Desde el Príncipe, Ahmed Enfeddal, presidente de la Asociación de Vecinos del barrio, se muestra a elDiario.es decepcionado pero no sorprendido con la ausencia real: “No teníamos fe que visitara el barrio. Nos hubiese gustado que lo hubiese hecho o al menos que nos hubieran invitado a la recepción que ha hecho”. El Rey ha celebrado en el Parador de Ceuta la tarde de este miércoles un “encuentro con una representación de la sociedad ceutí” entre la que no se encontraron los vecinos del barrio que acoge un colegio con su nombre.

En cambio, sí ha visitado el Colegio Vicente Aleixandre, el Ayuntamiento de Ceuta y ha realizado un acto de recuerdo a las personas que murieron en el mar el 30 y 31 de julio en el cementerio de Sidi Embarek. En el encuentro en el Parador, el rey ha destacado ante la sociedad ceutí que “Ceuta es España y parte de la Unión Europea”.

Un taxista ceutí de origen árabe que prefiere no decir su nombre destaca que la visita real “ha sido muy importante para los intereses de toda la ciudadanía de Ceuta y han demostrado que Ceuta es como cualquier ciudad, pueblo o comunidad autónoma española”. El trabajador destaca que los Reyes han transmitido la tranquilidad de saber que Ceuta es España. En cambio, hubiese preferido que los Reyes visitasen un colegio alejado del centro al “no discriminar a ningún barrio de la periferia”.

‘Apartheid’ sanitario en Ceuta

Mientras los Reyes homenajeaban a las personas fallecidas en el mar el 30 y 31 de julio, Khalid, de 30 años, se quejaba amargamente de que dormiría esta noche en la calle pese a haberse roto la tibia y el peroné al huir de los militares mientras dormía al raso a finales de septiembre. Operado en el Hospital Universitario de Ceuta el 12 de octubre, dado de alta al día siguiente, no logra acceder al campamento montado por las autoridades en el vecino barrio de Loma Colmenar. Bajó la cuesta, llorando, solo, sin apoyo de ningún tipo para evitar apoyar la pierna rota. Pese al dolor y ni contar con muletas, desde el centro dicen que necesita un parte médico que diga explícitamente que necesita una cama en un centro.

elDiario.es ha podido constatar cómo la seguridad del Hospital Universitario de Ceuta hace esperar fuera a los migrantes que necesitan atención, en unas sillas, junto a una patrulla de militares. También les hacen un registro con detector de metales antes de pasar al hospital Al resto de personas no lo han hecho pasar por este trámite, sentadas en la sala de espera y sin cacheo. Desde Seguridad del hospital señalan a elDiario.es que desde julio son órdenes de dirección del hospital que los inmigrantes esperan fuera y son cacheados antes de entrar.

Apoyo al rey entre los migrantes que resisten en Tarajal

Cerca de la frontera marroquí, junto a las naves del Tarajal, resiste el prácticamente último asentamiento de personas migrantes en el casco urbano tras el desalojo de los campamentos costeros en las últimas semanas. Allí viven en tiendas de campaña o construcciones improvisadas con la ayuda de personas solidarias y colectivos como las Brigadas de Apoyo Mutuo que le hacen curas y dan comida todos los días tras la retirada de éstas labores que hacía Cruz Roja. 

Con chándal rojo, Ryan, de 20 años, destaca la “alegría” de la llegada del Rey de España a Ceuta porque ha visitado a las personas fallecidas que murieron al intentar entrar a Ceuta a nado este verano. “Felipe VI ha hecho algo que Mohamed VI no ha hecho”. Ryan espera que esta “buena noticia” traiga cosas buenas para los inmigrantes.

A sus 30 años, Abdul comparte la importancia de que el rey de España haya rezado por “las almas de las personas fallecidas por esta crisis”. “Es muy importante para los inmigrantes”, destaca.

“Nos hubiera gustado decirle un par de cosas al Rey. Sabemos que no tiene responsabilidad política, pero podría haber mediado con los partidos políticos para que los partidos de derecha y extrema derecha dejasen de bloquear el traslado a la península de menores que están viviendo en las calles y sufriendo violencia”, resume el presidente de la Asociación de Vecinos del Príncipe.

La última vez que unos reyes españoles visitaron Ceuta y Melilla, Marruecos respondió con una crisis diplomática. En noviembre de 2007, el viaje de Juan Carlos I y Sofía provocó la retirada temporal del embajador marroquí en Madrid, manifestaciones en las fronteras y una condena pública del actual rey marroquí, Mohamed VI. Casi 20 años después, Felipe VI y Letizia regresan a ambas ciudades en un escenario marcado por la mayor crisis migratoria registrada en Ceuta y el resurgimiento de las reivindicaciones territoriales marroquíes. 

La visita, la primera de Felipe VI desde su proclamación en 2014, llega apenas dos meses y medio después de que más de 80.000 personas cruzaran la frontera desde Marruecos durante los días 30 y 31 de julio. Para Rabat, la presencia del monarca español tiene una dimensión que transciende de lo protocolario. Desde su independencia en 1956, Marruecos reivindica ambas ciudades como parte de su territorio nacional. España, por su lado, rechaza cualquier cuestionamiento de su soberanía y recuerda que las dos ciudades forman parte de su territorio y de la Unión Europea. 

El precedente de 2007

Los días 5 y 6 de noviembre de 2007, Juan Carlos I y Sofía realizaron una visita oficial a Ceuta y Melilla que desató una de las mayores tensiones diplomáticas entre ambos países de aquella década. En aquel momento, la respuesta marroquí llegó incluso antes del desplazamiento. 

El 2 de noviembre, Mohamed VI ordenó llamar a consultas a su embajador en Madrid, Omar Azziman, por tiempo indeterminado. Entonces, el Ministerio de Exteriores de Marruecos calificó la visita de “lamentable” y recuperó la expresión “ciudades ocupadas” para referirse a ambos territorios. 

La protesta también incluyó manifestaciones en las inmediaciones de Melilla y la suspensión de próximas reuniones bilaterales de alto nivel. El 7 de noviembre, el propio Mohamed VI condenó públicamente el viaje, al que atribuyó posibles consecuencias para el futuro de las relaciones entre Madrid y Rabat. 

Desde entonces, Rabat reclamó abrir un diálogo sobre el futuro de las ciudades autónomas, recuperando una propuesta que Hasán II, anterior monarca y padre de Mohamed VI, ya había planteado en los años ochenta a través de la conocida “célula de reflexión”. España rechazó negociar su soberanía y la crisis se prolongó durante dos meses, hasta que el embajador marroquí regresó a Madrid en enero de 2008. 

La crisis en Ceuta reactiva las reivindicaciones territoriales

A diferencia de 2007, la visita de Felipe VI llega después de una crisis que también ha afectado a la seguridad fronteriza y marítima. A las entradas masivas de julio se suman las incursiones de una fragata y varias patrulleras de la Marina Real marroquí en aguas que España considera bajo su soberanía, según reveló El País. Este 12 de octubre, Pedro Sánchez ha confirmado los incidentes, aunque ha asegurado que se resolvieron con la interlocución entre ambos países. 

En paralelo, distintos responsables marroquíes han vuelto a situar a Ceuta y Melilla en el debate político y geopolítico. El 21 de agosto, el entonces ministro de Justicia, Abdellatif Ouahbi, defendió durante una entrevista con la televisión pública 2M los supuestos “derechos históricos y geográficos” de Marruecos sobre ambas ciudades. Reclamó mecanismos de diálogo con España para encontrar una solución que permitiera un “retorno al seno de la patria”.

Unos días después, el 25 de agosto, durante una ceremonia religiosa presidida por Mohamed VI, el ministro de Asuntos Islámicos, Ahmed Toufiq, evocó la “lucha sagrada” para liberar las “ciudades ocupadas”, en una intervención interpretada como una alusión a las reivindicaciones territoriales marroquíes. 

La cuestión territorial también protagonizó parte de la campaña electoral que precedió las elecciones legislativas del pasado mes de septiembre. Nizar Baraka, ministro de Equipamiento y Agua y secretario general del partido nacionalista Istiqlal, aseguró a finales de agosto que España era un “socio esencial”, pero que Marruecos no retrocedería “ni un solo palmo de su territorio nacional”.

El 5 de septiembre, Nabil Benabdellah, secretario general del Partido del Progreso y del Socialismo, afirmó en un acto en Driuch que Ceuta y Melilla eran “dos ciudades marroquíes ocupadas”. Ese mismo día, Mohammed Ouzzine, dirigente del Movimiento Popular, reivindicó los “legítimos derechos históricos” marroquíes sobre ambos territorios. 

Del rechazo de la prensa al silencio

El anuncio oficial del viaje, el 1 de octubre, volvió a colocar la cuestión territorial en el debate mediático marroquí. Un día después, un medio cercano a los círculos de poder de Rabat publicó un editorial que calificaba el desplazamiento de “provocación anunciada”. El artículo recuperaba expresiones como “territorio marroquí ocupado” y acusaba a la Corona española de ceder ante las presiones del Partido Popular y Vox. Sin embargo, estas críticas no equivalen a una posición oficial del Palacio Real. 

El mensaje más relevante llegó el pasado 9 de octubre, cuando durante el arranque parlamentario tras las elecciones, Mohamed VI se pronunció por primera vez sobre la crisis migratoria del verano. El soberano criticó la actuación de determinados sectores políticos y mediáticos españoles y advirtió de que la cooperación bilateral, que calificó de decisión soberana de Marruecos, no podía quedar sometida a “ninguna presión o amenaza, ni a ningún chantaje”. 

También cuestionó las disposiciones legales españolas que dificultan las repatriaciones y anunció una nueva propuesta estratégica de cooperación. Aun así, y en lo que está relacionado con la visita oficial de los monarcas españoles, Mohamed VI no condenó expresamente el viaje ni reivindicó directamente Ceuta y Melilla, a diferencia de 2007. 

¿Qué puede ocurrir?

El contexto bilateral ha cambiado en los últimos 20 años. Desde que España respaldó en 2022 el plan marroquí de autonomía para el Sáhara Occidental, ambos países han reforzado su cooperación migratoria, económica y de seguridad. Tanto es así, que comparten proyectos estratégicos y trascendentales mundialmente como la organización del Mundial de 2030 junto a Portugal. 

Una escalada diplomática podría comprometer intereses compartidos. Mientras que Marruecos necesita preservar su relación con uno de sus principales socios comerciales e interlocutor con la Unión Europea, España depende de la cooperación de Rabat en material fronteriza, migratoria y antiterrorista. 

Entre las posibles respuestas figura mantener las críticas a través de medios y dirigentes políticos, presentar una propuesta diplomática formal o recuperar medidas similares a las de 2007. Hasta el momento, ninguna de estas últimas medidas ha sido anunciada ni ejecutada por Rabat. 

Con nocturnidad y sin permitir completo acceso a los medios de comunicación, la Policía Nacional y el Ejército procedieron en la mañana de este domingo al desalojo de la explanada del Guano. Se trata del último espacio de la bahía norte de Ceuta que aún albergaba asentamientos de personas migrantes fuera de los espacios habilitados por el Gobierno y la ciudad autónoma. Los desalojados abandonaron el lugar exclamando: “Adiós España”. Una frase que cobró pleno sentido cuando tras ser conducidos en autobuses a la frontera, la mayoría de los adultos regresaron a Marruecos siendo llevados por agentes policiales. Además, la Guardia Civil tomó los datos a los medios de comunicación presentes avisándoles de la prohibición de tomar imágenes bajo amenaza de medidas contra ellos en caso de que salieran publicadas.

El fin del último asentamiento costero de la localidad estaba cantado desde hacía varios días. Algunos de los allí alojados optaron por abandonar la zona antes de que se produjera un movimiento que tiene lugar dos días antes de la visita de los reyes a Ceuta. Desde las siete de la mañana varios grupos dejaban el espacio cargados con sus bártulos: “Vamos a la mezquita”, comentaba Yassin acompañado de tras cinco personas más. Luego volvería al lugar y optaría por dirigirse a la pedanía fronteriza de Benzú para evitar el traslado forzoso.

Algunos furgones policiales pasaban despacio por el lugar, hasta que finalmente, cinco minutos antes de las ocho, se inició el operativo. Decenas de vehículos, entre lecheras y tanquetas, agentes de la Policía Nacional y militares. Todos ellos crearon un cerco, cerrando la explanada.

No presentaron excesiva resistencia los migrantes, que se encontraron con gritos bruscos por parte de los agentes. “Tú para aquí”, “sentados”. Les decían acumulando a mayores a un lado y a menores a otro. De la parte derecha de la playa salieron unos cuarenta adultos y quince pequeños. A este grupo se incorporaron otro medio centenar de personas sacadas de las tiendas del lado izquierdo, cuyo desalojo no pudo ser presenciado por los medios por orden de la Policía.

Los afectados salieron por su pie exclamando: “Adiós España”. También portaban algunos carteles con mensajes difíciles de apreciar en la distancia.

Un secreto a voces

El ´runrún’ sobre un posible desalojo de la zona del Guano ya corría desde la semana pasada, poco después de que el Trampolín quedara vaciado. La incógnita residía en dónde irían a parar las personas migrantes allí asentadas. Fuentes de la Delegación del Gobierno aseguraban este sábado que había espacio para todos en los asentamientos ya listos, es decir, los del Puerto, Loma Colmenar, Loma Margarita, la Hípica y la zona de Caballería, así como en los recursos del Área de Menores de la Ciudad Autónoma. Sin embargo, otras personas del propio organismo daban por prácticamente completa la capacidad de los campamentos para adultos, así como la del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI).

A la par, reconocían que contaban con “retornos voluntarios”. Más de mil regresos presuntamente espontáneos se produjeron tras el cierre del Trampolín. Sin embargo, migrantes y organizaciones consultadas por elDiario.es aseguran que, cuanto menos, se produjeron bajo presión, al indicar las Fuerzas de Seguridad a los afectados que de no retornar en ese momento y ser filiados, acabarían siendo repatriados tras el procedimiento legal y pesaría sobre ellos la prohibición de entrar en la Unión Europea por un lustro (una sanción que no siempre se produce ni es tan automática como trasladan).

A las ocho y veinte llegaron los autobuses, tres. La Policía ordenó a los migrantes que se metieran dentro. De allí los adultos, menos de un centenar, fueron a la frontera. Su destino debía ser el Centro de Atención Temporal de Emigrantes (CATE) para su filiación. Sin embargo, la mayoría retornaron a Marruecos en algunos casos cogidos del brazo por agentes y en el resto al menos escoltados. Lo hicieron por el interior del recinto del Tarajal, prácticamente ‘a puerta cerrada’ y sin que se permitiera a los medios tomar imágenes. De hecho, la Guardia Civil identificó a varios periodistas, advirtiéndoles de posibles medidas si publicaban fotos o vídeos en sus cabeceras.

Interior, pese a las imágenes de medios como el Faro de Ceuta en las que se ve a agentes empujando a los migrantes en la frontera, sigue insistiendo que son “retornos voluntarios”. “Mantenemos que el procedimiento no ha variado y que ha sido el mismo que ya se llevó a cabo en Trampolín y Benítez. Traslado al CATE para iniciar el triaje y retornos voluntarios de aquellos migrantes que optan por evitar ese paso y la consiguiente filiación”, aseguran desde el Ministerio.

Los menores, que eran mayoría entre los desalojados del Guano, fueron llevados a la Jefatura Superior de la Policía Nacional, para su filiación. Después la Ciudad Autónoma deberá ubicarlos en espacios donde pueda ejercer su tutela. Hasta ahora hay más de una veintena de alojamientos en funcionamiento.

Por su parte, el Ejecutivo central también tiene en marcha la creación de un nuevo equipamiento en la zona del Centro Penitenciario. Un espacio que permitiría acoger a más de un millar de personas y al que, según fuentes de la Ciudad Autónoma, aún le quedaría “un mes de obra” para poder estar operativo.

Allí podrían ir a parar las personas que sean trasladadas próximamente. Todavía restan numerosos migrantes que subsisten a la intemperie en el Polígono del Tarajal y especialmente en las barriadas del Príncipe y Los Rosales, cuyas calles lucen completamente repletas durante la noche. El resto de la localidad ha recuperado prácticamente la normalidad, incluidos muchos de los barrios que hace pocas semanas albergaban a centenares de personas en un trasiego constante.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha ofrecido unas declaraciones a primera hora de la tarde en la que ha justificado los desalojos de zonas costeras de Ceuta, cuyas operaciones ha dado por concluidas, y ha cifrado en cerca de 12.000 las personas que han retornado a Marruecos desde el 10 de agosto.

“Adquirimos un compromiso hace semanas y fue que el 15 de octubre alcanzaríamos la normalidad en las costas de Ceuta, los distintos asentamientos. Bueno, lo hemos conseguido incluso antes, el 11 de octubre”, ha afirmado.

Torres ha advertido, no obstante, de que las actuaciones no han concluido y de que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado centrarán ahora parte de sus esfuerzos en otros puntos de la ciudad, especialmente en las calles y los barrios donde todavía pueda haber personas migrantes que pernocten al aire libre.

“Vamos a seguir trabajando para que esa normalidad sea completa con las personas que queden en los barrios, de acuerdo a los informes, indicaciones y actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”, ha señalado el ministro.

Les había despertado un despliegue policial sin precedentes. Decenas de furgones policiales, incluso un tanque blindado de la Policía Nacional, irrumpieron en la playa donde dormían desde su llegada a Ceuta a nado a finales de julio. Tras sacarles de sus tiendas y colocarles en grupos rodeados de agentes, tres intérpretes con chalecos de la ONG Engloba comenzaron a tranquilizarles. “Decían que eran de una asociación. Nos juraban que, si nos subíamos en los autobuses, nos iban a llevar a un campamento del Gobierno”, explica Taha, un joven marroquí conocido como uno de los peluqueros del ya simbólico asentamiento del Trampolín. “Es el mayor engaño de mi vida”, añade el chico, que nunca llegó al lugar prometido, sino a Marruecos. 

Taha tiene 21 años y llevaba 65 días en Ceuta. Antes de dormir en una cabaña en la playa del Trampolín, malvivió en distintos puntos de la ciudad, hasta en las rocas próximas al faro. Ha pasado hambre, sed y denuncia haber sido agredido por militares españoles. Si aguantó tanto era, cuenta, porque no quería volver a Marruecos. Por eso se enfada, alza la voz incrédulo y se lleva las manos a la cabeza cuando escucha la versión del Gobierno sobre su regreso a su país: “Están diciendo en todas partes que fue voluntario. Lo he visto en El Faro de Ceuta. Lo está diciendo la Policía. No es verdad. Nos echaron. Nos dijeron que no había otra opción”, dice por videollamada, con un tono de indignación notable, desde la ciudad próxima a Tánger donde vive. 

Tras el rápido desalojo de la playa del Trampolín, justo una semana antes de la visita de los reyes de España a Ceuta, el Ministerio del Interior ha asegurado que buena parte de las personas que allí malvivían desde hace dos meses decidieron volver voluntariamente. Según detallan, después de trasladarles en autobuses a una puerta que conecta la aduana con las naves del Tarajal, donde se encuentra el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (una especie de comisaría donde identifican y hacen el triaje a los migrantes), se les daba a elegir entre filiarse o irse a Marruecos. El Gobierno asegura que la mayoría optó por regresar a su país para evitar poner sus huellas en la base de datos de España y acabar igualmente expulsados con una supuesta sanción que conlleva su prohibición de entrada a la UE en cinco años (una sanción que no siempre se produce ni es tan automática como trasladan). 

Si bien los migrantes desalojados de la playa de Benítez sí confirmaban que se había llevado este procedimiento, denunciaban presiones y haber recibido información falsa por parte de policía que les hizo decantarse “bajo presión” por regresar a Marruecos. Pero, los migrantes desalojados del Trampolín van más allá. Una decena de marroquíes retornados con los que ha hablado elDiario.es no hablan de “presión” en la toma de una decisión como los de Benítez, sino que asegura que fueron engañados y que la Policía los devolvió de manera forzosa. 

“Nos traicionaron. Mienten. No nos preguntaron, lo juro. Qué vergüenza. Son unos monstruos mentirosos”, dice Jacob con indignación, otro de los chicos marroquíes retornados el pasado domingo tras su desalojo de la playa del Trampolín. “No nos permitieron hablar. Nos dijeron que había una nueva ley y que solo los niños podrían quedarse”, afirma el joven. La afirmación de que una nueva ley (inexistente) que dice que solo se pueden quedar los menores es repetida en varios de los testimonios recabados por este medio. 

“Había tres personas con chalecos blancos que nos decían, nos juraban, que nos iban a llevar a un campamento”, cuenta Teha. “Hasta que nos metieron en el autobús no nos dimos cuenta de que eso no iba a ningún campamento, que íbamos a aduanas”. Al igual que otra decena de personas contactadas por elDiario.es afirma que no conocieron el destino del autobús hasta que llegaron a la frontera y que, una vez allí, no tuvieron posibilidad de decidir si querían regresar a Marruecos.

El autobús se detuvo en la entrada a las naves del Tarajal, cuentan los migrantes consultados. Allí, según Teha, dos agentes de la Policía Nacional que hablaban dariya les comunicaron que “ninguno” se quedaría en Ceuta. “Nos dijeron que lo sentían mucho, pero que no se iba a quedar ninguno, que nos teníamos que ir”, explica el marroquí. 

Taha quería pedir asilo y asegura que así se lo trasladó a los agentes. Según defiende, ha tenido problemas en Marruecos y quería solicitar protección. “Les dije que tenía pruebas de que lo estaba pasando mal en Marruecos, que quería asilo. Pero dijeron que no había asilo. Decían que Ceuta se tenía que quedar limpia porque venían los Reyes y que iban a echarnos a todos. Que daba igual, que no se podía quedar nadie”. 

Después de esos minutos en los que los migrantes bajan del autobús en grupos de cinco, otros policías los acompañan a la valla con Marruecos. Atraviesan la aduana y son dirigidos al área comprendida en la zona de seguridad de la playa del Tarajal. Allí caminaron hasta la puerta ubicada en la misma alambrada. Este medio ha preguntado que, por qué en ese momento no trataron de resistirse o huir. “Había muchísimos militares alrededor, había policías. Habíamos visto a un hombre que, cuando nos avisó de que estaban echando a todos por la frontera, le agarraron, se lo llevaron y le pegaron muy fuerte. Con eso en la cabeza, ¿cómo íbamos a escapar?”, detalla. 

Taha se refiere a un momento del desalojo que quedó grabado por distintos medios de comunicación. Durante las 21 horas de operativo, los mensajes trasladados por los intérpretes de Engloba habían logrado mantener calmados a los migrantes que, sentados, esperaban su supuesta acogida en los campamentos oficiales. Pero, de repente, uno de los marroquíes que aguardaba en la playa recibió una llamada, cuenta el marroquí.

“Un amigo que había estado con nosotros en el Trampolín, al que ya se lo habían llevado a la frontera en el autobús le llamó y le dijo: ‘Es mentira, nos han tirado, nos han echado’”, recuerda el marroquí. Quien recibió la llamada empezó a avisar al resto del grupo. El mensaje comenzó a extenderse entre los demás. Según el relato de Taha, los traductores se dieron cuenta y avisaron a la Policía. El joven que había dado el aviso fue apartado del grupo.

“Entraron, lo cogieron, lo arrastraron y se lo llevaron detrás de un bloque. Le estaban dando golpes. Solo escuchábamos sus gritos. Solo por avisarnos de que no íbamos a ningún campamento, de que les habían echado”, continúa. Este medio, y otros tantos, grabó un momento que coincide con lo descrito por Taha. Aunque los periodistas presentes no podían escuchar lo que se decían, dado que el cordón policial estaba muy alejado, las imágenes captan un momento en que decenas de migrantes que hasta el momento se habían mantenido tranquilos comienzan a rebelarse, a levantarse. Algunos incluso logran escaparse del cordón policial. Posteriormente, uno de ellos es retenido por dos antidisturbios, y lo colocan detrás de uno de los furgones. 

“Teniendo eso en la cabeza, ¿cómo íbamos a huir? Sabíamos que podían hacernos eso o algo peor”, se pregunta Teha, ya en su casa de Marruecos. Allí llegó más de 24 horas después de cruzar la frontera. Los gendarmes marroquíes, asegura, le mandaron al sur del país, a Beni Melal, pese a que vive cerca de Tánger. “Al menos yo tenía algo de dinero y pude pagarme el transporte de vuelta”, explica mientras muestra el billete de autobús a la cámara. “Otros amigos aún siguen allí tirados pidiendo dinero para volver a sus ciudades”.

Además de Taha, elDiario.es ha hablado con una decena más de migrantes cuyo relato coincide. Muchos no se conocen entre sí y, sin embargo, describen el mismo modus operandi. Este medio ha decidido destacar el de Taha al ser el testimonio recogido con más detalle, tras una hora y media de entrevista. A continuación, añadimos lo trasladado por otros de los jóvenes que denuncian haber sido devueltos tras su desalojo del Trampolín:

Hassan

Hassan, natural de Casablanca, estuvo dos meses y una semana en el asentamiento de El Trampolín antes de ser desalojado el primer día de la operación policial. Recuerda que la intervención de la Policía Nacional se produjo de madrugada, mientras dormían. “Pensábamos que era como a los otros que los habían juntado y se los llevaron a las carpas”, explica, en referencia al traslado de otras personas a las tiendas instaladas en el Puerto. Antes del traslado, varias personas, identificadas con el chaleco de Engloba, se acercaron a ellos para tranquilizarlos. “Nos dijeron: ‘mirad, estad tranquilos. Os van a llevar a poner huellas y os van a traer a las carpas. Ya os tienen preparadas las tiendas’. Nosotros ahí nos tranquilizamos”. Sin embargo, la situación cambió cuando llegaron los agentes. “Vinieron con esas furgonetas, entraron a las tiendas y empezaron a pegar a la gente. Al que no quería salir, le pegaban. La verdad es que nos maltrataron mucho”.

Hassan asegura que fueron trasladados con la promesa de que les tomarían las huellas. “Cuando llegamos a la frontera, un traductor nos dijo: ‘Perdonadnos mucho por estos meses que habéis pasado aquí de sufrimiento, de hambre’. Luego nos dijo que nos iban a sacar a Marruecos”. Afirma que ni él ni otros compañeros tuvieron la oportunidad de explicar su situación personal. “Nosotros queríamos hablar de lo que tenemos, de las solicitudes de asilo, porque hay gente que tiene motivos para tramitar el asilo, pero no nos escucharon”. También sostiene que el intérprete no trasladaba fielmente lo que ellos intentaban comunicar: “La persona que traducía no estaba diciendo a la policía lo que nosotros le estábamos diciendo, le decía otra cosa diferente”.

Tras la devolución, relata que al llegar a la aduana marroquí les retiraron sus pertenencias. “Nos quitaron nuestro dinero, todo lo que habíamos sacado con nosotros de Ceuta nos lo quitaron. A algunos les quitaron el teléfono, no a todos”. Hassan explica que había salido de Marruecos con la esperanza de construir una vida mejor. “Teníamos la intención de trabajar allí y buscar una vida nueva, una vida digna, para ayudar a nuestros padres”. Y concluye: “Esperamos, ojalá, que podamos volver. Nosotros queríamos trabajar para España y ser una esperanza en su prosperidad”.

Karim (nombre ficticio)

Karim (nombre ficticio para proteger su identidad) natural de El Jadida, fue otra de las personas desalojadas de El Trampolín durante el primer día del operativo. Relata que la intervención policial fue un momento de gran tensión. Según explica, los agentes rodearon completamente la playa mientras varias personas identificadas con chalecos de una asociación, les aseguraban que serían trasladados para verificar su identidad y posteriormente llevados a las tiendas de campaña habilitadas por las autoridades. “Pensamos que era una buena noticia”, recuerda. Sin embargo, afirma que una vez subidos a los autobuses y trasladados hasta las inmediaciones de la frontera, les comunicaron que “hay un acuerdo entre España y Marruecos. Los mayores os vais todos fuera, solo se quedan los menores”, asegura. “No había huellas ni ningún otro trámite. Directo a Marruecos”, insiste.

El joven sostiene que nunca tuvo la oportunidad de solicitar protección internacional ni de exponer su situación personal. “No, nunca. No nos dieron ninguna oportunidad”, afirma al ser preguntado por este medio por la posibilidad de pedir asilo. También rechaza la idea de que el retorno se produjera de forma voluntaria. “Nosotros no volvimos por nuestra propia voluntad”, insiste, señalando que durante toda la operación se sintieron obligados a obedecer las órdenes policiales porque estaban rodeados y no tenían posibilidad de marcharse. Según su relato, hasta el momento de llegar a la frontera apenas recibieron información sobre lo que iba a ocurrir.

Antes de instalarse en El Trampolín, Karim había pasado semanas durmiendo en la montaña y, posteriormente, en distintos puntos de Ceuta, tras no conseguir plaza en el campamento del Puerto pese a intentarlo. Explica que su objetivo al salir de Marruecos era encontrar trabajo y ayudar económicamente a su familia. “Solo quería vivir dignamente y pensar en el futuro”, señala. También lamenta que, a su juicio, el comportamiento de una minoría de personas terminara condicionando la percepción sobre el conjunto de los migrantes. “Que expulsen al que causa problemas, pero no a todos”, afirma. “Yo solo quería trabajar, ayudar a mi familia y construir una vida mejor”.

Rafik

Rafik, natural de Tetuán relata que tras ser trasladados en autobús fueron conducidos hasta las instalaciones situadas junto a la aduana, donde los iban bajando en grupos de cinco. Allí, asegura, varias traductoras les comunicaron que Ceuta estaba “llena” y que no tenían ninguna posibilidad de permanecer en la ciudad. “Nos dijeron que no había asilo ni nada, que nos fuéramos”, explica. En varios vídeos grabados durante el trayecto y publicados en sus redes sociales mostró el traslado en autobús hasta la frontera y su posterior llegada a Marruecos, insistiendo en que la devolución se produjo sin ningún trámite previo: “Ni huella ni nada”.

Rafik sostiene que él y otros compañeros intentaron manifestar su voluntad de solicitar asilo, pero que no fueron escuchados. “Les dijimos que queríamos pedir asilo y nos echaron directamente por la puerta de la aduana”, afirma. También asegura que uno de sus amigos expresó la misma intención y que, según su versión, fue golpeado por los agentes antes de ser expulsado junto al resto. “Te juro que no nos dejaron hablar”, lamenta. La experiencia le dejó una profunda sensación de desamparo. “Nos ahuyentaron como perros salvajes”, resume.

Bilal

Según el relato de Bilal, de Kenitra cuando intentó plantear la posibilidad de solicitar asilo no recibió ninguna respuesta ni oportunidad de formalizar la petición. “No me dieron la opción de quedarme cuando les pregunté por el asilo. Ni firmé nada”, asegura. Explica que, una vez trasladados hasta las inmediaciones de la frontera, les comunicaron que serían entregados a las autoridades marroquíes. “No hubo opción de tramitar el asilo, no me dieron la opción de hablar”, afirma. 

También recuerda que les advirtieron de que quienes estuvieran o quisieran ir al campamento serían devueltos a Marruecos y no podrían volver a entrar en Europa durante cinco años. Tras la expulsión, fue trasladado hasta Beni Mellal. Según su testimonio, el procedimiento en el lado español de la frontera fue muy rápido: “Tardamos cinco minutos en hacer todos los trámites”.

Mohammed

Mohammed, originario de Tetuán, compartía tienda de campaña con Bilal y ofrece un relato similar. Asegura que, mientras permanecían en El Trampolín, varias personas que se identificaron como responsables de los campamentos informales de acogida actuaron como traductores y les garantizaron que serían trasladados a esas instalaciones. “Nos dijeron que iríamos al campamento y nos lo confirmaron jurándolo, pero fue un engaño”, sostiene. 

Según explica, una vez en la zona fronteriza les comunicaron que debían regresar a Marruecos y les recomendaron intentar acceder a España por vías legales en el futuro. “Solo nos dijeron que lo sentían y que teníamos que buscar una manera legal para entrar en España, como una visa o similares”, recuerda. Afirma que trató de explicar su situación y mencionar la posibilidad de solicitar asilo, pero que no fue escuchado. “Me sacaron directamente a Marruecos”, concluye.

Es una mañana habitual dentro de la carpa que acoge a mujeres y menores en Sidi Embarek cuando, de pronto, reina el silencio. Karima, Fatima y Abdellah se distribuyen por distintos puntos, sorteando las mantas que han arropado los cuerpos de las mujeres que cruzaron a Ceuta a finales de julio. A su alrededor, quedan recuerdos, libretas y juguetes. Todos los ojos se posan sobre ellos. Sued, una niña de 13 años contiene la respiración. Saida, que llegó a Ceuta sola desde Fez, observa asustada: “Hermana, ¿qué va a pasar? ¿Qué van a hacer con nosotras?”, pregunta una y otra vez. Oumaima trenza el pelo de su hija mientras Ahmed, de 10 años, sostiene su patinete oxidado y desgastado.

Abdellah pide silencio, Fatima insiste y Karima aguanta un taco de folios. “Nos vamos”, grita Abdellah. “Salimos de aquí, hermanas. Nos vamos a una nueva carpa”, añade. Las cerca de 300 personas que han convivido durante los últimos 60 días entre las paredes de lona blanca van a ser trasladadas a un nuevo recurso. El destino es el nuevo asentamiento de Caballería, próximo a la playa Benítez, que gestiona CEAR. El campamento es uno de los espacios habilitados por el Gobierno para ampliar la capacidad de acogida. Los trabajos comenzaron a mediados de septiembre y el recurso ha sido acondicionado con carpas para albergar principalmente a mujeres y personas vulnerables. Su capacidad prevista ronda las 540 plazas. Al fondo de la carpa, un grupo de mujeres se abraza y llora ante la noticia. Son lágrimas de alivio. Para ellas, al menos, supone un paso más después de meses de incertidumbre. “Gracias a Dios, gracias a Dios. Que Dios nos proteja”, insiste una de ellas mientras arropa a su hija pequeña.

Entre el jolgorio y el estallido de alegría, Nadia está sentada en una esquina. Sus hijos están en un centro de menores y se reúne con ellos todos los días. “He visto las noticias. A muchos de los jóvenes marroquíes que estaban en la playa del Trampolín los han devuelto a Marruecos. Tengo miedo de que nos pase lo mismo”, explica a este medio. Nadia vivió en Ceuta hace 30 años y explica que tuvo que volver a Marruecos por problemas familiares. Trabajaba como porteadora y, con la llegada de la pandemia, y la prohibición de su trabajo, su vida se desplomó. “Me quedé sin trabajo y sin familia. Tengo que sacar adelante mi vida y la de mis hijos. Solo quiero otra oportunidad”, añade.

De las maletas a medio hacer empiezan a brotar sudaderas, chaquetas y pantalones. Bolsas de plástico vacías que se llenan de vida. Un niño que sostiene en sus manos un tractor de juguete y le pide a su madre si puede llevarlo con él. Una niña, Soraya, se cambia los zapatos para ponerse “los más bonitos”. Un bebé inquieto y una madre que se angustia por él. Karima abraza a las más emocionadas y a las que, inevitablemente, sienten miedo. Abdellah responde a las dudas, mientras Fátima coordina la salida.

A la emoción del momento y del lugar le acompaña la música. Una música que no sale de los altavoces de los teléfonos móviles, sino de sus gargantas. Muchas de las mujeres cantan mientras recogen. Otras, que ya han terminado, esperan y acompañan con palmas. “Las bendiciones y la paz sean sobre el Mensajero de Dios”, entonan algunas, una fórmula habitual en las celebraciones marroquíes que, entre palmas y voces, convierte la noticia del traslado en una pequeña celebración improvisada.

Cuando las primeras comienzan a estar listas, Karima y Fátima, junto a un equipo de CEAR, comienzan con la organización del traslado. En grupos, algunas andando y otras en coche, son realojadas en el nuevo campamento. Narjiss es la número uno. Lo pone en la pegatina blanca que tiene pegada en el pecho. La joven aguanta la mirada de otras mujeres que observan desde fuera de la carpa de Sidi Embarek cómo parte el primer grupo. Algunas tienen lágrimas en los ojos mientras que otras terminan por derramarlas sobre sus mejillas. No pueden contener la emoción. Narjiss tampoco. “Las noches son cada vez más frías y cuando llueve entra mucha agua en la carpa”, cuenta. La carpa de Sidi Embarek nunca nació como un recurso institucional de acogida. Fueron vecinos, voluntarios y organizaciones sociales como Luna Blanca quienes habilitaron este espacio para cobijar a cientos de mujeres y menores.

Cuando avanza el primer grupo, que es trasladado andando y acompañado por un equipo de CEAR, algunas no pueden evitar despedirse, a pesar de que saben que todas volverán a encontrarse unas horas después. “Que os vais a ver ahora, no seáis exageradas, hermanas”, bromea Karima. “Vais a un sitio mejor, más seguro, con más duchas”, añade. A Karima se le empañan las gafas y, aunque bromea, esconder la emoción es misión imposible. “Qué respiro”, confiesa.

Detrás quedan las historias envueltas en resistencia, las goteras de la lluvia, el frío, la comunidad construida durante dos meses y la espera en este rincón de Sidi Embarek. Delante no hay todavía una casa, ni el final del camino, hay otra carpa. Pero, por primera vez en semanas, también la sensación de estar avanzando.

Caso 1. La idea resonaba en la cabeza de Ayoub desde hacía días: “Y si vuelvo a Marruecos. Y si ya me rindo”, rumiaba el adolescente, de 17 años, en las ya frías madrugadas de sus últimos días en Ceuta. El 19 de septiembre, tras una noche de intensos controles policiales en su asentamiento de las naves del Tarajal, el chico se despertó con la decisión tomada. Pidió a sus compañeros barberos que retocasen su corte de pelo, en especial el mechón que suele caer de forma milimetrada sobre uno de sus ojos. Vestido con la ropa que había logrado lavar el día anterior, caminaba aliviado hacia la frontera. Olía a colonia y sonreía. Volvía a Casablanca, y quería que su madre le viese guapo al llegar a casa.  Esto sí es un regreso voluntario. 

Caso 2. La Policía Nacional irrumpe en el asentamiento de la playa ceutí de Benítez durante la mañana del 27 de septiembre. Los agentes golpean sus tiendas con las porras para despertar a los migrantes que aún duermen. Malik, uno de ellos, se despierta sobresaltado y, cuando trata de entender qué pasa, ve a la policía golpear en la cabeza a algunos compañeros. El joven es retenido junto a decenas de migrantes y, posteriormente, subido a un autobús que aparca justo en un punto situado entre el paso fronterizo del Tarajal y un gran portón que da acceso a las naves, el lugar donde la Policía realiza las labores de triaje e identificación a los migrantes. 

Allí, los policías les hicieron descender en grupos de unas seis personas, donde agentes con chalecos amarillos les hablaban durante unos tres minutos para tratar de convencerles de no ser identificados, como marca la ley y el pacto europeo, sino animarles a que se vayan a Marruecos por la puerta de atrás. “Nos explicaron algunas cosas que hemos visto que no eran del todo verdad. Nos presionaron, dijeron hasta que podríamos llegar a ir a la cárcel. Teníamos que decidir muy rápido, había antidisturbios alrededor, me dio miedo y nos fuimos a la frontera”, dice Malik a elDiario.es ya desde Tánger. 

Este retorno, decidido supuestamente de manera voluntaria tras una intervención policial opaca y sin asistencia letrada, no es tan voluntario como el de Ayoub. Desde el Ministerio del Interior reconocen diferencias entre traslados “voluntarios sin intermediación policial” y aquellos en los que sí existe una “intermediación policial” justo antes de la decisión de los migrantes e inmediatamente después de un operativo de desalojo forzado de los últimos asentamientos en las playas ceutíes. ONG como Novact, Coordinadora de Barrios, Elin, No Name Kitchen han mostrado su preocupación ante este tipo de retornos supuestamente “voluntarios” en los que, mientras sí se produce una intervención policial, no entran en juego las garantías establecidas en la normativa, como la asistencia letrada. También Amnistía Internacional tacha de “poco transparentes” estos dispositivos y asegura estar investigándolos.

Esta es la vía impulsada en las últimas semanas por el departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska para trasladar a Marruecos a cientos de personas directamente desde los asentamientos que están siendo desalojados en las playas de la ciudad autónoma, según los datos trasladados por el Ministerio de Política Territorial, que hace las veces de mando único en inmigración. Un operativo similar, pero más numeroso, se repitió los días 29 de septiembre desde Benítez. Ese día, 400 personas regresaron a Marruecos “voluntariamente” en un solo día a través del mismo procedimiento. Lo mismo ha ocurrido el 4 y 5 de octubre desde la playa de Trampolín, aunque el Gobierno aún no ha proporcionado datos oficiales de las salidas registradas.

elDiario.es ha hablado con cinco personas que estuvieron presentes en estos operativos, en los que la Policía Nacional, tras el desalojo de las playas de Benítez y Trampolín, tratan de convencerles, en cuestión de minutos y en la misma frontera, de que vuelvan a su país antes de pasar por el triaje y plasmar sus huellas en comisaría. Mientras uno de ellos sí confirma que su intención era volver a su país y acabó de tomar la decisión tras el desalojo de su choza, independientemente del mensaje trasladado por los agentes; los otros cuatro marroquíes contactados admiten haber recibido presiones o haberlas presenciado por parte de la Policía.

Menos de 24 horas después de su retorno “voluntario”, Malik atiende a este medio desde una habitación donde ha pasado la noche tras su regreso. Está tumbado en la cama junto a otro de los migrantes que ha regresado “voluntariamente”. Están en Tánger, pero no es su ciudad. Allí les dejó el autobús que aguardaba al otro lado de la frontera de Ceuta para enviar a sus ciudadanos retornados a los lugares que la policía alauí considere. “Querían llevarnos al desierto, pero pagamos algo a la policía marroquí y nos dejaron aquí”, dice el hombre. El joven asegura que, después de dos meses aguantando en un asentamiento en Ceuta, no quería irse a Marruecos, pero se sintió “presionado” por la Policía en un momento de gran agotamiento físico y psicológico.

“Al principio pensábamos que iban a llevarnos a un campamento, y de repente me encontré que estábamos en la frontera”, dice el hombre, que fue uno de los primeros a los que la Policía Nacional aplicó este sistema directamente tras un desalojo. Tras aplicar este operativo el pasado 27 de septiembre con el desalojo parcial de la playa Benítez con unas 40 personas, el dispositivo se replicó a gran escala el 29 de septiembre y el 4 de octubre, en el resto de desalojo de Benítez y el Trampolín. 

“Teníamos que elegir muy rápido”

Malik acababa de bajar de un furgón y unos agentes le dieron “a elegir” entre dos supuestas posibilidades: “Fue tan deprisa. Nos dieron dos opciones y teníamos que elegir muy rápido. Me dijeron que, si pasábamos a comisaría y nos ponían las huellas, nos darían una expulsión directamente, con una prohibición de entrada a la Unión Europea de cinco años. Nos dijeron que esa era la única opción. Que no había asilo. Nos presionaron”, explica el marroquí. El policía que hablaba árabe, añade, les animaba a irse a Marruecos por su propio pie e “intentar entrar a Ceuta en otro momento” en el que no hubiese tanto control, según su relato.  

“Yo estaba bloqueado. Nos acababan de sacar a palos de las chabolas, estaba desconcertado y asustado. Dijeron que, si nos quedábamos, hasta podíamos ir a la cárcel. Me dio miedo y me fui a Marruecos para intentarlo en otro momento”, explica por videollamada. A su lado, Mohamed confirma las palabras de su compañero. “Era todo rápido. El policía que hablaba en árabe nos decía que nos fuésemos porque sino nos iban a expulsar y no podíamos volver a intentarlo en cinco años. Y nos dijo que no había otra opción, solo esa”, indica tumbado en la cama de al lado. 

“No me dejaron explicarles sus derechos”

Faris (nombre ficticio) separa el pelo de su cabeza para mostrar la herida cubierta de sangre seca. Cuando los policías llegaron al espigón de la playa de Benítez, la zona justo al lado de la desalinizadora de Ceuta, denuncia haber sido golpeado por un agente en la cabeza. Desde ahí, fue trasladado junto a decenas de compañeros a la misma puerta de la frontera antes de entrar en el CATE. Desde que tenía solo 10 años hasta pasada la veintena, Faris vivió en España, por lo que maneja el idioma a la perfección y asegura conocer sus derechos. Por, eso, cuando empezó a escuchar a la policía tratar de convencerles para regresar a Marruecos, dice que intentó “explicar” a sus compañeros que el procedimiento no era tal y como lo estaba explicando el agente.

“Me cortó rápido. 'Tú ponte ahí, no hace falta que hables. Cierra la puta boca’”, me dijo. No me permitían ni intentar explicarle a los chavales“, lamenta el hombre, quien sí consiguió permanecer en Ceuta. ”Yo, como sé español, les expliqué que mi caso era distinto, que había tenido la residencia, y me pude quedar. Dije que sabía que podía pedir asilo“, añade Faris, quien ahora se encuentra en uno de los campamentos del Gobierno donde espera su cita para pedir protección internacional. 

Fuentes del Ministerio del Interior confirman que, tras los operativos de desalojo de las playas de Ceuta, antes de que entren al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (una comisaría específica para identificar a los migrantes en situación irregular), la Policía “les informa de cuál es el procedimiento de triaje, se les filia, y se les dice que es un procedimiento que continúa y que puede llegar a acabar en expulsión” es en ese momento cuando, dicen, la mayoría de los desalojados de las playas está tomando la decisión “voluntaria” de volver a su país.

Las mismas fuentes oficiales no confirman que se les asegura que, en caso de plasmar su huella en la base de datos, acabarán retornados con una prohibición de entrada de cinco años. Interior reconoce que esa sanción no siempre se produce, sino que depende de distintos factores. “Esa prohibición se da en el caso de expulsión, pero ahora la mayoría de migrantes desde Ceuta no pasan por ese procedimiento”, afirman desde el departamento dirigido por Grande-Marlaska.

Fuentes gubernamentales sí han reconocido anteriormente a este medio que la Policía trata de “convencer” a los migrantes de que no pidan asilo y se vayan de manera “voluntaria”.

La supuesta información trasladada por policías

Según los migrantes presentes en las breves reuniones en la frontera en las que la Policía Nacional trata de convencer a toda prisa a los migrantes de que se vayan a la frontera por su propio pie, hay cuatro argumentos que repiten los agentes de extranjería:

“Si llego a tener la información que luego me han contado otros compañeros, si no me hubiesen metido tanta prisa y miedo, me hubiese quedado”, reflexiona Malik desde Tánger.

“¿Nos van a devolver? Hay mucha policía aquí. No entendemos qué va a pasar. ¿Va a ser igual que en Benítez?”. La llamada llegó poco después de las ocho y media de la mañana de este domingo. Al otro lado del teléfono estaba Mohammed, uno de los jóvenes que desde hace más de dos meses vive en la playa del Trampolín. Su voz se perdía entre el murmullo de las decenas de personas que aguardaban el operativo policial desplegado por toda la costa de este punto de la ciudad. En los días previos al desalojo, las preguntas sobre su futuro, aún sin respuesta, ya resonaban en todos los rincones de la playa.

Entre las primeras tiendas desalojadas, las más próximas a la desaladora de Ceuta, estaba la de Fatim, que vivía allí junto a su hijo. A ella la han sacado del asentamiento, junto con su hijo de cuatro años y la han apartado del resto de personas mientras avanzaba el operativo. “Me han sacado del grupo. Está la Policía y estoy sentada sola un poco más arriba; no me han puesto con los demás”, cuenta a este medio por WhatsApp. Según relata, un autobús destinado a los menores ya ha salido con algunos niños, aunque todavía quedan muchos en la playa. “Todavía hay muchos niños aquí y también muchos policías”, explica.

Rodeados de policías, furgones y vehículos antidisturbios, entre los centenares de personas que aguardaban el desalojo, un joven se levanta y comienza a abrazar a todos los compatriotas que le rodean. “Ya está, se acabó, amigos”, grita mientras agita las manos en el aire. Cerca de él, otro joven empieza a hacerse selfies.

El operativo ha comenzado cuando todavía no había amanecido. Una operación diseñada para poner fin al último asentamiento levantado sobre una playa de Ceuta. A primera hora de la mañana, las furgonetas han rodeado el perímetro de El Trampolín mientras los agentes dividían la zona por sectores para proceder al desalojo progresivo de las tiendas de campaña. En la costa, varias embarcaciones de la Guardia Civil apoyan a los efectivos desplegados en la orilla y en las inmediaciones de la playa.

Desde las ocho de la mañana, el despliegue policial ha concentrado a varios centenares de migrantes en la entrada de la playa, en el mismo lugar donde cada tarde Cruz Roja realiza el reparto de comida. Desde allí, los van subiendo por grupos a diferentes autobuses, incluidos algunos municipales, que los trasladan directamente al CATE, junto al paso de El Tarajal. Allí son identificados y se les ofrecen dos opciones: acceder a los recursos de acogida habilitados por el Gobierno o regresar voluntariamente a Marruecos.

Alrededor de las diez y media de la mañana, la Policía, acompañada por un intérprete, ha pedido a los menores que se sentaran en las primeras filas. Muchos de ellos mostraban sus actas de nacimiento o documentos de identidad para acreditarlo. Una vez identificados, los agentes los han sacado del grupo y los han apartado a unos 200 metros del operativo, donde esperan al traslado. En el grupo también hay varias mujeres.

Durante las primeras horas no se han registrado incidentes de gravedad. En algún momento, varios jóvenes se han levantado al grito de “¡Marruecos, no!”, pero la Policía ha intervenido rápidamente y han vuelto a sentarse.

Avanzada la noche en uno de los extremos de la playa del Trampolín, Omar (nombre ficticio) había salido unos minutos de las tiendas del asentamiento para hablar tranquilo por videollamada con su familia. En la acera de enfrente, justo en la ladera de la colina, se encontró con otro chico marroquí, que acababa de hacer sus necesidades en el bosque y trataba de hablar por teléfono cuando un vehículo militar frenó en seco. Omar corrió tanto que logró esquivar a los dos soldados que empezaron a correr tras ellos, pero al otro joven lo atraparon, lo tiraron al suelo y le propinaron varias patadas y golpes con la porra, como queda demostrado en un vídeo publicado por elDiario.es. 

Esta agresión, confirmada con imágenes, ocurrió el 23 de septiembre. Habían pasado ocho días desde que el Ministerio de Defensa tenía conocimiento de las decenas de denuncias de palizas y vejaciones como estas, publicadas en una investigación de elDiario.es. Este medio preguntó de manera insistente a su departamento de comunicación y confirmó la recepción de los mensajes —y su traslado a cargos superiores—, pero no hubo respuesta. Tampoco el departamento dirigido por Margarita Robles dio traslado de estas denuncias a la Fiscalía o el juzgado, como sí acabó haciendo este miércoles, cuando la presión sobre su cartera se incrementó tras la difusión de un informe de Amnistía Internacional que recogía parte de las denuncias incluidas en la investigación de este medio. 

Esta es solo una de las palizas que, según alertan varios agredidos, ocurrieron después del 15 de septiembre, cuando elDiario.es confirmó que el equipo de Margarita Robles tenía conocimiento de estas denuncias. Además de estos hechos, grabados el 23 de septiembre junto a la antigua fábrica del Guano, frente al Trampolín, son muchos los nuevos relatos que casi cada día hombres y menores marroquíes trasladaban a elDiario.es. Amoratados, vendados o ensangrentados, al menos tres personas aseguraron haber sido agredidas por soldados españoles después de la publicación de la primera investigación.

“Me arrastraron por las escaleras”

La que Ahmed (nombre ficticio aunque este medio tiene su nombre y apellidos originales) lleva días intentando denunciar ante los juzgados ocurrió el 27 de septiembre, 12 días después de la publicación de la investigación de elDiario.es. El marroquí caminaba por la carretera cerca de la playa, en la zona de la Almadraba, alrededor de las dos de la mañana. “Siete soldados me detuvieron. Me registraron y me ordenaron arrodillarme”, explica el hombre cabizbajo dos días después de los hechos. 

Ahmed cuenta que los soldados le registraron. “No dejaban de preguntarme si llevaba un cuchillo o un arma; les dije que no tenía nada, y no me encontraron nada encima. Luego me agarraron, me bajaron por unas escaleras a la playa y me llevaron abajo, a la orilla del mar”, continúa el marroquí. Allí es donde, según su relato, se produjo la paliza. “Empezaron a golpearme y a patearme. Continuaron haciéndolo durante cerca de media hora y, luego, me dejaron allí tirado”, denuncia. 

Magullado y ensangrentado, cuenta, durante cerca de media hora permaneció inmóvil, tumbado en la arena en la oscuridad de la madrugada, sin poder moverse ni pedir auxilio. “Me quedé allí así hasta que por fin logré levantarme y caminar lentamente hasta aquí”, explica Ahmed en el mismo asentamiento donde aquel día encontró el apoyo de sus compañeros. Dos días después de los hechos denunciados, las marcas amoratadas aún son visibles en varias partes de su cuerpo, especialmente en la espalda. Son alargadas, compatibles con las que suele dejar el impacto por porras reglamentarias. Desde aquel día tiene dificultades para caminar. 

Ahmed cuenta con dos partes médicos que pretende presentar en los juzgados. Uno, elaborado por la ONG Médicos del Mundo, tras detallar cada una de las contusiones y heridas con las que encontraron al marroquí la mañana posterior a los hechos, concluye que “todas las lesiones son compatibles con el relato del paciente”. “Refiere haber sufrido una agresión en la zona de la Almadraba por parte de militares (dos vehículos y siete militares con uniforme verde)”, recoge el documento de la organización que cada día atiende a los migrantes en el polígono del Tarajal. “Refiere bofetada en el lado derecho de la cara que le habría tirado al suelo. Posteriormente, fue arrastrado por el pavimento y las escaleras hasta llegar a la playa. En este momento, refiere recibir fuertes golpes con elementos contundentes”, incluye el certificado emitido por la organización el 27 de septiembre, al que ha accedido elDiario.es. 

El facultativo de la organización describe hematomas en los surcos de los ojos y lado derecho de la cara, “heridas erosivas” en pabellón auricular derecho, en un brazo, en el torso y en la región lumbar derecha. “Presenta contusiones que sugieren golpes con un elemento alargado contundente, compatible con la porra en región lumbar”, apunta el certificado de la ONG sanitaria. 

El segundo es un parte judicial emitido por el Hospital Universitario de Ceuta, que enumera las mismas lesiones incluidas en el certificado de Médicos del Mundo, pero sin apenas detalle. Solo incluye que los hechos ocurrieron en “la calle y la playa”. Sobre la causa de las agresiones sufridas indica “agresión sufrida por la policía”, algo a lo que Ahmed reacciona con enfado, porque asegura que él transmitió que fueron los militares quienes la golpearon.

Con toda esa documentación, Ahmed lleva días preguntando a compañeros, activistas e incluso periodistas qué tiene que hacer para denunciar de manera segura. Teme sufrir consecuencias por trasladar su caso a los juzgados, pero está decidido a hacerlo. “No nos pueden tratar así. Quiero denunciarlo y que paguen por ello porque hacer esto no es legal”, dice el hombre, aún dolorido. Este jueves llegó a la puerta de los juzgados acompañado de un voluntario, pero se dieron la vuelta al percatarse de que no contaba con un documento que acredite su identidad porque lo perdió en estos meses de vida en las calles de Ceuta. Ahora, espera a que su familia le envíe una fotografía de una copia de sus documentos para volver a intentar presentar su denuncia en los juzgados. 

Gas pimienta contra menores

Al menos tres menores fueron rociados con gas pimienta mientras caminaban por la calle, dormían o volvían de hacer la compra, como publicó elDiario.es. Nawfaly tiene 17 años y se chocó con elDiario.es justo después de ser rociado con gas pimienta desde un vehículo militar. El adolescente se retiró las gafas, que evitaron el contacto directo del producto químico con sus ojos y señaló sus cristales. En ellas se veían pequeñas gotas del aerosol esparcidas por los vidrios. Su boca y mejillas empezaban a enrojecerse como reacción al gas irritante que acababan de echarle mientras caminaba por la calle con un amigo en dirección al asentamiento donde duermen.

“Veníamos de comprar algo de comida en el Mercadona, solo estaba andando, miraba el móvil, me han lanzado el spray desde el coche. ¿Por qué nos hacen esto?”, decía el chico.

Un día después de que una patrulla de militares lanzase gas hacia Nawfaly mientras volvía de hacer la compra, Reda (nombre ficticio) regresaba este martes al campamento de la playa del Trampolín después de haber sido entrevistado por elDiario.es en los alrededores de la Jefatura Superior de Policía, donde intentaba registrarse como menor de edad. Cuando paseaba por las inmediaciones del Puerto de Ceuta, explica, un soldado le echó gas pimienta hacia los ojos.

Minutos después, el menor, de 17 años, escribió un mensaje a este medio: “Mientras caminaba hacia las tiendas de campaña donde duermo, unos soldados con boinas rojas me abordaron y me rociaron con gas lacrimógeno. Ahora estoy en las tiendas y siento un ardor intenso en los ojos”, alertó. Las “boinas rojas” que Reda describe coinciden con el tarbut utilizado por el Grupo de Regulares de Ceuta, una prenda de fieltro rojo de forma cilíndrica acompañada de una borla negra. En ese mismo momento, el chaval envió varias imágenes que muestran sus ojos enrojecidos, especialmente el derecho. “Eran cuatro. Cuando nos encontramos de frente con uno de ellos, me roció”, añadió. “Necesito ayuda. Me estoy muriendo por las quemaduras”. 

Habían pasado apenas unas horas desde que el recuento electoral confirmara la victoria de Alternativa para Alemania (AfD) en Sajonia-Anhalt, cuando las redes sociales del Institute for Remigration publicaron un vídeo en el que un hombre de origen pakistaní aseguraba que, de ganar la extrema derecha, dejaría Magdeburg, la capital, para irse a otro territorio alemán. “Llamamos a esto 'remigración federal'”, aseguraba el tuit.

Y explicaba el siguiente paso: “Cuando AfD escale este efecto, el estado federado podría convertirse en un ejemplo y un faro de esperanza para el resto de Alemania”.

Sajonia-Anhalt es una de las regiones menos pobladas de Alemania. Solo dos de sus ciudades superan los 200.000 habitantes, y en total suman poco más de dos millones de personas. Tampoco sus cifras de migrantes son relevantes: rondan el 9%, por debajo de la media nacional de Alemania (15%) y lejos de la de los estados federados occidentales, donde fácilmente puede ser el doble.

Pero más allá de su tamaño o su peso político, la posibilidad de gobernar en Sajonia-Anhalt le regala a AfD algo más preciado: un laboratorio en el que aplicar sus radicales propuestas supremacistas, en las que no se trata de controlar los flujos migratorios, sino de 'limpiar' la sociedad de todos los elementos que no consideren auténticamente alemanes.

Porque la remigración que defienden forma parte de un movimiento más amplio, con un peso creciente en la extrema derecha europea, y que se basa en la teoría del Gran Reemplazo. Esta tesis conspiranoica sostiene que hay un plan para sustituir a la población blanca y católica por otra migrante (sobre todo musulmana), y borrar así la esencia y las raíces europeas.

Para evitarlo, no solo proponen impedir la concesión de nuevos permisos o asilos, sino revisar la situación de los que ya están viviendo en el territorio, e incluso “incentivar” su regreso a los países de origen, aun cuando se trate de segundas o terceras generaciones. Remigración es un eufemismo para deportaciones masivas. Uno que se vende mejor en redes y causa menos rechazo.

El escaparate

“Sajonia-Anhalt podría convertirse en un modelo de remigración. Como un laboratorio político en el que se haga visible qué posibilidades posee realmente un solo estado federado”, señala otra publicación del Institute for Remigration. “A ello se suma el 'efecto escaparate': Un gobierno estatal exitoso podría demostrar prácticamente que una política migratoria alternativa dentro del orden estatal existente es en realidad posible. Eso sería relevante no solo para Alemania, sino para toda Europa”, añade.

AfD es uno de los partidos con importante representación parlamentaria que están metidos de lleno en la defensa de un plan europeo de remigración. Varios de sus representantes participaron del último Remmigration Summit en Portugal. El otro gran partido político presente era español: Vox.

Rocío de Meer, portavoz nacional de Emergencia Demográfica y Políticas Sociales de Vox se subió en octubre al escenario en Foz da Figueira para defender la expulsión de los migrantes “que utilicen los servicios sociales, porque están colapsados”.

También lo hizo la diputada y portavoz de AfD en el Parlamento Regional de Brandeburgo, Lena Kotré, asegurando que su partido se encargaría de sacar del país a todos los que no tuvieran derecho a estar en él.

¿Y cómo se decide quién tiene derecho? Bueno, el Institute for Remmigration ha elaborado un documento de medio centenar de páginas en el que explica punto por punto cómo poner en funcionamiento el laboratorio de Sajonia-Anhalt.

El plan

Como primer paso, sugiere crear una Oficina de Remigración que coordine y centralice la “aclaración de identidades”, la obtención de pasaportes y la “ejecución de expulsiones”. Además, como medida urgente propone evaluar y suspender cualquier fondo o programa de integración “que desincentive el retorno”. A cambio, se financiarían programas para preparar a los menores nacidos en Alemania para “reinsertarse en sus países de origen”. Esto es, en el país de sus antepasados. Por ejemplo, estudiarían el idioma o la geografía de esos lugares en los que vivieron sus padres, sus abuelos e incluso sus bisabuelos, para después ser expulsados.

A ello se suman las medidas de “presión de asimilación” mediante la Leitkultur (cultura de referencia), con las que se busca primar las tradiciones locales y “regular estrictamente” el uso de (otros) símbolos religiosos en el espacio público. Y una exhaustiva clasificación de los barrios según sus características sociales, que justifiquen medidas como “presencia policial masiva”, lucha contra la “economía informal” o que se priorice la asignación de viviendas de alquiler a personas “empleadas o con formación académica”.

No solo propone no conceder nuevos permisos o asilos, sino “revisar” y “fiscalizar” aquellos ya otorgados. El programa de AfD para Sajonia-Anhalt coincide en algunos puntos de manera casi textual con el documento publicado en agosto por el Institute for Remigration.

El origen y el futuro

La relación de AfD con los promotores de la remigración es muy estrecha. En la primera presentación del ideólogo del plan, el austriaco Martin Sellner, que se realizó en secreto en un hotel de Potsdam, Alemania, en 2023, había varios políticos del partido. Uno de los más destacados era Ulrich Siegmund, líder del grupo parlamentario en Sajonia-Anhalt y el gran triunfador de estas elecciones.

Las encuestas de opinión aseguran que la cuestión de la inmigración tuvo un papel secundario en las decisiones de voto el pasado domingo. Los análisis señalaban que las agresivas campañas contra los refugiados y los inmigrantes que son seña de identidad de AfD no parecen haber resultado decisivas en las elecciones, sino que pesaron más temas como la seguridad social, la paz en Europa o la política económica.

Sajonia-Anhalt puede convertirse en el laboratorio en el que los ultras pongan en práctica sus ideas identitarias y su plan de discriminación institucional. Uno que busca desaparecer a quienes ellos consideran diferentes, aunque residan legalmente o incluso hayan nacido en el país

Sin embargo, este triunfo le da la posibilidad a AfD de meterse de lleno en su faceta de supremacismo blanco. “Nosotros somos más guapos, más listos y tenemos mejores ideas”, llegó a decir uno de los oradores del Remigration Summit 2026. “Tenemos derecho a nuestro hogar, no simplemente a sobrevivir frente a la gente de África y Oriente Medio que nos viola y nos asesina”, aseguró Lena Kotré, que encabeza las encuestas para las próximas elecciones en Brandemburgo. De Meer, la representante de Vox, defendió que “España pertenece a una civilización específica, con un alma cristiana”, y que “recobrar lo que pertenece a nuestra gente no puede ser odio”.

Sajonia-Anhalt puede convertirse en el laboratorio en el que los ultras pongan en práctica estas ideas identitarias y su plan de discriminación institucional por razones étnicas, culturales y religiosas. Uno que busca desaparecer a quienes ellos consideran diferentes, incluso cuando residan legalmente o hayan nacido en el país: “Ciudadanía no quiere decir que pertenezcas a un país, es solo un pedazo de papel”, defienden. Y quieren que toda Europa les escuche.

Merz acusa a AfD de querer una “limpieza étnica”

Este miércoles, el canciller alemán, Friedrich Merz, y la copresidenta de Alternativa para Alemania (AfD), Alice Weidel, han librado un duelo en la Cámara Baja del Parlamento. En unos de los momentos más tensos del intercambio, el canciller ha acusado a AfD de querer poner en marcha una “limpieza étnica” en el país con su propuesta de “remigración” para expulsar a inmigrantes y demandantes de asilo de Alemania.

“El término 'remigración' no es más que un sinónimo de 'limpieza étnica' basada en el origen y el color de piel”, ha afirmado Merz, antes de recordar la importancia del los trabajadores inmigrantes en la economía germana. “Uno de cada seis trabajadores del sector artesanal tiene pasaporte extranjero. Si aquellos que trabajan en Alemania tuvieran que abandonar el país por la 'remigración', el sector artesanal en Alemania dejaría de funcionar, ninguna residencia de ancianos podría seguir funcionar, ningún hospital del país podría funcionar”, ha expuesto el canciller.

Era sábado y aún remoloneaba en su habitación de Sevilla, cuando Ossama abrió WhatsApp y se encontró varias llamadas perdidas y mensajes de audio enviados por su hermano Mohamed desde Ceuta. “Hermano... los soldados me agredieron. Estoy muy herido. No sé qué hacer: ¿Debería ir al bosque? Pero el bosque de Beni Younes está lejos... qué debo hacer?”, decía el primero de los audios recibidos a las 8 de la mañana, a los que ha accedido elDiario.es. “Ni siquiera siento la cabeza. Me está pasando algo en la cabeza. Podría morir en la carretera. Me sale mucha sangre. ¿Qué puedo hacer?”, añadía el hombre junto a una fotografía donde se observa su cara descompuesta, con varios golpes en el rostro y machas de sangre en la camiseta. 

Su hermano, Mohamed, acababa de recuperar el conocimiento desorientado, con la camiseta cubierta de sangre y un fuerte dolor de cabeza, en medio de un bosque en la zona de Benzú (Ceuta). El pasado 12 de septiembre, de madrugada, el hombre marroquí relata que estaba dormido en una de las chabolas de un asentamiento en la zona de las naves del Tarajal cuando fue despertado por “cinco militares” que, después de registrarle, lo trasladaron a una zona montañosa de la ciudad. Allí asegura haber sido maniatado, amordazado y haber sufrido una paliza por parte de un grupo de soldados españoles, todo según su denuncia, presentada el pasado 26 de septiembre en la Jefatura Superior de Policía de Ceuta, a la que ha accedido elDiario.es.

Decenas de migrantes han denunciado con sus testimonios las supuestas agresiones sufridas por parte de patrullas de militares que recorren Ceuta cada noche, como publicó elDiario.es y ha documentado esta semana Amnistía Internacional en un informe que el Ministerio de Defensa ha acabado remitiendo a la Justicia, dos semanas después de haber tenido conocimiento de casos similares a través de las publicaciones de este medio. La de Mohamed es la primera denuncia de agresiones de militares presentada en comisaría por un migrante que se ha hecho pública hasta el momento. Los malos tratos que describe en ella podrían ser constitutivas de un delito de torturas, advierte el colectivo Border Resistance, que está acompañando al migrante desde los días posteriores a la paliza.

Según el escrito, Mohamed dormía en una chabola de la zona de las naves del Tarajal junto a otro chico marroquí cuando le despertaron varios soldados. Cuando se asomó desde su habitáculo encontró a “unos cinco militares” que “le registraron y le pidieron que lo acompañaran”. Según cuenta tanto en la denuncia como en conversación con elDiario.es, los soldados les pidieron que fuesen con ellos. “Mi superior solo os va a registrar y no os va a pasar nada”, recuerda que le dijeron. 

En un principio siguió las indicaciones de los uniformados, hasta que “desconfió e intentó huir” del lugar donde lo tenían retenido, después de semanas en las que había escuchado a otros compañeros hablar de supuestas agresiones sufridas por parte de soldados españoles en plena madrugada. En ese momento, “los militares se abalanzaron sobre él, reteniéndole, al igual que a la persona que lo acompañaba” que, según su relato, era menor de edad.

Denuncia traslado forzoso

Agarrados por los militares, empezaron a caminar por la carretera próxima a una de las entradas de las naves y, “a los pocos metros”, aparecieron otros soldados con otra persona migrante. Jjunto a ellos, los dirigieron hasta el lugar donde se encontraban “otros militares junto a dos vehículos”. El denunciante ha reconocido en fotografías estos coches como “todoterrenos pickup de la marca Iturri Landtrek” de color oscuro, lo que coincide con los vehículos tácticos utilizados por el Ministerio de Defensa. 

Allí, “los militares le tapan la boca y las manos tanto a él como a su acompañante con cinta aislante gruesa de color gris y les indican que suban en la parte posterior que se encuentra cubierta por completo de uno de los vehículos”, detalla el testimonio recogido por la Policía Nacional. El vehículo arrancó y tras unos 15 minutos de camino “sin ver nada del exterior”, los militares le bajaron y “le taparon los ojos con la misma cinta aislante” mientras “le propinaban sendos golpes por todo el cuerpo”. 

A los pocos metros, continúa su relato, “sintió que su cabeza se apoyaba sobre una superficie dura y rugosa donde fue atado a ella”. Mohamed piensa que era un árbol, pero seguía sin poder ver nada. Mientras estaba atado fue “golpeado durante unos cinco minutos” hasta que los militares le retiraron la cinta de los ojos y les ordenaron a gritos que “saliesen corriendo”. Mohamed cuenta que obedeció hasta que, mareado, con varias heridas en su cabeza y sin apenas fuerzas, se tumbó en otra zona del bosque hasta quedarse dormido.

Al amanecer empezó a caminar en busca de ayuda. Fue entonces cuando llamó a su hermano desesperado, cuenta, y envío los audios y fotografías que lo pusieron alerta. Desde Sevilla, donde Ossama vive desde hace tiempo, envió los mensajes a un amigo que también había llegado a la ciudad autónoma en la entrada masiva de finales de julio, como lo hizo su hermano. “La gran sorpresa fue cuando mi amigo fue a verlo y me contó cómo estaba. Me enseñó fotos de las heridas que tenía en la cara. Me quedé en shock y no sabía ni por dónde empezar. No pude seguir viendo las fotos”, recuerda.

Mientras su hermano respondía, Mohamed se encontró en una media glorieta de la zona de Benzú a otros militares, que “lo auxiliaron” y llamaron a una ambulancia, según el atestado policial. El parte médico del Hospital Universitario de Ceuta, al que ha tenido acceso elDiario.es, recoge que el paciente acudió a Urgencias tras sufrir “varias heridas” en el cuero cabelludo “tras agresión”. También refería dolor en ambos brazos con predominio en el codo.

Las lesiones incluyen “distintas heridas de 2-5 centímetros, locales, superficiales, dolorosas al tacto en el área occipital que requieren sutura local con grapas”. En el hospital, Mohamed explicó que había sido agredido por varios soldados españoles, con la intención de incluir esa información en el parte médico. Sin embargo, un sanitario le exigió no incluir esa información en el certificado médico: “Si reflejas en el parte médico que te han agredido los militares, no podremos atenderte”, le dijeron en Urgencias, según la denuncia presentada en Policía.

“No digas que fueron los militares”

Pese a que no incluye mención alguna a los militares, el parte médico coincide con las lesiones que Mohamed muestra a elDiario.es en varias fotografías realizadas el pasado 12 de septiembre, las mismas imágenes que mandó un amigo a su hermano Ossama tras salir del hospital. El pasado 29 de septiembre, el denunciante se encontró con elDiario.es en los alrededores del centro donde es acogido en Ceuta. El marroquí mostró su cabeza a este medio, ya sin grapas pero con varias cicatrices. Está mejor, dice, pero sigue teniendo fuertes dolores de cabeza.

No sale mucho del campamento porque teme un nuevo encuentro con una patrulla de militares. “Como he denunciado, me da miedo que me hagan algo o me echen por eso. Me han contado casos de otros chicos a los que, aunque estaban acogidos en un centro, les rompían la pulsera y los pegaban igualmente”, dice Mohamed. El miedo, sin embargo, no le ha impedido denunciar, pese a que es la razón que frena la visita a los juzgados de la mayoría de migrantes que, magullados, aseguran haber sufrido agresiones por parte de soldados españolas.

Ossama, el hermano de Mohamed, viajó a Ceuta en la misma noche de los hechos para tratar de ayudarle. Aunque le llevó al Hospital para solicitar un nuevo parte médico con más información, no lo consiguió: “Nos dijeron que la médica que lo había entendido no estaba y que tenía que volver al día siguiente”, lamenta el marroquí, que tuvo que regresar a Sevilla sin completar su misión.

Desde la ciudad española, Ossama muestra su indignación ante los hechos denunciados por su hermano mayor y las dificultades con las que se toparon al denunciar. “Estamos en un país donde se supone que se respetan los derechos de todas las personas. Él simplemente vino para tener una vida mejor, como tantas personas. No vino para hacer daño a nadie. ¿Por qué se permite que una persona sea tratada de esta manera?”, se pregunta el marroquí.

“Hay muchos casos parecidos, no es solo este. Imagina que finalmente le devuelven a su país y, después de todo lo que ha sufrido, queda con una lesión grave o no puede trabajar. ¿Qué futuro le queda?”, se queja desde Sevilla en conversación telefónica con elDiario.es.

“Toda España sabe que si en vez de Maricarmen fuera Morocarmen tendría casa”. La frase difundida por las redes sociales de Vox tiene el mérito de resumir en pocas palabras la posición de la ultraderecha sobre el problema de la vivienda: señalar a las personas de origen migrante como culpables y extender el bulo de que tienen prioridad en la concesión de ayudas sociales. ¿Qué solución sale de la chistera? Las deportaciones masivas, sostenidas en unas cuentas de servilleta: menos población supone menos demanda; asunto resuelto. 

“La posición de Vox no es excepcional, sino que se enmarca dentro de la estrategia de las extremas derechas sobre este tema: palabras vacías y ninguna política pública concreta”, resume el historiador Steven Forti. De hecho, en una semana en la que el debate ha estado centrado en propuestas para mejorar el acceso a la vivienda, el discurso de los de Abascal no ha incorporado medidas específicas, sino que se ha limitado simplemente a insistir en el problema y, si acaso, apuntar sin argumentos sólidos a los supuestos responsables: extranjeros “que llegan masivamente” y “se ponen a la cola para ser potenciales inquilinos”.

“Es pura retórica”, insiste Forti. Porque esta preocupación por el tema no se traduce en acciones de Gobierno cuando llegan al poder. Y pone el ejemplo de Giorgia Meloni, cuyo Plan de Vivienda ha consistido en facilitar los desahucios y las sanciones a los inquilinos. “Al final lo que está en sus programas son las clásicas políticas liberales de la derecha no extrema”, remata el experto en historia de los fascismos. 

“La entrada en España de tres millones de extranjeros en los últimos cinco años, combinada con la drástica reducción de vivienda disponible, ha conducido a una subida de precios de un 30% en alquiler”, afirmaba sin justificar el origen de los datos el último documento de Vox en el que se abordaba el tema, de 2025.

Hecho el diagnóstico, prescrito el tratamiento: expulsiones de millones de personas y “derogación de todas las medidas intervencionistas en el mercado de alquileres”, además de “política de mano dura con la okupación y la inquiocupación”, lo que supuestamente pondrá más pisos en el mercado.

Desde la crisis política abierta por el desahucio de Maricarmen, Vox no ha hablado una sola vez sobre los fondos buitre, la turistificación del mercado de la vivienda o la responsabilidad de las administraciones municipales y autonómicas (en cuyos Gobiernos ya participan) en el impulso de un parque público. Ni tan siquiera ha mencionado la propuesta de “créditos blandos a parejas jóvenes” para la compra de pisos que incluían en su documento y que figura en el decreto contra el que votaron en el Congreso.

Cuanto peor, mejor

La teoría del ‘cuanto peor, mejor’ es ya ADN de las extremas derechas, independientemente de las especificidades locales. Agitar el descontento de los ciudadanos, sobre todo de los menos favorecidos, les resulta rentable desde el punto de vista político, sobre todo cuando no se está en el Gobierno. La cuestión no es ofrecer soluciones, sino dirigir, con discursos incendiarios, esa frustración contra los supuestos culpables, llámense medidas ecológicas, agenda woke o migrantes, siempre en el centro de la diana. 

Su lente mezcla la xenofobia con el ultranacionalismo y disfraza de alternativa una postura que en realidad genera exclusión y marginación

Franco delle Donne — investigador, autor de 'Epidemia ultra'

“La visión de la ultraderecha sobre cualquier discusión de corte social es en el fondo nativista”, analiza Franco delle Donne, fundador del proyecto transmedia de divulgación Epidemia Ultra. “Utilizan una lente que mezcla la xenofobia con el ultranacionalismo y que disfraza de alternativa una postura que en realidad genera exclusión y marginación”, explica el también investigador en el Werkstatt für Sozialforschung de Berlín.

Convertir a los migrantes y refugiados en el chivo expiatorio de la escasez de viviendas dignas y de su exorbitante precio ha marcado las campañas del Partido de la Libertad en Países Bajos, AfD en Alemania, Fratelli d’Italia o Chega en Portugal. Siempre el mismo patrón, independientemente de las características propias de cada país.

Esta treta discursiva oculta una realidad evidente en los datos: las personas de origen migrante, en una situación de mayor precariedad e inseguridad laboral, son las que más sufren la crisis de la vivienda, porque su situación los deja más expuestos a abusos como precios excesivos, subarrendamientos o alquileres sin contrato.

El discurso puede ser todo lo demagógico que quieran, pero lo que defiende la ultraderecha es el recorte del gasto público. Sus propuestas sociales harían sonrojar a las de la austeridad de Mariano Rajoy

Steven Forti — historiador experto en extremas derechas

En España, los votantes de Vox son los que tienen una mirada más pesimista sobre el tema de la vivienda. De acuerdo con la última encuesta del CIS, el 80% de ellos cree que el acceso a la primera vivienda empeorará en los próximos años. Es el porcentaje más alto de la tabla, y supera en más de 10 puntos la media, de 67,2%. 

Algo parecido sucede con la percepción del gasto social. Ante la pregunta de si la sociedad se beneficia mucho, bastante, poco o nada de lo que pagamos a las administraciones públicas en impuestos y cotizaciones, la respuesta de quienes han votado a Vox en las últimas elecciones es elocuente. Casi un 35% responde “nada”, frente a una media del 12%. 

‘Remigración’ y nativismo selectivo

“Por culpa de tus políticas de fronteras abiertas, los españoles no tienen casa en la que emanciparse o formar una familia”, increpó Santiago Abascal al presidente Pedro Sánchez en un post de X. La portavoz de la formación ultra en el Congreso, Pepa Millán, habló abiertamente de remigración, el eufemismo con el que defienden las deportaciones masivas, independientemente del estatus legal de los migrantes. 

De hecho, la diputada Rocío De Meer defendió hace unos meses, en su discurso en la cumbre supremacista Remigration Sumit 26, que se debía expulsar a todos los migrantes que hicieran uso de los servicios sociales. 

La competencia por recursos –vivienda, ayudas– es el combustible que alimenta el nativismo y el supremacismo. Echar a millones de migrantes es el paso siguiente (y complementario) de la llamada “prioridad nacional” que defiende Vox, aunque tampoco sea una idea de su propia cosecha. 

“La extrema derecha hace una distinción entre quiénes merecen las ayudas del Estado, o simplemente quiénes pueden ser sujetos de derechos, que son los que han nacido en el sitio –preferentemente, blancos y católicos– y los que no, a los que se señala como culpables de perjudicar a los 'nacionales'”, desarrolla Delle Donne. 

¿Pero qué pasa cuando hay que salir a buscar votos entre las personas de origen migrante? Pues que las categorías binarias encuentran sus grises. Franco delle Donne menciona el ejemplo de las recientes elecciones municipales en Berlín. Allí, el discurso radical que aupó a AfD en los comicios de Sajonia-Anhalt incorporaba frases susceptibles de ser interpretadas en más de un sentido, como cuando se hablaba de que la vivienda fuera solo para la “gente local”. Ante la petición de concreciones, el candidato aclaró que no hacían distinciones entre migrantes y no migrantes, sino que con 'locales' se referían a personas que llevan mucho tiempo en el lugar.  

“Ante una vivienda, el español siempre primero”, señala el documento de Vox. Sin embargo, más adelante propone “situar el arraigo y el acumulado histórico de años de la familia en España como principales criterios de asignación de viviendas”. Es parte del discurso de Carlos Hernández Quero, la figura del partido que busca seducir votantes en los barrios obreros de Madrid.  

Otra vez, la retórica es una, y la propuesta política, algo muy diferente. Los partidos de la ultraderecha defienden soluciones económicas de corte ultraliberal, en las que mandan el mercado y sus intereses. “Algunos, como Alianza Catalana, al punto de llenar sus listas electorales de empresarios del sector inmobiliario”, apunta Steven Forti. “El discurso puede ser todo lo demagógico que quieran, pero lo que defiende la ultraderecha es el recorte del gasto público. Sus propuestas sociales harían sonrojar a las de la austeridad de Mariano Rajoy”, remacha.

Con la presión por la crisis migratoria de Ceuta, España ha sido el único país de la Unión Europea que ha votado este jueves en contra de un nuevo reglamento de retorno que facilita la expulsión de emigrantes en situación irregular y avala la apertura de centros de deportación en países terceros. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha subrayado que ninguno de los migrantes llegados a Ceuta ha accedido a otro país de la UE, con lo que “el impacto ha sido cero” para el resto de los Estados miembros, durante el Consejo de Ministros de Interior que se está celebrando este jueves en Luxemburgo. Del resto de los países europeos, solo Bélgica ha votado en blanco, al igual que Irlanda, aunque este país lo ha hecho por la necesaria neutralidad al ostentar la presidencia rotatoria de la UE.

“Los acontecimientos recientes en Ceuta han evidenciado la necesidad de disponer de mecanismos específicos que permitan garantizar un retorno eficaz en situaciones de entradas masivas y tumultuosas en las fronteras exteriores. Sin embargo, el presente Reglamento no recoge medidas para hacer frente a estas circunstancias excepcionales”, señala en una declaración escrita el Ministerio del Interior para explicar la oposición de España al nuevo reglamento de retorno

En el documento, el Gobierno argumenta su rechazo a las nuevas disposiciones de retorno por “la renuncia al establecimiento de un sistema verdaderamente europeo de retorno; las serias dudas jurídicas, de relaciones exteriores y operativas que plantean los centros de retorno; y la falta de proporcionalidad de determinadas medidas”.

El nuevo reglamento de retorno establece el respaldo legal para los centros de deportación en terceros países. Sin embargo, el Gobierno de España señala “su enorme preocupación” por estos centros que “no permiten garantizar el respeto de los derechos y obligaciones de las personas que serán retornadas a un tercer país” y advierte de “un riesgo alto de litigiosidad por posible vulneración del principio de no devolución recogido en la Carta Europea de Derechos Fundamentales, así como en el Convenio Europeo de Derechos Humanos”.

El Ministerio del Interior también señala dudas legales sobre medidas como que “el internamiento deja de ser una medida de último recurso. Además, se amplía el período de privación de libertad hasta 24 meses, con prórrogas potencialmente indefinidas. Se prevé la posibilidad de detenciones en cadena en diferentes Estados miembro sin ningún límite temporal”. Ante estas dispsiciones, el Gobierno se pregunt si “en la Unión se va a permitir que se prive de libertad a personas en una situación administrativa irregular por períodos superiores a los que se aplican a criminales condenados por delitos graves”.

El ministro irlandés del ramo, Jim O'Callaghan, dijo que este reglamento complementa el pacto migratorio y de asilo y “contribuirá a la implementación efectiva, respetando al mismo tiempo los derechos fundamentales”.

El Consejo ha señalado en un comunicado que solo se puede cerrar convenios para establecer centros de deportación en terceros países cuando respeten las normas internacionales de derechos humanos y los principios del derecho internacional, incluido el principio de no devolución, que prohíbe a cualquier país expulsar, devolver o extraditar a una persona a un territorio donde su vida, libertad o seguridad corran grave peligro o exista riesgo de tortura.

Grande-Marlaska volvió a pedir al resto de países de la UE una mayor “solidaridad operativa, financiera y política” para hacer frente a las crisis migratorias, aunque también ha aclarado que ningún migrante llegado a Ceuta ha accedido a otro país de la UE. “El impacto ha sido cero”, ha reiterado el ministro del Interior, que ha defendido el papel de España en sus políticas preventivas en origen: “Las rutas atlánticas y del Mediterráneo occidental suponen el 17% de las llegadas irregulares a la UE, y las de Ceuta representan solo el 0,7% del total”.

Tenía 16 años, una autorización de residencia y trabajo en regla, y llevaba casi dos años viviendo bajo la tutela oficial de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Ahmed (nombre ficticio) cuenta que estaba en el puerto de la ciudad, cuando varios militares lo “retuvieron y le agredieron” (pese a que carecen de autoridad legal para ello). Él, dice, comenzó a explicarles en castellano que era menor y que vivía en un centro ceutí desde diciembre de 2024. Nada de eso impidió que, de madrugada, el adolescente fuera entregado por las Fuerzas Armadas a la Guardia Civil, que lo expulsó sin expediente, sin abogado y sin la intervención de la Fiscalía ni de sus tutores, como exige la ley, según recoge el recurso contencioso-administrativo registrado por Fundación Raíces ante el Tribunal de Instancia de Ceuta contra la Delegación del Gobierno en la Ciudad Autónoma, adelantado por la Cadena Ser y al que ha accedido elDiario.es.

Según expone la denuncia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, el chico fue retenido en un primer momento por miembros de las Fuerzas Armadas en el puerto de Ceuta para ser posteriormente “conducido por la Guardia Civil hasta el puesto fronterizo”, desde donde se ejecutó su expulsión sin expediente a Marruecos. “Durante todo el proceso se omitieron las garantías legales más básicas: no se incoó expediente ni se dictó resolución administrativa alguna, se privó al menor de asistencia letrada y no se notificó ni al Ministerio Fiscal ni al Área de Protección de Menores de Ceuta, entidad que ostenta su tutela legal”, sostiene la organización. Este medio ha tenido acceso a la documentación que acredita que el chaval retornado era menor, estaba acogido como tal por la Ciudad Autónoma. Esa madrugada, elDiario.es presenció en la frontera varias expulsiones realizadas por la Guardia Civil a través del mismo punto de la valla que Ahmed describe.

Desde la entrada masiva del 30 de julio, varios menores han denunciado a haber sido expulsados sin procedimiento desde Ceuta, tal y como publicó el 11 de septiembre elDiario.es, que documentó tres casos de adolescentes que habían sido retornados al país vecino. En ese momento, Interior aseguró que solo se producían “retornos voluntarios” y que la Guardia Civil no ejecutaba este tipo de retornos forzosos, sea de adultos o menores, algo que nuestra información desmentía. Pese a conocer los hechos trasladados por este medio, Interior finalmente no abrió ninguna investigación al respecto. Este es el primer caso judicializado en el que, además, se da la cirscuntancia de que ya estaba tutelado desde hace casi dos años, lo que evidencia la falta de garantías e identificación en este tipo de operativos de retorno.

Ahmed había entrado en Ceuta en diciembre de 2024, con 14 años, sin la protección de un adulto por lo que fue identificado como menor extranjero no acompañado y protegido por el Área de Protección de Menores de la Ciudad de Ceuta. Desde entonces, el adolescente fue tutelado por esta Entidad Pública, según recoge el recurso judicial.

El menor relata que en la madrugada del día 10 al día 11 de septiembre de 2026, sobre la una de la madrugada, se encontraba en la zona del puerto de Ceuta junto con otros tres chicos. En Ese momento, Ahmed cuenta que perdió de vista a dos de ellos por lo que fueron en su busca, cuando los encontraron “sentados en el suelo junto con una tercera persona adulta, retenidos por un grupo de alrededor de siete agentes de las Fuerzas Armadas españolas”. Las Fuerzas Armadas no tienen funciones policiales, por lo que no pueden detener ni identificar a ciudadanos, pese a las constantes denuncias de migrantes -muchos menores- que aseguran haber sido agredidos, retenidos e incluso trasladados a otros lugares.

En el recurso, Ahmed relata que, a su llegada, los militares “les obligaron a sentarse igualmente en el suelo y les pidieron que se identificaran”. El menor cuenta que “habló en castellano con los militares” y que “les dijo que no tenía su documentación ni su teléfono consigo porque es un menor tutelado en la Ciudad Autónoma de Ceuta y todas sus pertenencias están en el centro de menores Aljarfe”.

Los militares le hicieron algunas preguntas para confirmar esta circunstancia, según el testimonio del menor. Por ejemplo, añade, “si sabía cómo se llama la directora de su centro”, a lo que asegura que respondió con el nombre de la directora. También le preguntaron “si un barrio cuyo nombre desconoce se encontraba a la derecha o a la izquierda del lugar donde estaban retenidos”, a lo que el menor reconoce que no supo contestar. “En ese momento, como consecuencia de los nervios y de la tensión, elevó la voz y se levantó. Ante ello, uno de los militares le ordenó que se sentara y agachase la cabeza con la mirada al suelo, golpeándole con una patada al lado de sus pies para forzarle. Asimismo, recibió un golpe seco en la nuca, aunque no vio si fue el mismo agente u otro”, recoge la denuncia.

Ahmed llevaba una riñonera de color rosa que los agentes inspeccionaron, “pero al no encontrar nada sobre su identificación, la arrojaron al suelo, quedándose en el lugar”, añade el texto presentado ante el Juzgado. Según la Fundación Raíces, “hasta donde supo el menor no se realizó en ese momento ninguna gestión de averiguación o comprobación con la Administración para identificar al menor y comprobar su relato”.

Primero, un vehículo de la Guardia Civil se llevó al señor mayor y a dos de los chicos que estaban retenidos por los militares en primer lugar. Posteriormente, una media hora después, llegó una segunda patrulla del Institito Armado de la Guardia Civil para recoger a Ahmed y a otro chico a la frontera del Tarajal, todo según la denuncia. Ya en el paso, el vehículo entró por la zona donde se suelen realizar las devoluciones sin procedimiento, en el área de seguridad que colinda entre el puesto habilitado y el mar.

Cuando Ahmed se dio cuenta de que los agentes se dirigían a espulsarle a Marruecos, tras casi dos años viviendo en Ceuta, “entró en estado de pánico y comenzó a llorar reiterando una vez más que estaba tutelado por la Ciudad y que no podían expulsarle”. Los guardias civiles, recoge la denuncia, “no hicieron ninguna gestión realizaron los agentes para comprobar que el menor se encontraba bajo la protección de la administración ceutí desde hace más de un año y medio”.

Ante la oposición del menor y el ataque de pánico, uno de los agentes le agarró del brazo, le bajó del coche y le llevó a la fuerza hasta el punto de entrega donde se encontraban las autoridades marroquíes. En este punto, mientras entregaban a Ahmed a los gendarmes del país vecino, uno de los agentes de la Guardia Civil sacó de su bolsillo unos 'grilletes de lazo' y se los dio a un militar alauí, explica la denuncia. “Los soldados marroquíes le colocaron los grilletes delante de los Guardias Civiles, pero ya en territorio marroquí”, añade. La Fundación Raíces pide al Juzgado que se entreguen las grabaciones de cámaras de vigilancia en la frontera española que linda con Marruecos para probar dichos hechos.

Esa misma madrugada, elDiario.es documentó varias devoluciones realizadas en la frontera del Tarajal realizadas tal y como Ahmed describe: vehículos de la Guardia Civil -furgones y coches- se introducían en la playa de la zona de seguridad de la frontera y, colocados en paralelo a la puerta, retornaron a varias personas, tal y como este medio publicó entonces. También vio a varias personas que, ya en el lado marroquí, iban engrilletadas.

Vulneración de derechos y “vía de hecho”

Desde la Fundación Raíces señalan que la Administración actuó con una “inobservancia total” del procedimiento de repatriación previsto en la Ley de Extranjería y en su Reglamento. En la actuación tampoco se evaluó el interés superior del menor ni se tomó en consideración su testimonio antes de entregarlo al país vecino sin verificar su destino ni garantizar su seguridad.

El recurso argumenta que la intervención vulnera de forma flagrante derechos constitucionales como la integridad física y moral (artículo 15 CE), la libertad deambulatoria (artículo 17 CE) —al haber sufrido una detención ilegal arbitraria— y la tutela judicial efectiva (artículo 24 CE), además de contravención expresa de la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU y de la doctrina fijada por el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional.

Frente a la posibilidad de que la Administración argumente que la retención inicial se debió a un error de los militares desplegados, la entidad recalca que la responsabilidad recae igualmente sobre la Guardia Civil. Al ser el cuerpo que lo trasladó e hizo efectiva la devolución en la frontera, sus agentes tenían la obligación de comprobar la identidad del joven, verificar que contaba con documentación en vigor y frenar de inmediato su expulsión.

Peticiones urgentes a la Justicia

A través de este recurso por la vía de derechos fundamentales, la Fundación Raíces solicita al juzgado que declare la nulidad radical de la actuación administrativa y reconozca la vulneración de las libertades del joven.

Asimismo, la organización pide que se condene a la Administración a adoptar de forma inmediata todas las medidas necesarias para lograr la repatriación del menor a territorio español con el fin de restituir su tutela. También “se ha requerido como medida cautelar el volcado y aseguramiento urgente de las imágenes de videovigilancia de esa madrugada en la zona portuaria y el paso fronterizo antes de que sean borradas automáticamente”.

El Ministerio de Defensa ha remitido a la Fiscalía y el Juzgado de Guardia de Ceuta las denuncias de torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes de militares a migrantes en Ceuta documentadas por Amnistía Internacional tras los hallazgos previos de las investigaciones publicadas por elDiario.es desde hace dos semanas. Asimismo, ha encargado una investigación interna para dilucidar “responsabilidades individuales”.

La organización internacional ha denunciado este miércoles en un informe “un patrón” de prácticas como “palizas, acoso, humillaciones y el robo de dinero y confiscación y rotura de teléfonos móviles a personas migrantes, sin importar su edad, condición o género” en particular por “unidades de Regulares y de la Legión” contra personas migrantes que permanecen en las calles de la ciudad o en asentamientos informales tras la entrada masiva desde Marruecos a finales de julio.

El departamento que dirige Margarita Robles ha informado de que ha remitido el informe a la Fiscalía y al Juzgado de Guardia de Ceuta. Además, ha trasladado que ha instado al Mando de Operaciones (MOPS) a investigar y dilucidar responsabilidades individuales “para preservar el buen hacer y nombre de las Fuerzas Armadas”.

La organización asegura haber recogido 22 testimonios directos que atribuyen a militares que patrullan la ciudad “palizas, acoso, humillaciones y el robo de dinero y confiscación y rotura de teléfonos móviles de personas migrantes sin importar su edad, condición o género”. Según sus conclusiones, apoyadas por vídeos y testimonios de los migrantes, algunos militares “han llegado a actuar de noche y encapuchados contra las personas migrantes —para evitar ser reconocidos— propinándoles golpes y palizas, o rociando la cara y el cuerpo con un espray irritante y procediendo a su expulsión sumaria a través de la valla del Tarajal.

Según los testimonios recabados por la organización, y tal como relataron decenas de migrantes a elDiario.es, las actuaciones de los militares incluyen “insultos y amenazas constantes” para que abandonen Ceuta, “impedirles dormir por la noche y transitar de día, obligar a los jóvenes a raparse el pelo, arrodillarse para besar una cruz cristiana a personas que son musulmanas, golpearles fuertemente y con brutalidad en la cabeza y la espalda con porras y botas y retirarles la comida si se niegan a cumplir una orden”.

elDiario.es publicó por primera vez el caso de más cinco personas que, en distintos puntos de la ciudad, denunciaron haber sido obligados por militares a raparse la cabeza, o incluso fueron los soldados quienes les cortaron a trasquilones parte del pelo que tanto tratan de cuidarse muchos jóvenes marroquíes.

A lo largo de sus investigaciones, este medio ha preguntado al Ministerio de Defensa repetidamente sobre estas actuaciones, sin obtener respuesta. Desde Moncloa se han ceñido a reiterar su intención de abrir una investigación interna.

A través de vídeos y fotografías, Amnistía Internacional ha documentado cuerpos magullados de migrantes con lesiones que “parecen compatibles con golpes” de las porras reglamentarias. En su investigación, la ONG menciona algunos casos concretos. Dos chicos marroquíes entrevistados por la organización presentaban ese tipo de lesiones en la cabeza, “una zona muy sensible por el alto riesgo de conmociones cerebrales y otros traumatismos craneales”. Según el testimonio recabado por la ONG, uno de ellos fue “obligado a arrodillarse antes de ser golpeado”.

Un hombre marroquí contó a la organización que llevaba 25 días sin poder caminar “tras haber sido empujado por un militar desde una altura elevada tras ser despertados y acosados por un grupo de militares mientras dormía a las puertas de la Ermita de San Antonio”, al este del puerto ceutí.

La ONG también destaca el caso de un chico marroquí y otro argelino “golpeados reiteradamente con porras y puñetazos mientras estaban inmovilizados con bridas de sujeción, cuyas marcas en las muñecas pudo constatar la organización”, según contaron los migrantes al equipo de Amnistía que visitó la ciudad del 10 al 15 de septiembre. “Me pusieron bridas y me metieron en el maletero. Cuando me sacaron, me amordazaron la boca y me pegaron la cara contra un árbol, y así me pegaron porrazos y puñetazos. Cuando terminaron, me tiraron por un terraplén”, contó uno de los jóvenes entrevistados por Amnistía Internacional.

Una veintena de testimonios recopilados de manera directa por elDiario.es a mediados de septiembre, a los que se suma un centenar de casos detectados por organizaciones sobre el terreno, describieron un patrón común por parte de determinados grupos de soldados españoles (especialmente por parte de regulares y legionarios) que actúan con violencia contra los marroquíes llegados a finales de julio a Ceuta, incluidos menores de edad.

Estos relatos pusieron de relieve que patrullas de militares han recorrido Ceuta en busca de migrantes a los que agredir y robar dinero y teléfonos móviles, además de prácticas humillantes, como obligar a raparse el pelo ante la amenaza de devolverles a Marruecos o golpearles en caso de negarse a hacer cualquier cosa que se les ordenase con la finalidad de denigrarlos. Grupos de militares también han rociado con gas pimienta a menores mientras caminaban o volvían de comprar comida, como pudo comprobar elDiario.es en dos episodios en una semana.

Este medio también accedió y verificó varios vídeos de agresiones de militares uniformados contra personas migrantes en la ciudad autónoma ocurridos en las últimas semanas. En uno de esos sucesos, un joven que trataba de escapar por una vía próxima a uno de los campamentos de acogida del Gobierno es atrapado por un grupo de soldados que lo lanzan en la ladera de un pequeño cerro, junto a varios arbustos, y lo acaban apaleando. Las grabaciones muestran otros casos de estas palizas sistemáticas.

Una investigación de Amnistía Internacional ha documentado tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes a personas migrantes y solicitantes de asilo en Ceuta por parte de Fuerzas Armadas españolas. En la línea de los hallazgos de las investigaciones publicadas por elDiario.es desde hace dos semanas, la organización internacional denuncia palizas, vejaciones, robo de dinero y teléfonos móviles por parte de militares que patrullan la ciudad, en particular por “unidades de Regulares y de la Legión” en lo que “parece ser un patrón” contra personas migrantes que permanecen en las calles de la ciudad o en asentamientos informales tras la entrada masiva desde Marruecos a finales de julio.

La organización asegura haber recogido 22 testimonios directos que atribuyen a militares que patrullan la ciudad “palizas, acoso, humillaciones y el robo de dinero y confiscación y rotura de teléfonos móviles de personas migrantes sin importar su edad, condición o género”. Según sus conclusiones, apoyadas por vídeos y testimonios de los migrantes, algunos militares “han llegado a actuar de noche y encapuchados contra las personas migrantes —para evitar ser reconocidos— propinándoles golpes y palizas, o rociando la cara y el cuerpo con un espray irritante y procediendo a su expulsión sumaria a través de la valla del Tarajal.

Según los testimonios recabados por la organización, y tal como relataron decenas de migrantes a elDiario.es, las actuaciones de los militares incluyen “insultos y amenazas constantes” para que abandonen Ceuta, “impedirles dormir por la noche y transitar de día, obligar a los jóvenes a raparse el pelo, arrodillarse para besar una cruz cristiana a personas que son musulmanas, golpearles fuertemente y con brutalidad en la cabeza y la espalda con porras y botas y retirarles la comida si se niegan a cumplir una orden”.

elDiario.es publicó por primera vez el caso de más cinco personas que, en distintos puntos de la ciudad, denunciaron haber sido obligados por militares a raparse la cabeza, o incluso fueron los soldados quienes les cortaron a trasquilones parte del pelo que tanto tratan de cuidarse muchos jóvenes marroquíes.

A través de vídeos y fotografías, Amnistía Internacional ha documentado cuerpos magullados de migrantes con lesiones que “parecen compatibles con golpes” de las porras reglamentarias. En su investigación, la ONG menciona algunos casos concretos. Dos chicos marroquíes entrevistados por la organización presentaban ese tipo de lesiones en la cabeza, “una zona muy sensible por el alto riesgo de conmociones cerebrales y otros traumatismos craneales”. Según el testimonio recabado por la ONG, uno de ellos fue “obligado a arrodillarse antes de ser golpeado”.

Un hombre marroquí contó a la organización que llevaba 25 días sin poder caminar “tras haber sido empujado por un militar desde una altura elevada tras ser despertados y acosados por un grupo de militares mientras dormía a las puertas de la Ermita de San Antonio”, al este del puerto ceutí.

La ONG también destaca el caso de un chico marroquí y otro argelino “golpeados reiteradamente con porras y puñetazos mientras estaban inmovilizados con bridas de sujeción, cuyas marcas en las muñecas pudo constatar la organización”, según contaron los migrantes al equipo de Amnistía que visitó la ciudad del 10 al 15 de septiembre. “Me pusieron bridas y me metieron en el maletero. Cuando me sacaron, me amordazaron la boca y me pegaron la cara contra un árbol, y así me pegaron porrazos y puñetazos. Cuando terminaron, me tiraron por un terraplén”, contó uno de los jóvenes entrevistados por Amnistía Internacional.

La organización también documenta violencia de los militares contra las mujeres marroquíes, entre las que incluyen “insultos, humillaciones y vejaciones de carácter sexual”. Una joven marroquí relató que un militar se mofó de ella diciéndole que “cómo había podido abrir las piernas” refiriéndose a su situación de embarazo.

La actitud chulesca de elementos militares afectó al propio personal de la organización desplegado en la ciudad autónoma, según denota el informe. La delegación de la ONG “fue identificada por miembros de la Policía Nacional durante su trabajo de investigación, tras ser avisados por militares y miembros de seguridad del hospital al cuestionar que estuvieran expulsando de la zona a personas a las que consideraban migrantes. También recibió hostigamiento, desprecio e insultos por parte de un grupo de militares que patrullaba junto a la puerta principal del Hospital Universitario de Ceuta el 11 de septiembre a las 17.30 de la tarde: 'Perroflautas. ¡A chuparla!', espetó uno de los militares”.

Madres y niños desprotegidos

La organización refiere asimismo que cientos de mujeres siguen sin recibir ningún tipo de respuesta por parte de las autoridades, y que muchas de ellas se encuentran con sus hijos e hijas durmiendo en la calle. También constata “testimonios de niños no acompañados que acuden casi a diario a los cuerpos policiales a solicitar protección y son rechazados de manera constante”, mientras que las ONG locales “están al límite de su capacidad”.

Con el objetivo de compartir las conclusiones de su investigación sobre el terreno, Amnistía Internacional se ha dirigido por carta a los presidentes del Gobierno de España y del Gobierno de Ceuta para compartir las conclusiones de su investigación sobre el terreno y pedirles acciones urgentes que proporcionen ayuda humanitaria y una acogida digna, y atención especializada a mujeres, niñas y niños en riesgo, ya sea en Ceuta o mediante su traslado a la Península.

Ahmed Efen-Dal camina despacio por el barrio ceutí de El Príncipe. No le queda una calle por recorrer, un vecino con el que hablar ni una persona migrante a la que escuchar. El barrio es su hogar. A escasos kilómetros, alrededor de Karima Mustafá se concentran un grupo de mujeres, adolescentes y niñas. No hay ninguna que no la mire atentamente, que no escuche cada palabra que pronuncia entre el devenir de los furgones de la ONG Luna Blanca y la construcción de las nuevas carpas que aliviarán el congestionado asentamiento informal para mujeres en el área de Sidi Embarek.

Said Mohamed vive cerca de la playa de Benítez, pero trabaja cada día en el cementerio musulmán de Ceuta. En esas colinas, que recorre todos los días, la muerte de alrededor de 90 personas tocó las puertas del recinto religioso. Al mismo tiempo, Souad recorre las calles de Ceuta y, mientras conduce, no puede dejar de suspirar. “Tengo el corazón roto”, expresa. Souad, Ahmed, Mohamed y Karima cargan a sus espaldas, desde el 30 de julio, el peso de una crisis humanitaria sin precedentes en un clima en el que ha aumentado la hostilidad a las personas dedicadas a ayudar a las personas migrantes.

Said Mohamed, encargado del cementerio musulmán

Said lleva 26 años trabajando en el cementerio musulmán de Ceuta y asegura que nunca había vivido una situación similar. “Todos los meses enterramos a personas que intentan cruzar a nado desde Marruecos. Cuando el número de muertes empezó a incrementarse entendimos que estábamos ante una situación excepcional”, cuenta desde el cementerio con vistas al mar que mató a más de 140 personas, según los datos de las organizaciones en el terreno. La situación obligó a Said y a su equipo a acelerar una ampliación que ya estaba prevista. “Al final nos hemos tenido que meter en una obra de emergencia porque ya sabíamos lo que nos esperaba”, cuenta.

Uno de los momentos más duros llegó el 21 de agosto. Enterraron 18 cuerpos en el mismo día. Los cadáveres fueron llegando “de cuatro en cuatro” y el trabajo se prolongó desde la cinco de la tarde hasta la medianoche. Todo, insiste, con un objetivo: garantizar a cada fallecido “una sepultura digna”.

Para Said, lo que más pesa ahora es la dimensión humana. “Son vidas humanas y son jóvenes que se van perdiendo por el camino”, lamenta. Para él, la crisis ha marcado un antes y un después en la ciudad. “Para la gente de Ceuta, el verano terminó el 30 de julio. Yo vivo en la playa. Mis hijos no quieren bajar, no quieren salir de casa”, reconoce.

Karima Mustafá, coordinadora de la carpa de mujeres y menores

Karima tiene los ojos puestos en cada rincón de la carpa que todavía, dos meses después, acoge a más de 300 mujeres. “Ven aquí”, grita a una de ellas. “Hija, cuidado, que viene el coche”, dice a otra. “Oye, ¿has comido?”, pregunta a una tercera. En una Ceuta asfixiada por la incertidumbre, la ausencia de respuestas convierte a Karima en una referente al que todas miran con respeto. En búsqueda del afecto ausente. “Aquí estamos, otro día más”, suspira al inicio de esta entrevista.

Esta madre de familia numerosa coordina desde finales de julio una carpa parecida a la de Ahmed en El Príncipe. “He visto a los niños y a las niñas crecer. Muchas parecen mayores, aunque no lo sean aún. No les sienta bien estar aquí”, cuenta. “Todos los días aparecen menores y mujeres que me piden entrar en el campamento”, explica. En la verja que separa la calle de la carpa blanca, un mensaje escrito a mano sobre un cartón anticipa su respuesta. “No hay sitio”, escribe y repite Karima una y otra vez. “Muchas me cuentan que están durmiendo en las calles, que tienen miedo, frío. Pero ¿qué más puedo hacer yo? ¿Qué más nos falta por hacer? Estamos desbordados”, insiste.

Unos minutos después, Saida, una mujer de 21 años, toca tímidamente la espalda de Karima, que se gira rápidamente y le presta atención. Es uno de esos casos que mencionaba hace escasos momentos. “Lo siento, querida. No puedo darte una solución”, explica. “Mira, mira, mira cuántas hay”, insiste señalando el interior de la carpa. Dentro hay colchones, una torre de mantas a modo de cama, palés, alfombras, ropa y más ropa, mujeres en silencio, otras que ríen, niñas que pintan y que duermen. Saida mira triste desde el exterior.

Ahmed Efen-Dal, presidente de la asociación vecinal

Ahmed describe los últimos dos meses como “una montaña rusa de emociones y sensaciones”. Aunque celebra que algunas mujeres y niñas hayan conseguido finalmente acceder a centros de acogida, denuncia que “las instituciones han tardado muchísimo en reaccionar y queda mucho trabajo por hacer”. Una de sus mayores preocupaciones son los menores: “Los niños y las niñas que están ahora mismo en los centros y en las calles tendrían que estar escolarizados y no lo están. Es muy grave”, cuenta.

Durante las primeras semanas que siguieron al 30 de julio, fueron los propios vecinos y voluntarios quienes asumieron buena parte de la asistencia, incluido Ahmed, que se implicó en la organización del asentamiento informal en el polideportivo de El Príncipe. Entre todos buscaron colchones, instalaron lonas y atendieron a mujeres y menores. Sin embargo, asegura que, cuando las instituciones comenzaron a tomar el control, algunos sintieron que se les apartaba. “Nos sentimos utilizados”, afirma. Ahmed recuerda especialmente una intervención policial en la que, según cuenta, los voluntarios fueron tratados “como si fueran criminales” después de llevar un mes ayudando.

Dos meses después, Ahmed también habla del racismo. Un racismo que, según él, se ha hecho más visible, pero que ya existía en Ceuta. Frente a la idea de una convivencia plenamente integrada entre las distintas comunidades y religiones de la ciudad, es crítico. “Hablan de las cuatro culturas, pero eso es mentira. Convivimos, sí, pero en gran medida estamos separados, distanciados”, cuenta. Sobre el futuro, Ahmed advierte que si no se ofrecen soluciones eficaces, “va a haber más enfrentamientos, más tensiones”.

Sued, vecina

Sued apenas descuelga el teléfono durante una tarde de domingo. “Si, hijo, dime, ¿qué necesitas?”, pregunta desde el otro lado de la línea. “Vale, voy”, replica al rato. Con el coche, acelera por la ciudad mientras continúa el bombardeo de mensajes de WhatsApp y llamadas. Hamza es uno de los jóvenes, en este caso menor, que está detrás de esa línea. “Es un chico tan carismático”, cuenta. Al recogerlo, Hamza cae rendido en el asiento trasero del coche. “Está destrozado, normal”, reflexiona.

Sued es de Ceuta y desde el 30 de julio ha trabajado como voluntaria desde muchos de los prismas de esta crisis humanitaria. “Al principio preparábamos comida, luego repartía ropa, sobre todo para los más pequeños. También hablo con muchos de ellos diariamente”, relata. “Son personas, humanos, con corazón, con sentimientos. Parece mentira que estemos ignorando un hecho tan básico”, insiste.

Su hijo pequeño es una esponja. Durante otro recorrido en coche, el niño pregunta: “Mamá, ¿qué va a pasar con estos pobres chicos?”, en referencia a los menores migrantes que caminan alrededor de la zona. “No sé, hijo, no lo sé”, contesta con vergüenza. “¿Y les podemos ayudar?”, vuelve a preguntar. Esta vez, Sued asiente. El ‘sí’ de la solidaridad interminable en este rincón de la ciudad autónoma. El ‘sí’ de la humanidad, la misma que Sued ansía. “No son animales, son personas. Que a nadie se le olvide”, pide.

El Tribunal Supremo de EEUU ha decidido este martes permitir que la Administración del presidente Donald Trump siga deportando a personas a países distintos al suyo, mientras los magistrados evalúan si la política es legal.

El tribunal ha indicado que escuchará los argumentos sobre la decisión política en diciembre. Los tribunales inferiores determinaron que los migrantes deben tener una oportunidad real de oponerse antes de ser enviados a países con los que no tienen vínculos.

La orden, aprobada por 6 votos contra 3, suspende, de momento, una sentencia de un tribunal de apelación.

Los fiscales federales afirmaron que la decisión del tribunal inferior obligó a cancelar un vuelo de deportación en el que viajaban unas 70 personas con destino a tres países.

Los magistrados ya habían autorizado que los vuelos de deportación, una política fundamental de la Administración Trump, continuaran temporalmente cuando el caso se les presentó el año pasado.

En virtud de una serie de acuerdos, a menudo secretos, la Administración Trump ha deportado a unas 25 000 personas a más de dos docenas de países, entre ellos Liberia y Guyana. La gran mayoría ha sido enviada a México.

La Administración republicana de Trump ha afirmado que envía a personas con órdenes definitivas de deportación a terceros países cuando no pueden ser devueltas a sus países de origen o estos se niegan a aceptarlas, incluidas aquellas con condenas penales. Esos gobiernos garantizan que las personas no serán perseguidas ni torturadas, según afirman los fiscales federales.

Sin embargo, algunos migrantes se han visto encarcelados en países de los que nunca habían oído hablar. Algunos también se enfrentan a graves riesgos para su seguridad y se ven obligados a regresar a los países de origen de los que huían.

Muchos no tienen condenas penales y se ha determinado que corren riesgo de tortura o persecución, según afirmaron los abogados de los migrantes.

El caso se produce en medio de una amplia campaña de represión migratoria por parte de la Administración de Trump, que quiere deportar a millones de personas que viven en Estados Unidos de forma irregular.

A primera hora de la mañana, agentes de la Policía Nacional han irrumpido en la playa de Benítez, despertando con golpes en las tiendas, a cientos de migrantes que aún dormían en el campamento colindante al del Trampolín, para rematar el desalojo del asentamiento iniciado el pasado domingo. De allí, decenas de marroquíes han sido introducidos en autobuses que se dirigían a la frontera del Tarajal. La mayoría de ellos, tras una reunión con la Policía sin asistencia letrada en la que les convencía de que su mejor opción sería volver a Marruecos antes de ser filiados, han retornado a su país “voluntariamente”.

Los chicos, algunos descalzos o con la manta de Cruz Roja aún sobre sus hombros, después de haber sido desalojados a la fuerza de sus chabolas, caminaron por su propio pie al interior de la frontera, donde eran acompañados por los agentes hasta la puerta que conecta la valla ceutí con el país vecino, tal y como ha presenciado elDiario.es. Fuentes de Interior aseguran que todos ello han retornado voluntariamente tras el desalojo.

Al menos dos autobuses cargados de migrantes desalojados esta mañana de la playa de Benítez han llegado al portón azul metalizado que conecta el paso fronterizo de El Tarajal con el polígono colingante. Allí, justo en las naves, rodeados de muchas de las chabolas donde aún pernoctan mujeres, menores e incluso un recién nacido, un equipo de tres agentes de extranjería recibían a los migrantes llegados directamente del asentamiento desmantelado. De seis en seis, los chicos permanecían durante unos minutos reunidos con ellos, custodiados por varios policías antidisturbios.

Un intérprete, perteneciente a la Policía Nacional (no independiente), hablaba durante unos minutos con ellos. Este medio pudo escuchar a la jefa del dispositivo de Extranjería en las naves del Tarajal reaccionar cuando uno de los migrantes del grupo dijo que era menor. “¿Eres menor? Tendrás que demostrarlo con documentación”, le dijo a las puertas de la frontera. Después de trasladar las explicaciones a través de un agente que habla dariyia, la policía al mando del dispositivo en las naves solicitaba a sus compañeros que bajasen a otro grupo del autobús. “Os podéis llevar ya a estos. Traed a otros seis”, ordenaba.

Según fuentes policiales, los agentes buscan en este tipo de reuniones previas a la filiación “informar” a los migrantes sobre su opción de regresar a Marruecos voluntariamente antes del momento de plasmar sus huellas en el CATE, una suerte de comisaría habilitada en las naves para realizar los triajes en las naves de Tarajal, donde tienen la opción de pedir protección internacional. Sin embargo, dos de los marroquíes que regresaron a su país este domingo en un dispositivo similar tras el primer desalojo de Benítez, han aseguradon a elDiario.es que la Policía les dijo en una reunión similar que “no había asilo para ellos” y que, en caso de permanecer en la ciudad y ser filiados, podrían “ir a la cárcel” [una afirmación que no sería cierta], además de ser castigados con una prohibición de entrada de cinco años [algo que es cierto si se les ejecuta una orden de retorno]. Interior, por su parte, insiste en que solo se les informa antes de pasar a ser identificados.

Este martes, durante la reunión con la policía, alguno de los migrantes preguntaban a los agentes y, la mayoría, cabizbajos, caminaban hacia el lugar que les indicaba uno de los agentes desplegados: la frontera con Marruecos, donde acabaron siendo entregados a las autoridades marroquíes. Las decenas de personas que regresaron al país vecino no eran retornados a través del paso oficial, sino que eran acompañados por las fuerzas de seguridad al otro lado de la aduana. Los chavales, de seis en seis, atravesaban las carreteras por donde los coches suelen pasar al país vecino y eran dirigidos a una caseta que conducía con la zona de seguridad de la playa del Tarajal. Allí eran conducidos a la valla ceutí del espigón, a la puerta que conecta con el lado marroquí, donde varios esperaban a recibir las indicaciones.

Al otro lado de la valla, eran recibidos por gendarmes marroquíes, que han quemado algunas de las pertenencias de los migrantes que decidieron marcharse tras la reunión con los agentes españoles.

No es la primera vez que realizan este tipo de operativo. Entre las cifras que el Gobierno aporta bajo el nombre de “retornos voluntarios”, hay varias tipologías de retornos. Entre ellos se encuentran aquellos en los que los migrantes, agotados tras semanas a la intemperie, persecuciones de patrullas de militares o desalojos, deciden marcharse por su propio pie. Ellos mismos, sin recibir indicación alguna, caminan a la frontera con sus pertenencias. Estas otras, las practicadas este domingo y este martes en la frontera, son diferentes. Son voluntarios, pero antes se producen una intervención polcial previa y algunos migrantes, ya en Marruecos, alegan a elDiario.es sentirse “engañados” por alguna de las informaciones transmitidas.

“Nos pilló justo después de que nos sacasen de la playa con golpes, estabamos dormidos y cansados, y nos dijeron que no podíamos pedir asilo. Había tres niños entre nosotros. Intentábamos hablar con un compañero que hablaba español, para que nos explicase bien nuestros derechos, y nos dejaban. A él le apartaron”, dice Mohamed, de 21 años, por videollamada desde Tánger. Este medio le había visto en Marruecos días antes del desalojo y posterior retorno desde Benítez.

Desde alrededor de las 9:30 horas han comenzado a llegar al Tarajal los autobuses en los que están siendo trasladados los migrantes procedentes de playa Benítez. El otro destino ha sido la frontera de El Tarajal, desde donde varios migrantes aún sin cuantificar han decidido volver a Marruecos. Desde primera hora de la mañana, un amplio dispositivo de la Policía Nacional se ha encargado de agrupar a las personas que permanecían en los asentamientos y organizar su traslado en autobús.

Quienes han declarado su decisión de pedir asilo tras la reunión con la Policía serán reubicados en el campamento de acogida de Loma Colmenar, según han confirmado desde la Jefatura Superior de Ceuta.

Desde el inicio de la crisis, el Gobierno ha señalado que las solicitudes de protección internacional deben responder a los supuestos previstos por la normativa y que los motivos exclusivamente económicos o laborales no constituyen, por sí mismos, causa para obtener el derecho de asilo. Esta circunstancia, según explican fuentes policiales, está llevando a algunos ciudadanos marroquíes a plantearse el retorno voluntario a su país.

Los relatos de dos los 23 sudaneses que fueron deportados a Marruecos desde Ceuta tras cruzar a la ciudad autónoma a final de julio reflejan la total incomprensión de los afectados, que vieron frustrado su deseo de lograr en España la protección a los ciudadanos escapados de un país en guerra. Ya en Marruecos y en precaria situación, denuncian que todavía no saben por qué fueron expulsados.

Abdulaziz Adam salió de Sudán en febrero de 2024. Tenía entonces 19 años y dejaba atrás El Obeid, en Kordofán del Norte, una de las regiones más golpeadas por la guerra que estalló en el país africano en 2023. Tras un largo recorrido migratorio, llegó a Ceuta el pasado 31 de julio. Durante los primeros días durmió en la playa y después fue trasladado al campamento de Loma Margarita, donde permaneció acogido junto a otros migrantes hasta que, casi dos meses después, recibió una cita para acudir a la policía.

No estaba solo. Bahr El Din Ali, otro ciudadano sudanés que llegó a Ceuta en esas mismas fechas y que terminó siendo devuelto a Marruecos, relata un recorrido parecido. Ambos aseguran que permanecieron 22 días en la playa antes de ser trasladados a un centro de acogida.

Abdulaziz salió del centro el 14 de septiembre pensando que iba a realizar unos trámites rutinarios de filiación. Nueve días más tarde estaba de nuevo en Marruecos. “Nos dijeron que no tuviéramos miedo”, cuenta a este medio desde Rabat. Abdulaziz y Bahr El Din forman parte del grupo de 23 ciudadanos sudaneses que España devolvió recientemente a Marruecos a través de la frontera de Ceuta. El Ministerio del Interior confirmó a elDiario.es estas devoluciones y aseguró que todos ellos habían sido retornados después de “haber rechazado pedir protección internacional”, con asistencia jurídica y de intérprete y con “todas las garantías”.

elDiario.es ha tenido acceso al testimonio, expediente administrativo y policial de Abdulaziz. Los documentos permiten reconstruir qué información tenían las autoridades españolas sobre él antes de ejecutar su devolución. La Policía había dejado por escrito que el joven era una persona vulnerable, que antes de llegar a Ceuta había sufrido “tortura, violación o violencia” y que el motivo de su llegada o entrada irregular estaba relacionado con un “conflicto bélico en el país de residencia”.

A pesar de ello, en otro apartado del mismo expediente consta que no solicitó protección internacional. Al finalizar el triaje, el procedimiento al que fue derivado fue el de “retorno”. La cuestión que plantea el caso es si aquel “no” al asilo fue una decisión plenamente comprendida por quien la tomó.

Abdulaziz no niega que, durante la primera entrevista de mediados de septiembre, le hablaran de protección internacional. Lo que sostiene es que nunca entendió qué implicaba la alternativa que le presentaron. “Nos dijeron: ‘¿Quieres paso [cruce a la Península] o asilo?’ Yo no sabía que el paso estaba prohibido”, afirma. “No tengo ningún problema en pedir asilo en España”, añade.

Una elección engañosa

El relato coincide con las denuncias tras las primeras devoluciones de sudaneses desde Ceuta. Entonces, varios de los afectados explicaron a través de abogados y organizaciones que durante los triajes policiales les habían planteado dos opciones: asilo o cruce.

La abogada Patricia Vicens, especializada en extranjería y migraciones y que está trabajando con algunos de los retornados, advertía que esa formulación podía inducir a error. Según explicaba, los sudaneses podían interpretar “cruce” como la posibilidad de continuar hacia la Península y no como una opción asociada a una devolución.

El expediente de Abdulaziz permite comprobar cómo quedó reflejada administrativamente aquella decisión. En el apartado dedicado a la protección internacional figura que no la había solicitado durante el triaje. Según Interior, este tipo de anotaciones acreditan que los afectados rechazaron voluntariamente solicitar asilo. Abdulaziz ofrece una versión diferente. “No sabíamos que no habíamos pedido la protección internacional, porque no nos lo dijeron”, asegura. Defiende que no comprendió que la elección que estaba realizando podía dejarlo fuera del procedimiento de protección internacional y abrir la puerta a su devolución a Marruecos.

Bahr El Din argumenta lo mismo. “En ese momento no sabíamos que el procedimiento que se estaba poniendo en marcha podía terminar con nuestra devolución y entrega a las autoridades marroquíes”, explica a elDiario.es.  

Un triaje de menos de cinco minutos

La primera entrevista empezó a las 14.30 horas del 14 de septiembre y duró menos de cinco minutos, según consta en la documentación consultada por este periódico. En ese intervalo quedaron registrados sus datos personales, su procedencia, el motivo de su salida de Sudán, su situación de vulnerabilidad, la violencia sufrida y si solicitaba o no protección internacional.

Cuando fuimos el día de la segunda cita nos quitaron el papel y empezamos los trámites. Le preguntamos a la traductora qué tramites eran estos y no nos explicó nada

Abudaliz Adam — Sudanés deportado a Marruecos desde Ceuta

Abdulaziz recuerda aquella entrevista como un trámite muy breve. “Solo me preguntaron cuál es mi nombre, el nombre de mi madre y de mi padre, dónde vivo y el motivo por el que salí de Sudán”, explica. Cuenta que respondió que había abandonado el país por la guerra.

El relato de Bahr El Din sobre las entrevistas que se realizaron al grupo apunta en la misma dirección. Según explica, en los primeros trámites les tomaron las huellas dactilares y les hicieron preguntas sobre su identidad y sus familias. Además, asegura que en aquel momento no disponían de un abogado que les explicara la naturaleza del procedimiento o sus derechos.

Aquel mismo día recibió una segunda cita para el 23 de septiembre. Abdulaziz asegura que salió de la comisaría sin pensar que hubiera ningún problema. “Estos son los mismos trámites que se hicieron a todas las personas que fueron antes que nosotros a la policía y volvieron al campamento con normalidad”, recuerda.

“No sabíamos que nos llevaban a la frontera”

Nueve días después, Abdulaziz acudió de nuevo a la Policía junto a otros ciudadanos sudaneses. Esa vez comenzó a inquietarse porque no entendía qué procedimiento estaban realizando. “Cuando fuimos el día de la segunda cita nos quitaron el papel y empezamos los trámites. Le preguntamos a la traductora qué trámites eran estos y no nos explicó nada”, relata. Según su testimonio, preguntaron expresamente si iban a ser deportados. “Nos dijeron que no había ningún peligro, que era normal. Nosotros no entendemos el español lo suficiente como para entender documentos jurídicos”.

Después, los subieron a vehículos policiales. “Nosotros no sabíamos que nos llevaban a la frontera entre Marruecos y España”, explica. “Allí nos entregaron a la Guardia Fronteriza marroquí y nos quitaron los teléfonos. Hasta ahora no hemos entendido nada”, insiste.

Estamos en una situación extremadamente difícil. No puedo ni describirla

Abudaliz Adam

Ese mismo 23 de septiembre, la Delegación del Gobierno de Ceuta había dictado una resolución de devolución contra Abdulaziz. El documento, al que ha tenido acceso elDiario.es, acordaba su devolución después de considerar su entrada irregular en España. El insiste en que nunca entendió que aquella segunda cita terminaría con su salida del país. “No nos explicaron que nos iban a devolver a Marruecos”, dice.

La diferencia entre ambas versiones vuelve a situarse en el mismo punto. Interior sostiene que los 23 sudaneses rechazaron solicitar protección internacional y que las devoluciones se produjeron con todas las garantías. Abdulaziz, por su parte, sostiene que nunca comprendió que hubiera renunciado al asilo ni que el procedimiento que estaba siguiendo podía terminar con su entrega a Marruecos.

Teléfonos confiscados y un traslado al sur de Marruecos

El relato de Bahr El Din permite reconstruir también que ocurrió después de que cruzaran la frontera. Según denuncia, tras ser entregados a las autoridades marroquíes les fueron retirados diversos objetos personales, entre ellos teléfonos móviles, auriculares, cargadores y algunos documentos de identificación.

Bahr El Din cuenta que, además, fue obligado a grabar un vídeo en el que debía decir que procedía del África subsahariana y que había entrado de manera irregular tanto en Marruecos como posteriormente en Ceuta.

“Nos llevaron a un centro de detención temporal y después fuimos trasladados en autobús hacia el interior del país hasta Errachidia”, explica.

Durante ese traslado, sin embargo, el grupo se separó. Ambos aseguran que cuatro de las personas de origen sudanés que habían sido devueltas junto a ellos no llegaron a Errachidia. “Los bajaron en otro centro de detención temporal y los trasladaron en vehículos diferentes”, explica Abdulaziz. Desde entonces, afirman, no han vuelto a tener noticias de ellas y desconocen dónde se encuentran.

Frustración desde Rabat

En Rabat, Abdulaziz está acompañado por otros sudaneses que fueron devueltos en circunstancias similares. “Sinceramente, ahora estamos en una situación extremadamente difícil. No puedo ni describírtela”, cuenta.

La devolución los ha llevado de nuevo al país desde el que habían conseguido entrar en España, pero no al suyo. Abdulaziz había salido de Sudán más de dos años antes y, cuando fue entrevistado por la Policía en Ceuta, dejó constancia de que su desplazamiento estaba relacionado con el conflicto armado. “Queremos nuestro derecho como refugiados de Sudán”, afirma.

El joven vuelve una y otra vez a la misma idea cuando intenta explicar lo ocurrido: “No nos dijeron que no habíamos pedido protección. No nos dijeron que nos iban a devolver. Nos dijeron que no tuviéramos miedo”.

El Gobierno ultima los detalles de un Real Decreto-Ley que pretende llevar este martes al Consejo de Ministros con el objetivo de acelerar la tramitación de solicitudes, denegaciones y devoluciones de migrantes en la ciudad de Ceuta. El borrador de la norma, adelantado por El País y al que ha accedido elDiario.es, plantea la aprobación de una suerte de suspensión temporal de garantías básicas del derecho al asilo, que se salta algunos de los límites legales establecidos por el ya duro Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA). Varias fuentes jurídicas expertas en derecho de asilo alertan de que el decreto, tal y como está redactado el borrador inicial, vulnera el “principio de no devolución”, clave en el derecho internacional, y pone en riesgo el derecho a la tutela jurídica efectiva, amparado en la Constitución Española.

El texto plantea un marco de tramitación acelerada que afecta con carácter retroactivo a las peticiones de protección internacional presentadas desde el 30 de julio y que se encuentren pendientes de resolución. El texto que ultima el Ejecutivo diseña un circuito de tramitación exprés ideado para acelerar al máximo la resolución de expedientes y agilizar las expulsiones desde Ceuta. El Gobierno, consciente de que uno de los principales escollos para acelerar los retornos es el cuello de botella que pueden crear las peticiones de asilo, está intentando reducir a golpe de decreto garantías del derecho al asilo, que no solo estaban incluidas en la legislación española, sino que están contempladas en los reglamentos ligados al Pacto Europeo de Asilo y los convenios internacionales firmados por España.

En el terreno administrativo, la norma elimina intermediarios al capacitar directamente a la Dirección General de Protección Internacional para resolver peticiones sin pasar por el filtro de la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio, que incluye también la presencia de Acnur en el proceso. Al mismo tiempo, impone la inadmisión de entrada para quienes pidan asilo siete días después de haber recibido una orden de devolución y permite archivar solicitudes por “desistimiento implícito” —sin dar opción a subsanar— si el migrante abandona el centro de acogida o no responde a un trámite en un plazo de entre 5 y 10 días.

El texto impacta en las garantías procesales del solicitante. El decreto contempla que, cuando una persona resida en un centro de acogida masificado o no acredite una dirección concreta, la resolución no se le notificará en mano ni por correo, sino a través de un anuncio en el Boletín Oficial del Estado (BOE). A esto se suma un tijeretazo drástico a los plazos para acudir a los tribunales: el margen para interponer un recurso contencioso-administrativo frente a una denegación en frontera se reduce a tan solo cinco días naturales.

El borrador restringe al mínimo el derecho de los migrantes a permanecer en territorio español mientras se resuelve su solicitud de asilo, lo que permitiría su devolución aunque aún no exista una respuesta definitiva a su petición. Según el texto, los solicitantes pueden perder “su derecho de permanencia, independientemente de su nacionalidad” de manera automática quienes consideren que suponen “un peligro para el orden público o la seguridad nacional”. La clave es el amplio margen que deja la norma para poder considerar que un migrante en Ceuta supone un peligro para el orden público: “Se entenderá que se da esta circunstancia en caso de las personas que se hayan comportado de manera violenta o amenazante en el centro o dispositivo de acogida; o que, fuera de los mismos, promuevan o participen en altercados, tumultos, o actos que supongan cualquier actividad sancionable administrativa o penalmente por poder afectar al orden público o seguridad ciudadana”.

En este sentido, el texto veta expresamente la aplicación de un principio hasta ahora incuestionable en el derecho internacional: el principio de no devolución, por el cual ninguna persona puede ser retornada a un país donde su integridad física, su vida o dignidad corra peligro, así como aquellos Estados donde no se garantice que el solicitante no acabe expulsado al lugar de donde huye.

Así, el proyecto establece que “el principio de no devolución no podrá ser invocado en caso de excepción o pérdida del derecho por peligro para el orden público o la seguridad nacional, o cuando la persona cuente con una sentencia desfavorable firme sobre la resolución de su solicitud o solicitudes anteriores o cuando, habiendo tenido la oportunidad de recurrir las resoluciones anteriores, no lo hubiera hecho”. Eso sí, para retirar el derecho de permanencia por riesgo al orden público o la seguridad requerirá un acto previo de privación acordado explícitamente por la persona titular del Ministerio del Interior.

El texto contradice así los límites establecidos en el Reglamento europeo que regula los procedimientos de asilo. Si bien el marco comunitario permite restringir o hacer excepciones al derecho de permanencia durante el procedimiento o los recursos en casos de seguridad u orden público, sí exige de manera explícita que cualquier medida se aplique “sin perjuicio del principio de no devolución”. La norma comunitaria prohíbe expresamente que la denegación de permanencia conduzca a una expulsión automática hacia un país donde la vida de la persona corra peligro o pueda sufrir tratos degradantes o tortura.

Interior no ha respondido a las preguntas de elDiario.es porque se trata de un texto que aún no es definitivo. Entretanto, desde Acnur España, un organismo que asesora a las autoridades en temas de asilo y refugio, remarcan que han conocido la preparación del decreto “a través de los medios de comunicación”. “Por el momento, no hemos recibido información oficial ni hemos sido consultados sobre su contenido, por lo que sería prematuro pronunciarnos sobre medidas concretas, que a priori, podrían ser preocupantes”, señalan fuentes de la agencia especializada.

Así, estas mismas fuentes hacen hincapié en que “agilizar los procedimientos y preservar las garantías no son objetivos incompatibles”. “Deben garantizarse en todo momento principios esenciales como el de no devolución y el acceso a un recurso efectivo, asegurando que las necesidades de protección se evalúen adecuadamente antes de proceder a un retorno ya sea directo o indirecto”, señalan. “Dicho esto, los retos de la gestión migratoria –incluida la actual crisis en Ceuta– no deberían traducirse en una reducción de las garantías del procedimiento de protección internacional”, agregan las fuentes de la agencia de la ONU en España, que muestran su disposición a las autoridades “para contribuir a medidas que permitan reforzar la eficacia del sistema preservando plenamente estas garantías”.

Según cuatro fuentes jurídicas especializadas en asilo y refugio, la propuesta del Ejecutivo, además de apurar los márgenes de restricción previstos en el Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA), entra en colisión con el reglamento sobre procedimientos de asilo, sobrepasando las propias directrices fijadas por Bruselas y contraviniendo salvaguardas de derechos humanos fundamentales.

La prohibición de la no devolución

Añadir excepciones al principio de no devolución choca con el marco legal europeo, según las fuentes jurídicas consultadas. “El principio de no devolución siempre se puede invocar. Es un principio de derecho internacional que está en vigor independientemente de la normativa concreta y que se proclama para cualquier persona que vaya a sufrir tratos degradantes o cuya vida esté en peligro. En las excepciones que pone el PEMA, cuando a una persona se le deniega por seguridad y orden público, siempre se conserva el principio de no devolución”, apunta Elena Muñoz, la responsable jurídica de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (una de las ONG que forma parte del sistema de acogida del Gobierno).

Diego Boza, profesor de Derecho Penal de la Universidad de Cádiz y especialista en inmigración, considera que el texto no tiene encaje legal: “La propuesta me parece ilegal por resultar contraria a los Reglamentos europeos y las leyes nacionales”, sostiene el experto. “En cuanto a los Reglamentos europeos, la referencia a la no invocación del principio de non-refoulement resulta contraria al Reglamento 2024/1348, pero también a toda la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”, añade.

“La no invocabilidad del principio de no devolución es la disposición más grave y no tiene encaje posible”, coincide Patricia Fernández Vicens, abogada experta en migraciones que ha estado detrás de denuncias como la que frenó la expulsión de menores desde Ceuta en 2021, un caso por la que acabaron condenadas por prevaricación la entonces delegada del Gobierno en la ciudad y la exvicepresidenta de Ceuta. “El artículo 10.4.c), el artículo 56 y el artículo 68.3 arrancan con 'sin perjuicio del principio de no devolución'; el artículo 68.7 exige que el tribunal pueda autorizar la permanencia cuando se invoque. Es una norma de ius congens. Quebranta directamente el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y el artículo 33 de la Convencion de Ginebra”.

Recorte del recurso

Los expertos alertan de riesgo de incurrir en una vulneración de la tutela jurídica efectiva, amparada en la Constitución española y en la legislación internacional. “El recorte del plazo del recurso contencioso-administrativo no encuentra cobertura en la norma europea”, indica Boza. “Al reducir los plazos del recurso a cinco días naturales, la persona no se va a enterar y se le van a pasar los plazos”, coinciden desde la organización especializada en asilo. “En cinco días, con un sábado y un domingo de por medio, es imposible que el abogado pueda ver el caso, redactar el recurso y pedir medidas cautelares. La tutela judicial efectiva, que es un derecho fundamental, se ve bastante afectada”, continúa.

“El recurso en el plazo de cinco días es un absoluto invento. El plazo para ese tipo de decisiones es del artículo 46.1 de la LJCA: dos meses. El PEMA dispone plazo más reducidos para otras cosas, pero no para eso”, señala Fernández Vicens.

En la práctica, este acortamiento de plazos dificulta de forma extrema la interposición de recursos con plenas garantías. El plazo legal estándar en el sistema español es de diez días o un mes según la vía. Al reducir el margen a cinco días naturales —con fines de semana de por medio—, el solicitante dispone de un lapso mínimo para localizar asistencia jurídica, solicitar turno de oficio, estudiar el expediente y articular la demanda ante los tribunales.

A este obstáculo se suma la generalización de las notificaciones a través del Boletín Oficial del Estado (BOE). Según el artículo 6 del borrador, si el solicitante indica direcciones en zonas geográficas o en centros de acogida sobreocupados, la notificación se realizará de forma exclusiva por anuncio en el BOE, asumiéndose legalmente como efectuada a la primera publicación.

“La notificación por BOE es solo un último recurso, cuando la persona está ilocalizable”, explica Muñoz, de CEAR. “Si esas personas están en un dispositivo de acogida público, están localizables, por lo que no te puedes acoger al BOE. Esa notificación no es válida si no se ha intentado la notificación personal dos veces, mañana y tarde. Notifican por el BOE para que no te enteres”. Ante este patrón de indefensión, Boza sostiene que “el ministro Marlaska con esta propuesta pretende ir más allá, saltándose el ordenamiento jurídico y los procedimientos existentes”.

La normativa comunitaria para crisis

Desde las organizaciones sociales recuerdan que la propia legislación comunitaria ofrece alternativas que no pasan por el recorte de derechos: “No se entiende por qué hacen esto cuando tienen un instrumento como el Reglamento de Crisis que habla de que, cuando hay una situación de gran llegada o tensión en la capacidad de acogida o gestión, se puede pedir ayuda a la Comisión Europea para que te flexibilicen los plazos por los cauces previstos”.

En la misma línea, Boza cuestiona que el Gobierno no aplique los cauces legales habilitados en la normativa comunitaria para crisis migratorias, ya de por sí duros y cuestionados por organizaciones de derechos humanos. “Para situaciones de este tipo el Pacto habilitó el Reglamento de Crisis, pero España no lo ha querido activar. Ese Reglamento de Crisis establece el máximo de recorte de derechos que la UE contempla y el Ministerio del Interior con esta propuesta pretende ir más allá de lo legalmente permitido”, remata.

“El reglamento (UE) 2024/1348 no admite regímenes procedimentales territoriales distintos dentro de un Estado; el único cauce para apartarse de sus reglas ante una llegada masiva es el reglamento 2024/1359 (crisis y fuerza mayor), que exige solicitud del Estado, propuesta de la Comisión y decisión de ejecución del Consejo, y tasa las excepciones (registro hasta cuatro semanas, fronterizo ampliado, etc.)”, recalca también Fernández Vicens.

“Ha venido la Policía y nos han sacado a porrazos”, alertaba Mohamed una hora después de su desalojo del espigón de la playa de Benítez (Ceuta). Es uno de los migrantes que, durante la primera hora de la mañana de este domingo, ha sido desalojado de las inmediaciones de la playa Benítez. Un operativo policial, formado por más de 300 efectivos, ha trasladado a más de medio centenar de personas migrantes que se me encontraban en esta zona, especialmente en la zona del espigón y en la parte más alejada de la costa.

El operativo ha dejado también numerosas pertenencias que han tenido que abandonar tras ellos los migrantes desalojados esta mañana de manera repentina, sin tiempo para recoger las pocas cosas que han ido acumulando en los casi dos meses que llevan en Ceuta. Tiendas de campaña, enseres, algunos móviles, mantas y ropa han quedado tirados por el suelo y, en algunos casos, han sido aplastados durante la intervención.

“Están trasladando a migrantes al Guano, a un espacio más adecuado. La zona actual es muy insegura de cara a temporales y lluvias que puedan llegar en el futuro”, confirma Interior. Sin embargo, más allá del traslado a la zona del Guano, algunos migrantes han sido introducidos, en pequeños grupos, en furgones policiales. Por el momento, este medio no ha podido confirmar el lugar donde han sido enviados.

Los migrantes asentados hasta ahora en el espigón de la playa de Benítez denuncian haber sido golpeados con porras y rociados con gas lacrimógeno por parte de la Policía Nacional, en la primera parte del operativo que aseguran que ocurrió alrededor de las 7 de la mañana. Mohamed dormía cuando los agentes, cuentan, irrumpieron en el espigón y en la zona de la Desalinizadora. “Vinieron directamente a sacarnos a porrazos y con gas”, dice el hombre

Según el relato de varios migrantes asentados en Benítez, los policías han utilizado el material antidisturbios especialmente en la primera parte del dispositivo, concentrado en la zona de la desalinizadora y el espigón. “Entraron y empezaron a pegar a los chicos, los sacaron a todos de sus chabolas. Nuestras mantas se quedaron allí, la ropa, la comida, el dinero. Hay a quien le pegaron y le quitaron el teléfono”, dice Hassan (nombre fictico), uno de los migrantes afectados por el desalojo.

Algunos aseguran que varios agentes les dijeron que serían trasladados a los campamentos del Gobierno, pero les acabaron dejando en otra zona de El Trampolín, donde apenas queda espacio donde levantar cabañas. Hacerlo, además, suele generar peleas entre las personas que ya llevan tiempo en un determinado lugar. “¿Ahora a dónde vamos a ir? ¿De dónde vamos a sacar comida? Nos mintieron, nos sacaron de allí a la fuerza con porras, riéndose. Nos dijeron que nos iban a llevar a las tiendas, que iban a recoger las tiendas y llevarlas. Fuimos y nos dijeron 'sentaos'. Al rato nos dijeron 'hasta mañana'. Nos dijeron ”ahora buscáos la vida“. Ni siquiera nos dejan ir a la tienda a comprar agua ni nada”, denuncia.

“Lo importante es que nos atacaron de golpe, se pusieron a pegar a los chicos, los chicos tuvieron miedo y nos sacaron. Nos sentaron en esa primera casa, nos sentamos como si nada y nos dividieron, se llevaron a unos para un lado y a otros para otro lado, nos tiraron todo”, dice otro hombre marroquí.

La operación se produce tras el requerimiento emitido por la Consejería de Medio Ambiente de la Ciudad Autónoma, el pasado 11 de septiembre, a la Delegación de Gobierno en el que argumentaba cuestiones de seguridad y riesgo grave para la planta desaladora de la ciudad , solicitando el levantamiento de los asentamientos.

Tras su desalojo, el cordón policial ha continuado durante horas, mientras los servicios de limpieza retiraban los restros de lo que fue un asentamiento improvisado desde hace casi dos meses. Mientras un centenar de personas esperaba junto a la línea de seguridad el momento para tratar de buscar algunas de las pertenencias que tuvieron que abandonar a la carrera, los operarios retiraban todo en camiones de la basura. Mientras Aiman aguardaba el momento para ir a buscar la manta que dejó atrás y Ali preguntaba preocupado por la bolda de comida que dejó en la tienda, las tiendas en las que dormían ya estaban arrasadas. Los operarios lanzaban a la basura colchones, mantas, sillas, cartones de leche, mochilas con ropa y todo lo que encontraron en el área desalojada.

“Yo dejé mi tienda allí, dejé mi ropa, dejé mi cartera, ¿entiendes? Me quedé con lo puesto, mi ropa se quedó allí”, lamenta Aiman. A su lado, otro compañero pregunta por su teléfono. Con el susto y la carrera, su teléfono se quedó en la tienda.

Tras el estudio de la zona y de las necesidades operativas y materiales para garantizar la viabilidad del operativo, la Policía Nacional, tras celebrar esta semana una reunión de coordinación en la propia Delegación de Gobierno, determinó la mañana de este domingo para el desarrollo de esta operación. Durante los próximos días por parte de los servicios de la ciudad se procederá a la limpieza y vallado perimetral de la zona, estableciéndose vigilancia policial durante su realización.

En el operativo de esta mañana intervienen seis grupos de la unidad de intervención policial (UIP) con unos 300 policías y efectivos de la Unidad de Medios Aéreos de la Jefatura Superior así como, entre otras unidades, del área de Extranjería de la Policía Nacional, alcanzando una cifra total de unos 350 funcionarios. 

Horas después de su desalojo, Aiman empezó asumir que no recuperaría sus pertenencias y empezaba a pensar en el nuevo lugar donde poder asentarse. “Ahora vamos a quedarnos aquí aguantando a ver si nos dan una solución, ¿entiendes? Nosotros hemos subido para trabajar y ganarnos la vida. Sí que hay algunos sinvergüenzas por aquí, pero nosotros, no. Lo importante es que esta noche vamos a aguantar y la vamos a pasar como sea”.

Sentados, tranquilos y muy atentos a cada orden que daban los agentes de la Policía Nacional que los custodiaban en la playa del Trampolín. Decenas de menores han acudido al asentamiento de migrantes al correrse la voz de un nuevo operativo para identificar a parte de los menores migrantes que llevan casi dos meses desamparados en las calles de Ceuta para filiarlos y llevarlos a un centro de acogida. De todos los que esperaban, solo un grupo de ellos han sido finalmente trasladados a la Jefatura de Policía en un autobús. Tras sus ventanas, los niños saludaban, aplaudían y celebran que, por fin, iban a dormir bajo un techo, protegidos por el Estado como exige la Ley.

Mientras esperaban sentados, obedientes y hasta aplaudiendo las indicaciones de los agentes, un autobús se acercó al primer grupo de chavales. Algunos de los niños hablaban entre sí y, por si acaso, preguntaban a los periodistas que estaban a su alrededor: “¿Marruecos?”. La respuesta negativa los tranquilizaba. “¿Centro?”, añadían antes de celebrar la confirmación. Han escuchado tantas veces historias de menores que, dicen, han sido engañados que temían estar cayendo en una trampa. “¡Centro!”, se decían entre ellos, sonrientes e intercambiando miradas de complicidad entre ellos.

El autobús, uno de línea local, arrancó repleto de menores sonrientes y no volvió ningún otro vehículo para recoger a los chavales que mantenían esperanzas de lograrlo este sábado. Quienes lo vieron irse desde la playa, esperaron unos 20 minutos en la misma posición, hasta que los agentes deshicieron la línea que los rodeaba y los furgones policiales desaparecieron. Nadie les explicó nada, solo asumieron que hoy tampoco sería el día en que dormirían bajo un techo, después de casi dos meses de abandono institucional en situación de calle.

“Estoy muy cansado de estar en la calle. Es muy difícil y a veces hay problemas con los mayores”, dice Hasim, mientras regresaba cabizbajo por el mismo paseo por el que había llegado en su intento de ser identificado por la Policía. Es la tercera a vez que acude a uno de estos operativos de identificación, que cada día se realizan en un sitio distinto. Es la tercera vez que corre al lugar desde el que le avisan otros adolescentes marroquíes y corre para intentar entrar en el grupo de los seleccionados. Es también la tercera vez que no lo consigue.

“Mañana estaré aquí otra vez a las 7 de la mañana”, dice el menor, de 17 años. Sin embargo, no se suelen repetir estos operativos en el mismo lugar dos días seguidos, sino que los van cambiando sin avisar. La Policía busca evitar que se concentren miles de menores que, desesperados, acuden cada día allí donde alguien les dice que están filiando a menores. Sin embargo, el sistema utilizado agota y genera un clima de constante alerta entre cientos de niños y adolescentes, algunos de ellos de menos de 15 años.

No solo se quedaron fuera del centro quienes no lograron entrar en el autobús. Algunos de los chavales que se despedían entre aplausos en la playa del Trampolín no fueron aceptados a su llegada a la Jefatura Superior de Ceuta. Los mayores de 16 años no fueron finalmente filiados, pues la Policía en coordinación con la Ciudad Autónoma de Ceuta aún se está centrando en los más pequeños.

“¿Qué pasa con nosotros? Yo tengo 16, tengo los pies llenos de heridas, se me están infectando, estoy solo y estoy muy cansado”, dice Adam. “¿Nosotros no tenemos derecho? También somos menores”, se queja.

Según los últimos dados facilitados por el Gobierno este miércoles, en las calles de Ceuta aún quedan entre 500 y 700 menores sin proteger frente a los 2.300 filiados ya. Sobre la situación de los menores no acompañados, el ministro Ángel Víctor Torres insistió en que la ciudad de Ceuta “no es un convidado de piedra”, ya que tiene la tutela del menor y es precisa su voluntad expresa para que éstos vayan al resto del territorio español: “El Gobierno de España lo ha dicho con claridad: 2.000 menores que hay en Ceuta en estos momentos, más los que quedan por las calles, hacinan a la ciudad de Ceuta y hacen que esos menores no estén en las mejores condiciones”.

Pensaban que solo iban a comisaría para filiarse y acabaron en Casablanca (Marruecos) con la misma ropa que les había proporcionado la ONG del campamento donde estaban acogidos desde su entrada a Ceuta a finales de julio. Iban tranquilos, porque son sudaneses, proceden de un país en guerra y hasta ahora España no retornaba a personas de su nacionalidad por la frontera ceutí. Pero en las últimas horas, el Gobierno ha devuelto de manera forzada a Marruecos, un país que no es el suyo, a 23 personas procedentes de Sudán, pese a que la situación de conflicto en su país permite que el 90% de sus nacionales consigan asilo en España.

El Ministerio del Interior confirma a elDiario.es que los 23 sudaneses han sido retornados por la valla ceutí tras la ejecución de sus expedientes de devolución, justo después de haber sido trasladados de su centro de acogida a comisaría para proceder a su triaje casi dos meses después de su llegada a España. Desde la cartera de Fernando Grande-Marlaska aseguran que todos ellos han sido devueltos después de “haber rechazado pedir protección internacional”, algo que despierta extrañeza entre abogadas y ONG especializadas, que denuncian “falta de garantías” en estos retornos.

La devolución, pese a realizarse con un expediente previo según el Gobierno, no se ha practicado por el paso habilitado, sino que los 23 sudaneses han sido entregados a Marruecos en distintos grupos por la puerta de la valla ceutí, la misma donde suelen realizarse las devoluciones en caliente.

Interior asegura que la devolución se ha realizado con “todas las garantías”, incluida la asistencia jurídica y de intérprete exigida por ley, pero los testimonios de migrantes llegados a abogadas y ONG contradicen su versión.

Varios de los sudaneses devueltos han llegado a Casablanca y, a través de abogadas y otros compatriotas, denuncian haber sido “engañados” por las autoridades españolas. “Mirad estos chicos. Han pasado más de un mes en Ceuta y ahora los han devuelto a Casablanca con las mismas ropas que lo llevan en el 'Ceti' en Ceuta”, dice un joven sudanés a través de su cuenta de TikTok. Tras él, otros dos chicos miran a la cámara con los mismos chándales azul marino que suele entregar la ONG Accem a los migrantes acogidos en el campamento gubernamental de Loma Margarita, las carpas que albergan a los migrantes procedentes de África Occidental y Oriental.

Hasta ahora, Marruecos no aceptaba la devolución o expulsión con procedimiento de personas que no sean marroquíes a través de las fronteras de Ceuta y Melilla. En las últimas semanas, ha empezado a hacerlo, pero no a través de un paso fronterizo habilitado, sino por la puerta de atrás, pues no reconoce la soberanía española delimitada por la aduana en las ciudades autónomas. La normativa española permite la devolución de personas a un país distinto al suyo siempre que exista un tratado bilateral de readmisión, advierten fuentes jurídicas.

España cuenta con un acuerdo de readmisión firmado con Marruecos en 1992, sin embargo, el pacto incluye una serie de exigencias. Entre ellas, establece un plazo máximo de 10 días para que el país receptor solicite la devolución, un periodo que ha sido sobrepasado en esta ocasión. También incluye como requisito el retorno por parte de las autoridades marroquíes al país de origen de los retornados. Sin embargo, los sudaneses no pueden ser deportados a su país. De hacerlo, se estaría incumpliendo el principio de no devolución garantizada en la legislación nacional e internacional.

Muchos de los sudaneses que han entrado en Ceuta durante la llegada masiva llevan años malviviendo en Marruecos, un país que no respeta los derechos humanos de los migrantes procedentes de África Occidental y Oriental y no garantiza su acceso al asilo, según distintos informes de organizaciones como Amnistía Internacional o Human Rights Watch. Lo que defiende Interior es que estas personas, después de lograr llegar a España, donde tienen un 90% de posibilidades de conseguir protección si la piden, han rechazado solicitar asilo de manera voluntaria con toda la información sobre las consecuencias que tendría su elección. Y a las organizaciones y abogados que los apoyan les cuesta creerlo. Apuntan a las posibles deficiencias de la asistencia jurídica o la falta de un servicio de intérprete de calidad durante los triajes.

La abogada Patricia Vicens, especializada en derecho penal, infancia y migraciones, está preparando un requerimiento en contra de la devolución de los sudaneses que ya se han puesto en contacto con ella para protestar en contra de su retorno forzado a Marruecos. Además, asegura que las órdenes de devolución no incluyen que son llevados a su “país de origen”, como suele ser habitual, sino “punto de origen” algo que “no está contemplado en la normativa española”.

Según explica, los triajes realizados por la Policía Nacional no están cumpliendo con las garantías. La redacción de los documentos de filiación, recalca, puede estar llevando a “engaño” a los migrantes filiados, especialmente a aquellos con necesidades de protección como los sudaneses. “En el triaje la Policía les da dos opciones: Asilo o cruce. No dice se dice que se les va a devolver a Marruecos habla de ”cruce“, por lo que ellos han podido interpretar que eligen cruzar a la península”, detalla la letrada.

“A ellos les hablan de cruce, se utiliza una palabra que no es devolución. Esto lo repiten todos los sudaneses devueltos con los que hemos hablado. Y tiene sentido que los sudaneses hubiesen elegido el ”cruce“ pues encaja con la práctica habitual hasta el momento, dado que a los migrantes procedentes de Sudán hasta ahora se les solía incoar la devolución, pero no se ejecutaba y se les mandaba a la península”, sostiene.

“La persona devuelta no saben que están pidiendo el retorno. Los han engañado”, zanja la abogada.

Un migrante argelino de 57 años ha muerto después de desplomarse en la zona de las duchas en un asentamiento de la playa del Trampolín, en Ceuta. Ocurrió alrededor de las 14:30 horas en un área cercana a la fábrica de Guando. Personal sanitario hizo un infructuoso intento de reanimación, tal y como ha presenciado elDiario.es. De momento, no ha sido establecida la causa del fallecimiento y sólo se conoce el nombre de la víctima: Amaar.

El hombre estaba en los alrededores de las duchas instaladas en el asentamiento y se ha desplomado. Los migrantes que estaban en el lugar han empezado a gritar y llamar para que alguien viniera a prestarle auxilios. Los activistas de una ONG han empezado a hacerle la reanimación y, posteriormente, ha llegado una ambulancia: los sanitarios han estado una hora aproximadamente intentando reanimarle, pero finalmente han declarado su fallecimiento.

El día 22 de septiembre, Amaar fue al hospital por “cólicos y diarrea”, según el justificante medico al que ha accedido elDiario.es.

Cerca de un centenar de migrantes estaban alrededor del cuerpo de Amaar, observando cómo trataban de salvarle, y la policía controlaba a la muchedumbre. Cuando los médicos han procedido a tapar el cuerpo y lo han dado por fallecido, todos los que lo rodeaban han empezado a orar por él. Durante unos cinco minutos, han repetido los rezos musulmanes para despedirse de su compañero. Los agentes de Policía que estaban desplegados en el lugar no han intervenido y han permitido que tuviera lugar la espontánea ceremonia religiosa.

Uno de sus compañeros ha dicho a este medio que el fallecido tenía algunos problemas de salud, aunque no ha especificado cuáles. Ha relatado que hoy mismo ha empezado a encontrarse mal y que estaba casi llorando por la mañana; después se ha dirigido a la zona de las duchas, pero no estaba duchándose, y se ha desplomado, según el testigo.

La semana pasada, las autoridades españolas trasladaron a unos 1.700 migrantes que estaban en los asentamientos de Benítez y el Trampolín al campamento temporal más grande de los habilitados por el Gobierno en Ceuta, instalado en el puerto de la ciudad autónoma. Se calcula que había más de 3.000 personas en esos dos asentamientos, por lo que muchos migrantes siguen en una situación precaria en las calles y playas de Ceuta.

En la playa del Trampolín, levantaron un campamento informal un gran número de los migrantes que entraron a Ceuta desde Marruecos a finales del pasado mes de julio. El asentamiento surgió después de que las fuerzas de seguridad españolas condujeron y acordonaron en el lugar a los migrantes el 31 de julio y estos construyeron cabañas y se organizaron para poder permanecer en el lugar el tiempo que hiciera falta.

Dos militares corren tras un joven migrante en una carretera en el límite de la barriada de El Príncipe (Ceuta). El chico trata de escapar por una vía próxima al embolsamiento de Loma Colmenar, donde se encuentra uno de los campamentos de acogida del Gobierno. Los soldados lo atrapan y lo lanzan en la ladera de un pequeño cerro, junto a varios arbustos. Allí, uno de ellos le golpea con la porra. Pese a que el hombre al que persiguen está tirado en el suelo y rodeado, a medida que llegan otros uniformados, se acercan y le apalean, según muestran varios vídeos a los que ha tenido acceso elDiario.es. Después, más migrantes son retenidos y empujados a una zanja donde también son aporreados.

Varios vídeos verificados por elDiario.es confirman las palizas por parte de militares a migrantes llegados a Ceuta durante la entrada masiva de finales de julio, tal y como publicó la semana pasada este medio citando a una veintena de migrantes que denunciaban las agresiones. Las imágenes evidencian el uso excesivo de la fuerza por parte de algunos de los miembros de las Fuerzas Armadas que patrullan las calles de Ceuta, pese a que no poseen las funciones policiales, de seguridad ciudadana ni de orden público que corresponden a los cuerpos como la Policía o Guardia Civil. 

Tras preguntar por el contenido de los vídeos, el Gobierno ha expresado su condena a las agresiones recogidas en estos. Desde Moncloa reiteran su intención de abrir una investigación interna sobre las denuncias de palizas por parte de militares, como ya anunciaron que harían la semana pasada. “Mostramos nuestra total consternación y condena ante esas imágenes y por descontado el Gobierno abrirá una investigación al respecto”, señalan a este medio fuentes de Moncloa.

En el caso descrito al inicio de esta investigación, cinco vídeos recogen distintos momentos de una actuación de varias patrullas de militares en las proximidades del embolsamiento de Loma Colmenar. Junto a la carretera se eleva una colina donde, durante semanas, dormían decenas de migrantes en su intento de esquivar las redadas de militares. Las imágenes muestran una redada de al menos dos patrullas, cuya unidad no ha podido verificar este medio por el momento. Dos militares procedentes de las proximidades del campamento gubernamental de Loma Colmenar, a cuyas puertas también durmieron miles de personas durante semanas a la intemperie a la espera de una plaza de acogida, aparecen corriendo a la carrera tras un hombre. 

elDiario.es ha preguntado al Ministerio de Defensa sobre estas actuaciones, pero ha contestado para avisar de que no va a responder a la consulta. 

Una vez alcanzado, el hombre perseguido cae al suelo y es golpeado por uno de los militares mientras el otro uniformado observa. El primer vídeo se corta y, en el siguiente, otros cuatro soldados descienden la misma vía a la carrera. Cuando uno de ellos alcanza el lugar donde sus compañeros ya rodean al joven que persiguen, se acerca y utiliza su porra para agredir al migrante ya reducido en el suelo. Lo mismo ocurre cuando llega el siguiente uniformado. Se desvía, se acerca a sus compañeros, y participa en la paliza. Mientras se suceden al menos tres golpes con la porra, se escuchan los gritos de la víctima. 

Otro vídeo de esa misma noche muestra a dos vehículos militares aparcados en esa carretera, pero a unos 20 metros del lugar donde fue reducido el primer hombre. Varios soldados recorren la zona, tanto desde la calle como la loma donde solían esconderse y dormir muchos migrantes en este punto de la ciudad, mientras un migrante se escapa ante ellos por la carretera. Momentos después, al menos dos soldados retienen a un migrante cada uno y lo acompañan a una cuneta, parcialmente oculta por el furgón. Uno de ellos empuja a un migrante con fuerza hacia la zanja, donde cae. Tras ello, los militares utilizan sus porras en varias ocasiones sobre ellos. En ese momento, se escucha una voz que, en español, afea la actuación: “No os paséis, no os paséis”. Mientras, los gritos de los migrantes continúan. 

El vídeo fue grabado entre finales de agosto y mediados de septiembre, cuando miles de migrantes continuaban en las calles de Ceuta tras la llegada a nado de más de 70.000 personas durante los días de finales de julio en que Marruecos apenas controló su frontera. En las imágenes pueden verse las carpas militares que acogen a cientos de migrantes en Loma Colmenar, instaladas el 17 de agosto. Una vecina ceutí asegura a este medio que los hechos ocurrieron la semana del 16 de septiembre. 

Este miércoles, en este mismo punto de Ceuta, varios operarios locales empezaron a podar los primeros arbustos para despejar la loma donde solían esconderse migrantes, cuentan varios vecinos de la zona, que confirman que este era un punto de paso clave para muchos de ellos, donde aún hoy siguen pasando las noches de manera más puntual. Varios vecinos, aunque no hablan específicamente de una agresión concreta, asienten cuando se les pregunta por las denuncias de decenas de migrantes: “Se están pasando. Si se les quiere echar, que les echen. Si alguno hace algo malo, que venga la Policía o la Guardia Civil. Pero pegar, no”, lamenta uno de ellos, que prefiere no profundizar mucho en el asunto. Algunos reconocen haber recibido más vídeos de palizas de militares y, posteriormente, haberlos borrado. Entre los ceutíes que condenan este tipo de agresiones, hay una frase que se repite: “No son de aquí. Los que pegan así, no son de Ceuta. Son los que vienen de fuera”. 

Frente a esa misma colina, un joven marroquí llegado a finales de julio solía ofrecer servicios como barbero y peluquero. “Un día vinieron los militares y le trasquilaron el pelo. Le veíamos todos los días con sus trenzas, que le costaría un trabajo mantener, y llegó un día con todo cortado”, dice uno de los vecinos que transita asiduamente este punto de la ciudad. 

Las imágenes encajan con las agresiones y persecuciones relatadas por decenas de migrantes. Los testimonios aseguraban que grupos de militares que patrullaban las calles de la ciudad perseguían a migrantes y los golpeaban en lugares o momentos en que no había testigos. Muchos de ellos también decían que, en el caso de estar cerca los periodistas o vecinos, las palizas no se producen, por eso muchos tratan de caminar siempre por zonas transitadas. 

Paliza frente a Trampolín

Este miércoles, alrededor de las 23.00 horas, dos militares retuvieron y golpearon a un migrante cerca del gran asentamiento de migrantes en la playa del Trampolín, como queda recogido en un vídeo publicado en redes sociales por la activista y vecina ceutí Hanan Alcalde, que ha sido verificado por elDiario.es. Cinco testigos presenciales confirman que la agresión mostrada en las imágenes tuvo lugar en la noche de este miércoles en la antigua Fábrica de Guano.

Los uniformados salieron de su vehículo y se abalanzaron sobre un joven marroquí que caminaba solo junto a la antigua Fábrica de Guano tras descender de otra colina próxima para hacer sus necesidades. “Los soldados lo cogieron cuando volvía de hacer sus necesidades en el monte, porque los baños no funcionan y no tenemos otra opción que escondernos allí”, dice un migrante que presenció los hechos. Su testimonio, y el de otros tres testigos entrevistados, coincide con las imágenes. Los militares utilizaron sus porras sobre un joven marroquí, que, encogido sobre sí mismo, trataba de evitar parte de los impactos. Los militares creían estar solos, sin testigos, hasta que la persona que graba los hechos les increpa, según ha podido comprobar elDiario.es a través de al menos cinco personas que contemplaron la escena

En ese momento, los dos militares miran a su alrededor y, ante los ojos que observan su actuación, dan por terminada la paliza. Uno de ellos, justo después de un fuerte porrazo sobre el joven, mira hacia la cámara e, inmediatamente, se da la vuelta. Su compañero propina una última patada al chaval, se yergue, se coloca la boina verde que agarraba con su mano durante la paliza y corre hacia el blindado militar. El chico, de apariencia menuda, mira desde el suelo alejarse a los miembros de las Fuerzas Armadas que, sin decir nada, se introducen en el vehículo. 

Desde el furgón, cuya matrícula ha quedado registrada en las imágenes, un militar graba a la mujer ceutí que increpó a los soldados para intentar frenar la paliza. En ese momento, varios migrantes que se habían percatado de lo ocurrido, comenzaron a gritar a la patrulla mientras huía del lugar de los hechos. 

Alcalde, activista y vecina, denunció este jueves lo ocurrido en sus redes sociales. “Un inmigrante andaba por la Fábrica de Guano cuando un camión lleno de militares ha bajado y ha empezado a golpearlo”, ha alertado la influencer residente en la ciudad autónoma, que también formó parte de La Flotilla a Gaza. “Sé que todos no son así, yo tengo gente en mi familia que son militares. Pero a estos hay que localizarlos; tenemos que saber quiénes son. Quiénes son los que cada noche apalean a migrantes, la mayoría de ellos, niños. Esto no puede quedar impune”, ha añadido en un post que incluía imágenes de los hechos. 

“Cuando los militares huyen, la dejan sola [la chica que denuncia] a oscuras con todos los migrantes. Ellos no le hacen nada, solo darle las gracias. El mundo al revés de como lo cuentan muchos”, reflexiona en conversación con elDiario.es. Hanan Alcalde denuncia que la misma patrulla “intimidó” a la persona que documentó los hechos y “la amenazaron con rayar su coche”. 

En un tercer vídeo publicado por la ONG Border Resistance el pasado 12 de agosto se puede ver otra agresión de militares. elDiario.es no ha podido verificar de manera independiente la fecha de la agresión, que se produce cerca de El Príncipe. Las imágenes muestran una persecución de militares a un grupo de personas. Una de ellas se cae varios metros por un terraplén cuando trata de escapar; mientras tanto, los uniformados golpean a uno de ellos que no logra ponerse en pie y que trata de huir entre porrazos. Detrás de él, otra persona recibe una paliza de manos de los mismos soldados. En la grabación se pueden escuchar los gritos de dolor y angustia.

“Estos militares nos han golpeado y humillado”

La forma de actuar de los soldados recogida en el vídeo, que abandonan el lugar de los hechos rápido en cuanto se percatan de la presencia de testigos durante la paliza al migrante, coincide con la reacción que tuvo una decena de soldados el pasado 11 de septiembre, tras la llegada del equipo de elDiario.es y algunos activistas en plena redada de patrullas de legionarios en el barrio de Rosales. Como publicó este medio en el marco de una investigación que recogía una veintena de testimonios directos de migrantes que denunciaban agresiones de militares, los uniformados desaparecieron del lugar en cuanto se toparon con los periodistas y voluntarios. 

Lo hicieron pese a que tres hombres ceutíes se cubrieron el rostro y, colocados delante de los militares que evacuaban la zona, empezaron a lanzar latas y piedras a los activistas y periodistas que observaban los hechos. Los soldados no recriminaron en ningún momento ni trataron de frenar el intento de agresión de los vecinos encapuchados, sino que aprovecharon ese instante para reagruparse y apartarse. Un hombre con una gran brecha en la cabeza y la cara ensangrentada descendió de lo alto del vecindario, mientras uno de los soldados se dirigía al vehículo militar. “¿Quién te ha hecho eso?”, le preguntó un vecino ceutí delante de uno de los miembros del Ejército. “Los militares”, dijo el hombre, casi sin poder mantenerse en pie, señalando a uno de los soldados, que se metió en el vehículo oficial, recogió a otros compañeros y arrancó. 

“Estos militares nos han golpeado y humillado. Nos han quitado los teléfonos y todo lo que teníamos. No han dejado a nadie sin golpear”, dijo Adam, uno de los chavales que presenciaron los hechos y, tras recibir un golpe con la defensa de los militares, logró escapar. “Como puedes ver, han abusado de nosotros. Uno de los chicos más golpeados es menor de edad. Se han ensañado con nosotros de la forma más cruel”, añadía. Tres jóvenes tuvieron que ser trasladados al hospital al presentar lesiones y heridas de consideración, tras ser recogidos por una ambulancia. 

Los migrantes con heridas más visibles -otros sufrieron contusiones leves en manos, brazos y pies que no requirieron traslado al centro sanitario- presentaban contusiones en la cabeza, rostro y/o costillas, todas lesiones compatibles con los golpes de las defensas. Especialmente la de Omar (nombre ficticio). De su brecha alargada de unos cuatro centímetros de largo brotaba la sangre que manchaba su cara, cuello y manos. “¿Por qué nos hacen esto? ¿Esto es legal en España?”, se preguntaba el hombre, desconcertado.

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La presencia militar se sentía más intensa de lo habitual en las naves del Tarajal cuando dos vehículos de las Fuerzas Armadas emprendían su salida del polígono ceutí. Al verlos, un joven marroquí, atemorizado, baja la cabeza y trata de alejarse lo más posible de los uniformados. Los furgones se acercan despacio al llamado “mirador de la frontera”, una curva con vistas al perímetro donde a menudo se acumulan grupos de personas, muchos migrantes, a observar la actividad de la aduana. Uno de los militares mira fijamente al exterior con la ventanilla bajada. Dos chicos se apartan de golpe y giran la cabeza. Uno de ellos se tapa los ojos y corre a pedir ayuda: “Nos acaban de tirar gas los militares por la ventanilla. Me pica mucho la boca y la cara”, alerta el chaval en ese mismo instante alDiario.es.

El joven que toca su cara angustiado tiene 17 años. Se llama Nawfaly. Nervioso, se retira las gafas, que han evitado el contacto directo del producto químico con sus ojos y señala sus cristales. En ellas pueden verse pequeñas gotas del aerosol esparcidas por los vidrios. Su boca y mejillas empiezan a enrojecerse como reacción al gas que acaban de rociarle mientras caminaba por la calle con un amigo en dirección al asentamiento donde duermen. “Veníamos de comprar algo de comida en el Mercadona, solo estaba andando, miraba el móvil, me han lanzado el spray desde el coche. ¿Por qué nos hacen esto?”.

elDiario.es ha comprobado en el momento la presencia de gas pimienta o gas lacrimógeno en ese punto. Segundos antes del encuentro con el menor, la reportera que firma esta información había sentido picor en la garganta, tos seca intensa y repentina, los efectos habituales tras la inhalación de este producto. La zona donde se produjo la agresión estaba tranquila, no había ningún altercado de seguridad, había algunos migrantes desperdigados observando la frontera y un par de chavales caminando hacia las naves, al tratarse de un punto habitual de paso.

Mientras el Gobierno ha anunciado la apertura de una investigación interna sobre las denuncias de agresiones, vejaciones y robos cometidas por parte de patrullas de militares tras la información publicada por elDiario.es, los migrantes siguen denunciando actuaciones violentas o el uso de material antidisturbios contra ellos cuando realizan actividades rutinarias como dormir, caminar por la calle, recoger agua o comprar comida. El Ministerio de Defensa no ha querido responder a las preguntas de este medio sobre las agresiones con gas.

Si bien cerca de una decena de jóvenes marroquíes cuentan que los niveles de violencia han “descendido” tras la publicación de sus denuncias en este medio y el posterior anuncio de la investigación interna por parte del Gobierno, muchos siguen señalando prácticas agresivas contra los migrantes, incluidos menores. Las Fuerzas Armadas no poseen las funciones policiales, de seguridad ciudadana ni de orden público que corresponden a los cuerpos civiles como la Policía o la Guardia Civil.

En la última semana, elDiario.es ha comprobado tres episodios —dos de ellos contra menores— en los que militares rocían con gas pimienta o lacrimógeno a migrantes durante sus actividades cotidianas, a los que se suman más testimonios de jóvenes marroquíes que este medio aún no ha podido verificar de manera independiente. Un día después de que una patrulla de militares lanzase gas hacia Nawfal mientras volvía de hacer la compra, Reda (nombre ficticio) regresaba este martes al campamento de la playa del Trampolín después de haber sido entrevistado por elDiario.es en los alrededores de la Jefatura Superior de Policía, donde intentaba registrarse como menor de edad. Cuando paseaba por las inmediaciones del Puerto de Ceuta, explica, un soldado le echó gas pimienta hacia los ojos.

Minutos después, el menor, de 17 años, escribió un mensaje a este medio: “Mientras caminaba hacia las tiendas de campaña donde duermo, unos soldados con boinas rojas me abordaron y me rociaron con gas lacrimógeno. Ahora estoy en las tiendas y siento un ardor intenso en los ojos”, alertó. Las “boinas rojas” que Reda describe coinciden con el tarbut utilizado por el Grupo de Regulares de Ceuta, una prenda de fieltro rojo de forma cilíndrica acompañada de una borla negra. En ese mismo momento, el chaval envió varias imágenes que muestran sus ojos enrojecidos, especialmente el derecho. “Eran cuatro. Cuando nos encontramos de frente con uno de ellos, me roció”, añadió. “Necesito ayuda. Me estoy muriendo por las quemaduras”.  

Media hora después, el enrojecimiento había bajado, pero a Reda aún le costaba abrir su ojo derecho, cuyo párpado se le había inflamado ligeramente, como comprobó elDiario.es. El menor había pedido ayuda a un agente de la Policía Local de Ceuta que le proporcionó una solución que alivió el ardor, explica. Ya bajo su tienda y rodeado de sus compañeros, el adolescente mostró el estado de su ojo a este medio. La congestión ocular se mantenía, pero la irritación había disminuido.

“No había pasado nada. Solo andaba con un amigo, también menor. De repente vinieron, empezaron a gritar en español cosas que no entendía y me rociaron. Salí corriendo para llegar a la tienda”, dice el adolescente, ya más tranquilo y protegido junto a otros migrantes que suelen estar pendientes de él en el asentamiento. Como otros cientos de menores en Ceuta, Reda malvive en las calles de la ciudad pese a que su tarjeta marroquí de identidad demuestra que tiene 17 años. Pese a que la Ley del Menor y la de Extranjería obliga al Estado —bajo la responsabilidad específica de los Gobiernos autonómicos— a filiar y proteger en un centro de acogida a los menores sin acompañamiento de un adulto en el momento en que se tenga conocimiento.

Desde el Centro para la Defensa de los Derechos Humanos Iridia explican algunos de los límites que tiene el uso de gas pimieta por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Según las orientaciones de Naciones Unidas, el uso manual de armas menos letales irritantes, como la pimienta, está permitido “para incapacitar o disuadir a un agresor violento o para ayudar a efectuar la detención de un sospechoso que se resiste violentamente”.

“Solo debe usarse cuando las fuerzas del orden tenga motivos para creer q existe una amenaza inminente de daño”, resume Anaïs Franquesa, directora del centro y abogada penalista. “Estas guías están hechas pensando más en situaciones de orden público, pero el gas pimienta también forma parte de la dotación normal en algunos cuerpos policiales. Sea policía o ejército es obvio que el uso proporcional de la fuerza a la que están obligados implica que una arma de estas características solo sea usada para repeler una situación de violencia”, detalla la jurista. Por ello, añade, “el hecho de estar usando gas con el objetivo de castigar, discriminar o humillar podría ser constitutivo de tortura o un delito contra la integridad moral en función de las circunstancias”.

La guía de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) sobre el uso de equipamiento antisturbio también alerta de que la infancia es especialmente sensible al uso de irritantes químicos. “Los niños son inequívocamente vulnerables a los efectos psicológicos del uso de gas pimienta”, advierte el documento.

En un tercer caso ocurrido el pasado viernes 18 de septiembre, pasadas las 6.00 de la madrugada, un furgón militar se introdujo en una zona privada del polígono del Tarajal —a pesar de que la verja se encontraba cerrada en un primer momento—. La patrulla aparcó junto a un coche rojo donde dormían algunos migrantes. Siete militares rodearon el vehículo y alguno de ellos lo golpea, según un vídeo al que ha accedido elDiario.es. Posteriormente, rociaron con gas lacrimógeno a quienes se encontraban en su interior. “Los soldados le rociaron gas lacrimógeno y ahora no puede ver bien”, relata una fuente en el asentamiento sobre una de las víctimas. Tras ser atendido por varios activistas, sus síntomas se aliviaron, según el testimonio de uno de los chavales.

Marco Antonio Gómez, portavoz de la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME), señala a elDiario.es: “No tenemos conocimiento [de estos hechos]. No quiere decir que no se produzcan, pero no hay ninguna evidencia legal ni jurídica que nos haya llegado. Tampoco vídeos ni fotografías. Sin embargo, sí que hay vídeos, fotografías, testigos y denuncias de migrantes pegando a militares. Si hay algún militar que se exceda en el cumplimiento de su trabajo, se tiene que aplicar la ley”.

Cada día Reda, y tantos otros chavales, preguntan a quien se encuentran por las calles si hay algún sitio que acoja a menores como él. Aún no ha obtenido respuesta alguna. Lejos de protegerle como la norma exige, la actitud de algunos militares empuja a huir a muchos menores cuando se topan con alguna patrulla cerca de ellos. “Lo que más miedo me da de estar en la calle es que me peguen los militares”, dice el chaval, quien menciona también las peleas que suelen estallar en la zona del Trampolín entre los propios migrantes como la segunda razón.

A un lado, en España, aún no se observaba el rastro del despliegue policial anunciado por Interior bien entrada la noche en el Tarajal. En Marruecos, sí. Horas después, alrededor de las 8:00 de la mañana de este miércoles se han desplegado decenas de antidisturbios de la Guardia Civil y la Policía Nacional a pesar de que la frontera a pesar de que la frontera amaneció sin incidentes ni movimientos sospechosos, según confirma el Ministerio del Interior. Las autoridades españolas y marroquíes han ordenado el refuerzo fronterizo ante los llamamientos localizados en redes sociales que, según el Ministerio del Interior, animan a cruzar en grupo a la ciudad autónoma durante la jornada del 23 de agosto, día de jornada electoral en Marruecos.

El sol cayó este martes en Ceuta con más calma que tensión, pero los nuevos efectivos policiales se preparaban en el interior del entramado fronterizo, aunque apenas se hicieron ver de madrugada por diversos puntos de la frontera. “Calma total durante toda la noche”, confirman fuentes de Interior. En el lado español, el Gobierno decidió mover ficha para evitar sorpresas, aunque resta credibilidad al llamamiento y destaca la “tranquilidad” aparente en la frontera. La Policía Nacional ha incorporado un refuerzo de 75 efectivos de las Unidades de Intervención Policial (UIP), mientras que la Guardia Civil ha intensificado desde el martes por la noche el trabajo de los tres pelotones del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) destinados en la ciudad autónoma. El operativo cuenta con 120 agentes durante las noches y 90 durante el día, apoyados por un helicóptero y la doble de presencia de drones vigilando la valla y el mar, explican fuentes de Interior.

Omar (nombre ficticio) se ríe cuando se le pregunta sobre la supuesta convocatoria. “¿Creen que van a volver a entrar? Ahora no se puede, está todo cerrado y todo el mundo lo sabe”, dice el joven, que entró a nado a Ceuta a finales de julio sin apenas control marroquí. “Ahora todo ha cambiado. Lo notamos quienes estamos aquí y también los que siguen allí. Si están devolviendo a algunos de los que entremos... ¿cómo va a venir mucha gente ahora?”, responde el marroquí, tras una noche más en el asentamiento del Trampolín.

Al otro lado, en Castillejos (Marruecos), la respuesta marroquí dista del dispositivo desplegado los días 30 y 31 de julio, cuando más de 70.000 personas atravesaron la frontera sin apenas impedimento del país vecino. Unos 3.000 efectivos de las fuerzas de seguridad custodian las inmediaciones del paso fronterizo y sus alrededores, donde se concentran camiones policiales y vehículos cisterna, según informan fuentes desde el terreno. Los montes colindantes, donde días atrás solían verse a grupos de migrantes subsaharianos aguardando una oportunidad, están blindados y vacíos. En el interior, cerca de un centenar de agentes de paisano patrullan en furgones blancos con la orden de interceptar a cualquier posible emigrante, con la intención de subirlo a un vehículo y trasladarlo a autobuses con destino al sur del país.

Lo que trasladan desde Moncloa es el convencimiento de que este miércoles no ocurrirá nada ni “remotamente” parecido a la crisis fronteriza de los días 30 y 31 de julio, a pesar de los avisos de las últimas horas y de que se ha decidido extremar el control de seguridad. “Hoy mismo he estado en contacto con mi homólogo marroquí para que tomen las medidas al respecto y lo que me van trasladando es que, por supuesto, ellos tomarán las medidas que sean necesarias”, afirmó el martes el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, que anunció una reunión en Nueva York con su homólogo marroquí al margen de la cumbre de Naciones Unidas. Además, el Ministerio del Interior también anunció el inicio de los trámites necesarios para empezar las obras de prolongación del espigón de El Tarajal, una intervención que servirá para reforzar la condición fronteriza con Marruecos de esta construcción.

“Para poder acometer la obra, Interior solicitará el correspondiente informe favorable a la Ciudad Autónoma de Ceuta, así como a otros organismos estatales que deben dar su visto bueno a la iniciativa. La obra del espigón de El Tarajal se realizará en dos fases. La primera consistirá en la prolongación mar adentro de 15 metros lineales dividida en tres tramos modulados cimentados mediante pilotes y un cerramiento superior de malla ‘antitrepa’ con peines curvos invertidos. En una segunda fase, la actuación permitirá prolongar mar adentro el espigón en 100 metros lineales mediante un dique vertical. Esta actuación, en sus dos fases, tendrá un coste estimado de 7 millones de euros”, explicó el departamento de Marlaska en un comunicado.

Desde el Ministerio del Interior mantienen un discurso de cautela. “La situación en principio es de tranquilidad. Hemos reforzado el dispositivo policial, pero hay que tener en cuenta que varios llamamientos en redes a lo largo del mes de agosto no han fructificado”, señalan fuentes del departamento. Aunque el Gobierno asegura seguir de cerca la convocatoria y exhiben los refuerzos para disuadir cualquier intento, restan gravedad a la supuesta cita de este 23 de septiembre y la equiparan a las convocatorias de los días 12 y 15 que finalmente “quedaron en nada”. Asimismo, recuerdan que la zona permanece bajo un dispositivo reforzado desde el pasado 29 de julio y aseguran que la coordinación con las autoridades marroquíes continúan.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, afirmó esta semana que el Gobierno ha activado medidas preventivas y está en contacto con las autoridades marroquíes para “disuadir” una nueva entrada masiva a Ceuta, tras la convocatoria en redes sociales para el 23 de septiembre en la que se llama a cruzar de nuevo. Según dijo, había mensajes en redes sociales que, “por el momento, no están calando”.

Con el objetivo de “luchar contra la desinformación” en el lado marroquí de la frontera, Exteriores lanzó una campaña para que los consulados y la Embajada en Rabat informen a su población de que la entrada irregular a Ceuta y Melilla no implica “ningún derecho” ni tampoco quedarse “indefinidamente” en España y Europa. En este sentido, la Embajada de España en Marruecos ha pedido en redes sociales a los marroquíes que “no se dejen engañar por la desinformación”, alegando que la sentencia del Supremo “no modifica la ley sobre extranjeros”, “no declara ilegal el rechazo en la frontera” y tampoco “impide el retorno”.

La tensión del día previo al 23 de agosto se ha traducido en la difusión de rumores de un posible intento de entrada por la frontera de Benzú, que no era tal, según aseguran desde Interior. Una alerta lanzada por el Sindicato Unificado de Policía (SUP), que advertía de un supuesto intento de salto de 800 personas en la zona de Benzú, resultó ser una falsa alarma tras comprobarse la normalidad en la zona.

Hablan “casi a diario”. Y han quedado en verse esta semana en Nueva York para hablar de la situación en Ceuta. El ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, ha explicado este lunes por la tarde a los medios en la representación de España ante la ONU, que Marruecos tomará las “medidas necesarias” para evitar otra entrada a Ceuta como la que ocurrió en julio, ante los rumores de que se está preparando otra para este miércoles, día de las elecciones legislativas en Marruecos.

“Yo hablo con mi colega marroquí prácticamente a diario”, ha explicado Albares, “y hemos acordado vernos aquí presencialmente en Naciones Unidas a lo largo de esta semana”.

Según el ministro de Exteriores, “el retorno de los migrantes irregulares que todavía se encuentran en Ceuta será una parte importante de nuestra conversación. Hemos quedado en vernos presencialmente para poder tener una conversación serena, tranquila y que pueda tener el tiempo que queremos dedicarle a ella”.

Albares recuerda que al conocerse las noticias de la entrada del 30 de julio, lo “primero” que hizo fue “entrar en contacto con él y le trasladé varios mensajes. En primer lugar, que había que movilizar también de su lado todos los medios que fueran necesarios para cortar ese flujo de personas, lo cual se consiguió hacia el final de la tarde, cuando los gendarmes marroquíes pudieron acumular un número suficiente de personas para cortarlo; y que todos aquellos que entraban irregularmente tenían que regresar, como ocurrió con el 90%. Evidentemente, tenemos una legislación que cumplir y unas sentencias judiciales, y lo que ocurrió ese día no tenía que volverse a repetir”

El ministro ha explicado que “de hecho, los días posteriores estuvimos siguiendo muy de cerca todos esos llamamientos sobre el 15 de agosto. Como ahora estamos siguiendo muy de cerca lo mismo. Y yo, desde luego, lo que le quiero decir es que entrar en Ceuta y Melilla irregularmente, ni da acceso a llegar a Europa, ni les va a permitir mantenerse indefinidamente en Ceuta y Melilla y, por lo tanto, que no arriesguen su dinero y su futuro, en muchas ocasiones su vida, como fue el caso el 30 de julio para muchos de ellos. Y que no se pongan en manos de las mafias que trafican con seres humanos”.

Según Albares, cada vez que habla con su contraparte, Marruecos le afirma que “ellos van a colaborar en todo momento. Hoy mismo he estado en contacto con mi homólogo marroquí para que tomen las medidas al respecto y lo que me van trasladando es que, por supuesto, ellos tomarán las medidas que sean necesarias. Y desde luego hemos solicitado la colaboración a la prensa marroquí para que difunda también los mensajes que está difundiendo la Embajada y los consulados generales de España en Marruecos, el propio Ministerio de Asuntos Exteriores, y así lo están haciendo también. Por lo tanto, lo que yo voy viendo es una la colaboración al respecto”.