Quedan menos de 24 horas para que Blanca sepa si tendrá que abandonar o no la casa en la que lleva viviendo 26 años. Este miércoles, el Juzgado de Primera Instancia número 82 de Madrid decidirá sobre la demanda presentada por la propiedad del edificio de la calle General Lacy 22 para que deje su vivienda, en el que será el primer juicio por la salida de uno de los vecinos del inmueble.

A sus espaldas quedan dos años de conflicto con la propiedad, que la inquilina denuncia como un proceso de presiones y amenazas para conseguir que ella y sus vecinos abandonen sus pisos. Blanca será la primera en sentarse ante un juez, pero previsiblemente no será la única. Como ella, hay otras 32 familias que siguen viviendo en el bloque a la espera de que sus contratos de alquiler lleguen a su fin.

La cita será a las 10.30 en el número 5 de la calle Rosario Pino. A las puertas de los tribunales, el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid y varios colectivos vecinales y sociales han convocado una concentración para acompañar a Blanca y denunciar la situación que atraviesa el inmueble.

En el edificio quedan actualmente 33 familias. Algunas de las que vivían allí cuando comenzó la disputa ya se han marchado, en un contexto que los vecinos califican de “hostil” y que atribuyen al deterioro progresivo del inmueble y a las presiones ejercidas por la propiedad y sus intermediarios. Los residentes sostienen que el objetivo es vaciar poco a poco el bloque a medida que vencen los contratos de alquiler.

La historia comenzó a mediados de 2024, después del fallecimiento de una de las copropietarias del inmueble. Según los vecinos, fue entonces cuando la propiedad pasó a plantear el vaciado progresivo del edificio a medida que fueran venciendo los contratos de alquiler.

La finca, vinculada a la familia Campos Cebrián-González Ruano, quedó canalizada a través de sociedades como FURUD 2024 S.L. y GOMEISA 2024 S.L., según la documentación y las informaciones manejadas por los residentes. La gestión del inmueble también ha ido pasando por distintas empresas. Primero estuvo en manos de Savills y posteriormente intervinieron otras sociedades, entre ellas Grupo Soluzone y We Rent. En la actualidad, los vecinos señalan a We Rent como una de las empresas que mantiene la gestión del edificio.

A mediados de 2024, las familias comenzaron a recibir burofaxes en los que se les comunicaba que sus contratos no serían renovados cuando llegasen a término. Para los vecinos, aquello supuso el inicio de una estrategia destinada a vaciar poco a poco el bloque sin necesidad de expulsar de inmediato a quienes todavía tenían sus contratos en vigor.

El problema, sostienen, es que junto a esas comunicaciones comenzó también un deterioro de las condiciones del edificio. Los residentes denuncian desperfectos que no eran atendidos, problemas de mantenimiento, humedades, goteras, averías del ascensor, falta de limpieza y cambios en determinados contratos de suministros que, según aseguran, se hicieron sin su consentimiento. Desde el Sindicato de Inquilinas consideran que no se trata de problemas aislados, sino de una estrategia de “acoso inmobiliario” mediante la que se busca hacer cada vez más difícil la permanencia de las familias mientras sus contratos siguen vigentes.

Sin cocina por un posible caso de mobbing inmobiliario

En el caso de Blanca, el episodio que terminó de agravar la situación fue una gotera en su cocina. La vecina explica a Somos Arganzuela que durante meses avisó a las empresas encargadas de la gestión del inmueble sin obtener una solución. En 2025 llegó incluso a poner el problema en conocimiento del área de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid. Un inspector acudió a la vivienda y, al comprobar su estado, instó a la propiedad a repararla.

La respuesta, según cuenta Blanca, fue el envío de otro técnico. “Vino una persona de una empresa, otra vez una empresa diferente a las distintas que ya habían venido antes, pero siempre ocurría lo mismo: llegaba un empleado, hacía fotos, tenía buenas palabras y decía que mandarían a alguien a arreglarlo”, relata.

El trabajador tampoco reparó la avería. Días después, cuando Blanca se puso en contacto con él para preguntar cuándo regresarían, descubrió que su empresa ni siquiera se dedicaba a reparar goteras. “Mi empresa es de calderas. Lo único que me han mandado los gestores de la propiedad es a hacer unas fotos y enviárselas”, recuerda que le explicó.

Durante aquellos días, la situación empeoró hasta que parte del techo de la cocina se desprendió. Fue entonces cuando Blanca pudo comprobar que el origen de la filtración estaba dentro de su propia vivienda y no, como le habían indicado anteriormente, en un piso situado por encima. “En cuanto se desplomó el techo y pude ver que la fuga estaba en la zona que pertenecía a mi piso, llamé inmediatamente a alguien para que arreglase la fuga”, explica.

La reparación de la fuga permitió detener el problema, pero el techo y la cocina quedaron pendientes de una intervención de albañilería que Blanca decidió no seguir reclamando. Por entonces, explica, se encontraba psicológicamente muy afectada y, por recomendación médica, decidió cerrar la cocina y dejar de enfrentarse al problema.

“Ya llevaba muchos meses con la cocina inutilizada. Me había hecho un simulacro de cocina en el salón para poder funcionar y alimentarme”, cuenta. Desde entonces, esa estancia permanece prácticamente cerrada.

La situación también ha afectado a su economía. Blanca asegura que continúa pagando la renta completa pese a no poder utilizar una parte de la vivienda. Ha pedido a la propiedad que le indique qué cantidad debería abonar mientras la cocina siga inutilizada, pero asegura que no ha recibido respuesta.

“Mediadores” falsos y vigilancia para presionar a los vecinos

El conflicto también ha ido acompañado, según los residentes, de la aparición de distintas figuras que se presentan como intermediarios entre la propiedad y los inquilinos. Blanca señala especialmente a Rafael Ramírez, vinculado a We Rent, a quien los vecinos identifican como una de las personas que actualmente actúa como interlocutor de la propiedad. Según explica, su presencia en el edificio genera malestar entre las familias porque consideran que no ejerce una mediación neutral, sino que actúa en nombre de los propietarios.

Los vecinos ya habían denunciado anteriormente la aparición de supuestos mediadores cuya identificación y vinculación empresarial consideraban poco claras. En una de aquellas ocasiones, explicaron que una empresa llamada Gaiprop no figuraba en el Registro Mercantil ni contaba, según sus pesquisas, con sede fiscal o trabajadores identificables. Para Blanca, el problema de fondo es que la comunicación directa con la propiedad prácticamente ha desaparecido. “No están dejando que haya una comunicación fluida entre la vecindad y la propiedad, que está totalmente desaparecida”, afirma.

Según su relato, estos interlocutores van contactando especialmente con aquellos residentes cuyos contratos están próximos a finalizar para plantearles su salida. Los vecinos sospechan que se ofrecen acuerdos económicos en algunos casos, aunque Blanca asegura desconocer si se ha pagado dinero a otros inquilinos para que abandonen el edificio.

En su propio caso, la negociación previa al procedimiento judicial terminó con una propuesta que considera inasumible. La documentación que recibió planteaba, según explica, abandonar la vivienda y pagar una cantidad de alrededor de 6.000 euros para evitar la demanda. “Si a mí me mandan una carta en la que me dicen que no me van a demandar si les doy 6.000 euros y me largo de la casa, ¿qué hago? Les digo que me demanden, que al menos tengo posibilidad de ganar”, plantea.

Mientras el caso de Blanca avanzaba hacia los tribunales, los problemas denunciados por el conjunto de la comunidad no han desaparecido. Este verano, los vecinos aseguran que la ausencia de sustituto durante las vacaciones del trabajador encargado del edificio provocó un empeoramiento de la limpieza y el mantenimiento.

Durante varios días, cuentan, los cubos de basura permanecieron en la calle y las bolsas llegaron a acumularse en las inmediaciones del portal. A ello se suma, según denuncian, la falta de limpieza de las zonas comunes y la suspensión de las fumigaciones anuales que se llevaban a cabo en el inmueble, lo que ha coincidido con la aparición de cucarachas.

Otro de los últimos motivos de indignación ha sido la instalación de 14 cámaras de seguridad en las zonas comunes del edificio. Los vecinos consideran “aberrante y desproporcionada” la cantidad de dispositivos y cuestionan la necesidad de esta medida, que interpretan como una forma de control e intimidación.

La comunidad también ha denunciado el caso de otra vecina cuya vivienda quedó inundada después de que una avería de agua permaneciera sin atender durante sus vacaciones. La afectada ha presentado una demanda contra la propiedad por estos hechos, según explica Blanca. Para los residentes, estos episodios forman parte del mismo patrón de abandono del mantenimiento que llevan denunciando desde el inicio del conflicto.

Otro paso en la lucha contra el acoso inmobiliario

La batalla de General Lacy 22 no se ha limitado a los tribunales y las calles. En julio de 2025, los vecinos del edificio acudieron junto a los de Mesón de Paredes 88 y Modesto Lafuente 8 al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 para trasladar sus denuncias sobre las presiones que estaban sufriendo.

Las tres comunidades expusieron ante responsables de la Dirección General de Consumo lo que consideran una ofensiva para forzar la salida de inquilinos de larga duración y revalorizar posteriormente los inmuebles. En el caso de Lacy, los vecinos denunciaron la combinación de presiones, falta de mantenimiento, problemas con suministros, intermediarios y no renovación de contratos.

El encuentro sirvió también para poner el caso en el contexto de un problema más amplio de vivienda en Madrid. Los vecinos defendieron que el llamado acoso inmobiliario no constituye una sucesión de conflictos aislados, sino una práctica que puede afectar a numerosos edificios de la capital.

Desde entonces, las familias de General Lacy han continuado organizadas junto al Sindicato de Inquilinas y han llevado su conflicto también a la calle. Ahora el primer procedimiento judicial marca un nuevo escenario. Blanca afronta el juicio con optimismo, pero también con miedo. Han sido dos años en los que asegura haber visto cómo su vivienda y su vida cotidiana se deterioraban.

A las puertas del juzgado, sus vecinos reclamarán este miércoles que no sea expulsada y que la propiedad cumpla con sus obligaciones de mantenimiento y habitabilidad. El lema de la concentración será el mismo que les ha acompañado desde que iniciaron esta lucha y con el que esperan ganar la batalla judicial: “De Lacy, 22 no se va ni Dios”.

Listado inicial de proyectos más apoyados por los vecinos de Madrid durante la última campaña de Presupuestos Participativos antes de las próximas elecciones, en la primera fase de un proceso que acabará en marzo de 2027.

El listado de las ideas vecinales hecho público para Arganzuela, diez proyectos han obtenido más de un centenar de apoyos. La mayoría de ellos están relacionados con mejorar la movilidad o las dotaciones del distrito, aunque hay otras temáticas relacionadas con la educación o el urbanismo que también han cosechado respaldos ciudadanos.

La propuesta más apoyada es la que reclama la mejora del entorno del mercado municipal Guillermo de Osma a través de una actuación integral en varias calles, con reurbanizaciones, nuevas instalaciones y mejor iluminación. La segunda con más apoyos es el cierre al tráfico de la calle Alicante, a su paso por el colegio público Miguel de Unamuno, un proyecto que busca repetir el éxito experimentado en el entorno de otro centro escolar de Parla.

Este es el listado de los diez proyectos con más apoyos en Arganzuela:

Arganzuela contará en los Presupuestos Participativos 2026-2027 con un presupuesto de 1,5 millones de euros, que se repartirán entre los más votados de los 16 proyectos finalistas que quedarán en el distrito, una vez que el Ayuntamiento de Madrid efectúe el corte final sobre el listado completo actual.

La próxima fase de votación se abrirá el 1 de febrero de 2027 y se extenderá durante un mes. El consistorio advierte que en el listado de proyectos final podría retirar todos los que considere inviables o aquellos que superen el máximo presupuestario dedicado al distrito.

Las asociaciones y colectivos vecinales de Arganzuela volverán a salir a la calle este jueves, 3 de septiembre, coincidiendo con el inicio de las Fiestas de la Melonera. En la manifestación, convocada a las 19.00 horas en la glorieta de Embajadores, protestarán especialmente contra la prohibición de colocar pancartas reivindicativas en las casetas ciudadanas de las fiestas, una medida que los movimientos sociales consideran un intento de censurar sus demandas.

La movilización se celebrará el mismo día del pregón de las Fiestas de la Melonera y reunirá a asociaciones vecinales, colectivos ecologistas y otras organizaciones del distrito. Bajo el lema “Arganzuela organizada, ni se vende ni se calla”, los convocantes reivindicarán la defensa de los barrios y los espacios públicos, al tiempo que denunciarán la gestión de la Junta Municipal de Arganzuela y reclamarán un cambio en las políticas municipales.

Uno de los principales motivos de la protesta es la prohibición expresa de colocar pancartas en las casetas de las entidades ciudadanas. Los colectivos critican que esta limitación haya sido incluida en el expediente de adjudicación de las casetas, en concreto dentro del apartado dedicado a las instalaciones y aparatos eléctricos.

Según denuncian, se trata de un procedimiento de carácter técnico y organizativo que se habría utilizado para introducir una restricción a la libertad de expresión. Los movimientos sociales consideran especialmente llamativo que la prohibición aparezca en un epígrafe destinado a regular cuestiones sanitarias y de seguridad.

La protesta también responde a las declaraciones emitidas por el coordinador del distrito, José Herrera de la Morena, durante el pleno de la Junta Municipal del pasado 14 de julio. Según los colectivos convocantes, el responsable municipal justificó la medida por la necesidad de evitar “elementos provocadores” y posibles situaciones de conflicto.

Las asociaciones rechazan esta argumentación y consideran que calificar las reivindicaciones vecinales como elementos provocadores supone identificar la crítica a la gestión municipal con un problema de orden público. Entre las demandas que, según recuerdan, no podrán expresar mediante pancartas en sus casetas figuran la reclamación de más equipamientos públicos, la denuncia de la tala de árboles o la oposición a la privatización y ocupación de determinados espacios públicos.

Una protesta por los parques, los servicios públicos y la vivienda

Pero la censura en las Fiestas de la Melonera no será el único asunto que lleve a los colectivos a manifestarse este jueves. La convocatoria reúne un amplio listado de reivindicaciones relacionadas con la situación de los barrios de Arganzuela y con lo que consideran una progresiva transformación del distrito en favor de los intereses turísticos y empresariales.

Entre ellas se encuentra la recuperación del espacio público para el vecindario. Los colectivos denuncian la proliferación de terrazas y consideran insuficiente el control municipal sobre la ocupación de plazas, aceras y espacios de tránsito peatonal.

También ponen el foco en el uso de los parques del distrito. Las organizaciones critican que algunos espacios verdes sean utilizados habitualmente para espectáculos y eventos privados, una situación que, según denuncian, provoca suciedad, ruido y contaminación lumínica y termina deteriorando estos espacios. A estas reclamaciones se suma la denuncia por la tala de árboles y por la iluminación del río Manzanares, que, según los convocantes, altera los ritmos biológicos de la fauna y la flora presentes en la zona.

La movilidad es otro de los asuntos que estarán presentes en la manifestación. Los colectivos consideran que las políticas municipales han priorizado los grandes desplazamientos y el tráfico de larga distancia frente a las conexiones entre los diferentes barrios de Arganzuela. Como ejemplo, señalan las obras llevadas acabo en el paseo de las Delicias, donde consideran que se perdió la oportunidad de crear un carril bici y mejorar los desplazamientos sostenibles dentro del distrito.

Las asociaciones también denuncian la falta de equipamientos y servicios públicos en una zona cuya población, recuerdan, ha aumentado considerablemente durante las últimas décadas. Entre sus principales reclamaciones se encuentran mejoras en la sanidad pública, con centros que consideran insuficientes y problemas de falta de personal, especialmente en algunas especialidades como pediatría.

La educación pública y las bibliotecas forman parte igualmente de sus reivindicaciones. Los convocantes denuncian la falta de plazas de educación infantil y de Secundaria en el distrito, así como la escasez de equipamientos culturales para una población que supera los 150.000 habitantes. En este contexto, también reclaman que los terrenos públicos dotacionales sin utilizar en el entorno de la estación de Delicias sean destinados a nuevos equipamientos y servicios para el vecindario.

Otra de sus demandas es que las instalaciones de la antigua farmacia militar de la calle de Embajadores, cedidas al Ministerio de Cultura, alberguen parte de estas dotaciones y reserven espacios para usos comunitarios y vecinales. Entre sus peticiones figura también la creación de un espacio vecinal autogestionado que recupere el espíritu del antiguo Espacio Vecinal de Arganzuela.

Los colectivos convocantes consideran que muchas de estas problemáticas responden a un mismo proceso: la progresiva gentrificación y “eventificación” de Arganzuela. Las organizaciones denuncian una transformación del distrito que, a su juicio, prioriza los intereses de grandes negocios y promotores privados frente a las necesidades de quienes viven en los barrios. En este sentido, alertan de la proliferación de viviendas de uso turístico y de su impacto sobre el acceso a la vivienda, el comercio de proximidad y el tejido social.

Entre las organizaciones que han convocado la movilización se encuentran la Asociación Vecinal Pasillo Verde Imperial, la Asociación Vecinal Delicias para Tod@s, el Espacio Vecinal Arganzuela, Salvemos la Arboleda, El Barrio no se Tala, Ecologistas en Acción, la Plataforma Vecinal de Arganzuela por la Sanidad Pública, Radio OCA, la Asamblea de la Juventud Trabajadora de Arganzuela, el Centro Social Pasillo Verde Ferroviario y Plaza de los Comunes.

Arganzuela, uno de los motores del movimiento No a la Tala, disfruta desde el pasado fin de semana de una nueva zona verde con parque infantil. 3.397 metros cuadrados en la Subestación Melancólicos después de unas obras con 710.000 euros de inversión.

La actuación ha permitido plantar 61 nuevos árboles y 5.595 arbustos en una superficie ajardinada de aproximadamente 1.400 metros cuadrados, además de incorporar 460 metros cuadrados de césped. La nueva zona verde cuenta con juegos infantiles, espacios estanciales, recorridos peatonales, alumbrado led y un sistema de drenaje urbano sostenible con jardín de lluvia.

El nuevo espacio ha sido supervisado por el área de Obras y Equipamientos del Ayuntamiento, pero lo ha ejecutado la compañía privada Madrid Río Homes S. Coop. Mad. Está ubicado entre la calle de Ruy González de Clavijo, al norte; la calle de los Chulapos, al sur; el paseo de los Melancólicos, al este, y el paseo de la Virgen del Puerto, al oeste.

Su proximidad al parque Madrid Río ha permitido una integración “funcional y paisajística” en esta red de espacios verdes, incorporando elementos similares a los propios de dicho parque, según el Consistorio. Los trabajos se han completado con la instalación de alumbrado de tecnología led y nuevo mobiliario urbano, compuesto por cinco bancos, uno de ellos accesible, y siete papeleras.

Un joven de 26 años ha muerto este domingo en el incendio en unos trasteros. El recinto, ubicado en el distrito madrileño de Arganzuela, se utilizaba para guardar bicicletas eléctricas, según ha informado Emergencias Madrid.

El suceso tuvo lugar en la calle Canarias, hasta donde se desplazaron trece dotaciones de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid. A su llegada, los efectivos se encontraron con un incendio completamente desarrollado en la planta -1 del edificio, concretamente en una zona de sótanos.

Los bomberos tuvieron que localizar el foco del incendio, de difícil acceso, antes de proceder a su extinción. Las labores resultaron especialmente complicadas debido a la existencia de numerosas dependencias destinadas a distintos usos y distribuidas en una zona laberíntica de dos plantas que comunicaban entre sí sin vestíbulo de independencia, además de por la elevada carga térmica.

Finalmente, las dotaciones accedieron por la entrada principal de la rampa del garaje, lograron localizar los focos y extinguieron el fuego. Durante las labores, los bomberos encontraron al joven, de origen bangladesí, en una de las dependencias y lo evacuaron al exterior con la mayor rapidez posible.

Posteriormente, después de practicarle maniobras de reanimación sin éxito, los sanitarios de Samur-Protección Civil confirmaron su fallecimiento. El joven presentaba un cuadro de intoxicación por humo y quemaduras en las vías respiratorias y los equipos sanitarios no pudieron revertir su estado. La investigación policial determinará si el fallecido vivía en uno de los trasteros o si se encontraba en ese departamento del sótano, al que se accede por un garaje, en el momento del incendio.

Después de las arduas labores de extinción del incendio, los bomberos evacuaron los gases acumulados, ventilaron las instalaciones afectadas y sacaron al exterior todas las bicicletas con el objetivo de evitar que el fuego pudiera reavivarse de nuevo.

Tal y como ha trasladado Emergencias Madrid, la Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido y cómo se produjo el fuego, mientras que la Policía Municipal colaboró en las diligencias.

Un hombre de 54 años ha muerto en la mañana de este lunes mientras trabajaba con un vehículo industrial tipo dumper en el Parque Enrique Tierno Galván, al sureste de Madrid y en el distrito de Arganzuela. Desde el servicio de Emergencias 112 han informado del fallecimiento en sus redes sociales, asegurando que el equipo médico del Summa (que presta atención de urgencia) efectuó maniobras de reanimación durante unos 40 minutos hasta que, finalmente, se confirmó que el empleado había perdido la vida.

El accidente laboral se ha producido alrededor de las 10.00, según publica Europa Press a partir de efectivos desplazados al lugar. La investigación corre a cargo de la Policía Municipal de Madrid y, de momento, no ha trascendido la empresa para la que trabajaba el fallecido.

La víctima sufrió un politraumatismo con la caída y entró en parada cardiorrespiratoria. En la operación también han trabajado los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid y agentes de la Policía Nacional. También este mismo verano, a finales de julio, se notificó otra muerte por accidente laboral en Madrid. En aquella ocasión ocurrió en el distrito de Villaverde y perdió la vida un trabajador de una empresa contratista de Renfe, que operaba en la Base de Mantenimiento Integral.

Meses antes, en mayo, otro empleado en la capital (esta vez de Cercanías Madrid) perdió la vida al recibir un golpe con una retroexcavadora mientras trabajaba en las obras de un túnel, sumando otro accidente laboral a la lista de los últimos meses.

Ocho trabajadores muertos en accidentes laborales desde julio

Por su parte, Comisiones Obreras (CCOO) ha alertado del fallecimiento de ocho trabajadores por accidente laboral desde el mes de julio, contando en el recuento a esta última víctima en el Parque Enrique Tierno Galván. El sindicato ha exigido incorporar planes de movilidad en las empresas y una protección colectiva “real”, ya sea mediante evaluaciones de riesgos u otros medios.

Otro accidente de entre los que mencionan tuvo lugar el pasado 11 de agosto, cuando un empleado murió en la lonja del Monasterio de El Escorial al caer del andamiaje que estaba preparando para un escenario. De los seis fallecimientos de julio, tres se produjeron durante la jornada laboral y otros tres fueron accidentes in itinere; es decir, en el trayecto de ida o vuelta al trabajo.

Los tres fallecimientos in itinere, uno en Industria y dos en Servicios, fueron todos accidentes de tráfico. En total, cuatro de las seis personas que murieron trabajando en julio lo hicieron sobre el asfalto. En agosto, el vuelco de este vehículo dumper y una caída de un andamio ha añadido dos muertes más a las que ya contábamos este en verano.

“Es escandaloso, una censura”. La Melonera, las fiestas más importantes de Arganzuela que animan el distrito madrileño cada septiembre, van camino de embarrarse este 2026 con un nuevo choque del tejido vecinal con el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida. Las bases para la concesión e instalación de casetas de entidades y colectivos ciudadanos incluyen un novedoso punto que ha causado estupor, tanto entre la oposición como entre diversas agrupaciones de la zona. De hecho, la reacción anticipa ya una batalla legal.

Se trata del apartado 7 del artículo 6 de dichas bases, publicadas el pasado 22 de junio y elaboradas por la Junta Municipal de Arganzuela. La redacción del texto ha levantado ampollas al detallar que “únicamente podrá exhibirse el nombre de la entidad adjudicataria” y “no se autorizará la colocación de elementos distintos de los estrictamente relacionados con la actividad (tales como productos, precios u otros similares)”.

La siguiente frase es todavía más contundente: “En ningún caso se permitirá la presencia de elementos pertenecientes a entidades distintas, ni de símbolos políticos, pancartas o banderas diferentes de las constitucionales”. A continuación, el documento detalla las sanciones por no cumplir con la norma: “Dará lugar a la penalización de la entidad responsable, impidiéndole concurrir a las dos convocatorias siguientes”.

Las palabras que abren este artículo son de Susana de la Higuera, portavoz de la asociación vecinal Pasillo Verde Imperial. Conversa con Somos Arganzuela mientras compagina el inicio de sus vacaciones con la coordinación de un futuro comunicado de entidades vecinales y sociales al respecto de la polémica. “No hay ningún otro distrito con estas condiciones”, dice. Ni siquiera Hortaleza, donde el tejido asociativo acusa al edil David Pérez de boicotear la participación de agrupaciones de residentes en festejos populares, de manera que la continuidad de estas entidades queda en entredicho al perder una importante fuente de recaudación. Pérez ha sido bautizado incluso por los vecinos como “concejal aguafiestas”.

La nuestra es la caseta más multitudinaria, y eso les fastidia. Se hacen muchas actividades y aprovechas para contar lo que haces: la movilización contra las talas, el ruido, los espectáculos de luz en el Manzanares o la operación Mahou-Calderón

Susana de la Higuera — Portavoz de la AV Pasillo Verde Imperial

De la Higuera cree que la Junta de Arganzuela, presidida por Lola Navarro (uno de los perfiles más controvertidos del Ejecutivo de Almeida), ha ido incluso más allá. Desde su punto de vista, el discutido artículo “arremete contra los derechos constitucionales y la libertad de expresión”. Implicaría, por ejemplo, que las asociaciones no puedan poner un cartel con el mensaje “no a la tala” en las casetas. Una consigna que ha vertebrado las luchas vecinales del distrito, sobre todo a raíz de las obras de la línea 11 en Madrid Río. Tampoco lemas contra la eventificación del parque Tierno Galván. Ni la bandera de Palestina o la arcoíris. Solo el nombre de cada entidad y los productos que venden, principalmente bebidas y comida.

Avanza que están estudiando tomar “medidas legales” si la Junta Municipal no rectifica. “Viola nuestros derechos u merece una reprimenda pública”, insiste. “Quieren acallar las voces críticas de Arganzuela”, asegura la dirigente de una de las asociaciones más activas de la zona.

Este diario ha consultado fuentes municipales para conocer los motivos de la actualización de las bases y su defensa ante las acusaciones de “censura”. Hablan de “elementos provocadores” y remiten a las explicaciones del coordinador del distrito, José Herrera de la Morena, durante el pleno de Arganzuela celebrado el pasado martes 14 de julio: “Las bases se han modificado en función de las experiencias de años anteriores. Se exige que las casetas las gestionen las entidades que las solicitaron y se publiciten exclusivamente esas entidades. No se trata de censura, simplemente son fiestas vecinales y lo que se busca es mantener la correcta convivencia. Por eso se entiende que no es un espacio para colocar elementos provocadores, sino los propios de las asociaciones vecinales, de manera que se eviten posibles situaciones de conflicto”.

“No quieren que haya caseta vecinal. No les gustamos”, cree por su parte Susana de la Higuera. Las protestas de este tipo de agrupaciones se han convertido en santo y seña de La Melonera, hasta el punto de que promueven una marcha anual el día del pregón (al cual ya no acude Navarro). “Ya que no pueden prohibir la manifestación, quieren prohibir los mensajes. Y que si no lo cumplimos, nos retiren la caseta”, alerta. “La nuestra es la caseta más multitudinaria, y eso les fastidia. Se hacen muchas actividades y aprovechas para contar lo que haces: la movilización contra las talas, el ruido, los espectáculos de luz en el Manzanares o la operación Mahou-Calderón”.

Rita Maestre habla de “control ideológico” y anuncia un recurso

Desde Más Madrid han presentado un recurso de reposición contra las bases establecidas desde la Junta de Arganzuela. En el escrito, al que ha tenido acceso este periódico, argumentan que “la resolución es contraria a Derecho y lesiva para los derechos e intereses legítimos”. “La presente redacción supone la reducción de los derechos de expresión y la libertad sobre el ornato, estética, contendido e imagen de las casetas para las entidades ciudadanas, partidos políticos o grupos municipales que pudieran solicitarlas”, añaden. Por todo ello, solicitan la suspensión cautelar de la ejecutiva del apartado 6.7 del documento que regula la instalación de casetas en los festejos.

Para Rita Maestre, portavoz del principal partido de la oposición en Cibeles, el objetivo es “frenar la censura que quiere imponer a las Fiestas de La Melonera”. “Pedimos la nulidad y la suspensión cautelar de la cláusula mordaza que impide al tejido asociativo ejercer su libertad de expresión. Por primera vez en la historia de estos festejos, el Ayuntamiento pretende prohibir las banderas, pancartas o símbolos que no sean de su agrado. Quieren imponer unas fiestas de pensamiento único”, alerta la edil en declaraciones a este periódico.

“Traducido al día a día, este año el PP quiere prohibir que en las casetas se cuelgue una bandera LGTBI, una enseña palestina o cualquier lema vecinal”, sintetiza Maestre. “Esto se llama censura previa y la Constitución la prohíbe”, asevera. En concreto, desde su formación argumentan que la cláusula “vulnera derechos fundamentales como el de libertad de expresión o el de asociación y participación”, con el propósito de “controlar ideológicamente lo que siempre ha sido un espacio de diversidad y de libertad”.

“Jamás ha habido ningún problema en un espacio de encuentro y convivencia en unas fiestas que son reflejo de la pluralidad y buen ambiente del barrio. El PP crea problemas donde no los hay, solo porque no soporta que haya quien le pueda llevar la contraria. Esperamos que el Ayuntamiento reconsidere este atropello y se estime nuestro recurso”, concluye Maestre.

Arganzuela organiza este jueves por la noche una velada musical en un entorno mágico. Se trata de un concierto en directo con el público rodeado de velas, en una experiencia íntima, gratuita y muy especial.

El evento se llama Arganzuela a la luz de las velas y tiene como protagonistas al guitarrista Lisardo Rodríguez, quien dará paso a Beca Laud Band, que ofrecerá un repertorio compuesto por algunos de los grandes éxitos del pop internacional.

La propuesta se celebra este jueves 16 de julio, a las 22:00 horas, en la glorieta de San Víctor, situada en la Colonia Pico del Pañuelo, junto a la plaza de la Beata María Ana de Jesús. La parada de Metro más cercana es la de Legazpi.

El evento, de acceso libre y gratuito hasta completar aforo, celebra su segunda edición después del éxito cosechado en 2025, cuando acudieron 1.200 personas. La idea, puesta en marcha por la Junta Municipal de Arganzuela, ofrece una experiencia única, con música en directo y una cuidada ambientación creada por miles de velas, transformando este rincón emblemático del distrito en un escenario íntimo en el que detener el ritmo cotidiano, reencontrarse con el barrio y vivir la música desde la cercanía.

Miles de velas, una cuidada dirección artística y una selección de músicos de primer nivel convierten la glorieta de San Víctor en un escenario único, creando una experiencia cultural abierta, gratuita y de gran calidad para todos los públicos.

El del calor en las aulas es un debate cíclico que vuelve con cada verano y no siempre acaba al irse de vacaciones. Durante los meses de julio y agosto, muchos centros educativos se transforman en campamentos urbanos pensados para los más pequeños, que huyen del bochorno mientras sus familias concilian fuera del calendario académico. Muchas plazas son públicas y las oferta directamente el Ayuntamiento de Madrid, pero algunos beneficiarios han denunciado las condiciones en las que se encontraron estos colegios públicos.

Buena parte de esas plazas son municipales y se ofertan a través del programa Madrid Camp, una iniciativa que gestiona el Área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad y este verano ha lanzado unas 13.800 repartidas por distintos puntos de la capital. “En el colegio donde está mi hijo han bloqueado los ventiladores. Él tiene cinco años y no me cuenta mucho sobre las actividades que hacen, pero sí que la mayoría se desarrollan en las aulas”, asegura Guillermo, padre de un menor que ha entrado a uno de los campamentos en el distrito de Arganzuela, dentro del CEIP Tomás Bretón.

Madrid Camp está dirigida a menores de entre 3 y 12 años y se abre en períodos vacacionales como Navidad, Semana Santa o verano, con plazas que se obtienen por sorteo y rellenando antes un formulario. Como él, ahora otras familias se han hecho eco de la situación y han tratado de ponerse en contacto con el Ayuntamiento de Madrid, la dirección del colegio o la empresa privada que contrata a sus monitores. Hasta ahora, dicen haber recibido solo una respuesta de estos últimos. “Los ventiladores son propiedad del centro, y es el propio centro el que los ha bloqueado y no nos deja usarlos. No es nuestra decisión”, reza el mensaje que muestran las familias, enviado desde una dirección de correo asociada al CAI de Arganzuela (Centro de Atención a la Infancia).

Desde el CEIP Tomás Bretón ya surgió alguna queja previa por el calor. El patio es de asfalto, y este centro ya fue objeto de polémica durante el curso por las altas temperaturas que soporta el edificio, rodeado por una amplia explanada con escasas zonas de sombra. Según este padre, cuyo hijo no está matriculado allí aunque sí asiste a los campamentos durante la segunda quincena de julio, fueron los monitores quienes trasladaron a las familias el problema con los ventiladores, instalados recientemente.

Respuesta del Ayuntamiento y la reacción política

“Las monitoras nos dijeron que hacen todo lo posible para que los niños no pasen calor”, asegura Guillermo, que insiste en que las reclamaciones de las familias no van dirigidas contra el personal del campamento y simplemente buscan un alivio contra el bochorno del verano en la capital. Por su parte, fuentes del Área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad del Ayuntamiento de Madrid aseguran a Somos Madrid que “el Ayuntamiento está realizando las gestiones necesarias para que los ventiladores puedan utilizarse con la mayor brevedad posible”.

El episodio reabre un debate que cada verano regresa a los colegios madrileños. Aunque las aulas dejan de acoger actividad lectiva, muchos edificios continúan siendo utilizados durante semanas por cientos de menores inscritos en campamentos urbanos municipales. Las familias sostienen que esas instalaciones deberían ofrecer las mismas condiciones de confort térmico que se exigen durante el curso, especialmente en un contexto en el que las olas de calor son cada vez más frecuentes e intensas.

De hecho, una de ellas se puso en contacto a través de redes sociales con la portavoz de Más Madrid (el principal partido de la oposición), Rita Maestre. Ahora, su grupo municipal ha registrado una batería de preguntas dirigidas al departamento responsable, el de Políticas Sociales, para conocer exactamente cuáles son los movimientos y comunicaciones que ha impulsado el consistorio, de cara a resolver este conflicto por los ventiladores “de forma inmediata”. Fuentes del partido aseguran, asimismo, haber solicitado al Gobierno de José Luis Martínez-Almeida el detalle de las obras ejecutadas en 2025 por la Junta Municipal de Arganzuela en este mismo centro educativo, presupuestadas en 44.204 euros (IVA incluido), con el desglose del concepto y el importe de cada una de ellas.

“Ya sabemos lo que tienen que decirles a las familias: el calor es inspirador y cuando hace calor, hace calor: esa es la respuesta de los representantes del PP desde sus despachos y coches oficiales con el aire acondicionado a tope”, ha destacado la líder de Más Madrid, que también reprocha al Partido Popular su “posición” en el último pleno a la propuesta de su partido para aclimatar los centros: “Que no, que no y que no”, reproduce Maestre. “¿Cuántos niños y niñas más se ven afectados en toda la oferta de campamentos urbanos municipales?”, lanza, finalmente, sobre el asunto.

La Policía Municipal de Madrid ha desarticulado una organización dedicada presuntamente al almacenamiento y distribución de prendas falsificadas, la mayoría camisetas de selecciones participantes en la Copa Mundial de Fútbol de 2026. La investigación comenzó a raíz de varios avisos por el uso de trasteros en el distrito de Arganzuela como centro logístico para almacenar mercancía, pensada para venderse. Durante varias semanas, los agentes realizaron vigilancias y seguimientos que permitieron comprobar un constante trasiego de personas que accedían a los almacenes y salían con bolsas y mochilas cargadas de prendas.

Finalmente, la denominada Operación Naranjito –como el nombre de la mascota oficial del Mundial de 1982, celebrado en España– se ha saldado con dos personas detenidas, otras trece investigadas y la intervención de cerca de 6.700 prendas, por un valor en el mercado legal de unos cien euros cada una: en total, alredededor de 670.000 euros.

El primer día del mes, la Policía desplegó un operativo que culminó en el registro de 13 trasteros que habían sido señalados por una presunta actividad delictiva. Una vez dentro, localizaron miles de prendas falsificadas, principalmente camisetas de selecciones que disputan el Mundial de 2026. La intervención se ha producido en pleno torneo, cuando suele aumentar la demanda de equipaciones oficiales y, con ella, también el mercado ilegal de falsificaciones, según han recordado los agentes en un comunicado.

Las camisetas oficiales pueden rozar los 200 euros

Las camisetas oficiales para aficionados se comercializan habitualmente por entre 70 y 100 euros, mientras que las versiones idénticas a las que utilizan los jugadores pueden superar los 130 euros y alcanzar los 180, una diferencia de precio que alimenta la proliferación de copias ilegales.

En las últimas semanas, las fuerzas de seguridad han intensificado las actuaciones contra este tipo de redes ante el incremento de la venta de camisetas falsas vinculadas al Mundial. Según ha informado la Policía Municipal, las diligencias por esta operación continúan abiertas y no se descartan nuevas actuaciones relacionadas con la investigación.

El Gobierno ha activado los trámites para declarar Lugar de Memoria Democrática la antigua cárcel de Yeserías, situada en la calle Juan de Vera de Madrid. Se trata de uno de los principales centros de reclusión del franquismo, especialmente para mujeres presas políticas.

“Yeserías albergó a miles de presas republicanas durante la posguerra y es un símbolo de la represión franquista sobre las mujeres. Su declaración como lugar de memoria abre un proceso de reconocimiento oficial”, expone la resolución del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática publicada este viernes en el BOE.

Erigida en 1928 por el Ayuntamiento de Madrid como asilo de mendigos, esta destacada construcción neomudéjar experimentó una enorme reconversión después del golpe de estado franquista y la Guerra Civil. Desde 1938, operó como centro de detención y hospital. Tres años después, comenzó a llamarse prisión de Yeserías, por ser el yeso el material con el que más se trabajaba en esta antigua zona industrial del distrito de Arganzuela.

Hasta la clausura de la prisión de Ventas, a este recinto llegaban solo hombres. Poco a poco el género de las personas encarceladas se fue revirtiendo y en 1971 fue considerada exclsuivamente femenina. Muchas de sus internas llevan años pidiendo esta declaración, hasta el punto de que el pasado febrero organizaron una concentración en sus proximidades para exigirlo al Ejecutivo de Pedro Sánchez. Cursaron una petición hace más de un año, pero en aquel momento no prosperó.

“Lo primero que me dijo un guardia civil es que menuda pinta traíamos las rojas. Yo había estado una semana en la Dirección General de Seguridad, torturada, sin poder lavarme, con el vestido descosido. Llegué a la sección de políticas y ahí estaban mis compañeras. Me recibieron, me apoyaron mucho, me dieron ropa y me escucharon. A partir de entonces, la estancia no fue tan dura, porque éramos muchas”, rememoraba en declaraciones a este periódico Rosa García Alcón, detenida el 24 de agosto de 2024 y trasladada a Yeserías el 1 de septiembre. Militante de la Federación Universitaria Democrática de España, recuerda cómo a su llegada el médico de la prisión se negó a poner en el informe que García Alcón presentaba numerosos hematomas en el cuerpo y un dislocamiento en el pie izquierdo.

La cárcel cerró sus puertas en 1991, hasta que en 1994 recuperó la actividad convertido en el centro de inserción social Victoria Kent. El espacio se dedica al seguimiento de liberados condicionales, aquellos que cumplen medidas alternativas a la privación de libertad y quienes están en tercer grado telemático, con una pulsera en el tobillo. Su uso volverá a cambiar en 2028, cuando se reconvertirá en la sede central de Instituciones Penitenciarias.

En torno a 300 internos cumplen su condena de forma presencial en el actual CIS Victoria Kent, donde hay hombres, mujeres y un pabellón para madres con hasta diez plazas. La mayor parte de ellos se han visto privados de libertad por delitos de violencia de género o contra la seguridad vial. Acuden a formaciones para potenciar su reeducación y reinserción y así evitar la reincidencia. Su estancia obligatoria es de mínimo ocho horas al día. Es decir, tienen que estar presentes en uno de los tres recuentos que se realizan cada jornada.

Una de las promesas con las que concurrió el alcalde a las elecciones de 2023 está todavía lejos de llevarse a cabo. Se trata de la pasarela que José Luis Martínez-Almeida apostó por construir entre Arganzuela y Carabanchel, a la altura del parque del Atlético de Madrid, donde se encontraba el estadio Vicente Calderón. Era la medida número 152 que el primer edil prometió dentro de su programa electoral.

A preguntas del PSOE este miércoles durante la Comisión de Obras, la delegada del área ha explicado que se trata de un proyecto “extraordinariamente complejo”, no ya solo por “los 40 metros de ancho entre los cajeros del río sino también por la diferencia de cota entre las márgenes de un distrito y otro, que es más de 6 metros”.

“En este escenario tenemos que proyectar las pasarelas que cumplan con las normas de accesibilidad, es decir, pendientes menores del 6%, que no se apoye sobre las pantallas de los túneles de la M-30 porque no es técnicamente posible, y que minimice la afección al río, una vez que cumpla el gálibo de altura necesario para respetar las condiciones de la llamada Avenida de los 500 Años, con el respeto de puentes de Madrid Río y como establece la Confederación Hidrográfica del Tajo”, ha detallado García Romero.

Con la experiencia que tiene en su haber el Ayuntamiento con otros proyectos que afectan a la Confederación, “el tiempo medio que suele tramitar en informar los proyectos, una vez presentados formalmente, es de aproximadamente un año”, ha dicho en declaraciones recogidas por Europa Press. “Con un proyecto de la complejidad de la pasarela entre Arganzuela y Carabanchel estamos intentando evitar esta situación a través de conversaciones informales entre técnicos con la Confederación”, desvelaba.

El Ayuntamiento lleva más de un año trabajando en este proyecto, con reuniones con los técnicos de la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT). A principios de este mes se ha podido enviar a la Comisión de la Confederación una última versión de la definición geométrica de las condiciones estructurales y del procedimiento constructivo, que requería un apoyo provisional intermedio en el cauce del río, solicitando la autorización para poder aprobar definitivamente el proyecto y proceder a su ejecución.

Críticas del PSOE por un retraso de cinco años

“Realmente han pasado más de cinco años desde que se anunció la construcción de la pasarela. Usted nos habla desde el último año pero nos preguntamos qué ha pasado desde entonces”, le replicaba el concejal socialista Antonio Giraldo, quien urgía a resolver este problema porque “hay algunos puntos en los que el ancho del río apenas es de 50, 60 metros y para ir de un lado a otro hay que hacer recorridos de casi un kilómetro y medio”.

Fue en 2021 cuando el Pleno del Ayuntamiento aprobó la construcción de esta pasarela en la zona Mahou-Calderón. Tres años después el PSOE preguntó en la comisión de Obras por este proyecto, cuando se dijo por parte del área que se encontraba en estudio. En este mismo foro, Giraldo ha constatado este miércoles que en 2025 se incorporó una partida en los presupuestos de 250.000 euros, “que no llegó a ejecutarse, y nuevamente, en los presupuestos del año 2016, se ha vuelto a presupuestar con 500.000 euros”.

“Estamos ya a mediados de 2026 y lo cierto es que todavía no tenemos un proyecto, ni contrato de redacción, ni tampoco un calendario de plazos para esta pasarela”, ha resumido el edil socialista. En comparación, Antonio Giraldo ha puesto de manifiesto su sorpresa por “la prisa” del Ayuntamiento ante otros proyectos como la Fórmula 1. “En determinadas circunstancias aceleran y lo consiguen todo en menos de un año, pero en algo tan necesario como esto pues no ha sido posible. Nosotros creemos que es una cuestión de prioridades”, ha lamentado.

García Romero le ha contestado con otras prioridades como “cerrar Calle 30”, en referencia al cubrimiento de la autovía en la zona, o “la urbanización del Mahou Calderón” en el pasado mandato “que han hecho que ahora se puede hacer la pasarela”. Mientras el Ayuntamiento, como ha explicado la delegada, sigue a la espera de las instrucciones de la Conferencia Hidrográfica del Tajo, quien tiene la competencia para avalar las actuaciones. “Si quiere echarnos una mano para que los tiempos sean menores, para no esperar el año que normalmente suele esperar la Confederación, se lo agradeceremos muchísimo”, ha lanzado García Romero a Giraldo.

La batalla judicial entre los vecinos y el Ayuntamiento por el uso del auditorio del parque Enrique Tierno Galván continúa. La Asociación Vecinal Delicias para Todos ha presentado un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) contra la sentencia que rechazó su impugnación del decreto municipal que regula la celebración de eventos en este espacio de Arganzuela.

La entidad vecinal sostiene que la resolución no resuelve adecuadamente las cuestiones jurídicas y urbanísticas planteadas y defiende que sigue abierto el debate sobre el uso de espacios verdes públicos para eventos privados de carácter lucrativo. El recurso se dirige contra la sentencia dictada el pasado 20 de mayo por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 29 de Madrid, que avaló el decreto aprobado por el distrito de Arganzuela para establecer las condiciones de uso del auditorio ubicado en el parque.

Desde la asociación señalan que dicho decreto no puede considerarse un simple acto administrativo, sino una disposición de carácter general que regula de forma permanente el régimen de utilización futura del anfiteatro y del entorno del parque. Según argumentan, la norma crea nuevas obligaciones, fija criterios vinculantes para futuras autorizaciones y, por tanto, debería haber seguido un procedimiento específico de aprobación y haber sido sometida al Pleno municipal.

La organización vecinal defiende que el caso trasciende el conflicto concreto sobre el auditorio y plantea cuestiones relevantes sobre la gestión de los espacios públicos urbanos. Entre ellas, destaca la necesidad de preservar el carácter público del parque Tierno Galván como zona verde y garantizar el cumplimiento de la normativa municipal que limita el uso particular de bienes de dominio público cuando este puede alterar su naturaleza y destino.

Asimismo, la asociación reclama que el derecho de la vecindad al uso y disfrute de los espacios públicos prevalezca frente a su explotación comercial. También exige mayores garantías de participación ciudadana en aquellas decisiones que tengan un impacto significativo sobre el entorno urbano y ambiental.

Los vecinos consideran que la apelación ofrece al Tribunal Superior de Justicia de Madrid la oportunidad de fijar criterio sobre los límites entre los actos administrativos y las disposiciones de carácter general, así como sobre los mecanismos de participación exigibles cuando se adoptan decisiones con efectos estructurales sobre el espacio público.

Desde Delicias para Todos subrayan que nunca han cuestionado la celebración puntual de actividades culturales públicas y de acceso libre en el parque. Sin embargo, critican que se invoque de forma genérica el interés general o cultural para justificar la celebración reiterada de eventos privados y comerciales en un espacio concebido para el descanso, el esparcimiento y la convivencia vecinal.

La asociación enmarca además el conflicto en un debate más amplio sobre el modelo de ciudad. A su juicio, la situación del Tierno Galván refleja una preocupación compartida por colectivos vecinales de distintos barrios de Madrid ante lo que consideran una creciente mercantilización del espacio público y de las zonas verdes urbanas. La decisión final quedará ahora en manos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid,.

Temor en el vecindario del barrio de Delicias ante la próxima reforma del Museo del Ferrocarril y su entorno. La fase de alegaciones del plan especial presentado por el Ministerio de Transportes a través de Adif y avanzado en este periódico, ha servido para que la principal plataforma vecinal haya mostrado sus críticas en forma de alegaciones contra el citado planeamiento.

Los vecinos de la Asociación Vecinal Delicias para Todos temen que “al no regular ni limitar los usos lucrativos temporales, podría convertir estas actividades en permanentes, consolidando un recinto de eventos masivos en pleno tejido residencial”. Se refieren los residentes a eventos como el Mercado de Motores que se celebra allí mensualmente y que, según una nota de prensa distribuida con motivo de sus alegaciones, “provoca la saturación del barrio, niveles de ruido inaceptables, ocupación del espacio público y problemas de movilidad para los residentes”.

El plan especial para Delicias que avanzó Somos Madrid, impulsado por Adif, incluye la recuperación parte de la estructura original de la estación, tanto de su espectacular nave central como de otros pabellones aledaños, con un proyecto que pretende revivir la “atmosfera” de su construcción en el XIX, eliminando las entreplantas, recuperando algunos accesos, el jardín de la fachada norte, o el quiosco de entrada.

Los vecinos ven peligro en lo que no se cuenta: “Denunciamos que la propuesta urbanística abre la puerta a consolidar un modelo de explotación comercial del espacio, especialmente en la Nave de Fomento, que nada tiene que ver con el uso cultural dotacional que debe regir en un Bien de Interés Cultural”.

También apuntan los vecinos que no existe en la tramitación un Documento Ambiental Estratégico “que evalúe el impacto real de ruido, tráfico, emisiones y otras repercusiones de una afluencia prevista en 600.000 personas al año”, apuntan. Por ello, solicitan anular la actual tramitación y que un nuevo documento “garantice el uso cultural público del espacio, limite estrictamente los usos comerciales, proteja el patrimonio y asegure el descanso vecinal”.

El artista Joan Fontcuberta eligió (o aprobó) un título audaz y nada inocente para su charla del pasado martes 9 de junio en la sala Azcona de Cineteca Madrid, en Matadero: Debí tirar más fotos. Pero haciendo gala de su afilada visión planteó en el arranque una posible alternativa con una referencia a la otra gran presencia reciente en la capital: Alzad la mirada, lema de la visita a España del papa León XIV.

La frase divina y el sexto álbum de Bad Bunny articularon una memorable intervención de hora y media alrededor de la iconofagia, algo así como el ansia por alimentarnos de imágenes. ¿O más bien por alimentar a las imágenes? “Intentamos devorar las imágenes, pero a veces nos devoran ellas”, sugirió el ganador del Premio Nacional de Fotografía en 1998 y del Premio Nacional de Ensayo en 2011 (Fontcuberta, que no Bad Bunny ni Robert Prevost).

El pensador abordó la saturación que generan las imágenes a partir de la historia de la fotografía, partiendo de la alquimia en la presunta primera foto de la historia, tomada por el francés Joseph Nicéphore Niépce en 1820 tras un arduo proceso. De ahí a analizar una coyuntura actual en la que imágenes generadas por IA ganan concursos de fotografía e instantáneas tomadas en la naturaleza consiguen premios en certámenes de inteligencia artificial. Todo ello en un contexto curioso, pues el acto tuvo lugar en el marco de ECAM Fórum, un mercado internacional de coproducción cinematográfica impulsado por la escuela de cine madrileña. No todos los días se reflexiona sobre lo que vemos desde un espacio diseñado para fabricar nuevas imágenes en serie.

Después de una breve presentación entre dos sillas de plástico y unas cuantas plantas, Fontcuberta retomó el hilo papal para comparar dos fotografías: la de la proclamación de Benedicto XVI en 2005 y de Francisco en 2013. En la primera de ellas, solo se ven un puñado de teléfonos móviles captando el momento. Incluso una mujer mira a la cámara, parece que extrañada por el elemento o por el hecho de que alguien les retrate a ellos en vez de al nuevo Santo Padre. En la segunda, en cambio, solo se ven flashes, móviles y hasta alguna tablet.

Para Fontcuberta, existen dos alternativas ante la abundancia de imágenes y la “contaminación icónica”: “Centrarse en las que faltan para preguntarnos por qué no están o hacer una gestión crítica de la abundancia”. El creador y crítico cultural se centró en esta segunda opción.

Citó para ello a artistas y obras como Ira Lombardia, que en estos momentos propone en una exposición del Círculo de Bellas Artes una “huelga de imágenes”. O a Erick Kessels, artista holandés que en una instalación de 2011 desplegó 1,5 millones de instantáneas tiradas sin orden ni concierto en el FOAM, museo de la fotografía de Ámsterdam. 24 Hours in Photos aglutina todas las fotos subidas a la plataforma Flickr durante un día. Una cantidad que hoy sería mucho mayor en redes sociales como Instagram o TikTok.

Para ver todas las fotos de la obra de Kessels eran necesarios ocho días completos, sin descanso alguno. La conclusión de Fontcuberta es clara: “Hacemos fotos para no verlas”. Entonces, ¿por qué las tiramos? “Más que para descubrir, para reconocer lo que ya sabemos”, plantea con obras como la de Corinne Vionnet, que en sus trabajos descarga miles de instantáneas de elementos icónicos para superponerlas en una sola. La Torre Eiffel o el Golden State se convierten en escenarios que solo fotografiamos para conseguir la fotografía que todo el mundo toma de ellos. Cuando se retratan lo que se trata de ilustrar es la presencia de quien saca la foto, aunque este no aparezca en ella.

En la misma línea apunta la idea de “cámara restricta” del austriaco Phillip Schmidt, que bloquea las fotos de lugares o perspectivas donde el dispositivo capta que ya se han tomado demasiadas. Una especie de “umbral de originalidad” que el propio portador de la cámara puede ajustar.

Frente a esta idea de las fotos como registro del 'yo', como una “marca biográfica para situarnos en la historia y el lugar”, Fontcuberta contrapone un vídeo del actor y escritor Buddy Bolton donde se muestran palos de selfie destruidos justo cuando quienes los llevan se disponen a sacarse una foto. Un boicot al ego que encontró una pregunta susurrada en una espectadora del público: “¿Y si se rompe el móvil?”. Se preocupa como si de un pobre contenedor quemado en una manifestación se tratara.

A partir de una cita a Jean-Luc Godard, Fontcuberta trasladó estas cuestiones al terreno de la geopolítica y la guerra. Decía el director de Adiós al lenguaje que “una causa sin imágenes no es solo una causa ignorada, es una causa perdida”. Por ello, según el artista catalán, “si en las intifadas los palestinos tiraban piedras, hoy tiran fotos”. Si con la Muerte de un miliciano Robert Capa consiguió una de las imágenes definitivas de la Guerra Civil (una imagen posiblemente manipulada aunque el retratado sí fue asesinado en el conflicto), ahora son los propios victimarios los que filman a personas que están a punto de mirar en la guerra. Drones, ojos mecánicos, que son a la vez fotorreporteros y criminales de guerra.

En medio, como una especie de fase de transición, la retratada por el artista libanés Rabih Mroué. Mroué ha elaborado exposiciones a partir de los móviles cedidos por familiares de manifestantes asesinados durante la Primavera Árabe. Algunos de ellos contienen instantáneas del momento de su muerte, donde puede llegar a verse a quienes ejecutan los disparos mortales. De nuevo, la polisemia hizo acto de presencia y Fontcuberta citó la paradoja de tirar fotos para dejar constancia de los tiros de la represión o la violencia.

Empachados de imágenes

Fontcuberta dedicó el último tramo de su charla a hablar de algunas obras propias. En Gastropoda, deja a unos caracoles que invadieron el buzón de su casa hacer de las suyas, ya que los animales comenzaron a comerse catálogos o invitaciones de museos o galerías. “Lo que más les gusta es el expresionismo abstracto. El surrealismo no les interesa nada”, bromeó. El ensayista llevó los festines de su buzón a gran escala para una exposición que acabó con una degustación de estos deliciosos invertebrados. En la conferencia del martes no hubo ágape, aunque siguió alimentando pensamientos cuando se preguntó quién es el autor de esta Gastropoda: “La idea es mía, pero ellos son los ejecutores”.

Un poco el dilema con la inteligencia artificial generativa, con la que Fontcuberta ha estado trasteando en algunas de las ideas más recientes y menos inspiradas de su trayectoria. Es el caso de Beautiful Agony, donde en colaboración con la investigadora Pilar Rosado la aplica en los rostros de personalidades vinculadas a escándalos sexuales. Así, discursos públicos de Silvio Berlusconi, Donald Trump o el rey emérito se ven interrumpidos por una recreación de cómo serían sus orgasmos (solo los vemos a nivel facial, por suerte). Fontcuberta se muestra menos audaz al usar la inteligencia artificial que al desgranarla, ya que relató con brillantez cómo “el fotorrealismo de la IA nace de un caldo de cultivo perfecto como es la acumulación de imágenes que ahora ingieren los algoritmos”.

Más asombroso ha sido su trabajo en Trauma, proyecto en el que Fontcuberta ha buceado en imágenes deterioradas donde un paisaje alpino se transforma en una especie de constelación gracias al efecto del polvo y diversos microorganismos. De hecho, en algunas piezas llega a comparar el resultado de la acción de esos seres minúsculos con su imagen al microscopio. Y para terminar de rizar el rizo, pidió al repostero Joan Roca que elaborara una versión comestible de las fotografías microscópicas. La iconofagia en su máximo esplendor, ya que quienes se comen las imágenes acaban siendo deglutidos.

En el arranque de su exposición, Fontcuberta citó a Roland Barthes para justificar su locuacidad, ya que “toda imagen está a la espera de un texto”. Curiosamente, solo unos días antes otro proyecto en torno a la iconofagia pasó por la misma sala y aludió a esa simbiosis entre incontinencia verbal y visual. El cineasta Julián Génisson presentó el sábado 6 de junio en el festival Filmadrid un largometraje elaborado a partir de cientos de archivos descargados de su cuenta de Twitter, activa hasta el pasado 2025 y durante más de una década. Cuando mueres te conviertes en un sitio. Pussy in Bio, que así se titula, nació precisamente como parte de un proyecto colectivo sobre la iconofagia que nunca salió adelante.

No en vano, en el coloquio posterior al pase, Génisson bromeó con el doble sentido del disco de Bad Bunny para decir que haciendo la película se dio cuenta de que debió tirar más fotos, sí, pero a la basura. Se equivoca: el registro concatenado de su existencia digital durante una etapa de su vida, esa “marca biográfica para situarnos” a la que aludía Fontcuberta, adquiere al concretarse en una obra autoconsciente la condición de marca colectiva. Una forma de atestiguar un tiempo en el que si nos apetecía alzar la mirada era para mirar un móvil colocado sobre un palo de selfies.

La ampliación de la línea 11 de Metro de Madrid acaba de superar uno de sus principales hitos: el cruce bajo el río Manzanares y los túneles de la M-30. Este martes por la tarde aparecía en el hueco de la futura estación de Madrid Río, en la ribera de Arganzuela. La Comunidad de Madrid había preparado allí un acto con el propio consejero de Transportes, Jorge Rodrigo.

El cale (término que define el momento exacto en el que dos frentes de excavación se encuentran y se unen) se produjo en torno a las 17.00 horas y llegaba once días antes de lo previsto, gracias a que las características del terreno ha permitido acortar tiempos. Mayrit -el nombre de la tuneladora- ha avanzado desde Comillas unos 15 metros diarios, con puntas de hasta 35 metros al día. 400 obreros trabajan en este proyecto.

“Hemos duplicado los rendimientos teóricos porque las características geológicas del suelo, la maquinaria de última generación, y los anillos de dovelas que hemos cambiado -con una forma más romboidal- han hecho que sea fiable y sea seguro avanzar a esa velocidad y hemos podido culminar de dos y tres semanas antes”, según ha explicado el director general de Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Miguel Núñez, también presente en el acto, en palabras recogidas por Europa Press.

Para llegar hasta la futura estación de Madrid Río, Mayrit ha excavado 1.116 metros, equivalentes al 21% de lo previsto, librando para ello la M-30, los ramales de la misma, y el río Manzanares. Para ello, ha tenido que descender teniendo en cuenta la inclinación máxima que puede tener el transporte ferroviario, que es de a torno de 35 milésimas, para empezar otra vez a ascender con la máxima pendiente hasta la estación de Madrid Río.

Un terreno formado por arcillas de peñuelas característico del subsuelo de Madrid, “blando y que se comporta muy bien”, según ha explicado el director general de Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, que ha facilitado y agilizado el avance de la perforadora. “Lo que nos hemos encontrado aquí era lo que estimábamos que nos íbamos a encontrar. Es decir, de momento la geología se está comportando perfectamente con el estudio planificado”, ha resaltado Nuñez, que ha recalcado que toda la instrumentalización para el seguimiento de la obra apunta que la máquina “está trabajando estrictamente bien” y “el terreno se está comportando muy bien” y sin “ninguna incidencia”.

Parada en boxes y subida hacia Palos

Una vez completado este cale, la tuneladora realizará una parada técnica de unas dos semanas en la futura estación de Madrid Río, cuyas obras ya están ejecutadas al 69,19%, para someterse a una revisión. Después de este parón, la tuneladora continuará su camino bajo el barrio de Peñuelas en dirección a la siguiente parada, la estación de Palos de la Frontera, a 1.613 metros de distancia, el tramo más largo previsto entre dos estaciones de la ampliación de la L11 entre Plaza Elíptica y Conde de Casal, donde está previsto que llegue a finales de verano.

En total, Mayrit es la responsable de completar los 5.227 metros de túnel que separan la futura estación de Comillas de la de Conde de Casal, en el marco de la ampliación de la Línea 11 desde Plaza Elíptica. Previamente, ha sido necesario excavar por el método tradicional los 679 metros que distan entre este punto y Plaza Elíptica mediante el método tradicional, a pico y pala. El cale se completó el pasado 20 de enero y los trabajos, que avanzan al 90%, está previsto que se completen en agosto.

La tuneladora trabaja de forma ininterrumpida durante las 24 horas los siete días a la semana, operando en turnos continuos --más de una decena de operarios por turno-- para maximizar la velocidad. Permite un ritmo de avance de entre 400 y 500 metros al mes, multiplicando casi por diez el método tradicional.

En su avance, a la vez que excava, la tuneladora también instala los anillos que sirven como revestimiento estructural, soporte y pared definitiva del túnel, formados cada uno de ellos por siete dovelas (bloques prefabricados de hormigón). En total, entre Comillas y Madrid Río han sido instalados 656 anillos (4.592 dovelas).

Asimismo, en su camino, la perforadora también extrae diariamente 3.500 toneladas de tierras al día mediante una cinta transportadora que las lleva hasta la superficie en la estación de Comillas, donde hay un foso con capacidad de 8.500 metros cúbicos. Desde ahí se saca mediante máquinas excavadoras hasta camiones --unos 150 diarios-- y se aprovechan para restaurar explotaciones mineras o algún vertedero actualmente en desuso.

La conexión entre Plaza Elíptica y Conde de Casal se está haciendo mediante un túnel de 6.626 metros, con cinco estaciones previstas, dos de nueva creación (Comillas y Madrid Río) y tres de enlace (Palos de la Frontera, Atocha y Conde de Casal). El avance de las obras en su conjunto ya está sobre el 45%, según ha destacado Núñez.

Con más de 740 millones de euros a este proyecto, la ampliación de la Línea 11 busca configurar una diagonal que conectará en el futuro Cuatro Vientos con Valdebebas, a lo largo de 33 kilómetros y 20 estaciones, y enlazará con siete intercambiadores. Sin embargo, el eje central, el que va de Conde de Casal a Mar de Cristal, está aún por definir. Sí que está en marcha el proyecto de su último tramo, que discurrirá por Valdebebas y que podrá llegar a contar con hasta siete estaciones.