Dos exediles del PNV imputados por el derribo del Irurak Bat de Getxo dicen que “era un casa de vecinos en mal estado”

Los exconcejales del PNV Irantzu Uriarte e Inazio Uriarte, dos de los tres exediles imputados en la investigación penal por el derribo del edificio histórico Irurak Bat de Getxo y que aspiraban a comprarse un piso de lujo en las nuevas viviendas que se iban a construir allí, han pedido el cierre de la causa, han criticado a la Ertzaintza como Policía judicial y han lamentado el “oprobio” que han sufrido por esta instrucción. A su juicio, por lo recopilado ya en una instrucción en la que ni siquiera han comparecido los imputados y no se han revisado los dispositivos electrónicos que fueron decomisados en su momento, se ha “desinflado el suflé”.

La defensa de estos ediles, que eran pareja y cooperativistas de Ereaga Atalaya, el proyecto que iba a ser levantado tras el derribo del Irurak Bat, ha presentado un escrito para cerrar la causa en el marco del plazo abierto por el juez Marcos Amor, del Tribunal de Instancia de Getxo, para que se analicen los efectos de otra sentencia sobre otro caso, el del edificio La Aldea. En ella, se menciona que “los bienes de custodia municipal no se convierten automáticamente en bienes culturales de protección básica”. Sin embargo, se trata de un contencioso-administrativo, no de una causa penal.

Con todo, los exediles insisten en que está clara la “inexistencia de delito”, según su escrito difundido a través de Europa Press. Se expresan en términos muy contundentes. Sobre el Irurak Bat, por ejemplo, dicen que “era un casa de vecinos, en bastante mal estado de conservación y mantenimiento, cuyo parecido con un palacete no es ni remoto, que no despertaba ningún interés cultural, histórico artístico en los ciudadanos del municipio y que contaba con el menor grado de protección urbanística (bien de custodia municipal)”.

Consideran que este proceso se ha originado por las “hipótesis erróneas” de la unidad especializada de la Ertzaintza en delitos patrimoniales. La Policía defiende que el Irurak Bat nunca tuvo que ser derruido, una tesis sostenida también por la Fiscalía. Los imputados, por el contrario, inciden en que hay un “interés político” por estirar la investigación cuando no hay base para ello. PP y EH Bildu, dos partidos de la oposición en Getxo, están personados como acusación. Según los exconcejales, “donde mandan los intereses políticos y/o mediáticos la realidad parece superflua”.

Uriarte y Uriarte consideran que han sufrido un “daño muy grave y de casi imposible reparación”. “Han tenido que convivir todo este tiempo con el oprobio, el estrés y la ansiedad que ser expuesto ante la opinión pública como un presunto delincuente causa hasta en las personas con mayor fortaleza”, argumentan sus defensas.