La Xunta se ha embarcado en una convencida apuesta por dificultar las bajas laborales en Galicia. Una en la que el presidente autonómico, Alfonso Rueda, ha reiterado que no piensa dar marcha atrás, pese a que se ha quedado solo con la patronal en esta empresa. Al plan le han llovido las críticas desde que lo presentó. Las primeras reacciones fueron las de los sindicatos de clase. CCOO y CIG -el mayoritario en Galicia- manifestaron que el foco no se estaba poniendo donde debería estar, que es el refuerzo de la sanidad para evitar que las incapacidades temporales se alarguen por las demoras en la atención y los tratamientos o la vigilancia de la seguridad y la salud en el trabajo. La CIG habló también de vasallaje a los empresarios. Luego se fueron uniendo las voces de los partidos de la oposición, de asociaciones de médicos de familia -los que gestionan las bajas- y de pacientes, de sindicatos del gremio y de todos los colegios médicos de la comunidad.

El Gobierno gallego, sin embargo, no ha dejado de dar pasos para confirmar su proyecto. Incluso antes de lograr la bendición a través de un mermado diálogo social. La intención negociadora la enunció el propio Rueda cuando esbozó el plan en la Cámara gallega, en la que aseguró que se negociaría con patronal y sindicatos. Solo tardó unos días en aclarar que, en realidad, las medidas se aplicarían con o sin acuerdo. El 20 de abril, poco menos de dos semanas después del primer anuncio, la Xunta presentó un decreto para “institucionalizar” el diálogo social, con la vista puesta precisamente en la batalla contra las bajas. El presidente gallego no le dio importancia a que el sindicato con más representación, la CIG, se negase a participar desde el principio y tampoco a que poco después de la primera reunión lo abandonase también CCOO. Si solo quedan la patronal y UGT -con algo menos del 26% de los delegados sindicales elegidos en Galicia y que también ha manifestado su malestar por el “torpedeo” de la negociación “a golpe de titulares”-, será con ellos con los que el Gobierno gallego se siente a buscar acuerdos, dijo.

Pero la maquinaria ya ha echado a andar antes de que haya ningún fruto de esas conversaciones. La Xunta ha empezado a enviar a los inspectores de Sanidade a reunirse con médicos de familia para procurar que aceleren las altas, ha introducido como uno de los baremos del plus de productividad la duración de las incapacidades temporales y ha modificado el protocolo de gestión de las bajas, un cambio que está ya publicado en el Diario Oficial de Galicia (DOG), y que da más poder a las mutuas.

El proceso arrancó en realidad hace dos años: el 5 de agosto de 2024 Rueda presidió el último Consello de la Xunta antes de tomarse unos días de descanso estival. No hacía ni seis meses que había logrado su primera mayoría absoluta al frente del PP gallego y empezaba a lanzar medidas propias más allá de las heredadas. Fue en la comparecencia posterior a aquella reunión de su gabinete en plena época vacacional en la que anunció un plan para luchar contra el “absentismo”, un término en el que insistía -e insiste- la patronal para referirse a las personas de baja. El Gobierno gallego, a través del conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, hablaba entonces abiertamente de “fraude” en las incapacidades temporales y ya adelantaba que habría una “intensificación” de la actividad inspectora.

En el debate del estado de la Autonomía del pasado 8 de abril, Rueda se presentó con un balance de aquellas medidas. Dijo que se habían revisado 130.000 casos y que 30.200 personas que “no debían” estar de baja recibieron el alta. Hizo una defensa cerrada de que este es un “asunto urgente” en Galicia porque “lastra la productividad” y citó que la media de la duración de las incapacidades temporales es la segunda más elevada del Estado, solo por detrás de la de Euskadi. Esa duración son 82,8 días en Galicia en el periodo 2017-2014, según recoge la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Pero hay más datos, que el presidente de la Xunta no citó: la incidencia gallega es la segunda más baja entre las comunidades autónomas, con 24,4 episodios de incapacidad temporal por cada 1.000 afiliados. Tampoco habló -y se lo recordaron en numerosas críticas- de la siniestralidad laboral, que creció en 2025 en la comunidad. Los datos oficiales del Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia (Issga) muestran que fueron 30.749 los accidentes en el trabajo que derivaron en baja, un 1,3% más que el año anterior.

En el discurso del pasado abril, el presidente gallego avanzó que se crearían unidades especializadas para controlar las bajas, centradas en las originadas en lesiones musculoesqueléticas y cuestiones de psiquiatría, que son las más frecuentes, y que se daría más poder a las mutuas privadas en la revisión de las incapacidades temporales. Desde entonces se han ido concretando varias medidas. Primero trascendió que, desde antes incluso del anuncio en el Parlamento de Galicia, el Servizo Galego de Saúde (Sergas) había estado enviando a sus inspectores a reunirse con médicos de familia de diferentes áreas sanitarias. La intención, según la Xunta, es “trasladar novedades legislativas y conceptos normativos específicos del absentismo”. Lo que ha ocurrido es que en esos encuentros se han ido repasando uno por uno los procesos de baja dependientes de esos facultativos como forma de presionar para que se acorten. Estas visitas ocurren desde marzo, según informó la Consellería de Sanidade, que indica que se revisaron ya 3.521 casos y se dieron 730 altas.

A bajas más cortas, más sueldo para el médico

El 18 de mayo, el presidente de la Xunta anunció que, para apoyar esta decisión de “pisar el acelerador” en el plan contra las bajas, va a incorporar a 18 personas para la inspección. Le va a dedicar a ello un presupuesto de tres millones de euros en los próximos tres años. Aquellos días se conoció otra medida: el Gobierno gallego ofrece a los médicos de familia ganar más dinero si acortan las bajas de los pacientes. Esto se hace a través del plus de productividad -que supone hasta 2.491 euros al año-, en el que se va a valorar que las incapacidades temporales se ajusten a lo que se considera tiempo “estándar”. La medida se ha encontrado con duras críticas de los propios médicos: sindicatos como O'Mega y Simega consideran que es una presión a los profesionales y lo ven “impresentable” por situar por encima de la salud intereses económicos y sembrar desconfianza entre sanitarios y pacientes.

El Consello Galego de Colexios Médicos también avisa de los “importantes riesgos éticos, clínicos y organizativos” de que se premie en el sueldo de los facultativos que las bajas duren menos. La extensión de las incapacidades temporales, recuerda, debe depender de “criterios clínicos, evidencia científica y respeto a la independencia profesional”. El órgano que agrupa a los cuatro colegios médicos gallegos rechaza también la aplicación de una duración estándar: los tiempos orientativos, argumenta, son herramientas administrativas y “nunca deben sustituir la valoración clínica individualizada”.

Los colectivos de médicos, como los sindicatos o los partidos de la oposición, reclaman que, en lugar de centrar los esfuerzos en cuestionar las bajas, se refuerce la sanidad pública y subrayan el impacto de las listas de espera en la prolongación de las incapacidades temporales.

El paso más reciente dentro de la implantación del plan para limitar las bajas, también sin que vaya precedido de un acuerdo con el sector o en el diálogo social, es la resolución publicada esta semana en el DOG para modificar el protocolo común para la gestión clínica y el seguimiento de la incapacidad temporal por parte de los inspectores médicos. Los cambios son que las mutuas ya no tendrán que pedir autorización para cada prueba que quieran realizar al paciente, sino que valdrá con una para todas ellas, y que la inspección va a validar las propuestas de alta si están “debidamente motivadas” y sin que se interprete que el silencio del médico de cabecera significa que el trabajador debe seguir de baja. Es decir, va a dar facilidades para aceptar las altas que vengan indicadas por las mutuas.

Las bajas como síntoma, no como problema económico

Los sindicatos de clase han repetido en estas últimas semanas sus advertencias sobre lo que consideran un discurso peligroso que “criminaliza” y sitúa como sospechosas a las personas de baja y también a los médicos que las atienden. El de no tener que acudir a trabajar para recuperarse de una dolencia, insisten tanto CIG como CCOO, es “un derecho conquistado, no un privilegio”. Además de los retrasos en la atención y las pruebas en una sanidad pública que no deja de empeorar en sus indicadores de demora, los sindicatos señalan que es necesario analizar y poner el foco en otras cuestiones relacionadas con las causas y la duración de las bajas. Señalan el envejecimiento de la población, el retraso de la edad de jubilación, el descuido de la salud laboral o las largas jornadas.

La CIG destaca que una de cada cuatro personas trabajadoras en Galicia tiene más de 55 años, lo que implica “mayor desgaste físico acumulado y más dificultades de recuperación”. Además, la jornada laboral en España supera la media europea y esos horarios prolongados “incrementan el desgaste físico y mental”. En la misma idea de que las incapacidades temporales deben abordarse como un síntoma, y no solo desde la perspectiva del impacto económico, CCOO elaboró un documento con su posición sobre el discurso del absentismo. Expone que lo que revelan las bajas es “que algo no funciona en el medio laboral” y la respuesta “no puede ser más control, más sospecha ni más presión”, sino más prevención “real” en las empresas, más inspecciones laborales y más inversión en sanidad.

“El absentismo no debería abordarse como una anomalía moral ni como una simple desviación económica. En la inmensa mayoría de los casos es el síntoma de algo más profundo: un modelo productivo que desgasta, unas condiciones laborales que enferman y un sistema sanitario público que, tras años de sobrecarga, no siempre puede responder con rapidez”, sostiene CCOO, que añade que aumentar la presión a quienes están de baja es injusto y, además, ineficaz.

Un profesor del Colegio Manuel Peleteiro ha sido detenido en el marco de una investigación policial activada a raíz de la denuncia por supuesta agresión sexual a una alumna de Primaria del centro educativo privado ubicado en Santiago de Compostela, tras lo cual se indaga hasta cuántas alumnas más en cursos de este mismo nivel educativo resultaron afectadas. Así lo han ratificado a Europa Press fuentes conocedoras de la investigación, que también han concretado que el docente, que ha sido despedido de su trabajo en el centro educativo, fue enviado a prisión provisional en días pasados tras su paso por los juzgados compostelanos. En el marco de esta investigación están siendo analizados dispositivos móviles.

El delegado del Gobierno, Pedro Blanco, ha sido preguntado sobre este asunto en un acto en la capital gallega, en el que ha apuntado que “hay secreto de sumario y se está investigando”, por lo que ha rechazado entrar en detalles del caso y ha llamado a dejar trabajar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para que “se esclarezcan los hechos”. Precisamente, en relación a este caso, en la pasada jornada el centro envió una circular informativa a la atención de las familias de Primaria del colegio en la que -sin entrar en pormenores del caso- aludía a las “delicadas circunstancias” relacionadas con el despido de un trabajador del centro.

En su comunicación, el colegio traslada que, “desde el primer momento” en el que se tuvo conocimiento de los hechos que se investigan, ha actuado “con la máxima diligencia y responsabilidad”. Apunta que está “colaborando plenamente” con las autoridades competentes y que el caso se encuentra actualmente en manos de la Justicia. “Deseamos actuar con la máxima transparencia posible, pero también con la prudencia y sensibilidad que exige una situación de esta naturaleza, especialmente para proteger la intimidad, la dignidad y el bienestar de los menores y de sus familias, para no interferir en la investigación y para respetar el secreto de sumario decretado por el juzgado”, continúa.

Por ello, apela a que “se eviten especulaciones, rumores o se difunda información no contrastada”, y que cualquier comentario vinculado con esta situación se haga “desde el respeto absoluto” hacia los menores afectados. El centro agrega que está recibiendo asesoramiento especializado para “acompañar adecuadamente a las familias y alumnos” y concluye con un agradecimiento a la “comprensión, colaboración y responsabilidad” de toda la comunidad educativa.

Educación alega que no tiene “información directa”

Sobre este asunto ha sido preguntado este viernes el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, quien ha explicado que su departamento no dispone de “información directa” y ha alegado que se trata de un colegio privado. En todo caso, ha transmitido “todo el apoyo que se pueda dar a las niñas” afectadas y “a sus familias”. Ha apelado a dejar a la Policía hacer su trabajo, dado que hay una investigación en marcha, y ha esgrimido que, de confirmarse los hechos, la conducta sería “absolutamente despreciable”. “Son conductas intolerables, condenables y desgraciadas”, ha zanjado.

La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha estimado los recursos de Xunta, Greenalia y Asociación Eólica de Galicia para revocar una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) de 2023 que anuló el proyecto del parque eólico Bustelo, entre Carballo y Coristanco (A Coruña), al considerar que existía una fragmentación ilegal del proyecto, cuestión que ahora se descarta. Y para ello el Supremo se vale los fundamentos ya aplicados en marzo de 2025 en el caso similar del eólico Campelo, entre Santa Comba y Coristanco, al “ser idénticos los motivos esgrimidos en ambos recursos de casación e iguales las cuestiones consideradas de interés casacional objetivo”.

El alto tribunal se vale de ese fallo en el que se señalaba que “el hecho de que dos o más instalaciones de parques eólicos compartan instalaciones de conexión no comporta, ineludiblemente”, que haya un único proyecto a efectos de su evaluación medioambiental. Por ello, ahora con Bustelo el Supremo falla que “procede reafirmar los criterios jurisprudenciales fijados en la anterior sentencia”. Así, el Supremo considera que la sentencia del Tribunal Superior de Galicia, impugnada en casación, se aparta de la doctrina jurisprudencial referida y no se ajusta a derecho, por lo que se revoca. Por tanto, confirma la legalidad del acuerdo administrativo que autorizó el parque eólico de Bustelo, de 45 megavatios y con una inversión prevista de 45 millones de euros.

Tanto a raíz del fallo del TS de 2025 como el fallo del TJUE, también de 2025, en el que se dio la razón a la Xunta en la tramitación de eólicos --consideró que no hay obligación de dar acceso público a informes sectoriales--, el sector eólico mostró su satisfacción y aseguró que se abría la puerta al desbloqueo de proyectos suspendidos cautelarmente por el TSXG. Sin embargo, decenas de eólicos continúan paralizados actualmente de forma provisional por motivos medioambientales.

El juez Luís Villares, apartado

En este contexto, recientemente la nueva presidenta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), María Azucena Recio González, tomó la polémica decisión de apartar al juez Luís Villares de la sección tercera de la Sala de lo Contencioso del alto tribunal gallego, que ha paralizado decenas de proyectos eólicos en los últimos tiempos, para pasar a la sección cuarta. Unos traslados forzosos que afectan a cuatro magistrados entre las secciones tercera y cuarta, los cuales han sido recurridos ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

De tal forma, el Supremo revoca el fallo del TSXG que estimó un recurso de la asociación ecologista Adega y que apuntaba a una fragmentación indebida de la evaluación ambiental de proyectos de tres parques eólicos -Campelo, Monte Toural y Bustelo-, pues opinaba que no eran autónomos, cuestión que ahora se revoca.

El juez Luís Villares, que fue líder de En Marea entre 2016 y 2020 y al que la Xunta había señalado en varias ocasiones por sus sentencias sobre los parques eólicos, ha sido apartado de la Sección Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. La decisión la ha tomado la nueva presidenta de la sala, María Azucena Recio, quien tomó posesión a principios de mes tras competir por el cargo con el propio Villares. La asociación Xuíces e Xuízas para a Democracia (XXpD) teme que el mensaje que se envíe a la ciudadanía con esta “inusual” medida es que las “desmedidas” presiones políticas y empresariales han conseguido cambiar a los miembros de la sección y que el poder judicial se “dobla” a los intereses de las partes.

Según ha adelantado la Cadena SER, Recio justifica el traslado forzoso de la Sección Tercera de la sala a la cuarta –donde entenderá sobre tributos o catastro– para “salvaguardar la imagen de la institución y la imparcialidad de la sala”. Junto a él, mueve a otros tres jueces –una de ellas, María Dolores López, compañera de sección de Villares y firmante con él de algunas de las sentencias cuestionadas por el PP–, aunque lo hace por motivos bien diferentes: promover su “crecimiento profesional” y una “oportunidad” en su carrera.

Entre diciembre y enero pasados, el Tribunal Supremo anuló tres sentencias de la sala tras otros tantos recursos de casación de la concesionaria del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo al considerar que existían dudas sobra la “imparcialidad” de Villares. En todas ellas había admitido los recursos de la Consellería de Sanidade y el Sergas (Servizo Galego de Saúde) frente a las sentencias iniciales del juzgado de instancia. El Supremo ordenó entonces retrotraer las causas al momento anterior a los señalamientos para resolver el fondo de los asuntos previa constitución de una sala que “garantice el derecho a un juez imparcial”.

“Esto es lo que motiva la necesidad de modificar la composición personal de la Sección Tercera de esta Sala y, por consecuencia, de la Sección Cuarta”, escribe Recio en una resolución en la que invoca la “finalidad última” de “salvaguardar la apariencia y realidad de la imparcialidad” con que funciona una sala compuesta por dieciocho magistrados. La presidenta incluye la “propia salvaguarda” de Villares, “el magistrado cuya imparcialidad ha sido sometida a valoración judicial por el Tribunal Supremo” y suma a ella las “necesidades reorganizativas” derivada de número de procedimientos de cada sección para concluir que la reestructuración “va a reforzar el buen funcionamiento de la Sala”.

Para XXpD, la resolución del Supremo sobre un “caso concreto”, algo que considera “habitual en la vida normal de los tribunales”, no justifica un movimiento con el que se “discuten los criterios jurisdiccionales de la sección”.

“Ataques mediáticos y políticos”

La asociación de jueces ve “sorpresiva” una decisión tomada por Recio el pasado día 12, sólo seis días después de asumir el cargo de presidenta de la sala. En un comunicado, recuerda que durante los últimos “meses y años” fueron habituales “declaraciones desmedidas de determinados responsables políticos y empresariales” que ponían en entredicho “no sólo las resoluciones de la Sección, sino incluso la profesionalidad de sus integrantes”.

En el texto, ponen el foco en lo “inusual” de un traslado forzoso “de tanta envergadura” y las formas en las que se llevó a cabo, sin consulta previa a los presidentes de las secciones ni a los magistrados afectados. Frente al modo habitual de realizar cambios individuales para no “perturbar” el trabajo de las secciones, aquí se “desmantela” la tercera al trasladar a dos de sus cuatro integrantes. Todos llegan a nuevos puestos en los que carecen de experiencia previa, lo que provocará “disfunciones” en el funcionamiento de ambas salas.

XXpD considera que apartar a la mitad de la sección “afecta directamente a la continuidad de los criterios jurisdiccionales defendidos”, lo que les provoca “serias dudas” de que esa no sea la “intención” real del movimiento. “No es descartable que la ciudadanía pueda pensar que las reiteradas presiones políticas y empresariales finalmente consiguieron el resultado perseguido: el cambio de la composición de la Sección del TSXG que conoce de los litigios sobre los parques eólicos en Galicia”.

“La imagen del Tribunal y de su independencia quedan muy afectadas”, añaden. Les preocupa que se transmita que “el poder judicial se estaría doblando a los intereses de algunas de las partes en los litigios señalados”. Temen que “la especial trascendencia mediática y social” de los casos tratados por la Sección Tercera –los eólicos, pero también causas de contratación administrativa, como el propio hospital de Vigo– junto al “sorpresivo y difícilmente explicable cambio de su actual composición”, trasladen a la ciudadanía una “sospecha” –“esperemos que infundada”– sobre la “finalidad perseguida” por la decisión de la nueva presidenta.

BNG: “El poder de las eléctricas y los tentáculos del PP”

El BNG, primera fuerza de la oposición en la cámara gallega, respaldó los argumentos de XXpD. “Estamos ante una decisión absolutamente arbitraria, injustificada y a golpe de decreto, porque no es un juez en concreto”, sino que, según la viceportavoz parlamentaria, Olalla Rodil, “cambia por completo en su integridad la Sección Tercera del TSXG”.

Rodil cree que no hay “ninguna justificación” al traslado forzoso de personas “que estaban desarrollando su trabajo con absoluta normalidad. ”Es evidente que ya ni siquiera esconden cómo el poder de las eléctricas y, sobre todo, los tentáculos del PP injiriendo en la judicatura son cada vez más extensos“, concluyó.

El sector eólico en Galicia está sumido en una parálisis en los últimos años. El goteo de pronunciamientos del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) frenando proyectos ha sido constante y son decenas los aprovechamientos previstos que siguen a la espera. Las cautelas no son por un único motivo: en los litigios se habla del potencial daño ambiental, de posibles fragmentaciones ilegales y de los plazos para la presentación de alegaciones. Sobre este último aspecto acaba de arrojar luz el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que ha avalado la tramitación que ha estado haciendo la Xunta. Pero este paso no se va a traducir en un desbloqueo, según expertos y los propios empresarios promotores.

En varios de los razonamientos del TSXG para detener proyectos eólicos estaba un cuestionamiento de los plazos de participación pública porque la Xunta abría el periodo para alegaciones antes de que en el expediente constasen todos los informes sectoriales. Es decir, que la posibilidad de hacer aportaciones u objeciones se daba antes de que se integrasen informes de diferentes administraciones sobre aspectos como el impacto en el patrimonio cultural, en el paisaje o en terrenos de valor natural y, por lo tanto, los ciudadanos no podían consultar estos documentos para presentar sus alegaciones.

El TJUE valida la forma de proceder de la Xunta. Dice, en concreto, que “no se opone” a que, cuando se hace una evaluación ambiental de un proyecto, sean consultados al mismo tiempo el público interesado y las administraciones con responsabilidades específicas. Esto quiere decir que avala que el periodo para alegaciones sea antes de que estén disponibles los informes sectoriales y considera que el público no está “facultado” para presentar más observaciones una vez que esas administraciones hayan emitido sus dictámenes. Estas manifestaciones de la Justicia europea son la respuesta a una cuestión prejudicial que había presentado el Tribunal Superior de Galicia para aclarar si debían o no admitirse los plazos que se estaban aplicando en Galicia.

La Xunta, que ha señalado reiteradamente al TSXG al hablar de la parálisis del eólico, reaccionó al pronunciamiento de la Justicia europea reclamando al tribunal gallego que se apresure a retomar los pleitos paralizados. El presidente del Gobierno autonómico, Alfonso Rueda, manifestó que se abre “un nuevo horizonte”. Ninguno de los responsables de la Xunta hizo mención al resto de cuestiones judiciales que afectan al sector y que están pendientes de resolución. Dependiendo de a quién se le pregunte, las manifestaciones de la Xunta se encuadran más en el terreno de la propaganda o en el desiderativo que en el de la realidad inmediata.

“¿Desatasco? Va a ser muy complicado”, dice el presidente de la Asociación Eólica de Galicia (EGA), Manuel Pazo. “Hay una resolución sobre [el procedimiento de] información pública, pero los proyectos tienen otra serie de contenciosos diferentes”, expone. Lo ilustra comparando la cifra de proyectos con recursos ante los tribunales, que son 92 -86 con la autorización administrativa suspendida-, con los más de 200 pleitos presentados, lo que quiere decir que cada uno “tiene dos o más contenciosos”. Aun con el dictamen del TJUE, cree que “un tribunal, por tiempos, es casi imposible que resuelva esto en un año. Va a ser un poco complicado de desatascar”.

Tampoco prevé un escenario de desatasco inmediato la catedrática de Derecho Administrativo de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) Alba Nogueira. “Lo que puede pasar es que se levanten las suspensiones ligadas a temas de información pública e informes sectoriales, pero hay otras suspensiones cautelares por temas de protección de espacios naturales que imagino que se van a mantener”, explica. El TSXG ha frenado por posible daño ambiental decenas de iniciativas.

La fragmentación de parques

Hay una “tercera pata” en la cuestión, recuerda Nogueira: algunos proyectos están pendientes de que se pronuncie el Tribunal Supremo para aclarar qué se considera fragmentación ilegal de parques eólicos. Existe ya un dictamen que afecta al parque eólico de Campelo, entre los municipios coruñeses de Santa Comba y Coristanco. El TSXG lo había parado porque consideraba que, en realidad, formaba parte de un aprovechamiento más extenso por su proximidad a otros aerogeneradores. El Supremo, sin embargo, lo descartó. Defiende que el hecho de que dos o más parques compartan instalaciones de conexión a la red “no comporta, ineludiblemente” que haya que considerar que se trata de un único proyecto a efectos de su evaluación ambiental.

Ahora hay otro caso admitido en casación en el Supremo, que se refiere al parque de Bustelo. Es, precisamente, uno de los que está en las inmediaciones del de Campelo y uno de los que citaba el TSXG para considerar que había una fragmentación ilegal. Manuel Pazo, de EGA, prevé que la sentencia sobre Bustelo se dé a conocer en septiembre u octubre y permita despejar también la cuestión en este flanco.

Con este escenario, la previsión es que los tribunales tengan que revisar uno a uno los proyectos paralizados. “Los plazos va a ser largos”, señala Pazo. Y, aunque lleguen los permisos para seguir adelante con los parques, apunta que hay otros problemas. Algunas de las iniciativas se han quedado obsoletas en este tiempo por los avances tecnológicos y habrá que hacer una modificación sustancial, que implicar repetir parte de los trámites. Pide que se haga la trasposición a la legislación estatal de las directivas europeas sobre el despliegue de las energías renovables. Eso, sostiene, dará seguridad jurídica.

La falta de planificación

La catedrática Alba Nogueira insiste también en que la cuestión que resuelve el TJUE no es la única problemática jurídica que afecta al sector eólico en Galicia. Y recalca que la resolución tiene también matices: parte de la suposición de que el estudio de impacto ambiental, que redacta el propio promotor, es lo suficientemente detallado y solvente.

Para la experta, uno de los problemas fundamentales que lastra el desarrollo eólico en suelo gallego es la falta de planificación sectorial. El plan eólico, recuerda, está desfasado. Aprobado en 2002, no se sometió a una evaluación de impacto estratégica porque no era una obligación en aquel entonces. Alberto Núñez Feijóo había anunciado una revisión tras llegar al Gobierno gallego en 2009, pero no la acometió. Y la Xunta, presidida ya por Alfonso Rueda, manifestó en enero de este año que encargaría la redacción de un nuevo documento, pero los trabajos no han sido contratados.

De este modo, insiste Nogueira, falta cruzar la información de las zonas sensibles con la de las áreas en las que se pretende instalar aerogeneradores y evaluar el impacto. De esta situación, señala, se deriva que el TSXG haya aceptado medidas cautelares de paralización solicitadas en decenas de casos por posible daño al medio ambiente. Por ello cree que, en las declaraciones de la Xunta tras el dictamen del TJUE hay “una parte de propaganda”: “Se resuelven una parte, pero no todos los problemas jurídicos que están pendientes”.

Parte de la solución está en que la Xunta “planifique de una vez qué terrenos son aptos para eólicos y cúales no”, defiende Nogueira. “No hay espacio para recursos cuando las cosas están bien hechas”, razona. Añade que tampoco contribuyen a la seguridad jurídica las reformas “compulsivas” -habituales en la ley que acompaña cada año a los presupuestos- de las normas que afectan al sector ni dejar en manos privadas parte de los controles ambientales.

Una macrogranja de visones americanos, ubicada en el municipio de Abegondo (A Coruña), mantiene cadáveres sin recoger durante varios días, animales con autolesiones y colas canibalizadas por el estrés extremo, crías de visón muertas, además de suciedad extrema y abundante presencia excrementos. Así se desprende de las imágenes grabadas en su interior –entre los días 20 y 24 de noviembre de 2025 y 20 y 21 de abril de 2026– y facilitadas por la entidad ARDE, que avanza este lunes elDiario.es.

Las condiciones observadas podrían ser incompatibles con las obligaciones básicas en materia de bienestar animal, entre ellas, “la obligación de prevenir sufrimiento evitable, el mantenimiento de condiciones higiénico-sanitarias adecuadas y la correcta atención veterinaria de animales lesionados o enfermos”, según una veterinaria consultada por este diario. La profesional cita el Real Decreto 348/2000, que establece –en el artículo 3 y el punto dos del Anexo I– que los animales deben mantenerse en condiciones que eviten sufrimiento innecesario y que aquellos que estén enfermos o heridos recibirán “inmediatamente el tratamiento apropiado”. En caso de que el animal no responda a estos cuidados, “se consultará a un veterinario lo antes posible”.

Se trata de una explotación formada por 13 naves vinculada a Antonio Vigo Piel SL, según la documentación consultada por este diario. La empresa opera en la industria peletera y se centra en la cría y venta de pieles tanto en España como en el extranjero, según figura en el Registro Mercantil. elDiario.es se ha puesto en contacto con A.V. con la finalidad de contrastar la información y recabar su versión de los hechos, sin que haya sido posible en el momento en que se publica esta noticia.

Este diario también se ha puesto en contacto con la Consellería do Medio Rural de la Xunta de Galicia, así como con la Consellería de Sanidade, con la finalidad de contrastar la información y esclarecer si se han realizado inspecciones en la granja. En caso de que sí, se ha consultado a ambas administraciones si se han abierto expedientes, sin que haya sido posible obtener una respuesta en el momento en que se publica esta noticia.

Por otro lado, el 100% de granjas de AGAVI España (Asociación Nacional de Criadores de Visón) poseen la certificación de bienestar animal Welfur. Más del 95% de la producción nacional de visón viene de granjas que están dentro de AGAVI, según afirma la asociación en su web. Este diario se ha puesto en contacto con AGAVI y Welfur, a quienes se ha preguntado si la granja dispone de la certificación de bienestar animal, y si las imágenes son compatibles con ella, sin que haya sido posible obtener una respuesta, en el momento en que se publica esta noticia.

Visones conviven con cadáveres

Las imágenes de la granja muestran mucha suciedad en las jaulas y paredes de su interior, así como visones heridos y/o con enfermedades; cadáveres en estado de descomposición; así como trato brusco y violento por parte de uno de los operarios de la explotación, que aparece golpeando a los animales. Además, se observa un gato y otras aves en la explotación, lo que entraña riesgos biosanitarios relacionados con la propagación de virus.

La entidad de protección medioambiental y animal ARDE (Animal Respect & Defence of the Environment) ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Provincial de A Coruña el 22 de mayo de 2026 por posibles delitos de maltrato animal, según la documentación consultada por este diario. En su escrito, ARDE solicita al Ministerio Público que abra diligencias de investigación sobre los hechos e identifique tanto a la persona jurídica responsable de la explotación como a los operarios y al personal veterinario encargado de la supervisión sanitaria y el bienestar animal.

Asimismo, la asociación insta a la Fiscalía a valorar la posible existencia de delitos de maltrato animal y pide que se practique una inspección oficial in situ para verificar el estado sanitario y de bienestar de los visones. Este diario no ha podido comprobar si la Fiscalía Provincial de A Coruña ha registrado la denuncia presentada por la entidad animalista.

Los animales sufren “dolor” y “estrés”

La denuncia ante la Fiscalía Provincial de A Coruña va acompañada de un informe pericial veterinario, al cual ha accedido este diario, en el que la veterinaria Alba N. P. hace una evaluación del bienestar animal y las condiciones higiénico-sanitarias en la explotación en la explotación de visón americano.

Asimismo, matiza que se trata de un análisis “sin inspección directa de la explotación ni exploración clínica individual de los animales”, ya que está basado “en el material audiovisual facilitado por terceros”, por lo que no es posible determinar “la prevalencia exacta de las lesiones ni su evolución individual”, si bien es posible “identificar patrones repetidos y consistentes”.

Sobre las instalaciones en las que conviven, la profesional observa que las jaulas individuales en las que viven los animales son “metálicas” y de “dimensiones reducidas”, cuyas estructuras poseen signos de corrosión avanzada, deterioro estructural visible y acumulación de restos orgánicos adheridos. Además, los suelos son de rejilla metálica y/o plástica. Existe una “ausencia frecuente de superficies de descanso diferenciadas del enrejado” y hay una “elevada densidad de jaulas en el interior de las naves”. Por tanto, la veterinaria considera que el estado de deterioro estructural observado “podría favorecer la aparición de lesiones traumáticas”, así como dificultar el mantenimiento de condiciones higiénico-sanitarias adecuadas y comprometer la comodidad y bienestar de los animales.

En cuanto a las condiciones higiénico-sanitarias de las instalaciones, la veterinaria destaca la “presencia abundante” de excrementos, restos de alimento, pelo y materia orgánica “acumulados sobre distintas superficies de contacto”. Asimismo, incide en la presencia de alimento depositado “sobre superficies aparentemente contaminadas”, así como aparente ausencia “de limpieza reciente en múltiples jaulas y estructuras”. Además, hay una “acumulación de estructuras metálicas deterioradas, material almacenado y objetos diversos en el interior de la explotación”. Según la profesional, estas condiciones sugieren posibles fallos en los protocolos de limpieza y desinfección, lo que podría aumentar el riesgo de infecciones y empeorar el estado sanitario general de la instalación.

Respecto a su estado de salud, se han observado numerosos visones con pérdida parcial o total de pelo en la cola. También presentan heridas abiertas (úlceras), formación de costras y signos compatibles con muerte de tejido en las extremidades. En algunos casos, se aprecia incluso una pérdida parcial de la estructura anatómica. Esto se puede deber a procesos de automutilación, infecciones secundarias y/o agresiones entre individuos, según interpreta. La veterinaria afirma que son lesiones “potencialmente asociadas a dolor y malestar significativo” y que las lesiones son compatibles con “evolución no aguda y posible ausencia de intervención temprana”.

Es decir, la profesional interpreta que las lesiones no parecen recientes ni de aparición repentina, sino que llevan tiempo desarrollándose y empeorando de forma progresiva. Además, sugiere que probablemente no se han tratado o atendido a tiempo, lo que habría permitido que evolucionaran hasta el estado actual.

Del mismo modo, señala que hay potencial riesgo de “progresión infecciosa y complicaciones sistémicas. Es decir, que existe la posibilidad de que la infección no se quede solo en la herida o en la zona afectada, sino que empeore con el tiempo. En ese caso, podría extenderse a otras partes del cuerpo y provocar problemas más graves que afecten al organismo en general, no solo a la lesión local.

Por otro lado, se observan visones con inflamación marcada; eritemas; presencia de material orgánico adherido y pérdida de integridad cutánea. La veterinaria interpreta que las lesiones observadas encajan con procesos de inflamación e infección que podrían haberse visto favorecidos por unas condiciones de higiene insuficientes en el entorno.

También hay animales con inflamación periocular (alrededor de los ojos), secreción, formación de costras y posible afectación ocular. Las lesiones observadas son compatibles con “procesos infecciosos, traumáticos o irritativos, sin que pueda evidenciarse en el material analizado la aplicación de medidas terapéuticas”, interpreta la profesional.

Las imágenes describen un patrón de animales con distintos niveles de evolución de enfermedad: algunos con lesiones recientes, otros con daños más antiguos y otros con afectaciones graves, lo que indica procesos que se han prolongado en el tiempo. El hecho de que coexistan estos distintos estadios en varios individuos sugiere una exposición continuada a las mismas causas o condiciones, y hace menos probable que se trate de episodios puntuales o aislados, según la veterinaria.

Sobre el comportamiento, se observan animales con movimientos repetitivos; hiperactividad e interacción reiterada con barrotes y estructuras de las jaulas. Estas conductas son compatibles con lo que se conoce como comportamientos estereotipados, que suelen aparecer en situaciones de estrés prolongado, frustración y falta de posibilidades para desarrollar conductas naturales propias de la especie.

Además, la veterinaria advierte que la presencia de animales en el interior de una macrogranja puede suponer un riesgo para la bioseguridad y el control sanitario. Este riesgo sería especialmente relevante en explotaciones de visones, una especie considerada vulnerable a distintos agentes zoonóticos de importancia epidemiológica. Es decir, capaces de transmitirse entre animales y humanos.

Deterioro de la salud animal

La profesional valora, tras inspeccionar el material audiovisual de casi tres horas, que las condiciones son compatibles con un deterioro del bienestar animal, asociado a “estrés crónico sostenido” en el tiempo, frustración de conductas naturales y “dolor físico” derivado de las lesiones observadas. Desde una perspectiva técnica, valora que la combinación de heridas, limitaciones del entorno y alteraciones del comportamiento sugieren un “deterioro significativo” de las condiciones de bienestar en las que se encuentran los animales dentro de la explotación.

En base a la literatura científica consultada por la veterinaria, afirma que la caudofagia (mordedura de la cola del animal a sí mismo o hacia otros) y otras lesiones en visones son indicadores relevantes de problemas de bienestar en la industria intensiva de producción de pieles.

En este sentido, distintos estudios señalan que la aparición de heridas o laceraciones, mordeduras, pérdida de tejido, necrosis, infecciones, inflamación o lesiones cutáneas en visones están asociadas a “situaciones de estrés crónico”, frustración en la conducta, así como a una reducción del bienestar. También se ha descrito que la restricción del entorno puede afectar negativamente a los animales al impedir la realización de comportamientos altamente motivados.

Estos aspectos, incide la profesional, son especialmente relevantes en especies semiacuáticas como el visón americano, que tiene necesidades conductuales complejas y requiere de entornos enriquecidos que permitan la exploración y el movimiento. La presencia de lesiones en la piel y en la zona de los ojos en varios animales podría estar relacionada con posibles “deficiencias en las condiciones higiénico-sanitarias”, en el manejo de los animales y en el control sanitario de la explotación.

Por tanto, la veterinaria plantea una relación compatible entre el confinamiento y la falta de estímulos ambientales; el desarrollo de estrés crónico y la aparición de conductas anómalas, incluida la automutilación. Del mismo modo, las condiciones higiénico-sanitarias deficientes podrían incrementar el riesgo de infecciones y agravar las lesiones observadas en piel y ojos. En conjunto, las evidencias apuntan a que la restricción ambiental en esta especie puede comprometer de forma significativa su bienestar, al limitar comportamientos esenciales para su etología natural.

Riesgo de transmisión de virus

Las explotaciones de visones han sido objeto de atención epidemiológica en los últimos años por la susceptibilidad de esta especie a distintos agentes zoonóticos relevantes para la salud pública, desgrana el informe. La veterinaria apunta a que estos animales han mostrado ser altamente susceptibles a la infección por COVID-19, con “capacidad de transmisión entre individuos” y, en determinadas circunstancias, entre especies.

En este sentido, recuerda que en España se registraron brotes en granjas de visones durante la pandemia de COVID-19. Algunos estudios han señalado que estos animales pueden infectarse con facilidad y transmitir el virus de manera eficiente.

Por otro lado, en 2022 se detectó en Galicia un brote de gripe aviar en una explotación de visones. Fue un caso considerado relevante desde el punto de vista epidemiológico por la posible transmisión entre mamíferos dentro de la granja. Así, la presencia de animales ajenos a la explotación, junto con las condiciones higiénico-sanitarias descritas, podría “comprometer las medidas de bioseguridad necesarias en este tipo de instalaciones”. Estas circunstancias ambientales también podrían “favorecer la persistencia y transmisión de agentes infecciosos entre animales susceptibles”.

En conclusión, la profesional sostiene que las condiciones descritas, constituyen “indicadores objetivos” de deterioro del bienestar animal. Asimismo, la repetición de lesiones en múltiples individuos y en distintos momentos apunta a una “situación mantenida en el tiempo”, más que a hechos aislados. En conjunto, las condiciones observadas podrían “no ajustarse plenamente a los requisitos mínimos establecidos en la normativa vigente en materia de bienestar animal y bioseguridad”.

Sin embargo, la veterinaria matiza que la confirmación definitiva de estas observaciones requeriría “inspección oficial in situ”. Finalmente, insiste en que las valoraciones recogidas en el informe “deben interpretarse dentro de las limitaciones inherentes al análisis indirecto mediante material audiovisual”, dado que no se trata de una inspección directa en la explotación.

La relación empresarial

La documentación comercial consultada por elDiario.es vincula la explotación investigada con Antonio Vigo Piel SL. En el caso de esta sociedad, consta un recibí de la empresa Técnicas de Nutrición SA por la entrega de 450 kilos de pienso de visón el 13 de abril de 2026. El cliente figura como Antonio Vigo, con domicilio a escasos kilómetros de la granja investigada. Según el buscador de explotaciones REGA de la Xunta de Galicia, este titular aparece asociado a una explotación en estado de alta, como ha comprobado este diario.

Asimismo, la sociedad Antonio Vigo Piel SL –dedicada a la cría de animales de peletería– figura con domicilio social en la calle Huertas 1 de A Coruña, en dependencias de una asesoría. Su administrador único es A. V. G., nombre coincidente con el que aparece en la documentación de suministro. De la documentación consultada se desprende que esta sociedad estaría vinculada a la explotación denunciada.

La Consellería do Medio Rural, dirigida por María José Gómez, realizará una inspección “inmediata” de la granja de visones de Abegondo (A Coruña), después de que elDiario.es desvelara este lunes que la explotación mantiene cadáveres sin recoger durante varios días, animales con autolesiones y colas canibalizadas por el estrés extremo, crías de visón muertas, además de suciedad extrema y abundante presencia excrementos. Las imágenes fueron grabadas en el interior de la explotación entre los días 20 y 24 de noviembre de 2025 y 20 y 21 de abril de 2026, y fueron cedidas por ARDE. El caso está denunciado ante la Fiscalía.

La Xunta explicó a este diario que supervisará próximamente el estado de las instalaciones de la granja de visones. “En función de los resultados de esa inspección, se adoptarán las medidas que correspondan”, añade. Si hay incumplimientos, la administración autonómica debe abrir un expediente sancionador y determinar qué castigo corresponde.

El departamento autonómico alega que no había tenido constancia formal “de ninguna denuncia sobre este tema” y asegura que lo ha conocido a través de los medios de comunicación. “Por lo tanto, tampoco constan inspecciones a dicha granja que pudieran haber constatado incumplimientos relacionados con el bienestar animal”, agrega. Antes de la publicación de la noticia, este diario consultó a la Consellería si había realizado inspecciones en la granja, pero no recibió respuesta hasta después de que se difundió la información.

La Consellería se queja de que este tipo de denuncias “no se trasladen inmediatamente a los servicios veterinarios oficiales”, para que se puedan llevar a cabo las acciones “con la máxima celeridad y eficacia posibles”, con el objetivo de “garantizar las adecuadas condiciones de la explotación en materia de bienestar animal”. Las fuentes consultadas señalan que cualquier persona o colectivo que tenga conocimiento de posibles irregularidades “debe denunciarlas en el momento ante los servicios veterinarios oficiales”.

La explotación, formada por 13 naves, está vinculada a la sociedad Antonio Vigo Piel SL según consta en la documentación interna analizada. Esta granja fue denunciada el pasado 22 de mayo ante la Fiscalía de A Coruña por posibles delitos de maltrato animal, de acuerdo con la documentación consultada por este diario. La empresa opera en la industria peletera y se centra en la cría y venta de pieles tanto en España como en el extranjero, según figura en el Registro Mercantil. elDiario.es se intentó poner en contacto con A.V., a través de un teléfono asociado a la empresa, así como por otras vías, sin que haya sido posible recabar su versión de los hechos.

Las condiciones observadas en la granja podrían ser incompatibles con las obligaciones básicas en materia de bienestar animal, entre ellas, “la obligación de prevenir sufrimiento evitable, el mantenimiento de condiciones higiénico-sanitarias adecuadas y la correcta atención veterinaria de animales lesionados o enfermos”, según una veterinaria consultada por este diario. La profesional cita el Real Decreto 348/2000, que establece –en el artículo 3 y el punto dos del Anexo I– que los animales deben mantenerse en condiciones que eviten sufrimiento innecesario y que aquellos que estén enfermos o heridos recibirán “inmediatamente el tratamiento apropiado”. En caso de que el animal no responda a estos cuidados, “se consultará a un veterinario lo antes posible”.

Las imágenes de la granja muestran mucha suciedad en las jaulas y paredes de su interior, así como visones heridos y/o con enfermedades; cadáveres en estado de descomposición; así como trato brusco y violento por parte de uno de los operarios de la explotación, que aparece golpeando a los animales. Además, se observa un gato y otras aves en la explotación, lo que entraña riesgos biosanitarios relacionados con la propagación de virus.

La base media de cotización entre los hombre gallegos es 300 euros más alta que entre las mujeres, según datos publicados este viernes por el Instituto Galego de Estatística (IGE), recogidos por Europa Press. En concreto, en diciembre de 2025 había 816.664 cotizantes del régimen general en la Comunidad, con una base media mensual de 2.182,4 euros por persona, un 4,9% más que en el mismo mes de 2024, mientras que el número de trabajadores subió un 1,7%. Sin embargo, la base media de cotización de los hombres subía a 2.335,8 euros, mientras que la de las mujeres se quedaba en los 2.034,8 euros, 301 euros menos.

Por edades, los menores de 39 años cuentan con una base media por debajo del promedio gallego. Así, los menores de 30 años se quedan en los 1.578,1 euros, mientras que entre 30 y 34 años llegan a los 2.063,4 euros y entre 35 y 39 cobran 2.161,1 euros de media. Son los gallegos de entre 50 y 54 años los que más base de cotización alcanzan, con 2.375 euros. Oleiros vuelve a situarse como el ayuntamiento gallego con mayor base de cotización, con 2.628,6 euros por persona, seguido de Santiago y de A Coruña, con 2.446,4 y 2.395,3 euros, respectivamente.

Población activa: siete de cada diez, empleados

El IGE también publica este viernes una encuesta de población activa sobre la formación, las condiciones de trabajo y la experiencia laboral de los gallegos. Este documento indica que en 2025, las tasas de ocupación más elevadas se registraban en los sectores de estudios de Salud y Servicios Sociales (77,5%) y Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (77,2%). Además, siete de cada diez trabajadores en Galicia tenían un puesto laboral como empleados, con superiores y sin personal a su cargo. Dato que asciende al 73,9% en el caso de las mujeres y es del 65% entre los hombres. Esta encuesta también recoge que el 35,5% de la población ocupada en la Comunidad trabajó por lo menos un sábado al mes y el 22,5% al menos un domingo.

Una formidable tormenta agita el mundo del arte en Galicia y más allá. La decisión de la Xunta de tomar por asalto la dirección del principal museo de arte contemporáneo ha provocado una inédita y casi unánime contestación en el sector: críticos, artistas o responsables de museos de todo el Estado censuran el método y el resultado de un proceso que ha desembocado en la elección de la desconocida Eva López Tarrío como directora del Centro Galego das Artes Contemporáneas (CGAC) de Santiago de Compostela. Las innumerables voces que cuestionan lo sucedido hablan de afán de control del Gobierno gallego y de subordinar el CGAC a la Cidade da Cultura y a la estrategia turístico cultural del Xacobeo y afirman que López Tarrío carece de la preparación adecuada para el puesto. El presidente Alfonso Rueda ignora sin embargo el clamor del sector cultural y asegura -sin dar nombres- que “gente de la cultura” lo ha felicitado por “una designación que ha sido un acierto”.

El nombramiento todavía no se ha producido, sí la resolución del concurso, pero culmina años de declive de la que fue una de las más prestigiosas instituciones artísticas de España. “Es evidente que ha habido una deriva”, explica a elDiario.es Miguel Anxo Rodríguez, profesor de Historia da Arte de la Universidad de Santiago de Compostela, “debida a dos factores principales, la falta de diálogo y el progresivo recorte de fondos y de personal. Además de injerencias absurdas en la programación, como dedicar más de medio año a la exposición de un artista”. Una actividad cada vez más mortecina y de escasa repercusión sociocultural era objeto habitual de comentario entre usuarios y creadores. Las habituales salas vacías contrastaban con las triunfalistas cifras oficiales de visitantes. “Vive una especie de declive y está claro que el Gobierno gallego no quiere apostar por el CGAC”, añade Rodríguez.

Reducción de la autonomía del museo

La sentencia, a decir de las personas expertas consultadas para este reportaje, la ha supuesto el cambio en el mecanismo de selección del director. Apoyada en la Lei de Museos de Galicia aprobada en 2021 por el PP y en una reciente revisión de la relación de puestos de trabajo (RPT), la Consellería de Cultura redujo a los funcionarios autonómicos especializados en museos la posibilidad de optar al puesto. Antes era de “alta dirección”. La decisión tuvo dos consecuencias. La primera, contradecir los códigos de buenas prácticas que rigen los centros de arte contemporáneo. “Entendemos que la cobertura de la dirección del CGAC debe articularse mediante un procedimiento abierto, público y basado en el documento cero del sector del arte contemporáneo”, el llamado Buenas Prácticas en los Museos y Centros de Arte, explica el manifiesto Se afunde, é porque pesa: SOS CGAC, suscrito por más de 1.400 profesionales del ámbito artístico, entre ellos Manuel Segade, director del Reina Sofía.

La segunda consecuencia fue que apenas existiesen potenciales aspirantes: los funcionarios de los museos autonómicos gallegos son escasos y apenas los hay especializados en arte contemporáneo. Tal fue la situación que el pasado 20 de febrero, denuncia el principal sindicato gallego, la CIG, la Consellaría de Cultura que dirige José López Campos y en la que Anxo Lorenzo es director general modificó el plan de personal para abrir la dirección del CGAC a funcionarios de la Administración del Estado, otras comunidades autónomas, la Administración local y el personal docente. La semana pasada, la Xunta hacía público el resultado del concurso: la artista y profesora de enseñanza secundaria Eva López Tarrío. Su salario contará con un complemento específico de 26.303 euros anuales. “Apenas tiene experiencia en el terreno de la gestión cultural o la investigación”, ha señalado en un documentado y durísimo artículo una de las más respetadas críticas de arte del Estado, Elena Vozmediano, “ni siquiera en Madrid o Barcelona sabe nadie quién es”. Ha titulado el texto Una marioneta para dirigir el CGAC y en él considera que el centro gallego “queda en una situación extremadamente crítica”. La Asociación de Directoras y Directores de Arte Contemporáneo (Adace) emitió un contundente comunicado al respecto: “Nos remitimos estrictamente a su perfil profesional [de López Tarrío], insuficiente para dirigir un centro como el CGAC”. Su presupuesto anual es de alrededor de cuatro millones de euros (este fue el de 2025 según los últimos datos disponibles en el portal de transparencia de la institución).

La Consellería de Cultura, a preguntas de elDiario.es, afirma que la designación “se hizo entre nueve candidaturas presentadas teniendo en cuenta su experiencia y también su proyecto”. Anxo Lorenzo llegó a declarar en una entrevista que López Tarrío era “la más capacitada” de las aspirantes. Este mismo martes, Nós Diario revelaba que otra de esas candidatas había sido Susana Cendán, comisaria de amplia experiencia y trayectoria, profesora en la Universidade de Vigo y doctor en Historia da Arte Moderna. “No están siendo consecuentes con la verdad, eso es una mentira”, dijo Cendán, “eligieron a esta persona por otras razones, las que sean, pero no porque sea el mejor currículum”. La profesora también se refirió a “la interferencia de asesores que están detrás, en la sombra, que podemos rastrear en casi todos los concursos de Galicia y siempre con criterios partidistas”. Unas horas más tarde, el teórico del arte, crítico, comisario y profesor universitario Alberto Ruiz de Sanmaniego, autor de una decena de ensayos y responsable del pabellón español en la Bienal de Venecia de 2007, publicaba en su cuenta de Facebook que él también había optado a la plaza. “Que hay candidatos con más méritos y currículo en la convocatoria […] lo digo, además, desde una implicación directa en el proceso: yo mismo fui candidato. Mi currículo está disposición de quien quiera valorarlo”, escribió. La Xunta aduce que el “procedimiento a través de la libre designación ha cumplido rigurosamente con los criterios de transparencia, mérito y capacidad”.

Tres artículos y una tesis dirigida por Antón Castro

López Tarrío, licenciada y doctorada de Bellas Artes por la Universidad de Salamanca, es profesora en un instituto de Vigo. El discutido crítico Antón Castro -fue comisario de la muestra de Maruja Mallo y Luís Seoane en Lalín que numerosos investigadores calificaron de fraudulenta por introducir obra no acreditada de los dos históricos pintores- dirigió su tesis doctoral y escribió alguna laudatio para sus exposiciones -en su web figuran seis individuales, cuatro de pintura y dos de pintura y escultura. También asegura haber coordinado “actividades y exposiciones” en la Fundación Laxeiro de Vigo entre 1996 y 2000. La institución dedicada al pintor lalinense se constituyó, sin embargo, en 1999. Como publicaciones, su página web consigna dos artículos dedicados al escultor Silverio Rivas en la revista Pregón de Ponteareas y en la Revista de Estudos Provinciais de Pontevedra a finales de los 90 y otro más en esta última bajo el epígrafe El movimiento y la temporalidad de la imagen. La consellería defiende que la agraciada con la dirección del CGAC propone “convertir el CGAC en el centro artístico de referencia del eje atlántico europeo, impulsar su programación internacional, ampliar las colaboraciones con otras instituciones y aumentar la presencia y proyección de las y los artistas gallegos”.

El cuestionado concurso ya ha causado un primer terremoto dentro del propio centro de arte contemporánea. Tres de los cinco vocales de su consejo asesor -Agar Ledo, Silvia García y Cecilia Pereira- han renunciado al puesto. Un cuarto, el arquitecto Celestino García Braña, ha asegurado que su decisión al respecto será colegiada, ya que representa a la -Real Academia Galega de Belas Artes. El quinto es el citado Antón Castro. Una nutrida representación de la escena artística contemporánea recibió al conselleiro López Campos con carteles de SOS CGAC en la inauguración de la última exposición en el museo, programada por el director saliente, Santiago Olmo, y dedicada al artista gallego Misha Bies Golas. “Que el Gobierno gallego no esperase esta reacción unánime, amplia y plural es el ejemplo de que no hay diálogo con el sector”, resume José Manuel Sande, historiador, exconcejal de Cultura de A Coruña por Marea Atlántica y en la actualidad asesor del ministerio del ramo.

Sande, como Miguel Anxo Rodríguez y otros expertos consultados, enmarca lo sucedido en una trama mayor. “Existe un proceso de deterioro progresivo, muy elocuente, del ámbito cultura en su vertiente institucional”, razona, “y no es algo sectorial, sino que responde a políticas autoritarias, de control y devaluación. Es, además, un ataque a la excelencia profesional”. Ruiz de Sanmaniego se expresaba en términos similares cuando definía la elección de López Tarrío como un cuestionamiento de la “independencia institucional del CGAC”. El Ejecutivo, en respuesta a este periódico, dice que el CGAC no es un centro independiente, sino adscrito a la Consellería de Cultura. La reordenación del departamento en 2024 lo rebajó a una categoría equivalente a la de dirección general.

Un centro fundado en 1993

El proyecto del CGAC nació en los estertores del Gobierno tripartito. Un decreto de 1989 fue la primera piedra de un centro inaugurado en 1993 en un emblemático edificio diseñado por el celebrado arquitecto portugués Álvaro Siza. Pensado para “promover el conocimiento y el acceso del público al arte contemporáneo”, lo han dirigido figuras como Gloria Moure, Manuel Olveira o Miguel Von Hafe.

La Xunta de Galicia no tiene nada que decir sobre las graves acusaciones que han hecho públicas dos de los ocho aspirantes descartados a la dirección del principal museo de arte contemporánea de la comunidad, el CGAC (Centro Galego das Artes Contemporáneas) de Santiago de Compostela. A pesar de que los argumentos de Alberto Ruiz de Sanmaniego -crítico, teórico profesor universitario, comisario- y Susana Cendán -profesora universitaria, comisaria, crítica- eran claros y contundentes, y sus currículums más completos que el de la persona finalmente elegida -la desconocida Eva López Tarrío-, el Gobierno gallego declina pronunciarse a preguntas de elDiario.es y remite a una valoración genérica enviada el día anterior sobre un proceso que ha levantado una formidable tormenta de malestar en el sector.

“El procedimiento a través de la libre designación ha cumplido rigurosamente con los criterios de transparencia, mérito y capacidad”, aseguraba este martes la Consellería de Cultura. Entonces Cendán ya había hablado en las páginas de Nós Diario y denunciado una red de influencias “caciquiles” alrededor del departamento que dirige José López Campos y cuyo director general es Anxo Lorenzo. “Eligieron a esta persona [en referencia a López Tarrío] por otras razones, las que sean, pero no porque sea el mejor currículum”, añadía. El propio Lorenzo lo había afirmado en las páginas de La Voz de Galicia. “Mi currículum está a disposición de quien lo pida”, concluía Cendán.

También el currículum de Ruiz de Sanmaniego es de dominio público. Autor de una decena de libros publicados en editoriales prestigiosas, fue entre otras cosas responsable del pabellón español en la Bienal de Venecia 2007 y director de la Fundación Seoane de A Coruña. Este martes revelaba en su página de Facebook que él también había optado a la dirección del centro. “Considero ahora legítimo afirmar con toda rotundidad que entre las candidaturas presentadas había perfiles con una trayectoria profesional, académica e internacional de mayor solidez y reconocimiento”, escribió. Al día siguiente, definía lo sucedido como una mezcla de “arbitrariedad, vulneración de mérito y capacidad, trato discriminatorio y mentira”.

La ganadora de la convocatoria, Eva López Tarrío, licenciada y doctorada de Bellas Artes por la Universidad de Salamanca, es profesora en un instituto de Vigo. El discutido crítico Antón Castro -fue comisario de la muestra de Maruja Mallo y Luís Seoane en Lalín que numerosos investigadores calificaron de fraudulenta por introducir obra no acreditada de los dos históricos pintores- dirigió su tesis doctoral y escribió alguna laudatio para sus exposiciones -en su web figuran seis individuales, cuatro de pintura y dos de pintura y escultura. López Tarrío ambién asegura haber coordinado “actividades y exposiciones” en la Fundación Laxeiro de Vigo entre 1996 y 2000. La institución dedicada al pintor lalinense se constituyó, sin embargo, en 1999. Como publicaciones, su página web consigna dos artículos dedicados al escultor Silverio Rivas en la revista Pregón de Ponteareas y en la Revista de Estudos Provinciais de Pontevedra a finales de los 90 y otro más en esta última bajo el epígrafe El movimiento y la temporalidad de la imagen. La consellería defendía hace dos días que la agraciada con la dirección del CGAC propone convertirlo “en el centro artístico de referencia del eje atlántico europeo, impulsar su programación internacional, ampliar las colaboraciones con otras instituciones y aumentar la presencia y proyección de las y los artistas gallegos”.

El origen de la crisis

La crisis tiene su origen en la Lei de Museos de Galicia aprobada por el PP en 2021 y en la reforma de la relación de puestos de trabajo del centro, que suprimió el contrato de alta dirección y los sustituyó por un puesto de libre designación para funcionarios de carrera. Los expertos consultados entienden que el “afán de control de la Xunta” y la supeditación del museo a la Cidade da Cultura y a la estrategia político cultural del Xacobeo se encuentran detrás de un proceso que ha soliviantado el mundo del arte gallego y más allá.

La Asociación Cultural Vegliota ha reunido casi 1.500 firmas -entre otras, la del director del Reina Sofía, Manuel Segade- en un duro manifiesto que critica al Gobierno gallego por contradecir los códigos de buenas prácticas del sector. La Asociación de Directoras y Directores de Museos y Centros de Arte Contemporáneo de España (Adace) tildó el perfil de López Tarrío de “insuficiente para dirigir un centro como el CGAC”. Lo respalda la Mesa Sectorial del Arte Contemporáneo, que agrupa a Adace, Consorcio de Galerías de Arte Contemporáneo, Federación Estatal de Asociaciones de Profesionales de la Gestión Cultural (FEAGC), Instituto de Arte Contemporáneo (IAC), Asociación de Mujeres en las Artes Visuales (MAV), y Unión de Artistas Contemporáneos de España (Unión_AC). La pasada semana, una protesta con carteles de SOS CGAC recibió al conselleiro de Cultura, José López Campos, en la inauguración de la exposición -programada por el director saliente, Santiago Olmo- del artista gallego Misha Bies Golas en el centro.

El departamento de Historia da Arte de la Universidade de Santiago de Compostela reclama a la Xunta de Galicia que anule el polémico concurso que ha resultado en la designación de la desconocida Eva López Tarrío como directora del Centro Galego das Artes Contemporáneas (CGAC) de Santiago de Compostela. “Esta decisión pone en riesgo la reputación y el prestigio de la institución más emblemática del arte contemporáneo en Galicia”, sostiene en un comunicado. La elección de López Tarrío tras una reforma legislativa unilateral del PP para reducir a funcionarios de carrera la posibilidad de optar al puesto ha desatado una formidable tormenta en el mundo del arte gallego y no solo.

“Convocar un nuevo concurso que cumpla con los procedimientos de mérito y calidad”, es la conclusión a la que llega el escrito de la universidad, que lamenta el “mal ejemplo” de lo sucedido para “el estudiantado”. “Historia da Arte es la especialidad que histórica y mayoritariamente ostentaron las y los directores de museos más importantes e influyentes”, señala, “¿para qué servirá entonces nuestra insistencia en cultivar el estudio, el esfuerzo y la pasión por alcanzar la excelencia como caminos para mejorar y transformar la sociedad a través del arte?”.

El Gobierno gallego escogió por libre designación a López Tarrío, una profesora de instituto y artista con escasa experiencia en gestión cultural y apenas publicaciones. Al concurso se presentaron en total nueve personas. En los últimos días, Alberto Ruiz de Sanmaniego y Susana Cendán hicieron público que ellos también se habían candidatado. Su trayectoria y currículum son objetivamente superiores a los de la agraciada con la dirección del CGAC. El director general de Cultura, Anxo Lorenzo, había afirmado sin embargo que López Tarrío les había parecido “con diferencia, la mejor capacitada para llevar el barco”. La Xunta insiste en que todo se ajusta a derecho y que “ha cumplido rigurosamente con los criterios de transparencia, mérito y capacidad”.

El departamento universitario recuerda además que comparte opinión crítica con “instituciones, colectivos y asociaciones autonómicas y estatales”. La asociación cultural Vegliota publicó un duro manifiesto subscrito por 1.500 personas, entre ellas Manuel Segade, director del Reina Sofía. También se han pronunciado la Asociación de Directoras y Directores de Centros y Museos de Arte Contemporáneo de España y la Mesa Sectorial del Arte Contemporáneo. El Consello da Cultura Galega, que este miércoles votó nueva presidenta a la catedrática de Literatura Galega Dolores Vilavedra, anunció que se pronunciará sobre la crisis del museo tras el verano.

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, ha tildado de “tomadura de pelo” el acuerdo entre PSOE, BNG y Sumar para articular una ley que permita la transferencia de la AP-9 a Galicia, y ha advertido de que han modificado “de un plumazo” el pacto que salió del Parlamento gallego, al tiempo que ha advertido de que la Xunta no permitirá que Galicia tenga que asumir compromisos económicos “que le corresponden al Gobierno del Estado”.

Así lo ha trasladado, en declaraciones a los medios recogidas por Europa Press, antes de participar en un almuerzo coloquio con empresarios en Vigo. La conselleira ha lamentado que este martes, en la ponencia previa a la Comisión de Transportes del Congreso, “se cambió totalmente” la proposición de ley orgánica acordada por unanimidad de las fuerzas parlamentarias gallegas, y ha recordado que la cámara autonómica acordó solicitar la transferencia de la autopista con una serie de condiciones.

Martínez Allegue ha señalado que las enmiendas de BNG, PSOE y Sumar–del que ha cuestionado “qué pinta” en Galicia, donde no tiene representación política en el Parlamento–, han supuesto una modificación “de un plumazo” de la decisión adoptada.

Así, ha señalado que, con esos cambios, ya no es el Estado el que tiene que asumir el 1% de incremento tarifario anual hasta 2037, ni el compromiso de incremento de bonificaciones, o que ha de ser Galicia la que asuma la decisión que salga de la Comisión Europea al respecto de la legalidad de las prórrogas de la concesión. “Algo que es totalmente inusual y se aparta totalmente de lo adoptado por el Parlamento gallego”, ha remarcado.

“Desde luego, desde el Ejecutivo gallego, no permitiremos esta tomadura de pelo (...). Esta Comunidad Autónoma no está dispuesta a afrontar compromisos económicos que le corresponden al Gobierno central”, ha advertido la conselleira.

Al respecto, Martínez Allegue ha apuntado directamente al BNG, y ha señalado que “llama poderosamente la atención” que los nacionalistas hayan “cambiado lo acordado” en el Parlamento gallego y permitan que sea Galicia la que asuma esos compromisos económicos que debe afrontar el Ejecutivo central, y a los que se ha referido advirtiendo de que suman “una cuantificación muy importante”.

“Lo que está haciendo el BNG es una propaganda torticera desde un punto de vista político de una transferencia que, por supuesto, venimos demandando todos los gallegos, pero con unas condiciones económicas que no deben ser asumidas por los gallegos y gallegas”, ha sentenciado.

Política de vivienda

La conselleira hizo estas manifestaciones antes de participar en un almuerzo coloquio con empresarios, en el que ha hecho balance de las políticas de vivienda de la Xunta, y en el que ha hecho un llamamiento a “sumar esfuerzos” para hacer frente a este “desafío”.

Martínez Allegue ha asegurado que la Xunta ya tiene “en marcha” las 4.000 viviendas públicas comprometidas para esta legislatura, de las que en torno a un millar están en Vigo.

Asimismo, ha puesto en valor la reciente aprobación del plan de impulso a la vivienda protegida, con medidas para facilitar el acceso de las familias a las viviendas públicas y para incentivar al sector a construir este tipo de infraestructuras.

Las enmiendas pactadas por PSOE, BNG y Sumar para articular una ley orgánica para transferir la AP-9 a Galicia han salido adelante y han sido aprobadas en la reunión mantenida en el Congreso por la ponencia que trabaja en el texto, que va a continuar su tramitación. Pero lo hará con el voto en contra del PP y de Vox, según informa Europa Press. El resto de los grupos, incluidos Bildu, ERC, PNV y Junts dieron su respaldo a la iniciativa.

El texto acordado incluye la transferencia de la titularidad de la Autopista del Atlántico, aunque el Gobierno gallego, con el presidente Alfonso Rueda al frente, ya había dejado en el aire el respaldo de los populares al entender que rebaja condiciones económicas y no coincide plenamente con la ley que fue acordada por la unanimidad de todos los grupos con representación en el Parlamento gallego. El pacto incluye también que la Administración General del Estado conservará a su cargo, con respecto a Audasa -la empresa concesionaria-, las obligaciones con repercusiones económicas derivadas de la aplicación de la concesión en vigor y motivadas por decisiones durante su periodo de competencia.

En cuanto a la Xunta, el acuerdo cerrado determina que asumirá “todas las obligaciones con repercusiones económicas y financieras consecuencia de las modificaciones que sobre el régimen económico financiero de la concesión promueva una vez efectivo el traspaso”.

Mientras los impulsores defienden que el pacto es fiel -aunque no idéntico en la redacción- a la ley que fue aprobada por unanimidad en el Parlamento, el Gobierno gallego y los populares consideran que las variaciones son suficientes para oponerse. La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, afirmó que la Xunta no aceptará que se “desvirtúe” el texto unánime que salió en su día de la Cámara autonómica.

El 'no' de populares y de Vox, en todo caso, no ha bastado para evitar que el resto de grupos de la ponencia aprobasen el informe que recoge lo expresado en las enmiendas, de forma que continuará la tramitación, primero en la Comisión de Transportes y luego en el pleno del Congreso -donde al tratarse de una ley orgánica necesitará la mayoría absoluta (176 apoyos) para que resulte aprobada-.

Fuentes de Sumar han explicado que fuera de debate quedarán finalmente las enmiendas sobre mariscadoras y minería que abogaban por incluir en el texto, aun no estando directamente vinculadas con la AP-9 (según han trasladado, el PP se abstuvo y el PSOE votó en contra).

Con respecto a la AP-9, los impulsores del acuerdo confían en que el escenario que se visualizó en la ponencia este martes se mantenga en futuros debates -lo que permitiría que superase las distintas 'pruebas', incluida la aprobación del pleno del Congreso-. Aun así, la norma aún tendría que pasar por el Senado (donde los populares tienen mayoría absoluta) antes de recibir luz verde definitiva.

Concluida la ponencia, el PPdeG emitió un comunicado en el que justifica el voto en contra del partido y exige “que se mantenga el texto acordado por unanimidad” en el Parlamento gallego. “Lo único que se evidencia es el interés de estos grupos de marginar al principal partido de Galicia, que gobierna en la comunidad, tiene mayoría en el Parlamento y es la primera fuerza del Congreso”, señalaron los diputados Celso Delgado, Pedro Puy y Tristana Moraleja.

“El Gobierno debe seguir financiando los compromisos adquiridos, dotando a la Xunta de medios financieros para ampliar las bonificaciones de los peajes en un vial cuya concesión a Audasa finaliza en 2024, salvo que el Tribunal Superior de Justicia de la UE determine lo contrario; y suprimir el incremento tarifario del 1% que se aplica desde 2019”, reclaman los populares

Aseguran que les genera especial preocupación que no figure en el acuerdo la disposición “en la que se obligaba al Gobierno a asumir obligaciones económicas y financieras en el caso de que se declarase la nulidad de las prórrogas mediante las que se acordó la ampliación del periodo concesional”.

Por su lado, socialistas y nacionalistas celebraron el paso adelante y criticaron la postura de PP y Vox, a los que acusan de intentar “reventar el acuerdo”. “Hoy dimos un paso decisivo para que la AP-9 sea, por fin, una autopista gallega”, manifestó la diputada del PSOE en el Congreso Patricia Otero. El secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro reivindicó el papel de los socialistas gallegos en lo que ha calificado de avance. Añadió que es incomprensible que el PP se haya opuesto.

El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, consideró “una nueva traición” a los intereses de Galicia el voto en contra del PP y tachó de “pretextos formales” los argumentos para oponerse. También ha destacado que la propuesta final “respeta el autogobierno gallego”, en la medida en que establece que la concreción de lo recogido en la ley debe producirse en la negociación bilateral en la Comisión Mixta de Transferencias Xunta-Estado.

“Esa transferencia de la AP-9 que tenemos que volver a proponer en el Congreso por cuarta vez, señorías, por–cuar–ta–vez, porque el PSOE y sus socios llevan años bloqueando su tramitación en Madrid”. Con énfasis y levantando cuatro dedos de su mano derecha, Paula Prado, número dos del PP en Galicia, reivindicaba este martes en el Parlamento el traspaso a Galicia de su principal vía de comunicación terrestre. Una demanda de autogobierno defendida con tal vehemencia, entre los aplausos de los suyos, que cuesta creer que, de esas cuatro veces –en realidad, cinco–, en tres ocasiones fuese vetada por su propio partido. Y aún más que, hace apenas un lustro, a los populares esa cesión les pareciese una forma de desmantelar el Estado. Por eso, aún marcando distancias frente a la “máxima deslealtad” de Cataluña, la vetaron con la misma fuerza con la que hoy, a las puertas de las elecciones autonómicas, quieren arrancársela a Pedro Sánchez.

La AP-9, la quinta autopista con mayor tráfico de la red estatal, recorre toda la fachada atlántica gallega: 215 kilómetros desde Ferrol hasta Tui, en plena frontera con Portugal, donde enlaza con la A3 hacia Oporto. La fundación de la sociedad que la impulsó y el inicio de las primeras obras, las del puente de Rande, en Vigo, acaban de cumplir cincuenta años. Desde entonces, la autopista ha marcado la existencia y la economía de la mitad oeste de Galicia, la más pujante. Allí, el año nuevo se conmemora con las 12 uvas y el obligado vistazo a la subida de los peajes. Y, por supuesto, ha sido –junto con el AVE– el gran caballo de batalla en la política del cemento. El nacionalismo, por ejemplo, pasó de considerarla “unha navallada na nosa terra” a hacer bandera de las bonificaciones para los usuarios que “arrancó” al PSOE en sus pactos de investidura.

Esta infraestructura clave ya tendría que ser pública y gratuita desde el pasado mes de agosto si, en el año 2000, José María Aznar no prolongase su concesión hasta 2048 a cambio de la construcción de un tramo de 9 kilómetros. Esa prórroga –que sumaba otro cuarto de siglo a la década que Adolfo Suárez y Felipe González ya le habían regalado a la concesionaria– está siendo investigada en Bruselas por si infringió las normas comunitarias en materia de competencia.

El riesgo de “desmantelar las infraestructuras del Estado”

El primer intento de transferencia a Galicia data de 2016. En marzo, el Parlamento galego aprobó por unanimidad –con el voto a favor de PP, PSOE, AGE y BNG– solicitársela al Congreso de los Diputados. Sin embargo, en diciembre, la Mesa de la Cámara vetó ya no sólo la propuesta, sino el propio debate sobre ella. La presidenta del Congreso era, en aquel momento, la gallega de adopción y cabeza de lista popular por Pontevedra, Ana Pastor. Hasta cinco meses antes, había sido la ministra de Fomento.

Durante el año siguiente, esta sucesión de hechos –unanimidad en la cámara gallega, veto en el Congreso– se repitió dos veces más. ¿Por qué el PP hacía una cosa en Santiago y la contraria en Madrid? La explicación la dejó el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, en una de sus visitas trimestrales a Galicia para seguir con el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, la marcha de las infraestructuras pendientes. El ex alcalde de Santander, recién llegado al cargo, había alegado inicialmente motivos técnicos y económicos.

Pero había algo más. A finales de julio de 2017 –apenas un par de meses antes del referéndum del 1 de octubre en Cataluña–, de la Serna, que “entendía” la reivindicación del traspaso, se escudaba en las “tensiones territoriales” para descartar “iniciar un proceso” que “conllevaría muchos otros, hasta llegar a un desmantelamiento de las infraestructuras del Estado”. Feijóo alegó que era “consciente de la situación que vivimos en España” pero Galicia era “leal y con las comunidades leales hay que tener actuaciones”. Para la oposición, el veto –además de injustificable– supuso la confirmación del “escaso peso político de Feijóo en Madrid” y, también, algo que el actual gobierno gallego dice sufrir constantemente por parte de Madrid: “un agravio”.

En octubre de 2018, con Pedro Sánchez ya en Moncloa, el Parlamento gallego volvió al ataque, de nuevo. Esta vez, sin el PP frenándola, la mesa admitió la solicitud y los diputados autonómicos fueron al Congreso a defenderla. Sin embargo, el adelanto de las elecciones impidió que se tramitase.

Sánchez volvió a ser investido presidente –tras repetir los comicios– y, en su acuerdo con el BNG, el compromiso de transferencia aparecía negro sobre blanco. Pero una vez entró en la cámara baja, el proceso se empantanó. “Pidieron prórrogas hasta junio, hicieron enmiendas para boicotearla y la metieron en un cajón”, se lamentan fuentes nacionalistas. Cuando Sánchez convocó elecciones en mayo, la petición estaba en el limbo y decayó. Vuelta a la casilla de salida.

Argumentos para la campaña electoral

Tras los comicios, socialistas y nacionalistas reeditaron su pacto de investidura, que incluía más ventajas para los conductores habituales de la AP-9 pero aparcaba la transferencia de la vía. Precisamente, la ministra Raquel Sánchez se había venido agarrando a todas esas bonificaciones “a cuenta de los presupuestos generales del Estado” para frenar el traspaso. A la espera de lo que ahora pueda decidir su sucesor, Óscar Puente, los populares no han perdido ocasión de denunciar la existencia en las filas socialistas de esa contradicción que ellos tan bien conocen.

Esta semana, de nuevo por unanimidad de los tres grupos –el PP, que impulsó la iniciativa, el BNG y un PSOE que llegó a la sesión sin desvelar su voto–, el Parlamento ha dado otra vez el primer paso. Lo hizo en el último pleno de la legislatura, 48 horas antes de que Alfonso Rueda anunciase la disolución de la cámara y la convocatoria de elecciones.

Pese al acuerdo, el ambiente de precampaña ya se trasladó al tono de las intervenciones: “Lo único que buscan es la confrontación con el Gobierno”, aseguró la socialista Patricia Otero. “Esto es AP-9 washing, un lavado de cara para expiar la culpa de años de bloqueo”, dijo al PP el nacionalista Luís Bará, que culpó al PSOE del fracaso del intento previo. La conselleira de Infraestructuras, Ethel Vázquez, espera que los socialistas “no bloqueen” el acuerdo en Madrid, después de “descafeinar” el anterior.

Con un lanzamiento sobre la bocina, la pelota va ya, de nuevo, camino del Congreso. La AP-9 volverá a ser munición electoral en los comicios gallegos. Como lo ha sido siempre.

Ni la ausencia de dos organizaciones sindicales -CIG, la mayoritaria en Galicia, y CCOO, la tercera, pero a muy poca distancia de UGT- en el diálogo social, ni sus críticas al plan para limitar el derecho a las bajas de los trabajadores ni el rechazo de todos los colegios médicos a que se vincule la duración de las incapacidades temporales al plus de productividad van a hacer a la Xunta replantearse sus medidas. El presidente gallego, Alfonso Rueda, manifestó este lunes que las conversaciones del diálogo social van a seguir adelante para buscar acuerdos “con los que quieren estar”, que, a estas alturas, son la patronal y UGT.

Hace poco más de un mes, el Gobierno gallego aprobó un decreto para regular el diálogo social, con el fin de dar peso institucional a una mesa en la que, en realidad, ya sabía que iba a faltar la organización sindical mayoritaria, la CIG. Lo hacía en medio de las numerosas críticas al plan contra las bajas laborales y con este asunto como primer punto de la agenda de trabajo.

La fotografía era la de unas negociaciones en las que iban a participar la Xunta, la patronal, UGT y CCOO. Pero esta última organización anunció hace unos días que abandona el empeño. Ve el diálogo social “vacío de contenido real” y carga contra el Gobierno autonómico por impulsar “medidas ejecutivas de forma paralela”, lo que convierte la negociación en “un mero escaparate mediático”. Para Rueda, sin embargo, esta salida de CCOO es “difícil de entender”.

Aquel día trascendía que la Xunta ofrece a los médicos cobrar más si acortan las bajas laborales de sus pacientes. La medida se concreta en que la duración de las incapacidades temporales afecta al plus de productividad y se va a premiar que esa duración esté dentro de los tiempos que el Gobierno gallego considera “estándar”. Médicos de familia y los cuatro colegios profesionales -uno por cada provincia- mostraron su rechazo inmediato. El Consello Galego de Colexios Médicos pidió dar marcha atrás porque la medida, asegura, genera “importantes riesgos éticos, clínicos y organizativos que deben ser analizados con prudencia” y es una “presión indirecta” para dar las altas antes.

Tampoco este descontento va a afectar a las decisiones de la Xunta. Rueda sostiene que la medida no es nueva, y que lo que ocurre es simplemente que está ahora más “de actualidad por el decidido impulso” de su equipo en la materia. Lejos de hacer autocrítica, se ha mostrado satisfecho. La estrategia contra las bajas, dijo, ya está dando resultados y las cifras muestran que la duración ha “mejorado sensiblemente” este año con respecto al anterior.

Los actores, actrices y otros cineastas que han defendido activamente el medio ambiente y la biodiversidad en Galicia, “con su firme implicación en los movimientos ciudadanos de su territorio”, han sido distinguidos con el Premio Rayo Verde 2026. Este reconocimiento, impulsado por la Academia de Cine y Greenpeace, pone en valor el compromiso de estos profesionales del cine español con la justicia social y la protección del medio natural en Galicia, en concreto, en su lucha contra la implantación de la macrocelulosa de Altri en Palas de Rei (Lugo).

Mabel Rivera, Manuel Rivas, Miguel de Lira, Carlos Blanco, Nerea Barros, Luis Tosar, Martiño Rivas, Luis Zahera, Quico Cadaval e Isabel Risco recibirán este premio de la Academia de Cine y Greenpeace en nombre de los actores, actrices y cineastas reconocidos por su defensa del medio natural en Galicia, según informó en un comunicado la asociación ecologista.

Ellos y ellas “representarán a las actrices, actores y cineastas gallegos, reconocidos 'por su compromiso activo y visible' y su colaboración con movimientos sociales, ecologistas y vecinales como Greenpeace y la plataforma Ulloa Viva, ”en su defensa y conservación de un modelo rural vivo y sostenible frente a la explotación industrial extractivista representada por Altri, el proyecto de la megafactoría que se pretendió construir en la zona gallega de Palas de Rei“, tal y como recoge el fallo.

El jurado destaca también la implicación de actores, actrices y cineastas gallegos en la visibilización de esta movilización, que “supone un recordatorio de la importancia de proteger los recursos naturales y defender un modelo de vida respetuoso con el medio ambiente, que ha definido a Galicia durante generaciones”. Entre los galardonados en ediciones anteriores se encuentran el productor y distribuidor José María Morales (2022); los actores Elena Anaya y Carlos Bardem, en representación de los profesionales implicados en la defensa de los océanos (2023); el director, productor y guionista Alvaro Longoria (2024); y la actriz Alba Flores (2025).

El paisaje no es abrupto pero sí monumental. Montaña de vegetación baja, pedregosa, valles arbolados, menor densidad de aldeas. Son las sierras del sureste gallego, que limitan y comparten geología con la comarca zamorana de Sanabria y con la región portuguesa de Trás-os-Montes. Ese fue el territorio, casi de triple frontera, por el que, a partir de 1936 y más o menos hasta 11 años después, operó una de las más intensas facciones de la resistencia armada al fascismo. Grupos insurgentes al principio y después la mítica Federación de Guerrillas de León-Galicia usaron pequeñas poblaciones al otro lado de la Raia Seca como retaguardia. Los historiadores han comenzado a reconstruir esa peripecia. Y este sábado, la asociación ourensana Amigos da República organizó una jornada de homenaje en Sernande (Portugal) y A Gudiña (Galicia).

Dionísio Pereira (A Coruña, 1953) es uno de los principales estudiosos del fenómeno. Una de sus últimas aportaciones publicadas la dedicó, en volumen colectivo sobre la mencionada federación guerrillera, a las redes de evasión de demócratas republicanos en la frontera galaico portuguesa. Pereira relaciona, en conversación con elDiario.es, la actividad armada contra el golpe fascista de Franco en la zona con la construcción del ferrocarril Ourense-Zamora, sus conflictos y su compleja, demorada realización. “Había cambios y mucha agitación social, con huelgas muy duras ya durante la República”, señala. Tan duras que en una ocasión, el 27 de junio de 1931, incluso desembocó en una efímera proclamación de la república gallega. “A partir del levantamiento fascista, se desató una represión muy fuerte”, relata. Buena parte de los carrilanos, así se denominaban los operarios del ferrocarril, muchos de ellos sindicados y simpatizantes socialistas o comunistas, se echaron al monte. No fueron los únicos, claro, pero sí el corazón de la resistencia en el lugar.

“Al principio huyeron y se escondieron en las montañas simplemente con carácter defensivo. Son grupos insurgentes, anteriores a la guerrilla, que se empieza a constituir más tarde”, añade. Y que deciden establecer su retaguardia en Trás-os-Montes. ¿Cómo y por qué la resistencia antifascista acaba instalando sus cuarteles en Portugal, sometido desde 1933 a la dictadura nacional católica de Salazar? “Es cierto que se trata de una región conservadora, con una fuerte influencia de la Iglesia católica, pero al mismo tiempo es un lugar olvidado por los gobiernos, con una frontera permeable”, dice Pereira. Y prácticas comunitarias que no se detenían en la geografía política, por ejemplo el pastoreo. O el secular contrabando. La relación entre ambos lados era estrecha. Ese singular ecosistema social, con una reducida presencia del Estado, apenas los guardinhas de aduanas -integrados en la comunidad y, por omisión o por acción, a menudo cómplices de la población local-, recibió a los primeros huidos resistentes.

El cinturón guerrillero: de Casaio a Castro Laboreiro

Las pequeñas aldeas trasmontanas los acogieron sin problemas. Se trataba a menudo de personas conocidas, algunas con relaciones familiares transfronterizas, que se comportaban y siempre pagaban, recuerda el historiador. Entre los anfitriones, el humanitarismo cristiano y cierto, aunque minoritario, antifascismo ayudaron. La resistencia armada se cuidó además de no actuar nunca en territorio portugués. Era su refugio, no su objetivo. Con el tiempo no solo Trás-os-Montes: también O Barroso y Montealegre, hasta Castro Laboreiro, ya limítrofe con el río Miño, contribuyeron a sostener la lucha contra el primerísimo franquismo. El cinturón guerrillero llegó a medir más de 120 kilómetros, asegura Pereira, desde el norte portugués hasta Casaio, en Carballeda de Valdeorras, donde se encontraba la Ciudad de la Selva, el principal campamento guerrillero del noroeste peninsular.

Ocho o nueve grupos armados utilizaban esta retaguardia portuguesa. Las incursiones, sobre todo en Galicia pero también en León. De ellos y otras facciones operativas surge, ya en 1942, la Federación de Guerrillas de León-Galicia. Lo hace, explica Dinonísio Pereira, después dos fugas frustradas. Unos 30 guerrilleros partieron de Sernande (Vinhais, Portugal) con intención de alcanzar Porto y embarcar hacia Latinoamérica. Fracasaron. “Ante la imposibilidad de salir, comienzan a pensar una estrategia más estructurada para la lucha antifranquista. Así nació la Federación de Guerrillas de León-Galicia, la primera del Estado español”, afirma. Sucedió en el llamado Congreso de Ferradillo, en las montañas ponferradinas. Al mismo tiempo, las obras del ferrocarril cuyos trabajadores habían nutrido la guerrilla formaban ahora parte del universo concentracionario de la dictadura y empleaban mano de obra forzada de presos políticos. El delicado corto documental A menina que vía homes encadenados (Alicia y Javier López, 2022), que se proyectó este sábado en el homenaje, recupera una parte de esta memoria terrible.

La memoria de O Aguirre

La actividad armada antifascista se mantuvo, apoyada en la retaguardia portuguesa, hasta 1947. La jornada de Amigos da República lo rememora rindiendo además tributo a Alfredo Yáñez, O Aguirre, “uno más en la guerrilla, no un mítico guerrillero”. Nacido en A Veiga (Ourense), operario en la vía, es uno de esos que se echa al monte en los últimos días de julio del 36. “Su ideología era próxima al comunismo, aunque creo que no militaba”, señala Pereira. Pasó 11 años en la clandestinidad, a menudo escondido en Sernande, en casa de un conocido contrabandista. De hecho es allí donde lo localiza un operativo tenaza entre la GNR y la PIDE portuguesas y la Guardia Civil española. Cien hombres contra uno. Lo matan. Es noviembre de 1947. Los vecinos de Sernande lo enterraron en el atrio de la iglesia de Santo António. Sin lápida.

La aldea trasmontana fue uno de los puntos neurálgicos de toda esta historia guerrillera. “Se debe a su situación geográfica estratégica”, considera David Simón, presidente de la asociación que organizó la jornada del 25 de mayo. Y a algo más. Su solidaridad con los resistentes republicanos. Que tuvo consecuencias: en 1941, 19 vecinos coincidieron en la cárcel por prestar ayuda a escapados y luchadores antifascistas. En la aldea vivían entonces 100 personas. “Los vecinos siempre supieron donde estaba enterrado O Aguirre. Nosotros recogemos esa memoria y queremos dignificarla”, sintetiza Pereira que fue, junto a su colega Alejandro Rodríguez, uno de los dos historiadores que habló en los actos de Amigos da República .

Casi dos centenares de tableros de juego grabados en la piedra están diseminados por la zona vieja compostelana. Son las marcas que quedan de una forma de entretenimiento y socialización de hace siglos. El colectivo A Rula, conformado por aficionados al arte rupestre, ha ido localizando y situando sobre el mapa estos juegos, que siguen siendo una realidad poco conocida para los propios vecinos de la ciudad. Les atribuyen a este tipo de grabados un origen medieval, aunque los que se conservan en Santiago, dicen en su página web, son de la época barroca.

La tipología habitual es la del tres en raya y las formas que se aprecian en las piedras –que forman parte del suelo, de escaleras o de bancos, sobre todo– son cuadrados de tres por tres cazoletas, es decir, hoyos circulares grabados en la roca. Este juego, señala el colectivo, llegó hasta el siglo XX en la ciudad y seguía siendo popular entre los jóvenes. En algunas ocasiones hay surcos que unen estas cazoletas o parte de ellas o que las rodean. A Rula indica en sus explicaciones que desconocen si estas líneas tenían “utilidad práctica para el desarrollo del juego o si se trataba solo de añadidos decorativos”.

Hay otros tableros en los que se aprecian simplemente tres cazoletas alineadas, que podrían ser diseños de otros juegos de los que en la actualidad se desconocen las reglas, agrega el colectivo, que incluye una tercera tipología: los reticulados, es decir, con forma de cuadrícula. Hay uno en el interior del convento de San Francisco que es el más completo del que se tiene constancia. Es una matriz de cinco por seis y en su página web incluyen una fotografía en la que se aprecia que se ha rellenado con cemento. El alto grado de erosión hace difícil en algunos casos establecer qué tipo de dibujos se hicieron en la piedra.

La historia de cómo este grupo de personas interesadas en el arte rupestre empezó a buscar por la zona vieja de Santiago estos juegos se remonta a hace casi una década. En agosto de 2015, cuentan ellos mismos, Lito Sande publicó en las redes sociales varios grabados que él y su hermana habían encontrado en la escalinata y el atrio del convento de Santa Clara. En los siguientes meses se fueron localizando varias decenas más, hasta los 167 que habían contabilizado cuando, en 2018, hicieron una primera publicación sobre estos elementos. Después incorporaron nuevos hallazgos.

Ángel Panero, arquitecto y director del programa del Consorcio de Santiago A pedra que pisas, que se encarga de reparar las losas de piedra en la zona vieja, confirma que se encuentran con este tipo de tableros en algunas de las piedras. Los canteros, dice, saben que estos elementos existen y que, si los localizan, han de avisar al Ayuntamiento. Hay otras señales que llevan siglos en las piedras: marcas de cantero o de que tuvieron otros usos en el pasado, como el de monteas –dibujos para hacer obras–.

Panero explica que, desde que funciona el programa, que empezó en 2007, han sido varios los hallazgos y señala que se conservan. La propia idea de base de A pedra que pisas es reutilizar las piedras, salvo que se encuentren muy deterioradas, indica. A través de un contrato público financiado con 165.000 euros al año, una empresa se encarga de ir reparando las piedras rotas o levantadas en el casco antiguo. Las tareas de sus trabajadores son una estampa habitual en Santiago. “Estamos desbordados. Las piedras de algunas zonas, que son donde aparcan los coches y camiones o donde maniobran, las cambiamos todos los años”, cuenta sobre los efectos del tráfico rodado en la zona vieja compostelana. A las calles empedradas acceden los coches particulares de los residentes, pero también taxis, camiones de reparto para los numerosos locales de hostelería y otros vehículos autorizados.

La época barroca en Santiago

El colectivo A Rula explica que la primera vez que analizaron uno de estos tableros –uno localizado en la capilla de Carme de Abaixo– lo consideraron de época medieval, aunque esa construcción era más tardía, del siglo XVIII. Pensaron que se podía tratar de una piedra reaprovechada. Después, sin embargo, descartaron esta posibilidad. “Resulta evidente que estos tableros no son un producto aislado de un tiempo determinado, sino más bien el resultado de un proceso dilatado en el tiempo e iniciado al menos en los tiempos de los tableros mejor conocidos de los períodos clásico y medieval. Pero consideramos que disponemos de datos suficientes para situar cronológicamente su elaboración desde finales del siglo XVII y, sobre todo, durante todo el siglo XVIII”, afirma en su web.

Apuntan al periodo barroco porque fue cuando se acometió la pavimentación de las plazas y calles y se construyeron o reedificaron los complejos arquitectónicos religiosos de más importancia. Este uso de la piedra en esta etapa, dicen, fue lo que permitió que se conservase hasta la actualidad esta manifestación popular, testigo de una forma de ocio de aquella época, en “una especie de fosilización en la piedra de una actividad más de la vida cotidiana de los habitantes de Compostela”. Creen que antes se dibujarían estos elementos con tiza o teja en soportes que no se conservaron, tal vez “directamente en el suelo, sobre tierra batida”. Así, sostienen que se puede tomar como referencia para datarlos la fecha de construcción de los espacios en los que se suelen encontrar. La gran mayoría son de entre los siglos XVII y XVIII.

En los lugares de encuentro social

También aportan su interpretación sobre cuándo dejaron de hacerse estos grabados en las piedras de Santiago. Con las ideas de la Ilustración hubo “una revolución en la gestión urbana” y una nueva forma de moral pública, salubridad e higiene. A finales del siglo XVIII estas nuevas normas se empiezan a aplicar en la ciudad y consideran que eso afectó a la costumbre popular del juego en los espacios públicos. “Todo apunta a que los tableros se dejan de grabar a comienzos del siglo XIX”, concluyen. En cuanto a los lugares en los que se han encontrado, el colectivo A Rula destaca que aparecen en zonas cercanas a las entradas de iglesias, donde se concentrarían los fieles a la entrada y salida de los cultos. Estos lugares, sugieren, funcionaban también como “mentideros” a los que los habitantes de la ciudad acudían en busca de información. Es decir, se localizan en zonas en las que se congregaban los vecinos.

La agrupación destaca que el fenómeno es propio de Compostela y que, por el momento, no conocen un equivalente en otro lugar de Galicia. Reflexionan también sobre lo desconocidos que son estos tableros tanto para residentes como visitantes de la ciudad, incluso con la atención recibida desde que en 1985 Santiago fuese declarada Patrimonio de la Humanidad. De hecho, avisan de que este desconocimiento “es el principal peligro que puede impedir garantiza su conservación”.

Coco Chanel contribuyó a reducir la caza y muerte de cachalotes allá por los años 20 del pasado siglo. Había encargado a su perfumista Ernest Beaux “la creación de un perfume único, que representase a la mujer del siglo XX, libre y con derecho a voto”. Chanel buscaba “un olor limpio como la brisa de invierno” y Beaux se las debía ingeniar para prescindir del ámbar gris, entonces uno de los fijadores de esencia más utilizado. La substancia es una secreción de la bilis de los cetáceos. El alquimista de Chanel consiguió sintetizar los aldehidos, un grupo de moléculas sintéticas, y a partir de ellos presentó diez pruebas a su empleadora. Esta eligió la número 5 y el resto es historia, sobre todo de la publicidad. Este es de uno de las docenas de saberes y anécdotas que trenza el escritor gallego Francisco X. Fernández Naval en Ser cetáceo, un hermoso compendio de conocimientos sobre el animal “visible e invisible al mismo tiempo” que surca los mares y sale a respirar a la superficie. El Pez Grande.

Justo cuando Ernest Beux inventaba el perfume más famoso, la Compañía Ballenera Española abría su factoría ballenera en la Costa da Morte, Galicia. Caneliñas, en Cee, también encontró ámbar gris en algunos de los ejemplares cazados en aquel tiempo. En funcionamiento hasta los años 80 -en 1986 la Comisión Ballenera Internacional decretó una moratoria en la caza comercial-, Fernández Naval narra sus vicisitudes en el capítulo que dedica a noruegos y gallegos, Un vasto mar. La caza moderna. Estados Unidos, por cierto, prohibió la comercialización del ámbar gris en 1978. Pero Ser cetáceo (en gallego, editorial Bululú, 2023; aún sin traducción a otras lenguas) no es ninguna tesis sobre la captura de estos mamíferos marinos, sino mucho más: el relato multiforme de una fascinación. “Yo creo que está a medio camino entre el ensayo y la narración”, explica su autor a elDiario.es, “pero hay relatos, poemas, diarios de viajes, entrevistas...”. Y un trabajo minucioso de documentación que arranca en la propia memoria de Fernández Naval (Ourense, 1956), premiado novelista y poeta en gallego.

“Ourense está alejado del mar. Alrededor de cien kilómetros. Pero yo crecí viendo cada día, en la misma calle”, escribe en la primera página, como intentando identificar el nacimiento de una obsesión, “un letrero enorme, con las letras pintadas en negro sobre una pared medianera, que anunciaba la pensión y casa de comidas La Ballena”. La columna vertebral del libro es cronológica, sí, pero sus innumerables ramificaciones impugnan este orden a cada poco. Episodios dedicados a los fósiles, al mercado de la incipiente burguesía, a la presencia de los cetáceos en la poesía gallega contemporánea o al imaginario de amables monstruos surrealistas del pintor Urbano Lugrís, atravesado siempre por la propia experiencia del escritor -a él pertenece la voz narrativa-, acaban por construir un retrato que es también autorretrato. De alguna manera, Ser cetáceo busca responder a la pregunta de Fernández Naval a sí mismo, por qué semejante fascinación. “Son unos animales fantásticos”, dice, “que aparecen y desaparecen, que ves y no ves, entre la luz y la sombra”. Liminares, aunque siempre presentes.

“Recuerdo perfectamente la primera vez que vi delfines o calderones, no sé exactamente, en una playa en Baiona (Pontevedra) con mi padrino”, comenta, “también recuerdo la colección de cromos La naturaleza y el hombre y su capítulo dedicado a peces y cetáceos. O dos libros de Emilio Salgari, publicados por la editorial Saturnino Calleja”. Los pescadores de ballenas e Invierno en el norte, ambos originales de 1894, encendieron la imaginación de aquel niño. El fuego ya nunca se apagaría. Los cetáceos, palabra derivada del latin cetus, monstruo marino, se le irían apareciendo una y otra vez. En Galicia, por todas partes, desde grabados en los dólmenes -una teoría arqueológica reciente- hasta en las fuentes ornamentales urbanas, en la decoración románica y en el propio océano. Sobre todo en los océanos. “Yo, como decía el otro, creo que Galicia no es el fin del mundo, sino el centro del mar. Por nuestras costas pasan todo tipo de cetáceos, por eso están tan presentes”. Existen, en la actualidad, 92 especies, 73 misticetos -cachalotes, toda la variedad de delfines, orcas o narvales-, y 19 misticetos -rorcuales, la ballena azul y otros tipos de ballena.

Hay, además, los zifios. “Son, de entre todos los cetáceos, los que tienen mayor capacidad de inmersión, tanto por el tiempo que aguantan sin respirar como por la profundidad que alcanzan”, escribe. “Resultan casi invisibles, aunque el museo de la Sociedade Galega de Historia Natural, en Ferrol, cuenta con una importante colección de fósiles, aportados por marineros de puertos como los de Cedeira, Muxía o Camelle”, añade. Todavía en marzo de este año, un zifio varó en la playa de Oza, en A Coruña. La autopsia reveló que en su organismo había unos 20 kilos de plástico. “Nuestro trato con los cetáceos ha mejorado. En la caza, por ejemplo, se ha avanzado mucho. Pero los plásticos y el ruido de los motores en el mar, que muchos expertos consideran la causa de su desconcierto y de parte de los varamientos, son riesgos todavía activos”, aduce. Ya solo Japón mantiene la caza comercial de ballenas, una vez que Islandia anunció en junio que se retiraba de forma temporal.

A Fernández Naval le llevó años recopilar la información de Ser cetáceo, cuyo subtítulo es un verso del poeta catalán Joan Margarit: O fascinante inverno do animal de fondo. “Con parones, eso sí”, dice. El más prolongado fue culpa de Philip Hoare, el ensayista inglés que en 2008 publicó Leviatán o la ballena (2010 en castellano en Ático de los Libros). “Su libro no solo me hechizó, también me paralizó”, cuenta en la introducción, “escribía sobre algunas de las cosas que yo pretendía contar con un estilo, una frescura y una sensibilidad que pensé perfectos”. Pero a Hoare le faltaba uno de los propósitos que se marcó Fernández Naval: “Relacionar Galicia con todas las culturas marítimas a través de las inmersiones de los cetáceos, de sus viajes alrededor de los océanos, de los mitos, de la persecución, de la caza y de la observación”. En 2018, tras viajar con su compañera a Nantucket -el puerto estadounidense de Moby Dick-, se decidió.

“Los cetáceos conmovieron al ser humano desde el origen. Sería asombro o terror, adoración o sueño, pero desde que los ojos de nuestros ascendientes se acercaron al mar y vieron entre las olas los grandes mamíferos, la imaginación se pobló de seres escalofriantes y misteriosos”, escribe en un paso del capítulo Fósil e mito. Fernández Naval, que en la Patagonia acarició una ballena franca de la cabeza a la cola, ya solo le queda un deseo que cumplir en relación a estos “animales fantásticos”, confiesa: nadar junto a ellos.

Maruja Mallo (Viveiro, Lugo, 1902 - Madrid, 1995) se pasó la vida rompiendo techos de cristal: desde ser una de Las Sinsombrero originales hasta venderle un cuadro a André Bretón. Pero no fue hasta dos décadas después de su muerte cuando su nombre tocó literalmente el cielo. Desde entonces, a menos que una pandemia lo impida, lo hace todos los años. La última, el pasado 22 de mayo, cuando la sonda MaruMaSAT VI se elevó doce kilómetros, desde la Cidade da Cultura de Galicia, en Santiago de Compostela, hasta el límite de la estratosfera, y dos horas después tomó tierra en Vega de Valcarce (León). Nunca antes una de las cápsulas que lleva el nombre de la pintora había sobrepasado el límite geográfico de Galicia. Es el último hito en la carrera hacia las estrellas de la NOSA, la Axencia Espacial Escolar Galega.

Sin embargo, lo de llegar más lejos o más alto -hubo sondas que alcanzaron los 35.000 metros de altitud- no es el principal objetivo de la NOSA, un nombre con ecos de la NASA pero que en gallego significa nuestra. El proyecto busca, sobre todo, “llevar a las aulas un modelo de trabajo colaborativo a través del diseño y construcción de una cápsula estratosférica que, en el tercer trimestre de cada curso, realiza un vuelo suborbital”. Hoy son seis los centros educativos que forman la NOSA, pero el germen de la agencia se puso hace diez años en el IES Maruxa Mallo, en Ordes. Esa es la razón de que los experimentos lanzados al espacio sigan llevando su nombre.

El vuelo del MaruMaSAT es el momento culminante del trabajo del curso y, al mismo tiempo, el inicio del del curso siguiente. La cápsula, una pequeña caja de porexpan de unos 30 centímetros de lado, está rellena de varias capas de dispositivos para la recogida de datos. El desafío principal de esta edición es utilizar esos valores para componer una melodía, utilizando inteligencia artificial. Por eso el lema de la última misión ha sido AsubIA (asubiar es silbar en gallego).

La IA protagonizó el proyecto de este año. Incluso alguno de sus objetivos fue propuesto por ella. “Cuando le estábamos dando vueltas, a uno de los profesores se le ocurrió preguntarle a Chat GPT, que propuso medir la velocidad del sonido a medida que el globo va subiendo”, cuenta Moisés Iglesias, docente de Tecnología del IES Xelmírez II de Santiago. “El profe de música propuso usar los datos que se extraen, de muchos parámetros y magnitudes -altura, posición, viento, temperatura...- y montarlos con IA para dar una melodía final”

“Con los datos que tenemos, la melodía va a salir”, asegura sonriente. “Otra cosa es que sea bonita o fea. En la calidad estética no me meto”, añade con una sonrisa. De esa parte se encargará el departamento de Música del Instituto Ramón Caamaño, en Muxía.

Estas dos materias son sólo una muestra del carácter interdisciplinar de la NOSA, donde también colaboran docentes de Física, Matemáticas o Lingua e Literatura Galega. “A principio de curso el proyecto es global y después se van asignando trabajos”. Además de la música, al Ramón Caamaño le tocará estudiar cómo la temperatura de la estratosfera afecta a las células Peltier, dispositivos que calientan por un lado y enfrían por el otro. El Centro de Educación Especial de Panxón se encargó de “chapa y pintura”, el montaje de la cápsula, asistidos por el Miraflores de Oleiros, que era quien se venía encargando de esta tarea.

El Marco do Camballón, de Vila de Cruces, estuvo a cargo del atado del globo y la retransmisión en vivo del lanzamiento. O Cruce, de Cerceda, estudiará el efecto de la altitud sobre muestras de ADN humano y hongos: cuatro cápsulas con material orgánico depositadas en el techo de la sonda, donde va también un teléfono móvil grabando el globo. Este año, se perdió, seguramente en el momento de la explosión del aerostático.

Por último, el Xelmírez II tenía un doble trabajo. Por un lado, medir el tiempo que tarda en viajar el sonido, un valor que va cambiando “sobre todo por la temperatura”, asegura Moisés. Para ello, colocaron un sensor ultrasónico en la base de la sonda. Por el otro, rastrear la cápsula a través de tres mecanismos de posicionamiento. Dos eran “comerciales”: un GPS y una sonda “como la de los globos meteorológicos”, que permitió que dos radioficionados “que tenemos de mano y que son una maravilla” la fuesen siguiendo durante todo su camino. “Fueron los primeros en llegar a la cápsula” cuando cayó a tierra.

El tercer dispositivo era “un posicionador que hicimos en nuestro centro con una placa electrónica” que enviaba su señal a través de tecnología LoRa, que permite realizar emisiones de largo alcance. “Este año, el objetivo era mejorar el alcance desde tierra y lo conseguimos”.

“Santiago, tenemos un problema...”

De esa afirmación dan fe Sergio y Xiana, dos de los alumnos de primero de bachillerato pertenecientes al grupo de STEMbach, el bachillerato de excelencia en Ciencias y Tecnología. Ellos fueron los encargados del seguimiento del MaruMaSAT. Durante sus dos horas de vuelo, vivieron momentos de auténtica tensión, cuando perdían momentáneamente el contacto con la nave, esa situación que el cine ha contado tantas veces.

“Hasta los 12 km de altura no se paró del todo”, cuentan. “Superamos en mucho al año pasado. Entonces, sólo en horizontal, el límite era de 5 km”. “Era muy emocionante porque, mientras seguía subiendo, contábamos: llegó a 7 kilómetros, ¡a 8!...”.

Su compañera Lucía fue una de las encargadas del ensamblaje de los dispositivos en el interior y el exterior de la cápsula. “Lo complicado es que no se descoloquen, porque el espacio es pequeño y los cables”, como las antenas del GPS y el LoRa, que quedaban en el exterior, “son finos y pueden romperse”. No sólo es un problema el espacio, también el peso. Las seis capas de material pesaban en torno a medio kilo. En 2022 el peso rozó los dos kilos, por la inclusión de un medidor de muones, un tipo de partículas elementales.

“Cambiar el peso puede ser un problema porque altera la simulación de vuelo”. Si bien las cápsulas cambian muy poco, el globo que se encarga de llevarlas a la estratosfera cambia según las necesidades, si se busca alcanzar mucha altura o que recorra más distancia. El MaruMaSAT III es el que ha llegado más arriba, a los 35.000 metros. Sin embargo, esta vez se buscaba que llegase más lejos, por eso se buscó otro modelo. “En las fotos parece pequeño, pero lo que hacemos es ajustar la carga de helio a la velocidad de ascenso que buscamos. Así sabes a qué altura va a llegar y la simulación te ayuda a saber dónde caerá”.

A menos presión más volumen, por eso el globo sigue aumentando de tamaño mientras asciende... hasta que más o menos media hora después del despegue, explota. Entonces, la cápsula cae, frenada por un paracaídas. La simulación indicaba que tomaría tierra cerca de Sarria, a 100 km de Santiago, pero llegó bastante más allá. Sumó otros 60 y, por apenas unos metros, cambió de comunidad autónoma, eso sí, sin despegarse del Camino Francés a Santiago. Se desplomó en O Cebreiro, pero por el lado leonés.

Poner en el aire un objeto volante, aunque esté identificado, tiene sus requisitos. El principal, la autorización de ENAIRE, el gestor de la navegación aérea en España. NOSA pide el permiso con “bastante antelación”, unos dos meses. “Damos dos fechas, por si una no puede realizarse. Ya nos ha pasado: imagina que llegas y ves que el viento te lo llevaría para el mar”. Este año, el MaruMaSAT VI recibió la luz verde la víspera del lanzamiento. Y aún con todo en regla, es necesaria comunicación constante con el aeropuerto. Aunque sólo afecta a los vuelos en la llamada zona de paso -cuando sube o cuando baja-en alguna ocasión les han dicho “espera diez minutos que está aterrizando un avión”. Y una vez pasa, sólo hay que soltar el globo.

“La estratosfera, el espacio próximo, representa una potente metáfora de los caminos que podrán tomar de la Axencia Espacial Escolar Galega tras completar sus estudios e iniciarse en la vida adulta”, dicen los fundadores de la NOSA. Como resume su lema oficial: “Cos pés no chan e os ollos nas estrelas” (“Con los pies en el suelo y los ojos en las estrellas”).

Son diez tomos y 2.940 páginas, 210 casetes de grabaciones de campo recopiladas entre 1978 y 1983, 1.802 melodías transcritas, 599 informantes. El retrato de un país a partir de su música popular. Si el adjetivo monumental tiene todavía algún sentido es para definir obras como el Cancioneiro Popular Galego, impulsado por la musicóloga suiza Dorothé Schubarth, muerta el 6 de septiembre en Basilea. No solo se trata de música. O es que la música no es solo música. “Es una fuente para entender cómo se vivía”, declaraba en el documental Dorothé na vila, de 2020, “cantigas y coplas son un espejo de la vida”. “Agora que veu o vrau / alegría prós señores / andan de marco en marco / mirando prós segadores”, dice un cuarteto recogido en A Pastoriza (Lugo).

Schubarth había llegado a Galicia en 1978, como 20 años antes y con propósitos cercanos -aunque no tan sistemáticos- lo había hecho el estadounidense Alan Lomax. Interesada por las músicas populares europeas, buscaba sus afinidades. “Al tratarse de un finisterre, le parecía que en Galicia podía haber músicas arcaicas”, asegura a elDiario.es Antón Santamarina, preguntado por las razones de la suiza para recalar en el noroeste peninsular. Él las conoce de primera mano. Fue el filólogo con el que contactó Schubarth para que le ayudase a interpretar los textos que iba recolectando. Y el que, asombrado ante su preparación científica, la animó a embarcarse en el Cancioneiro. Una beca de la Fundación Barrié -20.000 pesetas mensuales de la época, lo justo para sobrevivir- la sostuvo durante los seis años que duró el trabajo.

La Galicia de la época estaba en transición. No solo política, también social, cultural, económica. “La sociedad agraria desparecía”, explica Santamaría en la película mencionada, “y muchos elementos de la cultura material tradicional pasaron a ser arqueología”. En 15 años, más o menos, sería historia. Su rastro, sin embargo, respira en las músicas populares que Schubarth pasó al papel. “A miña fouciña corta / por iste panciño raro / que para ganar a vida / cómpre ter moito coidado”, cantaban contra Lobeira, en Bande (Ourense). El Cancioneiro está estructurado en siete volúmenes, tres de ellos dobles, que abarcan oficios y labores, fiestas anuales, romances tradicionales, romances nuevos, cantos narrativos, sucesos y coplas locales, cantos dialogados, coplas diversas y cantos enumerativos y estróficos, y otro de tablas sinópticas. “Es la Biblia de los cancioneros gallegos”, no duda Santamaría.

Un método propio de notación

La investigación fue épica. Por un lado, el registro fonográfico de voces y ritmo. Por otro su trascripción y clasificación. “Inventó un método propio de notación para trasladar a la escritura nuestra música”, se asombra Olaia Tubío, codirectora, junto a Alejandro Gándara, de Dorothé na vila, “procedía de la escuela centroeuropea de musicología. En aquel momento, en Galicia, no había quien trabajase así”. El documental de Tubío y Gándara, triste y hermoso, es el relato de una persecución, la de Schubarth y su paso por la Galicia de los 70, un lugar que ya no existe. Localiza a algunas de las 599 informantes originales, que en su mayoría eran mujeres, y ante la cámara recuperan una memoria personal que es a la vez una memoria común.

“Dorothé no quería ser nunca el centro. Cuando murió, yo no quería publicar nada sobre ella”, dice Tubío, “no le hubiese gustado convertirse en una figura, en un referente de, en una pionera”. Schubarth insistía en que el Cancioneiro Popular Galego era del pueblo gallego. El respecto que mostraba por las informantes era casi sagrado. Ella se había limitado a transmitir un saber colectivo hacia el futuro. Este carácter “un poco esquivo”, como lo denomina Santamarina, trasluce en la película, que hace de la posibilidad de un encuentro de los cineastas con ella uno de sus ejes. Habían pasado 40 años de su primer viaje a Galicia. “De alguna manera, no comprendía el mundo en que vivía. Pero esa reticencia, esa humildad, se combinaba con su generosidad. Siempre quería ayudar”, añade Tubío, “siempre supo que su trabajo debía ser de acceso libre para todo el mundo. Tenía muy claro su sentido”. Los materiales (grabaciones sonoras, fotografías, transcripciones de textos y partituras) se encuentran depositados en el Museo do Pobo Galego de Santiago de Compostela y son, efectivamente, de libre acceso.

“La base fundacional de la música tradicional gallega”

A la cantante Uxía, en activo desde los años 80, le gusta escuchar los audios reunidos por Schubarth. No solo porque los considera, junto a su trabajo de transcripción, “la base fundacional de la música tradicional, una especie de Biblia”, sino por la información suplementaria que contienen: “Muchas veces se oye el ruido doméstico por detrás, las voces, la cocina. Son casi un estudio sociológico”. Olalla Tubío explica que, al contrario que otros etnomusicólogos como Alan Lomax, Schubarth registraba todo, “no hay inicio ni final”. Así, lo que rodeaba la música no se ha perdido. “Muchas de estas melodías tenían una función en la vida cotidiana en trabajos colectivos, en fiestas y celebraciones, en el ocio”, escribía Santamarina en el elogio de la suiza que leyó en un reciente homenaje.

Uxía habla de la “auténtica joya” que es el Cancioneiro y de su difícilmente medible influencia. Menciona, por ejemplo, a Milladoiro, una de las formaciones basilares del folk gallego desde finales de los 70. “Bebieron mucho del trabajo de Schubarth y Santamarina, con su particular interpretación, claro”, dice, “y este es un corpus inmenso, como el de [Michel] Giacometti en Portugal, o el de Alan Lomax, que también nos visitó en los años 50”. Ese hilo continúa cosiendo experiencias. Nuevas promociones reactivan el folclore y lo actualizan. “Cuando yo empezaba era distinto. Todo era más afectado. Ahora es más natural”, considera Uxía, “eso también se lo debemos a Dorothé”. Ella pudo agradecérselo en persona, cuando le cantó un alalá -“un canto de ritmo libre, telúrico”- durante uno de los últimos tributos en vida a Schubarth.

A finais dos anos 80 Johnny Depp pasou de ser un actor de reparto a ter o papel estelar forrando as carpetas de milleiros de adolescentes grazas a unha serie de televisión chamada 21 Jump Street (Nuevos Policías en España). Nela, Depp e un grupo de policías tan lampos coma el facíanse pasar por adolescentes para infiltrarse nos institutos estadounidenses na procura de actos delituosos. A serie foi un éxito de público e ninguén se preguntou que pintaba unha banda de señores adultos alternando con menores de idade como se fosen os seus amigos. Moitos anos e moitos tiroteos reais despois, o goberno federal comezou a investir cartos a mancheas nun programa que dotaba os institutos de axentes de policía uniformados (School Resource Officers), porque meter máis xente armada dentro das escolas era a única medida que non enfurecía ao todopoderoso lobby da Asociación do Rifle. Numerosas investigacións xornalísticas revelaron que o feito de ter un policía armado nunha escola non protexía contra os tiroteos. O que si aumentou neste cuarto de século foi o número de estudantes detidos cada ano nas escolas americanas, moitas veces por simples problemas disciplinarios como lanzar avións de papel durante a clase ou ter unha perrencha. Como xa seguramente adiviñarían, unha porcentaxe desproporcionada deses estudantes que sacaron esposados das escolas eran negros ou latinos, algúns de tan só 5 anos.

Agora que leo que o goberno de Catalunya vai despregar a policía autonómica nalgúns institutos apelando á conflitividade, non preciso remitirme ao exemplo americano para saber a quen van considerar conflitivo os axentes. A quen paran normalmente, a quen cachean con máis frecuencia, con quen se lles vai a man disparando a taser ou aplicando unha chave no pescozo. Organizacións como Amnistía Internacional e SOS Racismo advirten do nesgo racista da policía española á hora de realizar identificacións e controis arbitrarios en espazos públicos, sería moi inocente pensar que isto non vai ser exactamente igual nun centro de ensino. Perante as críticas, os defensores da medida (a consellería de educación e a propia policía) argumentaron que se trata de axentes formados en mediación, idóneos para traballar no ámbito escolar. Pregúntome se terán máis formación e experiencia que todo o persoal especialista de orientación e apoio que as asembleas docentes levan anos reclamando aló.

É ben curioso que se coe esta iniciativa no discurso sobre o ensino público cando varias comunidades teñen o seu profesorado mobilizado con reivindicacións moi concretas que nada teñen que ver coa policía. Nas seis xornadas de folga que levamos na Galiza este curso, nas concentracións, nas asembleas de docentes, xamais vin reivindicar presencia policial nos centros. Cando o profesorado se queixa da perda de respecto, está a queixarse dun problema social que ten que ver con como estamos a educar, colectivamente, á rapazada, e que non se resolve con autoritarismo. Por suposto que os problemas que atravesan os institutos son complexos e multicausais, calquera profe que se pasase os últimos meses calculando penosamente a súa variación de postos na estimación do concurso de traslados pode dicirlles que, canto a problemáticas dos centros, hai unha diferenza importante entre centros de interior e centros de costa, de cidade e rurais. E así e todo, se un dos problemas é a falta de respecto, nada desautoriza máis a un docente que a presencia policial na súa aula. Cando a policía entra nun centro de ensino perdemos todos. O profesorado perde autoridade para resolver conflitos e o alumnado perde a confianza no profesorado.

O único que gaña, como sempre, é este modelo ultraliberal que importamos dos Estados Unidos ao mesmo tempo que as series de acción, que afoga os servizos públicos infradotándoos e presenta a privatización como única alternativa viábel. A última liña de defensa diante desa deriva somos nós, profesorado, familias e toda a comunidade, como están a demostrar as asembleas do ensino público aquí na Galiza, e tamén noutros lugares. Será por iso que, no penúltimo capítulo do que soubemos, a policía decidiu que non abondaba con exercer de mediadores nos centros e pasaron a infiltrarse nunha asemblea de profesorado. Se cadra sempre fora esa, a do profesorado en loita, a conflitividade que realmente lles preocupaba.

Detesto a expresión ascensor social. No terceiro andar do meu edificio pasa consulta un dos dentistas máis populares da cidade. Xusto enriba, pero do lado contrario, vivo eu. Hai en total seis plantas e non sei cantos apartamentos. O ascensor está ocupado a maior parte do tempo. Xente que entra e sae. Xente que se mira no espello abrindo moito a boca, intentando buscar algo na escuridade ao final do padal ou simplemente alguén que quere comprobar canto lle colga o labio despois da anestesia.

O portal ábrese automaticamente se un preme no timbre da clínica dental, así que, ao longo do día, tamén hai xente da rúa que aproveita o noso edificio para refuxiarse, especialmente no inverno. O ascensor ofrece unha intimidade que non dan os relanzos da escaleira. Sobe, baixa, fai paradas. É fogar de estraños, pacientes, namorados, persoas sen teito; carga bolsas da compra, maletas, bicicletas, mudanzas... O caso é que ultimamente se avaría a miúdo e toca subir polas escaleiras. O dentista nunca tarda demasiado en chamar para que o arranxen. Mentres, chanzo a chanzo, eu penso nas veciñas do sexto para non queixarme. E tamén en Sorokin, que acuñou o termo mobilidade social en 1927 sen que houbese no texto ningún ascensor.

A metáfora serviu durante moito tempo sobre todo para facer invisible a nosa forza de traballo, pero tamén para manter presentes de xeito disimulado dous elementos fundamentais e tranquilizadores para o sistema capitalista: as ideas de competición e verticalidade. Por desgraza, como acontece co ascensor —case público— do meu edificio, parece que nas últimas décadas falla a confianza dos pasaxeiros e falla tamén a idea dun mecanismo que nos conduce de aquí —clase obreira, poucos recursos económicos, formación básica— a alí —clase media, postos e soldos acorde aos nosos estudos superiores, maior calidade de vida—. De feito, se me preguntan, diría que tal cousa nunca existiu. Pero ese sería outro artigo. Ou outros tantos xa escritos.

Tendo en conta a súa falta de popularidade, ultimamente propoño substituír a metáfora do ascensor pola do xogo de mesa Serpes e escaleiras. Falemos de subir con esforzo, si, do modo en que nos falta o aire, pero aclaremos tamén que esa ruta se fai sempre a base de avances fráxiles coma unha tirada de dados. Son pequenos ascensos nun camiño cheo de caídas inminentes e esvaradías. Introduzamos na ecuación un monte de serpes: o prezo dos alugueiros, un contrato que non se renova, o burnout, unha separación de parella, o fracaso nunhas oposicións despois de anos preparándoas, a dependencia dun amigo ou familiar, a cota de autónomos, a ansiedade xeneralizada.

A miña amiga P., por exemplo, aínda nunca tivo un traballo no que non temese caer enferma. No digo enfermar, senón caer enferma. Como quen se desprende dunha altura. Este é o seu terceiro emprego desde que rematou de estudar. Do primeiro, marchou ela porque non podía máis (horas extra non remuneradas, cansazo extremo). No segundo, despedírona despois de gravala ilegalmente con micros e cámaras de seguridade. Botárona por estar descansando e tamén porque resultaba incómoda: creaba un sentimento de cohesión entre os seus compañeiros de traballo. Agora, no seu terceiro posto en dous anos, P. está aterrorizada por enfermar. Chámame e convénzoa do evidente: debe quedar na casa. Despois, consóloa.

Non coñecín aínda un só compañeiro nos meus anos na empresa privada, pero tampouco agora na función pública, que se considere traballador e non sinta que falla cando enferma. Hai nese xesto unha culpa herdada e debidamente educada para medrar firme, un monte de prexuízos sociais, un sistema que persegue e estigmatiza (véxase a caza de bruxas de Rueda contra as baixas médicas mentres o Sergas esmorece). Pero o máis importante vai por dentro: esa sensación forte de ser substituíble, a precariedade interiorizada e climática. Vai calor e frío ao mesmo tempo dentro do ascensor.

A miña amiga P. existe, pero non é esta. Existe, pero odiaríame se escribise un artigo sobre ela. Sentiría medo de que o lese o seu novo xefe. E poida que el sexa unha persoa amable, cabal. Tanto ten. Decido falsealo todo porque estou falando da vulnerabilidade, do xeito en que algunha xente se corrixe soa. Estou sinalando a culpa como mecanismo de produtividade. Parece dickensiano, pero é peor. Non traballan os nenos, pero adéstranse a tal fin. Xogan a serpes e escaleiras. Ascenden, caen, paralízanse. Limpan os dentes con esmero todas as noites porque temen que unha moa picada os deite na cama. Fan limpezas e revisións anuais. Entran no edificio procurando non ver o que hai no edificio. Poida, despois de todo, que o ascensor social siga existindo. O problema é que xa ninguén o usa sen mirar constantemente cara abaixo.

Os ventos da historia e da xeopolítica tamén pasan sobre a Terra Chá. Cando eu estaba saíndo da nenez moita xente da comarca atopaba unha saída laboral na industria ferrolá. Primeiro foi, a fins dos sesenta e comezos dos setenta, Astano. O desnivel entre o que se gañaba en Ferrol e o que podía gañarse na bisbarra era tal que o resentimento atopaba expresión no comentario, mil veces escoitado nos bares, de que os obreiros dos asteleiros “tiran os ferodos á ría”. Iso era o summum do malbarate. Aqueles obreiros, cos seus elevados salarios, inxuriaban sen querer aos que quedaban. Cubatas&coches&tvs marcaron naqueles anos unha nova era do consumo. Despois, case inmediatamente, veu a construción da central térmica das Pontes que supuxo unha nova febre do ouro. Limitada, pero febre á fin e ao cabo.

Vilalba estaba cambiando a súa función dentro do esquema do territorio. De ser vila cabezaleira da Terra Chá pasaba a ser epifenómeno de Ferrol e As Pontes e máis alá. Un “máis alá” no que se resume un tempo de transformación e no que caben tantas cousas. Ningunha vila ou cidade está ao marxe do percorrido universal. Non hai burbullas. O curioso é que os asteleiros ferroláns pasaron de ser a Meca a entrar en crise case inmediatamente. A partires de 1983 a crise do sector naval fixo que a cidade entrara nun declive prolongado. O noso Detroit, para dicilo na sentencia establecida, tivo nunha canción de Los Limones algo así como un himno elexíaco. A economía ten moito que ver coas emocións, e as expectativas no Ferrol estaban por debaixo de cero.

Os camiños do Señor son inescrutábeis e corenta anos e pico despois semella que estamos nun novo xiro dos tempos. As cidades son un estado de ánimo, dixo Robert Park, e o sucederse das cousas tal vez cambie o de Ferrol. Navantia ten carga de traballo ata ben entrada a próxima década por mor da construción de fragatas e outros buques militares, unha derivada das tensións que ameazan o planeta. A descarbonización e a necesidade de novas fontes de enerxía insta á fabricación de plataformas mariñas flotantes para os muíños eólicos na UE. As dúas cousas son realidades operativas que marcarán o futuro inmediato de Ferrolterra. Ao final, as instalacións e o 'know how' da comarca atopan unha saída, máis aló de empresas como Megasa, Cándido Hermida, Pull&Bear, Imegasa ou Forestal do Atlántico.

A inflexión na globalización e a normativa comunitaria están decidindo a China a producir coches eléctricos, ámbito no que son líderes, en Europa e parece que MG se vai decidir por Ferrol para instalar unha fábrica. É algo que non está confirmado, pero ao parecer existen altas probabilidades de que se ratifique. De ser así, como o expresa Daniel Hermosilla, a área de Ferrol pode volver vivir “tempos de gloria”. Semella que tamén As Pontes pode obter algo da nova división internacional do traballo.

Ese xiro dos tempos acentuaría aínda máis a idea de que o tramo Ferrol-A Coruña é a actuación máis importante do trazado ferroviario en Galicia. Precisa dunha acción decidida, non só para mellorar a liña, senón para substituír o actual trazado e poñelo á altura das necesidades do século XXI. De haber servizos rápidos, a demanda multiplicaríase, como foi o caso do eixo ferroviario entre A Coruña e Vigo, que debe ser completado ata Ferrol. A área urbana delimitada polas dúas cidades daría un enorme salto adiante e o tren axudaría articular os concellos intermedios. Estamos falando dunha poboación aproximada de 650.000 habitantes.

A escala é importante e a estas alturas debería estar claro que a ordenación do territorio e a planificación pública ten que facer da Coruña-Ferrol -a Cidade das Rías de Albalat- unha única área urbana. A masa crítica é importante e caben poucas dúbidas do enorme impacto positivo que podería significar en termos económicos e sociais. É incomprensible que unha axeitada comunicación por ferrocarril non sexa un obxectivo prioritario. Tamén as liñas de cercanías han de selo, non só na dirección de Ferrol senón cara Arteixo e Carballo. Parece que o ministerio de transportes traballa nun plan de tren de proximidade para Galicia, instado polo BNG. Benvido sexa.

Os poucos vanse asentando na conciencia pública, incluída a mente da administración, determinadas realidades. Nun recente encontro de enxeñeiros galegos e portugueses, no que estaba presente o vicepresidente da Xunta, Diego Calvo, poñíanse sobre a mesa a necesidade da conexión do corredor atlántico por tren a Ferrol; o AVE Porto/Vigo; autopistas ferroviarias de mercadorías, a xestión conxunta dos aeroportos galegos, e mesmo a súa coordinación co de Porto. É unha axenda interesante, non moi distinta da que está postulada no meu libro Unha Nova Olanda: de Ferrol a Porto (Galaxia, 2021). Unha das funcións do traballo intelectual é a de intentar ser a roda pequena que move a roda grande dentro da sofisticada maquinaria social.

En realidade quería tratar sobre a ansia de poder e control que manifesta o actual xefe de goberno autonómico no ámbito que lle corresponde. Pero atopo serias dificuldades para poder defender o título que tiña pensado, que era o de poder absoluto. Non se pode utilizar porque non reflicte a realidade. O presidente da Xunta goza dun ámbito de exercicio do seu poder realmente cativo comparado coas posibilidades a desenvolver no marco do Estatuto de Galiza, e, o que é pior, por vontade propria, xa que as posibilidades que oferece o Estatuto de Autonomía van moito máis alá das que actualmente delimitan o poder autonómico: o exercido e o potencialmente desexábel.

Goberna naquelas competencias exclusivas que están inalteradas desde hai 16 anos. Nen Núñez Feixóo nen Rueda ampliaron a extensión do poder exercido para un campo máis amplo do que a autonomía contemplaba, case cando empezou o século XXI, e, non obstante, o mundo cambiou bastante, as circunstancias económico-políticas tamén, e as reivindicacións dos cidadáns, así mesmo.

Así, por exemplo, e sen ansia de ser exhaustiva, poderíamos citar algunhas que, sendo notabelmente funcionais para un goberno que se prece, non forman parte do cadro actual de obrigas do Executivo galego. Citaremos as seguintes: ordenación do litoral na súa totalidade; salvamento mariño e loita contra a contaminación marítima no que corresponde aos vertidos; control, inspección e vixilancia pesqueira, ISM (Instituto Social de la Marina) cun número de afiliados en só tres provincias galegas que representan o 27% do total do Estado; portos dos chamados de interese xeral que son Ferrol-San Cibrao, A Coruña, Vilagarcía, Marín-Pontevedra, Vigo; xestión e réxime económico da Seguridade Social; función de inspección laboral; organismos de investigación mariña na Galiza; transferencia de competencias en materia de investigación científica; servizos de meteoroloxía; planificación, construción de obras hidráulicas en Miño-Sil no territorio galego; formación ocupacional tanto de persoas paradas como activas; emprego e fundo de garantía salarial, xestión da oferta e demanda de emprego; xestión dos laboratorios públicos de referencia; xestión da inmigración...

Dicíamos que non citaríamos de forma exhaustiva e o que citamos son única e exclusivamente aquelas competencias que atinxen á pesca ou, mellor dito, á actividade pesqueira que no seu sentido económico total abranxe non só as actividades directamente produtivas senón aquelas imprescindíbeis de coidado, conservación, mantemento e reparación dos recursos naturais, así como control doutras actividades que inflúen directa ou indirectamente nas condicións en que se desenvolve a pesca. Quedarían polo tanto sen lembrar outras competencias longamente citadas por ausentes e que constitúen unha reivindicación clásica do nacionalismo e daqueles actores na vida económica galega que pretenden máis eficacia e a eliminación de varios chanzos de burocracia para lograr un fluído devir da vida económica. Así, poderíamos lembrar o traspaso da AP-9, infraestruturas viarias e ferroviarias no territorio galego, policía autonómica, tráfico e circulación e seguridade viaria; demarcación xudicial de Galiza, ou a cultura e a lingua galegas... Así, en cada un dos campos en que está falto de completude o traspaso das competencias que contempla o Estatuto.

De aí que teñamos que nos referir sen moita vontade inicial ao aspecto de perspectiva de goberno dun país entendido como un pequeno concello con competencias limitadas e das que sempre haberá a posibilidade de eludir responsabilidades en busca dun titular cun rango superior. Ese sería, ao noso entender, o cualificativo dunha mentalidade de goberno de intento de control total e permanencia garantizada sobre unhas competencias limitadas das que sempre hai maneira de eludir responsabilidades enfocando cara a un externo/superior. Dese modo sempre se pode practicar a táctica de balóns fóra e pasar como alumno mediano.

A observación do paquete competencial incompleto -mesmo no ámbito estatutario- dá a entender que o interese político do goberno de quenda nestas últimas décadas é de contar co menor número de responsabilidades con encargo de xestión diaria para non ter que se responsabilizar diante dos seus propios concidadáns e votantes da marcha cotiá das cousas da vida. Se o réxime aeroportuario en chan galego goza dunha marcha irracional de xestión -en moitas ocasións dependente dunha mirada centrípeta-, a “culpa” é do goberno central, xa que aquí non hai competencias. Se a autovía Lugo-Santiago tarda en ser aberta máis tempo que a construción da catedral de Gaudí, é cousa do goberno central; se as acreditacións para o profesorado das universidades galegas pasa pola Aneca (goberno central) é por culpa do goberno central. Isto do goberno central dá moito xogo neste momento de enfrontamento co Goberno español de coalición, mais en tempos do PP sucedía exactamente igual e ningún dos agora carpideiros (ou queixosos) tiña a ocorrencia de citar o goberno central como responsábel. Nunca se fixo unha planificación no interior do goberno actual de saber co que contabamos, o que desexamos acadar, con que medios fiscais contamos (que plan de financiamento específico propoñemos) e como se debería executar nun período de tempo gobernativo medio: é dicer, máis alá dun período eleitoral, non para o curto prazo senón para crear tecido político/gobernativo dun país que teña conta de si mesmo.

Este componente de falta de capacidade e de vontade de se facer cargo do propio, como fan os adultos de calquera país, explicaría ao noso ver esa ansia de poder nun exercicio controlador até a extenuación do que existe, e ausente do importante que non se alcanza, non por imposíbel senón por incomparecencia, non personación ou simplemente falta de arroallo.

Casos como o veto á proposta do BNG para vicevaledor do pobo cun argumento de patio de gardería (non nos gusta o candidato, dixo o PP), o da muda do director do IGE, a inxerencia na elección de reitora na USC, o capricho de dividir recursos do sistema universitario galego con criterios localistas, a intromisión en política municipal, con mocións de censura incluídas, a división da prensa entre “nosos” e “inimigos” comprando vontades con cartos públicos, son só síntomas dun modelo de facer política que non vai contribuír -mesmo por razóns antipedagóxicas- a mellorar o país. O control absoluto ficou reducido a control miserábel dunha realidade empequenecida á mantenta.

La jueza de la plaza 3 de la sección de lo Social del Tribunal de Instancia de Vigo ha condenado al Ayuntamiento de la ciudad por los incumplimientos en materia de prevención y seguridad laboral en el servicio de Bomberos, que considera que ponen “en grave riesgo” a los trabajadores y también al “interés general”, dada la naturaleza del servicio que prestan a la ciudad. Fuentes municipales indican que están estudiando en profundidad el fallo para decidir al respecto.

En una sentencia del pasado 25 de mayo, la magistrada estima una demanda interpuesta por el sindicato CUT, y con intervención de otras centrales sindicales (Casipol, UGT y CIG), contra el Ayuntamiento de Vigo por “desatender las situaciones de riesgo” a las que están expuestos los trabajadores del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento, informa Europa Press.

En la resolución se considera probado que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social realizó varias actuaciones y, en febrero de 2024, dio al Ayuntamiento un plazo de 3 meses para actualizar el Plan de Prevención de Riesgos Laborales; y un plazo de 6 meses para hacer una revisión de la evaluación de riesgos para la seguridad y la salud de los bomberos. La jueza señala que el actual Plan de Prevención es del año 2010 y que, desde entonces, ha habido variaciones en el servicio, como el número de efectivos, cambios en los centros de trabajo o traslados. Igualmente, la evaluación de riesgos data del año 2018 y la planificación de actividades preventivas es de 2019, y del mismo modo se han producido desde entonces cambios en el servicio que afectan a dicha evaluación.

A la vista de las declaraciones de testigos y de la documentación aportada, la magistrada asegura que “se mantienen” los incumplimientos apuntados por la Inspección de Trabajo. “Todo ello, evidencia el grave riesgo, no solo para los trabajadores, sino también para el interés general, a la vista de la importante actividad desarrollada por el servicio de bomberos del Ayuntamiento de Vigo”, expone en su sentencia. Por todo ello, ha estimado la demanda y ha condenado a la administración municipal “a dar cumplimiento efectivo a los requerimientos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social”.

El sindicato CUT indica que los incumplimientos del servicio de Prevención municipal afectan “directamente” a la organización de turnos, dotaciones y protocolos, y recuerda que esta sentencia se produce coincidiendo con el segundo aniversario de la muerte del bombero Sergio Sanlés, que falleció en acto de servicio tras caerse mientras inspeccionaba un inmueble en ruinas. La central avisa de que, en la actualidad, sigue existiendo en el servicio un déficit de personal e insiste en que dicho servicio está funcionando “por debajo de los mínimos recomendados”.

Además, aclara, el personal de nuevo ingreso no estará operativo hasta después del verano y no se podrán reforzar los turnos en la época de más riesgo. “Esto significa que Vigo afrontará el verano sin planificación preventiva actualizada, sin adaptación real a las condiciones actuales del servicio, con mayor riesgo para los bomberos y la ciudadanía, y una alta probabilidad de cierre del parque de Esturáns por falta de efectivos”, denuncia la CUT.

As Conchas es un embalse sometido a una degradación ambiental de tal calibre que los derechos fundamentales a la vida, la intimidad, la inviolabilidad del domicilio y la propiedad, vinculados al disfrute del agua, de los vecinos se están viendo vulnerados. La situación aparece descrita en estos términos en una sentencia judicial que quienes viven en el entorno de la presa califican de histórica, pero que, pese a que pronto cumplirá un año, no ha provocado cambios palpables. Los residentes siguen con preocupación los avisos sobre la llegada del calor estos días porque saben que eso favorece los episodios de proliferación de algas y los olores insoportables. Pero la inquietud no se disuelve tampoco cuando las temperaturas bajan: las bacterias peligrosas siguen ahí.

“Si me meto al agua, estoy tomando una cucharada de veneno”, compara uno de los vecinos de pueblo de As Conchas (Lobeira, Ourense), Pablo Álvarez, que vuelve a hablar con elDiario.es poco más de un año después de que la demanda contra las administraciones públicas por el estado del embalse tomase forma. Él es uno de los siete residentes en la zona que participó en el proceso judicial, junto a la Federación de Consumidores y Usuarios (Cecu) y con el apoyo de Amigas de la Tierra y ClientEarth.

El enfoque no fue el habitual: lo que se exponía era que lo que se estaban vulnerando eran los derechos básicos de las personas y que las responsabilidades estaban repartidas entre administraciones por no haber frenado una proliferación de granjas -algunas de ellas, macrogranjas- en la comarca de A Limia que derivó en la grave contaminación de las aguas. Ganaron los vecinos. La sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) se dio a conocer a principios de julio de 2025 y, en febrero de 2026, quedó confirmada en el Tribunal Supremo. Ahora está pendiente que la Justicia ordene su ejecución.

Y, a la espera de esa ejecución, los vecinos denuncian que todo sigue igual. Pablo Álvarez critica que se sigan organizando competiciones deportivas en aguas del embalse y que no se haya actuado en el origen de la contaminación, que está en los residuos de las explotaciones -de cerdos y pollos-, que pasan a las aguas del río Limia y resultan en nitratos que alimentan a las bacterias que proliferan en la presa y que producen, a su vez, toxinas peligrosas. Pasada la mitad de mayo, este vecino indica que las aguas se ven turbias, sin que haya asomado el verde de las cianobacterias, pero da por hecho que, con el calor, habrá alguna floración. Cuenta que le consta que en noviembre había terrenos “encharcados de purín” aguas arriba.

Coincide en la ausencia de medidas útiles uno de los expertos que mejor conoce lo que ocurre en As Conchas y que más se implicó en el caso, como uno de los peritos responsables de los informes presentados en la causa por los demandantes, Serafín González, que es biólogo e investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). “Las administraciones no se han movido. En la Xunta esta es la estrategia recurrente: ir posponiendo las cosas”, dice. Para ejemplificarlo, señala que siguen pendientes de declarar las zonas vulnerables por contaminación de nitratos. No hay ninguna en Galicia. “Marean la perdiz, dicen que hacen falta más datos, quieren más estudios, cuando la situación está muy clara”, protesta.

El silencio de la Xunta

La Consellería do Medio Rural no ha contestado a las preguntas de esta redacción sobre el punto en el que se encuentra el proceso, después de que, en julio de 2025, el presidente gallego, Alfonso Rueda, anunciase la exposición pública del anteproyecto de decreto sobre la contaminación por nitratos procedentes de origen agrario.

Tampoco ha contestado a las cuestiones planteadas la Consellería de Medio Ambiente, que no ha aclarado si ha adoptado alguna medida tras la sentencia, que condena la inacción tanto de la Xunta como del Gobierno estatal, a través de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil (CHMS). Sobre el caso, la responsable del departamento autonómico, Ángeles Vázquez, lamentó en unas declaraciones en febrero, tras la confirmación de la sentencia por parte del Supremo, que no había la “coordinación” que le gustaría con la CHMS. Por su parte, el órgano que gestiona las cuencas del Miño y del Sil sostiene que remitió varias propuestas para reunirse a la Xunta: el 16 de febrero y el 3 de marzo le escribió al delegado en Ourense, aunque no se llegó a cerrar una fecha. El 17 de marzo y el 14 de abril la misiva se dirigió al presidente gallego, pero “continua sin fecha”.

La CHMS pone el foco en la administración autonómica por ser la que autoriza la actividad que genera la contaminación y asegura que, por su parte, hace analíticas cada 15 días desde 2011 y que, en los episodios de proliferación de cianobacterias pasan a ser semanales. Tras la sentencia, asegura que tomó otras medidas, entre las que están intensificar la vigilancia de posibles vertidos o acumulaciones de purines, el desarrollo de modelos para predecir los episodios de proliferación o iniciar los trámites para pagar las indemnizaciones.

González considera que, “al menos”, la CHMS ha admitido el problema que representa para el medio ambiente y la salud humana la multiplicación de macrogranjas en la comarca de A Limia, que es de donde parte la contaminación que afecta a As Conchas. La Xunta, por la contra, “pretende seguir negando que son el origen”, opina sobre la intención del Gobierno gallego y los retrasos en el proceso.

Advertencias desde finales de los 90

El experto se remonta a finales de los 90. La Sociedade Galega de Historia Natural (SGHN), que él preside, avisó en 1998 a un ayuntamiento de los severos impactos negativos que iba a tener la multiplicación de granjas y apunta que el problema procede de las medianas y no solo de las de tamaño macro. Desde entonces, protesta, se ha duplicado la carga ganadera en la cabecera del río Limia, que es el que llena el embalse de As Conchas.

“Está claro que hay una relación de causa-efecto”, afirma. Hay demasiadas granjas para el terreno disponible y eso se traduce en grandes cantidades de nitrógeno y fósforo que pasan a las aguas subterráneas, en las que los nitratos aumentan hasta hacer que no sean potables. Y esto provoca la eutrofización de As Conchas, que son esas proliferaciones de algas que tiñen de verde el agua. Añade que la “pésima gestión” de los últimos 15 años ha provocado que se hayan arrastrado también bacterias fecales, algunas de ellas resistentes a antibióticos y “muy peligrosas”. En su momento, recuerda, pidieron una moratoria para que no se autorizasen más explotaciones. Ahora, eso sería “insuficiente”. Es decir, considera que habría que cerrar algunas.

Estos días, en los que empiezan a subir las temperaturas, Pablo Álvarez cuenta que ya teme que el verde empiece a asomar, pero recalca la preocupación por las sustancias relacionadas con algunos tipos de cáncer y estas bacterias resistentes. Dice que no se explica cómo en el censo de aguas de baño de la Xunta para la temporada de 2026 aparecen como aptas dos zonas del embalse de As Conchas, una en el municipio de Bande y otra en el de Muíños, mientras que una tercera, en Lobeira, figura con una prohibición permanente del baño. Critica que la Consellería de Sanidade -la competente en control de la calidad de las aguas- está “engañando y confundiendo a la población” sobre la situación real: “¿Acaso el problema desaparece al cambiar de término municipal?”.

En busca de una fórmula contra los olores insoportables

La CHMS expone que desde agosto de 2025 hasta ahora se han hecho inspecciones a 72 granjas de A Limia y está previsto que la cifra llegue a 178 en diciembre de este año. Añade que desde enero de 2025 resolvió 25 expedientes sancionadores a explotaciones de la zona por vertidos de aguas residuales, daños al dominio público hidráulico o actividades que pueden causar contaminación.

El órgano de cuenca indica que son 60 los puntos de control, sumados los de aguas superficiales, subterráneas y el propio embalse, en busca de toxinas. Además, asegura que ha contactado con universidades y empresas para tratar de cerrar algún tipo de convenio a través del cual se busque una solución para otro de los problemas que persigue a los vecinos: los fuertes olores cuando hay un boom de cianobacterias.

El magistrado de la sección primera de la Audiencia de Álava ha acordado desestimar el recurso interpuesto por el representante artístico de la orquesta Ciudad de Vigo, contra una sentencia desestimatoria anterior, y la ha confirmado, de manera que avala que el representante de la orquesta se quede sin cobrar parte de los honorarios por las múltiples incidencias ocurridas durante la actuación contratada.

Los hechos se remontan a julio de 2023, cuando la orquesta fue contratada por el Centro Gallego de Vitoria-Gasteiz (Euskadi) para actuar los días 22 y 23. El Centro realizó un primer pago de este contrato, pero se negó a pagar el resto, 6.655 euros, alegando que la orquesta había incumplido el contrato. Así, cuando el impago se llevó a los tribunales, alegaron que los músicos de la orquesta no coincidían con los que salían en la imagen publicitaria de la agrupación; que los cantantes no se sabían las letras de las canciones ni las coreografías; que no se cumplieron los horarios; y que se produjeron desafines, acoples o desajuste entre la música y las canciones. Igualmente, señalaban otras incidencias, como que los micrófonos no funcionaban o que la vestimenta de algunos componentes del grupo no era la correcta.

La sentencia de primera instancia vio acreditados los “desajustes” y “defectos” en la actuación, suficientes para considerar incumplido el contrato. El representante de la orquesta recurrió pero la Audiencia ha desestimado sus alegaciones y ha confirmado la resolución inicial. El tribunal provincial señala que la valoración de las declaraciones de los testigos fue “razonable”, y que confirmaron la existencia de “numerosas irregularidades e incumplimientos”, que podían se apreciados por “un oyente medio” y que fueron corroboradas con la grabación de vídeos que fueron aportados al procedimiento judicial.

El juzgado Nº2 de la sección de lo contencioso-administrativo de Santiago de Compostela ha condenado al Sergas a indemnizar con 190.000 euros a una viuda y a su hijo menor de edad por el retraso en el diagnóstico de cáncer de páncreas de un hombre de 54 años que murió por esta causa en 2022 en el hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo.

Tal y como se recoge en la sentencia, la magistrada considera que existió demora tanto en el diagnóstico como en el tratamiento, lo que “influyó decisivamente en la evolución de la enfermedad y en su fallecimiento”, informa Europa Press.

Apuntan también que, dado el hombre ingresó varias veces por dolores abdominales (entre 2018 y 2020), entre otros síntomas -bajó de peso drásticamente en poco tiempo-, era fumador y tenía antecedentes de cáncer, “existieron datos alarmantes o de sospecha de la malignidad de la lesión”.

De hecho, relatan, ingresó varias veces con diagnóstico de pancreatitis, primero aguda, y luego crónica. No fue hasta casi 2021 cuando se le diagnosticó el tumor, por el que permaneció ingresado en el servicio de oncología.

Por su parte, la Consellería de Sanidade se defendió argumentando una dificultad en el diagnóstico por no presentar el paciente los síntomas más comunes de la enfermedad, alegato que la jueza desestima en este auto.

Por todo ello, la magistrada estima, en parte, el recurso de la familia y decreta una indemnización de 95.000 euros para la viuda y otra de igual cantidad para el hijo.

Abanca obtuvo en el primer trimestre de 2026 un beneficio atribuido de 207,5 millones de euros, un 5,7% menos que en el mismo periodo de 2025, cuando ganó 220 millones de euros, según ha informado este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y recoge Europa Press.

El margen de intereses decreció un 4,3%, aunque los ingresos por prestación de servicios aumentaron un 21,6% y el margen básico subió un 0,3%, hasta los 496,5 millones de euros. Los gastos de explotación crecieron un 2,7%, hasta los 288,6 millones de euros.

Así, el banco que preside Juan Carlos Escotet registró una pérdida en términos interanuales de 0,5 puntos porcentuales en su ratio de eficiencia, que cerró marzo en el 51,9%. Durante el primer trimestre a entidad ha registrado más de 37.000 altas de clientes.

La planta de aluminio de Alcoa en San Cibrao, municipio de Cervo (Lugo), ha completado el rearranque de todas sus cubas este martes después de la parada de electrólisis que comenzó en enero de 2022. Ese cese total de la actividad duró dos años, hasta comenzar con el proceso de reactivación a inicios de 2024.

De ello informa este martes el presidente del comité de empresa, José Antonio Zan, citado por Europa Press. Zan indica que el arranque “se ha producido según lo estimado”. “Ahora mismo tenemos la producción de electrólisis con 512 cubas en funcionamiento, lo cual lleva a arrancar todas las que habíamos parado en enero de 2022, más las 35 que estaban paradas con anterioridad”, explica.

Esta fecha llega con retraso respecto al acuerdo de viabilidad firmado entre representantes de la empresa y de los trabajadores que fijaba la reactivación del 100% de las cubas para octubre de 2025. Este proceso se vio interrumpido por el apagón ocurrido en toda España el 28 de abril de 2025 y a este evento atribuyó la empresa la previsión anunciada poco después de que no cumpliría con lo pactado.

Al respecto, Zan se queja de que “se ha realizado fuera de todos los plazos del acuerdo de viabilidad, sin negociarlo y sin buscar soluciones a otros problemas graves como es el horno de cocción”. Remarca que este “es un elemento fundamental, dado que una cosa es arrancar la planta y otra cosa es el futuro de la planta”.

“El acuerdo de viabilidad conllevaba inversiones y la más importante, que era más de 100 millones de euros, era el horno de cocción, que nos garantizarían como mínimo 40 años de estabilidad, lo cual no tenemos por culpa de una decisión arbitraria de Alcoa e incumpliendo totalmente dicho acuerdo”, censura.

Seis poderosas entidades bancarias se lanzaron sobre Sandra Ortega por considerar que había avalado los préstamos por valor de 140 millones de euros que Room Mate, la compañía hotelera de Kike Sarasola, les dejó sin pagar. La mujer más rica de España —con un patrimonio estimado de 10.000 millones— se defendió desde el primer momento argumentando que ella no había suscrito esos documentos y que su firma fue falsificada por el que había sido su hombre de confianza hasta 2020, José Leyte. Por cuarta vez, un tribunal le ha dado la razón. La magistrada del Juzgado de Instancia número 58 de Madrid ha rechazado el recurso presentado por Société Generale, que se suma así a los carpetazos recibidos por las demandas de EBN, Banca March y Abanca. Todavía quedan otras dos causas pendientes, las presentadas por Bankinter y Deutsche Bank.

Société Generale y su filial SocGen Financiaciones reclamaban a la hija del fundador de Inditex —“Amancio está preocupado, igual que estaría cualquier padre”, contaron a elDiario.es fuentes de su entorno al inicio de esta ofensiva— algo más de 20 millones de euros por el aval de dos créditos a Room Mate en 2018 y 2020, cuando Rosp Corunna, la sociedad de Ortega, poseía el 30% de la propiedad de la hotelera. La sentencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, avala que ella no rubricó esas cartas e incluye el informe del perito calígrafo que atribuye su autoría a la persona que, desde hacía más de dos décadas, había gestionado los negocios, primero de Rosalía Mera y, después, de su hija: “Todas las firmas habían sido realizadas por una misma mano, sin lugar a dudas la de don José Leyte Verdejo”, algo que, según el escrito de la jueza, éste nunca negó, aunque aseguró hacerlo siempre con el conocimiento de su jefa.

Este hecho supuso la ruptura de Ortega con Leyte, a quien denunció por falsedad documental en un juzgado de A Coruña tras el primer intento de la banca por recuperar sus préstamos. El tribunal herculino archivó la causa por “falta de indicios de criminalidad”, tras lo que las entidades financieras renovaron una batalla judicial que, hasta el momento, ha seguido dando la razón a la administradora única de Rosp Corunna. En conversación con elDiario.es, Leyte ha evitado valorar esta nueva sentencia, que desconoce, en un proceso en el que, según dice, sólo actuó como testigo.

Descartada la autenticidad de la firma, la jueza considera que Société Generale tampoco pudo acreditar “el conocimiento y consentimiento” de los avales por parte de Ortega, defendido en solitario por Leyte. La sentencia no ahorra reproches al banco. “El perjuicio causado tiene su origen en una actuación negligente e impropia de una entidad financiera, que tiene un deber de diligencia cualificado que excede del propio de un padre de familia”, dice textualmente. Una negligencia que no sólo se limita a no haber comprobado la autenticidad de la firma; también a no hacer lo mismo con la “valoración de solvencia crediticia” de Room Mate.

Según la magistrada, ni Société ni Socgen “acreditaron” ninguna actuación con la que comprobasen o verificasen la autenticidad de la firma. “No se solicitó la firma ante notario, ni de forma presencial por la Sra. Ortega ante apoderados de las entidades crediticias, ni se realizó comunicación alguna con Rosp Corunna salvo a través del director General, el Sr. Leyte”, pese a que conocían que sus poderes limitados le impedían avalar préstamos de ese calibre. Tampoco solicitaron una reunión ni una comunicación telefónica con la administradora única.

Frente a este comportamiento, la directora del centro de empresas de Caixabank en A Coruña, “entidad que trabaja habitualmente con Rosp desde hace 20 años”, reconoció que la forma habitual de llevar a cabo este tipo de operaciones es “mediante firma presencial de Dña. Sandra Ortega y una o dos personas apoderadas de Caixabank”. “También se hace ante Notario”, añadió antes de manifestar que la propietaria de Rosp Corunna “siempre firma personalmente” y que su entidad “no flexibiliza los controles pese a que los clientes sean habituales”.

La del diseñador gráfico es una tarea con más responsabilidades de las que aparenta. A él corresponde inventar las formas visuales en que una sociedad se comunica. Dotarlas de lógica y coherencia. Hacerlas bellas según los consensos, o no, de la época. Provocar que hablen. En el caso de Pepe Barro (Pontedeume, A Coruña, 1955) esa sociedad es Galicia y las formas, desde los carteles de oposición a la finalmente no construida central nuclear de Xove en los 70 a la renovación de la Casa da Matanza -el museo de Rosalía de Castro-, de las cajas de huevos de una pequeña empresa rural a la maqueta del único diario en papel redactado en gallego, Nós Diario. “Trabajamos en un lenguaje internacional y en una koiné gráfica internacional”, sostiene Barro, “pero pasaba igual en el Románico. Lo había en Santiago y en Alemania”. Con acentos singulares, sin duda. Los de este artista gráfico, clave en el desarrollo de la disciplina en la comunidad desde la restauración democrática, los recoge ahora O libro de Barro (Didac, 2026), unas memorias gráficas de 400 páginas que concentra “lo esencial” de su trabajo y de su idioma.

Hace tres años, Barro envío a amigos y conocidos uno de esos libritos autoeditados con que los obsequia de vez en cuando. 1973. O ano decisivo, se titulaba. “Estudiaba Filosofía y Letras en la Universidade de Santiago y ese año hice dos o tres carteles para la asociación cultural O Galo”, relata elDiario.es, “me fui enredando y me decanté hacia el diseño. Abandoné la carrera y hasta hoy”. O libro de Barro, que recoge en una vistosa edición la síntesis del archivo del diseñador depositado en la Fundación Didac, de cuadernos manuscritos a reportajes fotográficos de sus labores museográficas, de bocetos de carteles a un catálogo de símbolos y anagramas, arranca con ese primer diseño: un cartel para la Homenaxe a Castelao organizada por O Galo, una de las agrupaciones de referencia en la resistencia cultural antifranquista. “En los años 70 nadie sabía lo que era el diseño en Galicia”, asegura en la entrevista con David Barro que abre el volumen. Fue su generación, de la que formaban parte Xosé Diaz -hijo de Isaac Díaz Pardo- o Lía Santana, la que lo remedió. En su caso, de la mano de Ventura Cores (Cee, 1931- Pontevedra, 2015), pintor e interiorista al que reconoce como maestro.

“El diseño gallego se fue desarrollando en paralelo a la construcción de su mercado”, explica, “cuando yo era joven, los diseñadores éramos pocos, y el mercado estaba reducido a la industria cultural. Ya no. La sociedad ha madurado y comprendido la necesidad de nuestro trabajo”. Barro vivió esa profesionalización durante los 80 y los 90 en solitario o integrado en despachos como BC&D, Grupo Revisión Deseño o Barro Salgado Santana. Pero antes, los años pioneros. Fue cuando Pepe Barro se hizo cargo del diseño de A Nosa Terra, cabecera histórica del nacionalismo gallego resurgida a finales de los 70 con un enfoque izquierdista y moderno, dirigida entonces por la periodista, escritora y cineasta Margarita Ledo. También trabajó para la industria cultural, por ejemplo para la recién constituida editorial Xerais, quizás la pieza clave del libro gallego en la etapa autonómica. A ese mundo ha seguido vinculado, sobre todo a través de las cubiertas para las obras del escritor Suso de Toro, amigo personal, de Caixón desastre (Xerais, 1983) a Terra de sacrificio (Xerais, 2025).

A Nosa Terra no fue la única experiencia periodística de Barro. En 1987 formó arte de la sala de máquinas de Diario de Galicia, un diario progresista y fugaz cuya dirección recayó en Xosé Antonio Gaciño. La subdirección, en Manuel Rivas. “Fue uno de los primeros periódicos del Estado en usar ordenadores para el diseño”, asegura. El cambio tecnológico es otra de las constantes en las reflexiones de Pepe Barro, quien recuerda algunas de las transformaciones con las que ha lidiado su oficio: la fotocopiadora que ampliaba o reducía, “un avance brutal”; la fotocopiadora a color; la fotografía digital. No sale de casa sin tres objetos, de los que nacen no pocos de sus proyectos: un cuaderno, una pluma y su teléfono móvil. “A mi generación le tocó aprender de nuevo a trabajar con la popularización de la informática”, considera, “y vencer el miedo a la homologación, a que todo iba a ser igual hecho por ordenador. No fue así, superamos los fantasmas del cambio tecnológico. La cabeza es la que rige, está claro”.

Tampoco le asusta la llamada -numerosos expertos critican la denominación- inteligencia artificial. “Es otro fantasma que va a ser dominado y una herramienta maravillosa para nosotros”, dice, “veo el problema de si le pides, no sé, el cartel para las fiestas de Pontedeume. Lo hace, pero saqueando nuestro trabajo. Quizás funcione a un nivel popular, pero para el trabajo serio va a seguir confiándose en la cabeza de los diseñadores”. No por nada Pepe Barro asegura que lo que más le interesa de su profesión, cincuenta años después, son los “nuevos retos”. “Tengo que pasarlo bien trabajando, si no, no me sale bien”, afirma divertido. Pero no solo del futuro inmediato vive el artista gráfico.

Historia de las formas gallegas

O libro de Barro recoge además algunas de sus investigaciones sobre la simbología nacional gallega. Las agrupa bajo el epígrafe de Divulgación. La historia de la actual bandera de Galicia es una de sus obsesiones. Según su tesis, la tela blanca con franja azul claro de izquierda a derecha en sentido descendente la ideó el historiador Manuel Murguía, marido de Rosalía de Castro, por encargo del Centro Gallego de La Habana, que le habría solicitado un estandarte para sustituir el de la Cruz de Santiago en el último cuarto del siglo XIX. “Hasta ahora teníamos una descripción del estandarte de Murguía, pero el investigador Sixto Gómez Echemendia ha encontrado una imagen del mismo”, revela. La teoría hasta ahora más aceptada sitúa su origen en la enseña de la provincia marítima de A Coruña, que a finales del XIX eliminó una de las dos aspas azules cruzadas en diagonal para evitar confusiones con otras. Según el diseñador, esto sucedió un mes después del traslado de los restos de Rosalía de Castro a Bonaval, en Santiago de Compostela, el 25 de mayo de 1891. En esa ceremonia habría ondeado la bandera de la franja azul, ideada por Murguía y cosida por Alejandra Murguía de Castro. Barro desarrolla su argumentación en un ensayo publicado en el Boletín da Real Academia Galega.

“Siempre me ha interesado desvendar la historia y los significados de la simbología patriótica gallega, desde el punto de vista político y desde el cultural”, apunta. Aunque insiste en defender que el diseño gráfico es un lenguaje internacional, también sabe que “hay formas que tiene carga simbólica”. Menciona, por ejemplo, los motivos de inspiración celta, que en el caso de Galicia sufrieron una transición, del dolmen o anta como figura principal al trisquel y las representaciones solares. Dos libros “a medio hacer” le servirán para seguir ordenando sus indagaciones al respecto. Porque si un elemento ha caracterizado el medio siglo de trayectoria como diseñador es el pensamiento sobre el propio oficio. Él mismo se lo pregunta al final de esta conversación con elDiario.es: “¿Por qué tiene interés un diseño una vez que su mensaje ha caducado? ¿Por qué tiene interés la imagen de una virgen? No por la representación teológica, sino por cómo está pintada, por esa carga poética”. “Encontrar su expresión es lo que todavía me motiva cada vez que me encargan un trabajo”, concluye.

Barro presentará O libro de Barro en el Museo de Belas Artes da Coruña acompañado de Mónica Maneiro, de la Fundación Didac, y del escritor Suso de Toro el jueves 28 de mayo.

Non o disimulaba, ao contrario. A súa escritura estaba situada, había un programa. “Intentar a construción dunha narrativa explicitamente feminista”, resume María Xesús Nogueira, unha das especialistas na súa obra. Nunca desatendía, porén, a pescuda formal. As dúas novelas que publicou nos seus 50 anos de vida asaltan Homero e Cunqueiro e devolven a outra face da mitoloxía: a ollada das mulleres, a emerxencia do negado. “O bo das feministas é que o dicimos abertamente, non existe a neutralidade, tampouco na literatura”, declaraba Begoña Caamaño nunha entrevista meses antes de morrer, en 2014, debido a un cancro. A Real Academia Galega dedica o Día das Letras á autora de Circe ou o pracer do azul (Galaxia, 2009) e Morgana en Esmelle (Galaxia, 2012), inseirida nunha longa xinea de escritoras que procuraron politizar a literatura para subtraela á dominación patriarcal.

“Begoña abriu un camiño cun obxectivo claro”, concorda Lara Rozados, canda Charo Lopes autora do estudo Begonha Caamanho, uma das nossas (Através editora, 2026), “reconstruír os arquetipos da mitoloxía, aqueles que practicamente nos configuran como civilización, os clásicos e os célticos”. Circe ou o pracer do azul, a primera das novelas publicada case por sorpresa por esta xornalista radiofónica nada en Vigo en 1964, protagonízana Circe e Penélope, que cruzan cartas e informacións sobre Ulises, Laertes ou Telémaco. “Oh, magnifica Penélope, se de verdade quixerdes fuxir dun mundo feito á medida dos homes”, escribe cun coidado estilo que arremeda a literatura grecolatina, “consagrádevos a deidades más favorábeis ás mulleres”. Morgana en Esmelle, por outra banda, recompón o mundo artúrico e, en diálogo coas reapropiacións que Cunqueiro ensaiara no Merlín e familia (1955), coloca a Morgana, filla do rei Gorlois e da súa muller Igraine, no centro dunha trama sobre a asunción das consecuencias. Cando morreu, Caamaño, feminista militante, sindicalista e significada independentista de esquerdas, recollía documentación para escribir a terceira pata da triloxía, dedicada a Sherezade e o universo das Mil e unha noites.

Christa Wolf, Atwood, Angela Carter

“Non é tanto que rescriba os mitos, senón que coloca o foco noutro lugar. Desenterra as historias que hai por debaixo da Odisea ou da Materia de Bretaña”, engade Rozados. A estratexia enlaza co facer de autoras como a alemá Christa Wolf en Cassandra (1983), a canadiana Margaret Atwood en The Penelopiad (2005) ou a británica Angela Carter a respecto dos contos populares. Nas letras galegas fora, porén, un método menos habitual. Rozados menciona Amantia (1984), a novela de María Xosé Queizán (Vigo, 1939) dedicou ao círculo de mulleres ilustradas que acompañaba ao bispo Prisciliano na Galicia do século IV, e, da mesma autora, a obra de teatro Antígona, a forza do sangue (1989), que traslada o mito grego ao Reino de Galicia de Don García, no século XII. María Reimóndez, ela mesma novelista, ensaísta e tradutora, coincide: María Xosé Queizán é talvez a máis egrexia das narradoras feministas galegas. “Buscamos as nosas devanceiras, buscamos as nosas iguais e buscamos as que virán”, engade Reimóndez, para quen o feminismo na literatura depende sobre todo de dous aspectos, “a mirada e a intención da escrita”.

Pero tamén Queizán, que ten 87 anos e publicou en 2015 a súa última novela -Son noxento- e en 2020 o seu último ensaio -Despoxos e vísceras ilustres- ten devanceiras. María Reimóndez vai tan atrás que chega á poeta fundacional da literatura galega moderna, Rosalía de Castro (1837-1885), pero sinala entre as contemporáneas a novela Adios, María (1971), de Xohana Torres (1929-2017), publicada por primeira vez en Bos Aires. “Xunta a conciencia de clase e a conciencia de xénero”, argumenta sobre un clásico de culto que relata, mediante unha técnica avanzada que inclúe monólogo interior ou saltos temporais, a historia dunha adolescente cuxos pais emigran a Francia. Lara Rozados está de acordo e mesmo aventura unha comparación: a súa protagonista, María, queda no país mentres os seus pais marchan e “non deixa de ser unha pequena Penélope”.

Máis escéptica respecto dunha xenealoxía da narrativa feminista na literatura galega é María Xesús Nogueira. “Entendo que na poesía, especialmente na dos 90, a relectura de Penélope é unha tradición gritante”, aduce, non poucas das poetas desa xeración en diálogo aberto co célebre EU TAMÉN NAVEGAR de Xohana Torres -o poema e a poeta que Caamaño elixiu para o pórtico de Circe ou o pracer do azul. “Pero”, engade Nogueira, autora con Ana Romaní de Volveredes brindar por min. Unha biografía de Begoña Caamaño (Galaxia, 2026), “resúltame máis complicado pensar en antecesoras da obra de Caamaño, fóra de voces illadas. Agora os tempos mudaron e si apareceron”. A nómina da novela feminista contemporánea, ou da novela atravesada de feminismo, aumenta a cada paso. O último premio Follas Novas á mellor novela, Punto de araña (Galaxia, 2025), de Nerea Pallares, sen ir máis lonxe, unha historia de realismo lírico e á vez fantástico localizada en Camariñas, na Costa da Morte, onde as palelleiras exercen de demiúrgas secretas do mundo.

“A escritura feminista non é só un estilo ou o tema”

“Se algo é relevante en Begoña Caamaño é a súa coherencia”, sostén Reimóndez, “e esa coherencia provoca ás veces rexeitamento, porque é como un espello. Un espírito coherente entre discurso, obra e acción semellante véxoo en contemporáneas como Eli Ríos ou Susan Sánchez Arins. A escritura feminista non é só un estilo ou uns temas, é tamén participar na sociedade”. Ríos e Sánchez Arins, como Reimóndez, fan parte do activo blog de crítica literaria feminista A Sega. Lara Rozados amplía a taxonomía e mesmo estabelece subdivisións: se a segunda e moi celebrada novela de Teresa Moure, Herba Moura (Xerais, 2005), facía que a raíña Cristina de Suecia discutira a Descartes, ambos os dous namorados en secreto, Berta Dávila asenta a súa escritura, limpa e profunda, na experiencia e nesa tan discutida e presente etiqueta, a autoficción, en obras como Illa Decepción (2020) ou Os seres queridos (2002). Rozados fala ademais da “distopía feminista” do Clan das barbies (2024), de Antía Yáñez, ou da reconstrución histórica de Besta do seu sangue (2018), en que Emma Pedreira revisa cunha sorte de lirismo escuro e perspectiva de xénero a figura de Romasanta, o célebre licántropo de Allariz.

“Existe unha vontade común de recoller a tradición, a historia ou a mitoloxía e darlle outra forma, outra ollada, a das subalternas”, sintetiza Rozados a súa análise da narrativa feminista galega. Ese foi, finalmente, o programa da breve pero intensa e recoñecida obra -Morgana en Esmelle obtivo case todos os galardóns de narrativa no ano da súa publicación- de Begoña Caamaño. María Reimóndez e María Xesús Nogueira tamén apuntan ao coidado da forma e ao seu modelo de escritura. “Ás veces pénsase que a escritura feminista son os temas e déixase de lado a innovación formal”, entende Reimóndez, “e a forma é o que que máis me interesa de Caamaño”. A propia escritora, que por certo non gustaba de se considerar escritora, explicábao durante unha presentación do Morgana en Compostela recollida no libro de Rozados e Charo Lopes: “Eu non creei as mulleres das que falo. Tampouco eu as re-invento. Non me cómpre facelo: existen de seu e están en todas partes”. A literatura, finalmente, como mecanismo para alumear zonas que ficaban, por séculos, en sombra.

Era sábado e fora con Uxía á manifestación do 8 de marzo en Compostela. Aquel ano iamos protestar, sobre todo, polo anteproxecto de lei do aborto do Goberno de Rajoy, que recortaba considerablemente os dereitos das mulleres. Fomos pola mañá, de vagar, e xuntámonos con Begoña Caamaño. Ao rematar a mani, acabamos tomando un aperitivo na terraza do Bicoca, cerca da Porta do Camiño. Había un sol feble, cunhas raiolas que aspiraban a ser luz. Agora, co tempo, caio na conta do feble que era todo aquel día, só uns meses antes de que Begoña Caamaño falecese, ese mesmo ano.

Begoña tiña nese momento unhas mans fermosamente fracas, cheas de abelorios violetas, de aneis violetas, de pulseras violetas, de unllas violetas. Uxía tamén levaba as mans adornadas de abelorios violetas. Comezamos a conversar e Uxía colleu as mans de Begoña. Non as colleu un momento. Collíaas todo o tempo, luíndoas, coidándoas. Non podo percibir do que se falaba nese momento, porque me abstraín naquela imaxe que me parecía cargada de poesía. Collín un iPhone que tiña nese momento e decidín facer a foto das mans violeta das dúas amigas.

Eu non retrataba as mans da Begoña escritora ou da Uxía cantante. Retrataba as mans de dúas persoas ás que coñecía de pasar bos momentos. Na Casa da Camboa, que compartían ambas na Illa de Arousa, que se converteu nun centro de música, festas e conversas, ou no 16 co seu Etxaniz, na Casa das Crechas ou pola Rúa de San Pedro. Nalgúns momentos, nalgunhas noites sobre todo, tiñamos cadrado saíndo de troula pola noite compostelá. Begoña esparexía alegría, cunha mirada entre doce e pillabana, entre intelectual e gamberra. E nese gamberrismo tiñamos un nexo co que eu conectaba.

Bebiamos polos bares e despois cantabamos cancións. Pero non cantigas de amor ou de amigo. Ou si. Cantigas de amor, pero da escola da canción melódica mediterránea daqueles tipos, italianos case todos, de impostada voz resgada. Cancións dun deles que nos fascinaba aos dous: Sandro Giacobbe. Un día empezamos a falar dun dos seus grandes éxitos, Jardín Prohibido. “Por favor, Sandro Giacobbe. Unha das cancións de amor máis fillasdeputa de todos os tempos”, analizaba Begoña. Aquela canción na que contaba que lle puxera os cornos á muller, pero cando estaba coa amante seguía pensando que era ela, que o sentía pero que a vida érache así.

Si el placer me ha mirado

a los ojos y cogido la mano,

yo me he dejado

llevar por mi cuerpo

y me he comportado

como un ser humano,

lo siento mucho

la vida es así,

no la he inventado yo

E despois seguía cunha set- list interminable, cunha memoria prodixiosa para as letras que eu nunca tal vira, que reproducía letras que ían de Gavilán o Paloma de Pablo Abraira, pasando por Te Amo de Umberto Tozzi ou outra imprescindible como Bella sin Alma, de Richard Cocciante. Este era o cumio da voz resgada italiana que tentabamos arremedar. Nalgunha homenaxe a Begoña deberían poñerse as imaxes da actuación de Richard Cocciante cantando Bella sin Alma no Festival de Viña del Mar, a finais dos 70, vestido cun traxe branco ao piano, suando e entrando en transo. Teríalle gustado moito.

Da melódica mediterránea aos cantautores cubanos e ao seu amado Silvio Rodríguez; do rock'n'roll á música tradicional galega, todo o abranxía saltando dun lado a outro. A Begoña fascinaríalle contar no Diario Cultural toda a revolución da música tradicional agora mesmo, esta mestura electrónica, estas letras tan desacomplexadamente diversas, esa fulminación das barreiras encorsetadas da masculinidade. Cantar nos bares Marimondra Maricón ou Miña Vasoira, Vasoira miña, porque en dez anos pasaron cousas tan incribles que mudaron o rumbo da música galega. O Día das Letras Galegas, o 17 de maio, tamén debería haber alguna celebración nun karaoke, porque lle tería gustado. O problema sería como resumir a súa inabarcable set-list.

Despois da morte de Begoña Caamaño, volvín moitas veces a aquela derradeira foto que lle fixera. Volvín pensar nas lembranzas, naquel día e naquelas mans violetas. Era as mans coas que tecleou centos de textos para Andado a Terra, para o Diario Cultural; as mans de Circe e de Morgana e as mans coas que ergueu un millón de veces o puño contra as inxustizas e na defensa irrenunciable da loita feminista.

Aquela foto foi en marzo de 2014. Begoña morreu en outubro. En novembro estaba Uxía de aniversario e chamoume Ana, unha das súas irmás. Pediume se podía pasarlle a foto para facer un cadro e darllo como agasallo. Un pintor galego fixo o cadro como encargo a partir daquela foto do 8 de marzo. Despois vin moitas veces a foto, mil veces reproducida, celebrando o feminismo por bares e escaparates de Compostela. Alegroume moito que aquela foto se convertese nun símbolo da reivindicación feminista. Non foi unha foto tirada de xeito inocente. No fondo, para iso foi feita tamén, aquel 8 de marzo, naquela terraza na que o sol quería saír e batía feble nas mans violeta.

Begoña escribiu despois, sabendo que a súa vida se esgotaba, unha longa carta, emocionante, para despedirse de Uxía, amiga común da alma. Nela contáballe que lle gustaría ir adormecendo escoitando o Alalá das Mariñas cantado por ela, “cada vez máis lonxe”, como un xeito de “despedirse en paz”. Uxía homenaxea agora a Begoña Caamaño co seu disco Indómitas, un “latexo emocional e político”, como lle gusta dicir, cheo de vida violeta. Co tempo pensei que aquel día, as mans de Begoña entrenzadas coas de Uxía estaban aferrándose á amizade fiel, aferrándose á vida, como intuíndo que aquel ía ser o seu derradeiro 8 de marzo. Gustoume moito ter feito aquela foto, pero entristéceme pensar que non houbese máis. Sorrindo na Comboa, conversando no 16 ou cantando Jardín Prohibido de Sandro Giacobbe, nunha esmorga ata o mencer polos bares de Compostela.

Etiquetar a Víctor Aparicio (Tui, 1958) resulta casi imposible. Aunque marcado para siempre con el nombre de la banda que le dio su primera fama, Los Coyotes, limitarlo al liderazgo de aquel combo que pasó del psychobilly a abrazar antes que nadie los ritmos latinos sería quedarse muy corto. Sobre todo porque Los Coyotes se disolvieron en 1992 y, desde entonces, Víctor no ha parado.

No sólo ha continuado su particular carrera musical sino que la ha compatibilízado con sus trabajos como dibujante, diseñador, cineasta o realizador de videoclips. No en vano, él mismo dice de sí mismo que tiene “más vista que oído”. Sus Traballos de película (Trabajos de película) reunidos en una particular exposición son uno de los platos principales de esta edición del Festival de Cans (O Porriño, Pontevedra), donde estrena un cortometraje inédito.

A continuación, con él como guía, repasamos algunos de los carteles, videoclips o storyboards que se pueden visitar hasta el 31 de mayo.

A verdadeira historia de Carmiña Vacaloura e Pepiño Grilo de Maestro Reverendo (Xabarín Club, 1995)

No muy conocida más allá del telón de grelos, Carmiña Vacaloura protagonizó los terrores de toda una generación de niños gallegos enganchados al Xabarín Club, donde descubrieron a Son Goku o Arale. La canción –“muy rara”– fue compuesta por el Maestro Reverendo, compinche durante años del Gran Wyoming, y el líder de Siniestro Total, Julián Hernández. “Había una parte, la pesadilla de Carmiña, un poco psicodélica, como una especie de hipnosis”, admite Coyote a quien muchos de aquellos pequeños –ahora adultos– le han confesado el miedo que les causó el clip. “Creo que es ese tipo de miedo que los niños necesitan de vez en cuando, ese que tiene el morbo de 'no quiero mirar pero miro'”, reflexiona mientras encuentra antecedentes oníricos en la escena de la borrachera de Dumbo, la de los elefantes rosas. “En el Xabarín lo anunciaban como el primer videoclip de animación hecho en Galicia y por gallegos”, recuerda sobre una producción que fue “agónica” porque los plazos de entrega eran “inminentes”.

Milonga del Marinero y el Capitán. Los Rodríguez (1995)

Los Rodríguez no sabían que apenas les quedaba un año juntos y estaban disfrutando de su mayor éxito cuando a Coyote le surgió la oportuindad de encargarse del clip de la Milonga, el tema que abría el disco Palabras más, palabras menos. La banda, que le ofrecía un “importante presupuesto” y la posibilidad de rodar en cine, “no quería un vídeo con un marinero, un capitán y una rubia loca”. Sin embargo, lo que el artista les ofreció fue justo eso: seguir casi al pie de la letra el argumento de la canción, pero pasándola por su filtro particular, en la que él mismo se encargó de diseñar el vestuario y el decorado. El resultado final dejó “una estética un poco esclava de El gabinete del doctor Caligari y el expresionismo alemán, pasado por el humor español –a veces tonto, a veces completamente absurdo– de La Codorniz”.

Cartel de Matías, juez de línea (La Cuadrilla 1996)

Coyote ya había aparecido con un pequeño papel en Justino, un asesino de la tercera edad, antes de encargarse del cartel de Matías. La Cuadrilla o, lo que es lo mismo, Santiago Aguilar y Luis Guridi, eligieron Lugo, “cerca de Viveiro”, para rodar el segundo film de su trilogía Café, copa y puro –el cierre llegaría dos años después con Atilano, presidente–. En el diseño, el artista podía haber optado de nuevo por las influencias de La Codorniz –muy evidentes en el humor negro de Justino– pero la “onda” de esta comedia invitaba a mirar más allá de las fronteras de la península. “Buscábamos un modelo de película un poco antigua, como las cintas inglesas de los años sesenta, pero que también tuviese algo que ver con lo que les gustaba a Santiago y Luis: el cine de Tati, un poco de Tintín...”.

Sábanas Blancas, Cama estrecha. Mastretta (1998)

“Es un videoclip un poco artie, porque Mastretta también es un músico un poco artie”. Coyote se toma un momento de reflexión y va un paso más allá para completar su definición: cool artie. Recuerda el proceso de creación como “bastante libre”, un trabajo en el que pudo combinar una animación de corte más tradicional con imagen real, aunque de nuevo tocaba rizar el rizo: tras grabar a las gimnastas, acabaron “animándolas frame a frame”. “Es un clip interesante y que creo que está muy adecuado a la música, que es de lo que se trata cuando te encargan algo así”. Que se lo digan a Los Rodríguez.

Cartel de Crimen ferpecto (Álex de la Iglesia, 2004)

Desde su estudio madrileño Pocateja, Coyote y su socio fueron derivando su trabajo de las discográficas hacia el mundo del cine, donde lo mismo se encargaban del diseño que del atrezzo. Crimen ferpecto transcurre casi íntegramente en un ficticio centro comercial, Yeyos. Pocateja tuvo que crear todo el grafismo de aquel espacio: “los anuncios de rebajas, los nombres de las secciones... hasta el logotipo de los grandes almacenes”. Finalmente, el director les propuso, también hacerse cargo del cartel de la película. “Álex ya tenía una idea bastante clara de lo que quería, porque es muy solvente en el aspecto gráfico, dibuja mucho, hace muchos stories...”. Todo eso se completó con la edición de un libreto, una revista para los medios y hasta una publicación destinada a la prensa internacional para la proyección en el extranjero.

Storyboard de la documovie Siñor Afranio (2008).

“Yo no tengo formación audiovisual, pero siempre trabajé en el comic”. Para Víctor Coyote, la única diferencia entre el arte secuencial y el cine es que en éste último “hay más fotogramas”. Por eso, él siempre tiró de storyboards para sus vídeos o sus documentales (Traballadores de contrabando, Só concertinas), antes incluso de que esa práctica estuviese extendida. En Siñor Afranio dio un paso más. La historia del político republicano Antonio Alonso Ríos, que sobrevivió a la Guerra Civil haciéndose pasar durante tres años por un mendigo portugués, incluía escenas de ficción, en las que el líder agrarista era interpretado por Luís Tosar. Esa recreación, “bastante espectacular”, exigió “subir el nivel técnico”. “Es uno de los stories más currado de todos los que hice y fue muy importante para el rodaje”, concluye.

Joven de cuello vuelto. Víctor Coyote (2014)

Este videoclip, para un tema propio, necesitaba ir “muy pegado a la línea de la canción” y, por eso, para su autor la “clave” era conseguir a personajes muy adecuados a los protagonistas. Encontró a un “auténtico” joven de cuello vuelto, “uno que había sido mod y había pasado de eso a convertirse en poeta o fan de la poesía”. Lo mismo le sucedió con la actriz Arantxa de Juan, a quien reclutó para el papel de “la mujer madura”. Por el medio, de la trama jugó con los ambientes porque “los clips no pueden ir remarcando demasiado la lectura de la letra” (¿En qué quedamos, Víctor...?).

Cabecera de la serie Poquita Fe (Pepón Montero y Juan Maidagán, 2023)

“Es uno de los trabajos más recientes y de los más satisfactorios a nivel artístico de los últimos años”. Coyote llegó como compositor a una comedia sin música incidental. “Un tema central y punto” para una cabecera de “quince o veinte segundos” que buscaba “ser diferente en cada capítulo y que la gente no se la saltase”. Acabó encargandose él mismo de la animación. “No querían que fuese una alusión directa a la serie –que presentase a los actores o adelantase lo que iba a pasar– sino al ambiente, al mundo de la serie”. Que Poquita fe se convirtiese después en un gran éxito sólo fue la guinda del pastel. “Una maravilla, por la libertad artística, por ponerle a los dibujos la banda sonora que una mismo compuso...”. Una banda sonora que, al igual que la cabecera, también varía. “En la primera temporada, dividida en los meses del año, adecuábamos el ritmo a la época: en agosto, calypso; en otoño, más pausados y melancólicos...”. Para la segunda, que transcurría en cuestión de días, jugaron con la melodía y los ambientes. El músico reivindica además el “costumbrismo” que impregna la serie: “Woody Allen es puro costumbrismo judío neoyorkino. Cuando los americanos ven a un detective en Minnesotta ven al típico... tío de Minnesota”. Por un momento, pareció que iba a mencionar al típico español, pero no era necesario: a ése ya le cantaron Los Coyotes cuando los 80 estaban a punto de despedirse.