la Policía vasca, que analiza operativos controvertidos de la Ertzaintza o de los cuerpos locales y que desde hace unos meses está presidida por Enrique Lucas, ha cambiado radicalmente el criterio de la etapa anterior, la de Juan Luis Ibarra, y ha acordado la suspensión de tres investigaciones en marcha por estar abiertas en paralelo actuaciones judiciales. Se trata de tres intervenciones de la Ertzaintza, la que dejó un joven con lesiones en un testículo en el barrio de Rekalde de Bilbao (abril de 2025), la denuncia de otro varón por heridas presuntamente causadas en la cara por un proyectil de 'foam' de la Brigada Móvil en el marco de los disturbios tras la visita de la Falange a Vitoria (octubre de 2025) y una intervención en Sestao que dejó dos heridos, madre e hijo (febrero de 2026). Por el contrario, la comisión sí ha emitido su dictamen sobre una detención de la Policía de Getxo y ha estimado que los dos agentes actuantes lo hicieron con plena proporcionalidad.

Hasta ahora, la comisión había defendido que su labor era totalmente diferente a la penal y, no solamente eso, lanzó incluso en sus memorias de la etapa de Ibarra críticas a Asuntos Internos de la Ertzaintza por intentar establecer como requisito para trasladar información policial —que no judicial— el que lo autorizara el Tribunal de Instancia correspondiente. En uno de los informes, se hablaba de que “los responsables policiales” se habían “auto-otorgado” la “facultad de establecer una nueva condición, como sería la obtención de autorización judicial expresa”. La labor de la comisión había servido para ofrecer recomendaciones en las actuaciones policiales, como la exigencia del uso de 'body cams', cámaras en el unifome que grabaran detenciones o cargas.

Dentro de una renovación de vocalías de la comisión, Ibarra, que venía de ser presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, presentó su renuncia y el nuevo presidente de este grupo de trabajo pasó a ser Lucas, exvocal del Consejo General del Poder Judicial a propuesta del PNV. En esta nueva etapa, se da por bueno que Asuntos Internos no entregue el material si el juzgado no le da luz verde. Y son ya tres las investigaciones suspendidas por este motivo, cuando en toda la historia del organismo eso no había sucedido nunca.

El detalle de los cuatro casos

Sobre el caso de Rekalde, se indica que “el juzgado N.º 4 de Bilbao [en referencia a la plaza 4 de la sección de Instrucción del Tribunal de Instancia] no ha aprobado el acceso de la [comisión] al atestado policial levantado sobre la actuación policial”. Y se añade que “la negativa se expresa en unos términos claros y terminantes que no dejan lugar a la duda”. La comisión, por lo tanto, “no está en condiciones de elaborar su informe —ni lo estará— hasta que la autoridad judicial no apruebe el acceso al atestado y a la demás información relevante del caso o recaiga resolución firme que ponga fin a la vía judicial, una vez agotadas todas las instancias y recursos legalmente posibles”. Como referencia comparativa, la sentencia firme sobre la muerte de Íñigo Cabacas tras recibir en 2012 en la cabeza el impacto de una pelota de goma no llegó hasta 2021.

El segundo asunto que ahora queda en suspenso es el relativo a la denuncia de un joven por lesiones en la cara en el marco de las cargas de la Ertzaintza en Vitoria el día de la fiesta nacional de España, donde hubo un acto del que fuera partido único de la dictadura y contramanifestaciones. La comisión pidió información a Asuntos Internos, esta unidad pidió permiso al juzgado y el Tribunal de Instancia de Vitoria indicó que todos los sumarios son inaccesibles para las partes no personadas. “La decisión judicial priva a esta comisión del conocimiento del documento legalmente previsto para dejar constancia de los hechos averiguados, las declaraciones e informes recibidos y la anotación de todas las circunstancias de la actuación policial investigada. Es decir, de una fuente principal de información sobre lo sucedido”, se puede leer en la resolución.

Y hay un tercer expediente en idénticas circunstancias. A finales de febrero, en Sestao una patrulla camuflada, de dos componentes, tuvo un encontronazo con un grupo de personas en la calle de José Antonio de Aguirre y “emplearon la fuerza”. Fueron tres los detenidos por zarandear el vehículo policial. Uno de ellos refirió dolor testicular y su madre también aportó un parte de lesiones del hospital de Cruces. En este caso, los argumentos de la comisión son los mismos, incluso textuales en su redacción. No tienen permiso judicial para ver la documentación de la propia Ertzaintza y, por lo tanto, queda suspendida la investigación.

Se da la circunstancia de que este organismo tiene encomendada la revisión de otras actuaciones, particularmente la del aeropuerto de Loiu durante el recibimiento de activistas de la flotilla Global Summud. Es un asunto que también está judicializado, por lo que de mantenerse el mismo criterio tampoco se emitiría ningún informe de conclusiones o recomendaciones.

En este contexto, la comisión sí ha resuelto otro tema que tenía pendiente. Se deja claro que es un asunto sobre el que no pesaba actuación judicial alguna. Se trata de una detención de la Policía Local de Getxo. Se indica que los dos agentes municipales intervinientes lo hicieron ajustándose a los criterios de proporcionalidad. Sí se entiende que “debió aplicarse un plus de diligencia”, porque la reducción del arrestado que fue grabada en vídeo y que incluyó algunos golpes llegó después de que se le aflojaran los grilletes y el arrestado pudiera escaparse.

Como recomendaciones, se pide una “generalización” de las 'bodycam' también en cuerpos locales para evitar las diferentes “interpretaciones” de los vídeos que pueden grabar particulares, regular el “afojamiento” de los grilletes para evitar que eso pueda convertirse en un problema añadido —incluso ser empleados como “arma peligrosa” a modo de “puño americano”— y, en general, regular la vigilencia y las normas para actuar con personas bajo arresto.

El mercado ha dado un respiro a Donostia, con un descenso de los precios de los nuevos alquileres del 3,7% en el último trimestre de 2025, de 1.175,6 a 1.131,9 euros, según la más reciente EMAL (Encuesta del Mercado del Alquiler). La ligera desinflamación se aprecia también en otras zonas del área metropolitana como Irún, Errenteria o Lasarte-Oria. El consejero de Vivienda, el socialista Denis Itxaso, cree que “las cifras invitan a la esperanza” porque, además, no ha descendido la oferta. Y lo atribuye a la plena aplicación de las previsiones para las zonas tensionadas previstas en la ley estatal de 2023, que solamente fue posible en esa época. Por el contrario, la misma estadística ofrece otra fotografía menos favorable en Bizkaia: en Bilbao las rentas ya pasan de los 1.000 euros por vez primera y Getxo se convierte en el municipio más caro, con 1.175,7 euros mensuales.

Itxaso ha presentado estos resultados precisamente en Donostia. Según ha dicho, sería “prematuro” ver esta mejora como una “tendencia consolidada”, pero al menos sí cree que hay que ponderar los elementos positivos en el “primer trimestre en el que confluyen todas las herramientas previstas para las zonas tensionadas en Gipuzkoa”. Son tres meses, octubre, noviembre y diciembre de 2025, en que “por primera vez” desde que se hace la EMAL, desde 2016, se reducen “al unísono” los precios en los principales núcleos urbanos. Es más, a la par se constata una “ligera” subida de precios en zonas no tensionadas de Gipuzkoa.

En cifras, Donostia baja de 1.175,6 a 1.131,9 euros mensuales de media, un 3,7%. Es el dato de los nuevos contratos firmados en el período analizado. Errenteria, la primera localidad vasca en agogerse a este sistema de control de precios, pasa de 834,9 a 800,4 euros, un 4,1%. Irún, el segundo municipio más poblado, ve un descenso de 878 a 851,8, del 3%. Lasarte-Oria tiene una pequeña bajada de precios, de apenas el 0,6%, ya que se queda en 893,2 frente a los 898,3.

Para Itxaso, lo relevante es que eso no venga acompañado de una “contracción” de la oferta, una de las críticas que hacen los detractores de la normativa estatal, desde el PP a nivel general hasta el PNV a nivel más local. “El dato importante es doble: bajan las rentas de entrada en varios de los municipios más tensionados y, al mismo tiempo, Gipuzkoa alcanza los 31.351 contratos activos. Es decir, no estamos viendo una contracción del parque registrado, sino una primera moderación de precios con más viviendas alquiladas”, se ha congratulado. Y ha añadido, insistiendo en lo simbólico del caso de Donostia, que “supone un primer alivio en uno de los mercados residenciales más tensionados de España”, aunque ha pedido cautela hasta ver la evolución de los siguientes trimestres.

Aunque con retraso, Gipuzkoa fue el primer territorio que logró de su Hacienda foral los datos para activar los denominados índices de precios de referencia. Sin ellos, se aplicaban las zonas tensionadas pero no en todos los supuestos. Estos índices permiten limitar precios en primeros alquileres, viviendas que llevan tiempo fuera del mercado y casas de grandes tenedores, los propietarios de muchos inmuebles.

Itxaso ha puesto también en valor la política fiscal de Gipuzkoa y su incidencia sobre la Vivienda. “25.000 propietarios se han beneficiado de la bonificación del 70% en el IRPF por alquilar sus viviendas a precios contenidos, con un impacto fiscal cercano a los 18 millones de euros. Además, otros 28.000 declarantes que alquilan a precios de mercado han recibido bonificaciones del 30%, por un importe aproximado de 4 millones”, ha indicado el Ejecutivo vasco.

Álava estable, Bizkaia a peor

En Álava y en Bizkaia, las respectivas Haciendas forales han llegado más tarde, ya este 2026. Así, si la media en Gipuzkoa es de descenso del 3,5%, en Bizkaia se produce una subida del 2,1%. Por vez primera en diez años, este territorio es más caro que Gipuzkoa y, además, Getxo es el municipio con los precios más elevados, por encima de Donostia. En esta localidad se han disparado un 5,5%, y llega a 1.175,7 desde los 1.114,3 anteriores. Además, los contratos activos han bajado igualmente, un 0,5%. En el caso de Bilbao, se supera el simbólico umbral de los 1.000 euros mensuales: de 989,8 a 1.011,1, un 2,2% de subida trimestral. Barakaldo tiene un repunte del 1,8% y se queda en 828,4 euros.

“Los datos de Bizkaia ofrecen una fotografía previa a la entrada en funcionamiento del índice de referencia en dicho territorio y permitirán comparar en los próximos meses cómo evoluciona el mercado una vez desplegadas todas las herramientas de las zonas tensionadas”, despeja Itxaso sobre estos malos resultados.

En el caso de Álava, sigue como la zona más “contenida” de Euskadi. En Vitoria, la única zona tensionada y nuevamente sin todas sus medidas aplicadas en el período medido, la situación es de “estabilidad”. De 851,6 euros de media se ha pasado a 851,2. Sí ha habido un incremento anual del 2,8% en los alquileres activos y declarados.

El exjefe de seguridad de Osakidetza, Juan José Quiñones, de profesión ertzaina, ha asumido ante un juzgado de Vitoria que presentó “de manera consciente y voluntaria” un título universitario falso de la EHU para acceder a la plaza convocada en 2023 y en la que se mantuvo hasta que se detectó el engaño y fue denunciado, a finales de 2025. El Tribunal de Instancia le ha impuesto una pena de seis meses de cárcel -que no será efectiva al carecer de antecedentes- y una simbólica multa económica de 1.080 euros.

El Servicio Vasco de Salud convocó la plaza en 2023 para reforzar la seguridad de los centros sanitarios tras el sonado caso del secuestro de un bebé en 2022 en la maternidad de Basurto. El agente ahora condenado fue el único aspirante. En un inicio, se dio por bueno el título de la EHU porque venía compulsado por el Ayuntamiento de Getxo.

Estuvo dos años ejerciendo y, sin que se hayan aclarado los motivos, a finales de 2025 se procedió a una revisión de las titulaciones y se descubrió que no era licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas, como decía ser. Durante ese tiempo, Quiñones tuvo un salario superior a los 60.000 euros anuales y participó en la tramitación de cinco expedientes de contratación que suman más de 83 millones de euros.

Los hechos probados, dice la sentencia del Tribunal de Instancia de Vitoria firmada por la magistrada María Luisa Nistal, “son constitutivos de un delito de falsedad en documento público”, aunque el hecho de que sea un fallo de conformidad hace que se impongan penas muy rebajadas. Tampoco pesa una inhabilitación, por ejemplo, más allá de la imposibilidad de presentarse a las elecciones durante el tiempo de la condena de cárcel, seis meses. Es más, el resultado final es aún más bajo que la petición de la fiscal Cristina Vicente Briansó, que era de nueve meses de prisión y unos 600 euros más de multa.

La Fiscalía no ve razón para detener la investigación penal por el derribo del edificio Irurak Bat de Getxo a pesar de que las defensas de los imputados, incluidos tres exediles del PNV, hayan intentado neutralizar el caso porque una sentencia de la jurisdicción contencioso-administrativa sobre todo inmueble de la localidad, La Aldea, aludía a que los bienes de la misma categoría que el palacete, la de “custodia municipal”, no tenían por qué tener protección automática. Dos de esos tres exconcejales iban a adquirir una vivienda de lujo en el nuevo bloque que se iba a levantar en ese solar.

El instructor del caso, Marcos Amor, pidió a las partes personadas su criterio en relación a la posible afección del fallo de otra jurisdicción en la causa penal sobre el Irurak Bat. Los imputados corrieron a pedir el archivo, contradiciendo el criterio de la Policía judicial, en este caso la Ertzaintza, que lleva meses insistiendo en que se pudieron cometer delitos contra el patrimonio en el derribo. Como la Fiscalía, PP y EH Bildu, que ejercen de acusación igualmente, también creen que hay que seguir adelante.

“La sentencia que ha sido unida a las actuaciones no afecta en modo alguno a los hechos que están siendo objeto de investigación e instrucción en la presente causa, máxime cuanto se trata de una única sentencia que, además, se refiere a un supuesto no idéntico al que nos ocupa”, señala el ministerio público según una resolución adelantada por 'El Mundo'.

La fiscal, María del Pilar Sánchez Donate, exhibe también su “absoluto respeto” a la sentencia de lo contencioso-administrativo, pero “no se comparte” que pueda justificar la demolición del Irurak Bat, que lleva protegido “desde 1985”. El informe, de siete folios, recalca que mientras que el Ayuntamiento tramitó el expediente del edificio éste siempre tuvo un nivel de “protección básica” que ha de respetarse.

El derribo se produjo en el verano de 2024 y la causa se inició entonces, pero no fue hasta enero de 2026 cuando el caso alcanzó resonancia porque la Ertzaintza entró en dependencias municipales por orden judicial y se incautó de dispositivos electrónicos. Sin embargo, desde entonces la instrucción ha avanzado al ralentí, con cambio de juez y sin que en ningún momento hayan declarado los imputados o se hayan revisado los aparatos.

Sin embargo, sí son conocidos ya algunos informes técnicos. El propio Gobierno vasco sostiene que era un edificio protegido. Los tres exconcejales, Inazio Uriarte, Irantzu Uriarte e Iñigo Urkitza, dimitieron de sus funciones tras la imputación. La alcaldesa del PNV, Amaia Agirre, fue emplazada por PP y EH Bildu a seguir el mismo camino, pero continúa en el cargo aunque ya se ha conocido que no se presentará a las elecciones de 2027.

La investigación penal por el derribo del edificio protegido de Getxo Irurak Bat está en el aire porque una sentencia de otra jurisdicción, la contencioso-administrativa, estimó que “los bienes de custodia municipal no se convierten automáticamente en bienes culturales de protección básica”. Dos de los tres exediles del PNV imputados ya pidieron la finalización de la causa y el tercero lo ha hecho ya también, subrayando que no ve delito alguno en los hechos. Entre las acusaciones, el PP y EH Bildu han presentado ya un escrito en sentido contrario e insisten en que hay indicios de que se cometieron delitos con el palacete.

Los 'populares', que son la principal fuerza de la oposición en Getxo y que, como EH Bildu, acudieron a los tribunales para que se analizase lo sucedido con el Irurak Bat, sostienen que sigue siendo necesario completar la investigación, que lleva semanas parada. El derribo se produjo en 2024 y en enero de este año el caso alcanzó una nueva dimensión con la Ertzaintza entrando en dependencias municipales e incautándose de dispositivos electrónicos, pero la decena de imputados ni siquiera ha prestado declaración y se discute aún qué hacer con los materiales decomisados.

Entre medias, en junio, surgió la nueva sentencia sobre La Aldea y el instructor penal, Marcos Amor, pidió a las partes una reflexión sobre cómo interpretaban su posible afección. Algunos de los imputados, rápidamente, vieron una nueva oportunidad para cerrar el caso. El escrito del PP, en cambio, sostiene que el fallo “no debe paralizar ni obstruir en nada la instrucción del presente procedimiento sino, en todo caso, servir de complemento”.

El abogado del PP, Eduardo Andrade, que es también el portavoz municipal, entiende que los indicios no solamente se fundamentan en los informes de la Ertzaintza, cuya labor está siendo muy cuestionada por los investigados, sino también en “pruebas documentales” sólidas. Cita, por ejemplo, que el área de Cultura del Gobierno vasco, que depende también del PNV, emitió un dictamen que concluye que “en ningún caso será posible su derribo ni total ni parcial salvo informe y previo y favorable” del organismo autonómico correspondiente. Se mencionan, igualmente, otros documentos técnicos en la misma dirección.

Los 'populares' indican también que La Aldea e Irurak Bat son casos “distintos”. En el primero, hubo una “solicitud expresa” de derribo, mientras que en el segundo no se solicitó tal cosa, “sino que utilizaron una vieja licencia de obras escondiendo un futuro derribo de un edificio protegido”. Para el PP, la demolición fue “premeditada” y recalca que dos ediles iban a comprar una vivienda en la promoción que se iba a levantar en el solar.

La acusación demanda “aclarar todas estas presuntas manipulaciones, presuntos tratos de favor, presunto uso de información privilegiada, en definitiva, los presuntos delitos de malversación urbanística, unos por acción y otros por omisión”. Pide “continuar” la instrucción, retomar las declaraciones pendientes, tanto de testigos como de los imputados, en este segundo caso “de forma inmediata”, y que se ordene la “apertura de los dispositivos electrónicos incautados” por parte de la Policía judicial.

En el caso de EH Bildu, según ha informado Europa Press, recuerda que la sentencia sobre La Aldea no es firme y que, además, no tiene “carácter jurisprudencial”. Añaden que los informes de la Ertzaintza recalcan que “el derribo del edificio Irurak Bat, protegido en custodia municipal, se llevó a cabo con omisión del procedimiento del PGOU y con infracción de la ley”.

Los exconcejales del PNV Irantzu Uriarte e Inazio Uriarte, dos de los tres exediles imputados en la investigación penal por el derribo del edificio histórico Irurak Bat de Getxo y que aspiraban a comprarse un piso de lujo en las nuevas viviendas que se iban a construir allí, han pedido el cierre de la causa, han criticado a la Ertzaintza como Policía judicial y han lamentado el “oprobio” que han sufrido por esta instrucción. A su juicio, por lo recopilado ya en una instrucción en la que ni siquiera han comparecido los imputados y no se han revisado los dispositivos electrónicos que fueron decomisados en su momento, se ha “desinflado el suflé”.

La defensa de estos ediles, que eran pareja y cooperativistas de Ereaga Atalaya, el proyecto que iba a ser levantado tras el derribo del Irurak Bat, ha presentado un escrito para cerrar la causa en el marco del plazo abierto por el juez Marcos Amor, del Tribunal de Instancia de Getxo, para que se analicen los efectos de otra sentencia sobre otro caso, el del edificio La Aldea. En ella, se menciona que “los bienes de custodia municipal no se convierten automáticamente en bienes culturales de protección básica”. Sin embargo, se trata de un contencioso-administrativo, no de una causa penal.

Con todo, los exediles insisten en que está clara la “inexistencia de delito”, según su escrito difundido a través de Europa Press. Se expresan en términos muy contundentes. Sobre el Irurak Bat, por ejemplo, dicen que “era un casa de vecinos, en bastante mal estado de conservación y mantenimiento, cuyo parecido con un palacete no es ni remoto, que no despertaba ningún interés cultural, histórico artístico en los ciudadanos del municipio y que contaba con el menor grado de protección urbanística (bien de custodia municipal)”.

Consideran que este proceso se ha originado por las “hipótesis erróneas” de la unidad especializada de la Ertzaintza en delitos patrimoniales. La Policía defiende que el Irurak Bat nunca tuvo que ser derruido, una tesis sostenida también por la Fiscalía. Los imputados, por el contrario, inciden en que hay un “interés político” por estirar la investigación cuando no hay base para ello. PP y EH Bildu, dos partidos de la oposición en Getxo, están personados como acusación. Según los exconcejales, “donde mandan los intereses políticos y/o mediáticos la realidad parece superflua”.

Uriarte y Uriarte consideran que han sufrido un “daño muy grave y de casi imposible reparación”. “Han tenido que convivir todo este tiempo con el oprobio, el estrés y la ansiedad que ser expuesto ante la opinión pública como un presunto delincuente causa hasta en las personas con mayor fortaleza”, argumentan sus defensas.

La asociación ecologista Eguzki ha denunciado que una parte de los acantilados de Getxo se están convirtiendo en un vertedero improvisado y clandestino, sin que ninguna institución se esté ocupando de su limpieza. Se trata además de una zona relativamente cercana a la terminal de cruceros del puerto que se vende como un “atractivo turístico”, sobre todo en epoca veraniega.

La organización ecologista se hace eco de un artículo en el que se denuncia que en los acantilados bajo la playa Aixerrota y hasta casi el cierre del Superpuerto se acumula basura que difícilmente puede achacarse a la actividad de las mareas, ya que entre los objetos que se encuentran, por ejemplo, chasis de coches enteros, con los asientos todavía reconocibles, neumáticos, garrafas de plástico, espuma de poliestireno, restos de electrodomésticos, bidones o bolsas, además de multitud de troncos. “Todo el inventario de un vertedero al aire libre que cualquier persona puede visitar caminando desde la misma terminal de cruceros que las instituciones venden como escaparate de modernidad”, según denuncia Txema García, autor del escrito del que Eguzki se ha hecho eco en su web.

Según se recoge en el escrito, la acumulación de residuos lleva años visible para cualquiera que pasee por esa zona. “¿Cómo es posible que esto persista a un paso de donde se gestiona, con tanto mimo, la llegada de cada crucero de lujo?”, se pregunta. Por otra parte, considera que la naturaleza de lo que está allí depositado no llega en su mayoría flotando, sino que se trata de objetos que la gente deposita en ese lugar. “Es vertido clandestino, dejación, basura doméstica e industrial depositada sobre un acantilado donde se sabe, porque la experiencia de años lo confirma, que nadie va a venir a limpiarlo con la urgencia que merece. Y lo que sí llega arrastrado por el mar -la madera, los plásticos de un solo uso, los restos de aparejos- se acumula también porque ningún plan de limpieza sistemática y constante se aplica con la misma intensidad con la que se aplican los planes de promoción turística”.

En ese sentido, se critica que es “la otra cara de la moneda del llamado 'efecto Guggenheim', la que nunca aparece en los informes de impacto económico ni en los discursos institucionales sobre el éxito del modelo vasco de regeneración urbana” y lamentan que parte de la costa esté “convertida en vertedero a cielo abierto a la vista de cualquiera que se atreva a caminar quince minutos más allá del límite donde termina la fotografía oficial”.

Sin conocer de quién es la responsabilidad exacta de la limpieza de este tramo del litoral, entiende que cada una de las tres administraciones que tienen competencia sobre ese tramo de costa mirarán hacia otro lado “con la excusa cómoda de que la jurisdicción exacta corresponde a la vecina”: “el Ayuntamiento de Getxo, que presume del turismo de cruceros como motor económico local; la Autoridad Portuaria de Bilbao, que gestiona el dominio público portuario y que difícilmente puede alegar desconocimiento de lo que ocurre a un paso de sus propios muelles; y el Gobierno vasco, que financia campañas de promoción turística y discursos de sostenibilidad mientras delega en otros la limpieza efectiva del litoral”.

Una sala de apelaciones de la Audiencia Nacional compuesta por los jueces Francisco Javier Vieira, Jesús Eduardo Gutiérrez y Fermín Javier Echarri, enmendó en mayo al instructor José Luis Calama y, atendiendo al criterio de la Fiscalía y de la Policía Nacional, autorizó tres registros, dos en Bilbao y uno en Getxo, para investigar a dos personas del colectivo Iranekin Bat (Comité a favor de Irán de Euskal Herria) por su supuesta vinculación con Hizbulá y con delitos de “terrorismo”. La operación, finalmente, ha tenido lugar esta semana. Iranekin Bat ha considerado un “montaje” este sumario y ha llegado a celebrarse una protesta por los arrestos en Algorta, con asistencia de varias docenas de personas.

El origen del despliegue de este martes hay que encontrarlo en un informe de la Comisaría General de Información, la principal unidad antiterrorista de la Policía Nacional. Es del 25 de marzo. En ese atestado se apuntaba a dos personas, Y. y A., ambos varones. A uno de ellos se le imputan once elementos para justificar su detención y el registro de su domicilio. Al otro uno más, doce. En uno de los casos se plantea incluso acceder a la casa de la madre.

Entre los hitos destacados por la Policía Nacional se menciona un atentado de marzo en Oslo, capital de Noruega. Fue contra la embajada de Estados Unidos y acabó “sin víctimas”. Unas “fuentes de acreditada solvencia internacional”, de las que no se dan más detalles, trasladaron a la inteligencia española que en el clonado de los dispositivos electrónicos de los implicados aparecía el número de uno de los dos activistas residentes en Bizkaia. Ambos disponen de líneas libanesas, señala la Policía.

Igualmente, ambos habrían sido invitados al funeral de un líder de Hizbulá, Hassan Nasrallah, asesinado por Israel en 2024. Uno no pudo ir por el “bloqueo aéreo”, pero el otro lo grabó desde una “zona privilegiada”. En la larga lista de cargos se menciona de uno de ellos su “gran pericia en el uso de armas largas” al haber sido “instruido” por “organizaciones terroristas” en Líbano, el país de Hizbulá; del otro se dice que estuvo en campamentos “controlados” por terroristas, los de Sabra y Shatila. También se enumeran transferencias bancarias -de hasta 5.000 euros- y otros movimientos relacionados con causas supuestamente relacionadas con la milicia chií, como ocultar dinero en las partes “íntimas” del cuerpo.

Se les cita como instigadores del “boicot” a la Vuelta Ciclista a España a su paso por Bilbao en septiembre de 2025. Uno de ellos habría sido “organizador y miembro activo” de las protestas por la presencia en el pelotón del equipo Israel Premier Tech, ya desaparecido. Llevó una bandera de Hizbulá y una fotografía de su líder asesinado, estiman los agentes. Se les ubica en una posición política claramente filoiraní, un país chií. Del segundo, como colofón, se añade que “siempre” ha sido “un defensor del terrorismo de ETA”.

Al margen, se indica que se usaba el canal de Telegram Frontflict para difundir propaganda. Ese grupo, que es perfectamente público, subió un último mensaje este martes, el día de la operación policial. “El terrorismo y el extremismo representan amenazas inaceptables para la paz, la seguridad y los derechos humanos, destruyendo vidas inocentes y socavando los valores fundamentales de la sociedad”, se publicó. También se recogió un largo aviso legal que insistía en que se estaba cumpliendo la legalidad en todo momento. “Nuestra única vocación es estrictamente informativa. No promovemos, apoyamos ni justificamos ninguna ideología extremista, grupo terrorista o acto violento. Nuestro compromiso es ofrecer a los lectores datos veraces, noticias objetivas y contexto sobre la actualidad, siempre desde una postura que no sea la que el sionismo quiere vender”, abundaban.

Calama contra la Policía Nacional

El juez Calama, protagonista en las últimas semanas por ser el instructor de la investigación de corrupción contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, basada precisamente en informes de la Policía Nacional, no dio credibilidad al informe de ese cuerpo en el caso de los dos vizcaínos. Entre sus argumentos, recalcó que todas las acusaciones contra los imputados estaban redactadas en condicional y que no pasaban de meras hipótesis policiales que no podían justificar una medida tan drástica como una detención y los registros.

Calama fue muy duro con el informe policial: “Se nos presenta un claro paradigma de hipótesis y suposiciones, sin base objetiva alguna de las que pueda inferirse racionalmente que se esté cometiendo o vaya a cometerse un delito de terrorismo. [...] El repertorio de datos es marcadamente insuficiente. Deducir de ese conjunto de elementos de una forma mínimamente consistente una actividad terrorista es un exceso. Son datos ambivalentes y equívocos. El relato es amplio, pero cuadro indiciario es muy pobre. No son necesarias pruebas para la adopción de las medidas solicitadas, pero sí un bagaje indiciario más consistente. Se corre el riesgo en otro caso de banalizar unas medidas tan invasivas como son las injerencias en la intimidad domiciliaria y en el entorno virtual solicitadas. [...] La mera adhesión, simpatía o afinidad ideológica hacia organizaciones consideradas terroristas por determinados Estados u organismos internacionales, como es el caso de Hizbulá, no constituye por sí misma conducta penalmente relevante en el ordenamiento jurídico español. El derecho penal español se rige por los principios de legalidad (art. 25.1 CE), tipicidad estricta, e intervención mínima, lo que impide sancionar ideas, creencias o posicionamientos ideológicos, por radicales o controvertidos que puedan resultar, en ausencia de actos externos subsumibles en un tipo penal”.

Pero la Fiscalía recurrió. Según el ministerio fiscal, es “abrumadora” la existencia de indicios de “terrorismo” y Calama incurrió en un “cuádruple error” en sus consideraciones. Concluyó que “no es cierto” que los informes policiales sean solamente un catálogo de “hipótesis y suposiciones sin base objetiva”. Y “el uso del tiempo condicional presente en los informes policiales no refleja la naturaleza conjetural de la hipótesis policial”, se añade desde la Fiscalía.

La sala de apelaciones de la Audiencia Nacional dio la razón a Fiscalía y Policía y enmendó la plana al instructor. Es más, le recuerdan que con muchos menos datos encima de la mesa se había autorizado ya en 2024 el 'pinchazo' de algunos teléfonos en el marco de esta misma operación. En concreto, hubo escuchas autorizadas desde diciembre de 2024 hasta febrero de 2026 de las que no se aportan más datos en la información judicial consultada.

Tras la operación de la Policía Nacional -escoltada por la Ertzaintza- hubo ya unas primeras protestas, aunque este viernes se ha anunciado una rueda de prensa para exponer lo sucedido con Y. y A. En un comunicado, Iranekin Bat ha denunciado una “campaña de persecución, mentiras y difamaciones”. En esa nota mencionan que “un juez de la Audiencia Nacional” no encontró “base objetiva” para hablar de terrorismo, en probable referencia al auto de Calama. Entienden que se busca “acallar” a quienes denuncian el “genocidio” de Israel en Palestina, el “verdadero terrorismo”. La nota se completaba con un mense de “apoyo al eje de la resistencia” de Palestina, Líbano e Irán.

La plaza número 2 de la Sección de lo Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Getxo, que instruye el caso del derribo del palacete de Irurak Bat de Algorta, en custodia municipal, ha suspendido las declaraciones previstas para este viernes de los técnicos peritos Urko Balziskueta y Amaia de Felipe, que en un principio se encargaron de la petición de licencia para la construcción de viviendas de lujo en el lugar, según han informado a Europa Press fuentes jurídicas.

Varias de las defensas de los investigados han solicitado al juez instructor, Marcos Amor, que suspenda estas testificales después de que una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), fechada el pasado 9 de junio, haya afirmado, en el caso de La Aldea —una villa de Neguri para la que una promotora pidió licencia de derribo—, que “los bienes de custodia municipal no se convierten automáticamente en bienes culturales de protección básica”.

En la causa del palacete —el edificio Irurak Bat de Algorta—, están investigadas por su supuesto derribo irregular diez personas, entre ellas tres exconcejales del PNV, tres técnicas municipales, el administrador de la gestora de cooperativas, el responsable de la constructora, el arquitecto autor del proyecto y otro profesional que participó en la actuación. La sentencia del TSJPV que da la razón a la promotora que pretendía obtener la licencia de derribo de la villa de Neguri, sita en la calle Zubitxoa número 1, para el proyecto La Aldea, revoca la sentencia de instancia dictada en sentido contrario, y que fue aportada al sumario del caso por EH Bildu, que ejerce como acusación popular, ya que el ayuntamiento había denegado la licencia.

La resolución del alto tribunal vasco, que todavía puede ser recurrida en casación, destaca que los bienes de custodia municipal “no se convierten automáticamente en bienes culturales de protección básica”, sino que “cabe su derribo”, tal como se plantea la PGOU de Getxo, pese a la Ley 6/2019 de Patrimonio Cultural Vasco (LPCV). Por ello, esta resolución judicial ha sido aportada ahora a los autos, y las defensas de varios acusados consideran que “obliga a reconsiderar la investigación penal abierta por el caso de Palacete de Algorta ”en su globalidad“.

“Ya no puede afirmarse la existencia de indicios de delito contra el patrimonio histórico, porque el edificio Irurak Bat, como todos los edificios de custodia municipal en Getxo, no queda abarcado por el ámbito de aplicación de la LPCV”, asevera el letrado de Ander Madariaga, responsable de Biurban, promotora, encargada de la comercialización de las viviendas de lujo proyectadas en el solar del palacete. Por su parte, el abogado de Foraster Arquitectos entiende que las opiniones que pudieran ofrecer Balziskueta y De Felipe en estos momentos quedarían “desactualizadas” y “podrían confundir más que aclarar la investigación”, por lo que su comparecencia no tendría fundamento.

Comunicación y registros

Pese a la oposición de las acusaciones populares, ejercidas por EH Bildu y el PP, el juez instructor ha comunicado a las partes la suspensión de las comparecencias previstas para este viernes de Urko Balziskueta y Amaia de Felipe. El primero de ellos había coniderado, en su testimonio ante la Ertzaintza, que le habían apartado del expediente de la licencia para facilitar el derribo total del edificio Irurak Bat, que, a su juicio, no podía llevarse a cabo. En su escrito, el abogado de Foraster recuerda que “no puede existir interés en apartar a un funcionario para la obtención de una licencia cuando ese funcionario había informado favorablemente sobre el mismo proyecto”, algo que, además, cree “incompatible con la condición de testigo”.

Las defensas de los acusados también han solicitado al magistrado instructor que, tras la sentencia del TSJPV, que, en su opinión, descarta que exista delito contra el patrimonio, se desestime la solicitud de la Ertzaintza de acceder al contenido de los dispositivos electrónicos intervenidos en las entradas y registros, entre ellos en dependencias municipales del Ayuntamientos de Getxo. “A día de hoy, sigue pendiente que el órgano instructor resuelva si autoriza o no el acceso por la Ertzaintza a los dispositivos electrónicos intervenidos durante las entradas y registros practicadas el 14 y 15 de enero de 2026. La Ertzaintza solicitó la autorización de acceso por atestado de 22 de enero de 2026, pero el órgano instructor todavía no ha resuelto sobre esta solicitud”, recuerdan.

En este sentido, afirman que, más allá de los indicios que pudiesen existir en enero de 2026, cuando se acordaron los registros y la intervención de los dispositivos, a la luz de la sentencia del TSJPV, “claramente no concurren ahora indicios de delito que justifiquen ninguna autorización de acceso al contenido de los dispositivos electrónicos previamente intervenidos”. Por ello, consideran que procede que el órgano instructor dicte un auto por el que desestime la solicitud de acceso formulada por la Ertzaintza.

La defensa de Ander Madariaga, responsable de la empresa Biurban y uno de los investigados en la causa penal por el derribo del palacete Irurak Bat de Getxo, ha presentado un escrito en el que solicita al juez instructor, Marcos Amor, que suspenda las testificales de este viernes de los peritos técnicos Urko Balziskueta y Amaia de Felipe tras una sentencia del Superior por otro caso, el de La Aldea, que señala que “los bienes de custodia municipal no se convierten automáticamente en bienes culturales de protección básica”.

Biurban es la empresa promotora y gestora de cooperativas encargada de la comercialización de las viviendas de lujo proyectadas sobre el solar del palacete de custodia municipal Irurak Bat demolido. En el escrito, el abogado de Madariaga afirma que la sentencia del Superior “obliga a reconsiderar la investigación penal” abierta por este casdo “en su globalidad”. “Ya no puede afirmarse la existencia de indicios de delito contra el patrimonio histórico, porque el edificio Irurak Bat, como todos los edificios de custodia municipal en Getxo, no queda abarcado por el ámbito de aplicación de la LPCV (Ley 6/2019 de Patrimonio Cultural Vasco)”, asevera en rerencia a la sentencia sobre el otro asunto, informa Europa Press.

La villa de Neguri, también en Getxo, conocida como La Aldea, estña en la calle de Zubitxoa 1. El fallo obliga al Ayuntamiento de Getxo a realizar los trámites que faltan para otorgar la licecia de demolución, tal como fue solicitada el 16 de noviembre de 2021. Además de la solicitud de suspender las declaraciones de los testigos del viernes, el letrado también reclama que se desestime la solicitud de la Ertzaintza de acceder al contenido de los dispositivos electrónicos intervenidos con ocasión de las entradas y registros realizados en enero de este año.

Un juzgado de lo contencioso-administrativo de Bilbao ha anulado la sanción de económica de 3.875 que el Ayuntamiento de Getxo, del PNV, impuso a la cooperativa Ereaga Atalaya por los trabajos de demolición parcial del denominado palacete de Algorta, el edificio Irurak Bat -con grado protección local- y la excavación de la parcela, realizados a principios de 2024, para lo que se obtuvo licencia en 2022, según la sentencia a la que ha tenido aceso Europa Press. Se trata de un fallo que no condiciona la investigación penal en marcha por ese derribo, en la que están imputadas una decena de personas, entre ellos tres exediles del PNV.

Estas actuaciones ahora revisadas se hicieron a la espera de la concesión del acta de replanteo -por el que se da el visto bueno definitivo a las obra y a las modificaciones, si las hubiera-, y que, según la resolución judicial, el consistorio bloqueó por una cuestión “menor”, como es la configuración y estética de tendederos de los pisos a edificar en el lugar, lo que considera desproporcionado“ y cree que solo se justifica en ”un escenario de conflictividad política“. La sentencia, que es firme, cierra uno de los procedimientos administrativos abiertos en los tribunales, a la espera del segundo incoado con motivo del derribo del resto del edificio en agosto de 2024. Mientras, continúa el proceso penal, que se encuentra en fase de instrucción.

En la causa, están siendo investigadas diez personas, entre ellas tres exconcejales del PNV, dos de ellos cooperativistas de Ereaga Atalaya -encargada de la actuación para costruir 12 viviendas de lujo, seis en el edificio Irurak Bat y otras seis en un edificio anexo-. El resto de investigados son tres técnicas municipales, el administrador de la gestora de cooperativas, el responsable de la constructora, el arquitecto autor del proyecto y otro profesional que participó en la actuación.

En su sentencia, la magistrada de la plaza número 4 de la sección de lo contencioso-administrativo del Tribunal de Instancia de Bilbao ha estimado el recurso interpuesto de la cooperativa contra la resolución de la concejalía del Ayuntamiento de Getxo del 4 de abril de 2025, por la que se le impuso esa sanción económica de 3.875 por las actuaciones realizadas en el palacete de Getxo, al entender el Consistorio que se habían incumplido las condiciones de la licencia, es decir, que se trataba de “obras sin licencia”.

De esta forma, la resolución judicial anula la sanción, basándose en que los problemas alegados para no dar el visto bueno a las modificaciones del proyecto de ejecución pivotaban sobre “un tema menor”, como fue el de los tendederos. A su juicio, bloquear el inicio de toda una edificación, mediante la negativa al levantamiento del acta de replanteo -el documento mediante el cual se puede dar comienzo a una obra o construcción- basándose en “una discrepancia menor y aislada”, como la configuración o estética de los tendederos, “es un ejemplo claro de desproporción y actuación contraria al principio de eficacia, que sólo se justifica en el escenario de conflictividad política en el que se desarrolló la aprobación del proyecto denominado palacete de Getxo”.

La magistrada defiende que las potestades de intervención municipal, con especial énfasis en materia de urbanismo, deben ejercerse con “proporcionalidad y ponderación, ancladas a la normativa y no a circunstancias coyunturales”. Según la sentencia, los tendederos o sus condicionantes estéticos solo representaban “un elemento accesorio y perfectamente subsanable en fase de ejecución material, y en ningún caso condicionante del levantamiento del acta de replanteo”. En este sentido, considera que realizar movimientos de tierras y ciertas demoliciones disponiendo ya de una licencia de obras sobre el proyecto básico concedida y en vigor, no puede considerarse una “obra ilegal” o “sin licencia”.

Destaca que, “a lo sumo, podría entenderse como el incumplimiento de un trámite formal previo de carácter temporal”. Por ello, cree que la conducta sancionada no puede entenderse como la “realización de obras sin licencia”, porque se había concedido licencia sobre un proyecto básico. “Castigar una discrepancia de plazos formales con la misma gravedad que construir un edificio clandestino es desproporcionado y constituye una actuación abusiva del Ayuntamiento”, asegura la magistrada.

Citando una sentencia del Tribunal Supremo de 2021, apunta que, “si la licencia está condicionada a la validación del acta, los plazos de caducidad de la licencia no empiezan a contar hasta que el Ayuntamiento emita o notifique la conformidad de dicho replanteo”. “Esta consideración protege al ciudadano frente a los retrasos municipales sin que ello pueda perjudicar los tiempos del promotor ni mucho menos constituir conductas típicas a efectos sancionables”, señala. En definitiva, determina que la actuación del Ayuntamiento, “en el escenario de conflictividad en que se produjo, fue desproporcionada y carente de sustrato normativo, por lo que la resolución recurrida debe anularse”, sin que se impongan las costas a ninguna de las partes.

La investigación judicial en torno al derribo el edificio protegido Irurak Bat de Getxo ha avanzado este viernes y este lunes con las declaraciones de los primeros testigos desde que se inició la instrucción en 2024 y, sobre todo, desde que el caso adquirió nueva dimensión a comienzos de 2026 con la entrada de la Ertzaintza en dependencias municipales para analizar la existencia de posibles delitos contra el patrimonio. En las dos sesiones, según fuentes judiciales, los ertzainas que han realizado los informes en calidad de Policía judicial se han ratificado en que hay claros indicios de irregularidades, vecinos han apuntado que a comienzos de 2024 ya era notorio que se estaba tirando el palacete sin que nadie hiciera nada y la empresa Eslora, la que realizó el primer plan de viviendas de lujo que iban a sustituir a la vieja construcción y que luego renunció, ha confirmado que desde el principio eran conocedores que estaban trabajando con un edificio protegido.

Los primeros en declarar ante el instructor, el juez Marcos Amor, fueron cuatro agentes de la Ertzaintza que han confeccionado los informes sobre el derribo del Irurak Bat. Estuvieron unas cuatro horas compareciendo y defendieron la tesis que apuntaron ya en sus atestados, que creen que hay indicios de delito. Ahora mismo son diez las personas imputadas, incluidos tres exconcejales del PNV en Getxo. Dos de ellos, Irantzu Uriarte e Inazio Uriarte, que eran pareja, iban a adquirir una de las viviendas de lujo resultantes del derribo del Irurak Bat. Los abogados defensores trataron de insistir en la tesis de que en los registros incurrieron en extralimitaciones. De hecho, hay formulados recursos ante la Audiencia Provincial para anular pruebas.

En estos días han acudido también al Tribunal de Instancia de Getxo vecinos y conocedores de las obras en el Irurak Bat. Aunque el derribo se completó en agosto de 2024, han indicado que ya desde “febrero o marzo” había demoliciones parciales que dejaban claro cuáles eran los planes. De hecho, otro compareciente ha indicado que en julio de 2024 “todos” los cooperativistas del proyecto de las nuevas viviendas, que se llamaba Ereaga Atalaya, conocieron por escrito que a los pocos días se iba a completar la demolición. Esa comunicación incluiría a los dos ediles del PNV que, en todo caso, asistieron igualmente a una reunión en 2023 donde se planteó también que era un edificio protegido.

Las fuentes judiciales consultadas indican que Bi-Urban, la empresa que relevó como promotora a Eslora, sostiene que el derribo fue una decisión no planificada e improvisada a la luz del mal estado del edificio al intervenir sobre él en agosto. Sin embargo, un técnico ha manifestado que en 2018 el palacete superó la ITE (el equivalente a la ITV de los coches para edificios) y que estaba “en perfectas condiciones”.

Las próximas testificales serán el 19 de junio. Ese día está citado Urko Balciscueta. Como arquitecto municipal, emitió en marzo un informe que fue incorporado al sumario. En él, explicaba que en su día informó favorablemente de un proyecto de reforma del edificio, pero remarcaba que aquel plan preveía el “mantenimiento” del edificio y la renovación de su interior y de las cubiertas. Añade que, si se hubiese planteado una demolición “total o parcial”, tendría que haber un informe del Gobierno vasco que no consta que se solicitase.

No hay fecha para que declaren los imputados. Hubo una citación para febrero, se anuló y no hay nuevo calendario. Por el momento, el plazo máximo para completar la investigación se sitúa en octubre de 2026, aunque sería prorrogable. Dos partidos de la oposición en Getxo, el PP y EH Bildu, ejercen como acusación al lado de la Fiscalía. La alcaldesa del PNV, Amaia Agirre, se negó a dimitir por este asunto pero ya ha confirmado que no se presentará a las elecciones de 2027. Irkus Ansotegi ha sido designado ya por parte de la formación nacionalista.

Irkus Ansotegi será el único candidato a la alcaldía de Getxo en el proceso interno que está celebrado el PNV para las próximas elecciones municipales y forales. Ansotegi ha sido el único candidato propuesto en las asambleas de las tres organizaciones municipales de Getxo, que se han celebrado durante la tarde de este martes. En cualquier caso, para ser oficialmente candidato, deberá ser ratificado en una segunda asamblea que se celebrará en mayo.

La actual alcaldesa de Getxo, Amaia Agirre, anunció el pasado día 13 que no optaría a ser candidata a las elecciones municipales de 2027, “una decisión personal que no ha sido fácil, pero sí profundamente reflexionada”, según trasladó en una misiva a sus compañeros de partido.

Según ha informado el PNV, Irkus Ansotegi había sido propuesto por las tres Juntas Municipales de Getxo: Algorta, Getxo Zaharra y Ondarreta. “Además de un candidato de consenso, es una persona joven, preparada, con experiencia y trayectoria profesional demostrada. Implicado en los ámbitos político, cultural y social de Getxo, es una persona para liderar nuestro municipio”, ha asegurado.

Irkus Ansotegi Zulueta tiene 47 años. Nacido en Getxo, es afiliado al Partido Nacionalista Vasco desde 1995, abogado, y cursó sus estudios en la Universidad de Deusto. En la actualidad es responsable de una empresa de asesoría jurídica.

Ha estado siempre implicado en el movimiento cultural del municipio. Entre otras entidades, ha formado parte de la Bertso Eskola, del grupo de baile Itxartu o de la asociación Hazi eta Bizi, de la que fue presidente. Además, ha sido miembro del Consejo Nacional de EGI y de la Junta Municipal de Algorta.

En marzo de 2010 el por aquel entonces alcalde de Getxo, Imanol Landa, del PNV, inauguró la reurbanización del parque de Txabarri Zuazo (conocido también como el parque de Gobelaurre), con un presupuesto de 1.778.000 euros en el que crearon un emplazamiento para el ocio y esparcimiento de más de 6.100 metros cuadrados de superficie total con zona de juegos infantiles cubierta y unas canchas de fútbol y baloncesto. Ese fue el inicio de la pesadilla de Anton, quien prefiere no dar su verdadero nombre, y de la lucha de casi 15 años contra el ruido que estas canchas asegura que generan. “Mi casa es un primero que está justo al lado de las canchas, que están perimetradas y suena cada vez que el balón choca contra alguna de las vallas. Hay balonazos a todas horas. El ruido es insoportable, porque hay niños jugando por la mañana y la tarde, que hacen un ruido que se puede tolerar, pero el problema es por la noche, porque aunque hay un cartel que indica que no se puede jugar a partir de las 22.00 horas, hay veces que el ruido se oye hasta las 05.00 de la madrugada”, lamenta el vecino.

Según reconoce, son “demasiadas” las veces que ha llamado a la Policía municipal a causa del ruido, que asegura que traspasa los límites permitidos en la Ordenanza Municipal de Ruidos y Vibraciones de Getxo que son en horario diurno, es decir, de 08:00 a 22:00 horas, un máximo de 60 decibelios ponderados A, mientras que en horario nocturno el límite se reduce a 40 decibelios. “He solicitado al Ayuntamiento una sonometría, porque el ruido es insoportable, pero llevan más de 15 años negándose a hacerla. También he escrito al Ararteko, al lehendakari y a partidos políticos, pero no dan una solución. Hay otros parques parecidos, pero lejos de las urbanizaciones. No se puede permitir que un parque así esté tan cerca de las viviendas”, critica el afectado, quien asegura que al igual que él, otros vecinos también muestran sus quejas ante la Policía, pero por el momento no han llegado a organizarse para realizar una denuncia conjunta.

La Defensoría del Pueblo vasca (Ararteko), en una resolución del año 2014, instó al Ayuntamiento de Getxo a “tomar las medidas sean necesarias para respetar los máximos sonoros permitidos”. “A raíz de la remodelación del parque se instalaron estas canchas donde practican deporte muchos jóvenes. Según nos comunicó este ciudadano, a pesar de que las instalaciones se encuentran semicerradas con plafones de madera acrílica, el nivel de ruido que alcanza durante el día, y sobre todo de noche, resulta excesivo y afecta a la convivencia diaria de la comunidad, especialmente, en horas de descanso. También dijo ser consciente de que estas instalaciones son una interesante alternativa de ocio para los jóvenes del municipio. Sin embargo, considera que su uso no debe ir en detrimento del derecho del resto de vecinos y vecinas a disfrutar de una vivienda sin molestias”, recoge la resolución.

El Ararteko explicó en el documento que el afectado puso “varias denuncias en el ayuntamiento solicitando que estudiara medidas para paliar las molestias, pero este solo exigió bajar el tono de voz a los jugadores y que finalizaran el juego si era horario nocturno”. “No obstante, el interesado consideraba que para corregir con carácter definitivo los ruidos provocados era necesario realizar, primero, mediciones en las viviendas afectadas, para contrastar los niveles de ruido alcanzados. Así, dependiendo de los resultados obtenidos, se podrían concretar las medidas a adoptar”, indica.

“Tras realizar varias gestiones con el Ayuntamiento de Getxo, este nos ha informado que, tras comprobar que los paneles de cierre de las porterías de la cancha eran el foco principal del ruido, se ha procedido a sustituirlos por otros elementos más absorbentes que evitan el ruido producido. Si esto no es suficiente, el ayuntamiento se ha comprometido a adoptar cuantas medidas sean necesarias para respetar los máximos sonoros permitidos durante el horario diurno. Además, se ha colocado un panel informativo en el parque prohibiendo el uso de las instalaciones en horario nocturno”, recoge la resolución del Ararteko realizada hace más de 15 años sin resolver el problema.

Desde el Ayuntamiento reconocen a este periódico que se acordó con la Policía municipal en una reunión de la pasada semana que se “cambiará el cierre de paneles por cierres de barrotera”, como existen en otras zonas similares del municipio. El Ayuntamiento considera que con el cambio del material de las canchas “se solventará el problema”.

El grupo municipal de EH Bildu en Getxo vuelve a estar personado como acusación particular en la causa del palacete protegido derribado en Getxo, en la que figuran como investigados tres exconcejales del PNV en la localidad y varios funcionarios municipales, además de representantes de las empresas promotoras. El juez instructor, Marcos Amor, que asumió el caso con la instrucción ya iniciada, ha admitido la querella criminal presentada por el grupo después de que decidiera expulsarlos como parte del procedimiento porque la formación abertzale había presentado una denuncia -que fue la que dio inicio a la investigación por parte de la Fiscalía- y no una querella formal contra personas concretas, lo que el magistrado entiende necesario para poder personarse. Solventado el requisito, EH Bildu figura de nuevo como parte en la causa, en la que también es acusación particular el PP.

En concreto, EH Bildu presenta su querella por delitos contra el patrimonio histórico, prevaricación administrativa y posible concurrencia de delitos de corrupción urbanística, contra los tres exconcejales del PNV, Irantzu Uriarte, Ignacio Uriarte e Iñigo Urkitza, y tres técnicas municipales del área de urbanismo, Argiñe Encinas, Isabel Peral y Sonia Quintana. Además, figuran como querellados cuatro personas relacionadas con las empresas que llevaron a cabo las obras que acabaron con el derribo del palacete Irurak Bat: Ander Madariaga, promotor de la empresa Biurban, José Ramón Foraster, arquitecto del estudio encargado de los pisos de lujo que iban a ocupar el solar en el que estaba el palacete, otro arquitecto técnico, Haritz Pinedo, y el jefe de obra Erlantz López. Todos ellos figuran ya como investigados en la causa.

Entre las diligencias de investigación que solicita en el escrito EH Bildu está la “tasación pericial del inmueble en el estado anterior a su demolición, a fin de determinar el valor económico del bien catalogado destruido y cuantificar el perjuicio patrimonial causado al patrimonio cultural, tanto a efectos de la responsabilidad civil derivada del delito como de la calificación jurídico-penal de los hechos”, así como que se “autorice y confirme el volcado, estudio y análisis de la información contenida” en los dispositivos incautados por parte de la Policía judicial de la Ertzaintza en el registro realizados en el mes de enero, “incluyendo el acceso a aplicaciones y almacenamiento en la nube utilizados por los investigados”. Respecto a estos dispositivos incautados, el juez Amor ha señalado en una reciente resolución, que los imputados tenían razón cuando pidieron que no se tuvieran en cuenta los buzones de correo electrónico y servidores incautados, por ser una intromisión excesiva en su intimidad, pero acepta la validez (de momento) de los móviles y otros materiales decomisados.

El escrito de la querella detalla los posibles hechos delictivos en torno al derribo del edificio Irurak bat, que se encontraba incluido en el catálogo de bienes protegidos del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio bajo la categoría de edificio de “custodia municipal”, que debía ser tratados como “bienes culturales de protección básica”. Entre ellos, que el 18 de octubre de 2022, la Junta de Gobierno local del Ayuntamiento de Getxo concedió licencia de obras a la promotora del proyecto Biurban SL, para la denominada “rehabilitación integral” del inmueble protegido, un proyecto técnico redactado por el estudio Foraster Arquitectos. Es una licencia en la que ya se constataron diversas irregularidades.

El 5 de enero de 2024 se presentó ante el Ayuntamiento un Proyecto de Ejecución que resultaba “manifiestamente incompatible con la licencia concedida y, sobre todo, con el régimen de protección del inmueble”. El proyecto contemplaba, de facto, la demolición total del edificio bajo la apariencia de una rehabilitación. El 12 de febrero de 2024 se inició la demolición del inmueble, que procedió a eliminar la estructura interior, la fachada sur íntegra, partes de las fachadas este y oeste, y la cubierta, y el 2 de agosto de 2024 se procedió a la demolición total de las fachadas restantes, “alegándose por los responsables de la obra un supuesto riesgo inminente de colapso que no había sido constatado por los servicios técnicos municipales ni avalado por ningún informe pericial independiente”.

Señala el documento que en el marco de las actuaciones municipales relacionadas con este proyecto, concurrieron “circunstancias de especial gravedad”, al conocerse que dos cargos electos del consistorio por el PNV, Inaxio Uriarte Gorostiaga, tercer vicealcalde, e Irantzu Uriarte, cuarta vicealcaldesa, que eran pareja y que integraron la Junta de Gobierno local que aprobó la licencia de obras, habían suscrito, con anterioridad a la aprobación definitiva de la licencia, un contrato de reserva de una de las viviendas de lujo que se iban a construir en el solar ocupado por el eficio protegido. “Estos concejales, además, participaron en la asamblea de socios de la cooperativa Ereaga Atalaya celebrada el 16 de noviembre de 2023, en la que Ander Madariaga y José Ramón Foraster informaron de que el estudio geotécnico del Proyecto de Ejecución obligaba a derribar las fachadas no previstas en la licencia, y que el edificio tenía protección de Custodia Municipal. A partir de ese momento, los concejales adquirieron conocimiento cierto de que la solución técnica proyectada conllevaba el derribo total del edificio protegido, incumpliendo el artículo 45 de la LPCV. Sin embargo, no solo no pusieron en conocimiento del Área de Urbanismo tal circunstancia, sino que en la asamblea de 31 de enero de 2024 autorizaron el inicio de las obras previsto para febrero de 2024, aun sin contar con acta de replanteo ni notificación favorable del Ayuntamiento”, exponen.

Constata además el beneficio económico que supuso para los promotores la demolición del edificio. “El ahorro económico obtenido mediante la demolición y posterior reconstrucción del inmueble, en comparación con la rehabilitación integral que habría exigido el régimen de protección aplicable, ascendió a 732.506,26 euros. Este diferencial -calculado tomando como base los datos aportados por la propia promotora y aplicando el módulo básico de edificación del Instituto Valenciano de la Edificación (IVE) para edificios singulares histórico-artísticos (1.249,05 €/m²)- acredita el beneficio patrimonial directo obtenido por los promotores como consecuencia de la destrucción del bien protegido”, señalan.

Por otra parte, indican que en el marco de las diligencias previas han quedado acreditadas una serie de circunstancias que refuerzan los “indicios de connivencia y actuación concertada entre los investigados”. Por ejemplo que las funcionarias municipales Argiñe Encinas y Sonia Quitana, accedieron a los expedientes sin competencia, y que “ambas funcionarias tenían conocimiento de que la intervención pretendida consistía en la demolición parcial de un edificio de Protección Básica y de que, por tanto, la licencia no era otorgable”. Además, consta que Biurban SL inició la comercialización de la promoción en febrero de 2023 —apenas producida la modificación del Proyecto Básico— y que Ander Madariaga, en calidad de Administrador Único de Biurban SL, firmó el 17 de mayo de 2022 un contrato de compraventa con los propietarios del inmueble por un precio total de 3.300.000 euros. “El contrato de arrendamiento de servicios suscrito entre Biurban SL y Ereaga Atalaya incluye expresamente la tarea 'Gestión de la promoción ante antiguos propietarios del terreno, Ayuntamiento', lo que permite inferir la probable existencia de contactos informales entre Biurban SL y alguna persona del Ayuntamiento en el contexto de la tramitación del expediente de licencia”.

Además del delito contra el patrimonio histórico por el derribo de un edificio protegido, EH Bildu entiende que la conducta de los funcionarios municipales intervinientes en la tramitación y resolución del expediente de licencia, “en cuanto indiciariamente habrían dictado resolución injusta a sabiendas -prescindiendo de trámites esenciales, omitiendo informes preceptivos y calificando el proyecto como obra nueva-, puede ser constitutiva del delito de prevaricación administrativa”. Al igual que la “pasividad de los cargos electos que, conociendo la ilegalidad manifiesta de la intervención y teniendo directo interés económico en la promoción, omitieron toda actuación tendente a restablecer la legalidad, puede ser analizada bajo este mismo tipo o como omisión del deber de perseguir delitos”. Por otra parte, considera que los hechos descritos, “especialmente la confluencia entre la posición de los concejales que aprobaron la licencia, su adquisición simultánea de unidades del proyecto resultante de la demolición del bien protegido, y su posterior inhibición ante la actuación ilegal”, abren la posibilidad de que concurran los tipos previstos en el artículo 320 CP (prevaricación urbanística específica) y, en su caso, en los artículos 419 y siguientes del Código Penal relativos a la corrupción de funcionarios y autoridades públicas“.

El Gobierno vasco no considera el turismo de cruceros un objetivo prioritario de su estrategia y, de hecho, no ha participado en los últimos años en ningún tipo de feria o evento de captación de este tipo de viajeros. “No es un producto prioritario dentro de nuestra estrategia turística”, señala el consejero socialista del ramo, Javier Hurtado. “El modelo turístico de Euskadi se asienta sobre la base de la sostenibilidad, a través de acciones como la diversidad de la oferta, el alargamiento de la estancia, el movimiento de flujos y la desestacionalización”, dice en una respuesta parlamentaria. Es decir, algo diferente a la llegada puntual de visitantes en buques al puerto de Bilbao, que está experimentando un enorme crecimiento en los últimos años y a lo que la Autoridad Portuaria dedica una ardua labor de promoción que le está llevando a cifras récord.

En respuesta a una solicitud de información por parte de la parlamentaria de EH Bildu, Itziar Murua, que también le ha preguntado por la misma cuestión en la sesión de control en el Parlamento Vasco de este viernes, Hurtado señala que el modelo turístico que se quiere extender en Euskadi les lleva a que no se incluyan por parte del departamento “acciones de promoción o de atracción, el turismo relacionado con los cruceros”. La parlamentaria le pregunta si se ha participado por parte del Gobierno en algún evento de este tipo en los últimos cinco años. “Eso sí, los visitantes que llegan a Euskadi a través de este medio de transporte son tratados y acogidos como lo es cualquier turista respetuoso que quiera conocer nuestro territorio”, puntualiza el consejero.

Esta falta de interés por parte del Gobierno en atraer cruceros contrasta con el incremento de esta actividad en los últimos años y la extensa actividad de promoción en este sentido que realiza la Autoridad Portuaria de Bilbao. Las previsiones apuntan a que este año 2026 se produzca un nuevo récord en la llegada de buques, con diez barcos más que el año pasado, lo que supondrá 80.000 viajeros más que los que llegaron a la terminal de cruceros de Getxo el año pasado.

Hurtado reconoce que no hay ningún tipo de coordinación desde el Gobierno vasco con el puerto de Bilbao para gestionar este tipo de turismo, más allá de la “meramente informativa” que realiza, la Autoridad Portuaria. A falta de esta coordinación señala el consejero que “el modelo turístico promovido por el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo es conocido por todo el sector, lo que facilita la alineación de estrategias y la colaboración en su desarrollo”. La parlamentaria de EH Bildu ha criticado la falta de coordinación entre ambas instancias: “En un momento en el que el turismo de cruceros incide tanto, que el Gobierno y la Autoridad Portuaria no vayan en direcciones similares, no es aceptable, y creo que la falta de competencias no es suficiente argumento”, ha señalado durante el pleno.

En los últimos años, el puerto de Bilbao ha experimentado un importante crecimiento de la llegada de cruceros, y la Autoridad Portuaria se ha volcado en labores de promoción destinadas a la atracción de navieras que incluyan Getxo entre sus escalas y si es posible que elijan este puerto como inicio o final del viaje. Esta misma semana la Autoridad Portuaria de Bilbao ha estado presente en la feria Seatrade Cruise Global, la mayor feria internacional del sector de cruceros, que se ha celebrado 13 al 16 de abril en Miami, en la que ya es habitual la presencia de Bilbao para cerrar contactos navieras y turoperadores que puedan recalar en la terminal de Getxo.

Las previsiones para este año son superar las cien escalas, frente a los 95 buques del año pasado, con buques de entre 104 y 344 metros de eslora y capacidades entre 113 y 6.334 pasajeros. La terminal Olatua de Getxo acogerá en una docena de ocasiones dos cruceros en un mismo día, en cinco ocasiones se espera un triple atraque y dos navieras realizarán un viaje de ida y regreso desde Getxo. No obstante, pese a estas previsiones en aumento el consejero Hurtado ha rechazado que esto suponga un “turismo de masas” en Getxo, como ha señalado la parlamentaria de EH Bildu: “El turismo de cruceros supone sólo un 3% del total”, ha indicado.

Puerto sostenible

La Autoridad Portuaria de Bilbao que dirige Iván Jiménez considera que la inversión realizada en los últimos años en la terminal de cruceros de Getxo ha sido fundamental para colocar a este puerto como punto de referencia para muchas rutas y ser ahora foco de atracción en el sector. Desde la Autoridad Destacan además los esfuerzos destinados a que el Puerto y los cruceros que atraquen en él se adapten a parámetros de sostenibilidad. Por ejemplo, señalan que están realizando para la electrificación de sus terminales de cruceros mediante el despliegue del sistema Onshore Power Supply (OPS), para que sea un destino plenamente alineado con los estándares medioambientales y operativos que ya exigen las principales navieras internacionales. El sistema OPS permitirá a los cruceros conectarse a la red eléctrica terrestre durante su estancia en puerto, eliminando el uso de motores auxiliares y reduciendo de forma significativa emisiones, ruido y vibraciones

Además, el puerto de Bilbao integrará en el proyecto la generación fotovoltaica que contribuye de forma directa a que la energía suministrada a los buques tenga un origen mayoritariamente verde. En total, las terminales de cruceros de Getxo contarán con dos puntos de conexión OPS, cada uno con capacidad para suministrar hasta 16 MVA por buque. No obstante, el proyecto se encuentra en fase de ejecución y la puesta en servicio del OPS en las terminales de cruceros está prevista para finales del 2027 para que puedan empezar a producirse en el 2028 las primeras conexiones.

La Autoridad Portuaria de Bilbao quiere además centralizar todo lo que tenga que ver con pasajeros en esta terminal de Getxo, por eso, se plantea trasladar el tráfico de ferris de las instalaciones de Zierbena a la terminal de cruceros de Getxo. Esta posibilidad, que se contempla en el pliego de licitación de la asistencia técnica para la elaboración del 'masterplan' del puerto de Getxo, supondría que los buques de Brittany Ferries, que ahora atracan en Zierbena cuatro días a la semana, compartirían espacio con los cruceros. La parlamentaria de EH Bildu también ha interpelado por eta cuestión al consejero Hurtado en el Parlamento, pero no ha querido pronunciarse por lo que ha denominado “futurible”, y que, además, es competencia de la autoridad portuaria. No obstante, ha recordado que los ferris son medios de transporte y los cruceros son alojamientos turísticos flotantes.

El magistrado Marcos Amor, instructor de la investigación sobre el derribo del edificio protegido de Getxo Irurak Bat, ha acordado una nueva batería de actuaciones que incluyen la toma de declaración de nuevos testigos -vecinos que vieron la demolición o ertzainas, por ejemplo- o la solicitud de informes adicionales al Ayuntamiento. Sin embargo, aún no se ha concretado cuándo comparecerán los imputados, ente ellos dos exediles del PNV que se comprometieron a comprar una de las viviendas de lujo que iban a sustituir al viejo palacete y un tercero, del mismo partido, que participó también en la tramitación. Iban a ser en febrero, quedaron suspendidas y no hay nueva previsión.

Según se ha decretado en un auto firmado este lunes y notificado este viernes, los nuevos testigos son Urko Balciscueta, arquitecto municipal que en marzo entregó un informe en el que remarcaba que el plan para la parcela del Irurak Bat preveía el “mantenimiento” del edificio, su colega Amaia de Felipe, cuatro ertzainas que han investigado la operación y dos municipales que levantaron acta del derribo, acometido en el verano de 2024. Asimismo, se suman a la lista un técnico que hizo la Inspección Técnica de Edificios (ITE) y representantes de las empresas Eslora, Ereaga Atalaya o Zandesa, así como dos vecinos que vieron los hechos. Las fechas establecidas son los días 7, 11 y 12 de mayo.

El juez Amor ha pedido también a la Policía de Getxo un informe sobre “todo lo relativo” a cómo se hizo el derribo y al Ayuntamiento abundante documentación, incluido el número de solicitudes para demoliciones de edificios con el mismo nivel de custodia que el Irurak Bat presentadas entre 2021 y 2024 y cómo se tramitaron. La empresa Tinsa deberá informar de la tasación que hizo, Ibkogest de cómo ejecutó el derribo y el Ayuntamiento, igualmente, habrá de explicar la contratación del despacho ADI.

Muchas de las actuaciones ahora ordenadas por el juez fueron reclamadas por el PP, partido de la oposición al PNV en Getxo y personado como acusación en la causa penal. La Fiscalía se ha adherido a buena parte de ellas, eso sí. Recuerda el magistrado que los hechos analizados, indiciariamente, pueden constituir un doble delito. Por un lado, está el delito por el derribo como tal y, por otro, la posible prevaricación, es decir, dictar resoluciones “a sabiendas de su injusticia” para dañar “edificios singularmente protegidos”.

Se da la circunstancia de que el instructor acaba de prorrogar por seis meses el plazo de investigación. Según las fuentes consultadas, la causa está aún en una fase muy inicial. El juez Amor tomó las riendas de este expediente hace escasas fechas en sustitución de la sustituta Neus Galobardes. El procedimiento como tal se abrió en 2024, pero fue en enero de 2026 cuando adquirió gran notoriedad por los registros en el Ayuntamiento a instancias de la Ertzaintza, que actúa como Policía judicial y que recalca que hay evidentes indicios de delito en todo lo que rodea al palacete.

El juez Marcos Amor, de la plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Getxo, ha dictado un auto en el que acuerda una nueva prórroga de la instrucción del derribo del edificio protegido Irurak Bat por un plazo de seis meses. El pasado mes de febrero, el juez instructor decidió posponer sin fecha las declaraciones de los diez investigados, entre ellos tres exediles del PNV, y de dos testigos en el caso del palacete, derruido en 2024. El magistrado adoptó esta decisión a petición de los abogados de los investigados, a los que se les imputa supuesta prevaricación y delito contra el patrimonio por el derribo del Irurak Bat para la futura construcción de viviendas de lujo.

Entre las diez personas citadas a declarar como investigados se encuentran tres concejales del PNV y tres técnicas municipales, el administrador de la gestora de cooperativas, el responsable de la constructora, el arquitecto autor del proyecto y otro profesional que participó en la actuación. Como testigos tienen que comparecer el empresario que descartó previamente la operación por no ser viable económicamente y el técnico que elaboró la Inspección Técnica del Edificio (ITE), informa Europa Press.

Por su parte, la Fiscalía, el PP y EH Bildu (que ejercía la acusación popular hasta que fue apartado) manifestaron su oposición a la petición de los investigados por el caso de que se anulen los registros efectuados por la Ertzaintza los días 14 y 15 de enero en sus despachos y dependencias del Ayuntamiento por orden judicial. Los registros fueron autorizados por Neus Galobardes, magistrada en prácticas de refuerzo encargada de la investigación en los últimos meses, cuyos autos fueron recurridos por los investigados, al considerar que se habían vulnerado su pretensión de inocencia y su derecho a la intimidad, entre otros preceptos. Posteriormente, se hizo cargo del caso el juez Amor, titular de la plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Getxo, que sustituyó en la instrucción a Galobardes.

Según recoge el auto, en fecha 17 de octubre de 2024 tuvo entrada en el juzgado de Getxo una denuncia formulada por la Fiscalía por la presunta comisión de un delito contra el patrimonio histórico previsto en el artículo 321 del Código Penal. Mediante auto de fecha 21 de octubre de 2024, se acordó la incoación de las diligencias previas y la práctica de actuaciones. De conformidad con las disposiciones legales, se han ido sucediendo diversas prórrogas del plazo de instrucción, estando cerca la actual expiración de la última de ellas. En atención a ello, mediante providencia de fecha 26 de marzo de 2026, se dio traslado a las partes al objeto de que alegaran lo que a su derecho consideraren oportuno en relación a la nueva prórroga del plazo de instrucción.

En el presente caso, según el juzgado, procede acordar la prórroga del plazo de duración de instrucción de la causa por no ser previsible que se pueda finalizar en el plazo prorrogado de seis meses cuyo cumplimiento está próximo. Esta decisión encuentra su fundamento en que quedan pendientes de practicar diversas diligencias para la concreción del hecho objeto de investigación y las responsabilidades dimanantes del mismo, pudiendo citar a estos efectos, tal y como se relacionan en el escrito del ministerio fiscal, la práctica de declaraciones testificales y de las personas investigadas. Por ello, acuerda la prórroga de las actuaciones de instrucción por un plazo de seis meses, a computar desde el 13 de abril de 2026.

Amaia Agirre (Francia, 1974) no continuará como alcaldesa de Getxo en la próxima legislatura. “He comunicado al partido mi decisión de no volver a ser la candidata”, ha publicado en un vídeo de Instagram la todavía regidora, nacida en el exilio como nieta del primer lehendakari, José Antonio de Aguirre, y que ocupa el cargo desde 2019. Su adiós coincide con la investigación judicial por el derribo del edificio protegido Irurak Bat, una causa en la que tres de sus concejales han resultado imputados. La oposición pidió su dimisión.

“No ha sido una decisión fácil”, ha señalado la regidora del PNV. Y ha agregado: “Siento que después de estos años de trabajo, mi etapa cumplirá su ciclo al final de esta legislatura”. En una carta a la militancia, se ha felicitado por haber “contribuido a sentar las bases de un nuevo tiempo” para Getxo, “con una mirada abierta, constructiva y profundamente arraigada” a los valores.

Agirre sostiene que es momento de “abrir paso a nuevas personas”. El PNV, por el momento, no suelta prenda oficialmente, aunque los rumores llevan semanas circulando. El partido, de hecho, lleva ya semanas designando candidatos para las municipales de 2027, particularmente en Bizkaia. “Es el momento de seguir fortaleciendo el proyecto desde la renovación”, agrega la actual alcaldesa, que sustitutó en su día a Imanol Landa. Abunda que “hasta el último día” trabajará “con la misma dedicación” y “responsabilidad”.

“Ya había mostrado hace muchos meses que se marchaba”, explican fuentes del PNV sobre este relevo en Getxo. Ahora, “en los próximos días” se iniciará el proceso interno para la designación de candidato. En Getxo hay tres 'batzokis'. Uno de ellos, Ondarreta, ha mostrado posiciones críticas en los últimos procesos. Los nuevos estatutos del partido, ya en vigor desde diciembre, acortan plazos y tiempos para estas designaciones, de modo que en mayo podría haber 'fumata blanca'.

La Autoridad Portuaria de Bilbao se plantea trasladar el tráfico de ferris de las instalaciones de Zierbena a la terminal de cruceros de Getxo. Esta posibilidad, que se contempla en el pliego de licitación de la asistencia técnica para la elaboración del 'masterplan' del puerto de Getxo, supondría que los buques de Brittany Ferries, que ahora atracan en Zierbena cuatro días a la semana, compartirían espacio con los cruceros.

En concreto, el pliego especifica que deberá analizarse específicamente la posibilidad del eventual traslado de la actividad portuaria vinculada a los ferris existente actualmente en las instalaciones portuarias de Zierbena, “sobre la base de asegurarse en todo caso su plena compatibilidad operativa y espacial con la actividad crucerística, incluyendo condicionantes de accesos y vialidad”. “Para la realización de este análisis y de las propuestas resultantes deberán considerarse todos los espacios e infraestructuras actualmente vinculados a la actividad de los ferris existentes en Zierbena, tales como terminales, rampas ro-ro, depósito de GNL, zonas de seguridad y protección, accesos o aparcamientos”, señala. Además, establece que “para el análisis y la ordenación espacial en orden a la eventual compatibilidad de la actividad de cruceros y de ferries, podrán tenerse en cuenta otros espacios próximos existentes en el ámbito, actualmente asignados a la concesión del Puerto Deportivo de Getxo”.

La Autoridad Portuaria, que ha recuperado la gestión del puerto deportivo de Getxo tras la salida de la anterior empresa gestora, cree que de esta manera se consolidará Getxo como “infraestructura náutico‑deportiva de referencia, compatible con la evolución de la actividad de cruceros, con la explotación portuaria en su conjunto y con el uso urbano”. En este sentido, señala que el 'masterplan' analizará y “buscará la posibilidad de compatibilizar, por un lado, la actividad portuaria asociada a los ferris actualmente existente en las instalaciones portuarias de Zierbena con la actividad crucerística en un mismo ámbito espacial, sobre la base de garantizar en todo caso la plena compatibilidad operativa y espacial de ambas actividades, y, por otro, la actividad de cruceros con la realización de eventos programados en la terminal de Olatua”.

El próximo 10 de abril arranca la temporada estival de los ferris de la naviera Brittany Ferries, que suponen cuatro conexiones semanales con Reino Unido e Irlanda. Según ha informado el puerto de Bilbao, el año pasado recibió 156.546 viajeros en ferri, un 8% más que en 2024, en los dos barcos de la compañía. El buque Galicia conecta los martes y sábados con el puerto inglés de Portsmouth; y el barco Santoña une los jueves y domingos Zierbena con el puerto irlandés de Rosslare. En cada trayecto pueden viajar hasta 1.000 viajeros. Esto supone que si llegaran a compartir espacio de atraque en Getxo con la terminal de cruceros supondría un considerable incremento en el número de pasajeros que llegarían a la localidad de la Margen Derecha. Este año se espera que lleguen 100 cruceros a Getxo, una cifra récord, superando las ya elevadas de la temporada pasada en la que se acogieron 95 escalas que supusieron que recalaron en el puerto 181.004 cruceristas.

A ello hay que añadir que a diferencia de los cruceros, en los que solo hay pasajeros, los ferris transportan también coches o incluso camiones con carga. Actualmente, en el muelle de Zierbena, para los pasajeros que viajan en los ferris sin coche, la Autoridad Portuaria ofrece 'Bilbao and stay' un servicio de traslado entre la terminal para los pasajeros del ferri con el centro de Bilbao, para que desde allí se puedan trasladar a cualquier otro punto del territorio en transporte público. En 2025 cerca de 3.000 pasajeros utilizaron este transfer.

El pliego de condiciones señala por ello que el adjudicatario de la elaboración del 'masterplan' elaborará un “diagnóstico de movilidad que abarque el tráfico rodado, el transporte público, los modos activos (peatonal y ciclista) y el estacionamiento, tanto en condiciones ordinarias como en condiciones de máxima demanda (cruceros, eventos)”. A partir de dicho diagnóstico, “deberá proponer una jerarquía viaria interna, un esquema de calmado de tráfico, una red peatonal y ciclista continua y accesible, y una ordenación del estacionamiento que minimice la presencia de vehículos en superficie en el frente marítimo”.

El PP de Getxo ya ha planteado quejas ante la posibilidad de que del traslado por la afección que supondría para la movilidad y el tráfico en la zona. Recuerdan que las estimaciones habituales de este tipo de buques suponen que cada ferri puede transportar entre 55 y 75 camiones en sus operaciones estándar, cifra que puede superar los 150 vehículos pesados en ferris de mayor capacidad. “Con dos o tres escalas semanales, esto implicaría la entrada y salida de centenares de camiones cada semana en un entorno urbano que no está diseñado para absorber este tipo de tráfico”, señala el portavoz del PP en el consistorio, Eduardo Andrade.