La fiscal María del Pilar Sánchez Donate ha firmado un muy contundente escrito contra la resolución del instructor de Getxo Marcos Amor que cerró la investigación penal por el derribo del palacete Irurak Bat sin tomar declaración a los imputados —entre ellos tres exconcejales del PNV, que ha celebrado la decisión— y a los principales testigos y sin revisar los dispositivos electrónicos decomisados por orden de la anterior instructora, Neus Galobardes. Desde el aplauso a la “gran labor” del juez Amor, la fiscal lamenta el “giro de 180” en la investigación y que se haya optado por cerrarla sin “motivación”, y recuerda que todos los informes que se conocían hasta ahora, incluso los del área de Patrimonio del Gobierno vasco, en manos del PNV, apuntaban a la “irregularidad” de la demolición.

El juez Amor, que no fue el que acordó a comienzos de 2026 tanto las imputaciones como los registros y la incautación de documentos y equipos electrónicos, dio por buena la tesis de las defensas de que era aplicable en este caso una sentencia de lo contencioso-administrativo sobre otro edificio de Getxo, La Aldea. Según esa tesis, que un inmueble sea de “custodia municipal” no implica automáticamente una protección y, por lo tanto, no cabe estimar que un derribo pueda ser delictivo. Sin embargo, como adelantó este periódico, se cierne un triple recurso para que la Audiencia de Bizkaia enmiende la plana al instructor. Lo han planteado, por un lado, los dos principales partidos de la oposición, PP y EH Bildu, que están personados; y, por otro, la Fiscalía.

El documento del ministerio público, fechado a 11 de septiembre y enviado ya a la Audiencia Provincial, menciona que el propio juez habló de tomar declaración a los imputados después de escuchar a los testigos, cosa que no se ha cumplido, e insiste en que “no se comparte que el edificio no se hallara protegido” y tampoco “que su derribo fuera una actuación admitida sin el cumplimiento de los requisitos legales”. No se puede ventilar el caso del Irurak Bat señalando que “meras infracciones propias del ámbito administrativo” como mucho, afea Sánchez Donate a Amor.

Dice la Fiscalía que el arquitecto municipal —Urko Balciscueta, que tampoco llegó a declarar—, que el Colegio de Arquitectos Vasco-Navarro y que “hasta la Dirección Patrimonial Cultural del Gobierno vasco”, organismos que “abarcan todo el espectro de conocimiento de la materia”, “coincidían en la protección que se debía deparar al edificio Irurak Bat y en la irregularidad de la demolición en cuanto edificio sometido a custodia municipal”. “La absoluta necesidad de proteger tal edificio se desprendía de la normativa vigente en tal momento y se contempla incluso ahora en la actualidad, al aparecer como edificio sometido a custodia municipal, debiendo respetar la envolvente del edificio en su integridad, [...] en la modificación del plan general de ordenación urbana del Ayuntamiento de Getxo, con entrada en vigor el 25 de agosto de 2026”, remarca.

Para la Fiscalía, hay indicios de que los imputados “actuaron de una manera orquestada” para saltarse la normativa y poder derribar el Irurak Bat. “Ciertamente todos los juristas intervinientes en la causa somos capaces de comprender lo que subyace en la resolución ahora impugnada, pero la realidad es que se halla huérfana de un relato de hechos que permita conocer a ajenos a la causa la entidad de los hechos y la importancia que se le quiere dar”, sostiene también, sin que quede muy claro a qué se refiere, el escrito de recurso de la fiscal, que en todo caso sí incide en falta de motivación del instructor y recuerda que eran dos los posibles delitos cometidos, la prevaricación —adoptar decisiones administrativas irregulares a sabiendas— y un delito contra el patrimonio histórico.

Así, la Fiscalía opta por resumir los indicios e insistir en su plena vigencia. Menciona, por ejemplo, el “apartamiento consciente y deliberado” del arquitecto municipal que había informado contra el derribo “para evitar un informe desfavorable”, la realización de “intervenciones graduales” no permitidas que acabaron con la “desaparición” total del antiguo edificio en 2024, la “omisión” de “todos” los trámites que exigen los edificios protegidos o la “ocultación” de los verdaderos planes de demolición durante el proceso. Dos de los tres del PNV imputados iban a irse a vivir allí, a las nuevas viviendas de lujo que iban a sustituir al Irurak Bat.

El Departamento de Seguridad ha dado cuenta al Parlamento Vasco de la historia de dos jóvenes policías locales que siguen patrullando como agentes en prácticas en Bilbao y en Getxo, en Bizkaia, a pesar de que se descubriera que, justo antes de acabar sus prácticas anteriores en la localidad guipuzcoana de Zumarraga, accedieran de uniforme a unas dependencias oficiales para robar material valorado en unos 2.000 euros. Hay también abierta una investigación judicial por los presuntos delitos cometidos.

La documentación enviada por el consejero Bingen Zupiria al Parlamento Vasco, que fue solicitada por EH Bildu después de que el caso apareciera en 'El Correo', que aseguraba que los implicados habrían alegado que pensaba que llevarse objetos era algo común en ese Ayuntamiento, indica que Zumarraga iba a dar por finalizadas las prácticas de esta pareja de agentes el 23 de abril de este año. Se habían incorporado en mayo de 2024 e iban a pasar a nuevas plazas en Bizkaia. Pero justo al final de su estancia cometieron una “irregularidad relevante, pudiendo incluso revestir” la condición de “infracción penal”. El jefe del cuerpo municipal lo denunció a la “ertzantza” [sic].

El Gobierno vasco, que centraliza en la academia autonómica de Arkaute la formación tanto de la Ertzaintza como de los agentes municipales, ha negado en respuesta a la oposición que las plazas de Bilbao y Getxo les fueran concedidas después de los sucesos de Zumarraga. Se indica que estos policías “participaban en dos procesos selectivos que se solapaban”, el que les permitió ir a Zumarraga y el segundo, donde se les convalidó el anterior para pasar a nuevas plazas sin tener que repetir todas las pruebas. Fue el 15 de abril cuando se les aceptó el nuevo destino, el 21 de abril cuando se produjo el robo, el 23 cuando dejaban Gipuzkoa y el 24 cuando empezaban en Bilbao y Getxo.

“La primera comunicación en torno a la presunta implicación de estas personas en el robo de materiales y herramientas del Ayuntamiento de Zumarraga se produjo [...] cinco días después de que obtuviesen sus plazas en las Policías locales de Getxo y Bilbao [...]. Cabe destacar que, hasta que se producen los hechos a los que se refiere esta iniciativa, las personas implicadas superaron sin ninguna incidencia tanto los cursos de formación como los períodos de prácticas. [...] Cuando realizaron la entrevista personal [para ir al nuevo puesto] en octubre de 2025 ambos agentes estaban realizando su período de prácticas en Zumarraga a plena satisfacción”, expone el Departamento de Seguridad, que insiste en que incluso antes de estos sucesos la jefatura había “felicitado verbalmente” a los jóvenes en prácticas por su desempeño.

En todo caso, a finales de junio, el director general de Arkaute, Jon Goikolea, declaró “no aptos” a los investigados. Eso sí, textualmente se indica que “en la actualidad” —la documentación tiene fecha de 10 de septiembre— ambos agentes continúan en servicio. ¿Por qué? El “no apto” es solamente para Zumarraga, donde no tiene ya ninguna repercusión. “La evaluación de los períodos de prácticas se circunscribe a los hechos que acontecen en el desempeño de su trabajo en la Policía Local en la que estén desarrollando su labor, por lo que no pueden tomarse en consideración hechos o circunstancias ocurridos en otro puesto de trabajo”, se señala. Es más, la expulsión requiere una “condena” por “delito doloso”, o bien una inhabilitación disciplinaria. El caso está en una fase muy anterior en lo penal y Zumarraga nunca abrió un expediente disciplinario. “Si existiere una sentencia firme por los hechos acaecidos en Zumarraga, quedarían en su caso automáticamente excluidos del proceso selectivo en el que se encuentran inmersos”, se abunda sobre su destino actual en prácticas en Bizkaia.

La Fiscalía ultima el recurso del archivo de la investigación penal por el derribo del palacete protegido de Getxo Irurak Bat, decidida por el magistrado Marcos Amor la pasada semana al entender que es válido el precedente de un contencioso-administrativo sobre otro edificio del municipio vizcaíno, La Aldea. El PP, personado como acusación en el procedimiento, ya ha confirmado igualmente la apelación, mientras que EH Bildu, otro partido de la oposición en la localidad, hará lo propio, según confirman desde la formación abertzale.

Amor cerró una causa en la que estaban imputadas diez personas, entre ellas tres exediles del PNV —dos de ellos pretendían residir en las nuevas viviendas de lujo que iban a sustituir al edificio derruido—, al señalar que no había indicios de delito. En la instrucción no han comparecido los investigados, como tampoco algunos testigos, como el arquitecto municipal Urko Balciscueta. Tampoco se han analizado los dispositivos electrónicos decomisados cuando era otra la instructora, Neus Galobardes, que ordenó varios registros en enero de este año. Se pueden leer aquí algunas claves de esta causa judicial.

El propio Amor, en el auto de cierre, ponía en valor la solidez de los argumentos de la Fiscalía, que sí ve indicios de delito en todo lo que rodea al Irurak Bat. Ahora fuentes del ministerio fiscal confirman que preparan ya la apelación. Será la Audiencia Provincial de Bizkaia la que decida si es oportuno reabrir la investigación.

La memoria de la Fiscalía

Este movimiento llega coincidiendo con la presentación de la memoria de la Fiscalía vasca, con datos sobre las actuaciones de 2025. En el documento, elaborado por Carmen Adán, no hay referencias directas a esta causa, pero sí a que fueron 26 las diligencias de investigación puestas en marcha en doce meses sobre casos relacionados con delitos patrimoniales o medioambientales. Se trata de un capítulo más amplio que los temas urbanísticos, ya que se unen igualmente casos de vertidos, maltrato animal o similares. Como caso más similar, se menciona un expediente iniciado en 2023 en Vitoria por la “demolición de parte de los edificios que forman parte del complejo” del palacio del Marqués Foronda, a las afueras de la capital. El empresario implicado era Gonzalo Antón, expresidente del Deportivo Alavés y conocido también por los locales de San Antonio.

En lo tocante a los casos de corrupción en general, encuadrados bajo el epígrafe de “delitos contra la Administración pública”, la Fiscalía no ofrece grandes detalles de sus actuaciones. Se alude a 24 nuevas causas abiertas, siete por prevaricación, dos por tráfico de influencias, seis por malversación y el resto a “actividades prohibidas a funcionarios”.

2025 fue un año especialmente intenso en Euskadi con al menos dos grandes operaciones anticorrupción. La primera tuvo lugar en junio en Elorrio, con el registro por parte de la UCO de la Guardia Civil del domicilio del empresario Antxon Alonso, presunto socio del entonces dirigente socialista Santos Cerdán. La segunda, relacionada con los mismos hechos, tuvo lugar en diciembre en la empresa de Amurrio Tubos Reunidos. Ambas actuaciones, en todo caso, están residenciadas en el Tribunal Central de Instancia y no corresponden a juzgados vascos.

La Fiscalía vasca, como tal, no tiene una delegación de Anticorrupción. Sí hay un equipo de fiscales especializados en delitos económicos. Pero la memoria de Adán indica que no son muchos —seis fiscales en total y no todos ellos dedicados en exclusiva a ello— y que tampoco tienen “personal auxiliar”. El documento del ministerio público agradece expresamente que el Gobierno vasco haya creado la oficina BIS para recoger denuncias internas de posibles irregularidades y que ha permitido conocer algunas primeras conductas ilegales. Hasta siete asuntos han acabado ya en manos de la Fiscalía por esta vía, sin que haya detalles de su alcance.

El PSE-EE de Bizkaia ha proclamado a sus candidatos para las elecciones forales y municipales de mayo de 2027. Teresa Laespada (Bilbao, 1965) repetirá como candidata a diputada general y Nora Abete, nuevamente, aspirará a la alcaldía de Bilbao.

Según informa Europa Press, la Comisión de Garantías Electorales de PSE-EE de Bizkaia ha proclamado este martes de manera oficial las candidaturas a diputado general y a los ayuntamientos de municipios con más de 20.000 habitantes. A falta de rivales para las primarias, Laespada, actual teniente de diputada general, diputada de Empleo, Cohesión Social e Igualdad y secretaria de Empleo y Políticas Sociales de los socialistas vascos, ha sido proclamada como la candidata socialista a diputada general.

Nora Abete, teniente de alcalde en Bilbao y secretaria de Comercio y Consumo de PSOE, será cabeza de lista para el Ayuntamiento de la capital vizcaína. De igual manera, la actual alcaldesa de Portugalete y secretaria de Igualdad de los socialistas vizcaínos, Mari José Blanco, será la candidata ya tras relevar, mediada esta legislatura, a Mikel Torres, actual vicelehendakari.

Además, en Barakaldo, Alba Delgado, responsable municipal de Desarrollo Sostenible y Medio Natural, y secretaria de Políticas Públicas de socialistas vizcaínos, encabezará la lista. En Getxo, ha sido proclamada como candidata a la Alcaldía Carmen Díaz, responsable de Cohesión Social en el Ayuntamiento de Getxo, y Secretaria de Diversidad, Movimientos Sociales y Cooperación al Desarrollo de PSE-EE.

El candidato a la Alcaldía de Santurtzi será Juan Andrades, portavoz local y quien ha sido director de Comercio de Gobierno Vasco y concejal de Empleo, Comercio y Consumo del Ayuntamiento. Isabel Cadaval, responsable de Empleo, Promoción Económica, Comercio, Igualdad y Convivencia en la Diversidad en el Ayuntamiento de Basauri y secretaria de Empleo y Emprendimiento de PSE-EE Bizkaia, será la candidata allí.

Para la alcaldía de Leioa ha sido proclamada Pilar Grados, concejal delegada de Políticas Sociales, Inclusión, Personas Mayores, Salud y Cooperación al Desarrollo, y secretaria de Políticas Sociales, Mayores y Envejecimiento Activo de los socialistas vizcaínos. Jesica Ruiz, responsable de Mayores, Igualdad, Emigración, Acción Social, Infancia y Juventud, Fiestas y Comercio y Turismo en el Ayuntamiento de Durango y miembro de la Ejecutiva vasca, será la candidata a alcaldesa.

Carlos García de Andoin, concejal de Cultura, Memoria histórica y participación, y Promoción Económica y Empleo en el Ayuntamiento de Sestao y secretario de Memoria Democrática y Convivencia de PSE-EE Bizkaia, optará a la alcaldía en ese municipio. En Galdakao, el candidato será Víctor Trimiño, portavoz socialista en la localidad, y secretario de Transición Ecológica y Cambio Climático de PSE-EE Bizkaia. Por último, en Erandio la candidata será Maite Pérez, concejal delegada de Acción Social y Cooperación al Desarrollo y miembro de la Ejecutiva socialista vizcaína.

El 4 de septiembre se ha conocido una resolución judicial del magistrado instructor del Tribunal de Instancia de Getxo Marcos Amor. Según su auto, que viene con fecha de 7 de septiembre —aquí nadie se ha quejado de que haya trascendido públicamente antes de la notificación—, no se aprecia delito en el derribo del edificio protegido de la localidad Irurak Bat. Por lo tanto, procede al sobreseimiento de la investigación. Sin duda, es una noticia de alcance.

La decisión, rápidamente celebrada por el PNV, que tenía a tres exconcejales imputados por presunta prevaricación urbanística —dos de ellos se iban a ir a vivir a las nuevas viviendas de lujo que iban a sustituir al conocido como “palacete”—, tiene muchos, muchísimos matices. Repasemos cinco de ellos.

Uno. No es ni una “sentencia” ni una decisión “definitiva”, como se ha dicho en algunos foros. Es un auto, que no es firme y puede ser recurrible por las acusaciones si estiman que sigue habiendo indicios de delito. Las acusaciones son tres en este sumario, la Fiscalía y dos partidos de la oposición, PP y EH Bildu. La Audiencia de Bizkaia puede ordenar reabrir la investigación. El juez Amor, por cierto, destaca expresamente que la argumentación del ministerio fiscal es bastante sólida, a pesar de lo cual no la tiene en consideración.

Dos. El cierre de las actuaciones se fundamenta en otra sentencia sobre otro edificio de similar protección de Getxo, La Aldea. Las defensas, al ver que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco decía que un bien de “custodia municipal” no tenía automáticamente protección y podía ser derribado, instaron con toda lógica al juez Amor a que lo aplicara también en el asunto del Irurak Bat. Y lo han logrado. Sin embargo, el propio Amor admite en la resolución que la jurisdicción contencioso-administrativa no constituye ‘cosa juzgada’ para la vía penal. Resumidamente, cierra la investigación porque él está de acuerdo con esa interpretación, no porque esté obligado a ello. “El objeto del problema jurídico presenta identidades sustanciales que determinan la aplicación de las consideraciones alcanzadas en aquella resolución”, sostiene.

Tres. La investigación se cierra, por más que Amor se esfuerce en detallar las actuaciones realizadas, sin tomar declaración a los imputados, sin hacerlo tampoco a testigos clave —en particular a Urko Balciscueta, arquitecto municipal— y sin revisar los dispositivos electrónicos decomisados en enero por la Ertzaintza, la Policía judicial. ¿Han tenido las acusaciones capacidad real para poder probar sus indicios? Por cierto, estas diligencias fueron ordenadas por otra magistrada, Neus Galobardes, que dejó el Tribunal de Instancia de Getxo poco después de mandar a la Policía al Ayuntamiento. Aquello fue una medida excepcionalísima en la Euskadi en la que se investiga pidiendo información a los investigados y que probablemente no se había visto desde el ‘caso De Miguel’, allá por 2010.

Cuatro. El PNV ha rescatado las críticas a la “campaña” mediática y política en su contra, reforzado por el cierre de la investigación. Ha puesto sobre la mesa el sufrimiento padecido por los tres ediles implicados, Inaxio Uriarte, Irantzu Uriarte e Iñigo Urkitza. Sin embargo, nada obligaba legalmente a que dimitieran tras su imputación. Fue una decisión exclusiva del partido, como también lo ha sido que la alcaldesa Amaia Agirre no repita como candidata. Es más, la mayoría de códigos éticos fija ya la apertura de juicio oral como momento más oportuno para la dimisión, no una simple citación. Los estatutos del PNV, actualizados en 2025, sólo prevén la salida “automática” en caso de investigaciones por “violencia de género” o “contra la libertad sexual”, y siempre que haya unos indicios sólidos. El resto es optativo: “Excepcionalmente, el Euzkadi Buru Batzar podrá acordar la suspensión cautelar de la afiliación de una persona afiliada investigada en fase de instrucción por un hecho delictivo con evidente daño a la imagen de EAJ-PNV, previa audiencia preceptiva de la persona afiliada. La suspensión cautelar será automática si se dicta auto de apertura de juicio oral y se trata de un hecho delictivo relacionado con la corrupción”. Quien ha estimado que ahí se hacía daño a la “imagen” del partido ha sido el propio partido.

Cinco. La Ertzaintza suele ser objeto de debate político. Sin embargo, cada vez que sus escasamente dotadas unidades especializadas de investigación (delitos económicos o delitos ambientales) actúan como Policía judicial, suele ser vapuleada sin que prácticamente nadie salga a la palestra pública a poner en valor su labor. Ocurrió con el ‘caso De Miguel’ antes mencionado y se ha repetido aquí, con algunos abogados defensores coincidentes. Se ha hablado de investigaciones paralelas y “extrajudiciales” y hasta de conspiraciones. “Los agentes de la Ertzaintza, en una posición que constitucionalmente no les corresponde, e irrogándose funciones de expertos en materia urbanística, pretenden resolver de un plumazo aquello que había sido requerido por parte del ministerio fiscal y comienzan su atestado con una calificación jurídica del nivel de protección del edificio demolido, incurriendo en errores de bulto”, puso por escrito en el sumario uno de los letrados de las defensas, Jon Kepa Huertas.

La decisión del juez Marcos Amor de archivar el caso del palacete derribado en Getxo se ha recibido con satisfacción y también con alivio en Sabin Etxea. Tres exconcejales del partido en la localidad estaban siendo investigados en la causa por presunta prevaricación y el sobreseimiento supone un respiro para los nacionalistas. “Se pone fin a una etapa especialmente dolorosa e injusta”, ha señalado el presidente del PNV en Bizkaia, Iñigo Ansola, que ha pedido que se “reconozca el daño que se ha causado” y que “se mire hacia adelante”. Pero el archivo de la causa no ha cerrado la tormenta política desatada en torno al derribo del Irurak Bat, hace ahora algo más de dos años. La oposición prepara recursos ante la Audiencia de Bizkaia y reclama respuestas a todas las cuestiones que quedan abiertas, y que, según señalan, no se responden en el auto del juez.

El portavoz del PP de Getxo, Eduardo Andrade, no ha dudado de que su formación recurrirá el auto del juez por considerar que este caso del derribo del Irurak Bat, “no tiene nada que ver” con el de La Aldea. El juez ha basado el archivo de la causa en una sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco sobre una solicitud de derribo del edificio 'La Adea' también en Getxo. En esa resolución, el TSJPV concluyó que la entrada en vigor de la Ley 6/2019 de Patrimonio Cultural Vasco no produjo la conversión automática de los edificios sometidos a custodia municipal en bienes culturales de protección básica. El TSJPV también indicaba que entender lo contrario supondría atribuir retroactivamente a aquellos inmuebles un grado de protección superior al previsto por el planeamiento municipal, esto es la prohibición de derribo. El magistrado entiende que las conclusiones alcanzadas en esa sentencia sobre el caso de 'La Aldea' resultan “plenamente trasladables” al de Irurak Bat y que los bienes sometidos a custodia municipal no se convierten automáticamente en bienes culturales de protección básica.

Andrade ha considerado además que la instrucción está “en una fase muy inicial” como para archivarla, y faltan las declaraciones “esenciales” del arquitecto Urko Balziskueta y de la funcionaria del ayuntamiento Amaia de Felipe en el procedimiento, “así como la apertura de esos elementos eléctronicos para ver si existe alguna prevaricación, que es lo que se enjuicia a estos investigados”. Unos móviles y ordenadores incautados en los registros de la Ertzaintza y que el juez, al decidir el archivo ha decretado que “no procede autorizar el acceso, extracción, análisis o examen del contenido”, y fija que deberán permanecer bajo custodia policial, sin acceder a su contenido, y ser devueltos a sus respectivos titulares, tan pronto como esta resolución sea firme.

En opinión del portavoz del PP en el municipio, la decisión del juez “contradice los informes de la Ertzaintza, la Diputación Foral, el Gobierno vasco, el perito judicial e incluso el propio Ministerio Fiscal”, que defiende que el edificio “tiene protección básica y que, por lo tanto, hay que seguir investigando”. “La defensa de los investigados consigue lo que quería, que no declarase Urko Balziskueta y que no se abran los ordenadores”, en una “continua lucha para que no se conozca la verdad de lo que ha ocurrido, poniendo todos los palos sobre las ruedas de forma continua”, ha denunciado.

El portavoz del PP en el consistorio ha señalado, que con el nuevo plan de ordenación urbana de Getxo, que acaba de entrar en vigor en agosto, el edificio Irurak Bat “no podría haberse derribado en ningún caso, porque la protección que tiene ahora, sea básica o no, impide el derribo total”. “Al final, se demuestra que todas las preguntas regularidades tenían una finalidad, que era adelantarse a la entrada en vigor de este plan y evitar que el edificio no se pudiera derribar”, ha indicado.

Si el PP tiene seguro el recurso, EH Bildu, que al igual que los populares es parte en el caso, está estudiando la resolución con detalle para decidir si “interponer los recursos que en derecho procedan”. El portavoz de la formación en el ayuntamiento, Mikel Bildosola, ha considerado que el auto no repara“ la demolición del edificio ni ”exime de responsabilidad política al equipo de gobierno“. ”Que una conducta “no llegue a alcanzar el umbral del reproche penal no significa que la gestión municipal haya sido correcta”. “El archivo -de la causa- no reconstruye el edificio, no devuelve a Getxo un bien patrimonial irrecuperable y no borra las graves irregularidades que constan documentadas en el expediente”, ha denunciado.

EH Bildu ha señalado en este sentido que a día de hoy, y pese al tiempo transcurrido, el Gobierno municipal sigue sin adoptar “medida sancionadora alguna” frente a la actuación que acabó con un edificio protegido. Una “inacción” que resulta especialmente “grave” a la luz de un dato que aporta un informe del propio arquitecto municipal y es que “el beneficio económico que la empresa constructora podrá obtener gracias a haber derribado el palacete asciende a 732.506,26 euros”. Un beneficio, que, según recuerda Bildosola, se obtendrá si se permite levantar las viviendas proyectadas sobre el solar del edificio derribado. “Es decir, la clave está aún en manos del propio Ayuntamiento”.

Además, ha insistido en que en el procedimiento “no se respetó la propia normativa municipal de protección del patrimonio”. “No se abrió el periodo de información pública de 20 días previsto para que la ciudadanía pudiera presentar alegaciones, ni se elaboró el informe específico de protección del edificio que exigen las propias normas del Plan General. Son trámites que la normativa configura como requisitos previos e ineludibles antes de autorizar una intervención de esta naturaleza, y su omisión no es un detalle formal”, ha criticado.

“Cuestiones que siguen sin respuesta”

Por otra parte, EH Bildu ha reiterado que la investigación policial dejó planteadas cuestiones que “siguen sin respuesta”, entre ellas hasta dónde llegaba el conocimiento previo que determinados cargos públicos tenían de lo que iba a suceder con el edificio. “Son incógnitas que el archivo penal no despeja, porque no ha entrado a resolverlas, y que no pueden quedar sencillamente enterradas: más allá del ámbito penal, corresponde al equipo de gobierno aclararlas públicamente ante la ciudadanía y ante el Pleno. La responsabilidad penal y la responsabilidad política son planos distintos, y esta segunda sigue plenamente vigente”, ha manifestado. Por ello, EH Bildu de Getxo ha anunciado que mantendrá su exigencia de responsabilidades políticas ante el equipo de gobierno, “que no puede escudarse en el archivo penal para eludir su rendición de cuentas ante la ciudadanía y ante el pleno”.

El tercer partido de la oposición en Getxo, Podemos, también ha considerado que tras el archivo del caso, “el patrimonio sigue desprotegido” y ha considerado que “no exime al Gobierno de PNV y PSE-EE de haber dado trato privilegiado a este expediente”. Desde Podemos han recordado que “este no era el caso de dos concejales que chanchulleaban para construirse una casa de lujo”, sino que “era y es el caso de la desprotección del patrimonio que hacen el PNV y el gobierno municipal de Getxo para beneficio de las promotoras inmobiliarias”. “Es este régimen de clientelismo el que ha producido ya la pérdida de mucho patrimonio en Getxo como la Nagusien Etxea, la Haurtzaindegi o, ahora, Irurak Bat, que era un elemento protegido que hemos perdido”, ha lamentado, alertando de que “lo mismo puede suceder en un futuro próximo con otros edificios como los del Puerto Viejo que el nuevo PGOU ha desprotegido”.

“La causa judicial no exime al gobierno del PNV y PSE-EE de haber dado trato privilegiado a este expediente para que se tramitara antes de la entrada en vigor del nuevo PGOU, que el concejal de urbanismo se reuniera con la constructora antes de otorgarse la licencia, que una de las concejales cooperativista no se abstuviera en junta de gobierno o la multa irrisoria que se impuso a la constructora cuya tramitación ha tenido que volverse a iniciar por no ser acorde a derecho”, señalado desde Podemos.

Frente a ello, la alcaldesa de Getxo, Amaia Agirre, ha recibido con “satisfacción” y “máximo respeto” la decisión judicial, “una decisión de especial importancia” para el propio consistorio y para “las personas que durante todo este tiempo se han visto afectadas por el procedimiento”, ha indicado. “Hoy pienso especialmente en todas esas personas y en sus familias”, ha indicado la alcaldesa. “Un procedimiento de estas características no se queda en los juzgados: tiene consecuencias personales, familiares y profesionales para quienes se ven sometidos a él. Han afrontado todo este tiempo con responsabilidad, serenidad y respeto a la Justicia, y hoy quiero trasladarles públicamente mi cercanía, mi reconocimiento y, sobre todo, compartir con ellas el alivio que supone esta resolución”, ha manifestado.

También ha recordado a los investigados el presidente del PNV de Bizkaia, Iñigo Ansola: “Es una buena noticia, especialmente para las personas que han tenido que soportar durante meses las consecuencias personales, políticas y mediáticas de una investigación judicial”. “Han actuado con responsabilidad y han asumido incluso responsabilidades políticas cuando las circunstancias lo han requerido, a pesar de que finalmente el procedimiento judicial no haya establecido responsabilidad penal”, ha destacado.

Ansola ha considerado que que el cierre de la causa debe servir también para hacer una reflexión sobre la utilización política de los procedimientos judiciales, y ha considerado “impropia de representantes políticos” la actitud mantenida por el PP y EH Bildu. “Han condenado y lapidado injustamente a tres personas, con el único objetivo de desgastar al PNV”. “Durante todo este tiempo hemos escuchado acusaciones muy graves y se han realizado juicios políticos que han ido mucho más allá de lo que posteriormente ha podido acreditarse en sede judicial”, ha censurado. “Ahora que la Justicia ha hablado espero que quienes hicieron esas acusaciones tengan también la responsabilidad y la honestidad de revisar su actitud”. “Toca reconocer el daño que se ha causado, respetar la decisión de la Justicia y mirar hacia adelante”, ha indicado.

El juzgado de Getxo ha acordado el archivo de la causa abierta por el derribo del palacete Irurak Bat, en el que figuraban como investigadas diez personas, entre ellas tres exediles del PNV de esta localidad vizcaína. El magistrado Marcos Amor afirma en el auto en que archiva la causa que no hubo delito contra el patrimonio histórico ni prevaricación en su derribo, que se llevó a cabo para construir en el solar viviendas de lujo, aunque el auto puede ser recurrido ahora ante la Audiencia Provincial de Bizkaia.

El juez basa en su auto para archivar el caso en una sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco sobre una solicitud de derribo de otro edificio en esa localidad, La Aldea. En esa resolución, el TSJPV concluyó que la entrada en vigor de la Ley 6/2019 de Patrimonio Cultural Vasco no produjo la conversión automática de los edificios sometidos a custodia municipal en bienes culturales de protección básica. El TSJPV también indicaba que entender lo contrario supondría atribuir retroactivamente a aquellos inmuebles un grado de protección superior al previsto por el planeamiento municipal, esto es la prohibición de derribo.

Marcos Amor pidió a las partes personadas su criterio en relación con la posible afección de este fallo en la causa penal sobre el Irurak Bat y en el auto hecho público este viernes, el magistrado da la razón a los acusados, ya que, tal y como pedían sus defensas, y en contra del criterio de la Fiscalía y acusaciones, considera que la conclusión aplicable a ese caso es “directamente aplicable al inmueble Irurak Bat”, ya que dicho edificio “no se encontraba inscrito en el registro de CAPV del Patrimonio Cultural Vasco ni en el Registro de Bienes Culturales de Protección Básica, sino que aparecía únicamente incluido en el PGOU de Getxo, como edificio sometido a custodia municipal” y esa era la razón por la que se le atribuía carácter de bien sometido a protección básica.

El magistrado señala que no “cabe atribuir al edificio Irurak Bat, por la sola circunstancia de encontrarse sometido a custodia municipal, el régimen jurídico propio de los bienes culturales de protección básica”. Por lo tanto, si en el momento del derribo del citado palacete, “este no ostentaba la condición de bien cultural de protección básica, sino de bien sometido a custodia municipal, y su derribo constituía una actuación admitida por la normativa urbanística aplicable, desaparece el presupuesto normativo imprescindible para apreciar la concurrencia del tipo delictivo urbanístico”, afirma el magistrado en el auto.

El magistrado afirma que, a pesar de las alegaciones formuladas por las acusaciones en sus escritos, en especial la llevada a cabo por el Ministerio Fiscal, no puede compartir sus razonamientos y cree que se está ante un supuesto de “atipicidad” de los propios hechos investigados“ por lo que procede acordar el sobreseimiento libre y archivo de las actuaciones, de conformidad con el artículo 637.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ”al no ser constitutivo de delito el hecho que dio lugar a la formación de la causa“. Precisa enel auto que el derribo constituía una actuación admitida por la normativa urbanística aplicable y desaparece el presupuesto normativo ”imprescindible para apreciar la concurrencia del tipo delictivo urbanístico“, sin perjuicio de que en su caso se puedan haber cometido otras infracciones propias del ámbito administrativo, ”las cuales quedan fuera de la órbita del derecho penal“.

Lo mismo sucede respecto del delito de prevaricación investigado, considera el magistrado, ya que “si el derribo del inmueble se encontraba jurídicamente permitido, no puede reputarse penalmente injusta la actuación administrativa dirigida a posibilitar un acto que el ordenamiento no prohibía”, asegura. “Nos encontramos, por tanto, ante una cuestión de atipicidad de los propios hechos investigados” Por ello, procede al sobreseimiento y archivo de las actuaciones.

Además, establece que no procede autorizar el acceso, extracción, análisis o examen del contenido de los dispositivos electrónicos incautados con ocasión de las entradas y registros practicadas en esta causa, y fija que deberán permanecer bajo custodia policial, sin acceder a su contenido, y ser devueltos a sus respectivos titulares, tan pronto como esta resolución sea firme.

El palacete Irurak Bat de Getxo se derribó en agosto de 2024 para construir en el solar que lo ocupaba viviendas de lujo de las que después se supo que dos de los entonces concejales del PNV eran socios cooperativistas y habían adquirido unas de estas viviendas. La investigación judicial arrancó el octubre de 2024, después de los partidos de la oposición en el Gobierno municipal -EH Bildu y PP- llevaran el asunto a la Fiscalía, y el caso ha hecho tambalearse el gobierno municipal que PNV tiene en coalición con PSE-EE, al tener imputados en la investigación tres exconcejales -se les apartó del cargo al estar investigados- Inazio Uriarte, Irantzu Uriarte, los compradores de la vivienda, e Iñigo Urkitza, además de varios funcionarios municipales.

Todos los partidos de la oposición -EH Bildu, PP y Elkarrekin- pidieron en un convulso pleno la dimisión de la alcaldesa aunque sin conseguirlo en ese momento, aunque meses después anunció que no se presentará a la reelección en las elecciones de mayo.

La comisión de control y transparencia de la Policía vasca, que analiza operativos controvertidos de la Ertzaintza o de los cuerpos locales y que desde hace unos meses está presidida por Enrique Lucas, ha cambiado radicalmente el criterio de la etapa anterior, la de Juan Luis Ibarra, y ha acordado la suspensión de tres investigaciones en marcha por estar abiertas en paralelo actuaciones judiciales. Se trata de tres intervenciones de la Ertzaintza, la que dejó un joven con lesiones en un testículo en el barrio de Rekalde de Bilbao (abril de 2025), la denuncia de otro varón por heridas presuntamente causadas en la cara por un proyectil de 'foam' de la Brigada Móvil en el marco de los disturbios tras la visita de la Falange a Vitoria (octubre de 2025) y una intervención en Sestao que dejó dos heridos, madre e hijo (febrero de 2026). Por el contrario, la comisión sí ha emitido su dictamen sobre una detención de la Policía de Getxo y ha estimado que los dos agentes actuantes lo hicieron con plena proporcionalidad.

Hasta ahora, la comisión había defendido que su labor era totalmente diferente a la penal y, no solamente eso, lanzó incluso en sus memorias de la etapa de Ibarra críticas a Asuntos Internos de la Ertzaintza por intentar establecer como requisito para trasladar información policial —que no judicial— el que lo autorizara el Tribunal de Instancia correspondiente. En uno de los informes, se hablaba de que “los responsables policiales” se habían “auto-otorgado” la “facultad de establecer una nueva condición, como sería la obtención de autorización judicial expresa”. La labor de la comisión había servido para ofrecer recomendaciones en las actuaciones policiales, como la exigencia del uso de 'body cams', cámaras en el unifome que grabaran detenciones o cargas.

Dentro de una renovación de vocalías de la comisión, Ibarra, que venía de ser presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, presentó su renuncia y el nuevo presidente de este grupo de trabajo pasó a ser Lucas, exvocal del Consejo General del Poder Judicial a propuesta del PNV. En esta nueva etapa, se da por bueno que Asuntos Internos no entregue el material si el juzgado no le da luz verde. Y son ya tres las investigaciones suspendidas por este motivo, cuando en toda la historia del organismo eso no había sucedido nunca.

El detalle de los cuatro casos

Sobre el caso de Rekalde, se indica que “el juzgado N.º 4 de Bilbao [en referencia a la plaza 4 de la sección de Instrucción del Tribunal de Instancia] no ha aprobado el acceso de la [comisión] al atestado policial levantado sobre la actuación policial”. Y se añade que “la negativa se expresa en unos términos claros y terminantes que no dejan lugar a la duda”. La comisión, por lo tanto, “no está en condiciones de elaborar su informe —ni lo estará— hasta que la autoridad judicial no apruebe el acceso al atestado y a la demás información relevante del caso o recaiga resolución firme que ponga fin a la vía judicial, una vez agotadas todas las instancias y recursos legalmente posibles”. Como referencia comparativa, la sentencia firme sobre la muerte de Íñigo Cabacas tras recibir en 2012 en la cabeza el impacto de una pelota de goma no llegó hasta 2021.

El segundo asunto que ahora queda en suspenso es el relativo a la denuncia de un joven por lesiones en la cara en el marco de las cargas de la Ertzaintza en Vitoria el día de la fiesta nacional de España, donde hubo un acto del que fuera partido único de la dictadura y contramanifestaciones. La comisión pidió información a Asuntos Internos, esta unidad pidió permiso al juzgado y el Tribunal de Instancia de Vitoria indicó que todos los sumarios son inaccesibles para las partes no personadas. “La decisión judicial priva a esta comisión del conocimiento del documento legalmente previsto para dejar constancia de los hechos averiguados, las declaraciones e informes recibidos y la anotación de todas las circunstancias de la actuación policial investigada. Es decir, de una fuente principal de información sobre lo sucedido”, se puede leer en la resolución.

Y hay un tercer expediente en idénticas circunstancias. A finales de febrero, en Sestao una patrulla camuflada, de dos componentes, tuvo un encontronazo con un grupo de personas en la calle de José Antonio de Aguirre y “emplearon la fuerza”. Fueron tres los detenidos por zarandear el vehículo policial. Uno de ellos refirió dolor testicular y su madre también aportó un parte de lesiones del hospital de Cruces. En este caso, los argumentos de la comisión son los mismos, incluso textuales en su redacción. No tienen permiso judicial para ver la documentación de la propia Ertzaintza y, por lo tanto, queda suspendida la investigación.

Se da la circunstancia de que este organismo tiene encomendada la revisión de otras actuaciones, particularmente la del aeropuerto de Loiu durante el recibimiento de activistas de la flotilla Global Summud. Es un asunto que también está judicializado, por lo que de mantenerse el mismo criterio tampoco se emitiría ningún informe de conclusiones o recomendaciones.

En este contexto, la comisión sí ha resuelto otro tema que tenía pendiente. Se deja claro que es un asunto sobre el que no pesaba actuación judicial alguna. Se trata de una detención de la Policía Local de Getxo. Se indica que los dos agentes municipales intervinientes lo hicieron ajustándose a los criterios de proporcionalidad. Sí se entiende que “debió aplicarse un plus de diligencia”, porque la reducción del arrestado que fue grabada en vídeo y que incluyó algunos golpes llegó después de que se le aflojaran los grilletes y el arrestado pudiera escaparse.

Como recomendaciones, se pide una “generalización” de las 'bodycam' también en cuerpos locales para evitar las diferentes “interpretaciones” de los vídeos que pueden grabar particulares, regular el “afojamiento” de los grilletes para evitar que eso pueda convertirse en un problema añadido —incluso ser empleados como “arma peligrosa” a modo de “puño americano”— y, en general, regular la vigilencia y las normas para actuar con personas bajo arresto.

El mercado ha dado un respiro a Donostia, con un descenso de los precios de los nuevos alquileres del 3,7% en el último trimestre de 2025, de 1.175,6 a 1.131,9 euros, según la más reciente EMAL (Encuesta del Mercado del Alquiler). La ligera desinflamación se aprecia también en otras zonas del área metropolitana como Irún, Errenteria o Lasarte-Oria. El consejero de Vivienda, el socialista Denis Itxaso, cree que “las cifras invitan a la esperanza” porque, además, no ha descendido la oferta. Y lo atribuye a la plena aplicación de las previsiones para las zonas tensionadas previstas en la ley estatal de 2023, que solamente fue posible en esa época. Por el contrario, la misma estadística ofrece otra fotografía menos favorable en Bizkaia: en Bilbao las rentas ya pasan de los 1.000 euros por vez primera y Getxo se convierte en el municipio más caro, con 1.175,7 euros mensuales.

Itxaso ha presentado estos resultados precisamente en Donostia. Según ha dicho, sería “prematuro” ver esta mejora como una “tendencia consolidada”, pero al menos sí cree que hay que ponderar los elementos positivos en el “primer trimestre en el que confluyen todas las herramientas previstas para las zonas tensionadas en Gipuzkoa”. Son tres meses, octubre, noviembre y diciembre de 2025, en que “por primera vez” desde que se hace la EMAL, desde 2016, se reducen “al unísono” los precios en los principales núcleos urbanos. Es más, a la par se constata una “ligera” subida de precios en zonas no tensionadas de Gipuzkoa.

En cifras, Donostia baja de 1.175,6 a 1.131,9 euros mensuales de media, un 3,7%. Es el dato de los nuevos contratos firmados en el período analizado. Errenteria, la primera localidad vasca en agogerse a este sistema de control de precios, pasa de 834,9 a 800,4 euros, un 4,1%. Irún, el segundo municipio más poblado, ve un descenso de 878 a 851,8, del 3%. Lasarte-Oria tiene una pequeña bajada de precios, de apenas el 0,6%, ya que se queda en 893,2 frente a los 898,3.

Para Itxaso, lo relevante es que eso no venga acompañado de una “contracción” de la oferta, una de las críticas que hacen los detractores de la normativa estatal, desde el PP a nivel general hasta el PNV a nivel más local. “El dato importante es doble: bajan las rentas de entrada en varios de los municipios más tensionados y, al mismo tiempo, Gipuzkoa alcanza los 31.351 contratos activos. Es decir, no estamos viendo una contracción del parque registrado, sino una primera moderación de precios con más viviendas alquiladas”, se ha congratulado. Y ha añadido, insistiendo en lo simbólico del caso de Donostia, que “supone un primer alivio en uno de los mercados residenciales más tensionados de España”, aunque ha pedido cautela hasta ver la evolución de los siguientes trimestres.

Aunque con retraso, Gipuzkoa fue el primer territorio que logró de su Hacienda foral los datos para activar los denominados índices de precios de referencia. Sin ellos, se aplicaban las zonas tensionadas pero no en todos los supuestos. Estos índices permiten limitar precios en primeros alquileres, viviendas que llevan tiempo fuera del mercado y casas de grandes tenedores, los propietarios de muchos inmuebles.

Itxaso ha puesto también en valor la política fiscal de Gipuzkoa y su incidencia sobre la Vivienda. “25.000 propietarios se han beneficiado de la bonificación del 70% en el IRPF por alquilar sus viviendas a precios contenidos, con un impacto fiscal cercano a los 18 millones de euros. Además, otros 28.000 declarantes que alquilan a precios de mercado han recibido bonificaciones del 30%, por un importe aproximado de 4 millones”, ha indicado el Ejecutivo vasco.

Álava estable, Bizkaia a peor

En Álava y en Bizkaia, las respectivas Haciendas forales han llegado más tarde, ya este 2026. Así, si la media en Gipuzkoa es de descenso del 3,5%, en Bizkaia se produce una subida del 2,1%. Por vez primera en diez años, este territorio es más caro que Gipuzkoa y, además, Getxo es el municipio con los precios más elevados, por encima de Donostia. En esta localidad se han disparado un 5,5%, y llega a 1.175,7 desde los 1.114,3 anteriores. Además, los contratos activos han bajado igualmente, un 0,5%. En el caso de Bilbao, se supera el simbólico umbral de los 1.000 euros mensuales: de 989,8 a 1.011,1, un 2,2% de subida trimestral. Barakaldo tiene un repunte del 1,8% y se queda en 828,4 euros.

“Los datos de Bizkaia ofrecen una fotografía previa a la entrada en funcionamiento del índice de referencia en dicho territorio y permitirán comparar en los próximos meses cómo evoluciona el mercado una vez desplegadas todas las herramientas de las zonas tensionadas”, despeja Itxaso sobre estos malos resultados.

En el caso de Álava, sigue como la zona más “contenida” de Euskadi. En Vitoria, la única zona tensionada y nuevamente sin todas sus medidas aplicadas en el período medido, la situación es de “estabilidad”. De 851,6 euros de media se ha pasado a 851,2. Sí ha habido un incremento anual del 2,8% en los alquileres activos y declarados.

El exjefe de seguridad de Osakidetza, Juan José Quiñones, de profesión ertzaina, ha asumido ante un juzgado de Vitoria que presentó “de manera consciente y voluntaria” un título universitario falso de la EHU para acceder a la plaza convocada en 2023 y en la que se mantuvo hasta que se detectó el engaño y fue denunciado, a finales de 2025. El Tribunal de Instancia le ha impuesto una pena de seis meses de cárcel -que no será efectiva al carecer de antecedentes- y una simbólica multa económica de 1.080 euros.

El Servicio Vasco de Salud convocó la plaza en 2023 para reforzar la seguridad de los centros sanitarios tras el sonado caso del secuestro de un bebé en 2022 en la maternidad de Basurto. El agente ahora condenado fue el único aspirante. En un inicio, se dio por bueno el título de la EHU porque venía compulsado por el Ayuntamiento de Getxo.

Estuvo dos años ejerciendo y, sin que se hayan aclarado los motivos, a finales de 2025 se procedió a una revisión de las titulaciones y se descubrió que no era licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas, como decía ser. Durante ese tiempo, Quiñones tuvo un salario superior a los 60.000 euros anuales y participó en la tramitación de cinco expedientes de contratación que suman más de 83 millones de euros.

Los hechos probados, dice la sentencia del Tribunal de Instancia de Vitoria firmada por la magistrada María Luisa Nistal, “son constitutivos de un delito de falsedad en documento público”, aunque el hecho de que sea un fallo de conformidad hace que se impongan penas muy rebajadas. Tampoco pesa una inhabilitación, por ejemplo, más allá de la imposibilidad de presentarse a las elecciones durante el tiempo de la condena de cárcel, seis meses. Es más, el resultado final es aún más bajo que la petición de la fiscal Cristina Vicente Briansó, que era de nueve meses de prisión y unos 600 euros más de multa.

La Fiscalía no ve razón para detener la investigación penal por el derribo del edificio Irurak Bat de Getxo a pesar de que las defensas de los imputados, incluidos tres exediles del PNV, hayan intentado neutralizar el caso porque una sentencia de la jurisdicción contencioso-administrativa sobre todo inmueble de la localidad, La Aldea, aludía a que los bienes de la misma categoría que el palacete, la de “custodia municipal”, no tenían por qué tener protección automática. Dos de esos tres exconcejales iban a adquirir una vivienda de lujo en el nuevo bloque que se iba a levantar en ese solar.

El instructor del caso, Marcos Amor, pidió a las partes personadas su criterio en relación a la posible afección del fallo de otra jurisdicción en la causa penal sobre el Irurak Bat. Los imputados corrieron a pedir el archivo, contradiciendo el criterio de la Policía judicial, en este caso la Ertzaintza, que lleva meses insistiendo en que se pudieron cometer delitos contra el patrimonio en el derribo. Como la Fiscalía, PP y EH Bildu, que ejercen de acusación igualmente, también creen que hay que seguir adelante.

“La sentencia que ha sido unida a las actuaciones no afecta en modo alguno a los hechos que están siendo objeto de investigación e instrucción en la presente causa, máxime cuanto se trata de una única sentencia que, además, se refiere a un supuesto no idéntico al que nos ocupa”, señala el ministerio público según una resolución adelantada por 'El Mundo'.

La fiscal, María del Pilar Sánchez Donate, exhibe también su “absoluto respeto” a la sentencia de lo contencioso-administrativo, pero “no se comparte” que pueda justificar la demolición del Irurak Bat, que lleva protegido “desde 1985”. El informe, de siete folios, recalca que mientras que el Ayuntamiento tramitó el expediente del edificio éste siempre tuvo un nivel de “protección básica” que ha de respetarse.

El derribo se produjo en el verano de 2024 y la causa se inició entonces, pero no fue hasta enero de 2026 cuando el caso alcanzó resonancia porque la Ertzaintza entró en dependencias municipales por orden judicial y se incautó de dispositivos electrónicos. Sin embargo, desde entonces la instrucción ha avanzado al ralentí, con cambio de juez y sin que en ningún momento hayan declarado los imputados o se hayan revisado los aparatos.

Sin embargo, sí son conocidos ya algunos informes técnicos. El propio Gobierno vasco sostiene que era un edificio protegido. Los tres exconcejales, Inazio Uriarte, Irantzu Uriarte e Iñigo Urkitza, dimitieron de sus funciones tras la imputación. La alcaldesa del PNV, Amaia Agirre, fue emplazada por PP y EH Bildu a seguir el mismo camino, pero continúa en el cargo aunque ya se ha conocido que no se presentará a las elecciones de 2027.

La investigación penal por el derribo del edificio protegido de Getxo Irurak Bat está en el aire porque una sentencia de otra jurisdicción, la contencioso-administrativa, estimó que “los bienes de custodia municipal no se convierten automáticamente en bienes culturales de protección básica”. Dos de los tres exediles del PNV imputados ya pidieron la finalización de la causa y el tercero lo ha hecho ya también, subrayando que no ve delito alguno en los hechos. Entre las acusaciones, el PP y EH Bildu han presentado ya un escrito en sentido contrario e insisten en que hay indicios de que se cometieron delitos con el palacete.

Los 'populares', que son la principal fuerza de la oposición en Getxo y que, como EH Bildu, acudieron a los tribunales para que se analizase lo sucedido con el Irurak Bat, sostienen que sigue siendo necesario completar la investigación, que lleva semanas parada. El derribo se produjo en 2024 y en enero de este año el caso alcanzó una nueva dimensión con la Ertzaintza entrando en dependencias municipales e incautándose de dispositivos electrónicos, pero la decena de imputados ni siquiera ha prestado declaración y se discute aún qué hacer con los materiales decomisados.

Entre medias, en junio, surgió la nueva sentencia sobre La Aldea y el instructor penal, Marcos Amor, pidió a las partes una reflexión sobre cómo interpretaban su posible afección. Algunos de los imputados, rápidamente, vieron una nueva oportunidad para cerrar el caso. El escrito del PP, en cambio, sostiene que el fallo “no debe paralizar ni obstruir en nada la instrucción del presente procedimiento sino, en todo caso, servir de complemento”.

El abogado del PP, Eduardo Andrade, que es también el portavoz municipal, entiende que los indicios no solamente se fundamentan en los informes de la Ertzaintza, cuya labor está siendo muy cuestionada por los investigados, sino también en “pruebas documentales” sólidas. Cita, por ejemplo, que el área de Cultura del Gobierno vasco, que depende también del PNV, emitió un dictamen que concluye que “en ningún caso será posible su derribo ni total ni parcial salvo informe y previo y favorable” del organismo autonómico correspondiente. Se mencionan, igualmente, otros documentos técnicos en la misma dirección.

Los 'populares' indican también que La Aldea e Irurak Bat son casos “distintos”. En el primero, hubo una “solicitud expresa” de derribo, mientras que en el segundo no se solicitó tal cosa, “sino que utilizaron una vieja licencia de obras escondiendo un futuro derribo de un edificio protegido”. Para el PP, la demolición fue “premeditada” y recalca que dos ediles iban a comprar una vivienda en la promoción que se iba a levantar en el solar.

La acusación demanda “aclarar todas estas presuntas manipulaciones, presuntos tratos de favor, presunto uso de información privilegiada, en definitiva, los presuntos delitos de malversación urbanística, unos por acción y otros por omisión”. Pide “continuar” la instrucción, retomar las declaraciones pendientes, tanto de testigos como de los imputados, en este segundo caso “de forma inmediata”, y que se ordene la “apertura de los dispositivos electrónicos incautados” por parte de la Policía judicial.

En el caso de EH Bildu, según ha informado Europa Press, recuerda que la sentencia sobre La Aldea no es firme y que, además, no tiene “carácter jurisprudencial”. Añaden que los informes de la Ertzaintza recalcan que “el derribo del edificio Irurak Bat, protegido en custodia municipal, se llevó a cabo con omisión del procedimiento del PGOU y con infracción de la ley”.

Los exconcejales del PNV Irantzu Uriarte e Inazio Uriarte, dos de los tres exediles imputados en la investigación penal por el derribo del edificio histórico Irurak Bat de Getxo y que aspiraban a comprarse un piso de lujo en las nuevas viviendas que se iban a construir allí, han pedido el cierre de la causa, han criticado a la Ertzaintza como Policía judicial y han lamentado el “oprobio” que han sufrido por esta instrucción. A su juicio, por lo recopilado ya en una instrucción en la que ni siquiera han comparecido los imputados y no se han revisado los dispositivos electrónicos que fueron decomisados en su momento, se ha “desinflado el suflé”.

La defensa de estos ediles, que eran pareja y cooperativistas de Ereaga Atalaya, el proyecto que iba a ser levantado tras el derribo del Irurak Bat, ha presentado un escrito para cerrar la causa en el marco del plazo abierto por el juez Marcos Amor, del Tribunal de Instancia de Getxo, para que se analicen los efectos de otra sentencia sobre otro caso, el del edificio La Aldea. En ella, se menciona que “los bienes de custodia municipal no se convierten automáticamente en bienes culturales de protección básica”. Sin embargo, se trata de un contencioso-administrativo, no de una causa penal.

Con todo, los exediles insisten en que está clara la “inexistencia de delito”, según su escrito difundido a través de Europa Press. Se expresan en términos muy contundentes. Sobre el Irurak Bat, por ejemplo, dicen que “era un casa de vecinos, en bastante mal estado de conservación y mantenimiento, cuyo parecido con un palacete no es ni remoto, que no despertaba ningún interés cultural, histórico artístico en los ciudadanos del municipio y que contaba con el menor grado de protección urbanística (bien de custodia municipal)”.

Consideran que este proceso se ha originado por las “hipótesis erróneas” de la unidad especializada de la Ertzaintza en delitos patrimoniales. La Policía defiende que el Irurak Bat nunca tuvo que ser derruido, una tesis sostenida también por la Fiscalía. Los imputados, por el contrario, inciden en que hay un “interés político” por estirar la investigación cuando no hay base para ello. PP y EH Bildu, dos partidos de la oposición en Getxo, están personados como acusación. Según los exconcejales, “donde mandan los intereses políticos y/o mediáticos la realidad parece superflua”.

Uriarte y Uriarte consideran que han sufrido un “daño muy grave y de casi imposible reparación”. “Han tenido que convivir todo este tiempo con el oprobio, el estrés y la ansiedad que ser expuesto ante la opinión pública como un presunto delincuente causa hasta en las personas con mayor fortaleza”, argumentan sus defensas.

La asociación ecologista Eguzki ha denunciado que una parte de los acantilados de Getxo se están convirtiendo en un vertedero improvisado y clandestino, sin que ninguna institución se esté ocupando de su limpieza. Se trata además de una zona relativamente cercana a la terminal de cruceros del puerto que se vende como un “atractivo turístico”, sobre todo en epoca veraniega.

La organización ecologista se hace eco de un artículo en el que se denuncia que en los acantilados bajo la playa Aixerrota y hasta casi el cierre del Superpuerto se acumula basura que difícilmente puede achacarse a la actividad de las mareas, ya que entre los objetos que se encuentran, por ejemplo, chasis de coches enteros, con los asientos todavía reconocibles, neumáticos, garrafas de plástico, espuma de poliestireno, restos de electrodomésticos, bidones o bolsas, además de multitud de troncos. “Todo el inventario de un vertedero al aire libre que cualquier persona puede visitar caminando desde la misma terminal de cruceros que las instituciones venden como escaparate de modernidad”, según denuncia Txema García, autor del escrito del que Eguzki se ha hecho eco en su web.

Según se recoge en el escrito, la acumulación de residuos lleva años visible para cualquiera que pasee por esa zona. “¿Cómo es posible que esto persista a un paso de donde se gestiona, con tanto mimo, la llegada de cada crucero de lujo?”, se pregunta. Por otra parte, considera que la naturaleza de lo que está allí depositado no llega en su mayoría flotando, sino que se trata de objetos que la gente deposita en ese lugar. “Es vertido clandestino, dejación, basura doméstica e industrial depositada sobre un acantilado donde se sabe, porque la experiencia de años lo confirma, que nadie va a venir a limpiarlo con la urgencia que merece. Y lo que sí llega arrastrado por el mar -la madera, los plásticos de un solo uso, los restos de aparejos- se acumula también porque ningún plan de limpieza sistemática y constante se aplica con la misma intensidad con la que se aplican los planes de promoción turística”.

En ese sentido, se critica que es “la otra cara de la moneda del llamado 'efecto Guggenheim', la que nunca aparece en los informes de impacto económico ni en los discursos institucionales sobre el éxito del modelo vasco de regeneración urbana” y lamentan que parte de la costa esté “convertida en vertedero a cielo abierto a la vista de cualquiera que se atreva a caminar quince minutos más allá del límite donde termina la fotografía oficial”.

Sin conocer de quién es la responsabilidad exacta de la limpieza de este tramo del litoral, entiende que cada una de las tres administraciones que tienen competencia sobre ese tramo de costa mirarán hacia otro lado “con la excusa cómoda de que la jurisdicción exacta corresponde a la vecina”: “el Ayuntamiento de Getxo, que presume del turismo de cruceros como motor económico local; la Autoridad Portuaria de Bilbao, que gestiona el dominio público portuario y que difícilmente puede alegar desconocimiento de lo que ocurre a un paso de sus propios muelles; y el Gobierno vasco, que financia campañas de promoción turística y discursos de sostenibilidad mientras delega en otros la limpieza efectiva del litoral”.

Una sala de apelaciones de la Audiencia Nacional compuesta por los jueces Francisco Javier Vieira, Jesús Eduardo Gutiérrez y Fermín Javier Echarri, enmendó en mayo al instructor José Luis Calama y, atendiendo al criterio de la Fiscalía y de la Policía Nacional, autorizó tres registros, dos en Bilbao y uno en Getxo, para investigar a dos personas del colectivo Iranekin Bat (Comité a favor de Irán de Euskal Herria) por su supuesta vinculación con Hizbulá y con delitos de “terrorismo”. La operación, finalmente, ha tenido lugar esta semana. Iranekin Bat ha considerado un “montaje” este sumario y ha llegado a celebrarse una protesta por los arrestos en Algorta, con asistencia de varias docenas de personas.

El origen del despliegue de este martes hay que encontrarlo en un informe de la Comisaría General de Información, la principal unidad antiterrorista de la Policía Nacional. Es del 25 de marzo. En ese atestado se apuntaba a dos personas, Y. y A., ambos varones. A uno de ellos se le imputan once elementos para justificar su detención y el registro de su domicilio. Al otro uno más, doce. En uno de los casos se plantea incluso acceder a la casa de la madre.

Entre los hitos destacados por la Policía Nacional se menciona un atentado de marzo en Oslo, capital de Noruega. Fue contra la embajada de Estados Unidos y acabó “sin víctimas”. Unas “fuentes de acreditada solvencia internacional”, de las que no se dan más detalles, trasladaron a la inteligencia española que en el clonado de los dispositivos electrónicos de los implicados aparecía el número de uno de los dos activistas residentes en Bizkaia. Ambos disponen de líneas libanesas, señala la Policía.

Igualmente, ambos habrían sido invitados al funeral de un líder de Hizbulá, Hassan Nasrallah, asesinado por Israel en 2024. Uno no pudo ir por el “bloqueo aéreo”, pero el otro lo grabó desde una “zona privilegiada”. En la larga lista de cargos se menciona de uno de ellos su “gran pericia en el uso de armas largas” al haber sido “instruido” por “organizaciones terroristas” en Líbano, el país de Hizbulá; del otro se dice que estuvo en campamentos “controlados” por terroristas, los de Sabra y Shatila. También se enumeran transferencias bancarias -de hasta 5.000 euros- y otros movimientos relacionados con causas supuestamente relacionadas con la milicia chií, como ocultar dinero en las partes “íntimas” del cuerpo.

Se les cita como instigadores del “boicot” a la Vuelta Ciclista a España a su paso por Bilbao en septiembre de 2025. Uno de ellos habría sido “organizador y miembro activo” de las protestas por la presencia en el pelotón del equipo Israel Premier Tech, ya desaparecido. Llevó una bandera de Hizbulá y una fotografía de su líder asesinado, estiman los agentes. Se les ubica en una posición política claramente filoiraní, un país chií. Del segundo, como colofón, se añade que “siempre” ha sido “un defensor del terrorismo de ETA”.

Al margen, se indica que se usaba el canal de Telegram Frontflict para difundir propaganda. Ese grupo, que es perfectamente público, subió un último mensaje este martes, el día de la operación policial. “El terrorismo y el extremismo representan amenazas inaceptables para la paz, la seguridad y los derechos humanos, destruyendo vidas inocentes y socavando los valores fundamentales de la sociedad”, se publicó. También se recogió un largo aviso legal que insistía en que se estaba cumpliendo la legalidad en todo momento. “Nuestra única vocación es estrictamente informativa. No promovemos, apoyamos ni justificamos ninguna ideología extremista, grupo terrorista o acto violento. Nuestro compromiso es ofrecer a los lectores datos veraces, noticias objetivas y contexto sobre la actualidad, siempre desde una postura que no sea la que el sionismo quiere vender”, abundaban.

Calama contra la Policía Nacional

El juez Calama, protagonista en las últimas semanas por ser el instructor de la investigación de corrupción contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, basada precisamente en informes de la Policía Nacional, no dio credibilidad al informe de ese cuerpo en el caso de los dos vizcaínos. Entre sus argumentos, recalcó que todas las acusaciones contra los imputados estaban redactadas en condicional y que no pasaban de meras hipótesis policiales que no podían justificar una medida tan drástica como una detención y los registros.

Calama fue muy duro con el informe policial: “Se nos presenta un claro paradigma de hipótesis y suposiciones, sin base objetiva alguna de las que pueda inferirse racionalmente que se esté cometiendo o vaya a cometerse un delito de terrorismo. [...] El repertorio de datos es marcadamente insuficiente. Deducir de ese conjunto de elementos de una forma mínimamente consistente una actividad terrorista es un exceso. Son datos ambivalentes y equívocos. El relato es amplio, pero cuadro indiciario es muy pobre. No son necesarias pruebas para la adopción de las medidas solicitadas, pero sí un bagaje indiciario más consistente. Se corre el riesgo en otro caso de banalizar unas medidas tan invasivas como son las injerencias en la intimidad domiciliaria y en el entorno virtual solicitadas. [...] La mera adhesión, simpatía o afinidad ideológica hacia organizaciones consideradas terroristas por determinados Estados u organismos internacionales, como es el caso de Hizbulá, no constituye por sí misma conducta penalmente relevante en el ordenamiento jurídico español. El derecho penal español se rige por los principios de legalidad (art. 25.1 CE), tipicidad estricta, e intervención mínima, lo que impide sancionar ideas, creencias o posicionamientos ideológicos, por radicales o controvertidos que puedan resultar, en ausencia de actos externos subsumibles en un tipo penal”.

Pero la Fiscalía recurrió. Según el ministerio fiscal, es “abrumadora” la existencia de indicios de “terrorismo” y Calama incurrió en un “cuádruple error” en sus consideraciones. Concluyó que “no es cierto” que los informes policiales sean solamente un catálogo de “hipótesis y suposiciones sin base objetiva”. Y “el uso del tiempo condicional presente en los informes policiales no refleja la naturaleza conjetural de la hipótesis policial”, se añade desde la Fiscalía.

La sala de apelaciones de la Audiencia Nacional dio la razón a Fiscalía y Policía y enmendó la plana al instructor. Es más, le recuerdan que con muchos menos datos encima de la mesa se había autorizado ya en 2024 el 'pinchazo' de algunos teléfonos en el marco de esta misma operación. En concreto, hubo escuchas autorizadas desde diciembre de 2024 hasta febrero de 2026 de las que no se aportan más datos en la información judicial consultada.

Tras la operación de la Policía Nacional -escoltada por la Ertzaintza- hubo ya unas primeras protestas, aunque este viernes se ha anunciado una rueda de prensa para exponer lo sucedido con Y. y A. En un comunicado, Iranekin Bat ha denunciado una “campaña de persecución, mentiras y difamaciones”. En esa nota mencionan que “un juez de la Audiencia Nacional” no encontró “base objetiva” para hablar de terrorismo, en probable referencia al auto de Calama. Entienden que se busca “acallar” a quienes denuncian el “genocidio” de Israel en Palestina, el “verdadero terrorismo”. La nota se completaba con un mense de “apoyo al eje de la resistencia” de Palestina, Líbano e Irán.

La plaza número 2 de la Sección de lo Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Getxo, que instruye el caso del derribo del palacete de Irurak Bat de Algorta, en custodia municipal, ha suspendido las declaraciones previstas para este viernes de los técnicos peritos Urko Balziskueta y Amaia de Felipe, que en un principio se encargaron de la petición de licencia para la construcción de viviendas de lujo en el lugar, según han informado a Europa Press fuentes jurídicas.

Varias de las defensas de los investigados han solicitado al juez instructor, Marcos Amor, que suspenda estas testificales después de que una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), fechada el pasado 9 de junio, haya afirmado, en el caso de La Aldea —una villa de Neguri para la que una promotora pidió licencia de derribo—, que “los bienes de custodia municipal no se convierten automáticamente en bienes culturales de protección básica”.

En la causa del palacete —el edificio Irurak Bat de Algorta—, están investigadas por su supuesto derribo irregular diez personas, entre ellas tres exconcejales del PNV, tres técnicas municipales, el administrador de la gestora de cooperativas, el responsable de la constructora, el arquitecto autor del proyecto y otro profesional que participó en la actuación. La sentencia del TSJPV que da la razón a la promotora que pretendía obtener la licencia de derribo de la villa de Neguri, sita en la calle Zubitxoa número 1, para el proyecto La Aldea, revoca la sentencia de instancia dictada en sentido contrario, y que fue aportada al sumario del caso por EH Bildu, que ejerce como acusación popular, ya que el ayuntamiento había denegado la licencia.

La resolución del alto tribunal vasco, que todavía puede ser recurrida en casación, destaca que los bienes de custodia municipal “no se convierten automáticamente en bienes culturales de protección básica”, sino que “cabe su derribo”, tal como se plantea la PGOU de Getxo, pese a la Ley 6/2019 de Patrimonio Cultural Vasco (LPCV). Por ello, esta resolución judicial ha sido aportada ahora a los autos, y las defensas de varios acusados consideran que “obliga a reconsiderar la investigación penal abierta por el caso de Palacete de Algorta ”en su globalidad“.

“Ya no puede afirmarse la existencia de indicios de delito contra el patrimonio histórico, porque el edificio Irurak Bat, como todos los edificios de custodia municipal en Getxo, no queda abarcado por el ámbito de aplicación de la LPCV”, asevera el letrado de Ander Madariaga, responsable de Biurban, promotora, encargada de la comercialización de las viviendas de lujo proyectadas en el solar del palacete. Por su parte, el abogado de Foraster Arquitectos entiende que las opiniones que pudieran ofrecer Balziskueta y De Felipe en estos momentos quedarían “desactualizadas” y “podrían confundir más que aclarar la investigación”, por lo que su comparecencia no tendría fundamento.

Comunicación y registros

Pese a la oposición de las acusaciones populares, ejercidas por EH Bildu y el PP, el juez instructor ha comunicado a las partes la suspensión de las comparecencias previstas para este viernes de Urko Balziskueta y Amaia de Felipe. El primero de ellos había coniderado, en su testimonio ante la Ertzaintza, que le habían apartado del expediente de la licencia para facilitar el derribo total del edificio Irurak Bat, que, a su juicio, no podía llevarse a cabo. En su escrito, el abogado de Foraster recuerda que “no puede existir interés en apartar a un funcionario para la obtención de una licencia cuando ese funcionario había informado favorablemente sobre el mismo proyecto”, algo que, además, cree “incompatible con la condición de testigo”.

Las defensas de los acusados también han solicitado al magistrado instructor que, tras la sentencia del TSJPV, que, en su opinión, descarta que exista delito contra el patrimonio, se desestime la solicitud de la Ertzaintza de acceder al contenido de los dispositivos electrónicos intervenidos en las entradas y registros, entre ellos en dependencias municipales del Ayuntamientos de Getxo. “A día de hoy, sigue pendiente que el órgano instructor resuelva si autoriza o no el acceso por la Ertzaintza a los dispositivos electrónicos intervenidos durante las entradas y registros practicadas el 14 y 15 de enero de 2026. La Ertzaintza solicitó la autorización de acceso por atestado de 22 de enero de 2026, pero el órgano instructor todavía no ha resuelto sobre esta solicitud”, recuerdan.

En este sentido, afirman que, más allá de los indicios que pudiesen existir en enero de 2026, cuando se acordaron los registros y la intervención de los dispositivos, a la luz de la sentencia del TSJPV, “claramente no concurren ahora indicios de delito que justifiquen ninguna autorización de acceso al contenido de los dispositivos electrónicos previamente intervenidos”. Por ello, consideran que procede que el órgano instructor dicte un auto por el que desestime la solicitud de acceso formulada por la Ertzaintza.

La defensa de Ander Madariaga, responsable de la empresa Biurban y uno de los investigados en la causa penal por el derribo del palacete Irurak Bat de Getxo, ha presentado un escrito en el que solicita al juez instructor, Marcos Amor, que suspenda las testificales de este viernes de los peritos técnicos Urko Balziskueta y Amaia de Felipe tras una sentencia del Superior por otro caso, el de La Aldea, que señala que “los bienes de custodia municipal no se convierten automáticamente en bienes culturales de protección básica”.

Biurban es la empresa promotora y gestora de cooperativas encargada de la comercialización de las viviendas de lujo proyectadas sobre el solar del palacete de custodia municipal Irurak Bat demolido. En el escrito, el abogado de Madariaga afirma que la sentencia del Superior “obliga a reconsiderar la investigación penal” abierta por este casdo “en su globalidad”. “Ya no puede afirmarse la existencia de indicios de delito contra el patrimonio histórico, porque el edificio Irurak Bat, como todos los edificios de custodia municipal en Getxo, no queda abarcado por el ámbito de aplicación de la LPCV (Ley 6/2019 de Patrimonio Cultural Vasco)”, asevera en rerencia a la sentencia sobre el otro asunto, informa Europa Press.

La villa de Neguri, también en Getxo, conocida como La Aldea, estña en la calle de Zubitxoa 1. El fallo obliga al Ayuntamiento de Getxo a realizar los trámites que faltan para otorgar la licecia de demolución, tal como fue solicitada el 16 de noviembre de 2021. Además de la solicitud de suspender las declaraciones de los testigos del viernes, el letrado también reclama que se desestime la solicitud de la Ertzaintza de acceder al contenido de los dispositivos electrónicos intervenidos con ocasión de las entradas y registros realizados en enero de este año.

Un juzgado de lo contencioso-administrativo de Bilbao ha anulado la sanción de económica de 3.875 que el Ayuntamiento de Getxo, del PNV, impuso a la cooperativa Ereaga Atalaya por los trabajos de demolición parcial del denominado palacete de Algorta, el edificio Irurak Bat -con grado protección local- y la excavación de la parcela, realizados a principios de 2024, para lo que se obtuvo licencia en 2022, según la sentencia a la que ha tenido aceso Europa Press. Se trata de un fallo que no condiciona la investigación penal en marcha por ese derribo, en la que están imputadas una decena de personas, entre ellos tres exediles del PNV.

Estas actuaciones ahora revisadas se hicieron a la espera de la concesión del acta de replanteo -por el que se da el visto bueno definitivo a las obra y a las modificaciones, si las hubiera-, y que, según la resolución judicial, el consistorio bloqueó por una cuestión “menor”, como es la configuración y estética de tendederos de los pisos a edificar en el lugar, lo que considera desproporcionado“ y cree que solo se justifica en ”un escenario de conflictividad política“. La sentencia, que es firme, cierra uno de los procedimientos administrativos abiertos en los tribunales, a la espera del segundo incoado con motivo del derribo del resto del edificio en agosto de 2024. Mientras, continúa el proceso penal, que se encuentra en fase de instrucción.

En la causa, están siendo investigadas diez personas, entre ellas tres exconcejales del PNV, dos de ellos cooperativistas de Ereaga Atalaya -encargada de la actuación para costruir 12 viviendas de lujo, seis en el edificio Irurak Bat y otras seis en un edificio anexo-. El resto de investigados son tres técnicas municipales, el administrador de la gestora de cooperativas, el responsable de la constructora, el arquitecto autor del proyecto y otro profesional que participó en la actuación.

En su sentencia, la magistrada de la plaza número 4 de la sección de lo contencioso-administrativo del Tribunal de Instancia de Bilbao ha estimado el recurso interpuesto de la cooperativa contra la resolución de la concejalía del Ayuntamiento de Getxo del 4 de abril de 2025, por la que se le impuso esa sanción económica de 3.875 por las actuaciones realizadas en el palacete de Getxo, al entender el Consistorio que se habían incumplido las condiciones de la licencia, es decir, que se trataba de “obras sin licencia”.

De esta forma, la resolución judicial anula la sanción, basándose en que los problemas alegados para no dar el visto bueno a las modificaciones del proyecto de ejecución pivotaban sobre “un tema menor”, como fue el de los tendederos. A su juicio, bloquear el inicio de toda una edificación, mediante la negativa al levantamiento del acta de replanteo -el documento mediante el cual se puede dar comienzo a una obra o construcción- basándose en “una discrepancia menor y aislada”, como la configuración o estética de los tendederos, “es un ejemplo claro de desproporción y actuación contraria al principio de eficacia, que sólo se justifica en el escenario de conflictividad política en el que se desarrolló la aprobación del proyecto denominado palacete de Getxo”.

La magistrada defiende que las potestades de intervención municipal, con especial énfasis en materia de urbanismo, deben ejercerse con “proporcionalidad y ponderación, ancladas a la normativa y no a circunstancias coyunturales”. Según la sentencia, los tendederos o sus condicionantes estéticos solo representaban “un elemento accesorio y perfectamente subsanable en fase de ejecución material, y en ningún caso condicionante del levantamiento del acta de replanteo”. En este sentido, considera que realizar movimientos de tierras y ciertas demoliciones disponiendo ya de una licencia de obras sobre el proyecto básico concedida y en vigor, no puede considerarse una “obra ilegal” o “sin licencia”.

Destaca que, “a lo sumo, podría entenderse como el incumplimiento de un trámite formal previo de carácter temporal”. Por ello, cree que la conducta sancionada no puede entenderse como la “realización de obras sin licencia”, porque se había concedido licencia sobre un proyecto básico. “Castigar una discrepancia de plazos formales con la misma gravedad que construir un edificio clandestino es desproporcionado y constituye una actuación abusiva del Ayuntamiento”, asegura la magistrada.

Citando una sentencia del Tribunal Supremo de 2021, apunta que, “si la licencia está condicionada a la validación del acta, los plazos de caducidad de la licencia no empiezan a contar hasta que el Ayuntamiento emita o notifique la conformidad de dicho replanteo”. “Esta consideración protege al ciudadano frente a los retrasos municipales sin que ello pueda perjudicar los tiempos del promotor ni mucho menos constituir conductas típicas a efectos sancionables”, señala. En definitiva, determina que la actuación del Ayuntamiento, “en el escenario de conflictividad en que se produjo, fue desproporcionada y carente de sustrato normativo, por lo que la resolución recurrida debe anularse”, sin que se impongan las costas a ninguna de las partes.

La investigación judicial en torno al derribo el edificio protegido Irurak Bat de Getxo ha avanzado este viernes y este lunes con las declaraciones de los primeros testigos desde que se inició la instrucción en 2024 y, sobre todo, desde que el caso adquirió nueva dimensión a comienzos de 2026 con la entrada de la Ertzaintza en dependencias municipales para analizar la existencia de posibles delitos contra el patrimonio. En las dos sesiones, según fuentes judiciales, los ertzainas que han realizado los informes en calidad de Policía judicial se han ratificado en que hay claros indicios de irregularidades, vecinos han apuntado que a comienzos de 2024 ya era notorio que se estaba tirando el palacete sin que nadie hiciera nada y la empresa Eslora, la que realizó el primer plan de viviendas de lujo que iban a sustituir a la vieja construcción y que luego renunció, ha confirmado que desde el principio eran conocedores que estaban trabajando con un edificio protegido.

Los primeros en declarar ante el instructor, el juez Marcos Amor, fueron cuatro agentes de la Ertzaintza que han confeccionado los informes sobre el derribo del Irurak Bat. Estuvieron unas cuatro horas compareciendo y defendieron la tesis que apuntaron ya en sus atestados, que creen que hay indicios de delito. Ahora mismo son diez las personas imputadas, incluidos tres exconcejales del PNV en Getxo. Dos de ellos, Irantzu Uriarte e Inazio Uriarte, que eran pareja, iban a adquirir una de las viviendas de lujo resultantes del derribo del Irurak Bat. Los abogados defensores trataron de insistir en la tesis de que en los registros incurrieron en extralimitaciones. De hecho, hay formulados recursos ante la Audiencia Provincial para anular pruebas.

En estos días han acudido también al Tribunal de Instancia de Getxo vecinos y conocedores de las obras en el Irurak Bat. Aunque el derribo se completó en agosto de 2024, han indicado que ya desde “febrero o marzo” había demoliciones parciales que dejaban claro cuáles eran los planes. De hecho, otro compareciente ha indicado que en julio de 2024 “todos” los cooperativistas del proyecto de las nuevas viviendas, que se llamaba Ereaga Atalaya, conocieron por escrito que a los pocos días se iba a completar la demolición. Esa comunicación incluiría a los dos ediles del PNV que, en todo caso, asistieron igualmente a una reunión en 2023 donde se planteó también que era un edificio protegido.

Las fuentes judiciales consultadas indican que Bi-Urban, la empresa que relevó como promotora a Eslora, sostiene que el derribo fue una decisión no planificada e improvisada a la luz del mal estado del edificio al intervenir sobre él en agosto. Sin embargo, un técnico ha manifestado que en 2018 el palacete superó la ITE (el equivalente a la ITV de los coches para edificios) y que estaba “en perfectas condiciones”.

Las próximas testificales serán el 19 de junio. Ese día está citado Urko Balciscueta. Como arquitecto municipal, emitió en marzo un informe que fue incorporado al sumario. En él, explicaba que en su día informó favorablemente de un proyecto de reforma del edificio, pero remarcaba que aquel plan preveía el “mantenimiento” del edificio y la renovación de su interior y de las cubiertas. Añade que, si se hubiese planteado una demolición “total o parcial”, tendría que haber un informe del Gobierno vasco que no consta que se solicitase.

No hay fecha para que declaren los imputados. Hubo una citación para febrero, se anuló y no hay nuevo calendario. Por el momento, el plazo máximo para completar la investigación se sitúa en octubre de 2026, aunque sería prorrogable. Dos partidos de la oposición en Getxo, el PP y EH Bildu, ejercen como acusación al lado de la Fiscalía. La alcaldesa del PNV, Amaia Agirre, se negó a dimitir por este asunto pero ya ha confirmado que no se presentará a las elecciones de 2027. Irkus Ansotegi ha sido designado ya por parte de la formación nacionalista.

Irkus Ansotegi será el único candidato a la alcaldía de Getxo en el proceso interno que está celebrado el PNV para las próximas elecciones municipales y forales. Ansotegi ha sido el único candidato propuesto en las asambleas de las tres organizaciones municipales de Getxo, que se han celebrado durante la tarde de este martes. En cualquier caso, para ser oficialmente candidato, deberá ser ratificado en una segunda asamblea que se celebrará en mayo.

La actual alcaldesa de Getxo, Amaia Agirre, anunció el pasado día 13 que no optaría a ser candidata a las elecciones municipales de 2027, “una decisión personal que no ha sido fácil, pero sí profundamente reflexionada”, según trasladó en una misiva a sus compañeros de partido.

Según ha informado el PNV, Irkus Ansotegi había sido propuesto por las tres Juntas Municipales de Getxo: Algorta, Getxo Zaharra y Ondarreta. “Además de un candidato de consenso, es una persona joven, preparada, con experiencia y trayectoria profesional demostrada. Implicado en los ámbitos político, cultural y social de Getxo, es una persona para liderar nuestro municipio”, ha asegurado.

Irkus Ansotegi Zulueta tiene 47 años. Nacido en Getxo, es afiliado al Partido Nacionalista Vasco desde 1995, abogado, y cursó sus estudios en la Universidad de Deusto. En la actualidad es responsable de una empresa de asesoría jurídica.

Ha estado siempre implicado en el movimiento cultural del municipio. Entre otras entidades, ha formado parte de la Bertso Eskola, del grupo de baile Itxartu o de la asociación Hazi eta Bizi, de la que fue presidente. Además, ha sido miembro del Consejo Nacional de EGI y de la Junta Municipal de Algorta.