“Esto es un hito histórico”. Con estas palabras ha resumido la abogada de Maricarmen, Beatriz Duro, una reunión de cuatro horas terminada en acuerdo: la vecina de 87 años tendrá la oportunidad de volver a casa. Urbagestión ha aceptado el retorno de la inquilina a la que desahució el miércoles, después de cinco días de intensas protestas y a escasas horas de que el Congreso decida sobre un nuevo decreto de vivienda impulsado al calor de este desalojo. El pacto, comunicado por la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid (que actúa como mediadora), está cerrado a falta de que lo valide la principal afectada, ingresada en el Hospital Gregorio Marañón desde su salida en camilla del domicilio en Retiro.

Lo que se sabe de momento es que el nuevo contrato ya no será de renta antigua y quedará adscrito a la LAU, la Ley de Arrendamientos Urbanos. Además, Maricarmen entra así en otro programa municipal distinto al del Plan Reviva, sugerido como propuesta después del desahucio. Pero finalmente se hará desde un plan similar, el Servicio de Intermediación del Alquiler (SIA), de modo que el precio del alquiler nunca podrá superar el 30% de los ingresos netos de la vecina y tendrá una duración aproximada de ocho años. En concreto, este modelo al que podrá adherirse Maricarmen oferta pisos de particulares a posibles inquilinos, quienes pueden acceder a ellos con la condición de pagar hasta el 40% de sus ingresos netos.

Pertenece al Ayuntamiento de Madrid aunque ha sido poco conocido y publicitado, que actualmente oferta tan solo diez viviendas en toda la capital. La más barata es una de San Blas por 857 euros y la más cara una de Arganzuela por la que se piden 1.460 euros. Entre las ventajas para los arrendatarios de las viviendas, EMVS ofrece tanto seguros multirriesgo del hogar y seguro de impagos a lo largo de toda la vigencia del contrato, como abonar el coste del certificado energético obligatorio para llevar a cabo cualquier tipo de alquiler.

Entretanto, el Gobierno seguía negociando el borrador del decreto de vivienda con Sumar —más reticentes respecto al contenido— y otros grupos parlamentarios, que tan solo incluye prórrogas a los contratos de alquiler hasta 2028 según el documento inicia y pone esa misma fecha límite a la prohibición de desahucios a personas vulnerables. Para zanjar el caso de Maricarmen, que propició todo lo demás, las partes se habían citado a las cuatro de la tarde en la sede de EMVS (Empresa Municipal de Vivienda y Suelo), cerca del Metro de Palos de la Frontera.

Pero minutos antes de la hora se informó a los periodistas de que el encuentro iba a demorarse, a petición de la defensa de Maricarmen. En representación de la empresa municipal acudieron su presidente, Jerónimo Escalera, y la consejera delegada Ana de Miguel. Una hora más tarde, aproximadamente, la abogada Beatriz Duro aparecía finalmente acompañada de una portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, Carolina Vilariño.

En un primer momento se había anunciado que el órgano sindical, impulsor principal de la acampada en Sol y una de las plataformas más cercanas a Maricarmen durante el proceso, no iba a participar en la reunión y, por parte de la vecina, solo acudirían familiares y su letrada. Finalmente no ha sido así: “Vamos a estar en la reunión. Para Maricarmen es fundamental que esté presente la representación sindical”. Unos minutos más tarde, cuando ya se había despejado la entrada, también Vicente se se sumó a la cita: es el primo de Maricarmen y uno de sus allegados más cercanos, que la ha acompañado estos días en el hospital.

Vamos a estar en la reunión. Para Maricarmen es fundamental que esté presente la representación sindical

Caroliña Vilariño — Portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid

De hecho, mudarse con él y su pareja a Segovia era una de las opciones que se sopesaban para su futuro. Minutos antes de reunirse con la mediación municipal y los representantes de Urbagestión, la abogada Beatriz Duro insistió en que venían con intenciones de hallar una solución después de descartarse la del Plan Reviva, un programa municipal para pasar al régimen de alquiler asequible los pisos vacíos del mercado.

Cronología de los intentos por llegar a un acuerdo

La reunión de este lunes llega después de una larga serie de desdichas. Ni la amplia presión ciudadana, sindical o en el debate político pudieron frenar a tiempo el cuarto intento de desahuciar a Maricarmen, que ya había vivido otras tres tentativas de desalojo en tan solo un año. El origen del conflicto se remonta a 1956, cuando su padre firmó el actual contrato de renta antigua por el que la vecina estaba pagando 500 euros por un piso cerca del Retiro, una zona encarecida con la explosión turística y poblacional de Madrid. Este murió y la madre de Maricarmen pudo mantener aquel precio gracias a una subrogación del contrato, algo que solo puede hacerse con un primer heredero y ya no aplicaba a su hija cuando, en 2005, heredó la casa al morir la última de sus progenitores.

Al principio los propietarios de entonces respetaron su permanencia y le mantuvieron el alquiler, pero ya sin el blindaje de ese modelo de renta antigua. Finalmente, Urbagestión decidió quintuplicar el precio y un tribunal avaló su argumento, iniciando el viaje judicial que nos ha traído a este momento. La posibilidad de acuerdo no ha dejado de esfumarse y reaparecer con cada nuevo intento de desahucio. El más reciente hasta ahora, sin contar el del miércoles, fue a principios de junio y ya logró movilizar a cientos de personas –anónimas o famosos– hasta acabar con buenas noticias de sabor amargo: Maricarmen podía quedarse, pero solo unos meses más. Se fijó entonces un cuarto intento para el 23 de septiembre, dando una tregua por el verano que no logró desmovilizar la causa. Unas semanas después de aquel momento a principios de junio, el día 18, se produjo un primer contacto directo vía WhatsApp entre la presidenta de Casa 47, Maribel Ramos, y la abogada de Urbagestión, tal y como ha podido acreditar elDiario.es.

En ese acercamiento, desde la empresa pública de vivienda ofrecieron dos vías de salida a la propiedad: o bien adquirir el piso desde la entidad estatal e incorporarlo al parque público, o negociar una renta que permitiera a la inquilina seguir pagando 500 euros al mes gracias a un nuevo complemento público. Dos días después, Urbagestión aceptó entrar en una mediación pero descartó la vender del inmueble, asegurando que este era el “único activo” de vivienda que poseían para zafarse de los señalamientos por actuar como un “fondo” de inversión.

A principios de julio, según la dirección de Casa 47, la alternativa pasó a ser un contrato de siete años con una renta de 1.000 euros mensuales, abierta a una nueva negociación al alza, de manera que Maricarmen pudiera seguir aportando 500 euros y el resto se cubriera mediante un complemento a su pensión. La empresa pública añadió que, en este caso, se pidió una contraoferta a la empresa y Urbagestión dio acuse de recibo, aunque siguieron sin noticias hasta finales de ese mes. Poco después volvieron a insistir ante la proximidad del lanzamiento, término jurídico que se utiliza para hablar de un desahucio. Era algo “urgente”, tal y como especificaron en un mensaje al que la abogada simplemente respondió que sus clientes aún estaban de vacaciones.

Los contactos se retomaron a principios de septiembre en una conversación telefónica donde Maribel Ramos reprochó a la letrada su actitud durante la negociación pese a la corta cuenta atrás de la que disponían, a lo que esta confirmó que sus clientes “no se fiaban del Sindicato de Inquilinas”, que finalmente no ha sido convocado a la reunión de esta tarde. La empresa ha redirigido su discurso, especialmente en las últimas horas, a señalar al órgano sindical detrás de la acampada en Sol como el principal responsable de que “Maricarmen no siga en su casa”, pese a que fueron quienes acompañaron a la vecina durante el proceso legal y social.

Después de aquellas últimas conversaciones hubo nuevos intentos por contactar con Urbagestión y cerrar un acuerdo in extremis, entre ellos con llamadas desde otro número y una nueva interlocutora, la secretaria de Vivienda Leire Iglesias. Aunque en este caso Urbagestión sí respondió a la llamada, tampoco aquí lograron llegar a un objetivo común. Finalmente, el 22 de septiembre, la jueza Elena Cortina Blanco ordenó ejecutar el desahucio para el día siguiente.

Durante a víspera, cuando cientos de personas ya se habían concentrado frente a la vivienda de Maricarmen, Ramos volvió a escribir a la abogada de Urbagestión. Y el 23 de septiembre, mientras la Policía desalojaba a los manifestantes que intentaban impedir el lanzamiento, Casa 47 volvió a pedir un mes de aplazamiento para buscar una alternativa habitacional. No llegó.

Dos días después del desahucio, el 25 de septiembre, Urbagestión trasladó al Ayuntamiento una propuesta para que la vivienda pasara a ser gestionada por EMVS. La empresa sostiene que esta ofreció a Maricarmen un nuevo alquiler entre un 40% y un 50% inferior al precio de mercado y que las propuestas para que terceras personas asumieran la renta o compraran el piso llegaron después del lanzamiento. Casa 47 sostiene, sin embargo, que al menos una oferta para hacerse cargo de la diferencia de renta ya había sido comunicada a la propietaria antes del desahucio.

El Ayuntamiento rechazó ese mismo día la propuesta de Urbagestión por considerarla “inviable”. Entre sus argumentos, el consistorio señaló que las viviendas deben adjudicarse respetando el orden de prelación de las solicitudes y que el acceso a esa promoción exige, entre otros requisitos, no haber sido condenado en los últimos cinco años por impago de rentas o en procedimientos de desahucio por problemas de convivencia. La situación de Maricarmen, que había permanecido en la vivienda tras el procedimiento judicial, impedía encajarla en esas condiciones.

La abogada de Maricarmen, Beatriz Duro, se muestra esperanzada ante la reunión de esta tarde con representantes del Ayuntamiento de Madrid y de la empresa Urbagestión, detrás del desahucio de Maricarmen y su salida a los 87 años del piso en el que vivía en Retiro. “Sabemos que la primera propuesta no es viable, así que esperamos que nos digan qué es lo que sí es viable. No puede ser que la propiedad ahora quiera que Maricarmen vuelva a su piso y esto, por razones burocráticas, no llegue a darse de ninguna de las maneras”, expresaba en declaraciones a Somos Madrid este lunes a primera hora, poco antes del último pulso entre las partes antes de la esperada votación este martes en el Congreso, donde se debatirá un nuevo decreto de vivienda.

Ante la ola de indignación ciudadana que ha provocado el caso, el fondo –que hasta última hora había bloqueado otras alternativas, como las ofrecidas por la empresa pública Casa 47 o donantes anónimos– propuso al consistorio adquirir la vivienda después del desalojo para ofrecerla de nuevo a la vecina, que permanece en el Hospital Gregorio Marañón. “Por un lado, el Ayuntamiento conoce desde el viernes esta propuesta para gestionar su uso a través de un programa municipal. Esperamos que hayan podido pensar y valorar opciones y ver cómo hacer esto viable antes de la reunión de la tarde”, auguraba la letrada.

“Y luego, por otro lado, esperamos que Urbagestión no quiera simplemente hacer un lavado de su imagen y que esto sea una propuesta real que quiera materializar. Solo tiene que decirnos las condiciones que quieren y nosotros veremos cómo hacerlas viables, si es lo que son”, destaca. “A Maricarmen esto le vuelve a generar expectativas ante una nueva posibilidad. Esperamos que sea en serio y se pueda materializar”, concluye, a la espera de un nuevo veredicto: “Si esta propuesta es real, entonces será posible”.

Justo después de ejecutar el desalojo, la empresa propietaria planteó ceder su piso para que el consistorio lo pusiera en gestión social bajo el paraguas del Plan Reviva, un programa municipal para recuperar viviendas privadas y relanzarlas al mercado del alquiler asequible, u otros métidos similares. Pero los requisitos de este primer concurso indican que “la adjudicación de las viviendas se realizará manteniendo rigurosamente el orden de prelación de las solicitudes”, por lo que acelerar el trámite de Maricarmen puede implicar saltarse otros puestos en la lista.

Además, “otro de los requisitos para participar en el sorteo de esta promoción es que ninguno de los miembros de la unidad familiar puede haber sido condenado por delitos relacionados con la ocupación, ni por impago de rentas o en procedimientos de desahucio de viviendas por problemas de convivencia en los últimos cinco años”. En todo caso, la abogada Beatriz Duro afronta el encuentro con perspectivas de sacar algo en claro, aunque no convencida de que suponga un verdadero punto de inflexión.

Intentos previos rechazados a contra reloj

De hecho, ya el miércoles pasado, la letrada estuvo tratando paralizarlo desde primera hora, e incluso lanzando un último ruego a la empresa para ganar 15 días de margen y procurar una “salida digna” para Maricarmen, casi nonagenaria y con una discapacidad del 50%. Pese a la predisposición que ahora exhibe la compañía, dispuesta a una nueva negociación a tres, aquella vez no hubo margen para debatir: a las 13.05 horas un cerrajero logró romper con la radial la puerta de la casa, con varios policías antidisturbios logrando acceder a la vivienda y sacar en camilla a su inquilina, presa de un ataque de estrés.

El jueves, un día después de la expulsión de Maricarmen y en pleno auge de la contestación social, Urbagestión negó en sus primeras excusas públicas que el Gobierno central, a través del Ministerio de Vivienda, les hubiera trasladado las distintas ofertas de operadores públicos o privados que, en los días previos, iban asomándose en medios de comunicación y asentándose en el debate público. No obstante, este periódico ha podido corroborar que al menos varias de las comunicaciones directas entre la presidenta de Casa 47, la empresa pública de vivienda, y la abogada de Urbagestión no fueron atendidas por esta última, dejando esos mensajes sin respuesta.

Incluso se negaron a negociar o a aceptar ofertas privadas como la del músico James Rhodes para pagar el alquiler o comprar la vivienda, o el ofrecimiento de una particular anónima, escritora, que se ofrecía a abonar el alquiler que exigía la propiedad. La sorpresa llegó cuando,la sociedad administrada por Ricardo Alonso Fernández y Fernando Alonso Fuentes decidió dar marcha atrás después de días de presión, pero sin comunicarselo directamente a la parte afectada: en cambio, acudieron directamente al equipo municipal de José Luis Martínez-Almeida para que este administrara el piso a través de la EMVS, la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo.

El primer mensaje de WhatsApp entra en el teléfono de la abogada de Urbagestión a las 19.17 horas de este pasado martes 22 de septiembre, cuando cientos de personas se concentran ya frente a la casa de Maricarmen ante el inminente desahucio previsto para el día siguiente. “Disculpa mi insistencia, pero es urgente hablar con vosotros”. Quien intenta contactar a la desesperada con la representante legal de la empresa que iba a echar de su vivienda a una mujer de 87 años era Maribel Ramos, presidenta de Casa 47, la entidad pública dependiente del Ministerio de Vivienda.

Durante todo ese día, Ramos llama por teléfono a la que hasta ahora había sido su interlocutora, la abogada de la compañía, para que traslade a sus clientes una solución de última hora que pueda frenar el desalojo. Pero nadie atiende sus llamadas y por eso comunica por escrito que hay una donante anónima dispuesta a pagar los 2.600 euros de alquiler que exige la empresa y que Maricarmen, con una pensión de 1.400, no puede asumir. “Supongo que ya habéis visto la noticia. La donante nos pide hablar contigo o con alguien de la empresa para intentar llegar a un acuerdo. Te ruego, por favor, que al menos escuchéis la propuesta”.

En esa comunicación de WhatsApp a la que ha tenido acceso elDiario.es, la abogada de Urbagestión no da respuesta alguna a una solución que, en realidad, permite a sus clientes ganar todo el dinero que pretendían (cinco veces la renta que pagaba Maricarmen), y evita que echen de su casa de toda la vida a una mujer con un 50% de discapacidad física y un delicado estado de salud. Tampoco contesta la abogada a las llamadas ni a los mensajes del día siguiente en los que se le traslada la última súplica de la inquilina. “Te llamo para rogarte que aceptéis un mes de aplazamiento para buscar una alternativa. Su abogada se compromete a dejar en un mes la vivienda”. El mensaje se manda a las 10.32 horas de la mañana del miércoles y a esa hora un centenar de agentes de policía aparta a los cientos de personas que intentan parar el desahucio. Pero ya no hay marcha atrás porque la empresa ni siquiera responde a los ofrecimientos y la orden del juzgado es clara.

La actitud mantenida por la propia empresa y su representante legal a lo largo de los últimos meses ya adelantaba la imposibilidad de acuerdo alguno y la voluntad inequívoca de que solo se anhelaba un desenlace: el desahucio. Así lo evidencia al menos el rechazo sistemático a todas las propuestas que tanto la propia Maricarmen como el Gobierno, a través de Casa 47, hicieron llegar en los últimos meses y hasta el último minuto a Urbagestión, que ni siquiera permite ahora a la familia de la mujer desahuciada poder recoger su casa. El primero de esos ofrecimientos por parte del Gobierno tiene lugar el pasado 18 de junio, la primera vez que Maribel Ramos contacta personalmente con la abogada de la empresa.

En esa primera conversación, la representante de Casa 47 ofrece a la empresa participar en un proceso de mediación y pone todas las opciones sobre la mesa, según las fuentes consultadas al más alto nivel que están al corriente de la negociación y que han acreditado esas comunicaciones. Entre esas propuestas, se ofrece comprar el inmueble para el parque público de vivienda y para que Maricarmen pueda permanecer en su casa. O un plan B: una negociación sobre el precio del alquiler para poder ayudar a la inquilina con un complemento de renta pública a su pensión. A los dos días, el 20 de junio, la abogada de Urbagesa traslada la respuesta formal de parte de Ricardo Alonso Fernández y Fernando Alonso Fuentes, sus clientes y propietarios de Urbagestión SL: aceptan el proceso de mediación, pero en ningún caso la venta del piso, “única vivienda”, alegan, que posee la sociedad.

Descartada, por tanto, la compra de la vivienda, Casa 47 intenta ejercer entonces un papel de intermediación entre la inquilina y la empresa propietaria para alcanzar un acuerdo sobre su alquiler. Con ese objetivo hace llegar la primera propuesta a principios del mes de julio. Según la dirección de la entidad estatal de vivienda, se ofrece un contrato de arrendamiento de siete años con un precio negociado al alza en el que Maricarmen mantendría el pago de 500 euros pero el resto sería completado con un complemento de renta a su pensión. Es decir, un pago extra de la Seguridad Social que solo se concede en condiciones muy tasadas. En esa propuesta se ofrece a la propiedad una renta de 1.000 euros mensuales, abierta a negociarse nuevamente al alza, y se pide contraoferta. Urbagestión da acuse de recibo y se compromete a responder.

“Mis clientes están de vacaciones”

A finales del mes de julio, y tras varias semanas sin noticias, Casa 47 vuelve a insistir en su propuesta y demanda ya una respuesta “urgente” para poder alcanzar un acuerdo y paralizar a tiempo el proceso judicial en marcha. Pero la respuesta que recibe la entidad pública, según su presidenta, resulta elocuente: “Mis clientes están de vacaciones”. A principios de septiembre, esa interlocución salta por los aires tras el bloqueo de la situación y a raíz de una nueva llamada telefónica. La conversación telefónica que se reproduce a continuación es la versión que ofrece la presidenta de Casa 47, Maribel Ramos, ya que la empresa no ha contestado las llamadas ni los mensajes de este periódico.

A pesar del encontronazo, Maribel Ramos vuelve a intentar retomar la comunicación con la abogada de Urbagestión, que deja de cogerle las llamadas. Para apurar las opciones de frenar el desahucio 'in extremis', el Ministerio de Vivienda decide la semana pasada contactar con la empresa desde otro teléfono. En concreto, el de la secretaria de administración de la 'número dos' de Isabel Rodríguez en el ministerio, Leire Iglesias. Y la maniobra surte efecto, porque esta vez la abogada sí descuelga. El resultado, sin embargo, es el mismo. La representante legal de la empresa traslada que sus clientes “no tienen nada que hablar” con la secretaria de Estado y que tampoco están dispuestos a “ningún aplazamiento” porque ya van “con suficiente retraso”.

El miércoles por la mañana, justo antes del desahucio, la abogada de Maricarmen también intenta a la desesperada evitar a su clienta el trauma de abandonar su casa desde hace 70 años expulsada por la Policía tras echar la puerta abajo. Lo hace a través de la procuradora que representa 'in situ' a la propiedad en el momento del lanzamiento y que mantiene con los empresarios contacto telefónico desde casa de Maricarmen. Y lo hace, además, en presencia de las dos representantes de la comisión judicial mandatadas por la jueza que ordena el desalojo.

Sin margen para el acuerdo, Beatriz Duro (abogada de Maricarmen) suplica a la empresa 15 días de margen para poder ofrecer “una salida digna” a su clienta. Tras la negativa, solicita una semana, pero tampoco es concedida. Según algunos de los testigos presenciales, la impasibilidad y la contundencia de Urbagestión, trasladada a través de la procuradora, sorprenden hasta a una de las dos representantes de la comisión judicial, que se ofrece para ponerse al teléfono y trasladar ella misma la conveniencia de un aplazamiento ante la delicada situación de Maricarmen y los momentos de tensión que se viven en la calle.

Nada sirve. A las 13.05 horas del miércoles 23 de septiembre un cerrajero rompe con una radial la puerta de la casa en la que vive Maricarmen desde 1956. Varios policías antidisturbios entran en la vivienda para desalojarla y su inquilina es trasladada en ambulancia hasta el hospital Gregorio Marañón, en Madrid, donde permanece ingresada. El viernes por la tarde, 48 horas después de desahuciarla, Urbagestión hace público un comunicado para ofrecer el inmueble a los servicios sociales del Ayuntamiento de Madrid, de forma que este pueda ponerlo de nuevo a disposición de Maricarmen. Horas más tarde, el Consistorio rechaza la propuesta por “inviable” y ofrece una mediación para el próximo lunes.

Mientras, en el buzón de entrada del Sindicato de Inquilinas se amontonan cientos de correos electrónicos en los que la gente se ofrece a cuidar por las tardes a Maricarmen, a acompañarla en el hospital o a acogerla en alguna habitación libre. También hay dos ofrecimientos de viviendas vacías de particulares para ella sola. Y desde el hospital, ella da las gracias. “No he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la suya. Mi casa ha sido mi vida y ahora tengo que dejarla atrás. Pero eso no significa que no vaya a seguir peleando. Por favor, luchad”.

Cientos de personas se han manifestado este viernes en la calle Santiago de Valladolid, la principal vía comercial de la ciudad, donde se ubica una de las sedes de la empresa Urbagestión, la sociedad que ha efectuado el desahucio de la vecina de Madrid Maricarmen, de 87 años.

Los manifestantes, inicialmente 700 y 800 ante la sede empresarial según la Policía hasta convertirse en miles después, han coreado frases de apoyo a Maricarmen y contra los poderes públicos que no impidieron el desahucio: “Vecina escucha tu lucha es nuestra lucha”, “No toleramos ni un desahucio más” o “Gobierno progresista, hipócrita y rentista”.

En la protesta, convocada por el Sindicato de Inquilinas y organizaciones de izquierda, han mostrado su solidaridad con la afectada para además, “poder visibilizar los muchos otros desahucios y los muchos otros casos que existen como el de Mari Carmen en nuestra propia provincia de Valladolid, donde se dan dos desahucios al día”, según ha indicado la portavoz del Sindicato de Vivienda, Elisa Millán.

“Esta concentración no se convoca simplemente para avergonzar o señalar a Urbagestión, sino que se convoca para señalizar y dar visibilidad a todos los casos que estamos teniendo de desahucios, de subidas del alquiler increíblemente abusivas, ninguna respuesta por parte de los poderes públicos, ni por parte del Estado o a efectos de crear una alternativa habitacional para que ninguna persona acabe viviendo en la calle”, han explicado.

La portavoz ha asegurado que en la provincia de Valladolid ya son 180 los desahucios registrados este año según estadísticas del Consejo General del Poder Judicial, “una media de dos al día”, como ha remachado.

La manifestación ha proseguido desde la calle Santiago hacia la plaza Zorilla, momento en que se han producido un desborde por la cantidad de asistentes. La Policía Nacional, con los cascos puestos y porras, ha empleado la fuerza para intentar que la protesta se volviera a encauzar, golpeando a algunos de los asistentes a la misma entre protestas de los manifestantes en momentos de gran tensión.

La protesta ha seguido después por la calle Miguel Íscar en dirección a la plaza de España, siguiendo el recorrido habitual de las protestas en la ciudad, vigilada por un amplio despliegue policial.

Los convocantes han advertido que “el problema de la vivienda no es sencillo y tampoco pretendemos que se haga una solución populista o espontánea en la que simplemente se haga algún real decreto-ley que trate de crear o generar algún parche que solucione de manera temporal la situación”. Por ello desde el Sindicato apuestan por crear “un movimiento social y una organización de clase que tenga una virtualidad en el largo plazo y que procure conquistar en la calle —y no solamente en la vía parlamentaria, porque hemos visto cómo ha salido anteriormente con el 15M— el derecho a una vivienda gratuita, una vivienda universal para todos y una vivienda de calidad, que no sea únicamente digna, sino que sea un lugar en el que se pueda hacer algo más que sobrevivir”.

Tras la oferta de la empresa de una solución con el Ayuntamiento de Madrid para que Maricarmen vuelva a la vivienda tras el desahucio, rechazada por el consistorio madrileño, valoran que ha sido “por la presión social que ha habido dentro de todo lo que es el Estado español, pero la estrategia que han seguido ellos es una estrategia que se sigue por parte de las empresas desde hace años en toda España y que está muy naturalizada”.

La concentración ha acabado en la plaza Mayor de la ciudad del Pisuerga con la lectura de un comunicado, en el que se ha instado al Gobierno y resto de administraciones públicas una solución urgente ante la crisis de la vivienda.

Poco ha durado la posibilidad de que el piso de donde fue desahuciada Maricarmen pase a gestión del Ayuntamiento tras la última propuesta de sus propietarios, Urbagestión. El consistorio de José Luis Martínez Almeida ha analizado la oferta y ha determinado “la inviabilidad de la misma en los términos planteados, ya que la inclusión de la vivienda en el Programa Reviva no cumple los requisitos legales”.

La empresa propietaria planteaba ceder su piso para que el consistorio lo pusiera en gestión social bajo el paraguas del Plan Reviva o de otros métodos. Pero los requisitos del Plan Reviva dicen que “la adjudicación de las viviendas se realizará manteniendo rigurosamente el orden de prelación de las solicitudes”. Además, “otro de los requisitos para participar en el sorteo de esta promoción es que ninguno de los miembros de la unidad familiar puede haber sido condenado por delitos relacionados con la ocupación, ni por impago de rentas o en procedimientos de desahucio de viviendas por problemas de convivencia en los últimos cinco años”.

Ante esta imposibilidad, y después de semanas y meses sin significarse ante la amenaza de desahucio de Maricarmen, el Ayuntamiento ha ofrecido a los representantes de Maricarmen y a los de la empresa el Servicio de Intermediación del Alquiler de Madrid. El próximo lunes se reunirán ambas partes con el consistorio. El Ayuntamiento defiende además que ha ofrecido “un alojamiento alternativo en una residencia municipal sin coste alguno” a Maricarmen.

La oferta al Consistorio llegaba después de semanas y meses en los que Urbagestión ha rechazado todas y cada una de las ofertas que operadores privados y públicos han hecho para tratar de evitar el desahucio de Maricarmen. Por ejemplo, los ofrecimientos del Ministerio de Vivienda, a través de Casa 47, para asumir la propiedad de la calle Alcalde Sainz de Baranda, 46. Ayer Urbagestión en sus primeras excusas públicas dijo que era mentira que el Gobierno hubiera hecho tales ofertas, pero este periódico tiene constancia de que el Ejecutivo sí se las planteó.

Entre otras, en las últimas semanas, se dio traslado de varias propuestas alternativas al desalojo que no obtuvieron respuesta o que fueron directamente rechazadas. Entre ellas, el pago del montante total del alquiler exigido por parte de terceras personas o el aplazamiento del lanzamiento.

Incluso se negaron a negociar o a aceptar ofertas privadas como la del músico James Rhodes para pagar el alquiler o comprar la vivienda, o el ofrecimiento de una particular anónima, escritora, que se ofrecía a abonar el alquiler que exigía la propiedad. Ahora, la sociedad administrada por Ricardo Alonso Fernández y Fernando Alonso Fuentes ha decidido dar marcha atrás sin ni tan siquiera comunicarse con la parte afectada y acercándose al popular José Luis Martínez Almeida para que gestione un alquiler asequible a través de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS).

En el comunicado, la empresa dice ofrecer una solución “de urgencia” al Ayuntamiento para incorporar la vivienda de la que expulsaron a Maricarmen al programa Reviva, mediante el cual el Ayuntamiento facilita a los madrileños poner sus viviendas en alquiler social o asequible a cambio de algunos beneficios.

La empresa asegura buscar “una solución que permita a doña Maricarmen Abascal volver a la vivienda con una alternativa habitacional estable y asequible” y se pone al servicio de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) y de Servicios Sociales “para que la propuesta pueda resolverse en el menor plazo posible”.

La empresa se defiende

El pasado martes, la jueza Elena Cortina Blanco mandó ejecutar el desahucio tras la denuncia de Urbagestión y Maricarmen, a sus 87 años y con su salud frágil y deteriorada por todo el proceso, tuvo que salir en camilla porque la policía reventó la puerta para sacarla de la casa a la que llegó en 1956, cuando tenía 17 años.

El consistorio, aunque tiene la obligación de hacerlo, no ofreció a Maricarmen una alternativa habitacional más allá de una plaza en una residencia y después instó a la antigua inquilina a acudir a los servicios sociales para solicitar asistencia. Ahora, cocina una solución con la empresa que provocó uno de los mayores escándalos sociales de los últimos años, el desahucio de una mujer frágil de 87 años pese a las protestas en la puerta de su casa.

La empresa ofrece en el comunicado en que ofrece la gestión del piso al Ayuntamiento su versión sobre algunos puntos del caso. Asegura que no compró el edificio entero, sino solamente la vivienda de Maricarmen. Añade que ofreció a Maricarmen un nuevo alquiler con un precio entre un 40 y un 50% por debajo del precio de mercado (pero no dice la cifra).

En cuanto a la oferta de James Rhodes, asegura que recibió por correo electrónico dos ofertas para hacerse cargo de la renta o para comprar la vivienda “sin concretar el importe”, pero que tuvieron lugar ya después del desahucio. “Urbagestión agradece su interés, pero cuando llegaron esos correos el lanzamiento ya se había producido”, dicen.

La empresa denuncia además que han saturado sus correos y el servidor “e hicieron muy difícil atender a cualquier comunicación”. “La vivienda no está en venta”, dicen. Reiteran que no son un fondo de inversión, “sino una pequeña empresa madrileña”, y explican que han presentado una querella personal por la difusión de imágenes de uno de los administradores “y de su familia, incluidos su mujer y sus hijos”. También se han querellado contra el Sindicato de Inquilinas y les piden 10.000 euros de multa por denominarlos “fondo buitre”.

Urbagestión, la propietaria del piso del que fue desahuciada Maricarmen, a sus 87 años y en silla de ruedas, ha negado públicamente que el Gobierno tratara de comprar la vivienda para evitar el lanzamiento de la anciana y ha acusado al Sindicato de Inquilina de “presiones y coacciones desproporcionadas”.

elDiario.es ha podido constatar con las fuentes del Gobierno al más alto nivel que han mantenido interlocución directa con la empresa. Aseguran que en las últimas semanas, se dio traslado de varias propuestas alternativas al desalojo que no obtuvieron respuesta o que fueron directamente rechazadas. Entre ellas, el pago del montante total del alquiler exigido por parte de terceras personas o el aplazamiento del lanzamiento. Pero también, según esas mismas fuentes, la posibilidad de adquirir el inmueble por parte de la empresa pública Casa 47.

En un comunicado difundido un día después del desahucio, que ha provocado un verdadero terremoto social y político, la empresa -que niega ser un “fondo” y asegura ser solo una “pequeña empresa” con solo una vivienda en propiedad“- se defiende en su actuación ante, lo que consideran, ”el uso espurio y político del caso“.

La nota firmada por la abogada Silvia Fernández trata de aclarar datos “inexactos”, dice, que se han difundido en los últimos días, y defiende que el contrato de arrendamiento con Maricarmen era ilegal, con su extinción confirmada por la justicia, y que su permanencia era “tolerada” por la propiedad. Esto es así porque el contrato originario, de 1956, lo firmó el padre de Maricarmen y después se subrogó a su madre. Cuando falleció en 2005, la ahora desahuciada se quedó en el hogar. Pero alegan, como ha reconocido la justicia, que esta segunda subrogación no es acorde a derecho porque se produjo “sin que la inquilina tuviera reconocido oficialmente ningún grado de discapacidad, ni tampoco fuese alegado como circunstancia justificativa de un derecho que no tenía”.

“Desde entonces, la propiedad ha tolerado la permanencia de la inquilina en la vivienda con ánimo pacificador, sin ejercer presión, mientras asumía los gastos del inmueble y el abono de la hipoteca”, se defiende la compañía, cuyos administradores son Ricardo Alonso Fernández y Fernando Alonso Fuentes, que aparecen vinculados a negocios variopintos, del alimentario al ladrillo y financiero.

Niegan las cuantías

El Ministerio de Vivienda ha asegurado que intentaron tantear a Urbagestión para hacerse con la propiedad mediante la empresa pública de vivienda, Casa 47, pero Urbagestión lo niega: “Ni el Ministerio de Vivienda ni Casa 47 han formulado oferta de compra de la vivienda, ni podían hacerlo legalmente. La única propuesta de compra recibida procedió de la abogada del Sindicato de Inquilinas, que instó a la propiedad a vender la vivienda a una cooperativa del entorno del Sindicato, circunstancia que la propiedad puso en conocimiento del juzgado, advirtiendo el anómalo proceder”. Sobre su papel mediador, dicen que el Gobierno no llegó a concretar “una oferta cierta y por escrito”.

Unas palabras sobre el Sindicato de Inquilinas que se ha producido tras anunciar una querella por injurias y calumnias, con la que le reclama 10.000 euros. Todo por llamarle “fondo buitre”.

En el comunicado, la compañía dice que la renta que abonaba Maricarmen, hasta la extinción del contrato, era de 200 euros mensuales, más 220 o 250 euros de gastos de comunidad que incluyen los consumos de agua y calefacción, “sin actualizaciones en los últimos ocho años”. Sobre estas cuantías, niegan haber exigido el pago “de una renta superior a la que venía abonando”.

Fue en 2020 cuando Urbagestión Desarrollo e Inversión, también conocida como Urbagesa, compró la vivienda. Los empresarios Ricardo y Fernando Alonso, que no han dado la cara y por primera vez ahora dan sus excusas públicas, le habrían ofrecido un nuevo alquiler con una subida del 300%, lo que suponía pagar 1.650 euros, o sea 200 más que lo que cobraba de pensión. “Eso es reírse de las personas. Ni les contesté”, contaba Maricarmen en una entrevista con elDiario.es.

Pero Urbagestión dice que “únicamente, en respuesta a un requerimiento escrito de la letrada de la inquilina, de hace tres años, para que indicara el precio de un posible nuevo arrendamiento, la propiedad señaló que, dadas las circunstancias, podría considerarse una renta bonificada entre un 40% y un 50% sobre el precio de mercado”, se excusan en la nota, apuntando que después se ha utilizado esa respuesta de manera intencionada.

“A partir de ese momento, la desconfianza de la propiedad hacia la forma de actuar de la representación letrada de la inquilina y del Sindicato de Inquilinas se acentuó”, dicen.

A estos últimos la empresa los acusa de “presiones, descalificaciones intencionadas y coacciones desproporcionadas e injustificadas” y dice que su “actitud ha imposibilitado alcanzar un entendimiento entre las partes”.

Cabe señalar que Urbagestión se ha negado a negociar y no ha aceptado ninguna de las propuestas, como el pago anónimo del alquiler por parte de una escritora o la compra del inmueble por el músico James Rhodes, para permitir que Maricarmen siguiera en la casa donde ha residido durante 70 años.

Urbagestión, la empresa que denunció a Maricarmen para que finalmente fuera desahuciada este miércoles, denunció al Sindicato de Inquilinas por un delito de injurias, calumnias y derecho al honor, ya que la entidad le había calificado de “fondo buitre”. Tras un periodo de mediación en que el sindicato no se retractó, la empresa prosigue con una querella penal por la que les piden, por derecho al honor, 10.000 euros.

La denuncia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, se acoge al artículo 804 de la Lecrim y a los artículos 172, 201 y 215 del Código Pena, así como al artículo 138 de la Ley de Jurisdicción Voluntaria. También les acusan de coacciones y de descubrimiento y revelación de secretos.

El Sindicato de Inquilinas ha acompañado a Maricarmen en todo el proceso hasta llegar al desahucio y ha liderado las protestas para exigir una solución. También la acompañaron en su casa el pasado miércoles y convocaron la acampada que atrajo a cientos de personas a las puertas de su casa, con actuaciones en directo de artistas que solicitaban que se frenara el desahucio de la mujer, de 87 años y en silla de ruedas, que vivía en un contrato de renta antigua desde el año 1956.

Cuando falleció su madre, heredera del contrato de su marido, Urbagestión consideró que el contrato dejaba de ser válido para Maricarmen, ya que las segundas subrogaciones solo duran dos años y solo se pueden alargar en caso de que el inquilino tenga una minusvalía de más del 65%. Maricarmen tenía un 50%, por lo que el Supremo corrigió la sentencia y dictaminó que el contrato no era válido y abrió el camino al desahucio.

Urbagestión es una empresa gestionada por Ricardo Alonso Fernández y Fernando Alonso Fuentes y se dedica a la promoción, el desarrollo y la gestión o asesoramiento de productos de inversión inmobilaria y de farmacias, según recoge su web. Facturó medio millón de euros en 2025 y alcanzó un beneficio de 3.000 euros.

El Sindicato de Inquilinas ha apuntado a las administraciones públicas en sus protestas y reivindicaciones, pero también ha puesto en el foco a la empresa, que se negó incluso a aceptar la mediación del Ministerio de Vivienda. Rechazó ofertas de compra y de alquiler para salvar a Maricarmen y en su día le pidió un alquiler de 1.600 euros que años después pasó a ser de 2.500, para una persona que cobra una pensión y que estaba pagando 500 euros de alquiler.

“Me ofrecí a comprar el piso para que ella pudiera vivir allí de forma indefinida”, ha explicado el conocido pianista y escritor James Rhodes este jueves, un día después del desahucio de Maricarmen, durante una entrevista en La hora de La 1. Lo hizo poniéndose en contacto con la empresa Urbagestión, que rechazaron entrar a negociar.

Antes, Rhodes se había ofrecido a pagar un alquiler por esa vivienda a un “precio razonable del mercado”, para dejar vivir ahí luego a Maricarmen, pero tampoco hubo intención por parte de la empresa de explorar esa vía. “Se han negado a todo”, lamenta.

“Escribí al fondo diciendo, mire, eso es un desastre para vosotros. Déjame comprar el piso, alquilarlo para ella, y todos ganamos. Vosotros con su dinero, ella con su casa, y nada”, ha lamentado Rhodes, que ha acusado a la empresa de “comportarse como tiburones” y no buscar una alternativa para evitar el desalojo de Maricarmen.

Rhodes ha manifestado su incomprensión ante esta oposición y ha conjeturado que la empresa pretenda “mantenerlo vacío mientras el precio sube y sube”. “No tiene nada de humano, es beneficio ante todo. Si fuera tu abuela, ¿qué dirías?”, ha cuestionado Rhodes, que también ha cargado contra las administraciones y los partidos políticos por haber permitido llegar a esta situación.

“No soy el único que ha ofrecido. Sé de otra gente que ha ofrecido cosas iguales y nada”, ha añadido. El pianista ha denunciado también que el caso de Maricarmen se ha usado para acusaciones políticas y ha reclamado que “los políticos en el Congreso hagan algo” para evitar otras situaciones como esta.

Una plantilla que en 2025 no llegaba a los siete empleados, una facturación de 586.450 euros el pasado ejercicio, un beneficio declarado que no alcanzó ni los 3.000 euros, con activos que superaban los 600.000 euros.

Son algunas de las cifras recogidas en las últimas cuentas presentadas por Urbagesa (Urbagestión Desarrollo e Inversión SL), la empresa que ha forzado el desahucio de Maricarmen, la anciana de 87 años en silla de ruedas que ha sido desalojada este miércoles de su vivienda de toda la vida en Madrid al cuarto intento. Vivía allí desde 1956.

La empresa que reclamaba la vivienda de Maricarmen, decisión a la que ha dado su visto bueno la jueza Elena Cortina, se define en su rudimentaria web como “una plataforma de inversiones especializada en la promoción, el desarrollo y la gestión o asesoramiento de productos de inversión (Inmobiliario, Farmacias)”. Sus administradores son Ricardo Alonso Fernández y Fernando Alonso Fuentes, que aparecen vinculados a negocios variopintos, del alimentario al ladrillo y financiero.

3,1 millones en los últimos cinco años

Urbagesa ha facturado en los últimos cinco años unos 3,1 millones. Como es conocido, compró el inmueble en el que vivía Maricarmen a Renta Corporación, inmobiliaria que hace casi ocho años adquirió por algo más de 240.000 euros la casa y que ha vendido al fondo varias propiedades en los últimos años, tal y como reflejan diferentes procedimientos judiciales en los que se ha visto inmersa esta firma.

Se hicieron con el piso después de que la anciana, que entonces ya rondaba los ochenta años, no pudiera hacer frente a esa compra con su pensión de 1.450 euros. En estos años, el piso, ubicado en la calle Sainz de Baranda, cerca del parque del Retiro de Madrid, ha multiplicado su valor por cuatro.

Cuando Urbagestión compró la vivienda, ofreció a Maricarmen un nuevo alquiler con una subida del 300%, lo que suponía pagar 1.650 euros, o sea 200 más que lo que cobraba de pensión. “Eso es reírse de las personas”, contaba Maricarmen en una entrevista con elDiario.es. En mayo de 2024, Maricarmen recibió una carta de la propiedad informándole de que debía abandonar la casa. Cuando el caso saltó a los medios, el Gobierno contactó con la empresa para que accediera a vender la vivienda a través de la oferta pública de compra lanzada por Casa 47. La respuesta también fue negativa. 

Querella contra el Sindicato de Inquilinas y advertencias

Los Alonso se han empleado a fondo para expulsar a Maricarmen de su vivienda e impedir que se califique a su empresa de “fondo buitre”. Se han querellado contra el Sindicato de Inquilinas y han enviado avisos a los medios de comunicación para que no se utilice esa expresión. “No somos propietarios de ninguna otra vivienda. Como bien sabe la parte ejecutada, no se trata ni de un fondo de inversión ni de un fondo buitre, sino de una sencilla pyme”, sostienen en sus comunicados.

Con oficinas en Valladolid y en la calle Zurbano de Madrid, en una zona noble de la capital, Urbagesa se constituyó en octubre de 2004. Pocos meses después, en el ejercicio 2006, ya declaraba un beneficio de más de 148.000 euros, aunque en ejercicios posteriores, y tras el estallido de la anterior burbuja inmobiliaria, sus resultados se hundieron.

La empresa se dedica al “estudio, desarrollo y elaboración de toda clase de proyectos y promociones urbanísticas”, en su propio nombre o para terceros. También a “la intermediación en el mercado inmobiliario así como la prestación de servicios de administración y gestión de activos inmobiliarios, bien por sí, o a través de otros profesionales cualificados y en la forma en que la vigente en cada momento obligue”; o a “negocios inmobiliarios de toda índole y, consiguientemente la adquisición, enajenación, gravamen, por cualquier título legítimo, de bienes inmuebles, rústicos o urbanos”, entre otras actividades vinculadas a ese negocio.

Para que los agentes de la policía hayan llegado este miércoles a desahuciar en camilla a Maricarmen ante la resistencia vecinal, han tenido que fallar muchos eslabones del sistema de protección social español. Y aunque el desahucio arranca en 2020 con la primera demanda de los caseros, Urbagestión, ante una subida inasumible para la mujer que ahora tiene 87 años, hay que remontarse hasta las leyes del franquismo y atender a las tensiones actuales en el Congreso para comprender por qué se llega hasta aquí. 

Corría el año 1956 cuando el padre de Maricarmen firmó el primer contrato de alquiler de una vivienda. Lo hizo porque la madre lo tenía prohibido, puesto que el franquismo impedía a las mujeres casadas firmar contratos sin la autorización del marido, en virtud de la licencia marital aprobada en el siglo XIX. 

Pocos años después, en 1960, el padre de Maricarmen falleció en el mismo piso y ella recuerda perfectamente la ayuda de los vecinos. La subrogación de contratos permitió a su madre quedarse como titular de un alquiler que por entonces era indefinido. 

El efecto del decreto Boyer

Pero en 1985, el ministro de Economía, Miguel Boyer, del Gobierno de Felipe González, impulsó un Real Decreto-Ley (hoy conocido como Ley Boyer) que ponía fin a los contratos indefinidos y dejaba a la negociación entre casero e inquilino la duración de los mismos.

En 2005, fallece la madre de Maricarmen y ella, ya con 66 años, pasa a ser la titular del piso. Ella pasó a ser segunda subrogada, una figura que la ley no protege para blindar el contrato indefinido, pero los propietarios de entonces respetaron su renta antigua. Años después, en 2018, Renta Corporación compró la vivienda y ofreció a Maricarmen poder comprarla por 250.000 euros, un precio que ella, con una pensión de 1.450 euros, no podía pagar. 

Fue en 2020 cuando Urbagestión Desarrollo e Inversión, también conocida como Urbagesa, compró la vivienda. Los empresarios Ricardo y Fernando Alonso, que no han dado la cara, se encuentran tras esta empresa. Les ofrecieron un nuevo alquiler con una subida del 300%, lo que suponía pagar 1.650 euros, o sea 200 más que lo que cobraba de pensión. “Eso es reírse de las personas. Ni les contesté”, contaba Maricarmen en entrevista con elDiario.es.

La empresa consideró que, tras la segunda subrogación, el contrato estaba vencido desde el año 2007, algo que el juzgado de primera instancia de Madrid desestimó. 

El Tribunal Supremo, en cambio, se acogió a una ley que asegura que no es necesario comunicar al inquilino el final de la subrogación y que, por tanto, Urbagestión tenía razón. En una sentencia firmada por el hoy magistrado jubilado Francisco Marín Castán, determinaba que, en efecto, el contrato se daba por terminado y daba vía libre a que se ejecutara el desahucio. 

Una carta y dos aplazamientos

En mayo de 2024, Maricarmen recibió una carta de la propiedad informándole de que debía abandonar la casa. Y finalmente un juzgado ordenó su desahucio para el 29 de octubre del año pasado. 

El desahucio se aplazó a la espera de un informe de vulnerabilidad y de que las autoridades municipal o autonómica ofrecieran una alternativa habitacional, aunque Maricarmen siempre ha dejado claro que su único objetivo era quedarse en su casa hasta morir allí. 

En febrero de 2026, mientras tanto, Junts, PP y Vox tumbaban en el Congreso una herramienta que protegía legalmente a Maricarmen. La moratoria antidesahucios, que prohibía sacar de sus hogares a personas en situación vulnerable sin alternativa habitacional, vigente desde la pandemia, era rechazado por estos grupos de derecha y extrema derecha, que veían en el escudo una protección a okupas. 

Una comisión de la ONU llegó a pedir al Estado que frenara el desahucio. El Gobierno declaró estar a favor de esta resolución, pero no ha conseguido pararlo. Intentó mediar entre las partes y ofrecer una solución e incluso contactó a la empresa para que accediera a vender la vivienda a través de la oferta pública de compra lanzada por Casa 47. La respuesta fue negativa. 

Un decreto de vivienda paralizado

El pasado mes de julio, además, el Gobierno hizo circular por los grupos parlamentarios el texto de un decreto-ley de vivienda que tocaba muchos puntos y que incluía una protección antidesahucios permanente, que obligaba a las comunidades autónomas a ofrecer una alternativa a las familias que sufran ejecución, sea de alquiler o de compra. Si no, este quedaría suspendido. Podemos y Junts se opusieron a este decreto por otros motivos no relacionados con el escudo antidesahucios: en el caso de Podemos, la ley de suelo; y en el de Junts, temas fiscales. 

Al volver del parón de agosto, el Gobierno, inmerso en la crisis por la entrada masiva de migrantes de Ceuta, no ha aprobado todavía este decreto, que tendría que avalar el Congreso después, ni ha presentado modificaciones a los partidos de oposición, aunque prometió hacerlo en septiembre. En la reciente entrevista con elDiario.es, la ministra de Vivienda Isabel Rodríguez no se atrevió a poner fecha a la norma y aseguró que harían “todo lo posible” por frenar el desahucio. 

Incluso ya con la acampada frente a la puerta de Maricarmen en marcha, una escritora anónima se ofreció a pagar el alquiler que pide la propiedad, ahora ya de 2.650 euros, de nuevo sin respuesta afirmativa.

El partido Más Madrid pidió durante la mañana del desahucio a la delegación del Gobierno que frene el lanzamiento, algo que el Gobierno había pedido un día anterior a Ayuso y Almeida. La delegación respondió que se oponía, pero que la Policía Nacional estaba acatando una orden judicial, que el Ejecutivo no puede ordenar desobedecer. 

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha asegurado que los Servicios Sociales proveerán un alojamiento para que Maricarmen pueda descansar después ser expulsada de la casa en la que su familia ha vivido durante 70 años.

Nuevo aplazamiento del desalojo de Maricarmen, la mujer de 87 años que lleva años viviendo un calvario ante la presión de la inmobiliaria Urbagestión para que abandone la que ha sido su casa durante siete décadas. El tercer intento de deshucio, previsto para el miércoles 24 de junio en su casa del madrileño distrito de Retiro, ha quedado paralizado y ahora se ha fijado para el 23 de septiembre.

La presión social y logros como que la ONU haya exigido suspender el procedimiento o proporcionar una alternativa a Maricarmen han podido influir en una nueva prórroga que para el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid es insuficiente. De hecho, la entidad apunta que el juzgado número 90 de Madrid “desoye la petición del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU que pedía la suspensión del desahucio hasta que las administraciones públicas demostraran que están buscando una alternativa habitacional a Maricarmen, alegando que dichas administraciones han tenido tiempo suficiente para encontrar esta alternativa”.

O lo que es lo mismo, explican, “la judicatura diciendo a los ejecutivos del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, y al Gobierno Central que en estos meses de aplazamientos del desahucio de Maricarmen no han hecho nada para solucionar el problema”.

El Sindicato relata que el juzgado no atiende las pretensiones de la resolución de Naciones de Unidas, pero sí estima el recurso de la abogada de Maricarmen, Beatriz Duro, alegando que el segundo aplazamiento no se atenía a la ley. En concreto el artículo 704de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) que establece que si el inmueble a desalojar es la vivienda habitual del ejecutado, el juzgado otorgará un plazo de un mes para el desalojo. Al haberse dado un plazo menor al mes para el nuevo desahucio, el juzgado estima que a Maricarmen se le concede un nuevo mes y una nueva fecha de desahucio.

Desde el Sindicato de Inquilinas entregaron un dossier el pasado octubre al Ministerio de Vivienda del Gobierno de España dando varias soluciones al conflicto de Maricarmen, como la compra de la vivienda o la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos para incluir contratos indefinidos, similares a las rentas antiguas. A su vez, se ha instado tanto a la Comunidad de Madrid como al Ayuntamiento a través de servicios sociales a que busquen una alternativa habitacional. Ni el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ni el de José Luis Martínez-Almeida les han contestado.

Informan además de que los actos de apoyo a Maricarmen se trasladan de la próxima semana al 22 de septiembre, en la víspera de la nueva fecha de lanzamiento. “Hace tiempo que este conflicto no va solo de Maricarmen. Va de la dignidad humana frente a la avaricia, del apoyo vecinal frente a un sistema que antepone la especulación a la vida. Maricarmen somos todas y cada vez somos más personas las que tenemos claro que una empresa no puede hacer lo quequiera con una vida. Por eso Almeida, Ayuso y Pedro Sánchez tienen que mover ficha o les espera un septiembre donde va a llover a cántaros”, sentencian.