La Casa de Alba admite que tenía varios pozos sin licencia (hasta nueve) en su finca de Aljóbar, a las puertas de Doñana, pero insiste en que no extrajeron más agua de la que tiene autorizada la propiedad y que nadie ha podido demostrar lo contrario, básicamente porque carecían de los obligatorios contadores. Esto, unido a que considera que ningún informe técnico ha acreditado “peligro grave” para el medio ambiente, le lleva a concluir que en ningún caso se ha cometido un delito ambiental y que, como mucho, hablamos de una “infracción administrativa” por no tener regularizados los bombeos.

Éstas son las tesis con las que la defensa de Eurotécnica Agraria, la empresa familiar de la Casa de Alba que gestiona estas tierras en Aznalcázar (Sevilla), reitera que no hay nada más que investigar en este caso. De esta manera, se opone a los recursos que han presentado la Fiscalía y Ecologistas en Acción contra el archivo de la causa decretado hace un mes por el juez.

El escrito de Eurotécnica Agraria afea la petición de la Fiscalía de que sea en un juicio donde se analice si ha habido perjuicio o no al medio ambiente, y le reprocha al Ministerio Público que “desconoce que el juicio oral no puede convertirse en una investigación prospectiva” para determinar si hubo riesgo grave al entorno. “La instrucción ya ha demostrado la ausencia de base técnico-científica suficiente” sobre esta cuestión, apostilla.

En cambio, en su recurso la Fiscalía repite que se cometió un delito ambiental porque se produjo una “extracción sistemática y de carácter industrial” de agua sin licencia “mantenida durante muchos años con grave perjuicio para el medio natural” y en plena prealerta por sequía. En sus informes, la Guardia Civil cifra que la propiedad extrajo de manera ilegal entre 3.800 y 6.640 millones de litros durante una década larga, lo que le reportó un “beneficio ilegal” de 5,1 millones de euros y provocó daños al entorno de entre 732.000 euros y 1,1 millones.

Informes sin “fiabilidad”

En cambio, la defensa argumenta en su nuevo escrito que “no basta la mera infracción administrativa” para imputar un delito, y que el Código Penal establece que para ello es necesario que las captaciones “causen o puedan causar daños sustanciales”. Por ello, abunda en que para entrar en el terreno de lo delictivo se “exige algo más que la mera infracción de la normativa de aguas” que habría cometido Eurotécnica Agraria con sus extracciones.

“La mera existencia de pozos no autorizados y la infracción” de la Ley de Aguas no presuponen la existencia de un delito ambiental, sostiene el escrito. Para ello, habría que demostrar que se han dado las circunstancias “idóneas” para “originar un riesgo grave” para el acuífero (Aljarafe Sur) o para causar “daños sustanciales” a la calidad de las aguas, especies o hábitats.

La única forma de demostrar esto es con informes técnicos de una “mínima solidez pericial, inexistente en el presente caso”. De hecho, recuerda que la Guardia Civil hizo correcciones en sus análisis, lo que “merman su credibilidad y afectan a su robustez metodológica”, lo que le lleva a afirmar que “no alcanzan el umbral mínimo de fiabilidad”.

Legalización de las extracciones

La Casa de Alba insiste en que no se ha regado más superficie de la permitida, “sin que se haya podido determinar si se ha extraído más agua de la autorizada”. A esto suma que la administración hidráulica (la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir) reconoce como bueno el estado del acuífero, además de que no ha podido determinar que el progresivo descenso de su nivel sea responsabilidad “exclusiva” de Aljóbar porque hay otras fincas cercanas.

Por último, vuelve a agarrarse al otro gran argumento junto al de la falta de contadores, y es el cambio del régimen de regadío en la hacienda (transformación de derechos de aguas privadas a públicas) “por la que se legalizan la totalidad de las extracciones existentes”. Esta opción es un derecho que la normativa de aguas concede a la propiedad y que no evita posibles sanciones administrativas por irregularidades anteriores, pero se esgrime que “de apreciarse un impacto negativo” no se habría autorizado.

Eurotécnica Agraria, por cierto, presentó este proyecto a las pocas semanas de que empezara la investigación judicial en 2023, cuando ya había sido sorprendida con los pozos ilegales en uso por primera vez, ya que un año después volvió a usarlos. Con todo, la defensa lo que hace es repetir buena parte de los argumentos y razonamientos que han llevado al juez a dar carpetazo a la causa, de ahí que solicite que se reafirme el archivo del caso.

“Existen indicios suficientes de haberse perpetrado delito contra el medio ambiente”. Ésta es la conclusión en la que insiste la Fiscalía de Medio Ambiente sobre los nueve pozos sin licencia de la Casa de Alba en su finca de Aljóbar, en el término del municipio sevillano de Aznalcázar, y en ello basa el recurso de reforma que ha presentado para “revocar” el archivo de la causa decretado por el juez instructor. El escrito ha sido admitido a trámite, al igual que la petición en el mismo sentido de Ecologistas en Acción.

El Ministerio Público incide en la tesis, basada en los informes de la Guardia Civil, de que se produjo una “extracción sistemática y de carácter industrial” de agua sin licencia, además “mantenida durante muchos años con grave perjuicio para el medio natural” y cuando el acuífero del que extraía (Aljarafe Sur) estaba en prealerta por sequía. Y basa su argumento en la cuestión principal de que la legalización de estos pozos el pasado mes de mayo “no elimina el delito contra el medio ambiente que ya se hubiera consumado”, ya que según el instituto armado las extracciones venían produciéndose desde hacía más de una década cuando fueron descubiertas en 2023.

Apunta así la fiscal contra una de las principales conclusiones del magistrado, el permiso que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG, el organismo estatal encargado de conceder los derechos de riego) dio a la propiedad para lo que técnicamente se conoce como transmutación de derechos de aguas privadas a concesión de aguas públicas. Eurotécnica Agraria, la empresa familiar que gestiona la finca y que controlan los Martínez de Irujo, hermanos del duque de Alba, inició esta maniobra para cambiar el sistema de riego –un derecho recogido en la Ley de Aguas– al poco tiempo de que empezara la investigación judicial.

“Aptitud potencial para un perjuicio grave”

La causa se inició en octubre de 2023, tras las denuncias por riego sin permiso, lo que llevó a la clausura de los pozos, un precinto que el juez decidió levantar y que provocó que meses después fueran sorprendidos una segunda vez bombeando sin licencia. La autorización dada por la CHG fue esgrimida por el juez en su auto de archivo como un elemento exculpatorio: si se ha permitido la “legalización”, “no parece que esas extracciones hayan venido causando un impacto negativo en el caudal y/o en la calidad de las aguas del acuífero”.

La Fiscalía insiste en los indicios de delito “sin perjuicio de que con posterioridad puede haberse autorizado” esta transmutación de derechos. En este sentido, insiste en que esta “legalización posterior” no implica que se cometiera un delito contra el medio ambiente durante más de una década. A su juicio, estamos antes un “delito de peligro hipotético”, y que, por lo tanto, “basta con acreditar que la extracción clandestina e incontrolada tuvo aptitud potencial para causar un perjuicio grave al recurso hídrico legalmente protegido”.

Por eso, reitera que las licencias ahora concedidas que regularizan las extracciones “no tienen efectos retroactivos que anulen a previa conducta delictiva”. “En todo caso”, apostilla, “se mantendría la obligación de indemnizar los daños causados al dominio público” por la actividad de estos pozos.

Que se dirima en un juicio oral

Un “uso ilícito del agua” que, mantiene, permitió un “beneficio indirecto” de 5,1 millones de euros a Eurotécnica Agraria, a lo que suma que la cuantificación económica del daño ambiental ocasionado oscilaría entre 732.000 euros y 1,1 millones. Y aunque admite que hay dos informes de la CHG que alertan de daños al acuífero pero que no pueden concluir que sea por la acción “exclusiva” de los pozos de la Casa de Alba, sí da por certificadas numerosas irregularidades en Aljóbar: más captaciones de las autorizadas, sin contadores de agua –circunstancia que ha jugado a su favor–, sin régimen de explotación, sin saber si se han sacado más recursos de los permitidos...

Con todos estos elementos, la fiscal de Medio Ambiente de Sevilla considera que, con la base de los informes periciales ya emitidos, es en un juicio donde hay que dirimir “si ha existido o no un objetivo y grave peligro para el bien jurídico protegido”. Por ello, solicita revocar el auto de archivo y que se empiecen a dar los pasos procesales para que se celebre un juicio oral.

Lo que se ha demostrado sobre los pozos ilegales de la Casa de Alba “hace racionalmente posible la hipótesis de una captación prolongada, incontrolada y para contribuir a un daño sustancial”. Ésta es una de las afirmaciones que hace Ecologistas en Acción, que ejerce la acusación particular, en el recurso por el que solicita revocar el archivo del caso decretado por el juez instructor, al que reprocha que ha dejado de lado la investigación de la Guardia Civil para quedarse con la versión de la propiedad, que al final hasta se beneficia de una ilegalidad tan básica como la ausencia de contadores de agua en estos puntos de extracción.

La organización ecologista considera que es necesaria (y posible) una reconstrucción hidrogeológica que determine si se cometió un delito contra el medio ambiente con estas captaciones sin licencia. En este sentido, apunta en su escrito que “la falta de contadores fue una circunstancia de la explotación, no una razón jurídica para declarar imposible” esta prueba, con la que “puede reconstruirse” cuántos recursos se extrajeron y qué efecto tuvo esto en el entorno.

“Lo que no resulta admisible es que la ausencia del medio de control exigible [los contadores] beneficie probatoriamente a quien debía instalarlo”, continúa, y es que el juez esgrime la ausencia de este elemento obligatorio para argumentar que no se puede saber el volumen de agua extraído y, por tanto, no puede concluirse que haya delito ambiental. En este sentido, también lamenta que el instructor “opta por una de las lecturas técnicas enfrentadas y descarta la restante”, eligiendo así el informe que presentó la Casa de Alba por delante de los firmados por los expertos de la Guardia Civil.

“Hipótesis delictiva fundada”

En su recurso, Ecologistas en Acción considera que en el auto de archivo “atribuye alcance exculpatorio a informes administrativos que no lo tienen”, en relación con las actuaciones desarrolladas por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), el organismo estatal responsable de los derechos de agua. Y aunque admite que la investigación de la Guardia Civil puede tener “límites metodológicos”, insiste en que “permanece una hipótesis delictiva objetivamente fundada”.

El instituto armado cifra el daño ambiental en hasta 1,1 millones de euros, además de que la empresa Eurotécnica Agraria (integrada por los hermanos del duque de Alba y que se encarga de gestionar varias de las fincas familiares) habría obtenido un beneficio económico de 5,1 millones de euros por el “uso ilícito del agua”. En la finca Aljóbar, en el término del municipio sevillano de Aznalcázar y pegada a Doñana, fueron localizados nueve pozos sin licencia, sorprendidos en dos ocasiones en plena actividad.

Tras casi tres años de instrucción, el magistrado ha concluido que nada demuestra que se haya cometido un delito ambiental como el que imputaba la Fiscalía. Para la acusación particular, se pueden discutir aspectos de la investigación de la Guardia Civil, pero “lo que no cabe es negar la existencia de una conclusión técnica incriminatoria”, ya que se plantea una “hipótesis de riesgo relevante” que el juez no tiene en cuenta.

“Explotación abusiva”

Los ecologistas apuntan que la investigación ha puesto de manifiesto no pocas evidencias: había nueve pozos ilegales, funcionaban sin contadores, “existían pérdidas visibles de agua en las conducciones” –la Confederación llegó a definir la situación como de “despilfarro”– y se desconoce si se había superado el volumen autorizado, algo de lo que la Guardia Civil está convencida. El recurso también alude a que se hace referencia “a una explotación abusiva” y que hubo reincidencia en el uso de los pozos, datos que “no prueban por sí solos el delito” pero son “incompatibles” con que el juez los haya esgrimido como “acreditación positiva de ausencia de riesgo”.

A todo lo anterior hay que unir que se ha constatado un descenso en el nivel del acuífero del que bombean agua los pozos, el Aljarafe Sur, oficialmente declarado en buen estado aunque en los últimos años se ha constatado un creciente deterioro del que –según la Confederación– no se puede atribuir la “exclusividad” de la responsabilidad a Aljóbar porque hay otras fincas que también extraen de aquí. Para la acusación particular, la valoración conjunta de todos estos elementos “hace racionalmente posible la hipótesis de una captación prolongada, incontrolada y apta para contribuir a un daño sustancial”.

El magistrado que ha instruido la causa también basa el archivo en que la propia Confederación ha dado permiso a la Casa de Alba para cambiar el régimen de riego, lo que conlleva la legalización de sus pozos. Esto le lleva a deducir que, si se ha permitido esta regularización (que se puso en marcha al poco tiempo de ser descubiertos e iniciarse la investigación judicial), “no parece que esas extracciones hayan venido causando un impacto negativo”.

Una reconstrucción hidrogeológica neutral

Para los ecologistas, el visto bueno que ha recibido este proyecto “valora la compatibilidad futura” en base a los permisos de riego que tiene Eurotécnica Agraria. En cambio, “no acredita el caudal efectivamente detraído en años anteriores, no convalida retroactivamente el uso de pozos no incluidos en el título y no equivale a una declaración de inocuidad de la forma en que se explotaron” durante once años, según los cálculos de la Guardia Civil, y además en plena época de sequía.

Por ello, el recurso insiste en la necesidad de que peritos neutrales lleven a cabo una reconstrucción hidrogeológica de lo que ha ocurrido en Aljóbar para saber el volumen de agua que se extrajo “con el margen de incertidumbre que corresponda”. Esta operación la considera técnicamente viable, una petición que “no pretende prolongar indiscriminadamente la causa, sino cerrar de manera neutral la única controversia que el auto considera decisiva”. Para ello, concluye, habría que analizar datos como la superficie y evolución de los cultivos, las dotaciones hídricas, las características y potencia de las bombas y los consumos eléctricos.

Una ilegalidad que permite escaparse de un posible delito. Esta rocambolesca situación es una de las claves que ha permitido a la Casa de Alba esquivar el banquillo, después de que el juez haya archivado la causa por sus pozos sin licencia en su finca sevillana de Aljóbar, en Aznalcázar, pese a admitir que existen. Hablamos de la ausencia del obligatorio contador de agua (una de las irregularidades asociadas a las nueve captaciones sin permiso localizadas por la Guardia Civil), que ha llevado al magistrado a concluir que al no existir es imposible saber cuántos recursos se han sacado sin permiso. Y como no se sabe esta cuantía, no puede acreditarse que haya delito contra el medio ambiente.

El de los contadores es uno, pero no el único elemento que esgrime el instructor en el auto en el que motiva su decisión de archivar el procedimiento por unas captaciones sin licencia a las puertas de Doñana. Hay otros dos factores importantes: el instructor se ha basado en informes de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (la CHG, el organismo estatal que ejerce de autoridad del agua) que no eran concluyentes, mientras que en paralelo ha dejado de lado estudios de la Guardia Civil demoledores para la Casa de Alba.

Lo de los contadores de los pozos es una pintoresca pescadilla que se muerde la cola, un argumento que ya esgrimió la propia defensa durante la instrucción: si no hay medidores de volumen, no se puede demostrar si se ha sacado más agua de la permitida o no. Lo chocante es que, entre otras cuestiones, es ilegal precisamente por la falta de estos contadores. La empresa Eurotécnica Agraria, que gestionan los Martínez de Irujo para llevar esta hacienda y otras de la familia, ha insistido en todo el proceso en que nunca ha extraído más recursos de los que tiene concedidos, y que no había nadie que pudiese demostrar lo contrario.

“No puede concluirse” un delito

El juez es de la misma opinión, y como no hay contador, pues es imposible determinar la existencia o no de un delito ambiental. “Ni los pozos autorizados ni los no autorizados cuentan con contadores volumétricos”, esgrime, lo que lleva a tener que hacer “cálculos de estimación” de las posibles extracciones de agua no autorizadas. Esto, unido a informes de la CHG no concluyentes sobre el daño al acuífero, le lleva a afirmar que “no puede concluirse, ni de manera indiciaria”, la existencia de hecho penal.

¿Y cuáles son estos informes y decisiones de la CHG que han jugado a favor de la Casa de Alba? Porque aquí hay otra paradoja, y es que fue la propia Confederación la que más ha batallado en este caso junto a la Fiscalía, pero los pasos que ha ido dando en paralelo le han venido bien a la defensa. En concreto, a petición del propio juez hizo dos análisis sobre la situación del acuífero Aljarafe Sur, del que bombean los pozos, y ambos llegaron a la misma conclusión: estas aguas subterráneas presentan cada vez peor estado, pero no se puede atribuir la “exclusividad” de la responsabilidad a Aljóbar porque hay otras fincas que también extraen en esta zona.

La otra decisión sí ha sido más controvertida, y es que en pleno proceso judicial ha permitido que la Casa de Alba iniciara el proceso de regularización de estos pozos para un cambio de régimen de riego. El paso –un derecho recogido en la Ley de Aguas– lo dio Eurotécnica Agraria al poco tiempo de que empezara la investigación judicial y cristalizó el pasado mayo en el correspondiente permiso oficial, lo que reforzó a la defensa para a renglón seguido reclamar el archivo de la causa.

“No parece” que hayan causado daño

Finalmente, este proceso ha sido esgrimido por el juez como un elemento exculpatorio. Si la Comisaría de Aguas ha procedido a la “legalización” de estos pozos, “no parece que esas extracciones hayan venido causando un impacto negativo en el caudal y/o en la calidad de las aguas del acuífero”, que en el actual Plan Hidrológico está catalogado como en buen estado. “No se cuenta con informe técnico que pueda determinar que esas extracciones, por sí mismas, hayan alterado o puedan alterar el balance hídrico del acuífero generando un riesgo de daño grave para el mismo”, concluye.

Pero el caso es que sí había informes que apuntaban en esta dirección, y han sido los elaborados por el Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, que han sido muy contundentes en este sentido. Así lo apuntaron dos estudios elaborados por el instituto armado a petición de la Fiscalía de Medio Ambiente, y así lo ratificaron después las agentes en su declaración como testigos ante el magistrado.

La Guardia Civil considera que con estos pozos se extrajo más agua de la que tiene autorizada Eurotécnica, lo que le habría permitido multiplicar sus regadíos y obtener así hasta cinco millones de euros de “beneficio ilegal” tras bombear sin licencia hasta 6.600 millones de litros durante once años. A esto hay que añadir un daño ambiental que, en total, ascendería a 1,1 millones de euros. 

Sorprendidos dos veces funcionando

Al final, y en la práctica, el juez ha considerado estos análisis un informe de parte que viene a equipararse con el contrainforme que hizo la Casa de Alba para apuntalar su versión, anulándose el uno al otro. La defensa, de hecho, llegó a esgrimir que sus pozos ilegales han ayudado a mejorar el acuífero, ya que al aumentar los puntos de extracción se evita tener que ahondar a más profundidad que si el agua se obtiene de una sola captación.

El magistrado no ha llegado ni a entrar por lo tanto en el que era el principal argumento de la propiedad, que no había sacado más agua de la autorizada. Tampoco ha considerado agravante que los pozos fueran clausurados, se desprecintaran por orden judicial y fueran sorprendidos una segunda vez en pleno uso, con la investigación del Juzgado ya en marcha. Y asimismo no ha tenido en cuenta que durante varios de los años en los que habrían sucedido los hechos se sufrieron graves episodios de sequía, lo que agrava la cuestión, antes al contrario: esgrime que las últimas lluvias, tiempo después de lo ocurrido, han mejorado la situación de estas aguas subterráneas.

En última instancia, el magistrado concluye que nadie ha podido acreditar ni siquiera la posibilidad de que estos pozos hayan supuesto un riesgo para el medio ambiente. De hecho, considera que en realidad estamos ante una cuestión administrativa (la falta de licencia de unas captaciones) que acabó en la vía penal por la mala reacción inicial que tuvo la Casa de Alba, que cuando fueron a precintar los pozos impidió el acceso a la Guardia Civil y a la Comisaría de Aguas. Ahora, archivada la vía judicial, se reactiva la causa administrativa que ya inició la CHG y que puede derivar en una sanción que, llegado el caso, será infinitamente menor a la que habría llegado de la mano del Código Penal.

Carpetazo judicial al caso de los nueve pozos ilegales descubiertos en una finca de la Casa de Alba, con los que según la Guardia Civil se extrajeron hasta 6.600 millones de litros de manera ilegal que generaron un “beneficio ilegal” de cinco millones de euros. El magistrado encargado de una investigación que se ha prolongado durante casi tres años señala que estas extracciones carecen de licencia, pero que en todo caso esa es una cuestión administrativa y la acusación no ha podido demostrar que se haya producido un delito contra el medio ambiente.

En un auto de siete páginas al que ha tenido acceso este periódico, el instructor subraya que las diligencias que se han practicado “generan importantes dudas” y, por lo tanto, “no permiten acreditar” que estas captaciones hayan podido dañar el acuífero Aljarafe Sur, del que la propia autoridad del agua (la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, un organismo estatal) admite que su estado es bueno. Así las cosas, acuerda el sobreseimiento y el archivo de la causa, impulsada por la Fiscalía de Medio Ambiente en base a informes de la Guardia Civil.

La sentencia no es definitiva todavía, ya que las partes tienen ahora la posibilidad de interponer un recurso de reforma en tres días. A continuación, se abre también la puerta del recurso de apelación en un caso en el que se ha investigado el impacto ambiental de unas captaciones sin registrar que fueron clausuradas y sorprendidas una segunda vez de nuevo en uso en pleno proceso judicial.

Lo administrativo se convirtió en penal

La finca en la que fueron localizados estos pozos, Aljóbar, se ubica en el municipio sevillano de Aznalcázar, lindando con Doñana, y la existencia de estas extracciones sin permiso se conoció gracias a la denuncia de extrabajadores, ya que estaban ocultos con mallas que hasta dificultaban su teledetección. La bautizada como operación Irrigatio llevó a la Fiscalía a solicitar la imputación de varios de los hermanos Martínez de Irujo que son miembros del consejo de administración de la empresa Eurotécnica Agraria, que gestiona esta hacienda y varias más de la familia.

En su auto, adelantado por Diario de Sevilla, el magistrado expone que en Aljóbar se detectaron estos pozos sin autorización y sin contadores volumétricos, lo que llevó a la Comisaría de Aguas (dependiente de la Confederación) a decretar su precinto. “A partir de aquí, es fácil constatar que la negativa de la propiedad de esa finca a dejar entrar a la autoridad” para ejecutar esta medida lleva a la propia Confederación a trasladar el expediente a la Fiscalía, “judicializando lo que en principio parecía ser una infracción administrativa y a llevar a seguir una causa penal” por daños al medio ambiente “aún sin informes de impacto medioambiental”.

El juez recuerda que el Código Penal refleja penas de entre seis meses y dos años de prisión en los casos ambientales, un tipo de delito del que resalta su “complejidad”. Así lo considera ante las dificultades para determinar “qué se entiende por daños sustanciales o perjuicios graves” a elementos naturales o al ecosistema.

Falta de base “científica o técnica”

En el caso de Aljóbar, apunta que la supuesta gravedad de lo ocurrido “carece de una base verdaderamente científica o técnica sobre la que fundamentar la continuación del procedimiento y su enjuiciamiento”. En este sentido, da por hecho que el delito que imputaba la Fiscalía “no puede ser presumido ni automáticamente deducido” de la extracción de agua con pozos sin licencia, que en sí misma es sólo una infracción administrativa.

En la misma línea, apostilla que “no basta la transgresión” de una disposición administrativa general protectora del medio ambiente para imputar un delito penal, que sólo es aplicable en base a la gravedad de la amenaza para el entorno. “Ese riesgo no puede presumirse”, concluye, a la luz de los informes técnicos emitidos a petición de la acusación pública o del propio instructor.

“Con los informes técnicos recabados en estas actuaciones, no puede concluirse, ni de manera indiciaria, que las extracciones realizadas en esa finca (...) hayan supuesto un peligro para el acuífero o su hábitat”. En definitiva, que estamos ante unas extracciones de agua sin licencia “sin que pueda considerarse que hayan podido causar un riesgo grave para el medio ambiente”.

Doble negativa a la Casa de Alba por parte del juez que investiga un posible delito ambiental, por el daño que habrían causado los nueve pozos ilegales encontrados en su finca sevillana de Aljóbar, lindando con Doñana. Por un lado, ha rechazado su petición del archivo exprés de la causa tras conseguir el permiso oficial para regularizarlos, proceso que puso en marcha cuando fueron descubiertos por primera vez –luego hubo una segunda– a pleno rendimiento sin autorización. Y por otro, ha vuelto a denegar que se tome declaración judicial a un perito de parte que la defensa considera clave, hasta el punto de que en su recurso llegó a asegurar que esto deja a los acusados en una situación de “indefensión” porque su testimonio les ahorraría la “pena de banquillo”.

En un breve auto, al que ha tenido acceso este periódico, el instructor vuelve a dar señales de lo que ya afirmó en el anterior, que la investigación “está prácticamente agotada”. En este caso no es tan explícito, pero sobre la petición de archivo sí le transmite a la defensa de Eurotécnica Agraria (la empresa familiar de los Martínez de Irujo, hermanos del duque de Alba, que gestiona estas tierras) que, “en el momento procesal en que se resuelva el destino de esta instrucción, se dará respuesta”. Es decir, que por ahora no pero que se vislumbra que habrá resolución en breve.

Además de reseñar que la Fiscalía presentó un informe de impugnación oponiéndose a las peticiones de la defensa, el juez reitera que considera innecesario que comparezca el perito que realizó un estudio sobre el sistema de riego de la finca y las cosechas obtenidas. Sí testificó otro de los expertos a propuesta de Eurotécnica Agraria, que hizo un contrainforme ambiental para desmontar el análisis de la Guardia Civil, que cifra en cinco millones el “beneficio ilegal” e insiste en que se extrajo más agua de la autorizada.

El testimonio “no es de utilidad”

El magistrado recuerda que el informe pericial está incorporado a la causa, y que por tanto “su mayor o menor virtualidad probatoria, en esta fase de instrucción, no se va a ver afectado porque el perito ponga de manifiesto sus conclusiones ante ese instructor”. De hecho, en las ratificaciones precedentes (tanto de la Guardia Civil como de la defensa) “apenas se aporta nada relevante o de nuevo conocimiento” a lo que ya se incluía en la documentación previa, por lo que insiste en “no considerar de utilidad la ratificación de esa pericial”. En la misma línea, ya rechazó también la comparecencia de los extrabajadores cuya denuncia dio origen al caso.

Los abogados de Eurotécnica Agraria solicitaron el archivo y sobreseimiento de la investigación nada más conocer que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG, el organismo estatal que concede los derechos de agua) autorizaba cambios en el sistema de riego que implican la regularización de ocho de los nueve pozos sin licencia. El permiso impone diez condiciones específicas y 43 generales, ya aceptadas por la propiedad.

Este procedimiento administrativo es una opción que contempla la Ley de Aguas y el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, lo que en la práctica es una transmutación de derechos sobre aguas privadas a concesión de aguas públicas. La tramitación, eso sí, la puso en marcha la propiedad nada más iniciarse la investigación judicial.

Como mucho, sanción administrativa

La empresa considera que esta autorización de la Confederación “convalida el sistema de riesgo existente en la finca” y “acredita” que “no genera daño grave alguno al dominio público hidráulico”, ya que en caso contrario no habría recibido la preceptiva luz verde. La defensa reitera que nunca ha sobrepasado la extracción de 605.000 metros cúbicos anuales que tiene autorizados en Aljóbar, en el municipio sevillano de Aznalcázar.

Eso sí, admite la existencia de los pozos sin regularizar, pero que este extremo “no tiene relevancia penal”. A su juicio, y como mucho, todo esto puede acabar en una sanción administrativa por una infracción “en cualquier caso calificada como leve en la legislación de aguas”, como es “alumbramiento de pozos sin autorización”. Y reitera “la imposibilidad de haber producido daños al acuífero Aljarafe Sur” con sus instalaciones.

La Fiscalía, en cambio, considera que hay “base suficiente” para una acusación por un delito de medio ambiente, ya que considera que durante 11 años se extrajeran unos 6.600 millones de litros de manera ilegal. Esto, según los informes de la Guardia Civil, habría provocado un daño ambiental que puede ser irreversible, de hecho hasta el propio juez instructor ha llegado a apuntar que estas extracciones sin licencia pueden haber tenido un “impacto colateral en Doñana” y en su avifauna.

La Casa de Alba ha hecho un movimiento fulminante nada más saber que ya puede regularizar sus pozos ilegales, tras la resolución favorable recibida por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG, el organismo estatal que concede los derechos de riego) y ha pedido al juez que directamente “acuerde el archivo y sobreseimiento” de la causa judicial abierta en un juzgado de Sanlúcar la Mayor (Sevilla). La defensa entiende que esta autorización es un espaldarazo al sistema de riego en su finca de Aljóbar y que no se han provocado daños que justifiquen esta investigación por el juez.

En un oficio remitido al juzgado al que ha tenido acceso este periódico, los abogados de Eurotécnica Agraria –la empresa creada por los Martínez de Irujo para gestionar ésta y otras haciendas familiares– solicitan el fin de la instrucción ya que los pozos ilegales con el permiso de la CHG “quedan así legalizados”. A su juicio, la decisión de la autoridad del agua en el Guadalquivir “convalida el sistema de riesgo existente en la finca”: un caudal permitido de 605.000 metros cúbicos anuales que se acumula en la balsa de una finca en el término del municipio sevillano de Aznalcázar, a tiro de piedra de Doñana.

Considera así que se avala el sistema que se ha estado empleando hasta la fecha, aunque en Aljóbar sólo tenía licencia para dos captaciones (una para consumo humano y otra para riego) y la Guardia Civil descubrió hasta otras nueve sin licencia, ocho de las cuales se legalizan ahora. Por ello insiste en que la luz verde recibida por la CHG “acredita” que el sistema de riego “no genera daño grave alguno al dominio público hidráulico”.

La propiedad lo que ha hecho es una transformación de derechos sobre aguas privadas a concesión de aguas públicas, una opción que contempla la Ley de Aguas pero a la que sólo se acogió cuando fue descubierta regando con estas captaciones sin licencia no una sino dos veces. Pese a este permiso para sacar de la ilegalidad los pozos, tanto los expedientes sancionadores abiertos por la propia CHG por vía administrativa como la investigación judicial por pirateo de agua y daño ambiental siguen adelante.

“No tiene relevancia penal”

Eso sí, reconoce que el agua “se extraía de 10 pozos existentes en la finca”, con lo que admite este uso irregular, pero insistiendo en el que es uno de los pilares de la defensa: “En ningún caso se superaba el caudal máximo autorizado”. De hecho, llega a subrayar que “los propios denunciantes –antiguos trabajadores de la finca– indican en su denuncia que el riego se hacía de la manera indicada”, algo que “se comprueba con un mero cálculo aritmético”.

Esta versión choca frontalmente con la que defiende la Guardia Civil, que en dos informes periciales entregados al juez sostiene que se sacó más agua de la autorizada durante 11 años, en los que se habrían extraído ilegalmente hasta 6.600 millones de litros. Esto permitió a Eurotécnica Agraria obtener hasta cinco millones de euros de “beneficio ilegal”, además de provocar un daño ambiental que, en total, podría ascender a 1,1 millones de euros. 

La propiedad, en contra, señala que, como no bombeó más de lo permitido, nos encontramos con “la imposibilidad de haber producido daños al acuífero Aljarafe Sur”, y que además no se sacaron recursos subterráneos de otra ubicación, por tanto “no se ha podido generar daño alguno al dominio público hidráulico”. A ello une que la existencia de los pozos ilegales como mucho “podría dar lugar a la oportuna sanción administrativa” por una infracción “en cualquier caso calificada como leve en la legislación de aguas”.

En concreto, se estaría hablando de un “alumbramiento de pozos sin autorización”, cuestión que considera menor ya que la apertura de estas captaciones sin permiso “no tiene relevancia penal”. A ello une que estas extracciones y todo el sistema de riego “queda legalizado con la resolución” de la Confederación del Guadalquivir, a lo que suma que todo el caso se basa en la “presunción errónea e infundada” de que se sacaba más agua de la autorizada, un cúmulo de “meras inferencias o suposiciones” que en todo caso “resulta insuficiente para desvirtuar la presunción de inocencia”. Por ello, concluye pidiendo al juez el archivo y sobreseimiento de las diligencias previas.

“¿Para qué necesitan abogados defensores?”

Ecologistas en Acción, por su parte, ha recibido este miércoles de la CHG la resolución que valida estos pozos sin licencia, que no le había llegado todavía pese a estar personada la organización en este proceso administrativo, una decisión que a su juicio va a contribuir a que “los supuestos delitos queden en nada”. La legalización, además, se ha aprobado en plena investigación judicial –en la que Ecologistas ejerce la acusación–, “dándole argumentos a la empresa para pedir el archivo y sobreseimiento de la causa”, como así ha ocurrido a renglón seguido.

Así lo denuncia Antonio Amarillo, responsable del Área de Agua de la organización, que se pregunta de manera retórica que “¿para qué necesitan abogados defensores?” si es la propia Confederación la que está “permitiendo” estos supuestos bombeos “muy por encima de lo permitido”, tal y como insiste la Guardia Civil. Unas extracciones que “contribuyen al ya asumido empeoramiento de las masas de aguas subterráneas durante los últimos años y al incumplimiento de los objetivos ambientales fijados por la Directiva Marco de Agua”.

“Es imposible regar 200 hectáreas de naranjos con el agua concedida y obtener año tras año cosechas normales”, además en un contexto de sequía. Y a pesar de que se ha constatado el “deterioro” de esta masa subterránea (Aljarafe Sur) en los últimos años y del incremento del índice de explotación, “la CHG sigue sin ver la relación causa-efecto provocada por las extracciones en la finca Aljóbar”, tal y como ha recogido en hasta dos informes sobre esta cuestión.

En cuanto a la instrucción judicial, en su último auto (de principios de marzo) el magistrado denegó una nueva prórroga de seis meses como pedía la Fiscalía al considerar que “la investigación de los hechos se encuentra prácticamente agotada”. Las últimas diligencias han sido la declaración de las agentes de la Guardia Civil que hicieron el informe de daños y de un perito de la defensa que ha firmado un contrainforme para intentar desmontar la investigación de la Guardia Civil.