El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentó el lunes por todo lo alto el nuevo portal de Casa 47, donde los ciudadanos ya pueden apuntarse de manera fácil e intuitiva a las primeras 638 viviendas de alquiler asequible de la empresa estatal, la mayoría absorbidos del 'banco malo' Sareb. En él pueden encontrarse viviendas de alquiler a precios muy por debajo de mercado, desde los 350 euros, hasta otras que no resultan tan baratas, de hasta más de 1.000 euros, y no en grandes capitales.

Antes de que se abriera este portal, Casa 47 ya sorteó 171 inmuebles repartidos entre Vigo, Valencia y Mieres, en Asturias. Ahora, las viviendas se reparten en seis comunidades autónomas y 7 convocatorias: 157 viviendas en Castellón, 153 en Alicante, 99 en Galicia, 91 en Valencia, 34 en Navarra y 18 en Asturias.

Ante las dudas y críticas expresadas por la ciudadanía y los medios sobre la ubicación de estas viviendas, la nueva presidenta de Casa 47, Maribel Ramos, ha recordado que son las que ya se han podido adecuar de las hasta 40.000 viviendas expropiadas a Sareb. Antes de final de año, ha recordado, se sumarán 1.500 viviendas más, “y las habrá en Madrid, Sevilla y otros municipios”, ha anunciado. Además, ha recordado que se construirán 10.000 viviendas en el nuevo barrio de Campamento en Madrid y que se deben poder levantar hasta 24.000 más en otros terrenos públicos que se cederán a casa 47.

En toda España existen 30 pisos a 350 euros, destinados a rentas anuales de entre 16.800 y 28.000 euros: 12 en Castellón de la Plana, 5 en Cedeira, dos en Gijón, dos en el Vendrell y otros en Elche y otros municipios. Y hay 60 pisos más por menos de 400 metros cuadrados, entre ellos algunos de hasta 84 metros cuadrados en Benicarló, aunque la mayoría alrededor de los 40 metros cuadrados.

En Castellón de la Plana, los precios más baratos de Casa 47 suponen un ahorro de casi el 100% con respecto a los anunciados en Idealista, que parten de los 600 euros con 50 metros cuadrados.

En Cedeira, existen pisos de 45 metros cuadrados por 420 y 500 euros al mes, e incluso se alquila uno de 100 metros cuadrados por 550 euros, por lo que el ahorro es menor.

En Gijón los pisos pequeños para una persona parten de los 600 euros, con una excepción a 500, por lo que de nuevo Casa 47 compite muy por debajo del mercado.

En El Vendrell, no existe ningún piso en alquiler de larga estancia por debajo de los 800 euros en Idealista, por lo que prácticamente la de Casa 47 sería la única opción para una persona sola con un sueldo medio.

En la otra cara de la moneda, existen tres municipios con viviendas que superan los 1.000 euros. Son los casos de Turís y San Antonio de Benagéber, a 40 y 16 kilómetros de Valencia, respectivamente. Y también de Vidreres, a 26 kilómetros de Girona.

En los tres casos se trata de viviendas muy amplias, de más de 120 metros cuadrados y hasta cuatro habitaciones. Van destinados a unidades familiares que sumen entre 42.640 euros y 63.000 euros al mes, de forma que no se supere en ningún caso un esfuerzo económico del 30% de los ingresos familiares.

Si comparamos estas viviendas con otras similares del mercado privado, no existen grandes diferencias de precio en Turís pero sí en los otros dos municipios. De hecho, en Turís se alquila una casa de pueblo de 5 habitaciones por 1.065 euros en Idealista y también uno de 3 habitaciones y 90 metros cuadrados por 800 euros al mes.

En Vidreres, tan solo hay ofertas de alquiler de temporada en Idealista, un par de casas con piscina y un apartamento de 3 habitaciones y 75 metros cuadrados por 1.200 euros al mes. Se trata en este caso de un piso un 20% más caro que el de Casa 47, pero es que además no existe ni una opción en el portal de vivienda habitual, por lo que no sería equiparable.

San Antonio de Benagéber tan solo ofrece casas y chalés de alquiler en Idealista, la más barata por 1.650 euros con 4 habitaciones y 147 metros cuadrados.

Valencia es la comunidad con más pisos en Casa 47, hasta 401 repartidos entre las 157 de Castellón, las 153 de Alicante y las 91 de Valencia.

Galicia cuenta con 99 viviendas publicitadas en el portal, con viviendas desde los 350 euros en Cedeira y Lugo hasta los 705 euros también en Lugo, ya por grandes viviendas de hasta 162 metros cuadrados y cuatro habitaciones.

En Catalunya, hay 93 viviendas desde los 350 euros del Vendrell, en la provincia de Barcelona hasta los 800 por una vivienda de 122 metros cuadrados en Vic, municipio de la provincia de Barcelona con 12 convocatorias abiertas. Sant Feliu de Codines o Sant Hipòlit de Voltregà son otros de municipios con oferta, ambos en la provincia de Barcelona.

Navarra, con 34 viviendas, y Asturias, con 18, completan el mapa de las primeras viviendas de Casa 47 disponibles en el portal. Para presentarse al concurso, hay que tener la nacionalidad o residencia en España y no poseer una vivienda, salvo excepciones, y tener una renta anual neta de entre 2 y 7,5 veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), así como estar al corriente con la Seguridad Social y la Agencia Tributaria. No podrán acceder los trabajadores de Casa 47.

Los contratos de alquiler tendrán un periodo inicial de 14 años prorrogable otros siete y podrán llegar hasta los 75 años en función de cómo evolucionen las condiciones del hogar.

Arantxa, higienista dental de 37 años que convive con su pareja, técnico de medio ambiente. Marisa, madre soltera de 43 y profesora que vive con su hija de 11 años. José, ascensorista de 39 años que vive con su pareja que es administrativa. Son 9 las familias de Fuenlabrada que llevan más de tres años intentando sin éxito que Sareb les dé un contrato de alquiler en las viviendas donde ya estaban antes de que el ‘banco malo’ las comprara en 2020 y que desde entonces no les da una solución para mantener sus hogares. De hecho, parecía que las iban a echar.

En pleno traspaso de las viviendas a Casa 47, recién creada empresa pública de vivienda, viven con tensión en un limbo al no saber si podrán seguir viviendo en ellas. La Sareb pide paciencia y asegura que resolverá los casos con alquileres sociales o asequibles que pasarán a la nueva empresa pública. Casa 47 asegura que solo recibirá viviendas que estén vacías o con contratos regularizados.

El conflicto arranca cuando el denominado ‘banco malo’, de titularidad mayoritariamente pública, absorbe en 2020 para compensar deudas hipotecarias las propiedades de la inmobiliaria propietaria de las viviendas, Grandour, que quebró. Durante un par de años, los inquilinos siguieron pagando, después se enteraron de que directamente a Hacienda para cubrir parte de la deuda, hasta que un día se les devolvieron los recibos y se les dejó de cobrar el alquiler.

Descubrieron entonces, porque lo investigaron por su cuenta, que los pisos habían pasado a manos de la Sareb. Después recibieron algunos burofaxes de las diferentes empresas servicers que gestionaban los alquileres para Sareb pidiéndoles documentación, entre ellas la hace poco extinta Tecnotramit, pero incluso cuando les enviaban la documentación necesaria, no volvían a recibir respuesta.

La incertidumbre, sin que nadie les cobrara el alquiler, se estiró hasta abril de 2025, cuando un juzgado de primera instancia de Fuenlabrada dictaminó que 17 de las 24 familias, entre las que se encuentran las 9 hoy en limbo, no tenían derecho a seguir en esas viviendas porque sus contratos habían vencido y ya no eran válidos, mientras que las otras 9 familias sí que tenían derecho a permanecer. A siete de las familias se les ofreció un contrato y el Sindicato de Inquilinos cree que es “para dividir” a los inquilinos.

Pero Sareb tiene otra explicación. Desde la empresa reconocen que los cambios de servicers pueden generar problemas de comunicación y piden paciencia porque “los casos se están estudiando”. Aseguran que los primeros casos que se han solucionado son los de los contratos que estaban vigentes y las familias vulnerables. Y que todas aquellas familias que residan en viviendas de la Sareb y no sean vulnerables podrán optar a un alquiler asequible, a un precio entre un 20 y un 30% por debajo de mercado, si están dispuestas a colaborar.

“Aquí han nacido mis dos hijos”

“Para mí, no es ninguna ventaja lo de no pagar. Prefiero pagar el alquiler y estar tranquila en mi casa”, dice Débora, de 39 años y en el paro desde octubre del año pasado, que vive con sus dos hijos de dos y cinco años y su marido, conductor de autobús.

Llegaron a esta vivienda en 2015, “aquí han nacido mis dos hijos”, y pagaban 515 euros cuando en 2022 la constructora, dueña de todos los pisos, les dejó de pasar el recibo. “En 2023, nos llega un burofax en nombre de Sareb diciendo que querían saber el estado de la vivienda y respondimos con toda la documentación, pero nadie nos dijo nada”, relata. “No respondían y a los seis meses nos volvían a enviar el mismo burofax”, cuenta. “La interlocución ha ido cambiando, primero vino Hipoges, que era la primera gestora, luego Tecnotramit, luego otra gestora, y nunca con una solución”, añade.

Déborah está entre las personas cuyo contrato con el anterior casero se consideró no válido y, por tanto, entre las personas a las que según Sareb se les ofrecerá en breve un alquiler asequible. “Como nos hemos unido, lo llevamos bien”, dice Déborah, en relación a la lucha compartida del Sindicato de Inquilinas que les ha ido ayudando a entender la situación y a no sentirse solos.

José, ascensorista de 39 años que vive con su mujer desde 2015, explica también que “de buenas a primeras” dejaron de cobrarle el alquiler en 2022. “Teníamos un teléfono de los dueños, nadie lo cogía y estuvimos casi un año sin saber qué pasaba. Nos enteramos por el boca a boca, algún vecino se había enterado de que eran de Sareb”, rememora. “Nos genera intranquilidad la situación. Sabemos que van a pasar los pisos a Casa 47, pero no sabemos cuál es nuestro futuro y te quedas con esa incertidumbre”, cuenta José, que pagaba 460 euros y se ve incapaz, con su sueldo y el de su pareja, de verse en el mercado de alquiler o de compra de un piso. “Es inviable”, resume.

Más complicado lo tiene Marisa Arribas, de 46 años y que vive sola con su hija de 11. Lleva desde 2015 en el piso, pagando unos 600 euros, y también lleva desde que le dejaron de cobrar el alquiler agarrada a la incertidumbre. “Queremos regularizar la situación, ya son muchos años en este limbo”.

A Arantxa, de 37 años, la situación se le suma a una ansiedad que le tiene de baja en su trabajo de higienista bucodental. “Hemos mirado algún otro piso, pero con mi sueldo y el de mi pareja, que es técnico de medio ambiente, no nos da”, lamenta. Cuenta el mismo calvario de meses para averiguar de quién era el piso y de años de incertidumbre para intentar recuperar el alquiler de 620 euros que le daba la tranquilidad de estar en casa. En su caso, se le suma el hecho de que su contrato le aparecía a Sareb duplicado con el de una vecina y que un día, por error porque pensaban que no vivía nadie allí, se plantó un trabajador a intentar abrir la cerradura de su casa. “Suerte que mi pareja teletrabaja y lo frenó”, recuerda.

Agustín Gómez, jubilado de 72 años y exfontanero del Ayuntamiento, vive con su hijo de 32 que tiene una minusvalía. “Yo solo quiero pagar un alquiler”, resume, de nuevo, cansado de no tener respuesta y de haber sentido con la resolución judicial que lo querían echar de su casa sin ni siquiera con la resolución judicial de abril de 2025 sin ni siquiera una explicación humana en condiciones.

Los cambios de Sareb, que promete soluciones

La incertidumbre se escampa por bloques de toda España ante la transición de los miles de pisos que deben pasar de Sareb a Casa 47. Antes de 2022, Sareb tenía mayoría privada y no tenía una misión social, sino tan sólo de rentabilidad. Su objetivo era deshacerse de activos tóxicos para limpiar la deuda pública que el estado había absorbido tras el rescate a los bancos.

Pero en 2022, el denominado banco malo nacido en 2012, activó su misión social y un plan de seguimiento de los vecinos y de alquileres protegidos que, no obstante, no ha acabado con los desahucios y los conflictos. En 2025, Casa 47 acordó absorber 40.000 viviendas de la Sareb y 2.400 suelos con capacidad para 55.000 viviendas más. La deuda que no ha conseguido saldar, de unos 26.000 millones, se sumará a la del estado, mientras el ‘banco malo’ intenta vender las viviendas que no sirven para Casa 47.

En medio de todo este proceso, que debe finalizar el próximo año, se encuentran unos 20.000 inquilinos, entre los que se mezclan okupas de mala fe con gente vulnerable que no puede pagar su alquiler, 10.000 que ya han conseguido un contrato social y otros cuantos que, como las 9 familias de Fuenlabrada, viven en un limbo porque querrían pagar su alquiler y tener su futuro garantizado en Casa 47 pero nadie les responde. Para ellos, Sareb pide calma y dice que tiene un plan.

La empresa pública de vivienda Casa 47 ha recibio 131 propuestas de compra a la oferta pública de 100 millones para la compra de vivienda usada que irá destinada al parque estatal de alquiler asequible.

El 88% de las propuestas son de empresas y el 12% de particulares y las vivienas se reparten mayoritariamente entre Andalucía, Castilla y León, Catalunya y Extremadura.

Se trata de la primera oferta de compra de Casa 47, que se encuentra revisando la documentación para comprobar que todas las viviendas cumplan las condiciones establecidas en las bases.

Una vez analizadas las vivienas, se resolverá la adjudicación mediante concurso y se tramitará la compra directa de estas vivienas.

Casa 47 arrancó su actividad a finales del año pasado para sustituir a SEPES como entidad estatal de vivienda pública. Contará con 40.000 viviendas de la Sareb y 2.400 suelos en los que pretende construir más de 55.000 viviendas.

La empresa pública, presidida por Leire Iglesias y adscrita al Ministerio de Vivienda, aspira a financiarse con su propia actividad y a construir vivienda pública en suelos del estado y de otras administraciones, así como suelos privados que pueda adquirir, con el objetivo de reforzar una vivienda pública en claro déficit en España.

Su presupuesto, así pues, va aparte del Plan Estatal de Vivienda anunciado recientemente por el Ministerio y que prevé transferencias y cofinanciación de políticas de vivienda con las Comunidades Autónomas.

Ya tiene nombre. La nueva empresa pública de vivienda se llama Casa 47, según se ha desvelado este jueves en el acto de presentación oficial de la compañía, en referencia al artículo 47 de la Constitución, donde se reconoce el derecho a una vivienda digna y adecuada. “Cada día nos tenemos que recordar que no es optativo, dar respuesta a este derecho es un mandato constitucional”, ha señalado la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, quien ha celebrado que, con la puesta en marcha de esta entidad, el Gobierno está “contribuyendo, 47 años después, a mejorar el Estado del Bienestar”.

“Todos los pilares del Estado del Bienestar se sustentan sobre una infraestructura pública, que se ha sostenido a pesar de las amenazas, los recortes y los intentos de privatización”, ha indicado Rodríguez, que ha puesto como ejemplo la educación, la sanidad, las pensiones o el sistema de dependencia público. “Es un gran avance de las políticas públicas de vivienda en nuestro país, de esos que España ha protagonizado en otros momentos de su historia y que no tiene marcha atrás”, ha dicho.

En concreto, Rodríguez ha avanzado que el Ministerio ha “encontrado los mecanismos jurídicos para que todo lo que construya la entidad estatal de vivienda sea público para siempre”. Un empeño del Ejecutivo, que busca evitar que la inversión de dinero, suelo o recursos públicos en un parque estatal acabe en menos privadas, como ha ocurrido en España en las últimas décadas.

Más allá del engranaje jurídico de la nueva empresa, la ministra ha avanzado, en líneas generales, cómo serán los contratos de alquiler. Tendran, ha dicho, el objetivo de dar “tranquilidad” a las familias y “no para que hoy accedan a una vivienda y mañana se vean desahuciadas o que destinemos fondos públicos a vivienda asequible por la que luego te piden 1.300 euros”. En este sentido, Rodríguez ha avanzado que los contratos tendrán una duración de hasta 75 años, con un periodo inicial de 14, que se prorrogará por otros de 7 años, si no han cambiado las condiciones del hogar.

En cualquier caso, los requisitos para acceder a una vivienda en alquiler asequible de la nueva empresa pública no son excesivamente restrictivos, a falta de conocer la letra pequeña que incluya cuestiones patrimoniales, al menos en la parte económica. En concreto, los inquilinos deberán tener una renta de entre 2 y 7,5 veces el IPREM. Esto es, entre 16.800 y 63.000 euros anuales. Una manga ancha que responde a un problema de acceso a la vivienda en el mercado libre que el Ejecutivo considera “transversal”.

Casa 47 habilitará, ya en 2026, un portal online “en el que se podrán consultar las promociones disponibles, así como los requisitos concretos de cada una”.

¿Cuánto costarán los alquileres? De nuevo, Rodríguez ha hecho referencia a “fórmulas jurídicas para garantizar que nadie va a destinar más del 30% de su renta a pagar el alquiler”. “Esto no significa que vamos a construir más barato, sino que ese coste que implica construir lo van a asumir las administraciones públicas”, ha insistido. La ministra ha puesto los ejemplos de Madrid, donde estima que los precios de Casa 47 estarán un 38% por debajo de los de mercado, o Málaga, donde se reducirían a la mitad.

“En otros lugares donde aún no se ha llegado a esa tensión, vamos a trabajar con otros criterios correctores, como que no se superen los precios actuales”, ha explicado Rodríguez, que ha mencionado las viviendas que la Sareb tenía en Olivenza, Badajoz, y donde, con una renta media de 25.000 euros anuales, los alquileres costarán unos 400 euros.

A las rentas que queden por debajo de los requisitos de acceso, es decir, con ingresos inferiores a los 16.800 euros anuales, “se les apoya a través de la vivienda social”, señalan desde Vivienda, que entiende que las rentas superiores a los 63.000 euros “no deben tener problemas para acceder al mercado libre”.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció la creación de una empresa pública, con capacidad para “construir y gestionar vivienda”, en la clausura del 41º Congreso Federal del PSOE, que se celebró el pasado mes de diciembre. A lo largo de este año, desde el Ejecutivo han ido trabajando en la creación y el engranaje jurídico de esa nueva compañía, que se ha presentado este jueves, sobre la base de la Entidad Estatal del Suelo (Sepes).

A lo largo de estos meses, desde el Ministerio de Vivienda se han ido dando pasos para nutrir a la nueva empresa estatal, como la transferencia en marcha de unas 45.000 viviendas y 2.400 suelos propiedad de la Sareb, el impulso a la Operación Campamento, par construir un nuevo barrio con unas 10.700 viviendas en Madrid o el anuncio de la construcción de 1.300 viviendas sobre terrenos en los que se levantaban antiguas cárceles. Este jueves, Rodríguez ha anunciado además el lanzamiento de “una oferta pública de vivienda con un fondo de 100 millones”, para introducir más casas en esa bolsa pública.