La “prioridad nacional” de PP y Vox ha empezado a golpear las políticas de cooperación al desarrollo. Los acuerdos autonómicos entre ambas formaciones en Extremadura, Andalucía y Castilla y León allanan el camino hacia la reducción de las partidas destinadas a ayuda exterior y, en algunos casos, se han traducido en anuncios de drásticos recortes. El Gobierno extremeño, por ejemplo, ha limitado a un 0,03% del presupuesto, mientras que el de Castilla y León ha anunciado este lunes que limitará “al mínimo exigido por ley” su dotación.

“No sé si podemos hablar de recorte. Han eliminado totalmente el presupuesto de la Ley extremeña de cooperación y solidaridad internacional. Tenemos que hablar de la desaparición de la cooperación”, denuncian desde la Coordinadora Extremeña de ONGD (CONGDEX) en una conversación con elDiario.es.

Fuentes de la Vicepresidencia y Consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia de Extremadura defienden su decisión. Según explican a elDiario.es, el consenso previo en torno a la cooperación “no puede presentarse como un mandato inmutable”. Según detallan, Vox concurrió a las elecciones autonómicas con un programa que incluía la eliminación del “gasto público e ideológico” en cooperación internacional. “El 17% de los extremeños respaldó esa propuesta en las urnas”, señalan desde la Consejería, que defiende una “reordenación de prioridades” para dirigir los recursos públicos a servicios sociales, familias, menores y extremeños en situación de mayor vulnerabilidad.

Este lunes, el nuevo gobierno de coalición PP-Vox de Castilla y León ha confirmado su intención de aprobar un duro golpe a la cooperación autonómica. La Conserjería de Ayudas Sociales, dirigida por el partido de extrema derecha, ha anunciado que dejará la cooperación internacional al desarrollo en “el mínimo legal exigido” y orientará la prioridad de estos fondos hacia aquellos países que “colaboren” con Castilla y León “en la repatriación y retorno de menores en situación irregular”. Sin embargo, los Gobiernos regionales no tienen competencia en materia de repatriación de inmigrantes.

En Andalucía, el acuerdo de gobierno menciona expresamente las ayudas destinadas a cooperación internacional dentro de las subvenciones que se pretenden reducir progresivamente “hasta su eliminación” si no contribuyen de forma directa a la calidad de vida de los andaluces. La presidenta de la Coordinadora Andaluza de ONGD (CAONGD), Patricia Sánchez sostiene que la medida 144 del pacto PP-Vox supone “un ataque directo” porque no plantea evaluar ni mejorar la cooperación, sino avanzar en su eliminación.

La ofensiva no se limita a Andalucía y Extremadura. En Aragón, el presupuesto autonómico de cooperación ha caído casi un 77% desde 2024, hasta 1,44 millones de euros, apenas el 0,02% del presupuesto regional y su nivel más bajo en 25 años. Además, el Ejecutivo también ha ordenado la retirada de unos 30.000 euros anuales a la Cátedra de Cooperación al Desarrollo de la Universidad de Zaragoza, con 18 años de trayectoria. La Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS) considera que la decisión “pone freno a la solidaridad” y vulnera los derechos humanos.

‘Prioridad nacional’

Los acuerdos entre ambos partidos políticos están atravesados por el concepto de la ‘prioridad nacional’. Remedios Tierno, presidenta de Amnistía Internacional en Extremadura, considera que las medidas defendidas en torno a ella pueden constituir una violación de derechos humanos y de obligaciones internacionales del Estado. En concreto, Remedios señala tres riesgos: “La discriminación directa o indirecta en el acceso a derechos; la adopción de medidas regresivas en derechos económicos, sociales y culturales; y la vulneración del interés superior del menor, especialmente en el caso de la infancia migrante no acompañada”.

“Las palabras son importantes”, advierte Remedios. A su juicio, normalizar conceptos como ‘prioridad nacional’ en lugar de priorizar el incremento de recursos para derechos sociales de todas las personas ahonda en la estigmatización de la población vulnerable y contribuye a incrementar el racismo y la xenofobia.

Por su parte, la Consejería extremeña defiende que la cooperación internacional y la acción exterior deben corresponder “principalmente al Estado, no a las comunidades autónomas”. Según apuntan, los gobiernos autonómicos deben centrar sus presupuestos en las competencias que tienen atribuidas y en las necesidades directas de sus ciudadanos. Según la Consejería, bajo el “paraguas genérico de los derechos humanos” se financien, según su criterio, programas de contenido ideológico que no aportan un beneficio “real ni medible” más allá del sostenimiento de determinadas organizaciones.

Extremadura: una agencia sin política

En Extremadura el golpe ha sido especialmente abrupto. Desde la Coordinadora Extremeña aseguran que no se trata de una reducción gradual, sino de un “desmantelamiento” de la política pública de cooperación. Según alertan, el dinero que permanece en los presupuestos no alcanza para sostener convocatorias ni programas, sino apenas para mantener una mínima estructura administrativa.

La CONGDEX advertía que el recorte afectaría a programas de salud, educación, protección de la infancia y ayuda humanitaria en contextos de vulnerabilidad extrema. La Consejería, sin embargo, niega que la mayor parte de los fondos estuvieran destinados exclusivamente a esos sectores. “Muchas partidas financiaban proyectos de claro componente ideológico”, afirman. Desde esa premisa, el Gobierno autonómico sostiene que tiene el deber de revisar ese gasto y destinar los recursos a “las necesidades reales de Extremadura”.

La falta de interlocución es otra de las principales quejas del sector de las ONG. La Coordinadora extremeña explica que ha mantenido reuniones con grupos parlamentarios, incluido el PP, pero que no ha logrado reunirse con el Gobierno autonómico ni con la presidenta María Guardiola, pese a haberlo solicitado “por activa y por pasiva”. La entidad reclama conocer el plan de trabajo y qué ocurrirá con la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AEXCID). La directora de esta agencia, Isabel Belloso, presentó su dimisión tras conocer la reducción del presupuesto de 11 a 2 millones de euros llevando a la integración de la AEXCID en una estructura más reducida dentro de la Junta.

Por su parte, la Junta asegura en conversaciones con elDiario.es que la Agencia Extremeña de Cooperación seguirá existiendo, aunque “dentro de una estructura administrativa más ajustada y coherente con las prioridades del Gobierno”. Lo que no continuará, según la Consejería, es “un modelo sobredimensionado, con convocatorias mantenidas por inercia y orientadas en muchos casos a financiar proyectos ideológicos”.

Andalucía: de 47 a 20 millones para cooperación

En Andalucía, la preocupación se concentra en la medida 144 del acuerdo entre PP y Vox. La CAONGD denuncia que el pacto señala específicamente a las ayudas de cooperación internacional al desarrollo para reducirlas progresivamente hasta su eliminación si no se considera que contribuyen de forma directa a la calidad de vida de los andaluces. Para la Coordinadora, esa formulación instala una falsa disyuntiva, “como si la justicia social dentro de Andalucía compitiera con la solidaridad internacional”.

La cooperación andaluza, recuerdan las organizaciones, no es una actividad accesoria. Está recogida en el Estatuto de Autonomía, en la Ley Andaluza de Cooperación, en planes directores y en una arquitectura institucional construida durante décadas, incluida la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Tras la composición y el anuncio por parte de Juanma Moreno del nuevo Gobierno de Andalucía, queda pendiente por concretar el nivel de viceconsejerías y secretarías generales. Una decisión que sí podría afectar al futuro de la propia Agencia Andaluza.

Aun así, el futuro no es prometedor ya que los datos muestran un retroceso sostenido. Andalucía pasó de invertir 47,33 millones de euros en Ayuda Oficial al Desarrollo en 2018 a 20,5 millones en 2025, apenas un 0,04% del presupuesto autonómico, según la CAONGD. La directora de la Coordinadora subraya que esa caída se ha producido mientras el presupuesto general de la Junta crecía año tras año, lo que descarta, a su juicio, que el problema sea la falta de recursos: “No hablamos de una imposibilidad económica, sino de prioridades”, sostiene.

El contexto estatal tampoco ayuda. Según el informe de la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo sobre cooperación autonómica, la media de los presupuestos destinados por las comunidades autónomas a la cooperación en 2025 se situó en el 0,12%, equivalente a 8,5 euros por habitante al año y muy lejos del 0,7% comprometido. Aunque 2025 fue el año con mayor presupuesto autonómico global destinado a cooperación (334,4 millones frente a los 325,7 millones en 2024), el crecimiento fue desigual. En el ámbito local, el 75% de los ayuntamientos y diputaciones analizados destinaban en 2024 menos del 0,7% a Ayuda Oficial al Desarrollo.

Proyectos a medio hacer

El impacto de estos recortes no se mide solo en partidas presupuestarias. Rafael Cantero, presidente de CIC Batá, una organización con sede en Córdoba, pero con impacto nacional e internacional, explica que la reducción de fondos de cooperación de la Junta de Andalucía ha dejado paralizados compromisos con organizaciones de Mozambique, Bolivia y otros países.

La cooperación, explica Cantero, no funciona como una intervención puntual que empieza y termina en varios meses. “Los proyectos se planifican durante años, se construyen con organizaciones locales y dependen de relaciones de confianza. Cuando la financiación se corta de golpe, se reduce el impacto de procesos ya iniciado y se quiebran compromisos con organizaciones que contaban con nuestra ayuda”, insiste el presidente de CIC Batá.

Cantero también advierte sobre la pérdida de calidad de la cooperación. “Andalucía tiene una agencia técnicamente preparada, con personal formado y capacidad institucional, pero cada vez con menos fondos. La paradoja es tener una estructura pública especializada mientras se debilita la política que esta estructura debe ejecutar”, insiste.

El rol de la cooperación autonómica

La cooperación descentralizada es una de las señas de identidad del modelo español de ayuda al desarrollo. Las comunidades autónomas, ayuntamientos y diputaciones han sostenido durante años proyectos que, en muchos casos, llegan donde la cooperación estatal no llega. En Extremadura, las organizaciones recuerdan que la comunidad también fue históricamente receptora de ayudas europeas y de solidaridad interterritorial.

El informe del Sector de las ONGD 2025 de la Coordinadora muestra la dimensión del trabajo. En 2025, las organizaciones estuvieron presentes en 100 países y desarrollaron 4.322 proyectos que contribuyeron a mejorar las condiciones de vida de casi 59 millones de personas. El documento también recuerda que las organizaciones no solo trabajan fuera de España, sino también en educación para la transformación y justicia global dentro del país.

Dice Taina Tervonen (Finlandia, 1973) que no cubriría asuntos migratorios si no existieran personas como los cinco entrevistados de su último libro. Los vigías. Cinco centinelas de las fronteras (Errata Naturae) es un ejercicio de escucha que formula grandes preguntas para las que pocas veces hay respuesta. ¿Qué se le puede decir a un padre que busca a su hija tras meses desaparecida cuando iba en una embarcación que naufragó en el Mediterráneo? ¿Por qué ese padre solo puede preguntar por su hija a una persona anónima que atiende el teléfono en sus ratos libres? ¿Por qué hay cientos de naufragios de migrantes de los que no se sabe nada? ¿Por qué es de más ayuda para los migrantes la cuenta de Facebook de una jubilada francesa que cualquier institución pública europea? ¿Cuántos detalles desconocemos sobre lo que implica el proceso migratorio y por qué llegamos a saber solo algunas cosas?

Esos son los interrogantes que la periodista franco-finlandesa aborda en su último trabajo, un libro cuyos protagonistas son ciudadanos anónimos, comunes y corrientes, que un día decidieron hacer algo que nadie les había pedido: alertar sobre vidas de migrantes en riesgo y apoyar la búsqueda de desaparecidos en Europa.

¿Quiénes son los vigías y por qué ha decidido dedicar un libro a su historia?

Es un libro particular si lo comparamos con mis otros libros. Suelo escribir sobre mis incertidumbres al observar la realidad. Sin embargo, en Los vigías fue al contrario. Empieza y acaba con una de las cinco vigías con las que hablo, Marie Consnay. Ella me contactó para informarme de que tanto ella como otros vigías anónimos, habían seguido en directo varios naufragios de migrantes en muy pocos días con una elevadísima cantidad de fallecidos o desaparecidos. La cobertura de la cuestión migratoria es difícil hoy en día.

Tanto en Finlandia, donde he trabajado durante 25 años sobre temas migratorios, como en Francia, fue muy difícil, imposible, escribir sobre esto. Así que se me ocurrió otra manera de contar esta historia: a través de un libro que luego también se ha convertido en un podcast y que ahora estamos plasmando en una película. Los cinco protagonistas, al principio, tenían sus reservas, querían mantener el anonimato. No querían ser protagonistas de la historia. Pero finalmente esta manera nos ha permitido conocer los problemas que atraviesan los pasajeros, los migrantes, a través de sus voces.

Usted lleva décadas informando sobre las migraciones desde todos sus ángulos, ¿se siente identificada con ellos?

Identificada no, porque mi trabajo es muy diferente al suyo. Durante mi colaboración con estas cinco personas hubo momentos en los que me sentí implicada y no del todo cómoda. Por ejemplo, ellos me daban información sobre embarcaciones a la deriva y en problemas, me daban el teléfono de la Marina Real Marroquí para que les preguntara, porque siempre tardan mucho en acudir a un rescate. Hay una línea que separa el trabajo de los periodistas con la labor de los activistas. Es cierto que esa frontera puede ser más o menos permeable.

Puede suceder, y sucede de hecho, que haya familias que me pidan información o contactos en países que conozco bien para que ellos puedan averiguar algo. En esos casos dejo que la información circule, me parece algo natural, no es activismo. Por ejemplo, un contacto que conocí en Senegal cuando realizaba una cobertura me pidió información para una familia que quería confirmar si su hijo estaba en una cárcel española después de viajar en cayuco. Yo puedo decir a quién preguntar, facilitar contactos y eso puede ayudarles a averiguar lo que quieren. Pero mi trabajo no es encontrar a ese hijo perdido, que, en cambio, sí es parte de la labor de algunos de los vigías de mi libro.

El trabajo periodístico y de personas que trabajan en ONG y asociaciones ha sido y es muy importante para que las cosas no vayan todavía a peor. Tenemos que abrir una ventana a un universo paralelo y oculto, hacernos preguntas que quizás no nos estamos haciendo.

Si echa la vista atrás, desde que empezó a contar historias del proceso migratorio y de cómo Europa trata de blindarse cada vez con más violencia, ¿cree que su trabajo ha servido para que la sociedad sepa lo que hacen sus gobernantes en las fronteras y exijan cambios?

No ha servido. Al menos, en Finlandia y Francia, no. El trabajo de los periodistas no ha servido para que haya un cambio en las políticas. De hecho, se han vuelto más restrictivas, más estrictas, más violentas en toda Europa. No obstante, como periodista, considero fundamental abordar estas cuestiones. La migración es una de las grandes preguntas abiertas para las sociedades occidentales y africanas. Es que estos temas tampoco se suelen cubrir en los países de origen.

El trabajo periodístico y de personas que trabajan en ONG y asociaciones ha sido y es muy importante para que las cosas no vayan todavía a peor. Más allá de las políticas migratorias que se apliquen, es vital un trabajo periodístico que busque historias que los lectores no irían a buscar de manera natural. Tenemos que abrir una ventana a un universo paralelo y oculto, hacernos preguntas que quizás no nos estamos haciendo. Este tipo de trabajo no se limita a una información puntual, sino que conlleva una investigación y un trabajo de reporterismo que son cada vez más importantes ahora, cuando los medios de comunicación cada vez dedican menos recursos en tiempo o dinero a este tipo de investigaciones.

La publicación del libro ha coincidido con el contexto internacional de mayor desprecio hacia los derechos humanos por parte de los líderes mundiales. Si ya era difícil que los medios se interesaran por el drama migratorio de personas africanas, ¿cree que se están contando los flujos migratorios africanos?

El problema con los medios de comunicación es que están completamente ahogados en la información del día a día. Con las cosas que dice Trump ya tienen suficiente trabajo. En mi experiencia como periodista independiente, mis compañeros que sí que están en una redacción a diario no tienen tiempo para cubrir historias sobre migraciones porque para ellos hay cosas más urgentes. No obstante, el público sí tiene interés. Cuando presenté este libro en Francia hubo muchas personas que se acercaron a mí para decirme que estaban implicadas de alguna manera en ayudar a personas migrantes y, si no lo estaban, lo que querían es saber más. Hay dos realidades diferentes: los medios y el público. Creo que si queremos hablar de migraciones hoy en día, quizás los periodistas no debamos pasar por los medios de comunicación.

De todas las duras historias que se tratan en el libro, ¿hay alguna que le haya marcado más, que le parezca aún más difícil de asimilar?

Es difícil elegir. Esa misma pregunta se la he hecho yo a los vigías del libro. Pero en realidad hubo una que me afectó, me hizo pensar mucho. Fue una conversación en directo, por teléfono, que yo presencié entre Hervé, uno de los vigías, y un hombre que estaba buscando a su hija y a su mujer embarazada, desaparecidas en el trayecto migratorio. Yo he trabajado mucho el tema de las personas desaparecidas, el concepto “desaparecido” en sí mimo, cuando cubrí los efectos de la guerra en Bosnia. Los desaparecidos causan en quien los está buscando mucho dolor y mucho sufrimiento. Este hombre decía en la misma frase que su mujer y su hija estaban vivas y también que estaban muertas. Decía: “No tengo pruebas, por lo tanto, están vivas”. Y, a continuación, decía frases como “no sé cómo voy a poder vivir sin ellas”.

Cuando hay una desaparición, cuando no hay cuerpo, es muy normal que tengamos que contarnos dos historias a la vez a nosotros mismos. A la vez esta persona está viva, a la vez esta persona está muerta. Contarnos estas historias nos puede volver locos. Nosotros le escuchábamos, sabíamos que no había mucho que pudiéramos hacer salvo acompañarle, el camino lo tendría que hacer solo, no se sabe durante cuánto tiempo. Solo puedes desear que ese hombre encuentre algo de paz al final del camino.

Sobre los desaparecidos, las facilidades y el esfuerzo de los países europeos para lograr la identificación son prácticamente nulos. Llega a afirmar que es una clara muestra de que las vidas no blancas valen mucho menos para la sociedad europea.

Es evidente y es necesario decirlo. Las políticas europeas son racistas y, lamentablemente, la situación política actual no creo que cambie pronto. Las desapariciones y las identificaciones son temas a los que le he dedicado mucho tiempo. Empecé cuando apareció el cadáver de Aylan Kurdi. Mejor dicho, cuando apareció aquella famosa foto. Me extrañó que detrás de esa imagen hubiera un nombre, porque normalmente no ocurre. Pero en este caso, era un niño blanco, vestido como un niño occidental que va a la playa, no tenía grandes signos de ahogamiento, que suele ser muy desagradable y no se quiere publicar en prensa. Para mí esta foto simboliza el racismo de las políticas. Se mostró esa foto solo porque ese niño se parecía a los nuestros. ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido negro? ¿La foto se hubiera publicado? ¿La reacción habría sido la misma?

Entre 2016 y 2020 he visitado España, Grecia e Italia, puntos donde suelen llegar los cuerpos. He visto cómo guardacostas, policías y médicos forenses se implicaban en estas labores de identificación de manera personal, no porque tuvieran que hacerlo, no era su responsabilidad. Estas iniciativas nos dan esperanza. Pero a nivel institucional no hay ninguna estructura para estas labores, no hay coordinación entre países, no hay un lugar al que las familias puedan ir a preguntar por sus seres queridos desaparecidos. Creo que debería existir a nivel europeo una estructura similar para esta labor como ya existe por ejemplo con los centros para pedir asilo. Pero muchas veces el problema no es solo identificar, sino encontrar los cuerpos. Muchos nunca aparecen.

Las redadas del ICE contra migrantes en EEUU han acaparado toda la atención en Europa en los últimos meses, sin embargo, historias aún más violentas pasan a diario en las fronteras europeas fruto de nuestras políticas migratorias. ¿Por qué unas interesan, incluso indignan a la sociedad, y otras parece que lo hacen menos? Pienso, por ejemplo, en la tragedia de Melilla en 2022.

Siempre es mucho más fácil indignarse por algo que sucede en otro lugar, que no nos afecta directamente y de los que no somos responsables. Pero las políticas y prácticas europeas sí son nuestra responsabilidad. En el caso de Melilla, se puso en práctica la mirada racista europea. De esos hechos tuvimos imágenes, vídeos terroríficos, pero las víctimas eran negras.

Yo crecí en Senegal, en clase estaba rodeada de alumnos negros y en la materia e Historia estudiábamos la esclavitud y el colonialismo. Mi manera de crecer ha sido diferente, por ejemplo, a la de mis hijos que se han criado en París. Y ves cómo el racismo está muy presente en la educación. Por ejemplo, sobre violencia policial, los padres de los compañeros de clase de mi hijo que son racializados tienen que explicarles a sus hijos cómo deben comportarse ante la policía para que no les pase nada. Es una conversación que yo no he tenido que tener con mis hijos, porque ellos no corren el riesgo de sufrir esa violencia. Por lo tanto, esta opresión que sufren las personas negras en Europa es consecuencia directa del colonialismo y la esclavitud.

Yo crecí en Senegal, en clase estaba rodeada de alumnos negros y en la materia e Historia estudiábamos la esclavitud y el colonialismo. Mi manera de crecer ha sido diferente, por ejemplo, a la de mis hijos que se han criado en París. Los padres de los compañeros de clase de mi hijo que son racializados tienen que explicarles a sus hijos cómo deben comportarse ante la policía para que no les pase nada. Es algo que yo no he tenido que hacer.

¿Cómo es vivir en directo el naufragio de una embarcación que intenta llegar a Europa? ¿Cómo afecta psicológicamente y a la hora de elaborar el trabajo periodístico?

Yo no me considero una vigía, no he querido serlo para escribir este libro, aunque haya tenido que asistir a estas escenas habituales para ellos. Son momentos muy duros, por supuesto, afectan emocionalmente. Como periodista, necesito que haya una distancia entre lo que yo estoy contando y yo misma. Cuando doy talleres a estudiantes de periodismo, siempre digo que es fundamental que nuestra emoción no nos ciegue, que no sea la prioridad de nuestro mensaje, que debemos trasmitir las emociones de los demás. Hay temas que no he querido cubrir porque tenía miedo de que me afectaran demasiado.

Gracias al trabajo de estos vigías hemos podido saber el alto grado de responsabilidad de las autoridades europeas en grandes tragedias con decenas de fallecidos. Sin embargo, las condenas judiciales son muy escasas. ¿Por qué?

En el naufragio de Pilos, en aguas de Grecia, sí que ha habido una amplia investigación que ha terminado con condenas y juicios incluso contra guardacostas griegos. Es algo positivo, pero el problema es que esas condenas luego no se traducen en cambios de políticas. Hace ya tiempo que el control de fronteras tiene prioridad sobre los derechos humanos, y las leyes en Europa siguen ese rumbo. Lógicamente, eso va a dificultar cualquier condena, porque la justicia no dicta las políticas que se ponen en marcha, sino al contrario, las políticas, como el nuevo acuerdo europeo de migración y asilo, hacen legal lo que antes no lo era.

¿Se atreve a aventurar cómo será la situación migratoria en Europa en los próximos años?

La tendencia general va hacia situaciones más violentas contra los migrantes, a leyes más estrictas y que delegan esa violencia en actores de fuera de la UE, como la apertura de centros de detención y deportación en países exteriores. Hay focos de esperanza, como la regularización de migrantes en España. Pero también quiero destacar otras realidades en las que se implican ciudadanos anónimos, discretamente, sin hacer ruido en los medios de comunicación, pero haciendo cosas parecidas a las de los vigías de mi libro, sin ser parte de asociaciones u ONG. Gente que acogen a personas en sus casas, que ayudan a adolescentes sin papeles que están en problemas, gente que ayuda, que se resiste a la deriva actual. Quizás eso luego no se traduzca en políticas concretas, pero si solo pensara en lo que se está haciendo a nivel político, está claro que no querría seguir cubriendo estos temas, me deprimiría.

Una eurodiputada sueca, Abir Al Sahlani, ha presentado una denuncia policial acusando a otro eurodiputado por discurso de odio racista, tras ser blanco de ataques en redes sociales por su condena a los cánticos antiinmigración en el Parlamento Europeo del pasado mes de junio.

La denuncia fue presentada la semana pasada ante la Policía sueca y se refiere a lo sucedido en la Eurocámara a mediados de junio, cuando algunos eurodiputados de derecha corearon “¡Que los manden de vuelta!”, tras la votación del reglamento que abre la puerta a más deportaciones en toda la UE (y a la creación de los controvertidos centros en terceros países).

Poco después, Abir Al Sahlani, eurodiputada sueca de origen iraquí del liberal Partido de Centro, habló en el hemiciclo y acusó a los “fascistas de la extrema derecha” de haber caído muy bajo con ese tipo de cánticos. “Nunca me había sentido tan insegura en este Parlamento”, declaró ante la Cámara. “Los gritos de la extrema derecha no iban dirigidos contra un oponente político, decían 'que los manden de vuelta' [a sus países]. Se trata de gente común que no ha cometido otro 'delito' sino buscar una vida mejor en Europa”, dijo.

Sus comentarios se difundieron ampliamente en redes sociales y dos parlamentarios de partidos derechistas y populistas atacaron a Al Sahlani en internet. “Llora más”, escribió el finlandés Sebastian Tynkkynen, en respuesta a un vídeo de Al Sahlani hablando en la Eurocámara. Por su parte, el eurodiputado danés Kristoffer Storm afirmó que ella también “debe irse a su casa”.

El miércoles pasado, Al Sahlani dijo haber presentado una denuncia acusando a Storm de emplear lenguaje racista y discurso de odio en contra ella. La eurodiputada agregó que sólo ha denunciado al danés, porque la policía sueca no estaba segura respecto al tratamiento de los comentarios de Tynkkynen en las redes sociales.

Este enfrentamiento deja entrever las profundas divisiones que existen en el Parlamento Europeo, donde los eurodiputados de extrema derecha y populistas de derecha ocupan ahora cerca de una cuarta parte de los escaños —un récord para la Cámara—, mientras que las personas de minorías étnicas siguen estando drásticamente infrarrepresentadas.

“Siento tristeza por la democracia europea”

Días después de ser blanco de ataques en internet, Al Sahlani declaró a The Guardian que aún no sabía qué pensar al respecto: “No sé si estoy decepcionada o triste”. “Siento tristeza por la democracia europea. ¿En serio, este es el nivel de nuestros políticos? Pero también decepción porque, vamos, son mis colegas”, lamentó.

Los comentarios de los legisladores de derecha provocaron una oleada de apoyo a Al Sahlani en internet, salpicada de algunas amenazas de violación y muerte contra la eurodiputada. Su grupo parlamentario, Renew Europe, la respaldó. “El racismo no tiene cabida en nuestras instituciones y quienes lo propagan deben afrontar las consecuencias de sus actos”, declaró Valérie Hayer, líder del grupo, en las redes sociales en respuesta al comentario de Storm.

En una carta enviada poco después, Hayer instó a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, a tomar medidas disciplinarias contra Storm y Tynkkynen. “Me preocupa especialmente que un miembro de mi grupo, la eurodiputada Al Sahlani, esté siendo blanco de ataques y amenazas en las redes sociales por parte de otros miembros”, escribió Hayer. “Una respuesta clara y contundente enviaría un mensaje importante: la intimidación, el acoso y las conductas que menoscaban nuestra institución no tienen cabida en el Parlamento Europeo”.

En un comunicado, la oficina de Metsola calificó los incidentes de “lamentables” y añadió que no se toleraría ninguna acción que atentara contra el respeto a los eurodiputados ni contra la dignidad de la institución que dirige. Los servicios del Parlamento están investigando lo sucedido, agregó.

El lunes, Metsola se dirigió al Parlamento y declaró que los cánticos agresivos, las burlas, las acusaciones y la grabación en vídeo de los europarlamentarios que tuvieron lugar eran inaceptables. “Hay un límite y ese límite se cruzó en la última sesión plenaria”, afirmó, añadiendo que su oficina “tomaría las medidas oportunas para garantizar que las escenas que presenciamos el mes pasado” no se repitieran jamás.

Al Sahlani comentó que, al principio, dudó en pronunciarse tras los cánticos. “En esa sala no somos muchos con mi color de piel”, dijo. “Dudé durante mucho tiempo. ¿Debía asumir la responsabilidad? ¿Qué me gritarían entonces?”, se preguntó.

Finalmente, dejó de lado sus preocupaciones al considerar el contexto general. “Atacaron a personas que no tienen poder. Y eso debería asustar a cualquiera en Europa, porque si se empieza a atacar a los más vulnerables, se abre una puerta hacia algo mucho, mucho peor”, concluyó Al Sahlani.

La situación se está agravando debido a aquellos en el centroderecha que están “dando alas a los fascistas”, añadió, citando como ejemplo la legislación sobre deportaciones que había desencadenado los cánticos.

“Eligieron el contenido más inhumano e indigno”

La legislación, que Amnistía Internacional ha calificado de “absurda, cruel y discriminatoria” y que ha sido criticada por más de una docena de expertos de la ONU, se aprobó después de que gran parte de la centroderecha optara por aliarse con la extrema derecha en lugar de colaborar con los partidos proeuropeos y prodemocráticos en el parlamento.

“Podríamos haber tenido una legislación mejor”, declaró Al Sahlani. “Pero eligieron el contenido más inhumano e indigno para ese tipo de legislación y la aprobaron”.

Tynkkynen refutó por correo electrónico las acusaciones de Hayer de que había amenazado o hecho comentarios racistas contra Al-Sahlani, calificándolas de “falsas acusaciones”. Afirmó que planeaba presentar una denuncia por estas acusaciones, pero no dio más detalles, limitándose a decir que “la forma de la denuncia aún está en estudio”.

Storm declaró por correo electrónico que sus comentarios “no pretendían ser racistas ni pueden calificarse razonablemente como tales”.

Poco después del incidente, explicó su punto de vista al medio de comunicación Politico: “La frase 'vete a casa' pretendía indicar que, si la decisión democrática y las reacciones a la misma le resultaban tan angustiantes, habría sido mejor que abandonara la cámara y se tomara un tiempo para reflexionar, en lugar de acusar a una gran mayoría de opositores políticos de hacerla sentir insegura”. Al Sahlani restó importancia a la explicación. “La gente es más inteligente que eso”, afirmó.

Una ligera capa de polvo cubre la camiseta de Guillermo. Acaba de terminar su quinto día en la obra donde ha empezado a trabajar y sonríe al señalar la prenda azul marino: “Ya me han dado el uniforme”. Se sorprende porque, meses atrás, su anterior jefe le había descontado un día de sueldo a cambio de entregarle un lote de ropa de trabajo. Con toda la tarde por delante, camina en busca de una cafetería en pleno centro de Madrid. Hace muy poco, sin papeles y sin contrato, podía trabajar unas once horas al día por 800 euros al mes, sin seguro médico, en uno de los sectores con más accidentes laborales de España.

Entre una y otra vida, entre unas condiciones y otras, hay un trámite que ya ha empezado a transformar la vida de miles de ciudadanos extranjeros: la regularización extraordinaria. La admisión a trámite de la solicitud le otorgó lo que, desde su llegada, le pedía cada una de las empresas que le ofrecían un empleo como electricista de obra, dados sus 20 años de experiencia en El Salvador: un permiso de trabajo. Días después de obtenerlo y enviar su currículum por una plataforma online de búsqueda de empleo, empezó a sonar su teléfono. A la semana, Guillermo firmó su primer contrato de trabajo en España: “Hace unas semanas me arrastraba y me explotaban; ahora hasta puedo escoger”.

El salvadoreño es uno de los miles de solicitantes de la regularización que, tras meses de empleos inestables y clandestinos, ha conseguido su primer trabajo con contrato en España. En las últimas semanas también han dejado la economía sumergida Germán, hondureño, y Alessia, peruana, quienes engrosarán la listas de nuevos afiliados en el mes de julio. Según el Ministerio de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social, la concesión de permisos de trabajo provisionales ligados a la regularización ya está empezando a tener un impacto positivo en el mercado laboral. Aunque todavía es pronto, y algunas empresas están mostrando reticencias a contratar a los solicitantes antes de la respuesta definitiva, ya se están dando de alta los primeros nuevos afiliados del proceso.

[Vídeo de Adrián Torrano]

Los datos oficiales aún no son concluyentes. Según el Ministerio de Inclusión, 159.097 personas con su petición tramitada están dadas de alta a fecha del 30 de junio en la Seguridad Social, pero matizan que la mayoría de ellas ya trabajaban de alta antes del proceso como demandantes de protección internacional. El Ejecutivo no ha dado aún la cifra de los trabajadores afiliados gracias al procedimiento extraordinario, pero el dato de nuevos cotizantes extranjeros en el mes de mayo puede dar una idea: cerca de 86.000 personas extranjeras se afiliaron por primera vez a la Seguridad Social.

“Ahora, gracias a Dios, nuestra vida está cambiando”, resume Guillermo, que llegó a España junto a su esposa Emma en noviembre del año pasado. “Quién nos iba a decir a nosotros que, cinco meses después de llegar, iba a salir una regularización extraordinaria”, reflexiona Guillermo. Sabe que, de no haber sido aprobada la medida, la familia no podría haber optado a un permiso de residencia hasta pasar como mínimo dos años sin papeles en el país, asumiendo cualquier empleo precario para sobrevivir.

Más que un trabajo: los cambios

El 18 de junio, recibió el justificante de admisión a trámite de su petición de regularización, lo que conlleva un permiso provisional de residencia y trabajo. El 19, tras preguntar en varias oficinas, él y su mujer consiguieron por sus propios medios sus números de la Seguridad Social, sin esperar a recibirlos por correo postal. Una semana después firmó su primer contrato en España. El 1 de julio ya estaba dado de alta en el trabajo. “Soy electricista profesional, pero antes tenía que quedarme con trabajos donde no tenía derechos y no podía escoger. Ahora, me han salido muchas ofertas de trabajo y hasta soy yo el que escoge la mejor. Ahora ya siento que tengo los mismos derechos que otra persona gracias a la regularización”, resume el salvadoreño.

El electricista relata algunas de las condiciones que han mejorado. “Ahora la admisión me ha dado el permiso de trabajo. Me ha ayudado porque me han dado un contrato indefinido de 40 horas”, explica Guillermo, quien recalca los beneficios de abandonar la economía sumergida. “Eso me ayuda porque ahora tengo Seguridad Social, antes no la tenía. Si me pasaba un accidente, lo primero que hacía el jefe era: ¡sáquenlo de la obra!”, cuenta el profesional, especialista en instalación de electricidad de alta tensión, lo que aumenta el riesgo de su empleo.

Ahora lo dice entre risas, pero Guillermo escuchó a su jefe exigir entre gritos que se llevasen a un compañero que, también en situación irregular, acababa de sufrir un impacto en la cabeza tras precipitarse desde una escalera de obra. “Sacadlo. Sacadlo de aquí y, si os preguntan, decid que se cayó en la calle”, recuerda el salvadoreño las palabras de uno de sus anteriores patrones. El electricista escuchó el berrido cuando trataba de darle los primeros auxilios al empleado accidentado. Ambos trabajaban desde hacía meses en la empresa, dedicada al sector de la construcción, pero no tenían los mismos derechos que el resto. Sin papeles, sin contrato, sin seguro sanitario por accidente laboral, obedecieron.

No les dejó pedir una ambulancia, cuenta. “Me dijo que pidiese un Uber y luego nos lo pagaba. Hasta ahora estoy esperando que me lo pague. Le envié varias veces el recibo. Nunca me dio el dinero”, dice moviendo la cabeza con indignación. “Cuántas cosas he aguantado…”.

También tiene más tiempo. “Antes trabajaba de ocho de la mañana a seis y media o siete de la noche. De lunes a sábado. Ahora no, hasta eso cambió. En horario de verano, de siete a tres de la tarde. Y, en horario normal, de ocho a cuatro, trabajando ocho horas normales”, describe. “Me da más tiempo para estar con la familia, hacer mis vueltas, estudiar…”.

Del total de solicitantes de la regularización afiliados, la mayoría cuenta con un contrato indefinido como el que ha firmado el salvadoreño. Este tipo de contrato es el que también ha confirmado la nueva vinculación laboral de Germán, otro migrante en trámite que se ha dado de alta por primera vez en la Seguridad Social gracias al permiso provisional de la regularización extraordinaria. “Me han contratado en una empresa de cocina, como técnico en mantenimiento e instalaciones”, anuncia el hondureño a elDiario.es. “Desde que me salió el documento, dos días después me contrataron. Me tuve que mover muy rápido para conseguir el número de la Seguridad Social. Fue un gran esfuerzo, pero todo salió de maravilla”, celebra el joven, que empezó a trabajar hace tres semanas.

Alessia (nombre fictio), peruana, trabajaba de forma esporádica en el sector de la limpieza. Hace unas semanas también firmó su primer contrato de trabajo, en este caso temporal, para ocupar un puesto como recepcionista en una residencia de mayores. “Me da más tranquilidad, tanto económica como emocionalmente. Es un gran avance para mí”, resume la mujer, de 26 años

Rebeca Lerer (São Paulo, 49 años) se ha convertido en una experta en juntar puntos que otros prefieren ignorar. Para esta activista que pasó once años en Greenpeace persiguiendo madereros y ganaderos en la Amazonía, el narcotráfico era un destino lógico como objeto de estudio: las mafias migraron hacia el único producto que no deja rastro desde el aire. “Empecé a hacer cuentas y dije: esto es más que el oro. Nadie compra oro todas las semanas, pero la gente que usa cocaína, sí”, dice a elDiario.es en un portuñol veloz. De esta forma desgrana una maquinaria financiera que mueve seis mil millones de dólares anuales mediante un consumo en ascenso que fortalece al crimen local. La magnitud del mercado coincide con el último Informe Mundial de Drogas de la ONU: la producción global de cocaína se ha más que cuadruplicado en una década, superando las 4.000 toneladas. “Ese es el resultado a pesar de la represión. Es una locura”.

Lerer llega al Festival Futuro Coca, que celebra su cuarta edición este 11 y 12 de julio en el Centro Nacional de las Artes Delia Zapata Olivella, en el centro de Bogotá. Se trata de un encuentro que nació en 2023 con un propósito claro: separar la coca de la cocaína, dos conceptos que el mundo lleva medio siglo confundiendo. Allí, comunidades indígenas y campesinas dialogarán con cocineros, científicos y artistas para visibilizar el potencial oculto de la hoja de coca. Una oportunidad para demostrar que, de sus catorce alcaloides, la cocaína es solo el más famoso.

La brasileña llega con una misión más cruda: mostrar la cadena desde el otro lado de la Amazonía. Brasil no cultiva la hoja, pero refina, consume y exporta su alcaloide más rentable. “La gente en mi país ni siquiera sabe que la cocaína viene de una hoja, de una planta sudamericana nativa”, resume. Para ella, la conversación con Colombia es urgente. Tras más de medio siglo de fracasos en la lucha antinarcóticos, sostiene que es hora de sacar el debate del cajón exclusivo de la policía y la salud pública para situarlo en tres áreas seminales: el uso de la tierra, la violencia y el impacto ambiental. De hecho, la ONU reconoce desde hace unos años que el enfoque represivo solo ha expandido los mercados criminales y distorsionado la economía regional. Es una guerra opaca y sin auditorías, donde las cuentas casi nunca cierran porque los datos son fragmentarios.

“No hay cómo competir”

Ante el vacío en los registros oficiales, Lerer asumió el rol de contable de esta economía sumergida. Del empeño nació 'Selva en polvo' (Floresta em Pó), el informe que coordinó a finales de 2025 junto a la Coalición Internacional por la Reforma de las Políticas de Drogas y la Justicia Ambiental y organizaciones brasileñas como Iniciativa Negra. Con su equipo descubrió que Brasil carecía de un mapa de los laboratorios donde se refina la mercancía que inunda el mercado internacional. Para lograrlo, auditaron cinco años de operaciones policiales, siguiendo el rastro de los químicos y envíos hasta destapar 550 centros de procesamiento de cocaína. La realidad, sin embargo, es mucho más opaca: la policía brasileña solo roza el 20% del negocio. “La proyección real nos sitúa cerca de los 5.000 laboratorios”, apostilla.

Los cargamentos que zarpan desde los puertos brasileños rumbo a Europa, además, son más puros que la mercancía que ingresa por sus fronteras desde los países andinos o Paraguay. Ese salto de calidad, respaldado por datos de la Policía Federal, desmantela el tópico de Brasil como mero trampolín logístico: en su interior opera una red de laboratorios clandestinos que purifica el polvo para la exportación o lo rebaja para el menudeo doméstico. Entre el cultivo de origen y el contenedor atlántico, existe una industria en plena expansión.

El informe 'Selva en polvo' le puso precio a toda esta maquinaria: unos 6.000 millones de dólares anuales solo en la etapa de refinación de la coca. Para dimensionar el tamaño del monstruo, Lerer recurre a una comparación demoledora: el Fondo Amazonía —el mayor instrumento financiero global contra la deforestación— tardó años en reunir grandes donaciones de Noruega o Alemania: “Sólo los laboratorios generan en doce meses cinco veces más dinero que todo lo que el Gobierno brasileño logró recaudar. No hay cómo competir. Vamos a perder”, zanja.

Bajo el paradigma de la guerra, alcanzar la deforestación cero en la Amazonia es, simplemente, imposible

De esta brutal asimetría nace el resto de su radiografía: en la selva, el dinero de la cocaína funciona como un fondo de capital de riesgo para las economías ilegales. Sus ganancias financian la minería ilegal de oro, el acaparamiento de tierras y el armamento pesado que sostiene los conflictos territoriales en Brasil o Colombia. Por eso, Lerer subraya que la política antidroga y la ambiental son dos caras de la misma moneda: “Bajo el paradigma de la guerra, alcanzar la deforestación cero en la Amazonia es, simplemente, imposible”.

Las cifras confirman un diagnóstico aterrador. Un estudio publicado en junio por la ONG paulista Fórum Brasileiro de Segurança Pública calcula que el valor del polvo blanco decomisado en la región en 2024 equivale a 704 millones de dólares, una cifra superior a la de todo el oro exportado por ese territorio. Las autoridades advierten, sin embargo, que la droga interceptada es solo la punta del iceberg: si la policía bloquea apenas el 10% del flujo real, el narcotráfico se convierte automáticamente en el segundo motor económico de la selva, situado solo por detrás de la soja. Lo que hasta ahora era una hipótesis deja de serlo: los movimientos que los radares no detectan ya están redibujando la geografía política y financiera del gran pulmón del planeta.

Absolver la hoja

Frente al fracaso prohibicionista, Lerer resalta un movimiento de resistencia que busca dignificar el origen de todo: el campo. Quienes siembran la coca en el campo reciben migajas de una industria cuyos beneficios millonarios se concentran en las fases de refinamiento y exportación. Es decir, en los eslabones del mundo criminal. A cambio de ese margen mínimo, el agricultor ha cargado con la peor parte del conflicto en forma de persecución militar, fumigaciones con herbicidas tóxicos y exclusión o estigmatización social.

La activista brasileña denuncia que la discusión pública suele concentrarse en torno al consumo, ignorando las dinámicas de producción “donde ocurren la mayoría de los abusos y ecocidios”. Para ella, cualquier intento serio de reconciliar a las comunidades cocaleras con sus territorios debe empezar por despejar el estigma de la planta y garantizar la protección y derechos de quienes la cultivan. El enfoque del festival bogotano apuesta, precisamente, por ese enfoque a pesar de que el verdadero reto de la política global se libra en despachos más alejados: la ONU en Viena, sede de la Comisión Estupefacientes.

Si quitamos la criminalización de la planta, empezamos por el principio

Los análisis clínicos del organismo determinaron que el consumo tradicional de la hoja de coca en las comunidades andinas no entraña riesgos para la salud ni tiene capacidad adictiva. Aunque esta reciente evaluación técnica de la Organización Mundial para la Salud (OMS) ofreció un respaldo científico a países reformistas como Colombia o Bolivia, el dogma político se impuso al criterio médico. El organismo dictaminó que la planta debe seguir en el mismo escalafón punitivo que la heroína, argumentando no el peligro del cultivo en sí, sino su capacidad de transformación en cocaína. Con las cartas marcadas de antemano, la maquinaria diplomática del prohibicionismo, liderado por Estados Unidos, levantó un muro burocrático que impidió que la reforma llegara a votación el pasado marzo en la cumbre de Viena.

El desenlace se había fraguado meses antes, durante los debates de la Comisión de Estupefacientes de octubre de 2025. Allí, Washington agitó el fantasma de las concesiones al “narcoterrorismo”, Francia alegó riesgos sanitarios y Perú dio la sorpresa al alinearse con el discurso oficial, alertando de un “incentivo perverso” para las redes ilegales. “Fue la oportunidad perdida más reciente”, crítica Lerer. Para la investigadora, la resistencia a sacar la planta de la lista negra es un error de cálculo geopolítico: la reforma buscaba desmontar la base del edificio criminal sin alterar la prohibición sobre la cocaína procesada. “Si quitamos la criminalización de la planta, empezamos por el principio”.

El espejo de Bolsonaro

El plan de Abelardo de la Espriella de reactivar la aspersión aérea con herbicidas, prohibida por el Constitucional, replica una fórmula conocida por Rebeca Lerer. “Ese modelo migró a la Amazonía brasileña con el Gobierno de Bolsonaro, muy parecido al estilo del futuro presidente colombiano”, compara la activista. El balance de aquellos años en Brasil arrojó los mismos indicadores que hoy generan alerta en Bogotá: criminalización indígena, aumento de homicidios, daños por agrotóxicos y corrupción policial. Una ofensiva militar que, según la experta, fracasó rotundamente en detener la deforestación y el crimen organizado, logrando únicamente que el negocio cambiara de manos.

La promesa del nuevo Gobierno colombiano choca contra un muro pragmático. “Lo que viene después no es desarrollo comunitario ni agricultura familiar, sino ganadería o minería”, señala Lerer. En el mapa de la Amazonía, el bosque devastado por la coca no se regenera: muta de mercancía. Presionados por el mercado, los sembrados huyen hacia los últimos reductos vírgenes, invadiendo parques nacionales y tierras indígenas. La experta recuerda, además, que la aspersión aérea, lejos de ser un remedio, es un negocio: Monsanto facturó decenas de miles de dólares por vuelo en los años dorados del glifosato.

El marco de esta historia lo termina de fijar Washington. La Administración Trump incluyó este año a las dos mayores organizaciones criminales brasileñas, el PCC y el Comando Vermelho, en su lista de terroristas internacionales. Y los bombardeos estadounidenses contra presuntas narcolanchas en el Pacífico han elevado la temperatura en toda la región. “Eso nos deja muy vulnerables a intervenciones, a sanciones económicas y a injerencia en elecciones”, advierte Lerer.

A la experta le quedan pocas ilusiones y no se molesta en disimularlo. En seis meses, Brasil irá a las urnas con Lula y Flávio Bolsonaro como principales candidatos y el crimen organizado como eje de campaña. Frente al estruendo de los bombardeos, ella opone algo de frialdad. “Hay que tener coraje y dar este debate con evidencias, con datos, con historia”, defiende. Justo después, deja caer un silencio corto. El primero en casi una hora de entrevista: “La situación es muy difícil. Estoy preocupada”.

Varias sombras parecen chapotear en alta mar. En el oscuro horizonte de la noche ceutí se distinguen algunas cabezas que se desplazan desde la costa marroquí hacia la ciudad española, rodeando uno de los espigones que separan Marruecos de Ceuta. En la orilla, un dispositivo policial los espera, mientras varias lanchas rastrean las aguas. Cuando los migrantes se acercan, los agentes los detienen y los trasladan hasta la frontera, donde se les pierde el rastro.

Esta escena se repite con frecuencia en la frontera del Tarajal durante muchas madrugadas en Ceuta. La Guardia Civil y la Policía realizaban estas devoluciones sin ocultarlas, tanto de día como de noche. Según reconocían los agentes y la Delegación del Gobierno local, la orden consistía en expulsar a todas las personas interceptadas, salvo aquellas que aparentaban ser menores. Era una práctica sistemática. Hasta esta semana, cuando una sentencia del Tribunal Supremo ha confirmado su ilegalidad y ha empujado a las fuerzas de seguridad a dejar de aplicarla.

La resolución del Tribunal Supremo interpreta que la Ley de Extranjería no permite las “devoluciones en caliente” a los migrantes interceptados en alta mar cuando intentan acceder a nado a Ceuta y Melilla. En el fallo, los jueces de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo han dado la razón a un ciudadano argelino que fue devuelto a Marruecos en noviembre de 2024, junto a otras dos personas, cuando intentaban alcanzar la costa de Ceuta. El denunciante fue apoyado jurídicamente por las organizaciones Coordinadora de Barrios, No Name Kitchen y el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM).

Un juzgado de Ceuta y, posteriormente, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, ya habían fallado a favor del demandante aunque no accedieron a indemnizarlo. Las dos instancias entendían que quien entra por mar a nado “no supera un elemento de contención fronterizo” por lo que no se le podía aplicar la vía excepcional recogida en la Ley de Extranjería (a través de la normativa de Seguridad Ciudadana). El Supremo ha rechazado el recurso de la Abogacía del Estado y da la razón a las dos instancias inferiores.

Fuentes oficiales del Instituto Armado en Ceuta aseguran que, tras la sentencia del Supremo, los agentes de la frontera han dejado de realizar estas devoluciones a la espera de recibir órdenes por parte del Ministerio del Interior. “Siempre se ha aplicado el convenio [bilateral con Marruecos]. Ahora mismo, tal como está, no se puede devolver; el Supremo ha dicho claramente que no podemos hacerlo. Hasta que no haya una modificación de la ley orgánica tendremos que aceptarlo, darles sus derechos y aplicar la ley”, apostilla la misma fuente.

Las ONG alertaban desde hace años del carácter ilegal de las devoluciones en caliente. En 2014, el Gobierno de Mariano Rajoy intentó regular los retornos automáticos en Ceuta y Melilla, a través de una disposición adicional incluida en la Ley de Seguridad Ciudadana. Dicha norma, también muy cuestionada por juristas y organizaciones sociales, decía permitir la entrega inmediata a Marruecos de migrantes que entrasen irregularmente en las ciudades autónomas a través del salto de las vallas fronterizas, es decir, por vía terrestre.

La medida fue tachada de ilegal en un primer momento por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Sin embargo, una segunda sentencia aceptó el recurso con el que el Gobierno de Pedro Sánchez defendió estas prácticas y Estrasburgo acabó avalando este tipo de retornos por tierra en Ceuta y Melilla.

Aunque la disposición adicional de la Seguridad Ciudadana no mencionaba que las devoluciones en caliente (llamadas 'rechazos en frontera' en la normativa) pudiesen ejecutarse sobre los migrantes que llegan vía marítima, la Delegación del Gobierno en Ceuta y la Guardia Civil defendían otro tipo de interpretación. La orden era clara: los agentes fronterizos no solo debían retornar a quienes saltaban las alambradas, también a las personas que las rodeaban a nado. En distintos picos de llegadas a la ciudad, elDiario.es preguntó por la base legal de estas prácticas sistemáticas y la Delegación del Ejecutivo se amparaba en la figura del “rechazo en frontera”.

Bajo esa interpretación que rechaza la Justicia, las patrulleras del Instituto Armado recogían del agua a nadadores procedentes de las costas marroquíes -tanto en zona entre vallas como en aguas claramente ceutíes- y, subidos en el barco con bandera española, les trasladaban a la playa donde eran conducidos a la frontera para ser entregados a Marruecos. La decisión del Supremo acaba con esta forma de proceder o, al menos, con los intentos de disfrazarla de legalidad.

La Delegación del Gobierno también defendía las devoluciones marítimas a través de un acuerdo de retorno de Marruecos que, sin embargo, exige la identificación previa y solo afecta a personas marroquíes. Se trata un pacto similar al utilizado por Ejecutivo central y el local para justificar la expulsión de menores practicada en agosto de 2021, defendida por Interior, por la que acabaron condenadas por prevaricación la entonces delegada del Gobierno en la ciudad y la exvicepresidenta de Ceuta.

Desde entonces, los agentes de Ceuta dejaron de devolver en caliente a menores a plena luz del día. A su vez, las autoridades dejaron de justificarlas: solo aplicarían estas prácticas, decían, para retornar a los adultos. En la práctica, sin embargo, la falta de procedimiento complica conocer la edad o los riesgos que supone la devolución de los jóvenes cuya minoría de edad no es evidente. Sin un procedimiento, si no hay una identificación personalizada, no se puede garantizar que no haya adolescentes de menos de 18 años entre los retornados más jóvenes.

Supuestamente, la Delegación del Gobierno solía asegurar que solo se devolvían a los marroquíes, pero el caso resuelto por el Supremo (de un argelino) evidencia que no siempre es así.

Ahora qué

La resolución del Alto Tribunal obliga ahora a tramitar estas entradas mediante el procedimiento ordinario de devolución previsto en la Ley de Extranjería, con todas las garantías administrativas asociadas. Eso supone que las personas interceptadas en el mar ya no pueden ser entregadas directamente a Marruecos sin expediente, asistencia letrada y posibilidad de solicitar protección internacional.

La decisión ha despertado la inquietud entre algunos agentes encargados del control fronterizo marítimo en Ceuta , contactados por elDiario.es. Fuentes oficiales de la Guardia Civil explican que, por el momento, han frenado estas actuaciones y se encuentran a la espera de las indicaciones que lleguen desde la Dirección General. “Ahora mismo están los superiores hablando con Madrid, no sabemos cómo nos va a afectar, estamos a la espera de que nos digan qué tenemos que hacer”, traslada una fuente oficial consultada por elDiario.es.

Omar (nombre ficticio) es una de las decenas de miles de personas devueltas en caliente tras llegar a nado a Ceuta. En julio de 2024, el marroquí se lanzó al mar desde la costa marroquí de Castillejos, pero una patrullera de la Guardia Civil lo interceptó mientras nadaba y, tras dejarlo en la frontera, los agentes lo devolvieron a Marruecos, según explicó el hombre a elDiario.es. Un año antes, la Guardia Civil le frenó a su llegada a tierra y, una vez en el otro lado de la frontera, las autoridades marroquíes le subieron en un autobús con más jóvenes que, como él, lo habían intentado y habían fracasado. Lo mandaron a Casablanca cuando él llevaba años viviendo en el norte de Marruecos.

En agosto de 2024, Omar logró nadar de nuevo hasta la ciudad española. Se lanzó al mar a las seis de la mañana y salió del agua en torno a las 13 horas. El recorrido fue mayor y el riesgo también. El marroquí trató de adentrarse todo lo posible en alta mar para evitar la detección por parte de los agentes españoles. “Nadé hacia alta mar, lejos, muy para arriba porque ahí no hay radares y es más difícil que nos detecten. Desde ahí nadé en dirección a Ceuta. Y, cuando parecía que había menos control, fui bajando hacia la costa”, dijo entonces. Cuando salió del mar, la playa ya estaba llena de bañistas. Omar se hizo pasar por un ceutí más pasando la mañana en la playa y, gracias a la ayuda de un taxista que se apiadó de él, logró alejarse de la zona fronteriza para evitar el tipo de devolusciones que ahora el Supremo ha prohibido.

Las ONG Coordinadora de Barrios, No Name Kitchen y el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) han celebrado la sentencia. En una nota, recogida por Efe, las tres entidades sociales sostienen que la postura del Alto Tribunal coincide con la interpretación jurídica que han defendido durante todo el proceso respecto a que a los migrantes que tratan de alcanzar la costa española a nado no pueden ser objeto del rechazo en frontera, sino que “su situación debe tramitarse mediante un procedimiento de devolución con todas las garantías legales”.

“Solo podemos hacer de taxistas”

Entre los agentes consultados creen que el cese de las devoluciones en caliente puede generar un aumento de los intentos de entrada a nado por Ceuta, que suelen aumentar cada verano. “En cuanto se enteren en Marruecos tenemos barcas llenas aquí. El único freno que hay es que la Marina marroquí los pare allí. Solo podemos hacer de taxistas, cogerlos en el mar y llevarlos a la orilla”, se queja un guardia civil consultado por elDiario.es bajo condición de anonimato.

Algunos agentes fronterizos consultados por este medio defienden la modificación de la normativa para extender el rechazo en frontera también a las entradas por mar. “La línea de contención habría que hacerla extensiva al mar. Habrá que modificar la disposición adicional décima de la ley y hacerla aplicable a entradas por tierra, mar y aire”, opina un miembro del Instituto Armado en la ciudad autónoma.

El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia por la cual interpreta que la Ley de Extranjeria no permite las “devoluciones en caliente” a los migrantes interceptados en alta mar cuando intentan acceder a nado a Ceuta y Melilla. En el fallo, los jueces de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo dan la razón a un ciudadano argelino que fue devuelto a Marruecos en noviembre de 2024, junto a otras dos personas, cuando intentaban alcanzar la costa de Ceuta.

Un juzgado de Ceuta y, posteriormente, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, habían dado la razon al demandante aunque no accedieron a indemnizarlo. Esas dos instancias entendían que quien entra por mar a nado “no supera un elemento de contención fronterizo” por lo que no se le podía aplicar el extremo recogido en la disposición adicional décima de la Ley de Extranjería. El Supremo rechaza el recurso de la Abogacía del Estado y da la razón a las dos instancias inferiores.

El demandante alegaba en su recurso que se le había devuelto por la vía de los hechos al ejecutarse sin procedimiento ni resolución, omitiendo los derechos de asistencia letrada y de protección internacional. Solicitaba una indemnización de 6000 euros por los daños morales causados y que se le reconociera como situación jurídica individualizada la adopción de las medidas que fueran necesarias para lograr su retorno y readmisión en España.

La Sala interpreta la Disposición adicional décima de la citada ley y sienta jurisprudencia. Los jueces tienen en cuenta dos sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional sobre esta cuestión. Dicha disposición establece que los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta o Melilla mientras intentan superar los “elementos de contención fronterizos” para cruzar irregularmente la frontera podrán ser rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España.

El fondo del asunto trataba de determinar si en el mar se podía aplicar la alusión de la ley a “los elementos de contención fronterizos”, tales como las vallas terrestres. El Supremo concluye que no será así. “No cabe equiparar tales elementos de contención con los dispositivos tecnológicos de control fronterizo -como drones, cámaras térmicas o sensores- que, en principio (y salvo que se demuestre lo contrario), no cumplen una función material de contención, sino de vigilancia, detección y alerta, permitiendo detectar la presencia de personas, pero no impedir físicamente el cruce de la línea fronteriza, ni retener a quienes lo intentan”, recoge el fallo del alto tribunal

La citada Disposición de la Ley no podrá extenderse a todos los extranjeros que intentan cruzar irregularmente la frontera, sea terrestre o marítima, como en este caso, “sino solo para aquellos que intentan hacerlo superando los elementos de contención fronterizos establecidos, como las vallas”.

En todo caso, el Supremo advierte de que si el Estado establece en el futuro “elementos de contencion en el mar para proteger la línea fronteriza” entonces sea de aplicación la citada disposición adicional de la ley.

Con un ejemplar de la Constitución en una mano y un gorrito infantil como el de Liam Conejo Ramos (un niño de 5 años detenido junto a su padre por el ICE de Trump) en la otra, la diputada Ouidad Bakkali cantaba junto a otros colegas el Bella Ciao en el Parlamento italiano frente a un grupo de neofascistas que buscar convertir la idea ultraderechista de la remigración en ley nacional.

La escena se produjo en enero de este año, cuando los promotores de una iniciativa popular a favor de la remigración intentaron presentar su propuesta en una rueda de prensa en el Parlamento, pero se encontraron con el boicot de Bakkali, del Partido Democrático (PD), y otros colegas de centroizquierda que ocuparon la sala para cantar la canción antifascista e impedir la celebración del acto. “Es una propuesta racista con una visión etnonacionalista y fascista de la sociedad”, dice a elDiario.es la diputada, que fue suspendida cinco días de sus funciones por esta acción.

Los ultraderechistas que están detrás de ello actúan con ambigüedad calculada, advierte Bakkali. “Su discurso cambia según el público. Ante los suyos, hablan de la remigración de no asimilados, incluido los descendientes de migrantes, pero en televisión hablan solo de seguridad y de deportar a migrantes ilegales”, explica.

El pasado 13 de junio, los ultras volvieron a hacer una demostración de fuerza. Una marcha al estilo propio del neofascismo juntó a unas 4.000 personas en Roma. “Italia, nación, remigración” fue uno de los cánticos coreados, junto a saludos fascistas o consignas a favor del duce Benito Mussolini. La manifestación no fue masiva, pero sí grande para los estándares de la galaxia extraparlamentaria ultra. “Fue una de sus marchas de mayor peso de los últimos años”, asegura a elDiario.es Paolo Berizzi, periodista del diario La Repubblica especializado en ultraderecha.

Para muchos, la movilización muestra el crecimiento de su grupo organizador, el Comité Remigración y Reconquista, con capacidad de marcar agenda e interpelar más allá de las calles. Los movimientos que lo integran, entre ellos CasaPound, Rete dei Patrioti (Red de los Patriotas) o Veneto Front Skinheads, han trascendido en la esfera pública este año con la proposición de ley por iniciativa popular para fomentar la remigración. Aseguran que ya han obtenido más de 150.000 firmas. La propuesta busca introducir más medidas para expulsar a migrantes irregulares, así como la deportación obligatoria de extranjeros que cometan delitos, incluida la revocación de la ciudadanía para los naturalizados. Ahora, la iniciativa está pendiente de debate legislativo en la Cámara de Diputados.

Racismo y amenazas viralizadas

“Me preocupa ver cómo se ha normalizado el lenguaje racista y antimigrante. Se dicen cosas contra la población extranjera que nunca antes se habrían dicho, todo ello en un país con más de cinco millones de trabajadores extranjeros que produjeron el 8,5% del PIB el año pasado”, agrega esta diputada de 40 años, nacida en la ciudad marroquí de Agadir, pero que vive desde los dos años en Italia.

De hecho, Bakkali sufrió en su propia piel esta creciente escalada del discurso del odio cuando el 13 de junio participó en una gran contramanifestación antifascista para oponerse a la marcha por la remigración en Roma. La diputada colgó en redes una foto suya ante la pancarta con el lema de la protesta, Fuck Remigration (Que le jodan a la remigración), una publicación que se viralizó entre las cuentas de la galaxia ultra. Tras ello, recibió más de 13.700 mensajes con insultos racistas y tono intimidatorio que incluyeron incluso amenazas de muerte.

“Fosa común para ti y tu familia”, “sabemos dónde vives” o “a casa, gitana”. Estos fueron algunos de los mensajes contra la diputada, como denunció en un pleno parlamentario. Ya en el pasado había recibido comentarios racistas, “pero nunca a escala tan masiva, con tal nivel de violencia y amenazas”, asegura. Según alega, esto muestra cómo las redes amplifican el discurso ultraderechista también en Italia, ante lo que deben tomarse restricciones y medidas de control de las plataformas para que asuman su “responsabilidad social”.

Vannacci altera el bloque derechista

Esta atmósfera se ve alimentada por la irrupción de Roberto Vannacci, exgeneral y eurodiputado, que en febrero abandonó el partido Liga de Matteo Salvini para fundar Futuro Nazionale. Esta formación, enfocada en la imagen de líder fuerte y carismático que Vannacci busca mostrar, sube en los sondeos y podría obtener un 6% de votos en las elecciones, una cifra con la que incluso podría superar a la Liga. Esto amenaza con cambiar la correlación de fuerzas del bloque derechista. Las encuestas señalan que Meloni no tendría asegurada la mayoría para formar coalición, ante lo que Vannacci podría ser un actor clave, si quiere mantenerse en el poder.

“Difícilmente se puede construir algo con alguien que claramente sólo quiere destruir”, declaró esta semana Meloni en una entrevista televisiva con Rete 4 cuando le preguntaron si contemplaría una alianza con el militar. “No me parece que haya mucha diferencia entre él y el resto de partidos de oposición. Vota como la izquierda y habla contra nosotros todo el día”, agregó. Pero el exgeneral copa cada vez más titulares en los medios.

Se dicen cosas contra la población extranjera que nunca antes se habrían dicho, todo ello en un país con más de cinco millones de trabajadores extranjeros que produjeron el 8,5% del PIB el año pasado

Ouidad Bakkali — Diputada del Partido Demócrata

La primera ministra se ha labrado en los últimos años una posición firme como líder de ultraderecha que a su vez coopera con la Unión Europea y secunda la línea de la OTAN. Vannacci, por contra, ha logrado hacerse un espacio criticando el modelo de política exterior o el apoyo italiano a Ucrania. También muestra simpatías por Vladímir Putin y defiende posiciones euroescépticas, aunque él mismo saltó al ámbito institucional como eurodiputado de la Liga, cargo que no ha abandonado pese a irse del partido.

Los expertos prevén que su discurso de línea dura y su defensa a ultranza de la expulsión de migrantes condicione también la campaña electoral, aunque este militar retirado con dejes neofascistas y discurso homófobo proclame casi lo mismo en materia migratoria que Meloni o Salvini. Lo hace con menos filtros, aboga por vías más contundentes e incorpora ideas clave del compendio remigratorio, como la deportación de personas “no asimiladas”, o la revocación de la ciudadanía a quienes cometan “delitos graves”.

La remigración, un neologismo en Italia

Vannacci alega que la coalición de Meloni y Salvini no tomó medidas suficientes para frenar en seco la llegada de migrantes. Estos años, el Ejecutivo hizo políticas contra la migración como el bloqueo de buques de ONG de rescate en el Mediterráneo, un proyecto de ley para impedir la navegación de barcos con migrantes o la apertura de centros de detención para migrantes en Albania, aunque el exgeneral pide ir más allá y usa la bandera de la remigración para dar más empaque y proyección a sus posturas, según los expertos.

Cornelli y Berizzi coinciden en que este concepto no es más que una continuidad del modelo antimigratorio de las ultraderechas clásicas, pero buscando otras palabras para impulsarlo de nuevo. El término se incluyó en 2025 como neologismo en Treccani, el diccionario de referencia de la lengua italiana. Esto mostró que su uso se extendía en Italia, pese a llegar más tarde que a otros países de Europa.

En Italia se empezó a hablar de remigración en 2025, y “los primeros en hacerlo fueron miembros de partidos del gobierno”, recuerda Berizzi. La propaganda remigracionista acabó monopolizada por la derecha neofascista, pero hay “una conexión ideológica entre neofascismo y derecha gubernamental”. El discurso antimigración del Ejecutivo fue antesala para los relatos que ahora promueven las expulsiones a gran escala, opina el periodista.

Este marco ideológico fue acuñado por el ultra austríaco Martin Sellner. “El fenómeno de la remigración gana fuerza en toda Europa y EEUU, por eso también alcanzó Italia. Se ha convertido en un verdadero estandarte político que empuja a la derecha cada vez más a la derecha”, cuenta a elDiario.es Roberto Cornelli, profesor de Criminología y Política Pública de la Universidad de los Estudios de Milán.

Según alega, esta tendencia es solo un paso más tras dos décadas de medidas y leyes que criminalizan a los migrantes. “La remigración pone un nombre mucho más crudo y duro a una política que ya iba en esta dirección”, primero con el Gobierno de Silvio Berlusconi, a inicios de los 2000, y reforzada estos años por Meloni con “la reducción de la acogida, el cierre de fronteras y puertos o la criminalización de los rescates en el mar”, señala el docente.

“Italia para los italianos”

“No nos avergüenza decirlo: Italia para los italianos”, dijo Vannacci el 13 de junio en la asamblea constituyente de Futuro Nazionale en Roma, donde participaron más de 1.500 delegados. El partido asegura que ya tiene más de 100.000 afiliados y ahora avanza en su estructuración. Ocho diputados —en su mayoría exmiembros de la Liga, pero también de Fratelli d’Italia y Forza Italia— se pasaron al lado de Vannacci, y su perfil como bloque propio se percibe ya en el parlamento, donde la tensión con opositores como Bakkali es palpable.

Vannacci evita tapujos. En una reciente entrevista para el canal La7 defendió un modelo de deportación basado “en el traslado forzoso”. También aboga por construir muchos más centros de internamiento para acelerar las expulsiones. “Deben ser deportados todos aquellos sin motivo ni derecho de estar entre nosotros. El 80% de estas personas deberían ser remigradas. Son clandestinos, ilegales”, aseguró.

Este mes también afirmó, recalcando su visión reaccionaria, que “el feminicidio no existe”. En su opinión, “es un homicidio como todos los demás”. Por otro lado, en un país envejecido como Italia, con una de las tasas de natalidad más bajas de Europa y con necesidad de mano de obra para trabajos esenciales, Vannacci aboga por reducir la cantidad de residentes extranjeros a un máximo del 4% de población, por debajo del 9,4% actual. Aun así, no ve contradictorio que su esposa, con la que tiene dos hijas, no sea de origen italiano, sino rumano.

“Me preocupa la velocidad con la que fenómenos como el de Vannacci ganan popularidad y consenso”, lamenta Bakkali, que pide que las fuerzas de centroizquierda italianas vayan juntas a comicios. “Un frente unido es la única opción para dar a los italianos una esperanza alternativa”, concluye la diputada, que insta a seguir luchando y a fomentar la inclusión como antídoto ante el racismo y la remigración de la extrema derecha.

Los hombres de mi tribu [familia extensa] arrojaron a mi familiar Kawthar Bashar al-Husayjawi, una niña de 15 años, a una fosa y cubrieron su cuerpo con un poco de tierra. Horas antes la habían matado de 10 disparos y le habían destrozado la cabeza con un hacha. Después salieron a la calle para bailar y celebrar su muerte con otra gente.

Kawthar vivía en al-Nahrawan, un distrito al sureste de Bagdad. Sus padres la habían sacado de la escuela y, a los 13 años, la obligaron a casarse con un hombre alcohólico mucho mayor que ella.

Durante un año sufrió violencia y maltrato, y finalmente huyó y regresó con sus padres. Su familia la encerró en casa y la presionó sin descanso para que regresara con su marido y maltratador. Ella amenazó con quitarse la vida y, finalmente, se divorció legalmente en el juzgado a finales de 2025.

Poco después, su primo salió de prisión y pidió la mano de Kawthar a los padres. Ella se negó: todo el mundo sabía que el pretendiente estaba metido en el tráfico de drogas y alcohol. Su familia hizo caso omiso y dio consentimiento al matrimonio porque, según sus costumbres, “la palabra de un hombre no puede ser cuestionada por una mujer”. Ni su madre ni las demás mujeres de la familia pudieron apoyarla en su negativa.

A principios de mayo, a medida que se acercaba el día de la boda y lo que ella creía que sería una nueva etapa de violaciones y violencia, Kawthar huyó. Se le había negado la oportunidad de ir a la escuela o de aprender a ganarse la vida, por lo que se marchó sin nada, salvo su ropa y un velo.

¿Le dijeron cuál iba a ser su destino? ¿Cuáles fueron sus últimas súplicas? ¿Gritó con la esperanza de despertar sus conciencias? ¿O se preguntó cómo era posible que su propio padre pudiera hacerle algo así a su hija?

Un vecino la vio huir y la secuestró durante tres días y, según ella, la sometió a cosas terribles que no reveló. Aunque aseguró a su familia que no se había fugado con él por voluntad propia —e incluso después de que las cámaras de vigilancia parecieran respaldar su versión de que la habían arrastrado a la fuerza—, se negaron a creerla.

El padre, el tío y el prometido de Kawthar la interrogaron sobre lo ocurrido durante aquellos tres días antes de llevarla a una zona despoblada en las afueras de Bagdad. He intentado imaginar qué sentía en aquel coche, rodeada por tres hombres de una familia que debería haber sido su refugio y protección.

¿Le dijeron cuál iba a ser su destino? ¿Cuáles fueron sus últimas súplicas? ¿Gritó con la esperanza de despertar sus conciencias? ¿O se preguntó cómo era posible que su propio padre pudiera hacerle algo así a su hija?

En las redes sociales vi su rostro infantil, la última vez que llevó el uniforme del colegio. Una foto antigua que no muestra enteramente sus hermosos rasgos. Pronto se difundieron vídeos de miembros de la tribu bailando alegremente tras el asesinato. No vi a ningún familiar llorar su muerte. Al contrario, los hombres celebraban.

Me enteré de la noticia una tarde cualquiera. Estaba en casa y mi padre me contó su desaparición y asesinato. Si hubiera oído esta historia de un desconocido, en una publicación de Instagram, probablemente no la habría creído. ¿Cómo puede una persona llevar toda esta maldad en su corazón e infligírsela a su hija? Pero le pasó aquí a una chica que conocía y con la que una vez coincidí.

Intenté mantener la calma y pensé que al menos la policía los castigaría por su acto. En cambio, al parecer, un agente pidió un soborno para declarar que había sido secuestrada y no asesinada. Los hombres trasladaron el cuerpo de Kawthar más de una vez por miedo. Un cuerpo atravesado por diez balas, y sin mortaja ni lavado ritual, pasando de un agujero a otro. Cuando los vivos son despojados de su humanidad, ¿qué santidad queda para los muertos?

Lo que más me aterra es lo fácil que se ha vuelto asesinar en Irak para los hombres. Ya no temen a la ley ni al Estado, porque ven corrupción por todas partes

Al final, esto es lo que me empujó a hablar. Yo y otras mujeres de la familia (sin coordinarnos, ya que nos sentíamos incapaces de confiar en nadie) empezamos a enviar su nombre y su foto, así como las imágenes de sus asesinos, a páginas y plataformas de los medios de comunicación con la esperanza de que se hiciera justicia con esta niña y se permitiera que al menos la enterrasen con dignidad. Temía que el caso quedara tapado como ha pasado cientos de veces en situaciones en las que mujeres y niñas mueren por únicamente intentar sobrevivir.

Lo que más me aterra es lo fácil que se ha vuelto asesinar en Irak para los hombres. Ya no temen a la ley ni al Estado, porque ven corrupción por todas partes. Todo el mundo ha encubierto lo que pasó. Al parecer, un abogado se hará cargo del caso, se localizará el cadáver y su hermano se entregará como único autor para que el caso se cierre como un asesinato “por honor”.

Aunque la legislación iraquí no menciona directamente la expresión “asesinato por honor”, existen atenuantes que contemplan el delito de homicidio motivado por el honor. Quien mate a su esposa o a una pariente cercana tras descubrirla en un acto de adulterio será castigado con una pena de prisión de hasta tres años. En muchos casos, el crimen no se considera un asesinato premeditado, sino más bien un incidente familiar que se sale de control.

Las nuevas leyes iraquíes que permiten que niñas de tan solo nueve años contraigan matrimonio me parecen aterradoras, porque una menor apartada de la escuela y empujada a un matrimonio infantil se vuelve más vulnerable y menos capaz de protegerse o de resistir la violencia a la que está expuesta. Kawthar ni siquiera había alcanzado la edad mínima para entender el mundo que la rodeaba, y, sin embargo, todos la trataban como a una mujer que debía ser sometida, vigilada y castigada.

Este artículo se ha elaborado en colaboración con Jummar Media

Traducción de Emma Reverter

El 4 de julio, en el extremo más meridional de Europa, el papa León XIV se detiene ante dos menores que representan dos formas distintas de esperanza. Una nació en Lampedusa, hija de migrantes marfileños. El otro llegó desde Ghana en una patera, abrazado al cuerpo sin vida de su madre. Ambos recibieron la bendición del pontífice durante su visita pastoral a la isla, convertidos en símbolos de la vida que resisten en la frontera más letal del Mediterráneo.

En su encuentro con el Papa, Leo le ha entregado una nota de su puño y letra en la que le cuenta a León XIV su historia y además le ha regalado un balón muy especial para él. “Querido Papa, estoy muy emocionado de encontrarte. Hace 10 años empezó mi historia aquí en Lampedusa. Estaba solo y había perdido todo, sobre todo a mi madre. Me dicen que he dejado de llorar cuando me dieron un balón de papel, desde aquel día aquel balón permanece en mi corazón y no he dejado de jugar. Espero que esta pelota que te regalo ahora pueda llegar a otro niño que lo haga igual de feliz que a mí”, ha escrito en la nota.

Leo llegó a Lampedusa con apenas 18 meses de vida en 2016. Con él, no llegó nada que permitiera reconstruir su historia al otro lado del Mediterráneo, sólo el cuerpo sin vida de su madre, que le sirvió de salvavidas durante la travesía.

Su historia comenzó a reescribirse cuando un matrimonio de Palermo decidió darle un nuevo hogar. María Elena, su madre adoptiva, recuerda aquellos primeros meses de adaptación con una mezcla de ternura y desgarro. “Los primeros meses fueron muy difíciles. Leo no conseguía dormirse”, recuerda. Fue un proceso lento, marcado por las huellas invisibles de un pasado que, pese a su corta edad, seguía presente. “Lloraba hasta el punto de desmayarse. Cuando eres un bebé, tu puerto seguro es tu madre: su olor, su calor, su voz. Cuando todo eso desaparece de un día para otro, acostumbrarse es muy complicado”, cuenta.

Había otros gestos que hablaban de una memoria que el niño aún no podía expresar con palabras. Después de cada comida, recogía los restos que quedaban en el plato, los envolvía cuidadosamente en una servilleta y los escondía. “A nosotros se nos rompía el corazón al verlo. Sentíamos que no confiaba en que nunca le faltaría comida. Pero tampoco queríamos juzgar ese comportamiento. Sabíamos que era una respuesta a todo lo que había vivido”, relata. María Elena cree que aquel gesto podía ser también una imitación de su madre biológica en Ghana, una forma de reproducir hábitos aprendidos antes del viaje. Con el tiempo, cuando empezó a sentirse seguro en su nuevo hogar, dejó de hacerlo.

“Siempre hemos querido que Leo mantuviera un vínculo con sus orígenes”, explica María Elena. Por eso, desde que Leo era pequeño, ella y su marido procuraron que creciera en un entorno donde la diversidad formase parte de la vida cotidiana. Eligieron para él un colegio internacional, convencidos de que una educación abierta a distintas culturas podía ayudarle a construir su identidad sin renunciar a ninguna de sus raíces. Aun así, el color de su piel hizo que empezara a hacerse preguntas difíciles en su infancia: “¿Por qué soy diferente a mis compañeros?”, “¿Por qué casi todos los negros que veo trabajan en el campo o limpiando las calles?”.

“Nosotros queríamos que creciera sabiendo que vale lo mismo que cualquier otro niño”, explica María Elena, “pero tampoco le podíamos esconder la realidad”. Tarde o temprano iba a encontrarse con los prejuicios y con una sociedad que, muchas veces, sigue asociando el color de la piel a posiciones sociales. Por eso nunca le ocultaron que había nacido en Ghana, que había llegado a Europa en patera y que había sido adoptado. Querían que conociera su pasado para que pudiera construir su futuro sin vergüenza de sus orígenes. “También queríamos que entendiera que puede soñar como cualquier otro niño italiano”, dice su madre. Leo ya tiene claro cuál es su sueño: ser futbolista.

Ahora Leo se asoma a una nueva etapa: la adolescencia. Con ella han llegado también nuevas preguntas y una mayor conciencia sobre su propia historia. “Su sentido de la justicia está cada vez más presente”, explica María Elena. Leo empieza a comprender lo que vivió y la injusticia que marcó el comienzo de su vida. Cada año, la familia regresa a Lampedusa. Es un viaje ya convertido en ritual. Acuden al muelle Favaloro, el mismo donde desembarcan las personas rescatadas en el Mediterráneo. Allí arrojan un ramo de flores al mar y rezan una oración en memoria de la madre biológica de Leo. Después permanecen unos días en la isla antes de regresar a Palermo.

Su historia nace en Lampedusa con Pietro Bartolo

Durante años, Lampedusa ha sido una de las principales puertas de entrada a Europa para miles de personas que huyen de la guerra, la persecución, la pobreza o la ausencia de futuro. Sus playas, conocidas durante décadas por el turismo, se transformaron en escenario de una de las mayores crisis humanitarias de las últimas décadas.

Leo llegó a Lampedusa en patera en 2016 y fue el único superviviente de aquella travesía. De ese viaje apenas se sabe nada. Nadie puede reconstruir cuántas horas o cuántos días pasó a la deriva en una embarcación precaria, sin apenas agua ni alimentos, expuesto al sol, al frío y al miedo constante de que el Mediterráneo engullera su embarcación. Su historia permanece llena de incógnitas. Lo poco que ha sobrevivido al olvido está escrito en su propio cuerpo.

Cuando María Elena lo conoció, descubrió en su piel varias cicatrices circulares provocadas, según explica, por quemaduras de colillas de tabaco. “Eran marcas de una violencia que nadie debería sufrir, y menos un niño”, recuerda. Es imposible saber con certeza dónde se las hicieron. Pudo ser en su país de origen, durante el trayecto migratorio o en alguno de los lugares por los que pasó antes de embarcar rumbo a Europa.

Al llegar a tierra europea fue atendido por Pietro Bartolo, el médico que durante décadas recibió a miles de personas migrantes en Lampedusa. Su nombre quedó asociado a la respuesta humanitaria en la isla y a la atención de quienes alcanzaban la costa después de travesías extremas. Bartolo no sólo examinaba cuerpos agotados por el viaje; también escuchaba historias marcadas por la violencia, las pérdidas familiares y el exilio.

Pietro Bartolo asegura que detrás de cada desembarco hay una biografía irrepetible. No son cifras ni estadísticas. Son personas. Niños que han perdido a sus padres durante la travesía. Madres que han visto morir a sus hijos en el mar. Jóvenes que abandonaron su hogar sin saber si algún día volverían a verlo. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ha documentado 1.410 muertes o desapariciones en el Mediterráneo en lo que va de 2026, entre ellos 28 niños. Desde 2014, año en el que se empezaron a registrar estos datos de manera oficial, el organismo estima que 35.070 personas han desaparecido en esta ruta.

Todos llegan a Europa con la esperanza de encontrar una vida digna, pero, como suele advertir el médico italiano, el desembarco no marca el final del sufrimiento, sino el comienzo de un nuevo desafío. Tras sobrevivir al mar, muchos deben enfrentarse a la incertidumbre sobre su futuro, a largos procesos administrativos, a la separación de sus seres queridos y, en ocasiones, al rechazo o indiferencia europea.

Según el Ministerio del Interior de Italia, 14.464 migrantes han llegado al país por vía marítima en lo que va de 2026. Más de la mitad de esos desembarcos se produjeron en Lampedusa, de acuerdo con datos de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur). Sin embargo, esta cifra representa una caída significativa frente a las 30.598 llegadas registradas en el mismo período de 2025.

Hoy Leo crece junto al mar que casi acaba con su vida. Tiene una familia, un hogar y un futuro. Leo empieza a ser adolescente, juega al fútbol y progresa en las categorías inferiores del Palermo, el club de su ciudad. Habla siciliano y tiene un gran sentido del humor. Quienes lo conocen destacan su talento sobre el terreno de juego, entre ellos Pietro Bartolo, que no oculta el cariño que siente por el niño al que atendió hace una década. “Leo es el nuevo Maradona”, comenta el médico con una sonrisa y mucha convicción.

La regularización extraordinaria se ha adentrado en una nueva fase esta semana. De los casi 1,2 millones de peticiones, la Administración ha admitido más de 609.000 y ha respondido de manera favorable a cerca de 11.000. A medida que el Ejecutivo acelere el envío de resoluciones, como se ha comprometido, y cada vez más personas reciban el sí definitivo, todas ellas tendrán que acudir a una ventanilla que es clave para finiquitar su regularización: las comisarías de extranjería, con el objetivo de obtener su tarjeta física identificativa (TIE). Un paso que, de no cambiar el actual funcionamiento del sistema, no será fácil.

El trámite de la toma de huellas en comisaría, imprescindible para que la Policía Nacional emita el documento de identidad de los extranjeros regularizados, ya está empezando a dar problemas y corre el riesgo de convertirse en el próximo cuello de botella del proceso, según han denunciado ONG y sindicatos a elDiario.es. La causa no es nueva, el problema lleva años diagnosticado y sus efectos angustian a cientos de miles de ciudadanos en cada gestión mucho antes de la regularización extraordinaria: la falta de citas para los trámites de extranjería. Desde hace más de una década, pero especialmente tras la pandemia, conseguir una cita en comisaría para realizar gestiones específicas de la población inmigrante se ha convertido en un proceso exasperante, marcado por horas de intentos fallidos para lograr un turno. Una situación de la que se aprovechan grupos organizados que tratan de hacer negocio del fallo del sistema, a través de la venta de citas, lo que a su vez agrava aún más el problema.

“El Gobierno anunció que iban a tardar 15 días en responder sobre la admisión a trámite de las solicitudes y no ha sido así. Tenemos muchos expedientes que llevan esperando respuesta desde el inicio del plazo. Cuando contesten todo ese stock, no va a haber citas suficientes en extranjería para la toma de huellas. Si nunca las hay, si ahora mismo no hay para los trámites habituales, qué pasará cuando cientos de miles de personas lo necesiten casi de golpe”, dice con preocupación Victoria Columba, una de las portavoces del movimiento Regularización YA. El Gobierno defiende que trabajan de manera coordinada para solucionar los previsibles atascos.

Maira acaba de recibir las resoluciones favorables del proceso sus dos hijas, de 7 y 14 años. Las niñas son parte de las cerca de 11.000 personas a las que el Gobierno ha dado la luz verde definitiva para la regularización, lo que se traduce en la concesión de un permiso de residencia de cinco años, más largo que el permiso otorgado a los adultos. Pero su proceso no acaba aquí. Para consolidar ese derecho, la colombiana debe acompañar a sus niñas a comisaría con el objetivo de registrar sus huellas y solicitar sus tarjetas identificativas. Y para eso necesita una cita.

“Tengo alivio porque sé que mis hijas ya están. Tienen una residencia, están completamente regulares... Pero ahora tengo otro dolor de cabeza: pensar en sacar la cita”, explica la mujer, que llegó a Madrid con su familia en febrero de 2023. “Recibí la resolución y de una vez empecé a mirar si podía sacar citas. Y no. Es que no hay citas por ningún lado”, lamenta la colombiana.

La arbitrariedad del sistema para acceder a una cita de manera electrónica, la falta de recursos suficientes en las comisarías y la venta ilegal de turnos obliga a miles de inmigrantes a pasar días delante del ordenador en su intento de encontrar un hueco disponible. Muchos dedican horas durante la madrugada, porque el boca a boca dice que es uno de los momentos donde la Policía vuelca nuevos turnos en la plataforma. Se trata de un problema que, pese a las constantes denuncias y la publicación de numerosas informaciones al respecto, ni el Ministerio del Interior y ni las Delegaciones del Gobierno han atendido lo suficiente.

A su vez, la situación ha generado un nicho de mercado entre particulares, locutorios, abogados y gestorías que ofrecen citas a través de plataformas como Wallapop, Mil Anuncios o Facebook. Los precios oscilan entre los 30 y los 200 euros, dependiendo del servicio y del tipo de anunciante. Los grupos organizados suelen utilizar bots para comprar los turnos de manera masiva, que luego venden de manera ilegal por Internet, lo que obstaculiza aún más el acceso a una cita sin pagar a cambio.

Y este es el panorama que se encontrarán, de no tomar medidas suficientes, los cientos de miles de personas que se prevé que recibirán una resolución favorable de la regularización en los próximos meses o incluso semanas, en función del ritmo de respuesta, que el Gobierno defiende que se incrementará tras el cierre del plazo. El movimiento impulsor del proceso, Regularización YA, advierte de que el avance del proceso aumentará la demanda de estos “servicios” irregulares de venta de citas.

La maratón de pedir una cita

La inquietud de Maira viene de su propia experiencia: ella ya atravesó la carrera de obstáculos necesaria hasta plasmar sus huellas en comisaría. La colombiana obtuvo un permiso por arraigo por la vía habitual el pasado mes de marzo y, después de sentarse frente al ordenador cada día durante distintas horas para tratar de encontrar un hueco disponible en toda la Comunidad de Madrid, logró un turno disponible. Describe con detalle el momento en que lo logró: era un lunes a las siete de la mañana. Hizo la gestión casi automática, como cada día, pero esa vez aparecía un hueco disponible. “Ingresé y había una cita para el 14 de julio, meses después. Me tocó lejísimos, en Coslada, pero hay que agarrar lo que sea. Normalmente, solo tenemos 5 o 7 minutos para rellenar todos los datos que pide y tomar la cita porque, si no, se la asignan a otro”, detalla la colombiana para describir el complejo proceso. “Y todo esto fue entrando a todas horas, todos los días. Revisar y encontrar siempre el mismo mensaje de 'No hay citas disponibles'.

A diez días para finiquitar su propio proceso, Maira arranca una nueva maratón para conseguir culminar el de sus hijas. “Tenemos miedo de que ahora nos pase lo mismo. Deseamos que las resoluciones que lleguen de ahora en adelante, ojalá lo puedan aprobar, lleguen de una vez, directamente con una cita para huellas, porque es muy complicado”, añade.

Ante la previsible escasez de citas y las trabas denunciadas por las ONG, la secretaria de Estado Migraciones, Pilar Cancela, ha defendido que el Ministerio de Inclusión —responsable del procedimiento de regularización— está trabajando en coordinación con el de Interior —competente en la emisión de las tarjetas identificativas— para “garantizar que las personas accedan a la siguiente fase del procedimiento”. Desde los equipos de la cartera dirigida por Elma Saiz reconocen el problema histórico en relación con las citas de extranjería y confían en que el departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska tome las medidas necesarias para acelerar la emisión de documentos que exige el pico de demanda ligado a la regularización.

Primeras medidas de Interior

El día posterior al cierre del plazo para acogerse a la regularización, Interior dio un primer paso para flexibilizar los requisitos exigidos para la obtención de la tarjeta identificativa del extranjero en el caso de los beneficiarios de la regularización. Además de la falta de citas, otro de los asuntos que inquietaban a los solicitantes y las ONG que les acompañan era la obligación de presentar el certificado de empadronamiento y un pasaporte en vigor. Estas condiciones de la Policía Nacional chocaban con uno de los aspectos que caracterizaron al procedimiento extraordinario: la relajación de los trámites que normalmente se piden en estos procesos y que suelen ser un obstáculo para muchas personas migrantes irregulares. Algunas de estas era, precisamente, el empadronamiento, debido a las trabas con las que se chocan para registrarse en el padrón; o la exigencia de presentar un documento en vigor, ante la dificultad para renovar sus pasaportes para los nacionales de determinados países.

Tras meses de peticiones por parte del Movimiento Regularización Ya y otras organizaciones, la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior dictó este miércoles una instrucción que fija los criterios necesarios para la expedición de la Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE) a los beneficiarios de la regularización. En teoría, la orden interna flexibiliza los requisitos más problemáticos.

Según fuentes de Interior, las personas acogidas a la regularización “deberán acreditar su identidad mediante la presentación del pasaporte en vigor”, pero en caso de carecer de él “también se podrá aportar un pasaporte caducado, siempre que se acompañe de documentación acreditativa de la solicitud de renovación, como justificantes de cita consular, correos del consulado o resguardos de solicitud”. Este medio ha pedido al Ministerio el texto literal de la instrucción, para confirmar el margen de interpretación de la directriz -pues es habitual que cada comisaría de extranjería funcione de forma distinta en función de la provincia o en función de cada agente de turno-, pero la respuesta ha sido negativa al tratarse de un documento interno.

Para quienes obtengan la respuesta favorable en el procedimiento extraordinario, la Policía Nacional tampoco exigirá el empadronamiento en todos los casos, aunque sí en algunos. “El domicilio que figurará en la TIE será el aportado por la persona extranjera en el momento de la solicitud de regularización, el mismo que consta en la autorización de residencia”, explican las mismas fuentes. “Solo en el caso de que en el impreso de solicitud de la TIE se consigne un domicilio diferente, este será recabado electrónicamente por la Administración o se corroborará mediante la aportación del certificado o volante de empadronamiento del ayuntamiento, expedido con una antelación máxima de tres meses a la fecha de la tramitación de la TIE”, añaden desde Interior sobre el contenido de la instrucción interna.

El “plan de choque” de Policía Nacional

La Dirección General de la Policía Nacional activó lo que describen como un “plan de choque” para responder al incremento a la demanda de trámites ligados a la regularización. Sin embargo, ese incremento de la necesidad de citas de extranjería en los próximos meses se produce en un momento en que los problemas para conseguir un turno ya son habituales y exasperan a los inmigrantes que gestionan sus papeles por la vía ordinaria.

El plan consiste en pagar más cada hora extra a los agentes que se ofrezcan voluntarios para atender los trámites ligados a la regularización, según un documento de la Policía de la Subdirección General de Logística e Innovación de la Policía Nacional al que ha accedido Europa Press. “El objetivo del plan es dar respuesta al incremento de la demanda asumida en las Unidades de Documentación como consecuencia del proceso extraordinario de regularización”, indica el escrito. En este sentido, los policías obtendrán 25 euros por cada hora extra “que se vean afectadas por la sobrecarga administrativa derivable del proceso en cualquiera de sus puestos de expedición, tanto de Tarjetas de Identidad de Extranjero, como DNI o Pasaporte”.

El sindicato policial CEP ha criticado que no se hayan reforzado las plantillas, que únicamente se haya optado por pagar horas extra. “Empieza la fase que más tiempo va a prolongarse y la que mayor esfuerzo va a exigir a la Policía Nacional”, indica un comunicado.

Maira obtuvo su permiso de residencia por arraigo en marzo de este año, pero aún no ha logrado tener en sus manos la tarjeta identificativa ante el bloqueo de citas en comisarías de extranjería. Aunque su permiso es válido sin este documento, la falta de un documento válido obstaculiza la inclusión de los inmigrantes. Por ejemplo, aunque es posible, algunas empresas rechazan a quienes no cuentan con él. La falta de esta tarjeta complica la apertura de una cuenta bancaria, la petición de becas de estudios o la emisión de certificados oficiales de formaciones profesionales, etc. “No tiene sentido que nos aprueben una residencia y lograr una cita para huellas casi cuando vamos a tener que renovar el permiso”, resume.

Pasan los días de la emergencia –este sábado ya es el décimo–, pero en las calles de Venezuela la gente no deja de preguntarse quién ha sobrevivido y quién no a la tragedia que azota el país caribeño tras los dos terremotos que dejaron –al menos y por ahora–, según cifras del Gobierno, 2.645 personas muertas y más de 12.666 heridos. La esperanza de encontrar sobrevivientes se ha ido diluyendo y el país afronta el tercero de los siete días de duelo nacional decretados por el Gobierno mientras los rescatistas siguen recuperando cuerpos.

“La situación sigue siendo crítica. La mayoría de las organizaciones siguen tratando de salvar vidas porque hay miles de familias de las que todavía no se sabe nada”, dice a elDiario.es y desde el terreno Claudia González, gerente de Relaciones Interinstitucionales de la ONG World Vision, que trabaja en el país desde antes de los terremotos.

La organización, una de las ocho integrantes del Comité de Emergencias Español, ha entregado agua, alimentos precocinados, refugio y protección a la infancia, y ha levantado una campaña para recaudar fondos para la crisis. Hasta ahora ha atendido hasta ahora a más de medio centenar de niños, niñas y adolescentes.

En las últimas horas, el rescate con vida de Hernán Gil, vigilante de un edificio que quedó atrapado durante ocho días en su garita de uno de los edificios derrumbados de Catia La Mar, ha puesto el foco internacional sobre el centenar de rescatistas que culminó con éxito una delicada operación de salvamento que se prolongó durante casi 72 horas. Este viernes, otro grupo de rescatistas ha desplegado una operación con drones y perros para salvar a Fabio, un niño de 9 años que permanece desde hace nueve días bajo un edificio en La Guaira, una de las zonas más afectadas, 30 kilómetros al norte de Caracas.

“Hemos pasado una primera etapa de búsqueda y rescate de gente atrapada”, dice desde Brasil a elDiario.es el responsable médico de Médicos Sin Fronteras (MSF) para Venezuela, Carlos Arias. Aunque hay que seguir buscando –“siempre hay milagros” y aún puede quedar algún herido con acceso a agua o aire–, la prioridad ahora es “el saneamiento, la gestión de cadáveres, la atención a los desplazados, evitar epidemias y la salud mental”.

Para Rafael Mattar, coordinador de la emergencia de Venezuela por parte del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), que lidera la respuesta en materia de protección y albergues, “en esta segunda etapa lo principal es identificar las necesidades de la población, tener un censo de las personas afectadas y, en paralelo, comenzar a diseñar una estrategia de largo plazo”.

La gestión de desplazados, una prioridad

El impacto del terremoto se hace más visible con el paso de los días, con miles de personas aún sin hogar, hospitales al límite y comunidades enteras desplazadas, en un país que ya estaba en crisis desde mucho antes del desastre. ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, ha advertido que la situación humanitaria en las zonas afectadas “se ha deteriorado rápidamente”.

El Gobierno cifra sobre las 12.800 las personas que han perdido sus viviendas, mientras ACNUR, que también recauda fondos, ha documentado 16.000 ciudadanos que han debido buscar un lugar alternativo para vivir: muchas siguen durmiendo en las calles o espacios públicos, mientras otras se alojan con familiares o en refugios temporales como iglesias, escuelas o instalaciones improvisadas.

“En esta primera etapa, la prioridad ha sido brindar un lugar seguro donde las familias puedan acceder a campamentos temporales y servicios esenciales mientras avanzan las evaluaciones y las acciones de recuperación”, señala a elDiario.es la jefa en Venezuela de la misión de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Lía Poggio. Según ella, muchas personas desplazadas provienen de los municipios más afectados del estado La Guaira y permanecerán en estos espacios mientras se determina cuándo podrán regresar a sus comunidades o acceder a un alojamiento de mayor duración.

Hay mucha buena voluntad y eso vale mucho, pero en eventos de esta magnitud lo complicado es coordinar toda la ayuda

Rafael Mattar — Coordinador de ACNUR de la emergencia en Venezuela

“La gestión de los desplazados es una prioridad a corto plazo, señala Arias. Hay mucha gente que ha perdido sus casas, que necesitará un tiempo antes de volver, y será necesario habilitar alojamientos provisionales que eviten el hacinamiento y reduzcan el riesgo de enfermedades y epidemias”.

Acnur, que tiene presencia en Venezuela desde hace 35 años, ha levantado varios albergues temporales donde la población desplazada puede ir a refugiarse y recibe alimentos, ayuda psicosocial y atención en salud. “Es una asistencia un poco más estructurada, bajo la sombra –dice Mattar–, en espacios que han sido habilitados para su permanencia transitoria”.

La presidenta interina, Delcy Rodríguez, prometió hace dos días que antes de que finalice el año habrá nuevas viviendas para quienes hayan perdido sus hogares.

“Venezuela ya era un país con recursos muy limitados porque no estaba ampliamente financiado por la comunidad internacional, aunque su población sí tenía necesidades graves”, dice a elDiario.es la portavoz del Comité de Emergencias Español, Eloisa Molina.

El sistema de salud, que ya enfrentaba dificultades antes de los sismos, ha quedado muy perjudicado, con 35 hospitales y cientos de centros de salud dañados, según MSF. La ONG ha apoyado, hasta ahora, ocho hospitales con kits para atender a unos 4.000 heridos.

“Los venezolanos han dejado atrás su propia emergencia para apoyar a quienes lo necesitaban”, dice Claudia González. “Ha sido una situación que nos ha unido como país, pero que también nos sume en una crisis mucho más profunda que antes del 24 de julio”.

“La ayuda se está organizando mejor”

El despliegue de 3.000 rescatistas procedentes de una treintena de países ha permitido salvar con vida, en los últimos seis días de operaciones, a 12 personas que quedaron atrapadas bajo los escombros. En total, casi 6.500 personas han sido recuperadas, según cifras del gobierno venezolano. Sin embargo, en algunos momentos de la emergencia la coordinación entre los equipos derivó en un complejo caos logístico.

“Hay muy buena voluntad y eso vale mucho, pero en eventos de esta magnitud lo complicado es coordinar todo esto y evitar que haya esfuerzos duplicados”, dice Mattar.

Médicos Sin Fronteras, presente en Venezuela desde 2015 y una de las primeras organizaciones en responder a la emergencia, se desplazó desde el primer momento a La Guaira. “No había nadie cuando llegamos”, dice Arias. “Al día siguiente, empezaron a llegar más actores y el fin de semana ya había muchas organizaciones intentando entrar en La Guaira; tardamos cinco horas en poder acceder”.

En los últimos días, dice Molina, la ayuda “se está organizando mucho mejor, con un control más exhaustivo de quién está entrando, cómo se va a apoyar y la coordinación entre las distintas organizaciones”.

Cifras discordantes

Un interrogante que desde el inicio de la crisis no ha logrado despejarse es la discordancia entre los números publicados por el Gobierno de Delcy Rodríguez y las estimaciones de víctimas fatales y personas desaparecidas. La cifra de fallecidos por el momento está muy alejada de la proyección inicial del Servicio Geológico de Estados Unidos, que estimó un mínimo de 10.000 muertos.

Por su parte, la ONG Comité Internacional de Rescate (IRC, por sus siglas en inglés) calculó que los desaparecidos se acercarían a los 50.000, una cifra validada por la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA). Se desconoce, además, cuántos de los desaparecidos habrían conseguido contactar con la familia, pero están bien, y cuántos de ellos están muertos.

Reconstruir Venezuela nos va a costar mucho y necesitaremos el apoyo de la comunidad internacional

Claudia González — gerente Relaciones Interinstitucionales de la ONG World Vision

Los responsables de las organizaciones consultadas, que trabajan en coordinación con el gobierno venezolano, coinciden en que esclarecer las cifras de fallecidos ahora es complejo y toman como base para sus labores los datos oficiales.

“El organismo público no puede certificar una muerte hasta haber finalizado todo proceso [de identificación] y todavía están removiendo cuerpos; en las próximas horas podremos tener una dimensión un poco más clara de la tragedia, que estimamos va a ser mucho más grande de lo que se ha mencionado”, dice Claudia González.

Según Carlos Arias, el cómputo lento de fallecidos es normal porque “depende de la capacidad de los países, la experiencia y la gestión de datos”.

“Mucha ayuda durante mucho tiempo”

El futuro, que por ahora sigue muy incierto, apunta a un escenario de reconstrucción “largo”, coinciden los cooperantes.

“Las necesidades van a seguir: habrá miles de heridos crónicos que requerirán rehabilitación; los problemas de salud mental también van a ser crónicos y urge la reconstrucción del sistema de salud que ha quedado muy dañado y costará mucho dinero”, apunta Carlos Arias. “Venezuela va a necesitar mucha ayuda durante mucho tiempo”.

No hay una cifra concreta del costo de la reconstrucción del país caribeño, pero serán miles de millones de dólares. “Reconstruir Venezuela nos va a costar mucho y necesitaremos el apoyo de la comunidad internacional”, dice Claudia González, que espera que la “reactivación petrolera” ayude en este camino.

“La idea –dice Eloisa Molina– es intentar recaudar lo máximo posible para fortalecer los proyectos locales y acoger dentro de estos a personas que hasta la fecha no los necesitaban, pero que ahora han quedado sin absolutamente nada”.

Para la portavoz y directora de Comunicación de World Vision también habrá que apoyar a los sistemas de vacunación y el regreso de la infancia a la escuela lo antes posible.

“La experiencia nos dice que los niños y niñas que durante un periodo prolongado no pueden volver al colegio, ya no vuelven a incorporarse al sistema educativo”.

De estos diez días de fatiga, tensión y angustia, Rafael Mattar rescata la anécdota de una señora que, apenas vio al equipo de Acnur en acción, se le acercó y le dijo que no sabía que “eso existía”. “No sabía que nosotros existíamos”. Sorprendida por cómo “tanta gente podía estar ayudando en una calamidad como esta”, le abrazó y le dio un beso. “Me conmovió profundamente, la verdad. Eso vale oro”.

Acababa de anochecer en Madrid, apenas habían pasado cinco días de la puesta en marcha de la regularización extraordinaria, cuando Brayan preguntó quién era el último de la fila. Una larga hilera de un centenar de personas rodeaba uno de los edificios de servicios sociales municipales de la capital, en una imagen que se repetía en distintos puntos de la ciudad y del resto de España. Como muchos entonces, el joven pasó la noche a la intemperie para conseguir, ya al mediodía del día siguiente, uno de los documentos necesarios para presentar su petición.

Más de dos meses después, Brayan ha recibido lo que tanto esperaba: “Ya tengo número de NIE. Me llegó el permiso de trabajo. Y ya tengo el número de la Seguridad Social”. El joven paisa, de 25 años, había recabado por fin los documentos necesarios para despegar y salir de la clandestinidad. Su caso representa el perfil mayoritario que está detrás de los casi 1,2 millones de expedientes, según el balance anunciado por el Ministerio de Migraciones este jueves.

Hombre, colombiano, de entre 25 y 34 años, que vivía en España de manera irregular desde la expiración de su visado de turista. Un joven, en edad de trabajar, pero que no ha podido hacerlo dado de alta en la Seguridad Social por su situación irregular. Y que ha pedido la regularización en la provincia de Madrid a través de un abogado privado, pero que se ha apoyado en las organizaciones colaboradoras para reunir la documentación necesaria para montar el expediente.

Los datos oficiales concluyen que la mayoría de solicitudes de la regularización extraordinaria provienen de hombres, un 57%. Las mujeres, por su parte, representan el 43% del total de las peticiones. La diferencia por género, sin embargo, es menor entre las peticiones realizadas por demandantes de protección internacional que en las de las personas que se encuentran en situación irregular y debían justificar vínculos laborales, familiares o una situación de vulnerabilidad, según el balance de Inclusión. En el caso de los menores de edad y en la franja de 45 a 54 años “la distribución es paritaria, sin diferencias por tipo de autorización”, añade el documento.

Por edad, el 81% de los demandantes tienen menos de 45 años. Y seis de cada diez tienen, como Brayan, menos de 34 años. El secretario de Estado de Seguridad Social, Borja Álvarez, ha resaltado la importancia de la concentración de las personas regularizadas en esa franja de edad debido al efecto positivo que puede tener la concesión de sus permisos de residencia en el mercado laboral, en un momento en que la extrema derecha y el PP ponen el acento en el supuesto impacto del proceso extraordinario en los servicios públicos.

Más de un 11% son menores de 15 años

Una vez tramitadas todas las solicitudes, puede sacar de la irregularidad a más de 130.000 menores de 15 años, pues ese tramo de edad (de 0 a 14) representa un 11,1% de las peticiones, según el balance provisional presentado este jueves. Uno de esos niños regularizados será la bebé de Valeria. La mujer, de origen ecuatoriano, vivía de manera irregular desde hace dos años. Su pequeña, que no llega al año, nació en España pero tampoco tiene papeles. “Llevaba soñando varios días con esta cita. He tenido pesadillas pensando que no llegaba, que la perdía”, decía entre risas a las puertas de Correos el día que registró su expediente, que incluía la petición automática de su hija.

También podrá beneficiar a la niña de Nora, una mujer peruana que hasta ahora trabaja como empleada doméstica por horas en una casa a las afueras de Madrid. Su precariedad ligada a la irregularidad, cuenta, la llevó a vivir en albergues para personas sin hogar, por lo que los servicios sociales la empujaron a ceder parte de la tutela de su hija mientras no encontraba un lugar digno donde vivir. Tiempo después, con un empleo temporal, pudo empezar a pagar una habitación para ambas. La posible concesión de la regularización, cuenta, le podría dar la estabilidad que necesita para cuidar a la pequeña y a sí misma.

¿De dónde vienen?

La mayoría de las solicitudes, un 67%, corresponde a ciudadanos latinoamericanos. Una nacionalidad destaca sobre todas las demás: la colombiana, con casi el 26% de peticiones. A continuación, la marroquí se coloca como la única nacionalidad norteafricana cuyas solicitudes superan el 10% (con un 13,4%). De Venezuela procede un 11,7% de las peticiones; y de Perú, el 8,8%, según los datos oficiales.

Les sigue Honduras (4,8%), Paraguay (3,8%) y Argelia (3,4%). Senegal, con solo un 2,9% de los expedientes, es el único país subsahariano que aparece en el listado de las diez nacionalidades más presentes en el proceso extraordinario. Por último, destacan Pakistán (2,5%) y Argentina (2,3), entre otras procedencias que conforman el 20% restante de las demandas de regularización.

¿Dónde trabajan los que ya tienen permiso?

Algunas cifras empiezan a dar cuenta del previsible efecto positivo de la regularización en las cotizaciones a la Seguridad Social. Según los datos oficiales, de las 608.000 personas cuya petición ha sido admitida a trámite, 159.097 ya se encuentran dadas de alta en la Seguridad Social. Ese dato, sin embargo, no significa per se que esos ciudadanos se han afiliado debido al procedimiento extraordinario, porque entre ellos se encuentran solicitantes de protección internacional que podrían estar ya cotizando con anterioridad (pero con otro tipo de autorización). El Ministerio no ha aclarado por el momento el número de nuevas altas que han sido posibles exclusivamente por el procedimiento extraordinario, pues sus equipos matizan que se trata de un balance preliminar y aún se encuentran cruzando los datos para hacer una fotografía más detallada de su impacto en el mercado laboral.

El 83,4% de las personas regularizadas que están dadas de alta se encuadran en el Régimen General, en el que el contrato indefinido es la modalidad que predomina entre las afiliaciones de quienes han recibido el permiso de residencia provisional por la regularización. Por tipo de actividad, los sectores que concentran el mayor número de altas son: Hostelería (38.776), Comercio (20.195), Actividades Administrativas (19.327) y Construcción (18.310).

Estos datos no hablan de dónde trabajaban las personas en situación irregular o los solicitantes de asilo antes de ser admitida su petición, sino de dónde se han dando de alta tras recibir el permiso provisional ligado a la regularización.

La distribución territorial de las solicitudes refleja una fuerte concentración en las grandes ciudades, que suelen generar la mayor atracción migratoria. Cataluña encabeza el proceso con 257.602 peticiones registradas, seguida por la Comunidad de Madrid, con 202.424, y la Comunitat Valenciana, con 167.286. Muy cerca se sitúa Andalucía, que acumula 161.557 solicitudes. Estas cuatro comunidades concentran por sí solas más de la mitad de todas las demandas de regularización, en línea con su peso demográfico y su papel como principales destinos laborales.

En Andalucía, más allá del volumen global, sobresalen provincias como Huelva y Cádiz, donde el proceso ha recaído en mayor medida en las organizaciones sociales, que han canalizado una parte significativa de las solicitudes, según matizó la secretaría de Estado de Migraciones. Ese peso destacado de las entidades colaboradoras desliza la existencia de situaciones de mayor vulnerabilidad y menor acceso a otras vías de tramitación, en lugares con una fuerte presencia de temporeros agrícolas sin papeles.

A cierta distancia aparecen otros territorios con cifras también significativas, aunque más moderadas. Castilla-La Mancha supera las 52.000 solicitudes, mientras que Euskadi roza las 50.000 y la Región de Murcia se sitúa en torno a las 45.000. Castilla y León (casi 40.000) y Galicia (38.747) completan el siguiente bloque, seguidas de Canarias y Baleares, ambas por encima de las 30.000 peticiones.

En el extremo inferior se encuentran comunidades como Navarra, Asturias o Extremadura, con volúmenes mucho menores, y los casos de Ceuta y Melilla, donde el proceso ha tenido un alcance muy limitado. En conjunto, el mapa dibuja una regularización claramente urbana y ligada a los grandes mercados de trabajo, pero con presencia en todo el territorio.

Cómo y por qué la han solicitado

Del total de solicitudes recibidas, el 79,6% corresponde a migrantes en situación irregular que llevan más de cinco meses de residencia continuada en España, que podían justificar su arraigo a través de vínculos laborales, familiares o a través de la demostración de su situación de vulnerabilidad. Por su parte, el 20,4% restante representa a solicitantes de protección internacional, que se han acogido a la vía creada específicamente para ellos, que permite el paso del régimen de estancia por asilo a la obtención de un permiso temporal de residencia y trabajo en caso de haber llegado antes del 1 de enero de 2026 y carecer de antecedentes penales.

Según sus datos, el 58% de las solicitudes telemáticas fueron presentadas por abogados, seguidas por funcionarios habilitados (16,8%), gestores administrativos (8,4%), las propias personas interesadas mediante certificado digital (7,3%), las entidades colaboradoras (5,1%) y graduados sociales (3,6%).

Aunque no destaque su representación en el balance oficial, que por ahora solo incluye la labor de subir el expediente a la plataforma habitual para los trámites de extranjería, la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela incidió durante la presentación de los datos en el peso que han tenido las organizaciones colaboradoras en la preparación de los expedientes, el acompañamiento de muchos demandantes en cada trámite, especialmente en la emisión de los certificados de vulnerabilidad, el informe que generó un cuello de botella durante las primeras semanas de la entrada en vigor de la medida. Un total de 495 entidades del Tercer Sector y organizaciones sindicales han apoyado durante todo el proceso en labores de asesoramiento, acompañamiento y orientación a quienes se han acogido a la medida extraordinaria.

El camino de Brayan hacia la regularización también está marcado por esa aportación menos visible de las organizaciones sociales colaboradoras, que se han deslomado para sacar adelante el procedimiento sin contraprestación económica específica para este fin. El colombiano, tras guardar fila toda la madrugada en aquellos primeros días de plazo, había salido de la oficina municipal con el alivio de haber cumplido su objetivo. Pero los días pasaban y el Ayuntamiento no daba noticias sobre su informe de vulnerabilidad por el que había pasado la noche en vela.

La impotencia llevó al joven a probar suerte en Altius, una de las ONG registradas para apoyar a los solicitantes. “Ese mismo día ya tenía una cita y el certificado”, contó entonces a elDiario.es. Sin esperas, colas ni madrugadas a la intemperie. La organización no subió su expediente, pero su rápida intervención hizo posible que hoy Brayan haya empezado a buscar trabajo como un ciudadano más.

Ya hay cifras de la regularización extraordinaria de migrantes. El plazo del procedimiento ha cerrado con más de 1.174.978 solicitudes presentadas, un alcance que desborda las previsiones iniciales del Gobierno y marca un máximo histórico en comparación con procesos similares impulsados anteriormente en España, según ha confirmado el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. De las más de un millón de peticiones, el Ejecutivo ha admitido a trámite por ahora 609.737 expedientes, lo que supone que al menos ese número de personas cuenta con un permiso de residencia provisional hasta obtener la resolución definitiva. De ellas, 11.000 ciudadanos han recibido ya una respuesta favorable de manera definitiva.

La cifra total de solicitudes ayuda a dimensionar una realidad invisible y difícil de cuantificar: la de cientos de miles de personas que ya vivían y trabajaban en el país de forma irregular, muchas de ellas incluso sin acceso al padrón. Una población que, ahora, podrá salir de la clandestinidad, acceder a sus derechos y aportar como cualquier ciudadano, tras la puesta en marcha de una medida impulsada durante más de seis años desde la calle, a través del movimiento Regularización Ya, liderado por personas migrantes y racializadas. El balance definitivo de expedientes, que no alcanza los 1,2 millones, no coincide con las cifras publicadas por varios medios en la última semana, que aseguraban que el procedimiento había superado los 1,3 millones de demandas.

La mayoría de las solicitudes, un 67%, corresponde a ciudadanos latinoamericanos, como adelantó elDiario.es hace dos semanas y confirman ahora el balance oficial aportado por el Ministerio tras el cierre de las ventanillas. El dato ratifica que la mayor parte de quienes han solicitado la regularización no han tenido que atravesar una frontera de manera irregular, sino que han entrado en España en avión. La nacionalidad colombiana destaca entre todas las demás, acercándose con un 27% de las peticiones registradas. Lejos en porcentaje, le sigue la marroquí, con un 13,4%; la venezolana, que representa el 11,7% de las solicitudes; y la peruana, con el 8,8%, según los datos oficiales a los que ha accedido elDiario.es. El Ministerio de Inclusión ha programado una convocatoria de prensa esta mañana para detallar el balance oficial del procedimiento.

“La cifra pone en valor la necesidad de llevar a cabo un procedimiento de este tipo, porque va a permitir que cientos de miles de personas que ya residen en nuestros país, pero con miedo y sin derechos, afronten el futuro con ilusión y con esperanza”, ha declarado la ministra Elma Saiz, en un vídeo difundido este jueves. “Estamos ante un verdadero hito de nuestra política migratoria y un trabajo colectivo del que podemos sentirnos orgullosos”, ha añadido la titular de Inclusión.

¿Quiénes la han pedido?

La medida ha tenido un peso especial para los niños y adolescentes. Según el balance inicial del Ministerio, las peticiones ligadas a quienes tienen entre 0 y 15 años suponen un 11% del total, lo que puede explicarse con las facilidades que este proceso ha dado específicamente a los menores de edad, a través de la concesión automática en la mismo expediente de sus progenitores.

Sobre el perfil de los solicitantes, los hombres han presentado más solicitudes que las mujeres, aunque en porcentajes próximos. Ellos representan un 57% de las peticiones mientras que ellas, el 43%. Por edad, el 81% de los demandantes tienen menos de 45 años. Y seis de cada diez solicitantes tienen menos de 34 años, unos datos que han sido enfatizados por el Secretario de Estado de Seguridad Social, Borja Álvarez, para explicar cómo puede impactar la regularización en el mercado laboral y en la aportación de los empleados extranjeros a las arcas públicas.

Algunas cifras empiezan a dar cuenta del previsible efecto positivo de la regularización en las contizaciones a la Seguridad Social. Según los datos oficiales, de las 608.000 personas cuya petición ha sido admitida a trámite, 159.097 ya se encuentran dadas de alta en la Seguridad Social. Ese dato, sin embargo, no significa per sé que esos ciudadnos se han afiliado debido al procedimiento extraordinario, porque entre ellos se encuentran solicitantes de protección internacional que podrían estar ya cotizando con anterioridad. El Ministerio no ha aclarado por el momento el número de nuevas altas que han sido posibles exclusivamente por el procedimiento extraordinario, pues matizan que se trata de un balance preliminar y aún se encuentran cruzando los datos para hacer una fotografía más detallada de su impacto en el mercado laboral.

El secretario de Estado de Seguridad Social ha recalcado 83,4% de las personas regularizadas que están dadas de alta se enmarcan en el Régimen General, en el que el contrato indefinido es la modalidad que predomina entre las afiliaciones de quines han recibido el permiso de residencia provisional por la regularización. Por tipo de actividad, los setores que concentran el mayor número de altas son: Hostelería (38.776), Comercio (20.195), Actividades Administrativas (19.327) y Construcción (18.310).

En el primer semestre de 2026, la afiliación de trabajadores extranjeros a la Seguridad Social se ha convertido en “uno de los principales motores del crecimiento del empleo en España”, recuerdan desde el Ministerio. Según Álvarez, el ritmo de aumento “se ha ido acelerando” desde finales del mes de abril, cuando comenzó el proceso de regularización extraordinaria de migrantes.

Del total de solicitudes recibidas, el 79,6% corresponde a migrantes en situación irregular que llevan más de cinco meses de residencia continuada en España, que podían justificar su arraigo a través de vínculos laborales, familiares o a través de la demostración de su situación de vulnerabilidad. Por su parte, el 20,4% restante representa a solicitantes de protección internacional, que se han acogido a la vía creada específicamente para ellos, que permite el paso del régimen de estancia por asilo a la obtención de un permiso temporal de residencia y trabajo en caso de haber llegado antes del 1 de enero de 2026 y carecer de antecedentes penales.

Catalunya y Madrid concentran más solicitudes

En función del lugar donde han sido recibidas, las autonomías que han recogido un mayor número de expedientes son Catalunya, donde se han presentado más de 257.000 peticiones; y la Comunidad de Madrid, con 202.000. También destacan las cifras de los tramites presentados en las ventanillas de la Comunidad Valenciana y Andalucía, lo que encaja con las regiones con más población nacida en el extranjera.

La secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, ha destacado el papel que ha tenido en todo el proceso todos los actores del proceso. “Las cifras evidencian el esfuerzo histórico realizado por las instituciones y sociedad civil, que han empujado para que nadie se quede fuera de este proceso y conseguir una sociedad de acogida efectiva, con derechos y obligaciones para todos”, ha señalado. Según sus datos, el 58% de las solicitudes telemáticas fueron presentadas por abogados, seguidos por funcionarios habilitados (16,8%), gestores administrativos (8,4%), las propias personas interesadas mediante certificado digital (7,3%), entidades del Registro de Colaboradores de Extranjería (5,1%) y graduados sociales (3,6%).

Cancela ha hecho hincapie en el peso que han tenido las organizaciones colaboradoras en la preparación de los expedientes, el acompañamiento de muchos demandantes en cada trámite, especialmente en la emisión de los certificados de vulnerabilidad, el informe que generó un cuello de botella durante las primeras semanas de la entrada en vigor de la medida. Un total de 495 entidades del Tercer Sector y organizaciones sindicales colaboran durante todo el proceso en labores de asesoramiento, acompañamiento y orientación a las personas solicitantes.

El número de solicitudes registradas no suele coincidir con el de las personas que finalmente serán regularizadas. Las proyecciones iniciales del Ejecutivo, ya superadas, estimaban la recepción de 750.000 peticiones, de las que calculaban aceptar unas 500.000, teniendo en cuenta las duplicidades de expedientes que pueden producirse en este tipo de procedimientos, así como el descarte de casos que no cumplen los requisitos. Fuentes gubernamentales han asegurado a elDiario.es que todas las personas que han registrado una solicitud recibirán una respuesta, negativa o positiva, por lo que descartan que el silencio administrativo se interprete como una denegación.

Por ahora, casi el 52% de las solicitudes han sido admitidas a trámite, aunque el Gobierno continúa estudiando los expedientes a un ritmo que todavía no ha cumplido con el plazo de 15 días anunciado. Con la causa abierta por PP y Vox en el Tribunal Supremo, y ante una mínima —aunque poco probable— posibilidad de paralización cautelar del procedimiento, el Ejecutivo ha asegurado que tratará de agilizar la tramitación en los próximos días para aumentar la seguridad jurídica de quienes han solicitado la regularización.

Las principales nacionalidades se ajustan a las recogidas por el Instituto Nacional de Estadística en los últimos años, cuyos estudios incluyen los países de procedencia de los residentes en España a través de los registros del padrón. En 2022, Colombia se convirtió en el principal país de origen de los nuevos inmigrantes, por delante de Marruecos. Las llegadas de ciudadanos colombianos continuaron en aumento en 2023 y 2024, hasta cristalizar en un histórico “sorpasso” migratorio, por el que los residentes en España nacidos en el país latinoamericano superaron a los nacidos en Marruecos.

Entre las más de 608.000 personas cuya solicitud ha sido admitida a trámite está Missael. Tras abandonar Perú, el joven viajó a España con visado de turista, como suele ocurrir con la mayoría de migrantes latinoamericanos asentados en el país. Una vez expirado su permiso, se quedó sin papeles hasta que consiguió solicitar asilo, lo que le permitió contar con una autorización temporal mientras se estudiaba su caso. Hace casi más de medio año, la denegación de su petición de protección internacional le empujó de nuevo a la clandestinidad.

“Después de ocho meses sin papeles, he vuelto a cotizar. Sin papeles todo es más duro. Es como si te quedas en una pausa. Cotizas, vas a un ritmo, te deniegan el asilo y te quedas sin nada. A esperar otra vez un permiso para trabajar. Pero ahora estoy otra vez dado de alta”, explicó a elDiario.es hace un mes.

Desde entonces, trabaja por las noches en una pizzería de Huelva, donde intercala turnos de repartidor y atención al público, mientras continúa con sus estudios de Formación Profesional. Cuatro días después de recibir la autorización provisional ligada a la admisión a trámite, consiguió un empleo en el que cotizar. Durante el tiempo en que no tenía papeles, reconoce, no dejó de trabajar, aunque lo hacía de forma irregular, en empleos más precarios y menos estables. Ahora está dado de alta en la Seguridad Social y ha recuperado sus derechos como ciudadano. Antes no existía; ahora ha salido de la invisibilidad.

En la ciudad sudafricana de Durban, la tensión se palpaba en el ambiente. Los comercios habían echado la verja y el silencio, poco común en la calle, era generalizado. Varios miles de manifestantes ataviados con trajes zulúes marcharon por la localidad costera. Blandiendo palos y porras, gritaban “Abahambe!” (“¡Que se vayan!”, en isizulu, la lengua más hablada del país), una frase que se ha convertido en el grito de guerra de las protestas contra la inmigración.

Sudáfrica contuvo la respiración este martes mientras se desarrollaban nuevas protestas masivas en todo el país, tras una campaña de varias semanas contra los extranjeros que ha dejado al menos cuatro muertos y decenas de miles de personas huyendo en busca de seguridad.

Los grupos activistas que están detrás de las protestas pusieron un plazo arbitrario a las personas sin papeles hasta el 30 de junio para abandonar el país, y muchos temen que el ultimátum degenere en violencia.

“Ahora no tengo plan, solo volver a casa”

En los días previos a la fecha límite, miles de personas huyeron de sus hogares presas del miedo y durmieron a la intemperie en las aceras, en campos abiertos y en campamentos improvisados, con la esperanza de ser repatriadas a sus países de origen. Varios gobiernos africanos fletaron autobuses o aviones para traer de vuelta a sus ciudadanos y hasta la fecha más de 25.000 personas han sido repatriadas, según la policía

En la ciudad de Pietermaritzburg, a 80 kilómetros de Durban, donde un ciudadano de Malaui de 29 años fue asesinado por una multitud tras una protesta el 19 de junio, cientos de familias acamparon durante días frente a un edificio abandonado.

Sobre un jardín cubierto de maleza, una cola serpenteaba en vísperas de las protestas del día 30. Madres y niños agotados se sentaban alrededor de hogueras, mientras la gente subía sus pertenencias, apretujadas en bolsas, a los autobuses que se dirigían a la frontera norte de Sudáfrica. Las autoridades se daban prisa por deportar al mayor número posible de gente.

Jackson Makungwa estaba en una de esas colas con dos maletas pequeñas: todo lo que podía llevarse tras 10 años construyendo una vida en Sudáfrica. Este hombre de 29 años, originario de Malaui, pensaba que Sudáfrica era un “país de esperanza”, pero llevaba dos años sin poder renovar el permiso de trabajo, según explicó. “No es que quiera estar en el país de forma ilegal, pero el sistema no me permite estar legalmente”, lamentaba, entre suspiros.

Makungwa se resistió durante semanas a las crecientes súplicas de su madre para que se marchara. Acabó cediendo después de que siete hombres agrediesen a un amigo de Malaui. “Dijeron que la fecha límite es el día 30, así que me atacarán si me quedo”, explicó. Mostró una foto de su hijo en el teléfono, fruto de su relación con una madre sudafricana. No consiguió a tiempo los documentos de viaje para el bebé. “Me veo obligado a dejarlo atrás. Hoy cumple dos meses”, relató.

La xenofobia y la afrofobia… surgen donde se cruzan la inseguridad económica, el alto desempleo, la desigualdad, un gobierno débil y la mala gestión de la migración

Philile Ntuli — Comisión Sudafricana de Derechos Humanos

Un poco más adelante, en un campamento improvisado montado por familias procedentes de Zimbabue, a Lydia Mpingashato acababan de comunicarle que la han despedido de su trabajo de limpiadora. Los niños corrían mientras las mujeres cocinaban en fuegos al aire libre. Muchos —incluidas personas con papeles— afirmaban que los propietarios los habían desahuciado por temor a represalias por alquilar a migrantes.

Mpingashato esperaba un taxi compartido en el barrio donde llevaba 17 años viviendo cuando un hombre la amenazó. “Me dijo que me quemaría la casa y mataría a mi familia”, contó. “Ahora no tengo plan; solo volver a casa para estar a salvo”, detalló. Su hijo, de 17 años, también se vio obligado a huir de lo que para él ha sido el único hogar que ha conocido, y dejar atrás a muchos amigos sudafricanos. “Cuando vio el campamento, me dijo: 'En realidad, nunca nos quisieron”.

“Pasaremos a la acción”

Muchos sudafricanos culpan a los migrantes de otras partes del continente de la elevada tasa de paro y los altos niveles de delincuencia del país. “La xenofobia y la afrofobia… surgen donde se cruzan la inseguridad económica, el alto desempleo, la desigualdad, un gobierno débil y la mala gestión de la migración”, afirma Philile Ntuli, de la Comisión Sudafricana de Derechos Humanos.

El país, que acoge a unos 2,4 millones de extranjeros (con y sin papeles) según los datos del censo de 2022, tiene un largo historial de violencia contra las personas migrantes. Los disturbios xenófobos de 2008 se cobraron 62 vidas y provocaron el desplazamiento de más de 150.000 personas. Otra ola de ataques en 2015 dejó al menos cinco muertos.

En respuesta a las últimas tensiones, el Gobierno ha tratado de calmar la ira intensificando su campaña contra la inmigración indocumentada. La policía afirma que ha detenido a más de 50.000 migrantes sin papeles desde enero. El lunes por la noche, el presidente Cyril Ramaphosa se reunió con algunos de los líderes de las protestas y advirtió a los sudafricanos de que no deben tomarse la justicia por su mano.

A medida que comenzaban las marchas por todo el país, se observaba un fuerte despliegue de seguridad en previsión de los posibles disturbios. En Durban, los helicópteros sobrevolaban la zona mientras la policía y los guardias de seguridad privados vigilaban desde vehículos blindados. Los organizadores instaron a los manifestantes a mantener la calma y evitar los saqueos, pero algunos participantes lanzaron amenazas apenas veladas sobre lo que ocurriría tras la “fecha límite”.

A medida que la multitud pasaba junto a bloques de pisos en ruinas, algunos manifestantes señalaban a las familias que observaban desde las ventanas, gritándoles que abandonaran el país y haciendo gestos de degüello. “Puedo oler a los extranjeros”, dijo un hombre que llevaba un escudo.

“Hemos sido amables. Mañana no lo seremos. Pasaremos a la acción”, afirmó Nkosi Ndlovu, un pastor de 48 años que acusa a los migrantes de vender drogas a los jóvenes locales, incluida su cuñada.

En las afueras de la marcha, Mfundo Zulu, de 40 años, dice que los migrantes quitan el trabajo a los sudafricanos al aceptar salarios más bajos. “Esos son nuestros hijos, nuestra juventud está muerta”, aseguraba, señalando a un campamento de personas sin hogar. Dado que miles de personas habían huido del país en las últimas semanas, asegura que de repente hay muchos trabajos disponibles. “Ahora la vida será mejor”, añadía su amiga. “No los odiamos, pero se han quedado más tiempo del permitido”.

“Vivimos como si ya estuviéramos muertos”

Mukandjwa Shomri, del Southern Africa Refugee Organisations Forum (Foro de Organizaciones de Refugiados del África Meridional), cree que el Gobierno de Sudáfrica “no está haciendo lo suficiente” para exigir responsabilidades a los perpetradores de la violencia xenófoba. “Cuando intentas presentar una denuncia ante la policía, lo primero que te piden son los papeles”, explica. “Nos atacan en las calles, en la comunidad y en la administración pública”.

“La esperanza que muchos teníamos como refugiados cuando llegamos al país —que Sudáfrica defiende los derechos humanos, un país reconocido internacionalmente como un Estado democrático— ya no existe”, afirma.

Cuando intentas presentar una denuncia ante la policía, lo primero que te piden son los papeles

Mukandjwa Shomri — Foro de Organizaciones de Refugiados del África Meridional

Hablando por teléfono desde un refugio, Leon dice temer lo que pudiera pasar tras el 30 de junio. Este solicitante de asilo de la República Democrática del Congo, que lleva en Sudáfrica desde 2014, se vio obligado a pasar a la clandestinidad después de que atacaran su tienda el 19 de junio. Pide que solo se le identifique por el nombre de pila.

“Hasta la policía nos dice abiertamente que están hartos de nosotros, que debemos abandonar el país”, afirma con voz temblorosa. El acoso ya era algo habitual desde hacía años, “pero ahora tienen la oportunidad de hacerlo abiertamente”, añade. “A partir del 30 de junio, la situación será aún peor”, se teme.

Algunos días, Leon se arrepiente de haber buscado refugio en Sudáfrica, un país en el que pensaba que encontraría paz. “Vivimos como si ya estuviéramos muertos”, compara, y advierte: “Nos lo esperamos todo”.

La Comisión Europea no ha querido este martes hacer comentarios sobre la decisión del Tribunal Supremo de preguntar al Gobierno como a varias comunidades autónomas gobernadas por el PP y a distintas asociaciones si es procedente elevar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre si la regularización extraordinaria de migrantes aprobada por el Ejecutivo socialista colisiona con las directivas europeas. La Comisión ya contestó en enero que la medida migratoria era competencia del Estado español y no había ilegalidades, aunque varios países han recriminado a España la regularización por las posibles consecuencias que puede tener para sus países en caso de movimientos dentro de la UE.

Esta recriminación se hizo evidente en el pasado Consejo Europeo, cuando varios líderes europeos reprocharon al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que la regularización extraordinaria de migrantes en España podría tener un posible impacto en el resto de socios. Los reproches habrían venido por parte del primer ministro belga, Bart de Wever, la primera ministra de Dinamarca, la socialista Mette Frederiksen además de Hungría y Alemania. En un primer momento se señaló también a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, pero tanto la delegación española como la italiana desmintieron que hubiera ninguna discusión entre ambos líderes y solo un intercambio de diferentes posiciones.

Este martes, un portavoz de la Comisión Europea se ha limitado a decir ante las preguntas de los periodistas sobre las providencias del Supremo que “está todavía en los tribunales españoles. No hay más comentarios al respecto”. Sin embargo, el pasado enero, el comisario europeo de Asuntos Internos y Migraciones, Magnus Brunner, al ser preguntado por la iniciativa del Ejecutivo español explicó que “es una competencia de los Estados miembros hacer lo posible en la lucha contra inmigración ilegal. Este caso es distinto porque son personas que ya están en el Estado miembro y España tiene la competencia sobre cómo reaccionar y abordar la actuación legal de la migración”.

Entonces tanto el PP como la formación ultraderechista Vox anunciaron que llevarían ante las instituciones europeas la medida para intentar frenarla. Entonces el comisario europeo competente en Inmigración dejó claro que el Gobierno español estaba haciendo política según las competencias que tiene atribuidas y la Comisión Europea no se puede meter en ese ámbito. “Estamos al tanto de la nueva ley y lo que se ha decidido en España. Está claro que es responsabilidad de cada Estado miembro. Hay que hacer distinción entre inmigración legal e ilegal y hay que encontrar soluciones y vías legales para soluciones este tema. Tenemos que trabajar conjuntamente, pero la Comisión Europea no tiene competencia en estas cuestiones, solo podemos recomendar itinerarios legales y llegar a acuerdos con los países miembros para que los asuman”, argumentó Brunner.

Posteriormente, ante la presión de varios países y de las formaciones de derechas y ultraderecha en el Parlamento Europeo, el comisario europeo respondió a una pregunta del PP europeo en la que insistía en que “sin perjuicio del reparto de competencias definido por el ordenamiento jurídico de la Unión en relación con las políticas y las decisiones individuales de regularización del estatuto de los ciudadanos de terceros países en situación irregular”, es decir, que el proceso de regularización es competencia del Estado español, Brunner añadía que “las decisiones de los Estados miembro, en un espacio sin fronteras interiores, pueden tener consecuencias para otros Estados miembro y para la Unión en su conjunto”.

En este sentido, Brunner hizo una interpretación propia de la normativa europea al señalar que “un permiso de residencia nacional no autoriza a desplazarse por la UE, sino únicamente a vivir y trabajar en el Estado miembro que lo expidió. La UE cuenta con normas claras que deben respetarse. Por ejemplo, si se descubre que una persona titular de un permiso de residencia nacional se encuentra en situación irregular en otra parte de la UE, o si esa persona solicita asilo en otro Estado miembro, deberá regresar al Estado miembro que expidió su permiso de residencia”. Lo cual no significa que la medida española sea ilegal, sino que el comisario europeo está solicitando que un permiso de residencia en un país no permita moverse por el espacio Schengen.

Sin embargo, una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) tumbó el planteamiento del comisario europeo. El TJUE sentenció a principio de junio que tener un permiso de residencia en un país de la UE no excluye que se le pueda conceder en otro país de la UE, pero además dictamina que hay que tener en cuenta aspectos como la unidad familiar a la hora de la concesión de estos permisos y que no se debería expulsar a una persona de un país sin tener en cuenta estos condicionantes.

El mismo día que Pedro Sánchez ha hecho gala de su política migratoria acompañado de ocho ministros, con la regularización como bandera y el anuncio del nuevo plan de integración, se ha conocido un nuevo paso del Tribunal Supremo sobre los recursos en contra del procedimiento extraordinario del que ya depende más de un millón de personas. Los magistrados han preguntado a las partes si consideran procedente elevar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que valore si la regularización extraordinaria de migrantes aprobada por el Gobierno colisiona con las directivas europeas. El Ejecutivo, sin embargo, ha lanzado un mensaje “de tranquilidad” a todos los solicitantes, confiando en que la medida cumple con la normativa europea.

“La norma se ha redactado velando estrictamente por su compatibilidad con el derecho comunitario”, responden fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, responsable de la medida de la que dependen ya más de un millón de peticiones.

Según explican las mismas fuentes, el plazo para que el Ministerio se pronuncie sobre la pertinencia de la cuestión prejudicial está abierto hasta el viernes 3 de julio. En este sentido, el departamento dirigido por Elma Saiz está trabajando con la Abogacía del Estado “para aclarar las cuestiones planteadas”. Una vez concluya este plazo, el Tribunal Supremo escuchará estas alegaciones y deberá decidir si eleva esta cuestión al TJUE para que opine sobre si la regularización puede ir en contra de las directivas comunitarias, especialmente de aquellas ligadas al nuevo pacto migratorio europeo. Desde el Gobierno aseguran que la normativa que rige la regularización está en consonancia con la legislación comunitaria.

En caso de que los magistrados decidan elevar la cuestión al tribunal comunitario, el Ministerio considera que la actuación “serviría para resolver dudas concretas antes de resolver el fondo de la cuestión”. “Recordamos que la regularización otorga un permiso de residencia y trabajo válido exclusivamente en el territorio español”, añaden.

Más allá de mostrar su confianza en la seguridad jurídica del real decreto de la regularización, fuentes del Gobierno recuerdan los prolongados plazos que suele conllevar este tipo de cuestiones prejudiciales, que precederían a la decisión de los jueces encargados del asunto, todos conservadores. El Ejecutivo confía en que, decida lo que decida sobre el fondo del asunto, la resolución llegará cuando todas las solicitudes hayan sido admitidas a trámite y, por tanto, el derecho efectivo a la residencia, aunque sea temporal, ya esté reconocido en los casos que cumplan los requisitos. Las fuentes gubernamentales sostienen que revocar ese derecho sería prácticamente imposible.

En dos providencias que responden a recursos de Aragón y Comunidad Valenciana sobre determinados aspectos del Real Decreto 316/2026, la sección quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal ha dado cinco días a las partes para que puedan expresar su parecer acerca de la procedencia de que el TJUE interprete si puede haber conflicto con el Derecho de la Unión Europea. Y da este paso antes de resolver sobre las cautelares que ambas comunidades solicitaban en sendos recursos.

El procedimiento

El Tribunal Supremo ha acordado preguntar tanto al Gobierno como a varias comunidades autónomas gobernadas por el PP y a distintas asociaciones si es procedente elevar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que valore si la regularización extraordinaria de migrantes aprobada por el Ejecutivo socialista colisiona con las directivas europeas.

A finales de mayo, esa misma Sala del Supremo rechazó la petición cautelar de la Comunidad de Madrid de suspender la regularización. Los magistrados entendían que no existen pruebas de que los servicios públicos de Madrid pudieran colapsar por la regularización extraordinaria de migrantes. Acordaban así no aceptar las medidas urgentes de paralizar el proceso, ya que no había peligro de que la sanidad, la educación o la vivienda pública fueran a entrar en crisis por tener que atender a cientos de miles de personas más. “No puede afirmarse, en este momento, que haya quedado acreditado”, decía el Supremo sobre el principal argumento de la Comunidad de Madrid.

Además, recalcaba ya entonces que la regularización será reversible si es declarada nula en los tribunales. Una respuesta similar recibieron las alegaciones presentadas por Vox, pero añadiendo una frase final sobre las consecuencias que tendría para todas esas personas suspender el proceso: “Con todo lo que ello entraña, humana, social y económicamente”.

La decisión de este martes de valorar si se eleva el asunto al TJUE la adopta una sección conformada por solo tres magistrados: Carlos Lesmes, Wenceslao Olea y Fernando Román. Se da la circunstancia de que todos son del ala conservadora y que el último, Román, fue secretario de Estado de Justicia de 2011 a 2014, siendo ministro el 'popular' Alberto Ruiz-Gallardón.

En cambio, la resolución previa del Supremo de no aceptar la paralización cautelar que solicitaba, entre otros, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, fue adoptada por esa misma sección, pero conformada por hasta siete magistrados. Ya entonces, Román y Olea emitieron un voto particular en el que señalaban la conveniencia de que se elevara una cuestión prejudicial, para lo que se debía suspender, de facto, la regularización extraordinaria. Pero fueron minoría y no tuvieron el apoyo de Lesmes en esa ocasión. Fuentes del Supremo consultadas por elDiario.es indican que, ahora, solo han participado tres porque se trataba de una providencia y no de una resolución, informan Javier Lillo y Alberto Pozas.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes una dotación anual de 500 millones de euros para un plan de integración que busca “garantizar el cumplimiento de los derechos y los deberes” de las personas migrantes en España, mientras la Administración continúa analizando más de un millón de solicitudes de regularización. “La regularización es un éxito de gestión migratoria, un paso clave para sacar de la invisibilidad a cientos de miles de personas. Y el plan de integración convierte ese primer paso en un proyecto de vida”, ha resumido el jefe del Ejecutivo en un discurso en el que ha defendido el proceso extraordinario “por moralidad e inteligencia”.

El plan de integración, anunciado por Pedro Sánchez hace más de un año, ha visto la luz el mismo día en que finaliza el plazo para la presentación de solicitudes de la regularización extraordinaria. Se trata de un gesto que pretende subrayar la importancia de acompañar el proceso con medidas concretas destinadas a asegurar la inclusión de los recién llegados, a través de pilares como la formación, el refuerzo de los servicios públicos o la inversión en programas formativos en los sectores con mayor demanda de mano de obra, según ha explicado el jefe del Ejecutivo.

Para detallar el alcance del plan, fuentes del Gobierno inciden en que la regularización extraordinaria debe entenderse como un paso previo dentro de un proceso más amplio de inclusión social y laboral. Sostienen que el objetivo del Ejecutivo es que las personas que ya residen en España puedan desarrollar un “proyecto de vida” en condiciones de estabilidad jurídica, acceso al empleo y plenos derechos, evitando situaciones de invisibilidad o vulnerabilidad.

Desde el Ejecutivo insisten en que el plan no está dirigido exclusivamente a la población migrante, sino al conjunto de la sociedad. Explican que muchas de las medidas previstas afectan directamente a los servicios públicos y a las administraciones territoriales, con el fin de mejorar la capacidad de respuesta en ámbitos como la educación, la sanidad o el acceso a la vivienda, donde identifican tensiones vinculadas a la exclusión social más que al volumen de llegadas.

El plan aborda los posibles desafíos ligados a los procesos migratorios a través, principalmente, de la lucha contra la exclusión, el apoyo en el aprendizaje de idiomas y los programas de inclusión comunitaria, según fuentes del Gobierno. “El proceso de regularización, con más de un millón de solicitudes presentadas, demuestra que detrás de cada petición hay una persona que quiere formar parte [de la sociedad] con todos los derechos y deberes. Los retos vienen de la exclusión. La exclusión no favorece a nadie, no da prioridad nacional a nadie; hace la vida más difícil tanto a quien llega como a quien acoge”, ha afirmado Sánchez en la inauguración del acto.

La hoja de ruta contará con “cuatro grandes ejes, 16 medidas y 10 objetivos”. El Gobierno aclara que el diseño del plan incluye una coordinación interministerial y una planificación progresiva hasta 2030, con medidas presupuestadas y evaluables. La ejecución se realizará de forma escalonada, priorizando aquellas actuaciones vinculadas al empleo y a los servicios públicos durante los primeros años de despliegue.

El primer eje se centra en la “integración” y en la activación de más vías de migración ordenada y regular. Según Sánchez, “esto exige pensar en dos cuestiones: cómo llega la gente a nuestro país y cómo vive con nosotros”. En este sentido, el Gobierno plantea abrir más vías legales y ordenadas para facilitar la integración desde el primer día.

“Es importante empezar antes de cruzar la frontera”, ha añadido el presidente. Con este objetivo, el Gobierno se compromete a poner en marcha una agencia estatal de movilidad humana, que reunirá funciones y recursos hoy dispersos para ofrecer una gestión más eficaz, manteniendo los procedimientos actuales y las medidas ligadas al control fronterizo. No obstante, fuentes gubernamentales matizan que la creación de dicha agencia requerirá la aprobación de una norma con respaldo parlamentario, por lo que su impulso en esta legislatura no parece probable.

El segundo eje sitúa el empleo como la principal herramienta de inclusión. “No hay integración plena sin autonomía”, ha señalado. Con este objetivo, el Gobierno activará una oferta extraordinaria de Formación Profesional, especialmente en los sectores con mayor necesidad de mano de obra, con una dotación superior a 150 millones de euros.

El tercer eje aborda la integración como un “compromiso recíproco”. En este ámbito, Sánchez ha subrayado que la sociedad española tiene la responsabilidad de garantizar los valores y el marco legislativo, así como de asegurar la igualdad de trato y combatir la discriminación. Al mismo tiempo, ha añadido, quienes llegan deben respetar las leyes, aprender las lenguas cooficiales y compartir los valores comunes. “Deben formar parte de esa comunidad”, ha insistido.

“En España esas reglas son claras: valores democráticos, derechos LGTBI, aconfesionalidad del Estado, respeto al diferente. No son condiciones para unos ni privilegios para otros; son las reglas de todos”, ha añadido. Para ello, el Gobierno reforzará los recursos de las administraciones implicadas en la inclusión, como los ayuntamientos. El plan incluye una dotación de 30 millones de euros destinada a reforzar el aprendizaje de los idiomas oficiales y los programas de integración comunitaria para mejorar la convivencia en barrios y ciudades. El objetivo, según Sánchez, es avanzar en la inclusión trabajando tanto con las personas migrantes como con la sociedad de acogida.

“Vamos a reforzar la lucha contra lo que cada vez es más común: los discursos de odio, mejorando el apoyo a las víctimas”, ha señalado el presidente.

Por último, el cuarto eje se orienta a garantizar el cumplimiento de los derechos y libertades. El plan contempla eliminar las barreras culturales, sociales y económicas para asegurar el acceso en igualdad de condiciones a los servicios públicos. El Ejecutivo destinará 200 millones de euros a reforzar estos servicios, impulsar el éxito educativo y combatir la segregación escolar.

“Sabemos que persisten desafíos importantes”, ha asegurado la ministra de Inclusión, Elma Saiz, en el cierre del evento. “Necesitamos respuestas serenas, políticas públicas basadas en la evidencia y la convicción de que una sociedad cohesionada nunca se construye levantando muros entre vecinos, sino tendiendo puentes entre personas”, ha concluido.

Empresas, sindicatos y solicitantes

Al discurso de Sánchez le ha seguido la celebración de varias mesas redondas en las que los agentes sociales, ONG y solicitantes de la regularización extraordinaria han aportado su visión sobre el procedimiento y los retos surgidos a partir de ahora, tras el cierre del registro de peticiones. En la primera conversación, centrada en el ámbito laboral, han compartido el diagnóstico de la necesidad de mano de obra en distintos sectores, aunque con matices en el enfoque. Desde CEOE, Antonio Garamendi ha puesto el acento en la regularización administrativa y en la existencia de vacantes en la economía española, mientras que CEPYME ha advertido de que la falta de personal afecta especialmente a las pequeñas y microempresas. Desde el ámbito sindical, CCOO y UGT han defendido la aportación de la población migrante, reclamando “políticas de gestión ordenada” que eviten la explotación laboral, garanticen derechos y refuercen los servicios públicos.

Desde el ámbito social, Diego Fernández Maldonado, responsable de Incidencias sobre Migraciones de Cáritas, ha definido el procedimiento como un “hito histórico”. Ha subrayado que la regularización supone el inicio de un recorrido más largo en el que aún quedan retos por resolver, y en el que será clave el acompañamiento a quienes acaban de obtener la documentación. “Tiene que haber una respuesta comunitaria en el acompañamiento de estas personas, no se trata solo de conseguir la regularidad, hay que acompañar a estas personas”, ha apuntado.

La mirada personal la ha aportado la propia voz de los solicitantes. Jenny Carlota Garay, peruana, ha relatado en primera persona el esfuerzo de dejar atrás a la familia y sostener trabajos durante años en situación irregular. “Ser migrante no es fácil, significa alejarse de la familia, aceptar trabajos duros y demostrar cada día que hemos venido a aportar”, ha explicado, reivindicando la migración como una historia de esfuerzo y contribución a la sociedad de acogida.

Después de dos meses y medio de colas, dudas, trabas burocráticas inesperadas y celebraciones por cada petición registrada, este martes a medianoche finaliza el plazo de presentación de solicitudes de la regularización extraordinaria de migrantes. La primera etapa del procedimiento concluirá con las previsiones iniciales superadas, pues la cifra supera ya el millón de solicitudes presentadas, frente a las 750.000 que el Gobierno calculaba recibir -de las que estimaba aceptar 500.000-, un desfase que se explica con la habitual dificultad de calcular la cantidad de personas que viven en España de manera irregular. 

Las imágenes de grandes filas de personas para realizar los trámites necesarios para pedir la regularización fueron disipándose tras las dos primeras semanas de plazo. Eran muchos los que no querían esperar para ponerse en marcha ante la posibilidad de que cualquier imprevisto pudiese dejarles fuera de un procedimiento que supone el reconocimiento de sus derechos como ciudadanos. Transcurridos dos meses y medio del inicio del plazo, sin embargo, las peticiones no han dejado de presentarse y algunos de los colectivos que integran el movimiento Regularización YA han montado un dispositivo hasta este martes a las 23:59 horas, conscientes de que aún hay personas que no han podido registrar su petición por diversos obstáculos con los que se han topado por el camino. 

“Vamos a utilizar cada minuto porque dos meses y medio no ha sido suficiente”, dice Victoria Columba, portavoz del Colectivo Regularización YA, presente en Catalunya. “A eso se suma que la exigencia del informe de vulnerabilidad nos ha hecho perder un mes de los dos meses y medio de plazo, porque mucha gente tardó mucho tiempo en cumplir este trámite, y los problemas con la legalización de los antecedentes penales o las directrices confusas por parte de la Administración.. ”, describe. La plataforma registró en el Congreso de los Diputados hace un mes una Proposición No de Ley (PNL) para pedir la ampliación del plazo de registro de peticiones, ante las trabas detectadas hasta entonces. También exigían la paralización de los vuelos de deportación, y la posibilidad de faciliatar la regularización a los extranjeros encerrados en los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE). Sin embargo, sus demandas no fueron atendidas, la maquinaria de retorno nunca se paralizó y el plazo finalizará este martes a medianoche, como estaba previsto.

La exigencia del informe de vulnerabilidad y la dificultad para conseguirlo en algunas comunidades autónomas, los problemas con la legalización de los antecedentes penales u otros certificados necesarios por la escasez de recursos de algunos consulados españoles, la falta de respuesta de las autoridades de determinados países de origen y los intentos de boicoteo por parte de las administraciones lideradas por el PP y la extrema derecha -con un intento de paralización frustrada en los tribunales- han marcado el procedimiento, pero no han podido con él. “Celebramos que miles de personas que podrían haberse regularizad de otro modo, van a poder hacerlo”, dice ^la portavoz del colectivo. “Pero nos da rabia quien va a quedar excluido”.

El bloqueo de algunos consulados españoles

Muchos de los casos que han acabado presentando su solicitud a última hora (si es que lo logran) reflejan las principales complicaciones del proceso y los grupos de personas más afectadas por ellos. Juanjo Castillo, abogado en Valencia, cuenta que tiene pendiente de subir a la plataforma Mercurio nueve expedientes. “Todos son de argelinos”, comenta el letrado. La explicación esconde una de las trabas: los ciudadanos procedentes de los países que no han firmado el Convenio de la Haya necesitan realizar un trámite extra para que los certificados emitidos por las autoridades de su lugar de origen sean válidos. Dicha gestión depende de los consulados españoles, que no están dando respuestas con la agilidad que exigen los plazos de la regularización extraordinaria. 

En el caso de Argelia, el acuerdo de la apostilla entrará en vigor el 9 de julio. Por eso abogados y ONG han esperado a presentar estos casos hasta el último momento, con la intención de que, una vez que el pacto sea activado, dé tiempo a solicitar otra vez el certificado de antecedentes a las autoridades argelinas sin necesidad de ser apostillado, pues confían que esa estrategia sea más eficaz que aguardar a la respuesta del consulado español o el Ministerio de Exteriores, que aún no han aportado ninguna solución. “Los de los argelinos los he dejado para el último momento. Incluímos una declaración responsable de haber solicitado los antecedentes y la legalización en el consulado. Y esperemos que podamos añadir el trámite posteriormente”, explica el letrado. 

Además de Argelia, Cuba, Sudán, Libia, Haití o China son algunos de los Estados cuyos nacionales están encontrando problemas para lograr la legalización del certificado de penales. La falta de recursos suficientes por parte del Ministerio de Exteriores ha generado un tapón que está afectando especialmente a los ciudadanos argelinos y cubanos, al ser las nacionalidades más numerosas entre las afectadas por esta situación. 

Quienes han podido permitirse el pago de un abogado privado o están siendo acompañadas por una ONG implicada han encontrado algunas estrategias, como la explicada por Castillo, para esquivar este obstáculo. Pero el movimiento de Regularización YA advierte de que “mucha gente” ha podido quedarse en el camino, pues sospechan que algunos han desistido al no lograr cumplir con el trámite y desconocer cómo hacerlo. “Muchas personas de Argelia han intentado de todas las maneras legalizar sus antecedentes y ya lo dan por perdido. Nosotras vamos a presentarlas igual, con una declaración responsable. Pero tememos que las vayan a rechazar”, lamenta Victoria Columba, portavoz del movimiento impulsor de la medida. 

Internas sin permiso para hacer los trámites

Miriam es una de las personas que tampoco pudo presentar su petición hasta este fin de semana. Este viernes acudió a la sede de la organización Servicio Doméstico Activo (SEDOAC), en Madrid, para conseguir el certificado de vulnerabilidad exigido para las personas sin papeles que no pueden probar una vinculación laboral. Al día siguiente, el sábado, tenía cita en el mismo lugar para subir su expediente. Si apuró el plazo, cuenta, no fue por dejadez ni despiste. Fue por un horario laboral que impide la implicación que exige tantas gestiones burocráticas y la negativa de sus empleadores a concederle un permiso, explica. Miriam, como muchas mujeres migrantes en situación irregular, trabaja como interna cuidando a una pareja de ancianos en una vivienda de Madrid. “Ha coincidido que uno de ellos se puso muy enfermo, y no podía dejarles. No podía ni tomar los descansos que me correspondían en el fin de semana”, explicaba la mujer latinoamericana mientras esperaba a ser atendida. 

Llegó a España hace tres años y no ha podido solicitar una tarjeta de residencia hasta ahora. Para conseguirlo antes de la regularización extraordinaria, necesitaba un precontrato de trabajo que los distintos empleadores para los que ha trabajado irregularmente no le han querido facilitar, asegura. Su petición, de ser aceptada, incluye también a su pequeña. “Menos mal que puedo presentarla aquí en fin de semana. Ojalá pueda encontrar un trabajo con condiciones dignas si consigo los papeles”, dijo la mujer. 

Ahora qué

Pese a las distintas trabas, el colectivo impulsor de la medida celebra los logros conseguidos. “Hemos conseguido un hito histórico en democracia española. Forzamos a hacer una regularización en medio del desequilibrio que tiene para gobernar el PSOE, entre acusaciones, corrupción, falta de presupuesto etc. Muchos colectivos pequeños hemos estado a la altura, emitiendo los certificados de vulenerabilidad que no emitían los servicios sociales, nos hemos personado en contra de la medida cautelar por la que PP y Vox pedían tumbar el procedimiento... Pero no han podido hacerlo y cientos de miles de personas van a regularizarse”, defiende la portavoz de Regularización YA.

Una vez que finalice el plazo de registro de solicitudes, la Administración tiene tres meses desde la admisión a trámite de cada petición para estudiarlas a fondo. Cuando los beneficiarios reciban la respuesta positiva definitiva, estos deberán pedir la Tarjeta de identificación de Extranjero (TIE), un trámite que corre el riesgo de convertirse en un nuevo cuello de botella del procedimiento. La gestión, que depende de la Policía Nacional, requiere de una cita en comisaría para realizar la toma de huellas necesaria para emitir el documento acreditativo. Sin embargo, conseguir una cita de extranjería se convirtió desde hace años en una tarea casi imposible, debido entre otras razones a las redes que se lucran de la venta de citas en el mercado clandestino.

Este lunes, el sindicato Comisiones Obreras ha reclamado al Gobierno que refuerce los recursos de la Policía Nacional para afrontar el siguiente paso del proceso extraordinario de regularización. Según afirmó, este trámite ya está generando “problemas”. Este paso, que depende del Ministerio del Interior, es clave para culminar con el procedimiento cuando el solicitante recibe la resolución favorable definitiva, pero el colapso en la petición de citas ya está empezando a ser un obstáculo. Algunos colectivos del movimiento Regularización YA asumen que va a ser la siguiente batalla: “Después de subir expedientes, vendrá la odisea para conseguir citas de huellas. Se les va a juntar muchísima gente, porque además hay un retraso enorme en las admisiones a trámite de las peticiones”, advierte Columba.

Pero ese será la batalla de mañana. Este martes, el colectivo Regularización YA en Catalunya y otras tantas ONG colaboradoras y abogados de extranjería estarán centrados en subir cada expediente que sea necesario hasta las 23:59 horas. “Nuestro temor es toda la gente que se ha quedado fuera. Por todas las trabas que ha habido, entendemos que todavía queda gente que no ha podido presentar su petición. Mañana estaremos pendientes, intentando hacer todo lo posible, pero sabemos que no será suficiente”, concluye la portavoz del movimiento impulsor.

A unas horas de la finalización del plazo de presentación de solucitudes para la regularización extraordinaria, Comisiones Obreras (CCOO) ha reclamado al Gobierno que refuerce los recursos de la Policía Nacional para afrontar el siguiente paso del proceso extraordinario de regularización: la toma de huellas, un trámite necesario para la emisión de las Tarjetas de Identificación de Extranjero (TIE) que ya está generando “problemas” y amenaza con convertirse en el principal cuello de botella del sistema. Este paso, que depende del Ministerio del Interior, es clave para culminar con el procedimiento cuando el solicitante recibe la resolución favorable definitiva, pero el colapso en la petición de citas ya está empezando a ser un obstáculo.

En una rueda de prensa celebrada este lunes, Sofía Castillo, secretaria confederal de Migraciones y Atención a las Personas del sindicato, advirtió de que, tras las solicitudes, el proceso entra ahora en una nueva fase que depende directamente de las comisarías. “Sí que hemos detectado que hay problemas tanto en Seguridad Social como en la toma de huellas”, ha señalado.

El sindicato, que ha participado como agente colaborador de la Administración en la campaña de regularización, sostiene que estas incidencias ya han sido trasladadas a los responsables públicos. En este sentido, Castillo ha apuntado a dificultades de coordinación y a la falta de medios suficientes en algunos puntos del sistema. “Los problemas de dimensionamiento de estas plantillas de la Policía es algo que veníamos diciendo desde hace tiempo”, ha afirmado, en referencia a la carga de trabajo en las comisarías encargadas de la toma de huellas.

CCOO ha explicado que ha desplegado cerca de 200 personas en todo el país para acompañar el proceso, con el objetivo de apoyar la presentación de solicitudes ante la Administración. Según los datos ofrecidos por el sindicato, han respaldado la tramitación de más de 7.500 expedientes, que en la práctica afectan a miles de personas beneficiarias. Castillo ha subrayado que en muchos casos un mismo expediente incluye a varios miembros de una familia, lo que amplía el alcance de la regularización.

7.000 expedientes presentados

En total, el sindicato ha presentado 7.000 expedientes de regularización. La mayoría de las personas atendidas proceden de países latinoamericanos, principalmente Colombia, Perú y Venezuela, seguidos de Marruecos y Argelia en menor medida. El sindicato ha destacado que el 60% de las personas acompañadas por el sindicato son mujeres. Durante su intervención, CCOO ha puesto el foco en la situación de personas que ya estaban trabajando en la economía informal antes de la regularización, así como en colectivos especialmente vulnerables, como trabajadoras del hogar o personas en asentamientos en zonas como Almería o el Campo de Murcia.

El sindicato ha explicado que ha habilitado canales telefónicos y de mensajería para apoyar la tramitación, que seguirán activos tras el cierre del plazo de solicitudes. “Esto no acaba aquí. La administración tiene tres meses para resolver y vamos a seguir haciéndolo”, ha señalado Castillo.

En este sentido, CCOO ha instado al Gobierno a dotar a las administraciones de medios suficientes para gestionar el volumen de solicitudes y garantizar el desarrollo del proceso en todas sus fases, incluida la posterior inserción laboral de las personas regularizadas. El sindicato defiende que el proceso supone una oportunidad para corregir “disfunciones del sistema” que han empujado a parte de la población migrante a la economía sumergida.

“Ha sido la oportunidad de corregir las disfunciones de un sistema que en demasiados casos condenaba a la población extranjera a la exclusión social y a la explotación laboral”, ha afirmado Castillo. El proceso de regularización ha superado ampliamente las previsiones iniciales, con más de 900.000 solicitudes registradas en toda España, según la última cifra oficial.

Yunez Chaib no busca ser el portavoz de nadie, aunque sus chistes se rían del racismo en prime time. El cómico, colaborador en el programa La Revuelta, ahora debuta en la literatura con Corderito (Penguin Random House), una novela de autoficción que nació de historias que tenía guardadas en un cajón, inspiradas parcialmente en su propia experiencia. En sus páginas se cruzan los cortes de luz, los contrastes culturales de un hijo de migrantes, la discriminación, el desarraigo y las complejidades invisibles de crecer en una familia de origen extranjero. Podría parecer un drama social, pero se lee como una novela ligera, donde la risa se funde con la ternura de la mirada de un niño.

Corderito narra la historia de Abde, hijo de inmigrantes marroquíes, que se adentra en la adolescencia en la España de los años 2000 y descubre desde la inocencia los choques culturales entre su vida en casa, donde sus padres hablan entre ellos un idioma que no entiende, y el instituto, donde no llega a sentirse uno más. En ocasiones, algunas de sus frases parecen dardos contra el racismo y los prejuicios sobre la inmigración, lanzados desde la naturalidad e irreverencia de los pensamientos de un niño, pero el cómico rechaza colocar a su obra la etiqueta de “obra reivindicativa”. La denuncia social, dice, está en el ojo de quien lee, no de quien escribe.

En tiempos donde el discurso del odio gana fuerza, la sola presencia de Chaib en televisión puede interpretarse como un gesto político. Él reconoce el efecto positivo que puede conllevar que “una persona distinta cuente chistes” en prime time, pero defiende que su comedia no guarda un objetivo combativo. Es, dice, una reacción colateral de su verdadera y única finalidad: hacer reír.

El mallorquín reivindica el derecho a la ligereza, a la risa y a contar momentos racistas desde el absurdo. No intenta convertirse en referente de nadie, sólo quiere entretener: “Y si luego alguien se lleva algún aprendizaje o hay alguna reacción positiva, bienvenido sea”.

¿Por qué decidió escribir este libro, sobre la historia de un niño hijo de una familia de inmigrantes marroquíes en España?

Tenía varias historias largas que no me apetecía contar en el teatro porque se me hacían muy extensas y no buscaba en ellas la risa como principal objetivo. Y las tenía guardadas en un cajón. En un momento dado, me ofrecen escribir un libro de lo que fuera y les propuse una novela partiendo de esas historias. Desde el principio, no lo escribí pensando que fuera la historia de un hijo de migrantes, sino una historia que va sobre los vínculos familiares. Y, obviamente, el tema de la migración atraviesa mucho la novela porque tiene que hacerlo. Pero para mí, el tema es la familia. 

Es una novela de autoficción. Usted también es hijo de una familia marroquí y ha crecido en Mallorca, como el protagonista de la novela. ¿En qué se identifica con él?

Hay obviamente partes inspiradas en experiencias mías, pero desde el principio lo escribí como si fuera una ficción 100%. El personaje no se llama como yo ni tiene mi estructura familiar tampoco. Sí hay mucha inspiración en mi propia vida, pero para mí lo importante es que el que haya quedado como una obra de ficción o de entretenimiento. No se tiene que leer pensando en que soy yo. Es verdad que hay gente que lo lee con mi voz, y me parece supertierno. Más allá de eso, no soy el personaje. Por ejemplo, en mi familia somos cuatro hermanos. Ya eso cambia muchísimo las dinámicas familiares.

A través del personaje de Abdel, la novela aborda los esos contrastes culturales que puede vivir un hijo de migrantes entre, por ejemplo, las tradiciones que se viven en casa o en el colegio, que es algo que cuentan muchos jóvenes españoles de familia extranjera. ¿Cómo esa situación puede afectar a un chaval durante su etapa de crecimiento?

Depende de cada uno. Al final hay tantas experiencias como personas. Y la que he expuesto yo no se puede decir que es la mía al 100%, es la del personaje. Obviamente, hay unas diferencias que pueden afectar, pero depende de cada uno. Me da mucho pudor hablar en nombre de todo el mundo, porque al final yo he tenido una vida que es mucho peor que la de muchos y mucho mejor que la de otros y no sabría cómo sintetizarlo. 

Llama la atención, por ejemplo, el hecho de que el protagonista no sabe hablar el idioma que hablan sus padres, por lo que ellos tienen que hablar con él en otro idioma y, cuando hablan entre ellos, no les entienden. Tampoco cuando van a Marruecos a visitar a la familia… Es un detalle que evidencia mucho ese choque a la hora de estar entre dos mundos. 

En mi caso concreto no hablo el idioma de mi familia, que es el amazigh y hay muchas familias, sobre todo en Marruecos, que solo hablan ese idioma y nunca vamos a tener un vínculo sólido. Obviamente con mi abuela sí, porque es mi abuela y nos comunicamos de otra manera, pero con primos y así, es imposible. Además, es un idioma que no se enseña en ningún lado. No están en las escuelas de idiomas. No está en ningún sitio. La única manera es hacer una inmersión familiar. Y, sí, eso es triste. 

Creo que la etiqueta de la reivindicación está en el ojo del que lee, no del que escribe. Obviamente, cada uno se puede llevar ciertos aprendizajes, pero mi intención no es trasladar un discurso, simplemente, es contar algo entretenido y exponer unas realidades distintas a las que estamos acostumbrados

Aunque sea una novela, por lo que cuenta, ¿cree que libro que puede ser considerado reivindicativo, al presentar una narrativa que, por sí misma, puede contrarrestar el discurso del odio?

Yo no diría que es reivindicativa, no diría que es una etiqueta de la novela. Yo creo que es entretenida. Creo que la etiqueta de la reivindicación está en el ojo del que lee, no del que escribe. Obviamente, cada uno se puede llevar ciertos aprendizajes, pero mi intención no es trasladar un discurso, simplemente, es contar algo entretenido y exponer unas realidades distintas a las que estamos acostumbrados.  

[Vídeo: Alex Corral]

Entre sus páginas hay frases muy potentes que algunos podrían leer como una crítica al racismo estructural. En un momento de la novela, el padre del protagonista está hablando con un policía con el que se lleva bien. Y el agente habla de un chaval argelino menor que, según dice, merodea. El padre le contesta: “Los españoles pasean, los extranjeros merodean”.  

Es una frase que en el libro se dice de una manera divertida. Me daría mucho apuro extrapolarla y ponerle un tono duro o potente. Es una frase divertida y ya está.

Dice que depende de quién lo lea y, en mi caso, sí lo recibí como una broma con un mensaje político que puede reflejar la discriminación que sufren algunas personas en España. Me acuerdo, por ejemplo, de un comunicado del Ayuntamiento de Pozuelo en contra de la acogida de migrantes de origen africano en el centro que hasta ese momento alojaba a ucranianos. La nota decía que los vecinos habían visto a personas subsaharianas “deambular”, cuando solo paseaban por la calle como cualquiera. O cuando la Policía detuvo al político Serigne Mbaye y le hicieron un control porque habían visto a dos personas negras 'merodear'.

Por eso, para mí en el libro la reivindicación está en el ojo del que lee. Y para mí es una reacción supervaliosa también, pero habrá gente que lo lea como si fuera un chiste, otra gente que lo lea como si fuera un comentario ligero. Y yo valoro mucho que se pueda leer de mil maneras diferentes.

Decía que, sobre todas los asuntos, el libro va sobre los vínculos familiares. En relación con ello, la novela también reflexiona sobre el desarraigo desde muchos puntos de vista. El que puede vivir cualquier persona cuando se va de la casa familiar a otra ciudad a estudiar; como el que sufre quizá con más fuerza quien tiene que emigrar y deja su familia atrás, en este caso, los padres del niño. ¿Qué papel tiene para usted el desarraigo en la novela?

Tiene un papel secundario, pero existe. No recuerdo en ningún momento, mientras escribía, tener la intención de plasmar la idea del desarraigo, pero surgió. Hasta ahora no lo había hablado con nadie, pero está ahí en el fondo. Al final es una experiencia humana, natural, que siente cualquiera que se va a otra ciudad, o a otro pueblo, o a otro país, o a otra empresa, o a otro núcleo familiar. Es algo con lo que cualquiera puede conectar. 

Abde sufre algunas situaciones complicadas, como los habituales cortes de luz. A veces, tiene que hacer los deberes con la luz de las velas, pero lo narra con ese punto cómico constante, o con la inocencia de un niño, sin drama.

Para mí es un libro superligero y, aunque haya temas que en la vida real pueden ser duros, en la novela está expuesto de manera superaséptica. En el libro no hay nadie sufriendo trágicamente porque le cortan la luz. Es algo que ocurre y la vida sigue. No es un drama, no pasa nada. Para mí, lo interesante es descubrir qué ocurre cuando esto pasa y ya está. 

 A veces hago chistes con intención de trasladar unas opiniones políticas fuertes, pero sirven para que la gente se ría. Y, al fin y al cabo, la gente se ríe y va a otro vídeo. Ese chiste no va a hacer que la gente se salga a manifestar. No va a hacer que un pensamiento político se disuelva. Es una herramienta que no es tan poderosa

Como humorista, hijo de inmigrantes, que se ríe del racismo en un programa en prime time, que a veces hace chistes de sus propias anécdotas familiares, ¿le afecta el odio en redes sociales? ¿Cómo lleva esa exposición?

El odio va a venir de cualquier lado. Para mí tiene cero importancia la persona que me escribe un comentario racista. Antes ha escrito diez más y, después, va a escribir diez más sobre otros temas. En mi vida no tiene un peso real porque es que no lo tiene. ¿Esos mensajes están ahí? Sí, pero casi nunca los leo y, cuando los leo, ni los comentarios negativos me duelen, ni los positivos me ponen feliz. Porque no es ni una opinión, es un pensamiento. La gente no te lo dice por la calle o en un ascensor; la gente escribe algo que va de la cabeza al móvil. Nunca se verbaliza. Es un pensamiento y pensamientos a veces hay 60.000 cada hora. No tiene ningún peso para mí.

¿Cree que, por otro lado, puede ser un referente para algunas personas hijos de migrantes en España? ¿Le genera presión?

Mi trabajo no es ser un referente, es ser cómico. A partir de ahí, si a alguien le sirve de motivación, es superpositivo.

Aunque no sea la finalidad de sus monólogos, ¿cree que el humor puede ser una herramienta en contra del racismo o la extrema derecha?

Para mí la comedia es para entretener y, a partir de ahí, hay unas reacciones colaterales positivas, como puede ser la reflexión o llegar a leer una segunda capa donde aparentemente hay solo una. Luego, combatir la ultraderecha es una tarea política. Porque la ultraderecha también tiene sus memes, sus chistes y sus risas. Al final el humor es una herramienta libre que usa todo el mundo. No sé si tiene mucho sentido usarla como herramienta contra la ultraderecha, porque la ultraderecha tiene su humor también. 

El humor es tan variado… A veces hago chistes con intención de trasladar unas opiniones políticas fuertes, pero sirven para que la gente se ría. Y, al fin y al cabo, la gente se ríe y va a otro vídeo. Ese chiste no va a hacer que la gente se salga a manifestar. No va a hacer que un pensamiento político se disuelva. Es una herramienta que no es tan poderosa. A lo mejor Ignatius diría lo contrario, porque es un genio de la comedia. Es un genio del humor y puede hacer unos malabares con comedia política que hacen reflexionar. Él está muy arriba, muy lejos de todos los demás, y de él sí que me creería ese discurso. Yo me veo más lejos, creo que me queda mucho camino. 

Quizá no llega a generar movilizaciones ni cambiar algo de una forma tangible, pero en un momento como este, en el que el discurso del odio ha cogido fuerza y la extrema derecha tiene la inmigración como uno de sus focos, el hecho de que usted, hijo de una familia de migrantes amazigh, haga chistes sobre racismo o extrema derecha, en un programa como La Revuelta, de máxima audiencia, lanza un mensaje.

Sí, pero pienso que yo no hago nada para que eso ocurra. Simplemente, al estar ahí y hacer comedia de cualquier cosa ya tendría que ser suficiente. O sea, al ver a una persona distinta, contarte cosas de risa ya tendría que ser suficiente. Obviamente, el otro día hice la sección que hago todos los años de los momentos racistas más divertidos para mí y eso conecta mucho con la gente, pero si no hiciera risa yo no lo contaría. Si yo tengo un drama racista horroroso aquí en la calle, voy a la policía y denuncio; o voy a mi psicóloga y se lo cuento. Pero, luego, en la tele mi objetivo es hacer reír y ya está. ¿Que mi presencia allí es positiva? Pues bienvenido sea. A tope con eso. 

Soy consciente del efecto, porque estoy hablando muchas veces de un gran tema de la sociedad. Si hablara de los oculistas no pasaría y no tendría esa repercusión, pero no contaría algo si no es divertido. Hay momentos en el espectáculo más críticos o más reivindicativos, pero es un efecto positivo colateral. Lo que yo quiero es entretener y que la gente se ría. Si algo no es divertido, no lo cuento. Me da igual lo combativo que sea, no es mi objetivo. 

Como cómico, ¿cuál crees que es su punto fuerte? ¿En qué se fija más a la hora de tratar de hacer comedia?

Creo que mi punto fuerte es que trabajo. La mayoría de cómicos no trabajan, son unos vagos que no trabajan y no cambian el repertorio. Hay muchos que sí, pero hay otros que llevan diez años contando lo mismo. Mi punto fuerte es que trabajo y ya está. Me siento y escribo chistes. Voy al teatro y los cuento.

Las autoridades suecas podrán revocar el permiso de residencia y ordenar la expulsión de inmigrantes que el Gobierno considere que tienen una “mala conducta”. La ley no especifica qué tipo de conductas se consideran inaceptables para vivir en el país nórdico, pero el Gobierno ha mencionado como ejemplo los casos en que las personas tengan deudas impagadas, trabajen de forma no declarada o tengan vínculos con organizaciones extremistas, entre otros supuestos.

El Parlamento de Suecia aprobó la ley para que la norma se aplique de forma retroactiva para los permisos de residencia ya concedidos y para los que están aún pendientes de tramitar. Esta medida, que refuerza la represión contra las personas inmigrantes, forma parte del endurecimiento general de las normas de inmigración que el Gobierno conservador de Suecia, con el apoyo del partido ultra Demócratas de Suecia, está llevando a cabo de cara a las elecciones parlamentarias del próximo mes de septiembre.

La ley ha sido duramente criticada por los partidos de la oposición y por grupos defensores de los derechos de los migrantes por considerarla una norma arbitraria, ya que la retirada de los permisos de residencia se basaría en conductas que no son catalogadas como delito en el código penal. Sin embargo, el Gobierno ganó las elecciones en 2022 con la promesa de reducir la inmigración y combatir la delincuencia, por lo que defiende que las personas que se comportan mal o cometan delitos no son bienvenidas en Suecia: “Quien no se esfuerce por hacer lo correcto no debería poder contar con quedarse”, dijo el ministro de Migración, Johan Forssell, cuando propuso el proyecto de ley en marzo.

Además, el país nórdico aprobó también otra normativa que ya ha sido bautizada por sus detractores como la “ley del soplón”. La medida obliga a algunos empleados públicos a informar a las autoridades sobre cualquier persona que consideren sospechosa de encontrarse en situación administrativa irregular.

Supone un grave retroceso para los derechos humanos en Suecia. Las obligaciones de información impuestas a los organismos públicos generan un clima de miedo que perjudica no solo a las personas indocumentadas, sino a todos aquellos que dependen de estas instituciones, incluidos los funcionarios que trabajan en ellas

Louise Bonneau — Plataforma para la Cooperación Internacional por los Inmigrantes Indocumentados

Está previsto que estos cambios legislativos entren en vigor a partir del mes de julio, y el Gobierno cree que afectarán a unas 100.000 personas. La Agencia de Migración tendrá la tarea de revisar los permisos de residencia caso a caso, mientras que las decisiones podrán ser recurridas ante un tribunal migratorio especializado. El Ejecutivo ha señalado que la medida no se aplicará a quienes hayan obtenido la residencia por motivos de asilo o reunificación familiar, ni tampoco a los ciudadanos de la Unión Europea, que quedan expresamente excluidos de la normativa.

Todos los partidos en el Parlamento que se sientan en los bancos de la oposición han criticado la medida por no dejar claro en qué supuestos se permitirá a las personas permanecer viviendo en Suecia. En este sentido, el grupo de presión en defensa de los derechos humanos con sede en Estocolmo, Civil Rights Defenders, ha señalado que “la ley de buena conducta genera incertidumbre sobre qué acciones o expresiones podrán ser utilizadas en contra de las personas migrantes”.

La organización ha dejado claro en un comunicado que la norma aprobada “socava el estado de derecho y el principio de igualdad ante la ley”. Además, creen que “da pie a decisiones desproporcionadas basadas en estereotipos, prejuicios o suposiciones incorrectas sobre el estilo de vida o las circunstancias de las personas”. Esto, en la práctica, “comporta el riesgo de que las personas que no tengan la ciudadanía sueca tengan un grado menor de libertad de expresión por miedo a las consecuencias de la ley” dice el comunicado.

Aprobada la “ley del soplón”

La segunda medida que ha generado una fuerte controversia es la que obliga a determinados funcionarios públicos a informar a la policía y a las autoridades migratorias sobre personas indocumentadas o en situación irregular. La disposición ha provocado un debate incluso mayor que la denominada ley de “mala conducta”. Según el texto aprobado, la obligación afectará a trabajadores de organismos como el Servicio Público de Empleo, la Seguridad Social, el Servicio de Prisiones y Libertad Condicional, la Agencia de Pensiones y la Agencia Tributaria.

El primer borrador de la ley, presentado por el Gobierno hace un año, contemplaba también que empleados del sistema sanitario, centros educativos y servicios sociales tuvieran que denunciar a inmigrantes sin documentación. Sin embargo, la presión ejercida por profesionales de estos sectores, sindicatos y formaciones políticas llevó finalmente a excluirlos de la normativa.

Los críticos de la medida argumentaron que esta obligación puede generar un efecto disuasorio, haciendo que muchas personas migrantes eviten acudir a servicios esenciales por miedo a ser denunciadas. Según sus detractores, esta situación podría poner en riesgo su salud, su seguridad y el acceso a derechos fundamentales. Por el momento, Suecia mantiene el principio de que cualquier persona, independientemente de su situación migratoria, tiene derecho a recibir atención sanitaria, no solo en casos de emergencia.

Pero a pesar de la excepción añadida en el texto final de la ley, desde la Plataforma para la Cooperación Internacional por los Inmigrantes Indocumentados (PICUM), la portavoz Louise Bonneau, expresó en un comunicado que “supone un grave retroceso para los derechos humanos en Suecia”.

“Las obligaciones de información impuestas a los organismos públicos generan un clima de miedo que perjudica no solo a las personas indocumentadas, sino a todos aquellos que dependen de estas instituciones, incluidos los funcionarios que trabajan en ellas”, dice. Según Bonneau, las excepciones de los servicios sanitarios, las escuelas y los servicios sociales en la ley no ofrecen suficiente protección, ya que “en la práctica la información circulará entre los proveedores de servicios, los organismos y las autoridades de inmigración”, asegura la experta.

En la misma línea, Jacob Lind, investigador en migración internacional en la universidad de Malmö, argumenta que el Gobierno está poniendo en riesgo la propia reputación de las agencias estatales “solo para crear un entorno hostil para los migrantes. Se trata de una política cruel e ineficaz que abre la caja de Pandora de la delación, una característica propia de los Estados autoritarios”, asegura.

Cambio de paradigma migratorio

Desde el inicio de la legislatura, el Gobierno de centroderecha sueco ha impulsado un progresivo desmantelamiento de las ayudas públicas y de las políticas destinadas a la integración de la población migrante. El objetivo del Ejecutivo ha sido endurecer las condiciones de acogida y reducir el atractivo del país para nuevos migrantes, en un giro que contrasta con la imagen de antaño de Suecia como uno de los países europeos más garantistas con los inmigrantes y solicitantes de asilo.

Este cambio de rumbo en la política migratoria ha sido impulsado gracias al respaldo de la extrema derecha, que en 2022 se convirtió en la segunda fuerza política más votada del país y que, desde entonces, actúa como socio parlamentario clave para sostener al gobierno en minoría. Para la campaña de las elecciones en septiembre, los ultras de Demócratas de Suecia continúan vinculando la inmigración a la oleada de violencia protagonizada por el crimen organizado y las pandillas. Este discurso les da buenos resultados, ya que, a pocos meses de las elecciones, los sondeos apuntan a que el partido radical xenófobo continúa teniendo la clave para decidir la formación de un gobierno en el país nórdico.

El 26 de abril, Rumanía lanzó su primer programa de regularización para migrantes en situación irregular. En teoría, una oportunidad. En la práctica, para muchos, una ruleta rusa. “A Akila lo van a deportar. Literalmente nos engañaron”, dice Andrei* por teléfono, la mañana del 11 de mayo, un estudiante de Cluj que acompaña voluntariamente a migrantes a las oficinas de inmigración.

La primera vez que Akila acudió a la ventanilla, los funcionarios le dijeron que tenían que verificar si era elegible para la nueva ordenanza. La ley era “demasiado nueva”, había que “aclarar” algunos aspectos. Le dieron una cita para regresar. Una semana después, Akila ni siquiera llegó a hacer fila. Lo llevaron directamente a la sala de aislamiento. Meses antes ya se había emitido una orden de retorno en su contra. La notificación se había enviado a una dirección donde ya no vivía. Como nunca se enteró, no pudo recurrirla.

A diferencia del procedimiento de regularización español, que anula las órdenes de retorno una vez que la solicitud del migrante es admitida, al programa rumano solo pueden beneficiarse quienes no hayan recibido una orden de retorno. En lugar de entrar en el programa, algunas personas que desconocen que la tienen, acaban encerradas en centros de custodia y deportadas cuando van a solicitarla.

“Mi sospecha es que todavía no tenían preparada la deportación y, básicamente, programaron un día para hacerlo. Sentí que nos habían tendido una trampa, que lo llevábamos directo a la boca del lobo”, dice Andrei. Akila regresó a la oficina de inmigración con la esperanza de regularizar su situación. En cambio, fue detenido y deportado. Mientras él estaba allí, sus amigos recogían sus pertenencias y se las llevaban a la oficina, de donde solo salió para subir al avión de regreso a casa. Su historia explica el miedo de decenas de miles de migrantes que podrían dejar atrás la extrema vulnerabilidad a la que los empuja su condición de indocumentados, pero que no acuden a las oficinas de inmigración porque no saben qué les espera.

“Mi sospecha es que todavía no tenían preparada la deportación y, básicamente, programaron un día para hacerlo. Sentí que nos habían tendido una trampa, que lo llevábamos directo a la boca del lobo”

El miedo a acudir a la ventanilla

“Yo no iría a declarar mi dirección si tuviera miedo de que me metieran en un centro de detención y luego me deportaran”, dice Sonia Bujor*, activista que acompaña a migrantes en varias ciudades. La deportación no significa simplemente subir a un avión y volver a casa. “Significa regresar con una montaña de deudas que no has podido pagar y que probablemente no podrás pagar en años”, explica Bujor. 

Los costes de reclutamiento y traslado a Rumanía pueden llegar hasta 10.000 euros, a los que se suman intereses mensuales. “Regresas además con una prohibición de entrar al espacio Schengen”, añade. Akila dice haber pagado alrededor de 4.600 euros, dinero obtenido mediante préstamos bancarios y de conocidos. Nunca pudo devolverlos porque jamás consiguió un empleo formal en el país. “He sobrevivido haciendo pequeños trabajos ocasionales. Todavía no he terminado de pagar mis deudas. Por eso, pido que se me dé la oportunidad de trabajar legalmente en Rumanía para poder devolver los préstamos”, lamenta.

“Perdí mi pasaporte. ¿Todavía puedo solicitar la regularización?”. “Me fui a Italia después de quedar ‘ilegal’. ¿Puedo volver?”. “¿Cómo puedo saber si tengo una orden de retorno?”. Preguntas como estas circulan todos los días en grupos de WhatsApp, mientras los voluntarios trabajan contrarreloj para intentar dar respuesta.

Falta de información

En ausencia de una campaña oficial clara, un grupo de jóvenes voluntarios rumanos, junto con personas migrantes que se encargan de las traducciones, intenta hacer el trabajo del Estado y de las organizaciones financiadas con dinero público. En grupos de WhatsApp recogen información, la traducen, responden dudas, acompañan a migrantes a las ventanillas y tratan de ejercer presión pública sobre las autoridades.

Aunque el programa se anunció meses antes, en la primera semana muchas oficinas de inmigración apenas habían oído hablar de él y las grandes ONG financiadas con fondos europeos para la “integración de nacionales de terceros países” no emprendieron acciones visibles de información o acompañamiento, denuncian los colectivos implicados. Dos semanas después del inicio del programa, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en colaboración con la Inspección General de Inmigración, publicó su primer vídeo explicativo en Facebook, en el que asegura a las personas migrantes que, si acuden a la oficina de inmigración, “no tendrán problemas”, no serán detenidas ni enviadas de vuelta a su país, “salvo que se hayan hecho previamente los arreglos para su retorno”.

Sin embargo, Georgiana Bădescu, de la organización Centro de Recursos Jurídicos, considera que estos materiales omiten información esencial sobre los riesgos y emplean un lenguaje difícil de comprender. “En mi opinión, los materiales han llegado demasiado tarde, son recortados, obtusos y nada transparentes”, afirma. “La gente no sabe en qué situaciones puede acogerse al programa ni cómo comprobar de manera segura su situación, y no hay procedimientos claros para quienes no tienen pasaporte, lo tienen caducado o se lo ha retenido el empleador”.

Además, los mensajes oficiales chocan a menudo con lo que ocurre en las ventanillas. “Las autoridades repiten que la estancia irregular no será sancionada con multa, pero en la práctica hay personas que reciben multas cuando intentan inscribirse en el programa”, añade.

Suneth, un migrante de Sri Lanka, como muchos otros, no sabe si existe una orden de retorno en su contra. No escribe muy bien en inglés, así que Ruany, una mujer esrilanquesa que vive en Chipre y participa voluntariamente a distancia junto con este grupo informal, traduce su mensaje: “Este chico trabajó solo un mes. El jefe le hizo firmar papeles en rumano, le quitó el billete de regreso y le dijo que tenía que volver a casa. Huyó a otra ciudad y ahora pregunta si todavía puede ir a inmigración para regularizarse”, explica. En este contexto, incluso un solo caso de deportación ligado al programa pesa enormemente dentro de la comunidad y disuade a muchos otros de presentarse a regularizar su situación, agrega Georgiana.

Georgiana Bădescu acompañó a migrantes durante los primeros días del programa. “Los funcionarios improvisaban los procedimientos y las comunicaciones. A veces imponían condiciones extralegales: declaraciones escritas, contrato de alquiler, copia del documento de identidad, incluso multas, aunque nada de eso aparece en la ley”, indica.

Las experiencias varían según la oficina y la persona que atiende. “Algunos oficiales responden de forma burlona y hacen preguntas como: ‘¿Cómo que son ilegales? ¿Cómo han sobrevivido hasta ahora? ¿Dónde viven?’”, cuenta Sonia. “Son preguntas intimidatorias y van en contra del espíritu de la ley, que debería regularizar a las personas independientemente de cómo hayan terminado en situación irregular.”

El 5 de mayo, a raíz de una solicitud de información de elDiario.es, la Inspección General de Inmigración publicó un vídeo explicativo y anunció instrucciones internas y materiales informativos traducidos. Un mes después del inicio del programa, la oficina de inmigración empezó por fin a repartir trípticos oficiales, bastante más tarde que el grupo de voluntarios.

En busca de mano de obra

Cientos de miles de personas llegaron en los últimos años con visados de trabajo, llenas de esperanza y endeudadas, para acabar empujadas a la irregularidad administrativa. Según datos oficiales, actualmente viven en Rumanía unas 150.000 personas de países no pertenecientes a la UE con derecho a trabajar. La tasa de retención de quienes reciben visados laborales es inferior al 50%.

Tras años de abusos, fraudes y explotación laboral documentadas— la mayoría vinculados a la dependencia casi total del trabajador migrante respecto a su empleador— el Gobierno aprobó una nueva ley para regular la actividad de reclutamiento. El programa de regularización forma parte de esa reforma.

Después de pasar de un visado de trabajo a una situación irregular, muchos optan por migrar hacia otros países europeos. En palabras de Rafi, un trabajador bangladesí entrevistado en Italia, “vivir ilegalmente en Rumanía es un infierno”. En un país donde la policía es la única autoridad migratoria, sin organizaciones de base que ofrezcan servicios relevantes a las personas en situación irregular y con deudas pendientes en sus países de origen, estos trabajadores se han convertido, según Bădescu, en uno de los grupos más vulnerables de Rumanía.

Contactamos con Akila mientras hacía escala en el aeropuerto de Estambul, de camino a Sri Lanka. Akila relata que, tras llegar a Rumanía con un visado de trabajo, fue enviado a un empleador distinto del prometido y se le exigieron pagos adicionales para tramitar sus documentos. Cuando algunos compañeros acudieron a las autoridades de Inmigración para recoger los permisos prometidos, recibieron órdenes de retorno.

Mensajes como el suyo no solo llegan a periodistas a través de WhatsApp, sino también a instituciones del Estado mediante correos electrónicos oficiales. Este medio ha recibido uno de esos correos, enviado colectivamente por 24 trabajadores en situación irregular que afirmaban ser víctimas de trata de personas. Según uno de ellos, la respuesta de las autoridades de Inmigración fue emitir órdenes de retorno para los 24.

“Eso, si tienes amigos”

Según el Inspectorado General de Inmigración, desde 2020 se han emitido más de 16.500 órdenes de retorno; 6.344 se han traducido en expulsiones efectivas. El Centro de Recursos Jurídicos ha pedido que se hagan públicas las listas de órdenes de expulsión, que actualmente solo se exhiben durante un tiempo limitado en las oficinas territoriales. La probabilidad de que un migrante en situación irregular se exponga visitando repetidamente estas sedes para comprobar su situación es casi nula.

“El objetivo de estas disposiciones transitorias es llevar a los migrantes a una situación legal, no detectar a migrantes irregulares. Esto no debería ser un mecanismo de detección”, afirma Bădescu. “Sin esas listas, la gente acude a inmigración sin saber si entrará en un procedimiento de regularización o directamente en uno de expulsión”.

“Es un proceso humillante llegar lleno de esperanza y que allí te digan que, en realidad, no tienes derecho, luego te encierren en aislamiento administrativo y tus amigos tengan que traerte las maletas. Eso, si tienes amigos… es muy humillante”, concluye. Mientras el avión de Akila despega rumbo a Sri Lanka, en los grupos de WhatsApp otros migrantes siguen preguntándose si vale la pena arriesgarse.

Un grupo de 19 países de la Unión Europea, liderados por Italia y Dinamarca, han pedido por carta que se acelere la implementación de centros de deportación en terceros países, como ha quedado recogido en el Pacto de Asilo y Migración. Mientras, en la cumbre que se celebra en Bruselas varios países europeos han mostrado su crítica al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por el proceso de regularización de 500.000 inmigrantes que ha puesto en marcha en España.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha señalado este viernes que los centros de deportación en terceros países “no van a traer ninguna solución, es una respuesta absolutamente ineficaz. Es un trampantojo, si me permiten la expresión que simplemente va a malgastar recursos económicos”.

Además Sánchez ha puntualizado que “hay evidencia empírica y datos” que hay que adoptar otras políticas si se quiere “controlar los flujos migratorios irregulares, además de hacer frente al invierno demográfico que vive en las sociedades occidentales y afrontar el desafío de la prosperidad”.

En la carta de los 19 países se puntualiza que “ahora necesitamos mostrar resultados concretos que marquen la diferencia real para nuestros ciudadanos y avanzar con soluciones basadas en terceros países tan pronto como sea posible”. Este grupo de países pone como ejemplo los centros que Italia ha puesto en marcha en Albania como ejemplo.

Sin embargo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya tumbó en 2025 el modelo de deportaciones del Ejecutivo italiano de Giorgia Meloni a través de Albania por la designación de “países seguros” para el retorno de los inmigrantes y en Italia ha tenido varias sentencias en contra. Esta fórmula siempre ha tenido el beneplácito de la actual Comisión Europea y ha conseguido el respaldo de la mayoría del Eurocámara, tras el seguidismo del PP Europeo a las imposiciones de la ultraderecha en políticas migratorias. Italia volvió a apelar al TJUE por su normativa, que está a la espera de sentencia

La Unión Europea dió luz verde el pasado 1 de junio a los centros de deportación de emigrantes en terceros países. Tras varias semanas de retraso, el reglamento del Pacto de Emigración y Asilo fue acordado entre el Consejo Europeo, la Comisión y los legisladores del Parlamento. Europa sigue la estela que ha marcando la ultraderecha en su ataque a las personas migrantes tratando de dificultar el acceso a permisos por razones humanitarias, familiares o laborales. La nueva normativa abre la puerta a que los Estados miembros puedan establecer centros de deportación en países situados fuera de la UE, incluso en instalaciones para familias con menores.

Aunque la misiva tiene la firma de estos dos países junto a Austria, Bulgaria, República Checa, Grecia, Letonia, Malta, Polonia, Eslovaquia, Suecia, Bélgica, Chipre, Estonia, Hungría, Lituania, Países Bajos, Rumanía y Eslovenia, también es relevante que países como España o Alemania y Francia no hayan rubricado la carta.

El argumento de los 19 países es que “siempre debe ser una decisión democrática quién puede entrar y permanecer en nuestros países. Es fundamental que sigamos desafiando el 'statu quo', donde los traficantes de personas se enriquecen y la migración se instrumentaliza”.

Críticas de países europeos por el proceso de regularización

Sánchez tuvo que hacer frente a las críticas de varios líderes de la Unión Europea por la regularización extraordinaria de migrantes en España y su posible impacto en el resto de socios, durante una discusión a puerta cerrada el jueves en el Consejo Europeo en Bruselas, según informa Europa Press.

El presidente del Gobierno ha respondido que “habrá líderes que no compartan esta visión, pero aquellas personas que viven ya en nuestro país y que están contribuyendo al desarrollo económico de nuestro país merecen tener los mismos derechos que cualquier otro ciudadano. Hay bastante desconocimiento sobre la realidad migratoria en España, porque la amplísima mayoría de las personas que están solicitando la regularización y el reconocimiento de derechos en nuestro país es latinoamericano”.

El rifirrafe se produjo en la primera sesión del primer día de cumbre en la que los líderes recibieron a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, cuya institución había dado la víspera luz verde a la controvertida reforma. Tras la felicitación a Metsola por el éxito de la votación, Sánchez tomó la palabra para mostrar su oposición a los centros de deportación, una medida que va en contra de la política migratoria de España.

Sin embargo, Sánchez ha defendido la política migratoria de su Gobierno basada “en la colaboración y la cooperación con los países de tránsito y de origen”, que según el presidente del Gobierno ha logrado “rebajar los flujos de inmigrantes irregulares y de una manera positiva, constructiva y desde el respeto”.

Según las mismas fuentes, los reproches habrían venido por parte del primer ministro belga, Bart de Wever, o la primera ministra de Dinamarca, la socialista Mette Frederiksen además de Hungría y Alemania. En un primer momento se señaló también a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, pero tanto la delegación española como la italiana desmintieron que hubiera ninguna discusión entre ambos líderes y solo un intercambio de diferentes posiciones.

Los datos del padrón apuntaban a esa dirección, pero ahora se confirma. La mayoría de migrantes que ya han pedido la regularización extraordinaria no han tenido que cruzar una frontera de manera irregular, sino que han entrado a España en avión. Según el primer balance provisional del origen de los solicitantes, al que ha accedido elDiario.es, un 65% de las más de 900.000 peticiones registradas procede de Latinoamérica. Y entre ellas destaca una nacionalidad sobre todas las demás: la colombiana, con un 30% de las solicitudes.

Detrás de Colombia, aunque lejos en proporción, se encuentra Marruecos, de donde proceden el 14% de los expedientes registrados hasta el momento. La marroquí es la única nacionalidad africana que sobrepasa el 10% de las solicitudes. Le siguen, en porcentajes similares, los ciudadanos de Venezuela, que superan el 10%, y Perú, que se sitúa en torno a un 9% del total de peticiones, según los datos provisionales. Más allá de las nacionalidades específicas, el 65% de los expedientes recibidos por el Gobierno provienen de personas latinoamericanas.

Los datos coinciden en su mayoría con las principales nacionalidades recogidas en las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística de los últimos años, que incluyen los países de procedencia de los residentes en España a través de los registros en el padrón. En 2022, Colombia se convirtió en el principal país de origen de los nuevos inmigrantes, quedando Marruecos en segundo lugar. Las llegadas de ciudadanos colombianos continuaron en aumento en 2023 y 2024, hasta cristalizar en un histórico “sorpasso” migratorio, por el que los residentes en España nacidos en el país latinoamericano superaron a los nacidos en Marruecos.

Pese a que la colombiana lleva años siendo el principal origen de las llegadas a España, la diferencia en las cifras de entradas con respecto a los venezolanos y marroquíes no era tan abultada como sí se refleja en el balance provisional de la regularización.

Los porcentajes iniciales sí muestran un salto importante entre la principal nacionalidad y el resto, que puede entenderse por varios factores. El hecho de que los venezolanos representen un 10% de las peticiones de regularización, 20 puntos menos que sus vecinos, se explica a través de la política migratoria aplicada en España en los últimos años con respecto a Venezuela: para los venezolanos, hasta esta semana, era más fácil lograr un permiso de residencia por la vía habitual

Desde 2018, el Gobierno activó una vía exprés para los ciudadanos venezolanos que pedían asilo, a los que se les concedía un permiso de residencia por razones humanitarias. Mientras los venezolanos, en cuestión de meses, solían lograr una autorización para vivir y trabajar en España; el resto de demandantes de protección, entre los que se encontraban muchos colombianos, tenían que esperar una respuesta durante años, generalmente negativa. Decenas de miles de venezolanos que llegaron en los últimos años no necesitaban acogerse a un procedimiento extraordinario, pues ya tenían sus permisos.

Muchos solicitantes de asilo: “Nos da estabilidad”

A Diego Castro no le sorprende que su nacionalidad sea la más numerosa entre los solicitantes de la regularización. “El otro día fui a votar por correo en las elecciones de Colombia y muchos de ellos me contaron que también estaban en trámite. Cualquiera que me encuentro por la calle que sea colombiano, si no lleva muchos años, lo ha pedido”, comenta el veinteañero, qué migró a España por la discriminación y amenazas que asegura que sufrió en su región por ser homosexual. Es uno de los cientos de miles de colombianos que ha registrado su petición de regularización. Lo hizo el pasado 27 de abril y aún espera la respuesta.

Muchos de los colombianos que se han acogido al procedimiento extraordinario habían pedido anteriormente protección internacional a su llegada a España al ser una vía rápida para lograr la residencia mientras se estudia la petición, sin embargo, la reforma del reglamento de extranjería añadió trabas a la regularización de quienes ven denegada su petición de refugio. Castro lleva más de dos años esperando la respuesta. “El asilo nos daba la posibilidad de trabajar y estar aquí, pero siempre teniendo la incertidumbre de recibir una denegación. Si me llegase a pasar y me tengo que ir, yo ya he creado aquí una vida”, explica Castro, que vive y trabaja en Santander en el ámbito sanitario, dado de alta en la seguridad social. Pero, si recibiese el rechazo del asilo, perdería los papeles y, con ello, su empleo. Por eso, dice, decidió acogerse a la regularización.

“En cuanto tuve el permiso de empleo empecé a trabajar. Estás aportando al país y quieres salir adelante. Y también quieres contar con todas las garantías como ciudadano, porque la tarjeta roja te limita para muchas cosas”, continúa el colombiano, que ha trabajado en diversas clínicas como auxiliar de enfermería.

Colombia era una de las nacionalidades que más solicitaban protección internacional en España, según el último informe de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). Sin embargo, en 2026, las solicitudes se han desplomado drásticamente, con caídas de más del 60%, debido a la reforma del reglamento y el elevado número de rechazos. La tasa de denegación para solicitantes colombianos ronda el 85%, convirtiéndose en uno de los colectivos más afectados por el rechazo de expedientes, recoge la ONG.

Récord de peticiones registradas

A menos de dos semanas de la finalización del plazo de la regularización extraordinaria, el Gobierno ha recibido 908.288 solicitudes, según los últimos datos del Ministerio de Inclusión. El número supera ya las proyecciones iniciales del Ejecutivo, situadas en las 750.000 peticiones registradas, de las que calculaban que lograrían una respuesta positiva unas 500.000 personas. También alcanza un récord en el número de peticiones ligadas a los anteriores procesos de regularización de migrantes impulsados en España.

Una de las razones que pueden explicar el número de solicitudes es la mayor flexibilidad de los requisitos en el actual programa de regularización, dado que los anteriores procedimientos exigían contar con un precontrato de trabajo para obtener los papeles, mientras que en este procedimiento existían otras vías, como el informe de vulnerabilidad o la justificación que se trata de una unidad familiar, con hijos o padres a cargo.

Del total de solicitudes presentadas, por el momento la Administración ha admitido a trámite 359.255, según el Ministerio de Inclusión. Cientos de solicitantes de la regularización extraordinaria han denunciado sufrir retrasos en la admisión a trámite de la solicitud. Los retrasos en el envío de la comunicación de la admisión a trámite, un documento que en la práctica supone la confirmación de la concesión del permiso de residencia y trabajo provisional mientras se estudia la petición, están marcando el procedimiento, según una decena de migrantes afectados, varios abogados y ONG colaboradoras consultadas por elDiario.es.

El juzgado de instrucción número 19 de Madrid ha ordenado a la dirección policial del Centro de Internamiento para Extranjeros de Madrid, donde migrantes sin papeles son encerrados para proceder a su expulsión, que facilite el acceso de los internos al procedimiento de regularización extraordinaria, tal y como habían solicitado las ONG. El magistrado, en sus labores de vigilancia CIE de Aluche, ha exigido a la Policía habilitar un espacio en las propias dependencias de este centro “para su uso como despacho desde el que se realicen tales gestiones”, para evitar su exclusión del procedimiento extraordinario -cuyo plazo finaliza el próximo 30 de junio-. Hasta ahora, los internos solo podían pedir la regularización a través del pago de un abogado privado, lo que a juicio de las organizaciones incurría en discrimnación de trato.

Varias ONG habían denunciado ante los juzgados de control la falta de una vía para que las personas internas en el CIE de Aluche pudiesen informar sobre el proceso de regularización y realizar las gestiones oportunas para presentarlo, un trámite que a su vez podría librarles del retorno, dado que el procedimiento extraordinario no ha frenado la maquinaria de expulsión y estos centros siguen encerrando a personas que pueden cumplir los requisitos. Las organizaciones que han registrado la queja son Pueblos Unidos/SJM, Observatorio de Derechos Humanos Samba Martine, el Centro para la Documentación de la Tortura, Asociación Mundo en Movimiento y la Coordinadora de Barrios.

Aceptada su queja, los magistrados de contol del CIE han exigido a la dirección del centro la creación de un espacio en las propias dependencias del centro, “para su uso como despacho desde el que se realicen tales gestiones” y al que puedan acceder “ordenadamente y con la seguridad precisa” aquellos internos que pudieran estar interesados en la regularización “y, en principio, cumplan los presupuestos exigidos por la norma habilitante”, según el auto al que ha accedido elDiario.es.

Según los jueces, el espacio deberá contar con el material ofimático preciso para realizar el trámite que la regularización necesita, lo que incluye un escáner, ordenador, impresora y fotocopiadora, añade el escrito. La petición de las organizaciones que atienden a los internos en el CIE fue registrada el pasado 27 de abril, pero ha sido respondida este jueves 18 de junio, cuando solo quedan 13 días para la finalización del plazo.

En su escrito, las ONG habían alertado al juzgado de la exclusión al procedimiento sufrida por las personas internadas en el CIE de Aluche, una situación que se está repitiendo en todos los centros de internamiento para extranjeros de España. El escrito presentado al juzgado recordaba que el acceso al procedimiento se lleva a cabo, o bien de manera presencial, o bien por vía telemática, pero los internos no tenían una vía para poder presentarlo por ninguna de las dos vías -solo si tenían contacto con un abogado-. “La mayor parte de los internos no cuentan con un certificado digital que les permita acceder al proceso y, por otra parte, no existe un procedimiento para que puedan acceder de manera presencial”, explicaban las organizaciones. “El hecho de que la única vía de acceso para las personas internas sea pagar por unos servicios constituye no sólo un agravio comparativo respecto al resto de personas extranjeras, sino también y de facto, una exclusión del acceso al procedimiento respecto a quienes no pueden costear un servicio privado”, añadían.

La queja recalcaba en la discriminación resultante de dicha sutuación: “Esta diferencia de trato resulta especialmente problemática desde la perspectiva del artículo 14 de la Constitución Española, que consagra el principio de igualdad y la prohibición de discriminación, en tanto que no existe una justificación objetiva y razonable que legitime la exclusión o dificultad de acceso al procedimiento por el mero hecho de encontrarse en situación de internamiento administrativo”. Las ONG recordaron que “el internamiento tiene como única finalidad asegurar la expulsión de la persona extranjera, pero no puede implicar una restricción adicional de derechos administrativos que no guarden relación directa con dicha finalidad”.

Desde Pueblos Unidos, una de las organizaciones que denunciaron la falta de acceso de los internos al procedimiento, sospechan que en este tiempo han podido ser expulsados migrantes que podían haber optado a la regularización. “No tenemos acceso a todas las personas internas en estos tres meses, pero nos consta que muchas tenían un perfil de regularización y que han tenido que recurrir a otros apoyos, incluso pagando por algo que debería ser gratuito”, cuestiona Iván Lendrino Tejerina, coordinador equipos de los CIE de Pueblos Unidos y el Servicio Jesuta de Migrantes. “Y muchas otras personas habrán sido deportadas durante estos dos meses sin sin acceder a la posibilidad de solicitar esta esta regularización”, apunta.

“Esta providencia muestra el abandono de los internos del CIE en su acceso a la regularización. Desde el principio se les tenía que haber tenido más en cuenta. Incluso se debería haber repensado durante este trimestre el internamiento de personas, especialmente aquellas con un perfil de arraigo clarísimo”, se queja el letrado. “Pero se ha seguido internando gente. Y lgunas han sido liberadas porque han recurrido, porque estaban intentando regularizarse. Pero entonces ha sido un sufrimiento inútil. Tenía que haberse evitado el internamiento en general”.

Lendrino Tejerina llama la atención sobre el hecho de que los juzgados dejan en las ONG, que no son parte de estos centros siino que apoyan a los internos desde el exterior, la labor de la orientación en el procedimiento de regularización. “La pelota se la trasla a las ONG de fuera, que por supuesto estamos encantadas de ir a tramitar, pero pensamos que quien se tiene que hacer cargo es el Ministerio del Interior, que tutela a las personas internas y debería haber hecho una circular interna -como sí hizo en las prisiones- y no lo ha hecho. Esto que se ha hecho para un CIE, y a través de los juzgados, tenía que haberlo hecho la Comisaría General de Fronteras para todos los CIE e instando a que cada CIE responsable de informar de este procedimiento, de identificar a quien sea susceptible del mismo y de facilitar el acceso al mismo en coordinación con Cruz Roja -la única organización que recibe una subvención para prestar servicio en el interior de estos centros-. Y no se ha hecho”, concluye.

Desde el inicio de las negociaciones sobre el impulso de sistema estatal de reubicación de menores migrantes entre comunidades autónomas, el Partido Popular y Vox tiraron de un argumento habitual: los traslados generarían un “efecto llamada” que provocaría un aumento de las llegadas irregulares de niños y adolescentes extranjeros no acompañados ante la mejora de sus condiciones de acogida. Los datos del registro oficial de menores, a los que ha accedido elDiario.es después de más de dos años sin ser difundidos, confirman un descenso continuado en las llegadas de estos chavales tras la aprobación de la medida y la tramitación de la reubicación de alrededor de 2.000 adolescentes.

En mayo de este año, la cifra de niños y adolescentes ha bajado a 13.964, recuperando los niveles de julio de 2024, según los últimos datos a los que ha accedido elDiario.es. La cifra marca un punto de inflexión respecto al pico registrado entre finales de 2024 y principios de 2025, cuando el sistema de acogida llegó a albergar a más de 16.000 menores extranjeros en pleno debate político por la reforma de la Ley de Extranjería, cuando Canarias y Ceuta acogían a más del triple de su capacidad.

[Gráfico: Raúl Sánchez]

Aplicación de los traslados

En marzo de 2025, el Consejo de Ministros aprobó la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería que permitía la creación del sistema obligatorio de reparto de menores migrantes de aquellos territorios declarados en “contingencia migratoria”, tras el acuerdo alcanzado con Junts que garantizó su tramitación parlamentaria. La medida pretendía reducir la presión de los sistemas de acogida cuya ocupación triplicase la capacidad ordinaria de acogida, a través de un mecanismo de reparto por comunidades autónomas basado en criterios como la población, la renta o el número de chavales extranjeros tutelados previamente. Canarias, Ceuta y Melilla cumplieron poco después los requisitos para solicitar los traslados de chavales a otros puntos del país, siempre que se cumpliesen una serie de garantías.

Tras su aprobación, los primeros traslados se llevaron a cabo en septiembre de 2025. Casi un año después, el Gobierno ha tramitado 2.000 expedientes de niños y niñas desde Canarias, Ceuta y Melilla, según los datos proporcionados la semana pasada por la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego.

Por su parte, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, detalló en marzo de este año que un total de 1.143 menores migrantes no acompañados ya habían sido reubicados en otras comunidades autónomas, mientras que “muchos de ellos” solicitaron quedarse en esas comunidades por razones de arraigo. Otros, afirmó, habían cumplido la mayoría de edad antes de haberse producido el traslado.

Causas del descenso

La reducción del número menores migrantes acogidos en los últimos meses tiene varias causas. Uno de ellos es el ciclo vital de los menores: en el último año, más de mil adolescentes han salido del sistema de tutela pública tras haber alcanzado la mayoría de edad. Por otro lado, el descenso generalizado de las llegadas irregulares en 2025, especialmente a través de la ruta canaria, es clave para enter la reducción en el número de niños y adolescentes extranjeros. Mientras unos cumplen los 18 años, no entran al sistema de acogida tantos chavales como lo hacían antes.

No obstante, los flujos migratorios dependen de otros muchos factores, entre los que también se incluye las circunstancias del origen, las políticas migratorias con terceros países; por lo que un hipotético ascenso de las entradas no confirmaría per se el 'efecto llamada' defendido por la derecha. Sin embargo, el descenso sí descarta que el sistema de distribución de niños y adolescentes por comunidades autónomas haya generado el incremento augurado por PP y Vox.

Las llegadas clandestinas a suelo español disminuyeron un 42,6% en 2025 con respecto al año anterior, alcanzando su cifra más baja desde 2019, según los datos del Ministerio del Interior. En el conjunto de la UE la tendencia también ha sido a la baja, con una caída del 26% en comparación con 2024, según apuntan los datos de Frontex. 

La realidad de estos jóvenes desmonta otro de los estigmas habituales que vinculan la migración juvenil con la exclusión social. La reforma del Reglamento de Extranjería que facilitó los permisos de trabajo y residencia para este colectivo facilitó su inclusión y tiene un impacto en el mercado laboral. Según las cifras del Observatorio Permanente de la Inmigración (OPI) correspondientes a junio de 2025, el porcentaje de afiliación a la Seguridad Social de los jóvenes extutelados se situaba en un 62%. Casi dos de cada tres jóvenes que salen del sistema de protección consiguen un empleo formal y cotizan, atendiendo a estos datos.

El goteo a la baja de las cifras desarma los argumentos que PP y Vox sostuvieron durante los meses de la crisis de acogida en Canarias y Ceuta (ambos gobernados total o parcialmente por el PP), los territorios que recibieron la declaración de “contingencia migratoria”, que permite la activación de los traslados a otras comunidades para asegurar condiciones de acogida con garantías. Ambas formaciones llegaron a condicionar pactos de gobierno y presupuestos autonómicos bajo la premisa de que la distribución de estos niños por la península actuaría como un imán para las redes de tráfico de personas.

Según anunció el ministro Ángel Víctor Torres, el Gobierno de España aprobará un Real Decreto antes de agosto de 2026 con el que “se podrá prorrogar” la normativa con la que se regula el sistema de traslados de niños y adolescentes migrantes en caso de que otras comunidades autónomas vuelvan a necesitarlo, aunque su reactivación dependerá de un nuevo respaldo parlamentario.

Un registro cuestionado

Desde mediados de 2024, el Gobierno dejó de facilitar a la prensa los números de sus registros estatales alegando las deficiencias que caracterizan al sistema con el que España contabiliza los niños y adolescentes extranjeros no acompañados que acoge. Anteriormente, se trataba de unos datos que el Ministerio de Interior solía proporcionar a los medios con cierta frecuencia, cuando la prensa preguntaba directamente por ellos. No obstante, en 2024, durante las negociaciones sobre la reubicación de menores, el Ejecutivo central dejó de proporcionarlos.

El Gobierno reconocía entonces que no era fiable el único sistema utilizado para contabilizar los menores extranjeros no acompañados que acogía. No es ninguna novedad, se trata de un problema histórico ligado al mecanismo de registro de estos niños y adolescentes, reconocido por la Fiscalía, por el Ministerio del Interior, y denunciado año tras año por el Defensor del Pueblo.

El único mecanismo estatal para contabilizar el número de menores migrantes albergados en cada comunidad es el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados (RMENA), coordinado por la Fiscalía y gestionado por el Ministerio del Interior con los datos trasladados desde las comunidades autónomas.

El Defensor del Pueblo lleva años señalando las deficiencias detectadas en este registro. Su informe anual de 2019 profundizó en “la escasa fiabilidad de los datos” del registro de menores extranjeros no acompañados. “Las constantes quejas recibidas y las significativas carencias, reiteradamente comprobadas por esta institución en las actuaciones que realiza, deberían llevar a una revisión urgente del funcionamiento del citado registro”, señaló el documento de la institución dirigida entonces por Francisco Fernandez Marugán.