Es segregación, no prioridad

Una vez más la extrema derecha nos la ha colado. Como loros repetimos ya todos el eslogan con el que Vox pretende disfrazar la vieja segregación de toda la vida bajo dos palabras amables como “prioridad” y “nacional”, las cuales, además, suenan incluso mejor una detrás de la otra.

En pocas materias ha sido tan claro el Tribunal Constitucional a lo largo de su historia, diversas composiciones y orientaciones ideológicas. Los derechos fundamentales van asociados a la dignidad de la persona antes que a la condición de español. Discriminar a alguien por el dato casual del lugar donde haya nacido no cabe en nuestra constitución. Naturalmente que puede y debe regularse el acceso a los servicios y ayudas públicas, pues los recursos son escasos, pero con reglas y condiciones que ordenen con los mismos criterios las urgencias y necesidades de los individuos porque todos somos personas y somos iguales ante la ley.

La otra mentira tiene que ver con la propia característica de nacional. Aquí no se busca confrontar a españoles con extranjeros, entre nacionales e inmigrantes. Se segrega entre vecinos que llevan años conviviendo y han contribuido en igualdad de condiciones durante años a la financiación y producción de esos servicios y programas, de los cuales unos serán segregados y otros no por algo que ni siquiera fue su decisión: dónde han nacido. La realidad de los datos debería resultar suficiente para rebajar la falta de empatía y la soberbia con que hablamos de esa supuesta riqueza a la cual deberíamos tener derecho primero y siempre parece vinieran a robarnos.

Según los datos del propio Ministerio de Derechos Sociales, en 2022, poco más de medio millón de personas inmigrantes fueron usuarios de los servicios sociales, lo que representa el 5% del total de 9,2 millones de beneficiarios. La población migrante constituye el 11% de los perceptores del Ingreso Mínimo Vital (IMV), aunque represente el 14% de la población. Según los últimos datos disponibles del Imserso, a diciembre de 2024, el 92,09% de los pensionistas no contributivos eran españoles (424.370 personas). El número de beneficiarios extranjeros fue de 36.447, lo que supone el 7,91% del total.

Es cierto que la tercera parte de los perceptores de las rentas mínimas de integración son personas migrantes. Pero, según la Encuesta de Condiciones de Vida del INE de 2023, resulta que el 47% de las personas extranjeras no comunitarias estaban en riesgo de pobreza, frente al 29% en el caso de los ciudadanos de la UE. Es decir, soportan una tasa de pobreza que duplica la tasa media de los nacionales. Se llama ser pobre, no ser un privilegiado.

La Encuesta de Condiciones de Vida de 2024 confirma que las personas inmigrantes experimentan mayores dificultades económicas y un acceso más limitado a prestaciones sociales en comparación con la población autóctona. Las personas nacidas fuera de España presentan una mayor tasa de carencia material y social severa. Para los nacionales de terceros países, la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social superaba el 54%; más del doble que para los españoles.

En el primer trimestre de 2024, la tasa de desempleo entre españoles era del 11,1%, frente al 13,1% entre nacionales de la Unión Europea y el 20,7% entre extracomunitarios. Esta mayor desocupación, combinada con empleos de menor remuneración y mayores tasas de parcialidad involuntaria, les condena a trabajar más, pero cobrar menos y hacerlo en peores condiciones. Solo el 9,7% de los beneficiarios de prestaciones por desempleo son extranjeros, dato que contrasta con su mayor peso relativo entre los desempleados registrados.

En materia sanitaria, la población inmigrante utiliza con menor frecuencia que la autóctona la mayoría de los servicios sanitarios; con un patrón característico: el uso de atención especializada y servicios preventivos resulta menor con respecto a la población autóctona. El balance económico sale claro: la población inmigrante genera un gasto sanitario inferior a su peso demográfico, utiliza menos los servicios programados y especializados, y parte de un estado de salud objetivamente mejor al ser más jóvenes.

Es cierto que el rápido crecimiento de la población ha supuesto en el corto plazo una congestión localizada de los servicios sanitarios, especialmente de la atención primaria, como consecuencia de la desigual distribución geográfica de los inmigrantes en el territorio. Esa congestión se resuelve con planificación de recursos, no con restricción de acceso.

En materia de vivienda, lejos de la supuesta competencia desleal, el resultado apunta a un doble bloqueo para las personas migrantes que no sale en los titulares: la vivienda pública no es accesible debido a que el sistema prioriza la antigüedad; la vivienda privada no es accesible debido a la discriminación en el mercado. Además, las ayudas al alquiler solo son efectivas si se logra un contrato de arrendamiento, negado con frecuencia.

El efecto práctico sobre la población inmigrante parece demoledor: quienes llegan a España como adultos y tardan uno o dos años en regularizar su situación administrativa se enfrentan, en las comunidades más exigentes, a una espera adicional de entre 8 y 13 años antes de poder siquiera optar a una vivienda pública. Durante este período compiten en un mercado privado donde una vergonzante mayoría de las inmobiliarias practican la discriminación. En consecuencia, un 23% de la población migrante se ve obligada a residir en viviendas sobreocupadas, frente al 6% de la población nacional.

El 78% de la población migrante se encuentra en edad laboral, en comparación con el 63% de la población nacional. El cálculo es sencillo. Lo han efectuado en la Universidad de Murcia. Las personas migrantes realizan contribuciones significativas con una tasa de cotización de 1,72 euros por cada euro recibido, en contraste con la tasa de 1,32 euros cotizados por los nacionales. Es lo de siempre. Segregar al más débil para proteger al más fuerte.