Irkus Ansotegi será el único candidato a la alcaldía de Getxo en el proceso interno que está celebrado el PNV para las próximas elecciones municipales y forales. Ansotegi ha sido el único candidato propuesto en las asambleas de las tres organizaciones municipales de Getxo, que se han celebrado durante la tarde de este martes. En cualquier caso, para ser oficialmente candidato, deberá ser ratificado en una segunda asamblea que se celebrará en mayo.

La actual alcaldesa de Getxo, Amaia Agirre, anunció el pasado día 13 que no optaría a ser candidata a las elecciones municipales de 2027, “una decisión personal que no ha sido fácil, pero sí profundamente reflexionada”, según trasladó en una misiva a sus compañeros de partido.

Según ha informado el PNV, Irkus Ansotegi había sido propuesto por las tres Juntas Municipales de Getxo: Algorta, Getxo Zaharra y Ondarreta. “Además de un candidato de consenso, es una persona joven, preparada, con experiencia y trayectoria profesional demostrada. Implicado en los ámbitos político, cultural y social de Getxo, es una persona para liderar nuestro municipio”, ha asegurado.

Irkus Ansotegi Zulueta tiene 47 años. Nacido en Getxo, es afiliado al Partido Nacionalista Vasco desde 1995, abogado, y cursó sus estudios en la Universidad de Deusto. En la actualidad es responsable de una empresa de asesoría jurídica.

Ha estado siempre implicado en el movimiento cultural del municipio. Entre otras entidades, ha formado parte de la Bertso Eskola, del grupo de baile Itxartu o de la asociación Hazi eta Bizi, de la que fue presidente. Además, ha sido miembro del Consejo Nacional de EGI y de la Junta Municipal de Algorta.

En marzo de 2010 el por aquel entonces alcalde de Getxo, Imanol Landa, del PNV, inauguró la reurbanización del parque de Txabarri Zuazo (conocido también como el parque de Gobelaurre), con un presupuesto de 1.778.000 euros en el que crearon un emplazamiento para el ocio y esparcimiento de más de 6.100 metros cuadrados de superficie total con zona de juegos infantiles cubierta y unas canchas de fútbol y baloncesto. Ese fue el inicio de la pesadilla de Félix y de la lucha de casi 15 años contra el ruido que estas canchas asegura que generan. “Mi casa es un primero que está justo al lado de las canchas, que están perimetradas y suena cada vez que el balón choca contra alguna de las vallas. Hay balonazos a todas horas. El ruido es insoportable, porque hay niños jugando por la mañana y la tarde, que hacen un ruido que se puede tolerar, pero el problema es por la noche, porque aunque hay un cartel que indica que no se puede jugar a partir de las 22.00 horas, hay veces que el ruido se oye hasta las 05.00 de la madrugada”, lamenta el vecino.

Según reconoce, son “demasiadas” las veces que ha llamado a la Policía municipal a causa del ruido, que asegura que traspasa los límites permitidos en la Ordenanza Municipal de Ruidos y Vibraciones de Getxo que son en horario diurno, es decir, de 08:00 a 22:00 horas, un máximo de 60 decibelios ponderados A, mientras que en horario nocturno el límite se reduce a 40 decibelios. “He solicitado al Ayuntamiento una sonometría, porque el ruido es insoportable, pero llevan más de 15 años negándose a hacerla. También he escrito al Ararteko, al lehendakari y a partidos políticos, pero no dan una solución. Hay otros parques parecidos, pero lejos de las urbanizaciones. No se puede permitir que un parque así esté tan cerca de las viviendas”, critica Félix, que asegura que al igual que él, otros vecinos también muestran sus quejas ante la Policía, pero por el momento no han llegado a organizarse para realizar una denuncia conjunta.

La Defensoría del Pueblo vasca (Ararteko), en una resolución del año 2014, instó al Ayuntamiento de Getxo a “tomar las medidas sean necesarias para respetar los máximos sonoros permitidos”. “A raíz de la remodelación del parque se instalaron estas canchas donde practican deporte muchos jóvenes. Según nos comunicó este ciudadano, a pesar de que las instalaciones se encuentran semicerradas con plafones de madera acrílica, el nivel de ruido que alcanza durante el día, y sobre todo de noche, resulta excesivo y afecta a la convivencia diaria de la comunidad, especialmente, en horas de descanso. También dijo ser consciente de que estas instalaciones son una interesante alternativa de ocio para los jóvenes del municipio. Sin embargo, considera que su uso no debe ir en detrimento del derecho del resto de vecinos y vecinas a disfrutar de una vivienda sin molestias”, recoge la resolución.

El Ararteko explicó en el documento que el afectado puso “varias denuncias en el ayuntamiento solicitando que estudiara medidas para paliar las molestias, pero este solo exigió bajar el tono de voz a los jugadores y que finalizaran el juego si era horario nocturno”. “No obstante, el interesado consideraba que para corregir con carácter definitivo los ruidos provocados era necesario realizar, primero, mediciones en las viviendas afectadas, para contrastar los niveles de ruido alcanzados. Así, dependiendo de los resultados obtenidos, se podrían concretar las medidas a adoptar”, indica.

“Tras realizar varias gestiones con el Ayuntamiento de Getxo, este nos ha informado que, tras comprobar que los paneles de cierre de las porterías de la cancha eran el foco principal del ruido, se ha procedido a sustituirlos por otros elementos más absorbentes que evitan el ruido producido. Si esto no es suficiente, el ayuntamiento se ha comprometido a adoptar cuantas medidas sean necesarias para respetar los máximos sonoros permitidos durante el horario diurno. Además, se ha colocado un panel informativo en el parque prohibiendo el uso de las instalaciones en horario nocturno”, recoge la resolución del Ararteko realizada hace más de 15 años sin resolver el problema.

Desde el Ayuntamiento reconocen a este periódico que se acordó con la Policía municipal en una reunión de la pasada semana que se “cambiará el cierre de paneles por cierres de barrotera”, como existen en otras zonas similares del municipio. El Ayuntamiento considera que con el cambio del material de las canchas “se solventará el problema”.

El grupo municipal de EH Bildu en Getxo vuelve a estar personado como acusación particular en la causa del palacete protegido derribado en Getxo, en la que figuran como investigados tres exconcejales del PNV en la localidad y varios funcionarios municipales, además de representantes de las empresas promotoras. El juez instructor, Marcos Amor, que asumió el caso con la instrucción ya iniciada, ha admitido la querella criminal presentada por el grupo después de que decidiera expulsarlos como parte del procedimiento porque la formación abertzale había presentado una denuncia -que fue la que dio inicio a la investigación por parte de la Fiscalía- y no una querella formal contra personas concretas, lo que el magistrado entiende necesario para poder personarse. Solventado el requisito, EH Bildu figura de nuevo como parte en la causa, en la que también es acusación particular el PP.

En concreto, EH Bildu presenta su querella por delitos contra el patrimonio histórico, prevaricación administrativa y posible concurrencia de delitos de corrupción urbanística, contra los tres exconcejales del PNV, Irantzu Uriarte, Ignacio Uriarte e Iñigo Urkitza, y tres técnicas municipales del área de urbanismo, Argiñe Encinas, Isabel Peral y Sonia Quintana. Además, figuran como querellados cuatro personas relacionadas con las empresas que llevaron a cabo las obras que acabaron con el derribo del palacete Irurak Bat: Ander Madariaga, promotor de la empresa Biurban, José Ramón Foraster, arquitecto del estudio encargado de los pisos de lujo que iban a ocupar el solar en el que estaba el palacete, otro arquitecto técnico, Haritz Pinedo, y el jefe de obra Erlantz López. Todos ellos figuran ya como investigados en la causa.

Entre las diligencias de investigación que solicita en el escrito EH Bildu está la “tasación pericial del inmueble en el estado anterior a su demolición, a fin de determinar el valor económico del bien catalogado destruido y cuantificar el perjuicio patrimonial causado al patrimonio cultural, tanto a efectos de la responsabilidad civil derivada del delito como de la calificación jurídico-penal de los hechos”, así como que se “autorice y confirme el volcado, estudio y análisis de la información contenida” en los dispositivos incautados por parte de la Policía judicial de la Ertzaintza en el registro realizados en el mes de enero, “incluyendo el acceso a aplicaciones y almacenamiento en la nube utilizados por los investigados”. Respecto a estos dispositivos incautados, el juez Amor ha señalado en una reciente resolución, que los imputados tenían razón cuando pidieron que no se tuvieran en cuenta los buzones de correo electrónico y servidores incautados, por ser una intromisión excesiva en su intimidad, pero acepta la validez (de momento) de los móviles y otros materiales decomisados.

El escrito de la querella detalla los posibles hechos delictivos en torno al derribo del edificio Irurak bat, que se encontraba incluido en el catálogo de bienes protegidos del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio bajo la categoría de edificio de “custodia municipal”, que debía ser tratados como “bienes culturales de protección básica”. Entre ellos, que el 18 de octubre de 2022, la Junta de Gobierno local del Ayuntamiento de Getxo concedió licencia de obras a la promotora del proyecto Biurban SL, para la denominada “rehabilitación integral” del inmueble protegido, un proyecto técnico redactado por el estudio Foraster Arquitectos. Es una licencia en la que ya se constataron diversas irregularidades.

El 5 de enero de 2024 se presentó ante el Ayuntamiento un Proyecto de Ejecución que resultaba “manifiestamente incompatible con la licencia concedida y, sobre todo, con el régimen de protección del inmueble”. El proyecto contemplaba, de facto, la demolición total del edificio bajo la apariencia de una rehabilitación. El 12 de febrero de 2024 se inició la demolición del inmueble, que procedió a eliminar la estructura interior, la fachada sur íntegra, partes de las fachadas este y oeste, y la cubierta, y el 2 de agosto de 2024 se procedió a la demolición total de las fachadas restantes, “alegándose por los responsables de la obra un supuesto riesgo inminente de colapso que no había sido constatado por los servicios técnicos municipales ni avalado por ningún informe pericial independiente”.

Señala el documento que en el marco de las actuaciones municipales relacionadas con este proyecto, concurrieron “circunstancias de especial gravedad”, al conocerse que dos cargos electos del consistorio por el PNV, Inaxio Uriarte Gorostiaga, tercer vicealcalde, e Irantzu Uriarte, cuarta vicealcaldesa, que eran pareja y que integraron la Junta de Gobierno local que aprobó la licencia de obras, habían suscrito, con anterioridad a la aprobación definitiva de la licencia, un contrato de reserva de una de las viviendas de lujo que se iban a construir en el solar ocupado por el eficio protegido. “Estos concejales, además, participaron en la asamblea de socios de la cooperativa Ereaga Atalaya celebrada el 16 de noviembre de 2023, en la que Ander Madariaga y José Ramón Foraster informaron de que el estudio geotécnico del Proyecto de Ejecución obligaba a derribar las fachadas no previstas en la licencia, y que el edificio tenía protección de Custodia Municipal. A partir de ese momento, los concejales adquirieron conocimiento cierto de que la solución técnica proyectada conllevaba el derribo total del edificio protegido, incumpliendo el artículo 45 de la LPCV. Sin embargo, no solo no pusieron en conocimiento del Área de Urbanismo tal circunstancia, sino que en la asamblea de 31 de enero de 2024 autorizaron el inicio de las obras previsto para febrero de 2024, aun sin contar con acta de replanteo ni notificación favorable del Ayuntamiento”, exponen.

Constata además el beneficio económico que supuso para los promotores la demolición del edificio. “El ahorro económico obtenido mediante la demolición y posterior reconstrucción del inmueble, en comparación con la rehabilitación integral que habría exigido el régimen de protección aplicable, ascendió a 732.506,26 euros. Este diferencial -calculado tomando como base los datos aportados por la propia promotora y aplicando el módulo básico de edificación del Instituto Valenciano de la Edificación (IVE) para edificios singulares histórico-artísticos (1.249,05 €/m²)- acredita el beneficio patrimonial directo obtenido por los promotores como consecuencia de la destrucción del bien protegido”, señalan.

Por otra parte, indican que en el marco de las diligencias previas han quedado acreditadas una serie de circunstancias que refuerzan los “indicios de connivencia y actuación concertada entre los investigados”. Por ejemplo que las funcionarias municipales Argiñe Encinas y Sonia Quitana, accedieron a los expedientes sin competencia, y que “ambas funcionarias tenían conocimiento de que la intervención pretendida consistía en la demolición parcial de un edificio de Protección Básica y de que, por tanto, la licencia no era otorgable”. Además, consta que Biurban SL inició la comercialización de la promoción en febrero de 2023 —apenas producida la modificación del Proyecto Básico— y que Ander Madariaga, en calidad de Administrador Único de Biurban SL, firmó el 17 de mayo de 2022 un contrato de compraventa con los propietarios del inmueble por un precio total de 3.300.000 euros. “El contrato de arrendamiento de servicios suscrito entre Biurban SL y Ereaga Atalaya incluye expresamente la tarea 'Gestión de la promoción ante antiguos propietarios del terreno, Ayuntamiento', lo que permite inferir la probable existencia de contactos informales entre Biurban SL y alguna persona del Ayuntamiento en el contexto de la tramitación del expediente de licencia”.

Además del delito contra el patrimonio histórico por el derribo de un edificio protegido, EH Bildu entiende que la conducta de los funcionarios municipales intervinientes en la tramitación y resolución del expediente de licencia, “en cuanto indiciariamente habrían dictado resolución injusta a sabiendas -prescindiendo de trámites esenciales, omitiendo informes preceptivos y calificando el proyecto como obra nueva-, puede ser constitutiva del delito de prevaricación administrativa”. Al igual que la “pasividad de los cargos electos que, conociendo la ilegalidad manifiesta de la intervención y teniendo directo interés económico en la promoción, omitieron toda actuación tendente a restablecer la legalidad, puede ser analizada bajo este mismo tipo o como omisión del deber de perseguir delitos”. Por otra parte, considera que los hechos descritos, “especialmente la confluencia entre la posición de los concejales que aprobaron la licencia, su adquisición simultánea de unidades del proyecto resultante de la demolición del bien protegido, y su posterior inhibición ante la actuación ilegal”, abren la posibilidad de que concurran los tipos previstos en el artículo 320 CP (prevaricación urbanística específica) y, en su caso, en los artículos 419 y siguientes del Código Penal relativos a la corrupción de funcionarios y autoridades públicas“.

El Gobierno vasco no considera el turismo de cruceros un objetivo prioritario de su estrategia y, de hecho, no ha participado en los últimos años en ningún tipo de feria o evento de captación de este tipo de viajeros. “No es un producto prioritario dentro de nuestra estrategia turística”, señala el consejero socialista del ramo, Javier Hurtado. “El modelo turístico de Euskadi se asienta sobre la base de la sostenibilidad, a través de acciones como la diversidad de la oferta, el alargamiento de la estancia, el movimiento de flujos y la desestacionalización”, dice en una respuesta parlamentaria. Es decir, algo diferente a la llegada puntual de visitantes en buques al puerto de Bilbao, que está experimentando un enorme crecimiento en los últimos años y a lo que la Autoridad Portuaria dedica una ardua labor de promoción que le está llevando a cifras récord.

En respuesta a una solicitud de información por parte de la parlamentaria de EH Bildu, Itziar Murua, que también le ha preguntado por la misma cuestión en la sesión de control en el Parlamento Vasco de este viernes, Hurtado señala que el modelo turístico que se quiere extender en Euskadi les lleva a que no se incluyan por parte del departamento “acciones de promoción o de atracción, el turismo relacionado con los cruceros”. La parlamentaria le pregunta si se ha participado por parte del Gobierno en algún evento de este tipo en los últimos cinco años. “Eso sí, los visitantes que llegan a Euskadi a través de este medio de transporte son tratados y acogidos como lo es cualquier turista respetuoso que quiera conocer nuestro territorio”, puntualiza el consejero.

Esta falta de interés por parte del Gobierno en atraer cruceros contrasta con el incremento de esta actividad en los últimos años y la extensa actividad de promoción en este sentido que realiza la Autoridad Portuaria de Bilbao. Las previsiones apuntan a que este año 2026 se produzca un nuevo récord en la llegada de buques, con diez barcos más que el año pasado, lo que supondrá 80.000 viajeros más que los que llegaron a la terminal de cruceros de Getxo el año pasado.

Hurtado reconoce que no hay ningún tipo de coordinación desde el Gobierno vasco con el puerto de Bilbao para gestionar este tipo de turismo, más allá de la “meramente informativa” que realiza, la Autoridad Portuaria. A falta de esta coordinación señala el consejero que “el modelo turístico promovido por el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo es conocido por todo el sector, lo que facilita la alineación de estrategias y la colaboración en su desarrollo”. La parlamentaria de EH Bildu ha criticado la falta de coordinación entre ambas instancias: “En un momento en el que el turismo de cruceros incide tanto, que el Gobierno y la Autoridad Portuaria no vayan en direcciones similares, no es aceptable, y creo que la falta de competencias no es suficiente argumento”, ha señalado durante el pleno.

En los últimos años, el puerto de Bilbao ha experimentado un importante crecimiento de la llegada de cruceros, y la Autoridad Portuaria se ha volcado en labores de promoción destinadas a la atracción de navieras que incluyan Getxo entre sus escalas y si es posible que elijan este puerto como inicio o final del viaje. Esta misma semana la Autoridad Portuaria de Bilbao ha estado presente en la feria Seatrade Cruise Global, la mayor feria internacional del sector de cruceros, que se ha celebrado 13 al 16 de abril en Miami, en la que ya es habitual la presencia de Bilbao para cerrar contactos navieras y turoperadores que puedan recalar en la terminal de Getxo.

Las previsiones para este año son superar las cien escalas, frente a los 95 buques del año pasado, con buques de entre 104 y 344 metros de eslora y capacidades entre 113 y 6.334 pasajeros. La terminal Olatua de Getxo acogerá en una docena de ocasiones dos cruceros en un mismo día, en cinco ocasiones se espera un triple atraque y dos navieras realizarán un viaje de ida y regreso desde Getxo. No obstante, pese a estas previsiones en aumento el consejero Hurtado ha rechazado que esto suponga un “turismo de masas” en Getxo, como ha señalado la parlamentaria de EH Bildu: “El turismo de cruceros supone sólo un 3% del total”, ha indicado.

Puerto sostenible

La Autoridad Portuaria de Bilbao que dirige Iván Jiménez considera que la inversión realizada en los últimos años en la terminal de cruceros de Getxo ha sido fundamental para colocar a este puerto como punto de referencia para muchas rutas y ser ahora foco de atracción en el sector. Desde la Autoridad Destacan además los esfuerzos destinados a que el Puerto y los cruceros que atraquen en él se adapten a parámetros de sostenibilidad. Por ejemplo, señalan que están realizando para la electrificación de sus terminales de cruceros mediante el despliegue del sistema Onshore Power Supply (OPS), para que sea un destino plenamente alineado con los estándares medioambientales y operativos que ya exigen las principales navieras internacionales. El sistema OPS permitirá a los cruceros conectarse a la red eléctrica terrestre durante su estancia en puerto, eliminando el uso de motores auxiliares y reduciendo de forma significativa emisiones, ruido y vibraciones

Además, el puerto de Bilbao integrará en el proyecto la generación fotovoltaica que contribuye de forma directa a que la energía suministrada a los buques tenga un origen mayoritariamente verde. En total, las terminales de cruceros de Getxo contarán con dos puntos de conexión OPS, cada uno con capacidad para suministrar hasta 16 MVA por buque. No obstante, el proyecto se encuentra en fase de ejecución y la puesta en servicio del OPS en las terminales de cruceros está prevista para finales del 2027 para que puedan empezar a producirse en el 2028 las primeras conexiones.

La Autoridad Portuaria de Bilbao quiere además centralizar todo lo que tenga que ver con pasajeros en esta terminal de Getxo, por eso, se plantea trasladar el tráfico de ferris de las instalaciones de Zierbena a la terminal de cruceros de Getxo. Esta posibilidad, que se contempla en el pliego de licitación de la asistencia técnica para la elaboración del 'masterplan' del puerto de Getxo, supondría que los buques de Brittany Ferries, que ahora atracan en Zierbena cuatro días a la semana, compartirían espacio con los cruceros. La parlamentaria de EH Bildu también ha interpelado por eta cuestión al consejero Hurtado en el Parlamento, pero no ha querido pronunciarse por lo que ha denominado “futurible”, y que, además, es competencia de la autoridad portuaria. No obstante, ha recordado que los ferris son medios de transporte y los cruceros son alojamientos turísticos flotantes.

El magistrado Marcos Amor, instructor de la investigación sobre el derribo del edificio protegido de Getxo Irurak Bat, ha acordado una nueva batería de actuaciones que incluyen la toma de declaración de nuevos testigos -vecinos que vieron la demolición o ertzainas, por ejemplo- o la solicitud de informes adicionales al Ayuntamiento. Sin embargo, aún no se ha concretado cuándo comparecerán los imputados, ente ellos dos exediles del PNV que se comprometieron a comprar una de las viviendas de lujo que iban a sustituir al viejo palacete y un tercero, del mismo partido, que participó también en la tramitación. Iban a ser en febrero, quedaron suspendidas y no hay nueva previsión.

Según se ha decretado en un auto firmado este lunes y notificado este viernes, los nuevos testigos son Urko Balciscueta, arquitecto municipal que en marzo entregó un informe en el que remarcaba que el plan para la parcela del Irurak Bat preveía el “mantenimiento” del edificio, su colega Amaia de Felipe, cuatro ertzainas que han investigado la operación y dos municipales que levantaron acta del derribo, acometido en el verano de 2024. Asimismo, se suman a la lista un técnico que hizo la Inspección Técnica de Edificios (ITE) y representantes de las empresas Eslora, Ereaga Atalaya o Zandesa, así como dos vecinos que vieron los hechos. Las fechas establecidas son los días 7, 11 y 12 de mayo.

El juez Amor ha pedido también a la Policía de Getxo un informe sobre “todo lo relativo” a cómo se hizo el derribo y al Ayuntamiento abundante documentación, incluido el número de solicitudes para demoliciones de edificios con el mismo nivel de custodia que el Irurak Bat presentadas entre 2021 y 2024 y cómo se tramitaron. La empresa Tinsa deberá informar de la tasación que hizo, Ibkogest de cómo ejecutó el derribo y el Ayuntamiento, igualmente, habrá de explicar la contratación del despacho ADI.

Muchas de las actuaciones ahora ordenadas por el juez fueron reclamadas por el PP, partido de la oposición al PNV en Getxo y personado como acusación en la causa penal. La Fiscalía se ha adherido a buena parte de ellas, eso sí. Recuerda el magistrado que los hechos analizados, indiciariamente, pueden constituir un doble delito. Por un lado, está el delito por el derribo como tal y, por otro, la posible prevaricación, es decir, dictar resoluciones “a sabiendas de su injusticia” para dañar “edificios singularmente protegidos”.

Se da la circunstancia de que el instructor acaba de prorrogar por seis meses el plazo de investigación. Según las fuentes consultadas, la causa está aún en una fase muy inicial. El juez Amor tomó las riendas de este expediente hace escasas fechas en sustitución de la sustituta Neus Galobardes. El procedimiento como tal se abrió en 2024, pero fue en enero de 2026 cuando adquirió gran notoriedad por los registros en el Ayuntamiento a instancias de la Ertzaintza, que actúa como Policía judicial y que recalca que hay evidentes indicios de delito en todo lo que rodea al palacete.

El juez Marcos Amor, de la plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Getxo, ha dictado un auto en el que acuerda una nueva prórroga de la instrucción del derribo del edificio protegido Irurak Bat por un plazo de seis meses. El pasado mes de febrero, el juez instructor decidió posponer sin fecha las declaraciones de los diez investigados, entre ellos tres exediles del PNV, y de dos testigos en el caso del palacete, derruido en 2024. El magistrado adoptó esta decisión a petición de los abogados de los investigados, a los que se les imputa supuesta prevaricación y delito contra el patrimonio por el derribo del Irurak Bat para la futura construcción de viviendas de lujo.

Entre las diez personas citadas a declarar como investigados se encuentran tres concejales del PNV y tres técnicas municipales, el administrador de la gestora de cooperativas, el responsable de la constructora, el arquitecto autor del proyecto y otro profesional que participó en la actuación. Como testigos tienen que comparecer el empresario que descartó previamente la operación por no ser viable económicamente y el técnico que elaboró la Inspección Técnica del Edificio (ITE), informa Europa Press.

Por su parte, la Fiscalía, el PP y EH Bildu (que ejercía la acusación popular hasta que fue apartado) manifestaron su oposición a la petición de los investigados por el caso de que se anulen los registros efectuados por la Ertzaintza los días 14 y 15 de enero en sus despachos y dependencias del Ayuntamiento por orden judicial. Los registros fueron autorizados por Neus Galobardes, magistrada en prácticas de refuerzo encargada de la investigación en los últimos meses, cuyos autos fueron recurridos por los investigados, al considerar que se habían vulnerado su pretensión de inocencia y su derecho a la intimidad, entre otros preceptos. Posteriormente, se hizo cargo del caso el juez Amor, titular de la plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Getxo, que sustituyó en la instrucción a Galobardes.

Según recoge el auto, en fecha 17 de octubre de 2024 tuvo entrada en el juzgado de Getxo una denuncia formulada por la Fiscalía por la presunta comisión de un delito contra el patrimonio histórico previsto en el artículo 321 del Código Penal. Mediante auto de fecha 21 de octubre de 2024, se acordó la incoación de las diligencias previas y la práctica de actuaciones. De conformidad con las disposiciones legales, se han ido sucediendo diversas prórrogas del plazo de instrucción, estando cerca la actual expiración de la última de ellas. En atención a ello, mediante providencia de fecha 26 de marzo de 2026, se dio traslado a las partes al objeto de que alegaran lo que a su derecho consideraren oportuno en relación a la nueva prórroga del plazo de instrucción.

En el presente caso, según el juzgado, procede acordar la prórroga del plazo de duración de instrucción de la causa por no ser previsible que se pueda finalizar en el plazo prorrogado de seis meses cuyo cumplimiento está próximo. Esta decisión encuentra su fundamento en que quedan pendientes de practicar diversas diligencias para la concreción del hecho objeto de investigación y las responsabilidades dimanantes del mismo, pudiendo citar a estos efectos, tal y como se relacionan en el escrito del ministerio fiscal, la práctica de declaraciones testificales y de las personas investigadas. Por ello, acuerda la prórroga de las actuaciones de instrucción por un plazo de seis meses, a computar desde el 13 de abril de 2026.

Amaia Agirre (Francia, 1974) no continuará como alcaldesa de Getxo en la próxima legislatura. “He comunicado al partido mi decisión de no volver a ser la candidata”, ha publicado en un vídeo de Instagram la todavía regidora, nacida en el exilio como nieta del primer lehendakari, José Antonio de Aguirre, y que ocupa el cargo desde 2019. Su adiós coincide con la investigación judicial por el derribo del edificio protegido Irurak Bat, una causa en la que tres de sus concejales han resultado imputados. La oposición pidió su dimisión.

“No ha sido una decisión fácil”, ha señalado la regidora del PNV. Y ha agregado: “Siento que después de estos años de trabajo, mi etapa cumplirá su ciclo al final de esta legislatura”. En una carta a la militancia, se ha felicitado por haber “contribuido a sentar las bases de un nuevo tiempo” para Getxo, “con una mirada abierta, constructiva y profundamente arraigada” a los valores.

Agirre sostiene que es momento de “abrir paso a nuevas personas”. El PNV, por el momento, no suelta prenda oficialmente, aunque los rumores llevan semanas circulando. El partido, de hecho, lleva ya semanas designando candidatos para las municipales de 2027, particularmente en Bizkaia. “Es el momento de seguir fortaleciendo el proyecto desde la renovación”, agrega la actual alcaldesa, que sustitutó en su día a Imanol Landa. Abunda que “hasta el último día” trabajará “con la misma dedicación” y “responsabilidad”.

“Ya había mostrado hace muchos meses que se marchaba”, explican fuentes del PNV sobre este relevo en Getxo. Ahora, “en los próximos días” se iniciará el proceso interno para la designación de candidato. En Getxo hay tres 'batzokis'. Uno de ellos, Ondarreta, ha mostrado posiciones críticas en los últimos procesos. Los nuevos estatutos del partido, ya en vigor desde diciembre, acortan plazos y tiempos para estas designaciones, de modo que en mayo podría haber 'fumata blanca'.

La Autoridad Portuaria de Bilbao se plantea trasladar el tráfico de ferris de las instalaciones de Zierbena a la terminal de cruceros de Getxo. Esta posibilidad, que se contempla en el pliego de licitación de la asistencia técnica para la elaboración del 'masterplan' del puerto de Getxo, supondría que los buques de Brittany Ferries, que ahora atracan en Zierbena cuatro días a la semana, compartirían espacio con los cruceros.

En concreto, el pliego especifica que deberá analizarse específicamente la posibilidad del eventual traslado de la actividad portuaria vinculada a los ferris existente actualmente en las instalaciones portuarias de Zierbena, “sobre la base de asegurarse en todo caso su plena compatibilidad operativa y espacial con la actividad crucerística, incluyendo condicionantes de accesos y vialidad”. “Para la realización de este análisis y de las propuestas resultantes deberán considerarse todos los espacios e infraestructuras actualmente vinculados a la actividad de los ferris existentes en Zierbena, tales como terminales, rampas ro-ro, depósito de GNL, zonas de seguridad y protección, accesos o aparcamientos”, señala. Además, establece que “para el análisis y la ordenación espacial en orden a la eventual compatibilidad de la actividad de cruceros y de ferries, podrán tenerse en cuenta otros espacios próximos existentes en el ámbito, actualmente asignados a la concesión del Puerto Deportivo de Getxo”.

La Autoridad Portuaria, que ha recuperado la gestión del puerto deportivo de Getxo tras la salida de la anterior empresa gestora, cree que de esta manera se consolidará Getxo como “infraestructura náutico‑deportiva de referencia, compatible con la evolución de la actividad de cruceros, con la explotación portuaria en su conjunto y con el uso urbano”. En este sentido, señala que el 'masterplan' analizará y “buscará la posibilidad de compatibilizar, por un lado, la actividad portuaria asociada a los ferris actualmente existente en las instalaciones portuarias de Zierbena con la actividad crucerística en un mismo ámbito espacial, sobre la base de garantizar en todo caso la plena compatibilidad operativa y espacial de ambas actividades, y, por otro, la actividad de cruceros con la realización de eventos programados en la terminal de Olatua”.

El próximo 10 de abril arranca la temporada estival de los ferris de la naviera Brittany Ferries, que suponen cuatro conexiones semanales con Reino Unido e Irlanda. Según ha informado el puerto de Bilbao, el año pasado recibió 156.546 viajeros en ferri, un 8% más que en 2024, en los dos barcos de la compañía. El buque Galicia conecta los martes y sábados con el puerto inglés de Portsmouth; y el barco Santoña une los jueves y domingos Zierbena con el puerto irlandés de Rosslare. En cada trayecto pueden viajar hasta 1.000 viajeros. Esto supone que si llegaran a compartir espacio de atraque en Getxo con la terminal de cruceros supondría un considerable incremento en el número de pasajeros que llegarían a la localidad de la Margen Derecha. Este año se espera que lleguen 100 cruceros a Getxo, una cifra récord, superando las ya elevadas de la temporada pasada en la que se acogieron 95 escalas que supusieron que recalaron en el puerto 181.004 cruceristas.

A ello hay que añadir que a diferencia de los cruceros, en los que solo hay pasajeros, los ferris transportan también coches o incluso camiones con carga. Actualmente, en el muelle de Zierbena, para los pasajeros que viajan en los ferris sin coche, la Autoridad Portuaria ofrece 'Bilbao and stay' un servicio de traslado entre la terminal para los pasajeros del ferri con el centro de Bilbao, para que desde allí se puedan trasladar a cualquier otro punto del territorio en transporte público. En 2025 cerca de 3.000 pasajeros utilizaron este transfer.

El pliego de condiciones señala por ello que el adjudicatario de la elaboración del 'masterplan' elaborará un “diagnóstico de movilidad que abarque el tráfico rodado, el transporte público, los modos activos (peatonal y ciclista) y el estacionamiento, tanto en condiciones ordinarias como en condiciones de máxima demanda (cruceros, eventos)”. A partir de dicho diagnóstico, “deberá proponer una jerarquía viaria interna, un esquema de calmado de tráfico, una red peatonal y ciclista continua y accesible, y una ordenación del estacionamiento que minimice la presencia de vehículos en superficie en el frente marítimo”.

El PP de Getxo ya ha planteado quejas ante la posibilidad de que del traslado por la afección que supondría para la movilidad y el tráfico en la zona. Recuerdan que las estimaciones habituales de este tipo de buques suponen que cada ferri puede transportar entre 55 y 75 camiones en sus operaciones estándar, cifra que puede superar los 150 vehículos pesados en ferris de mayor capacidad. “Con dos o tres escalas semanales, esto implicaría la entrada y salida de centenares de camiones cada semana en un entorno urbano que no está diseñado para absorber este tipo de tráfico”, señala el portavoz del PP en el consistorio, Eduardo Andrade.

El nuevo magistrado que analiza la presunta existencia de delitos urbanísticos en torno al derribo del edificio Irurak Bat de Getxo, Marcos Amor, ha apuntado en una reciente resolución que los imputados, entre ellos tres exediles del PNV, tenían razón cuando pidieron que no se tuvieran en cuenta los buzones de correo electrónico y servidores incautados, por ser una intromisión excesiva en su intimidad, pero acepta la validez (de momento) de los móviles y otros materiales decomisados. Eso sí, avisa con claridad que, aunque la investigación esté aún en una fase muy inicial, “de los diferentes extremos consignados a lo largo de los atestados, se deducen múltiples indicios que apuntan a una voluntad real de los investigados de llevar a cabo el derribo total del edificio a pesar de que ostentaban conocimiento de su protección”.

Y añade que las responsabilidades no solamente se limitan al momento del derribo “sino a las decisiones previamente tomadas [...], tanto de carácter técnico como político, con la voluntad de que tal derribo tuviera lugar”. La resolución cita, por ejemplo, que “consta que la licencia de obra concedida en octubre de 2022 autorizaba únicamente el derribo de construcciones complementarias, no comprendiendo el derribo del edificio principal”. “Sin embargo -agrega-, el acta de inspección de la Policía de fecha de 2 de agosto de 2024 recoge que el edificio principal había sido igualmente derribado”.

Asimismo, remarca que el palacete estaba incluido en un sistema de protección “básica” o “custodia municipal”. “El propio plan general de ordenación urbana establece entre las medidas de protección aplicables a los elementos incluidos en dicho catálogo que los edificios catalogados no podrán ser objeto de derribo”, apunta. En este sentido, se han incorporado al sumario dos informes. Uno es del arquitecto municipal, Urko Balciscueta. El otro es del área de Patrimonio del Gobierno vasco, dependiente de la vicelehendakari Ibone Bengoetxea, del PNV. Ambos dictámenes son coincidentes en resaltar que el Irurak Bat estaba protegido.

Balciscueta, que firmó su informe el 23 de marzo, apunta que él mismo informó favorablemente de un proyecto de reforma del edificio, pero remarca que aquel plan preveía el “mantenimiento” del edificio y la renovación de su interior y de las cubiertas. Añade que, si se hubiese planteado una demolición “total o parcial”, tendría que haber un informe del Gobierno vasco que no consta que se solicitase.

En cuanto al informe del Ejecutivo autonómico, viene firmado por la alto cargo Urkiri Salaberria, del PNV, y por María Abdona Gil Abad. Y es del 18 de marzo. Señala que “no existe ningún” decreto autonómico de protección del edificio pero que sí está en el “inventario” del Centro de Patrimonio Cultural Vasco. Asimismo, constata que en el ámbito de Getxo sí tiene una protección “a través de la custodia municipal”.

Los anexos documentales del informe señalan que se trata de una “casa unifamiliar” de la edad contemporánea, levantada en el siglo XIX y reformada en el XX, con “grado de protección” de ámbito “local”. Era un edificio de planta rectangular del que se destacan sus “dos grandes bow-window”, el “jardín excepcional” e “incluso el portón original neoclásico”. Ofrecía “líneas sencillas neoclásicas de calidad”. Las obras del siglo XX le imprimieron a la villa “un aspecto racionalista”. Se insiste en su “importancia histórica” y “valores arquitectónicos”.

Dispositivos bien custodiados

El caso de Getxo analiza si el derribo del edificio protegido fue deliberado y con participación activa del Gobierno municipal. Es más, dos de los tres concejales investigados, que eran pareja, iban a ir a vivir a las nuevas viviendas de lujo que allí se proyectaban. Ahora, después del relevo al frente de la sala del Tribunal de Instancia de Getxo sobre la que recae el procedimiento penal del Irurak Bat, el nuevo titular está dando ya los primeros pasos.

Su predecesora, Neus Galobardes, fue la que autorizó los registros en el Ayuntamiento y la incautación de los soportes electrónicos y de los buzones de correo electrónico y la que firmó también las imputaciones de nueve personas, los exediles Iñigo Urkitza, Inaxio Uriarte e Irantzu Uriarte y José Ramón Foraster, Haritz Pinedo, Argiñe Encinas, Sonia Quintana, María Isabel Peral y Ander Madariaga. Aún no han prestado declaración.

Amor ha resuelto los recursos de nulidad de las actuaciones. El nuevo instructor solamente enmienda a Galobardes en el punto relativo a los buzones de 'email' y ha acordado “expulsar” del sumario las posibles pruebas que hubiere en esos correos electrónicos. En lo demás, da por válida la justificación para realizar los registros y no cuestiona la incautación de aparatos como los teléfonos móviles, aunque anuncia una resolución separada sobre cómo proceder al volcado de la abundantísima información que contienen, como los mensajes de WhatsApp.

Añade, por otro lado, que no se puede dudar de que la Policía vaya a vulnerar el derecho a las comunicaciones confidenciales entre abogados y clientes, aunque pide que se devuelvan posibles documentos que puedan estar relacionados con ello. La Ertzaintza es la Policía judicial que lidera esta causa y los letrados de los abogados lanzaron la teoría de la conspiración, dando a entender que los agentes se estaban extralimitando. Para tranquilidad de las partes, el juez Amor recuerda que los materiales están debidamente custodiados y que su revisión está “a la espera de la correspondiente decisión judicial sobre la procedencia y alcance” de las investigaciones.

Nuevo fin de semana de incidentes en los campos de fútbol de Euskadi. En un partido celebrado en las instalaciones de Fadura, en el municipio vizcaíno de Getxo, se ha desatado este domingo, pasadas las 18:00 horas, una pelea entre dos aficionados. Uno de ellos ha resultado herido y una ambulancia se ha trasladado hasta el lugar de los hechos, si bien finalmente no ha requerido de traslado al hospital. La Policía autonómica ha abierto diligencias por agresión física, aunque a última hora del domingo no constaba ninguna denuncia.

La Ertzaintza ha recibido también este sábado un aviso en otro campo de fútbol, el de la localidad guipuzcoana de Hernani, por un intento de agresión a un árbitro menor de edad. Según publica 'El Diario Vasco', este incidente del sábado se produjo en un partido entre el Hernani y el Landetxa. En los últimos instantes del enfrentamiento, varios jugadores del equipo visitante se dirigieron de forma agresiva al árbitro, que se retiró a los vestuarios. Allí, según testigos que presenciaron los hechos, los jugadores prosiguieron con las amenazas y los insultos. El club al que pertenecen estos jugadores ha negado los hechos.

Según recoge Europa Press, cuando la patrulla de la Ertzaintza arribó al terreno de juego, el árbitro ya no estaba en el campo, pues se había retirado al vestuario. Indican las mismas fuentes que por el momento el colegiado no ha interpuesto denuncia.

Estos hechos se suman a otros tres “graves acontecimientos” registrados en los campos de fútbol de Bizkaia en las últimas semanas. Una árbitra en Basauri y un árbitro en Mungia, ambos menores de edad, han recibido insultos y amenazas, mientras que un tercero fue víctima de una agresión física en Portugalete en un partido de categoría juvenil. “Hacemos un llamamiento a clubes, jugadores, técnicos, familias y aficionados para erradicar estas conductas y construir un entorno seguro y respetuoso”, han pedido recientemente desde el comité de árbitros de Bizkaia. Esta institución ha anunciado, además, que por el momento no designará colegiados para arbitrar los partidos de los equipos implicados.

En los últimos días, se ha producido un goteo de noticias en torno al PNV. La formación ha empezado a anunciar los nombres de sus candidatos para las elecciones municipales de 2027. Aún quedan catorce meses para la cita con las urnas, sí, pero la maquinaria, según confirman fuentes internas, ya está en marcha. Hondarribia, Sestao, Lemoa, Galdakao o Mungia son los ejemplos de los últimos días. Y se suman a Barakaldo, anunciado hace ya unas semanas, o al cambio en Donostia, consumado ya en otoño de 2025 con la llegada de Jon Insausti en lugar de Eneko Goia. El proceso, según las mismas fuentes, será todavía largo, posiblemente sin que hasta finales de año estén todas las dudas despejadas. Las grandes incógnitas locales sobre la mesa del partido de Aitor Esteban son si Juan María Aburto dejará paso a otra persona en Bilbao, el nombre del candidato en Vitoria, donde se da por descontado que no repetirá Beatriz Artolazabal, y el futuro de Amaia Agirre en Getxo en plena investigación penal por el caso del edificio derribado Irurak Bat y con tres de sus exediles imputados.

Ya a comienzos de febrero se conoció que la actual alcaldesa de Barakaldo, Amaia del Campo, había sido ratificada por las bases para optar a la reelección. Ocupa el cargo desde 2015, cuando arrebató al PSE-EE uno de sus grandes feudos, y optaría ya a una cuarta legislatura. Sin embargo, que el PNV ha activado el modo electoral se ha hecho muy evidente esta semana. Gorka Álvarez, alcalde de Sestao desde mediada esta legislatura, ha sido ya 'nominado', Esther Iturrioz intentará repetir como alcaldesa de Lemoa y Alaitz Erkoreka aspira a hacer lo propio en Mungia. Y Erramun Osa quiere un tercer mandato en Garai.

Las designaciones han llegado también a municipios donde el PNV está en la oposición. Javi Zorriqueta será el candidato en Galdakao, con alcalde de EH Bildu y con la novedad de que celebrará en 2027 sus primeros comicios ya sin la parte de Usansolo, constituida como municipio totalmente independiente. Arantza Mendizabal optará en Sopuerta, también en Bizkaia, y Aitor Basterretxea en Ondarroa.

Y, en Gipuzkoa, los nacionalistas han lanzado ya la campaña en Hondarribia, una dolorosa pérdida de 2023. En esa localidad el actual alcalde es de Abotsanitz, Igor Enparan, quien más se significó en denunciar las irregularidades en la gestión del PNV local, particularmente en lo tocante a las decenas de adjudicaciones directas a una empresa de un cargo del partido, el grupo Montai. La elegida es María Serrano, que buscará revertir el fallido intento del remero Gonzalo Carrión. Serrano, en el pleno de esta misma semana, ha puesto en valor el estilo moderado de oposición del PNV en contraste con lo que, a su juicio, sufrieron en pasadas legislaturas.

Fuentes del PNV de Bizkaia, la territorial que más avanzado lleva el proceso, indican que aún queda mucho camino hasta tener todo el mapa de candidaturas. Son más de un centenar las asambleas locales que tienen que pronunciarse, recuerdan. Los momentos claves serán antes del verano, cuando los 'batzokis' de Getxo tendrán sobre la mesa el plan del partido para el próximo cuatrienio, y hacia el Alderdi Eguna de septiembre, cuando se sabrá si Aburto optará o no a un cuarto mandato, una opción que muchas voces ven improbable.

En el caso de Getxo, pesa sobre la alcaldesa Agirre la presión de la oposición, de la Justicia y de la Ertzaintza por el caso del palacete. Ella ha renunciado a dimitir, pero sí lo han hecho tres de sus concejales, ahora imputados en el derribo. Dos de ellos, que eran pareja, tenían previsto adquirir una vivienda de lujo en el solar donde estuvo el Irurak Bat. En el caso de Bilbao, el alcalde está ahora mismo de baja por sus problemas de salud. Es la tercera vez que le sucede. Amaia Arregi es la alcaldesa en funciones, aunque Aburto sí está despachando en casa algunos asuntos a la espera de recibir el alta médica en mayo. Será después cuando se analice el futuro electoral de quien es primer edil desde 2015 pero que ya notó cierto desgaste en las urnas en 2023. Tendrá 66 años cuando se celebren las municipales. Públicamente, preguntada por si se veía como candidata, la vicelehendakari y consejera de Cultura, Ibone Bengoetxea, dijo estar centrada en sus labores en el Gobierno vasco. Pero, a la vez, se ha decidido reforzar su perfil político con más presencia pública y nuevos asesores.

Aburto llegó al cargo en 2015, como Goia en Donostia. Y el alcalde donostiarra ya vio claro que no optaría a la reelección y, de hecho, facilitó que su sucesor se rodara como alcalde. Insausti lleva ya unos meses en el cargo, con fuerte presencia pública y en redes sociales, y próximamente reforzará aún más su discurso propio. No está formalmente ungido como candidato, aunque todas las fuentes consultadas dan por hecho que así será. La oposición, de hecho, ha criticado que haya iniciado 'de facto' su campaña desde la institución. EH Bildu, PP y Elkarrekin, por ejemplo, criticaron que se hayan destinado más de 100.000 euros a buzonear una revista que, según creen, ensalza la figura de Insausti.

En Vitoria todas las voces -del PNV y externas- dan por hecho que Artolazabal no repetirá. Salió del Gobierno de Iñigo Urkullu para relevar a Gorka Urtaran y el partido pasó de primera a cuarta fuerza. Ahora Artolazabal es teniente de la alcaldesa del PSE-EE, Maider Etxebarria, con quien gobiernan en coalición tras recibir el apoyo del PP en la investidura. Ha tenido que lidiar como problemas como la larga huelga de jardines. EH Bildu ganó las elecciones en Vitoria. Fuentes del PNV alavés vaticinan una profunda renovación del grupo municipal. El líder socialista, Eneko Andueza, que ya ha confirmado que Etxebarria optará a un segundo mandato, lanzó el globo sonda de que el candidato del PNV sería Ramiro González, el diputado general desde 2015.

González siempre ha mejorado en las forales -que son el mismo día que las municipales- los datos en Vitoria de Urtaran o Artolazabal. En 2023 fueron 9.000 votos más, una diferencia sustancial. Preguntada por las listas, la presidenta del partido en Álava, Jone Berriozabal, en la Cadena Ser, ha apelado a la tranquilidad. “Es una reflexión que abordaremos cuando llegue el momento. Sé que suscita mucho interés. No es el momento de hablar de candidatos. Tenemos las elecciones en mayo de 2027. Estamos en marzo de 2026. Tranquilidad”, ha manifestado. González, oficialmente, no se ha pronunciado sobre si querría seguir para un cuarto mandato. “Esta cuestión hay que abordarla cuando toque. Hablaremos de esto cuando toque”, le dijo a este periódico en 2025. Voces muy relevantes de su partido, en cambio, insisten en que es un gran activo y que está en un “gran momento”.

EH Bildu está intentando solventar su papel como acusación en el caso del derribo del edificio protegido de Getxo, el palacete conocido como Irurak Bat, después de que el magistrado instructor, Marcos Amor, decretara su expulsión porque la formación abertzale había presentado una denuncia y no una querella, lo que considera que es necesario para poder estar en la causa personado. Fuentes de EH Bildu han señalado que han resuelto la “cuestión técnica planteada una vez que el nuevo magistrado instructor” decidiera retirar a la formación soberanista como acusación y que se ha presentado “la querella correspondiente, al objeto de poder continuar haciendo seguimiento del procedimiento”. No obstante, están ahora a la espera de si el juez instructor decide volver a incluir a EH Bildu en la acusación. Sí está personado en la causa el PP.

Recuerdan desde EH Bildu que fueron sus concejales en el Ayuntamiento los primeros que formularon en octubre de 2024 una denuncia en la Fiscalía al entender que el derribo del edificio, ubicado en un solar en el que se iban a construir viviendas de lujo, pudo ser irregular al estar implicados en la compra de estas viviendas dos de los tres concejales del PNV que están imputados en la causa penal. Tras la denuncia de EH Bildu, el ministerio fiscal, apoyándose en un informe inicial de la Ertzaintza, elevó el asunto a la plaza número 2 de la sección civil y de instrucción del Tribunal de Instancia de Getxo al apreciar, indiciariamente, que los hechos pudieron haber sido constitutivos de un delito “contra el patrimonio histórico”, un delito castigado con hasta tres años de prisión.

En diciembre de 2025, el grupo municipal de EH Bildu de Getxo quiso personarse como “acusación popular” en el proceso. Pidieron traslado de “todo” el sumario. La entonces responsable de la investigación, la instructora Neus Galobardes, vio algunos defectos subsanables en el escrito y les dio un plazo para corregirlos. El 9 de enero, EH Bildu ya estaba formalmente en el procedimiento, como el PP. Sin embargo, una resolución del caso de finales de febrero enmienda la anterior y acuerda la salida de EH Bildu. “El ejercicio de acciones penales por tal acusación popular podría dar lugar a situaciones de indefensión para con los investigados”, argumenta el nuevo responsable de esta investigación, Marcos Amor, que ha pedido igualmente la nulidad de todas las actuaciones de EH Bildu desde el inicio de su personación, incluidas peticiones de prueba.

El magistrado argumenta que no es lo mismo una “denuncia” que una “querella”, sino que “constituyen actos procesales distintos”. La “denuncia”, que es lo que tenía inicialmente planteado EH Bildu, supone avisar a la Justicia de un posible delito, mientras que la “querella” supone poner nombre y apellidos a los presuntos responsables. “El hecho de haber formulado una denuncia previa no habilita automáticamente para constituirse como acusación popular mediante un posterior escrito de personación. Exige necesariamente la interposición de querella en forma”, recalca el magistrado.

El pasado mes de enero la anterior jueza instructora ordenó la entrada y registro de dependencias municipales y la incautación de móviles, correos electrónicos y otros dispositivos de comunicación. Una vez levantado el secreto de sumario, se conoció la imputación de tres ediles del PNV, Inazio Uriarte, Irantzu Uriarte -los dos que iban a trasladarse a una vivienda de lujo en esa misma parcela- e Iñigo Urkitza. Con el resto de investigados, iban a comparecer a finales de febrero, pero se pospusieron las declaraciones. Abogados defensores han pedido la nulidad de las actuaciones.

Tras el registro de las dependencias municipales y la imputación de tres concejales del PNV, la oposición pidió en un pleno la dimisión de la alcaldesa, Amaia Agirre, pero esta rechazó dimitir y aseguró haber actuado con “rapidez y con rigor”, en este caso y haber tenido un comportamiento ético. 

El Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) dio por bueno el título universitario falso presentado por quien era el único aspirante al puesto de jefe de seguridad en un proceso abierto en 2023, el ertzaina Juan José Quiñones, porque venía “cotejado” por el Ayuntamiento de Getxo. En una respuesta a nuevas preguntas formuladas por el PP en el Parlamento Vasco sobre la destitución en diciembre de este agente al constatarse el fraude, el consejero Alberto Martínez insiste en que tiene que operar un principio de confianza entre instituciones. “No hubo, por tanto, motivos para dudar de la copia compulsada por funcionario del Ayuntamiento”, agrega.

Sin aclarar por qué se decidió a finales de 2025 volver a revisar la documentación de un nombramiento de 2023, Osakidetza insiste en que se hizo “dada la trascendencia y relevancia” de ese puesto dentro de la mayor empresa pública vasca, desde el que también se gestionaban adjudicaciones de vigilancia de hospitales y ambulatorios, por ejemplo. La directora general, Lore Bilbao, se “interesó” por ese nombramiento y fue entonces cuando se conoció el fraude. Bilbao fue nombrada ese mismo 2025 después de haber estado un año como viceconsejera, siempre en el equipo de Martínez.

Sostiene el Gobierno que las revisiones son algo “habitual” en este tipo de cargos, “sin olvidar los procesos de auditoría que se desarrollan en Osakidetza”. El Servicio Vasco de Salud recuerda que, tras comprobar de modo fehaciente que el título de la EHU esgrimido no era real, procedió a la salida del responsable de seguridad y a denunciar los hechos en el Tribunal de Instancia de Vitoria.

“¿Cómo ha sido posible que durante más de dos años — desde el 20 de noviembre de 2023, fecha de su nombramiento, hasta el 11 de diciembre de 2025, fecha de su cese— nadie de la estructura de Osakidetzahaya realizado investigación o comprobación alguna sobre la autenticidad de la titulación aportada en su día por el señor Quiñones?”, se pregunta el PP sobre este caso.

El magistrado instructor Marcos Amor ha decretado la expulsión de EH Bildu como acusación en la investigación abierta por el derribo del palacete protegido Irurak Bat de Getxo, en cuyos terrenos iban a comprarse una vivienda de lujo dos de los tres ediles del PNV imputados en la causa penal. El PP sí continúa personado en el procedimiento, además de la Fiscalía.

EH Bildu formuló en octubre de 2024 una denuncia en la Fiscalía al entender que el derribo del edificio de la calle de San Nicolás pudo ser irregular. La formación abertzale aportó “421 folios” de pruebas. Solamente ocho días después, el ministerio fiscal, apoyándose en un informe inicial de la Ertzaintza, elevó el asunto a la plaza número 2 de la sección civil y de instrucción del Tribunal de Instancia de Getxo al apreciar, indiciariamente, que los hechos pudieron haber sido constitutivos de un delito “contra el patrimonio histórico”, el artículo 321 del Código Penal, castigado con hasta tres años de prisión.

En diciembre de 2025, el grupo municipal de EH Bildu de Getxo quiso personarse como “acusación popular” en el proceso. Pidieron traslado de “todo” el sumario. La entonces responsable de la investigación, la instructora Neus Galobardes, vio algunos defectos subsanables en el escrito y les dio un plazo para corregirlos. El 9 de enero, EH Bildu ya estaba formalmente en el procedimiento, como el PP.

Sin embargo, una resolución del caso de finales de febrero, a la que ha tenido acceso este periódico, enmienda la anterior y acuerda la salida de EH Bildu. “El ejercicio de acciones penales por tal acusación popular podría dar lugar a situaciones de indefensión para con los investigados”, argumenta el nuevo responsable de esta investigación, que ha pedido igualmente la nulidad de todas las actuaciones de EH Bildu desde el inicio de su personación, incluidas peticiones de prueba.

¿Y cuál es el motivo? El juez Amor recalca que no es lo mismo una “denuncia” que una “querella”. “Constituyen actos procesales distintos”, recalca en su auto. La “denuncia”, lo que hizo EH Bildu, es avisar a la Justicia de una “notitia criminis”, es decir, de un posible delito. Pero ser acusación requiere una “querella”, es decir, poner nombre y apellidos a los presuntos responsables. “El hecho de haber formulado una denuncia previa no habilita automáticamente para constituirse como acusación popular mediante un posterior escrito de personación. Exige necesariamente la interposición de querella en forma”, recalca el magistrado. Ni siquiera considera suficiente la subsanación planteada y aceptada por la anterior instructora, la juez Galobardes. Este periódico ha intentado contactar a EH Bildu de Getxo en relación a esta cuestión, pero no ha recibido respuesta.

El sumario por el derribo del Irurak Bat está en una situación de parón. En enero, la anterior instructora recibió un informe ampliatorio de la Ertzaintza y ordenó la entrada y registro de dependencias municipales y la incautación de móviles, correos electrónicos y otros dispositivos de comunicación. Una vez levantado el secreto de sumario, se conoció la imputación de tres ediles del PNV, Inazio Uriarte, Irantzu Uriarte -los dos que iban a trasladarse a una vivienda de lujo en esa misma parcela- e Iñigo Urkitza. Con el resto de investigados, iban a comparecer a finales de febrero, pero se pospusieron las declaraciones. Abogados defensores han pedido la nulidad de las actuaciones.

El Tribunal de Instancia de Getxo tiene sobre la mesa una denuncia de la Fiscalía por un presunto caso de “maltrato habitual” a bebés menores de dos años en una guardería de Getxo. Fuentes judiciales indican que el ministerio fiscal realizó una preinvestigación y, al encontrar indicios de delito, elevó el caso a la sección de Instrucción de los juzgados de la localidad vizcaína, sin que conste qué pasos se han dado en sede judicial.

Según ha publicado 'El Correo', se busca esclarecer si dos trabajadoras del centro educativo de la zona de Romo “golpearon” y “utilizaron la fuerza” con los pequeños a su cargo. Se analiza, igualmente, si la dirección del centro hizo caso omiso a las quejas. Siempre según esta fuente, que cita el decreto de conclusiones de la Fiscalía, los menores, en principio, no sufrieron “ninguna lesión física objetivable”. La guardería es 100% de titularidad de la fundación BBK. Desde la entidad exponen a este periódico que, por el momento, no realizarán comentarios sobre el asunto.

El Juzgado de Instrucción número 4 de Getxo (Bizkaia) ha archivado la causa que seguía contra dos mandos de la Policía Nacional acusados de haber falseado una operación contra una red de tráfico internacional de armas al ubicar en su cúspide a un padre y una hija que regentaban una tienda de coleccionismo militar en la localidad vizcaína. La magistrada dicta el sobreseimiento libre de los policías y atribuye sus conclusiones a un “desacierto investigador” sin relevancia penal. Como consecuencia de los informes policiales, Jesús y Amaia Prieto pasaron tres meses en prisión provisional. 

El 17 de enero de 2017, agentes antiterroristas de la Policía irrumpieron en Cantábrico Militaria, un almacén que sirve de taller y tienda para coleccionistas de armas inutilizadas de todos los periodos históricos. En sus estanterías se apilan armaduras de época, material de los dos grandes conflictos mundiales del siglo XX y de la Guerra Civil española. Hasta ese momento, uno de los principales clientes de Cantábrico Militaria era el cine español. Sus armas aparecen en cintas tan conocidas como Los últimos de Filipinas, 23-F, El Laberinto del Fauno o Lasa y Zabala.

Los policías de la Comisaría General de Información detuvieron en la Operación Portu a Jesús, de 68 años, entonces e inmerso en su tratamiento de radioterapia por uno de los dos cánceres que ha sufrido. A Amaia, licenciada en Bellas Artes, la interceptaron después de dejar a sus hijos en el autobús del colegio. Los agentes tenían autorización judicial para incautarse de 9.000 armas, todas inutilizadas. Con los informes que presentó la Policía, de un detalle técnico incomprensible para cualquier lego en la materia, un juez envió a la cárcel al padre y a la hija por tenencia, tráfico y depósito de armas. 

El caso contra Jesús y Amaia Prieto fue archivado de forma definitiva el 31 de enero de 2022, cinco años después de que pasaran tres meses en prisión provisional por unos delitos que nunca cometieron. Al salir de la cárcel, su negocio y sus vidas estaban arruinadas. La familia denunció a los dos mandos policiales que firmaban los principales atestados con las acusaciones falsas y el juzgado de Getxo les imputó y les tomó declaración como investigados. En su declaración, ellos responsabilizaron a un superior de las actuaciones y restaron importancia a su participación en los hechos. 

En un auto del pasado 14 de febrero, al que ha tenido acceso elDiario.es, la jueza que imputó a los agentes exime de responsabilidad penal a los policías y concluye: “El tipo penal exige la constatación de datos objetivamente falsos introducidos con conocimiento de su falsedad, lo que no concurre cuando existe un desacierto investigador o divergencia interpretativa”. Los agentes no podían alegar que Jesús y Amaia vendieran armas listas para su uso porque estaban inutilizadas, pero les atribuyeron que luego facilitaban por otras vías las piezas necesarias para que disparasen. “No es una afirmación falsa, sino una valoración policial derivada del material investigado”, asegura la jueza. Y añade: “Se trata de un informe policial, cuyo propósito es exponer la investigación y precisamente los indicios de delito, no de una pericial neutral”.

Los policías llegaron a escribir que Jesús Prieto estaba “encartado” en otros procedimientos judiciales. Prieto no tiene antecedentes policiales, ni judiciales, ni ha sido investigado en otras causas. Su aparición en ellas se limita a que personas investigadas habían sido clientes ocasionales de su militaria, como otros miles. Para la jueza no hubo falsedad ni manipulación por parte de los policías porque no afirmaron que Jesús formara parte de una organización criminal, sino que los indicios “podían derivarse de su coincidencia procesal con tales organizaciones”.

Durante la causa contra Jesús y Amaia comparecieron especialistas de la Guardia Civil y otros peritos que echaron por tierra las conclusiones de los policías antiterroristas hasta decretarse el sobreseimiento libre. Para la jueza, “la existencia de valoraciones incorrectas o de inferencias que hayan podido considerarse erróneas a la luz del resultado final del procedimiento no convierte automáticamente a un atestado en una imputación falsa o realizada a sabiendas de su falsedad”.

Según denunció la representación de Jesús y Amaia, los agentes omitieron pasajes clave de conversaciones telefónicas de tal manera que las escuchas les permitieron plasmar indicios que beneficiaban su tesis inicial. Estos informes policiales, dice la jueza, “no consisten en una simple transcripción literal e íntegra de todas las comunicaciones intervenidas, sino que implican necesariamente una labor técnica de clasificación, análisis y selección lógica de la información obtenida”. “Los agentes deben centrarse en lo que consideran relevante para avanzar en la investigación”, disculpa la magistrada. La representación legal de Jesús y Amaia Prieto han recurrido el archivo de la causa contra los policías ante la Audiencia Provincial de Bizkaia.

Medallas y ascensos

Los atestados de la Operación Portu están firmados por los policías nacionales con carnet profesional 89.512 y 127.200. Con ocasión del patrón de la Policía de 2017, el primero que se celebró tras el gigantesco dispositivo policial –más de un centenar de efectivos de Euskadi y llegados desde Madrid–, el agente más veterano fue condecorado con la Medalla Roja al Mérito Policial, que conlleva un incremento vitalicio de un 10% en su nómina. 

Pese al resultado desastroso de las pesquisas, este inspector continuó en labores operativas en la estructura antiterrorista de la Policía. Recientemente ha ascendido a inspector jefe y ha encontrado acomodo en el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), organismo dedicado a la coordinación entre cuerpos.

Como ocurriera con su compañero, el fracaso estrepitoso de la Operación Portu y sus consecuencias no fueron óbice para que el segundo agente también fuera condecorado, en su caso sin asignación económica, y reclamado después para la Secretaría de Estado de Seguridad, el motor del Ministerio del Interior, cuando su titular era Rafael Pérez.

Damián Cantero, como se llama este policía con perfil público, permaneció allí hasta que ascendió a inspector jefe. Ahora depende de la División de Personal y compatibiliza su trabajo en la Policía Nacional con el puesto de director docente de una de las academias privadas con más reclamo para la formación de aspirantes al Cuerpo. Tiene presencia en las redes sociales y en 2016, mientras se desarrollaban las investigaciones de la Operación Portu, publicó el libro Cómo ser policía y no morir en el intento, con prólogo del locutor Javier Cárdenas. 

El grupo municipal de EH Bildu en el Ayuntamiento de Getxo ha exigido al equipo de Gobierno del municipio, conformado por PNV y PSE-EE, que asuma “responsabilidades políticas que se derivan” de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) que confirma que el consistorio incurrió “en una práctica ilegal al dividir deliberadamente dos contratos (de renovación de alumbrado público) con el objetivo de esquivar los procedimientos de control y transparencia” legales.

La formación soberanista apunta a que esta praxis “desgraciadamente refleja una manera de gestionar lo público” y es “una forma de gobernar que, en lugar de priorizar la transparencia y el rigor, busca atajos y recovecos legales para tomar decisiones sin el necesario escrutinio público”, según recoge Europa Press. Según ha explicado EH Bildu de Getxo, se adjudicaron dos contratos para la renovación del alumbrado público, el primero para la zona de Andra Mari y el segundo para Romo, “ambos de un importe de 39.600 euros más IVA cada uno (justo por debajo del límite de los 40.000 euros), adjudicados el mismo día y a la misma empresa”. “Al mantenerse por debajo de esa cifra, el Ayuntamiento se libraba de la obligación de realizar un procedimiento de contratación más garantista y transparente, con más publicidad y concurrencia de empresas, tal y como exige la Ley de Contratos del Sector Público”, han recordado.

Así, explica EH Bildu, la sentencia es “clara” al señalar que “aunque las obras se realizaran en zonas distintas, ambas respondían a un mismo plan”, por lo que el fraccionamiento “fue una maniobra ilegal para eludir la ley, anulando así la sentencia anterior que favorecía al Consistorio”. Tras valorar “positivaqmente” la sentencia, la formación soberanista insiste en que el caso “no es una excepción, sino que desgraciadamente refleja una manera de gestionar lo público”, ya que “cuando se evitan los procedimientos abiertos y competitivos, se limita la participación de otras empresas, se reduce la capacidad de elegir la mejor oferta para el interés general y se abre la puerta a prácticas opacas”.

En ese sentido, el grupo municipal de EH Bildu ha exigido “asumir las responsabilidades políticas” al equipo de Gobierno formado por PNV y PSE-EE. “No basta con acatarla, es necesario un cambio de actitud. El interés general y los recursos de todas las getxotarras deben estar siempre por encima de cualquier práctica que busque la opacidad, y seguiremos vigilantes para que la legalidad y la transparencia sean la norma y no la excepción en nuestro Ayuntamiento”, ha advertido.

El bufete Cuatrecasas promociona a Gonzalo Susaeta como un abogado de referencia “en los sumarios más relevantes del País Vasco en los últimos años”. Es un experto en delitos económicos y de corrupción, subraya. Durante más de una década defendió al ex 'número dos' del PNV de Álava, Alfredo de Miguel, que terminó condenado a doce años de prisión. Desde el inicio, fundamentó su estrategia de defensa en tratar de anular pruebas describiendo supuestos excesos de la Ertzaintza, del juez instructor y de la Fiscalía que nunca quedaron acreditados. Llegó a decir que todo era tan “paranormal” que podría ser investigado por Iker Jiménez en 'Cuarto Milenio'.

Lustros después, Susaeta es el letrado de uno de los imputados en la investigación penal abierta en el Tribunal de Instancia de Getxo a cuenta del derribo del edificio protegido Irurak Bat de la calle de San Nicolás, donde iban a levantarse viviendas de lujo, el arquitecto José Ramón Foraster. Y ha planteado un duro escrito de 22 páginas al nuevo instructor de este asunto tras la salida de Neus Galobardes, Marcos Amor, en el que alienta la tesis de que todo es una conspiración de la Ertzaintza, que aparentemente realiza actuaciones “extrajudiciales”.

Del “no hay precintos, hay mutaciones, hay evidencias de papel que se han podido alterar, introducir o suprimir y tenemos constatación, que no indicio, de que durante siete meses todas y cada una de las evidencias estuvieron fuera del procedimiento, del control y custodia del secretario judicial” con el que redondeó su intervención en el 'caso De Miguel', donde su cliente recibió una severa condena, al “cuerpo policial que actúa paralela o autónomamente fuera de lo ordenado por el juzgado” en Getxo. Susaeta, con estos términos, busca devolver el caso a comienzos de 2026, es decir, anular los registros que realizó la Policía en dependencias municipales y en variadas empresas y que los dispositivos electrónicos aprehendidos no sean clonados y revisados.

La Fiscalía y otras acusaciones, como el PP, ya se han opuesto. El ministerio fiscal ve “ingenuo” plantear que se pueda llevar a término una investigación esperando solamente lo que voluntariamente puedan aportar los imputados. El escrito de los 'populares' ironiza que si nada tienen que ocultar daría igual analizar esos móviles, correos electrónicos y demás materiales incautados: “Quien nada teme, nada debe”. El volcado de ese material aún no se ha realizado a la espera de que se resuelvan estas peticiones, según fuentes judiciales.

Susaeta, que pide no llamar “palacete” al edificio Irurak Bat, aprecia una investigación “prospectiva”, a la que llama en inglés “fishing expedition” por parte de una unidad de la Ertzaintza no es especializada -según su criterio- en las materias objeto de discusión y que va por libre. Asegura que no hay “rastro” de quién encargó a los agentes una ampliación de su atestado, en referencia al informe emitido a comienzos de enero con nuevos indicios de criminalidad y que motivó los registros.

“Decidió seguir 'autónomamente', en una suerte de investigación extrajudicial, sin amparo legal alguno. [...] Esto no solamente implica la infracción de normas procesales, quebrantando el derecho a un proceso con unas mínimas normas y garantías, sino que determina notoria indefensión. Señaladamente porque -según se puede fácilmente comprobar con la lectura de los dos atestados 'reampliatorios' de 12 y 22 de enero-, la Policía autonómica no solamente se puso a solicitar y recabar de otras Policías, instituciones y organismos diversa información o documentos con posterioridad a la emisión y entrega de su informe de septiembre de 2025, sino que... comenzó a tomar declaraciones testificales a diversas personas, sin intervención judicial y -aún más importante- a espaldas de los ya investigados, personados ya en las presentes actuaciones”, describe.

Y continúa: “Malo es que, mediando procedimiento judicial, un cuerpo policial actúe paralela o autónomamente, fuera de lo ordenado por el Juzgado, pero peor aún es que se impida a los investigados una mínima intervención y posibilidad de contradicción en testificales y una mínima información sobre lo que se está investigando y de qué forma, qué documentos se piden y a quién, etc. Empero y para más INRI, SS la instructora [por Galobardes] no solo no reprende dicho proceder, no solo no ordena el cese de las intervenciones autónomas y la devolución de los atestados 'reampliatorios', sino que los valida indirecta o tácitamente, aceptando adoptar dos medidas drásticas y restrictivas de derechos fundamentales como son [las] entradas y registro e incautación/copiado de dispositivos tecnológicos”.

La defensa de Foraster se queja también de cómo se hicieron esos concretos registros por parte de la Ertzaintza. Cree que no se acotó el tipo de material que se quería obtener de los dispositivos electrónicos. “No un copiado selectivo de documentos, mensajes y/o correos relacionados con lo que hemos señalado en el párrafo anterior, sino la aprehensión del celular, con orden a los investigados de que faciliten el PIN y facultad a los agentes de cambiarlo”, protesta Susaeta. Y añade que su cliente, antes de entregar el dispositivo, pudo borrar algunos datos. “Nosotros pudimos lograr la desinstalación del programa de correo [del móvil], pero no tuvieron esa suerte los otros investigados”, expone.

En la causa hay imputados tres exconcejales del PNV. Uno de ellos, Iñigo Urkitza, ha fichado como abogado a Javier Beramendi, reconocido penalista vasco y también partícipe en el 'caso De Miguel', en su caso al lado de otro de los encarcelados por corrupción, Xabier Sánchez Robles. En su caso, ha formulado un recurso de 16 folios. También pide la nulidad de las actuaciones.

“Téngase en cuenta que entre las autorizaciones establecidas en la resolución se encuentra la incautación no solo de los teléfonos móviles de uso laboral, sino también los personales. En una terminal telefónica se pueden almacenar multitud de datos, referentes a un largo periodo de tiempo. Sin ánimo de ser exhaustivos se señalan algunos: listado telefónico, contactos de WhatsApp y de otras mensajerías similares, contactos con los que se ha mantenido comunicación telefónica o por mensajería instantánea (con indicación de días, hora y duración de las llamadas), acceso a correos electrónicos conservados en el dispositivo, mensajes de sms, acceso al historial de Google Maps, acceso al historial de YouTube, fotografías, videos, descargas realizadas, datos sobre la salud, historial de acceso a internet, información económica y bancaria, datos sobre la ubicación del dispositivo en un momento determinado, etc.”, argumenta el abogado.

El defensor Jon Kepa Huertas, al cargo de las defensas de las funcionarias municipales imputadas, tira de argumentos similares. “Los agentes de la Ertzaintza, en una posición que constitucionalmente no les corresponde, e irrogándose funciones de expertos en materia urbanística, pretenden resolver de un plumazo aquello que había sido requerido por parte del ministerio fiscal y comienzan su atestado con una calificación jurídica del nivel de protección del edificio demolido, incurriendo en errores de bulto”, sostiene. En su caso, se refire al último informe policial como “sospechosa ampliación”. Y avisa de que sus tres patrocinadas fueron imputadas después de los registros, de modo que sufrieron los registros e incautaciones antes de tener esa condición.

Marcos Amor, el nuevo juez instructor del caso del derribo del palacete protegido Irurak Bat, en Getxo, ha acordado la suspensión de las declaraciones de los imputados, previstas para el 25 de febrero. En una resolución del 3 de febrero, a la que ha tenido acceso este periódico, el magistrado titular de la plaza 2 de la sección civil y de instrucción del Tribunal de Instancia de la localidad vizcaína atiende la petición de las defensas de las funcionarias municipales investigadas, Argiñe Encinas, Sonia Quintana y María Isabel Quintana.

Amor acaba de asumir esta semana la dirección de la investigación judicial. Fue una magistrada en prácticas de refuerzo, Neus Galobardes, la que ordenó los registros en dependencias municipales en enero y amplió las imputaciones, con las citaciones a tres de los nueve ediles del PNV en Getxo y las altas funcionarias. De antes estaban ya investigados los promotores de las viviendas de lujo que iban a ir en los terrenos del Irurak Bat, una de ellas adquirida por dos concejales, Irantzu Uriarte e Inazio Uriarte. Ahora, ha pasado a estar destinada en Catalunya.

El Irurak Bat fue derruido totalmente en 2024 a pesar de estar protegido. Se habían proyectado viviendas de lujo. Ese mismo 2024 se inició una causa judicial. PP y EH Bildu, partidos la oposición en Getxo, están personados como acusación. Aunque estuvo a punto de decaer, el caso ha sido reactivado en el arranque de 2026 con nuevas actuaciones. La alcaldesa Amaia Agirre, del PNV, considera que no debe dimitir, a pesar de las peticiones llegadas desde el conjunto de la oposición.

El presidente del PP vasco, Javier de Andrés, cree que el caso del palacete protegido derribado de Getxo ha puesto de manifiesto la “desvergüenza” a la hora de gobernar del PNV en todas las instituciones en las que lo hace: “Como en un batzoki”. De Andrés cree que el PNV se ha mostrado “sorprendido” por la reacción de la ciudadanía de Getxo, del pleno de la localidad, y de la intervención de los juceces y de la Ertzaintza, porque es algo que “está acostumbrado a hacer en todos los ayuntamientos e instituciones en las que gobierna desde hace 40 años”. En este sentido, ha manifestado su deseo es que Getxo sea “un ejemplo para el conjunto del País Vasco, para cada uno de los ayuntamientos de Euskadi, para cada una de las diputaciones y para el Gobierno vasco, porque la forma de actuar del PNV no puede continuar con esa desvergüenza y ese descaro que emplean ordinariamente”.

De Andrés se ha reunido este miércoles con los representantes de su partido en la localidad vizcaína para analizar la situación tras la imputación de tres concejales del PNV por el caso y la negativa de la alcaldesa a dimitir en el último pleno pese a que toda la oposición se unió en esa exigencia. Ha descartado una moción de censura para desbancar a Amaia Agirre, porque “el PP no recaba apoyos de quienes no respetan las normas democráticas”, en relación a EH Bildu, ya que necesitarían sus votos, pero ha señalado que “el PNV debería tomar nota” de la reacción que ha tenido el pueblo de Getxo ante el escándalo. “Dentro de un año y unos meses -en las elecciones municipales- la ciudadanía tendrá la oportunidad de decir que hay otra forma de hacer política”, entiende.

Según ha afirmado, “lo positivo” del escándalo del palacete es “la reacción que ha tenido la sociedad de Getxo y el pleno municipal”. “Esta es la forma ordinaria de trabajar del PNV, que lo gestiona todo como un batzoki y nunca han entendido que haya una reacción social ante una actuación indebida, ilegal, ilegítima y, desde luego, políticamente reprobable, como es derribar un edificio protegido porque convenía a unos pocos del PNV”, ha dicho.  En este sentido, ha indicado que en cada pueblo de Euskadi hay “si no es un palacete, es un camino y si no es un camino es una valla o, si no, es una farola”. “Y llevan actuando así desde hace 40 años”, ha asegurado.

“Nos van dar momentos de gloria”

El presidente del PP vasco ha comparecido acompañado del portavoz del PP en el Ayuntamiento de Getxo, Eduardo Andrade, que ha pronosticado que a medida que avance la investigación, el contenido de los ordenadores y teléfonos móviles de los concejales y de los técnicos imputados que la Erztzaintza requisó por orden judicial, “seguramente van a dar momentos de gloria”. Ha señalado que su grupo seguirá trabajando para que se conozca todo sobre este caso y ha recordado que habrá que esperar hasta el 25 de febrero para que declaren los imputados.

Mientras tanto ha señalado que en Getxo se ha producido ya “una expulsión social de la alcaldesa”. “No sólo el pleno la ha expulsado, sino que la sociedad no la quiere y le costará asomarse a la calle”, ha afirmado. El PP está personado como acusación en la causa judicial del Irurak Bat y es la principal fuerza de la oposición en este municipio.