Hace un mes y una semana, Valeria y su bebé fueron las primeras personas en presentar su solicitud de regularización en una de las oficinas de Correos habilitadas en Madrid. La ecuatoriana salió sonriente empujando el carro de su hija: ya quedaba menos para tener los papeles. Si todo salía como esperaba, recibiría la admisión a trámite de la petición y el consiguiente permiso de residencia en 15 días, según el plazo establecido por el Ministerio de Inclusión. Pero ya suman 38 días desde entonces y el alivio inicial se ha ido mezclando con una nueva incertidumbre: ¿Habrá pasado algo? ¿Faltaría algo? ¿Harían algo mal en Correos al ser el primer día? ¿La habrán inadmitido? Son algunas de las preguntas que se hacen muchas de las personas que esperan la respuesta de la Administración una vez traspasado el periodo previsto.

Su caso no es anecdótico. Cientos de solicitantes de la regularización extraordinaria han pasado de la ilusión al miedo ante la falta de respuesta en los plazos prometidos, aunque se calman cuando conocen que otras muchas personas están en su misma situación. Los retrasos en el envío de la comunicación de la admisión a trámite, un documento que en la práctica supone la confirmación de la concesión del permiso de residencia y trabajo provisional mientras se estudia la petición, están marcando el procedimiento, según una decena de migrantes afectados, varios abogados y ONG colaboradoras consultadas por elDiario.es.

Los datos oficiales deslizan el alcance de los retrasos. Según los números trasladados por el Gobierno hace una semana, Inclusión ha recibido 549.596 solicitudes. Del total de expedientes, han sido “tramitados” 146.675, pero solo han enviado el justificante de la admisión a trámite a 91.905 personas, lo que genera un desfase de al menos 50.000 personas pendientes del documento que les permitirá empezar a trabajar. Según los cálculos de elDiario.es, la Administración ha recibido de media unas 100.000 peticiones semanales, por lo que el ritmo de admisión a trámite medio sobrepasaría con creces los 15 días comprometidos inicialmente.

No todas las peticiones están sufriendo retrasos. Según varias fuentes consultadas ligadas al procedimiento, no existe un patrón claro sobre los perfiles que están recibiendo la admisión a trámite antes y cuáles después. No obstante, los mayores retrasos confirmados por este medio, que superan los 38 días, corresponden a quienes solicitaron su petición a través de las oficinas presenciales. Algunos de quienes lo hicieron por la vía telemática, por su cuenta o a través de abogados u ONG (las personas sin papeles no pueden por sí mismos porque necesitan un certificado digital del que carecen), también han tenido que esperar más de la cuenta, pero no tanto tiempo como quienes depositaron sus documentos en persona.

“Las comunicaciones de admisión a trámite llegan como si fueran cartas enviadas desde 1950: lentas, irregulares y sin patrón alguno”, ha criticado Guillermo Morales, director del despacho de abogados especializado en extranjería Legalteam. “Quien presentó después ya tiene la suya. Quien la presentó antes sigue mirando compulsivamente el buzón electrónico, como si fuera a aparecer por arte de magia”, resume en un texto publicado en su blog. También las ONG colaboradoras están percibiendo la arbitrariedad en los retrasos. “Mientras algunas comunicaciones están llegando en pocos días, otras llevamos esperando más de tres semanas, sin poder identificar el patrón”, coincide Elena Muñoz, responsable jurídica de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).

Entre las personas que aguardaban su turno aquel primer día de la regularización presencial estaba también Loren, asesora en la consultora Acevedo Extranjería, acompañando a una mujer que iba a solicitar la regularización. Ella y su equipo tienen varias peticiones registradas por esta vía y confirma grandes retrasos en esos casos, especialmente entre los que la presentaron los primeros días. “Ninguna de las solicitudes que hemos acompañado a presentar presencialmente han recibido aún la admisión a trámite”, explica.

El Ministerio de Inclusión lanza un mensaje de tranquilidad a las personas que aguardan algunos de estos trámites. Según explican, los tiempos de la tramitación “pueden depender de varias cosas”. Por ejemplo, detallan, “hay muchas solicitudes que están pendientes de subsanación y, en estos casos, ”se paraliza el plazo para requerir a la persona la documentación que le falta“.

En otros casos, añaden, “hay documentación que tiene que ser revisada” y, en otros, “las solicitudes se presentaron de manera presencial y deben recibir la notificación por correo postal”. Fuentes del departamento dirigido por Elma Saiz añaden que se encuentran “en plazo” y que el procedimiento “avanza según lo previsto”. “Todas las solicitudes que se hayan presentado correctamente, cumplan los requisitos y no estén pendientes de ningún trámite más, recibirán la autorización correspondiente a su admisión a trámite”, aseguran para tratar de lanzar un mensaje de calma.

Un mes de espera

Emma envió su expediente a través de un abogado el pasado 29 de abril. Un mes después, no tiene respuesta. Ella trabaja desde que llegó a España por temporadas en el cuidado de una señora mayor en Madrid. En los meses de verano, se traslada al lugar donde la mujer pasa el verano para atenderla también durante sus vacaciones. El permiso de trabajo le daría la seguridad para tratar de negociar mejores condiciones de trabajo y buscar mayor estabilidad. También desea empezar a cotizar para conseguir un permiso de larga duración y poder empezar los trámites para reagruparse con sus hijos, que continúan en el país.

Con todas esas necesidades en la cabeza y el estómago, la salvadoreña y su marido entran de vez en cuando al portal donde puede seguir el estado del procedimiento. Desde hace unos 30 días, se choca con el mismo mensaje: “En trámite”, según una captura enviada a este medio. Sin embargo, eso no significa que efectivamente haya sido admitida a trámite y, por tanto, ya pueda trabajar de forma regular.

“Hay que esperar al justificante de admisión a trámite, que incluye el NIE, y mencionan el permiso provincial de residencia y trabajo”, aclara el letrado de extranjería Felipe Garoña. Emma escribe inquieta a su abogada, que la calma y le traslada que será avisada en cuanto llegue el escrito que espera. Pero cuando el reconocimiento de tantos derechos están en juego, es difícil calmarse del todo y no dejarse arrastrar por la ansiedad de las distintas posibilidades del retraso, traslada. A veces, se inquieta pensando en el supuesto de que hubiese habido algún problema en el envío o recepción del correo y que pudiera dejarla fuera del proceso. Después de algunos días de ansiedad, ha asumido que lo único que puede hacer es esperar y confiar en su abogado.

Cada retraso de cada trámite acaba alargando el proceso y entorpece el objetivo principal de quienes piden la regularización: encontrar un trabajo en condiciones dignas y darse de alta en alta en la Seguridad Social. Una vez recibida la admisión a trámite, la espera de muchos no acaba. Quienes van a tener residencia regular en España por primera vez y no han trabajado dados de alta anteriormente, no podrán trabajar hasta que no reciban su número a la Seguridad Social. Y esto tampoco está siendo fácil. “Cuando por fin llega la ansiada admisión a trámite, aparece la frase estrella: ”En unos días recibirá su número de afiliación social. Días que ya van camino de convertirse en semanas. Semanas que pronto serán meses“, cuestiona el abogado Guillermo Morales.

En cuanto Luisa confirmo la admisión de su solicitud, ya con papeles, empezó a enviar currículums a varias ofertas de marketing digital, el ámbito al que le gustaría saltar tras años como limpiadora en la economía sumergida. Pero para acceder a una de estas ofertas necesita el número de la Seguridad Social. El Ministerio de Inclusión explica a los solicitantes por correo electrónico que estos deben esperar a recibir por correo postal dicho número, indispensable para poder trabajar. Existen otras formas de obtenerlo, pero quienes no tienen el acompañamiento adecuado se fían de las indicaciones del Gobierno, que pide que no lo soliciten por su cuenta.

No quiere perder tiempo. Sabe que de su tiempo cotizado dependerá la renovación posterior del permiso que tanto le ha costado conseguir. “Siento que con el permiso provisional ya se me ha abierto el camino y quiero empezar a recorrerlo. Con este permiso de trabajo, ya empieza a contar mi año para renovar la tarjeta, así que he empezado a moverme”, explica desde Valencia, donde actualmente trabaja en la limpieza de cinco viviendas. Comprueba su buzón cada día y la carta no llega, por lo que ha decidido tratar de obtenerlo por la vía digital.

“Aún no me ha llegado, pero estoy intentando pedirlo de otra manera, a través del certificado digital”, explica la colombiana. “A ver si lo logro”, añade, pues acaba de recibir el permiso de residencia temporal. “Debe llegar una carta a la dirección postal o certificado digital de la persona interesada (no a su representante). Hay veces que se dan algunos retrasos en este envío, pero en la web de la Tesorería General de la Seguridad del Estado se puedo consultar el número asignado, o pueden solicitarlo ante la Seguridad Social”, detalla Muñoz. Al no explicar este procedimiento, quienes carecen de apoyo jurídico se están encontrando problemas en este punto.

La Casa Blanca ha lanzado un mapa de arrestos de personas migrantes alrededor de Estados Unidos, en un sitio web titulado “aliens”, cuya portada es una silueta caminando por el desierto a modo de burla sobre la idea de que el país guarde secretos sobre el espacio.

El portal se abre con un texto que se desplaza igual que el de las películas de la Guerra de las Galaxias, con bloques de texto que aparecen a medida que los usuarios se desplazan mientras caen estrellas de fondo.

“Caminan entre nosotros”, dice el sitio web. “Durante 60 años, el Gobierno estadounidense ha guardado un secreto celosamente. Los extraterrestres han estado caminando entre nosotros, viviendo en nuestros barrios e interactuando con nosotros en nuestra vida cotidiana. Han comprado en las mismas tiendas, asistido a las mismas clases que nuestros hijos y llevado una vida humana aparentemente normal”.

En la parte baja de la página aparece un contador que muestra el número de los llamados “encuentros” realizados, cifra que asciende a 3,1 millones y sigue aumentando hasta la noche del jueves.

El nuevo mapa no especifica el período de tiempo de las capturas, pero debido a la cifra se podría tratar de los datos divulgados por el Departamento de Seguridad Nacional en un informe que adjunta las detenciones desde septiembre de 2024 hasta abril del presente año. 

“Si has sido testigo de un abducción alienígena, no te alarmes. El alien está en buenas manos. Nosotros nos ocuparemos de él… y lo devolveremos sano y salvo a su lugar de origen”, dice la web.

La página incluye a continuación un enlace al formulario del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para enviar denuncias, animando a informar sobre lo que Casa Blanca denomina “aliens sospechosos”.

La palabra 'alien'

En Estados Unidos, la palabra “alien” sigue siendo parte de la terminología oficial para referirse a cualquier persona que no sea ciudadana o nacional. Etimológicamente, deriva del latín alienus, que significa “perteneciente a otro” o “extranjero”.

“El término 'alien' tiene varios significados, ya que se refiere tanto a los seres extraterrestres procedentes del espacio exterior como a la clasificación jurídica de los migrantes como extranjeros u otros. Según la Ley de Inmigración y Nacionalidad de los Estados Unidos (INA), se define a un alien como 'cualquier persona que no sea ciudadano o nacional de los Estados Unidos”, explica en un artículo D. Ouellet, becaria del programa Weatherhead de la Universidad de Harvard.

Su uso está desfasado, además de ser lingüísticamente inadeduado, a su juicio. “En los últimos años, se ha impulsado un cambio gradual para dejar de utilizar el término 'alien' en los documentos oficiales y en el lenguaje normativo, y en algunas legislaciones estatales se ha sustituido por términos como 'no ciudadano' o 'ciudadano extranjero', que se consideran más precisos, lo que refleja un creciente reconocimiento de que el lenguaje conforma las realidades jurídicas y sociales”, escribe.

En este contexto, el término 'alien' , prosigue, “va más allá de servir de etiqueta para una categoría jurídica”. “Sirve para reforzar una narrativa de amenaza existencial: cuerpos que no pertenecen, que son fundamentalmente diferentes a nosotros, en los que no se puede confiar. La presencia y el uso continuado de esta etiqueta en el discurso actual sobre inmigración no es, podría decirse, meramente semántica; es ideológica. Codifica una percepción del no ciudadano no como un individuo que simplemente se ha trasladado desde otro país, sino como alguien fundamentalmente incognoscible, poco fiable y, lo que es más importante, indigno de derechos”, agrega.

Según indica la experta, términos como 'alien' “influyen en la situación jurídica, repercuten en la percepción pública, evocan respuestas emocionales y moldean el discurso político. De este modo, el lenguaje jurídico funciona no solo como una herramienta de clasificación, sino también como un instrumento de poder que define los límites de la pertenencia”.

Con información de EFE.

Tenía su ropa preparada en una bolsa en la celda del Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) de Valencia. Tras haber sido detenido justo cuando se dirigía a presentar la petición de la regularización, pero sin que sus circunstancias hubiesen importado para la policía ni el juzgado, su retorno parecía irrevocable. Pero ahora, poco más de una semana después de su liberación, al marroquí Mounir se le escapa una carcajada nerviosa al describir el giro de acontecimientos de la última semana: en cuestión de días ha pasado de estar encerrado por no tener papeles y esperar su deportación inminente, a recibir un permiso provisional de residencia y trabajo. 

“Aún no lo creo”, dice Mounir por teléfono ya fuera del CIE donde estuvo privado de libertad dos semanas en un centro en el que, como confirman los hechos posteriores, nunca debería haber entrado. Solo cuatro días después de su salida del centro de detención para extranjeros, su abogado recibió un correo electrónico del departamento del Ministerio de Inclusión encargado de estudiar los permisos de residencia de extranjeros: el Gobierno había admitido a trámite su petición de regularización extraordinaria, esa que estaba a punto de registrar justo cuando fue detenido por la Policía y que finalmente presentó su abogado después de que él fuese enviado al CIE.

Como ya tenía todos los papeles preparados, pues tenía cita con su abogado cuando el coche en el que viajaba fue parado en un control policial de camino al despacho, su letrado, Álvaro Vico, pudo registrar con facilidad la documentación de Mounir pese a haber sido internado en el CIE. La semana pasada, cuatro días después de la liberación del marroquí después de que su caso fuese denunciado por la Plataforma CIEs No Valencia y difundido en medios de comunicación, su solicitud fue admitida a trámite, lo que conlleva la concesión de un permiso provisional de residencia y trabajo, según el documento oficial al que ha accedido este medio.

“Hace una semana y algo estaba preparando mi ropa para irme y ahora tengo papeles”, resume Mounir aún con cierta sorpresa.

En busca de trabajo en el campo almeriense

El marroquí no daba crédito cuando recibió la llamada del familiar que se lo comunicó. El teléfono sonó cuando acababa de subir en un autobús con destino Almería. Habían pasado solo cuatro días de su salida del CIE y Mounir ya se dirigía a la provincia andaluza para buscar trabajo, aprovechando el aumento de demanda de mano de obra por la campaña del melón y la sandía: “No pensaba que me iban a responder tan rápido. Llevaba semanas sin trabajar y necesitaba dinero. Un amigo vive en Almería y me dijo que allí, con la temporada, se podía conseguir trabajar días sueltos”.

Cuando subió a ese autobús, Mounir no tenía papeles. Cuando llegó a su destino, ya los tenía. “Me llamó mi familiar y me dijo que tenía papeles. No sabía qué hacer. Le dije: ¿Qué hago? ¿Me bajo y vuelvo a casa?”, describe Mounir con cierto tono de burla sobre su bloqueo inicial. “Estuve a punto de volver, pero ahora en Altea es más complicado encontrar trabajo y al tener ya pagado el billete, decidí mantener el plan de ir a Almería. Ahora hay más trabajo y necesito el dinero”. 

Mounir responde a las preguntas de elDiario.es desde la habitación que comparte con el amigo que le acoge en Almería. Ha pasado solo unos días de recibir el permiso y aún no ha encontrado un empleo en el que volver a cotizar, pero cuenta que ya ha empezado a buscar. “Lo que me importa ahora es conseguir algo con contrato, porque así será más fácil luego renovar los papeles y más posibilidades tendré de quedarme”, explica el joven. Mientras no lo logra, necesita seguir pagando sus gastos, por lo que acepta los jornales que le ofrecen por empleos puntuales pagados “en b” en el campo almeriense o en almacenes de la zona. “Si me llaman para descargar un camión o hacer algo puntual, lo hago. Pero lo principal para mí es volver a cotizar”. 

El día de la liberación: “Casi abrazo al policía”

El pasado 18 de mayo aún temía la posibilidad de ser deportado tres días después. Según le habían comunicado a su abogado, esa era la nueva fecha prevista para su salida. Pero esa tarde un agente se acercó a él: “Vas a salir hoy”, recuerda que le dijo. “Me puse tan contento que salté hacia él de la alegría y hasta quería darle un abrazo”, añade entre risas. Rondaban las 18:40 cuando salió del centro. 

Cree que su salida se debe a la unión de distintas personas que decidieron denunciar su caso y pedir su liberación. “Agradezco mucho a la gente que me ha apoyado. No esperaba tanto apoyo”, indica el marroquí, que a su vez recuerda a otros compañeros que se quedaron en el CIE, pese a tener una “situación parecida” a la suya (arraigo y falta de antecedentes). “Me acuerdo de un argelino y un marroquí, que también tenían casi todo preparado. Pero ellos no tenían familia en España como yo, que buscase a un abogado o llegase a ONG o a los medios de comunicación, y no han tenido esta ayuda”, lamenta Mounir. 

“Cuando me cogió la Policía y me llevó al CIE se sentía solo. Pero gracias toda la gente que me apoyó sé que, aparte de mi familia, no estoy solo, porque mucha gente buena me ha ayudado”, reflexiona.

“Me acuerdo de un argelino y un marroquí, que también tenían casi todo preparado. Pero ellos no tenían familia en España como yo, que buscase a un abogado o llegase a ONG o a los medios de comunicación, y no han tenido esta ayuda”, lamenta Mounir. 

Sus palabras evidencian un panorama que coincide con otros casos publicados por elDiario.es de migrantes encerrados en el CIE, en cuyo internamiento no se tuvo en cuenta ni el arraigo ni el hecho de que podían optar al proceso de regularización extraordinaria. Ya son tres los casos difundidos en medios con el tiempo suficiente para evitar el retorno (Mounir, Omar y Oussama) acabasen en su liberación, lo que en la práctica supone un reconocimiento oficial de que no deberían haber sido encerrados.

Criterio clave: el arraigo

En 2014, la Dirección General de la Policía, mediante una circular, estableció unos criterios a tener en cuenta para solicitar el internamiento de personas extranjeras en los CIE, entre las que se contemplan una serie de circunstancias personales genéricas a considerar, entre las que se incluye el arraigo en España, la existencia de domicilio conocido, hijos a cargo o consecuencias de la expulsión para la persona o sus familiares. Mounir estaba empadronado en Altea desde hacía más de un año, había estado dado de alta en un empleo y llevaba en su móvil toda la documentación que iba a presentar a la abogada para solicitar la regularización. No podía ir más preparado para demostrar su arraigo. Pero ni la Policía ni el juzgado de Benidorm que acabó aprobando el internamiento propuesto por los agentes lo tuvieron en cuenta. 

 “Para mí supone un alivio general. Ahora voy con la calle y no tengo que esconderme, no tengo que mirar detrás de mí, no tengo miedo por si me deportan. Me siento como una persona normal, puedo expresarme. Si veo un coche de policía, sé que ahora no me tiene por qué pasar nada”

Cuando se le pregunta qué supone para él tener papeles otra vez, Mounir habla de la tranquilidad de vivir sin miedo. “Para mí supone un alivio general. Ahora voy con la calle y no tengo que esconderme, no tengo que mirar detrás de mí, no tengo miedo por si me deportan”, responde desde Almería. “Me siento como una persona normal, puedo expresarme. Si veo un coche de policía, sé que ahora no me tiene por qué pasar nada”. 

Pero ese temor diario fue tan intenso que a veces el cuerpo tarda en asimilar lo que la mente confirma al obtener un permiso de residencia. El pasado domingo vio a unos agentes pasar a su lado y fue consciente del cambio. Aunque no se asustó, sí fue consciente de su presencia y se recordó que ya no tenía que esconderse por el mero hecho de existir: “Pasaron a mi lado y yo me quedé tranquilo”. 

Las dos semanas de detención estuvieron marcadas por la ansiedad de la deportación. “Estaba asustado, porque sabes que en cualquier momento te pueden llevar y se pasa mal. Aunque allí no me pasó nada malo, no tuve problemas con nadie, estar atrapado cuando quieres trabajar es muy agobiante”, explica. “Da miedo porque te sientes impotente. Yo hasta soñaba que estaba en Marruecos. No sabía qué hacer”, explica el jornalero.

Si hubiese sido expulsado, dice, habría vuelto a intentar venir a España. “Iba a volver a intentarlo aunque me costase la vida. Desde pequeño soñaba con venir, miraba el mar y pensaba en atravesarlo para vivir aquí”.

En los días en que tenía su regreso a Marruecos también pensaba en todo lo que le costó salir de allí. Antes de lograrlo, había pedido un préstamo de cerca de 5.000 euros para costear el viaje en una patera desde El Aaiun (Sáhara Occidental) a Canarias. “Me estafaron. Se fueron con mi dinero. Al principio no quería volver a casa, reconocer a mi familia lo que había pasado, pero me acabaron apoyando”.

Un año después, volvió a intentarlo por la frontera de Ceuta: “Nadé con otro amigo durante todo el día. Salí a las 8 de la mañana y llegué a las 12 de la noche”.

Mounir insiste en que quiere “volver” a cotizar. Dice “volver” porque ya estuvo dado de alta en la Seguridad Social. El marroquí había solicitado asilo tras su llegada a España en 2024. Después de que su petición fuera admitida a trámite, el joven obtuvo el permiso de residencia temporal habitual durante la tramitación del procedimiento. Con esa autorización, trabajó y cotizó durante cerca de cuatro meses como limpiador y ayudante de cocina en un restaurante en Altea. La respuesta negativa a su petición de protección internacional acarreó la pérdida de sus papeles y, por esa razón, la empresa tuvo que despedirle, como prueba la documentación a la que ha accedido este medio. 

“Trabajaba en el mismo restaurante donde yo trabajo y los jefes estaban encantados de con él”, dice Ahmed (nombre ficticio porque prefiere mantenerse en el anonimato) que apoya a Mounir en España. Mientras trabaja en Almería, Ahmed le ayuda a buscar una una oportunidad laboral. Como había estado dado de alta anteriormente, él ya tenía número de la Seguridad Social, por lo que ya está preparado para reactivar su vida laboral en España.

El plan de Mounir pasa por quedarse una temporada en Almería y, si no consigue nada estable y con contrato, volver a Altea donde le encantaría volver a trabajar en la hostelería. “Me gustaba mucho vivir allí y trabajar en la cocina. Voy a ahorrar algo de dinero para después volver, mantenerme por mí mismo y buscar un empleo en el sector”, proyecta el marroquí, unas semanas después de haber dado por hecha su expulsión a las puertas de una regularización que, con muchas trabas, ha acabado logrando de forma provisional.

La vida de Missael se quedó en pausa cuando perdió sus papeles. Después de residir y trabajar en España durante más de un año, la respuesta negativa de su petición de asilo le empujó de nuevo a la economía sumergida y abrió un paréntesis en sus pasos recorridos en Huelva, la ciudad donde se asentó tras abandonar Perú. Hasta que a principios de mayo recibió un email de su abogado, que adjuntaba el documento que ansían recibir las cientos de miles de personas que, como él, han pedido la regularización extraordinaria. 

“Ha tenido entrada en esta Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería la solicitud de residencia temporal por circunstancias excepcionales”, rezaba el documento notificado por su letrado, Felipe Garoña. “El presente trámite de admisión implica la autorización, de forma provisional caso de que se encuentre en edad laboral, por cuenta ajena y por cuenta propia en todo el territorio , a la persona solicitante a residir y, en a trabajar nacional y en cualquier ocupación o sector de actividad ”, indicaba el escrito.

Con otras palabras: ese documento le reconocía su derecho a vivir y trabajar en España, al menos mientras se estudia a fondo su petición. Missael volvía a tener papeles. Él, como ya había trabajado, no tuvo que esperar a recibir el número de la Seguridad Social, cuyos retrasos están obstaculizando la inserción laboral de muchos inmigrantes con solicitudes admitidas.

El peruano quería cerrar “la pausa” en la que sentía vivir desde hacía ocho meses, aunque en realidad solo era un paréntesis a ojos del Estado, porque nunca Missael nunca dejó de moverse. Levantó el teléfono, dejó un par de currículums y la llamada no tardó en llegar. “La verdad que pasaron solo tres días hasta encontrar un trabajo donde volver a estar dado de alta y cotizar”, dice el hombre. Insiste en remarcar que para él fue quizá más fácil que para otros solicitantes de la regularización porque él ya había estado dado de alta previamente y, por tanto, contaba con un Número de Identificación de Extranjero (NIE) y no tuvo que esperar tampoco para recibir el número de la Seguridad Social. 

Más de 90.000 permisos provisionales

La de Missael es una de las 91.505 peticiones de regularización admitidas a trámite desde la entrada en vigor de la regularización, que llevan consigo la concesión de un permiso provisional de residencia y trabajo durante el estudio a fondo de su petición, lo que permite a los solicitantes activar su vida laboral cuanto antes sin miedo a ser expulsados, que podrán darse de alta siempre que hayan recibido el.numero de la Seguridad Social. Pese a que el Ministerio de Inclusión defiende que el envío del número es casi “automático”, muchos migrantes aún esperan recibirlo sobrepasados con creces los plazos establecidos.

Esas 90.000 admisiones a trámite son solo una mínima parte del total de solicitudes registradas desde el pasado 17 de mayo, que ya supera el medio millón, atendiendo a las cifras presentadas por el Gobierno ante el Supremo, que este viernes decidió rechazar la suspensión cautelar del procedimiento extraordinario de regularización, como pedían varios recursos interpuestos por la Comunidad de Madrid o Vox, entre otros, apelando en ocasiones a argumentos falsos y tergiversados. 

De haberse paralizado la medida, como pedía el Gobierno de Ayuso, más de 90.000 personas que ya habían obtenido una autorización provisional habrían vuelto a la clandestinidad y su situación jurídica, igual que la del medio millón de solicitantes, habría quedado en un limbo. Fuentes gubernamentales afirman que también temían por la inseguridad jurídica a la que quedarían abocadas aquellas empresas que ya habían contratado a ciudadanos gracias a estos permisos temporales, como la pizzería donde ya trabaja Missael. 

“Después de ocho meses sin papeles, he vuelto a cotizar. Sin papeles todo es más duro. Es como si te quedas en una pausa. Cotizas, vas a un ritmo y te lo deniegan el asilo y te quedas sin nada. A esperar otra vez un permiso para trabajar. Pero ya ahora estoy otra vez dado alta. La verdad que tardé solo unos tres días".

“Después de ocho meses sin papeles, he vuelto a cotizar. Sin papeles todo es más duro. Es como si te quedas en una pausa. Cotizas, vas a un ritmo, te deniegan el asilo y te quedas sin nada. A esperar otra vez un permiso para trabajar. Pero ahora estoy otra vez dado de alta”, describe el peruano. Ha empezado a trabajar por las noches en una pizzería de Huelva, donde intercala turnos de repartidor y atención al público.

Con o sin papeles, nunca le ha faltado empleo desde que aterrizó en España. Missael ha trabajado como repartidor, cajero, peón de obra o socorrista en las playas de Punta Umbría. Durante el tiempo que estuvo sin autorización de residencia, tampoco paró, aunque en empleos menos estables y más precarios. “Obviamente sí trabajaba, ¿cómo iba a pagar mis gastos si no lo hacía? En esos meses me iban saliendo cosas, sobre todo de repartidor, pero sin cotizar”, detalla.

Una FP cuando estaba sin papeles

Él insiste en que fueron unos meses de vida “en pausa”, pero cuando perdió sus papeles, se matriculó en un curso de Formación Profesional de Telemecánica: “Como no podía trabajar a jornada completa, decidí no perder el tiempo y aprovechar para estudiar”. Por la mañana, iba a clase. Por la tarde, se subía en una bicileta para trabajar como ryder, en una de las compañías de delivery, una salida muy utilizada por las personas sin papeles para sacar dinero a través de otros compañeros dados de alta que les “alquilan” o “prestan” sus cuentas en la empresa, a cambio generalmente de una parte de las ganancias.

“Te permite sobrevivir, aguantar un poco de tiempo. No puedes gastar un dineral, pero te permite tirar. No me quejo porque es parte de un proceso y para mí no siempre ha sido así”, explica el hombre, que sigue cursando la formación que hasta ahora estudiaba sin la seguridad de obtener el título oficial, pues los adultos sin papeles pueden matricularse en los estudios pero no recibir la certificación. Ahora sí podrá.

“Mi plan es que, cuando el año que viene acabe la FP, dar el salto a ese sector. Después me gustaría hacer un Grado Medio para seguir avanzando”, explica.

Respuesta más rápida a quienes trabajaron

“Estoy muy agradecido. Yo sé que es muy difícil, no todas las situaciones son las mismas. Para otros compañeros que nunca han podido trabajar dados de alta, está siendo más complicado porque se están demorando en asignarles un NIE y un número de la seguridad social. En mi caso ha sido más rápido”, insiste.

La apreciación del peruano coincide con la tendencia que perciben varios abogados y ONG consultados por elDiario.es: el Gobierno no está respondiendo en los plazos establecidos sobre la admisión a trámite de la mayoría de solicitudes -de 15 días según el real decreto-, pero la contestación sí está llegando con más agilidad en aquellos casos de personas que habían cotizado con anterioridad. Muchos de quienes están obteniendo ya los permisos provisionales de residencia y trabajo fueron solicitantes de asilo, lo que les permitió estar dados de alta en el tiempo en que se estudiaba su petición de protección.

Además del reconocimiento de los derechos de cientos de miles de vecinos que, como Missael, ya vivían y trabajaban en España, distintos análisis económicos y sociológicos apuntan también a beneficios para la sociedad en su conjunto. Tras el anterior proceso de regularización, celebrado en 2005, la suma de las aportaciones de las 600.000 personas regularizadas entonces contribuyó a un aumento de la afiliaciones a la Seguridad Social y engrosó las arcas públicas con sus correspondientes cotizaciones. Un estudio publicado en 2021 por un grupo de investigadores de la Universidad Pompeu Fabra (UPF) concluyó que cada inmigrante regularizado contribuyó entonces con una aportación de entre 4.000 y 5.000 euros al año solo con los impuestos sobre el salario.

Dos años en España

Tras abandonar Perú, Missael viajó a España con visado de turista, como suele hacer la mayoría de migrantes latinoamericanos asentados en el país. Cuando se le caducó, el joven se quedó sin papeles hasta que consiguió solicitar asilo, lo que conlleva un permiso temporal mientras se estudia la petición.

Su petición llegó antes de la reforma del reglamento de extranjería que ha obstaculizado en la práctica la regularización de las personas que veían denegada una demanda de protección internacional. Aunque muchas peticiones no estaban lo suficientemente fundamentadas y tenían muchas posibilidades de ser rechazadas, ante la falta de otras vías de regularización, la vía del asilo era en la práctica una fórmula utilizada para obtener un permiso de residencia mientras se estudiaba el caso, algo que era posible hacer debido a los largos retrasos de la Administración en su tramitación. El Ejecutivó zanjó esta posibilidad a través de la anterior reforma del reglamento de extranjería.

Missael recibió la negativa de su petición de asilo antes de la aprobación del real decreto por lo que cumplidos los dos años en España podría conseguir un permiso por arraigo por la vía habitual. Pero había un requisito que no llegaba a conseguir: no encontraba una empresa dispuesta a hacerle un precontrato de trabajo. “Es muy difícil que las empresas hagan ese trámite, sin saber cuándo vas a recibir el permiso, y te esperen”, explica.

“Yo me vine porque tengo una peculiaridad: cuando me encuentro en un lugar estancado, me gusta moverme y buscar otro sitio para superarme. Opté por España porque tiene una cultura muy similar. Y aquí siempre me he sentido muy a gusto”, celebra.

El Gobierno ha recibido en un mes 549.596 solicitudes para la regularización extraordinaria de inmigrantes, de las que 91.505 peticiones han sido admitido a trámite por el momento, según los datos aportados por el abogado del Estado, en representación del Gobierno, al Tribunal Supremo durante una de las cinco vistas que celebra este viernes la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal para estudiar si paraliza de forma cautelar la medida extraordinaria, tal y como han solicitado la Comunidad de Madrid y Vox, entre otros. Todas estas peticiones, y tantas otras que aún no han sido presentadas, penden de la decisión de la Justicia sobre los recursos del Ejecutivo de Díaz Ayuso y otras entidades.

En una de estas sesiones, en concreto para estudiar la solicitud de la Asociación Libertad y Justicia, el abogado del Estado ha dado cuenta de estos datos para defender que la admisión a trámite de las solicitudes, que implica la concesión de una autorización de residencia y trabajo provisional, no se hace de forma automática, como ha aludido la asociación recurrente.

Esta comunicación de admisión a trámite se produce, ha subrayado, después de un “chequeo” de los documentos aportados para acreditar que se cumplen requisitos esenciales. La gran diferencia entre el número de solicitudes registradas y admitidas a trámite se debe, según el Ministerio, a “una minuciosa revisión caso por caso”. Sin embargo, algunos solicitantes se quejan desde hace semanas del retraso en la admisión a tramite de las solicitudes, que la normativa da un plazo máximo de 15 días para su revisión preliminar.

Según ha aclarado posteriormente el Ministerio de Migraciones sobre el número total de solicitudes recepcionadas, “se trata de una cifra todavía pendiente de filtrado”. Según detallan fuentes de la cartera dirigida por Elma Saiz, tal y como ocurrió en la regularización tras la DANA de Valencia, pueden existir duplicidades y factores que influyan provisionalmente en los datos iniciales.

“El proceso se está desarrollando con total normalidad. Tras su minuciosa revisión caso por caso, se están remitiendo ya autorizaciones provisionales a todos los puntos de España”, han añadido. “Todas las solicitudes que se han presentado correctamente, cumpliendo con los requisitos y no están pendientes de ningún trámite más, están recibiendo la autorización correspondiente a su admisión a trámite.

La Comunidad de Madrid dice que la sanidad madrileña se “distorsionará completamente” por dar los papeles a miles de vecinos que, sin embargo, ya tienen reconocido ese derecho. El Gobierno de Ayuso también defiende que la regularización colapsará de manera inmediata ayudas como la Renta Mínima de Inserción que, sin embargo, exige al menos un año de residencia legal en el país. Son algunos de los argumentos falsos o tergiversados que el Ejecutivo madrileño ha incluido en el recurso con el que pide al Tribunal Supremo la suspensión cautelar del real decreto que aprobó el proceso extraordinario de regularización, mientras sus magistrados estudian el fondo del asunto.

El Tribunal Supremo celebrará este viernes la vista para escuchar a las distintas partes que han pedido que paralice de forma cautelar el procedimiento de regularización extraordinaria, tras los recursos presentados por varios actores, entre los que destaca la Comunidad de Madrid. Para justificar la urgencia de la suspensión cautelar planteada, el Gobierno de Ayuso enumera uno a uno los servicios autonómicos que, a su juicio, se verían “colapsados” o “distorsionados completamente” por un supuesto incremento de cientos de miles de beneficiarios.

Sin embargo, muchos de los argumentos utilizados son falsos o chocan con la realidad de personas migrantes que acaban de regularizar su situación administrativa en España. Por un lado, el Gobierno de Ayuso habla del impacto en algunos servicios autonómicos a los que las personas sin papeles, aunque con algunas trabas, ya tenían derecho antes de que vayan a obtener el permiso de residencia, como la sanidad o la educación posobligatoria.

Por otro, la Comunidad de Madrid menciona algunas ayudas sociales a las que las personas sin papeles no pueden acceder, por lo que la obtención de su tarjeta de residencia sí conllevará de manera paulatina un posible aumento de la demanda, sin embargo, muchos de los requisitos de los ejemplos incluidos por el Ejecutivo autonómico son muy complicados de cumplir para la mayoría de personas que acaban de salir de una situación de irregularidad. Por tanto, su acceso a dichas ayudas no se daría de forma inmediata en cuanto obtuviesen sus permisos provisionales, pues muchas de ellas exigen un tiempo mínimo de residencia regular en España o empadronamiento.

Sanidad: ya cuentan con ese derecho

En el ámbito sanitario, el Gobierno regional afirma que un incremento de cientos de miles de personas “distorsiona completamente” toda la actual planificación de la red asistencial de la región. Explica que los recursos humanos, la organización de los centros y la estimación de la demanda dependen de la población asegurada asignada a cada facultativo. El Gobierno de Ayuso también apunta a los efectos de la regularización sobre el sistema de salud. El recurso subraya que el acceso a la sanidad difiere en el caso de los residentes, ya que la condición de asegurado implica la asignación de la Tarjeta Sanitaria Individual. “Esto supone un cambio cualitativo, ya que en ese momento se debe asignar un centro de salud y un facultativo”, recoge el escrito. 

En realidad, las personas en situación irregular ya tienen derecho a la asistencia sanitaria normalizada en España, después de varias reformas realizadas por el Gobierno, la última en marzo de este año, que arregló algunas grietas de la normativa anterior por la que aún se producían casos de exclusión sanitaria en determinados supuestos. Sin embargo, actualmente en la Comunidad de Madrid, las personas sin papeles pueden acceder a este derecho a través de un código, llamado DASE, (Documento de Asistencia Sanitaria para Ciudadanos Extranjeros sin residencia legal en España) que les permite acceder a todos los derechos, como la asignación de médico de cabecera o la derivación a especialistas. En su propia página web, la Comunidad de Madrid explica cómo a las personas sin papeles cómo solicitar este documento.

El único cambio, por tanto, es que una vez dados de alta en la seguridad social se les tendrá que asignar la citada tarjeta sanitaria, en su procedimiento sencillo que también explica la web autonómica. Es una cuestión, como dice el recurso, cualitativa. Como ya tienen acceso a ese derecho, no se espera que suponga un mayor gasto para las arcas públicas y la modificación no requiere inmediatez, pues estas personas ya tienen un médico asignado.

“¿Cómo va a generar colapso en el sistema sanitario un derecho que ya está reconocido?”, dice Ignacio Peña, coordinador de Salud Entre Culturas, una organización especializada en el acceso a la salud de las personas migrantes, que cuenta con un reconocido programa de acompañamiento a pacientes extranjeros en el Ramón y Cajal. “En el pasado había muchos casos de exclusión, pero ahora mismo en la Comunidad de Madrid, se habilita el DASE sin casi problemas, con más o menos trabas, pero ya funciona bastante bien”, añade.

Ya acceden a FP y grados superiores

Respecto a la educación, el escrito señala que los extranjeros residentes tienen derecho a acceder a las etapas posobligatorias y al sistema público de becas “en las mismas condiciones que los españoles”. El recurso expone que es “lógico” que estas personas pretendan acceder a cursos de formación profesional o educación de adultos para integrarse en el mercado laboral. No obstante, justifica su impugnación advirtiendo que el reconocimiento de estas ayudas o las matrículas en las actividades formativas supone una “actividad administrativa irreversible”, cuyos efectos económicos y organizativos resultaría imposible deshacer con posterioridad.

La realidad es que las personas en situación irregular pueden cursar actualmente grados superiores y cursos de Formación profesional en España. La legislación española no impone la residencia legal como requisito de admisión académica. El obstáculo que se encuentran los estudiantes adultos en situación irregular tiene que ver con las trabas en el momento de la expedición oficial del título, cuando sí es exigido contar con el permiso de residencia. Muchas personas deciden estudiar igualmente para aprovechar su tiempo sin papeles, pues pueden solicitar un certificado de notas para probar la formación mientras no logran el título oficial. 

Es el caso de Hilary, peruana de 18 años, que lleva meses cursando un curso de Formación Profesional (FP) de Estética en la Comunidad de Madrid pese a no tener papeles. La joven contó a elDiario.es que sabía que, sin permiso de residencia, no podía conseguir el título, pero sí está matriculada y puede asistir a sus clases con cierta normalidad. “Sin tener papeles no puedo recibirlo, por eso la regularización es tan importante para mí”, explicó. También Mario (nombre ficticio), un hombre peruano, se inscribió en un FP de Telecomunicaciones justo cuando perdió su autorización para vivir y trabajar en España, al ver rechazada su petición de asilo: “Aproveché ese momento para no perder el tiempo. Espero que, cuando acabe, ya tenga los papeles y pueda buscar trabajo en ese sector”, explica el peruano que, en este caso, se matriculó en Huelva. 

Sobre las becas, con el reconocimiento de su permiso de residencia los estudiantes podrán optar como cualquier ciudadano a este tipo de ayuda, pero de nuevo se descarta el efecto inmediato e “irreversible” mencionado por el Gobierno de Ayuso. Las personas extranjeras, para optar a una beca, necesitan autorización de estancia o residencia legal en España “a 31 de diciembre del año anterior al inicio del curso”. Por tanto, los migrantes regularizados en este procedimiento no podrían acceder a las ayudas hasta al menos 2027.

Los requisitos de los servicios sociales

La Comunidad de Madrid destaca que la irrupción de nuevos solicitantes puede “distorsionar el presupuesto, desplazando a otros beneficiarios y ralentizando la gestión”. El texto cita la Renta Mínima de Inserción, una prestación económica que, añade, está dirigida a quienes “acrediten tener residencia legal en la Comunidad de Madrid”. El ejecutivo autonómico alega que este derecho se encuentra dimensionado estrictamente para una demanda estimada, por lo que cree imprescindible la paralización cautelar porque, si el Supremo suspendiese paralizarlo más adelante, revertir la prestación “se entiende imposible”.

Pero el recurso no menciona un dato importante. Para conseguir la Renta Mínima de Inserción (RMI) de la Comunidad de Madrid los solicitantes deben acreditar “residencia legal, permanente y efectiva” en la región durante el año inmediatamente anterior a la solicitud. Es decir, las personas que obtengan la regularización no podrán acceder a ella hasta que se cumpla un año de la emisión de la tarjeta de identificación de extranjero en vigor y de su empadronamiento en la región, es decir, como mínimo hasta a partir de verano de 2027

Por otro lado, cualquier persona empadronada en la Comunidad de Madrid puede tener acceso a los servicios sociales autonómicos o municipales según la normativa española, en lo relacionado con la atención de trabajadores sociales. De hecho, el reconocimiento de sus derechos como ciudadanos, y su acceso normalizado al mercado laboral, puede provocar que esas personas necesiten menor atención de dichos servicios.

Vivienda

Vivienda

La Comunidad de Madrid argumenta que la norma produciría una “indudable distorsión” en los cupos, baremos y listas de la vivienda pública. Sostiene que el sistema no está diseñado para el acceso inmediato de miles de nuevos solicitantes, ya que la gestión en esta materia ya es “compleja” debido a su escasez. El recurso señala que, conforme a la legislación, “los extranjeros residentes tienen derecho a acceder a los sistemas públicos de ayudas en materia de vivienda” , y advierte de que este es un caso en el que, una vez adjudicado el derecho, se hace “extremadamente complicado revertir la situación” en el plano de la gestión si la justicia les da la razón más adelante.

Sin embargo, la letra pequeña de muchas de las ayudas de la Comunidad de Madrid, así como la realidad de las circunstancias de los ciudadanos que acaban de salir de la irregularidad administrativa evidencian que las personas que obtengan la regularización no podrán acceder de manera tan fácil, al menos no tan rápida, como defiende el recurso. 

La mayoría de estos planes exigen requisitos que, en la práctica, complican su acceso inmediato a quienes acaban de ser regularizados. Estos son algunos de ellos:

Fue a una comisaría de Badalona a firmar un documento y, en menos de 48 horas, estaba sentado en un banco en el aeropuerto de Dakar. Exhausto, desorientado y aún sin saber qué hacer, Abdou encendió el teléfono móvil que le había entregado un agente español tras el aterrizaje del vuelo de deportación que le mandó de regreso a su país, Senegal, tras más de tres años en España y en pleno procedimiento extraordinario de regularización. Tenía una nota de voz de Àngela Valeiras, la médica jubilada que le acogió durante días tras el famoso desaolojo del instituto abandonado B9. Él le respondió: “Estoy un poco bien. No he dormido. Me he quedado en un banco esperando a que llegue el día”, le dijo el senegalés. Él no es de la capital, sino de un pueblo situado a más de 200 kilómetros, no tenía dinero suficiente para llegar a casa.

Abdou, uno de los migrantes afectados por el macrodesalojo instado por Xavier García Albiol (PP) de un instituto abandonado de Badalona, fue expulsado de manera exprés a Senegal este martes después de ser detenido el lunes cuando el senegalés acudió a una cita para firmar una serie de documentos, desde que la Policía tenía retenido su pasaporte por contar con una orden de expulsión firme. Su caso fue denunciado por el Grupo de apoyo de las vecinas de la comunidad B9 de Badalona, que lo apoyaron desde el desalojo, y el colectivo Regularización Ya.

Según explicó a elDiario.es su abogada, Marta Llonch, el senegalés fue detenido en una de las denominadas “citas trampa”, una práctica denunciada por colectivos de migrantes y antirracistas, que consiste en la utilización de una cita policial de una persona migrante en situación irregular para proceder a su expulsión por la vía expréss, un procedimiento rápido que permite la deportación durante las 72 horas en que una persona puede ser detenida sin autorización judicial, siempre que exista una orden de expulsión firme, como es el caso de Abdou.

Abdou acudió a las dependencias como cada lunes y permaneció detenido. En menos de 24 horas después, el hombre fue trasladado bajo custodia policial al aeropuerto de Madrid y a las 20:30 horas fue subido a un vuelo con destino final Dakar y escala en Las Palmas. Según ha contado el senegalés a su abogada, en el avión había muchos migrantes en su misma situación. La letrada trata de contactar a diferentes personas u ONG que pudieran ayudar al senegalés a su llegada al país. “Estaba triste, agradecido de que tanta gente se haya movilizado, y desorientado. Llego a las 4 de la mañana, ha dormido en un banco y cuando he hablado con el seguía al lado del aeropuerto”, explica Llonch a elDiario.es.

Después de haber vivido en situación de calle y haber sido desalojado del instituto abandonado de Badalona, Abdou fue acogido unos días por Valeiras, que le acompañó desde entonces en su proceso de arraigo en España. Su historia salió publicada entonces en varios reportajes que contaban la reacción de la señora, que decidió recibir a dos de los migrantes que habían quedado en situación de calle. La mujer apenas ha pegado ojo esta noche. “Estoy hecha polvo, estoy muy cansada. Hay ir digiriendo poco a poco”, dice por teléfono. “No me podía dormir, fue un día. A la medianoche una compañera, de Badalona Acull me dijo que ya estaba camino de senegal. Ha sido realmente expréss”, explica la jubilada, que estaba muy preocupada por perder el contacto con él y no poder apoyarle al menos desde España. “Menos mal que mantiene el número. Al menos, con el contacto, podemos seguir pendientes”, añade la doctora retirada.

Durante la mañana, Valeiras ha conseguido enviar dinero a Abdou para que pueda volver a su pueblo. “Estaba sin dinero. Le han dejado en Dakar, y él no vive allí sino en un pueblo cerca de Saint Louis. Me decía que quería ir a su pueblo, con su madre”, describe la mujer.

La jubilada, que le conoce, sabe el significado escondido en sus palabras: “Dice que está ”un poco bien“. Ese ”poco bien“ significa que no está bien... Él siempre dice que está bien. Nunca dice que está mal, ni cuando en los peores momentos. Si dice ”bien, poco“, es que estar bastante triste”, explica la señora con preocupación, que traduce el español que ha ido aprendiendo en su tiempo en España. El senegalés, cuando llegó a España, no sabía ni leer ni escribir. “Ha ido aprendiendo por su cuenta. En su situación, habiendo estado en la calle era complicado, pero se esforzaba mucho”, explica, cuando Abdou ya está a más de 4.000 kilómetros de distancia.

La detención

El ciudadano fue detenido este lunes a las 12:45 horas por “infracción de la Ley de Extranjería”, en concreto, “por encontrarse irregularmente en territorio nacional”, según consta en el acta de detención, a la que ha tenido acceso elDiario.es, sellada por la Jefatura Superior de Policía de Catalunya.

Horas antes de su detención, la mujer jubilada mencionaba preocupada la cita médica que el senegalés ha perdido tras su detención, como si de su madre se tratase: “Hoy mismo tenía hora en el centro de salud, de seguimiento, por problemas ligados a todo el sufrimiento que vivió cuando estuvo en la calle”, dice la señora por teléfono. Su voz se corta cuando explica cómo se llevó a cabo la detención. “No le cogieron por la calle, él mismo fue a comisaría para firmar. Yo le había acompañado a la comisaría cuando le quitaron el pasaporte. Se presentaba cada lunes como nos dijeron. Qué rabia siento, porque yo le dije 'por favor, ve cada lunes'. Nos hizo caso en todo y ahora se lo han quedado allí”, dice. “Me sabe fatal. Él ha confiado en nosotros, en la abogada y en quienes le hemos ido acompañado, y el resultado es este”.

Tras su llegada a España en cayuco a Tenerife hace unos tres años, el senegalés pidió asilo. Durante un tiempo, tuvo permiso de residencia en el país, con lo que pudo trabajar como ayudante de cocina en un restaurante. Posteriormente, perdió los papeles al recibir la denegación de su petición y trabajó en el campo por temporadas. Sus escasos jornales esporádicos, sin embargo, no eran suficientes para costear un techo bajo el que dormir. Después de largas temporadas sin hogar, se alojó en el institut ocupado B9, hasta su desalojo.

El 17 de diciembre de 2025, los Mossos d'Esquadra desalojaron a centenares de migrantes que malvivían en este instituto abandonado de Badalona. El desalojo del espacio, ejemplo de la pobreza y el desamparo que sufren muchos migrantes sin ayuda de las instituciones, fue instado por el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol (PP). El día siguiente del desalojo, Àngela apareció en la vida de Abdou y lo acogió junto a otro compañero. La mujer les ofreció su casa sin pensarlo demasiado, como informó entonces ACN. “Me dejé llevar por el corazón ante una situación muy desesperada”, explicó en declaraciones recogidas por la Agencia. Los jóvenes mostraron su gratitud aquellos días limpiándole la casa y cocinándole platos típicos senegaleses antes de marcharse el domingo a un espacio habilitado por entidades y la Generalitat para darles cobijo.

Abdou aún no había pedido la regularización porque estaba esperando el certificado de antecedentes penales de su país, Senegal. El hombre carece de antecedentes penales en España, pero sí cuenta con varios antecedentes policiales y “dos procedimientos judiciales pendientes” ligados a su etapa en situación de calle.

Según su abogada, se trata de un caso de “usurpación” ligado a su entrada en un piso de la Sareb donde el joven entraba para ducharse. La otra causa tiene que ver con un delito contra salud pública, de cuando vivía en situación de sinhogarismo. “Fue acusado injustamente, por motivos aparentemente de perfil étnico-racial, porque estaba al lado de alguien que vendía drogas y se le detuvo a él también. Tiene muy buena defensa, no había pruebas contra él, pero el juicio ya no se llegará a celebrar si le expulsan”, sostiene su letrada. Este medio no ha podido confirmar de manera independiente su situación legal.

El trabajador social de Abdou estaba en proceso de cancelar varios antecedentes policiales que eran suscetibles de ser desactivados antes de solicitar la regularización, según Valeiras. Sin embargo, tras conocer su detención, su abogada de Cáritas, otra de las ONG que le apoyaba, ha registrado su regularización con los documentos con los que contaba por el momento, con la intención de intentar frenar la inminente expulsión.

“Nadie sabe bien lo que es vivir en la calle. En cuanto salió de la calle dejó de tener causas. Estoy muy dolida. Se ha esforzado tanto, y hemos puesto tanto de nosotros mismos también su abogada, su trabajador social y yo para acompañarlo y que conseguiese lo que estaba consiguiendo... Abdou me llegó a contar que estaba días y días sin salir de un rincón de la calle, sin poder ducharse, con una costra negra de suciedad. Fue víctima de agresiones racistas...”, explicó la jubilada. Ahora, más tranquila pero muy cansada, Valeiras se consuela al menos con tener contacto con él y poder seguir apoyándole en la distancia.

Habían pasado tres días de la entrada en vigor de la regularización extraordinaria, pero no fue hasta el 20 de abril cuando el procedimiento se hizo visible en la calle. Ese día, las oficinas habilitadas abrieron sus puertas para recibir presencialmente las peticiones de migrantes sin papeles y solicitantes de asilo que ansiaban estabilizar su situación administrativa. La escena se repitió en distintas ciudades: colas desde la madrugada, carpetas de plástico repletas de documentos, miradas tensas y una mezcla de alivio e incertidumbre. En solo una semana, 120.000 peticiones fueron registradas, según los primeros datos facilitados por el Gobierno.

Un mes después, el procedimiento continúa “a buen ritmo”, según fuentes del Ministerio de Inclusión, que por ahora evitan ofrecer cifras actualizadas de solicitudes recibidas. En la calle, la ilusión se hizo visible desde el primer día, pero también el agobio de quienes temían que cualquier problema les impidiese registrar su petición antes de la finalización del plazo, marcado para el próximo 30 de junio. Sin embargo, el avance de la medida se ha encontrado con otra fecha clave: este viernes, cuando el Tribunal Supremo celebrará una vista para escuchar varias peticiones —entre quienes se encuentran la organización ultra Hazte Oír, Vox y la Comunidad de Madrid— de paralizar de forma cautelar el real decreto para la regularización extraordinaria de migrantes mientras se resuelve el fondo del asunto.

En contra de la paralización cautelar, el Abogado del Estado ha alegado la “afectación directa a los derechos de las personas extranjeras interesadas y, por ende, al interés general”, según indicó en un escrito de alegaciones al que tuvo acceso Europa Press. Aunque se desconoce una cifra oficial del número de migrantes y solicitantes de asilo que se verán afectadas en caso de paralización cautelar, las estimaciones realizadas por elDiario.es apuntan a que las peticiones presentadas durante el primer mes de procedimiento podrían superar las 300.000 peticiones.

Según el último dato oficial, aportado el 5 de mayo por la secretaria de Estado de Migraciones, durante la segunda semana de procedimiento unas 200.000 personas habían pedido la regularización desde la entrada en vigor de la medida. A falta de datos más recientes, y si se mantiene la cadencia inicial —marcada por un aluvión de solicitudes en los primeros días y una progresiva estabilización—, las peticiones formalizadas podrían superar las 300.000, según los cálculos de este medio. Las ONG especializadas esperaban un nuevo pico de las peticiones presentadas en el mes de junio, debido a que quienes llegaron a España en diciembre no pueden presentar su petición hasta no haber residido en el país cinco meses completos.

Primeros permisos provisionales

Las miles de personas que durante el primer mes del procedimiento de regularización han visto admitida a trámite su petición, transcurridas al menos dos semanas del registro, han recibido un Número de Identificación de Extranjero (NIE) ligado a un permiso provisional de residencia y trabajo, mientras su solicitud es estudiada a fondo. Una de ellas es Luisa Roldán. 

La mujer, originaria de Medellín, ya tiene autorización para trabajar en España después de vivir sin papeles durante dos años. La colombiana pidió la regularización de manera telemática a través de una abogada de una ONG el pasado 11 de abril. Un mes después —con quince días de retraso con respecto al plazo estipulado— recibió el escrito del Ministerio de Inclusión que confirma la admisión a trámite de su petición junto a su número de NIE y un permiso provisional para trabajar mientras se estudia la petición. “Me ha costado tanto, que pensaba que me iba a emocionar muchísimo; pero, hay tanto por hacer y cada trámite es tan complicado que, cuándo lo recibí ni lo celebré, pensé rápidamente en lo siguiente que debía hacer”, reconoce.

Objetivo: cotizar

Lo “siguiente” era buscar un empleo con contrato, por el que pueda empezar a cotizar en España, su principal objetivo, ya que actualmente trabaja por horas en el sector de la limpieza sin estar dada de alta en la seguridad social. Primero, ha empezado buscando ofertas de empleo en su sector de preferencia, el marketing digital y las organizaciones, área en la que ha trabajado de manera voluntaria para ONG que también le ayudaron a ella en sus primeros meses en el país. “He empezado por lo que más me gusta, pero si no encuentro también voy a buscar en otros sectores como dependienta en tiendas o en la hostelería”, añade la joven.

No quiere perder tiempo. Sabe que de su tiempo cotizado dependerá la renovación posterior del permiso que tanto le ha costado conseguir: “Siento que se me ha abierto el camino. Con este permiso de trabajo, ya empieza a contar mi año para renovar, así que he empezado a moverme”, explica desde Valencia, donde actualmente trabaja en la limpieza de cinco viviendas.

Desde el inicio del procedimiento, el Ejecutivo calcula que la medida concederá los papeles alrededor de 500.000 personas. Esa estimación, sin embargo, no habla de peticiones registradas, pues la cartera dirigida por Elma Saiz asumía que el número de solicitudes superaría esa primera estimación, pues su estimación incluye cierto porcentaje de desestimación. Según detalló el Ministerio de Migraciones el día de la aprobación del real decreto de la regularización, el departamento calculaba recibir en torno a 750.000 solicitudes a lo largo de todo el proceso, de las que cerca de un 30% podrían ser rechazadas por no cumplir los requisitos establecidos, según las proyecciones iniciales.

De las colas a la estabilización

El primer mes de plazo ha estado atravesado por el desconcierto, ligado principalmente a uno de los requisitos más controvertidos: el informe de vulnerabilidad. Este documento, exigido solo en determinados supuestos —especialmente para las personas sin papeles que no vivan con sus familiares o que no puedan acreditar vínculos laborales—, se convirtió rápidamente en el principal cuello de botella del procedimiento. Durante las primeras semanas, largas colas se formaron a las puertas de servicios sociales municipales y de las pocas organizaciones no gubernamentales que comenzaron a expedir estos certificados. Hubo quienes durmieron a la intemperie para conseguir un turno, quienes regresaron varios días seguidos sin éxito, quienes no entendían por qué ese papel se había convertido en la llave de acceso al proceso.

A partir de la segunda quincena, el panorama comenzó a cambiar. Más organizaciones se sumaron a la expedición de certificados, se habilitaron nuevos puntos de atención y las filas empezaron a reducirse. La presión en la calle disminuyó, pero aparentemente no ha significado una caída en las solicitudes. Tampoco de las necesidades que las ONG se están encontrando en su labor de apoyo en el procedimiento, según explica Edith Espínola, portavoz del Movimiento Regularización Ya.

“Estamos contentísimas porque muchas personas están logrando introducir sus expedientes para regularizarse, pero también es agridulce porque vemos que hay muchísimas necesidades. Hay gente que no está pudiendo conseguir la documentación, que sus países no están colaborando para entregarle los antecedentes penales que no están empadronados y que no sabemos cómo vamos a conseguir que se empadronen para que, después puedan poner la huella para obtener sus documentos”, sostiene.

Luisa, originaria de Medellín, era desplazada interna en Colombia debido a la violencia del país. Migró a España por un conjunto de razones, entre las que se entremezclan la seguridad y las difíciles condiciones económicas. A su llegada a Valencia, empezó a trabajar en el cuidado de una anciana con demencia varias horas por las noches. “Me pagaban poco, ocho euros la hora, aunque ya era más que a otras compañeras. Era muy duro y no pude estar más de unos meses”, recuerda. Después, y hasta la actualidad, pasó a trabajar a limpiar casas por horas.

“Por fin podré buscar un trabajo más estable, en condiciones dignas, con un contrato, que me den de alta en la Seguridad Social, que me paguen vacaciones, acceder a una baja si caigo enferma…”, dice Luisa para detallar la manera en que puede cambiar su vida el permiso de trabajo recibido hace una semana. En el tiempo en que ha permanecido en España sin poder regularizarse, tuvo varias oportunidades de trabajar regularmente en proyectos de marketing digital en el Tercer Sector, pero perdió varias oportunidades laborales, en las que pudo haber cotizado, por una única razón: carecer de documentación en regla. 

Ahora, la autorización provisional ha empezado a abrirle un camino que, dice, va a empezar a recorrer. No conocía los detalles de los recursos presentados ante el Supremo para frenar el proceso de regularización, pero sí sabía que podía haber obstáculos. ¿Qué pasaría si, ahora que ya tiene el permiso, se frena el proceso?

Luisa responde con la paciencia de quien ha esperado demasiado, con la resignación de los dos años de trabas burocráticas en su intento de construir una vida en España. “Cuando mi psicóloga me pregunta qué es lo que podría hacer que volviera a mi estado de ánimo anterior, tras pasar por una depresión, le dije precisamente que no llegara a salir la regularización”, explica la colombiana. “De la regularización depende mi estado de ánimo y mi estabilidad. Pero llegué a la conclusión que, si al final no saliese, ya aguanté dos años, podría aguantar otro poco más”, añade.

Desde el Movimiento de Regularización Ya asumían que a lo largo del proceso de la regularización podrían encontrarse trabas judiciales desde determinadas formaciones, pero dicen confiar en la Justicia: “Esperamos que el Tribunal Supremo sea realmente la Casa de la Justicia y no de la injusticia para una población que sostiene la vida de miles de españoles a diario en casi todos los puestos de servicios, en lugares invisibilizados y expuesto a muchísimo abuso y explotación”, concluye Edith Espínola.

Abdou fue a realizar un trámite a comisaría, como lo hacía cada semana desde que la Policía le requisase hace unos meses su pasaporte al tener una orden de expulsión en firme, pero este lunes fue diferente: el senegalés, que vivía en España desde hace unos tres años, acabó detenido, y en estos momentos se encuentra en el Aeropuerto de Madrid para ser expulsado de forma exprés. El hombre fue uno de los migrantes desalojados a la fuerza en diciembre de 2025 del instituto ocupado B9 por el alcalde de Badalona, Xavier Albiol (PP), cuando centenares de migrantes se quedaron en la calle en uno de los desalojos más grandes de España.

Después de haber vivido en situación de calle, Abdou fue acogido unos días por Àngela Valeiras, una jubilada de Badalona, que le acompañó desde entonces en su proceso de arraigo en España. “Le dijimos que fuese cada lunes a firmar como nos indicaron en comisaría, para que cumpliese con todo lo que le pedían ahora que estaba empezando a salir adelante”, explica Valeiras. Este lunes entró en comisaría, pero esta vez fue detenido para ejecutar su expulsión en un plazo máximo de 72 horas.

El senegalés ha sido trasladado este martes desde Barcelona al Aeropuerto de Madrid para ser enviado a su país en un vuelo de deportación, explica su abogada, Marta Llonch. Su defendido, asegura, fue víctima de las llamadas “citas trampa”, una práctica policial denunciada por colectivos de migrantes y antirracistas, que consiste en la utilización de una cita policial de una persona migrante en situación irregular para proceder a su expulsión por la vía expréss, un procedimiento rápido que permite la deportación durante las 72 horas en que una persona puede ser detenida sin autorización judicial, siempre que exista una orden de expulsión firme, como es el caso de Abdou.

Este medio ha preguntado por el caso al Ministerio del Interior, pero rechazan hacer declaraciones concretas, salvo asegurar que cumple con la normativa en materia de extranjería al existir una orden de expulsión firme anterior autorizada por un juzgado. El departamento dirigido por Fernando Grande Marlaska suele negar el uso de las llamadas “citas trampa” para proceder a la expulsión de extranjeros.

Acogido por una médico jubilada de Badalona

El ciudadano fue detenido este lunes a las 12:45 horas por “infracción de la Ley de Extranjería”, en concreto, “por encontrarse irregularmente en territorio nacional”, según consta en el acta de detención, a la que ha tenido acceso elDiario.es, sellada por la Jefatura Superior de Policía de Catalunya. Solo le dejaron hacer una llamada, y Abdou marcó el número de Àngela Valeiras, la médica jubilada de Badalona que lo acogió en su casa tras el desalojo del instituto B9. Su historia salió publicada entonces en varios reportajes que contaban la reacción de la señora, que decidió recibir a dos de los migrantes que habían quedado en situación de calle.

Después de acogerle durante unos días, el senegalés pasó a vivir en un albergue para personas sin hogar en el que permanecía desde entonces. Valeiras siguió en contacto con Abdou en todo momento, y lo ha acompañado en su proceso de arraigo en España. “Estoy súper triste. Me llamó cuando le detuvieron y tenía una voz... Desde que consiguió un sitio donde vivir, estaba generando una red y ahora tenía arraigo”, dice la mujer, quien se encargó de llamar a su trabajador social y a su abogada para tratar de detener una expulsión que todo apunta que acabará ejecutada.

La mujer jubilada menciona preocupada la cita médica que el senegalés ha perdido tras su detención, como si de su madre se tratase: “Hoy mismo tenía hora en el centro de salud, de seguimiento, por problemas ligados a todo el sufrimiento que vivió cuando estuvo en la calle”, dice la señora por teléfono. Su voz se corta cuando explica cómo se llevó a cabo la detención. “No le cogieron por la calle, él mismo fue a comisaría para firmar. Yo le había acompañado a la comisaría cuando le quitaron el pasaporte. Se presentaba cada lunes como nos dijeron. Qué rabia siento, porque yo le dije 'por favor, ve cada lunes'. Nos hizo caso en todo y ahora se lo han quedado allí”, dice. “Me sabe fatal. Él ha confiado en nosotros, en la abogada y en quienes le hemos ido acompañado, y el resultado es este”.

Petición de asilo

Tras su llegada a España en cayuco a Tenerife hace unos tres años, el senegalés pidió asilo. Durante un tiempo, tuvo permiso de residencia en el país, con lo que pudo trabajar como ayudante de cocina en un restaurante. Posteriormente, perdió los papeles al recibir la denegación de su petición y trabajó en el campo por temporadas. Sus escasos jornales esporádicos, sin embargo, no eran suficientes para costear un techo bajo el que dormir. Después de largas temporadas sin hogar, se alojó en el institut ocupado B9, hasta su desalojo.

El 17 de diciembre de 2025, los Mossos d'Esquadra desalojaron a centenares de migrantes que malvivían en este instituto abandonado de Badalona. El desalojo del espacio, ejemplo de la pobreza y el desamparo que sufren muchos migrantes sin ayuda de las instituciones, fue instado por el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol (PP). El día siguiente del desalojo, Àngela apareció en la vida de Abdou y lo acogió junto a otro compañero. La mujer les ofreció su casa sin pensarlo demasiado, como informó entonces ACN. “Me dejé llevar por el corazón ante una situación muy desesperada”, explicó en declaraciones recogidas por la Agencia. Los jóvenes mostraron su gratitud aquellos días limpiándole la casa y cocinándole platos típicos senegaleses antes de marcharse el domingo a un espacio habilitado por entidades y la Generalitat para darles cobijo.

Abdou aún no había pedido la regularización porque estaba esperando el certificado de antecedentes penales de su país, Senegal. El hombre carece de antecedentes penales en España, pero sí cuenta con varios antecedentes policiales y “dos procedimientos judiciales pendientes” ligados a su etapa en situación de calle.

Según su abogada, se trata de un caso de “usurpación” ligado a su entrada en un piso de la Sareb donde el joven entraba para ducharse. La otra causa tiene que ver con un delito contra salud pública, de cuando vivía en situación de sinhogarismo. “Fue acusado injustamente, por motivos aparentemente de perfil étnico-racial, porque estaba al lado de alguien que vendía drogas y se le detuvo a él también. Tiene muy buena defensa, no había pruebas contra él, pero el juicio ya no se llegará a celebrar si le expulsan”, sostiene su letrada. Este medio no ha podido confirmar de manera independiente su situación legal.

El trabajador social de Abdou estaba en proceso de cancelar varios antecedentes policiales que eran suscetibles de ser desactivados antes de solicitar la regularización, según Valeiras. Sin embargo, tras conocer su detención, su abogada de Cáritas, otra de las ONG que le apoyaba, ha registrado su regularización con los documentos con los que contaba por el momento, con la intención de intentar frenar la inminente expulsión.

“Nadie sabe bien lo que es vivir en la calle. En cuanto salió de la calle dejó de tener causas. Estoy muy dolida. Se ha esforzado tanto, y hemos puesto tanto de nosotros mismos también su abogada, su trabajador social y yo para acompañarlo y que conseguiese lo que estaba consiguiendo... Abdou me llegó a contar que estaba días y días sin salir de un rincón de la calle, sin poder ducharse, con una costra negra de suciedad. Fue víctima de agresiones racistas...”, explica la jubilada.

La voz de la mujer española se quiebra cuando recibe una información de Abdou, que conoció justo antes de una de las llamadas con este medio. “Me ha dicho la abogada que ya está de camino al aeropuerto. Y no nos dejan hablar con él. Se estará sintiendo super abandonado”, dice con un hilo de voz. “Tenía muy mala experiencia de los blancos. Sufrió mucho racismo. Hace unos días vino a comer a casa y se reía. Me decía: eres la primera persona blanca con la que me río. Estaba empezando a tener red, un arraigo, y ahora se lo llevan”, lamenta Valeiras.

El Gobierno ha cancelado la expulsión de Mounir Meziat, un joven marroquí que había sido detenido en Altea por no tener papeles, cuando se dirigía a una cita con su abogada para formalizar su petición de regularización extraordinaria. El marroquí, quien trabaja habitualmente como temporero en Alicante, fue encerrado en el Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) de Valencia, desde donde la semana pasada iba a ser devuelto a su país pese a haber registrado su petición de regularización a través de su abogado. Después de la intervención del Defensor del Pueblo y la presión mediática, el Ejecutivo ha suspendido su orden de retorno. Este lunes, Mounir ha salido en libertad, según ha confirmado su defensa y el Ministerio del Interior a elDiario.es.

El departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska confirma la liberación del ciudadano marroquí pero no detallan las razones que han empujado finalmente a la decisión. La semana pasada, tras la publicación del caso y las denuncias difundidas por la plataforma CIEs No Valencia, el Ministerio de Interior realizó consultas interministeriales a la Secretaría de Estado de Migraciones para conocer si Mounir Meziat había realizado “gestiones” en relación al procedimiento de regularización.

Su abogado, Álvaro Vico, también había registrado una queja al Defensor del Pueblo, quien actuó y pidió información a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras. Aunque su defensa había registrado un recurso de reforma en contra del internamiento y expulsión del marroquí, la liberación no se ha producido por orden juidicial. “Ha sido una decisión de la autoridad gubernativa”, sostiene el letrado, quien se ha encargado del caso a partir de la orden de internamiento.

El chico marroquí, quien trabajaba como jornalero en el campo alicantino, fue enviado al CIE por orden judicial ante su supuesta falta de arraigo en el país, pese a llevar más de dos años en el país, estar empadronado en Altea y haber trabajado con contrato durante meses en un restaurante del pueblo alicantino mientras tenía papeles durante la tramitación de una petición de asilo. Tras perder su permiso de residencia, empezó a trabajar en el campo, por lo que se desplazaba por temporadas a la comarca de la Vega Baja del Segura, donde solía encontrar fincas donde necesitaban su mano de obra, especialmente en la campaña de la naranja.

El joven cumplía con las condiciones de la regularización antes de su internamiento. toda la documentación presentada por su abogado en la Oficina de Extranjería de Alicante, a la que ha accedido elDiario.es, confirma la carencia de antecedentes penales en su país, su vinculación laboral pasada y su residencia continuada en España durante el tiempo exigido. “Tenía toda la documentación preparada e iba a entregarla para registrarla. Hasta el pago de la tasa”, dice Álvaro Vico, el abogado que trata de sacarle del CIE, quien finalmente se encargó de registrar su petición de regularización dos días después del internamiento de su cliente, que ha presentado un recurso al jugado que autorizó su encierro apelando al arraigo de su cliente.

El marroquí fue detenido el pasado 7 de mayo a las 12:45 por la Policía Nacional, según consta en el auto de internamiento al que ha tenido acceso elDiario.es. La magistrada del juzgado de instancia número 4 de Benidorm, Ana Isabel García-Galbis, autorizó su encierro argumentando la “falta de domicilio conocido”. De la “declaración obrante en autos”, sostiene la jueza, “no se desprende la existencia de elementos que haga pensar que no vaya a evadir la acción de la autoridad gubernamentativa frustrando el expediente de expulsión, porque no le consta trabajo ni domicilio conocido”.

El día de la detención, un amigo le estaba llevando en coche a Benidorm, donde se encontraba su primo, para recogerle y, juntos, ir a la cita con la abogada, ya que le estaba ayudando en el proceso de regularización. “Cuando salía de Altea, me llamó, diciendo que le iban a detener”, explica Yassim.

Con la intención de revocar la orden de internamiento, el letrado Álvaro Vico registró un recurso de reforma ante el juzgado de instrucción número 4 de Benidorm contra el internamiento cautelar del joven, que aún no ha sido resuelto. El abogado alertaba de que la decisión de su encierro en el CIE para proceder a su expulsión se basaba en “una supuesta situación de riesgo de incomparecencia y frustración de la expulsión”. El escrito recordaba que, mientras que la magistrada defendía que “no le consta trabajo ni domicilio conocido”, dicha afirmación “resulta manifiestamente incompleta y contradicha por la documentación obrante”. Para acreditar su afirmación, Vico ha adjuntado los documentos de empadronamiento en Altea, la asignación del número de la Seguridad Social, su contrato de trabajo extinto, copia de la tarjeta sanitaria y el certificado que demuestra la inexistencia de antecedentes penales en su país.

Mounir Meziat está empadronado en Altea (Alicante) desde mayo de 2025, según consta en la documentación a la que ha accedido este medio. Hace solo dos semanas, cuenta su abogado, el joven estaba en Almoradí, el pueblo al que se mudaba temporalmente para buscar empleo en el campo. “Creemos que, cuando la jueza le preguntó por su domicilio, como acababa de volver, no supo decirlo o le daba miedo al estar trabajando allí de manera irregular”, explicó el letrado.

El caso de Mounir Meziat, como tantos otros, refleja una sucesión de varios abusos y errores del sistema en cadena, desde la dificultad para realizar ciertos trámites, como su detención policial, una asistencia jurídica deficitaria y el “automatismo” de muchos jueces de instrucción a la hora de decretar los internamientos en los CIE, según analiza Jesús Mancilla, abogado de Algeciras Acoge, en declaraciones recientes a elDiario.es. Este medio ha publicado los casos de Omar y Oussmane, dos jóvenes marroquíes con arraigo que fueron ingresados en un CIE a las puertas del proceso de regularización, cuando cumplían con los requisitos. Tras su publicación, ambos fueron finalmente liberados, pero los expertos se preguntan qué pasará con todos aquellos que no hayan tenido acceso a la prensa o a una ONG que denuncie su caso.

En 2024, un informe de Amnistía Internacional cuestionó el “automatismo por parte de los jueces” al decretar el internamiento en un CIE. Según concluyó la ONG, “el juez o jueza de instrucción, así como la fiscalía, tienden a seguir casi en exclusiva el criterio policial en vez de realizar una valoración propia a la luz de todas las circunstancias”. En la mayoría de los juzgados “se tira de modelo de auto de internamiento, sin analizar más allá los requisitos legales, el caso por caso”, concluyó la investigación

Más de 200.000 menores han visto cómo los agentes federales de la represión migratoria de Donald Trump los separaba de alguno de sus progenitores. De ellos, unos 145.000 son menores con ciudadanía estadounidense. Así lo cifra un informe publicado este lunes por The Brookings Institution, que hace una radiografía sobre los detenidos, de los que se dispone de mejor información que sobre los deportados.

La Administración Trump ha convertido la detención y la deportación en uno de los ejes centrales de su política de inmigración y de su agenda ultra.

Según el estudio, alrededor de 60.000 personas se encuentran detenidas en estos momentos, y cerca de 400.000 personas han sido ingresadas en centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tras ser arrestadas en EEUU desde enero de 2025, cuando Trump regresó al Despacho Oval.

Las cifras solo pueden crecer, en tanto que quedan dos años y medio de legislatura y la megaley fiscal de Trump, que fija recortes de servicios sociales, asigna 45.000 millones de dólares para la expansión de las instalaciones de detención.

El estudio explica que no existen datos fiables sobre cuántos detenidos o deportados tienen hijos en Estados Unidos, ni sobre qué ocurre con estos una vez que sus padres son puestos bajo custodia. En este sentido, señala que un estudio realizado por ProPublica sobre los arrestos efectuados por el ICE de madres de niños con ciudadanía estadounidense durante los primeros siete meses de la Administración Trump revela que el 60% de dichas madres habían sido expulsadas del país, mientras que el 17% permanecía bajo custodia al concluir el estudio.

Para estimar el número de niños afectados por la detención de sus padres, The Brookings Institution se basa en las características demográficas de los detenidos, cotejadas con las de personas que, según las probabilidades, son inmigrantes sin documentación en regla, utilizando para ello los datos de la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense (American Community Survey), una encuesta de hogares representativa a escala nacional.

Así, el análisis sugiere que, desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, es probable que más de 145.000 menores con ciudadanía estadounidense hayan vivido la experiencia de ver a uno de sus padres ingresado en un centro de detención.

De este grupo, más de 22.000 niños han sufrido la detención de los dos progenitores con los que convivían. “Independientemente de los supuestos que se empleen, resulta evidente que decenas de miles de niños han tenido que afrontar la detención de sus padres desde enero de 2025”, señala el informe.

Si bien desde el inicio de la segunda presidencia de Trump se han detenido a cerca de 400.000 inmigrantes en EEUU, se desconoce qué proporción de ellos tiene hijos en el hogar, explica el informe.

El reglamento del ICE sobre Padres Detenidos —actualizado en julio de 2025— sigue exigiendo que los agentes pregunten de manera explícita sobre la condición de padre o madre de aquellas personas que detiene.

Sin embargo, a menudo, no se pregunta a los migrantes sobre sus hijos y algunos de ellos evitan mencionarlos —incluso si se les pregunta— por temor a sufrir consecuencias adversas, señala el estudio.

“El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informa el número total anual de detenidos que tienen hijos ciudadanos estadounidenses; no obstante, la cifra total de 18.277 padres publicada para el año fiscal 2025 constituye, casi con total certeza, una subestimación sustancial”, asegura la investigación.

Así, la entidad infiere el número probable de hijos a partir de las características demográficas conocidas de los adultos detenidos según los datos del Detention Data Project: “Cotejamos el país o región de origen, la edad, el sexo y el estado civil de los detenidos con los de personas probablemente indocumentadas encuestadas en la American Community Survey. Este ejercicio indica que aproximadamente el 27% de los detenidos son padres o madres que conviven con un hijo menor de edad, y que el 20% tiene hijos con ciudadanía estadounidense en el hogar”.

En términos generales, los adultos probablemente indocumentados incluidos en la ACS tienen una probabilidad del 38% de ser padres de un hijo menor de edad y una probabilidad del 27% de ser padres de un hijo menor que tenga ciudadanía estadounidense.

Mediante la aplicación de este método, y tomando como base una estimación de 400.000 detenciones derivadas de arrestos en el interior del país entre el 20 de enero de 2025 y el 9 de abril de 2026, el informe estima que el número total de hijos afectados por la detención de sus padres asciende a cerca de 205.000, y que el número de hijos con ciudadanía estadounidense afectados ronda los 145.000.

La estimación contrasta con las cifras publicadas por el DHS, las cuales indican que los padres de unos 60.000 niños nacidos en Estados Unidos fueron arrestados durante ese mismo periodo.

En su informe, los investigadores plantean la hipótesis de que esta discrepancia se deba a que el DHS no pregunta de manera sistemática sobre los niños, o bien a que los detenidos temían revelar que tenían hijos, por miedo a poner en riesgo a estos o a sus cuidadores.

La haitiana L.T. llevaba tres meses en un centro de detención de inmigrantes de Dilley (Texas), a 2.400 kilómetros de su hija de 13 meses. Su bebé vomitaba de manera constante porque, entre otras intolerancias alimentarias, era alérgica a la leche de fórmula. La niña necesitaba leche materna, pero las autoridades se negaban a conceder la libertad bajo fianza a su madre, solicitante de asilo en Estados Unidos, para que le diera el pecho.

El pediatra familiar solicitó entonces que permitieran a L.T. extraerse la leche para enviarla por correo a su bebé, en Florida, pero esa solicitud también fue denegada. Desesperada, L.T. pidió que trajeran a su hija al centro de detención para estar con ella y el Gobierno volvió a denegarlo. Según L.T., porque la niña era ciudadana estadounidense y no podía permanecer en un centro de detención de inmigrantes. “Me aterra perder a mi bebé”, dice L.T.

Desde que Donald Trump asumió la presidencia de EEUU en enero de 2025, el Gobierno ha tenido en su punto de mira a miles de madres y padres inmigrantes para su deportación. The Guardian ha analizado los registros oficiales y ha concluido que solo en los primeros siete meses de la presidencia de Trump, el Gobierno ha detenido a los progenitores de al menos 27.000 niños. Durante este periodo de 2025, el Departamento de Seguridad Nacional de EEUU (DHS, por sus siglas en inglés) ha deportado cada mes el doble de padres comparado con 2024.

Los registros oficiales no detallan cuántos de esos niños fueron detenidos o deportados junto a sus progenitores, ni cuántas familias han sido separadas. Pero muestran la descarnada realidad del efecto que el plan de deportaciones a gran escala de Trump está teniendo en padres e hijos. En miles de casos, el DHS ha deportado a progenitores con una nacionalidad diferente a la de sus hijos, creando importantes obstáculos legales y logísticos para mantener unidas a las familias.

Crisis de separación familiar

Del análisis de The Guardian también se extrae lo siguiente que, durante los primeros siete meses de 2025, el Gobierno detuvo a 18.400 progenitores (3.000 madres y 15.000 padres) de entre 27.000 y 32.000 niños. Al menos 12.000 de esos niños tienen la nacionalidad estadounidense. Casi 7.500 padres y 1.000 madres de los detenidos tenían una nacionalidad diferente a la de al menos uno de sus hijos. En la mitad de estas familias, había hermanos con diferentes nacionalidades. De media, la Administración Trump ha detenido a unos 2.300 progenitores por mes y deportado a unos 1.400 progenitores por mes. El promedio de 2024 para la Administración Biden fue de unos 700 progenitores deportados cada mes.

Según defensores de los derechos humanos, las cifras reflejan el alcance gigantesco de la nueva crisis de separación familiar provocada por el Gobierno estadounidense. Su magnitud ha superado con creces a la política de ‘tolerancia cero’ que caracterizó al primer mandato de Trump, cuando su Gobierno separaba de manera sistemática a los niños inmigrantes de sus padres en la frontera entre México y EEUU.

Los datos a los que ha tenido acceso The Guardian proceden de los formularios I-213 que los agentes de inmigración deben cumplimentar cada vez que detienen a una persona por vivir sin papeles en Estados Unidos. Los agentes deben recopilar la edad, la nacionalidad y los antecedentes penales de las personas detenidas. Y lo que es más importante, el número de hijos menores de edad y su nacionalidad.

Un portavoz del DHS responde que la agencia no puede “verificar la veracidad de estos datos”, obtenidos por The Guardian en virtud de la ley de transparencias y cotejados por el periódico con registros de otras fuentes gubernamentales.

Creo que como nación ni siquiera hemos empezado a enfrentar el impacto que tendrán este tipo de medidas de control de la inmigración, ni el efecto dominó que generarán

Faisal Al-Juburi — ONG de asistencia jurídica Raíces

En la opinión de varios abogados y especialistas en inmigración, lo más probable es que esos datos del Gobierno infravaloren el número real de separaciones familiares: los agentes de inmigración no siempre preguntan a las personas detenidas si tienen o no hijos, y muchos inmigrantes detenidos prefieren no decir que tienen hijos para proteger a sus familias de una detención o una deportación.

Según Faisal Al-Juburi, de la ONG de asistencia jurídica Raíces, estas separaciones dejarán marcas generacionales y transnacionales. “Con este Gobierno hemos llegado ya a la fase de metástasis de la separación familiar”, dice. “Creo que como nación ni siquiera hemos empezado a enfrentar el impacto que tendrán este tipo de medidas de control de la inmigración, ni el efecto dominó que generarán”.

Secuelas en los menores

L.T. tiene 30 años y huyó de Haití por la violencia política. Según cuenta, los simpatizantes de un partido político opositor incendiaron su casa, la secuestraron y la violaron. En su huida, primero fue a las Bahamas y de allí viajó en barco a Miami (Florida) en 2019. Si la obligan a regresar a Haití podría morir, dice. Según su relato, mataron a su hermana el año pasado. También le preocupa que su hija no reciba en Haití la atención médica que necesita. Aunque pudiera, no se arriesgaría a llevar allí a su bebé.

También le preocupa cada vez más que su bebé acabe en una casa de acogida. La madre de L.T. cuida de la niña, pero le resulta muy difícil compaginarlo con su trabajo a tiempo completo, especialmente por las complejas necesidades médicas del bebé. Además, L.T. ha presentado una denuncia por violencia machista contra el padre de la niña, al cual acusa de amenazar con matarlas a ella y a la pequeña. “Ojalá pudiera estar ahí para mi hija”, escribe L.T. en una declaración compartida con The Guardian por sus abogados. “Es mi primera hija y no puedo estar ahí para ella”.

The Guardian ha analizado más de una decena de casos y ha entrevistado a numerosos padres e hijos separados por el proceso de detención o deportación. En todos los casos, la detención o deportación repentina de uno de los progenitores alteró radicalmente la vida del niño.

A la guatemalteca K.O., con 41 años y tres hijos, la detuvieron durante una cita rutinaria del ICE. Tenía a un bebé de 19 meses esperándola en casa. “El agente dijo que, por lo que a él respectaba, mi hijo y yo nos podíamos morir”, dice.

Herminia estuvo separada durante ocho meses de su hija de nueve años y de su hijo de 16. En ese período, la salud mental de los niños comenzó a deteriorarse. Herminia contó que la niña tenía problemas para dormir toda la noche; y que su hijo, adolescente, pensó en abandonar los estudios para ponerse a trabajar y mantener a su hermana. A Marco, de 61 años, lo detuvieron en un Home Depot de Maryland y lo deportaron a El Salvador. Su hijo Mark, de 17 años, tenía la nacionalidad estadounidense y estaba en los últimos meses del instituto. Los pasó trabajando para que él y su madre pudieran pagar el alquiler.

Las familias entrevistadas cuentan cómo se vieron obligadas a buscar fondos a toda prisa tras la detención o deportación del sostén financiero del hogar. Adolescentes y jóvenes que tuvieron que dejar los estudios para cuidar de sus hermanos menores tras la deportación de los dos progenitores. Niños que se preguntaban si alguna vez verían de nuevo a sus padres, deportados a países donde enfrentaban amenazas de muerte. “Están desarraigando vidas”, dice Al-Juburi.

Récord de personas detenidas

Para satisfacer la promesa de Trump de “deportaciones a gran escala”, su Gobierno ha detenido a un número récord de inmigrantes. Entre ellos, personas que llevan muchos años en Estados Unidos, donde han construido sus vidas y formado familias. En su mayoría, los detenidos carecen de antecedentes penales o solo tienen condenas por faltas menores, como una infracción de tráfico.

La campaña de deportaciones a gran escala ha tenido un impacto nefasto en las familias. Especialmente, en las madres. Analizando los mismos registros que The Guardian, el portal de periodismo de investigación ProPublica descubrió que la Administración Trump deportaba al día cuatro veces más madres de ciudadanos estadounidenses que la Administración Biden.

El Gobierno también ha debilitado la protección para progenitores no estadounidenses, dando marcha atrás en el compromiso de mantener a las familias unidas. En varios casos, las autoridades de inmigración amenazan con separar a las familias con el fin aparente de coaccionar a los padres y madres para que se vayan de EEUU de forma voluntaria.

Lauren Bis, portavoz del DHS, ha rechazado responder a preguntas de The Guardian sobre la política oficial en separaciones familiares. La agencia niega estar separando a las familias y sostiene que “se pregunta a los padres si desean ser expulsados junto con sus hijos”. Bis asegura que estar detenido es “una elección” y que los padres inmigrantes pueden utilizar una app del Gobierno para “autodeportarse”.

No he buscado ayuda psicológica porque no creo que nadie pueda aliviar el dolor de mi corazón, lo único que necesito es estar con mi hijo

E.F.A — Solicitante de asilo venezolana

Muchos de los progenitores que huyeron de situaciones peligrosas en sus países de origen no quieren arriesgarse a llevarse a sus hijos de vuelta con ellos. Y cuando los deportan de Estados Unidos sin sus hijos, la separación puede ser indefinida.

Este es el caso de la venezolana E.F.A., una mujer solicitante de asilo detenida de forma inesperada cuando acudía a una cita rutinaria del ICE en octubre. Antes de que la detuvieran, E.F.A. trabajaba en turnos de noche; y su marido, de día. De esa forma, siempre había uno de los dos en casa para atender a su hijo de dos años. Tras la detención, la congregación de su iglesia organizó un turno de cuidado de niños de forma que su marido pudiera seguir ganando el dinero necesario para mantener al hijo. Pero la situación es precaria: el marido de E.F.A. es también solicitante de asilo y teme que lo detengan, dejando al niño sin tutor. “No puedo evitar una tristeza y sensación de impotencia enormes por esta separación”, escribe E.F.A. en una declaración que sus abogados de la ONG Raíces compartieron con The Guardian.

Si E.F.A. fuera deportada a Venezuela, las cosas podrían complicarse aún más, dice. Debido a su activismo político, tanto ella como su marido siguen enfrentándose a la amenaza de la violencia. No quieren que su hijo viva allí, pero si abandona EEUU sin el niño, la reagrupación familiar podría resultar muchísimo más difícil. A los deportados les prohíben entrar en EEUU durante una década. Pero si ella y su marido decidieran llevarse a su hijo a Venezuela, se encontrarían con obstáculos logísticos y legales. En EEUU no hay consulados de Venezuela y el marido de E.F.A. no tiene ningún lugar en el que obtener un pasaporte nuevo para viajar. A pesar de que el Gobierno estadounidense sigue animando a los inmigrantes a “autodeportarse”, muchos venezolanos están teniendo dificultades en EEUU para conseguir los documentos de viaje necesarios.

E.F.A. explica que su salud y su cordura se están desmoronando en el centro de detención de Dilley, donde vive recluida. “No he buscado ayuda psicológica porque no creo que nadie pueda aliviar el dolor de mi corazón, lo único que necesito es estar con mi hijo”, dice. Todas las noches llora hasta quedarse dormida.

Más perverso que en el primer mandato de Trump

Hace siete años, las separaciones familiares de la política de ‘tolerancia cero’ de Trump desató la indignación nacional después de que los medios difundieran fotos de agentes arrancando de brazos de sus padres a niños llorosos para meterlos en jaulas. Trump le puso fin oficialmente después de unas seis semanas, pero más de 5.500 niños habían sido separados ya de sus padres. Años después, cientos de padres siguen separados de sus hijos por la negligencia del Gobierno, que perdió el rastro de muchas familias a las que había obligado a separarse.

Según Kelly Kribs, abogada de la ONG por los derechos de los inmigrantes Young Center, la crisis de separaciones que se está desarrollando en la actualidad es aún más perversa. “Está provocando el mismo tipo de traumas que vimos desarrollarse allá por 2018”, dice Kribs, que ha trabajado durante años reagrupando a familias separadas por la política de tolerancia cero. “Pero la rapidez y magnitud de las separaciones de ahora han llegado a un nivel nunca antes visto”.

En los últimos meses, Kribs ha trabajado con progenitores detenidos o deportados lejos de sus hijos en Estados Unidos. Según un informe publicado a principios de 2026, el Gobierno está deportando a un número significativo de progenitores sin preguntarles antes si tienen hijos, ni darles la oportunidad de organizar su cuidado, en una aparente violación de sus propias políticas. Una vez que las familias quedan separadas, explica, por fronteras internacionales, reagruparlas puede resultar extraordinariamente difícil.

Es el caso del hondureño Oscar, de 32 años, deportado al país del que había huido después de que lo amenazara de muerte por su activismo ecologista. Pueden pasar meses o años antes de que pueda volver a estar con Ana, su esposa, y sus hijos de siete y nueve años, en Maryland. Él y su mujer habían solicitado asilo juntos, pero a él lo detuvieron durante una cita rutinaria, lo trasladaron a un centro de detención de Texas y lo deportaron. A Ana y a los niños sí se les concedió el asilo, y el abogado ha pedido que a Oscar se le permita la reagrupación familiar en EEUU. Pero el trámite de estas solicitudes tiene “retrasos dramáticos”, según la ONG International Refugee Assistance Project.

En Honduras, el plan de Oscar es vivir oculto el máximo tiempo posible, evitando salir del apartamento a la calle. “Papá va a volver pronto”, les dice a los niños cuando habla con ellos. Les pide que se porten bien por el bien de su madre, que recuerden que no los abandonó por voluntad propia, y que piensen que, tal vez, todo forma parte del plan de Dios. “Vamos a superar esto, eso lo sé”, les dice. “Creo en la voluntad de Dios y sé que podré volver con vosotros”.

Las cosas se complican todavía más cuando padres e hijos no comparten la misma nacionalidad. Kribs cuenta la experiencia reciente de un venezolano deportado a México por el Gobierno de Estados Unidos (uno de los muchos casos en los que la Administración envía a los inmigrantes a un tercer país que esté dispuesto a aceptarlos). El hijo del venezolano deportado había nacido en Colombia y se quedó en Estados Unidos. Lo primero que hizo Kribs para ayudarlos fue pedir que Estados Unidos deportara al niño a México, pero México se negaba a acogerlo. El padre tuvo que encontrar la manera de llegar a Colombia, donde finalmente pudo reunirse con su hijo tras dos meses de separación.

Uno de los muchos obstáculos que Kribs tuvo que vencer en ese caso, y en muchos otros, fue cómo ayudar a un niño pequeño a cruzar fronteras sin un acompañante. Por lo general, los familiares que asumen la tutela tras la deportación de los progenitores tampoco tienen los papeles en regla y no pueden viajar con el menor. Conseguir que un no familiar acompañe a los menores requiere documentación notarial para que no haya riesgo de que el adulto sea detenido por sospecha de tráfico de menores.

La compleja y siempre cambiante política internacional también puede influir en la dificultad o facilidad con que un niño puede obtener los documentos de viaje adecuados. Las políticas de las aerolíneas sobre viajes de niños sin un acompañante no son siempre iguales. Incluso si la aerolínea lo permite, puede ser un viaje aterrador para un niño pequeño. “¿Cómo se puede esperar que un niño de seis años pase por aduanas y por inmigración por su cuenta?”, pregunta Kribs.

Según Kribs, se cuentan por cientos las familias que enfrentan obstáculos de este tipo para la reagrupación, trabas mundanas y gigantescas a la vez. Son cientos las madres y padres que no saben cuándo volverán a abrazar a sus hijos. “Creo que en parte por eso a la gente le resulta más difícil comprender este problema: la separación de las familias es algo que está pasando todos los días alrededor nuestro por todo el país, y eso hace difícil considerarla una crisis puntual”, dice Kribs. “Se ha convertido en nuestra realidad cotidiana”.

Traducción de Francisco de Zárate.

En una habitación de Vallecas, una máquina de coser suena mientras hierve el té. Sobre la mesa, unos pantalones esperan a que alguien ajuste el bajo. Adel Fahmeh observa la tela con atención y niega con la cabeza. Desde el salón, su mujer Rowaida se ríe y le da la razón: no entienden por qué en España la gente deja que los pantalones arrastren por el suelo.

“Siempre hay que arreglar la ropa cuando se puede”, dice. A sus 72 años, este sastre de Jaramana (Siria) lleva más de seis décadas cosiendo. Unas calles más abajo, Angélica Marlene Silvais, modista de 53 años nacida en El Torno (Santa Cruz, Bolivia), enseña costura y patronaje a un grupo de vecinas del barrio. Es un proyecto autogestionado que ha puesto una máquina de coser en medio de un local compartido, donde varias personas aprenden a dar sus primeras puntadas.

A pocos kilómetros, en Lavapiés, Mariya Kulikovska apenas levanta la vista de la pila de ropa que se acumula sobre la mesa. Ajusta la goma de la cintura de una falda mientras atiende a una clienta que entra y sale con prisa. La modista de Ternopil (Ucrania), de 62 años, se despierta cada mañana a las seis para abrir su taller en el número 2 de la Calle Miguel Servet. “Cada vez es más difícil vivir de la costura en Madrid”, resume. Entre estas complicaciones, se vislumbra una realidad estructural: muchas de las personas que hoy sostienen el oficio en los barrios son migrantes.

Al cierre de abril de 2026, el número de afiliados extranjeros en España alcanzó un nuevo máximo histórico de 3.248.247 empleados, según el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social. La industria manufacturera, donde se engloba la industria textil, de confección y del cuero, marcó un hito en 2025 con un repunte destacado del 9,2%, colocándose entonces como uno de los nuevos motores de la ocupación para la población inmigrante. Este año, el crecimiento interanual general de la afiliación extranjera se ha estabilizado en torno al 7,9% a nivel nacional, según los datos del mes de marzo. Mientras la mano de obra foránea sigue aumentando en sectores más cualificados, especialmente en Telecomunicaciones y Programación, el grueso sigue concentrándose en los pilares tradicionales de la construcción y la hostelería.

Pese al incremento de la ocupación extranjera, la afiliación de la industria textil, de la confección y del cuero y el calzado ha caído en las últimas décadas. Actualmente, suman 124.314 personas afiliadas, nacionales y extranjeras, según los últimos datos de Seguridad Social. En 2005, superaban las 230.000. La tendencia es un descenso anual, en los últimos cinco años el sector ha perdido cerca de 5.000 empleos. Sin embargo, en medio de esa caída general, el trabajo autónomo es la única fórmula que crece. Actualmente, 23.338 personas trabajan por cuenta propia en el sector, casi una quinta parte del total. Una transformación que apunta a un cambio de modelo: menos empleo estable y más pequeños talleres sostenidos por una sola persona, como el de Mariya.

El cambio también tiene un marcado componente de género. La confección sigue siendo un ámbito claramente feminizado: más del doble de quienes trabajan en este segmento son mujeres –29.671 frente a 12.776 hombres–. Las cifras dibujan así una transformación silenciosa. El sector no desaparece, pero cambia de forma: pierde empleo en empresas y fábricas y se reorganiza en torno a encargos puntuales, negocios de proximidad y el aumento del autoempleo como única salida.

Aprender el oficio de la costura

A los nueve años, Adel cambió la carnicería en la que trabajaba por el hilo y la aguja. Jan Belanji, un sastre armenio del barrio que se había refugiado en Siria huyendo del genocidio, le enseñó el oficio y le regaló su primera máquina de coser. Con el tiempo abrió su propio taller en Jaramana: Al-Anik (“el elegante”). “La sastrería era entonces un oficio respetado”, recuerda. Hoy cose en una habitación de su casa.

Mariya aprendió en el colegio y en casa, con revistas de patrones que su madre le compraba cada mes. A los 12 años ya cosía sola. Más tarde trabajó en una fábrica textil cortando ropa interior. Llegó a coser por las noches mientras sus hijas dormían. Angélica empezó de forma parecida. Tenía 10 años cuando le dijo a su madre que quería dedicarse a la costura. Sin telas en casa, aprendió descosiendo los vestidos más viejos que encontraba. Con el tiempo estudió en una academia y trabajó durante 16 años en una fábrica de ropa vaquera. Entraba a las seis de la mañana y salía a las seis de la tarde. “Era un trabajo durísimo, pero saqué adelante a mi familia”, cuenta. Era una de las tres mujeres en un taller con más de 60 trabajadores.

Los tres aprendieron el oficio en sus países de origen y los tres migraron a España con la intención de seguir cosiendo. Adel llegó a Madrid como refugiado en 2017. Sin hablar español, recorrió las tiendas de la capital con un currículum que le escribieron sus hijos hasta que encontró trabajo en una tienda vintage del centro. Tras la pandemia, el local cerró.

En Vallecas, Adel se ha convertido en “el sastre del barrio”. Sus vecinos acuden a él para arreglos pequeños, ajustes o remiendos que realiza desde su habitación, con una máquina de coser rescatada de un viejo almacén de una iglesia. “No es rentable. La gente prefiere comprar ropa nueva. Es más barata. Si se muere esta profesión en España es porque los sastres no pueden competir con las grandes empresas”, cuenta.

Angélica intentó vivir de la costura a jornada completa, pero no lo logró. Migró a España en plena crisis de 2007. “Había muchos talleres en sótanos. Las condiciones eran muy duras, al principio estaba peor que en mi país”. Durante años cosió para grandes cadenas en jornadas de hasta 17 horas. Le pagaban por prenda: “20 céntimos por pieza”. Sin contrato y sin papeles, llegó a cobrar menos de 500 euros al mes. Lo dejó cuando una compañera sufrió un accidente laboral y fue despedida sin indemnización.

Situaciones como la que describe no son casos aislados. En abril de 2026, la Policía Nacional desmanteló un taller textil clandestino en Camp de Túria (Valencia) donde trabajaban 25 personas sin contrato ni alta en la Seguridad Social, la mayoría migrantes en situación administrativa irregular. Cumplían jornadas de más de 60 horas semanales por salarios en torno a los 1.000 euros mensuales, en un sistema que operaba para empresas del sector bajo apariencia de legalidad.

“Cuando cruzas el charco no hay vuelta atrás, aunque te duela”, dice. Desde entonces Angélica trabaja en el empleo del hogar y los cuidados. La costura quedó en un segundo plano, pero nunca la abandonó del todo. Hace arreglos para vecinas y amigas. Y ahora también enseña.

Mariya ha conseguido vivir de la costura. Migró a España en el año 2000 por motivos económicos. Como muchas mujeres, empezó en el trabajo del hogar y años después regresó a su oficio.Lleva dos décadas levantando la persiana del mismo taller. Cuando los antiguos dueños se jubilaron, ella tomó el relevo. Desde entonces, trabaja sola y apenas le alcanza para ahorrar. “Antes comprabas una cremallera por menos de dos euros. Ahora cuesta casi cuatro”. Como ella, más de 500.000 personas extranjeras son trabajadoras autónomas en España, según el Ministerio de Trabajo y Economía Social. En la costura, esto se traduce en talleres de una sola persona, ingresos inestables y escasa capacidad para contratar.

En este escenario, el proceso de regularización extraordinaria permitirá a miles de personas migrantes acceder al empleo formal, también como autónomas. Según estimaciones de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), alrededor del 14% de las personas regularizadas optaría por emprender, lo que podría traducirse en unas 70.000 nuevas altas en el régimen de autónomos. En sectores como la costura –donde predominan los pequeños talleres y el trabajo individual– esta vía puede resultar clave.

Un futuro incierto desde los barrios

El diagnóstico es compartido: el oficio está cambiando. “Antes se hacían trajes. Ahora se arreglan”, afirma Adel. “La ropa es de peor calidad. Y la gente prefiere comprar otra antes que arreglarla”, añade Mariya. La transformación responde a un cambio más profundo. El auge de la moda rápida ha abaratado los precios y reducido la calidad de las prendas. El resultado es una paradoja: nunca ha habido tanta ropa, pero cada vez hay menos profesionales que la repare.

Mariya lo ve en su día a día. Ha conseguido mantener una clientela fiel, incluso de antiguos vecinos que ya no viven en el barrio expulsados por la gentrificación. El boca a boca sigue funcionando, ahora también a través de internet. Según el Consejo Intertextil, el 85 % de las empresas textiles tienen menos de 10 trabajadores y casi la mitad (46,8 %) no tienen ninguno. Son negocios de una sola persona, como el suyo.

“Cuando me jubile, el taller cerrará. Nadie quiere ser costurera”, afirma. “Es un trabajo muy duro y la gente no quiere hacerlo. También faltan lugares para aprender”, sostiene.

Angélica, en cambio, ha conseguido sacar tiempo para enseñar costura y patronaje en el Nodo de Producción de Vallekas. Un proyecto de autogestión vecinal vinculado a la Despensa Solidaria e impulsado principalmente por mujeres migrantes y vecinas. “Primero aprenden a hacer su propio patrón. Hay más interés que antes. Pero no hay relevo real”.

Coser, mientras no falte pan y mantequilla

Adel vuelve a su máquina. El té se ha enfriado. Hace años fotografiaba cada prenda que terminaba. Ahora ya no, pero sigue cosiendo. El oficio exige algo que no se enseña rápido: “Tienes que entender el cuerpo. La forma de los hombros, la barriga…”, explica.

“Hay que ver los defectos de las personas, pero no decirlos nunca”, añade Mariya entre risas. Después de toda una vida cosiendo, le quedan tres años para jubilarse. El cansancio se acumula en la espalda, en la vista y en las manos. “Me da pena cerrar el taller. Pero ya no puedo más”. Aun así, hay algo que permanece: “Cuando veo a alguien por la calle con ropa que he arreglado, me hace sentir orgullosa. Mientras no falte pan y mantequilla, seguiremos cosiendo”.

Cada vez más talleres cierran, falta relevo y las condiciones laborales dificultan que nuevas generaciones se queden. Hoy, la costura aguanta silenciosa, sostenida en gran parte por manos migrantes que trabajan en los márgenes de la economía, entre la precariedad y la falta de reconocimiento. Un oficio que durante décadas vistió a la ciudad sobrevive ahora en habitaciones, pequeños locales y proyectos vecinales. Y que, si desaparece, lo hará sin hacer ruido.

Cuando un control policial paró el coche en el que viajaba, Mounir Meziat estaba a punto de pedir formalmente la regularización. El joven marroquí salió desde Altea (Alicante) para recoger a su primo y, juntos, ir al despacho de su abogada para registrar su solicitud. Tenía una cita confirmada y todos los documentos guardados en una carpeta, pero acabó encerrado en el Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) de Valencia por orden del juzgado de instancia número 4 de Benidorm, que aprobó su internamiento sin comprobar su arraigo en el país, una mala práctica recurrente denunciada por los expertos en inmigración. Allí espera su expulsión, prevista inicialmente para este jueves pero aplazada in extremis para el 21 de mayo, pese a que su defensa ya ha presentado en estos días su solicitud de regularización.

“No es justo. Estoy muy nervioso. Estaba a casi a cinco minutos de presentar mis papeles y me encierran para expulsarme”, explica Mounir por teléfono desde el centro de internamiento, donde son encerrados migrantes sin papeles para proceder a su expulsión. Desde el exterior, Yassim, su primo, dice seguir impactado por lo sucedido: “¿Cómo pueden llevárselo a él en ese momento? Tiene el expediente limpio, no tiene antecedentes, solo trabaja y estábamos a punto de llegar al despacho de mi abogada, donde teníamos la cita”, afirma el familiar.

El chico marroquí, quien ahora trabajaba como jornalero en el campo alicantino, fue enviado al CIE por orden judicial ante su supuesta falta de arraigo en el país, pese a llevar más de dos años en el país, estar empadronado en Altea y haber trabajado con contrato durante meses en un restaurante del pueblo alicantino mientras tenía papeles durante la tramitación de una petición de asilo. Tras perder su permiso de residencia, empezó a trabajar en el campo, por lo que se desplazaba por temporadas a la comarca de la Vega Baja del Segura, donde solía encontrar fincas donde necesitaban su mano de obra, especialmente en la campaña de la naranja.

El joven cumple con las condiciones de la regularización. Este medio ha revisado toda la documentación presentada por su abogado en la Oficina de Extranjería de Alicante, que confirma la carencia de antecedentes penales en su país, su vinculación laboral pasada y distintas pruebas que acreditan haber residido en España durante el tiempo exigido. “Tenía toda la documentación preparada e iba a entregarla para registrarla. Hasta el pago de la tasa”, dice Álvaro Vico, el abogado que trata de sacarle del CIE, quien finalmente se encargó de registrar su petición de regularización dos días después del internamiento de su cliente, que ha presentado un recurso al jugado que autorizó su encierro apelando al arraigo de su cliente. La Plataforma CIEs No Valencia ha pedido también la liberación del joven. “Otro joven que cumple los requisitos para regularizarse ha sido internado en el CIE de Zapadores y se le ha notificado que mañana será deportado a Marruecos”, denunció el colectivo.

El marroquí fue detenido el pasado 7 de mayo a las 12:45 por la Policía Nacional, según consta en el auto de internamiento al que ha tenido acceso elDiario.es. La magistrada del juzgado de instancia número 4 de Benidorm, Ana Isabel García-Galbis, autorizó su encierro argumentando la “falta de domicilio conocido”. De la “declaración obrante en autos”, sostiene la jueza, “no se desprende la existencia de elementos que haga pensar que no vaya a evadir la acción de la autoridad gubernamentativa frustrando el expediente de expulsión, porque no le consta trabajo ni domicilio conocido”.

Mounir Meziat está empadronado en Altea (Alicante) desde mayo de 2025, según consta en la documentación a la que ha accedido este medio. Hace solo dos semanas, cuenta su abogado, el joven estaba en Almoradí, el pueblo al que se mudaba temporalmente para buscar empleo en el campo. “Creemos que, cuando la jueza le preguntó por su domicilio, como acababa de volver, no supo decirlo o le daba miedo al estar trabajando allí de manera irregular”, explica el letrado, quien empezó a defender su caso después de la orden de internamiento.

Esta semana, Meziat recibió la notificación oficial de su expulsión prevista inicialmente para este jueves. Para ganar más tiempo y defender su arraigo en el país, el marroquí pidió asilo en el CIE como estrategia jurídica, dado que su solicitud será previsiblemente rechazada, ya que cuenta con un proceso anterior que resultó denegado. Tras recibir una queja por parte de Vico, el Defensor del Pueblo ha pedido información sobre el caso a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, por lo que esta gestión también ha podido influir en el aplazamiento del retorno para la semana que viene, según el letrado.

Según el Ministerio del Interior, tras haber recibido el aviso por parte del Defensor del Pueblo, el departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska ha solicitado información al Ministerio de Migraciones sobre la situación administrativa de Mounir Meziat y, por el momento, espera una respuesta.

El marroquí llegó a Ceuta a nado en agosto de 2024, donde solicitó asilo. Después de que su petición fuera admitida a trámite, el joven obtuvo el permiso de residencia temporal habitual durante la tramitación del procedimiento, explica el hombre. Con ese permiso, encontró un trabajo como ayudante de cocina en un restaurante de Altea, donde vivía con su primo, en marzo de 2025. “Allí trabajamos los dos, hasta que su documentación iba a caducar y le tuvieron que despedir”, explica su primo Yassim, preocupado por su familiar. Entre los papeles presentados para acogerse a la regularización extraordinaria, también está la carta de despido emitida por su antigua compañía, documento que confirma que el joven perdió su trabajo un día antes de la vigencia de su permiso provisional como solicitante de protección internacional, que no pudo renovar. En el escrito, los responsables explican su obligación “sobrevenida” de interrumpir su contrato por “la imposibilidad legal” de que Mounir continuase en su puesto debido a que iba a carecer “de autorización legal” y no había presentado hasta entonces un documento que acreditase su renovación.

El 17 de junio fue el último día que acudió al restaurante alemán en el que, durante cuatro meses, ayudó a cocinar las pizzas que pedían algunos de los miles de turistas que cada año recibe el pueblo alicantino. El día siguiente, su permiso de residencia caducó y Mounir se quedó en situación irregular. Desde entonces ha trabajado en empleos puntuales, especialmente en el campo. En las temporadas de mayor demanda de mano de obra agrícola, el joven suele mudarse temporalmente a la zona agrícola de Almoradí, en la provincia de Alicante, donde ha trabajado en las campañas de la naranja. En esos días, se junta con otros compañeros temporeros y pernocta en la zona, algo común en el personal agrícola temporal, especialmente en situación irregular. “Dos días antes de su detención, terminó su trabajo en Almoradí, para renatar los trámites para la regularización en Altea y presentarla”, dice su primo.

“Él vive en Altea, pero sabes que si estás irregular, tienes que comer. Él iba a Almoradí o a otras zonas para intentar trabajar, se apañaba con sus amigos para dormir, para trabajar y sobrevivir. Y si no consigue trabajo, volvía a Altea”, detalla su primo. El día de la detención, un amigo le estaba llevando en coche a Benidorm, donde se encontraba su primo, para recogerle y, juntos, ir a la cita con la abogada, ya que le estaba ayudando en el proceso de regularización. “Cuando salía de Altea, me llamó, diciendo que le iban a detener”, explica Yassim.

Con la intención de revocar la orden de internamiento, el letrado Álvaro Vico ha registrado un recurso de reforma ante el juzgado de instrucción número 4 de Benidorm el internamiento cautelar de Mounir “sobre la base de una supuesta situación de riesgo de incomparecencia y frustración de la expulsión”. El abogado recuerda que, mientras que la magistrada indica que “no le consta trabajo ni domicilio conocido” dicha afirmación “resulta manifiestamente incompleta y contradicha por la documentación obrante”. Para acreditar su afirmación, Vico ha adjuntado los documentos de empadronamiento, la asignación del número de la Seguridad Social, su contrato de trabajo extinto, copia de la tarjeta sanitaria y el certificado que demuestra la inexistencia de antecedentes penales en su país.

“Debe recordarse que esta parte ha aportado abundante documentación acreditativa de arraigo social, laboral, sanitario y administrativo en España, así como acreditación de la reciente formalización de solicitud de regularización extraordinaria, concurriendo circunstancias plenamente incompatibles con una ejecución automática e inmediata de la expulsión”, indica un escrito enviado por el abogado al juzgado este mismo miércoles, tras el susto de la notificación de retorno que finalmente fue pospuesta.

El caso de Mounir Meziat, como tantos otros, refleja una sucesión de varios abusos y errores del sistema en cadena, desde la dificultad para realizar ciertos trámites, como su detención policial, una asistencia jurídica deficitaria y el “automatismo” de muchos jueces de instrucción a la hora de decretar los internamientos en los CIE, según analiza Jesús Mancilla, abogado de Algeciras Acoge, en declaraciones recientes a elDiario.es. Este medio ha publicado los casos de Omar y Oussmane, dos jóvenes marroquíes con arraigo que fueron ingresados en un CIE a las puertas del proceso de regularización, cuando cumplían con los requisitos. Tras su publicación, ambos fueron finalmente liberados, pero los expertos se preguntan qué pasará con todos aquellos que no hayan tenido acceso a la prensa o a una ONG que denuncie su caso.

En 2024, un informe de Amnistía Internacional cuestionó el “automatismo por parte de los jueces” al decretar el internamiento en un CIE. Según concluyó la ONG, “el juez o jueza de instrucción, así como la fiscalía, tienden a seguir casi en exclusiva el criterio policial en vez de realizar una valoración propia a la luz de todas las circunstancias”. En la mayoría de los juzgados “se tira de modelo de auto de internamiento, sin analizar más allá los requisitos legales, el caso por caso”, concluyó la investigación. La organización también denunció “la falta de representación letrada adecuada y de calidad que permita a las personas privadas libertad una tutela judicial efectiva que visibilice aquellas circunstancias o situaciones de vulnerabilidad que pueden ser clave para oponerse a una medida de internamiento”.

La explosión arrasó la sala de máquinas del petrolero MKD Vyom sin previo aviso la mañana del 1 de marzo. “Hubo unas ondas de choque inmensas y una bola de fuego”, cuenta Basis (nombre ficticio), un marinero a bordo de uno de los primeros barcos en sufrir un ataque mortal en el golfo de Omán durante los bombardeos aéreos de Estados Unidos e Israel contra Irán.

“Durante uno o dos segundos, me quedé inconsciente”, cuenta. “Todo era oscuridad. Se fue la luz. Al levantar la vista, el fuego y el humo negro espeso lo cubrían todo”.

Conmocionado por la explosión, intentó entender lo que estaba pasando, antes de darse cuenta de que tenía que escapar, y rápido. “La sala de máquinas había quedado destruida. Había tuberías metálicas, cubiertas aislantes y tanques destrozados. Una puerta cortafuegos maciza de dos centímetros de grosor, ventanas de cristal... ¡pum!, todo desaparecido”, dice. “Pensé: 'Estoy vivo. Tengo que salir de aquí”.

El testimonio de Basis a The Guardian expone con todo detalle las aterradoras experiencias vividas por las tripulaciones de los buques que se encuentran en el centro de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

Dice que él es “uno de los afortunados”: sobrevivió a un incidente del que no todos salieron con vida.

Asfixia y silencio

El petrolero MKD Vyom, con bandera de las Islas Marshall, se dirigía a Ras Tanura, en Arabia Saudí, desde Ámsterdam a través del estrecho de Ormuz. En medio de la escalada del conflicto, se ordenó al barco que se detuviera, informara de cualquier cosa sospechosa y esperara nuevas instrucciones, cuenta Basis.

A más de 100 millas de Irán, “muy lejos” del estrecho y sin barcos cerca, nadie estaba excesivamente preocupado, relata.

Para entonces, Basis no tenía ni idea de que, dos horas antes de que el MKD Vyom fuera alcanzado, otro petrolero, el Skylight, había sido atacado, causando la muerte de un tripulante y dejando a otro desaparecido.

Estuve a punto de perder el conocimiento por la asfixia dos o tres veces. Pero pensé: 'Si me desmayo, moriré". Creo que Dios me ayudó, porque no sé de dónde saqué el valor

Basis

Recuerda cómo, a pesar de estar a punto de asfixiarse por el espeso humo negro que le quemaba la garganta y los pulmones, su entrenamiento y su familiaridad con el buque se impusieron. En completa oscuridad, de alguna manera encontró la salida y las escaleras y se arrastró hasta el puente. “Estuve a punto de perder el conocimiento por la asfixia dos o tres veces. Pero pensé: 'Si me desmayo, moriré”. Creo que Dios me ayudó, porque no sé de dónde saqué el valor“.

En cubierta, un silencio misterioso envolvía el barco. “Un barco en marcha está vivo, se nota, siempre hay ruido. Pero se habría podido oír caer un alfiler. Reinaba una gran calma. El océano también estaba en calma, sin viento”.

La muerte de Dixit

Fue entonces cuando se enteró de que su “querido compañero” y “buen amigo de todos”, Dixit Solanki, de 32 años, un engrasador de Bombay (India), seguía desaparecido, probablemente en la sala de máquinas, donde el fuego seguía ardiendo con fuerza.

Para encontrarlo en un barco sin suministro eléctrico y con el motor dañado, la tripulación de 21 personas, compuesta por ucranianos, indios y bangladesíes, tuvo que luchar contra las llamas con solo extintores y arena.

Algunos comenzaron a bajar cubos por la borda del buque hasta el mar, sacando agua de mar a mano, en un intento cada vez más desesperado por controlar el incendio.

Se tardó cuatro horas en extinguir el fuego antes de que pudiera comenzar la operación de rescate. Pero, a pesar de sus mejores esfuerzos, ya era demasiado tarde. Basis y otro miembro de la tripulación encontraron a su compañero muerto, tendido bajo los restos de metal retorcido en la sala de máquinas.

“Hicimos todo lo posible por recuperar su cuerpo, por nosotros y por su familia”, afirma Basis. Pero se produjo un segundo incendio y el fuego comenzó a propagarse a través de los tanques de combustible rotos.

Aplicamos nuestro entrenamiento y combatimos el fuego. Pero sentimos que habíamos fracasado

Basis

Con una carga de 60.000 toneladas de gasolina a bordo, la situación se había vuelto crítica. “Si el fuego se propagaba y llegaba a la zona de la carga, todos habríamos desaparecido”, afirma. Poco después, el capitán dio la orden de abandonar el barco.

“Abandonar el buque, dejando atrás a un compañero atrapado en la sala de máquinas, fue insoportable”, dice Basis. “Aplicamos nuestro entrenamiento y combatimos el fuego. Pero sentimos que habíamos fracasado”.

El pasado jueves, Amratlal Gokal Solanki, de 64 años, dijo que su hijo Dixit era su “héroe”. El marinero era “tranquilo, trabajador y un caballero”, siempre dispuesto a ayudar a los demás, “por muy cansado que estuviera tras largas horas en el mar”, dijo su padre. “No era solo un marinero: era hijo, protector y el corazón de la familia. Su pérdida ha dejado un vacío que nunca podrá llenarse del todo”.

Solanki, marinero jubilado, afirmó que los gobiernos y las compañías navieras deben hacer más para proteger a las tripulaciones de los buques que atraviesan zonas de conflicto: “Ningún marinero debería tener que temer por su vida simplemente por hacer su trabajo”.

20.000 marineros varados

La familia de Ashish Kumar, de Bihar, que era el capitán del Skylight —el buque que fue alcanzado horas antes que el Vyom—, no ha sabido nada de él desde antes del ataque, pero se niega a creer que haya fallecido. Ansu Kumari, su esposa, dice que no puede aceptar que haya fallecido. “Se van al extranjero para labrarse un futuro. Si ocurre algo así, las familias quedan destrozadas. Tengo plena confianza en que está atrapado en algún lugar. Sin duda volverá”, afirma.

Desde el 1 de marzo, 10 marineros han perdido la vida en el estrecho de Ormuz y en la región en general, en 32 ataques contra buques. No es habitual que los marinos, que a menudo no están afiliados a sindicatos y temen ser incluidos en listas negras por armadores sin escrúpulos, alcen la voz.

Después de que Basis y la tripulación fueran rescatados por otro buque, la empresa gestora del barco organizó su alojamiento en Omán, donde recibieron asesoramiento y tratamiento médico. Fueron enviados a casa el 4 de marzo.

Diez semanas después de su terrible experiencia, Basis subraya que habla en su propio nombre, y no en el de su empresa ni en el de ningún otro miembro de la tripulación, para poner de relieve la difícil situación de los 20.000 marineros inocentes que siguen varados en unos 800 buques en el estrecho de Ormuz, sin poder escapar.

Otros buques se encuentran fondeados en puertos cercanos. La vía marítima, que normalmente transporta una quinta parte del suministro diario mundial de petróleo y gas licuado, ha estado prácticamente cerrada desde que Estados Unidos e Israel lanzaron los primeros ataques contra Irán el 28 de febrero.

Mis compañeros están sufriendo. (...) Están atrapados, peor que prisioneros, sin comunicación, con comida y agua limitadas

Basis

A salvo en casa con su familia, sus pensamientos vuelven a menudo a sus compañeros marineros en el golfo, que han quedado a merced de una prolongada crisis geopolítica que, a pesar del alto el fuego, no da señales de resolverse pronto.

“Mis compañeros están sufriendo”, afirma. “Están atrapados, peor que prisioneros, sin comunicación, con comida y agua limitadas”.

“Son víctimas inocentes”

Haciéndose eco de las palabras del secretario general de la ONU, António Guterres, quien pidió la puesta en marcha de un plan coordinado para evacuar a los marineros, Basis insta a los países a sentarse a la mesa y acordar la mejor manera de llevar a casa a los marineros atrapados.

“Ha llegado el momento de que todos los Estados miembros del sector marítimo hagan lo que sea necesario para que nuestros marinos puedan escapar del estrecho de Ormuz”, afirma Basis. “Son las personas que mantuvieron en marcha la economía mundial durante la pandemia. Son víctimas inocentes”.

Cuando hablas con un hombre de 45 años con familia y está llorando, diciendo 'mi vida está en tus manos', pero no puedes prometerle ninguna solución, es una situación difícil

Mohamed Arrachedi — Federación Internacional de Trabajadores del Transporte (ITF)

Desde que comenzó el conflicto el 28 de febrero, la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte (ITF) ha visto cómo se multiplicaba por diez el número de marinos que necesitan ayuda, pasando de 200 a 2.000 casos.

Mohamed Arrachedi, coordinador de la ITF para el mundo árabe e Irán sobre pabellones de conveniencia, afirma que tiene 70 mensajes de WhatsApp que requieren atención inmediata. La mayoría quiere ser repatriada, lejos de las zonas de conflicto; otros reclaman salarios impagados, incluidos casos en los que han sido abandonados por los armadores, y otros denuncian la escasez de alimentos. Según él, su angustia es cada vez mayor.

“Cuando hablas con un hombre de 45 años con familia y está llorando, diciendo 'mi vida está en tus manos', pero no puedes prometerle ninguna solución, es una situación difícil”, dice Arrachedi.

“Los marinos le están diciendo al mundo que sus vidas están en peligro. Necesitan protección. Todos los gobiernos deben unirse y encontrar una solución”, añade.

V Ships Asia, la empresa gestora del MKD Vyom, afirma que el incidente tuvo como triste consecuencia la muerte de un “miembro de la tripulación muy apreciado”.

Una tarjeta plastificada asoma entre los documentos que Abdeluadud Mohamed conserva desde hace más de 50 años. En la fotografía, un hombre atractivo, de 23 años y cabello oscuro, posa con sonrisa ladeada. Parece orgulloso de haber conseguido un empleo en la mayor empresa española en el Sáhara Occidental, la mina de fosfatos de Fosbucraa. Su gesto transmite el brío de quien da los primeros pasos en una carrera bien encaminada: un empleo en nómina, derecho a la Seguridad Social, un buen sueldo como peón de mecánica y condiciones regidas por la normativa de España en la que era su provincia número 53. 

Medio siglo después de utilizar esa tarjeta para entrar en la mina, Abdeluadud, sentado en una jaima levantada sobre el desierto argelino, le cuesta reconocerse en el joven que fue, pero lo reivindica. “No siempre fui así, no siempre tuve este aspecto, ni esta vida. Tenía bastante dinero, vivía desahogado, vestía bien, trabajaba en la mejor empresa que podía trabajar”, describe el mismo hombre de la imagen, de pelo canoso, rostro ajado y unas gafas que ocultan el ojo perdido por el impacto de una mina antipersona. A sus 73 años, tras una espera interminable en los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf, el hombre ve en esa fotografía una vida arrebatada por la ocupación marroquí, pero también el abandono de los trabajadores saharauis, cuando la abrupta retirada de la empresa pública española les dejó atrás sin indemnización ni reconocimiento de sus derechos laborales. 

En su caso, el abandono de la que era —y sigue siendo a ojos de la ONU— la potencia administradora del Sáhara Occidental va más allá de la cesión ilegal del territorio a Marruecos. Para quienes trabajaban para empresas españolas, la salida supuso también la vulneración de sus derechos laborales, quienes en su mayoría, pese a estar contratados y amparados bajo la normativa española, no recibieron indemnización alguna ni han recibido pensión en caso de corresponderles. Uno de los colectivos más afectados por esta situación son los saharauis empleados por Fosbucraa, la empresa dedicada a la explotación a cielo abierto de fosfatos en la mina de Bucraa (Sáhara Occidental). 

La compañía, fundada en 1962, fue impulsada por el Instituto Nacional de Industria durante el franquismo. Durante sus primeros años, los trabajos se centraron en la investigación de los yacimientos de fosfatos, descubiertos por un geólogo toledano, y la construcción de la infraestructura, que incluía una cinta transportadora de más de 100 kilómetros de largo, la más larga del mundo, para desplazar miles de toneladas de roca fosfórica por hora hasta el puerto de El Aaiún, donde finalizaba la cinta con un cargadero que se internaba tres kilómetros en el mar para su exportación. A partir de 1972 inició su explotación, que se mantuvo bajo control español hasta 1976, que pasó a manos de Marruecos a través de una sociedad estatal. 

La tarjeta de identificación laboral de Adeluadud demuestra junto a otros documentos su vinculación laboral con la empresa. Entre los papeles que guarda está un documento oficial, sellado por el ayuntamiento de El Aaiún, que certifica su residencia en la ciudad; una tarjeta de asistencia sanitaria; y una de las nóminas recibidas por la compañía minera, un largo y estrecho papel amarillo, escrito íntegramente en español. Las cantidades son recogidas en la moneda vigente hasta 1976 en el Sáhara Occidental: las pesetas y todo está escrito en castellano, el idioma oficial de entonces. Con toda esa documentación, el saharaui intenta desde hace décadas reclamar su derecho a una compensación económica como trabajador de la empresa. 

Su lucha es compartida con los cerca de 2.000 trabajadores saharauis de Fosbucraa que, según calculó Comisiones Obreras y UGT, trabajaron para empresas españolas antes de la ocupación marroquí. Tras un trabajo de casi una década, ambos sindicatos españoles y la organización saharaui UGTsario, alcanzaron en 2011 un acuerdo con el Gobierno español para indemnizarles. Durante los últimos meses de mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, su Ejecutivo aprobó una reforma de la Ley de Seguridad Social que incluía un primer paso para cumplir su compromiso.

Una ley incumplida

“El Gobierno, en el plazo de dos meses, presentará a la Comisión de Trabajo e Inmigración un informe que recoja una relación de las personas saharauis que trabajaban en empresas españolas el 26 de febrero de 1976, momento en el que España se retiró del Sáhara Occidental. Aparte de las personas trabajadoras afectadas, este informe incluirá el coste, su fórmula de articulación y los plazos”, indica la norma publicada en el BOE en agosto de 2011. El plazo de dos meses expiró, como también han transcurrido casi 15 años sin que ni siquiera se hayan empezado los trámites oficiales para reparar a estos trabajadores. Aunque muchos habrán fallecido sin ver su derecho reconocido, otros, repartidos entre los territorios ocupados y los liberados, continúan reclamando lo que consideran suyo.

Los turnos en la empresa consistían en tres días trabajados y cuatro de descanso. El 6 de noviembre de 1975, Abdeluadud Mohamed disfrutaba de las jornadas de libranza en su ciudad, El Aaiún, cuando Marruecos inició la invasión de la entonces colonia española a través de la llamada ‘Marcha Verde’. Ningún superior se puso en contacto con él, nadie le advirtió del proceder de la empresa a partir de entonces. “Simplemente, se fueron”, explica el saharaui. El joven, temeroso de posibles represalias marroquíes, huyó a Argelia, donde los refugiados levantaron varios campamentos temporales que permanecen 50 años después, donde Abdeluadud vive desde entonces a la espera de la convocatoria del referéndum de autodeterminación exigido por la ONU.

“Estoy muy enfadado con lo que hicieron los españoles. Ni siquiera nos han dado una indemnización a los trabajadores de Fosbucraa. No nos han reconocido nada”, dice el hombre, resguardado del sol bajo una jaima desplegada en el campamento de Auserd, durante la celebración del Festival de Cine del Sáhara Occidental (FiSáhara). Él vive en otro campamento, a media hora de distancia, y se ha desplazado hasta aquí, con su carpeta de documentos, para explicar su situación a elDiario.es y tratar de abrir una puerta al reconocimiento de su derecho. 

“Ellos son los que se han ido. No nosotros. Yo tenía un contrato, estaba en nómina y nunca firmé un despido ni la cancelación del contrato. ¿Dónde están las leyes españolas de las que hablan? ¿Dónde está la humanidad?”, se queja el señor, quien en los últimos años dice tener aún mayor necesidad de recibir la compensación económica que considera suya: “Somos muchos los que reclamamos nuestros derechos. Hay que conseguirlo. Sobre todo a esta edad, que lo necesitamos”.  

Cuando este medio pregunta al mecánico saharaui si ha intentado solicitar este derecho por alguna vía formal, Adeluadud responde con otra pregunta, que atina de lleno en el diagnóstico del bloqueo de su situación: “¿Cuál es la puerta abierta para solicitarlo?”, se pregunta el anciano, con la misma sonrisa ladeada que lucía en los 70, pero más envejecida.

“Es cierto”, confirma Alejandra Ortega Fuentes, responsable para países árabes, África y Asia de CCOO, quien lleva décadas pidiendo a las distintas autoridades españolas el reconocimiento de sus derechos laborales. “A día de hoy, no existe ninguna puerta para solicitarlo. Eso es lo que falta: el informe y la creación del procedimiento. Y así llevamos más de diez años”, indica.

La batalla sindical que quedó bloqueada

En los años de batalla sindical, actualmente con bajo fuelle, el objetivo inicial era lograr la concesión de una pensión para los extrabajadores saharauis de Fosbucraa que alcanzasen la jubilación. “A partir del año 2003, y de manera sistematizada, se enviaron las documentaciones que demostraban y avalaban la pérdida de estos derechos. Se logró enviar más de 3.000 expedientes. Una vez informatizados los archivos de la Seguridad Social se empezaron a recibir contestaciones que concluían, en la mayoría de los casos, que los trabajadores no habían trabajado suficiente tiempo como para generar derecho a obtener una pensión”, recoge CCOO en un informe publicado en 2016. 

Después de intentar sin éxito obtener “una concesión de una pensión mínima no contributiva a los trabajadores saharauis” que demostraran la relación laboral que tuvieron con empresas españolas en el Sáhara. Las negativas y complicaciones burocráticas con las que se chocaron Zapatero, empujó a los sindicatos plantear una vía de compensación de mínimos: la obtención de una indemnización única. Para ello, sostiene CCOO, no hacía falta una ley, pero sí “realizar un informe que pudiera avalar el cálculo de estas posibles indemnizaciones”. Esta es la opción que acabó aceptando el Gobierno, como quedó reflejado en una disposición adicional de la Ley de Seguridad Social, aprobada en el BOE en 2011. 

elDiario.es ha preguntado al Ministerio de Seguridad Social y al de Trabajo sobre cuál es la razón de no haber actuado sobre este asunto pendiente hasta el momento y si han recibido las peticiones de los sindicatos al respecto, pero por el momento no ha recibido respuesta, aunque aseguran que lo estudiarán y contestarán próximamente.

“Han pasado más de 10 años y no se ha avanzado nada desde entonces”, dice a elDiario.es Ortega Fuentes. “El Gobierno de España no ha realizado todavía un informe que debía haberse presentado en dos meses a partir de la fecha de publicación en el BOE”, indica la sindicalista, que asegura que durante este tiempo se han enviado cartas a los distintos equipos de gobierno sin haber recibido una respuesta por escrito. “En algunas ocasiones se han alegado dificultades técnicas, y en otras, sin alegar nada”, recogía ya su informe de 2016. Diez años después de la publicación del documento, el sindicato confirma con cierta vergüenza que el texto apenas requiere de actualización: “Todo está bloqueado”.

No soy una Malinche en el metro. Si hoy les escribo en español es porque en mi familia materna, en algún momento, se perdió la posibilidad de hablar en una lengua que la descartaba como mexicana y la convertía en otra cosa. Y digo “cosa” porque así se ha visto a las personas indígenas, a quienes incluso hoy se les sigue negando la posibilidad de narrar su historia, prueba viva de que los Estados oprimen y buscan borrar a quien difiere de su relato nacional.

Además, si hoy les escribo desde España es porque mi padre, parido aquí por azar, es quien me dio el privilegio –porque para muchas no es un derecho– de vivir y ser de Madrid. Y no lo digo con el orgullo de quien nos gobierna, sino con la responsabilidad de quien quiere que los habitantes de esta ciudad no tengamos que sentirnos culpables por nuestros acentos, nuestros rostros ni nuestros orígenes, atravesados por la colonialidad que cínicamente buscan justificar mediante el amor.

Para Isabel Díaz Ayuso, mujeres como yo somos “malinches en el metro, en las calles, en los colegios”, que hacemos que se sienta “profundamente orgullosa”. Pero somos mujeres a las que, como a Malintzin, además de uniformizar nuestros orígenes, nos quiere instrumentalizar para validar su odio a la migración, pero también su hambre de colonia, como lo ha hecho México y como lo ha hecho España. Para Ayuso, las personas como yo somos su sueño húmedo: hijas de español y mexicana. Pero podemos ser también su quebradero de cabeza. No queremos su mestizaje. No queremos ser Martines y Martinas Cortés a su medida. Somos personas que tenemos muy claro que jamás justificaremos mediante el amor individual que se borre la herida colectiva colonial. Queremos curarla y, para eso, hay que ser críticas hasta los huesos.

Para Ayuso, las personas como yo somos su sueño húmedo: hijas de español y mexicana. Pero podemos ser también su quebradero de cabeza. No queremos su mestizaje. No queremos ser Martines y Martinas Cortés a su medida

Si pensó que sería cortés con el comentario, se olvidó que entonces, como ahora, Malinche, Malintzin, Marina –para que no le quepa duda en castellano– fue una mujer que, como las del presente, hizo lo que pudo para sobrevivir en un sistema patriarcal, racista y opresor antes de poderlo nombrar así, con los añadidos de que fue vendida como esclava pese a que su trabajo como intérprete es lo que le valió el inmerecido título de traidora de una patria inexistente.

Y si la presidenta de la Comunidad de Madrid admirara tanto a Malinche, tendría la decencia de escuchar y leer a las mujeres indígenas que desde el territorio que hoy conoce el mundo como México siguen poniendo en jaque los relatos coloniales de los que ella pretende engrandecerse. Tampoco ayudaría a su amigo Nacho Cano a lucrarse con una historia que romantiza en nombre de Malinche la esclavitud, la evangelización y la masacre de quienes nos habrían precedido, de no ser por el exterminio, y cuya producción musical está aupada por la Fundación Hispanojudía y por el empresario Ricardo Salinas Pliego (quien también puso pasta para ver a Cortés, a quien tiene una devoción desmedida, en la pantalla de su tele). Olor a Israel y a deudores fiscales, como los que le gustan a Ayuso.

Visto desde una perspectiva estatista, el viaje de Isabel Díaz Ayuso a México se entiende como un tambaleo a la política exterior de España, que para quienes sólo se centran en los Gobiernos se reduce al intento de restablecimiento de relaciones tras las demandas de perdón hechas por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y continuadas por la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, por la conquista. Desde una perspectiva madrileña o española (acuérdense, Madrid es España dentro de España) de este lado del Charco, Ayuso es un titular a cinco columnas, mientras que en México es tan chiquita que se han escrito artículos como para explicarle a ella misma de quién se habla para enterarse de que una política madrileña tuvo la idea de ir a rendir homenaje a Hernán Cortés.

Desde una perspectiva madrileña o española de este lado del Charco, Ayuso es un titular a cinco columnas, mientras que en México es tan chiquita que se han escrito artículos para explicar que una política madrileña tuvo la idea de ir a rendir homenaje a Hernán Cortés

Precisamente a Hernán Cortés, un hombre que ya en su época fue cuestionado por la monarquía española de entonces y que ni siquiera los miembros de la derecha mexicana que invitaron a Ayuso tienen ganas de reivindicar. Sin embargo, esa oposición, que se agarra como puede a cualquier símbolo que parezca antagonista de Sheinbaum y sus aliados, está también dándose cuenta de que invitaron a la persona equivocada si lo que querían era construir alianzas. En la idea de una internacional formada por Ayuso, Trump, Milei y sus minions, no dejan de existir lógicas de subordinación. En la derecha, del Río Bravo para abajo, también hay jerarquías.

Como “la colonización han sido cinco siglos de amor, no cinco siglos de odio”, la política madrileña jamás se habría planteado ir, por ejemplo, a Malabo, para hablar de sus aspiraciones de su proyecto de continuidad colonial, pues todo este ruido necesita de un contexto para ser dirigido al actual Gobierno español. Para empezar, porque sus menos lúcidos seguidores si leen Obiang son capaces de leer Noboa, por eso de que siguen confundiéndose en la línea ecuatorial pese a su orgullo colonial.

Ayuso quiso ir a México a esparcir su discurso de la hispanidad porque sabe que el extinto Distrito Federal es un altavoz regional para cualquiera que le eche muchas ganas en predicar. Pero allí sus proclamas no se dirigían a los mexicanos, a los que no les quedó más remedio que reírse o enchilarse ante lo que decía sobre la conquista si les tocó escucharla, sino a su electorado, español de nacimiento y por convicción. Aunque Rubí se vio en muchas de las televisiones del continente, esa lógica de difusión no le funcionará en Latinoamérica como ella quiere. Ayuso se metió con la conquista y de ahí no hay quien salga bien parado.

Desde que López Obrador puso el tema del perdón por la conquista sobre la mesa, las negativas de siquiera dialogar siempre venían desde España, hasta que por fin se dieron esos tímidos amagos del rey y del ministro de Exteriores por reconocer que hubo abusos. Pero lo que dicen mis Gobiernos no representa lo que mis pueblos sienten.

No son dos relatos los que se disputan, por eso es tan complicado siquiera dialogar. ¿Cómo puede haber reconciliación si nadie reconoce, heredero o no de quien las ejecuta, las atrocidades de la colonia?

En estas mismas fechas, hace cinco años, un barco tripulado por integrantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, aquellos indígenas que le declararon la guerra al Estado mexicano y al olvido, viajaba hacia Europa para recordar que a los pueblos indígenas no los habían conquistado porque seguían en pie de lucha. Y rompieron, una vez más, el relato nacional mexicano, empeñado en construir una historia mediante el mestizaje, que para Ayuso es “el mensaje de la esperanza y la alegría”. Y tan esperanzador él, tan alegre, borró cualquier forma de diversidad que cuestionase la nación. Esencialmente, a las personas indígenas y afrodescendientes.

Por eso defendían los zapatistas que “ni el Estado Español ni la Iglesia Católica tienen que pedirnos perdón de nada. No nos haremos eco de los farsantes que se montan sobre nuestra sangre y así esconden que tienen las manos manchadas de ella”, porque los Gobiernos a ambos lados del Atlántico se han empeñado en hacer un único relato que obvie las atrocidades de ayer y de hoy. No son dos relatos los que se disputan, por eso es tan complicado siquiera dialogar. ¿Cómo puede haber reconciliación si nadie reconoce, heredero o no de quien las ejecuta, las atrocidades de la colonia?

Y aún así, el conservador Partido Acción Nacional tuvo a bien darle a Ayuso, en Aguascalientes, la Medalla de la Libertad del Congreso por su “lucha en favor de las libertades, la democracia y la libertad cultural”. Bajo ese laureamiento, si algo comparten el PAN e IDA es la idea de que las derechas son para todos, pero los derechos no. Porque si esa hispanidad que tanto defiende Ayuso se tratara de derechos y no de eslóganes, dudo que vocearía menos su filia por el 12 de octubre.

Si Ayuso pretendía conquistar corazones en México sacando a bailar a los huesitos de Hernán Cortés en su fiesta a la que se coló con Nacho Cano, no le va a salir bien

En Madrid cabrán todos los acentos del español, pero todavía no cabemos las personas que lo hablamos, vengamos de donde vengamos. Eso queda claro con las trabas para solicitar todo lo necesario para la regularización extraordinaria de personas migrantes, actitud de la que tampoco se libran en la izquierda, que no está exenta de ser colonial.

No hizo falta ni la mitad del tiempo que Ayuso tenía previsto en su viaje para darse cuenta de que calculó mal, pues el suelo que estaba pisando para nada es blandito con ella. Sintiéndose “en peligro”, acusando a Sheinbaum de “expulsarla” y del boicot a sus eventos, decidió de imprevisto finalizar su gira. Ni falta hizo aplicarle el 33. Ella solita se fue por donde vino sin mediar el artículo constitucional contra el entrometimiento de los extranjeros en la vida política del país. En un comunicado dicen que es un hecho sin precedentes “contra un representante del Estado español”, ahora sí bien defensora de su tierriña. 

Si Ayuso pretendía conquistar corazones en México sacando a bailar a los huesitos de Hernán Cortés en su fiesta a la que se coló con Nacho Cano, no le va a salir bien. Menos porque, mientras que ella presume de que el español es “la lengua materna más universal que existe”, en el mundo es asesinada una lengua cada catorce días, según estima la UNESCO. Y menos cuando Ayuso es incapaz de llamar a las cosas por su nombre, como hace con México, que no Méjico. Por eso, si el exterminio, las violaciones, el borrado de la memoria y el saqueo son para ella un vínculo que durante 500 años se ha construido en el amor, pues, por favor, asuma que xugó con fuego. Dexe de xoder y xustificar con tanto amor sus acciones, señora Ayuso. 

El público dibuja un colorido manto de melfas frente a la pantalla que está punto de apagarse hasta el año que viene. Sobre las enormes alfombras desplegadas en la arena árida del campamento de refugiados saharauis de Auserd (Tindouf) apenas queda un hueco libre y las siluetas aplauden tras escuchar el nombre de la película ganadora del Festival de Cine del Sáhara Occidental (FiSahara): Todo lo que fuimos. En el camión, convertido en el epicentro de cinco días de proyecciones, aparece por sorpresa la imagen de Javier Barden, uno de los productores ejecutivos del filme, habitual aliado de la causa saharaui siguiendo la estela de su madre, Pilar Bardem. 

Su rostro irrumpe en medio del desierto argelino, ante la mirada de decenas de refugiados saharauis y visitantes internacionales, para agradecer el galardón y dedicar unas palabras a quienes acumulan 50 años de espera en el exilio tras la ocupación marroquí de la excolonia española. Todo el público estaba pendiente de sus palabras, pero él solo se dirigía a los protagonistas de este particular festival: “Seguimos con vosotros”, arrancó tras una emotiva presentación del también actor Willy Toledo, quien durante los últimos días ha tratado de hacer posible la presencia en remoto de Bardem.

“Pese al abandono de todos los gobernantes de España, incluido Pedro Sánchez, que en el año 2022 volvió a abandonar al pueblo saharaui con esa traición (en referencia al cambio de posición de su Gobierno sobre el Sáhara Occidental)”, continuó Bardem. “El hecho de que este festival exista recuerda que estais y que nosotros somos vuestros hermanos. España es la potencia administradora del Sáhara Occidental y los españoles tenemos que cuidar de vosotros”, añadió, respondido por un aplauso en su mención a la responsabilidad de España en el proceso de descolonización inconcluso. 

“Sois un ejemplo de dignidad y tenéis a toda la sociedad española al lado. A toda. Los gobernantes no nos representan”, ha afirmado Bardem, quien ha afirmado sentirse “emocionado” durante la conexión en directo con el desierto argelino, que logra realizarse pese a las dificultades de conexión ligadas a las condiciones del campo de refugiados. 

Según la ONU, España sigue siendo la potencia administradora del Sáhara Occidental, por no haber finalizado el proceso de descolonización tras la ocupación marroquí y el abandono por parte de España de su excolonia en los Acuerdos Tripartitos de Madrid, ilegales a ojos de las Naciones Unidas, firmados durante los últimos coletazos del franquismo. 

La cinta ganadora, Todo lo que fuimos, es un drama épico dirigido por Cherien Dabis que relata la historia de una familia palestina a través de tres generaciones, en un recorrido desde la Nakba de 1948 hasta la década de 2020. Bardem ha sido un firme defensor de la causa palestina y ha denunciado públicamente la situación en Gaza, alineándose con el mensaje de la película vencedora en la última edición del FiSahara, que este año ha reivindicado el derecho al regreao del pueblo saharaui a su tierra, coincidiendo con el 50 aniversario de la creación de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD). 

El segundo puesto del galardón fue para el filme Mariem, dirigido por Javier Corcuera sobre la cantante saharaui Mariem Hassan. En tercer lugar, La recompensa, de Aicha Chej Blal.

Por si parte, el Premio Eduardo Galeano de Cine y Derechos Humanos fue para el documental La canción sami de supervivencia.

Más de un millar de personas procedentes de una veintena de países y de los distintos campamentos saharauis (wilayas) en el desierto argelino se han reunido durante los últimos cinco días bajo el lema Caminando a nuestra tierra: La esperanza radical del retorno, que pone el foco en el derecho internacional al retorno de los pueblos indígenas.

Para finalizar, el violín de Ara Malikian acompañó a un público que sabe lo que significa esperar. El músico, de origen libanés y ascendencia armania, creció durante la guerra civil de Líbano y encontró en la música una forma de seguir adelante, un punto en común con los refugiados saharauis con los que ha convivido casi una semana. Durante el concierto, y en tantas otras actividades, el festival cumplió su promesa: convertir un lugar marcado por el exilio en un espacio donde, al menos por unas horas, la espera se hiciese algo más llevadera, mientras el foco ha alumbrado más que de costumbre al olvidado pueblo saharaui.

Duberney Lanza no es el primer joven de la Amazonía peruana que creció sin conocer sus propias raíces indígenas. Nació en San Antonio del Estrecho (Loreto, Perú), un municipio situado a la orilla del río Putumayo, en la frontera con Colombia, en una región afectada por el narcotráfico, la tala y la minería ilegal. Duberney alcanzó la adultez bajo la ilusión del mestizaje. Nadie le aseguró tener sangre española, pero tampoco nadie le habló del pueblo originario Murui Bue, le inculcó sus prácticas culturales, le enseñó su lengua o lo vistió con las ropas tradicionales. No hubo una negación explícita del propio origen, sino silencio.

Duberney tiene 19 años y estudia Antropología en Iquitos. Con 500.000 habitantes, es la ciudad más grande del mundo no accesible por carretera y la capital de Loreto, la región más extensa del Perú. A pesar de su abundancia cultural y natural, la falta de acceso a servicios básicos y la mirada extractivista han escrito capítulos muy oscuros en la historia de Loreto.

La Fiebre del caucho (1880–1915) fue posiblemente el más terrible: conllevó la esclavitud, tortura, asesinato y desplazamiento forzado de miles de personas. En un flujo constante de exportaciones internacionales, Iquitos fue el epicentro de la comercialización y extracción de la goma natural en el Perú.

Pero de este tema a Duberney tampoco le habían contado mucho, a pesar de que su pueblo limita con la región más azotada por la actividad cauchera en el país: la zona entre los ríos Putumayo y Caquetá que, tras las disputas territoriales, pasó a ser colombiana. Ahí se encuentra la Chorrera, centro de actividad de la sanguinaria Casa Arana, tristemente célebre por esclavizar a la población nativa como mano de obra de su negocio cauchero.

Duberney, que empezaba a indagar en el tema, participó en un viaje organizado por la parroquia junto a otros jóvenes indígenas: “Nos invitaron a ir a la Chorrera para aprender el idioma e investigar sobre el lugar del que venimos y quiénes son nuestros ancestros”. A través de los apellidos, cada joven encontró su maloca, la casa comunal donde se reúne cada familia o clan.

El joven aprovechó para preguntar sobre la época del caucho. Le describieron unos tiempos de esclavitud con un sistema de endeudamiento que hacía imposible salir de la rueda de la explotación. Cuando algunos indígenas intentaban escapar, los barones del caucho les practicaban el castigo ejemplarizante: “Les torturaban delante de sus familiares. Les golpeaban, les cortaban dedos, la lengua…”. Siempre en nombre del progreso.

Duberney recuerda que “los abuelos de la Chorrera lloraban y procuraban no hablar de eso”. Este viaje marcó un antes y un después para él. Al poco tiempo se sumó al colectivo Tsɨuni, integrado por más de 40 personas de 11 pueblos originarios: una generación de jóvenes orgullosos de sus raíces y determinados a hacer justicia.

Tsɨuni, en lengua kukama, significa escuchar. El 17 de septiembre de 2025, en el Auditorio del Vicariato (Iquitos), la audiencia escucha. El colectivo presenta por primera vez su proyecto: una demanda contra el Estado peruano para exigir la creación de una comisión de la verdad que investigue los crímenes de la época del caucho. La idea surgió tras un encuentro del pueblo kukama, donde ancianos compartieron sus vivencias. Dana Gaviota, música y antropóloga kukama, relata el testimonio de una señora, Alejandrina, que recordaba los relatos sobre asesinatos sádicos, como la quema de personas vivas.

Nadie hoy vivo es víctima directa de los caucheros. Quizá por eso las heridas son complejas. Tienen que ver con la impunidad de la violencia, con la complicidad del Estado y con un relato insultante sobre el indígena, aún muy presente en el Perú. “La corrupción y el silencio se han ido fortaleciendo como modo de progreso, como forma de vida”, critica Patrick Murayari, fotógrafo kukama y activista.

Pasar a la acción

El 12 de octubre, Día de los Pueblos Originarios y el Diálogo Intercultural, el colectivo tsɨuni marcha por la Alameda del Caucho (Iquitos). Si bien la ciudad está muy marcada por la presencia indígena, también lo está por la época en que empresarios blancos la habitaron masivamente. Esa inmigración, promovida por el Estado, transformó lo que era un pequeño pueblo en la capital de la Amazonía peruana. Las casonas de estilo europeo son testimonio de ello y las calles con nombres de caucheros le rinden homenaje.

La corrupción y el silencio se han ido fortaleciendo como modo de progreso, como forma de vida

Patrick Murayari — Fotógrafo kukama y activista

“Como pueblos indígenas, la Alameda no nos representa”, expone Omar Navarro, un chico kukama de 18 años nacido en La Rioja (San Martín, Perú) y estudiante de Antropología en Iquitos. Por eso, Tsɨuni eligió este espacio para celebrar lo que Navarro llama Festival de la Memoria. “Hicimos una marcha pacífica para dar a conocer las atrocidades de la época del caucho. Muchos pueblos originarios se quisieron sumar y mucha gente quiso saber por qué tomábamos la Alameda”, comparte.

Pero la gran fecha llega al día siguiente. El 13 de octubre los activistas se reúnen en la sede en Nauta de Radio Ucamara, emisora comprometida con el colectivo, para marchar hacia el juzgado. Ocho activistas locales presentan la demanda ante el Juzgado Mixto de Nauta de la Corte Superior de Justicia de Loreto. La base legal de la demanda es el derecho a la verdad, reconocido legalmente en Perú y exigible judicialmente. “El objetivo de la comisión de la verdad es que el Estado investigue los crímenes de la época del caucho, yendo a las comunidades y recopilando información sobre los pueblos, porque son necesarias sus voces”, explica Navarro. El colectivo sigue esperando la admisión de la demanda, pero ha asumido el compromiso de investigar, sea en colaboración con las instituciones o sin ellas.

Las denuncias anteriores

Quien ha dedicado su carrera a documentar el impacto de las caucherías en los pueblos indígenas es el antropólogo Alberto Chirif. Él sabe que no es la primera vez que estos crímenes llegan a instituciones judiciales. Ya en 1907, el periodista peruano Benjamín Saldaña los denunció en los diarios La Felpa y La Sanción. Reino Unido también investigó la cuestión, ya que la Peruvian Amazon Company, responsable de la mayor parte de la producción de caucho en Perú, estaba registrada como empresa británica. El cónsul británico Roger Casement, que viajó al Putumayo, confirmó las atrocidades en una serie de cartas. Otras voces también denunciaron los crímenes y los jueces Rómulo Paredes y Carlos Valcárcel, que sufrieron amenazas y ataques, condujeron la investigación, pero no se llegó a hacer justicia.

Chirif señala que el inicio de la Primera Guerra Mundial “creó un nuevo escenario de preocupaciones para Gran Bretaña” que apartó la mirada. Además, la extracción de caucho en la Amazonía inició su declive ya que, tras el robo de miles de semillas, se habían establecido plantaciones en las colonias británicas en Asia. La Peruvian Amazon Company se disolvió, los criminales quedaron impunes y sus crímenes, enterrados por el paso del tiempo.

Un Estado cómplice

“El Estado peruano ha tratado siempre de evadir responsabilidades”, asegura Chirif, que señala que nunca ha hecho un reconocimiento público de su implicación en los crímenes. En 2012, en el centenario de la presentación de las denuncias ante el Parlamento inglés, los antropólogos Alberto Chirif y Manuel Cornejo intentaron que se pidieran disculpas. Consiguieron que el ministro de Cultura y el presidente del Congreso escribieran cartas a título personal, “pero, al fin y al cabo, ellos no eran el Estado peruano”.

Alberto Chirif define la relación del Estado con los pueblos originarios como demagógica. A menudo, la presencia es insuficiente a la hora de cubrir necesidades básicas. Duberney reflexiona: “No es que en ese entonces el Estado tuviera olvidados los pueblos indígenas: ahorita pasa lo mismo”. Por ejemplo, ante la presencia de mafias extractivas en Loreto, que ocupan, violentan y contaminan el territorio indígena, la intervención es mínima. “La cuenca del río Nanay está toda contaminada por la minería, pero ellos no se mueven”, señala Omar.

Chirif afirma que hay una promoción de las actividades ilegales desde el Congreso: “Se han rebajado los estándares de contaminación y se han reducido las penas para los transgresores”. Opina que “la presencia estatal puede ser dañina, porque [las autoridades] se hacen presentes mediante leyes que destruyen la legalidad y los derechos que han logrado los indígenas”. Incluso ha habido ataques directos, como el bombardeo al pueblo Matsés en 1964 o los sucesos del Baguazo —los enfrentamientos entre policía e indígenas en 2009 en Bagua, en el departamento de Amazonas, en el que murieron más de 30 personas entre agentes y activistas—.

Un imaginario que mata

Detrás de la violencia y la desprotección contra los pueblos originarios, sus tierras y su cultura, se esconde una discriminación muy enraizada. A principios del siglo XX, los caucheros se servían del argumento civilizador: los nativos eran salvajes y caníbales que no creían en Dios y no hablaban castellano. Los empresarios, pues, asumían la tarea de civilizarlos y peruanizarlos. “He llegado a la conclusión de que se llegaron a creer el imaginario que ellos mismos habían creado sobre los indígenas y los trataban violentamente un poco por precaución”, comparte Chirif.

Con el paso del tiempo, la narrativa ha ido cambiando: “Ahora no sería correcto un imaginario que diga que los indígenas no son seres humanos, pero sí se puede actuar como tal a través de ataques o malos tratos”, reflexiona, y añade: “Al final, quienes van a salir siempre perjudicados serán los indígenas, con nuevos argumentos discriminatorios”.

Desde la fiebre del caucho, la discriminación y la violencia han condicionado la permanencia de las culturas originarias: “Hay pueblos que han desaparecido, otros han perdido la lengua y otros se han visto reducidos a su mínima expresión”. La gran mortalidad de esos años fue un factor importante, especialmente cuando afectó a figuras clave para la transmisión cultural.

“Por ejemplo, las sociedades huitoto estaban estructuradas en clanes, regidos por un curaca, que era el portador de la palabra tradicional y la transmitía a su primogénito, y así sucesivamente. En la medida que estos personajes van desapareciendo, se va cortando la transmisión cultural”, cuenta Chirif. Sin el curaca, los pueblos huitoto tuvieron que transgredir su propia cultura para procurar su continuidad. “Eso nos lleva hoy en día a una sociedad que ha perdido el vínculo con su propia tradición espiritual y está desorientada”, explica.

Pueblos en silencio

La migración ha sido un fenómeno muy presente entre los pueblos supervivientes. Durante los años 20 y 30 los desplazamientos forzados marcaron el futuro de pueblos enteros. Hoy, ante la falta de servicios básicos en las comunidades, son habituales las migraciones a núcleos urbanos. “En el transcurso de migrar a las ciudades, los indígenas ya no están con su gente, no tienen con quién hablar su lengua y la van perdiendo”, comenta Duberney.

Las familias de Duberney y Omar han estado fuertemente marcadas por un corte en la transmisión cultural. Hoy, estos jóvenes adultos buscan reconectar con su herencia perdida. Omar no supo que parte de su familia era kukama hasta hace pocos años, cuando conversó con su abuelo acerca de la historia familiar. “Al padre de mi abuelo el patrón lo maltrataba por hablar una lengua diferente a la suya. Eso provocó que ya no quisiera hablar su lengua y, poco a poco, la olvidara”, comparte. El abuelo de Omar no llegó a aprender la lengua kukama.

La presencia estatal puede ser dañina, porque [las autoridades] se hacen presentes mediante leyes que destruyen la legalidad y los derechos que han logrado los indígenas

Alberto Chirif — Antropólogo

En la época del caucho, “los patrones veían la diversidad lingüística como un acto del demonio”, señala el joven. Hoy, los prejuicios los tiene una sociedad urbana “que sigue repitiendo discursos de odio”. Las lenguas indígenas son excluidas en la educación, las vestimentas son motivo de burla y los apellidos son motivo de desconfianza. Los indígenas urbanos a menudo renuncian a su identidad. “Intentan occidentalizarse”, reconoce Omar. De nuevo, el silencio.

“Las conversaciones con mi abuelo me ayudaron mucho a conocer mi árbol genealógico: yo tenía mucha curiosidad sobre de dónde venía”, explica Omar. “Resolver estas dudas me ayudó a compadecerme de mis antepasados; a entender que ellos tuvieron que cambiar para adaptarse a la sociedad. Conozco su tristeza”, comparte. Para él y para Duberney, conocer lo que la época del caucho supuso para sus pueblos ha servido para desenterrar una parte muy importante de su historia familiar, conocer su herencia indígena y repensar la propia identidad.

Las familias de estos jóvenes les apoyan en la creación de la comisión de la verdad, que quiere ampliar la documentación sobre uno de los mayores crímenes contra los pueblos originarios de la zona, desde la perspectiva de las víctimas; que busca revalorizar las culturas originarias amazónicas, aún hoy discriminadas; y que quiere contar unos hechos desgarradores para que nunca más se repitan. Duberney lo tiene claro: “Los ancianos ya no tienen la fuerza ni la voz para caminar, protestar y luchar. Ahora nos toca a nosotros”.

Revuelve en una caja para encontrar los recuerdos de sus días en el Sáhara español. Del cofre metalizado salen algunos papeles escritos en castellano, una hoja de un cuaderno Rubio de la escuela donde llevaba entonces a su hijo. El maletín naranja acumula lo poco material que conserva de los años en que su vida no se limitaba a esperar para regresar, pero Um El Fadli no encuentra su tarjeta de identidad española, la que le acreditaba como ciudadana de la que fuera la provincia número 53. No pensó que, tras décadas del abandono de España, la podría llegar a utilizar para solicitar la nacionalidad española.

Ahora, una proposición de ley impulsada por Sumar en el Congreso Español, ha avivado sus esperanzas. La mujer septuagenaria no había oído nada del proyecto legislativo que plantea el reconocimiento de la nacionalidad a los ciudadanos nacidos en el Sáhara Occidental durante la época colonial, pero su nieto asiente con entusiasmo al oír hablar de la iniciativa.

La abuela, al conocer los detalles durante los días en que se celebra en su campamento el Festival del Cine del Sáhara Occidental (Fisáhara), asiente para confirmar que, en caso de salir adelante la medida, pediría la nacionalidad española; pero estira su dedo índice, lo coloca delante de su rostro y lo mueve de un lado a otro para enfatizar su respuesta negativa a la pregunta que acaba de escuchar.

– Si obtuviera la nacionalidad, ¿querría vivir en España?

– No. No me iría. Me quedaría aquí. Quiero regresar a mi tierra, no quiero ir a ninguna otra parte. Y si no llega la independencia a tiempo, estaré aquí.

Ese “aquí” es el campamento de refugiados saharauis de Auserd, uno de los cinco asentamientos levantados por los propios saharauis en el desierto de Tinduf (Argelia), tras su huida de la ocupación marroquí del Sáhara Occidental y el posterior abandono español. Es la tierra árida, cedida por Argelia al Frente Polisario, donde sobreviven en condiciones climáticas extremas, bajo la dependencia total de la ayuda humanitaria. Es aquel lugar nacido para desaparecer, cuyas jaimas y casas de adobe fueron construidas bajo la promesa de provisionalidad, pero permanecen 50 años después, como también continúa la vida convertida en causa de Um El Fadli. Es aquí donde decide quedarse si pudiese marcharse, pero mira a su nieto y entiende que en su caso puede ser diferente.

Si Um El Fadli y otras personas nacidas en el Sáhara Occidental antes de 1975 querrían acogerse a su derecho de obtener la nacionalidad española, no es con el objetivo de dejar el campamento de refugiados donde viven y trasladarse a España, pese a sus complicadas condiciones de vida. Una decena de saharauis mayores responden negativamente cuando elDiario.es les pregunta por la posibilidad de migrar, pero todos ellos confirman su deseo de pedir igualmente la nacionalidad en caso de salir adelante la normativa que estudia el Congreso.

Más allá de los beneficios intrínsecos ligados a contar con un pasaporte europeo, los saharauis expulsados de la antigua colonia española hablan del reconocimiento de un derecho que consideran suyo, pero les fue arrebatado. “Es nuestro derecho. Yo tenía DNI español, convivía con los españoles, mi marido trabajaba para una empresa española y, de la noche a la mañana, desaparecieron, tuvimos que escapar y aquí estamos”, dice la señora de 70 años, sentada en una colorida jaima junto a su nieto, que tiene la edad que ella tenía cuando Marruecos inició la llamada “Marcha Verde”, que ellos bautizaron como “Marcha Negra”, y otras mujeres a su alrededor. Ya que España abandonó la antigua colonia al inicio de la ocupación marroquí, dice, ese pasaporte puede darles un respiro ante algunas de las necesidades que enfrentan en los campamentos. Con unos servicios sanitarios sin apenas recursos y una ayuda humanitaria recortada, las razones médicas son las más mencionadas entre quienes pedirían la nacionalidad española si saliese adelante la normativa planteada.

Algunas también mencionan las puertas que un pasaporte español les abriría a sus hijos o nietos para poder formarse, trabajar en España y , así, ayudar a la economía familiar. O, simplemente, contar con la mera posibilidad de viajar en determinadas ocasiones para visitar a seres queridos o alejarse por temporadas de la vida en el desierto. “Me gustaría tener la nacionalidad por si necesitase ir al hospital si enfermo, o para hacer más fácil que mi nieto pueda ir, porque allí es más fácil estudiar y encontrar un trabajo”, dice la señora, mientras el joven la mira y asiente.

Algunos de sus amigos, cansados de esperar para hacerlo por la vía legal, se subieron a bordo de una patera desde Argelia. “Yo quiero irme para ayudar a mi abuela y a mi familia, pero le he prometido que solo iría si consigo un visado”, dice el joven poco después, ya sin Um cerca.

El proyecto de ley da un paso

Después de más de un año con el texto en un cajón, la proposición de ley de Sumar para que los nacidos en el Sáhara Occidental antes de 1976 y sus descendientes –cumpliendo una serie de requisitos– puedan tener la nacionalidad española ha dado esta semana un paso más en el Congreso con la constitución de la ponencia de la iniciativa. También la posibilidad de que los hijos de quienes nacieron en el Sáhara español tengan más facilidades para obtener la nacionalidad: en un plazo de 5 años desde la inscripción en el Registro Civil de sus progenitores, ellos también podrían solicitar la ciudadanía. En caso de vivir en España, solo se les exigiría haber residido dos años en el país, el mismo plazo reducido que se les pide a los nacionales de otras excolonias españolas o países con fuertes lazos culturales.

En febrero de 2025, el Parlamento aprobó la toma en consideración de la medida con el respaldo de todas las fuerzas políticas excepto del PSOE. La diputada de Sumar Tesh Sidi, de origen saharaui, celebró el desbloqueo de la medida y aseguró que su partido tratará de acercarse al resto de formaciones con el objetivo de presionar al PSOE. “Con el Partido Socialista, en materia del Sáhara, hay que seguir presionándoles porque sabemos que no les es cómodo aprobar esta norma, por lo que sea, pero vamos a seguir ahí”, dijo la parlamentaria.

En el mismo campamento de refugiados donde nació y pasó sus primeros años Tesh Sidi, la wilaya de Auserd, algunos jóvenes saharauis o adultos de mediana edad asienten con cierta ilusión cuando se les pregunta por la iniciativa parlamentaria. “Ojalá salga adelante. Tengo todas mis esperanzas en esa ley y lo estoy siguiendo desde que salió”, dice una mujer, que prefiere no dar su nombre. Es madre de dos hijos que viven actualmente en España en un limbo legal a la espera de su petición de apatridia. “Mis hijos ahora no pueden trabajar. Si saliese eso, les ayudaría mucho”, dice la mujer, mientras el fuerte viento de un conato de siroco golpea la jaima donde se refugia.

También desde el desierto, a través de su móvil, conoció los cambios de la ley de regularización extraordinaria española, que, en la práctica, supuso otro golpe para los saharauis. “Me pareció muy injusto. Ellos pensaban que iban a conseguir los papeles. Llevan mucho tiempo esperando la respuesta [de la petición de apatridia] y ahora no pueden hacer nada”, explica la mujer.

La estabilidad de los saharauis que viven en el exterior impacta directamente en las condiciones de vida de sus familias en los campamentos y en muchos proyectos desarrollados por quienes pasan unas temporadas en España y otras en Tindouf. Pese a que todas las casas de adobe parecen similares unas de otra, su interior da pistas de quienes cuentan con seres queridos en otros países, la mayoría en España, y quienes no. Los baños, las telas que cubren las paredes de cada espacio, las cortinas, hablan de quienes tienen algún miembro de su familia en el exterior.

El nuevo paso de la iniciativa parlamentaria llega después de que el Gobierno decidiese en el último momento la exclusión de los solicitantes de apatridia –saharauis en su mayoría en España– de la regularización extraordinaria, por lo que la aprobación de esta ley podría suponer un contrapeso al que ha sido considerado como el último varapalo del Gobierno de Pedro Sánchez a la población procedente de la excolonia española.

Dahda Mohamed Mahmud transmite la presencia y tranquilidad habitual en las mujeres saharauis. La mujer, nacida en el Sáhara Occidental en época colonial. Frente a una bandeja, la señora intercambia los pequeños vasos del ritual del té y concentra las miradas de sus compañeras de jaima. Su caso ejemplifica la manera en la que afrontan las generaciones mayores la posibilidad de tener la nacionalidad española. La mujer, de 70 años, nacida en el Sáhara Occidental durante la época colonial, cuenta actualmente con la nacionalidad española, pero ese reconocimiento no ha cambiado su día a día. “He ido un par de veces a España. Tenía que estar presencialmente para arreglar los papeles. También fui para ver a mi hijo y hacer alguna revisión médica”, detalla. “Pero no me quedo mucho tiempo y siempre vuelvo, prefiero estar aquí con mi marido y mis hijas”, añade la saharaui.

Para los saharauis, tampoco es sencillo pedir la nacionalidad si ya viven en suelo español. Mientras los ciudadanos procedentes de otras excolonias o países con fuertes lazos culturales con España, como Guinea Ecuatorial o América Latina, tienen plazos reducidos debido a esas conexiones históricas, esta ventaja no se cumple con quienes proceden del Sáhara Occidental. En el asiento trasero de un todoterreno aparcado en la árida explanada donde estos días se levanta la infraestructura del Fisáhara, Brahim Chagaf explica a elDiario.es parte de su odisea para tratar de conseguir su derecho a la ciudadanía. El saharaui vive desde hace más de una década entre Navarra y los campamentos de refugiados saharauis. Hace poco más de un mes, cuenta, solicitó la nacionalidad española y se encuentra a la espera de la resolución.

A su llegada a España, presentó a varios abogados el DNI español de su madre para acreditar que sus progenitores nacieron en el Sáhara español. “Yo llevé la documentación de mi madre, pero no me ha servido de nada. De hecho les hacía un poco de gracia a los abogados con los que hablaba, diciendo que eso no valía”, explica el saharaui, quien fue director de la escuela de cine. “Creo que no es justo, siendo yo hijo de españoles. Mi madre tiene el DNI español. Si España lo haya hecho tan mal, debería repararse. No acepto que sean tan justos para unas cosas, con Irán y Palestina, y tan injustos para otra. La causa saharaui es un asunto por resolver, como lo son los crímenes del franquismo”, añade en referencia a la posición del Gobierno de Pedro Sánchez con el Sáhara Occidental.

¿Ayuda o merma la causa?

“Yo no quiero ni la apatridia y no querría la nacionalidad. Las considero como herramientas. Yo quiero vivir libre y tener el derecho internacional de la libre circulación para cada persona humana, y eso no lo puedo tener sin tener primero la apatridia que me puede permitir estar 10 años en España para que pueda solicitar la nacionalidad española”, explica el saharaui en perfecto castellano. “Estamos hablando de un país que ha ocupado un territorio durante años. ¿No puedo ir cuando me da la gana? Entonces, España obligó a los saharauis a tener el DNI y estar bajo su control y ¿ahora no puedo vivir yo allí? Va más allá de si la nacionalidad nos sirve de algo o no”.

Hay quienes piensan que, si la ley de nacionalidad para los saharauis saliese adelante, la causa correría el riesgo de desinflarse, ante la posibilidad de que muchos jóvenes pudiesen abandonar los campamentos de refugiados de Tindouf. Fuentes del Frente Polisario rechazan esa idea, pues consideran que muchos decidirán permanecer, y creen que es una idea que trata de trasladar el PSOE para justificar su rechazo a la medida. “Son muchos los saharauis que irían y volverían. Pueden pasar temporadas allí, ir al médico o estudiar, pero no se desligarían de los campamentos ni de la causa”, dice Abdula Arabi, representante del Polisario en España, que considera que incluso puede dar más fuerza a sus denuncias.

“Nuestra lucha va a seguir. No necesitamos seguir en un desierto inhóspito, cuando la lucha pacífica aquí es insostenible. Creo que somos más cómodos calladitos aquí en el desierto. Podemos estar en cualquier sitio resistiendo y vamos a seguir reivindicando nuestro derecho al retorno a nuestra tierra. Quiero la independencia del Sáhara Occidental, quizá otros no, pero queremos votar en el maldito referéndum y decidir”, clama el saharaui. Y qué mejor manera para reivindicarlo que reconocer nuestros derechos. Y eso es simplemente lo que haría esa ley que estudia el Congreso, reconocer nuestros derechos“, concluye.

En Italia, donde la regularización de migrantes es un tema casi tabú con el actual Gobierno de la ultraderechista Giorgia Meloni, mucha gente sin papeles se ve abocada a la marginalidad en multitud de asentamientos informales que se extienden en gran medida por zonas rurales del sur del país. Foggia, provincia agrícola de la región de Apulia, reúne muchos desde hace ya décadas. Apartados de los centros urbanos y esparcidos en la ruralía de un área fértil necesitada de mano de obra, son barriadas paralelas donde las personas migrantes están en muchos casos sometidas a un modelo de explotación conocido como caporalato, descrito por los críticos como una forma de esclavitud moderna que Italia nunca ha erradicado por completo.

El mayor emplazamiento está cerca del pueblo de Borgo Mezzanone, en la pista de un antiguo aeropuerto militar usado en el pasado por la OTAN, donde se alza una masa caótica de chabolas, barracones y estructuras hechas con materiales de construcción baratos o reciclados. En invierno, unas 2.000 personas malviven en el lugar, que puede alcanzar los 5.000 residentes en verano, cuando se llena de migrantes llegados de otros puntos de Italia para cosechas clave como el tomate, concretan a elDiario.es fuentes de expertos locales y del sindicato CGIL-FLAI, que ofrece varios servicios en la zona cómo clases de italiano o asistencia jurídica.

Todo ello hace que este punto, al que incluso algunos de sus habitantes se refieren como “gueto”, sea considerado hoy el asentamiento informal de migrantes más grande de Europa. Es también paradigma de la vulnerabilidad a la que se ven sujetas muchas personas que recorrieron peligrosas rutas desde África o Asia para alcanzar suelo italiano, donde las dificultades para obtener un permiso de residencia o contrato de trabajo estable lleva a muchos a la irregularidad casi crónica.

“Sin papeles no se puede hacer nada”

“Sin permiso de residencia ni contrato, eres invisibile”, dice a elDiario.es Francesca Stella, coordinadora del comité de apoyo migratorio de la CGIL-FLAI de Apulia, también activo en Borgo Mezzanone, donde la presencia del Estado, los servicios básicos, el agua corriente, el acceso a baños, luz o electricidad brillan por su ausencia. Entre viejas roulottes reusadas, instalaciones alzadas con placas metálicas y madera o estructuras cubiertas con telas y plásticos, Stella camina por lo que ve como “una verdadera ciudad” que creció desde hace décadas por la constante llegada de migrantes sin papeles –pero también regularizados– que no tenían otra alternativa. 

Es ahí donde muchos pasan largas temporadas o incluso años, como Amin, un migrante de Gambia que llegó hace 14 años en Italia, pero que sólo obtuvo los papeles en 2025. Esto le condenó a trabajar en la economía sumergida durante más de una década, con la falta de derechos que esto implica, pero asegura a elDiario.es que no había otra forma. “Hay que hacer mucho para ser regularizado, pero es difícil. Sin papeles no se puede hacer nada ni trabajar. Qué tenemos que hacer, ¿robar?”, lamenta este gambiano. La oscuridad invade el barrio cuando se pone el sol, aunque se ven decoraciones por el ramadán, mes sagrado del islam que la mayoría de habitantes celebran. 

La tenue iluminación es visible en algunos fuegos que los migrantes encienden con leña para resguardarse del frío, y en todo tipo de comercios improvisados: hay peluquerías, tiendas de ultramarinos, ropa o zapatos, mecánicos, restaurantes y paradas de comida. También hay un café regentado por el togolés Assima Abdoul Djalou, de 53 años. Él mismo vive en el lugar desde 2014, cuando perdió su estatus de refugiado y se vio sin documentos, lo que le llevó de Milán a Borgo Mezzanone, como les pasa a muchos otros en condiciones similares.

En el asentamiento, las chatarras también son preciadas. Hay puntos donde adquirir piezas de recambio para coches o motos, así como muebles o electrodomésticos viejos. Con la provisión de materiales en la barriada o entornos, gente como Amin se hizo una cabaña. Él mismo la alzó con bloques de cemento gris. “Lo compré y construí todo”, remarca. Tras vivir siete años en el asentamiento, vivió en ciudades como Roma o Milán trabajando como albañil. Mientras sigue a la espera de otro empleo en el norte, por ahora permanece aquí, donde tiene contactos, consigue pequeños trabajos y vive en la estructura que convirtió en su propia casa.  

“Cuando me voy, cierro con llave”, comenta. Lo dice con un ojo medio hinchado, tras trabajar días atrás en un viñedo, donde una rama le causó una herida. Según cuenta, fue un trabajo sin contrato, como otros ofrecidos en la zona, de acuerdo con grupos como CGIL-FLAI y expertos, que denuncian que la economía sumergida es aún genérica entre muchos patrones de la zona. Inspección Nacional de Trabajo, el organismo de supervisión laboral en Italia, detectó irregularidades en más del 47% de empresas inspeccionadas en Foggia, algo que Stella ve preocupante. “Las instituciones no afrontan el problema pese arrastrarse desde hace años”, lamenta. 

El sistema del 'caporalato'

Alejado varios kilómetros del núcleo urbano de Borgo Mezzanone, fuera de la vista de autoridades y fuerzas de seguridad, para llegar al asentamiento hay que recorrer caminos de campo arenosos y llenos de baches que llevan a la pista del viejo aeropuerto militar. Ahí, bien cerca, se estableció en los 90 un Centro de Acogida para Solicitantes de Asilo (CARA) aún activo y a raíz del cual el actual asentamiento informal se desarrolló. 

Fue entonces cuando algunos expulsados del sistema de acogida fueron a vivir fuera del CARA, en un área que se convirtió en punto neurálgico para la economía sumergida ante la necesidad de mano de obra barata en el sector agrícola regional. Esto hizo surgir el asentamiento, cuenta a elDiario.es el sociólogo Leonardo Palmisano, docente de la Universidad de Foggia, experto en la realidad migratoria del lugar y autor de libros sobre ello.

Según agrega, otro gran problema incrustado en la agricultura del Mezzogiorno –y en el conjunto de Italia– es el caporalato, un sistema de dura explotación basado en intermediarios, los llamados capataces. Estos, en su mayoría miembros de la comunidad migrante, controlan los contactos del mercado laboral, tienen lazos con propietarios a los que envían trabajadores, y se quedan a cambio parte de su sueldo. En muchos casos, los empleados –el eslabón más bajo de la cadena– acaban con una cantidad irrisoria, mientras los “caporales” se lucran de ello quitándoles dinero por servicios de viaje, comida, agua o cualquier cosa que les puedan arrancar.

El 'caporal' nos quitaba 10 euros por transporte, bocadillo y agua. Era una situación de deshumanización total

Yvan Sagnet — Fundador de la ONG No Cap

Este sistema está muy extendido en Borgo Mezzanone, donde “caporales” y migrantes viven en el mismo espacio, como en muchos otros asentamientos informales de Italia. Ahí, los capataces –ellos mismos extranjeros– sacan provecho de los irregulares en su rol de intermediarios con empresas y patrones agrícolas. “Se trata de un fenómeno criminal de tipo mafioso, como define la ley de 2016” aprobada para poner fin a ello, cuenta Palmisano. Según alega, la norma introdujo la opción de denunciar a empleadores y capataces, pero para acabar con el caporalato se requiere un cambio de modelo agrícola que incluya una regularización.  

Otra legislación que deja a los migrantes irregulares en un limbo es la conocida como Ley Bossi-Fini, que “vinculó la obtención del permiso de residencia a lograr antes permiso de trabajo, colocando a muchos automáticamente a la irregularidad, e impidiéndoles incluso acceder al alquiler legal de una vivienda, lo que ayudó a crear los primeros asentamientos informales” y a reforzar el caporalato, agrega el mismo sociólogo.

Uno de los que sufrió esta situación fue el camerunés Yvan Sagnet, quién en 2011 fue a trabajar al sur de Apulia tras perder una beca como estudiante universitario en Turín. Él también acabó en un asentamiento en condiciones deplorables, sujeto a un “caporal” que se quedaba gran parte de su sueldo como jornalero en la cosecha del tomate, donde de 14 euros ganados por una larga jornada apenas acababa con cuatro euros netos. “El 'caporal' nos quitaba 10 euros por transporte, bocadillo y agua. Era una situación de deshumanización total”, señala Sagnet, que lideró una huelga contra este sistema, que considera de esclavitud. Todo ello le llevó a fundar en 2017 la ONG No Cap, encargada de defender a los migrantes para luchar contra este sistema. 

“No puedo vivir así”

En la zona de Foccia también está Casa Sankara, iniciativa que inició el senegalés Mbaye Ndiay para ofrecer hogar a los migrantes, apoyarles en su regularización e integrarlos en el mercado laboral, fuera del caporalato. En la llanura de Foccia, Casa Sankara acoge hoy a 500 personas, con un proyecto autónomo de cultivo de 16 hectáreas donde desarrolla su propia marca de tomate, cultivo estrella de la zona que atrae a miles de personas migrantes en verano. Es entonces cuando los 17 asentamientos informales de todo el área se llenan aún más. 

El segundo más grande en la provincia es Torretta Antonacci. Como el asentamiento de Borgo Mezzanone, está situado en una zona remota, y en él viven unos 800 migrantes que pueden llegar a 2.000 en agosto. Muchos residentes cargan garrafas de un gran depósito donde recogen agua para cocinar, asearse o limpiar. Las condiciones también son muy precarias, lo que lleva a muchos a irse poco después de instalarse ahí. 

“Aquí es todo muy difícil, no puedo vivir así. Mañana me voy”, comenta a elDiario.es un migrante de Mali que llegó hace dos años en Italia por mar, hasta alcanzar la isla de Lampedusa. Desde ahí, inició un periplo que le llevó a trabajar en empleos agrícolas en distintas regiones, como muchos otros que siguen un circuito como temporeros que les llevan a estar en un movimiento casi constante.  

Vivir dentro de los guetos es la única oportunidad para no quedarse al margen del mercado laboral

Stefano Campese — Abogado

Los rebuscados entramados de la burocracia italiana también sumergen a muchos en una zona gris, señala Stefano Campese, abogado que asiste legalmente a migrantes en la oficina de CGIL-FLAI. Según destaca, la mayoría son o fueron solicitantes de asilo, y muchos ven como la lentitud del proceso les impide acceder con rapidez a un permiso de estancia y trabajo. La situación es aún más compleja para los que no lo logran, amenazados ante una eventual expulsión, condenados al trabajo sin contrato y a vivir en los “guetos”, añade. 

“Aun así, obtener permiso de residencia no siempre da más opción de salir de los guetos. Fuera de ellos, es muy difícil tener contacto con los empleadores y sus intermediarios”, es decir, los “caporales”. “Vivir dentro es la única oportunidad para no quedarse al margen del mercado laboral”, remarca el letrado. A ello, según Stella, se añade la falta de voluntad política para resolver el problema del Ejecutivo de Meloni, que prometió medidas más duras contra el caporalato que por ahora no se perciben sobre terreno, mientras los “guetos” siguen ahí. 

Como Palmisano, Stella defiende la regularización de los migrantes sin documentos, que al fin y al cabo contribuyen a la economía en un país envejecido y necesitado de empleados en sectores clave como el agrícola. “No veo otra solución posible”, dice la sindicalista entre los campos de Foggia, una región fértil con grano, olivos o viñedos que concentra el 40% de producción de tomates de Italia, razón por la que atrae a tantos temporeros. 

Sin embargo, más allá del sur, los “guetos” se extienden por toda Italia. En un informe de hace casi cuatro años, el Ministerio de Trabajo contó 150 asentamientos en los que vivían unas 10.000 personas. A su vez, unos 339.000 migrantes viven sin papeles en el país, según la Fundación ISMU, que recaba datos sobre migración.

En 2022, el anterior Gobierno de Mario Draghi recibió 210 millones de euros de la UE como parte de su Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia (PNRR). La meta era acabar con los asentamientos y “promover la integración residencial fuera de ellos”, pero en Apulia, el actual Ejecutivo “decidió que el plan no era adecuado, por lo que el dinero volverá a Bruselas” y nada de ello se aplicará, explica Palmisano, que lamenta que las políticas hostiles a la migración del Gobierno están cronificando aún más una realidad enquistada sin vías de desaparecer.

Bucharaya Hamudi, primer ministro de la República Árabe Democrática Saharaui (RASD), espera en una sala la llegada de la decena de periodistas internacionales que cubren durante esta semana el Festival de Cine del Sáhara Occidental. Como las jaimas levantadas en la hamada argelina a la que huyó una buena parte del pueblo saharaui tras la ocupación marroquí, en 1975, el carácter provisional del asentamiento también marca el día a día del desierto y el encuentro se adelantó por sorpresa, por lo que al líder saharaui le acabó tocando esperar. “Ya sabéis, que aquí todos los planes cambian”, se disculpó el representante del Frente Polisario que le acompañaba.

La entrevista grupal se ha realizado a través de las preguntas de periodistas nacionales e internacionales, entre las que se encuentra elDiario.es. El primer ministro, vestido con el tradicional pañuelo saharaui y pantalones militares, conversa con los periodistas con cercanía. El golpe de España al Sáhara Occidental, dice, fue una sorpresa, pero no ha afectado a la solidaridad y apoyo de su sociedad. Esta nueva edición del FiSáhara, defiende, es una prueba más. Por eso, Hamudi reitera su incomprensión a una decisión que achaca de manera “personal” presidente Pedro Sánchez, que considera “contradictoria” con respecto a la defensa del presidente español del derecho internacional en otras causas, como la palestina o la guerra en Irán.

Cambie o no cambie de posición, reitera, España sigue manteniendo una responsabilidad histórica con el Sáhara Occidental. “No sabemos qué acuerdo mercantil han hecho con Marruecos, pero su responsabilidad seguirá mientras que España no concluya el proceso de descolonización que dejó inconcluso en su día”.

El presidente español, Pedro Sánchez, se ha convertido en uno de los líderes de izquierda que más ha mostrado su rechazo a la guerra de Irán, así como del genocidio palestino, en defensa del derecho internacional. Sin embargo, con la causa saharaui, Sánchez mantiene su apoyo a la posición marroquí, desde el giro anunciado hace cuatro años.

Su posición no la entiende ni en España. No la entiende ni el Parlamento, ni fuerzas políticas, ni su población. Es una contradicción flagrante. No sé cuáles serán las razones. Cuando un presidente del Gobierno toma una decisión que no está apoyada ni por el Parlamento ni por las fuerzas políticas, ni por su pueblo, evidencia que hay una presión de por medio. Hay un chantaje.

La posición de Pedro Sánchez se contradice con la ideología y filosofía del socialismo real. El socialismo que defiende el “No a la guerra”, el derecho internacional, que condena el genocidio palestino, pero, sin embargo, apoya la posición de Marruecos sobre el Sáhara Occidental. Pero ese giro no va a cambiar ni va a mermar el apoyo de la sociedad española a la causa saharaui. Ahora que todas las propuestas parlamentarias en España se dividen entre derecha e izquierda, en el caso de las que tienen que ver con apoyar la causa saharaui, es respaldada por todos menos excepto el PSOE. No se entiende esa posición personal de Pedro Sánchez.

¿Cómo ha afectado el cambio de la posición del Gobierno español con respecto al Sáhara Occidental?

Sinceramente, nos sorprendió, pero no va a cambiar la naturaleza del conflicto. Se ha demostrado en estos cuatro años, que la sociedad española sigue apoyando al pueblo saharaui. La fuerza solidaria y política sigue igual, pero no sabemos qué acuerdo mercantil han hecho con Marruecos, no sé qué le ha cobrado, pero la resolución de la ONU que mantiene a España como potencia administradora del Sáhara Occidental seguirá ahí. No desaparecerá mientras que España no concluya el proceso de descolonización que España dejó inconcluso en su día.

¿Qué opina de que el Gobierno español haya excluido a los solicitantes de apatridia y, por tanto, a los saharauis, del proceso de regularización extraordinaria? ¿Y sobre la propuesta legislativa de Sumar con la que se pretende otorgar la nacionalidad a los saharauis que nacieron en el Sáhara Occidental?

¿Estamos pidiendo al Gobierno de España la nacionalidad de los saharauis? En absoluto. Lo que pedimos es que España concluya el proceso de la autodeterminación del pueblo saharaui que dejó inconcluso, pero sobre la política de residencia y nacionalidad de España, no entramos. Los saharauis tienen su derecho a solicitarlo y les corresponde a ellos reclamar su situación en el país.

¿Cuál es la situación actual de las hostilidades en los alrededores del muro tras la suspensión del alto el fuego en 2020?

En 1991 terminó la guerra, se acordó celebrar el referéndum y se firmó un alto el fuego que duró hasta 2020. En esos 29 años, Marruecos bloqueó el referéndum y aprovechó para afianzar la ocupación, fortalecer la ocupación y ha utilizado la Misión de la ONU para el Sáhara Occidental para fortalecer la ocupación. La misión, en lugar de caminar hacia la solución, va hacia el lugar equivocado. En 2020, Marruecos rompió el fuego de forma unilateral. Desde entonces, las hostilidades siguen, no al nivel anterior, pero siguen las confrontaciones, los bombardeos. Marruecos utiliza en el frente una tecnología avanzada, como los drones de ataque.

Todo el mundo reclama fin de las hostilidades, nosotros también, pero mientras no desaparezcan las causas de la ocupación, no van a acabar. El instrumento para ello es el reconocido por el derecho internacional: la celebración de un referéndum.

¿Tienen cifras actualizadas de muertos y heridos en esas hostilidades?

No tengo cifras. Los marroquíes se encuentran en posiciones fijas. Cualquier ataque a esas posiciones, va a suponer una baja, y por eso hay constantes muertos y heridos. Nuestra forma de luchar es en un movimiento constante. Podemos atacar a las tres de la tarde, en verano. En un desierto, conocer el terreno, es una ventaja para nosotros. El muchacho marroquí que está movilizado en el Sáhara, que viene de Rabat, no sabe qué esa causa por la que lucha es una causa justa. Solo se defiende, y no sabe cuando va a estar atacado. Y sabemos que eso les está desgastando.

Ese soldado, acostumbrado al Mediterráneo, está 50 grados, mientras que él está acostumbrado y necesita una forma de vida que no ha tenido el saharaui. Nuestra ventaja (frente a la tecnología marroquí) es que el soldado marroquí no puede competir en esta circunstancia como el guerrillero saharaui. Si fuese Rabat el lugar atacado, se sacrificaría para defender Rabat. Pero está en el desierto y no está allí para defender nada. Está para resistir, para no morir.

¿Qué otras soluciones del conflicto saharaui apoyaría el Frente Polisario si fuesen apoyadas por el pueblo saharaui?

El Frente Polisario apoyará cualquier solución que acepte el pueblo saharaui. Que se le presenten las distintas alternativas, pero que dejen que sea el pueblo saharaui que decida. Si decide la autonomía del Sáhara que propone Marruecos, lo apoyaremos.

Los recortes de EEUU han afectado a muchos proyectos de las agencias de la ONU en losa campamentos de refugiados saharauis. ¿Cómo ha afectado?

Ha habido recortes muy drásticos porque las agencias del financiamiento de la ONU se han visto recortadas. Sus presupuestos fueron bastante reducidos, y estamos tratando de remediar mediante la búsqueda de apoyo de otros financiadores. Se nota en el suministro de agua, en el acceso a la alimentación, el agua y la salud. Entra dentro de la presión que sufre el pueblo saharaui.

Pero siguen cooperando otras fuentes de financiación, como los movimientos solidarios españoles, y la ayuda oficial del Gobierno se mantiene en este sentido.

El avión está a punto de despegar, pero un asiento está ocupado y no debería. Alguien se acerca a la persona que lo ocupa para indicarle que parece que está sentado donde me corresponde. Su respuesta recuerda el lugar al que nos dirigimos: “Da igual. Puede ser que ese sea tu sitio, pero aquí da igual”, responde Aziz con amabilidad, a sabiendas de que, subidos en ese vuelo chárter, ya se empieza a respirar la calma y la irreverencia de quienes llevan 50 años esperando. Ya empezamos a estar un poco en los campamentos de refugiados saharauis, donde este martes ha empezado el Festival de Cine del Sáhara Occidental (Fisahara).

En ese avión donde empezaba a “dar igual” viajaba un centenar de personas, entre organizadores, artistas, técnicos y periodistas, para montar un cine en medio del desierto argelino donde hace medio siglo huyeron cientos de miles de refugiados saharauis tras la ocupación marroquí de su pais. A veces, ni los promotores del Fisahara saben cómo logran sacar adelante cada edición, pero las palabras de Aziz pueden señalar claves sobre cómo acaba siendo posible.

Si sale adelante es porque saben que cada problema de los muchos que surgen acaban “dando igual”, porque hay algo mucho más importante que supera cualquier puntualidad, programa o perfección técnica. Aquí el cine sirve de canal y excusa para lo importante: poner el foco en el Sáhara Occidental y las consecuencias de la ocupación marroquí, mientras las actividades, películas o talleres entretienen y nutren a una población que vive hastiada de esperar por un referéndum de autodeterminación acordado por la ONU en 1991. Lejos de haberse celebrado, las presiones marroquíes y los últimos movimientos de EEUU parecen alejar el objetivo.

“Cada festival es recibido como un impulso de calor humano”, describió la gobernadora del campamento de refugiados de Auserd, uno de los que componen la totalidad de los asentamientos en una región de Tindouf, cedida por Argelia, histórico enemigo de Marruecos, al Frente Polisario. “Con cada inyección de moral que hacéis en cada visita nos decís que no estamos solos. Nos decís que ”nos desmarcamos de esta política injusta con los saharauis“, ha dicho para definir la forma en que, a su juicio, los saharauis reciben cada edición.  

“Y este festival eso. Más que festival es una actitud solidaria y humana, que nos da inyección para salir adelante”, ha añadido. 

El tiempo pasa, son ya 50 años de exilio, y son ya varias generaciones completas que nunca han pisado el suelo al que anhelan regresar. Fati camina con su madre por la explanada dedicada al Festival. Cuenta que el ambiente en este punto, próximo a algunos de los comercios existentes en este campo de refugiados, contrasta con lo que observamos a nuestro alrededor. La calma y tranquilidad suelen reinar, frente al ambiente animado de los días de Festival. “Nos gusta venir, conocer gente de distintos lugares, y ojalá ayude a no estar tan olvidados”, dice la joven, de 28 años. Otra veinteañera saharaui, en un perfecto español, explica que le gusta aprender de todas las actividades programadas durante los siguientes días. 

Entre ellas, además de las decenas de películas, destaca el concierto del violinista Ara Malikian, que se encuentra entre los artistas que han viajado a los campamentos durante esta edición. Entre los invitados también se encuentran la actriz Patricia López Arnaiz y el director Fernando León de Aranoa. 

“El único festival con vocación de desaparecer”

Quizá si los detalles técnicos “dan igual” estamos ante un festival que no busca existir para siempre. Durante décadas, cualquier mejora de las condiciones de vida en los campamentos, como cambiar el adobe por cemento o la llegada del wifi o la electricidad, generaba entre algunos cierto recelo de que pudiese simbolizar la permanencia en un lugar que quieren abandonar. “Es el único festival con vocación de desaparecer”, dijo el delegado del Frente Polisario en España, en una charla informativa. “Es un festival hecho para luchar por la independencia del pueblo saharaui”, indicó.

“Por eso, cuando desaparezca, estaremos hablando de un Sáhara libre e independiente”, dijo el representante político, quien aprovechó la oportunidad para señalar los últimos golpes recibidos por el pueblo saharaui por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. “Mientras vemos un alegato del cumplimiento del derecho internacional, también asistimos a una hipocresía política. Esos mismos derechos que defienden no lo cumplen con el pueblo saharaui”, ha dicho. 

Todo está preparado para la inauguración del Festival, pero esta semana produce con horas de retraso de la hora programada. No pasa nada, porque estamos en un campamento de refugiados, y quienes vienen aquí lo saben: además de los participantes y periodistas, son voluntarios de ONG, activistas prosaharauis, familia que han tenido niños saharauis acogidos en sus casas. También acude el presidente de la República Árabe Saharaui, Brahim Gali, a las jaimas desplegadas en el centro del espacio, que representan la vida nómada de muchos saharauis en la zona liberada del Sáhara Occidental. 

Las películas tampoco empezaron ni acabaron a la hora pactada. Pero “da igual” porque el proyector se encendió y, hasta la madrugada, decenas de refugiados saharauis se sentaron frente a un camión convertido en pantalla sin mirar el reloj. Varias artistas conectarán con la causa saharaui durante la próxima semana. Y, durante, unos días, se hablará un poco más del Sáhara Occidental. 

En la foto, Emma sonríe. A su lado, Mario levanta la mano y dibuja con los dedos el símbolo de la victoria. La imagen llega por WhatsApp a primera hora de la mañana, después de pasar la noche a la intemperie. Han conseguido entrar en los servicios sociales municipales de Madrid y lo celebran. La desorganización del proceso les ha empujado a hacer horas de cola para solicitar el certificado de vulnerabilidad que necesitan para iniciar el proceso de regularización. Durante unas horas, creen que han resuelto el trámite que está entorpeciendo la medida. No era así, y lo sabrán dos días después.

Cuando el matrimonio acude a otra ventanilla del Ayuntamiento de Madrid para validar el documento se topan con una respuesta inesperada: no pueden emitir su informe de vulnerabilidad. Nos han dicho que no estamos empadronados en el municipio y, sin ese requisito, el informe no puede validarse“, dice Emma. Acaba de percatarse de que la madrugada en la calle no ha servido de nada. Toca empezar de nuevo: ”El Ayuntamiento nos ha dicho que tenemos que ir a una ONG“.

La exigencia del llamado informe de vulnerabilidad —exigido a los migrantes sin papeles que no vivan con hijos a cargo o no prueben una vinculación laboral anterior o futura— ha abierto un frente inesperado en el proceso de regularización. Este requisito es el principal responsable de las largas colas, noches a la intemperie o choques entre el Gobierno central y muchos ayuntamientos, especialmente los del Partido Popular. Su elaboración corresponde en primer lugar a los servicios sociales municipales pero, a sabiendas de que estos trámites suelen traer problemas, el Gobierno añadió la posibilidad de que estos documentos fuesen validados por las llamadas ONG colaboradoras, incorporadas a un listado oficial. Y, mientras muchas oficinas municipales aún no han empezado a emitir estos documentos o validan solo unas decenas al día, las ONG de pequeño y mediano tamaño, pese a sus escasos recursos, se desloman para entregar el mayor número de informes posible.

Tras el varapalo recibido en el Ayuntamiento de Madrid, tras horas de llamadas, derivaciones y puertas cerradas, Emma y Guillermo escuchan hablar de la organización Servicio Doméstico Activo (Sedoac). Cuentan su caso, cuando la trabajadora de la organización asiente, suspiran. Emma agarra la carpeta que arrastra desde hace una semana por medio Madrid y gesticula su alegría contenida. Llegado su turno, Isabel, con cercanía, pregunta sobre su situación en España. Sin papeles, sin trabajo estable y con dificultades para pagar el alquiler de la pequeña habitación donde viven, la ONG valida su certificado de vulnerabilidad. Emma y Guillermo clavan su mirada en el sello que la trabajadora estampa en el papel. Se miran cómplices y sonríen.

No es la concesión de la regularización. No es el registro de su petición. Es un simple formulario, un requisito de las decenas de documentos que tienen que presentar para optar al proceso extraordinario. Pero cuánto les ha costado conseguir el último papel que les queda para entregar su expediente a su abogado e iniciar el trámite. Tenían todo preparado desde hace semanas, y esta exigencia de última hora desbarató sus planes y les avivó el miedo de quedar excluidos de la medida.

Con el documento sellado en sus manos, Emma se emociona: “Hemos sufrido mucho, por eso agradecemos tanto tenerlo en nuestras manos por fin”. Mientras escucha a su esposa, Guillermo se rompe: “No entendemos como, hasta para una medida esta, nos hacen pasar por todo esto. Por qué lo ponen tan difícil de repente, por qué nos tienen que hacer pasar por tantas horas de cola, por ir de un lado a otro, casi suplicando, para conseguir este último requisito”, dice el salvadoreño, antes de abandonar la ONG entre decenas de palabras de agradecimiento.

Desde la semana pasada, la sede de la ONG Rumiñahui en Madrid amanece con cientos de personas esperando en su puerta. Tras la publicación de varios post en su Instagram que anuncian la emisión de cientos de certificados de vulnerabilidad cada día, se ha corrido la voz. La organización ha elaborado un sistema ágil para emitir de manera rápida, y obviamente gratuita, el mayor número de informes posibles. “Hemos habilitado varias salas y organizamos grupos de unas 80 personas. En ellas, durante una hora, les damos una charla. En grupo, les explicamos las distintas casuísticas de vulnerabilidad y, así, hablando en común, les vamos indicando la casilla que les corresponde marcar. Una vez comprobado todo, los validamos.

La organización está sacando adelante alrededor de 600 informes al día en cada sede. La oficina de servicios sociales de Puerta de Toledo, permite cada día realizar el trámite a unos 80. La ONG, apoyándose en trabajadores y voluntarios, atiende casos de las 9 de la mañana a las 9 de la noche, aunque no es su horario habitual. Según varios testimonios recabados, las oficinas de servicios sociales municipales que el Ayuntamiento de Madrid ha habilitado para poder hacer dicho trámite, atienden estas peticiones hasta las 12 de la mañana aproximadamente, durante unas tres horas.

La misma organización, Rumiñahui, realizó este viernes una misión en Lorca, municipio con un alto porcentaje de población migrante, la mayoría empleada en el campo. “Hay unas mil personas en la cola, ya hemos validado unos 600 informes de vulnerabilidad”, explica por teléfono desde allí Vladimir Paspuel, presidente de la entidad, a elDiario.es. En otros lugares, muchos ayuntamientos aún no han empezado a sellar los informes, por lo que la labor está recayendo en muchas organizaciones que no dan de sí: “En Andalucía, nos estamos encontrando muchos municipios que directamente se niegan a realizar este documento, o dan citas para junio. No puede ser que las ONG, que además suelen ser las pequeñas o medianas, hagan más informes que los servicios sociales. Tienen que habilitar más recursos, sean del estado o municipales, para reforzar esa atención”, sostiene Diego Boza, abogado de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía.

El 'Centro de Empoderamiento de Trabajadoras de Hogar' de Sedoac suele abrir sus puertas solo de jueves a domingo para recibir a mujeres empleadas domésticas, a quienes apoyan a través de talleres o distintas actividades. Ahora, el espacio se ha convertido en una suerte de oficina de servicios sociales. En una sala, dan cita. En otra, sellan informes o registran expedientes urgentes. “Con todo esto, hemos ampliado el horario”, dice Edith Espínola, portavoz de Sedoac. Es martes, acaba de salir de una entrevista y mira el reloj apurada. Es su día libre en su trabajo y quiere aprovecharlo para sellar informes de vulnerabilidad y registrar algunas peticiones. “Tengo ya a gente esperando en la puerta”, dice antes de tomar un taxi para empezar cuanto antes. Ella es una de las integrantes más activas del movimiento que lleva seis años de lucha por la regularización, conoce lo que está en juego y el significado de cada papel.

Sentada en la mesa, empieza a atender a quienes esperaban. No son muchos. Aún no se ha corrido la voz de que Sedoac ha empezado a sellar el documento por el que cientos de personas hacen fila en los servicios sociales. Primero empezaron con las mujeres a las que atienden en sus proyectos, pero ya han abierto sus puertas para todo el que lo necesite. Espínola atiende cada caso sin importar el tiempo, conoce de primera mano lo farragoso del proceso y la importancia de comprender cada detalle. Además de sellar el documento, se interesa por el caso específico de quienes se sientan frente a ella.

Ante la falta de un sistema de coordinación estatal, estas organizaciones con escasos recursos van adaptándose en función de la demanda. Ese martes, Sedoac recibió a unas 30 personas. El miércoles fueron 150. El jueves, algo más. El viernes, la organización decidió rediseñar su sistema, exigiendo cita previa. Como saben que aunque el plazo finaliza el 30 de junio, no todos pueden esperar a registrar su petición, la organización permite cierta flexibilidad en determinados casos que requieran urgencia: como la previsible caducidad de otro de los documentos recopilados, como los antecedentes penales; o ante situaciones laborales específicas, como los complejos horarios de las empleadas domésticas internas.

“Tú te lo sabes mucho mejor que mi abogado, y le he pagado 300 euros. Él no responde mis dudas, y tú me lo explicas muy fácil, paso a paso”, se sorprende una mujer que llegó a este punto de casualidad y se fue con su informe validado después de varios días en una suerte de juego de la oca en busca del certificado de vulnerabilidad. Espínola, con cierto sonrojo y humildad, baja la mirada y sonríe: “Bueno, es que yo he pasado por esto, lo he vivido”, responde la paraguaya. La activista vivió durante seis años en España sin papeles y se enfrentó al enjambre de trámites exigidos para lograr un permiso de residencia. Sabe de lo que habla.

Dicen que la regularización extraordinaria está dirigida a delincuentes y yo veo a Sandy. La mujer colombiana, solicitante de asilo, espera desde hace dos años la resolución de su petición. Ha cuidado a una decena de ancianos españoles y, aunque le encanta su oficio de enfermera, está agotada. A punto estuvo de volver a su país por la explotación sufrida en varias viviendas donde trabajó como interna. Han abusado de ella tantas veces que se plantea cambiar de profesión o, al menos, sacarla del opaco espacio del trabajo doméstico. Presentó su solicitud el primer día en que entró en vigor la regularización. No quería esperar. Piensa que una tarjeta de residencia más estable le permitirá luchar más por sus derechos. 

Dicen que son delincuentes y yo veo a Jaqueline detrás de un carrito de bebé. Es salvadoreña y vive en España desde hace 16 años, pero no tiene papeles. Los tuvo, durante un año, pero no logró cotizar el mínimo para renovar su tarjeta. “Me quedé embarazada y por tres días no cumplí con lo que pedían”, me cuenta la mujer, madre de tres hijos, a las puertas de Correos, uno de los puntos principales para solicitar presencialmente la regularización. Mientras registraba su petición, Jaqueline pensaba en su madre.

La falta de permiso de residencia le ha impedido verla en 16 años porque no puede salir del país. Ninguno de sus tres hijos conoce a su abuela. Si en unas semanas recibe una respuesta positiva, ahorrará para intentar volver a El Salvador y volver a comer las pupusas de su madre.

Dicen que son criminales y conozco a Mohamed sentado a las 2 de la mañana sentado frente a una oficina de servicios sociales de Madrid. El marroquí ha recorrido ya varios puntos de la ciudad para conseguir el certificado de vulnerabilidad, un documento exigido a los migrantes sin papeles para pedir la regularización, el que está generando largas colas en distintos puntos de España. El joven, de Tánger, llegó a Madrid hace un año y ya habla perfecto español. Con papeles, trabajó a través de una empresa de empleo temporal, sin contrato pero dado de alta, en restaurantes lujosos, como el del Hotel Riu. Aunque no fuese estable, dice, le encantaba su empleo, los distintos lugares y personas que conocía. Desde que perdió su permiso de residencia no ha podido trabajar. Lo echa de menos. 

En algún lugar estarán diciendo que se regularizará a delincuentes, cuando Mara me pregunta si puede contarme algo personal. Está temblando y nos vamos a un lugar tranquilo. Se rompe al describir el susto que tuvo hace unos días. Creía ir a una entrevista de trabajo, pero algo raro le hizo sospechar y acabó escapándose a la carrera ante el miedo de que se tratase de una red de explotación. Vio varias señales que no le gustaron y corrió en busca de un lugar seguro. Ahora no se siente tranquila ni en su casa. La oferta de trabajo la encontró en una iglesia. Necesita sentirse más protegida en su ambiente laboral. Cree que puede lograrlo con la regularización. 

Dicen que son delincuentes y paso varias horas de la madrugada con un grupo de migrantes que hacen noche para conseguir el trámite que atasca el proceso de muchos. Entre ellos organizan lo que no organiza el ayuntamiento de turno, en este caso el de Madrid. También se ayudan. Uno ha llevado una garrafa llena de café que va repartiendo entre la fila de personas compuestas por distintas nacionalidades, la gran mayoría procedentes de Latinoamérica. Otra joven ha comprado dulces y los distribuye. Muchos se aconsejan unos a otros sobre los trámites que les quedan y comparan los precios de sus abogados. Después de no dormir en toda la noche, después de ser maltratados por un sistema que les obliga a esperar por un trámite en condiciones indignas hasta en un proceso que trata de otorgarles derechos, me envía una fotografía. Están ojerosos, pero sonríen. “Lo hemos conseguido”, dice Brayan. 

Las redes de apoyo, más fuertes

Dicen que este proceso promueve la criminalidad, pero, desde la entrada en vigor de la regularización, en la calle se vive un impulso de la solidaridad que emociona. También están quienes abusan y se aprovechan para enriquecerse de la desesperación ajena, pero son más quienes suman. Esas redes de apoyo entre vecinos españoles y extranjeros, esos voluntarios que buscan la manera de ayudar, quienes prestan el certificado digital del que carecen las personas sin papeles para registrar sus solicitudes; esa gente que reparte comida y café en las colas frente a los servicios sociales. 

Prefiero mirar a Hassan, un bangladesí que viene desde Valencia para ayudar a sus compatriotas con los trámites y, sentado en una terraza de un restaurante de kebab, empieza a acumular decenas de carpetas con expedientes a regularizar. O a Gabriela, una mujer peruana que después de conseguir zanjar un trámite con la ayuda de la ONG Sedoac, se queda toda la mañana rellenando papeles para ayudar a la organización que acaba de apoyarla. O a Mohammad quien, una vez sellado el certificado que buscaba desesperado desde hace días, en vez de irse a casa a descansar, se ofrece voluntario para aportar lo que puede: hacer de intérprete del bengalí al inglés y, así, echar una mano al resto de la comunidad de Bangladesh.

Está pasando en nuestros barrios. Si no lo veis, abrid los ojos; os lo estáis perdiendo. Si ni aun así encontráis estas escenas, podéis ser vosotros quienes extendéis la mano a vuestras vecinas o las organizaciones colaboradoras que, desbordadas, tratan de que nadie se quede fuera de la regularización que tantos años ha costado sacar adelante. Tienen hasta el 30 de junio para superar una yincana burocrática. Cualquier apoyo lo agradecerán.

Dicen que entre ellos se regularizará criminales y mienten: todos deben presentar un certificado que prueba que carecen de antecedentes penales en sus países y sortear dos filtros más sobre su situación jurídica y policial en España. Alberto Núñez Feijóo también dice que el proceso de regularización es “inhumano, injusto e insostenible”, pero somos más quienes pensamos que reconocer los derechos de quienes ya viven con nosotros supone todo lo contrario. 

El vídeo de la semana

Sus historias y particularidades chocan con la masa única en la que a veces intentan transformarlos. Estas son algunas de las más de 100.000 personas que ya han registrado su solicitud de regularización. Solo escuchándolas, los bulos de la derecha caen por su propio peso.

Muchas gracias por saber que esto es importante. Hasta el próximo boletín de Desalambre, dentro de 15 días.

Un abrazo,

Gabriela.

Desde que se anunció la regularización extraordinaria, Partido Popular y Vox han insistido en lanzar el mensaje de que la medida dará los papeles a personas delincuentes, algo que choca con los requisitos de la norma que lo regula. Si en un primer momento aseguraban que el Gobierno no exigiría la carencia de antecedentes penales, algo que es falso. Luego, se aferraron a una supuesta falta de revisión de los antecedentes policiales, que tampoco era tal. En los últimos días, una instrucción dirigida a instituciones penitenciarias ha vuelto a activar el relato que conecta la regularización con la delincuencia. Sin embargo, las exigencias establecidas en la norma, y en la propia Ley de Extranjería, establece varios filtros para impedir que esto suceda.

“No tiene que pasar un filtro, sino tres. Y la experiencia en extranjería nos dice que, incluso en los puntos que dejan un margen a la interpretación de los funcionarios, estos suelen aplicarlo de manera restrictiva”, sostiene Patricia Fernández Vicens, abogada experta en inmigración. “Es un escrutinio muy severo”, añade.

1) No tener antecedentes en España

El primero de esos filtros son los antecedentes penales en España, uno de los pilares del procedimiento, una exigencia iineludible blindada por la Ley Orgánica de Extranjería. La norma exige carecer de condenas firmes por delitos recogidos en el ordenamiento jurídico español. “Con antecedentes penales es un rechazo asegurado. No hay vuelta de hoja. Aunque sea algo menor y haya un arraigo fuerte, no es aceptada. Y esto siempre ha sido así en la normativa española”, sostiene Vicens.

La norma sí permite optar a la regularización si estos antecendentes han sido cancelados previamente, lo que implica haber cumplido la pena, haber dejado pasar los plazos legales sin reincidir y, por último, haber realizado el trámite de solicitar su suspensión. No basta, por tanto, con no estar en prisión: cualquier condena que siga vigente en los registros puede bloquear la solicitud.

La comprobación no depende de una declaración o documento presentado por la persona interesada. El solicitante en este caso no tiene que presentar nada, sino que la Administración consulta de oficio el Registro Central de Penados y cruza la información con otras bases de datos judiciales y policiales, según el real decreto de la regularización. Este cruce automatizado permite detectar antecedentes aunque no se hayan aportado o aunque exista algún error en la documentación presentada. No se limita a delitos graves: infracciones penales de menor entidad también suponen una negativa asegurada.

En la práctica, se trata de una criba inicial que deja fuera a quienes tienen cuentas pendientes con la justicia española, pero también a quienes no han completado los trámites necesarios para cancelar sus antecedentes. Y suspenderlo puede ser un trámite farragoso que también implica conocer y gestionar un procedimiento administrativo adicional que no siempre resulta sencillo.

2) Certificado de antecedentes otros países

El segundo filtro, cuenta a su vez con una doble o incluso una triple comprobación. La legislación de Extranjería, como la norma de la regularización, lleva el control más allá de España y pone el foco en el país de origen. Para acceder a la regularización, es obligatorio presentar un certificado de antecedentes penales expedido por las autoridades de esos países, debidamente legalizado o apostillado y, cuando corresponde, traducido. Sobre el papel, es un requisito estándar en extranjería. En la práctica, se convierte con frecuencia en uno de los principales obstáculos del proceso debido a la dificultad que conlleva obtener este documento, especialmente en determinados países.

Hacerse con el certificado de carencia de antecedentes penales implicar largos plazos, costes elevados y una burocracia compleja. En algunos casos, las personas solicitantes solo pueden tramitarlo presencialmente en su país, algo imposible para quienes no tienen documentos, lo que les obliga a recurrir a intermediarios o gestiones consulares que se alargan durante meses. A ello se suman las dificultades propias de algunos países: administraciones poco digitalizadas, registros incompletos o sistemas atravesados por prácticas arbitrarias.

No solo es suficiente probar que no tienen historial delictivo en su país de origen. En caso de que el interesado haya vivido en otros países, también tendrá que pedir el certificado en estos Estados, en concreto allí donde haya vivido en los últimos cinco años. “Estamos viendo casos de gente a la que le está costando mucho obtener estos documentos en terceros países, donde quizá no han vivido mucho tiempo”, sostiene Edith Espínola, miembro de la organización Servicio Doméstico Activo, una de las entidades colaboradores del proceso de regularización extraordinaria, con capacidad para registrar solicitudes.

La Administración española, más allá de aceptar el certificado presentado, puede contrastar la información, solicitar verificaciones adicionales o incluso recabar datos complementarios si existen dudas sobre la veracidad del documento, recuerda Diego Boza, letrado de extranjería en la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. También se tiene en cuenta la equivalencia de los delitos: “Solo se valoran aquellos que también suponen un delito en España”, aclara Boza.

3) Informe de antecedentes policiales

El tercer filtro, y uno de los más controvertidos, es el de los antecedentes policiales, es decir, los registros que recogen detenciones o investigaciones, aunque no hayan terminado en sentencia. “Tener antecedentes policiales significa que te han detenido, y eso da un margen demasiado amplio”, resume el abogado de extranjería y penalista en la APDHA. Esos registros alimentan un informe policial para analizar si esta persona puede suponer un “peligro para el orden público, la seguridad o la salud pública” y, según los criterios policiales, decidirá si se trata de un perfil “favorable o desfavorable”. Posteriormente, ese documento será utilizado por la Unidad de Tramitación de Extranjería (UTEX), para vtomar la decisión de cada caso. Es este punto en el que el PP observa una supuesta grieta, pero la experiencia sostiene que este punto suele resolverse de forma restrictiva.

En la práctica, defienden ambos expertos, en los procedimientos habituales de extranjería, ese informe suele convertirse en un obstáculo determinante. “En general, esto significa que la persona para ser regularizada no puede tener ninguna detención”, señala Fernández Vicens, aunque el real decreto matiza que la mera existencia de antecedentes policiales no implica automáticamente una denegación. La experiencia, sin embargo, apunta a lo contrario: “Con antecedentes policiales no te dan ni residencia temporal por arraigo, ni temporal ni a veces incluso las renovaciones de una tarjeta ya concedida”, detalla la abogada, quien recuerda la experiencia de las decenas de casos denegados por esta razón.

Fernández Vicens menciona uno reciente: “Tengo un caso de un chico que fue detenido por conducir sin carnet, porque en ese momento no lo llevaba encima, pero lo tenía. Finalmente, fue absuelto. Aunque se había demostrado que no había cometido ese delito, los atancentes policiales se quedaron y su permiso de residencia fue rechazado”. Numerosas detenciones, aunque no derivenb en condena —como una identificación errónea o una sospecha que quedó en nada—, pueden acabar pesando en la decisión final, concluyen ambos expertos. A través de este informe policial, la administración puede detectar patrones de conducta como “una tendencia delictiva”, es decir, la reiteración en determinados delitos.

Para los letrados, la resolución negativa de la residencia en casos de personas sin una condena firme puede suponer una vulneración del derecho a la presunción de inocencia. “Ese que tanto defienden el PP cuando uno de sus miembros está siendo investigado”, apunta Fernández Vicens. “Rodrigo Rato, por ejemplo, tiene antecedentes policiales pero no penales”, ejemplifica Boza.

La instrucción en las cárceles

La polémica más reciente surge a raíz de una instrucción interna remitida a centros penitenciarios para dar a conocer la normativa de la regularización entre la población reclusa extranjera, y permitir a estos que puedan registrar una solicitud como cualquier ciudadano, lo que ha sido interpretado por PP y VOX como una vía para facilitar la regularización de personas condenadas, pero no es así. Pueden pedirla, otra cosa será que esta sea aceptada, pues deberán cumplir los mismos requisitos.

“La instrucción no es más que una comunicación para informar a la población interna extranjera de la existencia del nuevo Real Decreto, mediante la difusión de copia del mismo en los tablones de anuncios de los diferentes departamentos, biblioteca, escuelas”, aclaran fuentes del Ministerio del Interior.

Desde Partido Popular y Vox, dirigentes y portavoces han vinculado esta instrucción con la idea de que el Gobierno pretende “dar papeles a delincuentes”, reforzando un mensaje que ya venían sosteniendo desde el anuncio de la medida. En el supuesto de que una persona privada de libertad iniciara una solicitud de regularización, el procedimiento seguiría sometido a los mismos tres filtros de antecedentes —en España, en el país de origen y en el ámbito policial—, que condicionan de forma decisiva el acceso a la autorización de residencia.

Solo en escenarios concretos, como el de personas en prisión preventiva que finalmente resulten absueltas y hayan limpiado de su expediente el antecedente policial en el momento del estudio de su solicitud, podría optar a regularizarse si cumplen el resto de requisitos, apunta el abogado Diego Boza, quien lanza el debate de fondo sobre el alcance del uso de los antecedentes policiales y su peso en las decisiones administrativas: “También hay que preguntarse si tiene sentido reiterar la residencia a alguien con este tipo de antecedentes, si por ejempolo ha podido cometer robos menores reiterados, cuando el hecho de no tener papeles, aumenta la exclusión y suele generar un mayor riesgo de este tipo de conductas que, en caso de estar regularizado, podrían terminar porque accedería a más medios de vida”, indica.

Una manta de borrego las abriga a las dos, tumbadas de espaldas, muy juntas y cómplices, frente a la verja cerrada de una oficina de los servicios sociales municipales de Madrid. Sobrepasa la medianoche y la escena parece extraída de cualquier momento de intimidad hogareño entre madre e hija, pero sucede sobre una colcha extendida en el suelo, a la intemperie, donde pasarán toda la noche para intentar conseguir un informe de vulnerabilidad, uno de los documentos exigidos a los migrantes sin papeles para optar a la regularización extraordinaria.

Son las segundas de una fila que, ocho horas antes de la apertura de puertas de la oficina municipal, supera las 80 personas. Pero la mayoría ni siquiera acaba de llegar. Para conseguir ese puesto, Hilary, de 18 años, y su madre guardan su turno desde las seis de la mañana de este martes, por lo que pasarán en total más de 24 horas hasta conseguir el papel. “Esta mañana llegamos a las 6 de la mañana, fue entrando la gente y, cuando dejaron de dar más informes, nos quedamos aquí, justo en la puerta”, explica delante de la verja.

“Esta oficina abrió sobre las 8:30 horas y a las 11 ya no han dejado entrar a más personas. En un caso así deberían tener más tiempo para que no se acumule tanta gente”, considera Hilary. Con 18 años recién cumplidos, señala una de las posibles causas que explican que cientos de personas se vean empujadas cada noche para conseguir un trámite necesario para la regularización: la falta de recursos suficientes para responder al aumento de la demanda durante los dos meses que durará la tramitación de la medida.

El documento, un formulario sencillo que necesita ser validado por los servicios sociales o las ONG colaboradoras, está detrás de las largas esperas o el peregrinaje de cientos de migrantes en busca de algunos de los puntos habilitados para concederlo. Se trata de un requisito exigible solo a los migrantes sin papeles que carecen de vinculación laboral o hijos a cargo. Además de Madrid, se han registrado filas similares en las oficinas municipales de distintos puntos del país, como Zaragoza, Valencia, Murcia u Hospitalet de Llobregat, entre otros. Además de los servicios sociales municipales, más de 400 organizaciones pueden validar estos documentos. Mientras los primeros días muchas aún no estaban organizadas, cada vez son más las que emiten cientos de certificados cada día.

Mientras el Gobierno acusa al Ayuntamiento de Madrid de boicotear la medida, el Consistorio madrileño critica que el Ejecutivo central no se coordinó con los ayuntamientos antes de introducir este requisito que en parte depende de ellos. “Lo que no va a hacer el Ayuntamiento de Madrid es cooperar y colaborar a una chapuza que falta el respeto a la dignidad de las personas”, dijo el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, tras la entrada en vigor de la regularización extraordinaria. Días después, el Consistorio empezó a atender a los migrantes que requerían dicho trámite sin cita previa en una decena de oficinas de la ciudad. Las colas no tardaron en formarse.

Historias de una cola

La espera por el trámite ha empujado a Hilary a saltarse las clases de la Formación Profesional (FP) de Estética. Cada día, la joven acude a las aulas de su FP sin la seguridad de recibir el título: “Sin tener papeles no puedo recibirlo, por eso la regularización es tan importante para mí”, dice, mientras sus compañeros de fila, unos chicos bangladesíes, preparan la bicicleta para que uno de ellos vaya un momento a casa para traer algo para cenar. Sobre su espalda, Delowar se coloca la típica mochila cuadrada naranja de una de las principales cadenas de delivery, donde suele trabajar de forma puntual a través de la cuenta de un amigo con papeles, un empleo habitual para muchas personas en situación irregular. 

Delowar, vestido con un moderno y colorido jersey de cuadros, sonríe entusiasmado al describir lo mucho que le gusta España en comparación con el país europeo en el que ha vivido el último año. Antes de llegar a Madrid, vivía con permiso de residencia en Finlandia y trabajaba en una empresa de electrónica, el ámbito donde ahora le gustaría, si logra la tarjeta de residencia, encontrar un empleo.

“Me fui de Finlandia por razones médicas relacionadas con el tiempo allí. Tengo algunos problemas de salud y el médico me recomendó que me venía muy mal vivir en un lugar tan frío”, explica en perfecto inglés el bangladesí, de 33 años. “Tenía dos opciones: volver a mi país o probar suerte en otro. Un compañero en la empresa finlandesa era español, era el que mejor me caía allí y me contaba cosas de su país… Decidí intentarlo aquí”, detalla el chico. Durante los primeros cuatro meses pudo vivir sin trabajar gracias a sus ahorros pero después empezó a trabajar de manera irregular en empleos puntuales, principalmente en el reparto de comida a domicilio. 

“Llegué a las 6 de la madrugada y los funcionarios nos dijeron que había que venir antes y esperar. Dijeron que la gente se está quedando a dormir y esa es la única manera para conseguirlo”.

Según la Consejería de Servicios Sociales de Madrid, el Ayuntamiento ha pasado de 1.500 peticiones diarias en los centros de servicios sociales a 5.500. “Llegamos de madrugada pero los funcionarios nos dijeron que había que venir antes y esperar. Dijeron que la gente se está quedando a dormir y esa es la única manera para conseguirlo”, explica Jaqueline, resignada y casi sin quejarse. El colapso del sistema de citas y el hecho de que las personas sin papeles carecen de la clave pin que exige el trámite electrónico, complica que puedan hacer el trámite con cita previa. “Es imposible, no hay citas hasta mediados de mayo”, dice una señora.

El Gobierno pide “paciencia” y asegura que habrá tiempo para poder registrar las solicitudes, recordando que el plazo finaliza el 30 de junio. Pero hay más fichas en el tablero. Otros de los documentos exigidos, que algunos tienen preparados desde hace semanas, tienen fecha de caducidad. “Mi certificado de antecedentes penales expira en mayo, no puedo esperar a mayo”, continúa la mujer.

Confusión

Unos metros más allá Nora, también peruana, bebe café sentada sobre un sofá rosa infantil apoyado en la barandilla que separa la acera de la carretera. En uno de sus paseos para estirar las piernas, lo encontró junto a los contenedores y se lo llevó para pasar la noche de espera algo más cómoda. Lleva horas en la fila para conseguir un documento que, sin embargo, en su caso no necesita para pedir la regularización.

La mujer, trabajadora doméstica por horas en una casa de las afueras de Madrid, vive con su hija en una pequeña habitación. Tiene menores a su cargo y puede demostrar que vive con ellos, lo que le exime de presentar el certificado de vulnerabilidad, pero su abogada le ha asegurado que necesita ese documento por el que va a pasar la noche a la intemperie. Cuando este medio le enseña la información oficial que confirma que no tiene que presentarlo, muestra incomprensión: “¿Y por qué ella no sabe eso si le hemos pagado 300 euros por cada miembro de la familia?”. 

No decide irse a casa. “Ya que estoy aquí, ya me quedo. Me da miedo que me falte algo y si la abogada lo dice… ”, justifica la peruana. “He sufrido mucho en España, no puedo arriesgarme ahora que tenemos esta oportunidad”, defiende la mujer. La dificultad para obtener trabajo en situación irregular le ha empujado a vivir durante meses en albergues para personas sin hogar y en las salas en hospitales, cuenta.

“En servicios sociales me dijeron que si no conseguía un lugar donde vivir me iban a quitar a mi hija. Y yo decía: Pero si he venido a España para conseguir una mejor vida para ella, ¿cómo me la van a quitar?”, reflexiona Nora. La señora, hasta estabilizar su situación, dejó a su hija en un recurso temporal para menores de los servicios sociales, asegura, hasta que encontró un empleo estable a jornada parcial. “Ahora ya puedo pagarme una habitación para las dos y, por la tarde, estoy con mi niña”, añade, antes de recostarse en el pequeño sofá para descansar unas horas, cuando el frío de la madrugada empieza a meterse en el cuerpo.

“He sufrido mucho en España, no puedo arriesgarme ahora que tenemos esta oportunidad”

Autoorganización de las filas

En la pequeña comunidad surgida después de horas de espera, un rato en la fila es suficiente para identificar alguno de los roles tomados por quienes la integran. A Idaquele la llaman “la jefa”. Todo aquel que quiere añadirse en la cola, se acerca a esta señora peruana proclamada líder de la jornada. La mujer, después de confirmar que efectivamente “los nuevos” vienen para quedarse, anota un número en sus mano

“Alguien tenía que hacerlo. Si no se organiza un poco esto es un desastre”, dice Idaquele, junto a dos mujeres paraguayas con las que ya comparte bromas tras horas de espera. Todas comentan la picaresca de alguno de los compañeros de fila, a los que ya tienen fichados, que ya ha intentado colar a algunas personas en varios momentos del día.

La mujer peruana, que aparenta ser más seria de lo que es, camina con el ceño fruncido por la fila cuando alguien parece intentar colocarse en un lugar que no le corresponde. Todos cuentan indignados el intento de una mujer de introducir a 15 personas a las que decía estar guardando el sitio. “No es justo que se vayan a dormir y luego aparezcan diciendo que tienen un número apuntado en la mano. Porque los que estamos aquí pasando sueño nos podemos quedar fuera por una única persona”, dice Emma, salvadoreña, mientras come una ensalada sentada en una silla. Junto a su marido se ríen con Brayan, colombiano, y German, hondureño, con quienes han acabado juntándose durante la espera. Cada vez que hay un conato de tensión en la fila, o que alguien intenta colarse, se lo toman con humor pese a su preocupación.

El marido de Emma no ha dejado de trabajar en la construcción en el año y medio que lleva en España. “Trabajo... pero sin papeles”, dice en susurros, como si se avergonzase, cuando todas las personas de esa fila no tienen más remedio que trabajar en b para sobrevivir. “Por eso estamos aquí, para obtener los papeles, trabajar con contrato y cotizar”.

No entiende la exigencia de última hora del informe de vulnerabilidad. “¿Por qué el Gobierno decidió meter ese certificado? Teníamos todos los documentos preparados, lo fuimos haciendo con tiempo. Y, ahora, esta sorpesa nos tiene aquí en la calle esperando”, se queja el salvadoreño. El requisito, incluido a última hora por el Gobierno, es la fórmula que recoge la norma para justificar la vulnerabilidad que conlleva no tener papeles. En un primer momento, el Ministerio de Inclusión defendió que la mera irregularidad suponía vulnerabilidad, pero el Consejo de Estado recomendó una mayor concreción para probar ese supuesto.

Pasa un coche de policía por la calle colindante a la larga fila de personas sin papeles. Cuando sucede, una voz se escucha en algún lugar determinado de la fila: “Ahora vienen y nos llevan a todos a extranjería”. El comentario genera algunas risas, pero cada vez que un vehículo policial se acerca, la mayoría se mantiene pendiente hasta que desaparece.

Pasadas las 8 de la mañana, la tensión aumenta. “Se han vuelto a intentar saltar la fila varias personas, pero se ha puesto orden”, cuenta Emma, que no deja de tomarse con humor la situación con sus compañeros. Temían no lograr conseguir el documento pese a la noche en vela, pero lo consiguieron. A las 12 horas, Germán envía una foto desde el interior de los Servicios Sociales. Ojerosos pero sonrientes, posan ante la cámara para retratar un paso más hacia la regularización. “Uno se encuentra grandes personas en el camino”, reflexiona el hondureño.

Son las 20 horas y ya hay cola frente algunas oficinas de los servicios sociales de distintos ayuntamientos de España. Salvo excepciones, cada una de las personas que aguarda su turno tiene tres palabras en mente: “Informe de vulnerabilidad”. El documento, un formulario sencillo que necesita ser validado por los servicios sociales municipales o las ONG colaboradoras, está detrás de las largas esperas o el peregrinaje de cientos de migrantes en busca de algunos de los puntos habilitados para concederlo. El Gobierno defendió que el trámite iba a ser rápido y no iba a tener complicación, pero se ha convertido en el principal escollo del procedimiento y en un nuevo foco de tensión entre el Ejecutivo central y las administraciones gobernadas por el PP. 

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha acusado este martes a los ayuntamientos del PP de “boicotear” la regularización, a través de supuestas trabas a la tramitación de estos informes, debido a las “instrucciones racistas de Alberto Núñez Feijóo”. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra ha asegurado que hay “ayuntamientos que, siguiendo directrices políticas del PP, están boicoteando las esperanzas y los derechos” de los migrantes. Saiz ha citado las declaraciones del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que aseguró el pasado jueves que su consistorio “no va a colaborar” con la regularización. 

“Lo que no va a hacer el Ayuntamiento de Madrid es cooperar y colaborar a una chapuza que falta el respeto a la dignidad de las personas”, dijo el regidor de la capital el día en que entró en vigor la medida. Declaraciones similares, que señalan, al menos de apariencia, la intención de algunas administraciones del PP de no cooperar con la regularización, a través de la imposición de trabas a la tramitación de los documentos emitidos por los servicios sociales municipales -como el informe de vulnerabilidad- que los migrantes necesitan presentar para cumplir con los requisitos de la medida del Gobierno. 

El llamado “informe de vulnerabilidad”, es un formulario de apariencia sencilla que sirve para justificar cómo la situación de irregularidad conlleva unas condiciones de vida precarias en la vida del solicitante de la regularización. Se trata de un requisito incluido a última hora por el Gobierno, que no estaba recogido en los primeros borradores de la medida, que solo deben cumplir los migrantes sin papeles (no los solicitantes de asilo) que carecen de vinculación laboral o hijos a cargo. Quienes no cumplan uno de estos dos supuestos deben probar su condición de vulnerabilidad. En un primer momento, el Ministerio de Inclusión defendió que la mera irregularidad suponía vulnerabilidad, por lo que la intención inicial era no obligar a presentar ningún documento añadido para justificar esa precariedad. Sin embargo, el Consejo de Estado recomendó probar la vulnerabilidad de algún modo, por lo que finalmente se añadió como requisito el certificado por el que ahora cada madrugada esperan cientos de migrantes en largas colas frente a distintas oficinas municipales y a las entidades sociales que pueden emitirlo en España (este es el listado actualizado).

“Boicot” de algunos ayuntamientos

En Zaragoza, el equipo de Gobierno de Natalia Chueca ordenó restringir todos los trámites relacionados con el proceso de regularización de inmigrantes a un único espacio, las oficinas centrales de la plaza del Pilar, donde se ubica la casa consistorial. Al obligar que se derive a todas las personas que acudan con la finalidad de obtener el certificado de vulnerabilidad, y otro tipo de documentación, a una fila única del Ayuntamiento, forzaba a miles de personas a soportar largas filas desde la madrugada. El Consistorio solo permitía a estas personas a esperar en el exterior de las instalaciones municipales, pese a contar con espacio para ello en su interior, un gesto que el Grupo Municipal de Zaragoza en Común ha interpretado como un intento de “escenificar” el “supuesto caos”, informa Esther L. Chamorro. 

Pese a estas directrices, algunos funcionarios de las juntas de distrito se han plantado contra esta decisión y han optado por continuar con esta atención a los migrantes que aspiran a la regularización. “Es un trámite sencillo”, explica una de las trabajadoras públicas que han decidido seguir con la emisión de los documentos ligados a la medida del Gobierno. 

En Palma, varios funcionarios han denunciado órdenes del Ayuntamiento -dirigido por el PP con Vox como respaldo en los plenos- para impedir la movilización de personal de refuerzo en los servicios sociales municipales para atender el aumento de demanda por las peticiones de documentación ligadas a la regularización, informa Pablo Sierra del Sol. 

“Es flagrante que utilicen personas para una batalla política”, recriminaron los empleados públicos en un comunicado. Así, pese a las filas larguísimas formadas cada mañana frente a las Oficinas de Atención a la Ciudadanía de Palma (OAC), estas personas eran atendidas por los mismos funcionarios de siempre debido a “instrucciones políticas”, siempre según la denuncia de los empleados públicos. 

Mientras algunos de sus ayuntamientos lanzan órdenes para impedir el refuerzo de estas ventanillas para entregar los trámites requeridos, el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha criticado el “caos generado” en los servicios sociales municipales. Según anunció este lunes, su partido va a presentar mociones en todos los ayuntamientos del país en los que gobierna (más de 8.000) para exigir que se paralice el proceso de regularización extraordinaria. 

“Falta de instrucciones” del Gobierno

Sin embargo, las directrices y declaraciones de los ediles del PP en contra de la medida no son las únicas razones que explican las colas formadas para realizar dicho trámite, ni la gran dificultad a la que se están enfrentando miles de migrantes para conseguirlo. Durante los primeros días de la entrada en vigor de la regularización, cuando cientos de personas ya se acercaban a los servicios sociales a preguntar por el nuevo “informe de vulnerabilidad”, funcionarios de distintas oficinas de servicios sociales municipales, como Madrid o Barcelona, reconocían no haber recibido directrices del Gobierno central sobre cómo era necesario validar dichos documentos. 

“Parece un documento sencillo, pero no sabemos quién lo tiene que sellar o firmar”, decía a elDiario.es una emplada pública de una de las oficinas de Madrid. Desde el día anterior a la aprobación de la iniciativa habían esuchado de forma reiterada una misma pregunta que, según aseguraban, no sabían responder pues el real decreto de la regularización no especifica ciertos detalles técnicos que, defendían algunos trabajadores sociales, son necesarios para emitir este tipo de documentos. Antes de las declaraciones de Almeida, sus empleados públicos intentaron buscar una vía para ir registrando las peticiones de este documento, mientras aclaraban cómo emitirlos. Sus testimonios señalaban cierta descoordinación inicial por parte del Gobierno central, así como la falta de comunicación previa para poder ir organizándose. “Aprueban una norma, sale en los medios, dicen que lo tenemos que sacar nosotros y nadie nos avisa antes ni nos explica el procedimiento”, se quejaba una funcionaria. 

El Consejo de Trabajadores Sociales de Madrid ha emitido un comunicado en el que solicita al Gobierno la necesidad de consensuar “criterios técnicos, claros y homogéneos” para acreditar la vulnerabilidad a través del formulario creado por el Gobierno. “En relación con la exigencia de acreditar una situación de vulnerabilidad en determinados supuestos, el Colegio considera necesario reivindicar un uso riguroso y técnico del concepto de vulnerabilidad, evitando su aplicación genérica o simplificada”, indica. “No obstante, el Real Decreto no define de forma suficientemente precisa qué perfiles profesionales deben asumir esta función en las distintas administraciones y entidades implicadas, lo que puede generar desigualdades en la valoración y en el acceso al procedimiento, comprometiendo las garantías técnicas necesarias”. 

Por su parte, a nivel estatal, el Colegio General de Trabajo Social ha manifestado su “preocupación por el impacto organizativo que este proceso puede generar en los servicios sociales, ya sometidos a una elevada carga de trabajo”. También ha alertado “del riesgo de que se instrumentalice la intervención social reduciéndose a la mera emisión de certificaciones, desvirtuando la función propia del Trabajo Social como disciplina de acompañamiento, análisis y garantía de derechos”. 

A las preguntas de elDiario.es sobre qué instrucciones envió el Ministerio a los ayuntamientos y comunidades autónomas involucradas en la regularización, el departamento dirigido por Elma Saiz reconoce que estas comunicaciones han empezado este lunes, días después de la entrada en vigor de la medida, cuando ya se habían formado largas colas frente a las entidades municipales. “Desde el Ministerio se ha convocado a las administraciones locales, a través de la FEMP, para un encuentro que tendrá lugar próximamente”, sostienen fuentes de Inclusión. “La intención es promover la colaboración e instar a que, dentro de la propia autonomía de las entidades locales, se facilite información y se ayude en todo lo posible a las personas que acudan a formalizar el trámite”, añaden. 

La ministra ha recordado este martes en la rueda de prensa de Consejo de Ministros que el certificado de vulnerabilidad puede ser acuñado también por alguna de las 224 entidades colaboradoras. En algunas de sus sedes también se están formando largas colas para conseguir dicho documento. En los primeros días, muchas de las ONG registradas en este proceso empezaron a emitir este tipo de documentos únicamente a las personas que ya atendían anteriormente, pero otras tantas ya han abierto el trámite al resto de personas. De hecho, muchas ONG, incluso de escasos recursos, están emitiendo decenas de informes cada día. “Vemos como las pequeñas entidades sociales vuelven a llegar adonde no llega el Estado”, dicen desde el movimiento Regularizacíón YA.

El miedo

Más allá de la posible falta de organización inicial o las declaraciones que tratan de torpedear los trámites de la regularización, otras de las razones que explican las largas colas de personas, que incluso duermen delante de las sedes de ONG y ayuntamientos que emiten estos documentos es la propia necesidad de tener registrada la petición cuanto antes. El plazo finaliza el 30 de junio pero muchos migrantes aún se enfrentan al miedo diario de ser detenidos en un control policial y retornados por su situación administrativa irregular, dado que los vuelos de repatriación no han sido frenados. El registro de la solicitud, sin embargo, sí conlleva la suspensión (al menos temporal hasta la resolución) de cualquier procedimiento de expulsión. Muchos temen también, que cualquier imprevisto de última hora, pudiese dejarles fuera de la medida si retrasan el trámite.

Prefieren pasar una noche a la intemperie o esperar horas y horas bajo el sol a perder esta oportunidad de ver reconocidos sus derechos en un procedimiento más agil y sencillo de lo habitual. “Nos pueden agarrar en cualquier momento. Tengo miedo hasta de ir a buscar trabajo, pero tengo que hacerlo igualmente”, dice un hombre peruano que aún no ha logrado el certificado de vulnerabilidad, el último trámite que le queda para poder entregar toda la documentación a su abogado y recibir la salvaguardia de su permanencia en España. “Cuando tenga lo registre, sentiré paz”, añade.