“Como si fuera una maldición —o una premonición—, la especulación acompañó a la nueva capital desde el primer momento”. La casualidad ha querido que la aprobación de la Operación Chamartín, ahora conocida como Madrid Nuevo Norte, me pille leyendo Barcelona – Madrid. Decadencia y auge (ED Libros, 2019), de Josep Maria Martí Font. El libro, que es como una extensión de otro del mismo autor, La España de las ciudades (ED Libros, 2017), pero con una mirada más en detalle a las dos grandes urbes nacionales, relata los porqués de la caída de Barcelona y el auge de Madrid. Como cuenta Martí Font, Madrid creció en época de Franco engullendo pueblos y convirtiéndolos en barrios con la intención de ponerla como ciudad hegemónica de la Península. Con la Transición y, sobre todo, con el primer gobierno socialista, la pugna entre ambas localidades se igualó. Con Aznar, volvió el desequilibrio.

“Aznar diseñó el Madrid actual con la idea de que fuera la Miami europea; una capital de cómo mínimo diez millones de habitantes”. Para ello, explica el autor, se crearon las infraestructuras convenientes —como la red radial de alta velocidad, que no sólo conecta lugares lejanos sino que absorbe poblaciones cercanas (Toledo, Segovia, Guadalajara, Cuenca, Ciudad Real) para extender la mancha urbana, y la ampliación de Barajas y su pretensión de ser hub internacional, sobre todo para conexiones americanas—, se culminó la privatización de grandes empresas públicas como Telefónica, Repsol y Endesa y se hizo del ladrillo el eje de la productividad española. Todo ello alimentaba unos capitales instalados en el centro, bien cerca del poder que tan bien les complacía, y perfectamente conectados para recibir inversiones de todo el mundo y redistribuirlas, si eso y comisiones aparte, por el resto de un país cada vez más dependiente de su capital. Pero el desequilibrio territorial consecuente no sólo lo padecía el estado, la propia ciudad veía cómo ese crecimiento se quedaba cada vez en menos manos y la desigualdad crecía. Madrid es hoy la segunda gran ciudad con más desigualdad social de Europa y la capital más segregada del continente, una urbe rota en dos por una diagonal de suroeste a noreste que deja la riqueza para la parte de arriba.

El Madrid Nuevo Norte ahora aprobado por unanimidad por todos los grupos del Ayuntamiento y aplaudido por la mayoría de los medios de comunicación es un ciclo de esteroides para esta situación. Por mucho que se repita que la operación responde a la necesidad de “cerrar una herida urbana” —la abierta por las vías de la estación—, el plan es, desde el principio, un negocio inmobiliario. La cosa nace en 1993 con González de presidente y Borrell como ministro de Fomento y responsable por eso de Renfe, que adjudica a Argentaria (ahora BBVA) suelo público, previamente expropiado, para un desarrollo urbanístico. La operación va engordando pero también va siendo frenada por diversas circunstancias hasta que, justo cuando llega al poder de la ciudad la confluencia municipalista que prometió preocuparse por vigilar el desequilibrio territorial y los movimientos especulativos, se acelera.

Aunque se haya aprobado en uno de los primeros plenos presididos por Martínez-Almeida y su gobierno uno y trino, la medalla hay que ponérsela a la exalcaldesa Manuela Carmena, a su coordinador general, Luis Cueto, y al exconcejal de Urbanismo, José Manuel Calvo. De hecho, se la ponen ellos mismos en textos como éste publicado esta semana en El País, en el que avisan de que van a dar razones de su defensa de la operación pero no terminan de razonar gran cosa. Que su proyecto tenga menos edificabilidad, un poco más de vivienda pública y algo más de atención al transporte público que el de Ana Botella no parece responder a las grandes preguntas que plantea el también conocido como “mayor desarrollo urbanístico de España”. ¿Tiene sentido usar suelo público para desarrollos privados y no aprovecharlo totalmente para vivienda social cuando por aquí no pasamos del 1% de la misma? ¿Por qué sumar poderío al norte de una ciudad segregada territorialmente en la que el sur es siempre el que pierde? En un país en estado de burbuja inmobiliaria permanente y en un mundo asolado ya por el cambio climático, ¿qué inversión de futuro es apostar por el ladrillazo de siempre?

Madrid quiere ser Londres

En realidad, la idea de Aznar de convertir Madrid en Miami ha ido mucho más allá y ahora la capital parece que quiere ser Londres. Madrid está haciendo todo lo posible por lucirse como una de esas ciudades globales hechas por y para los inversores y no por y para sus habitantes. Lo de la participación público-privada, otro hito del que se presume sonoramente en esta operación, no tiene por qué ser una mala idea siempre que lo privado esté supeditado al servicio de los intereses comunes. Lo de construir vivienda tampoco suena mal siempre que no se haga según el modelo especulativo que imponen los mercados internacionales y que nos está hundiendo en esta emergencia habitacional en la que vivimos.

Madrid Nuevo Norte recuerda a esos desarrollos londinenses que, a partir de la privatización del suelo público, se convierten en un jugoso negocio para los que manejan el tablero de juego económico del mundo y ponen a toda la región en el foco de nuevas y rentables inversiones, como explica Javier Gil aquí. Según cuenta El Confidencial, BBVA ya tiene preparada la venta del negocio a un fondo, parece que de Oriente Medio —aunque seguramente la subasta sólo acaba de empezar con la aprobación del Ayuntamiento—. Da igual que esto ocurra justo cuando el banco y la división con la que opera en este proyecto estén manchados por imputaciones judiciales; quizá tampoco importe la denuncia de Podemos e IU a 28 de los responsables de este asunto. Probablemente el tema no vaya mucho más allá. Los grandes medios de comunicación tienen como accionistas a esta y otras entidades bancarias y a un buen montón de fondos buitre. Las conexiones de los poderes privados financieros e inmobiliarios con los poderes públicos son tantas que, más que conexiones, son el mismo poder.

Tiene razón Martí Font, la especulación que hizo de Madrid la capital del reino era una premonición. Entonces fue el Duque de Lerma, que convenció a Felipe III, de quien era valido, para mover primero la capital a Valladolid y luego a Madrid después de haber comprado fincas en ambos lugares y lograr así dos pelotazos en uno. Hoy, los ganadores son los bancos y los fondos internacionales pero el asunto es el mismo. El nuevo norte de Madrid es el de siempre: más especulación, más desigualdad.

(Es justo decir que, en Barcelona - Madrid. Decadencia y auge, Josep Maria Martí Font tiene una visión de la Operación Chamartín distinta de la mía. Dedica dos o tres párrafos a elogiar el proyecto corregido por el equipo de Carmena que, sostiene, posiciona a la ciudad para continuar un crecimiento que, para él, es acertado. Aunque también menciona la alarmante desigualdad de Madrid, no termina de relacionarla con este modelo de crecimiento. En general, defiende la evolución de la capital, sobre todo frente a la decadencia que, en su opinión, está sumida Barcelona. Quizá sea por la decepción que esto último le supone o quizá por lo bien que se ve todo con un poco de distancia, aunque de cerca las cosas sean de otra manera).

Hay que poner límites a la capacidad de los aeropuertos y de los puertos. Lo dijo el viernes la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, tras su visita al Rainbow Warrior de Greenpeace, y aseguró que va a tratar de incluirlo en la declaración de emergencia climática de la ciudad que está preparando. El uso de la perífrasis verbal en la oración anterior demuestra mi poca confianza en que se consiga realmente reducir el tráfico del puerto y el aeropuerto de Barcelona, dos infraestructuras en vías de ampliación. Pero la noticia es que por fin alguien al mando ha afirmado lo evidente: no se pueden abordar los problemas que genera el sector turístico sin abrir el melón de la gestión de la capacidad de carga. Y para ocuparse realmente de tal cosa, es evidente que no basta con poner tornos en la plaza de San Marcos de Venecia o cupos para entrar al Parque Güell: hay que ir a por las grandes infraestructuras.

Los movimientos de viajeros suben cada año. En 2018 fueron 1.400 millones de llegadas internacionales, el 6% más que el año anterior, que fue el penúltimo de una serie de récords. El turismo es el negocio que más aumenta, supone más del 10% del PIB mundial y en torno al 9% del empleo, es el cuarto sector en importancia detrás del comercio, las finanzas y el petróleo y el gas. Por todo esto, no resulta fácil imaginar que las palabras de Ada Colau vayan a ser realidad próximamente. La tendencia no es a limitar sino a crecer. Europa ha decidido volcar su economía en el sector servicios y muy especialmente en esta área: de los 1.400 millones de llegadas, 713 fueron en nuestro continente. Los demás también quieren su parte del pastel. Todos suben en más del 6% menos América (que lo hace sólo un 3%). ¿Y qué ocurre con todo este crecimiento? Que provoca un aumento de los costes sociales y medioambientales.

He dejado escrito en Exceso de equipaje (Debate, 2018), mi libro sobre el tema, que, si el turismo fuera un país, sería el cuarto más contaminante del mundo. No es cierto. Los datos para afirmar tal cosa los saqué de la propia Organización Mundial del Turismo (OMT), organismo de la ONU que es, sobre todo, promotor del sector, y que le atribuye el 5% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Ahora hay estudios que suben el porcentaje al 8% y, según esta cifra, estaríamos hablando del tercer país más contaminante del planeta, por detrás de China y EE. UU y por delante de la India.

El transporte supone el 75% de estas emisiones y la aviación representa el 40% de ese dato. Últimamente se ha hablado un poco de una palabra sueca, flygskam, que explica la vergüenza por coger aviones y el rechazo de algunos ciudadanos del norte de Europa a semejante dispendio medioambiental. Desgraciadamente, una palabra no va a frenar la tendencia a moverse. El tráfico aéreo creció en el mundo un 6,1% respecto al año anterior y la previsión es que este ritmo siga más o menos así hasta 2037. Holanda está tratando de empujar a los otros miembros de la UE para gravar el combustible de los aviones —que, conviene recordar, no soporta ninguna tasa—. Incluso la aerolínea nacional, KLM, se ha sumado con una campaña, Fly Responsibly, en la que invita a sus potenciales pasajeros a pensar si de verdad necesitan serlo. Pero tampoco hay que tenerle mucha fe a esta vía holandesa; ya hace meses nuestra ministra Teresa Ribera reconoció que un euroimpuesto a las compañías aéreas era una buena idea pero que le parecía difícil por la presión del sector turístico.

Los restos de nuestras vacaciones

Más allá de los aviones, los cruceros también son fábricas de porquería flotantes. Mientras está en puerto, un barco expulsa monóxido de carbono, dióxido de azufre y óxido de nitrógeno como 12.000 coches. Navegando, puede llegar a contaminar como un millón. Como cuenta Elizabeth Becker en su libro Overbooked, una nave produce una media diaria de 80.000 litros de aguas residuales de procedencia humana, 650.000 litros de agua de duchas, lavadoras y demás, 24.000 litros de líquidos provenientes de motores y maquinaria, 11 kilos de baterías, fluorescentes, residuos médicos y químicos y 8.500 botellas de agua. Según las normas del convenio MAR POL, promovido por la Organización Marítima Internacional, sólo tienen restricciones para deshacerse de las aguas sucias en las primeras 12 millas náuticas. La salida de residuos químicos y petrolíferos está más limitada, pero qué más da. La Cruise Lines International Association, patronal que representa a buena parte del sector, jura que los mecanismos de autocontrol consiguen hacer efectiva su política de desperdicio cero. En realidad, no es así. Bastantes sanciones a grandes compañías del ramo y muchísimas más denuncias de ONG vienen demostrando que, efectivamente, el agua de los océanos está también envenenada por los restos de nuestras vacaciones. Por cierto, este formato de viaje y ocio también está en alza, con crecimientos de pasajeros anuales de más del 4% y previsiones de que siga siendo así en las próximas décadas.

Como digo, probablemente la propuesta de Ada Colau no llegue a ninguna parte. Las competencias en las infraestructuras que ha señalado las tiene el Estado y no es previsible que vaya a haber en mucho tiempo un gobierno de España capaz de enfrentarse a la presión de un sector poderoso como pocos y que se puede atribuir más del 12% del PIB del país y el equilibrio en la balanza comercial: el turismo, recuerdo, computa como exportación. El turismo es también uno de los negocios preferidos de los grandes capitales internacionales; una actividad transversal que toca todos los sectores y que está no sólo bendecida por los gobiernos sino por los propios ciudadanos, por mucho que suframos ya de forma evidente las consecuencias medioambientales resumidas en este texto y muchas otras, como el impacto en los precios de la vivienda o la precarización del empleo. Da igual, seguimos considerando los viajes como un capital social exento de culpa. Incluso los que presumimos de conciencia y de responsabilidad viajamos mucho más de lo que el planeta se puede permitir. Confundimos el derecho al descanso con un derecho al turismo que no existe.

Nos equivocamos. La única manera de parar es… obligarnos a parar. No vamos a frenar el impulso del mercado a base de palabras suecas ni campañas de publicidad, sólo podemos hacerlo a base de decisiones políticas. Por eso, aunque es casi imposible que Colau consiga ahora limitar el tráfico del puerto y el aeropuerto de Barcelona, empezar a promover que así sea, allí y en todas partes, es la única posibilidad que tenemos.

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Convertir asuntos como la salud, el cambio climático, la diversidad y la convivencia en muros para la división ideológica es una irresponsabilidad gravísima

Como Trump, el nuevo gobierno de Madrid impone políticas de enfrentamiento cuyo objetivo es romper la ciudad

Pues ya está. El nuevo gobierno de la ciudad ha aprobado la moratoria de las multas en Madrid Central hasta el 30 de septiembre. El ruido está hecho. Por lo que cuentan quienes han hablado de cerca con el alcalde, no parece que esté en sus planes eliminar la restricción de tráfico; básicamente, porque “no pueden”. Pero cualquiera sabe. También pensábamos que Trump no iba a ser tan bruto como para cumplir todo lo prometido y en un mes ya había hecho reales buena parte de los delirios que habían salido de su cuenta de Twitter. La comparación no es casual.

Convertir asuntos como la salud, la contaminación y el cambio climático en muros para la división ideológica es una irresponsabilidad gravísima y, al mismo tiempo, una tendencia mundial. No, Madrid Central no consiste en proteger un distrito para hacerlo mejor que otros. Es una medida que quiere evitar el tráfico de paso (el que usa las calles como carreteras) y, por tanto, reducir el uso del vehículo privado, mejorar la calidad del aire y la vida en general. En toda la ciudad.

Mientras hemos estado hablando de si se acababa o no Madrid Central, esta alcaldía a tres ha quitado los semáforos y el carril bus de la A5 y ha tenido el cinismo de contárnoslo como una mejora de la movilidad. Es decir, ha devuelto la condición de autopista urbana a esa vía y, así, la división a un barrio roto. Puede que los semáforos no fueran la mejor ni, desde luego, la definitiva solución para la zona. Pero mientras llega el prometido soterramiento, si llega, la vida de sus habitantes vuelve a ser peor. Y se vuelve al facilitar otra vez el tráfico de paso que llena de coches, ruido, malos humos e inseguridad vial la ciudad.

Racismo institucional

Mientras hemos estado hablando de Madrid Central, han pasado otras cosas que no tienen que ver con la movilidad pero sí con la convivencia. Este ayuntamiento reaccionario ha dicho que suprime el plan PIPE, un programa que buscaba rebajar el racismo en las identificaciones de la policía municipal (que ha explicado muy bien en este artículo Fernando Peinado). Mientras hemos estado hablando de Madrid Central, esta coalición de política iracunda ha censurado mensajes relativos a algo tan enraizado en Madrid como el Orgullo, ha impedido la utilización del espacio público (el de todos) para echar unos bailes, ha parado programaciones culturales y, en general, ha mostrado que su línea de gobierno va a estar sostenida en el conflicto.

El conflicto forma parte de la esencia de la ciudad, de cualquier ciudad. Las urbes son espacios de relación permanente y, por eso, de ocasionales enfrentamientos. La manera de gestionar esto es el diálogo, el encuentro, la conversación, la búsqueda constante de puntos en común. Juntar en vez de separar. Ya tenemos claro que quien manda no quiere que nuestra vida los próximos cuatro años vaya por ahí.

El nuevo gobierno ha decidido romper la ciudad en dos. Ha decidido que va a ir en contra de los que no tienen una casa para habitar, de quienes vienen a ganarse la vida como pueden y como les dejamos, de quienes son distintos, de quienes crean su propia cultura, incluso de quienes sólo pretender respirar y moverse mejor. Para hacer un muro no hace falta hormigón, basta con imponer políticas de división y enfrentamiento. En Madrid ya tenemos nuestro muro. Nos toca trabajar para desmontarlo.

Director Creativo del Ayuntamiento de Madrid. Hace unos años pronunciar esto habría sonado a risa floja, a chiste malo, a paradoja. Hoy es una de las cosas que vamos a echar de menos con el cambio de gobierno. La semana pasada se despidió del Palacio de Cibeles Nacho Padilla, el hombre que demuestra la excepción: a veces, en la política de gobierno y de partidos, sí llega la persona justa al sitio indicado. Padilla ha trabajado durante muchos años en el mundo de la publicidad, como director creativo en varias agencias multinacionales, pero también ha lucido siempre una sensibilidad hacia los asuntos del bien común. De hecho, su última actividad era una agencia pequeña dedicada exclusivamente a contar proyectos con valor social. En 2016 llega al Ayuntamiento con ese cargo que hasta entonces era imposible y, como señala él mismo, con sólo tres exigencias por parte de Manuela Carmena y Rita Maestre, sus jefas finales: “Profesionalidad, transparencia, rendición de cuentas”.

Su trabajo ha sido reconocido sobre todo por la parte más visible: la calidad y el cuidado de las imágenes que contaban las cosas de la ciudad. La comunicación del Ayuntamiento de Madrid en ese tiempo no ha sido mejor porque haya sido más bonita que la de antes o la de otras ciudades, ha sido mejor porque ha sido más eficaz y lo ha sido porque ha ayudado a construir un relato compartido. Los madrileños se han reconocido en la imagen que ha proyectado su administración y eso ha generado más sentido de pertenencia en una ciudad en la que no sobra. Pero, aparte del trabajo de dirección y coordinación de diseñadores, creativos y agencias, hay algo que se debe poner en valor. Padilla, junto a Sara Mouriño, responsable de publicidad, y el resto del equipo de la dirección general de comunicación han puesto orden en la contratación de proveedores a través de un acuerdo marco y han racionalizado y justificado públicamente la inversión en publicidad institucional.

Ya veremos qué pasa con todo ello. De momento, aún estamos rodeados en la calle de la última campaña, la de Veranos de la Villa. Y también podemos descargar los carteles de estos años en este enlace, una forma de devolver al ciudadano algo que es suyo. Un final impecable para una gestión que, efectivamente, ha sido profesional y transparente.

Comunicar la ciudad no es sólo contarla ni contar lo que hace el ayuntamiento, ¿no? También se trata de generar vínculos entre la comunidad que la conforma, emocionar, aglutinar, inspirar el mismo sentimiento ciudadano.

Bueno, es que hay que distinguir entre la comunicación institucional y la promocional. La promocional es la que se suele generar para un público externo, el visitante, el inversor, etc. Y la institucional se dirige sobre todo al público que vive en la ciudad. Debería haber un espacio común a ambas sin un objetivo finalista y que trabaje en un relato común de ciudad. Aunque, dicho esto, creo que lo óptimo es que el relato esté presente en todo, en lo que dices y, sobre todo, en lo que haces. Es importante explicitar ese mensaje puntualmente pero es indispensable que esté implícito en todo.

Algunas de las campañas de más éxito de estos años han tenido que ver con los festivo, fiestas populares, de barrio, celebraciones, festivales… Hay algo también ahí que hace ciudad, ¿no? El hecho de celebrar juntos, de encontrarse en la calle para festejar.

Sí, resulta sencillo encarar esas campañas porque no dependes de explicar nada, el propio objeto de la comunicación ya resuena con fuerza y con los suficientes significados en la gente. No es necesario trabajar en conceptos que sólo añaden una capa extra que, más que aportar, despista. Así que se trata de elevarlas como lo que son; y ahí empieza la complejidad, porque tienes que estar a la altura de eso que dices. Son eventos muy importantes que hacen ciudad y que, desde luego, trascienden lo puramente hostelero: nos ayudan a las comunidades a contarnos, a establecer un tejido común. La comunicación tiene que comprender eso y después estar a la altura.

El Ayuntamiento de Madrid tiene fama de ser un organismo gigante, con las competencias muy repartidas, de difícil gestión y reactivo a las novedades. ¿Qué dificultades encontraste para enfocar tu trabajo?

Primero, nos obligamos a asumir que la casuística era inabarcable en su totalidad. Luego tuvimos que entender los mecanismos y, después, hubo que enfrentarse a las inercias. Y hay una dificultad muy importante de la que quiero hablar, porque es a futuro pero es sistémica: la falta de continuidad y que se depende excesivamente del grado de interés o indiferencia existente en cada equipo político. Con esto es muy fácil hacer tabla rasa o tratarlo mal o simplemente ignorarlo. Muy fácil. No hay un organismo que vele por la continuidad de ciertas cosas o el respeto a ciertos procesos en el ámbito del diseño, la identidad, la comunicación desde una perspectiva profesional en casi ningún estrato de la administración. En el Ayuntamiento de Madrid dependerá casi única y exclusivamente de la voluntad política. Olvidar esto obliga a empezar de cero cada vez, a manejar una identidad que da tumbos y que no construye sobre lo hecho, con el malgasto de dinero público que supone derribar y levantar en lugar de acondicionar, mejorar o hacer crecer.

Una de las cosas que se han hecho en este periodo es generar un acuerdo marco para facilitar, organizar y regularizar la contratación de agencias y diseñadores. ¿Es la ley de contratación otra dificultad para un trabajo así?

Pues al principio puede parecer una dificultad, sí; pero son precisamente las herramientas legales y administrativas las que nos han permitido diseñar el acuerdo marco de manera que pudiéramos integrar las eternas demandas del sector y el mejor interés para la administración pública. Muchas de las dificultades de la contratación pública parten de que te obliga a ser totalmente transparente y justo, tienes que ser un garante de los derechos de todas las partes. Es algo irrenunciable y me parece que hay que velar porque sea así. Por lo tanto, hay que contar con que el escenario es ése y, a partir de ahí, encontrar las herramientas administrativas que te permitan elaborar una licitación y un acuerdo que con el que acceder al mejor trabajo posible, en las mejores condiciones posibles para ambas partes.

Otra misión ha sido la transparencia en la inversión publicitaria, tan importante hasta ahora para devolver favores.

A mí me han sorprendido muchas cosas estos años pero lo que me ha dejado absolutamente perplejo es la actitud de casi todos los medios con este tema. Esta corporación ha acabado con una práctica corrupta que tiene una trascendencia enorme. Enorme. Y el eco que ha provocado ha sido mínimo. De lo que se hablaba es de que se estaba invirtiendo una barbaridad en redes sociales en detrimento de la prensa escrita (pero, ¡por supuesto!) en lugar de que por fin una administración pública acaba con la práctica de comprar medios a través de la asignación de publicidad institucional. Los casos que salen constantemente a la luz hablan de cientos de millones anuales que se asignan de manera opaca e interesada por parte de diferentes administraciones para la compra de voluntades o asegurar un control mínimo sobre lo que se publica y lo que no. El Ayuntamiento, estos años, decidió publicar de forma abierta el dinero invertido en cada medio y el criterio seguido para ello, que no es otro que los datos de audiencia de Comscore y la AIMC. Se establecen objetivos de audiencia, afinidad y alcance adecuados a cada campaña, en lugar de hacer un reparto a principio de año, que es una práctica habitual y que haría saltar las alarmas de cualquiera que sepa mínimamente de marketing. Esa denominación, “reparto”, se usa con total naturalidad en la prensa y entre los comerciales para hablar de la inversión en difusión de las administraciones. Haber acabado con eso me parece lo más importante que se ha hecho en comunicación, más que el engagement o la calidad de la cartelería. Es algo que hay que velar para que no se revierta.

¿Qué retos se te han quedado? ¿Qué debería afrontar, en tu opinión, quien que te sustituya?

Es lo que más me frustra. Había proyectos que se quedan ahora en el aire como la digitalización del Ayuntamiento a través de una licitación que evitara lo de siempre y sacara lo mejor del diseño de usabilidad que hay en España, igual que se ha hecho con diseño gráfico. La profundización del acuerdo marco, porque las licitaciones, los acuerdos, necesitan de una iteración constante. La creación de acuerdos intersectoriales entre el diseño madrileño y el resto de actores. Las ayudas a la formación de calidad en diseño para quienes no pueden permitirse una formación adecuada a su talento, velar por el mantenimiento y la mejora de la transparencia, de la calidad, del cumplimiento de objetivos…

¿Puede ser que se haya entendido mal esto de cuidar el diseño desde lo público e incluso el concepto y objetivos de aquel primer desborde a favor de Carmena y Colau y que algunas campañas de las últimas elecciones, tanto nacionales como locales, haya pecado de cuquismo y olvidado mensajes más políticos?cuquismo

Sí. Dicho esto, apunto una cosa sobre el fondo y la forma, porque creo que el problema ha estado en todo caso en lo primero, no en lo segundo. Creo que no hay asunción más clasista que entender que a ciertas personas o sectores no hay que ofrecerles calidad gráfica, que no lo valoran o no saben apreciarlo, que es algo que he tenido que oír. Ahí estoy en la trinchera de William Morris (“arte para todos”) y James Oppenheim (“pan y también rosas”), no importa cuándo preguntes esto.

Otra de las cosas que han salido en estos años de trabajo es el concepto, la iconografía y el relato en torno a “la ciudad del abrazo”. Ahora mismo, gobernantes de todo el mundo y de todo signo están convencidos o se han dejado convencer de que hay que crear eso que se ha dado en llamar marca ciudad. ¿Es posible reducir a un producto, a una identidad, una imagen y unos públicos objetivos, un asunto tan complejo y diverso como es la ciudad? ¿Es conveniente?

Es posible porque es la forma habitual de obrar, pero lo que se pierde por ese camino es el valor intrínseco de cada cosa que hace posible una ciudad. Cuando se hace mal es porque se parte de la incomprensión sobre lo que es una marca: no debe ser un relato de lo que queremos ser, sino de lo que somos. Lo contrario es el relato de una intención más o menos ambiciosa planteada en un despacho. La ciudad ya es una comunidad; se debería tratar de entender y nutrir los significantes existentes. La marca es un peldaño anterior y, quizá por eso, suele tener esa vocación de desiderata.

En un mundo globalizado y cada vez menos diverso, ¿dónde debe buscar su identidad una ciudad?

En sí misma, claro. Se trata simplemente de comprenderse sin asunciones previas y de saber contarse, tanto hacia fuera como hacia dentro. Este saber contarse hacia dentro es muy importante porque fija el relato a fuego en la ciudad y eso permite que sea la propia ciudad la que comunique lo que es en todo lo que hace. No es un plan bianual, desde luego.

Hace cuatro años por estas fechas se empezó a vivir un clima de optimismo urbano en el mundo que no sólo tenía que ver con los resultados de las municipales de aquí, aunque sí tenía bastante relación. En España llegaron los ayuntamientos del cambio a Madrid, Barcelona, Valencia, Cádiz, Zaragoza, Santiago, A Coruña y Ferrol. Detrás de esas confluencias hubo un trabajo largo y espeso en torno a un movimiento municipalista que venía de la concepción no partidista y muy participativa de la política surgida del 15M. Fuera de España, todo esto fue visto con admiración por los sectores más activistas y con sorpresa y expectación por el resto. No me lo invento, he comprobado cómo Carmena y Colau eran tratadas casi como estrellas del rock en grandes cumbres como la de alcaldes de Bogotá y Hábitat III en Quito, ambas en 2016. La otra estrella de esas reuniones era Anne Hidalgo, la alcaldesa socialista de París y otro icono de la ola de optimismo de la que hablo. Sadiq Khan en Londres es otro ejemplo; incluso Bill de Blasio en Nueva York, aunque pueda estar en las antípodas del municipalismo de aquí. De hecho, lo que unía a todos estos alcaldes y alcaldesas y a la expectación sobre ellos no era tanto la ideología sino la forma de enfrentar a los retos urbanos.

Las ciudades son generadoras pero también sufridoras de los grandes problemas del mundo: la desigualdad, la emergencia climática, los problemas de vivienda... También pueden ser, por eso, creadoras y canalizadoras de las soluciones. Durante estos años, hemos visto cómo estos asuntos llenaban el discurso de los gobernantes municipales —algunos por convicción, muchos por simple imitación— y, por tanto, de la conversación. En poco tiempo, todos hemos aprendido a hablar más y mejor de movilidad, espacio público, gentrificación, turistificación, resiliencia, participación, etc. La cultura y el interés sobre lo urbano han crecido junto a ese optimismo en el que, de alguna manera, se ponía en las ciudades la esperanza como resistencia progresista frente a otros poderes en los que iba abriéndose paso el autoritarismo.

Posiblemente, ha habido más ruido que nueces. Precisamente en estos años han avanzado más rápido que nunca los traumas urbanos, azuzados por la voracidad de unos capitales cada vez más concentrados y poderosos, que operan por el mundo como si fuese su jardín y que han pasado por encima de casi todas las buenas intenciones de alcaldes y alcaldesas. Siendo realistas, no ha habido un giro copernicano, no ha habido tanto cambio. Puede que hubiera hecho falta más tiempo, seguro que se necesitaba más valentía. En cualquier caso, ha sido buena y era muy necesaria esta ola de optimismo y de conversación ciudadana. Y, sí, estoy escribiendo en pasado.

Este fin de semana, con la toma de posesión de los nuevos cargos en los municipios de España, creo que hemos asistido al inicio de un cambio de ciclo. Se acabó el optimismo y, otra vez, posiblemente no sea sólo aquí. Lo que espera a Madrid puede ser el mejor ejemplo. Un ayuntamiento de una gran capital europea gobernado gracias a un partido ultra, racista, homófobo y autoritario al que probablemente le caerá algún puesto de mando. El anuncio de la suspensión inmediata de una de las zonas de bajas emisiones más eficaces y elogiadas del mundo justo cuando ya casi nadie duda de la necesidad de actuar contra la crisis climática. El foco en la okupación como problema y no como consecuencia de la emergencia habitacional que vivimos y que va a ir seguro a peor con las medidas propuestas por el nuevo gobierno. Pero no es sólo Madrid.

Incluso en Barcelona, donde sí habrá cuatro años más de alcaldía de Barcelona en comú (junto al PSC y con los votos de los independientes de Valls), el optimismo se ha acabado. La toma de posesión de Ada Colau fue la foto de una ciudad rota y dividida en varios pedazos por cuestiones que no tienen nada que ver con lo urbano. Y aquí está la clave para sentir el pesimismo.

La era de la ira y la mentira

Al mismo tiempo que en estos cuatro años soplaba ese viento de cambio que luego no ha sido para tanto, empezaba otra corriente completamente contraria, un aire sucio que se ha ido alimentando de la ira y la mentira hasta hacerse irrespirable. Vuelvo al ejemplo de Madrid. Uno puede estar más o menos de acuerdo con lo que ha hecho o dejado de hacer Manuela Carmena y su equipo, pero es evidente que ha sido una gestión nada radical; socialdemócrata, como mucho. Sin embargo, los partidos ahora en el poder se han dedicado a hacer una oposición, en este caso sí, radical y sin matices. Han acusado de populista y antisistema a una alcaldesa empeñada en quedar bien con todos y que, si ha roto algún plato, desde luego no ha sido en el entorno IBEX. Han sido irresponsables porque han cavado un agujero que divide a los ciudadanos y en el que han caído asuntos que deberían ser de consenso como la lucha contra la contaminación y en favor de la salud, la defensa del transporte público y la vivienda asequible. La mayoría de los medios de comunicación son también responsables de esa irresponsabilidad. Durante cuatro años han mentido, han desinformado y han ignorado el interés de sus lectores y de la ciudadanía en general, quién sabe si en busca de cliks o por intereses más oscuros. Igual ha pasado en casi todas las ciudades españolas que quisieron cambiar, igual está pasando en todas las del mundo.

La nueva política ahora es la de la farsa y la furia. Es así porque así es la nueva comunicación que imponen los algoritmos. Y ésta es así porque así lo quieren esos capitales que juguetean por el mundo como si fuese suyo. Y con nosotros: nos quieren enfadados, divididos e individualistas. Lo explica muy bien Marta Peirano en su reciente libro, El enemigo conoce el sistema (Debate, 2019), sobre la tecnología y las redes como herramientas de control social. En el capítulo final habla de cómo era antes la vida social en la ciudad, llena de entornos de encuentro y de discusión —la vecindad, la escuela, el colegio, el comercio e incluso la iglesia— y, por eso, llena de diversidad y responsabilidades comunes. “Estas instituciones, que estaban basadas en la negociación permanente de la diferencia y se enriquecían con ella, habían sido degradadas por la burbuja inmobiliaria, los colegios concertados, el desembarco de franquicias y multinacionales y la privatización de los servicios sociales antes de que llegara la red social. La tribalización algorítimica no es su sustituta. Es la infección oportunista que se ha hecho fuerte en su ausencia”. La infección que está llegando a las urbes.

El pesimismo ha vuelto a las ciudades por el cambio de gobierno pero también por la forma en que se ha producido. Estos años de titulares destructivos, de mentiras absolutas y de bandos irreconciliables han conseguido hacer irrelevante lo importante e innegociable la división. Por eso el cambio de gobierno, por eso la incapacidad negociadora. Por eso, y tengo que volver al ejemplo de Madrid, hay un partido que escupe mensajes ultras y esconde un programa económico absolutamente neoliberal ayudando en el gobierno de la ciudad. Una muestra de la ola de autoritarismo al servicio de los mercados que está ensombreciendo el mundo ahora mismo.

Las Vegas es una ciudad diseñada para el ocio. La capital mundial del entretenimiento, como se dice a sí misma, lo es desde que en 1931 se legalizó el juego en su Estado. En seguida vinieron los grandes hoteles y los casinos. La historia del lugar está muy contada en libros, películas y canciones: inversiones millonarias, pelotazos inmobiliarios, rentabilidades extremas, corrupción, mafia, rat pack y tal. Por mucho que uno sepa, sigue siendo impresionante toparse de noche con el reflejo de las luces de todo ese dispendio en el cielo que cae a plomo sobre el desierto de Nevada. También lo es aterrizar de día y ser asaltado en la ventanilla del avión por imitaciones de París, Venecia o Nueva York. Las Vegas es una ciudad turística inventada que se ha hecho a base de copiar la realidad y convertirla casi en parodia, siempre con el juego como eje de su modelo de negocio. Así ha sido hasta ahora.

El otro día leía una crónica de Mónica Montero en El País Semanal en la que contaba que Las Vegas se ha reinventado en vista de que lo del juego ya no funciona como antes. Y se ha convertido en la capital mundial de los DJ estrella, algo así como un una Ibiza en el desierto, un festival permanente. También ha invertido en profundizar en su versión del deporte espectacular y atraer grandes franquicias para contar con una oferta de temporada. Los Oakland Raiders de fútbol americano van a ser de allí y se buscan más equipos de la NBA y otras ligas profesionales. La lectura del texto me generó bastante confusión. No tanto por Las Vegas, que entiendo que tiene un modelo de ciudad basado en el turismo y el consumo, sino por el resto de las urbes del mundo. Quiero decir, ¿sigue Las Vegas siendo un reflejo exagerado de las ciudades globales o, al contrario, éstas son las que imitan a la capital mundial del entretenimiento?

No hace falta irse muy lejos en el tiempo ni en el espacio para pillar dos ejemplos que pueden ayudar a hallar la respuesta. El pasado fin de semana, Madrid acogió la final de la Champions y Barcelona, el Primavera Sound. No voy a entrar en ninguno de los dos eventos, a los que ya la actualidad ha dejado viejos; tan sólo sirven de muestra del posicionamiento de ambas ciudades, y de tantas otras, como lugares en los que ocurren cosas excitantes: celebraciones deportivas —incluidas las de los equipos locales, para los que todo son facilidades—, festivales musicales con subvención, eventos internacionales de lo que sea que brille mucho. Se trata de atraer gentes y miradas de todo el mundo, de mantener la marca constantemente lustrosa y luminosa, como si fuese un neón del Strip.

Los aún gobernantes de Madrid, a pesar de declararse preocupados por los conflictos urbanos derivados del aluvión turístico, presumen públicamente de que la capital ahora es un imán para los visitantes. En Barcelona, la administración que encabeza Colau llegó al poder con el turismo como principal problema percibido por los vecinos y ha trabajado en cierta contención, a través del Plan Estratégico, la moratoria hotelera o el Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos (PEUAT). Pero se ve que la firmeza es muy difícil de mantener ante las presiones y ahí están para demostrarlo las polémicas por la ampliación de la Fira y del MACBA que explica muy bien en este texto David Bravo.

Museo y especulación

De hecho, en Barcelona está pasando ahora mismo algo que escenifica las complicaciones para frenar esta tendencia a hacer de las ciudades espacios para el espectáculo constante por muy buenas intenciones que se puedan tener. Hablo de la pretensión de construir una franquicia del Museo Hermitage en la nueva bocana del puerto, una zona ya bien explotada por la presión turística y un negocio en el que, por supuesto, hay detrás un interés especulativo inmobiliario, como explica este reportaje de La Directa. A pesar de los titulares que se encuentran por ahí, los vecinos no están a favor. Los movimientos sociales y las asociaciones vecinales más creíbles han firmado un manifiesto conjunto, No a l'Hermitage. L'art de l'especulació, que protesta contra la especulación, el aumento de la turistificación, los problemas de movilidad que generará el proyecto, la tapadera cultural y los datos manipulados de creación de empleo. El Ayuntamiento de Barcelona, el que todavía es, ha “mostrado sus reservas” ante el plan, pero, aparte de que hay que ver quién y cómo ocupa las oficinas de la Plaça de Sant Jaume, es posible que no pueda hacer nada por pararlo. El suelo es de la Autoridad Portuaria de Barcelona, que depende del Ministerio de Fomento. La decisión, por tanto, no compete a la ciudad. Y con esto llegamos a uno de los meollos de la cuestión urbana: las competencias.

Imaginemos que ahora mismo hubiera en España un gobierno municipal de una gran ciudad que quisiera realmente parar la dinámica del modelo extractivo y especulador que tiene al turismo como excusa —lo cual es mucho imaginar, ya sé, en vista de la experiencia y de los resultados electorales—. ¿Cómo podría hacerlo si la decisión final de cuántas personas van a llegar a través de puertos y aeropuertos no está en su mano? Y en cuanto a la gestión de la vivienda, ¿se puede pelear realmente por recuperar su función social desde una administración con escasos recursos y competencias y con un suelo cuya propiedad está repartida entre tantos agentes?

Cito otro texto y acabo. Feargus O'Sullivan explica en CityLab cómo Ámsterdam quiere pero no puede realmente controlar la masificación que impone el modelo. La ciudad ha ordenado un montón de normas en los últimos tiempos, desde regulación de alojamientos turísticos a control de negocios en barrios céntricos pasando por el aumento de la tasa turística. Pero lo cierto es que el área metropolitana va a tener decenas de nuevos hoteles, los aeropuertos de la zona se están ampliando y se está acabando la nueva terminal del puerto de cruceros. Así está la cosa en un lugar con 830.000 habitantes y 17 millones de visitantes el año pasado. Así está la cosa en casi todas partes.

Lo dicho, acabo. ¿No hay conclusión, entonces, en este texto? Claro que sí. Que me voy buscando un traje de Elvis.

Crónica desde el lado olvidado de la ciudad

El libro empieza por la cárcel y no es casualidad. Como esos autores de suspense tan seguros de su trama que no temen contar primero el final para luego explicar cómo se llegó ahí, Darren McGarvey arranca su Safari en la pobreza por uno de los términos posibles cuando naces y creces en el lado olvidado de la ciudad. Él es de Pollock, al sur de Glasgow, una de esas reservas de pobreza que rompe la armonía de la urbe presumida. Es una brecha física, que se demuestra en la configuración del barrio y en la dificultad de acercarse desde él a un centro que es mucho más que geográfico, pero también lo es moral, emocional e intelectual. McGarvey es rapero y su nombre artístico es Loki, como el del hermano de Thor al que nunca dejaron ser bueno (quizá aquí haya también mensaje). Y es activista y educador social. Y fue alcohólico, hijo de una madre también adicta. Lo cuenta en el libro, como cuenta los problemas con las bandas, la violencia y la ira constante en su entorno, el vacío asistencial, los problemas de vivienda o la llegada de la regeneración para romper definitivamente los lazos comunitarios. Lo hace sin dogmas y sin excusas, repartiendo responsabilidades por doquier pero recordando las de cada uno, empezando por las suyas. No hay idealización de la pobreza ni del barrio, lo cual hace el trago todavía más amargo. Por eso es recomendable, porque lo que pasa en Pollock es lo que pasa en Villaverde, en Ciutat Meridiana, en Otxarkoaga y en muchos otros lugares y necesitamos que nos lo cuenten.

Safari en la pobreza, Darren McGarvey (traducción de Martin Schifino). Capitán Swing.

Parar por las calles

En la introducción, Belén Bermejo cita dos conceptos: el no lugar y la psicogeografía. Después de pasear por el libro, a uno se le ocurre que, además de Marc Augé y Guy Debord, podría mencionar también a Lao Tse y al tao. Las microgeografías de Belén son imágenes de Madrid que salen no tanto de su cámara fotográfica sino de una mirada que sabe pararse en el ahora y ver que, entre toda la velocidad y el ruido, hay literatura en la calle. Belén es editora, fotógrafa y, sobre todo, andarina y, por eso, curiosa. Y el libro es un libro de fotos con algunas notas, una obra sin pretensiones que, sin embargo y probablemente sin querer, enseña a ver de otra forma y con otro ritmo la ciudad. “Cuando miro una pared, veo mapas”, escribe en una de sus notas. Y el volumen, efectivamente, está lleno de muros, geometrías y encuadres que recuerdan a planos. Mapas que están fuera del mapa, como el libro que menciona en los agradecimientos, el excelente Fuera del mapa (Blackie Books, 2017), de Alastair Bonnett. Por cierto, hay otra cosa muy importante en esa parte final que nadie nunca lee, el agradecimiento a las personas que forman parte del sistema de sanidad pública: “Estoy aquí porque sin ellos no habría podido seguir haciendo fotos”.

Microgeografías de Madrid, Belén Bermejo. Plan B.

Ética para la ciudad

Richard Sennett explica aquí cómo la ciudad es un sistema complejo que debe mantenerse lo más abierto posible para que siga siendo diverso, vivo y rico, para que siga siendo ciudad. Y lo hace en un libro, el tercero de su trilogía del Homo faber (tras El artesano y Juntos) que es en sí mismo un sistema complejo abierto. Es una obra sobre la historia del urbanismo —un repaso, por ejemplo, por el legado de Haussmann, Olmsted, Cerdà o Le Corbusier—, un tratado sobre pensamiento urbano —con un análisis sobre las miradas divergentes de Jane Jacobs y Lewis Mumford muy interesante—, una muestra de sus propias experiencias como urbanista y sociólogo —una muestra con autocrítica, lo cual es infrecuente—, un relato sobre los avances tecnológicos —y sobre como, paradoja mediante, no necesariamente hacen avanzar a la ciudad— y muchas otras cosas más. Es, así, un libro complejo y también abierto, porque deja espacio para la reflexión personal. Es, por eso, un libro necesario para entender todo esto; recomendable para cualquiera, pero sobre todo para los que dicen estar preocupados por administrar mejor las cosas urbanas.

Construir y habitar. Ética para la ciudad, Richard Sennett (traducción de Marco Aurelio Galmarini Rodríguez). Anagrama.

Dos maestros: Gaviria y Lefebvre

Mario Gaviria murió en abril del año pasado dejando un hueco muy grande en muchos sitios. En la sociología, en el ecologismo, en el urbanismo, en el análisis crítico del turismo. Gaviria no firma este libro y, sin embargo, es inevitable hablar de él para hacer un comentario del volumen. Porque fue el navarro quien encargó a Henri Lefebvre hacer este análisis. Fue en 1973 y mientras Gaviria está haciendo un estudio de impacto ecológico de las nuevas ciudades turísticas en Benidorm, un trabajo para el que el francés fue asesor. Lefebvre había sido profesor y era maestro de Gaviria y éste quiso que el pensador reflexionase sobre esos nuevos lugares dedicados al descanso y al ocio. Lo hizo y el texto fue guardado en un cajón por el discípulo. ¿Por qué? Quizá porque esperaba algo casi imposible: que Henri Lefebvre se centrase en algo muy concreto. No fue hasta 2011 que Gaviria recuperó el texto y empezó a preparar su edición, como explica el sociólogo Ion Martínez Lorea en una estupenda detallada que finalmente no pudo realizar a medias con Gaviria. Aquí, el autor de El derecho a la ciudad y La producción del espacio hace un repaso histórico, filosófico, económico y hasta artístico del asunto para desear una concepción de los espacios dedicados al verdadero disfrute que no encuentra sino todo lo contrario. Y vuelve a una de sus constantes, que sólo se puede avanzar en positivo desde el uso social, orgánico y fuera de normas.

Hacia una arquitectura del placer, Henri Lefebvre (traducción de Natalia Ruiz Martínez). Centro de Investigaciones Sociológicas.

Madrid, a la deriva

A Sergio C. Fanjul no hay que pedirle que camine ni que escriba. Son dos cosas que hace porque no puede evitarlo, aunque no está claro si es capaz de hacer ambas al mismo tiempo. Sin embargo, a Sergio, astrofísico de formación, periodista de profesión y poeta de vocación, le encargaron para Veranos de la Villa 2018 unas crónicas caminantes por Madrid que aquí son recopiladas en una versión extendida. Son recorridos y textos sobre las ciudades que conforman la ciudad, sobre paisajes urbanos y humanos que, a pesar de ser cercanos, son cada vez más desconocidos por culpa de esa fuerza centrípeta que nos hace olvidar las periferias, incluso las que habitan en el mismo centro de la urbe. El autor parte de Lavapiés hacia los límites de esta capital que no se acaba nunca y lo comparte con una forma de escribir sencilla, capaz de trasladar al lector a cualquiera de sus derivas y de ir sumándole la información histórica, urbanística y sociológica necesaria para entender los complicados mecanismos que hacen que la ciudad siga viva, a pesar de todo.

La ciudad infinita, Sergio C. Fanjul. Reservoir Books.

“Por lo que sea, creo en las sincronías. Mientras muere un repartidor de Glovo, la derecha vuelve a Madrid de mano de la extrema derecha. Ambas cosas, que me producen tremenda pena y rabia, son notas de la misma melodía”. Natalia Mirapeix es directora de arte, activista y buena amiga. El lunes, como muchos, expresaba en sus redes sus sentimientos y su visión sobre lo que había pasado el domingo. Como nadie, mostraba una realidad que va más allá de la amargura por saber qué lado político va a administrar el tablero y que tiene que ver con quién es el dueño de ese tablero y cuáles son las reglas que va a imponer, que está imponiendo.

Pujan Koirala es el nombre del rider de Glovo que murió el sábado en Barcelona. Un muchacho de 23 años de Nepal que, pasando por Alemania, había llegado aquí a buscarse la vida. Por lo que cuenta David López Frías en El Español, la perdió por un reparto de no más de cinco euros. Un viaje en nombre de un compañero, puesto que él no estaba dado de alta en el sistema. Tampoco tenía papeles. En este suceso se manifiestan la precariedad, la inseguridad y la explotación laboral, temas que revolotean siempre que se habla de empresas como Glovo, Deliveroo, Uber y demás representantes de la gig economy. Pero hay algo aún más gordo de fondo.

De hecho, llamarlo gig economy es una forma de despistarnos de su verdadero calado. La economía del bolo, del recado o la ñapa sería tal cosa si se efectuase realmente entre iguales. Esto va muchísimo más allá. Es una de esas perversiones del capitalismo que podría ser digna de elogio si esto fuera una obra de ficción distópica. Pero no, esto es la puñetera realidad y a lo que estamos asistiendo es a la institucionalización de la economía informal. Después de toda una vida oyendo a las administraciones manifestar su rechazo a las actividades económicas irregulares y viendo cómo iban persiguiendo la venta ambulante, la música callejera o el menudeo, nos encontramos con que ahora no sólo no la ponen freno, sino que hasta la fomentan. El despiste ante la coartada tecnológica no debería ser excusa.

Es cierto que estas compañías y otras, como Airbnb —que también promueve el mismo tipo de explotación: pensemos en toda esa gente que se dedica, fuera de regulaciones, a limpiar y gestionar alojamientos—, se parapetan detrás de su autodefinición como plataformas de contactos. Todos sabemos que no es así y por eso todos somos responsables cuando las usamos. Pero más lo son quienes permiten sus operaciones sin normas ni disciplina. Las ciudades globales, los alcaldes y alcaldesas del cambio y otras estrellas de lo municipal, como Anne Hidalgo y Sadiq Khan, han presumido mucho de su posición como defensores de la justicia climática y social frente al empuje de los poderes económicos. Algo hacen, sin duda, pero quizá no se están fijando realmente en la profundidad del problema. Y es que no se puede hablar de tales justicias —climática y social— sin revisar y controlar, o contener al menos, la injusticia del modelo económico.

Para empezar, estas urbes vanidosas están en una carrera loca por acoger a cuantas más empresas de éstas mejor. Ha pasado en estas legislaturas del cambio en Madrid y en Barcelona, pasa constantemente en Londres, París y Nueva York y seguirá pasando mientras se siga confundiendo el éxito con las témporas. Han dejado entrar en distintos momentos y sin excesivos problemas a plataformas como Airbnb y similares, a Uber y demás, a patinetes, coches y motos de movilidad compartida y, también, a inversores inmobiliarios que se han hecho con buena parte del suelo hotelero, de oficinas y residencial. Es más, los relatos y marcas de estos territorios están llenos de referencias a la abundancia de start ups, la diversidad de opciones de movilidad privada, las políticas de fomento de la innovación, la atracción a la inversión y, en general, a una modernidad que no nos deja ver el bosque. Y el bosque es espeso y, por eso, demasiado evidente como para no chocarse con él.

Rakuten y Godó

Detrás de Glovo, por ejemplo, hay unos cuantos fondos de capital riesgo. Quizás el más conocido sea Rakuten Capital, el brazo inversor del gigante japonés del mismo nombre, que posee negocios de distribución online —el Amazon nipón, le dicen—, banca, medios de comunicación, ocio, deportes, viajes y muchos más. El fondo tiene dinero puesto en Lyft, el competidor de Uber en el mundo anglosajón, y el 47% de Cabify. Y patrocina al F. C. Barcelona. Rakuten coincide en inversiones, y en afición futbolística, con el Grupo Godó, por ejemplo, que también está en Glovo, como está en Housfy, una tecnológica española que es, básicamente, una agencia inmobiliaria online.

Podríamos seguir trazando conexiones entre inversores, pero no hace falta. Con lo dicho, ya podemos tener pistas de que grandes grupos con muchísimo poder económico y de influencia tienen intereses en estos nuevos modelos de negocio que necesitan poca o ninguna regulación para ser viables y que afectan directamente a asuntos clave de nuestras condiciones de vida: la vivienda, los derechos laborales, la movilidad, por mencionar sólo los tres evidentes en este texto. Podemos imaginar a inversores a los que les parece fenomenal que seamos riders sin derechos, practiquemos el coliving y elijamos para movernos un VTC en vez del transporte público. Podemos visualizar, por tanto, a algunos promotores de esta institucionalización de la economía informal.

Por supuesto, esto tiene mucho que ver con la política y las elecciones. Los programas electorales de la mayoría de los partidos, sobre todo de Ciudadanos a la ultraderecha, daban vía libre explícita o implícitamente a estos modelos. Así, de memoria lo escribo, se hablaba de quitar los pocos límites impuestos a los VTC, de fomentar las inversiones inmobiliarias, de no limitar los precios ni la propiedad por parte de capitales internacionales, etc. La tendencia hacia el autoritarismo neoliberal que se está viviendo en todo el mundo va por ahí, como bien apuntaba el comentario de mi amiga Natalia. Abascal, Le Pen, Salvini, Bolsonaro, Trump y hasta Xi Jinping han movido el eje del debate y lo han convertido en una disputa emocional sobre valores morales, culturales y nacionales que oculta las cuestiones en las que nos la jugamos. Repito: de quién es el tablero, por qué lo necesita sin reglas, qué (no) están haciendo las administraciones para contenerlo y cómo está afectando y va a afectar todo esto a nuestras vidas.

No es fácil escribir del futuro y lo es mucho menos cuando se hace mirando con nostalgia a un mañana que nunca llegará. Si no cambia mucho la línea de coqueteos y pactos habida hasta ahora, en la ciudad de Madrid va a gobernar de nuevo la derecha y la experiencia de eso que se llamó nueva política se ha quedado en flor de una legislatura. Puede que nos pasemos cuatro años buscando los votos que marcaron la diferencia o puede que pensemos en que hubo una oportunidad histórica para hacer de verdad las cosas de otra manera y no se aprovechó. La responsabilidades pueden repartirse por todas partes. Por la exigencia y la militancia impaciente, pero también por las personas que, desde el gobierno, quizás no entendieron que para mantener la ilusión y la movilización necesaria para marcar la diferencia en un lugar que tiende a lo rancio, hacía falta ser más valiente y dialogante. Por lo que sea, hoy toca escribir de lo que viene.

Madrid es el motor económico de España, una de las grandes capitales de Europa por población y de las que más crece el empleo, una ciudad atractiva para los grandes capitales y para el turismo internacionales. De todo esto se ha presumido en esta legislatura, compartiendo ese afán competitivo tan actual, esas ganas de ser una ciudad global que gane no se sabe muy bien qué. Madrid, al mismo tiempo, es una de las capitales más desiguales de la OCDE, un lugar en el que la tasa de pobreza está por encima del 20% y la mitad de los hogares tienen dificultades para llegar a fin de mes y en el que, como señalaba el estupendo trabajo de datos de Ana Ordaz y Analía Plaza de hace unos días, se gana menos que hace cuatro años pero se paga un 40% más por el alquiler de un piso. Madrid, por todo lo expresado en este párrafo, necesita urgentemente medidas de contención para esa tendencia de hacer de las urbes tableros para inversores y visitantes que es fuente de desequilibrios cada vez más difíciles de revertir. Sin duda, esa contención no ha sido suficiente por parte del gobierno que nos deja. Tampoco se puede dudar de que el que viene no sólo no la va aplicar, sino que muy probablemente abrirá el grifo para que nos ahoguemos un poco más.

El principal problema de esta ciudad es la vivienda. Es un asunto mundial que aquí afecta especialmente porque la oferta social escasea especialmente. Aunque ha presumido mucho de ello en campaña, el gobierno de Carmena no ha destacado especialmente en este ámbito en el que, por otra parte, las competencias y recursos son fundamentalmente regionales. A pesar de que en su programa promete 15.000 viviendas de alquiler a precio tasado, no es de esperar que el PP haga nada decente en este tema y sólo podemos soñar que su política no sea tan indecente como la que practicó anteriormente, que consistió en malvender miles de propiedades públicas a fondos buitre. En cuanto a las viviendas de uso turístico, parte importante de problema, el frágil Plan Especial de Hospedaje que sacó en el último momento la concejalía de urbanismo tiene pinta de no resistir mucho tiempo, lo cual dejaría el decreto de la Comunidad como la norma imperante y, salvo intervención del Estado, nos veremos ante una práctica liberalización del sector.

La movilidad y el medio ambiente son otros dos temas clave. Las ciudades no sólo son las fuentes principales de contaminación, también son las principales receptoras de sus consecuencias. Madrid en estos cuatro años ha mejorado en esto. Mucho —aunque en este asunto mucho nunca sea suficiente—. Para empezar, se ha medido bien la calidad del aire y se ha propuesto un Plan A en el que la norma estrella ha sido, por supuesto, la más polémica. Madrid Central quizá haya llegado tarde pero ha llegado para bien, ha bajado los índices de contaminación, ha reducido el tráfico, no ha afectado a los comercios y, más allá de los titulares y los exabruptos en redes sociales, no ha supuesto un trauma real para la población. ¿Lo revertirá el nuevo alcalde? Parece difícil, y no sólo por las complicaciones legales y de costes. Las limitaciones a la circulación de vehículos privados son costumbre ya en todo el mundo, los incumplimientos de los límites de contaminación de la UE salen muy caros y ni siquiera Ciudadanos se atreve a hablar en su programa de acabar con él sino de “mejorarlo”.

Más allá de la Gran Vía

En estos años, se ha cuidado más el espacio público, los trayectos peatonales, la mirada a las plazas y jardines y, por supuesto, el entorno del río, recuperado para el imaginario de una ciudad que jamás pensó que pudiera tener algo a lo que llamar así. De esto se ha hablado y se ha presumido menos, nos hemos quedado en Gran Vía cuando ha habido mucho más (y más que habrá, por eso de la lentitud en la tramitación de los proyectos). Ojalá siguiera la tendencia, porque la ciudad necesita ampliar constantemente el espacio para que nos encontremos. Pero el subjuntivo demuestra que tampoco soy optimista en este tema.

A pesar de la caricatura de Joaquín Reyes poniendo a Carmena como una máquina de pintar carriles bici, se han hecho pocos kilómetros y la mayoría regulares. Los programas de las derechas hablan de revertir algunos de ellos, o sea, de devolver espacio al coche y a la contaminación. La cosa, así, irá a peor. ¿Y en el transporte público? Desde la izquierda se quería devolver al ayuntamiento a la gestión del Metro. No va a suceder y seguiremos sufriendo su lamentable servicio. Claro que todo puede empeorar si aplican el mismo método de gestión destructiva de lo público a una EMT que ha funcionado fantásticamente estos cuatro años y que ha recuperado Bicimad y algunos aparcamientos con éxito. Y aquí llega otra nostalgia de un futuro inexistente: adiós a la municipalizaciones.

Hay muchos más temas sobre los que hablar y sobre los que pensar —el anhelo de crear, con el acompañamiento de la Comunidad, una entidad metropolitana eficaz, la mejora de los procesos participativos iniciados, la descentralización de la cultura, la atención a la periferia que nunca llegó, la limpieza, el control de los VTC, la movilidad compartida y demás —, pero también hay que acabar de escribir y empezar a beber para olvidar que mañana será otro día. La tristeza es mayor porque la Comunidad, más importante en la gestión de buena parte de los asuntos urbanos que el propio Ayuntamiento, va a seguir gobernada por una derecha fragmentada pero decidida a ser cada día más intolerante y neoliberal.

No, el Orgullo no se irá a la Casa de Campo y Madrid seguirá siendo una ciudad abierta y diversa a pesar de lo que demuestra su manera de votar. El problema es que con eso no basta para parar las amenazas de unos capitales cada vez más concentrados, acelerados y voraces y de un calentamiento global que no entiende de izquierdas verdaderas ni de izquierdas cuquis. Ahora sólo sabemos que lo ha que ha pasado significa que lo que no terminó de pasar no pasará jamás (en los próximos cuatro años, al menos). Eso, y que tenemos que estar firmes en la defensa de un modelo de ciudad que esté más cerca de las personas que de los mercados. Desde los medios, desde los partidos, desde los movimientos sociales, desde las calles.

¿Necesita el mundo otra plataforma de alquiler de viviendas de uso turístico? Hace cosa de un mes, The New Yorker publicaba un reportaje sobre “la invasión de Airbnb en Barcelona”. Por las mismas fechas, Terraferida denunciaba el “aumento histórico de las plazas turísticas en Baleares”. Poco después, se anunciaba la entrada de la grandísima cadena hotelera Marriott en el negocio. Y, hace unas semanas, el urbanista Richard Shearmur daba este titular en La Vanguardia: “El 20% de los pisos de París ya se alquilan por días a turistas”. La cuestión es que no sólo crece este negocio, sino que aumenta sin parar el número de movimientos internacionales en el mundo: 1.400 millones de visitas internacionales en 2018, un 6% más que el año anterior, que fue el penúltimo de una serie de récords históricos. El turismo es ahora mismo un gran invento para algunos y un problemón para muchos, una muestra de los nuevos y viejos modelos de la economía de mercado que está generando conflictos urbanos por doquier. Y es en este momento cuando sale a jugar por fin Fairbnb.coop, una cooperativa que propone una plataforma de alquileres vacacionales que “sólo contiene alojamientos legales y éticos y dona el 50% de la comisión de servicio a proyectos sociales locales elegidos por los vecinos y los viajeros”.

Fairbnb.coop lleva cociéndose desde 2016, impulsada desde dos de las ciudades europeas más afectadas por la sobredosis de turismo, Ámsterdam y Venecia, y con un alicantino residente en la ciudad holandesa al frente. Sito Veracruz es un urbanista especialmente volcado en las aplicaciones de la tecnología para buscar soluciones a los asuntos urbanos. Es él quien responde desde allí las preguntas sobre esta plataforma que a finales de junio lanza una “fase beta 5” en otras cinco ciudades piloto europeas, Barcelona, Valencia, Ámsterdam, Venecia y Bolonia, y que está en plena campaña de crowdunding. Campañas, de hecho, porque son dos. Una en España, para “financiar una ruta de presentaciones en diferentes ciudades españolas que servirán como punto de partida de los nodos locales”; y otra internacional, para contribuir a desarrollar su tecnología.

¿Cuáles son los criterios que hacen justa esta propuesta frente a otras?

Solemos señalar cuatro elementos clave. Primero, copropiedad: nuestra plataforma es propiedad de la cooperativa que formamos los trabajadores y colaboradores de Fairbnb.coop. Además, la idea es que los diferentes actores que participan en el alojamiento vacacional (anfitriones, viajeros, vecinos, comercios locales, etc.) puedan también formar parte de la cooperativa a través de los nodos locales. Luego, la cogobernanza: más allá de la democracia interna de cualquier cooperativa, en nuestro caso ciertas decisiones locales también son tomadas junto a los vecinos. La sostenibilidad: Fairbnb.coop no sólo colabora con las administraciones para cumplir con la regulación vigente; además, cuenta con criterios propios de sostenibilidad como la limitación de una propiedad por usuario o la imposibilidad de que empresas propietarias de varios apartamentos turísticos puedan ofrecer sus propiedades en nuestra plataforma. Y el retorno social: el 50% de la comisión de servicio de Fairbnb.coop (15%) se destina a un proyecto social en la zona en la que se realiza la reserva.

Aplicar las normas, ¿no puede llegar a quedarse corto en muchas ciudades? Una “solución inteligente y justa para el turismo enfocado a la comunidad”, como se define Fairbnb, ¿no debería ir más allá?

Efectivamente, las normas son insuficientes en muchas ciudades. Por eso contamos con nuestros propios criterios de sostenibilidad. Además, también tenemos en cuenta las sugerencias de los nodos locales en cuanto a las políticas adicionales que deberíamos tener en cada ciudad. En Venecia, por ejemplo, además de la política un anfitrión, una casa, también añadiremos la exigencia de que el propietario sea residente local, a solicitud de nuestro nodo local allí. Sin embargo, opinamos que las soluciones deberían tomarse a nivel local en todas las plataformas, no únicamente en la nuestra, por lo que la intención es estar en contacto con las administraciones públicas e intentar que éstas tengan la regulación más justa posible. Esto se debería basar en una regulación que diferencie claramente entre usuarios profesionales y no profesionales y en sistemas de registro y control fácilmente aplicables. 

¿Cómo va a vigilar la plataforma el cumplimiento de sus propias normas? ¿Va a pasar información también a las administraciones?

En primer lugar, disponemos de medidas de control online para comprobar que nuestros anfitriones no son propietarios de múltiples apartamentos turísticos. A su vez, también colaboramos con las administraciones en el intercambio de datos: nosotros, para comprobar que nuestros usuarios no tienen más de una oferta; y la administración que corresponda, para verificar que su regulación se está cumpliendo o, al menos, para tener una fotografía de la actividad en su área. 

Una de las claves del proyecto es la donación del equivalente a la comisión a proyectos sociales del barrio elegidos por el turista. ¿Cómo van a ser esos proyectos? ¿Cuáles son los criterios de admisión?

Buena parte de la esencia de nuestro proyecto es la idea de que los beneficios del turismo se distribuyan entre aquellos que sufren su impacto. En este sentido, buscamos proyectos abiertos a los vecinos, que sean puntos de encuentro de la comunidad local y que estén gestionados por organizaciones sin ánimo de lucro. Estos proyectos son preseleccionados por los nodos y colaboradores locales. Entre estos, los anfitriones eligen algunos de ellos que estarán conectados a su propiedad. Y son finalmente los viajeros quienes deciden a cuál quieren realizar su donativo. Por cierto, al tratarse de donativos directos entre particulares y entidades sin ánimo de lucro, serán deducibles en la declaración de la renta.

¿Cuál es la labor de los nodos locales? ¿Van a recibir compensación por su trabajo?

La labor de los nodos locales en esta primera fase es deliberativa. Se reúnen, ya sea online o en persona, y nos ayudan a decidir criterios de admisión de anfitriones, nos informan sobre proyectos sociales con los que contactar o nos ayudan con la difusión del proyecto. Sin embargo, la idea es que un futuro cercano estos nodos locales se constituyan como entidades autónomas y puedan ofrecer servicios a anfitriones y visitantes. Éstos, en el caso de servicios para anfitriones, podrían ser los de gestión de la propiedad (limpieza, recogida de llaves, check-in/check-out, etc.), mientras que a los viajeros les podrán ofrecer experiencias que se facturarán a través de esta entidad local.

¿Cómo se lo está tomando Airbnb y otras plataformas? ¿Habéis tenido algún contacto con ellas?

Hemos tenido poco contacto, pero, hasta donde sabemos, parece que nuestra llegada se considera positiva para el sector. Al fin y al cabo, todas las plataformas están trabajando para ser más transparentes y responsables y también para intentar que su impacto sea lo menos negativo posible. Nosotros somos la demostración de que las plataformas turísticas pueden contribuir a la sostenibilidad del turismo, y eso es bueno para todas.

¿Y los vecinos y asociaciones? El conflicto se ha hecho tan grande que quizá haya muchos vecinos que no quieran ni oír hablar de vivienda turística, aunque sea desde una cooperativa y con un fin social.

En general, tenemos muy buena acogida. Es cierto que hay personas que no quieren ni oír hablar de la vivienda turística, pero en general nuestro proyecto es muy bien recibido como una herramienta a través de la cual el turismo, o al menos una parte de éste, puede ser gestionado por la comunidad a la vez que cumple con las regulaciones y ayuda a financiar proyectos sociales. Al fin y al cabo, todos somos turistas en mayor o menor medida y muy pocos de nosotros estamos dispuestos a dejar de viajar, aunque casi todos estamos dispuestos a cambiar nuestras rutinas, aunque sea un poco, para que nuestro impacto sea lo menos negativo y más positivo posible, y eso incluye la forma en la que viajamos.

En el manifiesto decís que se reinvierte parte de los beneficios en proyectos sociales para “contrarrestar los efectos negativos del turismo”. Si ése es el objetivo, ¿no habría que hacer un proyecto para promover menos viajes y no más?

Nosotros no creemos que se haya que promover viajar menos, sino viajar mejor: teniendo en cuenta nuestro impacto ecológico, económico y social cuando viajamos.

La Fundación Fairbnb también ofrece servicios de consultoría para administraciones en materia de regulación. ¿Cuál es la norma ideal para combinar las necesidades turísticas con los derechos de los vecinos?

No hay una norma ideal, depende de cada contexto, pero sí empezamos a ver fórmulas que parecen funcionar mejor, como la inscripción obligatoria y la obligación de las plataformas de solicitar el número de registro. Parece de cajón, pero para trabajar en la regulación de una actividad es saber dónde sucede, y el registro es el primer paso para ello. Además, creemos en algo que, por desgracia, se da poco: la clara diferenciación entre particulares y profesionales. La mayoría de las regulaciones están declarando profesionales a particulares por alquilar su vivienda por unos días mientras están de vacaciones y no tiene sentido: no se puede equiparar a una familia con una empresa que se dedica a comprar apartamentos y a alquilarlos como vivienda vacacional. Creemos que la limitación de unos días al año para particulares, como sucede en Ámsterdam, Londres o París, puede ser una buena solución. También se está extendiendo la prohibición de alquilar habitaciones y no estamos para nada de acuerdo, ya que si hay una actividad dentro del sector del alquiler vacacional que esté más cerca de la economía colaborativa, ésta es la de alquilar una habitación mientras el propietario vive en la vivienda. El hecho de que el propietario esté ahí garantiza que los viajeros no van a hacer fiestas ni a causar molestias a los vecinos. Por supuesto, también hay que ponerle límites a esta modalidad. En Ámsterdam, por ejemplo, el alquiler por habitaciones no tiene limitación de tiempo, pero sí de espacio y personas: el espacio habitado por los viajeros debe suponer un máximo del 40% de la vivienda, y no se puede alquilar a más de cuatro personas.

¿De dónde saldrán los recursos para activar los nuevos destinos y atraer a viajeros?

Somos una cooperativa pequeña, por lo que nuestro capital es limitado, pero tenemos algo muy importante: el apoyo de ciudadanos, asociaciones, inversores, empresarios, que creen en nuestro proyecto. En ese sentido, nuestro sistema de colaboraciones es clave. Contamos con varios tipos de acuerdos con socios colaboradores, según el tipo de persona o entidad que se trate y el grado de implicación que tengan en el proyecto: key partner, socio estratégico local, proyecto social, media partner y global partner. El establecimiento de acuerdos con socios que pasen a formar parte de nuestra estructura es un elemento clave de nuestro proyecto y, en ese sentido, hacemos una llamada a que todo aquel que quiera colaborar en nuestro proyecto como colaborador, socio inversor o entidad asociada se ponga en contacto con nosotros.

El domingo me pasaron un vídeo en el que Bob Pop demostraba a Buenafuente que “nosotros tenemos la culpa de la concentración de la riqueza”. Lo explicaba diciendo que antes íbamos al mercado y hacíamos la compra en distintos puestos y repartíamos así entre diversas personas y pequeñas empresas nuestro gasto, mientras que ahora lo compramos todo en un solo sitio, el súper, dándole la pasta a una misma empresa multinacional. Bob Pop expresaba con este argumento de partida —y poniendo la ironía en el sujeto— cómo la precariedad y la obligada extensión de la jornada laboral nos quitan tiempo y nos conducen a apoyar, con nuestras formas de consumo, una evolución de hábitos que lleva a más precariedad y a más concentración de dinero y poder. El ejemplo sirve también para mostrar lo que está ocurriendo en muchas ciudades

Por ejemplo, cuando hablamos de la uniformización de los centros urbanos —y de las periferias, aunque de esto se habla desgraciadamente menos— no estamos hablando tanto de un asunto estético como de uno económico. A pesar de la caricatura habitual, la gentrificación no sucede porque un par de tipos con barba ponen una tienda de cereales decorada con tipografía manual, la gentrificación ocurre porque los capitales inmobiliarios adquieren los bienes de un barrio, tanto residenciales como comerciales, suben los alquileres, expulsan así a los antiguos residentes y comerciantes y convierten la zona en una reserva para gentes con posibles. La propiedad inmobiliaria se va concentrando, la de las tiendas, también. Y la oferta se reduce, porque sólo las que pertenecen a fondos y multinacionales o las franquicias, que viene a ser lo mismo, pueden sobrevivir a esas rentas. El intercambio económico va cayendo cada vez en menos manos, como bien mostraba el ejemplo de Bob Pop, y la ciudad se va segregando y, al mismo tiempo, haciéndose igual, previsible.

El mismo domingo, El País Semanal se vistió de especial ciudades. Algo que también han hecho hace poco National Geographic, con un número completo y una amplia cobertura online, y La Vanguardia, con un suplemento sobre la Barcelona metropolitana. Es buenísima noticia que los grandes medios de comunicación estén cambiando su enfoque sobre los asuntos ciudadanos. Hasta hace muy poco, las noticias y suplementos sobre ciudades eran hermanos pequeños de la sección de Nacional. Los titulares no se salían de la riña diaria de la política de partidos, todo era mandanga electoral incluso fuera de campaña, como manda la información de aquí. Ahora, sigue habiendo mucho de eso, pero se ha ido ganando espacio para el relato de los asuntos que de verdad importan.

Como todos estos suplementos dicen nada más empezar, la mitad de la gente del mundo vivimos en ciudades. Y la cosa va a más, por lo que está muy bien que vayamos conociendo las instrucciones de uso de los lugares donde habitamos. El único pero a esa pasión reciente es que el punto de vista, quizás precisamente por reciente, es también bastante uniforme. Ahora que por fin se habla de ciudades, en realidad se está hablando sobre todo de un solo tipo de ciudad: del modelo de ciudad global que definió Saskia Sassen y que ella misma menciona en su texto para el suplemento de El País.

Viva la urbanización manque perdamos

En general, se percibe una visión deslumbrada y un pelín acrítica de la urbanización, muy en la línea de la que se ofrece habitualmente desde los foros oficiales. Se aplauden las grandes cifras, se celebra la inversión, se ovaciona el crecimiento. Se pone a este tipo de ciudad influencer como modelo único sin mostrar una diversidad que no sólo existe, sino que es absolutamente necesaria. Diversidad de ciudades, que no todas son ni deben ser grandes y triunfadoras. Y diversidad dentro de las mismas ciudades, que es la propia esencia del habitar urbano y lo que está desapareciendo. Me parece peligrosa esa visión unitaria que impone que a lo que debe aspirar cualquier urbe es a ser Nueva York, Londres, París, Madrid o Barcelona. Peligroso por imposible y porque no necesariamente esos ejemplos son buenos.

Hoy mismo leo Distantes y desiguales: el declive de la mezcla social en Barcelona y Madrid, un artículo académico de los sociólogos Daniel Sorando y Jesús Leal cuyas conclusiones empiezan de la siguiente y rotunda manera: “El incremento de la desigualdad es el vector de cambio más notable en las sociedades urbanas contemporáneas”. Según esta investigación, la distancia social en Barcelona y Madrid es cada vez mayor; y también la física, por eso de la gentrificación y la “centrifugación de la pobreza y la precariedad” (las palabras entre comillas son de un tuit de Sorando). La concentración de la propiedad y de los capitales fomentada por el libre mercado y la globalización es el agujero negro por el que se van ahogando las ciudades, también las triunfantes.

Y es malo que los medios, incluso en sus suplementos más urbanitas, no den a esta brecha la importancia que tiene, pero es mucho peor que los candidatos tampoco la mencionen. Sí, no puedo evitar mencionar el periodo electoral que vivimos; un periodo decepcionante en el que, en general, tanto los que están como quienes quieren estar siguen sacando a bailar la ciudad influencer y sus números de éxito. Lo dicho: se aplauden las grandes cifras, se celebra la inversión, se ovaciona el crecimiento y casi nadie menciona lo que viene detrás de todo ello.

Uber sale hoy a bolsa. Lyft, su principal rival en Norteamérica, lo hizo en marzo. Cabify parece que lo hará a finales de año en España. Hasta aquí las noticias sobre mercados bursátiles de este texto. Hablemos de modelos de negocio, de modelos de movilidad, de modelos de gestión de lo público. Hablemos, por ejemplo, de la información que ofrece Uber sobre sí misma a sus potenciales inversores.

En el folleto en cuestión se dan datos la mar de interesantes. La expansión de la empresa es llamativa: opera en más de 700 ciudades, entre 2011 y 2017 hizo 5.000 millones de viajes y el año siguiente logró otros 5.000, 91 millones de personas usan el servicio al menos una vez al mes y la compañía ha ingresado por él más de 41.000 millones de dólares —el 80%, por el transporte y el resto, por Uber Eats—. Todo esto lo recoge un artículo de Slate que señala, sin embargo, las debilidades que se encuentran al hurgar. Está la obvia: Uber perdió más de 3.000 millones de dólares en 2018. Y hay más: los ingresos están decreciendo. Y otra: de ésas 700 ciudades en las que opera, el 24% de las reservas ocurre en sólo cinco (Nueva York, Los Ángeles, San Francisco, Londres y Sao Paulo). Y más: un 15% de las reservas totales son de viajes desde y hacia aeropuertos. A esto hay que sumar la inseguridad jurídica del negocio, que depende de centenares de legislaciones distintas y cambiantes. Y algo aún más inestable, sus relaciones laborales.

Ahora mismo, los conductores de Uber y Lyft en muchos lugares del mundo están en huelga. Ellos también han leído el folleto informativo y han visto que parte del plan es bajar sus ingresos y tender hacia el coche autónomo. Allí, donde la forma de empleo de esas empresas responde sobre todo a la gig ecomony, hay datos difíciles. Según un estudio de la misma Uber, el 51% de los conductores trabaja de una a 15 horas por semana; el 30% lo hace de 16 a 34; el 12%, de 35 a 49; y el 7%, más de 50 horas. O sea, la mayor parte de los viajes la hacen unos pocos. Según Alex Rosenblat, autora de Uberland. How Algorithms Are Rewriting The Rules of Work (University Of California Press, 2018) que se pasó cuatro años acompañando a conductores en sus viajes en veinticinco ciudades, el 68% deja el trabajo a los seis meses. Según Lawrence Mishel, del Economic Policy Institute, el salario medio por hora está en 11,77 dólares, tres menos que los salarios por hora más bajos habituales del sector servicios.

¿Y qué hay del modelo de movilidad? Uber, Lyft y Cabify se venden con caras campañas que las definen como empresas hechas para el consumidor y el bien común, la buena movilidad, la sostenibilidad y tal. La realidad es otra y hay ejemplos para explicarlo. Por ejemplo, Lyft está tratando de esquivar denuncias por no seguir las normas para el transporte de personas con discapacidad con el argumento de que es una empresa tecnológica y no una de transporte, recurso hasta ahora habitual de estas compañías para saltarse las normas.

Uber, que también niega dedicarse al transporte, está tratando de dar ese servicio en ciudades donde no hay casi posibilidades de moverse en otra cosa que no sea el coche privado. En Denver, los usuarios de su app podrán combinar los viajes en los vehículos de la empresa con la compra de billetes de los escasos medios de transporte público que quedan por allí. Innisfil, una población suburbial cercana a Toronto, está realizando un experimento: en vez de invertir en un sistema de autobuses, está subvencionando viajes en Uber. La cosa, quién lo iba a suponer, funciona regular.

Servidores de lo público contra lo público

La gente, según las encuestas, está a gusto con el sistema. El problema es el coste. Se necesitan muchos más viajes para llevar a los vecinos a sus destinos que con autobuses y, por tanto, más conductores. El gasto es mucho mayor sin que, como se ha visto arriba, el dinero repercuta en los conductores. Además, el precio para el usuario es más alto de lo que sería el de un bus: descuentos de cuatro dólares y tarifas fijas de entre tres y cinco para trayectos establecidos. Todo sobre unos importes que ya vienen subvencionados por el modelo de negocio de la compañía que, en su afán por implantarse en todo el mundo y acabar con la competencia, ofrece sus servicios muy por debajo de lo que en realidad requerirían sus costes de operación —hay quien sostiene que el fin de Uber y demás empresas del sector no será por la regulación sino cuando apliquen las tarifas reales—.

No hay que imaginar nada para saber qué pasará si más lugares siguen el ejemplo de Innisfil. Sólo hay que echar una mirada al pasado. Eso ha hecho Jake Berman, un artista de Nueva York que ha comparado los planos de transporte público de varias ciudades de Norteamérica, los de hoy frente a los de principios y mediados del siglo XX. El resultado, que se puede ver en un reportaje de Guardian Cities de hace semanas, es el retrato de otra extinción provocada por el ser humano. Líneas de tren, de tranvía y de autobuses desaparecidas por políticas que fomentaron en vehículo privado y cuyas consecuencias en la movilidad, la segregación y el medio ambiente son bien conocidas.

Aunque este texto haya estado casi todo el tiempo mirando allá, todo esto no pasa sólo en Norteamérica. Aún con otro modelo de empleo, la implantación de los VTC en España sigue la misma línea: viajes subvencionados para eliminar competencia, campañas para quitar usuarios al transporte público y presión en contra de cualquier regulación.

Y, sobre todo ello, un relato que define a estos servicios como la solución de futuro para la movilidad de la ciudad, un cuento ficticio que responde al modelo de negocio de unas empresas que no tratan de ser rentables sino de ser atractivas para los inversores. Una historia de economía ficción, como ya se ha contado por aquí, que genera pesadillas cuando uno ve la alegría con que los programas electorales de partidos como PP y Ciudadanos proponen acabar con las normas y facilitar, así, los objetivos de compañías privadas como Uber y Cabify. Es decir, cuando uno ve a servidores de lo público cargándose el transporte público. Tampoco en este caso hace falta imaginar nada ni, en realidad, leer esos programas electorales. Basta con sufrir lo que están haciendo con el Metro de Madrid.

“La ciega entrega a la especulación y al turismo llevaba tiempo dejando el centro de la ciudad sin vecinos y sin libros. Sólo policías y gente desorientada”. Javier Pérez Andújar asegura en la promoción de su último y estupendo libro, La noche fenomenal (Anagrama, 2019), que se ha querido refugiar en la ficción pura. Pero, como se ve en este entrecomillado sacado de esa ficción, ni siquiera pasándose a la literatura fantástica ha podido evitar retratar la ciudad resort en la que habitamos. Él escribe sobre Barcelona pero lo que dice vale para cualquiera. El turismo urbano está tan masificado que hasta se cuela con sus consecuencias en las novelas como parte del paisaje. Por lo que se ve, son los que tienen que gobernarlo los únicos que no se enteran de esta realidad tan presente. Igual es que leen poco.

La Comunidad de Madrid ha aprobado esta semana su decreto sobre viviendas de uso turístico (VUT) y, quién lo iba a imaginar, ha salido cruz. La nueva norma establece la obligatoriedad de los anfitriones de presentar una declaración responsable y un certificado de idoneidad, de contratar un seguro, de respetar un número de ocupantes determinado por los metros de la casa y de informar a la policía de quién llega y a los que llegan, de las normas básicas de convivencia. No se mete a regular el alquiler de habitaciones sueltas y establece como VUT cualquiera que se ponga completa en el mercado aunque sea sólo un día del año. Es una normativa que pone los intereses de los turistas y de los anfitriones —o sea, de los consumidores y de los empresarios— por encima de los derechos de los ciudadanos. Es una regla que nace vieja, como si no llevásemos una larga temporada en todo el mundo soportando y analizando el impacto de las VUT en las ciudades. Y es, sobre todo, un ejemplo evidente de la descoordinación entre administraciones y un reflejo del despiste en el que están los territorios con esto del turismo.

Como se sabe, la capital ha aprobado recientemente un Plan Especial de Hospedaje que se ha anunciado con titulares como “El Ayuntamiento reducirá un 90% las VUT” o “Madrid aprueba limitar a 90 días los alquileres turísticos”. Lo que quizá no todo el mundo sabe es que las competencias sobre turismo las tienen las comunidades autónomas y que el gobierno de Carmena, como todos los locales, sólo puede intervenir a través de normas de urbanismo. Por eso el Plan Especial municipal pretendía limitar las VUT profesionales, las que superasen los 90 días que se establecía en la ley regional anterior. Y por eso ahora, al no haber ese máximo de alquiler anual para lo colaborativo, la combinación de ambas normas hace que todas las VUT ubicadas en la almendra central de Madrid que no tengan salida directa a la calle, como establece el Plan Especial, sean ilegales y, por tanto, que sea cierto ese primer titular entrecomillado en este párrafo. La situación, de todos modos, hay que considerarla transitoria por varios motivos.

En primer lugar, porque las dos normativas, muy especialmente la del Ayuntamiento, se enfrentarán a unos cuantos recursos que pueden alterarlas e incluso revocarlas. Y, también, porque estamos en pleno baile electoral y en junio ya veremos quién tiene mando en todo esto. Los responsables del decreto de la Comunidad son muy conscientes de ambos factores y prevén la próxima caída del Plan Especial municipal. Sin él, sólo con la regulación regional, Madrid tendría las puertas abiertas de par en par a las VUT como ninguna otra ciudad en Europa. El típico desastre previsible que igual se podría arreglar votando.

¿Paradoja o contradicción?

De todos modos, y como muy bien mostraba la noticia publicada en eldiario.es por Sofía Pérez Mendoza y Fátima Caballero, son fascinantes las reacciones que ha provocado el decreto de la Comunidad en el Ayuntamiento. Fuentes del área de Desarrollo Urbano Sostenible, responsable del Plan Especial, han dicho que ya tenían previsto al redactarlo el cambio de la norma superior, pero también han reconocido su fastidio por la desaparición del máximo de 90 días que deja fuera a quienes practican la “economía colaborativa” y han pedido establecer “vías de diálogo”. La cosa se podría resumir en que se han dado cuenta de que van a tener que ser fieles a su argumento de la prohibición total de las VUT y no les ha hecho mucha gracia. ¿Paradójico? En realidad, no.

Tanto el gobierno regional como el municipal ven en el turismo uno de los motores de la economía madrileña —algo que tiene un montón de matices, a ver si lo cuento un día por aquí— y, por eso, aumentan su inversión en promoción y presumen de los éxitos logrados. El año pasado, la comunidad recibió 7,1 millones de turistas internacionales, un 6,3% más que el anterior. Madrid es ahora mismo una de las ciudades del mundo más atractivas para esa nueva especie de turista urbano que no para de crecer. El PP y sus socios de Ciudadanos lo celebran y legislan abiertamente para que esto siga y vaya a más. Ahora Madrid, no. No lo hace tan abierto, quiero decir. El Plan Especial no sólo ha tardado demasiado tiempo en aprobarse sino que no quiere ser, como se vendió, una ilegalización total de la VUT. Carmena y compañía saben que los visitantes que llegan a la ciudad ni caben ni quieren alojarse sólo en los hoteles disponibles. Los ahora gobernantes quieren que venga la gente, que venga más gente, pero pretenden que eso no genere conflictos. Y eso es imposible. Lo explica, casi sin querer y en dos frases, Javier Pérez Andújar en su última novela y lo explican otros libros, como Ciudad de vacaciones, de Milano y Mansilla, y Exceso de equipaje, de un servidor (con perdón). Pero, sobre todo, lo demuestran las experiencias de lugares como Barcelona, Ámsterdam, Lisboa y... el centro de Madrid.

No se puede frenar, desde un poder local o regional, la tendencia creciente al aumento de visitas turísticas en ciudades. Y tampoco es nada fácil paliar los conflictos urbanos que genera esta actividad tal y como se está desarrollando actualmente. Por eso precisamente se requieren legisladores con capacidad para entender la magnitud del fenómeno y sus consecuencias, gobernantes con la intención y el criterio para tratarlo con una visión estratégica y no cortoplacista que trabaje para el beneficio real de la ciudad. En Madrid, ahora mismo, no hay.

En Marina d'Or, la playa está hecha con arena de obra, el mármol de las columnas “del mayor balneario científico de agua marina de Europa” es en realidad pintura y los peces que engordan en los estanques son carpas japonesas flotando en su propia crisis existencial. La urbanización oropesana representa el sueño turístico del cambio de milenio, pero como los tiempos ahora sí que adelantan una barbaridad, su modelo ha quedado superado por lo que prometía su eslogan. Para qué inventarse una ciudad de vacaciones si podemos convertir la ciudad, cualquier ciudad, en un resort. Atrapar esa profecía como título para el libro que coordinan es el primer acierto de Claudio Milano y José Mansilla, pero no es el único.

Ciudad de vacaciones. Conflictos urbanos en espacios turísticos (Pol·len Edicions, 2019) es un recorrido que presenta doce casos de estudio de lugares de la península ibérica y América Latina escritos por distintos investigadores, un buen tratado para entender la magnitud de un fenómeno que está transformando el paisaje y la forma de vida en las ciudades. Y para entender, también, que es un fenómeno mucho más complejo de lo que tendemos a querer ver. En primer lugar, porque no es algo que suceda de forma natural, sino que tiene su origen en la evolución de una economía de mercado cada vez más concentrada, globalizada y financiera. Además, porque no le toca sólo a cuatro sitios más o menos desgraciados, no es cosa de Venecia, Barcelona y Lisboa sino que ocurre también en Granada, San Cristóbal de las Casas, Río de Janeiro, Montevideo y Buenos Aires (que tienen cada una su capítulo en el libro). Y, por supuesto, porque va mucho más allá del impacto de las viviendas turísticas y participa en multitud de conflictos urbanos.

El libro es una oportunidad para plantear cuestiones a dos personas que llevan años en el análisis crítico de la industria turística, dos antropólogos que además son profesores en Ostelea Barcelona, una prestigiosa escuela de turismo a la que acuden estudiantes de todo el mundo y que, gracias a Claudio y a José (y a algunos otros profesores que andan por ahí y en la sede de Madrid), se llevan alguna duda del relato hegemónico que asegura que el turismo es, siempre y de cualquier manera, un gran invento.

Más de 700 de los 1.800 millones de llegadas internacionales en 2018 han sido en Europa, el continente que más visitantes atrae y el que más suele crecer, ¿hay que entender el turismo como algo inevitable y tratar de paliar sus impactos negativos o podemos todavía pensar otros modelos de ganarnos la vida?

José Mansilla: Ambas cosas son, de momento, necesarias. Desde hace décadas el turismo está presente en nuestras vidas. Es un tópico, lo sé, pero todos y todas somos o hemos sido, en algún momento, turistas. Dicho esto, también es verdad que el turismo hay que gobernarlo, como cualquier sector económico. El hecho de que, de forma tradicional, se haya considerado al turismo como una “industria sin chimeneas” no nos puede hacer olvidar que, como actividad productiva, genera externalidades, y hay que gestionarlas. Ahora bien, la economía de cualquier territorio no puede depender de un único sector, hay que diversificar. Creo que esos “otros modelos de ganarnos la vida” pasan, en el caso de Barcelona, por una apuesta decidida por cierta reindustrialización de amplias miras, evitando visiones irreales y fetichistas de cuestiones como las nuevas tecnologías.

Claudio Milano: Histórica y globalmente, los indicadores cuantitativos han representado la única manera de medir el éxito del fenómeno turístico. Sin embargo, en un mundo contemporáneo hipermóvil, con nuevas identidades en tránsito, los nómadas digitales, los residentes flotantes o la studentification de nuestras ciudades, es inevitable hablar de una turistificación intangible. Asimismo, es complicado desvincular lo que puede ser turístico de lo que no lo es. Lo que sí resulta necesario es entender que el turismo es una de las mayores fuerzas económicas y que está produciendo cambios en los espacios urbanos. Por tanto, precisa de políticas ad hoc que regulen una maquinaria que se alimenta de muchos otros sectores. Eso sí, al ser un sector que engloba múltiples ámbitos, no podemos relegar la resolución de sus impactos negativos sólo a los quehaceres turísticos, sino a las más amplias responsabilidades de las agendas políticas urbanas.

Robert Fletcher habla en el prólogo del libro de cómo, tanto los estudios turísticos como los de ciudad, han estado lentos a la hora de fijarse y analizar el actual impacto turístico en los paisajes urbanos. ¿Por qué creéis que ha sucedido?

JM: Por un lado, porque la realidad académica siempre es más lenta que la propia vida. Y, por otro, porque, como decía antes, no se ha sido capaz de ver las orejas al lobo, pese a que algunos y algunas llevaban tiempo advirtiéndolo desde hace tiempo. A esto hay que sumarle el hecho de que las medidas de corte neoliberal, como la desregulación del mercado inmobiliario y laboral, la privatización de bienes urbanos, etc., que tan gran impacto han tenido y seguirán teniendo en nuestras ciudades, se han introducido lentamente, quizás con un punto álgido en la reciente crisis de 2008, que ha servido para dar una última vuelta de tuerca al tema.

CM: Yo creo que el sensacionalismo mediático ha arrojado luz sólo recientemente sobre los conflictos urbanos en ciudades turísticas, aunque hace décadas los investigadores sociales ya venían denunciando las desigualdades y externalidades producidas por el sector en espacios rurales y urbanos. Tal vez antes hablábamos más de convivencia y de la relación desigual del binomio turismo y desarrollo. En la última década, nuevos neologismos tales como el anti-turismo y la supuesta turismofobia han hecho que se vuelva a hablar de conflictos turísticos. Sin embargo, clásicos como La Horda Dorada, el turismo internacional y la periferia del placer, de Louis Turner y John Ash, Turismo: ¿pasaporte al desarrollo? Perspectivas sobre los efectos sociales y culturales del turismo en los países en vías de desarrollo, de Emanuel De Kadt, o El turista, una nueva teoría de la clase ociosa, de Dean Mac Cannell, cuestionaban el desarrollo turístico ya en la década de los setenta.

Igual es que las cosas ahora van demasiado rápidas. Este bum turístico coincide, como otros, con ciclos económicos expansivos para salir de periodos crisis pero en un momento en que los capitales inmobiliarios y financieros se manejan en el tablero mundial con muchas más facilidades.

JM: Claro, a eso me refería con lo de las medidas de corte neoliberal. La reforma del capitalismo de finales de los setenta llevó, entre otras cuestiones, a una liberalización de los capitales: éstos han pasado a moverse casi libremente a nivel global. En un artículo publicado a comienzos de siglo por Neil Smith, hacía referencia a esta situación señalando que en Estados Unidos el mercado financiero generaba el 40% de las plusvalías de todo el país. Esta financiarización de la economía ha hecho, como señalan muchos autores, que los ciclos de expansión y crisis se hagan más cortos. Todo se ha acelerado.

CM: Si bien hay una aceleración del capital turístico transnacional, también hay jugadas que no podemos prever. Las mismas crisis periódicas que produce el capitalismo de tinte neoliberal se arreglan, utilizando el concepto de “arreglo espacial” de David Harvey, a través de la fijación del capital. En el marco del turismo internacional, esta fijación se produce mediante inversiones inmobiliarias y, más recientemente, con la emergencia de la inversión turística a través del capitalismo de plataforma.

Hay que mirar también a las administraciones. Las ciudades viven ahora una competición en la que el turismo es uno de los marcadores esenciales, parece como si se comportaran como influencers, deseosas de captar atenciones y miradas.influencers

JM: Efectivamente, las ciudades, al hilo de lo anterior, compiten a nivel internacional por la atracción de capitales, de talento, etc. Esto tiene múltiples y diversas características: medidas de control del espacio público, de espectacularizaciónde su paisaje urbano, museificación, etc., todo con el objetivo de conseguir mantener o incrementar el nivel de inversiones. Este hecho ya venía siendo advertido por gente como David Harvey a finales de los ochenta. El caso de Barcelona, por ejemplo, es paradigmático. Su puesta en el mapa a raíz de la celebración de los Juegos Olímpicos del 92 la introdujo en esta competición. Ahora bien, aunque a muchos ya les gustaría, la capital catalana sigue siendo una ciudad de segunda categoría, es decir, no compite con Londres o París sino, más bien, con Praga o Lisboa.

CM: La actual relación entre ciudad y turismo parece indestructible. Junto al cambio de uso de la ciudad, la reestructuración espacial y las transformaciones regulatorias de finales de los setenta, el turismo urbano o, si queremos utilizar un término técnico de la economía turística, el citybreak viene a llenar el vacío dejado por este cambio de uso. Las ciudades han pasado de ser lugares para la reproducción social y se han vuelto parte integrante y fundamental de las dinámicas de producción y consumo. Ahí el turismo resulta un dispositivo fundamental para que la maquinaria funcione. En este caso, esta relación de producción y consumo ocurre a través de la brandización de las ciudades como propios productos y atractivos turísticos.

Y esa obsesión por generar marcas e identidades propias al final logra el efecto contrario: la uniformización de los lugares, las experiencias y hasta los conflictos. ¿Puede ocurrir que el turismo llegue a tapar los problemas de fondo?

JM: El turismo tiene una parte ideológica, en el sentido marxista, es decir, de generación de falsa conciencia. En el libro, esto queda muy patente en el caso de San Cristobal de las Casas, Chiapas, México. Es un caso paradigmático porque las políticas turísticas están dirigidas a desmontar y desactivar la lucha y los avances del zapatismo. Pero no es único, el turismo lleva años vendiéndose como una estrategia barata y accesible de desarrollo. En cuanto a lo que señalas de uniformización, etc., ésa es una de las contradicciones que genera el capitalismo en las ciudades: para competir hay que diferenciarse, pero a medio plazo, no hay nada más parecido al centro de una ciudad global... que el centro de otra ciudad global.

CM: Este fenómeno es lo que podríamos llamar el círculo vicioso del malestar social que genera el turismo. Si bien la tendencia histórica que ha caracterizado las motivaciones turísticas ha sido la búsqueda de una supuesta autenticidad, cuanto más se turistifican los espacios urbanos, más se parecen entre sí. Es decir, buscamos lugares auténticos y poco masificados y, así, la parafernalia turística a través de la especialización del tejido comercial, la airbnización de las viviendas y la residencialidad flotante, entre otras prácticas, acaba por uniformarlos. Es justamente una de las paradojas turísticas y del propio tardo capitalismo.

Se habla repetidamente en el libro de cómo la revalorización de los barrios del centro a través de proyectos de regeneración y protección del patrimonio ha ejercido como catalizador del turismo urbano. ¿Tiene sentido mejorar la ciudad para que no la disfruten los ciudadanos?

JM: Claro que tiene sentido, esto nunca se puede perder de vista. Pero también es verdad que estas mejoras tienen que venir acompañadas de medidas que permitan que éstas sean disfrutadas por los vecinos y vecinas de la zona. En el caso del Estado español, es realmente complicado, entre otras cosas, porque el reparto competencial actual impide a los Ayuntamientos controlar el precio de los alquileres o intervenir de manera decidida en el mercado inmobiliario.

CM: Es importante que las regeneraciones urbanas estén pensadas para los ciudadanos y no exclusivamente para procesos de higienización urbana que tengan el objetivo de atraer capitales e inversiones turísticas. El cambio de uso de la ciudad nos ha llevado a considerar los propio vecinos y vecinas como usuarios y consumidores del espacio público. Un espacio que tiene que ser desconflictivizado para ser consumido.

En ese aspecto, el texto sobre Río de Janeiro es esclarecedor cuando muestra cómo la pacificación de las favelas no la acaban disfrutando los moradores originales sino gente de más poder adquisitivo y turistas.

JM: Exacto. La gentrificación, en este caso, lleva hasta espacios que se pensaron nunca podían ser gentrificados. En este sentido, las experiencias empíricas parecen darle la razón a autoras como Loretta Lees cuando usa el término “gentrificación planetaria”, esto es, las dinámicas de desplazamiento socio-espacial que generan ciertas políticas urbanas con la ayuda del capital internacional sólo tienen un límite: el propio planeta.

CM: Esta parece ser otra paradoja del sistema capitalista. Generamos desigualdades que luego acaban por ser atractivos turísticos. La curiosa “mirada turística”, utilizando el concepto del sociólogo John Urry, llega hasta barrios y lugares fuera de la “burbuja turística”, así llamada por Dennis Judd. Por tanto, acabamos no teniendo unos limites entre lo que es turístico y lo que no lo es. En definitiva, todo puede ser turístico y, la turistificación, así como la gentrificación, supera las fronteras simbólicas y física de los propios centros turísticos.

Uno de los valores del libro son los textos sobre las realidades de ciudades latinoamericanas en las que aún no está tan extendida la visión de la masificación turística como un problema, sino casi más bien como un anhelo. ¿Cómo serán en ellas los procesos que ya se han vivido en las europeas?

JM: No sólo en América Latina, también podemos ver eso aquí, en nuestra propia casa. El turismo, como hemos señalado antes, se sigue apareciendo como una posibilidad blanda de desarrollo. Creo que las dinámicas de turistificación y gentrificación tienen una base común que se hace presente de forma específica cuando toma tierra a nivel territorial. Por ejemplo, en América Latina, autores como Daniel Hiernaux han popularizado el término “gentrificación criolla”, ya que allí la gentrificación no es sólo un proceso que se puede explicar en términos de clase, sino también en base a cuestiones étnicas, etc.

CM: En el libro analizamos diferentes casos de América Latina y de la península ibérica. Sin embargo, la cuestión turística es global. El sector turístico y, en muchas ocasiones las entidades gubernamentales, se han dedicado a promover atractivos turísticos en lugar de gestionar, planificar y poner en marcha mecanismos de gobernanza turística participativa. Si no planificamos un destino estaremos inevitablemente planificando el fracaso del mismo. Si pensamos a la ciudad de Barcelona, por ejemplo, el primer plan estratégico de turismo se aprobó en 2010. Casi dos décadas después de que la marca y el destino Barcelona empezara a promocionarse: el Consorcio de Turisme de Barcelona, el cual se dedica a la promoción de la ciudad como destino turístico, se creó en 1993.

Justo en el capítulo dedicado a Barcelona que escribís vosotros, citáis a Horacio Capel cuando dice que las Olimpiadas fueron un mito ciudadano con un simbolismo que generó muy poca contestación. De alguna manera, ha sucedido lo mismo hasta ahora con el turismo, que es un relato hegemónico muy poco puesto en duda.

JM: Sí, es cierto. Pero creo que esa época se ha acabado. Las nuevas propuestas de celebración de estos mega-eventos, afortunadamente, ya no son recogidas entre aplausos, sino, más bien, entre grandes críticas. Los Juegos Olímpicos de Invierno, por ejemplo, han sido ya rechazados por varias ciudades y las recientes propuestas, de ciertos candidatos a la alcaldía de Barcelona, por celebrar otros o una Exposición Universal, no están siendo recibidos con los brazos abiertos.

CM: Igualmente, creo que, si bien el mito de los grandes eventos sigue siendo valorado como el maná caído del cielo, esta época está llegando a su fin. Esta visión simplista de desarrollo económico medido sólo con indicadores cuantitativos necesita una reinterpretación. En el mismo sector turístico hemos medido los éxitos del sector según las llegadas turísticas. En este sentido necesitamos un profundo cambio de paradigma en la manera en que valoramos los éxitos del turismo en nuestras ciudades.

Más del 50% de la población mundial vive en ciudades; en 2050 se prevé que sea más del 70%. Así empiezan multitud de textos, presentaciones y discursos relativos a lo urbano (incluso éste, por lo que se ve). Son datos que sirven para algo más que para contextualizar, son porcentajes que se mencionan casi como celebración y que por eso consiguen consolidar un sentido de pertenencia equivocado, reafirmar un pensamiento único que, más allá del espacio en el que habitamos, marca la forma en que vivimos, consumimos y agotamos nuestro crédito natural. Empiezo por el final: no hay un debate entre lo rural y lo urbano. No puede haberlo porque lo segundo domina absolutamente sobre lo primero. No hay nada que festejar en ello y sí bastante sobre lo que pensar.

Ése más del 50% de la población mundial reside en menos del 3% del territorio del planeta. Lo cual no quiere decir que lo que no es ciudad sea naturaleza salvaje ni carezca de relación con lo urbano. Al contrario. Un estudio dirigido por Erle C. Ellis, investigador ambiental de la Universidad de Maryland, demuestra que, mientras hace tres siglos los humanos sólo usábamos el 5% de la Tierra para nuestros asuntos, ahora nos aprovechamos de más del 50%. Según sus datos, sólo queda un 25% de territorio salvaje y un 20% seminatural. El resto son recursos urbanos, es decir, puede que sea terreno rural, pero está al servicio de la gente que habitamos las ciudades. Como cantaba James Brown, It’s a Man’s World. Es un mundo masculino y, además, urbano y capitalista. Conviene tenerlo claro.

Cuando habla de la evolución de las ciudades en su último libro, Construir y habitar: ética para la ciudad (Anagrama, 2019), Richard Sennett da pistas de algunos rasgos interesantes —interesantes para lo que quiero decir a continuación, claro— de lo urbano: el ensimismamiento, la velocidad y una cierta soberbia; rasgos que son también atribuibles a la forma económica dominante en esta parte del universo. Las ciudades mandan y mandan de una manera individualista e insolidaria que se apropia y engulle todo con ansiedad sin preocuparse por las consecuencias de esa bulimia.

El domingo hay en Madrid una manifestación apoyada por más de 80 organizaciones de todo el país que, bajo el nombre de La revuelta de la España vaciada, pretende la igualdad de oportunidades en todo el territorio. Los convocantes quieren movilizar a decenas de miles de personas para protestar contra la falta de inversiones y equipamientos, contra el aislamiento y contra el olvido. Por supuesto, llevan toda la razón incluso en los matices como los que aportaba hace unos días la ilustradora Sara Fernández en su muro de Facebook.

Un problema de vivienda, también

Sara, que vive con su familia en una aldea segoviana con sólo ocho habitantes y trece casas en pie, recordaba que, en su pueblo, como en tantos otros, podría vivir mucha más gente que no lo hace por un problema tan urbano como el inmobiliario. “Pero ¿cómo se va a repoblar la España vaciada si no hay posibilidad de tener una casa?”, se preguntaba. En el campo está también muy difícil el acceso a la vivienda, aún derruida, porque hay quien está a la espera especuladora y porque resulta que hay muchos que paralizan el movimiento para satisfacer su nostalgia; habitantes de ciudades que, para no olvidarse nunca de dónde vienen, dejan que su tierra se pudra para siempre. Así, sentimental y posesiva, es la mirada de la ciudad hacia el campo. Así es el pensamiento urbano.

El pensamiento urbano es el pensamiento dominante, el único en realidad. Tanto, que imprime el carácter de lo rural y ofende a las pocas personas de ese lado a las que da voz. “Leo lo que escribieron sobre el medio rural otros antes. Lo que escriben sobre el medio rural otros ahora. Y tropiezo. Tropiezo una y otra vez con esa literatura que nos llama granjeros, que nos asocia siempre con la palabra vacía, que nos describe desde el paternalismo y las grandes ciudades, que nos visita para reportajes graciosos, que se empeña en escribir del medio rural como si fueran sepultureros, que usurpa la voz de los que se manchan las manos de tierra y habitan entre campiñas y montañas”. Así se expresa María Sánchez en Tierra de mujeres (Seis Barral, 2019) sobre quienes, como yo ahora mismo, hablamos de lo rural. No debe extrañar su irritación. El modelo está dibujado para crear mal rollo. Igual que Galactus, el malísimo del universo Marvel que necesita alimentarse de planetas para sostenerse, el capitalismo urbanita sólo ve el campo (y el mar, ojo) como una mina de la que extraer recursos, ya sean humanos, naturales o materiales.

Conviene aclarar que esta forma de actuar está impuesta desde las grandes y exitosas ciudades y sus centros de decisión y que las consecuencias las pagan también otros núcleos considerados urbanos pero que en realidad están, por condiciones y forma de vida, en el lado perdedor del problema. Los traumas no vienen por lo que hacen asentamientos de 10.000, 50.000 o 500.000 habitantes, sino por la carrera por llevárselo todo de esas urbes grandes y presuntuosas que creen que el crecimiento es el único sentido de su existencia. Y que se equivocan estrepitosamente. El modo Galactus lo único que hace es provocar desigualdades económicas y territoriales dentro y fuera de esas ciudades de postín. Y la sobrealimetación puede llevar a un empacho de peligrosas consecuencias.

Todo esto ya lo he contado por aquí una y otra vez, pero la insistencia es el único superpoder que tengo ahora mismo a mano. Las ciudades deberían ponerse ya mismo a frenar su crecimiento y su codicia y a acelerar su solidaridad y su capacidad de redistribución. Si no, el pensamiento urbano acabará siendo el tonto del pueblo.

Corren tiempos miopes. Nuestra vista cansada nos deja ver de cerca pero nos quita la claridad para enfocar lo que hay delante, detrás, arriba, abajo, lejos. Y como cada vez miramos menos hacia allá, vamos viendo peor. En las cosas de la ciudad también pasa, claro. Hablamos de las cuestiones como si fuesen únicas y se pudiesen explicar aisladamente. ¿Es aquí el debate de movilidad? ¿Alguien sabe llegar al grupo de vivienda? ¿Dónde se discute acerca de gentrificación y turistificación? ¿La mesa sobre soledades, por favor? ¿Cuándo toca la charla de medio ambiente? Y pasa mucho más por la forma en que están compartimentadas y gestionadas las competencias, por la incomunicación entre administraciones, la desconexión entre áreas y la descoordinación entre equipos. Desgraciadamente, nuestro problema no se soluciona con unas gafas, sino con una intervención que vuelva a conectarnos con un organismo en continuo movimiento llamado ciudad, una comunidad que no se puede entender y en la que no se debería actuar sin prevenir las consecuencias encadenadas de cada movimiento.

De hecho, a veces la mirada es tan corta que ni se ven las secuelas en un ámbito concreto. Cuando se habla de burbuja inmobiliaria, de gentrificación e incluso de turistificación, son muchos los que aún siguen asegurando que es un problema del centro de las ciudades que no afecta a las periferias. Como si el mercado libre que defienden tuviese unas barreras invisibles para frenar el aumento de precios, como si uno pudiese echar una piedra al agua y que no moviese más que una pequeña onda a su alrededor. No. Cada expulsión a una persona o familia por la subida de su renta provoca un desplazamiento en el barrio al que va porque las subidas allí son equivalentes. Así, como las ondas que hace la piedra al caer en el agua, hasta extender la escalada de precios y los desplazamientos por todo el área metropolitana. Por eso el asunto no se puede ver como exclusivamente inmobiliario, afecta a muchos otros ámbitos.

La movilidad, por ejemplo. Si por mucho que nos empeñemos en recuperar el modelo de ciudad densa no tenemos más remedio que volver a la dispersión, ¿qué va a pasar con el transporte de la gente a sus lugares de trabajo (que, por cierto, también se mueven por eso de la subida de precios)? Lo explica, con cifras y mapas, un estudio reciente del Urban Institute estadounidense: Demasiado lejos del trabajo. Desajuste espacial y empleo. Lo que viene a decir este informe, creado a partir de datos de un gran portal de empleo por horas, es que los trabajadores más precarios viven cada vez más lejos de sus ofertas de trabajo. El ejemplo evidente es San Francisco, ese lugar de éxito con un mercado inmobiliario absolutamente desbocado y fracasado en el que quienes sobreviven de servir cafés y donuts o de limpiar casas y oficinas residen tan remotamente lejos de esos empleos que, en muchos casos, tienen que renunciar a ellos.

Que el ejemplo sea norteamericano sólo quiere decir que allí hay gente que se dedica a sacar datos sobre estas cosas, no que no sea aplicable aquí. La burbuja inmobiliaria está alejando a los currantes de sus lugares de trabajo también en Madrid, Barcelona, Bilbao o Valencia. Pero no sólo eso. Últimamente se habla mucho de soledades urbanas y, efectivamente, es un temazo. Pero, ¿se puede afrontar sin entender cómo influye la desquiciada subida de precios de alquiler y venta? Obviamente, no. Cada vez estamos más lejos no sólo de nuestros trabajos, también de nuestros lazos familiares y de amistad, de nuestras oportunidades de entretenimiento, de la oferta cultural… De todo.

De Bach a Jarfaiter

La cosa también puede verse al revés. Los asuntos de movilidad influyen en los asuntos de vivienda. Como bien saben los lectores de Idealista, la cercanía de paradas de transporte público incrementa el valor de una vivienda. Un clásico, pero ¿qué pasa con las novedades? Esta semana se pone por fin en funcionamiento Madrid Central —vale, ya estaba en marcha pero sin multas no hay paraíso—. Sin duda, es la medida estrella de este gobierno de la ciudad y los datos de la fase de pruebas demuestran que mejora el tráfico, reduce los índices de contaminación, disminuye el ruido en la zona y no provoca ninguna catástrofe en los alrededores, salvo las declaraciones desnortadas de la oposición. ¿Se podrá decir lo mismo con los procesos de elitización y terciarización de un distrito que ya es una piscina de bolas para foodies, juerguistas, turistas y especuladores? Probablemente, no.

Posiblemente, Madrid Central acelere estos procesos ya en marcha que impedirán finalmente a muchos de los actuales habitantes del área disfrutar a largo plazo de las ventajas de la medida. Una medida que sería verdaderamente ejemplar si estuviese acompañada de políticas de control de precios en la vivienda y los locales y de protección de la diversidad comercial. La culpa no hay que echársela en cualquier caso al Ayuntamiento —aunque se agradecería que Manuela Carmena no tuviera la desvergüenza de decir cosas como ésta que dijo a Fátima Caballero e Ignacio Escolar aquí mismo: “Hemos ubicado la política de vivienda en la equidad”—. O no sólo. Las competencias del desaguisado en el que vivimos están bien repartidas y, por eso, las responsabilidades también. Ahora que estamos casi en el punto culminante de la campaña electoral permanente que nos acompaña, conviene acordarse de ellas en el momento de votar.

El urbanista Jonathan F. P. Rose se basa en El clave bien temperado de Johann Sebastian Bach para su propuesta y su libro de reciente edición en español La ciudad bien temperada (Antoni Bosch, 2018). Con temperamento, el compositor alemán se refería a la afinación de los instrumentos para conseguir una obra musical integral y armónica. Rose, por su parte, habla de cinco claves que conforman “un marco que unifique los numerosos y dispares programas, departamentos y aspiraciones” de lo urbano: coherencia, circularidad, resiliencia, comunidad y compasión. Yo, que soy un poco más bruto que ellos dos, sólo paso por aquí para insistir en este tema y hacerlo parafraseando el Mantenlo criminal de ese ejemplo de rap macarra (y torpe) que es Jarfaiter. En las cosas de ciudad, si quieres hacerlo bien, mantenlo transversal.

En febrero de 1939 cayó la última bomba sobre Madrid en la Guerra Civil. Ochenta años después, Luis de Sobrón y Enrique Bordes, doctores arquitectos y profesores asociados del Departamento de Ideación Gráfica Arquitectónica de la ETSAM publican el primer resultado de un trabajo de investigación de dos años. Madrid Bombardeado 1936-1939 es un plano que expone las heridas de lo que fue el primer bombardeo moderno, con aviación además de artillería, sobre una gran urbe europea. Dibujado a partir de la ciudad actual, Luis y Enrique han geolocalizado los edificios dañados a partir de fuentes como los libros de salidas de los bomberos de entonces, los fondos fotográficos de la Biblioteca Nacional y el Archivo de la Delegación de Propaganda y documentación de los arquitectos del Comité de Saneamiento, Reforma y Construcción.

El plano, que de momento existe en una pequeña edición del Ayuntamiento de Madrid y que se puede pedir en bibliotecas, centros culturales y juntas municipales, es muy pertinente. Lo es ahora que afloran discursos hasta hace poco ocultos por la vergüenza; un momento en el que, quizás porque hemos dejado de mirar los mapas para elegir nuestro rumbo y los hemos programado para que decidan ellos por nosotros, es necesario volver a ver las cosas con perspectiva. Y recordar que Franco estaba dispuesto a destruir Madrid antes que dejársela a quienes él mismo había señalado como sus enemigos: los madrileños. Unos enemigos que resistieron heroicamente las bombas y hasta se rieron de ellas, como se cantaba en Puente de los Franceses.

¿Por qué Madrid no tiene un conciencia colectiva de lo sucedido a pesar de haber sufrido el primer bombardeo moderno de la Historia?

En gran parte porque, durante cuatro décadas de dictadura, las instituciones cubrieron con un manto de olvido los bombardeos sobre Madrid y todas las demás ciudades que los sufrieron, imponiendo, como en tantos otros ámbitos, un relato alternativo que no se correspondía con la realidad. La represión y el miedo se encargaron de que quienes vivieron aquellos hechos no osaran difundirlos públicamente. Después, las primeras décadas de democracia supusieron un ejercicio de amnesia colectiva probablemente justificado por lo delicado de la coyuntura. Por otro lado, en Madrid, al contrario que en Guernica o Barcelona, las autoridades no han tenido hasta ahora interés por fomentar ni difundir la investigación y el conocimiento sobre su pasado como ciudad bombardeada. En estas condiciones, y con la generación que vivió los bombardeos ya desaparecida, no es de extrañar que la población actual, por no hablar de los visitantes, no tenga apenas conciencia de este aspecto trágico, que podemos considerar relativamente reciente de nuestra historia. Por eso, desde nuestra profesión de arquitectos, profesores de dibujo e investigadores, asumimos casi como una obligación la tarea de dibujar un plano del Madrid bombardeado.

De hecho, son las crónicas sobre el bombardeo de la capital del periodista francés Louis Delaprée la principal inspiración para el Guernica de Picasso.Guernica 

Eso aseguran estudiosos como el hispanista británico Martin Minchom: muchas de las imágenes que plasma Picasso en su Guernica corresponden con las descripciones de los bombardeos de Madrid en las crónicas que hacía Delaprée para Paris-Soir. Quizás lo más interesante es ver cómo lo que en su momento fue el primer bombardeo sobre una gran capital europea, con gran difusión en prensa internacional, fue desapareciendo del imaginario colectivo para ser desplazado por la fuerza del mensaje de Picasso... Pero no deja de ser significativo que el pintor siempre quiso que el cuadro volviese a Madrid.

Noviembre de 1936 es el momento más sangriento. Pero en 1937 señaláis que hay 6.036 siniestros atendidos, eso es una media de más de 16 al día.

Aunque los bombardeos comenzaron en los últimos días de agosto de 1936, hasta que el frente no llegó a las proximidades de Madrid consistieron en acciones esporádicas y poco contundentes, no exentas de víctimas. Entre el 8 y 23 de noviembre, con las tropas sublevadas intentando tomar la ciudad, los bombardeos de las aviación alemana fueron sistemáticos, día y noche. Madrid fue la primera gran ciudad en sufrir un bombardeo de semejante intensidad. Es cierto que durante la Segunda Guerra Mundial los bombardeos fueron de una magnitud mucho mayor, pero se trata de una cuestión cuantitativa: allí se dispuso de más aviones y de bombas aún más potentes. A partir de enero de 1937, prácticamente no se vuelven a producir ataques aéreos sobre Madrid pero, desde la Casa de Campo y el Cerro de los Ángeles se cañonea la ciudad casi a diario hasta marzo de 1939. Algunas jornadas, con cientos de proyectiles lanzados.

Las zonas más afectadas, según el plano, son el centro y el oeste. 

La destrucción del barrio de Argüelles, al oeste de la ciudad, puede tener cierta lógica militar, ya que el plan de las tropas sublevadas era entrar precisamente desde la Ciudad Universitaria. El caso es que el bombardeo de este barrio madrileño, que quedó prácticamente arrasado, no consiguió debilitar las tropas defensoras o, al menos, no en la medida suficiente. En este mismo sentido, el ataque al centro de Madrid es más que dudoso. Es cierto que ahí se ubicaban ministerios, edificios oficiales y edificios que podían albergaban tropas y armas, pero por cada supuesto objetivo estratégico se destruyeron o dañaron 99 inmuebles que no eran más que edificios de viviendas, escuelas, teatros, etc. En realidad, el bombardeo del centro de la ciudad forma parte de la puesta en práctica de las doctrinas militares de Giulio Douhet, que planteaban que las guerras ya no se ganaban sólo en el frente sino también en la retaguardia, amedrentando y aterrorizando a la población civil hasta su desmoralización. Los alemanes se llevaron mucho aprendido de la Guerra Civil para luego reproducirlo a mayor escala en Europa.

Argüelles, como decís, es el barrio más asediado y, posteriormente, el que vivió una reconstrucción más profunda, llena de monumentos y símbolos de la victoria e incluso con un Ministerio del Aire rodeado por viviendas militares. ¿Qué otros cambios en el urbanismo de la ciudad tienen que ver con los bombardeos?

La mayor parte de los edificios dañados se repararon en unos años de posguerra en los que, por pura escasez de medios y en ausencia de un Plan Marshall, era preciso aprovechar todo lo que quedara en pie. En muchos casos se trataba de daños más o menos localizados. Edificios monumentales totalmente destruidos, como el palacio de Liria o la iglesia de San Sebastián, fueron reconstruidos. Otros menos dañados, como es el caso del Palacio Real, la iglesia de San Ginés, la de San Martín o el monasterio de las Descalzas Reales, fueron también reparados. No obstante, todavía quedan muchas cicatrices en la ciudad y no se puede entender completamente Madrid sin conocer y comprender estas heridas. Hablamos principalmente de algunos vacíos urbanos y de inmuebles construidos en los años cuarenta y posteriores, que ocupan el solar de un edificio antiguo derribado por las bombas y cuya estética suele desentonar bastante en el tejido urbano del Madrid del siglo XIX. Todos nos hemos fijado en ese tipo de edificios cuya perturbadora presencia es, en más casos de los que creemos, consecuencia de la guerra.

¿Cómo ha sido el proceso de trabajo para recabar la información? ¿Cuánto tiempo os ha llevado?

Con un poco de experiencia en el campo de la investigación ya empiezas a tener una idea de cómo buscar referencias y en qué archivos puedes encontrar según qué documentos pero, como cualquier trabajo de este tipo, también hay que preguntar a la gente que puede orientarte. En este caso, llevamos aproximadamente dos años trabajando en esto y, afortunadamente para todos, cada vez hay más documentos digitalizados y colgados en la red, sobre todo tratándose de fotografías. No obstante, ningún investigador se libra de visitar personalmente algunos archivos clave donde, además, el personal suele atenderte muy bien y te dan pistas muy valiosas. En nuestro caso, pudimos ponernos en contacto con Juan Miguel Redondo Toral, oficial del cuerpo de bomberos de Madrid, que durante años ha sido responsable del archivo histórico de esta institución y cuya colaboración ha sido clave para esta investigación.

Decís que es “un trabajo abierto, susceptible de ser completado y actualizado”, ¿vais a abrir una fase de recogida de información?

Es difícil hacer una estimación no sólo de cuánto queda por documentar sino de cuánto es posible llegar a documentar. No existe una fuente completa que dé cuenta de todos los edificios que resultaron dañados. Con toda seguridad, muchos de los siniestros que se produjeron no se podrán documentar nunca, bien porque las fuentes ya no existen o bien porque nunca llegaron a registrarse en ningún sitio. Somos conscientes que en los fondos fotográficos que hemos rastreado hay imágenes en las que no hemos podido identificar de qué edificio o edificios se trata por falta de referencias visuales. Plantearnos una especie de buzón a través de una página web donde cualquiera pudiera aportar documentación que contribuya a completar este plano es una posibilidad que consideramos aunque todavía no tenemos ultimado los detalles. No obstante, aunque sabemos que irán apareciendo datos que hasta ahora se nos han escapado, pensamos que el grueso de los edificios afectados, sobre todo aquellos que sufrieron gran destrucción, están recogidos en el plano. Por otro lado, están los barrios de Madrid que entonces formaban núcleos de población fuera de su término municipal y que fueron muy castigados por las bombas pero que, por los límites que uno tiene que plantearse en cualquier investigación, no han formado parte del estudio. Es el caso de Tetuán, Puente de Vallecas o Entrevías.

Aparte del plano, ¿tenéis idea de completar esta mirada sobre la ciudad bombardeada con otras acciones: exposiciones, paseos, webs…?

Después de dos años de investigación, recopilando información y construyendo una gran base de datos, aún queda mucha tarea de análisis, pero nos pareció oportuno, cuando en estas semanas se cumple el ochenta aniversario del final de los bombardeos sobre Madrid, publicar un primer resultado del trabajo en forma de plano del Madrid bombardeado que diera a la gente la oportunidad de descubrir y empezar a conocer y a tomar conciencia de esta realidad. Estamos estudiando posibles ramificaciones del proyecto, ya en contacto con el Ayuntamiento de Madrid y su oficina de Memoria, un contexto ideal para futuras iniciativas a las que vincular nuestro trabajo.

Cuando se critica cualquier ejercicio de memoria histórica se suele decir que no sirve más que para dividir, sin embargo, saber lo que pasó, entenderlo, puede ser un antídoto para que no se repita.

Es cierto que existe en muchas personas esa actitud de división ante cualquier asunto relacionado con la Guerra Civil Española. Muchos lo hemos experimentado personalmente, incluso con personas cercanas. Pero el error es entender que las heridas no se cierran porque recordamos nuestro pasado. Quizás es al revés, porque aún no se han cerrado las heridas algunos no son capaces de enfrentarse a un pasado nada lejano. La historia es tozuda y no desaparece por mirar para otro lado. Cualquiera que viaje, por ejemplo, a Normandía, encontrará en cada pueblo un memorial, un homenaje o un centro de interpretación sobre la Segunda Guerra Mundial, que es sólo un poco más reciente que nuestra Guerra Civil. A nadie en Francia se le ocurre pensar que estos ejercicios de memoria sólo sirven para dividir y enfrentar de nuevo a los franceses con los alemanes. Muy al contrario, son monumentos que recuerdan los hechos como fueron para poder superarlos y mirar hacia delante. Para pasar página de la historia, primero hay que escribirla…

Todo embrollo legal es una especie de partida de ajedrez en la que cada lado del tablero hace movimientos en función de los movimientos que piensa que va a hacer el otro. Los embrollos legales entre administraciones y las empresas autodenominadas colaborativas a los que asistimos como ciudadanos y, por tanto, como parte, son algo así. O casi. Toda partida de ajedrez se hace en el contexto de unas normas establecidas asumidas por los jugadores y conocidas por todos. No pasa, por ejemplo, que Magnus Carlsen decida de repente que va a mover el caballo como si fuera una ficha de damas y se coma así las piezas de su contrincante hasta llegar al rey. En las disputas legales que vivimos últimamente, sin embargo, las normas se van haciendo durante la partida. De hecho, las normas sólo las deberían poder escribir las ciudades por eso de que administran los intereses comunes, pero esas empresas tienen un ejército de abogados a su disposición para dibujar encima de las reglas puestas. Por cierto: ayer Cabify anunció que volvía a Barcelona acatando las normas de la Generalitat… A su manera.

A pesar de que anuncia también que seguirá peleando por tirar del todo el decreto, la compañía se convierte en una empresa de transporte y acata lo de pedir el coche al menos quince minutos antes. Pero lo hace efectivo sólo la primera vez por cada cliente, luego se funciona como hasta ahora porque establece un contrato de continuidad del servicio con el que sus legistas creen que pueden sortear eso que trataba de diferenciar su operación de alquiler de vehículo con conductor con la del servicio público de los taxis.

La empresa española con sede en Delaware ha movido ficha y el movimiento generará otros, tanto de las administraciones como de los taxistas. Y, claro, declaraciones de todos los partidos en campaña, perdón, en campañas. Vamos, que se avecina ruido y no nos va a quedar más remedio que soportarlo. Como escribo esto antes de que empiece a sonar muy fuerte, todavía me da para un par de reflexiones.

La primera trata sobre el descaro con que se mueven las empresas de la también autodenominada nueva economía. Lo de Cabify desafiando la norma me trae a la memoria la forma en que Airbnb se negó a dar datos sobre sus usuarios a Hacienda, una partida que empezó hace un par de años y en la que se hicieron varios desaires públicos al mismísimo ministro Montoro. O el mantra que vienen repitiendo sus representantes, eso de que cooperan con las ciudades del mundo cuando están en litigio con casi todas ellas (hace un par de semanas se lo volví a oír en un foro a su director general, Arnaldo Muñoz, que se puso la medalla de cómo colaboraban con Barcelona sin mencionar los años de pelea y la multa de 600.000 euros previas). Es evidente que su estrategia de comunicación tiene un componente de chulería, un atributo que no termina de empastar ni con la innovación ni con la colaboración, pero ellos sabrán.

Una empresa de transporte

Otro asunto a tener en cuenta es, sin embargo, una aceptación. Ahora en Barcelona Cabify dice que sí, que es una empresa de transporte y no una plataforma que intermedia entre conductores y usuarios. Esto, que era un hecho por la naturaleza evidente de su actividad, por su participación económica en compañías de flotas y por la sentencia de 2017 del Tribunal de Justicia de la UE que así lo establecía (era sobre Uber, pero tanto da), estaba oculto en su forma de mostrarse al exterior y ese ocultamiento era esencial en su estrategia comunicativa y legal. Los abogados de la empresa pretenderán mantener que el cambio sólo es para la Ciudad Condal pero quizás aquí hayan dejado abierta una vía para que les entre la regulación necesaria y hasta ahora inexistente en todo el territorio.

Hay otra mirada interesante al movimiento de Cabify. Durante los años que llevamos con este debate, se ha tratado de establecer la cosa como una pelea entre lo nuevo (los VTC) y lo viejo (los taxis) en la que, cómo no, lo nuevo tiene que ganar porque es lo bueno para nosotros. “Con el objetivo de hacer de las ciudades mejores lugares para vivir, hemos creado un modelo de negocio sostenible, guiado por principios básicos de ética que nos ayudan a ser cada vez más comprometidos”. Esto dice Cabify en el quiénes somos de su web. La realidad, sin embargo, no está escrita por un redactor publicitario y por eso es más pedestre. Cabify no ha venido al mundo para salvarlo, sino para hacer dinero o, al menos, para convencer a sus inversores de que puede hacer dinero. Y, para eso, necesita escaparates como Barcelona en los que dejarse ver para mantenerse atractiva. El movimiento de la compañía demuestra que abandonar un territorio con tanta visibilidad como éste es aceptar una derrota muy peligrosa no en su singularidad, sino porque puede ser el principio de muchas otras.

Esto debería hacer entender a las administraciones quién debe tener la iniciativa en la negociación, quién manda en la partida. Hay mucho miedo a legislar a estas empresas que también se dicen tecnológicas, hay poca valentía quizás desde que se gobierna pendiente de Twitter. Y el caso es que poner normas es normalizar. Y lo normal debería ser que los servicios de transporte estuvieran regulados en función de las necesidades reales de las ciudades. Lo normal debería ser que todo el mundo acatara y cumpliera esas normas y ninguna empresa fuese vacilando a nadie por el camino. Lo normal debería ser que estas partidas de ajedrez sólo tuvieran un ganador: el bien común y tal.

La historia ya se sabe. Amazon ha decidido no montar su segunda sede en Nueva York. La compañía de Seattle pensaba instalarse en Long Island City, Queens, y prometía crear 25.000 puestos de trabajo, pero la semana pasada se echó para atrás. Según el medio donde uno lo haya leído, la retirada ha sido impuesta por el mal hacer y la presión de algunos políticos o ha sido una victoria de vecinos y activistas sociales. El hecho es que la empresa de Jeff Bezos anuncia ahora que esos 25.000 puestos de trabajo serán creados en los próximos diez años a través de sus 17 oficinas tecnológicas en todo Estados Unidos y Canadá. Dicho así, puede parecer una noticia de interés local, pero esconde una historia que retrata algo clave de la cuestión urbana en todo el mundo.

El reality show más loco de los últimos años en Norteamérica no ha sido un formato televisivo sino la búsqueda de Amazon del lugar donde ubicar su nueva sede. En realidad, más que una búsqueda, ha sido un concurso. El gigante de la distribución online, la captación de datos y los servidores en la nube anunció en septiembre de 2017 que pretendía una ciudad en la que instalarse más allá de Seattle, un lugar en el que crearía 50.000 empleos —no es un error; la cifra, una estimación, recoge los empleos totales (que luego se dividirían en dos sedes)— e invertiría 5.000 millones de dólares en obras e infraestructura. A la llamada acudieron 238 localidades de Estados Unidos y Canadá en un espectáculo bastante increíble pero absolutamente real que fue contado convenientemente por los medios de allí.

En la lista de pretendientes había todo tipo de ciudades, muchas de ellas eran pequeñas y medianas, otras eran grandes urbes venidas a menos y también estaban las de éxito. Para hacerse valer, los gobernantes se pusieron desde un poco románticos hasta directamente en pelotas. Es el caso de Stonecrest, en Georgia, que ofreció 140 hectáreas de terreno gratuito y algo más: cambiarse el nombre a Amazon City. El resto de las ciudades también supo postularse con elegancia, o sea, hincando las rodillas en el suelo, agarrando de la pernera a Bezos y dándole las llaves de su caja de caudales.

Quién quiere casarse con un millonario

Ohio se hizo querer con impuestos del suelo gratuitos durante 15 años. Chicago utilizó la creatividad fiscal y propuso que la compañía se quedase con la mayor parte de los impuestos a pagar por sus empleados. Maryland ofreció 6.500 millones de dólares en incentivos fiscales, otros 2.000 en infraestructuras y, como quizá les pareció poco obvio su interés, uno de sus representantes habló de un cheque en blanco. En general, el proceso fue una subasta a base de esos beneficios fiscales. Finalmente, el premio se lo llevaron dos lugares: Long Island City, en Nueva York, y Cristal City, en Arlington, Virginia.

En el caso de Nueva York, los incentivos y créditos del acuerdo eran por valor de 3.400 millones de dólares —o sea, que cada empleo de los 25.000 prometidos costaría unos 136.000 dólares—. A cambio, según los cálculos ofrecidos por las partes interesadas, la ciudad y el Estado iban a recibir unos 27.000 millones de dólares en ingresos en 25 años, la creación de ese número de empleos ya citado, otros 1.300 para la construcción del lugar y unos 100.000 indirectos. Pero esta forma de contabilizar y de contar el asunto no satisfizo a todo el mundo.

A los dos días del anuncio del acuerdo —un anuncio que fue como el de una victoria deportiva por parte del gobernador Cuomo y al alcalde De Blasio— ya había una protesta en el solar que debía acoger las oficinas. El movimiento en contra estaba compuesto por colectivos sociales y vecinales, sindicatos y políticos comprometidos y con ganas de mambo como Alexandra Ocasio-Cortez. Se denunciaba la escasa transparencia y la no presencia de representantes ciudadanos en las negociaciones. También se señalaba cómo una operación como ésta iba a afectar al mercado inmobiliario en una zona humilde y ya asolada por la burbuja que recorre el mundo. Se ponía en duda el número de empleos y su impacto real en el mercado laboral del barrio y de la ciudad. Y, sobre todo, se planteaba por qué no había dinero para servicios públicos pero sí para incentivar el establecimiento de una oficina de una empresa valorada en casi un billón de dólares (un billón de los de aquí) que, además, lleva un par de años pagando cero en impuestos federales. En una ciudad acostumbrada a perder, se ganó esa batalla. Y puede que algo más.

Una costumbre habitual y mundial

La polémica ha sacado a la luz una costumbre habitual: untar a las grandes empresas para convencerlas de establecerse en un lugar concreto. Boeing se quedó en Washington en 2013 por 8.700 millones de dólares en incentivos. Foxconn, en Wisconsin, en 2017, por 4.800 millones. Alcoa, en Nueva York, por 5.600 millones. Y éstos son sólo los tres primeros ejemplos de una lista muy larga. La costumbre habitual, por cierto, no es sólo norteamericana.

Estados, regiones y ciudades de todo el mundo participan de una competición que trata de atraer empresas a los territorios a base de bajar las tasas hasta convertirse, en algunos casos, en paraísos fiscales; y aquí aprovecho para saludar a Irlanda y Londres. En España, muchas regiones ven a cientos de compañías fugarse a otras que se lo ponen más barato. En el País Vasco, el impuesto de sociedades es menor tanto para grandes empresas como para pymes, y en Madrid, las bonificaciones para sucesiones, patrimonio y donaciones ahorran hasta 1.800 millones de euros a los que más tienen —1.800 millones que podrían usarse para cosas de todos—, que también se benefician del tipo máximo de IRPF más bajo de España. No es tan deslumbrante como el reality de Amazon, pero espectáculos así también hemos tenido por aquí.

Parece que fue ayer cuando todos los políticos al mando en Barcelona y Madrid (y en el Estado) seguían a Sheldon Adeson hasta la puerta del baño para tratar de convencerle de dónde debía estar Eurovegas. Allí también hubo ofertas de bajada de impuestos y financiación de la inversión y promesas de rebajar leyes tan incontestables como las de blanqueo de capitales y la del restricción del tabaco. Por cierto, si en lo de Amazon la cifra de empleos directos e indirectos provoca levantamiento de ceja, la de Eurovegas era de carcajada: 250.000.

Pero Eurovegas ha habido y hay muchos. El tratamiento que se le dio a Wanda cuando quiso hacer lo que le venía en gana con un valor patrimonial como el Edificio España de Madrid es uno. La sucesión de desdichas que está provocando la obra de Canalejas de OHL, la ausencia de exigencia de responsabilidades y la propia aprobación de proyecto (se reformó la ley de Patrimonio para Villar Mir), es otra.

Las empresas y la ciudad

El cortejo a proyectos empresariales no entiende de bandos políticos. Este Ayuntamiento de Madrid lleva presumiendo desde el inicio de la legislatura de la atracción que ejerce a inversores de todo el mundo, una atracción que es el resultado, lo dicen así sus principales responsables, de ponérselo fácil. Conviene recordarlo una vez más: es este equipo de gobierno el que ha acelerado sin mucha explicación el desenlace de una Operación Chamartín paralizada durante casi cinco lustros. En Barcelona, hay mucha gente que tampoco termina de entender las reverencias al Mobile World Congress que se celebra la semana que viene y que anda remoloneando con la renovación del acuerdo.

Espero que no se me entienda muy mal. Por supuesto, la empresas, pequeñas, medianas y grandes, son ciudad. Su actividad es necesaria para que nuestras urbes funcionen adecuadamente: dan empleo, generan riqueza y conocimiento, atraen talento… Pero también reciben mucho de las ciudades: infraestructuras ya consolidadas, servicios, facilidades de conexión y movilidad, oferta inmobiliaria, ese talento ya disponible y bien formado… El intercambio suena justo desde su origen y, por eso y porque precisamente son parte del ecosistema urbano, administraciones y empresas deberían establecer relaciones desde el respeto a las normas comunes y la transparencia en las negociaciones.

El caso de Amazon en Nueva York y todo el show previo hasta llegar allí ha generado un debate interesantísimo en Estados Unidos. De repente, desde políticos hasta medios han empezado a pasar lista de todos los beneficios que se han ido ofreciendo a distintas compañías por su establecimiento en diversos territorios. Incluso el mismísimo Washington Post, propiedad del dueño de Amazon, ha titulado un artículo de la siguiente manera: “La debacle de Amazon HQ2 podría aumentar el escrutinio de los incentivos corporativos”. Digamos que es momento de preguntarse por qué.

Por qué gigantes con valoraciones estratosféricas y beneficios crecientes reciben además trato de favor de las instituciones. Por qué en un momento en que la brecha salarial y la desigualdad crecen como nunca son los que más tienen los mejor cuidados. Por qué en ciudades con acuciantes problemas inmobiliarios, de movilidad y de servicios públicos se decide invertir en actividades empresariales más que autosucificentes, que además pueden incidir en ellos, en vez de poner los recursos para solucionarlos. Preguntémosle a Alexa.

A veces da la sensación de que la práctica política es como una serie producida a partir de un guion al que le han arrancado la mitad de las páginas de forma aleatoria. Esto vale para el disparate que vivimos estos días entre el Congreso y el Supremo pero también para asuntos más de andar por casa. En Madrid, ya es evidente que ésta tampoco va a ser la legislatura del despegue del uso de la bici. La cosa, como ya se ha dicho por aquí, es bastante incomprensible si uno lee el programa y las declaraciones de las personas en el gobierno, pero no es la cosa incomprensible de la que quería hablar hoy. Hoy toca otra vez BiciMad.

La trama principal es bastante conocida. Alcaldesa del PP saca a concurso servicio de bicicleta pública. La licitación se la lleva una empresa pequeña que añade a la oferta, por su cuenta, bicis eléctricas. El servicio arranca regular y luego tira a muy mal. Llega una nueva alcaldesa que no es del PP y que quizá sea de Ahora Madrid. Su equipo apuesta por la municipalización del servicio de BiciMad a través de la Empresa Municipal de Transporte. La EMT recupera el servicio y los ciudadanos vuelven a confiar en sus bicis compartidas, se baten récords de uso y se anuncia la ampliación. El material, bicis y estaciones, está preparado en los almacenes de la EMT, pero la ampliación no llega. La ampliación no llega. La ampliación no llega. La ampliación no llega…

Como en un videojuego mal programado, hay un fallo de sistema que bloquea el asunto. Es una de esas páginas arrancadas del guion de la política. Lo incomprensible. Resulta que el servicio aún se rige por el contrato integral firmado en tiempos de la alcaldesa del PP y eso ralentiza las ampliaciones y los cambios en el modelo de gestión. El contrato limita la extensión del servicio a toda la ciudad, que haya más de 50 bases nuevas al año y que se pueda cobrar por minuto, entre otras mejoras convenientes para la ciudadanía. Para solucionar este entuerto, la EMT tiene que obtener la gestión directa completa, algo que hace año y medio se anunció que ocurriría a finales de 2018. Pero no.

La gestión directa necesita de aprobación del Pleno del Ayuntamiento. El PP no la quiere, quién lo iba a imaginar. Ciudadanos nunca dirán en público que no, pero siempre votarán que no. El conjunto de seres humanos antes conocido como Ahora Madrid, el gobierno en minoría, dice que claro que sí. Así pues, sólo haría falta el voto a favor del PSOE para lograrlo. Su portavoz se muestra a favor en declaraciones. Normal, su partido se autodefine como firme defensor de la movilidad sostenible y del fomento del uso de la bicicleta. Así pues, ¿qué dice el PSOE sobre todo esto?

En un hecho inaudito para la ciudad de Madrid, la reclamación de la gestión directa y de la ampliación del servicio es apoyada por 29 colectivos y asociaciones normalmente enfrentadas por el eterno debate carrilbicista. La ampliación es, además de un compromiso de gobierno, una necesidad de la ciudad y una exigencia de sus vecinos, una forma de descentralizar la movilidad sostenible. La gestión directa está avalada por un informe de Intervención General del Ayuntamiento de Madrid, que ha publicado en estos días En bici por Madrid y que garantiza que cumple la normativa y es viable desde el punto de vista económico. Así pues, ¿qué dice el PSOE sobre todo esto?

Anda estos días el partido del gobierno del reino proclamando y extendiendo su perplejidad sobre lo que ha pasado en el Congreso. Le parece mentira que se haya votado que no a “los presupuestos generales más sociales de la democracia”®, incluso que lo haya hecho quien venía pidiendo muchas de las cuestiones incluidas en esos presupuestos. Y, desde luego, parece mentira. La práctica política quizá no sea tanto el resultado de un guion creado de forma inconexa sino de uno que se escribe y se desarrolla a oscuras, de espaldas al público, que somos nosotros, que además somos los productores y, en teoría, los protagonistas. Así funciona también la política en las cosas de andar por casa y quizás estos mecanismos subterráneos tengan algo que ver en el freno a la ampliación y la gestión directa del servicio de BiciMad. Así pues, ¿qué dice el PSOE sobre todo esto?