Las otras torres de Madrid que los vecinos repudiaron y Almeida sí aceptó construir: de la Ermita a Cocheras

El bloqueo repentino del Ayuntamiento a un plan para levantar 18 plantas de oficinas en El Viso ha generado alegrías y escozor. La semana pasada estalló el revuelo después de que el Área de Urbanismo diera marcha atrás al proyecto, una información que adelantó Somos Madrid. Se trata de una torre de unos 60 metros de altura con la que el Ministerio de Defensa, propietario de los terrenos, quería centralizar sus oficinas en un único edificio situado en la calle Joaquín Costa, al lado de Nuevos Ministerios. Pero este barrio de Chamartín –una zona adinerada y con mayoría de votantes del PP– ejerció una fuerte presión vecinal hasta colocar al Gobierno de José Luis Martínez-Almeida en una situación incómoda, parecida a la que ya han vivido en el Santiago Bernabéu o el cantón de Montecarmelo. Así que, después de casi un centenar de alegaciones, la gran torre de Defensa se queda en standby meses a pocos meses de recibir el primer sí de Cibeles.

Según Urbanismo, responsable de supervisar este tipo de licencias, desde que el Ayuntamiento dio luz verde al proyecto en verano se han presentado 88 alegaciones contra su tramitación. Las razones giran principalmente en torno al ruido o los problemas de tráfico y movilidad que puede generar la nueva infraestructura. El propio alcalde hizo gala de su actuación poco después de conocerse la noticia, aludiendo a que su equipo había obrado “igual que en cualquier planeamiento importante que pueda afectar a la ciudad”: en este caso, instando al Ministerio de Margarita Robles a negociar con el vecindario y ver con ellos cómo minimizar daños.

“Una torre de esas características afectará gravemente a toda la movilidad”, aseguró el primer edil, no sin levantar críticas a su alrededor. El concejal socialista Antonio Giraldo fue uno de los primeros en pronunciarse y señalar contradicciones en la decisión, llegando incluso a sugerir un agravio comparativo con otros barrios del sur. El edil del PSOE, que comparte siglas con la ministra de Defensa, publicó un vídeo en sus redes criticando que se paralizara un proyecto de oficinas para funcionarios por molestias a los vecinos mientras que, en cambio, en otros conflictos más sonados como el de la Ermita del Santo se actúa de una forma laxa.

En aquel caso, el propio Ayuntamiento contabilizó más de 1.000 alegaciones a la operación urbanística, que transforma el uso de los terrenos donde se ubicaba un antiguo centro comercial de Latina. El movimiento ha permitido a un inversor privado (que impulsa la reforma) quintuplicar el valor del suelo, al cambiarlo y pasar de la categoría de zona comercial y deportiva a una de uso residencial. La comparativa con el edificio de Defensa viene dada, entre otras cosas, porque en su día el proyecto planteó la construcción de 536 pisos distribuidos en varios edificios. Entre ellos, dos torres más altas que la imaginada en El Viso: de 21 y 28 pisos.

El debate sobre qué es o no de interés general

Desde entonces, pasó a hablarse del “pelotazo” de la Ermita del Santo. El proyecto echó a andar con Mariano Fuentes, de Ciudadanos, como responsable de Urbanismo; pero ya con Borja Carabante al frente y ante el auge de las críticas, hubo algunas modificaciones. Se rebajó la altura de las torres hasta los 23 pisos como máximo, el terreno a edificar pasó de 73.200 a 67.000 metros cuadrados y se redujo el número de viviendas previstas, anunciando entre ellas más pisos protegidos o de alquiler asequible. Con el acuerdo alcanzado, el Ayuntamiento paga la urbanización inicial del suelo –presupuestada en 11 millones de euros– a cambio de que luego ejecuten su construcción los promotores privados.

Y he aquí donde difieren las interpretaciones: mientras que el PSOE cuestiona la decisión en El Viso aludiendo a que los terrenos ya eran de Defensa y ni siquiera había que recalificarlos para cederse a un “lucro privado” –en palabras de Giraldo–, Carabante se defiende precisamente por lo contrario. El pasado sábado, en declaraciones a los medios, se zafó de las acusaciones por agravio comparativo señalando “una diferencia importante” entre ambos proyectos que, a su juicio, explicaba la diferencia de criterio: en la Ermita del Santo se plantea construir “vivienda asequible”, y no unas oficinas para funcionarios. “Es por interés general”, consideraba el delegado, aludiendo a la grave crisis actual para comprar, vender o alquilar inmuebles.

Sobre el proyecto de Defensa, menciona que este solo incluye nuevas oficinas en un entorno eminentemente residencial. “Definitivamente, no vamos a aprobar ese planeamiento porque la torre no cuenta con la aprobación, el consenso y el apoyo de los vecinos”, dijo Carabante. No obstante, sus palabras hacen dudar no solo entre rivales políticos, sino también en el seno de las asociaciones vecinales. “Está claro que no somos El Viso, eso es lo que ocurre”, zanja al otro lado del teléfono Álvaro Domínguez, uno de los portavoces de la plataforma creada en la Ermita del Santo a raíz del pelotazo urbanístico.

Mientras que en el barrio de Chamberí acababa de formarse una agrupación vecinal para presionar conjuntamente contra las oficinas del ministerio, junto al centro comercial de Latina se acumulan años de movilizaciones, caceroladas, protestas de distinta índole o recursos en los tribunales. El más reciente, una demanda conjunta con Ecologistas en Acción registrada en el mes de noviembre y en la que los denunciantes negaban, precisamente, el principal argumento esgrimido por Carabante. “Aquí no existe interés general alguno”, declararon en su momento desde la organización medioambientalista y la entidad ciudadana SOS Ermita del Santo, que figuran como denunciantes.

Más torres polémicas: Madrid Río o las cocheras de Cuatro Caminos

El debate sobre las torres no es nuevo en Madrid. Ya en 2014, el proyecto de la Operación Mahou-Calderón incluía la posibilidad de levantar varios edificios en altura junto a Madrid Río, en los terrenos del antiguo estadio Vicente Calderón. Aquella propuesta generó polémica y fue objeto de disputa política y judicial. De hecho, el planteamiento de las torres acabaría siendo utilizado como argumento en otros procedimientos legales relacionados con el desarrollo urbanístico de la zona.

Aunque el proyecto final fue modificado, el precedente dejó claro hasta qué punto las grandes operaciones urbanísticas en Madrid suelen ir acompañadas de conflictos vecinales muy similares con decisiones políticas diversas, pues no siempre siguen el mismo patrón. Ahora, el caso de El Viso ha reabierto una discusión de fondo: si el Ayuntamiento responde igual ante la presión vecinal en todos los distritos o si, por el contrario, existen diferencias en función del perfil socioeconómico de cada barrio.

Para la oposición, la secuencia es clara: en zonas con mayor poder adquisitivo, unas decenas de alegaciones bastan para frenar proyectos; en barrios populares o en transformación, ni años de movilización logran alterar el rumbo. El Gobierno municipal rechaza esa lectura y defiende que cada proyecto tiene sus particularidades técnicas y jurídicas. Pero la comparación ya está instalada en el debate público. Hay otros ejemplos más recientes, como el de las históricas cocheras de Metro en el barrio de Cuatro Caminos.

Allí, el Ayuntamiento ha impulsado hasta tres intentos distintos para permitir la construcción de viviendas sobre el suelo de las cocheras, a pesar de la oposición vecinal y de los reveses judiciales. El Tribunal Supremo llegó a tumbar uno de los planes, pero el Gobierno de Almeida ha insistido con nuevas propuestas. Los vecinos han denunciado la pérdida de patrimonio industrial y el impacto urbanístico del proyecto, pero sus reivindicaciones no han derivado en una paralización comparable a la de El Viso. Más bien al contrario: la estrategia municipal consiste en persistir.