Casa 47 gestionará 1.383 viviendas de alquiler asequible en dos años en Castilla-La Mancha
Castilla-La Mancha va a ser una de las comunidades autónomas más beneficiadas por el contrato de servicios que Casa 47, la empresa estatal de vivienda y suelo, ha adjudicado para la gestión integral del arrendamiento del parque estatal de vivienda. Concretamente, en esta región gestionará 1.383 viviendas de alquiler asequible con un horizonte de dos años.
Fuentes del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana han informado a este periódico que todavía se desconocen cuáles son los inmuebles de titularidad estatal que formarán parte de este lote, pero sí han precisado su reparto provincial.
La provincia de Toledo será la más beneficiada, con un total de 844 viviendas; seguida de Guadalajara, con 324; Ciudad Real, con 134; Cuenca, con 29; y Albacete, con 22.
Se da la circunstancia de que el alquiler asequible es una de las principales demandas en esta comunidad autónoma, especialmente en zonas limítrofes con la Comunidad de Madrid, como la comarca de la Sagra, en Toledo, y el Corredor del Henares, en Guadalajara.
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha puesto el acento en varias ocasiones en la necesidad de impulsar el arrendamiento a precios bajos, y es una de las medidas contempladas en su Plan de Acción por la Vivienda. De hecho, ha lanzado ya una nueva convocatoria de ayudas al alquiler con un presupuesto total de cinco millones de euros, destinadas a ayudar a las personas y familias a pagar su vivienda habitual.
Un parque público estatal de alquiler asequible
Las medidas autonómicas vienen ahora impulsadas por Casa 47. Esta nueva entidad estatal de vivienda y suelo (anteriormente conocida como SEPES) se aprobó el pasado mes de diciembre para gestionar el parque público de alquiler asequible. Su nombre hace referencia al artículo 47 de la Constitución Española, que reconoce el derecho a disfrutar de una vivienda digna.
Los precios de los alquileres se fijan en función de lo que la ciudadanía puede pagar, estableciendo un límite máximo: nunca superarán el 30% de la renta media del hogar de la zona. Según el Ministerio, los contratos ofrecen “gran estabilidad”, pudiendo durar hasta 75 años, articulados en una primera fase de 14 años y prórrogas automáticas posteriores.
Básicamente, está orientada a la clase media y trabajadora, específicamente a personas cuyos ingresos anuales se sitúan entre 2 y 7,5 veces el IPREM (aproximadamente entre 16.800 y 63.000 euros anuales).
La entidad asume el control de todo el ciclo residencial: desde la disposición y urbanización del suelo hasta la edificación, entrega de llaves y gestión de los arrendamientos. Las viviendas construidas o adquiridas se mantendrán siempre dentro del parque estatal público, evitando así la especulación.
“El proyecto viene a dar respuesta a la prioridad para el Gobierno de conformar un parque público de vivienda que combata a lo público para garantizar el derecho”, dijo entonces la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez.
El contrato hecho público ahora por la entidad estatal se ha adjudicado por un importe de 56 millones de euros. Está dividido en cuatro lotes, adjudicados a dos uniones temporales de empresas (UTE) distintas, en un modelo que “prioriza los criterios técnicos en la gestión residencial y el compromiso social sobre los criterios estrictamente económicos”.
¿Qué empresas conforman la UTE del nuevo contrato?
La UTE formada por Emerald Impact, Guinot Prunera, Ingeus y Fantastic 4 Real State ha logrado los lotes 1, de Asturias y Galicia, por 7,7 millones de euros; y 4, que conforman Catalunya, Navarra y Euskadi, con un montante total de 9,98 millones de euros, lo que sitúa el importe total en los 17,68 millones de euros.
La otra unión temporal, gestionada por Serveo Servicios y Factoría Gestión y Consultoría, se ha adjudicado el lote de la Comunitat Valenciana y Murcia, por 16,32 millones de euros, y el de Andalucía, Illes Balears, Canarias, Castilla-La Mancha y Comunidad de Madrid, por 22,12 millones, lo que eleva el total de ambas a 38,44 millones.
La cartera de Casa 47 se nutre de la construcción propia y de la incorporación de viviendas y suelos del Estado procedentes de otros ministerios, como Hacienda, Defensa o Interior; o del 'banco malo' o Sareb, que traspasará 40.000 viviendas y 2.400 suelos con capacidad para albergar otras 55.000 casas.
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