En abril de 2024, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró que “esta va a ser la legislatura de la vivienda”. Habían pasado cinco meses desde la creación del Ministerio de Vivienda, que este noviembre cumple tres años, y un año y un mes de la aprobación de una nueva Ley de Vivienda que, entre otras cosas, preveía topar los precios en las zonas tensionadas. Además, Sánchez llegó a prometer hasta 183.000 viviendas públicas. En esta legislatura, tan solo se han entregado 47.000.

El Banco de España advirtió que existe un déficit de vivienda en España de 750.000 viviendas que crece a un ritmo de 250.000 más cada año. Y los expertos tanto cercanos a la patronal como a los inquilinos coinciden en que la construcción o la movilización de vivienda pública es la única que puede contener los precios del mercado y facilitar el acceso a la vivienda. Esa carencia está entre las causantes de la crisis actual que ha encendido las calles y dificulta también que las administraciones tengan pisos sociales que ofrecer a personas desahuciadas como Maricarmen. El modelo de apuesta total por la vivienda pública es el que triunfa en Viena, donde el 60% de la vivienda es pública y el precio se acaba contagiando en parte al mercado privado. Apenas hay desahucios.

El porcentaje medio de vivienda pública en los países de la OCDE es del 7,1% según un informe del Banco de España y alcanza el 16,4% en Reuno Unido y el 14% en Francia, casi diez veces más que el 1,5% de España. Otros países como Alemania, con el 2,6% o Portugal, con el 1,1%, están lejos de la media. La falta de construcción o de compra y el vencimiento de protecciones son enemigos de esta apuesta en España, donde las Comunidades del PP siguen apostando por pisos protegidos que dejan de serlo al cabo de unos años.

La competencia principal en Vivienda está transferida a las comunidades autónomas y también los ayuntamientos disponen de suelo, por lo que no se puede culpar solo al ejecutivo central. Pero tal y como señala Pablo Tucat, economista experto en vivienda de KSNET, “cabe hacerse la pregunta de por qué Casa 47 no surge antes, es un buen instrumento que aún tiene que desarrollar su potencial”.

La tardanza de Casa 47

La Ley de Vivienda de 2023 prevé un impulso al SEPES, empresa pública de suelo público, para ampliar el parque de vivienda pública estatal. Pero Casa 47 no nace hasta diciembre de 2025 y, aunque la absorción de los pisos de la Sareb y el avance del barrio Campamento le dan un potencial de hasta 110.000 viviendas públicas estatales, ahora mismo tan solo se ofertan 600.

De estas 110.000, 40.000 son viviendas de la Sareb, muchas de las cuales estarán ocupadas, 55.000 serán nuevas en suelo de Sareb (aún por construir) y 10.000 más de la Operación Campamento de Madrid que deberían entregarse allá por 2028. Las cifras coinciden con la estimación que dio la ministra de Vivienda en entrevista con elDiario.es: 100.000 viviendas en los próximos 10 años.

Paralelamente, las comunidades autónomas también se movilizan para detectar suelo público y construir vivienda pública, pero, como el Gobierno, han tardado. En el caso de comunidades como Madrid, además, han apostado por un modelo de vivienda asequible que acaba no siéndolo por los costes extra que empujan al inquilino a precios iguales a los de mercado.

La movilización de suelo y la construcción de obra pública “es una medida lenta”, apunta Tucat, pero advierte que hay “otras formas” de movilizar vivienda pública como “la compra de vivienda usada”. En Catalunya, el derecho a tanteo y retracto le ha servido al Govern para adquirir unas 9.000 viviendas usadas, una de cada cuatro de las que tiene la Agència Catalana d'Habitatge.

Esta fórmula apenas se ha utilizado en otras comunidades y a escala estatal, aunque Casa 47 prevé hacerlo, hasta la fecha la única oferta pública de compra es de 100 millones de euros, con la que con precios de mercado de zona tensionada (a una media de 250.000 euros por vivienda) tan solo se podrían comprar unos 400 pisos.

Más esfuerzo que sus antecesores

Aunque parezca paradójico, el Gobierno de Sánchez es el que más ha hecho desde la caída en picado de la construcción después del estallido de la burbuja por recuperar la vivienda pública, el problema es que lo ha hecho tarde, de manera insuficiente para la magnitud del problema y con unos frutos que aún no se recogen y que bien podría reivindicar un futuro ejecutivo.

Las 47.000 viviendas, a falta de un semestre para completar los cuatro años completos, son sensiblemente superiores a su legislatura anterior, cuando se entregaron 45.000 viviendas públicas, y están muy por encima de las 18.000 de la última legislatura de Mariano Rajoy.

Además, ha triplicado los presupuestos del Plan Estatal de Vivienda, que suma 7.000 millones de euros adicionales hasta 2030 para construir, rehabilitar vivienda y otras ayudas. Aun con estas sumas, el Gobierno sigue gastando tan solo un 0,9% del gasto público en vivienda, y eso que se han duplicado los esfuerzos desde la pandemia. Una parte de esos presupuestos, además, no se ejecutan.

“El contraste con la vivienda pública y libre que se construía antes de la burbuja es enorme y probablemente no sea una comparativa sana, pero sí que debería haber aumentado más”, advierte Tucat, alertando de las trampas del gráfico de evolución. Con el derrumbe de gran parte del sector bancario y de la construcción, el frenazo en seco posterior a la burbuja inmobiliaria ha hecho que España no acabe de recuperar la creación de viviendas, mientras sí que se han creado miles de hogares por la llegada de migrantes que han dinamizado la economía y han cubierto vacantes de empleo.

La dificultad de movilizar suelo finalista, la falta de mano de obra y la lentitud administrativa son apuntados por algunos expertos como claves del estancamiento en la construcción, tanto pública como privada. Esto es lo que lleva al sector a presionar por aprobar una reforma de la Ley del Suelo que agilice trámites, que Podemos finalmente bloqueó de cara al decreto de vivienda aprobado recientemente. El experto en vivienda Ignacio Ezquiaga, sin embargo, apunta en reiteradas ocasiones basándose en informes del Ministerio de Vivienda que muchas empresas y fondos disponen de suelo “dormido” que no activan no por la lentitud burocrática, sino para evitar que los precios bajen al inyectar oferta.

Construcción estancada y descalificación

Pero el bajo ritmo de construcción o compra de vivienda protegida se enfrenta a otro enemigo seguramente peor: las viviendas protegidas que vencen su protección y pasan al mercado. Del millón y medio de viviendas protegidas construidas desde 1991, tan solo 147.000 estaban protegidas para siempre, casi 400.000 ya han dejado de serlo y esa cifra se podría elevar a 700.000 de cara a 2030, según una investigación publicada por Civio.

Contra esto, el Gobierno ha llevado a cabo también una medida “crucial”, según Tucat. Después de que en 2023 el Supremo tumbara un artículo de la ley de vivienda que establecía que la protegida lo fuera para siempre, la ministra de Vivienda vinculó la construcción financiada con fondos del Plan Estatal a que la vivienda protegida lo fuera para siempre y lo ha incluido también en el nuevo decreto. Las Comunidades Autónomas del PP, mientras tanto, siguen haciendo vivienda protegida con plazo de vencimiento, de forma que la vivienda en suelo público acaba pasando a manos privadas pasados unos años.

La movilización política en torno a la vivienda sí que ha conseguido, aunque a trancas y barrancas, que en 2026 su construcción se dispare. Las 11.270 viviendas protegidas finalizadas en junio duplican registros del año pasado y encaminan la cifra hacia un récord desde 2012 de unas 20.000 viviendas, aun lejos de las entre 40.000 y 100.000 anuales que necesita para ir cubriendo su déficit. El punto álgido de la vivienda protegida finalizada llegó en 1997, con 85.000 de las 300.000 que se construyeron (casi un tercio del total), mientras que las 12.858 de 2025, 7 veces menos, representa el 13% de las 92.000 construidas.

Si miramos comunidad a comunidad, Catalunya, Madrid, Euskadi y Navarra, que son cuatro de las comunidades con los precios más elevados, son algunas de las que más han elevado su esfuerzo en vivienda protegida. Madrid finalizó 3.802 viviendas protegidas en 2025 sobre un total de 17.000 viviendas construidas, un 22%, y Catalunya hizo 3.517 sobre un total de 14.000, un 25%. Es Catalunya, además, la que ha pegado el mayor acelerón en 2026: lleva 5.600 viviendas protegidas hasta junio, la mitad del total estatal.

Si nos fijamos en la vivienda libre, que también es importante para oxigenar la oferta en las zonas de elevada demanda, también hay un estancamiento entre las 70.000 y las 80.000 anuales en los últimos años, que mejora las menos de 50.000 anuales de antes de 2019, pero que está lejos de los años locos del ladrillo en que se llegaron a construir 700.000 viviendas entre pública y privada en 2026. Ese extremo no es deseable, pero sí alcanzar un ritmo de entre 90.000 y 100.000 anuales, las que estima el Banco de España necesarias para cubrir con el déficit.

Luces y sombras más allá de la construcción

Más allá de la construcción de vivienda tanto libre como protegida, existen otros motivos que han hecho que en la denominada “legislatura de la vivienda” no mejore el acceso. No todos son culpa del Gobierno central. Las Comunidades Autónomas del PP no han querido acogerse a la zona tensionada que permite topar los precios de alquiler, por lo que el mercado ha disparado sus precios en las principales ciudades.

En cuanto a los desahucios, el escudo que se alargó tras la pandemia y que frenaba los que afectaban a personas vulnerables sin alternativa residencial fue tumbado por el Congreso, que ha sido el gran escollo para desencallar algunas políticas. El propio decreto de vivienda se venía arrastrando desde julio, pero también hacía meses que estaba bloqueada en el legislativo una regulación del alquiler de temporada y de habitaciones.

De todos modos, el Gobierno podría haber incluido en su ley de 2023 estas dos regulaciones, de dos modelos de alquiler que han servido para inversores para evitar la ley y hacer contratos cortos con subidas de precio de año en año. Tampoco estaba entonces en el debate la posibilidad de recuperar un modelo de contratos de alquiler cercano al indefinido, con las prórrogas automáticas que incluye el segundo decreto, que de todos modos no pasará el filtro de la Diputación Permanente.

Este decreto, por tanto, aprobado a última hora de la legislatura, llega tarde para una situación que no se alivió tras la aprobación de la Ley de 2023, si bien sí que los contratos de 5 a 7 años (aprobados en 2019) mejoraron la estabilidad de los inquilinos.

En las Comunidades donde sí que se han topado los precios, “existe una estabilidad mayor del inquilino que está dentro del mercado, pero al que está fuera le cuesta más encontrar piso por la falta de oferta y de rotación”, alerta Tucat. Otro problema que se ha dado en las zonas tensionadas es que el tope parte de unos precios ya muy elevados, los fija el promedio del mercado, por lo que el alivio acaba siendo relativo.

Sea por estos topes o por la subida de los salarios, y aunque no lo parezca por el clima del país, el porcentaje de inquilinos que pagan más del 30% de su sueldo ha caído en los últimos años: tocó techo en 2021 con el 38,5% y ahora es un 12% menos, un 26% del total. Y eso que los nuevos contratos subieron en 2024 un 8,8% los precios de los alquileres. Compartir piso e incluso habitación es a veces la forma que tienen los inquilinos de aliviar esta asfixia.

Sin embargo, la subida de los precios de compra ha llevado a que ya se necesiten dos años de sueldo íntegro para pagar la entrada de una vivienda, cifra que se duplica hasta los 4 en Madrid y Baleares.

Las prórrogas de los próximos dos años deben también reducir la rotación en los pisos de alquiler en toda España y eso puede complicar de nuevo el acceso a viviendas de alquiler de quienes se emancipan o llegan a una ciudad, en las zonas no topadas con el agravante de que los precios pueden subir libremente. El incentivo fiscal a caseros que pongan los pisos por debajo de mercado puede compensar un poco estas subidas. Y esta tensión entre oferta y demanda nos vuelve a llevar al inicio del artículo: generar vivienda pública mediante la construcción o la compra y movilizar vivienda vacía o turística en un país con un 30% de viviendas no principales. Esto último lo intenta con el decreto la posibilidad de aumentar el IBI a pisos turísticos o inhabitados.

El primer mensaje de WhatsApp entra en el teléfono de la abogada de Urbagestión a las 19.17 horas de este pasado martes 22 de septiembre, cuando cientos de personas se concentran ya frente a la casa de Maricarmen ante el inminente desahucio previsto para el día siguiente. “Disculpa mi insistencia, pero es urgente hablar con vosotros”. Quien intenta contactar a la desesperada con la representante legal de la empresa que iba a echar de su vivienda a una mujer de 87 años era Maribel Ramos, presidenta de Casa 47, la entidad pública dependiente del Ministerio de Vivienda.

Durante todo ese día, Ramos llama por teléfono a la que hasta ahora había sido su interlocutora, la abogada de la compañía, para que traslade a sus clientes una solución de última hora que pueda frenar el desalojo. Pero nadie atiende sus llamadas y por eso comunica por escrito que hay una donante anónima dispuesta a pagar los 2.600 euros de alquiler que exige la empresa y que Maricarmen, con una pensión de 1.400, no puede asumir. “Supongo que ya habéis visto la noticia. La donante nos pide hablar contigo o con alguien de la empresa para intentar llegar a un acuerdo. Te ruego, por favor, que al menos escuchéis la propuesta”.

En esa comunicación de WhatsApp a la que ha tenido acceso elDiario.es, la abogada de Urbagestión no da respuesta alguna a una solución que, en realidad, permite a sus clientes ganar todo el dinero que pretendían (cinco veces la renta que pagaba Maricarmen), y evita que echen de su casa de toda la vida a una mujer con un 50% de discapacidad física y un delicado estado de salud. Tampoco contesta la abogada a las llamadas ni a los mensajes del día siguiente en los que se le traslada la última súplica de la inquilina. “Te llamo para rogarte que aceptéis un mes de aplazamiento para buscar una alternativa. Su abogada se compromete a dejar en un mes la vivienda”. El mensaje se manda a las 10.32 horas de la mañana del miércoles y a esa hora un centenar de agentes de policía aparta a los cientos de personas que intentan parar el desahucio. Pero ya no hay marcha atrás porque la empresa ni siquiera responde a los ofrecimientos y la orden del juzgado es clara.

La actitud mantenida por la propia empresa y su representante legal a lo largo de los últimos meses ya adelantaba la imposibilidad de acuerdo alguno y la voluntad inequívoca de que solo se anhelaba un desenlace: el desahucio. Así lo evidencia al menos el rechazo sistemático a todas las propuestas que tanto la propia Maricarmen como el Gobierno, a través de Casa 47, hicieron llegar en los últimos meses y hasta el último minuto a Urbagestión, que ni siquiera permite ahora a la familia de la mujer desahuciada poder recoger su casa. El primero de esos ofrecimientos por parte del Gobierno tiene lugar el pasado 18 de junio, la primera vez que Maribel Ramos contacta personalmente con la abogada de la empresa.

En esa primera conversación, la representante de Casa 47 ofrece a la empresa participar en un proceso de mediación y pone todas las opciones sobre la mesa, según las fuentes consultadas al más alto nivel que están al corriente de la negociación y que han acreditado esas comunicaciones. Entre esas propuestas, se ofrece comprar el inmueble para el parque público de vivienda y para que Maricarmen pueda permanecer en su casa. O un plan B: una negociación sobre el precio del alquiler para poder ayudar a la inquilina con un complemento de renta pública a su pensión. A los dos días, el 20 de junio, la abogada de Urbagesa traslada la respuesta formal de parte de Ricardo Alonso Fernández y Fernando Alonso Fuentes, sus clientes y propietarios de Urbagestión SL: aceptan el proceso de mediación, pero en ningún caso la venta del piso, “única vivienda”, alegan, que posee la sociedad.

Descartada, por tanto, la compra de la vivienda, Casa 47 intenta ejercer entonces un papel de intermediación entre la inquilina y la empresa propietaria para alcanzar un acuerdo sobre su alquiler. Con ese objetivo hace llegar la primera propuesta a principios del mes de julio. Según la dirección de la entidad estatal de vivienda, se ofrece un contrato de arrendamiento de siete años con un precio negociado al alza en el que Maricarmen mantendría el pago de 500 euros pero el resto sería completado con un complemento de renta a su pensión. Es decir, un pago extra de la Seguridad Social que solo se concede en condiciones muy tasadas. En esa propuesta se ofrece a la propiedad una renta de 1.000 euros mensuales, abierta a negociarse nuevamente al alza, y se pide contraoferta. Urbagestión da acuse de recibo y se compromete a responder.

“Mis clientes están de vacaciones”

A finales del mes de julio, y tras varias semanas sin noticias, Casa 47 vuelve a insistir en su propuesta y demanda ya una respuesta “urgente” para poder alcanzar un acuerdo y paralizar a tiempo el proceso judicial en marcha. Pero la respuesta que recibe la entidad pública, según su presidenta, resulta elocuente: “Mis clientes están de vacaciones”. A principios de septiembre, esa interlocución salta por los aires tras el bloqueo de la situación y a raíz de una nueva llamada telefónica. La conversación telefónica que se reproduce a continuación es la versión que ofrece la presidenta de Casa 47, Maribel Ramos, ya que la empresa no ha contestado las llamadas ni los mensajes de este periódico.

A pesar del encontronazo, Maribel Ramos vuelve a intentar retomar la comunicación con la abogada de Urbagestión, que deja de cogerle las llamadas. Para apurar las opciones de frenar el desahucio 'in extremis', el Ministerio de Vivienda decide la semana pasada contactar con la empresa desde otro teléfono. En concreto, el de la secretaria de administración de la 'número dos' de Isabel Rodríguez en el ministerio, Leire Iglesias. Y la maniobra surte efecto, porque esta vez la abogada sí descuelga. El resultado, sin embargo, es el mismo. La representante legal de la empresa traslada que sus clientes “no tienen nada que hablar” con la secretaria de Estado y que tampoco están dispuestos a “ningún aplazamiento” porque ya van “con suficiente retraso”.

El miércoles por la mañana, justo antes del desahucio, la abogada de Maricarmen también intenta a la desesperada evitar a su clienta el trauma de abandonar su casa desde hace 70 años expulsada por la Policía tras echar la puerta abajo. Lo hace a través de la procuradora que representa 'in situ' a la propiedad en el momento del lanzamiento y que mantiene con los empresarios contacto telefónico desde casa de Maricarmen. Y lo hace, además, en presencia de las dos representantes de la comisión judicial mandatadas por la jueza que ordena el desalojo.

Sin margen para el acuerdo, Beatriz Duro (abogada de Maricarmen) suplica a la empresa 15 días de margen para poder ofrecer “una salida digna” a su clienta. Tras la negativa, solicita una semana, pero tampoco es concedida. Según algunos de los testigos presenciales, la impasibilidad y la contundencia de Urbagestión, trasladada a través de la procuradora, sorprenden hasta a una de las dos representantes de la comisión judicial, que se ofrece para ponerse al teléfono y trasladar ella misma la conveniencia de un aplazamiento ante la delicada situación de Maricarmen y los momentos de tensión que se viven en la calle.

Nada sirve. A las 13.05 horas del miércoles 23 de septiembre un cerrajero rompe con una radial la puerta de la casa en la que vive Maricarmen desde 1956. Varios policías antidisturbios entran en la vivienda para desalojarla y su inquilina es trasladada en ambulancia hasta el hospital Gregorio Marañón, en Madrid, donde permanece ingresada. El viernes por la tarde, 48 horas después de desahuciarla, Urbagestión hace público un comunicado para ofrecer el inmueble a los servicios sociales del Ayuntamiento de Madrid, de forma que este pueda ponerlo de nuevo a disposición de Maricarmen. Horas más tarde, el Consistorio rechaza la propuesta por “inviable” y ofrece una mediación para el próximo lunes.

Mientras, en el buzón de entrada del Sindicato de Inquilinas se amontonan cientos de correos electrónicos en los que la gente se ofrece a cuidar por las tardes a Maricarmen, a acompañarla en el hospital o a acogerla en alguna habitación libre. También hay dos ofrecimientos de viviendas vacías de particulares para ella sola. Y desde el hospital, ella da las gracias. “No he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la suya. Mi casa ha sido mi vida y ahora tengo que dejarla atrás. Pero eso no significa que no vaya a seguir peleando. Por favor, luchad”.

La nueva entidad estatal de encargada de gestionar el parque público de vivienda asequible, Casa 47, ha licitado la redacción del proyecto de edificación de una promoción de 102 viviendas asequibles en la ciudad Logroño. El presente contrato tiene por objeto la redacción de los proyectos básico y de ejecución para la edificación de un bloque de viviendas, que se llevará a cabo sobre una parcela de 3.268 m² de superficie, situada en la calle Segundo Arce S/N.

Asimismo, el contrato incluye las tareas de seguimiento durante la tramitación administrativa, la redacción de aquellos informes que sean requeridos, la corrección de observaciones detectadas y demás trabajos necesarios para la correcta tramitación de todos los documentos del proyecto.

El valor estimado del contrato se fija en 525.074 euros, impuestos excluidos. La licitación ha sido publicada en la Plataforma de Contratación del Sector Público y las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta las 13:00 h del 17 de noviembre de 2026.

Vivienda asequible y protegida para siempre Esta promoción de 102 viviendas forma parte del Plan de Vivienda Asequible impulsado por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, y serán destinadas al alquiler asequible con el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda a la ciudadanía.

Casa 47 actúa en el ciclo residencial completo desde la disposición y urbanización de los suelos hasta la edificación, entrega de llaves y gestión de las viviendas, realizando así la gestión de todo el ciclo residencial del Parque Estatal de Vivienda Asequible.

¿Qué es Casa 47?

Casa 47 es la nueva entidad estatal encargada de gestionar el parque público de vivienda asequible. Nació en diciembre de 2025 para sustituir a SEPES, organismo creado en 1981 y dedicado hasta ahora principalmente a la gestión del suelo urbano. Su nombre hace referencia al artículo 47 de la Constitución Española, que reconoce el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y establece que los poderes públicos deben promover las condiciones necesarias para hacerlo efectivo.

La idea es que Casa 47 funcione como una especie de gestor común del parque público estatal de alquiler asequible. Su nuevo portal pretende convertirse en la ventanilla desde la que consultar las viviendas disponibles, conocer sus condiciones, presentar solicitudes y seguir los procesos de adjudicación.

Casa 47 implantará un modelo de alquiler asequible diseñado para adaptarse a la capacidad económica real de los ciudadanos. Bajo este sistema, el coste de la renta se calculará en función de las características del inmueble, el contexto económico local y los ingresos de los solicitantes, garantizando siempre que ningún hogar destine más del 30 % de sus recursos al pago del alquiler.

Para acceder a estas viviendas, los solicitantes deberán acreditar unos ingresos anuales de entre 16.800 y 63.000 euros (equivalentes a entre 2 y 7,5 veces el IPREM), no disponer de otro inmueble en propiedad, estar empadronados en el municipio o comunidad autónoma correspondiente y encontrarse al corriente de sus obligaciones con Hacienda y la Seguridad Social. La adjudicación primará a colectivos prioritarios como jóvenes, familias con menores y personas vulnerables, fijando los detalles específicos en cada convocatoria territorial.

En el plano temporal, los contratos se formalizarán por un periodo inicial de 14 años, con la posibilidad de encadenar prórrogas automáticas de siete años hasta un máximo de 75. El Ejecutivo completará el marco regulatorio en las próximas fases para concretar los criterios de adjudicación final y las condiciones exigidas a los inquilinos para consolidar estas renovaciones.

La entrevista con la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez (Abenójar, Ciudad Real, 1981) tiene lugar en un piso amplio y luminoso de tres habitaciones en la avenida Concha Espina, a pocos metros del Santiago Bernabéu. Es una de las viviendas que saldrá al portal Casa 47 en Madrid antes de que acabe el año. Aun sin cocina y sin la luz dada de alta, asoma a un gran olivo desde la ventana. Costará poco más de 740 euros. A las críticas por las escasas viviendas publicadas en la primera tanda (638), la ministra responde que el proceso de absorción de la Sareb y de otros órganos estatales es lento y asegura que en 10 años Casa 47 habrá puesto 100.000 pisos en alquiler. Culpa a los partidos de la oposición por no apoyar las leyes que mejorarían el acceso a la vivienda, como el decreto que sigue encallado, y a las comunidades del PP de no aplicar la ley y los topes al alquiler. Reivindica, en cambio, el esfuerzo de su ministerio, con tres años de vida, en crear vivienda protegida y blindarla de por vida.

En julio, el decreto de vivienda que regula el alquiler de habitaciones, entre otras cosas, fue rechazado por Podemos y Junts y el Gobierno dijo que lo votaría en septiembre. ¿Cuándo va a estar?

Lo antes posible.

¿Pero podría decir una fecha, octubre, noviembre?

En aras a que el acuerdo sea posible, tengo que ser prudente.

¿Cómo respiran los grupos políticos que se oponían, Junts y Podemos?

Este es el momento de la legislatura en que he sentido mayor generosidad por algunos grupos políticos que han renunciado a muchos de sus planteamientos.

¿Están Junts y Podemos en ese grupo de partidos generosos?

Podemos y Junts no, están poniendo palos en las ruedas.

Uno de los puntos del decreto es dotar de derechos al alquiler de habitaciones. Pero no se impide que sigan siendo legales casos como el de un casero que alquila la vivienda a un empresario que a su vez lo realquila por habitaciones, eliminando el comedor y haciendo que pasen de costar 800 a más de 2.000 euros. ¿Cómo se explica que eso pueda ser legal?

Es que no es legal. Existen normas de habitabilidad que recaen en las comunidades autónomas. Desde el punto de vista de la inspección, los ayuntamientos deben preservar la habitabilidad de la vivienda. En España la infravivienda no está legalizada.

Pero si se cumplen las normas de habitabilidad, esos precios siguen siendo legales.

Porque se niegan a aprobar las normas y leyes que lo evitan.

Los alquileres de temporada y de habitaciones copan cada vez más la oferta, incluso en Catalunya donde están restringidos por una norma que avanza que el decreto de vivienda no será suficiente. ¿Se podría evitar por ley por ejemplo que en suelo residencial se haga vivienda turística, de temporada o realquiler por habitaciones que infla los precios?

Sí, habría que modificar la ley de suelo con una ley estatal.

Pero eso no está en el decreto de vivienda.

Sin ninguna duda, me hubiera gustado ir mucho más lejos que el decreto que está en el Congreso. He llegado a decir que hay que prohibir los pisos turísticos, como ha hecho el alcalde de Barcelona. Pero quiero mejorar la vida de la gente y bajarles el precio del alquiler y congelarlo y que tengan prórrogas, que no haya desahucios y que los estudiantes no estén sometidos a un mercado de temporada que les impide acceder a sus estudios. Si para eso tengo que renunciar a máximos ideológicos, es lo que he hecho y ahora le pido a los otros grupos políticos que también lo hagan. Para llegar a un acuerdo, hay que hacer renuncias.

Podemos y Junts están poniendo palos en las ruedas al decreto de vivienda

¿Ha habido cambios con respecto al texto del mes de julio?

El texto del mes de julio es un texto ponderado.

Pero Podemos se mantiene en su postura contra la ley de suelo, que aseguran que permitirá pelotazos urbanísticos.

Construir viviendas en España y en Europa exige unos estándares de sostenibilidad que no están contemplados en las leyes actuales, que son de los años 80, cuando no se hablaba de sostenibilidad ni de inundaciones, y eso es lo que buscamos, modernizar las normas urbanísticas y atender a la producción de suelo con seguridad jurídica, con su protección también. Mientras decimos si nos gusta o no la reforma, en España hay gobiernos del PP que están habilitando suelos rústicos para construir o que permiten construir en zonas inundables. Esta normativa es para evitar que eso ocurra. Entiendo que Podemos quiere acabar con los desahucios y con el fraude de temporada y que, por tanto, estaría dispuesto a ceder.

Tres años después de la creación de su ministerio y ocho después de la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno, se siguen ejecutando desahucios de personas mayores como el de Maricarmen, esperado para el próximo 23 de septiembre. ¿Se producirá este desahucio?

Vamos a intentar evitarlo hasta el último momento, pero debemos conducir esa presión social a la señora del ático. ¿Cuántas Maricármenes se hubieran salvado con los 6 millones del ático que se ha comprado?

Pero si la Comunidad Autónoma o el Ayuntamiento no lo hacen, ¿el Ministerio de Vivienda no debería intervenir o bien dando una alternativa residencial o comprando el piso mediante Casa 47?

El ministerio ha mantenido contacto con Maricarmen y a través de Casa 47 ha mediado con los propietarios y no hay manera, hacen oídos sordos. No hay manera porque en Madrid estamos en la ley de la selva. Ella quiere seguir viviendo en su casa y yo defiendo que ella pueda seguir viviendo en su casa. Casa 47 no puede comprar viviendas a dedo como hace la señora Ayuso. Ha lanzado una oferta pública de 100 millones y los propietarios no se han acogido a ella. Además, la Ley de Vivienda prevé mecanismos de tanteo y retracto para las Comunidades Autónomas. El drama de Maricarmen, además del personal, es vivir en un territorio donde impera la ley de la selva. Y yo no puedo poner una pistola a Ayuso para que ejerza su competencia.

No puedo poner una pistola a Ayuso para que cumpla con su competencia

Yo entiendo que las competencias son autonómicas, pero vamos a intentar que la entrevista no sea sobre Ayuso, sino sobre adónde puede llegar el Ministerio.

Yo sé que es complejo, el dilema de las competencias, pero es que hay una imposibilidad. Cuando quise identificar los pisos turísticos ilegales en España y prohibirles que fueran comercializados en plataformas, una sentencia del Supremo a instancias de una Comunidad Autónoma me impide seguir haciéndolo. Entonces, no es que no quiera hacerlo, es que en democracia la ley nos vincula a todos. En el decreto de vivienda, hay un sistema estructural para que no vuelva a ocurrir ni un solo desahucio en nuestro país, pero está parado en el Congreso.

Se ha criticado que Casa 47 haya puesto poca vivienda pública y que no haya ofertas en Madrid o Barcelona.

A mí me parece muy bien que se critique, pero en este caso la crítica no parte del conocimiento y no hace justicia al esfuerzo de Casa 47. No sé dónde estaban los que criticaban en este momento Casa 47 cuando en lugar de poner portales públicos con vivienda asequible desahuciaban familias y salvaban a la banca con la venta de estas viviendas. Por eso Madrid no tiene viviendas de la Sareb, porque el negocio del PP era el pelotazo de Aznar, la venta de viviendas públicas de Ana Botella. Y muchos de los fondos que compraron esa vivienda son ahora los que desahucian para convertir la vivienda en otro negocio. Y ese esfuerzo lo hemos tenido que revertir.

¿Y puede decirme cuántas viviendas sumará Casa 47 y cuántas en las principales capitales?

El barrio más importante en Madrid será el mayor barrio que se está construyendo, Campamento, donde habrá 10.000 viviendas. Y en total en toda España, contamos con haber entregado 100.000 viviendas en los próximos 10 años.

Casa 47 podrá entregar 100.000 viviendas en los próximos 10 años

¿No teme que un posible futuro gobierno del PP lo frene?

Voy a trabajar y a dejarme la piel para que eso no ocurra y espero que nos acompañe la sociedad española.

En los tres años que lleva el ministerio y los 8 del Gobierno, el acceso a la vivienda solo ha empeorado y se ha convertido en el principal problema de los ciudadanos. ¿No asume responsabilidades por ello?

La responsabilidad la asumimos al crear el ministerio, cuando las competencias en materia de vivienda, según la Constitución, recaen en otras administraciones. Lo hacemos porque somos conscientes de que es una crisis de gran envergadura, por eso la Comisión Europea ha lanzado un paquete normativo importante esta semana. Pero me habla del año 2018 al año 2026 y puedo decirle que hemos creado casa 47 con pisos de la Sareb y que en 2018 en la Sareb quien tomaba las decisiones no era el Gobierno, era la banca. En 2026, la construcción de vivienda pública ha mejorado y alcanzamos un 20% de VPO con el mayor incremento de licitaciones desde hace 20 años. Recordemos que la vivienda pública tocó mínimos en 2017, con el gobierno del señor Rajoy. ¿Ha sido ese incremento casualidad? No, tiene una razón, que el presidente del Gobierno fue a Bruselas y peleó unos fondos de recuperación que otros tomaron a cachondeo.

¿Su valoración entonces de estos años es positiva?

Queda muchísimo por hacer e iríamos más rápido si todos colaboramos, pero sin duda hay cosas que han cambiado. En estos momentos, las viviendas de la Sareb no se venden y están a disposición de la gente y la vivienda protegida financiada por el estado no se descalifica, será protegida para siempre. Estamos en la dirección correcta.

Todo el tiempo señala a las comunidades autónomas y al Congreso como responsables de las políticas que no se aplican. ¿Cómo se siente con ello? ¿No da cierta impotencia esa limitación de competencias?

A la política se viene llorado de casa. Y la actitud tiene que ser proactiva y de trabajo. El reto es enorme, pero también esto es política para mejorar la vida de la gente. Y eso no se puede hacer sin un techo. Confío en la ciudadanía española y en que sepan el esfuerzo que ha hecho este gobierno y que lo mucho que queda por hacer solo lo podrá seguir hacer un gobierno progresista.

El Gobierno prepara un real decreto que regula las subvenciones de Casa 47 y prevé hasta 201,7 millones destinados a la construcción de 2.425 viviendas en 29 actuaciones previstas de la nueva empresa estatal de vivienda pública. Tal y como ha adelantado El Periódico y ha confirmado elDiario.es mediante el proyecto normativo en audiencia pública, el Estado aportará el suelo y una inyección económica para que los fondos o empresas construyan y asuman el alquiler de las viviendas.

El Gobierno justifica las subvenciones, que son de media de 83.000 euros por inmueble, por el hecho de que el alquiler asequible, con precios limitados por el estado, limita los beneficios y hace que “los rendimientos obtenidos no resulten suficientes, ni para la recuperación de la inversión realizada, ni para asegurar una rentabilidad razonable del operador económico”. Estas ayudas ayudarían a que para las empresas sea rentable la inversión, si bien se espera que obtengan beneficios reducidos en este tipo de promociones.

El proyecto normativo cerró el periodo de audiencia pública el pasado 8 de septiembre y abre ahora la respuesta a las alegaciones, que podrá derivar en modificaciones en el texto definitivo.

El Ministerio de Vivienda defiende que está “justificado el interés público, social y económico de las actuaciones proyectadas, vinculadas directamente a la efectividad del derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada, a la cohesión social y a la corrección de las tensiones del mercado residencial orientadas a la promoción de vivienda en régimen de alquiler asequible, en un contexto de insuficiencia de oferta y de dificultad de acceso a la vivienda para amplias capas de la población”.

La concesión de los alquileres será de 50 años, periodo tras el cual las viviendas retornarán al estado.

El coste de las viviendas no debe ser superior al 30% de la renta disponible estimada a una unidad de convivencia mediana de acuerdo al tamaño de la vivienda y el cálculo se regirá conforme a los últimos datos disponibles de renta de los hogares en el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Casa 47, empresa pública estatal creada el pasado 2025, vive días de gran intensidad. Esta misma semana publicitó en su portal las primeras 638 viviendas asequibles disponibles, que sumadas a las 170 ya entregadas alcanzan la cifra de las primeras 800 viviendas en el mercado.

Las viviendas del portal son usadas, la gran mayoría adquiridas al 'banco malo' Sareb, si bien en los próximos meses se sumará más vivienda de segunda mano procedente de otras administraciones públicas.

Antes de final de año, Casa 47 espera sumar 1.500 viviendas más al portal, mientras que estima que alcanzará las 100.000 en 10 años cuando sume obra nueva como la del barrio de Campamento en Madrid, donde espera construir 10.000 pisos, las 40.000 viviendas y 55.000 más en 2.400 suelos de la Sareb, así como otras adquisiciones a ministerios y administraciones públicas.

El pasado 2 de septiembre, Casa 47 cambió de presidenta: Maribel Ramos sustituyó a Leire Díaz, nombrada nueva secretaria de Estado tras la muerte de David Lucas.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentó el lunes por todo lo alto el nuevo portal de Casa 47, donde los ciudadanos ya pueden apuntarse de manera fácil e intuitiva a las primeras 638 viviendas de alquiler asequible de la empresa estatal, la mayoría absorbidos del 'banco malo' Sareb. En él pueden encontrarse viviendas de alquiler a precios muy por debajo de mercado, desde los 350 euros, hasta otras que no resultan tan baratas, de hasta más de 1.000 euros, y no en grandes capitales.

Antes de que se abriera este portal, Casa 47 ya sorteó 171 inmuebles repartidos entre Vigo, Valencia y Mieres, en Asturias. Ahora, las viviendas se reparten en seis comunidades autónomas y 7 convocatorias: 157 viviendas en Castellón, 153 en Alicante, 99 en Galicia, 91 en Valencia, 34 en Navarra y 18 en Asturias.

Ante las dudas y críticas expresadas por la ciudadanía y los medios sobre la ubicación de estas viviendas, la nueva presidenta de Casa 47, Maribel Ramos, ha recordado que son las que ya se han podido adecuar de las hasta 40.000 viviendas expropiadas a Sareb. Antes de final de año, ha recordado, se sumarán 1.500 viviendas más, “y las habrá en Madrid, Sevilla y otros municipios”, ha anunciado. Además, ha recordado que se construirán 10.000 viviendas en el nuevo barrio de Campamento en Madrid y que se deben poder levantar hasta 24.000 más en otros terrenos públicos que se cederán a casa 47.

En toda España existen 30 pisos a 350 euros, destinados a rentas anuales de entre 16.800 y 28.000 euros: 12 en Castellón de la Plana, 5 en Cedeira, dos en Gijón, dos en el Vendrell y otros en Elche y otros municipios. Y hay 60 pisos más por menos de 400 metros cuadrados, entre ellos algunos de hasta 84 metros cuadrados en Benicarló, aunque la mayoría alrededor de los 40 metros cuadrados.

En Castellón de la Plana, los precios más baratos de Casa 47 suponen un ahorro de casi el 100% con respecto a los anunciados en Idealista, que parten de los 600 euros con 50 metros cuadrados.

En Cedeira, existen pisos de 45 metros cuadrados por 420 y 500 euros al mes, e incluso se alquila uno de 100 metros cuadrados por 550 euros, por lo que el ahorro es menor.

En Gijón los pisos pequeños para una persona parten de los 600 euros, con una excepción a 500, por lo que de nuevo Casa 47 compite muy por debajo del mercado.

En El Vendrell, no existe ningún piso en alquiler de larga estancia por debajo de los 800 euros en Idealista, por lo que prácticamente la de Casa 47 sería la única opción para una persona sola con un sueldo medio.

En la otra cara de la moneda, existen tres municipios con viviendas que superan los 1.000 euros. Son los casos de Turís y San Antonio de Benagéber, a 40 y 16 kilómetros de Valencia, respectivamente. Y también de Vidreres, a 26 kilómetros de Girona.

En los tres casos se trata de viviendas muy amplias, de más de 120 metros cuadrados y hasta cuatro habitaciones. Van destinados a unidades familiares que sumen entre 42.640 euros y 63.000 euros al mes, de forma que no se supere en ningún caso un esfuerzo económico del 30% de los ingresos familiares.

Si comparamos estas viviendas con otras similares del mercado privado, no existen grandes diferencias de precio en Turís pero sí en los otros dos municipios. De hecho, en Turís se alquila una casa de pueblo de 5 habitaciones por 1.065 euros en Idealista y también uno de 3 habitaciones y 90 metros cuadrados por 800 euros al mes.

En Vidreres, tan solo hay ofertas de alquiler de temporada en Idealista, un par de casas con piscina y un apartamento de 3 habitaciones y 75 metros cuadrados por 1.200 euros al mes. Se trata en este caso de un piso un 20% más caro que el de Casa 47, pero es que además no existe ni una opción en el portal de vivienda habitual, por lo que no sería equiparable.

San Antonio de Benagéber tan solo ofrece casas y chalés de alquiler en Idealista, la más barata por 1.650 euros con 4 habitaciones y 147 metros cuadrados.

Valencia es la comunidad con más pisos en Casa 47, hasta 401 repartidos entre las 157 de Castellón, las 153 de Alicante y las 91 de Valencia.

Galicia cuenta con 99 viviendas publicitadas en el portal, con viviendas desde los 350 euros en Cedeira y Lugo hasta los 705 euros también en Lugo, ya por grandes viviendas de hasta 162 metros cuadrados y cuatro habitaciones.

En Catalunya, hay 93 viviendas desde los 350 euros del Vendrell, en la provincia de Barcelona hasta los 800 por una vivienda de 122 metros cuadrados en Vic, municipio de la provincia de Barcelona con 12 convocatorias abiertas. Sant Feliu de Codines o Sant Hipòlit de Voltregà son otros de municipios con oferta, ambos en la provincia de Barcelona.

Navarra, con 34 viviendas, y Asturias, con 18, completan el mapa de las primeras viviendas de Casa 47 disponibles en el portal. Para presentarse al concurso, hay que tener la nacionalidad o residencia en España y no poseer una vivienda, salvo excepciones, y tener una renta anual neta de entre 2 y 7,5 veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), así como estar al corriente con la Seguridad Social y la Agencia Tributaria. No podrán acceder los trabajadores de Casa 47.

Los contratos de alquiler tendrán un periodo inicial de 14 años prorrogable otros siete y podrán llegar hasta los 75 años en función de cómo evolucionen las condiciones del hogar.

Arantxa, higienista dental de 37 años que convive con su pareja, técnico de medio ambiente. Marisa, madre soltera de 43 y profesora que vive con su hija de 11 años. José, ascensorista de 39 años que vive con su pareja que es administrativa. Son 9 las familias de Fuenlabrada que llevan más de tres años intentando sin éxito que Sareb les dé un contrato de alquiler en las viviendas donde ya estaban antes de que el ‘banco malo’ las comprara en 2020 y que desde entonces no les da una solución para mantener sus hogares. De hecho, parecía que las iban a echar.

En pleno traspaso de las viviendas a Casa 47, recién creada empresa pública de vivienda, viven con tensión en un limbo al no saber si podrán seguir viviendo en ellas. La Sareb pide paciencia y asegura que resolverá los casos con alquileres sociales o asequibles que pasarán a la nueva empresa pública. Casa 47 asegura que solo recibirá viviendas que estén vacías o con contratos regularizados.

El conflicto arranca cuando el denominado ‘banco malo’, de titularidad mayoritariamente pública, absorbe en 2020 para compensar deudas hipotecarias las propiedades de la inmobiliaria propietaria de las viviendas, Grandour, que quebró. Durante un par de años, los inquilinos siguieron pagando, después se enteraron de que directamente a Hacienda para cubrir parte de la deuda, hasta que un día se les devolvieron los recibos y se les dejó de cobrar el alquiler.

Descubrieron entonces, porque lo investigaron por su cuenta, que los pisos habían pasado a manos de la Sareb. Después recibieron algunos burofaxes de las diferentes empresas servicers que gestionaban los alquileres para Sareb pidiéndoles documentación, entre ellas la hace poco extinta Tecnotramit, pero incluso cuando les enviaban la documentación necesaria, no volvían a recibir respuesta.

La incertidumbre, sin que nadie les cobrara el alquiler, se estiró hasta abril de 2025, cuando un juzgado de primera instancia de Fuenlabrada dictaminó que 17 de las 24 familias, entre las que se encuentran las 9 hoy en limbo, no tenían derecho a seguir en esas viviendas porque sus contratos habían vencido y ya no eran válidos, mientras que las otras 9 familias sí que tenían derecho a permanecer. A siete de las familias se les ofreció un contrato y el Sindicato de Inquilinos cree que es “para dividir” a los inquilinos.

Pero Sareb tiene otra explicación. Desde la empresa reconocen que los cambios de servicers pueden generar problemas de comunicación y piden paciencia porque “los casos se están estudiando”. Aseguran que los primeros casos que se han solucionado son los de los contratos que estaban vigentes y las familias vulnerables. Y que todas aquellas familias que residan en viviendas de la Sareb y no sean vulnerables podrán optar a un alquiler asequible, a un precio entre un 20 y un 30% por debajo de mercado, si están dispuestas a colaborar.

“Aquí han nacido mis dos hijos”

“Para mí, no es ninguna ventaja lo de no pagar. Prefiero pagar el alquiler y estar tranquila en mi casa”, dice Débora, de 39 años y en el paro desde octubre del año pasado, que vive con sus dos hijos de dos y cinco años y su marido, conductor de autobús.

Llegaron a esta vivienda en 2015, “aquí han nacido mis dos hijos”, y pagaban 515 euros cuando en 2022 la constructora, dueña de todos los pisos, les dejó de pasar el recibo. “En 2023, nos llega un burofax en nombre de Sareb diciendo que querían saber el estado de la vivienda y respondimos con toda la documentación, pero nadie nos dijo nada”, relata. “No respondían y a los seis meses nos volvían a enviar el mismo burofax”, cuenta. “La interlocución ha ido cambiando, primero vino Hipoges, que era la primera gestora, luego Tecnotramit, luego otra gestora, y nunca con una solución”, añade.

Déborah está entre las personas cuyo contrato con el anterior casero se consideró no válido y, por tanto, entre las personas a las que según Sareb se les ofrecerá en breve un alquiler asequible. “Como nos hemos unido, lo llevamos bien”, dice Déborah, en relación a la lucha compartida del Sindicato de Inquilinas que les ha ido ayudando a entender la situación y a no sentirse solos.

José, ascensorista de 39 años que vive con su mujer desde 2015, explica también que “de buenas a primeras” dejaron de cobrarle el alquiler en 2022. “Teníamos un teléfono de los dueños, nadie lo cogía y estuvimos casi un año sin saber qué pasaba. Nos enteramos por el boca a boca, algún vecino se había enterado de que eran de Sareb”, rememora. “Nos genera intranquilidad la situación. Sabemos que van a pasar los pisos a Casa 47, pero no sabemos cuál es nuestro futuro y te quedas con esa incertidumbre”, cuenta José, que pagaba 460 euros y se ve incapaz, con su sueldo y el de su pareja, de verse en el mercado de alquiler o de compra de un piso. “Es inviable”, resume.

Más complicado lo tiene Marisa Arribas, de 46 años y que vive sola con su hija de 11. Lleva desde 2015 en el piso, pagando unos 600 euros, y también lleva desde que le dejaron de cobrar el alquiler agarrada a la incertidumbre. “Queremos regularizar la situación, ya son muchos años en este limbo”.

A Arantxa, de 37 años, la situación se le suma a una ansiedad que le tiene de baja en su trabajo de higienista bucodental. “Hemos mirado algún otro piso, pero con mi sueldo y el de mi pareja, que es técnico de medio ambiente, no nos da”, lamenta. Cuenta el mismo calvario de meses para averiguar de quién era el piso y de años de incertidumbre para intentar recuperar el alquiler de 620 euros que le daba la tranquilidad de estar en casa. En su caso, se le suma el hecho de que su contrato le aparecía a Sareb duplicado con el de una vecina y que un día, por error porque pensaban que no vivía nadie allí, se plantó un trabajador a intentar abrir la cerradura de su casa. “Suerte que mi pareja teletrabaja y lo frenó”, recuerda.

Agustín Gómez, jubilado de 72 años y exfontanero del Ayuntamiento, vive con su hijo de 32 que tiene una minusvalía. “Yo solo quiero pagar un alquiler”, resume, de nuevo, cansado de no tener respuesta y de haber sentido con la resolución judicial que lo querían echar de su casa sin ni siquiera con la resolución judicial de abril de 2025 sin ni siquiera una explicación humana en condiciones.

Los cambios de Sareb, que promete soluciones

La incertidumbre se escampa por bloques de toda España ante la transición de los miles de pisos que deben pasar de Sareb a Casa 47. Antes de 2022, Sareb tenía mayoría privada y no tenía una misión social, sino tan sólo de rentabilidad. Su objetivo era deshacerse de activos tóxicos para limpiar la deuda pública que el estado había absorbido tras el rescate a los bancos.

Pero en 2022, el denominado banco malo nacido en 2012, activó su misión social y un plan de seguimiento de los vecinos y de alquileres protegidos que, no obstante, no ha acabado con los desahucios y los conflictos. En 2025, Casa 47 acordó absorber 40.000 viviendas de la Sareb y 2.400 suelos con capacidad para 55.000 viviendas más. La deuda que no ha conseguido saldar, de unos 26.000 millones, se sumará a la del estado, mientras el ‘banco malo’ intenta vender las viviendas que no sirven para Casa 47.

En medio de todo este proceso, que debe finalizar el próximo año, se encuentran unos 20.000 inquilinos, entre los que se mezclan okupas de mala fe con gente vulnerable que no puede pagar su alquiler, 10.000 que ya han conseguido un contrato social y otros cuantos que, como las 9 familias de Fuenlabrada, viven en un limbo porque querrían pagar su alquiler y tener su futuro garantizado en Casa 47 pero nadie les responde. Para ellos, Sareb pide calma y dice que tiene un plan.

La empresa pública de vivienda Casa 47 ha recibio 131 propuestas de compra a la oferta pública de 100 millones para la compra de vivienda usada que irá destinada al parque estatal de alquiler asequible.

El 88% de las propuestas son de empresas y el 12% de particulares y las vivienas se reparten mayoritariamente entre Andalucía, Castilla y León, Catalunya y Extremadura.

Se trata de la primera oferta de compra de Casa 47, que se encuentra revisando la documentación para comprobar que todas las viviendas cumplan las condiciones establecidas en las bases.

Una vez analizadas las vivienas, se resolverá la adjudicación mediante concurso y se tramitará la compra directa de estas vivienas.

Casa 47 arrancó su actividad a finales del año pasado para sustituir a SEPES como entidad estatal de vivienda pública. Contará con 40.000 viviendas de la Sareb y 2.400 suelos en los que pretende construir más de 55.000 viviendas.

La empresa pública, presidida por Leire Iglesias y adscrita al Ministerio de Vivienda, aspira a financiarse con su propia actividad y a construir vivienda pública en suelos del estado y de otras administraciones, así como suelos privados que pueda adquirir, con el objetivo de reforzar una vivienda pública en claro déficit en España.

Su presupuesto, así pues, va aparte del Plan Estatal de Vivienda anunciado recientemente por el Ministerio y que prevé transferencias y cofinanciación de políticas de vivienda con las Comunidades Autónomas.

Ya tiene nombre. La nueva empresa pública de vivienda se llama Casa 47, según se ha desvelado este jueves en el acto de presentación oficial de la compañía, en referencia al artículo 47 de la Constitución, donde se reconoce el derecho a una vivienda digna y adecuada. “Cada día nos tenemos que recordar que no es optativo, dar respuesta a este derecho es un mandato constitucional”, ha señalado la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, quien ha celebrado que, con la puesta en marcha de esta entidad, el Gobierno está “contribuyendo, 47 años después, a mejorar el Estado del Bienestar”.

“Todos los pilares del Estado del Bienestar se sustentan sobre una infraestructura pública, que se ha sostenido a pesar de las amenazas, los recortes y los intentos de privatización”, ha indicado Rodríguez, que ha puesto como ejemplo la educación, la sanidad, las pensiones o el sistema de dependencia público. “Es un gran avance de las políticas públicas de vivienda en nuestro país, de esos que España ha protagonizado en otros momentos de su historia y que no tiene marcha atrás”, ha dicho.

En concreto, Rodríguez ha avanzado que el Ministerio ha “encontrado los mecanismos jurídicos para que todo lo que construya la entidad estatal de vivienda sea público para siempre”. Un empeño del Ejecutivo, que busca evitar que la inversión de dinero, suelo o recursos públicos en un parque estatal acabe en menos privadas, como ha ocurrido en España en las últimas décadas.

Más allá del engranaje jurídico de la nueva empresa, la ministra ha avanzado, en líneas generales, cómo serán los contratos de alquiler. Tendran, ha dicho, el objetivo de dar “tranquilidad” a las familias y “no para que hoy accedan a una vivienda y mañana se vean desahuciadas o que destinemos fondos públicos a vivienda asequible por la que luego te piden 1.300 euros”. En este sentido, Rodríguez ha avanzado que los contratos tendrán una duración de hasta 75 años, con un periodo inicial de 14, que se prorrogará por otros de 7 años, si no han cambiado las condiciones del hogar.

En cualquier caso, los requisitos para acceder a una vivienda en alquiler asequible de la nueva empresa pública no son excesivamente restrictivos, a falta de conocer la letra pequeña que incluya cuestiones patrimoniales, al menos en la parte económica. En concreto, los inquilinos deberán tener una renta de entre 2 y 7,5 veces el IPREM. Esto es, entre 16.800 y 63.000 euros anuales. Una manga ancha que responde a un problema de acceso a la vivienda en el mercado libre que el Ejecutivo considera “transversal”.

Casa 47 habilitará, ya en 2026, un portal online “en el que se podrán consultar las promociones disponibles, así como los requisitos concretos de cada una”.

¿Cuánto costarán los alquileres? De nuevo, Rodríguez ha hecho referencia a “fórmulas jurídicas para garantizar que nadie va a destinar más del 30% de su renta a pagar el alquiler”. “Esto no significa que vamos a construir más barato, sino que ese coste que implica construir lo van a asumir las administraciones públicas”, ha insistido. La ministra ha puesto los ejemplos de Madrid, donde estima que los precios de Casa 47 estarán un 38% por debajo de los de mercado, o Málaga, donde se reducirían a la mitad.

“En otros lugares donde aún no se ha llegado a esa tensión, vamos a trabajar con otros criterios correctores, como que no se superen los precios actuales”, ha explicado Rodríguez, que ha mencionado las viviendas que la Sareb tenía en Olivenza, Badajoz, y donde, con una renta media de 25.000 euros anuales, los alquileres costarán unos 400 euros.

A las rentas que queden por debajo de los requisitos de acceso, es decir, con ingresos inferiores a los 16.800 euros anuales, “se les apoya a través de la vivienda social”, señalan desde Vivienda, que entiende que las rentas superiores a los 63.000 euros “no deben tener problemas para acceder al mercado libre”.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció la creación de una empresa pública, con capacidad para “construir y gestionar vivienda”, en la clausura del 41º Congreso Federal del PSOE, que se celebró el pasado mes de diciembre. A lo largo de este año, desde el Ejecutivo han ido trabajando en la creación y el engranaje jurídico de esa nueva compañía, que se ha presentado este jueves, sobre la base de la Entidad Estatal del Suelo (Sepes).

A lo largo de estos meses, desde el Ministerio de Vivienda se han ido dando pasos para nutrir a la nueva empresa estatal, como la transferencia en marcha de unas 45.000 viviendas y 2.400 suelos propiedad de la Sareb, el impulso a la Operación Campamento, par construir un nuevo barrio con unas 10.700 viviendas en Madrid o el anuncio de la construcción de 1.300 viviendas sobre terrenos en los que se levantaban antiguas cárceles. Este jueves, Rodríguez ha anunciado además el lanzamiento de “una oferta pública de vivienda con un fondo de 100 millones”, para introducir más casas en esa bolsa pública.