Hay decisiones que definen a un Gobierno. Y hay decisiones que retratan a un presidente.

Juanma Moreno lleva años intentando convencer a los andaluces de que él es la derecha moderada. El dirigente que pone distancia con Vox. El político sensato que representa una derecha homologable, tranquila y alejada de los extremos.

Pero cuando le llega la hora de mantenerse en el gobierno, los hechos vuelven a desmontar el relato.

Moreno Bonilla ha decidido entregar a Vox las competencias relacionadas con la violencia de género. Y entre ellas, una pieza especialmente sensible: las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género.

No estamos hablando de una competencia administrativa menor. Estamos hablando de mujeres víctimas de violencia machista. De sus hijos e hijas. De profesionales que evalúan el daño físico y psicológico sufrido, las consecuencias de la violencia sobre los menores y el riesgo y la peligrosidad del agresor. De informes que pueden ser determinantes para que un juez adopte decisiones que afectan a la protección y seguridad de la víctima.

Y esto debería bastar para que cualquier presidente responsable tuviera muy claro que hay cosas con las que no se juega.

Fue la respuesta de una sociedad que decidió que la violencia que sufren las mujeres por parte de sus parejas o exparejas requiere una respuesta específica, especializada y coordinada

Estas unidades forman parte de un modelo de protección construido durante décadas. La Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, estableció un sistema especializado para afrontar esta violencia que Andalucía desarrolló con su propia Ley en 2007.

No fue una ocurrencia. No fue una moda. No fue una cuestión partidista.

Fue la respuesta de una sociedad que decidió que la violencia que sufren las mujeres por parte de sus parejas o exparejas requiere una respuesta específica, especializada y coordinada. Y ahora Juanma Moreno pone una parte de esa responsabilidad en manos de un partido que lleva años diciendo exactamente lo contrario.

Vox quiere derogar la Ley Integral contra la Violencia de Género. Vox ha defendido sustituirla por una ley de violencia intrafamiliar. Vox ha cuestionado reiteradamente la existencia misma de una violencia específica contra las mujeres y ha atacado las políticas públicas que se han construido para combatirla. No es una interpretación del PSOE. No es una exageración. Es lo que Vox ha defendido públicamente y lleva en sus programas.

no es lo mismo que las políticas contra la violencia machista estén dirigidas por quien reconoce su especificidad y defiende su protección integral, que ponerlas bajo la responsabilidad de un partido como Vox

Por eso la pregunta que Juanma Moreno tiene que responder no es qué hará Vox con las unidades de valoración. La pregunta es mucho más sencilla: ¿por qué ha decidido poner esta responsabilidad en sus manos?

Moreno Bonilla sabía perfectamente lo que piensa Vox cuando le entregó Justicia. Lo sabía cuando negoció su apoyo. Lo sabía cuando repartió las responsabilidades de Gobierno. Y, aun así, lo hizo.

Después vendrán las excusas. Nos dirán que los profesionales seguirán trabajando. Que las leyes siguen vigentes. Que las unidades continuarán funcionando.

Pero nadie está discutiendo la profesionalidad de quienes trabajan en ellas. Estamos discutiendo quién tiene la responsabilidad política de dirigirlas y qué concepción de la violencia de género tiene ese Gobierno.

Andalucía no puede retroceder en la lucha contra la violencia de género. Necesita más recursos para las víctimas. Necesita reforzar las unidades de valoración

Porque no es lo mismo que las políticas contra la violencia machista estén dirigidas por quien reconoce su especificidad y defiende su protección integral, que ponerlas bajo la responsabilidad de un partido como Vox que quiere eliminar precisamente el marco legal que las sustenta.

Y esto es lo verdaderamente grave. Moreno Bonilla ha convertido la protección de las mujeres en una pieza más de su negociación política con Vox. Ha decidido que el precio de mantenerse en el poder puede pagarse con los derechos de las mujeres.

Andalucía no puede retroceder en la lucha contra la violencia de género. Necesita más recursos para las víctimas. Necesita reforzar las unidades de valoración. Necesita más profesionales y mejor coordinación entre juzgados, servicios sociales, fuerzas de seguridad y administraciones. Necesita instituciones que estén a la altura de las mujeres que acuden a ellas cuando más lo necesitan.

Y necesita, sobre todo, que nadie tenga dudas sobre una cuestión fundamental: la violencia de género existe. Tiene unas características concretas. Tiene unas causas concretas. Y por eso necesita políticas específicas.

Que Juanma las haya puesto en manos de quien niega esta necesidad, lo retrata definitivamente: no es un moderado, es un irresponsable.

El Gobierno andaluz de Juanma Moreno, una coalición de PP y Vox, ha crecido por arriba a costa de recortar por abajo. La estructura del nuevo Ejecutivo, aprobada la semana pasada, incluye un desvío presupuestario de la dotación prevista inicialmente a cubrir vacantes de empleados públicos y de otras partidas (sin especificar) para pagar un sobrecoste de más de tres millones de euros en nuevos altos cargos y en puestos de confianza nombrados a dedo.

El decreto de estructura de la Consejería de Presidencia, que pilota el vicepresidente primero Antonio Sanz, incluye la creación de las tres nuevas vicepresidencias de la Junta, además de un puesto eventual más en cada una de las 13 consejerías, esto es, “un incremento de costes” de 2,7 millones de euros que obligará a la Junta a “quitar la dotación presupuestaria de puestos vacantes sin cubrir” en la Administración Pública, además de “la minoración de otras partidas presupuestarias”, que no se especifican.

El resto del ajuste presupuestario (312.864,54 euros anuales) sería el sobrecoste por la creación de nuevas direcciones generales adscritas a Presidencia. Además, se ha creado un nuevo departamento, la Consejería de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública, con una viceconsejería y dos direcciones generales, que también han provocado “alteraciones” en la estructura del Gobierno y “un coste adicional de 317.060,01 euros anuales. Todo este sobrecoste de personal, en todas las consejerías, incluye en el presupuesto los gastos de la cuota patronal de seguridad social por importe del 30% de las retribuciones.

“Desdotación de plazas”

Así consta en el informe económico y financiero de la Consejería de Presidencia, al que ha tenido acceso este periódico: “Tras la emisión de los informes económico-presupuestarios de la totalidad de los decretos que regulen la estructura de las Consejerías de la Junta de Andalucía y sus servicios periféricos, procederá, en el caso de incremento de costes, a la desdotación de plazas de administración general o a la minoración de otras partidas presupuestarias, para conservar el objetivo de equilibrio en los créditos del capítulo de gastos de personal en el conjunto de la Junta de Andalucía, preferentemente en las secciones presupuestarias que hubieran dado origen a las necesidades presupuestarias”.

Fuentes de Presidencia explican que esa “desdotación” es algo común en la gestión presupuestaria de la Junta. “La desdotación de puestos de administración general es algo habitual y consiste en quitar la dotación presupuestaria de puestos vacantes sin cubrir. No se destruye ningún puesto de administración general, solo se le quita la dotación hasta que se cubra esa vacante”, explican estas fuentes.

Los sindicatos de Función Pública coinciden en que el Gobierno de Moreno es muy dado a hacer esta suerte de “ingeniería financiera”, sin aclarar qué cuerpos de la administración pública se ven afectados, es decir, de cuántas plazas de empleados públicos prescinde la Junta (y en qué áreas) para pagar, en este caso, la contratación de nuevos altos cargos.

Desde CCOO, argumentan que estos movimientos presupuestarios “opacos” hacen que la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la Junta de Andalucía, negociada con los agentes sociales y publicada en su página web, “en la práctica sea irreal”. “Se pactan y aprueban una relación de plazas que el propio Gobierno considera necesarias para el buen funcionamiento de los servicios públicos, pero luego no las dotan de presupuesto, las dejan vacías. O, en este caso, las dotan de presupuesto, pero acto seguido se lo quitan para gastarlo en otra cosa”, explican desde el sindicato.

“Recortar indios para aumentar el número de jefes”

CCOO es muy crítica con esta gestión de recursos del Gobierno de Moreno. Explican que el objetivo es “recortar indios para aumentar el número de jefes” y denuncian que, en algunas provincias (como Málaga), más de la mitad de las plazas recogidas en la RPT de la Junta están sin cubrir, algunas con dotación económica y otras sin asignación.

Antes de constituirse el nuevo Gobierno de coalición PP-Vox, el gabinete de Moreno contaba con 301 altos cargos, desde el presidente hasta los delegados provinciales. En el último Consejo de Gobierno, la portavoz de la Junta, Carolina España, anunció que la nueva estructura del Ejecutivo aumentaba esta cifra en 13 directivos más, a pesar de que Moreno hizo gala de haber suprimido una consejería respecto a la pasada legislatura, pasando de 14 a 13.

El PP andaluz siempre fue muy crítico con los gobiernos socialistas por el volumen de altos cargos y personal de confianza en la Administración. Cuando llegó al poder, en 2019, abanderó una disminución progresiva de esa plantilla pero, a medida que avanzaba la legislatura –sobre todo a partir del segundo mandato, ya con mayoría absoluta– el número volvió a incrementarse hasta superar los 300.

Duplicidad de cargos en la consejería de Vox

También Vox ha sido extremadamente crítico con el número de altos cargos y nombramientos a dedo del anterior Gobierno de Moreno. Sin embargo, la Consejería de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local, que pilota el vicepresidente segundo y líder andaluz de Vox, Manuel Gavira, contará con más altos cargos que una consejería normal, 35 en total, al sumar dos secretarías generales en cada una de las ocho provincias andaluzas.

Es el único departamento donde se da esta duplicidad, aunque también es una macroconsejería donde confluyen políticas muy dispares, que nada tienen que ver entre sí. Este gasto adicional alcanza los 645.656,72 euros en el presupuesto anual del personal del ejecutivo andaluz.

“El volumen de trabajo que asume la nueva Delegación Territorial se ve notablemente incrementado, por lo que, al objeto de dar cumplimiento a los principios administrativos de eficacia, descentralización funcional, desconcentración funcional y territorial, coordinación y proximidad a la ciudadanía, que el ordenamiento jurídico andaluz proclama, resulta preciso contar en las Delegaciones Territoriales de la Consejería de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local con dos Secretarías Generales Provinciales”, reza el expediente del decreto de estructura de esta consejería, aprobado en el último Consejo de Gobierno.

El incremento de personal también está justificado en la creación de “forma excepcional por razones de eficacia administrativa” de dos secretarias provinciales en una sola consejería. Una posibilidad que debe ser aprobada por el Consejo de Gobierno. Estos 24 cargos provinciales, entre delegados y secretarios provinciales, se suman a otros 11 altos cargos de la Consejería que cuenta con un viceconsejero, cuatro secretarías generales, una secretaría general técnica y cinco direcciones generales.

“Vox gestionará las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género (UVIVG) en Andalucía, pero no puede suprimirlas, porque están blindadas en una ley estatal”. El presidente andaluz, Juanma Moreno, “está de vacaciones”, pero el terremoto político que ha provocado la cesión de estas competencias al socio ultraderechista del Gobierno ha empujado a la parte ejecutiva del PP a lanzar un mensaje de tranquilidad.

Eso sí, siempre desde el anonimato, porque ni desde Presidencia ni desde la Consejería de Igualdad han querido valorar esta cesión de atribuciones a un partido abiertamente negacionista de la violencia de género, que ha encendido las alarmas incluso en el Ministerio de Igualdad. “El PP ha lanzado un órdago al pacto de Estado contra la Violencia de Género [firmado por populares y socialistas en 2017]. El Gobierno de Andalucía deja a las víctimas en manos de los negacionistas y defensores del machismo. No lo vamos a permitir y ya estamos estudiando medidas. Insisto, señor Núñez Feijóo, ¿está rompiendo el pacto?”, volvió a escribir este miércoles la ministra Ana Redondo, en su cuenta de X. Preguntado al respecto, su gabinete no aclaró qué “medidas” está estudiando.

La decisión del presidente Juanma Moreno de delegar en su socio de Gobierno los servicios de atención psicosocial que calibran el riesgo para las mujeres víctimas de malos tratos ha desatado una polvareda política, pero, sobre todo, mucho “miedo e incertidumbre” entre las afectadas y las trabajadoras de estas unidades, adscritas a la Consejería de Justicia, que ahora pilota el vicepresidente segundo de la Junta y líder regional de Vox, Manuel Gavira.

Ese “miedo e incertidumbre” representa, además, “un obstáculo más para estas mujeres” –víctimas de violencia machista– a la hora de acudir a las instituciones en busca de ayuda y para denunciar las agresiones que sufren, reconocen fuentes del Ejecutivo andaluz. Las atribuciones que tiene la Consejería de Justicia son las mismas que tenía antes de que Vox asumiera este departamento, pero incluso en el PP andaluz hay quien se ha “sorprendido” de que un servicio “clave” en la lucha contra la violencia de género quede en manos de un socio negacionista. “Ahí no se ha calibrado bien el mensaje que esto iba a trasladar [a la ciudadanía]. La inquietud generada es natural”, admite un miembro del Ejecutivo, que pide anonimato.

Con todo, fuentes del Gobierno de Moreno –además del Ejecutivo central– han hecho un llamamiento a la “tranquilidad” para aclarar que el grupo ultraderechista no tiene margen legal para desmantelar este servicio, esencial para jueces y policías. En efecto, la ley que regula los Institutos de Medicina Legal, donde están adscritas las UVIVG, impide que un gobierno autonómico las suprima. Desde el PP andaluz aseguran que sus socios tampoco podrán “interceder en el trabajo de sus profesionales”, que seguirán siendo “los mismos” que antes de firmar el pacto.

Ni Gavira ni su equipo, que tomaron posesión hace apenas un mes, han aclarado aún qué planes tienen para este servicio de atención a víctimas, que cuando estaban en la oposición tildaron de “supremacismo ideológico de izquierdas”, y exigieron “depurar” reclamando el nombre y apellido de sus empleados públicos y del personal de refuerzo subcontratado.

“No pueden suprimirlas, pero sí pueden cambiar los protocolos, que dependen de la Junta, y cambiar al personal que los coordina, sustituyendo a las directoras de los Institutos de Medicina Legal en las ocho provincias andaluzas, y nombrando a gente de su cuerda, hostiles con las políticas de género”, explica Miguel Lorente, que fue quien diseñó y puso en marcha la red de UVIVG en Andalucía.

Vox puede nombrar a su propio personal de confianza para dirigir los Institutos de Medicina Legal, pero tienen que ser funcionarios del mismo departamento. La mayoría de ellos lleva años de experiencia tratando con mujeres víctimas de violencia de género, con situaciones durísimas, y están muy sensibilizados con esta lacra social, que se ha cobrado ya nueve vidas en Andalucía en lo que va de año. En la plantilla, sin embargo, también hay profesionales muy críticos con el desarrollo de la Ley de Lucha contra la Violencia de Género, que la ultraderecha califica de “ley ideológica” y aspira a “revisar o derogar” en esta legislatura.

2.300 informes psicosociales en un año

Los profesionales de los Institutos de Medicina Legal en Andalucía –médicos forenses, psicólogos y trabajadores sociales– atendieron a 893 personas para esclarecer presuntos delitos contra la libertad sexual en 2024 [último año publicado], realizando valoraciones de mujeres, menores y hombres denunciados por violencia de género, según datos de la Consejería de Justicia. Además, los equipos psicosociales elaboraron 2.257 informes, solicitados por los Juzgados de Familia, para dirimir conflictos de parejas con hijos sobre diferentes medidas, regímenes de visita de los menores o guarda y custodia, entre otros.

Estos datos constan en la memoria anual de los Institutos de Medicina Legal de Andalucía, que también hace balance del trabajo de las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género, encargados de reconocer a mujeres y menores para valorar los daños físicos, psicológicos o sociales, pero también valoran la peligrosidad objetiva de los agresores, el riesgo de reincidencia, las consecuencias físicas, psicológicas y sociales derivadas de las violencias sexuales, además de realizar informes en procedimientos civiles que afecten a las víctimas, y para recibir ayudas públicas de las administraciones.

La mayoría de estos equipos los integran empleados públicos (casi todos funcionarios), aunque también hay interinos y personal de refuerzo subcontratado, dada la “ingente cantidad de trabajo que gestionan”. Vox les señaló hace siete años, nada más entrar en el Parlamento andaluz, pidiendo sus nombres y apellidos, cuestionando su “cualificación profesional”, exigiendo que estuvieran “colegiados” además de licenciados [el 40% no lo estaba, aunque la ley no lo obliga], y acusándoles de emitir informes con “sesgo ideológico”.

Quienes han pilotado las competencias de la Consejería de Justicia hasta ahora destacan que esos equipos realizan un trabajo “humano” que va “mucho más allá de sus atribuciones”. “Muchas veces apoyan y acompañan a las mujeres y los menores cuando declaran en las salas Gesell especialmente equipadas para grabar los testimonios, con total seguridad jurídica, de forma que sirvan como pruebas preconstituidas en los juicios y eviten la doble victimización que implica tener que repetir varias veces durante el proceso y ante distintos agentes judiciales el relato de hechos dolorosos”, explicó el anterior consejero de Justicia, el popular José Antonio Nieto, que ahora dirige la cartera nueva de Inteligencia Artificial.

La Junta no dio los nombres a Vox, pero sí los números de colegiación

En 2019, el entonces líder andaluz de Vox y juez de Familia en excedencia, Francisco Serrano, señaló directamente a esos trabajadores y pidió al Parlamento un listado con sus nombres. “Los jueces dictan sentencias en base a informes de profesionales no cualificados y altamente ideologizados y de los que depende la libertad de un acusado o el futuro de niños”, aseguró Serrano. La Cámara no se los dio, amparándose en la Ley de Protección de Datos. Los afectados lo llamaron “caza de brujas”.

El Gobierno de coalición PP-Ciudadanos no les facilitó los nombres, pero sí su número de colegiación (los que tenían) y planteó una reforma para obligar a que todos se colegiase, rescatando una sentencia del Constitucional de 2015. El entonces vicepresidente de la Junta y líder de Ciudadanos, Juan Marín, trató de zanjar la polémica anunciando que las UVIVG que había demonizado Vox se iban a reforzar, para que hubiera dos equipos multidisciplinares en cada provincia (entonces había nueve, una por provincia y dos en Cádiz).

El aumento de la plantilla se pagó con el presupuesto del Pacto de Estado contra la Violencia de Género que correspondía a Andalucía (3,9 millones de euros). Cuando se apagó la polémica en los medios, este refuerzo de personal se desmanteló. Fuentes del Ejecutivo andaluz aseguran que se trató de un refuerzo “temporal”.

El presupuesto anual de estos servicios de atención a mujeres ronda los 25 millones de euros, entre el gasto del personal fijo y los contratados de refuerzo. El pasado abril, ya en plena precampaña electoral, la Junta de Andalucía modificó la Relación de Puestos de Trabajo de los ocho Institutos de Medicina Legal, precisamente para crear una plaza más de forense en cada uno de ellos con funciones de coordinación de las UVIVG. Fuentes del Ejecutivo andaluz aclara que la ampliación de plantilla obedece a “las nuevas competencias sobre delitos sexuales de la jurisdicción de Violencia sobre la Mujer y el aumento de la carga de trabajo en ésta”.

Desde el 3 de abril de 2025, la Jurisdicción de Violencia sobre la Mujer asume también todos los delitos sexuales tras los cambios impuestos por la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, y se han creado nuevas plazas de jueces y fiscales especializados.

La modificación legislativa contempla que las UVIVG de los IML se ocupen también de los exámenes e informes en todos los casos de violencia sexual contra mujeres, niñas y niños, interviniendo desde las primeras fases del proceso, incluido el servicio de guardia.

Juan Manuel Moreno ha empezado a ensayar esta semana su estrategia para “encapsular” su pacto de Gobierno con Vox tomando distancias de la polémica generada por el proyecto para construir una mezquita en Sevilla, avalado por el Ayuntamiento.

El presidente andaluz ha dejado solo al alcalde hispalense, el popular José Luis Sanz, frente a las duras críticas de la ultraderecha, que estos días le acusa de permitir la “islamización” de los barrios de la ciudad y ha difundido imágenes suyas vestido con un turbante en la cabeza y la chilaba marroquí, generadas por inteligencia artificial.

PP y Vox, que gobiernan juntos Andalucía desde hace apenas un mes y son socios en el Ayuntamiento hispalense desde hace dos años (con dos pactos presupuestarios), hacen equilibrios para no arañar el reciente acuerdo que hizo presidente a Moreno, mientras toman posiciones para confrontar y disputarse el mismo banco de votos a nueve meses vista de la campaña para las elecciones municipales, y con el embrollo del templo musulmán como telón de fondo.

En el Palacio de San Telmo, sede de la Junta, ha “sorprendido” y “preocupa” la virulencia que han usado sus socios en este asunto, por mucho que se hayan cuidado de no salpicar la entente política que acaban de firmar con ellos. Lo que está pasando en Sevilla en torno a la futura mezquita del Polígono Sur, una iniciativa empresarial privada en suelo privado, sólo se entiende desde el metalenguaje político de PP y Vox y su estrategia de “encapsulamiento”.

El acierto terminológico, que se estrenó con éxito en el primer Gobierno andaluz de coalición PP-Ciudadanos, sustentado desde fuera por la ultraderecha, permite que en un mismo recipiente quepa el abrazo de Vox a Moreno y el insulto a Sanz. Desde dentro, funciona, porque tanto desde la dirección regional del PP como desde el grupo parlamentario ultraderechista han declarado públicamente que este tema no afecta a las “buenas relaciones” entre ambos socios de Gobierno.

Es, además, lo que ha mandatado Santiago Abascal y Alberto Núñez Feijóo desde Madrid, explican fuentes próximas al presidente Moreno. “Las relaciones entre ambos partidos, después de muchos encontronazos, pasan por su mejor momento”, tras consolidarse cuatro acuerdos de gobierno consecutivos en menos de seis meses: Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía.

Todos con un patrón común --el sintagma antiinmigrante de la “prioridad nacional”-- y un acercamiento ideológico a los planteamientos de la ultraderecha en materias clave, como el negacionismo climático y el retroceso en políticas medioambientales; la desregulación administrativa como palanca de una economía neoliberal; las rebajas fiscales; el recorte de subvenciones a sindicatos, ONGs y ayudas al desarrollo; la eliminación de las políticas memorialistas y otras “leyes ideológicas”, sobre todo en materia de igualdad de género y lucha contra la violencia machista y, de manera transversal a todas las políticas públicas, la identificación del extranjero como una suerte de parásito del Estado de bienestar español y una amenaza para la seguridad ciudadana.

La “hoja de ruta” hacia la Moncloa

Los pactos de gobierno PP-Vox en las cuatro comunidades son la “hoja de ruta” hacia la Moncloa, en las elecciones legislativas previstas para el primer semestre de 2027, si Pedro Sánchez cumple su objetivo de no adelantarlas. La convivencia pacífica de ambos partidos en estas latitudes es, por tanto, “fundamental” para no dañar las buenas expectativas de las derechas para expulsar del poder a las izquierdas, que arrojan ahora casi todas las encuestas.

“Es obvio que peleamos por el mismo espacio político”, dice un dirigente del PP nacional, pero se trata de “no encender” la chispa, arrojando la imagen de un Gobierno de coalición en discordia y con problemas de cohabitabilidad, como ocurrió en 2024, cuando Vox se salió de todos los gobiernos autonómicos y retiró su apoyo al PP por acoger en sus territorios el cupo de migrantes menores no acompañados que estableció el Ejecutivo central. Los nuevos pactos de gobierno contienen una cláusula específica para evitar que se repita este escenario: “No más MENAS”.

El martes pasado, el Ayuntamiento de Sevilla dio luz verde definitivamente al proyecto de la gran mezquita, que se ubicará en una parcela del distrito más deprimido de la capital andaluza --el Polígono Sur, a unos metros de las Tres Mil Viviendas--. De inmediato, Vox convocó a la prensa para anunciar que dejaba en suspenso su alianza municipal con el PP --y con ella, los últimos presupuestos de la legislatura-- y que recurriría a los tribunales para frenar la construcción del templo musulmán.

Por mucho que se apele al “encapsulamiento” del Gobierno de Moreno, en esa comparecencia estaba el nuevo portavoz de Vox en el Parlamento, el diputado Javier Cortés, que minutos antes había publicado en la red social X la imagen falsa del alcalde con la chilaba.

Y la primera rueda de prensa en el Parlamento andaluz que dio Manuel Gavira, ya con su condición de vicepresidente de la Junta in pectore, fue un ataque frontal a la mezquita y la supuesta “islamización” de los barrios de Sevilla. “Prioridad musulmana” lo llamó el líder andaluz de Vox, para reivindicar el término de “prioridad nacional” que aparecía en el pacto de Gobierno firmado junto a Moreno horas antes.

La bronca entre PP y Vox en el Ayuntamiento de la capital de Andalucía habría tenido más resonancia en la política nacional de no haber coincidido con los incendios devastadores que estaban arrasando España, y con el agotamiento de un curso político muy intenso. El proyecto de la mezquita, sobre el papel, es difícilmente achacable al Gobierno municipal del PP.

El alcalde ha respondido que no autorizar la construcción, estando todos los requisitos en regla, sería como “prevaricar”. “No cruzaré la línea de violar la ley”, dijo Sanz. También el pacto de Gobierno en Andalucía, con 150 medidas, está trufado de constantes alusiones a la “legalidad vigente”, como queriendo perimetrar las promesas antiinmigrante de Vox que recoge el acuerdo al marco de la legislación. “Lo que no permite la ley y no se puede hacer, no se hará”, anticipaban fuentes próximas al presidente andaluz.

Pero Vox no ha enmarcado esta polémica en el terreno de la legalidad ni de la iniciativa empresarial privada (que tanto reivindica en su discurso económico), sino en el marco mental que considera más rentable en términos políticos y electorales: el discurso del miedo, el odio y el rechazo al inmigrante. “Sevilla es judía, cristiana y musulmana desde hace siglos”, ha respondido Sanz a los envites de sus socios en el Ayuntamiento.

El propio Abascal, que ha intervenido a través de sus redes en la polémica, ha visto a su partido sustentar al Gobierno de Sevilla tras aprobar la licencia de obras para construir un Centro Cultural Islámico promovido por la Fundación Mezquita, con una inversión estimada de 10 millones de euros para la edificación de dos espacios, uno para el rezo musulmán y el otro para las actividades socioculturales.

La parcela de la futura mezquita se encuentra en un barrio con carencias históricas en materia de sanidad, educación, seguridad, transporte y políticas sociales. El Polígono Sur arrastra daños estructurales por falta de empleo, absentismo y fracaso escolar, delincuencia, narcotráfico, pobreza. Es un enclave en el extrarradio de la capital andaluza donde se constituyó, hace años, una autoridad única que concentra las tres administraciones del Estado implicadas en sacar estos barrios del pozo: el Comisionado para el Polígono Sur: Gobierno central, Junta de Andalucía y Ayuntamiento.

Es una zona donde las carencias endémicas de la población son también un aliciente para el discurso populista de la ultraderecha, que ha sabido permear en zonas rurales y barrios obreros, a base de demonizar a otros colectivos, igualmente pobres, igualmente excluidos, pero de otro color, de otro país, de otra raza y de otra religión.

En las elecciones andaluzas del pasado 17 de mayo, el PSOE fue el partido más votado en todos los barrios del Polígono Sur y las izquierdas sumaron más votos que las derechas, aunque el nivel de abstención en estos barrios fue del 47,6%. Vox fue la segunda fuerza con más apoyos en muchas calles de este distrito municipal, muy por encima del PP, que cuenta con un respaldo residual.

El Consejo de Gobierno andaluz conformado por PP y Vox ha aprobado en su reunión de este jueves, 30 de julio, los decretos de estructura de sus 13 consejerías, el mismo número con el que terminó la legislatura anterior aunque durante más de un año hubo hasta 14 departamentos. Pese a ello, se ha incrementado en 13 el número de altos cargos respecto al gobierno anterior del PP-A, lo que se ha justificado con que es necesario para la administración autonómica “funcione como un reloj” y adaptarse mejor al nuevo organigrama del Gobierno.

El primer Gobierno de Juan Manuel Moreno (PP) como presidente, entre 2019 y 2022 y en coalición con Ciudadanos, contó con 11 consejerías, lo que en su momento se vendió como un ejercicio de ahorro y austeridad, aunque progresivamente fue aumentando el número de altos cargos. En la pasada legislatura esta cifra se elevó durante más de un año hasta 14 departamentos, volviendo a 13 cuando tras la crisis de los cribados de cáncer de mama asumió la Consejería de Sanidad el ya consejero de la Presidencia, Antonio Sanz.

La vicepresidenta tercera, consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España (PP) ha señalado, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, que señalado que la aprobación de estos 13 decretos de estructura de consejerías es “para tener activada toda la maquinaria de la Administración autonómica”.

Carolina España ha remarcado que lo que pretende el primer Gobierno andaluz conformado por PP y Vox tras las elecciones del 17 de mayo es “poner en marcha toda la Administración autonómica para que cuanto antes funcione todo como un reloj”, con el “objetivo prioritario” de “sacar adelante en tiempo y forma los presupuestos de la Junta de Andalucía”.

“Razonable” que haya más cargos

A preguntas de los periodistas sobre si se ha producido un aumento en el número de altos cargos respecto al Gobierno anterior, que también presidía Juan Manuel Moreno y que era del PP en solitario, la consejera portavoz ha indicado que se han creado “13 nuevos centros directivos entre direcciones y secretarías generales”, lo que se traduce en “13 nuevos altos cargos”.

Carolina España ha querido subrayar en ese punto que en relación al Gobierno anterior no se ha producido un incremento en el número de consejerías, e incluso la Junta tiene ahora una menos respecto a las 14 que llegó a tener en la segunda mitad de la legislatura anterior, concretamente entre julio de 2024 y octubre de 2025. En este contexto, ha defendido que “es razonable que haya más cargos intermedios”.

Tras destacar que en las otras comunidades autónomas que han tenido recientemente elecciones –Extremadura, Aragón y Castilla y León– sí han aumentado su número de consejerías, a diferencia de lo que ha ocurrido en Andalucía, la consejera ha explicado que en el nuevo Gobierno se han creado consejerías nuevas, como la de Vivienda y la de Inteligencia Artificial. Por ello, “hay que adaptar las direcciones generales y las secretarías a las nuevas consejerías, y ese es el motivo fundamental de los 13 altos cargos” que se han introducido en el nuevo Gobierno.

Vox recupera a Alejandro Hernández

Por lo que respecta al departamento que gestiona Manuel Gavira, responsable de Vox en Andalucía, la Vicepresidencia segunda y Consejería de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local contará con 11 altos cargos. En concreto, son el viceconsejero (el catedrático Rafael Sánchez Saus, que a finales de los 80 aspiró a ser el líder nacional de Falange Española) cuatro secretarías generales, una secretaría general técnica y cinco direcciones generales.

Contará además con ocho delegaciones territoriales de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, de los que ya han sido nombrados cinco, los de Cádiz, Córdoba, Granada, Jaén y Málaga. Para el puesto de Córdoba, Vox ha recuperado para la política al que fuera su portavoz parlamentario andaluz Alejandro Hernández, diputado por esta provincia en las dos primeras legislaturas de Moreno como presidente.

Por su parte, la Vicepresidencia primera y Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias, que dirige Antonio Sanz (PP), que va a contar con dos viceconsejeros, de Presidencia y de Sanidad. A ellos hay que sumar que la nueva directora gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), María de los Ángeles García Rescalvo, tendrá rango de viceconsejera.

El exalcalde de Jaén, a Andalucía Global

Al departamento que dirige Sanz llega también el que fuera alcalde de Jaén entre 2023 y 2025 y actual portavoz del PP en el Ayuntamiento de Jaén, Agustín González Romo, tras ser nombrado nuevo director general de Andalucía Global. Esto conllevará su salida del Consistorio jiennense, donde se mantenía como concejal tras haber sido desalojado en enero de 2025 por una moción de censura suscrita por PSOE y Jaén Merece Más

Por lo que respecta a otras consejerías, Loles López mantiene como consejera de Servicios Sociales, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía competencias en materia de violencia de género y de menores migrantes no acompañados. Asimismo, contará con la que fuera parlamentaria del PP-A por Almería Rosalía Espinosa como nueva directora del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), órgano adscrito a su departamento.

En lo que respecta a la Consejería de Universidad, Industria, Energía e Innovación que ha asumido Jorge Paradela, contará con una dirección general específica para la financiación, infraestructuras y recursos universitarios. Igualmente, adscrito a la Secretaría General de Industria y Energía, incorpora a un Comisionado para la Electrificación de Andalucía “con la encomienda de acelerar el desarrollo de las infraestructuras eléctricas que exige el crecimiento económico que experimenta Andalucía”.

El Ayuntamiento de Sevilla, como estaba previsto, ha dado luz verde este martes al proyecto de la gran mezquita en el Polígono Sur y también, como estaba previsto, Vox ha vuelto a reaccionar amagando de nuevo con romper toda relación con el gobierno del alcalde José Luis Sanz (PP). Pero la cosa no ha pasado de ahí, de proclamar que “han perdido la confianza” en los populares, que paralizan toda relación –sin llegar a darla por rota– y que van a presentar un recurso de alzada contra la decisión de Urbanismo, paso previo en unos meses a irse a los tribunales por la vía contencioso-administrativa.

La mezquita ha llevado al límite la relación en el Consistorio hispalense entre PP y Vox, donde son aliados presupuestarios (suscribieron pactos para las cuentas de 2025 y 2026) y donde los de Santiago Abascal se han convertido en la llave para que Sanz apruebe numerosas iniciativas en el pleno municipal. El deterioro de esta luna de miel se enmarca entre dos hitos, la reciente alianza PP-Vox en la Junta de Andalucía y la inminencia, en 2027, de la celebración de elecciones municipales y generales, en las que ambos partidos pugnan por un mismo sector del electorado.

El gobierno del PP ya había anunciado que la iniciativa de la Fundación Mezquita de Sevilla sería aprobada este martes tras rechazar las alegaciones urbanísticas presentadas por la formación de ultraderecha. En los informes elaborados para dilucidar estas reclamaciones, Urbanismo concluye que “la administración está obligada a dictar resolución expresa de otorgamiento cuando los informes técnico y jurídico son favorables”, como es el caso de este proyecto privado. “La administración carece de discrecionalidad”, apostilla, lo que ha secundado el propio Sanz este martes: “No cruzaré la línea de violar la ley”.

Frenarla como sea

Por su parte, Vox insiste en frenar de cualquier manera esta construcción en el Polígono Sur, que presenta como el primer paso para “islamizar toda Sevilla”. Al no atender el alcalde su petición de encargar un nuevo informe sobre la licencia, esta vez a los servicios jurídicos municipales y no a los de Urbanismo, la formación de ultraderecha ha dado un primer paso para visualizar su malestar: la suspensión de la comisión de seguimiento del pacto presupuestario, cuya convocatoria había solicitado recientemente y que se iba a celebrar este miércoles.

Para escenificar su malestar con el PP, en la sede del grupo municipal han comparecido concejales y parlamentarios de Vox, entre los que estaba su portavoz en el Parlamento andaluz, Javier Cortés, que minutos antes subió en X un mensaje con una imagen generada con inteligencia artificial del alcalde con ropaje musulmán. “El PP de Sevilla aprueba definitivamente la islamización del Polígono Sur y de los barrios que lo rodean”, denunciaba, aunque en el acto descartó consecuencias más allá del ámbito local porque “son dos mundos diferentes y así lo vamos a tratar”.

De todos modos, Vox parece dispuesto a jugar con los tiempos, ya que no ha querido elevar su malestar a definitivo dando por roto el pacto o incluso las relaciones con el PP. Eso sí, considera que “el alcalde se ha posicionado en contra de los vecinos” y ha sembrado dudas sobre la “intención real” del proyecto, su financiación y el “oscurantismo” con el que se ha tramitado. Como colofón, otro amago sin llegar a concretar de manera rotunda: “Es casi imposible mantener a un gobierno que le pone la alfombra roja a un centro de islamización”.

Concejales y parlamentarios del partido de ultraderecha acudieron a la concentración de este lunes en la que varias decenas de personas expresaron su rechazo a la mezquita, y en la que se dejaron ver varios miembros de la formación neonazi Núcleo Nacional. El portavoz municipal de Vox, Gonzalo García de Polavieja, ha asegurado este martes que no saben quién convocó la protesta, y ha llegado a defender que la presencia de neonazis será “responsabilidad” del resto de partidos si insisten en “promover la islamización”.

“Ni he prevaricado nunca ni lo voy a hacer”

El alcalde, José Luis Sanz, ha acudido por su parte a un acto de vivienda pertrechado con un ejemplar de la Constitución, que ha exhibido cuando ha sido preguntado por esta cuestión para recordar que su artículo 16 habla de la libertad de culto. “Cuando gobiernen en Madrid, si gobiernan alguna vez, que se plantee cambiar, entre otras cosas, esta Constitución”, ha esgrimido, al tiempo que ha expresado su perplejidad por que “podría ser el primer acuerdo político que en la historia de nuestra democracia se rompiera por cumplir la ley”.

Por ello, considera “incongruente” la postura de su aliado presupuestario, al que ha vuelto a agradecer la “estabilidad” que ha aportado a la ciudad con su apoyo, por lo que no cree que ahora la vaya a romper “por intereses de partido o personales” con la vista puesta en las próximas elecciones municipales. “El acuerdo se ha cumplido en un 90% y ha beneficiado a la ciudad, pero no cruzaré la línea de violar la ley”, de ahí que haya abogado por “tomarnos un descanso” con el pacto antes de darlo por roto.

“Ni he prevaricado nunca ni lo voy a hacer”, ha abundado Sanz, y en esta línea, ha recordado que el Ayuntamiento ha aprobado la licencia “para no prevaricar”, al contar con el “visto bueno” de los informes jurídicos de los técnicos de Urbanismo. “Tampoco podríamos haber ralentizado esa licencia de obra, porque eso también sería prevaricación”, ha apostillado, alegando que la única manera de frenar la iniciativa hubiese sido con argumentos jurídicos: “Pensábamos que Vox podía haber presentado un informe, que ellos dicen que tienen, que plantea dudas sobre la viabilidad, pero desgraciadamente no lo ha hecho”.

Un “marco jurídico sólido”

La palanca que ha intentado activar los concejales de ultraderecha ha sido la de que la licencia que se concede no se ajusta al proyecto presentado en Urbanismo. Los promotores lo presentan como un centro sociocultural que incorpora una mezquita, cuando a juicio de Vox es este uso su función principal, algo que han descartado en su informe los técnicos.

Como también se ha rechazado su petición de convocar una consulta entre vecinos y expertos, una puerta que abre el PGOU en determinados casos, el siguiente paso será un recurso de alzada para lo que tienen 30 días, abriéndose a continuación un plazo de tres meses para que Urbanismo responda. Vox llevará la resolución al máximo órgano de gobierno urbanístico, en el que tienen representación todos los partidos de la oposición, para forzarlos a retratarse.

A todo esto, la Fundación Mezquita de Sevilla ha hecho público un comunicado en el que se felicita por la obtención de la licencia, a la vez que ha agradecido a las instituciones “su labor velando por que el procedimiento haya llegado a buen término, haciendo prevalecer la ley frente a las ideologías”. “Es motivo de alegría para nosotros, así como debería serlo para todos los sevillanos, confirmar que vivimos en un marco jurídico sólido”.

El acuerdo entre PP y Vox para la gobernabilidad de Andalucía despierta voces críticas con un pacto en el que se rechaza frontalmente a los niños migrantes y se refrenda el negacionismo climático, pese a que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, lo mencionara como un factor determinante en el incendio de Almería. Frente a la prometida estabilidad de la vía andaluza, organizaciones, entes sociales y sindicatos piden una apuesta común por el reparto equitativo de recursos y no ceder en los derechos adquiridos. El documento de 150 puntos se divide en 15 secciones que abarcan desde la fiscalidad, la inmigración, a la familia, la cultura y el turismo o las leyes ideológicas, que despiertan dudas y preocupaciones entre distintos sectores.

El reparto de las 150 medidas da cuenta de la importancia que le otorga a cada sección los partidos conservadores, el Sector Primario (33 puntos), la Sanidad (29), así como Vivienda (14), Inmigración (12) y Fiscalidad (11), se llevan la palma, a lo que luego le seguiría Educación (diez), Energía, industria y empleo (nueve), Familia (ocho), Medio ambiente (seis), Cultura y turismo (cinco), Gasto superfluo (cuatro), Justicia (tres), Movilidad y Transporte (tres), Leyes ideológicas (dos), y, por último, el punto 150 referido a la Lealtad institucional y Comisión de seguimiento.

Vox, que ha rebajado el tono en las cuestiones relacionadas con el feminismo y el colectivo LGTBIQ+ a lo largo de esta campaña autonómica para encarar las generales con el mayor espectro posible de votos, ha puesto énfasis en la 'prioridad nacional' a través de la inmigración y, a su vez, en el campo andaluz como sus dos estandartes principales, aunque finalmente la consejería designada para el líder andaluz de la ultraderecha andaluza, Manuel Gavira, haya sido Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local. El campo andaluz será feudo del PP, con Ramón Fernández-Pacheco al frente, al igual que Sanidad, que confía Moreno a su gestor fuerte, Antonio Sanz, y la recién creada Consejería de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, a cargo de Rocío Díaz. Tres áreas que, aún siendo baluarte de los populares, se someten a las exigencias de la ultraderecha.

Las políticas agrarias: “No hablan de la falta de rentabilidad”

“Es paradójico que algo más de medio millón de andaluces, que representan el 6% de la población, marque las políticas agrarias de los próximos cuatro años”, sentencia Jesús Cózar, secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) de Andalucía. “Muchas de las medidas propuestas ya se están llevando a cabo, como las relacionadas con la competencia en materia de aguas o la instalación de balsas de agua, y hay otras que no le competen a la Junta de Andalucía, como las relativas a la PAC [Política Agraria Común]”, detalla, “y ninguna de ellas habla del principal reto del sector primario andaluz: la falta de rentabilidad de las explotaciones”.

Al respecto, considera que la Junta debería de la mano del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para desarrollar y aplicar la Ley de la Cadena alimentaria y proteger al eslabón más débil: el productor. “Se puede hacer mucho más para evitar el cierre de muchas plantaciones, pero no lo vemos, al igual que ocurre con el control de los productos que entran en nuestro territorio o, también, las exigencias en calidad”, asegura. En todo caso, rechaza el modelo de producción intensiva y extensiva: “Las pequeñas y medianas explotaciones somos las que evitamos la despoblación, la desertificación, los incendios, las que velamos por la sostenibilidad económica, social y ambiental, cosa que no ocurre con el modelo intensivo, donde los tenedores de la tierra son grandes fondos de inversión... Cuando no les salgan las cuentas, las pondrán en otra parte”, critica el representante de UPA.

Entre las medidas “positivas” está la reducción de tasas relacionadas con los trabajadores para ayudar a la productividad o, también, la implementación de productos locales en los comedores escolares y administraciones, una cuestión en la que, también, se venía trabajando. A su vez, da por buena la protección del suelo fértil para evitar la macroinstalación de placas fotovoltaicas, pero conllevará una importante discusión: “Nos topamos con la libre elección de cada ciudadano porque, una vez más, nuestros cultivos no son tan rentables como estos huertos solares”.

Un punto en el que Cózar contempla la mayor incongruencia del Gobierno andaluz es el negacionismo del cambio climático. “No lo entendemos. Somos el sector que está padeciendo directamente los problemas derivados del cambio climático, como en nuestras cosechas afectadas por golpes de calor, épocas largas de sequía, o las trombas de agua que han generado desperfectos que jamás habíamos visto. En abril alcanzamos los 40 grados, provocando la quema de la flor del olivo y mermando así las cosechas. El techo de nuestra fábrica es el cielo, y las consecuencias ya las estamos padeciendo”, razona, “que se evide la Agenda 2030 o el Pacto Verde Europeo, donde se intenta paliar y mejorar un poquito uno de nuestros principales retos: no tiene sentido común”.

“Convierten derechos en privilegios”

Acerca de los derechos sociales que toca el acuerdo en el marco de la 'prioridad nacional', englobados en el apartado de inmigración y que señalan tanto el empadronamiento de las personas en situación irregular como el rechazo a la entrada de niños migrantes, Maribel Mora, abogada y miembro de la APDHA, indica que los recortes se han ido profundizando en las dos legislaturas anteriores. “Ya había exclusión en el acceso a la vivienda, abandono de familias migrantes y refugiadas, deterioro de los servicios sociales, así como recortes encubiertos en igualdad, memoria democrática o cooperación, y una gestión cada vez más restrictiva de los derechos sociales”, mantiene.

“Lo que hace Vox ahora es obligar al PP a escribir sobre el papel lo que, en muchas ocasiones, ya venían haciendo por la vía de los hechos: convertir derechos en privilegios y señalar a las personas más vulnerables como problema político y enemigos de la sociedad”, subraya.

Frente al alarmismo desperdigado por Vox, hay varios datos a poner sobre la mesa. Por un lado, el informe Estado de salud y uso del sistema sanitario por la población migrante en España, publicado por el Ministerio de Sanidad en mayo de este año, refleja que el uso del sistema sanitario sigue siendo mayor entre las personas nacidas en España (92,3%) frente a las personas nacidas en otro país (90,6%). De este último cómputo, un 92% corresponden a ciudadanos de la Unión Europea mientras que los latinoamericanos representan el 94,4% y los africanos un 85,2%. Además, se subraya que la reforma que recuperó el acceso universal para las personas en situación irregular se ha implantado a nivel autonómico de forma “desigual, perpetuando algunas situaciones de exclusión sanitaria”. “Esto nos afecta a todos como sociedad y deberíamos estar muy preocupados, porque Vox consigue normalizar a través de su bandera ideológica que hay vidas que merecen menos protección institucional y dignidad que otras”.

Asimismo, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 reflejaba en la memoria de 2024 sobre el Sistema de información de usuarios/as de servicios sociales (SIUSS) que de un total de 3.445.227 millones de usuarios, un 78,5% eran españoles (2.708.067 personas) y un 21,4% eran de otras nacionalidades (737.160 personas). En este último porcentaje, se repartiría de la siguiente manera: América Central y Sur (9,26%); Magreb (5,21%); Unión Europea (2,7%) y del resto del continente europeo (1,5%), a lo que le seguiría África subsahariana (1,04%). A su vez, las dificultades para el acceso a la vivienda se verán ahora redobladas por los requisitos de arraigo que podrían perjudicar tanto a los andaluces residentes en el extranjero que deseen volver a la comunidad como a los recién llegados, llegando a ser un 65% los que sufren estrategias de bloqueo.

De igual forma, la pensión no contributiva se distribuye a 471.309 en todo el país y, según el perfil de 2025 publicado por el Imserso, hay un 91,7% (432.157) que son nacionales españoles, mientras que un 8,2% corresponden a otras nacionalidades (un 2,26% es del resto de la Unión Europea y un 6% a otros países). A ello, habría que sumar que, de media, las personas extranjeras reciben hasta 4.000 euros anuales de media en Andalucía que un español (26.337 euros frente a 22.063 euros). Por tanto, expresa Mora, la 'prioridad nacional' “es una estrategia diseñada expresamente para criminalizar a estas mismas personas a las que se lanza a una mayor exclusión”.

Rebajas del IRPF

PP y Vox coinciden en la rebaja de impuestos. Una tesis que refuerzan a través de 11 puntos, entre los que destacan las deducciones de hasta 1.500 euros por nacimiento o adopción para fomentar la natalidad, así como el incremento del 50% para las familias numerosas. Pero también habrá una bajada progresiva del IRPF para las rentas inferiores a 60.000 euros, pero, ¿quién forma parte de esa escala? Los datos de la renta media por hogar de las declaraciones del IRPF de 2023, publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), ayudaron a crear el mapa de elDiario.es.

En Andalucía, la renta media anual neta por hogar es de 32.378 euros, por debajo de la nacional que se sitúa en los 38.326 euros. A partir del mapa, se observa que por debajo y alrededor de esta cifra está el 50% de la población (un 32% tiene una renta media de entre 18.600 y 30.800 euros, mientras que el 18% oscila entre los 30.800 euros y los 34.000 euros). Por tanto, hay hasta seis tramos superiores, y más ricos, que se beneficiarían de esta bajada de impuestos, alrededor de un 42% de los hogares andaluces. Al respecto, Rafael Gelo, secretario de Política Institucional de UGT Andalucía, critica que, citando las palabras del propio presidente andaluz en referencia a las propuestas de Vox en campaña, “se está engañando a los ciudadanos”.

“Las rebajas fiscales comprometen los presupuestos del 27 al 30, ya que es un cheque en blanco para la desigualdad y no explican cómo se va a financiar la sanidad, la educación, la dependencia o los servicios sociales si van a disminuir los ingresos”. Aparte, menciona el rechazo a la condonación de la deuda para Andalucía y la financiación autonómica como una pérdida de recursos para equilibrar las cuentas de la comunidad. “Con esta reducción, las rentas más bajas no se verán beneficiadas, porque, o no declaran sus ingresos al estar por debajo del mínimo o será un porcentaje prácticamente inexistente. Bajar el mismo tipo a las rentas más ricas va a perpetuar la brecha social”, subraya.

Por otra parte, ampliar la bonificación del impuesto de Sucesiones y Donaciones a tíos y sobrinos —siempre y cuando lo permita las normas de sostenibilidad financiera, admite el acuerdo— resulta beneficioso “de nuevo, a las clases sociales más acomodadas, ya que la mayoría de las personas trabajadoras no reciben herencias significativas y la eliminación de este impuesto lo único que hace es ayudar a las desigualdades de origen”. Con respecto al sector primario, si bien admite que los autónomos y las pequeñas explotaciones necesitan apoyo, esta reducción tendría que estar condicionada por el mantenimiento del empleo y la exigencia del cumplimiento de los convenios colectivos y derechos laborales. “Hay que cuidar el sector primario en Andalucía, pero seguimos manteniendo el principio de, quien contamina, paga, porque serán las familias quienes pagarán los sobrecostes sanitarios de la contaminación”, asevera.

Con relación a la eliminación de los topes de renta para la aplicación de deducciones autonómicas para las familias numerosas, el representante sindical incide en que “el número de personas no determina por sí solo que tengan riesgos de vulnerabilidad, y de esta forma lo que se consigue es que los hogares ricos reciban lo mismo que las familias mileuristas cuando, para ser justos, debería considerarse la renta, la situación laboral y de dependencia, entre otras cuestiones”. Así como pide que las medidas para recuperar la natalidad sea basada en una educación “pública y gratuita”, en vez de incentivos “injustos”.

En cuanto al punto relacionado con los sindicatos, que el acuerdo advierte que reducirá las subvenciones en un 50% tanto para ellos como para las organizaciones empresariales y entidades privadas sin utilidad pública, Gelo es claro: “Nos mantenemos gracias a las aportaciones de nuestros afiliados y, en cualquier caso, trabajamos diariamente y contribuimos al bienestar de Andalucía”. Voces críticas con este acuerdo que, a partir de septiembre, será la hoja de ruta del Gobierno andaluz durante los próximos cuatro años.

“En el otoño de 1977 llegó a la sede de Falange Española de las J.O.N.S. -calle Cuna- un joven universitario. Cursaba el último año de Historia en la Facultad de Letras. Había organizado un ciclo de conferencias en la Universidad sobre algo que para él era motivo de inquietud y objeto de amor: ESPAÑA. Se llamaba Rafael Sánchez Saus”.

Así comienza el prólogo de las Consideraciones para una propuesta inactual, una conferencia pronunciada el 10 de marzo de 1989 en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid por el profesor Rafael Sánchez Saus (Albacete; 1956), exconsejero nacional de Falange Española y candidato frustrado a la dirección nacional del partido ultraderechista con 31 años, que el miércoles fue nombrado viceconsejero de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local del nuevo Gobierno andaluz de Juanma Moreno. Su designación depende directamente del vicepresidente de la Junta y líder regional de Vox, Manuel Gavira, titular de esta cartera.

El primer Consejo del Gobierno de coalición PP-Vox, reunido el miércoles, aprobó el nombramiento de los segundos y terceros niveles jerárquicos de las 13 consejerías. La Junta difundió luego una breve biografía de cada viceconsejero. En el caso de Sánchez Saus: doctor en Historia por la Complutense, catedrático de Historia Medieval en la Universidad de Cádiz, exrector de la Universidad CEU San Pablo (de la que sigue siendo rector honorario); consejero nacional de la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP), miembro de la Real Academia de la Historia, de la Academia Hispano Americana de Cádiz y de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras, así como autor de más de 20 libros.

“Puedo seguir admirando la figura de Primo de Rivera”

Uno de esos libros se titula Por qué Vox. El despertar de la derecha social en España (Editorial Homo Legens), recopilación de sus artículos en Diario de Sevilla, donde glosa las virtudes y el auge del partido de Santiago Abascal, que acaba de colocarle en el primer Gobierno andaluz del PP con la ultraderecha. En la breve reseña sobre él distribuida por la Junta a los medios de comunicación no aparece este libro ni tampoco referencias a sus orígenes políticos.

A preguntas de este periódico, el viceconsejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local explica que “aquella época forma parte de un pasado que ya está enterrado”. “Es una parte de mi memoria sentimental, pero no representa mi forma de pensar hoy y no significa nada para mi labor como viceconsejero de la Junta de Andalucía”, advierte. Sánchez Saus subraya que “nunca ha renegado” de su pasado falangista, pero insiste en que “no tiene influencia sobre mi pensamiento actual”, y apostilla: “Yo puedo seguir admirando la figura de José Antonio Primo de Rivera, pero para nada me considero ya un falangista”.

Con todo, es difícil encontrar rastro de su pasado en la Falange Española en ninguno de sus múltiples libros, entrevistas o artículos publicados. El discurso que pronunció en la Complutense en marzo de 1989, editado por un particular en Sevilla ese mismo año, es una rareza documental. El texto, al que ha tenido acceso elDiario.es, está prologado por Abelardo Linares Muñoz, jefe provincial de Falange en aquella época, quien recuerda “con júbilo” que Sánchez Saus, “siendo ya profesor de Historia en la Universidad de Cádiz, ”se afilió en otoño de 1981“ al partido ultra, en la sede de la calle Méndez Núñez de Sevilla, ”y sobre la marcha le nombré Jefe de Juveniles y Subjefe provincial“.

Años después, tras ascender en la jerarquía del partido, presentaría su candidatura a la Jefatura Nacional de Falange Española de las J.O.N.S. en el Consejo Nacional del partido celebrado el 4 de julio de 1987. “Aquello fue una operación en la que estuvimos unos pocos con idea de propugnar una actualización de la Falange, para que empezase a trabajar como un partido político con respeto a las libertades ciudadanas. Si hubiera tenido sospecha de que iba a salir elegido, no me habría presentado. Fui un candidato testimonial”, explica el hoy viceconsejero, en conversación con este periódico.

“La democracia estaba aún por descubrir”

Las actas de aquel congreso de Falange testimonian la división interna que estaba sufriendo el partido fundado por José Antonio Primo de Rivera. El nombre de Rafael Sánchez Saus aparece [con una errata en el apellido] en un fanzine autoeditado por la jefatura territorial de Falange en Galicia, en julio de 1987: “como jefe nacional del partido fue reelegido Diego Márquez Horrillo, con 145 votos, contra los 44 que consiguió Rafael Sánchez Sanz [sic]”. “También se acordó nombrar consejera nacional con carácter vitalicio a Pilar Primo de Rivera, hermana de José Antonio (...) Y al final de la asamblea se cantó el Cara al Sol, dando los gritos de rigor el jefe nacional, terminando con la evocación de José Antonio, que todos los asistentes contestaron con un vibrante ¡presente!”.

El hoy viceconsejero andaluz de Turismo recuerda que “tuvo que presentarse” a la dirección nacional de Falange, “porque el que iba a dar el paso para disputar el mando” a Márquez Horrillo -Luis López Novelle- “decidió retirarse casi el último día”. “Aquella España vivía un clima político muy diferente al actual, la democracia estaba aún por descubrir, había que asimilar el marco constitucional y sus valores”, relata sobre la España de finales de los 80. “Yo estaba en Falange por puro convencimiento, pero las líneas que defendían entonces ya eran irrelevantes. Sólo nos interesaban a cuatro gatos”, argumenta.

Después de aquel congreso y su candidatura frustrada, Sánchez Saus recuerda: “pedí la baja como militante y me desvinculé del partido”. Apenas dos años después pronunció aquella conferencia en la Universidad Complutense de Madrid, donde volvió a plantear una reflexión y propuesta para actualizar el partido “ante la situación de Falange Española, ante el estado actual y las expectativas del movimiento que constituyó el más noble intento de regeneración de la vida política y social de nuestra Patria en este siglo”.

En aquella disertación, Sánchez Saus se lamentaba de “los errores estratégicos” de Falange Española que ya había denunciado al presentar su candidatura, dos años atrás, lamentando que no habían sido “rectificados”, sino que se habían “intensificado”, conduciendo a la “quiebra económica, ideológica, organizativa y moral” del partido, hasta el punto de que “ha desaparecido virtualmente del panorama político”. En las elecciones generales de aquel año (1989), Falange obtuvo 24.025 votos, un 0,12% del escrutinio.

El viceconsejero andaluz de Turismo se muestra sorprendido de que “esté circulando una copia de aquella conferencia” suya en Madrid del año 89. “Creo que ni siquiera está en el Depósito Legal, fue una edición particular que hizo un amigo mío en Sevilla, al que le gustó mucho mi discurso, pero que tuvo muy pocos ejemplares y una circulación muy restringida”, dice. El documento es una exaltación de la ideología ultra de Falange, pero muy crítico con la deriva del partido en manos de sus dirigentes de entonces. “El mensaje falangista se ha pauperizado de tal modo que cuesta reconocer en él sombra de un pensamiento que un día deslumbró a varias generaciones de universitarios españoles”, dice.

La revista Disidencias publicó aquel mismo año un reportaje sobre el declive de la ultraderecha en España. “Los falangistas carecen de posibilidades objetivas de intervenir, ni siquiera como espantapájaros del sistema, en la vida política nacional”, decía el texto, que Sánchez Saus también cita en su conferencia, para luego añadir: “Como falangista, aunque me duela la frase, debo agradecer al redactor no sólo la claridad, sino el mismo hecho de ocuparse de nosotros, cosa que hoy nadie hace en España”.

Casi cuarenta años después, Sánchez Saus es un académico que conserva aquella narrativa nacionalcatólica en sus textos, vuelve a estar alineado con otra organización ultraderechista, es un intelectual de referencia para el partido de Santiago Abascal y autor de numerosos artículos en prensa donde abomina de la autonomía andaluza, aborrece la Ley de Memoria Histórica [“una ley de revanchistas”], es visceralmente antiabortista, alerta sobre la supuesta “islamización” de Andalucía y España, insulta a los miembros del Gobierno de Pedro Sánchez -a los que tilda de “orcos”- y despliega otros hitos de la ideología neofascista.

En uno de esos artículos [Prisioneros del odio], publicado el 6 de septiembre de 2018, habla del franquismo como “aquellas décadas que cambiaron la suerte de España a base de ofrecer pan y dignidad a los españoles”. En otro, del 3 de octubre de 2019 [El Valle y la derecha vil], define al dictador fascista como “un jefe de Estado reconocido internacionalmente de forma unánime durante 35 años, de cuya acción de gobierno en esas décadas dimana la España nueva que hizo posible la Monarquía parlamentaria, el régimen democrático y la Constitución”. O exalta al periodista y escritor falangista Rafael García Serrano, “al que se ha hecho desaparecer de la memoria, como al amor de su vida, la Falange” [Buitres; 11 de julio de 2013].

Sánchez Saus explica que desde 2005 es miembro de la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP), “muy opuesta en sus planteamientos a la Falange”, y que este rol “sí ha marcado absolutamente mis actitudes y formas de pensar en el presente”. La ACdP, con 118 años de historia, es una organización muy vinculada al ideario de la derecha ultraconservadora española, desde Vox y el ala dura del PP hasta asociaciones ultra como Hazte Oír o Neos.

Está detrás de las universidades y colegios CEU, fundada en 1909 por el jesuita Ángel Ayala, y en 2022 se hizo popular por participar en la difusión de carteles en más de 30 ciudades de España donde se podía leer: “rezar frente a una clínica abortista está genial”. En un seminario organizado por la la CEU, Sánchez Saus ya advertía, citando un texto de los años 80, contra “el acceso masivo de la mujer al trabajo y la posibilidad de la contracepción [métodos anticonceptivos] llevada a límites extremos”. “¿Estamos en condiciones de discutir estos tabúes de la sociedad actual?”

“Rechazo frontal”

El pasado miércoles, el presidente Juanma Moreno le nombró número dos en la cartera de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, que gestiona Vox, en cumplimiento de un acuerdo de Gobierno con 150 medidas que incluye el “rechazo frontal” a acoger a niños inmigrantes, la auditoría del coste segregado de los pacientes extranjeros para el Servicio Andaluz de Salud (SAS); la prohibición del burka y el niqab en espacios públicos; la eliminación de las clases de Lengua Árabe y Cultura Marroquí apelando a razones de “convivencia” en las escuelas andaluzas, el cuestionamiento de las políticas ambientales y contra el cambio climático y la derogación de la Ley de Memoria junto a otras “leyes ideológicas”, como la de Igualdad entre hombres y mujeres o la Ley de Lucha contra la Violencia de Género.

En aquella conferencia, que fue publicada ese mismo año 1989 en Sevilla por una imprenta menor, Sánchez Saus terminaba diciendo que la “vieja, entrañable y gloriosa Falange a la que tantos hemos dedicado tanto durante tanto tiempo, empezando por los que no escatimaron su sangre” (...) “ha dejado de ser un grupo político para conformar una especie de secta que presenta los caracteres principales de este género de sociedades, a saber: Huida permanente de la realidad; Refugio en el mesianismo; e Instauración de la adhesión incondicional al Jefe como forma única de control y selección”.

La comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, gobernado en minoría por el PP, debatirá este viernes si concede la licencia de construcción a un centro cultural islámico, con una mezquita, junto al Polígono Sur, uno de los distritos más desfavorecidos de la capital andaluza, donde se ubican las Tres Mil Viviendas.

La propuesta, aunque se trata de una iniciativa privada en suelo privado, requiere los pertinentes permisos del Consistorio, y esto ha soliviantado sobre manera a Vox, socio del alcalde José Luis Sanz (PP) para la aprobación de sus Presupuestos y, desde hace una semana, socio también del futuro Gobierno andaluz de Juanma Moreno.

El grupo municipal de Vox cargó duramente contra los populares el martes, tras conocerse detalles del proyecto, pero ha sido el propio líder de la ultraderecha en Andalucía, Manuel Gavira, a la sazón, vicepresidente 'in pectore' de Moreno, quien ha tomado las riendas de la polémica, este miércoles para trasladarla personalmente al Parlamento andaluz.

El grupo municipal de Vox ha suspendido la convocatoria de prensa que tenía prevista para dejar a Gavira todo el protagonismo sobre este asunto. El futuro vicepresidente andaluz ha anunciado que harán lo posible por “paralizar” la construcción de la mezquita y, de paso, forzando un simil extraño entre esta iniciativa privada y la famosa “prioridad nacional”, el concepto antiinmigrante que aparece en el pacto PP-Vox. “Estamos en contra de la islamización de nuestros barrios y de esta prioridad musulmana”, ha dicho.

Gavira se ha llevado consigo al Parlamento un recorte del diario Abc, con el siguiente titular: La mezquita del Polígono Sur tendrá centro médico de 'prioridad musulmana', comedor e información para turistas. “Estoy esperando que todas esas personas que decían que Vox era racista, que lo digan ahora de esto. A todos esos que decían que la prioridad nacional era ilegal, que salgan ahora y digan algo de esto”, ha retado, durante la rueda de prensa.

El futuro vicepresidente andaluz ha aprovechado la polémica sobre la mezquita en Sevilla para defender, con más énfasis, algunos de los postulados xenófobos que aparecen en su acuerdo firmado por Juanma Moreno: la prioridad nacional, que plantea discriminar a los inmigrantes en el acceso a determinadas prestaciones sociales y a la vivienda protegida; pero también la eliminación de las clases de Lengua Árabe y Cultura Marroquí, que imparten 96 escuelas andaluzas para unos 2.000 alumnos.

“Esos defensores del Plan de Lengua Árabe y Cultura Marroquí, que sepan que aquí tienen un centro para dar lengua árabe y cultura marroquí, que no hace falta hacerlo en los centros públicos educativos de toda Andalucía”, ha remarcado Gavira, señalando la página del diario Abc. “Yo lo que quiero es que todos ustedes hoy se vayan con este concepto, prioridad musulmana, y todos los que decían que Vox era racista por lo de la prioridad nacional, que lo digan de esto”, ha insistido.

Un periodista le ha recordado que el concepto “prioridad musulmana” del titular era sólo “una licencia” de la periodista que firmaba esa noticia, y le ha preguntado por qué comparaba el proyecto de una entidad privada -como la mezquita de Sevilla- con la premisa de la “prioridad nacional” que afectará a los servicios públicos, una vez asumido por el futuro Gobierno de PP y Vox.

Gavira le ha afeado que trate de darle “lecciones lingüísticas” y ha insistido en subrayar que su grupo en el Ayuntamiento de Sevilla ha puesto el asunto en manos de los servicios jurídicos del partido para tratar de “paralizar” la construcción del centro cultural islámico. “Vamos a llevar todas las acciones judiciales, políticas y administrativas necesarias para que esto no pase”, dice.

El futuro consejero de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local ha comparado las mezquitas con los “centros de MENAS [menores extranjeros no acompañados]” que gestiona la Junta de Andalucía, y ha defendido que los políticos que permiten estos proyectos “no viven” cerca de ellos. El acuerdo de Gobierno firmado por Moreno y Gavira también incluye, literalmente, la frase: “No más MENAS”, junto a un “rechazo frontal” a que la Junta acoga a más niños extranjeros.

El centro cultural islámico de Sevilla, junto al Polígono Sur, tendrá una mezquita o sala de oración de 400 metros cuadrados y celosía andalusí en su revestimiento exterior. Este proyecto, de la Fundación Mezquita de Sevilla, está a la espera de la obtención de la correspondiente licencia, a la espera de que la comisión de Urbanismo se reúna el viernes para estudiar el expediente.

En cuanto a la mezquita en sí, que ocupará un 20% de la superficie total, estará en el interior del conjunto, “con forma de triángulo, al igual que el solar donde se asentará”, con una decoración inspirada en los paños de sebka de la Giralda, esto es, los paneles arquitectónicos con forma de red de rombos o celosía tan característicos del antiguo alminar, informa Europa Press.

Al hacerse público el proyecto, el grupo municipal de Vox difundió una nota de prensa cargando duramente contra sus socios del PP: “No sabemos si el Gobierno [municipal] del PP se ha rendido al hecho de que se instale con normalidad en Sevilla una cultura que denigra a la mujer; ayer ya lo vimos rindiendo homenaje al converso Blas Infante”, decía el portavoz municipal de esta formación, Gonzalo García de Polavieja.

Polavieja se estaba refiriendo al homenaje institucional al “padre de la patria andaluza” -como viene reconocido en el Estatuto de Autonomía-, celebrado el pasado lunes en el Parlamento, y al que asistió el presidente Moreno y todos los grupos de la Cámara, excepto Vox, que siempre ha dado plantón a estos actos.

Esta vez, su ausencia fue más llamativa, porque en cuestión de horas entrará a formar parte del Gobierno autonómico y Gavira será su vicepresidente, pero él mismo ha confirmado que seguirá ausentándose de estas efemérides porque, dice, “la Andalucía que queremos no es la que representa Blas Infante [al que siempre han tildado de ”islamista“, ”nacionalista“ y ”radical“] Queremos una Andalucía q sea más España”.

Otras mezquitas frustradas en Sevilla

El vicepresidente del patronato de la Fundación Mezquita de Sevilla, Jalid Nieto, ha explicado a Europa Press que la previsión es que las obras estén listas en un periodo máximo de tres años y que antes de que finalice este 2026 puedan comenzar los trabajos. “Se trata del punto de partida de un proyecto privado --recalca-- sobre suelo que no es municipal, a diferencia de lo que ocurrió en Los Bermejales, que dio problemas”.

En efecto, el primer intento de construir una mezquita fue en ese barrio periférico de Sevilla tras un acuerdo en 2004 con el Ayuntamiento, siendo alcalde el socialista Alfredo Sánchez Monteseirín, que cedió una parcela junto a la ronda SE-30. Sin embargo, el proyecto contó con un rechazo vecinal durísimo e incluso hubo una sentencia al respecto por parte del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Con posterioridad, parcelas de Santa Bárbara y Pino Montano fueron también opciones que estuvieron sobre la mesa.

Jalid insiste en la idea de ese carácter privado y en el hecho de que “se ajusta a la ley”. En cuanto a la mezquita, tendrá una capacidad para 400 o 500 personas, por lo que resta importancia al tamaño, dado que se trata de un proyecto “mucho más amplio y existen salas de oración similares en naves o bajos de edificios, parecido al complejo de la M-30 de Madrid, que también contiene salas de exposiciones, de reuniones y una escuela infantil”, por lo que prefiere referirse al proyecto como centro cultural islámico y no reducirlo todo a la mezquita.

La propia fundación ha sido quien ha adquirido el terreno, desechada la vía de la cesión municipal, y para hacer realidad la iniciativa cuenta con diferentes fuentes de inversión, totalmente privadas, según adelantó Abc, de modo que se garantizan que no haya trabas burocráticas y que el complejo, que tiene una altura de dos plantas --salvo la sala de oración, que tiene solo una-- pueda estar levantado en un corto espacio de tiempo en el terreno situado entre las calles Poeta Manuel Benítez Carrasco y Ronda Nuestra Señora de la Oliva, próximo al Parque Celestino Mutis.

El vicepresidente de la Fundación Mezquita de Sevilla valora, además, este emplazamiento y la posibilidad de colaborar de un modo u otro con una zona vulnerable de la ciudad, al tiempo que señala que para atraer una nueva fuente de riqueza a Sevilla, debe contener un centro de negocios e inversiones y una oficina de turismo “que pongan en relación los valores de la ciudad con todas las tierras tradicionales del Islam”.

El objetivo principal del futuro centro cultural islámico es servir como un “vibrante centro comunitario y un referente cultural islámico que satisfaga las necesidades espirituales, sociales y educativas de la comunidad musulmana sevillana”, ofreciendo un espacio para el culto, la enseñanza, el aprendizaje y la interacción intercultural. A la vez, busca “enriquecer la vida cultural de la ciudad y fomentar la convivencia armoniosa”, contribuyendo al desarrollo social y económico sostenible de Sevilla y “proyectando una imagen positiva del Islam”, como recoge dicho documento.

El presupuesto, estimado según el método simplificado del Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla (COAS), supera los diez millones de euros y cubre terreno, construcción, equipamiento y operación. En concreto, la adquisición del terreno, el coste total de la construcción, los costes técnicos, licencias municipales e impuestos, que supone una partida presupuestaria de 10.868.491 euros.

La Fundación Mezquita se creó en 2004 como herramienta legal, de representación de los musulmanes de Sevilla y para la construcción y mantenimiento del centro cultural y mezquita de la ciudad. En la actualidad cuenta con un centro que sirve como 'musal-lah' (lugar de oración) y centro comunitario, un espacio, abierto y activo desde 2002 situado en la Plaza Ponce de León.

El viernes acabó una etapa, o quizá comenzó. Da igual: por fuerza, cuando acaba un periodo debe comenzar otro, porque la historia no acaba nunca, mal que le pese a Fukuyama.

Lo que quiero decir es que al pactar Juanma Moreno con Vox en Andalucía, al PP moderado se le cae la venda de los ojos. Los democristianos, liberales o conservadores tradicionales que quedaran en el PP ya no pueden fingir que su partido está sumido en el “ser o no ser”. Ha decidido que será lo que le exija la ultraderecha.

Los bandazos de Feijóo se revelan ahora como cuestión de carácter, no de ideas. No hace ni un año, en su congreso nacional, el líder popular se descolgó diciendo que quería gobernar solo. Engañó un rato más.

Ya no hay dudas: se plegará a las exigencias de Vox cuando lo necesite. Si lo ha hecho el barón más moderado del PP, no cabe llamarse a engaño. Ningún politólogo riguroso puede seguir sosteniendo que hemos de permanecer atentos a cómo evolucionan las dos almas del PP. Una de esas almas ha llegado al infierno por la vía rápida. Y arde. Por eso decía que la política española inaugura una etapa inédita.

La anterior entrada de Vox en los gobiernos autonómicos se produjo por inercia: ocuparon puestos de menor relevancia y escasa dotación económica. Luego vino el freno y la rectificación. Ahora es estrategia. Por primera vez en 50 años de democracia, el PP está ensayando cómo dar de comer a una fiera sin que se los coma a ellos. Mientras, la ultraderecha ensaya su rol como partido institucional o, dicho de otro modo: cómo devora al Estado desde dentro. Saben dónde pisan. Están coordinados con la ultraderecha global, desde Milei a Trump.

La prioridad nacional está presente en el acuerdo andaluz. Se daba por supuesta. Y era el concepto que todos estábamos mirando. Pero empiezo a pensar que todo este tiempo se ha tratado de un señuelo. Al fin y al cabo, hay numerosas salvaguardas en las leyes nacionales y europeas.

A su vez, cuando todos dirigimos la vista al mismo lugar me pregunto qué queda en la penumbra. Y así he reparado en que en el flamante gobierno andaluz, Manuel Gavira será vicepresidente de Turismo, Justicia, Administración Local y…. Desregulación. La primera vez que la ultraderecha tiene ocasión de convertir la ideología en nomenclatura administrativa, ha elegido la desregulación.

En rigor, no es la primera vez. La coincidencia es absoluta en las cuatro comunidades autónomas. En Extremadura, Vox gobierna sobre los Servicios Sociales y Familia; Agricultura, Ganadería, Medio Natural y… Desregulación. En Castilla y León, Vox ha obtenido las consejerías de Familia y Ayudas Sociales; Agricultura, Ganadería, Medio Rural, Política Ambiental; y Cultura, Turismo y Deporte y… Desregulación. En Aragón, Vox dirige Servicios Sociales y Familia; Agricultura, Ganadería y Alimentación; Medio Ambiente, Turismo y… Desregulación.

Esto es un invento, ni que decir tiene. La obsesión procede de la Argentina de Javier Milei, que inventó el Ministerio de la Desregulación y Transformación del Estado. Algunas de las medidas estrella de esa política se aprobaron en un decreto de urgencia que derogó de golpe unas 300 leyes y abrió la puerta a la privatización masiva de empresas públicas. Además, eliminó legislación de alquileres, controles de precios, regímenes de importación, limitaciones al transporte vial... Ha desregulado tanto que se sospecha que algunas medidas están fomentando la tenencia de armas y estimulando la trata de personas (bien mirado, prohibir la esclavitud no fue sino un repugnante abuso de la regulación).

La desregulación es la ideología que late también tras el DOGE, el departamento de recortes que dirigió Elon Musk cuando su estrella brillaba en la administración Trump. Entre otros hitos democráticos, burló las competencias presupuestarias del Congreso de EEUU. Su legado incluye el desmantelamiento de USAID, la agencia de cooperación internacional de EEUU. El congresista Ro Khanna estima que esa decisión condena a la muerte a millones de niños y niñas en todo el mundo.

Hay que estar muy atentos, porque chirría. La lógica más elemental nos dice que Cultura, Turismo, Agricultura, etc, son áreas. Desregulación es una política. Y el PP se la ha entregado a Vox entera en cuatro comunidades autónomas, o sea, para unos 13 millones de personas.

Desregular significa tomar decisiones sobre qué debe gestionar el Estado y qué no; qué empresas públicas se privatizan; qué protección merecen los menores (y también las mujeres, y los gays y los mayores…); quién puede poseer armas; qué mercado de alquiler queremos… Todo. Entregar desregulación equivale a dejar que Vox decida la perspectiva administrativa desde la cual se hace política. Significa entregar a Vox la motosierra. Y dejarles entrar con ella hasta la cocina.

Bienvenidos a la Andalucía del “gobierno imposible”. Así la bautizó Juanma Moreno durante la campaña electoral, poniéndose en la tesitura de tener que meter a Vox en su Ejecutivo, en caso de perder la mayoría absoluta.

Este domingo tomará posesión como presidente de la Junta en el Palacio de San Telmo, por tercera vez, y la semana que viene nombrará a los 13 consejeros de su gabinete. Uno de ellos, el flamante vicepresidente, será el portavoz de la ultraderecha en Andalucía, Manuel Gavira. Desde hoy, “Manolo”. “Habla tú algo, Manolo, que me estás aquí echando el muerto”, le dijo, en un primer gesto público de afabilidad, para destensar la tensísima comparecencia posterior a la rúbrica del pacto de gobierno PP-Vox, el cuarto en España.

El jueves pasado en el Parlamento, media hora antes de la segunda votación de investidura, ambos líderes firmaron un acuerdo de gobierno y de legislatura que garantiza la aprobación de los cuatro presupuestos autonómicos para un mandato completo, la unidad de voto en todas las medidas que emanen del Ejecutivo de coalición y un reparto de carteras desigual: 12 para el PP, una para Vox. Hasta ahí, la sonrisa etrusca de Moreno.

La única consejería de Vox es una macrocartera que aglutina Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local, con rango de vicepresidencia, “la misma que gestionaba Juan Marín”, líder de Ciudadanos, en el primer Gobierno de coalición que presidió Moreno [2019-2022]. Este paralelismo no es simple anécdota.

El líder popular lo usa como un guiño indisimulado para todos los analistas y periodistas parlamentarios que recuerdan aquella primera legislatura —“la Andalucía encapsulada”; la del “mucho ruido y pocas nueces”— y les viene a la cabeza el papel de comparsa que jugó el vicepresidente de la Junta de Ciudadanos.

Moreno aspira a encajonar a su nuevo socio de Gobierno en el mismo marco mental que al anterior: un aliado dócil, inexperto y autocomplaciente. Tan satisfecho por hacerse un hueco en el Consejo de Gobierno, que terminarían fagocitados políticamente por el PP, borrados del Parlamento [de 21 escaños a cero], reafiliados masivamente al partido de Moreno —antes rival; ahora jefe— y colocados todos en puestos de tercer y cuarto nivel en el nuevo Ejecutivo con mayoría absoluta del PP [a excepción de la consejera de Empleo, que pasó del naranja al azul sin moverse del gabinete].

Esa es la proyección mental que hace el presidente andaluz, esa es la estrategia. Y, a partir de aquí, el desguace de la marca Juanma Moreno, referente de la derecha moderada en España. De la “vía andaluza” a la prioridad nacional. De la “revolución verde” a la contrarrevolución y el “no al fanatismo climático”.

En su libro 'La vía andaluza. Manual de convivencia' (Editorial Espasa) aparece un tigre como metáfora de la política radical e intolerante, lo opuesto a la moderación que defiende su autor. “¿No les parece que todo funciona mejor con la serenidad de Mogwli que con la radicalidad de Shere Kahn?”, escribe Moreno, valiéndose del protagonista y el antagonista de El Libro de la Selva.

En su libro también aparece Sir Winston Churchill que, frente a la amenaza creciente del nazismo y la tesitura de negociar o entrar en guerra contra Hitler, también citó a un tigre, probablemente el mismo: “No puedes razonar con un tigre cuando tienes la cabeza en su boca” (1940).

“Leyes ideológicas”: Violencia de Género, Trans y colectivo LGTBI

El acuerdo PP-Vox, de 60 páginas y 150 medidas, está atravesado de principio a fin por todas las obsesiones xenófobas de la extrema derecha y otras guerras culturales: el rechazo, estigmatización y, a ratos, la criminalización de los inmigrantes; el enfrentamiento a las políticas medioambientales y contra el consenso europeo en torno al Pacto Verde y la Agenda 2030 [que Moreno solía lucir con un pin en la solapa de su chaqueta]; el rechazo a la concertación social y al papel de los sindicatos (“Se acabaron las mariscadas”), de las ONG y las ayudas a la cooperación internacional; y el rechazo a las “leyes ideológicas”, que aparecen en el penúltimo punto del texto sin nombres ni apellidos, pero a las que Vox ha identificado abiertamente durante los últimos cuatro años de sesiones parlamentarias.

El texto solo compromete la derogación de la Ley andaluza de Memoria Histórica, aprobada en 2017 sin ningún voto en contra, y que en realidad está sentenciada por el PP de Moreno desde el primer acuerdo suscrito con Vox en 2019, aunque no llegó a ejecutarse.

Las que aparecen sin nombrar —“se adquiere el compromiso de revisar y, en su caso, derogar”— son la Ley Trans (pionera en España al regular la identidad de género sin exigir pruebas médicas) que fue aprobada por unanimidad, con los votos y la participación activa del PP; la Ley de Lucha contra la Violencia de Género y la Ley de Igualdad entre Hombres y Mujeres, vinculada esta última a los derechos del colectivo LGTBI.

Además de estas leyes, se contemplaría la eliminación de cualquier otra norma autonómica basada “en el criterio de la ideología de género” —viejo sintagma negacionista de Vox contra el feminismo— desde las que vehiculan los currículos escolares y el lenguaje inclusivo en la administración hasta las políticas sociales y entidades públicas concretas (¿toca discutir sobre el “efecto práctico actual” del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM)?

El partido de Santiago Abascal ya planteó derogar estas leyes en aquella primera negociación con el PP a cambio de sus votos en la primera investidura de Moreno, pero entonces los populares, pese a tener el peor resultado de su historia (26), aguantaron el envite y las leyes finalmente se salvaron. Ahora entramos en otro escenario, más confuso, en el que los dos socios de Gobierno van a interpretar, cada uno a su manera, si lo que dice ese artículo del acuerdo significa exactamente lo que parece.

Y esto va a ocurrir prácticamente con las 150 medidas, sobre todo las más duras, las que cuentan con una redacción más ambigua, que no son pocas. Ocurrió así en 2019: el PP se va a aferrar a la estricta literalidad de lo que está escrito en el pacto, negro sobre blanco, y Vox hará una reinterpretación extensiva del mismo. “Eso no es lo que dice el acuerdo”; “Eso no forma parte del pacto”; “Cada uno es libre de interpretar como quiera, pero el pacto dice lo que dice” [reminiscencias del primer pacto PP-Vox].

Esto ya está ocurriendo. Prioridad nacional: “Exclusión de acceso a prestaciones y servicios sociales estructurales a quienes se encuentran en situación irregular, limitando su acceso exclusivamente a supuestos de urgencia vital”.

Cinco minutos después de firmar el acuerdo, Moreno aseguró que la “prioridad nacional”, lejos de reajustar la normativa para discriminar al inmigrante en el acceso a las prestaciones públicas, era un sinónimo del “baremo” que ya usa la Administración en el reparto de ayudas: “La prioridad social es el arraigo”, dijo. “La prioridad nacional va a ser más que el arraigo. Que los españoles sean los primeros en las ayudas sociales y en el acceso a la vivienda pública protegida”, le corrigió Gavira horas después.

Aferrados a la “legalidad vigente”

El árbitro de esta previsible discordia sobre el verdadero significado del acuerdo de gobierno será “el marco de la legalidad vigente”, presente cada dos por tres a lo largo de las 60 páginas, como una suerte de guardián de las esencias democráticas. Moreno ha consentido en aceptar medidas de índole racistas -como la segregación de los enfermos extranjeros, para cuantificar el coste diferenciado que representan para la sanidad pública-, pero las más disruptivas vienen condicionadas (“amortiguadas”, dice un alto dirigente del PP-A) por alusiones explícitas al “cumplimiento de la ley”. Que no dejan de ser llamativas, tratándose de un programa de gobierno.

“La política social del Gobierno estará fundamentada en los principios de justicia, legalidad y humanidad”; “En la medida en que lo permita la legislación vigente...”; “Prioridad nacional en el acceso a las ayudas públicas y la vivienda... adecuado a la legalidad vigente”; “Se valorará, al menos, con sujeción a la legalidad vigente...”. “El acuerdo es legal”, se apresuró a ponerle nombre el propio presidente andaluz nada más firmarlo, sin que ningún periodista aún lo hubiese leído ni preguntado. PP y Vox han firmado un pacto programático de gobierno “sereno”. “Y legal”.

Aunque parezca de perogrullo, aunque en el lenguaje administrativo del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) las referencias al marco legal sean una constante y de obligada mención, lo que se firmó el jueves no deja de ser un documento político, al que el PP ha metido esas morcillas como “salvaguarda” de lo que está por venir: ese Gobierno “imposible” que vaticinaba Moreno en campaña.

Un Ejecutivo con “gente que no tiene experiencia de gestión en la administración”. “Algunas de las propuestas que hacen son irreales y otras son ilegales. Lo que no va a hacer el PP es incumplir la ley”, avisó el dirigente popular hace apenas un mes, cuando la prioridad nacional aún era un “eslogan vacío y efectista”.

Ahora los hombres del presidente y el propio Moreno son conscientes de que están atrapados en el marco mental de la ultraderecha, que les han impuesto su agenda y su lenguaje político, pero confían en que “todo esto pase pronto, en cuanto nos pongamos manos a la obra”. “La mitad de las cosas son irreales y las otras ilegales”, habían dicho. Y eso lo mantienen. “El terremoto político de las primeras horas era inevitable. Pero esto dura dos días, en cuanto se pongan a gobernar no les vamos a poner frenos nosotros, se los va a poner la realidad”, dice un consejero en funciones.

En la sala de mandos del Palacio de San Telmo esperan que Vox, una vez dentro del Ejecutivo, no tarde en darse cuenta de lo encorsetada que está la administración pública, la parsimonia burocrática, la fiscalización interna de los interventores y los letrados, lo rígidas que son las leyes y lo implacable que es la Constitución Española al velar por los derechos básicos de los ciudadanos, sin distinción de su origen. “No tardarán en darse de bruces con la realidad. Les pasó a los comunistas, cuando entraron en el Gobierno de coalición con el PSOE de José Antonio Griñán, le pasó al Podemos de Pablo Iglesias que se aburrió enseguida de ser el vicepresidente de Pedro Sánchez, y le pasará a Vox”, vaticinan las mismas fuentes.

Todavía es pronto para valorar el impacto real de ese acuerdo en las políticas públicas de Andalucía. Los populares confían en que pase la tormenta pronto y, tras el verano, regresar a la legislatura del “mucho ruido y pocas nueces”. Lo que sí se puede calibrar -el presidente, desde luego, ya lo ha hecho- es el desgarro que este documento ha provocado en su propia imagen pública.

La política ya no es solo “el arte de lo posible”, no en el siglo XXI. No en el siglo de Instagram y de TikTok. La imagen pública de Juanma Moreno —tan trabajada y promocionada los últimos cuatro años de mayoría absoluta— son los cimientos del poder institucional del PP en Andalucía, desde la Junta a las diputaciones, desde las alcaldías hasta el Congreso de los Diputados.

Seis elecciones consecutivas ganadas, primera fuerza en las ocho provincias y en 600 de los 785 municipios de la comunidad. “Necesitamos un Juanma Moreno en cada pueblo”, bromeaba su equipo de campaña en las municipales de 2023, mientras paseaban a su estrella frenéticamente por todo el territorio andaluz.

“Pelos en la gatera”

Juanma Moreno va a seguir siendo un dirigente templado en las formas, porque él no es una persona bronca y su estilo de hacer política nunca ha sido pendenciero. Ni desde que es gobernante, ni cuando estaba en la oposición. Pero, a todas luces, en este acuerdo de gobierno con Vox, Moreno ha sacrificado mucho de ese capital político. “Nos hemos dejado pelos en la gatera”, ha repetido estos días.

Y llama la atención que el PP —el PP nacional que ha celebrado este pacto más incluso que el andaluz— considere que ese sacrificio personal de Moreno es un mal menor, porque les ha costado mucho consolidar esa marca… Y porque sin esa marca personal el PP nunca habría gobernado Andalucía con mayoría absoluta, y después de este acuerdo con la ultraderecha cuesta imaginar que vuelva a conseguirlo. “Andalucía no estaba preparada para pasar de votar al PSOE, que gobernó 37 años seguidos, a votar al PP. Era necesaria una marca personal que sirviera de puente”, decía en campaña uno de los hombres del presidente.

El aura de moderación y centralidad de Juanma Moreno se ha basado siempre en un espejismo político raro: que la política podía no ser ideológica. Que se puede gobernar sin ideología o que se puede “encapsular” la ideología, o suplantarla por conceptos menos envenenados, como el “sentido común”, lema de campaña de Vox en las pasadas andaluzas.

El pacto con la ultraderecha destila ideología de ultraderecha, y Moreno sabe que eso pincha en el músculo dormido de la izquierda. “Esto lo cambia todo. Empieza una nueva partida. Se acabó la marca Juanma”, anunció el viernes María Jesús Montero ante el comité director del PSOE andaluz, para subrayar que la extrema derecha vuelve a gobernar en Andalucía “por primera vez desde el franquismo”.

Juanma Moreno ha sabido alimentarse de la desafección política vendiéndose como un líder no político, un oxímoron si atendemos la famosa cita de Aristóteles: “el hombre es un animal político”. Pero un oxímoron de éxito con el que la derecha logró gobernar en Andalucía después de 37 años ininterrumpidos del PSOE en el poder.

Escribo dolidísima, indignada, triste y muy preocupada. Ya sé que Moreno Bonilla es PP. Y que el PP va, cuesta debajo, siguiendo a Vox, hacia su propia extinción. Sin aprender del s.XX, ni de actuales derechas fagocitadas por el fascismo, en EEUU, Brasil, Italia, Francia… Mirad en la foto el anillo negro que Moreno lleva en su índice izquierdo. Es para el insomnio. Sufre ansiedad, según él ha contado. Lógico en los gobernantes, dadas las implicaciones de sus decisiones. Pero, ahora ya, el anillo no va a bastarle. Lo siento. De verdad, de corazón, sin cinismo. Ha rendido Andalucía al fascismo. Deja a España sin la esperanza de una derecha democrática. Su pacto de la vergüenza queda para la historia.

Yo nunca dejo cerrada, si no una puerta, una rendija a la esperanza. Yo nunca menosprecio la humanidad y la conciencia que cada cual tenga dentro de su pecho. Y no hago excepción con Moreno ni líderes, miembros, militantes, simpatizantes o votantes del PP. El fascismo viene a por todos los demócratas. También a por ellos, aunque, en la lista, les precedan los inmigrantes, las personas no blancas y cristianas, las feministas, miembros del colectivo LGTBIQ+, nacionalistas periféricos, sindicalistas, gente de izquierdas, crítica… Aunque algo más tarde, las mujeres y hombres demócratas de derecha también son para el fascismo, como demuestra la historia, objetivo a batir.

Moreno ha abierto la Junta de Andalucía al fascismo. Deja a España sin la esperanza de una derecha democrática. Su "pacto de la vergüenza" queda para la historia. Pero yo no menosprecio la conciencia de nadie. Ojalá, si los remordimientos le impiden dormir, sea capaz de rectificar.

Pero hoy debemos poner el foco en la traición del PP de Moreno. De subrayar la irresponsabilidad de asumir, con su firma, postulados racistas, discriminatorios, islamófobos, contrarios a nuestra identidad y al legado de Al-Ándalus, anticonstitucionales y negacionistas de los derechos humanos universales y de la catástrofe climática que, avisa Francia, allí, ya ha causado 2.025 muertes la última semana de junio. La insensatez de fraguar este pacto con Vox para que la gente vea normal la escalofriante opción de Feijóo-Abascal como presidente y vicepresidente de España, 90 años después del golpe de Estado de Franco.

Moreno, que tanto ha reivindicado al ministro de la UCD Clavero Arévalo, quien contradijo a Suárez para defender la plena autonomía andaluza, y ha ensalzado a Blas Infante, padre de la patria andaluza, asesinado por los franquistas y echado a una cuneta aún por localizar… Moreno debía haber defendido, frente a cualquier presión centralista, la dignidad de una Andalucía libre del fascismo que quiere cargarse nuestra autonomía, como todas.

Rendir los principios al fascismo

Leed, por favor, el “pacto de la vergüenza”. Ojead, siquiera por encima, esa ignominia. Y compartidla. Son 60 páginas y 150 puntos, pero atrapa y te lo bebes: los ataques a esos pobres niños y adolescentes inmigrantes solos, ataques a las organizaciones humanitarias que los protegen, a los sindicatos, ¡si hasta anula impuestos a las bolsas de plástico, a las emisiones de gases y a los vertidos a ríos y mares!

Yo creí a Moreno Bonilla cuando, en julio de 2024, paró los pies al líder de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, diciéndole que vincular extranjeros y delincuencia es mentir para rascar votos. Me hice eco, en este artículo, de las palabras de Moreno (escuchadlas en este vídeo) al señalar que “solo el 7% de los delitos anuales en Andalucía los cometen inmigrantes, muchos europeos”. Ahora Gavira es su vicepresidente.

Moreno podría y debería no haberse prestado a la estrategia centralista de normalizar un futuro gobierno de Feijóo-Abascal. Podría y debería, tras haber condenado tantas veces el racismo electoralista de Vox. Duele que él, que tanto ha ensalzado a Blas Infante, padre de la patria andaluza, asesinado y echado a una cuneta por franquistas, convierta al neofranquista Gavira en su vicepresidente.

En septiembre de 2025, en esta columna donde critiqué las dañinas políticas de Moreno para la educación, sanidad, ayuda a la dependencia públicas, y su trilerismo fiscal, pese a todo, empecé así:

“En el contexto de auge neofascista y radicalización de la derecha yo quiero creer, me empeño y busco y defiendo el papel que debe jugar una derecha con cuya visión y enfoques yo discrepo, pero que es demócrata y valora y quiere proteger y preservar para nosotros y nuestros hijos y nietos la convivencia en paz de los diferentes. Con esa convicción mía en mente, prefiero el PP que encarna el presidente de la Junta andaluza, Juan Manuel Moreno, a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.”

Con la legitimidad que me da haberle dado crédito, puedo decir ahora que, o bien nos ha mentido siempre sobre sus principios solidarios y humanitarios, o se ha traicionado a sí mismo al vendernos al fascismo.

Vox en la Consejería de Turismo para amordazar a los medios

Desde la firma del pacto y la investidura de Moreno, el PP andaluz intenta restar importancia a su traición a la democracia. Por los pasillos del Parlamento andaluz decían que nadie prestaría atención al tema “el día en que han imputado a la Directora General de la Guardia Civil y se juega el España-Austria”. Los populares minimizaban la cesión de una sola consejería, la de Turismo, Justicia, Administración Local y Desregulación, a Gavira, a Vox.

Incluyendo el área de Turismo en la Consejería para Vox, el PP de Moreno le da un presupuesto millonario, que suele pagar muchas campañas de publicidad institucional en medios de comunicación. Algo que Vox espera que le sirva para amordazar a la prensa y que no desvele sus atropellos.

Periodistas y medios acríticos con la derecha también minimizaban la cesión del PP (callando que, además, se da a Vox una vicepresidencia de la mesa del parlamento y un senador autonómico). Bien puedo afear a esos colegas su irresponsabilidad, con la legitimidad de ser yo crítica con la izquierda, que me es afín, en mis columnas y noticias, como la que publiqué, ayer mismo, sobre el incomprensible caso de 33 estudiantes gazatíes que llevan hasta dos años a la espera de que el gobierno central los traiga para formarse en las universidades españolas que les han concedido plaza.

Apuntemos algo no evidente de primeras: ¿Por qué Vox se “conforma” con Turismo si en Agricultura, Igualdad o Cultura podría dar más “batalla cultural”? El Turismo es el principal motor económico de Andalucía, con casi el 13% del PIB, y la Consejería, ahora en manos de Vox, tiene casi 200 millones de euros de presupuesto. Buena parte ha ido siempre a campañas de publicidad institucional en medios de comunicación. Algo clave para sus cuentas y subsistencia. Veis la jugada, ¿verdad? La estrategia facha es cargarse todo lo que puedan, con los 150 puntos del acuerdo y las múltiples competencias de la macro consejería, manteniendo amordazada a la prensa. Apañados van con muchos de nosotros. No nos conocen.

Hará falta toda la unión, estrategia y coordinación democrática, de la gente, la sociedad civil organizada y los partidos políticos, para hacerles frente. Pero se lo haremos. Todas y todos, juntos, protegeremos nuestra democracia. Y, ojalá tengamos la generosidad e inteligencia de acoger a nuestro lado a las y los demócratas, liberales, democristianos y de derecha que también se sientan traicionados o que rectifiquen, más pronto que tarde, firmes y constructivos ante el fascismo demoledor.

Apenas 30 minutos antes de la votación de investidura de Juanma Moreno, los líderes del PP y Vox en Andalucía han sellado su acuerdo de gobierno que consagra la 'prioridad nacional', un concepto de la extrema derecha que el PP ya había abrazado en Extremadura, Aragón y Castilla y León. Durante la campaña, llegó a definir la 'prioridad nacional' como “literatura” de Vox para su electorado y, también, como un “lío”. Mediante este pacto, Manuel Gavira, líder de la formación de extrema derecha, asumirá la consejería de Turismo, Administración Local y Justicia, un cargo que además tendrá rango de vicepresidencia.

En rueda de prensa, Moreno y Gavira han escenificado la firma del Acuerdo de Gobierno y Estabilidad para Andalucía. Ante la falta de una mayoría absoluta, Moreno ha justificado el pacto señalando que “la dinámica parlamentaria te lleva a llegar a acuerdos” para evitar una parálisis autonómica y nuevas elecciones. Sin embargo, para lograr esta estabilidad, el PP ha tenido que asumir gran parte del programa de Vox, admitiendo el propio Moreno que, pese a tener “sensibilidades diferentes”, han realizado un “esfuerzo de aproximación”.

En el plano institucional, la principal concesión es la entrada de Vox en el Ejecutivo. La formación asumirá la citada Consejería de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local, la cual estará dotada con rango de Vicepresidencia con Gavira al frente.

El giro migratorio y la 'prioridad nacional'

El documento refleja un endurecimiento radical en materia de extranjería, asumiendo las tesis de Vox. Pese a que Moreno en campaña recordaba que era absurdo debatir sobre inmigración porque las Comunidades Autónomas no tienen competencias, ha abrazado el discurso de Vox de principio a fin y la inmigración es el segundo punto del acuerdo. El pacto decreta un “rechazo frontal” a la llegada de “más menores extranjeros no acompañados (MENA)” y estipula la “supresión total” de subvenciones a ONG que, según el texto, “favorezcan la inmigración ilegal”. Además, se prohíbe el uso del burka y el nicab en los espacios públicos autonómicos.

La gran victoria discursiva de Vox cristaliza en el blindaje de la llamada 'prioridad nacional', sobre la que el texto dice literalmente: “El acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas se inspirará en el principio de prioridad nacional, que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio”. Este mismo principio rector se aplicará para el acceso a la vivienda protegida y al alquiler social.

Sin rastro de la violencia de género

No hay en el pacto ninguna mención a la “violencia machista” ni a la “violencia de género”. El documento del acuerdo entre PP y Vox no recoge ninguna medida, plan o apartado dedicado a combatir o abordar específicamente este tipo de violencia.

Las únicas referencias directas a la “mujer” en el texto del pacto se limitan a dos aspectos muy específicos: la citada prohibición del burka y el nicab en espacios públicos autonómicos, (justificando que son prácticas que “invisibilizan a la mujer y vulneran los valores de igualdad y dignidad) y la puesta en marcha de un ”Plan Integral de Apoyo a la Mujer Embarazada“. No hay tampoco ninguna mención al colectivo LGTBIQ+.

Negacionismo climático

Pese a las diferencias de visión que separaban a ambos partidos en temas como la Agenda 2030, el PP ha accedido a “blindar” al sector primario frente a los “aspectos negativos” de dicha agenda y a rechazar explícitamente “las imposiciones de agendas ideológicas” en el cuidado del medio ambiente, declarando a Andalucía libre de las cargas del Pacto Verde. Al rechazar la “condicionalidad climática del Pacto Verde” europeo Moreno asume directamente el negacionismo climático de Vox. También rechaza el pacto la reforma de la Política Agraria Común (PAC) para el periodo 2028-2034, argumentando que encarece la producción sin ofrecer contrapartidas.

En el ámbito de la 'batalla cultural', las cesiones a Vox también son notables. El Gobierno andaluz pondrá fin al Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí en los colegios –como ya ha ocurrido en la Murcia de López-Miras y va a suceder en la Extremadura de María Guardiola– alegando que es un intento de “diluir nuestra identidad”,.

En contrapartida, el pacto se compromete a promocionar activamente la tauromaquia y la caza. Asimismo, se comprometen a proteger la ganadería brava, las escuelas taurinas y las plazas de toros frente a cualquier intento de discriminación ideológica o de exclusión de las políticas públicas

Finalmente, ambas formaciones han acordado impulsar una “Nueva Ley de Concordia” que derogará y sustituirá a la actual normativa andaluza en materia de memoria histórica. El documento incluye la Memoria Histórica en el apartado de “Leyes Ideológicas”.

Derogación de los impuestos a los vertidos y a las bolsas de plástico

La Fiscalidad es la primera materia que aborda el pacto. Se trata de un aspecto en el que PP y Vox han encontrado un amplio campo de encuentro basado en la supresión y/o rebaja de impuestos. El pacto contempla reducir la cuota autonómica del IRPF en el 0,25% en los tramos de menos de 60.000 euros cada año, hasta un punto porcentual a final de legislatura. Además, se prevén nuevas deducciones por nacimiento o adopción. En el Impuesto de Sucesiones y Donaciones se prevé una nueva bonificación para ladquisición de vivienda habitual entre hermanos, “primer paso” para ampliar la bonificación del 50% a los colaterales de segundo y tercer grado (tíos y sobrinos) “si la evolución de la recaudación del impuesto lo permite”.

Vox también ha impuesto su agenda cultural en materia fiscal, con el incremento de la deducción por familia numerosa de 200 a 300 euros y, en especial, con la previsión de suprimir tres tributos propios en materia ambiental: el que se impone a las bolsas de plástico, el de emisión de gases y el de vertidos a aguas litorales. El objetivo de esta supresión, dice el pacto, es “rerducir la presión fiscal, simplificar el sistema tributario y aliviar las cargas” sobre familias, empresas y autónomos.

Este es el pacto de Gobierno firmado por Moreno con Vox con 150 medidas:

La segunda sesión del debate de investidura de Juanma Moreno ha retratado el aislamiento del candidato del PP y presidente de la Junta en funciones en el Parlamento andaluz, aún lejos de la reelección. Sus rivales políticos -todavía Vox se encuentra entre ellos, pero menos- le han hecho ver que la distancia que le separa de la mayoría absoluta necesaria para ser investido esta tarde es, simbólicamente, mucho más larga y empedrada que los dos votos afirmativos que le faltan. “Usted se tiene que entender con Vox, aunque no quiera y aunque no le guste”, le espetó el portavoz de la ultraderecha, Manuel Gavira, en cuanto subió a la tribuna.

Moreno entró el lunes en el debate de investidura preparado para el desplante que le hizo Gavira al terminar un discurso de hora y media en el que desgranó su programa de gobierno y reivindicó su estilo de hacer política, centrándose en lo que le une al partido de Santiago Abascal, y orillando lo que le separa: se ha quedado corto, no ha mencionado la “prioridad nacional” ni ha hablado del “problema de la inmigración”, aún no hay acuerdo entre el PP y Vox y el martes votaremos que no, le vino a decir su futuro socio.

Para lo que no estaba preparado el presidente andaluz era para escuchar cómo el portavoz nacional de la ultraderecha anunciaba, desde Madrid, que dijese lo que dijese (y en ese instante aún le quedaba más de la mitad del discurso por decir), el voto de sus 15 diputados sería no. Y que volvería a ser no el jueves -cuando le basta con la abstención de cuatro parlamentarios- y que seguirá siendo no en adelante, hasta que el referente del PP más moderado se doblegue a las exigencias de Vox, como hicieron antes que él María Guardiola en Extremadura, Jorge Azcón en Aragón y Alfonso Fernández-Mañueco en Castilla y León.

Aunque se vanaglorien de “decir lo mismo en toda España”, estos días no es lo mismo escuchar a un dirigente de Vox en Andalucía que en Madrid. En la capital de España prima el “yo” de Vox y el sometimiento del PP; en Sevilla se usa ya el “nosotros”, y se habla de “trabajar juntos” y centrados en el “enemigo” común: la izquierda en general y Pedro Sánchez en particular.

Con todo, en la segunda sesión plenaria volvió a ocurrir lo mismo que el primer día: arrancó el debate a las diez de la mañana y la primera votación de la investidura de Moreno está fijada para las seis de la tarde -necesita mayoría absoluta-, pero a las 13.30 horas subió a la tribuna Gavira -“Aquí está el elefante”, bromeó- y terminó con el debate por anticipado. “Nuestro voto va a ser que no”, sentenció, “los andaluces le han dicho, señor Moreno, que usted se tiene que entender con Vox, aunque no quiera y aunque no le guste”.

El portavoz de Vox fue tajante, pero también escenificó el acercamiento al PP, centrando sus esfuerzos en atizar al Gobierno de Pedro Sánchez, el mejor pegamento que une a las derechas. El partido de Abascal votará que no, pero ha dejado a Moreno las balizas para no perderse en el camino para llegar a un acuerdo. Y es un camino pedregoso para el referente del PP moderado: “Nuestro voto será un sí a la prioridad nacional, trabajamos en un acuerdo que nos permita priorizar a los de casa”, subrayó.

Y luego añadió otros imponderables de la ultraderecha que arañan “los principios” que Moreno se prometió, el día antes, no traicionar: “Nuestro voto será un fin al fanatismo climático, a la desregulación y al lastre de la burocracia, y a terminar con las políticas de puertas abiertas que la inmigración masiva amenaza nuestra prosperidad. Será un bastión del sentido común y frente a la mafia que representa Pedro Sánchez”, sentenció. “Cuando llegue el momento, votaremos que sí, pero no a Moreno, sino al acuerdo de gobierno”.

Gavira le recordó una y otra vez a Juanma Moreno que se estrenó como presidente andaluz, en 2019, porque Vox así lo quiso. Le recordó que ya firmaron con él un acuerdo de investidura y tres acuerdos presupuestarios, pero que entonces “no cumplió, por eso hoy necesitamos un compromiso de cumplimiento con calendario”.

En la réplica, Moreno pidió “un esfuerzo de aproximación” de ambas formaciones. “Es una realidad que Vox es distinto al PP y que el PP es distinto a Vox. Tenemos visiones diferentes”, dijo, para lamentar el rechazo de todos los grupos a su investidura, y se mostró confiado en desatascar el pacto con la ultraderecha el jueves, cuando le baste la mayoría simple para ser reelegido.

El candidato popular agradeció al partido de Abascal, insistementemente, “su esfuerzo de entendimiento y por modular algunos de sus planteamientos”. Y, por fin, empezó a hablar de inmigración. No se le oyó citar la “prioridad nacional”, pero sí metió en el mismo relato la inmigración y la inseguridad y la delincuencia.

Moreno pasó de cuestionar la política migratoria del Gobierno de Sánchez y el “reparto injusto” de menores extranjeros no acompañados entre comunidades -la razón que esgrimió Vox para salirse de sus gobiernos autonómicos de coalición con el PP- a hablar, muy duramente, de su “preocupación por la seguridad y las mafias ligadas al narcotráfico”.

Gavira, en su última intervención, volvió a tirarle de la oreja al presidente, pero dejó enfilado el acuerdo. “Ustedes han dicho: Vox no es nuestro socio preferente, es el único partido que se ha ofrecido. Y esto no suma, esto no ayuda. Usted y yo nos hemos dicho cosas muy feas y duras la pasada legislatura, y tenemos que guardarlas en un cajón en beneficio de los andaluces, y esa es nuestra actitud”, avisó.

Maíllo a Moreno: “La prioridad nacional es racista. Usted tiene que decidir”

En la hora y media larga que duró el discurso de investidura, el lunes, Juanma Moreno dejó dos huecos ostensibles que se convirtieron en noticia: no habló de la negociación con Vox, que arrancó hace una semana, y no mencionó la inmigración. Su primer rival en el segundo turno del debate, el líder federal de Izquierda Unida y portavoz de la coalición Por Andalucía, Antonio Maíllo, se lo reprochó nada más subir a la tribuna: “Tiene tanto valor político lo que no ha dicho como lo que ha dicho”, dijo.

“La prioridad nacional es una idea supremacista, clasista, racista y, sobre todo, xenófoba. En definitiva, es una idea fascista. Y usted tiene que decidir”, le espetó al candidato a la reelección. Y sentenció: “Necesita ser investido presidente con los votos de Vox, pero no es más que una pieza de peón en el tablero, como los presidentes de Extremadura, Aragón y Castilla y León. Quiere ser diferente, pero le han dicho que cumpla con la hoja de ruta”.

Maíllo regresó a la tribuna tras abandonar su escaño, en 2022, para regresar a la docencia. En su primer discurso atizó al presidente y le auguró que “se le había acabado el papel de moderado, porque tendrá que asumir la agenda de Santiago Abascal y del señor Feijóo”. El dirigente izquierdista enumeró las guerras culturales de la ultraderecha, desde el negacionismo climático y contra la violencia de género, hasta el discurso antiinmigrante, y expuso al barón del PP frente a sus “contradicciones”.

En un momento, incluso, llegó a preguntarle directamente: “¿Me considera un enfermo mental? Pues usted está negociando con un partido que considera a los gays enfermos mentales”, le ha espetado, mientras el dirigente popular negaba con la cabeza, visiblemente molesto.

En la réplica, Moreno puso las cartas sobre la mesa: de la inmigración dijo que es una competencia estatal, y que la postura de su partido “no ha cambiado”. “Queremos una inmigración ordenada, regulada e integrada en nuestra sociedad” y que venga a trabajar “en sectores que necesiten mano de obra”. Pero ya empezó a introducir matices para converger con la postura ultra de Vox, cuestionando que la mayoría de menores extranjeros no acompañados que llegan a España sean realmente menores.

“La falta de políticas migratorias de [Pedro] Sánchez trata a los inmigrantes como mercancías. Y trasladan a supuestos menores que no son menores. Demuestra falta de sensibilidad y mucha arrogancia de un Gobierno supuestamente de izquierdas que utiliza la inmigración como un instrumento político”, señaló.

Pero Moreno se demoró más para hablar del “elefante en la habitación”: “Sí, estamos negociando con el grupo Vox. Es más, nos gustaría llegar a un acuerdo cuanto antes, aquí no hay ni trampa ni cartón”, dijo, para subrayar que le urgen formar Gobierno y empezar a diseñar los Presupuestos Andaluces del año que viene en tiempo y forma. El candidato popular ha bautizado a las tres formaciones de izquierdas como “el bloque del bloqueo”, y les ha afeado que “no quieran negociar con el que ganó las elecciones, pero tampoco quieren que negociemos con el único grupo con el que podemos negociar: ni comen ni dejan comer”.

El presidente andaluz en funciones blandió el fantasma de la repetición electoral, que tocarían el 25 de octubre, y aplazarían la formación del nuevo Gobierno a las próximas Navidades. “¿Los andaluces quieren medio año de vacío?”, le preguntó a Maíllo.

García a Moreno: “¿Vamos a tener un vicepresidente no irá al 28F”

En el turno de Adelante Andalucía, su portavoz José Ignacio García se ha esmerado en “desmontar al personaje Juanma”. “Para usted Vox es un enorme favor, porque le hace parecer el personaje moderado que no es”, le ha dicho, tras recordarle que “nunca” ha tenido problemas para. ponerse de acuerdo con Vox.

“Se sube aquí a decirnos que va a tener que hacer cosas malas, y que si va a tener que pactar con la extrema derecha, es nuestra culpa”, le ha afeado. “No le hizo falta Vox para dejar tiradas a más de 2.000 mujeres con cáncer de mama, para aprobar cuatro universidades privadas, para que nuestros jóvenes tengan que pagar cursos de FP privados por 5.000 euros, para que las ciudades fueran invivibles por la gentrificación y el precio de la vivienda. Lo hizo usted solito”, ha insistido.

El dirigente andalucista se ha referido también a la prioridad nacional como un trampantojo que “impide hablar de los problemas de sanidad, educación y vivienda”. “Si usted es tan humanista como el Papa, suba aquí y diga que la prioridad nacional es un invento racista”, ha subrayado.

El líder de Adelante Andalucía, que ha pasado de tener dos diputados a contar con ocho, se ha preguntado, retóricamente, si “vamos a tener a un vicepresidente de la Junta que niegue la violencia machista; que no vaya al 28F; que diga ‘Andalucía es una patria islamista de un tal Blas Infante’...”. “¿Qué va a pasar el 4 de diciembre? Tendremos un vicepresidente que diga que la bandera de Andalucía es un trapo; que diga que los niños y niñas trans son enfermos... ¡Y que niegue el cambio climático! ¿Cómo va a ir al Comité de las Regiones Europeas, que usted es tan importante allí, que se van a cachondear de usted…”, le ha espetado.

Moreno ya respondió a Maíllo cuando le reprochó que asumiera el negacionismo de Vox ante el cambio climático y el pacto verde europeo. “Yo, Juanma Moreno Bonilla, creo que hay cambio climático, es más, considero que el responsable es la actividad humana”, había dicho.

El barón del PP ha cambiado el registro que solía usar con el portavoz de Adelante Andalucía, que la pasada legislatura tenía dos diputados y ésta cuenta con ocho. En el PP creen que el crecimiento sorpresivo del partido andalucista, que concentra gran parte del aumento de participación en las elecciones, les arrebató la mayoría absoluta.

Pero Moreno hoy lo ha negado de plano: “Usted no me quita votos a mí en ningún espectro social”, ha dicho, para atribuir su éxito electoral a la “erosión” de otras formaciones de izquierdas, sobre todo del PSOE, “que está en vías de desaparición”.

El dirigente popular ha sido más duro esta vez con García, al que le ha situado en el ángulo de la “izquierda radical”. “¿Usted es independentista o no? ¿Usted quiere la independencia de Andalucía?”, le ha interpelado, para luego acusarle de haber “sabido disimular una izquierda radical, anticapitalista y ultranacionalista con la sonrisa cuando a mí me ha acusado de opacar la realidad”.

“El andalucismo que usted representa es chiquito, no por el número de votos, si no porque su andalucismo es la blanquiverde con una estrella roja”, ha señalado. Y en la dúplica, también le ha atizado por no presentarse, a las claras, como una fuerza anticapitalista. “Ustedes se llamaban Anticapis, ¿no? Anticapitalistas es una propuesta política del siglo XIX, ya no son tan modernos”, señaló.

Juanma Moreno marca distancias con el resto de los presidentes autonómicos del PP que validaron el acuerdo de gobierno con Vox en sus discursos de investidura. Las negociaciones continúan a puerta cerrada para alcanzar un punto de encuentro que valide durante los próximos cuatro años un ejecutivo que permita, cuanto antes, aprobar los presupuestos autonómicos, según reclamaba repetidamente este lunes el líder de andaluces. No pronunció ‘prioridad nacional’, como hizo su homóloga en Extremadura, pero tampoco dio pie a relacionar inmigración e inseguridad, evitando el gesto a la ultraderecha. Una de cal y otra de arena con el objetivo de que la ‘vía andaluza’ recoja lo perdido tras no renovar la mayoría absoluta en las elecciones del 17M y que volverá a ser el camino marcado de cara a las generales, como bastión de Núñez Feijóo y guiño a las municipales.

Es más, las palabras más duras del discurso de investidura de Moreno no tuvieron otra diana que la oposición y el Gobierno de Pedro Sánchez. A las izquierdas las acusó de ni siquiera haber intentado, aunque bien lo sabía, recabar apoyos ante los resultados de unos comicios que él mismo “no quería” y, de alguna forma, obligarlo a tender la mano a sus contrincantes más directos. Pero la ‘vía andaluza’ se toma sus tiempos y, a pesar de que Moreno escenificó un distanciamiento ideológico y gestor de Vox, en el Parlamento andaluz quedaron el consejero Antonio Sanz y el secretario general del PP-A, Antonio Repullo, tratando de reconducir las negociaciones en la tarde del lunes. 

Al contrario de Andalucía, los barones del PP que gobiernan con Vox llegaron al hemiciclo con los deberes hechos a la jornada de investidura: Guardiola firmó el pacto en Extremadura el 17 de abril y cinco días más tarde fue proclamada presidenta tras cuatro meses de paralización; mientras, en Aragón, el PP de Jorge Azcón rubricaba el documento con Vox el 22 de abril para ser elegido el día 28; y Castilla y León protagonizó el último acuerdo el pasado 3 de junio, antes de que Fernández Mañueco fuera refrendado como presidente autonómico el 10 de junio. ¿Darán los de Santiago Abascal este balón de oxígeno a Moreno tan rápido? Las exigencias a las que se ha plegado el PP en el resto de comunidades no serán una excepción en el sur, aunque Moreno haga gala de su número de escaños:53 frente a los 15 de la ultraderecha. Aún así, el voto a favor o la excepción será la moneda de cambio.  

La extremeña Guardiola, de lleno con la inmigración

Moreno dejó pasar hasta 12 días después del 17M para levantar el teléfono, le recriminaba Manuel Gavira, la cara andaluza de Vox, al igual que “las prisas” con las que los apremiaban los populares, conocedor de la importancia de contar con esos 15 diputados que facilitarían su acción de gobierno. Eso sí, “cuando toque”, declaró hace dos días. Y la sorpresa se dio cuando llegó el “no”: un “no” esperado, pero temprano, ya que llegó 40 minutos antes de que terminara el discurso de investidura en el Parlamento, un golpe duro para quienes persiguen que haya una foto a pesar de las cortapisas de Moreno. “Todos somos conscientes de que solo caben dos opciones: bloqueo y repetir elecciones o interpretar con inteligencia y generosidad el mandato de los andaluces”, manifestaba en el atril, para lo que pidió evitar el enrocamiento entre ambas partes y “saber ceder buscando el interés general de los andaluces”.

La pujanza económica, la industria, la creación de empleo, los servicios públicos, el turismo, el sector agrario... Moreno solo pronunció tres veces el nombre de Vox mientras que “Estado” llegó a escucharse hasta en siete ocasiones y “Gobierno central” otras doce; y la “prioridad” se dirigió a la vivienda, a los jóvenes, al sistema público de salud y a las políticas de agua.

En cambio, Guardiola se metió de lleno el pasado 18 de abril en la inmigración: “El inmigrante no es un culpable por defecto, es una persona con sus derechos y con sus deberes, pero la gestión que ha hecho el Gobierno de Sánchez ha sido un absoluto fracaso que tiene lamentables efectos a nivel político, pero sobre todo a nivel humano”, intentando diferenciar las circunstancias del individuo con las políticas estatalas a las que enfila el ala conservadora. “Extremadura no va a cargar con las consecuencias de un modelo migratorio roto, improvisado y negociado con quien no tiene ninguna legitimidad”, en alusión a Cataluña, el eslabón perdido del PP, que sirvió en cada uno de los discursos, incluido el de Moreno, para hablar de una injusta financiación autonómica. Así, Guardiola lograba contentar a la ultraderecha a la vez que armonizaba con los principios del PP.

Entre los puntos firmados por cada gobierno del PP con Vox hay varios relacionados la ordenación migratoria, como el total desamparo a los menores migrantes. Si bien la extremeña reconoció su protección, habló de “la creación de una unidad de verificación del fraude prestacional y del padrón”, una concesión al partido ultraconservador para trampear la prioridad nacional, ya que, a día de hoy, el requisito que se puede extender para acceder a las ayudas y servicios sociales son los años de residencia en el territorio, y no la nacionalidad. En total, apenas tres minutos dentro de la amplia y detallada exposición que ya daban por hecho los ultras.  

Aragón y Azcón, “inspirados por la prioridad nacional”

Guardiola marcó el tono para los siguientes barones del PP en este nuevo ciclo electoral donde Vox centra su ofensiva contra la inmigración a través del principio discriminatorio de ‘prioridad nacional’ o deriva su discurso contra las políticas medioambientales de la Unión Europea. Temas más simples y generales, menos conflictivos y arriesgados, evitando así volver a poner el foco el negacionismo de la violencia de género o el rechazo al colectivo LGTBIQ+. Una rebaja de decibelios que son producto de una lepenización, en la senda de la extrema derecha francesa, para lograr arrancar el voto femenino y del colectivo queer de manos del PP. Temas incómodos que defendió Moreno en su intervención con mención a las políticas de igualdad y en diversidad, y que pasaron por alto Azcón y Mañueco.

En Aragón, Jorge Azcón salió al hemiciclo y defendió sin pudor su pacto con Vox en aras de la aprobación de las cuentas autonómicas durante los próximos cuatro años. “Nos hemos comprometido, inspirados en el principio de prioridad nacional, a establecer una asignación justa de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio”, ensayó, “es un principio fácil de entender: quienes reciban ayudas, sea cual sea su procedencia, deben acreditar de acuerdo a distintas baremaciones una vinculación legal, efectiva y beneficiosa con el territorio donde viven”. El PP sonríe, porque acepta la treta, sin hablar de principios normativos, modificación legislativa, porque sabe que excede a sus competencias. Un teatrillo que contemplan sus socios, ¿a qué costo?

“Este es el sentido claro de la prioridad nacional recogida en nuestro acuerdo: establecer baremos de acceso a las ayudas sociales que, respetando la ley, demuestren el arraigo territorial y la aportación al sistema de quienes las reciben, sea cual sea su nacionalidad”, repitió, recriminándole a la oposición que “dejara de rasgarse las vestiduras”, porque “estos criterios llevan operativos en España desde tiempos de Felipe González”. Por tanto, las medidas de los populares pasan por endurecer la exigencia de mínimos, un grave escollo tanto para las personas recién llegadas como para un nacional que vuelve a su hogar, sin llegar a torpedear la sanidad pública universal, que volvió a entrar en vigor en el país este marzo. Así y todo, Azcón solo le dedicó tres minutos a la ‘prioridad nacional’, que pronunció dos veces, en el bloque intermedio, diluyendo así el efecto sobre su discurso.

Castilla y León renuncia a los retrocesos

Otros tres minutos y solo una mención a Vox. “Porque dialogar es escuchar, reflexionar y aceptar. Es acercar. Es recordar que todos tenemos parte de verdad, pero nadie tiene toda la verdad. Un diálogo que, en definitiva, es democracia”, amansó a la bancada de la oposición y a los propios Alfonso Fernández Mañueco al inicio de la investidura en Castilla y León. ¿La verdad de Vox que intentarán compensar los populares con medidas a medio gas? El barón popular conoce a sus socios de gobierno, con quienes ya rompió en el pasado, al igual que Juanma Moreno, y se refirió al principio esgrimido a partir “del arraigo real y verificable de sus beneficios con nuestra tierra”.

Esta es la única manera que tiene el PP de eludir e incluir en su discurso los requiebros éticos y legislativos a este mandato discriminatorio, tal y como expuso en los tres puntos de referencia que se marca el Gobierno autonómico: acatar “de manera escrupulosa” lo que dicen las leyes, nombrando a la Constitución y al Estatuto de Autonomía, un sistema que no reconocen sus socios; segundo, “prestando de manera general” los servicios públicos esenciales sin alusión a las expulsiones de personas irregulares que firmaron; y tercero, “excluyendo cualquier tipo de limitación o de retroceso en los derechos ya consolidados en nuestra comunidad”.

El paso a la contra que marcó con sus predecesores fue la referencia a la inmigración, que, aunque mantiene los mandatos del PP, recoonce su aportación en la riqueza de la autonomía: una “inmigración legal y ordenada es fuente de progreso, por ello, siempre serán bien recibidos y tendrán nuestro apoyo”, achacando a “las políticas fracasadas” del Estado el resto de males. “Quiero una Comunidad al servicio de todas las personas que viven aquí, por encima de sus orígenes o diferencias”, remató, “quiero una Comunidad rica en valores, humanista, tolerante”.

Moreno, que evitó la confrontación directa, tomó también las referencias humanistas del discurso del papa León XVI en el Congreso de los Diputados aludiendo “que lo legal sea verdaderamente humano” y a su consabido “diálogo, moderación y cercanía” para marcar el tono en el que se deben dar los siguientes cuatro años. Unas declaraciones que acarrearon el portazo de Vox en pleno debate de investidura, porque la estrategia nacional de la ultraderecha está en homogeneizar a todos los barones del PP y presentarlos como un partido más del sistema, obsoleto, así que la imagen de la ‘excepción Moreno’ no es una opción. Como dice el refrán, cuando una puerta se cierra, otra ventana se abre, la que continúa para las negociaciones.

El objetivo de Juanma Moreno es tender puentes para ser investido en primera votación el próximo martes en el Parlamento andaluz, aunque sea a contrarreloj. El presidente autonómico en funciones aseveró que, por el momento, “no hay ningún acuerdo con Vox” y se seguirá “negociando hasta el último minuto” para lograr un nuevo gobierno “lo antes posible”. Una posibilidad a la que la ultraderecha responde: “Estamos discutiendo todas las medidas y el objetivo es tener un buen acuerdo que beneficie a todos los andaluces”.

Así se pronunció el candidato a la Junta de Andalucía en declaraciones a los medios en Almonte, Huelva, donde coincidió este viernes en el interior de la ermita del Rocío con el líder andaluz de Vox, Manuel Gavira. “Si pudiera ser el martes, el martes, pero no depende de nosotros”, manifestó en referencia al hecho de que el 30 de junio se someterá a la primera votación del debate de investidura ante el pleno del Parlamento y se desconoce en este momento si contará con los votos suficientes para alcanzar la mayoría absoluta que se requiere, para lo que necesita los votos de Vox.

A su salida de la ermita, Moreno adelantó que “no hay ningún acuerdo a día de hoy” con los de Abascal. “Andalucía es una comunidad suficientemente importante para que no demoremos la acción del gobierno”, ha indicado Juanma Moreno, quien ha señalado que su intención es que “haya gobierno lo antes posible”: “Pero no depende de nosotros y, por tanto, vamos a seguir dialogando hasta el último minuto”.

“Cuando toque”

Por su parte, Manuel Gavira afirmó que “la voluntad de trabajo de las partes es positiva”, pero “luego hay que poner las intenciones de uno y de otro en un documento, y en eso es en lo que estamos”. Al contrario de lo que ha sucedido en Extremadura, Aragón y Castilla y León, donde los plazos se han alargado durante meses, parece ser que el objetivo de ambos partidos es alcanzar un acuerdo en tiempo récord. Al respecto, afirmó que estos gobiernos autonómicos “tienen buenos acuerdos, y nosotros queremos trasladarlos a la Junta de Andalucía”.

Entre las materias comprometidas, el líder de Vox atendió que el acuerdo “pasa por la defensa del campo, la bajada de impuestos, la prioridad nacional en las ayudas sociales y el acceso a la vivienda”, pese a que el PP ya ha mostrado sus reticencias con respecto a la viabilidad y utilidad de las medidas que discriminan a los solicitantes por nacionalidad.

En este sentido, Gavira afeó que el PP dejara “pasar 12 días antes de hablar con Vox” y que ahora estén “con las prisas del PP hablando de los presupuestos”. “Vamos a ver si de aquí al lunes o al martes se llega a un acuerdo, si no, pues de aquí al jueves de la semana que viene, que es cuando se repetiría la votación y, si no, cuando toque”.

El 57,2% de los andaluces tenía muy claro a quién iba a votar mucho antes de las elecciones del pasado 17 de mayo y el 41,6% terminó cogiendo la papeleta del PP de Juanma Moreno, que ganó los comicios al borde de la mayoría absoluta (53 diputados). El 41,9% restante se decidió durante la campaña o incluso el mismo día de las urnas (6,9%).

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha publicado este miércoles un primer estudio postelectoral de las elecciones andaluzas del pasado 17 de mayo, que otorgaron una victoria rotunda al PP, pero le arrebataron la mayoría absoluta por dos diputados (53 escaños).

El informe, basado en 4.000 entrevistas, desmenuza las claves del resultado electoral justo cuando Moreno ultima un pacto de gobernabilidad con Vox y el presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre, acaba de convocar el Pleno de investidura del presidente los próximos 29 y 30 de junio. Este paso pone en marcha el reloj de la investidura, en la que previsiblemente el líder popular volverá a ser investido por tercera vez, aunque por ahora no tiene amarrado el pacto de gobernabilidad con Vox.

El CIS también proyecta la intención directa de voto de los andaluces para las próximas elecciones generales, que Pedro Sánchez prevé convocar en 2027. Aquí la fortaleza del PP se amortigua y la debilidad de los socialistas cambia drásticamente, acortando la brecha de 18,9 puntos de las autonómicas a apenas tres en unas legislativas.

Según los datos del CIS, los populares volverían a ganar en Andalucía con un 25,6% de votos frente al 22,8% del PSOE. Vox seguiría siendo tercera fuerza en las generales, con un 12,9% de los encuestados, seguido de lejos por Sumar, que cae al 4,7%. Adelante Andalucía, que fue la gran sorpresa de las autonómicas pasando de dos a ocho diputados (la mitad de los 400.000 nuevos votantes fueron para ellos), no prolongaría su éxito en el Congreso, con un 0,8% en intención de voto, por detrás de Se Acabó la Fiesta, el partido del agitador ultra Alvise (2,4%), y por Podemos, con un 1,3%.

Si mañana se celebrasen las generales, el 76,5% de los que apoyaron a Moreno votarían por Alberto Núñez Feijóo, pero un 15,5% se pasaría a Vox. A la ultraderecha le ocurre al contrario, el 66,6% de sus votantes andaluces revalidaría su apoyo en las generales, pero un 10,6% se iría al PP. En cuanto al PSOE, el 64,2% que apoyó a María Jesús Montero volvería a votar a Pedro Sánchez, y un 10,6% lo haría por Sumar, su socio de Gobierno.

El pasado 11 de junio se constituyó el Parlamento andaluz, los 109 diputados electos tomaron posesión de sus escaños y la falta de acuerdo entre PP y Vox dejó la Mesa de la Cámara bajo control de los populares, que se hicieron con cinco de los siete sillones de este órgano de decisión. Los populares ostentan ahora una mayoría absoluta en la segunda institución de Andalucía que no lograron en las urnas.

El portavoz de la formación ultraderechista, Manuel Gavira, explicó que esa foto fija es “provisional”, que su partido no quiso aceptar los puestos que le ofreció el PP en la Mesa de la Cámara, porque aspira a negociar todo el paquete completo con los de Moreno, esto es, las políticas y las cláusulas que Vox ya ha colado en los gobiernos de Extremadura, Aragón y Castilla y León (partiendo del lema antiinmigrante “prioridad nacional”); la entrada de su grupo en el futuro Gobierno de Moreno (con especial interés en la cartera de Agricultura) y la presencia de sus diputados en el órgano rector del Parlamento.

Esto último, aunque parezca menor, será clave en el discurrir de la legislatura, si Vox exige tener dos miembros en lugar de uno, para que el PP no tenga mayoría aboluta en el órgano que maneja los tiempos de los debates y las iniciativas parlamentarias en este mandato.

En esa sesión constitutiva fue reelegido presidente de la Cámara el popular Jesús Aguirre, en segunda vuelta y sólo con los votos de su partido. Aguirre ha convocado esta semana, uno a uno, a los cinco candidatos de los partidos con representación, empezando por el presidente en funciones, Juan Manuel Moreno, el único con opciones de ser elegido.

El popular, de hecho, apremió a Aguirre a convocar “cuanto antes” el pleno de investidura, para que empiece a correr la cuenta atrás para formar gobierno o repetir elecciones en caso de no obtener el apoyo mayoritario del Parlamento. Ese mensaje va dirigido a Vox, que tiene la llave de la legislatura, aunque Gavira enfrió las expectativas de Moreno y aseguró que, hoy por hoy, su formación está en el no, y aún queda mucho por negociar.

Los partidos de izquierdas, en cambio, dan por sentado que ambas formaciones conservadoras ya han cerrado un preacuerdo de gobierno, y que Moreno será investido presidente en la primera quincena de julio.

El CIS publicó su estudio preelectoral sobre los comicios andaluces el pasado 24 de abril, realizado a partir de una muestra total de 8.017 entrevistas, y en él vaticinaba que el PP volvería a ganar las elecciones con una mayoría absoluta de hasta 59 diputados y un 43,6% de los votos.

Al PSOE de María Jesús Montero le situó en un porcentaje de votos del 25,8% y una horquilla de entre 27 y 34 diputados. El estudio preveía que Vox bajaría, hasta el 10,3% de sufragios, y Adelante Andalucía se colocaría como cuarta fuerza, con un 8,5% y entre cinco y siete escaños, adelantando a la coalición Por Andalucía, que sería última con 6,9% de apoyos y entre cuatro y cinco diputados.

Los resultados del 17M confirmaron algunos de estos vaticinios, pero otros no. El PP, en efecto, fue la fueza más votada, pero perdió cinco escaños de los 58 que tenía, y se apeó de la mayoría absoluta, que está en 55. Los socialistas horadaron su suelo electoral, pasando de 30 a 28. Vox se estancó, aunque sumó un diputado más y se colocó en 15. Adelante Andalucía, en efecto, sorpasó a la coalición de Antonio Maíllo, y dio fue la gran sorpresa pasando de dos a ocho parlamentarios.

En dos provincias, Sevilla y Cádiz, incluso logró ponerse por delante de Vox, y su incremento en votos y escaños frustró la mayoría absoluta de Moreno. Por Andalucía fue la única formación que retrocedió en votos, aunque conservó los cinco escaños que le garantizan grupo parlamentario.

El PP andaluz de Juan Manuel Moreno se ha alzado este miércoles con una mayoría absoluta en la Mesa del Parlamento que no le dieron las urnas el pasado 17 de mayo.

La falta de acuerdos entre partidos para la composición del órgano rector de la Cámara, que tendrá un papel clave en esta legislatura, ha permitido que los populares se hagan con cinco de los siete miembros -uno más que en el mandato anterior, cuando sí tenían mayoría absoluta.

El PSOE se quedará con los otros dos. Vox, que será la llave de gobierno en este mandato y cuyos votos son imprescindibles para investir presidente a Moreno, no ha peleado y aparentemente no ha negociado para tener peso en la Mesa de la Cámara (en 2022 tuvo un representante).

Esta primera foto fija parece indicar que, por ahora, PP y Vox no han avanzado en un acuerdo político de gran envergadura que garantice la reelección de Moreno y la gobernabilidad de Andalucía. Ahora se abre un plazo de 15 días para que el nuevo presidente del Parlamento -repite el popular Jesús Aguirre- reciba a todos los partidos y proponga un candidato a presidente de la Junta, que será previsiblemente Moreno, porque es el que más votos tiene.

Pero no los tiene todos, de modo que la negociación con la ultraderecha puede dilatarse (sin límite legal establecido) hasta que alcancen un pacto de gobernabilidad, que los de Santiago Abascal han amarrado a dos palabras clave: “prioridad nacional”. El axioma de corte xenófobo -discriminar a los inmigrantes en el acceso a las prestaciones públicas- que ya han asumido los presidentes populares de Extremadura, Aragón y Castilla y León.

Moreno parece abocado a digerir esa “prioridad nacional”, que en campaña electoral tildó de “eslogan vacío”, y que puede emborronar su imagen de líder moderado, referente de un PP templado y alejado de los extremos. La negociación para conformar el Ejecutivo andaluz será dura, pero este miércoles Moreno ha dado un paso de gigante para tomar el control del órgano que debe fiscalizar su trabajo en el Palacio de San Telmo.

El portavoz de la ultraderecha en el Parlamento, Manuel Gavira, ha explicado luego que “lo que acaba de pasar en la Mesa es un ejercicio de congruencia de Vox: primero las medidas, luego lo demás”. El partido de Abascal quiere cerrar primero ese pacto político con medidas y, quizá, con consejerías específicas dentro del futuro Ejecutivo, en un formato similar al que se ha cerrado en las otras tres comunidades autónomas donde ya gobiernan juntos. Una vez se alcance ese acuerdo, apunta Gavira, se podrá “revisar” la composición de la Mesa y cambiar a sus integrantes, para que el PP ceda sillones a su nuevo socio.

Esto es algo que ha sucedido en anteriores legislaturas en otras Cámaras autonómicas, pero sería la primera vez que ocurre en el Parlamento andaluz, y sería preciso que alguno de los miembros elegidos hoy dimitiese para dejar entrar a los integrantes de Vox. “Esto ha sido puro teatro”, ha sentenciado la diputada socialista María Márquez.

Aguirre, presidente otra vez

La XIII legislatura andaluza ha arrancado este mediodía con la reelección y jura del cargo de Jesús Aguirre como presidente del Parlamento, gracias a los 53 votos de su partido y la abstención de Vox en segunda vuelta. Moreno ha renovado su confianza en el diputado más longevo, que fue consejero de Salud en su primera legislatura y presidió la Cámara en la segunda.

Aguirre sólo ha contado con los votos de su partido en primera vuelta y no ha salido elegido porque se requería mayoría absoluta. En la segunda votación, Vox ha vuelto a abstenerse, pero entonces ya sólo bastaba una mayoría simple (los 109 diputados sólo podían poner el nombre de Aguirre en su papeleta, o el de la única candidata alternativa, Begoña Iza de Adelante Andalucía, o en blanco). PSOE, Por Andalucía y la ultraderecha no han presentado candidato a la Presidencia.

Moreno ha planificado una especie de 'legislatura bis', con el mismo presidente y vicepresidentes de la Cámara que en el mandato anterior, aprovechando su experiencia de cuatro años en un órgano clave para del discurrir de la legislatura. La Mesa del Parlamento controla los ritmos, los tiempos y la prioridad de las iniciativas y los debates de la institución que debe fiscalizar al futuro Gobierno de Moreno.

Cada partido ha votado a sus propios candidatos para las tres vicepresidencias que, por peso político, dos han recaído en el PP y la tercera en el PSOE. Los populares Ana Mestre y Manuel Andrés González repiten en la Mesa y se incorpora el socialista Fernando López Gil como vicepresidente segundo.

Así arranca la XIII legislatura en el Parlamento andaluz en su sesión constitutiva, cuando los 109 diputados han jurado o prometido el cargo, uno a uno, con la mano sobre la Constitución española. Primero se ha creado la Mesa de Edad, con los dos diputados más jóvenes, ambos de Adelante Andalucía -Javier Montes (enfermero, 26 años) y Jesús Rodríguez (informático, 27 años) y el propio Aguirre, que mantendrá el sillón número uno de la presidencia el resto de la legislatura.

Es la segunda vez en cuatro décadas que el PP ocupa este puesto, después de siete presidentes de la Cámara socialistas, uno de Izquierda U (Diego Valderas) y Marta Bosquet de Ciudadanos.

Vox tiende la mano al PP de Juanma Moreno, así lo manifiesta su líder andaluz, Manuel Gavira. La cuestión es llegar a un acuerdo para que “de una vez por todas, Andalucía cambie de rumbo”. Pero, ¿a qué rumbo se refiere Vox, en qué materias, con qué finalidad? Mientras el PP de Castilla y León busca llegar a un punto de encuentro, los gobiernos de Extremadura y Aragón rubricaron el documento con la formación de ultraderecha que los ata durante los próximos cuatro años, sin contar los baches por el camino. Inmigración, mundo rural y medioambiente, rebaja de impuestos y fiscalización de lo que denominan gastos improductivos, líneas en las que el partido de Santiago Abascal marca su agenda, pese a las trabas relacionadas con las competencias estatales.

Las elecciones en Extremadura (21 de diciembre de 2025) y las de Aragón (8 de febrero de 2026) lograron los pactos de gobierno entre PP y Vox cuatro y dos meses después de que la ciudadanía fuera a las urnas, respectivamente. Los plazos en Andalucía todavía están en el aire y la única fecha segura es que el próximo 11 de junio se iniciará la XIII legislatura andaluza en la que los 109 diputados tomarán posesión de su escaño y se votará la composición de la Mesa de la Cámara. A partir de ahí, el reloj marcará los tiempos de las negociaciones y Moreno enarbolará los 53 diputados de la mayoría frente a Gavira, que apelará a los 15 representantes convertidos en la llave del Ejecutivo autonómico. La prioridad nacional, el mantra de la ultraderecha, capilariza los puntos acordados en las otras autonomías, aunque el candidato popular haya manifestado que se trata de un eslógan sin base legal.

La prioridad nacional, con la que se pretende discriminar a las personas migrantes en las prestaciones públicas al ponerlas detrás de las españolas, queda definida en los acuerdos así: “El acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas se inspirará en el principio de prioridad nacional, que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio”, excluyendo a aquellas personas que estén en situación irregular y solo amparándolos “exclusivamente a supuestos de urgencia vital”.

Este reclamo con el que Vox mira hacia las generales incluye sus líneas más duras en los documentos firmados en Extremadura y Aragón contra los menores migrantes no acompañados, con párrafos que son un calco: “No más MENAS”. “Rechazo frontal a la política de inmigración del Gobierno central y a cualquier reparto de inmigrantes ilegales, tanto mayores como menores de edad”, se recoge, al igual que “devolver a los menores no acompañados a sus países de origen”, para lo que los gobiernos autonómicos promoverán “acuerdos con los países de origen, que faciliten y agilicen las repatriaciones y retornos efectivos de los menores con sus padres”.

Recorte en acogida de menores

Una serie de actuaciones que no podrán acometer al no contar con competencias en la materia, sin mencionar que se incumpliría con la Convención sobre los Derechos del Niño adoptada por las Naciones Unidas y que España suscribe. En todo caso, podrían instar al Gobierno central a hacer cambios que luego se reflejarían en el Sistema de Protección de Menores en Andalucía (SIME), que sí está en manos de la Junta. A ello, habría que añadir la persecución de la lengua árabe o del burka o el niqab, una prohibición en las que la ultraderecha ha utilizado a las corporaciones municipales para hacer presión y que ahora ocupa la agenda de dos administraciones autonómicas.

“No se habilitará ningún nuevo centro de acogida de inmigrantes ilegales durante la legislatura ni se ampliarán plazas en los existentes”, rezan los escritos. En este caso, Vox obvia que los menores no acompañados son integrados en los espacios a los que también acuden los nacionales. “En España tenemos el Sistema de Protección, el cual se pone en marcha cuando un menor se ve privado del cuidado parental por un motivo u otro”, explica Carmela del Moral, responsable de Incidencia Política y Social en Save the Children. En 2024, el Observatorio de la Infancia señala que el acogimiento residencial en el país se dio más hacia extranjeros (9.606) que a españoles (9.162), sin embargo, en el caso de Andalucía, los menores españoles siguen utilizando más los recursos que los foráneos, ya que son 1.565 frente a 876, respectivamente. Por tanto, ¿se recortarían recursos para ayudar a la población más vulnerable?

“En el caso de los menores extranjeros que vienen separados de su referente familiar, entran en el sistema, al igual que los niños y niñas que están en situación de desamparo, como se le llama a la figura administrativa”, indica Del Moral. A partir de ahí, se podrá derivar al menor a un centro de protección o a un acogimiento familiar, ya sea en unidades acogedoras o extensas. “En determinados lugares hay centros de recepción temporal, pero, de nuevo, la legislación no diferencia entre si son de origen extranjero o español, por lo que cualquier medida que se tome en el Sistema de Protección afectará a la infancia y adolescencia independientemente del motivo por el que lo necesiten”, asevera.

“Objetos de odio”

En lo pactado, Vox y PP establecen que habrá un “endurecimiento del régimen disciplinario” de los centros de acogida, sin especificar si se realizará mediante el incremento de agentes policiales o de seguridad, número de trabajadores o similares. Al respecto, la responsable de Save the Children subraya que la exposición de estos menores los hace “objetos de odio” e, incluso, podrían “generar dificultades en su incursión en el territorio”. Por tanto, ve con preocupación que el descontento en materia de migración se focalice en este colectivo “especialmente vulnerable”.

Además, añade que continuarán realizando su misión, pese a que el pacto de los conservadores establezca que habrá una “supresión total de subvenciones a ONGs que favorezcan la inmigración ilegal”. En el caso de Extremadura, se afirma que la Junta “no destinará ni un solo euro público a estructuras que incentiven el efecto llamada”, un bulo alentado por la extrema derecha para el que el Gobierno de Moreno ha puesto alfombra roja, ya que ha recortado un 60% los fondos para la cooperación al desarrollo, así que esta nueva medida daría la estocada definitiva a tantas organizaciones. En este punto, se expresa el rechazo y recorte presupuestario a los sindicatos, organizaciones empresariales y entidades privadas “sin utilidad pública”, obviando que las líneas de subvenciones dada por la Junta ya tienen un sistema de baremación que garantiza que las subvenciones reporten beneficios sociales.

Medidas fiscales y rechazo a Bruselas

En cuanto al campo andaluz, nicho de Vox para encadenar el voto agrario, Extremadura pide la eliminación de la ecotasa energética, mientras que Aragón suprimirá el impuesto medioambiental sobre la emisión de contaminantes a la atmósfera. Con ello, el Ejecutivo no aprobará “ninguna medida que perjudique objetivamente al sector primario y lo protegerá activamente de las imposiciones de Bruselas y del Pacto Verde”, aparte de rechazar la implantación de Mercosur. En el tinglado burocrático, abogan por la simplificación administrativa a destajo y la “aplicación del principio de declaración responsable” con tal de agilizar procedimientos para los que se necesitan una rigurosa inspección. A su vez, se creará una dirección general de regadíos, una cuestión que en Andalucía ya tiene su polémica avanzadilla con la iniciativa que registró Vox para amnistiar regadíos ilegales en el entorno del Parque Nacional de Doñana (Huelva)

Hay bonificaciones, varias y cuantiosas. En Aragón, por ejemplo, la reducción del 80% de la tasa por servicios de expedición de licencias y permisos de caza y pesca, o que incluya a los sobrinos en las ampliaciones de las bonificaciones del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

A ello, habría que añadir que apuestan por ampliar la “concertación” de plazas para residencias de mayores, dejando la puerta abierta a una mayor privatización y, como reza en Aragón, también a la modalidad educativa de Bachillerato, “garantizando la libertad de elección de centro”. Indicios de lo que podría ocurrir en Andalucía, donde una de las mayores protestas de la comunidad educativa está en la escasa oferta en Formación Profesional pública que ha provocado la falta de oportunidades entre los estudiantes.

Hay un apartado en el que Vox quiere colgarse la medalla. “Publicación de estadísticas de delincuencia vinculada a inmigración masiva e ilegal”: el Ministerio del Interior publica el balance en el Portal Estadístico de Criminalidad y también el Instituto Nacional de Estadística, donde la serie de 2024 destaca que el 74% de los condenados por delitos era de nacionalidad española. Desde noviembre del año pasado, la Ertzaintza se convirtió en el primer cuerpo policial del Estado en comunicar el origen de sus arrestados, pero por zonas geográficas y no por nacionalidad, siendo una estrategia que se está estudiando en Cataluña y en la Comunidad Valenciana.

Igualmente, el empadronamiento o el acceso a una vivienda protegida y al alquiler social son varias de las cruzadas de la ultraderecha en pos de la prioridad nacional. Por ejemplo, con la creación de un servicio de verificación del empadronamiento ignoran la legislación estatal que ampara a las personas sin hogar que necesitan estar inscritas en albergues, unidades de atención o similares con tal de acceder a los servicios básicos, como la educación, la sanidad o demostrar el arraigo para pedir la residencia.

Además, Extremadura y Aragón piden un mínimo de 10 años de estancia en el país para la compra de una VPO y otros cinco años para alquiler social a un colectivo vulnerable que sufre la discriminación de los servicios inmobiliarios y la subida de los precios del mercado; y aunque los gobiernos autonómicos de PP y Vox expresan por escrito su oposición a la política de vivienda del Ejecutivo de Pedro Sánchez, ambas, al igual que Andalucía, votarán a favor del Plan Estatal de Vivienda para acceder al fondo de 7.000 millones de euros. A la espera de lo que ocurra, estas son las primeras pinceladas que se podrían esperar de un acuerdo con Vox, que ya en 2019 presentó un total de 19 propuestas para facilitar el que fuera el primer gobierno autonómico que quitó el cordón sanitario a su formación.

Hace siete años la guerra cultural con la que Vox se hizo un hueco en el tablero político estaba enfocada a la protección de la tauromaquia, a la derogación ley de memoria histórica y a la negación de la violencia machista contra las mujeres mientras aludían a la defensa del modelo de la familia tradicional donde la comunidad LGTBI no tenía cabida. En esta ocasión, y con esos mandatos ya implantados en la esfera pública, el discurso de la ultraderecha se ha endurecido, defendiendo sin complejos una política xenófoba que necesitará del apoyo de Moreno.

El pasado mes de septiembre, antes del adelanto electoral en Extremadura, Aragón y Castilla y León, el portavoz de Vox Andalucía, Manuel Gavira, reconoció por primera vez que fue “un error” apoyar la primera investidura de Juan Manuel Moreno, en 2019, y quedarse fuera de su Gobierno. Acto seguido anunció su intención de entrar en el nuevo Ejecutivo andaluz si lograban arrebatarle al PP la mayoría absoluta.

“Tenemos una experiencia ya... Juanma Moreno es presidente de Andalucía gracias a Vox (...). Y nosotros fuimos engañados por el PP. Por tanto, nuestro objetivo es transformar Andalucía y para que ese objetivo se cumpla tendremos que estar en los gobiernos y hacer, evidentemente, esa propuesta que queremos hacer a los andaluces”, dijo en una entrevista en Canal Sur Radio.

No fue una boutade de Gavira, que jamás abre fuego sin la pólvora que le proporciona Santiago Abascal. Fue, como siempre en el partido ultraderechista, un movimiento sincronizado por la dirección nacional en las cuatro comunidades que se adentraban en el largo ciclo electoral, dejando patente que Vox volvería a los gobiernos autonómicos de los que había salido, y negociaría más duro con el PP. Desde entonces, Gavira no ha dejado de repetir esta idea en el Parlamento andaluz, con más resonancia cuando se iniciaron las negociaciones entre PP y Vox en Extremadura y Aragón. “Moreno ya nos engañó. El PP no cumple los acuerdos políticos, por eso hay que estar dentro, para controlar que cumplan”, han insistido una y otra vez.

Moreno perdió la mayoría absoluta en las elecciones del pasado domingo, pero se quedó a tan solo dos diputados de su objetivo. Los populares han caído de los 58 a los 53 escaños [la absoluta está en 55], y desde la misma noche electoral Vox empezó a enfriar aquel mensaje que lanzaron hace ocho meses. Los de Abascal han aumentado un diputado [de 14 a 15] en Andalucía, la comunidad donde se estrenaron en las instituciones, en 2018, y donde llegaron a acaparar su mayor porcentaje de votos en toda España.

Ahora vuelven a ser clave para que Moreno sea investido presidente, pero esta vez no sustentarán a un PP escuálido -en 2018 obtuvo 26 diputados, el peor resultado de su historia- sino a un partido vigorizado, que ha perdido cinco escaños, pero ha roto su techo electoral, con 1,6 millones de votantes. La misma noche electoral, Gavira evitó hablar de “sillones” y “consejerías” en el futuro Gobierno andaluz y el líder del PP, ante la ejecutiva nacional de su partido en Madrid, adelantó que “lo más razonable” es que le permitan gobernar en solitario, con apoyos puntuales ni negociando presupuesto a presupuesto, como hizo en su primera legislatura.

Este lunes, el cabeza de lista de Vox al Parlamento por Sevilla, Javier Cortés, volvió a insistir en que su objetivo no es ninguna cartera en el nuevo Ejecutivo de Moreno, sino imponer al principal exponente del PP moderado la llamada “prioridad nacional”, una propuesta xenófoba de dudosa legalidad que pasa por discriminar a los inmigrantes en las prestaciones públicas por detrás de los españoles. “No pedimos gobierno, no vamos a pedir sillones, no vamos a pedir vicepresidencias ni vamos a pedir consejerías, lo que vamos a pedir es un cambio de políticas y que, a partir de ahora, la prioridad nacional sea una realidad”, ha señalado Cortés.

Durante la campaña, Moreno se ha referido al término “prioridad nacional” como un “eslogan vacío”. “Algunas propuestas son irreales y otras son ilegales. En este caso es la Constitución Española, el Estatuto de Autonomía y las leyes orgánicas las que nos marcan lo que tenemos que cumplir y el PP no va a vulnerar nunca la ley. Ahora, que ellos le quieren denominar prioridad nacional, me parece muy bien”, dijo en un desayuno informativo en Sevilla. El presidente de la Junta en funciones llegó a fantasear con una “repetición electoral” si la ultraderecha le obligaba a rebasar alguna línea roja, sin precisar si el polémico discurso antiinmigrante es una de ellas.

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, también aclaró que negociarán con el PP de Moreno “conscientes” de la “proporcionalidad” del resultado en las andaluzas. En la formación ultraderechista hay quien piensa que su estancamiento en las urnas el pasado domingo tiene mucho con ver con haber dilatado las negociaciones con el PP en Extremadura y Aragón, dejando en el aire dos gobiernos autonómicos durante meses. Eso que el dirigente popular andaluz llamó “lío” o “desgobierno”, haciendo un llamamiento al voto útil y alertando también al sector empresarial andaluz, donde existe un voto fronterizo con los de Abascal. “No ha ayudado”, dicen.

Moreno ha perdido la autonomía política que ha disfrutado estos cuatro años y se ha abierto ya a llegar a acuerdos con Vox. La primera fecha en el calendario es la constitución del Parlamento andaluz, el próximo 11 de junio, cuando los 109 diputados tomarán posesión de sus escaños y se votará a los miembros de la Mesa, órgano rector de la Cámara. La persona que presida la segunda institución de Andalucía, contrapeso del futuro Gobierno autonómico, tendrá un papel clave para medir los tiempos y las prioridades políticas de una legislatura sin mayorías absolutas. Está por ver si Moreno cede ese puesto clave a Vox -como ha hecho el PP en otros territorios-, con más autonomía y visibilidad que una cartera dentro de su Ejecutivo.

La dinámica de negociación entre ambas fuerzas conservadoras depende de la correlación de fuerzas. Moreno se ha quedado más cerca de la mayoría absoluta que María Guardiola en Extremadura (a cuatro escaños); Jorge Azcón en Aragón (a ocho escaños) y Alfonso Fernández Mañueco (a nueve escaños). El mayor porcentaje de votos lo logró el PP extremeño, un 43,18%, dos puntos más que el PP andaluz (41,60%), y alejado del PP castellano leonés (35,47%) y del aragonés (34,26%).

Pero la mayor ventaja respecto a Vox es la de Moreno, que tiene un 27,7 puntos más que la ultraderecha; mientras que Guardiola les sacó 26,2 puntos; Azcón 16,38 puntos y Mañueco 16,5 puntos.

Con esta “proporcionalidad”, Vox ha entrado en el Gobierno extremeño ocupando una vicepresidencia y dos consejerías, la de Familia y la de Agricultura. Guardiola llegó a afirmar que su feminismo era como el del partido ultraderechista y el acuerdo político que firmaron abrió la puerta al término xenófobo “prioridad nacional”. Previamente se había constituido la Asamblea de Extremadura, cuyo presidente, un diputado del PP, fue elegido por mayoría simple, sin el respaldo de Vox, evidenciando el bloqueo de las negociaciones.

En Aragón, Vox negoció con Azcón para controlar tres carteras en su nuevo Gobierno: la de Agricultura, Ganadería y Alimentación; la de Medio Ambiente y Turismo; y la de Política Social y Familia. La presidencia de las Cortes sería para el PP mientras que el senador autonómico correspondería a Vox, que también tendrá representación en la Mesa de las Cortes con una vicepresidencia.