Galicia estudia la posibilidad de que la cepa británica del coronavirus haya cruzado sus fronteras. Así lo ha confirmado el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, durante la rueda de prensa en la que el Gobierno gallego ha informado sobre los límites impuestos para la celebración de la Nochevieja en la Comunidad Autónoma. Según el relato del conselleiro las alarmas saltaron tras comprobar el positivo en las pruebas PRC de dos viajeros que comunicaron su llegada al servicio de registro habilitado por la administración gallega para las personas que llegan a la comunidad desde lugares con altos índices de incidencia del virus.

Comesaña ha explicado que se trata de casos en estudio y que las personas sospechosas de haberse infectado con la nueva cepa de la enfermedad tenían como destino localidades pertenecientes a dos áreas sanitarias diferentes, entre las siete que configuran el sistema gallego.

A pocos días del inicio del Año Santo, la Audiencia Provincial de A Coruña ha decidido meter en el cajón la causa abierta por la Asociación de Abogados Cristianos contra el dramaturgo y poeta Carlos Santiago a quien se acusaba de un delito de ofensa contra los sentimientos religiosos. La denuncia hacía referencia a las palabras supuestamente pronunciadas por Santiago durante el pregón de las Festas do Entroido (Carnaval) de 2018 en la capital gallega. Los magistrados han considerado que nadie ha podido probar que Carlos Santiago realizara entonces la siguiente afirmación: “Vuestra Pilarica se la chupa a mi Apóstol”. Y que, de haberlo hecho, estaría amparado por el derecho a la libertad de expresión.

El caso contra Carlos Santiago empezó a armarse tras una portada de El Correo Gallego, un diario local de corte conservador y relativamente frecuente en las mesas de los cafés de la capital gallega. El rotativo no dudó entonces en montar un escándalo con las palabras del orador elegido para dar la bienvenida al carnaval de aquel año con informaciones en las que se podían leer entrecomillados como los siguientes: “Habló de los huevos del Apóstol, llamó puta a la Virgen y dijo que la Pilarica le hacía una felación al Santo”. Nada de eso ha sido probado porque la Asociación de Abogados Cristianos, siguiendo la estela del pequeño periódico compostelano, no consiguió aportar ni una sola grabación del evento en la que se demostrase que tales frases habían sido pronunciadas en público.

El camino judicial que siguió a aquel pregón ha sido largo. En 2019 un juzgado de primera instancia archivó la causa pero la Asociación de Abogados Cristianos apostó por el recurso y obligó al intelectual a una nueva batalla ante la Audiencia Provincial. Este último organismo ha decidido sobreseer la causa en un auto del que el propio Santiago destaca “la calidad de la pieza jurídica” en la que se considera que “la incapacidad de los demandantes en precisar qué fue dicho y cómo fue dicho era razón suficiente para desestimar la causa”. Los magistrados añaden varias consideraciones en las que establecen que el pregón estuvo plenamente amparado por el derecho a la libertad de expresión y por el contexto del carnaval, así como por el carácter humorístico y no ofensivo de su tono y su contenido“.

En un comunicado difundido tras la decisión de archivo, Carlos Santiago asegura: “Toda esta polémica fue iniciada por una noticia de un periódico de la capital de Galicia que, sin respeto por la más mínima ética periodística, me atribuyó frases que nunca pronuncié, entre ellas que la virgen era una 'puta'. Eso provocó el escándalo, incendió las redes, así como todo el abanico de insultos, misas de desagravio y amenazas de muerte, fomentado alegremente por el citado periódico, contra mí y el entonces alcalde de Santiago, Martiño Noriega, así como contra nuestras respectivas familias”.

Autor y dramaturgo, el compostelano Carlos Santiago, histórico de la escena gallega y portuguesa, es uno de los fundadores de la compañía de teatro Chévere y de la Sala Nasa de Santiago de Compostela.

Como dramaturgo, Carlos Santiago es autor y director de numerosas piezas teatrales como Ascensão e Queda de Zé Grotewski, Monólogos Finlandeses, A Sega, Desacordos Ortográficos, A Leira Magnética o Salomé. Acaba de estrenar en Viseu (Portugal) De volta sem Magalhães con la compañía portuguesa Teatro Onomatopeia. 

Ha sido impulsor de Burla Negra, colectivo de artistas que surgió a raíz del desastre del ‘Prestige’. Carlos Santiago, fue fundador, vocalista y letrista de Nicho Varullo y de la Psicofónica de Conxo, dos bandas emblemáticas de la escena underground gallega.

 En la sátira que originó la polémica interpretaba a uno de sus personajes más conocidos como narrador oral, el Apóstolo Santiago.

La borrasca 'Bella', que ha dejado en las últimas horas rachas de viento de fuerza 7 y 8 en el mar, y olas de entre ocho y 10 metros, ha obligado a una veintena de buques mercantes y cargueros a buscar refugio en las rías gallegas.

Así, al abrigo de las islas Cíes, en la ría de Vigo, se encuentran fondeados casi una decena de buques que se encontraban en tránsito, con destino a puertos del norte de Europa. Entre ellos hay varios cargueros, un portacontenedores y dos barcos de transporte de productos químicos y combustible.

También en la ría de Pontevedra, al este del archipiélago de Ons, han buscado refugio cuatro cargueros con banderas de diferentes países; y, al este de Fisterra, también han fondeado cinco buques cargueros para abrigarse del temporal.

Por otra parte, en el ría de Ares ha buscado refugio otro barco, mientras que varios buques más, que tenían como destino los puertos de A Coruña y Ferrol, están también fondeados al abrigo de esta bahía a la espera de poder atracar en las terminales a donde se dirigían.

Las costas gallegas se encuentran bajo aviso rojo, en la Mariña lucense, la costa de A Coruña Noreste y la Costa da Morte, por vientos de fuerza 7 a 8, y olas de entre 8 y 10 metros. También hay aviso naranja en las Rías Baixas, por vientos de fuerza 7 y olas de 5 metros.

Dificultades para la pesca a las puertas de Nochevieja

Todo el litoral gallego continuará este lunes en alerta por los efectos de la borrasca 'Bella'. Los barcos que faenan en el exterior de las rías han tenido que limitar su actividad a zonas interiores en donde el menor oleaje les permite trabajar con los aparejos sin las complicaciones que añade la borrasca.

Los precios de pescados y mariscos se encuentran en esta época del año en máximos y la faena de las horas previas a la Nochevieja se está viendo condicionada por los efectos del mal tiempo. Sin orden de mantener las flotas atracadas a puerto, las tripulaciones pesqueras apuran las últimas jornadas para llegar a las lonjas con la mayor cantidad de producto en un momento en el que cada hora hora de trabajo a bordo puede multiplicar su valor siempre y cuando el oleaje y el viento lo permita.

A las puertas de las celebraciones navideñas, los datos de la COVID-19 en Galicia siguen sin retomar la tendencia descendente que se notaba hacia finales de noviembre. La presión asistencial por el coronavirus ha registrado de nuevo una subida en Galicia, con 55 personas ingresadas en las unidades de cuidados intensivos -cinco más que ayer- y 309 en planta -siete más-. Este indicador ha oscilado en las últimas semanas, pero los pacientes en la UCI no llegan a los 60 desde el día 7 de este mes.

En la pasada jornada el Servizo Galego de Saúde (Sergas) comunicó cinco fallecimientos, dos de ellos de personas que vivían en residencias de mayores.

Las cifras de nuevos contagios detectados por el sistema sanitario se mantuvieron un día más por encima de 400. Ayer se comunicaron 413 positivos, de los que 367 están confirmados a través de una prueba PCR. Pese a que se dieron también 380 altas, el número total de personas que tienen actualmente la infección se incrementa otra vez, después del descenso de ayer. Son 5.641, 23 más.

El sistema sanitario hizo 6.386 pruebas PCR en la última jornada. De cada 100, dieron positivo 6,3. El porcentaje se sitúa de nuevo por encima del 5% que la Organización Mundial de la Salud toma como referencia para valorar si la pandemia está controlada.

El área sanitaria con más nuevos casos detectados es la de Vigo, con 90. En la de Santiago se han comunicado otros 84, mientras que en la de Pontevedra han sido 62. Los nuevos positivos se sitúan en 49 en la de Ourense, en 46 en la de A Coruña, en 29 en la de Ferrol y en solo siete en la de Lugo.

Las autoridades, las políticas y las sanitarias, han encendido las alarmas. Los repuntes de contagios de coronavirus en ciudades como Santiago de Compostela o, en menor medida, Ourense, que habían pasado más de un mes cerradas y sin hostelería, y tres jornadas consecutivas de aumento de casos activos lo provocaron. Este jueves han vuelto a bajar, 35 menos, hasta 5.618. Pero se han detectado 402 nuevos contagios y murieron cuatro personas.

A las puertas de la Navidad, la Xunta de Galicia teme volver a perder el control del virus. Hace solo cuatro días que se quebró la tendencia descendente de más de cinco semanas. El conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, aseguró este miércoles que ls nuevas restricciones en algunos ayuntamientos son “preventivas, para intentar frenar la COVID y que se vuelva a la situación que corresponde”.

La presión asistencial en los hospitales se mantiene estable. En cuidados intensivos hay 50 pacientes, tres menos que en la jornada anterior. Hospitalizados en planta, 302, uno más que ayer. La cifra total de fallecidos desde que, entre finales de efebrero y comienzos de marzo, la pandemia llegó a la comunidad es de 1.327. La segunda ola ha registrado ya más decesos que la primera.

Cuatro centros escolares y 63 aulas permanecen cerrados después de que detectasen contagios entre los alumnos. En total, son 57.933 los casos de coronavirus detectados en Galicia, de los que 50.993 lo han superado. La Xunta asegura que ha realizado ya 1.016.839 pruebas PCR.

La comparecencia del director xeral de Asistencia Sanitaria del Servizo Galego de Saúde (Sergas), Jorge Aboal, para presentar el plan de salud mental hasta 2024 en una comisión parlamentaria derivó en reproches de la oposición, que acusó al alto cargo de “echar balones fuera” y de tratar de “regatear” asuntos como el de las deficiencias en la atención en el Psiquiátrico de Conxo, en Santiago. Una denuncia de Esquerda Unida por la “vulneración de derechos humanos” en este centro sanitario fue aceptada a principios de mes por la Comisión de Peticiones de la Unión Europea, que investigará el caso.

Un informe del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, redactado tras una visita sorpresa en 2017 al psiquiátrico, concluyó que había falta de personal, que algunos pacientes estaban sobremedicados y que se recurría inmovilizaciones como forma de castigo. En su intervención, Aboal apenas dio explicaciones al respecto. A pesar de que dijo tener una “ficha” sobre el centro, se limitó a indicar que la Xunta “colabora en todo momento” con el Defensor del Pueblo y a recordar que en octubre se archivaron las diligencias abiertas por la Fiscalía sobre la situación en este psiquiátrico.

El diputado del PSdeG Julio Torrado replicó que en el centro “se vulneran derechos humanos” y hay gente que pasa encerrada allí “50 años”. El asunto, reprochó, “no es merecedor” de que un alto cargo de la Xunta acuda a una comparecencia “a ver si regatea bien”. Otro de los puntos que generó tensión fue el de la extensión de los planes del gobierno gallego. Aboal hizo referencia al plan de salud mental aprobado en 2006 por el bipartito de socialistas y nacionalistas en la Xunta, que dejó de aplicarse con el cambio de gobierno en 2009. “Es de primero de planificación. Uno no puede planificar más allá del periodo que le toque gestionar”, dijo el director xeral.

Esta afirmación provocó un enfrentamiento con Torrado. “Ustedes presentaron el plan para 2020-2024 en junio y la legislatura acababa en un mes. Esto es ridículo. Para esto no venga”, respondió el socialista, que calificó de “bazofia” el argumento. Estas expresiones le valieron un toque de atención de la presidenta de la comisión, Corina Porro (PP). Ante las quejas del propio Aboal, Porro le dijo al diputado socialista que había llegado “al límite del insulto”.

La representante del BNG en el debate, Montse Prado, acusó a Aboal de “echar balones fuera” y de “trilerismo”. “En los presupuestos no hay actuaciones directas de la Xunta para acometer este problema”. El plan, agregó, “es insuficiente por la falta de profesionales y el modelo asistencial en el que se asienta”.

Aboal indicó que el año 2019 se cerró con 8.000 pacientes en la lista de espera y una demora media de 41 días para la primera consulta. Este año, con los datos hasta noviembre, son 5.023 los pacientes que aguardan una cita, con una espera media de 36 días.

Más de la mitad de los gallegos que han pasado el coronavirus se han quedado fuera del radar de la Xunta. En concreto, el 56,5% de las personas que los han contraído lo han hecho sin que los servicios autonómicos de salud lo hayan detectado. Es una de las conclusiones derivadas de la cuarta ola del estudio de seroprevalencia del Instituto de Salud Carlos III, que arroja otro dato significativo: en Galicia, una de cada 20 personas se han contagiado de COVID; en el Estado, 1 de cada diez. En lo que no existe variación significativa es en la letalidad: el 1,15% en la comunidad; entre el 1 y el 1,5%, según los datos de muertes que se usen, en la media estatal.

La investigación abarca los 11 primeros meses del año. Su cuarta fase, que fue presentada el pasado martes, se basa en 51.000 test rápidos realizados entre 16 y el 29 de noviembre a ciudadanos de toda España. Alberto Núñez Feijóo anunció en abril que su gobierno elaboraría su propio estudio serológico con más de 100.000 pruebas. Llegó a presentar los resultados de la primera parte. De la segunda nunca más se volvió a saber, pese a que la Consellería de Sanidade aseguró el 20 de junio que esta había terminado y se publicaría “en una semana”.

El del ministerio y el Instituto Carlos III ha detectado que 120.977 personas han desarrollado anticuerpos de COVID en Galicia. Esta cifra contrasta con los casos detectados, que en las fechas de realización del estudio eran 53.366. A día de hoy, informa el Servizo Galego de Saúde (Sergas), son 57.526. Así, solo el 43,5% de los contagiados consta para el Sergas. La Rioja, con el 66,4%; Murcia, con el 61,4%; Euskadi, con el 56,6%; Aragón, con el 55,7% y Cantabria, con el 44,8% rastrean la epidemia de manera más eficaz que Galicia. Navarra, con el 43,3%, y Andalucía, con el 42,9%, lo hacen de manera similar.

Fue precisamente el sistema de rastreo de la Xunta de Galicia objeto de polémica una vez que Feijóo afirmó que eran 6.000 las personas que se encargaban de esa función. Incluía a todos los trabajadores de atención primaria, algo contra lo que las propias asociaciones colegiadas y sindicatos protestaron: no habían recibido ninguna instrucción ni formación en ese sentido. Unas semanas después, el conselleiro Julio García Comesaña decía en sede parlamentaria desconocer en qué consistía un rastreador. La propia OMS daba sin embargo una explicación clara. El proceso de seguimiento de la transmisión de un virus “se denomina rastreo y se puede dividir en tres etapas básicas: identificación de los contactos, elaboración de una lista de los mismos y su seguimiento”. En noviembre, Feijóo volvía a cambiar de versión sobre el rastreo y aseguraba que eran 700 empleados “que se dedican a esto a tiempo completo”. Esta indefinición estaba relacionada con los datos que el propio Instituto Carlos III ofreció en agosto y según los cuales Galicia era el territorio donde más casos no estaban relacionados con otros casos, es decir, no se sabía su origen.

Los datos ahora recabados muestran que el virus ha circulado poco por Galicia. Con la estadística estructurada por provincias, la de A Coruña es la segunda de toda España con menor afectación del virus, con un 3,8%, solo por detrás de Tenerife. Lugo, con el 4,3%, es la cuarta, superada solo por Las Palmas. En Pontevedra han aparecido anticuerpos en el 4,8% de los ciudadanos, y en Ourense en el 6,2%. Esta realidad tiene una doble lectura, ya que puede facilitar la extensión del coronavirus en hipotéticas futuras olas de la pandemia, al haber menos personas presuntamente inmunizados por anticuerpos.

El comité clínico que asesora al Gobierno de Alberto Núñez Feijóo en materia de coronavirus se reúne esta tarde con dos tareas de envergadura sobre la mesa: ultimar el plan de la Xunta para la Navidad y diseñar la campaña de vacunación en Galicia. Lo hace cuando la tendencia a la baja de las cifras de la epidemia en la comunidad se ha interreumpido. Los casos activos suben por segundo día consecutivo y la presión asistencial no acaba de frenar.

Son 5.598 las personas que, a día de hoy, tienen el virus. Son 38 más que la jornada anterior y la posible confirmación de que hay una inflexión. El Servizo Galego de Saúde (Sergas) ha detectado 270 nuevos contagios, de los que 227 los ha determinado una prueba PCR. Han fallecido siete personas, lo que sitúa el total de muertos desde que la pandemia llegó a Galicia a finales de febrero, principios de marzo, en 1.319. Hace ya varios días que los decesos de la segunda ola han superado a los de la primera.

La presión asistencial en los hospitales gallegos, mientras, continúa. Un paciente más en cuidados intensivos hace que sean 56 las camas de UCI ocupadas. En planta hay 319, nueve más que 24 horas antes. Y las PCR practicadas se acercan, según la Consellería de Sanidade, al millón: 999.234. Mañana lo superarán.

En este contexto, y con el alcalde de Santiago de Compostela -Xosé Sánchez Bugallo- avisando de que es probable que haya que endurecer las restricciones apenas diez después de suavizarlas, el comité asesor de Feijóo tendrá que validar, o no, la idea de la Xunta de limitar los encuentros navideños a dos unidades familiares sin límite en el caso de convivientes. Según las últimas opiniones de Feijóo, que han variado a lo largo de las últimas semanas, esta condición resulta más adecuada que la figura de persona allegada propuesta por el Gobierno central.

El plan de vacunación pretende aprobarlo el gabinete de Feijóo en su Consello semanal del 17 de diciembre. Los asesores lo analizarán esta tarde, apenas dos días después de que unas declaraciones del presidente sobre los plazos del mismo antes de acordarlo en el consejo interterritorial de salud provocasen la respuesta del Gobierno central.

A finales de julio, cuando los casos de COVID-19 diagnosticados en Galicia empezaron a crecer de nuevo, el coronavirus volvió a entrar en las residencias de mayores igual que lo había hecho en los primeros meses de la pandemia. Basta un repaso a las actualizaciones diarias de fallecidos del Servizo Galego de Saúde (Sergas) para verificarlo. En cada parte aparecen personas que vivían en algún geriátrico gallego. Son tantos que ya constan más muertes en la segunda ola que en la primera: entre marzo y agosto se comunicaron oficialmente 274 y desde entonces se han sumado otras 283. En total son 557.

Esta cifra quiere decir que, de cada 100 personas cuya muerte se ha atribuido a la COVID-19 en Galicia, 42 eran ancianos residentes en centros geriátricos. De la comparación de este porcentaje con la media estatal echa mano el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, para defender su gestión en este campo. “Sí se ha protegido a los mayores”, respondió en una entrevista con Faro de Vigo publicada el pasado domingo, cuando se le preguntó sobre si las residencias han estado poco protegidas en la segunda ola. “Nuestra mortalidad está muy por debajo de la media de comunidades, siendo una de las autonomías más envejecidas de España”, argumentó y señaló que en todo el Estado la cifra es del 56%. Un documento de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales publicó a principios de noviembre una estimación oficial hasta el 23 de junio que calculaba que entre un 47% y un 50% de las muertes en la primera ola habían sido de usuarios de residencias de mayores.

La situación en estos centros en plena pandemia ha despertado preocupación e indignación y ha generado constantes protestas de asociaciones de familiares de ancianos ingresados en geriátricos en Galicia, pero no fue hasta el 10 de septiembre que la Xunta decidió hacer cribados quincenales al personal de las residencias. Pese a ello, los brotes no solo siguieron apareciendo, sino que lo hicieron, en muchos casos, cuando los afectados se contaban ya por decenas.

A mediados de noviembre, con las cifras totales de casos activos cerca del máximo de la pandemia en Galicia, el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, admitió que las autoridades sanitarias detectaban brotes ya extendidos en los geriátricos. Diez días después fue el propio Feijóo el que anunció, tras un Consello de la Xunta, que se harían pruebas a los trabajadores cada semana. “Las residencias son una de nuestras mayores preocupaciones y vamos a seguir apostando por la detección precoz”, dijo entonces. En la entrevista del domingo avanzó, antes de que el Gobierno central diese fechas concretas, que la vacunación contra el coronavirus empezará la segunda semana de enero en la comunidad y lo hará por los residentes en geriátricos.

Fuentes de la Consellería de Política Social apuntan a factores como que la segunda ola está siendo “más larga y con más incidencia” y a que se han adoptado medidas “diferentes” -se ha esquivado el confinamiento domiciliario- para explicar la evolución de los datos. La repercusión, argumentan, se ha notado “en toda España” y la gallega es “la tercera comunidad con menor incidencia de la COVID-19 en las residencias”. El porcentaje de fallecimientos vinculados a estos centros es inferior en la segunda ola que en la primera, añaden. Frente al 42,45% registrado desde agosto -entre el 10 de junio y el 7 de agosto en Galicia no se registraron muertes por coronavirus-, en los primeros meses de la pandemia el porcentaje fue del 44,26%.

Detrás de la extensión de la enfermedad en las residencias estuvo también la lentitud en dar los resultados de las PCR: la prueba realizada a un empleado del centro “Os Gozos”, en Pereiro de Aguiar (Ourense), dio positivo, pero él siguió acudiendo durante cinco días a su trabajo porque el Sergas se demoró 120 horas en comunicárselo. Los contagios superaron de largo el centenar. Desde que se detectó el foco y el hasta el 10 de noviembre se comunicó el fallecimiento de 35 personas.

La residencia de Os Gozos fue una de las 11 en manos privadas intervenidas por el Gobierno gallego desde que empezó la pandemia. En la primera ola, la Xunta tomó el control de cuatro centros. En la segunda ha entrado ya en siete tras dispararse los contagios. Una de las últimas fue la de Salvaterra (Pontevedra). Las condiciones en las que vivían los mayores en este centro llevaron a las trabajadoras a protestar públicamente. Las imágenes muestran colchones rotos y sucios y goteros colgados de lámparas y sus relatos hablan de ancianos encerrados.

El Gobierno gallego se ha encontrado también con un problema de falta de personal formado para cubrir las necesidades de los centros con decenas de ancianos y de trabajadores infectados. Llegó a prescindir de una PCR previa y a llamar a trabajadoras sin capacitación sanitaria para que se hiciesen cargo de plantas enteras de residencias. La Xunta argumenta que, en casos urgentes, se hace un test rápido antes de que el empleado se incorpore a su puesto y se le da formación allí mismo.

En la actualidad, hay 253 mayores y 162 trabajadores de geriátricos contagiados con el coronavirus. El peor brote es ahora mismo el de la residencia Vila do Conde de Gondomar (Pontevedra), con 66 ancianos afectados. Se trata, una vez más, de un centro privado. Le sigue el del centro Soremay, en Pontevedra, también en manos de una sociedad con ánimo de lucro. Feijóo y el PP no cuestionan este modelo. El presidente gallego señaló en la citada entrevista que no va a decir que “las residencias gestionadas por entidades sociales no tienen seguridad y profesionalidad”. Lo que hace falta, a su juicio, es que los protocolos funcionen en todas ellas y que las ratios de persona sean iguales, también en las públicas.

Los hospitales gallegos han vuelto a registrar un aumento de los pacientes ingresados por coronavirus. De acuerdo con los últimos datos del Servizo Galego de Saúde (Sergas), actualizados hasta las 18.00 horas de ayer, domingo, hay 55 personas en las unidades de cuidados intensivos -tres más que el día anterior- y 310 en planta -13 más-.

La semana en la que la Xunta prevé anunciar su plan para las celebraciones navideñas y la campaña de vacunación contra la COVID-19 arranca con el primer incremento en el número de casos activos en 19 días. Hay 5.560 personas pasando la infección en estos momentos, 39 más de las que constaban en la jornada anterior. En las últimas 24 horas se han detectado 371 contagios, 323 de ellos confirmados mediante pruebas PCR.

El Sergas ha notificado seis fallecimientos con COVID-19 en la última jornada, uno de ellos de una persona que vivía en una residencia de mayores. El total de muertes atribuidas al coronavirus desde que empezó la pandemia es de 1.312 en Galicia.

En las últimas horas se han realizado 8.040 pruebas PCR y 4,3 de cada 100 personas han dado positivo. Este porcentaje, que oscila día a día, se sitúa por debajo del 5% que la Organización Mundial de la Salud (OMS) toma como referencia para valorar si la pandemia está controlada.

Por áreas sanitarias, la que más casos nuevos aporta es la de Santiago, con 70. En la de A Coruña se han confirmado 61 nuevos contagios, en la de Ferrol han sido 48, en la de Vigo han ascendido a 47 y en la de Pontevedra, a 43. En la de Ourense se han comunicado 36 nuevos casos y en la de Lugo, 18.

Galicia ha comunicado la detección de 396 nuevos contagios de coronavirus en las últimas 24 horas, de los que 373 están confirmados a través de una prueba PCR. Este indicador lleva 15 días oscilando entre los 250 y los 400 nuevos casos diarios, sin llegar a superar esta última cifra. El Servizo Galego de Saúde (Sergas) ha notificado tres muertes en la última jornada, una de ellas de una persona que vivía en una residencia de mayores, la Soremay de Pontevedra. El total de fallecimientos desde que empezó la pandemia se sitúa en 1.306.

En la última jornada se han registrado más de 400 altas de pacientes con coronavirus, por lo que los casos activos han caído levemente, hasta 5.521 -nueve menos que ayer-. En las unidades de críticos siguen ingresadas 52 personas -dos menos-. En planta permanecen 297 enfermos -uno menos-. Otras 5.172 personas están pasando la infección en sus domicilios.

Las autoridades sanitarias realizaron 7.895 pruebas PCR en la última jornada y 4,8 de cada 100 de esos test han arrojado un resultado positivo. El porcentaje se sitúa cerca del 5% que fija la Organización Mundial de la Salud (OMS) para valorar si la pandemia está bajo control.

Por áreas sanitarias, las de Vigo (98 nuevos casos), Pontevedra (63) y Santiago (73) aportan más del 60% de los nuevos casos detectados. Los contagios comunicados en las últimas 24 horas son 41 en el área de A Coruña; 48, en la de Ourense; 26, en la de Ferrol; y 24, en la de Lugo.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado por su cuenta que la vacunación contra la COVID-19 comenzará en Galicia a finales de la segunda semana de enero o principios de la tercera. Va un paso más allá de los dados hasta ahora por el Ministerio de Sanidad, que está coordinando todo lo relacionado con las vacunas. Su titular, Salvador Illa, se ha limitado hasta el momento a indicar que las primeras dosis llegarán a España antes del 10 de enero, pero no ha concretado en qué fechas se empezarán a suministrar.

En una entrevista concedida a Faro de Vigo, Feijóo se adelanta anunciando el comienzo de la campaña de vacunación y del colectivo que primero recibirá la inmunización: las personas mayores, con la atención puesta prioritariamente en las que viven en residencias.

La compra de las vacunas está centralizada en la Unión Europea, que las repartirá entre los estados miembro y estos, a su vez, dentro de su territorio. El ministro Illa señaló a principios de noviembre, durante una visita a Galicia, que España tenía ya cerrados contratos con fecha de entrega con tres laboratorios. La primera que estará disponible será la de Pfizer. No obstante, tiene todavía que terminar el proceso de evaluación del Comité de Medicamentos Humanos (CHMP). La Agencia Europea del Medicamento ha señalado para ello la fecha del 29 de diciembre. La de Moderna lo hará previsiblemente el 12 de enero.

Feijóo ha rechazado dar la cifra de las dosis que recibirá Galicia porque aún no es definitiva, pero ha avisado de que las que recibirá la comunidad en la segunda semana del próximo mes “no van a llegar para todos los mayores”. Sí podrían cubrir a los que están en residencias geriátricas. Ha aprovechado para pedir que se tenga en cuenta en el reparto el número de personas mayores que hay en cada comunidad porque son un colectivo “de riesgo”. El Gobierno gallego está analizando “cuáles son los colectivos prioritarios” y prevé aprobar en el Consello de la Xunta de la próxima semana el plan de vacunación.

Como ya había adelantado el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, Galicia organizará al personal de enfermería con el que ya cuenta para la campaña de vacunación contra el coronavirus. Habrá un equipo cuya “misión única durante semanas” será esta, ha indicado el jefe del Ejecutivo autonómico en la entrevista. Las vacunas estarán asignadas a cada receptor de forma individual porque hay que suministrar una segunda dosis a las seis semanas y el Gobierno gallego busca, así, garantizar que las reciben las personas a las que le corresponden.

A la pregunta de si los ancianos que viven en residencias se podrán vacunar ya en enero, Feijóo ha contestado que “en las primeras cuatro semanas” desde que se inicie la vacunación. En cuanto a la logística para una vacuna que exige una conservación a temperaturas muy bajas, asegura que el Gobierno gallego analiza dónde conservarla, cómo transportarla y cómo establecer horarios específicos para cada centro de mayores al que se acuda.

Desde que comenzó la pandemia se han registrado oficialmente 556 fallecimientos vinculados con residencias de mayores, casi el 43% del total de muertes en Galicia. Para defender su gestión en este campo, Feijóo recurre a la comparación con la media estatal, que cifra en el 56%, y concluye que la comunidad está “muy por debajo”. “Sí se ha protegido a los mayores”, ha defendido. Ha argumentado que “no es fácil” actuar cuando estas personas se infectan.

El presidente gallego ha avanzado que la Xunta va a constituir un grupo de trabajo con arquitectos, geriatras, personal asistencial y especialistas en cuidados para “diseñar mayores precauciones desde el punto de vista arquitectónico y de circuitos en las residencias”. Ha admitido que “tendrá que incrementarse” la ratio de personal sanitario “o con conocimientos sanitarios” en estos centros y ha respaldado la gestión en los centros que no son públicos: “Jamás diré que las residencias gestionadas por entidades sociales no tienen seguridad y profesionalidad”. Lo que hace falta, a su juicio, es que “los protocolos funcionen en las residencias concertadas, en las residencias de iniciativa social y en las residencias públicas” y que las ratios de personal “sean iguales en todas”.

Acababa de morir Francisco Franco, en noviembre de 1975, y en Galicia no tardaron en surgir voces reclamando la restitución al pueblo del Pazo de Meirás. La familia del dictador no podía heredarlo sin más. “Siempre existió en la memoria colectiva que fue un robo. El problema era cómo conseguir su devolución. Había cero documentación”, recuerda Carlos Babío, una de las piezas clave del movimiento civil que propició alcanzar “lo impensable”: que la emblemática propiedad con la que se hizo en 1938 el autoproclamado jefe del Estado sea patrimonio público.

“Es una victoria absolutamente colectiva de la sociedad gallega, que se organizó desde la base para lograr que las administraciones se coordinaran y que el Estado cogiera la bandera”, defiende. Costó casi medio siglo en democracia construir, paso a paso, el consenso social y político, así como el relato histórico, riguroso y documentado, que fueron claves e imprescindibles para recuperar el pazo. Fue un proceso largo y difícil. La reclamación de las Torres de Meirás “responde a una madurez del sistema democrático”, recoge la jueza Marta Canales en la histórica sentencia que devuelve al Estado el dominio tras 82 años de ocupación franquista.

“El éxito se debe a que fue un proceso de unidad, de caminar todos juntos, sociedad civil y política, por un proyecto común”, reseña Emilio Grandío, uno de los profesores universitarios de Historia a los que acudieron desde el primer momento asociaciones y víctimas empeñadas en sacar a la luz uno de los expolios más simbólicos de la dictadura. Construir el relato histórico del pazo de Meirás “con hechos rigurosos y bien documentado” no resultó fácil, destaca el académico. Pero se logró y “marca la diferencia entre una dictadura, donde se mezcla público y privado, y una democracia”.

Complicado fue también lograr que todas las fuerzas políticas se pusieran de acuerdo para que actuaran las instituciones. “Hubo que saltar muchos obstáculos por la derecha y por la izquierda”, subraya Carlos Babío. Militante del BNG, formación por la que fue concejal de Sada, su historia personal nutre el relato de cómo la sociedad gallega logró articular la recuperación del pazo. Ver cómo cada vez que se mentaba su abuela Josefa rompía a llorar le llevó a convertirse en uno de los primeros investigadores y divulgadores de una historia, la del Pazo de Meirás, oculta, tabú y simbólica durante 40 años de dictadura y otros tantos de democracia.

Viuda con cinco hijos, dos de ellos pequeños, Josefa fue expulsada en 1938 sin mediar papeles ni dinero de su pequeña casa de labranza situada a pie del Pazo de Meirás. Los políticos y empresarios franquistas que querían regalárselo al autoproclamado caudillo necesitaban la humilde morada de los Babío para reconvertirla en la vivienda del guardia-hortelano de la mansión. “Si no se marchaba, sería transportada a 'zona roja' y dejada a su suerte”, relató otro de sus nietos en el juicio del pasado mes de julio.

En 1941, con Franco ya instalado en el que sería escenario estival de la dictadura, Josefa fue llevada a firmar una escritura de venta de la casa por 50.000 de las antiguas pesetas. Solo le dieron 5.000. Su historia está recogida en la sentencia como una de las pruebas de que hubo “transmisión forzosa” de las propiedades. No fue, como relatan el franquismo y miles de minutos del NO-DO, una “donación del pueblo” al dictador.

Los primeros movimientos

Las primeras iniciativas clamando por la devolución y negando legitimidad a la familia Franco para conservar la propiedad se presentan en 1977 de la mano de Asamblea Popular Gallega y el Centro de Cultura Popular de A Coruña. Poco después, Esquerda Galega presentó una batería de iniciativas reivindicando su restitución. Cuando A Coruña se rebeló en 1982 por la designación de Santiago como capital de la incipiente autonomía gallega, el exalcalde socialista Francisco Vázquez propuso comprarla por 180 millones de las antiguas pesetas para convertirla en sede de la Xunta de Galicia.

Seis años después hubo otra oferta institucional millonaria por parte de la Diputación de A Coruña, presidida entonces por uno de los hombres fuertes del PP gallego y ex alto cargo de la dictadura, José Manuel Romay Beccaría. Negoció con la familia Franco. Pero la operación no salió adelante. Aquel año murió Carmen Polo, la viuda del dictador, que cobraba una pensión pública de 12,5 millones de las antiguas pesetas, cuatro más que el entonces presidente del Gobierno, Felipe González. Y su hija única, Carmen, pasó a encabezar la familia, que consideraba el pazo como su búnker personal. Los Franco, en democracia, seguían siendo intocables.

La historia del Pazo de Meirás en la década de los 90 devolvió las reclamaciones a la oscuridad. Manuel Fraga, integrante en los años 60 de varios consejos de ministros del franquismo que allí se celebraron, se convirtió en febrero de 1990 en presidente de la Xunta. De Meirás solo se hablaba cuando los herederos del dictador vendían la exclusiva a revistas del corazón de algunas de sus bodas. Las fincas de vecinos incautadas por la fuerza, las donaciones obligatorias del pueblo “para pagar el pazo”, los testimonios orales de cómo fue “robado, no donado” eran “secretos a voces” que nadie se atrevía a comentar en público. “Muchas veces los vecinos me preguntaban si no temía represalias”, recuerda Babío, que buscó incansablemente documentos y testimonios. Hubo que esperar a 2005 para que las cosas empezaran a cambiar.

Los trámites para declararlo BIC

En A Coruña se creó la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica (CRMH) y grupos de trabajo con académicos para intentar construir el relato histórico del pazo. En junio las urnas desbancaron a Fraga de la Xunta, que pasó a manos de socialistas y nacionalistas. Dos años después, el BNG consiguió, por primera vez en democracia, la Alcaldía de Sada. “Cuando llegué al despacho, tuve que quitar el retrato de Franco”, cuenta el que ocupó entonces el cargo de regidor, Abel López. Su antecesor desde el principio de la democracia, Ramón Rodríguez Ares, es un ferviente franquista. Durante los veranos del dictador en Meirás, era mancebo de farmacia y le llevaba las medicinas. En el juicio del pasado mes de julio, declaró como testigo de los Franco.

Para los nacionalistas de Sada, entre ellos Babío, concejal del gobierno municipal hasta 2011, era la oportunidad de avanzar en la reclamación del pazo. La Consellería de Cultura, en el reparto del Gobierno bipartito de la Xunta, estaba en manos del Bloque. Y tenían documentación que corroboraba “el expolio que la memoria colectiva mantenía vivo”, dice López. Plantearon y convencieron a la entonces conselleira, Ánxela Bugallo, para que tramitase un expediente para declarar las Torres de Meirás bien de interés cultural (BIC). Eso obligaría a los Franco a abrirlas al público cuatro veces al mes. Pero los herederos del dictador, aquel agosto de 2007, dieron con las puertas en las narices a los técnicos de la Xunta que acudieron para inspeccionar la propiedad y comprobar si reunía las condiciones para ser catalogada y protegida.

“Lo del BIC era dar un primer paso. No era el fin último, la devolución del pazo, pero no se podía decir, había que ir poco a poco, ser prudentes”, relata el exalcalde nacionalista. “Fueron momentos muy duros, nos dio cero rédito político, perdimos mucho. Meirás se llenó aquel verano de prensa rosa y programas de telebasura que defendían, como los Franco, aquello de 'Santa Rita, lo que se da no se quita'”. Hasta los vecinos de Meirás, una parroquia rural de la villa costera de Sada, se rebelaban contra la declaración de protección cultural del pazo. Alentados por el PP local, estaban convencidos que la declaración BIC les impediría “mover una teja de sus casas u obrar en sus fincas”. Y la familia Franco se amparó en la Constitución y en sus derechos fundamentales para emprender una cruzada judicial contra el Gobierno bipartito de la Xunta. Invocaba la inviolabilidad de su domicilio.

Pero la resistencia de los descendientes del dictador tuvo, no obstante, un efecto bumerán y propició que se pusiese el foco en el colosal patrimonio con el que se hizo Franco durante la dictadura. Disfrutaban en democracia de toda impunidad. Las Torres de Meirás eran el símbolo de aquel expolio. Los movimientos civiles, a través de asociaciones cada vez más activas y organizadas, consiguieron levantar el manto de silencio que protegía a los herederos. La contestación social no cesaba de crecer. En Madrid, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero daba luz verde a la primera Ley de Memoria Histórica. En Meirás, para escenificar su control sobre el pazo, la familia celebró en el verano de 2008 el enlace de una bisnieta. Pero esta vez la noticia también estaba en las puertas del edificio: hubo una 'contraboda' amenizada con charanga y muchos gritos de “devolución del pazo que el pueblo pagó de su bolsillo”. La presión social era cada vez mayor.

La primera inspección del pazo

Poco antes la Xunta, presidida por el socialista Emilio Pérez Touriño, había logrado al fin que un juzgado de lo contencioso-administrativo permitiese, por primera vez en una democracia entonces ya treintañera, que el poder público entrase en el Pazo de Meirás. Los técnicos realizaron una inspección de la propiedad y un exhaustivo reportaje gráfico, “que se guardó bajo 7.000 llaves”. “Teníamos miedo a dar un paso en falso y que la familia consiguiese anular todo el proceso por vulnerar su derecho a la intimidad”, cuenta Carlos Amoedo, entonces secretario xeral de la Consellería de Cultura. Los Franco seguían siendo “intocables”, recalca el ex alto cargo, catedrático de Derecho Administrativo. “Pero las cosas se fueron haciendo bien. Hay que hacer una lectura ecuánime de todo este proceso, en el que todos fueron necesarios, nadie sobró. Costó pero se logró”, defiende.

El Pazo de Meirás fue declarado BIC, en la categoría de sitio histórico, el 30 de diciembre de 2008. Un par de meses más tarde, Alberto Núñez Feijóo se convirtió en presidente de la Xunta. Y esperó a que el Tribunal Supremo avalara en 2010 la catalogación de la propiedad de los Franco. Aquel fallo daba la razón a la Xunta pero también a la familia del dictador, en cuanto a que no todas las estancias del edificio podían abrirse al público. Seguía jurídicamente siendo “un domicilio privado”.

Feijóo se plegó a los deseos de los Franco y pagó con fondos públicos durante dos años (2011 y 2012) las visitas al pazo, que abría cada viernes. Mientras, avanzaba y mucho la investigación sobre cómo el dictador se hizo con el dominio. Apareció un informe oficial y reservado de 1939, firmado por un teniente coronel de la Guardia Civil, que desvelaba con detalle la operación para comprar, ampliar y entregarle a Franco la propiedad enclavada en Sada. Se había pagado con dinero público: todos los ayuntamientos de la provincia de A Coruña fueron obligados a pasar por caja y entregar el 10% de lo que recaudaban con el impuesto de la contribución.

Nuevos documentos

“Ese documento dio un salto cualitativo a la investigación, cambió el relato”, subraya Emilio Grandío. Permitió, además, descubrir muchos otros documentos ocultos en archivos, recabar pruebas en ayuntamientos de aquellos pagos. Pero la devolución del pazo al patrimonio público “seguía siendo una auténtica quimera”, dice el historiador. “Seguíamos reclamándolo, pero sin avanzar”, corrobora Carlos Babío. Y es que tampoco existía aún el imprescindible consenso político. Núñez Feijóo y su partido se oponían a cualquier demanda de restitución. Expropiarlo sería aplicar “un mecanismo franquista”, afirmaba el presidente gallego en otoño de 2017.

Pero ese año hubo varios “detonantes” que dieron un giro a la reclamación social cada más fuerte, explica Babío. La familia del dictador puso las visitas al pazo en manos de la Fundación Francisco Franco, quien dejó claro que las aprovecharía para hacer apología de la dictadura. La Xunta dejó hacer.

La Diputación de A Coruña constituía la Xunta Pro Pazo con una ristra de ayuntamientos, universidades, instituciones y entidades sociales, todas unidas por el objetivo de articular un plan sólido y documentado para devolver el Pazo de Meirás al patrimonio público. “Era la primera vez que se llevaba al plano institucional lo que reclamaba la calle”, explica Babío. Poco después, el PP gallego, con la abstención de una escéptica oposición, acordaba crear una comisión de expertos “para analizar los mecanismos” para una restitución “sin implicar un coste al pueblo gallego, que ya lo asumió en 1938”.

Ambas iniciativas políticas llegaron a la misma conclusión: la única forma de desalojar a la familia del general golpista de la propiedad que ocupaba desde hacía ocho décadas era que fuese el Estado el que hiciese la demanda judicial. Pedro Sánchez acababa de desbancar a Mariano Rajoy en La Moncloa y el Parlamento gallego aprobó por unanimidad instar al nuevo Gobierno central a reclamar ante la Justicia el Pazo de Meirás. Que todos los partidos se pusieran de acuerdo requirió “mucha altura de miras y sentidiño”, afirma Fernando Souto, presidente de la CRMH de A Coruña.

A punto estuvo de irse a traste el consenso político imprescindible para llevar a buen puerto la demanda. El PP de Feijóo “dio un giro de 180 grados”, se congratulan Babío y Souto. Pero en el ala contraria se mantenían las divergencias y había quienes aún seguían defendiendo que lo más efectivo era la carta de la expropiación forzosa de los Franco. “No fue fácil conseguir que se uniera la izquierda, hubo que hacer mucha pedagogía”, confiesa Babío. Pero se logró.

Una unanimidad infrecuente

Souto también remarca “la enorme diversidad de gentes e instituciones de todos los colores” que están detrás de este triunfo. “Meirás es un entramado de corrupción y actitudes antidemocráticas que siguen aún vigentes, y desenredar esa maraña se consiguió porque hubo un punto de encuentro de todo el espectro político”, afirma. Que nadie se atribuya paternidades, ruegan. “No es frecuente esa unanimidad, ojalá se mantenga”, apunta Emilio Grandío. El Estado tomó posesión este viernes del Pazo de Meirás y ya están sobre la mesa las diferencias sobre los usos y gestión que se dará a la propiedad, provisionalmente en manos públicas hasta que haya sentencia definitiva.

“Esto fue posible porque se ha hecho entre todos”, sostiene Carlos Babío. El exconcejal del BNG de Sada colaboró estrechamente con la Abogacía del Estado en los muchos meses que le llevó armar la demanda y testificó como perito de la administración en el juicio de julio pasado. Su libro Meirás. Un pazo, un caudillo, un espolio (2018), coescrito con Manuel Pérez Lorenzo, fue incorporado como prueba documental en el abultado sumario. Permitió, dice la jueza en su sentencia, “comprender el proceso histórico”. La sentencia da por “probados muchos de los contenidos del libro y afirmaciones de sus autores”.

Y es que explicar qué representa hoy el Pazo de Meirás sigue sin ser fácil. “Me hacéis un esquema para que lo entienda”, reclamó la joven Tania cuando el año pasado se planteó en la CRMH hacer una exposición sobre el tema. Durante meses, una decena de veinteañeros arquitectos, sociólogos, periodistas e historiadores estuvieron confeccionando un recorrido gráfico y didáctico por la historia del Pazo de Meirás que, en grandes paneles, está en las calles del centro de A Coruña. “Una visión del futuro sobre los errores y trampas del pasado”, afirma el presidente de la Comisión pola Memoria Histórica. Porque de eso se trata, coincide Carlos Babío: de que “Meirás sirva de ejemplo de lo que ocurre en dictadura y de lo que no hay que hacer nunca en democracia”.

El pleno de la Real Academia Galega (RAG) para homenajear a Ricardo Carvalho Calero se ha celebrado este año casi siete meses más tarde de lo habitual debido a la situación de confinamiento en la fecha que le correspondería, el 17 de mayo. El presidente de la RAG, Víctor F. Freixanes, ha reivindicado en el acto de este sábado, y en presencia del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, el uso de la lengua propia “en todos los ámbitos”, también en “todas las materias, sin excepciones”, del sistema educativo, informa Europa Press.

“En estos días en que vuelve a discutirse la utilidad de los idiomas y alguien quiere reducir la cuestión a términos cuantitativos y excluyentes, la Real Academia Galega reivindica el uso y la presencia de nuestra lengua en todos los ámbitos, como hicieron los precursores de las Irmandades da Fala, los precursores de Nós”, ha manifestado Freixanes, en alusión a las críticas a la denominada Ley Celáa.

La RAG, ha dicho, inició contactos con el Euskaltzaindia y con el Institut d'Estudis Catalans para “abrir un debate sincero e interesar a todo el Estado español en un patrimonio” lingüístico que quiere considerarse “común”.

En su intervención, Feijóo ha considerado que el intelectual al que se dedicó en 2020 el Día das Letras Galegas se destacó por “un amplio legado” que está “alejado de cualquier tentación doctrinaria” y que “ayudó a criar gallegos libres que propician una cultura y una lengua libres”.

Carvalho Calero fue defensor y teórico del acercamiento ortográfico del gallego al portugués. El presidente de la Xunta ha resaltado que luchó “por un reencuentro con el pueblo hermano” del que Galicia se alejó por “aventurados acontecimientos”. “Más allá de controversias eruditas sobre los formatos ortográficos, la intuición de don Ricardo se anticipa con acierto a nuestros tiempos”, ha asegurado.

El número de pacientes con COVID-19 ingresados en unidades de críticos ha vuelto a subir ligeramente en Galicia, hasta los 54 -tres más que en la jornada de ayer-. Ha bajado, sin embargo, la cifra de enfermos en planta, que son 298 -11 menos-. En las últimas 24 horas el Servizo Galego de Saúde (Sergas) ha comunicado el fallecimiento de diez personas con la enfermedad, cinco de ellas residentes en centros de mayores, que siguen aportando a diario a la lista de muertes.

El sistema sanitario gallego detectó en la última jornada 340 nuevos contagios, de los que 301 están confirmados a través de una PCR. El total de casos activos se sitúa en 5.530. Este indicador encadena 17 días seguidos de descensos y se sitúa en el nivel más bajo desde el 20 de octubre.

El número de pruebas PCR realizadas en las últimas horas se mantiene en niveles superiores a 7.000. En concreto, se hicieron 7.653 y dieron positivo 3,4 de cada 100 de estos test. La Organización Mundial de la Salud (OMS) toma como referencia el 5% de positividad para valorar si la pandemia está controlada.

Por áreas sanitarias, la que registró un mayor número de nuevos positivos fue la de Santiago, con 72. En Pontevedra se comunicaron 58 contagios y en la de Vigo se sumaron otros 52. Los datos del Sergas incluyen 43 positivos en la de A Coruña, 30 en la de Ourense, 28 en la de Ferrol y 18 en la de Lugo.

La Xunta de Galicia mantiene cerradas perimetralmente cinco de las siete principales ciudades gallegas -A Coruña, Ferrol, Vigo, Pontevedra y Lugo- y ha decidido restringir la movilidad en otros seis municipios que permanecían abiertos hasta ahora: Sarreaus y A Rúa (Ourense), Camariñas y Zas (A Coruña) y Tomiño y O Rosal (Pontevedra). El subcomité clínico, reunido este viernes, ha relajado las restricciones en 13 municipios, aunque en diferente medida. Todas las novedades entrarán en vigor este sábado.

El conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, ha afirmado que Galicia “sigue con una buena evolución de los datos generales”, con una incidencia acumulada a 14 días de 167,88 casos por 100.000 habitantes. Ha apelado, en cualquier caso, a mantener la “máxima prudencia”. En este contexto, ha explicado que se alivian las medidas en las ciudades de Lugo y Pontevedra (y en los ayuntamientos aledaños de Poio y Marín), lo que supone que podrán aumentar aforos en la hostelería, pero sin permitir entradas y salidas de los territorios sin motivo justificado. La capital lucense pasa a un nivel medio, de manera que se podrán reunir ya seis personas no convivientes y los bares podrán atender al 40% de la capacidad en el interior y al 50% en el exterior.

En el caso del grupo integrado por Pontevedra, Poio y Marín, salen del nivel máximo de restricciones y se sitúan en uno medio-alto. Las reuniones de personas que no viven bajo el mismo techo siguen limitadas a cuatro, pero la hostelería puede abrir en el interior al 30%, aunque solo hasta las 17.00 horas. Las terrazas seguirán funcionando a mitad de su capacidad.

Además de en estos cuatro ayuntamientos, las medidas se han aliviado en otros nueve. Pasan del máximo al medio-alto Narón (que se une a Ferrol) y O Porriño (que se integra con los del área de Vigo). Por su parte, estarán desde mañana en el nivel básico de restricciones Silleda, Ribadavia, A Laracha, Cabana de Bergantiños, Malpica, Vilanova de Arousa y Xinzo de Limia. Esto quiere decir que las reuniones pueden ser de hasta seis no convivientes y que la hostelería puede abrir al 50% en el interior y al 75 por ciento en las terrazas.

Los seis ayuntamientos en los que se endurecen las restricciones abandonan el nivel básico y pasan al medio-alto, de modo que se quedan cerrados perimetralmente. Es llamativo el caso de Sarreaus, el municipio con los peores datos de Galicia, con una incidencia acumulada de 3.614 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días. La cifra tiene que ver con el pequeño tamaño de su población. Comesaña ha indicado que “la buena noticia” es que se ha hecho un cribado que ha incluido a la práctica totalidad de los vecinos, por lo que los casos están aislados.

La Xunta someterá a vigilancia especial los ayuntamientos de Abegondo, Neda, Ordes, Vilagarcía, O Barco, Rodeiro, Verín, Bueu, Santa Comba, A Baña, Mazaricos, Negreira, Boiro, Ribeira, A Pobra do Caramiñal y Rianxo.

El conselleiro no ha querido adelantar cómo será la campaña para suministrar las vacunas contra el coronavirus en Galicia. El dato del número de dosis que recibirá la comunidad aún “no es cierto”, ha argumentado. Sí ha apuntado a que los responsables de poner las vacunas serán los profesionales de atención primaria, en concreto, los de enfermería. Será “similar” a las campañas de vacunación habituales.

Tampoco ha concretado cuál será la propuesta gallega para las navidades, algo que se decidirá en el comité clínico del próximo martes. Aunque no ha mostrado una oposición frontal, ha dicho que Galicia no maneja “el concepto de allegado de momento”. La recomendación de la Xunta sigue siendo que se reúnan solo convivientes para las celebraciones y, si no es así, propone que no se mezclen más de dos unidades familiares.

Los nuevos contagios de coronavirus han vuelto a subir en Galicia, con 358 detectados en las últimas 24 horas -324 de ellos confirmados mediante una PCR-. Son 68 más que los comunicados ayer, cuando se produjo un descenso en este indicador. En la última jornada el Servizo Galego de Saúde (Sergas) ha informado de seis fallecimientos debidos a la enfermedad, tres de ellos de personas que vivían en residencias de mayores. El total de muertes confirmadas oficialmente desde que empezó la pandemia es de 1.293.

La presión hospitalaria cede ligeramente en la comunidad por el descenso de los pacientes con COVID-19 ingresados en planta. Son 309 -12 menos que ayer-. No obstante, los enfermos que requieren cuidados intensivos se mantienen en cifras cercanas al medio centenar desde hace cuatro días. En la última actualización de los datos figuran concretamente 51.

El total de casos activos ha vuelto a reducirse debido al gran número de altas dadas en las últimas 24 horas -463-. En la actualidad están pasando la infección 5.684 personas. No había una cifra tan baja desde el 22 de octubre. Las autoridades sanitarias gallegas hicieron 7.471 pruebas PCR en la última jornada y 5,4 de cada 100 de estos test dieron un resultado positivo.

Los nuevos contagios de coronavirus detectados en Galicia durante las últimas 24 horas han descendido. Fueron 290, de los cuales 255 han sido confirmados por PCR. Los casos activos son 5.795.

Alberto Núñez Feijóo volvió a presumir este miércoles de las cifras de la comunidad en lo que respecta a la pandemia, y afirmó que sigue siendo la de menor ocupación en UCI y la segunda con menos pacientes hospitalizados. A 10 de diciembre, son 50 las personas en cuidados intensivos y 321 las hospitalizadas en planta. Bajo seguimiento domiciliario hay 5.424.

Pero lo que el presidente de la Xunta calificó como “demoledor” fue el número de muertos. El Gobierno gallego comunicó el fallecimiento de seis personas, con lo que el total desde que la epidemia llegó a Galicia entre finales de febrero y comienzos de marzo es de 1.287. Los decesos en la segunda ola ya superan los registrados en la primera, aunque precisamente este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE) ofrecía una imagen diferente.

Según el organismo oficial, en la comunidad gallega murieron entre marzo y mayo 643 personas debido al COVID. La Consellería de Sanidade, sin embargo, habla de 619. El INE cree que además hay otras 76 defunciones sospechosas de ser causadas por el virus. Se basa en los certificados médicos de defunción según la metodología de la OMS, por la cual los fallecidos por coronavirus “son aquellos en los que se había identificado que esa persona tenía la patología”, informa Europa Press.

Los casos totales acumulados consignados por la Xunta son 55.367, de los que 48.285 han sido dados de alta. El Servizo Galego de Saúde (Sergas) asegura haber realizado 960.143 pruebas PCR, 7.907 en la última jornada.

El Pazo de Meirás es ya patrimonio de todos. El Estado tomó este jueves posesión formalmente de la propiedad enclavada en Sada (A Coruña), que fue refugio literario de Emilia Pardo Bazán antes de convertirse en escenario estival de la dictadura y, luego, en dominio privado de la familia de Francisco Franco. Bajo custodia pública también quedarán, hasta que haya sentencia firme, todos los bienes, muchos de incalculable valor, que hay en el interior del singular castillo de tres torres y sus jardines. Tan indignados están los herederos del dictador que decidieron dar plantón a las administraciones públicas. No acudieron al acto de entrega. “Para no prestarse al circo, no nos iban a dejar retirar nada”, explicó en una emisora uno de los nietos, Francis Franco.

El plantón de los herederos del dictador no alteró la agenda oficial para entregar la mansión, por sentencia judicial y con carácter provisional, pero sí hubo una novedad en cuanto a los 697 bienes catalogados por orden judicial en el interior del pazo y sus jardines. La Abogacía del Estado decidió hacer constar que dos de esos bienes -la Casa de las Conchas y el pequeño hórreo anexo- “no forman parte de lo revindicado por la administración”. La jueza Marta Canales, autora del histórico fallo que otorga al Estado la emblemática propiedad con la que se había hecho el general golpista en plena Guerra Civil, decidió dar un plazo de 20 días a la administración para determinar qué bienes han de ser entregados a los Franco. Fue ella también la encargada de poner en manos de la abogada del Estado Consuelo Castro las llaves del recinto.

En la víspera de la entrega del Pazo, otro de los nietos de Franco, Jaime, se encargó de ir hasta Sada para “despedir a los criados”, el matrimonio de guardeses que habitan en la propiedad, y dejar las llaves en el juzgado número uno de A Coruña. Mientras las administraciones públicas estaban reunidas este miércoles en A Coruña para decidir el uso y gestión de las Torres de Meirás, el nieto de Franco las recorrió una última vez con un equipo del periódico ABC para hacer un amplio reportaje gráfico del interior del inmueble y relatar la “tristeza brutal” de la familia por tener que entregarlo tras ocuparlo 82 años.

Los herederos del dictador están muy enfadados porque dicen que ni siquiera han podido retirar sus pertenencias personales. “Ni la ropa interior ni unas raquetas de pádel, no vaya a ser que me metan en la cárcel”, protestó Jaime Franco. Ahora será la Administración, depositaria de esos bienes, quien deberá determinar en 20 días cuáles son esos objetos y muebles que tienen carácter personal y deberán ser devueltos a la familia. De momento, solo se sabe que puede recuperar la Casa de las Conchas, también llamada O Paciño, así como su hórreo diminuto. Se trata de la pequeña réplica en granito del pazo que, a modo de casa de muñecas, el dictador hizo construir en el jardín para Carmen, su única hija, ya fallecida.

Patrimonio Nacional asume desde este jueves la titularidad del Pazo de Meirás. Durante un mes, quedará cerrado para que los investigadores puedan hacer un exhaustivo informe sobre el estado de las instalaciones y de todo lo que allí hay. Antes de entregar las llaves, la Marta Canales encabezó la comitiva judicial que, con ayuda de los técnicos que realizaron el primer inventario de bienes, estuvo comprobando durante unas tres horas que todo estaba en el interior de la propiedad tal y como lo encontraron cuando la inspeccionaron el pasado 11 de noviembre.

Que la entrega del Pazo de Meirás al patrimonio público coincida con la celebración este jueves del Día Internacional de los Derechos Humanos “da una significación especial” al acto, remarcó la abogada general del Estado Consuelo Castro. “Es un día que deja la sensación de justicia histórica, que devuelve el Pazo a manos de las que nunca debió haber salido, que son las del Estado, por haber sido una residencia oficial. Vuelve a manos de los ciudadanos gallegos, todos lo hemos hecho”, afirmó. 

Fuera, bajo la lluvia, estuvo toda la mañana, además de un enjambre de periodistas y cámaras, una amplia representación del movimiento cívico que, como destacaba la sentencia que otorgo la propiedad al Estado, inició hace años el proceso para la recuperación de las Torres. Especialmente emotivo e histórico es el día para uno de los que más investigaron y lucharon por ello, Carlos Babío. Es nieto de una vecina de Meirás que en 1938 fue expulsada con sus tres hijos de su pequeña casa porque fue incorporada a la propiedad regalada al autoproclamado jefe del Estado.

Durante las próximas semanas también avanzarán las administraciones públicas (Estado, Xunta de Galicia, Diputación de A Coruña y los ayuntamientos de A Coruña y Sada) en el diseño del plan de usos y gestión del pazo hasta que haya una sentencia definitiva. Deberá trazar “la verdad del paso de Franco con perspectiva democrática” y reivindicar la figura de la escritora Emilia Pardo Bazán, indicó este miércoles la vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo. Fue en una primera reunión en la que se pusieron de manifiesto divergencias con el jefe del Ejecutivo gallego, Alberto Núñez Feijóo, quien reclama la cesión del edificio.

Ocho personas han fallecido por coronavirus en Galicia durante las últimas 24 horas. La cifra total de muertos desde que la epidemia llegó a la comunidad entre finales de febrero y comienzos de marzo es de 1.281.

El Servizo Galego de Saúde ha detectado 339 nuevos contagios en la última jornada. De ellos, 329 han sido confirmados por pruebas PCR. Los casos activos son a día de hoy 5.927. Hay 51 personas en cuidados intensivos, una más que ayer. Se trata de los números más bajos desde el 25 de octubre. En planta son 324 las personas hospitalizadas y bajo seguimiento en su domicilio, 5.552.

Desde el inicio de la pandemia, en Galicia se han registrado 55.077 y se han producido 47.872 altas. La Xunta asegura que se han realizado 952.173 PCR, 6.659 a lo largo de las últimas 24 horas.