Sarah Santaolalla niega que Vito Quiles le haya ganado en los tribunales, donde hace unos días presentó una denuncia contra él por una supuesta agresión física ocurrida en las inmediaciones del Senado.

Este jueves, el agitador ultra anunció en las redes sociales que ha “ganado” el litigio. “La jueza dicta que no hubo agresión alguna a Sarah Santaolalla y rechaza la orden de alejamiento que solicitaba”, dice en el mensaje que ha compartido en X. “Que vaya pasando el Gobierno en fila indica a disculparse por difundir un bulo”, añade.

Junto al mensaje, Quiles aporta un extracto de la supuesta providencia en el que se puede leer lo siguiente: “No resulta acreditada una situación de riesgo objetivo que justifique la adopción de una medida tan grave y restrictiva de derechos como la interesada por la denunciante, más aún teniendo en cuenta la profesión de periodista de investigado y denunciante y su posible coincidencia en los mismos espacios públicos”.

Además, la jueza indica que “la levedad de las lesiones, que ni siquiera pueden ser objetivadas, no permiten determinar su relación causal con la situación de estrés y miedo alegada por la denunciante”. Por todo ello, continúa, “se considera que no concurren las razones de urgencia y de riesgo objetivo que justificaría la adopción de una medida cautelar restrictiva de derechos como la que se pretende; todo ello sin perjuicio de lo que ulteriormente pudiera acordarse durante el curso del procedimiento”.

Por su parte, Santaolalla niega que Vito Quiles, al que denomina “bulero profesional”, haya “ganado nada”. “Ni siquiera se ha iniciado el procedimiento, ni se han podido mencionar las otras tres denuncias por acoso, con documentación y pruebas aportadas en todas ellas”.

La tertuliana de RTVE y Mediaset, que está en el disparadero de la ultraderecha y el pasado mes de enero fue amenazada de muerte, relata que este jueves se valoraron las “medidas cautelares” por la “agresión” que sufrió el lunes. “No se ha negado la agresión, no se cuestiona el acoso que llevo sufriendo y sufro por parte de este energúmeno y no se nos permitió mencionar episodios anteriores para dar contexto a la situación”, explica.

En efecto, la jueza deniega las medidas cautelares pedidas por Santaolalla porque no está acreditado el riesgo que denuncia, pero aún no se ha analizado el fondo de la cuestión y el procedimiento tiene que seguir su curso, según ha confirmado verTele.

“A las mujeres nunca nos lo han puesto fácil con nuestros agresores y por ello tengo claro que este es un procedimiento largo y doloroso, pero que llegaré hasta el final, hasta que no pueda más, pero hasta que mi acosador sea condenado”, advierte la analista. “Hoy no estamos en ese momento, hoy ni siquiera se ha iniciado el procedimiento. Una vez más, mienten. Es lo único que saben hacer... ah y acosar. Como no quiero formar parte de este circo, que hablen los payasos. Yo espero verles en el juzgado cuando esto arranque y en la cárcel cuando esto termine. Gracias a todos y a todas por vuestro apoyo incondicional”, concluye Santaolalla.

Este sábado 27 de diciembre, pocas horas después de que el programa Vamos a ver (Telecinco) emitiera una conversación telefónica entre Patricia Donoso y José Ortega Cano en la que se hacían insinuaciones de carácter sexual, la hija del torero, Gloria Camila, ha anunciado que su padre ha presentado una “queja formal” contra el magacín para que no vuelva a utilizar dicha grabación. De lo contrario, tomará acciones legales por la vía civil e incluso por la penal.

Vamos a ver emitió el viernes la llamada de teléfono con la que Patricia Donoso había querido “desear una feliz Navidad” a Ortega Cano, con el que supuestamente tuvo una relación hace años. Además de felicitarle las fiestas, la colombiana le hizo una sorprendente propuesta:

Vamos a ver emitió la conversación con algunos cortes. Se desconoce si se omitieron determinados fragmentos de la charla y si se alteró su contenido. Según el magacín de Unicorn Content, es la propia Donoso la que graba la llamada.

Tras la emisión del programa, Gloria Camila publicó en su perfil de Instagram un comunicado en el que su padre, mediante una “queja formal”, hace una serie de peticiones a Vamos a ver y le advierte de posibles acciones legales por haber emitido esa “conversación telefónica privada” que presuntamente “vulnera gravemente sus derechos fundamentales”.

La llamada fue grabada por “una tercera persona que no ostenta la condición de periodista ni actuaba en el ejercicio de función informativa alguna, todo ello sin el consentimiento del afectado”. Ortega Cano pide que, “de manera inmediata”, cese la “emisión, reproducción o difusión de la conversación”. Además, también quiere “la retirada íntegra del contenido de todas las plataformas, repositorios, archivos y medios bajo su control”.

De lo contrario, el torero tomará acciones legales por la vía civil e incluso por la penal.

Reproducimos a continuación el comunicado íntegro difundido en Instagram por Gloria Camila.

Por medio del presente escrito, D. José María Ortega Cano, formula queja formal por la grabación de una conversación telefónica privada y su posterior cesión y emisión en un programa de televisión emitido por esa entidad, todo ello sin el consentimiento del afectado.

En concreto, una tercera persona, que no ostenta la condición de periodista ni actuaba en el ejercicio de función informativa alguna, realizó una grabación unilateral de una llamada telefónica privada mantenida con D. José Ortega Cano, grabación que fue posteriormente facilitada a un programa de televisión y difundida públicamente, vulnerando gravemente sus derechos fundamentales.

Dicha actuación constituye una intromisión ilegítima en el derecho a la intimidad personal y al secreto de las comunicaciones, así como en el derecho a la propia imagen y a la voz. Derechos reconocidos en el artículo 18 de la Constitución Española y desarrollados por la Ley Orgánica 1/1982, al tratarse de una conversación privada difundida sin autorización y fuera de cualquier interés informativo legítimo.

Asimismo, la grabación y difusión de la conversación telefónica sin base legal supone una infracción grave de la normativa de protección de datos personales, en particular del Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) y de la Ley Orgánica 3/2018 (LOPDGDD), al haberse producido un tratamiento ilícito de datos personales, incluyendo datos de voz y contenido personal de una comunicación privada.

Por todo lo expuesto, se les requiere para que procedan de manera inmediata a:

Se les advierte expresamente que, en caso de no atender el presente requerimiento, se ejercitarán las acciones legales que asisten a D. José María Ortega Cano tanto por la vía civil, solicitando la correspondiente indemnización por los daños morales y perjuicios causados, como por la vía administrativa ante la Agencia Española de Protección de Datos, sin perjuicio de las acciones penales que pudieran corresponder por la vulneración del derecho al secreto de las comunicaciones. El presente escrito se remite como requerimiento previo a la interposición de acciones legales, a los efectos oportunos.

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Un tribunal ha confirmado la condena de Telemadrid a indemnizar con un total de 130.000 euros a Georgina Rodríguez y su hermana por varios programas del corazón de Aquí hay madroño de 2018 en los que, según los jueces, se vulneró su imagen y su intimidad al hablar tanto de ellas como de su padre, fallecido poco después. Según ha sabido verTele, la sentencia, entre fuertes críticas a la labor periodística del programa que se mantuvo en parrilla hasta principios de 2020, explica que en ese momento ni la pareja de Cristiano Ronaldo ni su familia eran personajes públicos: “No era seguida en redes sociales, no tenía imagen propia y por ende no había un interés general en conocer aspectos de su vida anterior”, zanjan los jueces. La cadena pública madrileña, según fuentes del caso, ya ha llevado esta condena hasta el Tribunal Supremo.

“El programa desvelaba cierta información que, entendíamos, carecía de interés general, pertenecía a su vida privada en un momento en que no era un personaje público”, explica Mario Bonacho, socio-director de AVERUM Abogados, despacho que interpuso la demanda en nombre de la empresaria. “Tanto el juzgado como la Audiencia Provincial avala esa protección a la intimidad de Georgina y concluye que por mucho que seas actualmente una persona muy notoria la libertad de información no ampara indagar en tu vida privada, circunstancias de tu infancia y episodios de cuando no tenías una relevancia pública”.

Las afirmaciones y reportajes que ahora se han traducido en una condena para Telemadrid se emitieron en Aquí hay madroño (luego conocido como El Madroño) a finales de 2018. El programa del corazón –estrenado pocos meses antes, producido por La Fábrica de la Tele y buscando claras similitudes con formatos como Sálvame– dedicó varios episodios a repasar la vida de Georgina Rodríguez. Desde su familia a su infancia en la localidad aragonesa de Jaca pasando por diversas informaciones sobre su padre, que falleció a principios de 2019. Con imágenes de cuando era pequeña hasta afirmaciones sobre un “pasado oculto” como, por ejemplo: “Sus ojos esconden los duros momentos que tuvo que vivir durante su niñez”.

Para entonces el gran público ya sabía que Rodríguez era pareja del futbolista Cristiano Ronaldo e incluso había ofrecido algunas entrevistas. El programa que presentaban entonces Carmen Alcayde y David Valldeperas emitió varios reportajes que la empresaria e influencer llevó a los tribunales, una estrategia que también emprendió sin éxito contra otros programas de La Fábrica de la Tele emitidos en Sálvame y Socialité. Pero en el caso de Telemadrid los tribunales han dado la razón a Georgina Rodríguez y la cadena pública madrileña debe pagar, en total, una indemnización de 130.000 euros si el Tribunal Supremo no dice lo contrario en los próximos meses.

Primero un juzgado de Pozuelo de Alarcón y ahora la Audiencia Provincial de Madrid han confirmado que estos reportajes indagaron en aspectos privados de la familia de Rodríguez, incluso en Jaca, sin que fueran personajes públicos, “con frivolidad y sin constatación de veracidad”. Los jueces reconocen que Georgina Rodríguez en la actualidad es “una persona de proyección pública”: tiene casi 72 millones de seguidores en Instagram y un reality sobre su vida entre los más vistos de la historia de Netflix. Pero en ese momento su vida familiar, su hermana y su padre “no tenían relevancia pública, no eran noticiables” y además lo que Telemadrid presentaba como información sobre su vida “no era veraz, no estaba contrastada”.

El juzgado de Pozuelo, en una condena ahora ratificada por la Audiencia Provincial tras la demanda presentada por el despacho de abogados AVERUM, lanza varios dardos al programa que desapareció de la parrilla de Telemadrid en marzo de 2020. Por buscar en la vida privada de Georgina Rodríguez “intentado obtener informaciones relativas a su pasado familiar, sin el mínimo rigor” haciendo pasar por familiares y amigos el testimonio de vecinos de Jaca “sin que se acredite que realmente se trataba de familiares y vecinos de las demandantes”. Sus familiares, en ese momento, eran “plenamente anónimos”.

Explica Bonacho, de AVERUM: “Pusimos de manifiesto que se trataban de imágenes de menores que aunque en la actualidad tengan cierta relevancia pública, pertenecen a esa infancia y no había un consentimiento expreso para su utilización, por mucho que ella en su cuenta de Instagram haya publicado alguna imagen de su infancia, no legitima a un medio para publicar estas imágenes”.

Los “usos periodísticos” de “búsqueda de audiencias”

Telemadrid ha recurrido ya esta condena ante la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo después de que sus argumentos no hayan tenido éxito en la Audiencia Provincial, un tribunal formado entre otros por la exministra de Justicia con José María Aznar, Margarita Mariscal de Gante. La televisión autonómica alegó, por ejemplo, que la sentencia condenatoria se había fijado demasiado en el derecho al honor de Georgina Rodríguez y su familia cuando, en realidad, ella había denunciado la vulneración de su intimidad y su imagen, así como que es la española con más seguidores de Instagram.

En 2018, cuando se emitieron los reportajes, Georgina Rodríguez no era noticia según los tribunales. “Se ignora el motivo por el que se consideraba noticiable que tal persona tuviera incipientes, entonces, relaciones con un afamado futbolista”, dicen los jueces sobre su relación con Cristiano Ronaldo, “por más que luego se consolidasen determinando una ulterior proyección pública”. Todo esto, reprocha la Audiencia Provincial, “más aún cuando se trata de un programa emitido por una televisión pública”.

“En 2018 no era conocida, no era seguida en redes sociales, no tenía imagen propia y por ende no había un interés general en conocer aspectos de su vida anterior, menos aún de su vida familiar o de la vida de su padre”, dice la sentencia. Compartir datos “no contrastados” de su vida privada no estaba justificado, añade, “por unos ignorados usos sociales”, aunque “quizá sí” por “determinados usos periodísticos y de búsqueda de audiencias” para “indagar en su pasado con frivolidad y sin constatación de veracidad”. Sobre todo, añade, difundiendo “su participación como niña en concursos de baile o sus discrepancias familiares sin es que alguna vez existieron”.

La sentencia avala las indemnizaciones que debe pagar Radio Televisión Madrid por invadir el derecho a la propia imagen del padre, ya fallecido, de Georgina Rodríguez así como la intimidad familiar de la empresaria y su hermana: 80.000 euros para ella y otros 50.000 más a repartir entre las dos por las afirmaciones sobre su padre. Un dinero que la Audiencia de Madrid considera bien calculado también por “la forma de ser presentado el reportaje y las veladas insinuaciones sobre aspectos no edificantes de esa relación familiar a pesar de su falta de contraste con la realidad, su falta de veracidad, el fundamento en meras elucubraciones puestas en boca de quien lo narra y en manifestaciones de supuestos conocidos de la familia que se ignora si eran tales”.

“Por mucho que el padre de ella esté fallecido sí tiene unas garantías para proteger su intimidad a través de sus hijas”, explica Mario Bonacho sobre la parte de su demanda que afectaba a las afirmaciones que hicieron los reportajes sobre el padre de Georgina Rodríguez.

El Juzgado de lo Mercantil número 18 de Madrid acepta la solicitud de diligencias preliminares presentada por tres guionistas de Aquí no hay quien viva —Alberto Caballero, Iñaki Ariztimuño y Laura Caballero—. La resolución judicial, comunicada a través de un auto, dictamina que Atresmedia debe facilitar información más detallada sobre la explotación de la serie. Contra la resolución, solo cabe recurso de apelación respecto a la parte denegada por la magistrada.

Según avanza Dircomfidencial, la petición se fundamenta en el artículo 75 del Real Decreto-Ley 24/2021. El texto en cuestión establece un deber de transparencia y permite a los autores de distintas obras solicitar información actualizada sobre la explotación a los concesionarios de derechos. En este sentido, los solicitantes consideran que Atresmedia ha explotado la serie de forma “indebida, no consentida y excesiva”. También que la cesión que se estipulaba con la productora Miramón Mendi —extinguida en 2009— se limitaba a la “emisión en abierto en Antena 3”.

El auto, al que ha tenido acceso verTele, recoge el requerimiento inicial de información solicitada a Atresmedia:

Los solicitantes reclamaron estos datos para preparar una posible demanda por infracción de derechos de propiedad intelectual. Conviene destacar que, por el momento, no se ha comunicado oficialmente cuál será el siguiente paso. El juzgado dictamina que Atresmedia deberá facilitar la información detallada, pero no desde el año 2003: solo deberá abarcar desde el 4 de noviembre de 2021, momento en el que entró en vigor el artículo antes referido.

Atresmedia alega en dicho procedimiento que los solicitantes carecían de interés legítimo, defendiendo que “es el titular de los derechos de explotación” de Aquí no hay quien viva. El grupo sostiene además que la cesión realizada por Miramón Mendi fue total, incluyendo todas las modalidades y sin límites territoriales. Además, califica la petición como “excesiva y desproporcionada”, señalando que “se ha presentado de mala fe al no haberse aportado contrato alguno”.

La compañía defiende que se está cumpliendo con las obligaciones informativas del artículo 167 de la Ley de Propiedad Intelectual, argumentando que el mandato del artículo 75 del Real Decreto-Ley 24/2021 sería “inaplicable”. Alegan en este sentido que el destinatario de ese deber no era Atresmedia, sino Miramón Mendi: consideran que la productora “no se ha extinguido, sino que fue absorbida por Cecaguma S.L.”. Pese a todo, la magistrada concluye que sí existe interés legítimo de los guionistas y que concurre causa justa.

La resolución del auto

En conclusión, el auto señala que el grupo “no ha atendido a los requerimientos de transparencia”, pero también explica que, por ahora, “no se ha acreditado que Atresmedia incurriera en un exceso de los derechos que le fueron concedidos”. Lo justifica citando a una presunción legal de cesión al productor. Asimismo, se especifica que el posterior auge del streaming permitió a los productores obtener “beneficios muy superiores a la remuneración pactada con los autores”.

Precisamente para corregir ese desequilibrio se introdujo el deber de transparencia. No obstante, el juzgado aclara que esta obligación de informar no está pensada para cuestionar la legalidad de la explotación, sino para que los autores puedan reclamar una “remuneración adecuada y proporcionada” a los ingresos reales obtenidos por las productoras o concesionarias de derechos. Conviene recordar que Aquí no hay quien viva está disponible en distintas plataformas como Netflix, Atresplayer, Amazon Prime Video o Movistar Plus+.

En el mes de octubre, verTele tuvo acceso al auto de diligencias previas de la Fiscalía en el que consideraba que Toño Sanchís había cometido “un delito continuado de apropiación indebida” contra su entonces representada Belén Esteban, por el que pedía una pena de 3 años, 6 meses y 1 día de prisión, además de imponerle una multa de 10 meses a razón de 12 euros de cuota diaria, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y el pago de las costas procesales causadas.

Este lunes 24 de noviembre, se ha conocido que la Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a dos años de cárcel a Toño Sanchís por apropiarse de 388.868,14 euros de Belén Esteban cuando era su representante, valiéndose de la relación de confianza personal y profesional que mantenía con ella para desviar a su favor parte de los ingresos generados por la actividad artística de la tertuliana.

Así consta en una sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que se le pena como autor de un delito continuado de apropiación indebida a la pena de dos años de prision y seis meses de multa con una cuota diaria de 10 euros y a indemnizar a Belén Esteban a la cantidad que se determine en ejecución de sentencia.

La Sala considera probado que Sanchís era la persona que llevaba la gestión y administración de la Agencia de Servicios Lorant S.L, siendo la persona que “captó a Belén Esteban como cliente, quien entabló una relación de confianza, negoció el contrato de representación y quien decidía el porcentaje del dinero entregado por las productoras que debía facturar a favor de las mercantiles de Belén Esteban, así como el destino de la diferencia que no se abonaba, quien decidió aumentar el porcentaje y disponer de la diferencia”.

El tribunal da credibilidad al relato de Belén Esteban en lo relativo a que “la relación personal que mantenía con el mismo era de plena confianza, estrecha amistad y que se desentendía de sus asuntos poniéndolos completamente en manos del acusado”.

Los magistrados señalan que “la confianza que tenía depositada Belén Esteban en el acusado era plena, de tal forma que no supervisaba la corrección de los cálculos del porcentaje pactado, limitándose a percibir las cantidades que le eran abonadas, hasta que en el año 2015 detecta irregularidades”.

“A lo largo del desempeño de dicha actividad, con el ánimo de obtener un enriquecimiento ilícito, el acusado empezó a efectuar cálculos de porcentajes superiores al pactado del 20%, e indicar a la gestora, Asesores Legales Madrid, S.L., las cantidades para la facturación a favor de BEM Imagin, S.L inferiores al 80% restante, haciendo suya la diferencia”, recoge la resolución.

Hechos juzgados

En el escrito de acusación, el fiscal señalaba que el 13 de mayo de 2009 se firmó un contrato entre Carmen Romero Rubio, que actuaba en calidad de administradora única y en nombre y representación de la entidad Agencia de Servicios Lorant, S.L. de la que era socia al 50 por ciento, con Belén Esteban, que actuaba en nombre propio y en representación de la entidad Producciones Bem S.L.

En virtud de ese acuerdo, que se fue renovando anualmente hasta que expiró en 2015, Belén designó a dicha agencia como su representante exclusivo para España y el mundo y a quien, a su vez, entregaba después el pago a su representada contra la presentación de facturas a emitir por la sociedad Bem Imaging, S.L., previa deducción en concepto de retribución de un 20% sobre la cantidad en bruto que había recibido.

El acusado, que era socio al 50% de la agencia, fue quien confeccionó las facturas emitidas por la sociedad Bem Imaging, S.L. para presentarlas al cobro ante la Agencia de Servicios Lorant, S.L. y que ésta ingresara las cantidades derivadas de la ejecución del contrato.

Sin embargo, durante el periodo de vigencia del contrato, el acusado hizo suyo un importe total de 362.248,14 euros más el IVA correspondiente aplicando una comisión superior a la del 20% que estaba estipulada en el contrato sobre la cantidad en bruto que la Agencia de Servicios Lorant, S.L. había recibido en pago de la actividad artística de B. E., emitiendo de este modo las facturas de la sociedad Bem Imaging, S.L. “por una cuantía inferior a la que correspondería para que la agencia ingresara los honorarios liquidados por la prestación de los servicios artísticos”.

Finalizado el contrato, y ante la negativa del acusado a rendir cuentas de su labor, se interpuso demanda por parte de Belén Esteban, Ben Imaging S.L. y Producciones Bem S.L. contra la Agencia de Servicios Lorant, S.L. reclamando la entrega de tales cantidades. La demanda fue estimada en su integridad condenando, entre otros pronunciamientos, a entregar a la parte actora la suma de las cantidades mencionadas, un total de 388.868,14 euros, “cantidad que, a pesar de ser requerido, el acusado no entregó”.

Así, la parte demandante sólo consiguió recuperar en el proceso de ejecución de la sentencia 49.318,33 euros en efectivo y otros 375.000 euros por la adjudicación de la vivienda en Villanueva del Pardillo “si bien estaba gravada con una hipoteca pendiente de pago de más de 200.000 euros”.

Por tanto, según la Fiscalía, el acusado tendrá que indemnizar a la sociedad Bem Imaging, S.L. a través de su representante legal en la cantidad de 339.549,81 euros, cantidad resultante de restar al total de 388.868,14 euros la cantidad de 49.318,33 euros obtenidos en efectivo en el proceso de ejecución civil.

Netflix ha estrenado este viernes 25 de julio Angi: crimen y mentira, la serie documental sobre María Ángeles Molina 'Angi', asesina de Ana Paéz. El pasado mes de mayo, un juzgado paralizó el lanzamiento de esta producción después de que así lo pidiera la condenada, que actualmente cumple la pena de prisión a la que fue condenada en 2008.

María Ángeles Molina denunció a la plataforma por utilizar sin su consentimiento imágenes personales anteriores al crimen. Además, pidió la paralización del estreno: si Netflix seguía adelante con el lanzamiento le exigiría una indemnización de un millón de euros, informa el Diari de Tarragona. La justicia aceptó esta medida cautelar que pedía la reclusa.

Tres meses después, la docuserie ha llegado por fin a Netflix, y lo ha hecho, según Yotele, con cambios sustanciales en su montaje. Sigue habiendo imágenes previas al asesinato en las que Angi aparece con más gente, pero es probable que sí hayan desaparecido algunos de los contenidos que motivaron la queja de la protagonista y la paralización del proyecto.

Además, la duración del metraje se ha reducido en tres minutos, aunque se desconoce el motivo del 'tijeretazo' y si está relacionado con las peticiones de María Ángel Molina.

Sorprendentemente, el documental se ha estrenado con escasa promoción. A pesar de que Netflix apuesta fuertemente por los contenidos de true crime, en esta ocasión ha preferido no hacer mucho ruido con el lanzamiento de Angi: crimen y mentira.

Carlos Agulló dirige este documental que cuenta con la producción de Brutal Media y es fruto de una investigación de dos años sobre dos hechos distanciados en el tiempo: la inesperada muerte en 1996 del marido de Angi, el empresario Juan Antonio Álvarez Litben, y el asesinato en 2008 de Ana Páez.

Silvia Intxaurrondo ha anunciado este jueves 29 de mayo su victoria judicial ante el periódico El Mundo, al que demandó en marzo de 2024 por varias informaciones sobre el salario que cobra de RTVE. “Hoy la Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a El Mundo y a su director Joaquín Manso a rectificar los bulos que publicaron sobre mí y a pagar las costas de ambos juicios. Tienen 3 días para hacerlo”, ha comunicado desde las redes sociales.

La presentadora de La hora de La 1 demandó al rotativo por una noticia en la que se afirmaba que RTVE renovó su contrato por valor de 537.000 euros “el mismo día de su dura entrevista a Alberto Núñez Feijóo”, aquella en la que Intxaurrondo puso contra las cuerdas al líder del PP –pocos días antes de las elecciones– por una cuestión relacionada con la revalorización de las pensiones.

Además, en otra información de El Mundo se decía también que la periodista iba a cobrar 150.000 euros por presentar El mejor de la historia, otro programa de TVE que, según los cálculos del periódico, le permitiría embolsarse 25.000 euros por cada una de sus seis entregas.

Aunque la demanda fue inadmitida en primera instancia –e incluso se condenó a Intxaurrondo a pagar las costas del juicio–, la Audiencia Provincial de Madrid establece ahora que El Mundo tendrá que publicar una rectificación bajo el título: “RTVE no cerró la renovación de Silvia Intxaurrondo por 537.000 euros el día de su entrevista a Alberto Núñez Feijóo”. Así viene recogido en la sentencia a la que ha tenido acceso El País.

Durante el juicio, Intxaurrondo quiso aportar como prueba algunos documentos que acreditarían que la renovación de su contrato se empezó a gestar antes del día de la famosa entrevista, que tuvo lugar el 17 de julio de 2023. Según El País, las negociaciones continuaron después (así consta en las comunicaciones entre ambas partes) y se materializaron el 21 de agosto.

La periodista también cuestionó la cifra de su salario aportada por El Mundo. Aunque en la documentación interna de RTVE se estableció la cantidad de 537.514 euros por dos temporadas, Intxaurrondo quiso dejar claro que solo percibiría esta cantidad si presentaba todas y cada una de las emisiones de La hora de La 1 (520 al cabo de esos dos años). Desde septiembre de 2023 hasta septiembre de 2024 estuvo al frente del programa en 209 ocasiones, menos de las 260 que habría aparecido en pantalla si hubiera trabajado cada día.

El País señala que estos documentos no fueron admitidos como prueba en el juicio, sin embargo, sí aparecerán en la rectificación que debe publicar el rotativo de Unidad Editorial porque “la cifra salarial que se indica en el titular de 537.000 euros no es correcta”, ya que se trata de “un límite salarial impuesto en el contrato como techo máximo para el caso de que se presenten 520 programas en dos años”.

En la rectificación que pide Intxaurrondo también se dice que no “es cierto que vaya a cobrar 25.000 euros por cada programa de El Mejor de la Historia”, sino una cantidad “sustancialmente menor a la indicada”.

Intxaurrondo fue condenada en primera instancia a pagar las costas

El pasado mes de enero, el Juzgado de Primera Instancia número 10 de Madrid desestimó la demanda de Intxaurrondo al entender que los datos publicados por El Mundo eran “coincidentes con los del contrato final y que constan en el propio documento interno de RTVE”. En efecto, esa es la cantidad que figura en el contrato, aunque, tal y como advierte la presentadora, es un techo salarial, no el salario real.

Según El País, la sentencia del juzgado reflejaba que el marido de Silvia Intxaurrondo –administrador de la empresa que negoció la renovación del contrato– tuvo una conversación con la periodista que firmaba la noticia después de que esta fuera publicada. Acto seguido, El Mundo modificó el texto.

El juez entendió que, aunque las peticiones del esposo de Intxaurrondo “no constituían formalmente el ejercicio del derecho de rectificación de la aludida”, la información ya había sido rectificada con anterioridad, así que no procedía alargar el proceso en este sentido: “Corregida y aclarada la información de forma previa y conforme a lo que se solicita ahora, no procede reiterar este derecho en vía judicial”.

La periodista, que fue condenada a pagar las costas del proceso, presentó un recurso contra la sentencia. “Sólo una información falsa necesita ser rectificada, completada, corregida y aclarada. Hace más de nueve meses presenté una demanda contra El Mundo por publicar una información falsa sobre mí, tardó siete meses en ser admitida. (...) La jueza, no yo, afirma que El Mundo ha 'rectificado' su información a lo largo de cuatro días y, por ello, no admite lo que ella considera una 'nueva rectificación'”, reaccionó la presentadora de TVE. Desde el periódico siempre han manifestado que las modificaciones que llevaron a cabo no alteraban el núcleo de la información.

Ahora, cuatro meses después, las noticias que le llegan del juzgado son muy distintas a las que recibió entonces. El Mundo tendrá que rectificar sus noticias porque, como le recuerdan desde la Audiencia Provincial de Madrid en la sentencia difundida por El País, “el derecho de rectificación se refiere a los hechos que afectando al demandante éste considere inexactos y cuya divulgación pueda causarle un perjuicio, de modo que mediante su ejercicio obtenga la divulgación por el mismo medio de la versión de hechos que interese al afectado, sin que la veracidad o no de los mismos sea relevante”.

Kiko Matamoros se ha tomado a guasa la demanda que le ha puesto Isabel Pantoja por la parodia que hizo en Ni que fuéramos el pasado mes de marzo. “¿Cuántos millones de euros me podrán caer por semejante afrenta?”, se pregunta el famoso tertuliano.

La familia de la tele (La 1) anunció este viernes que la cantante ha presentado una macrodemanda contra varios medios de comunicación y colaboradores de televisión, entre los que se encuentra Matamoros, por algunas de las cosas que se han dicho sobre ella en los últimos meses y que, al parecer, le habrían ocasionado un importante perjuicio económico.

El equipo del programa dio por hecho que la parodia que tanto irritó a la artista es aquella en la que se recreaba la mítica escena que ella mismo protagonizó junto a su hijo Kiko Rivera durante un concierto. Isabel cantaba Mi pequeño del alma mientras que el niño, agarrado al micrófono, pedía “carne”.

Fue el pasado mes de marzo cuando Matamoros y Patiño recrearon en Ni que fuéramos (TEN) este pasaje de la vida de la Pantoja. Según la periodista Silvia Taulés, a la tonadillera no le hizo ninguna gracia este sketch y ha decidido incluir a Matamoros en esa macrodemanda que supera los cinco millones de euros en indemnizaciones.

Pero el tertuliano no parece que tema las consecuencias. “¿Cuántos millones de euros me podrán caer por semejante afrenta? ¿Tendré que romper mi apreciada hucha del cerdito que guardo desde la más tierna infancia?”, se pregunta con ironía desde las redes sociales.

Matamoros, que desde hace unas semanas trabaja en La familia de la tele de TVE, dice estar “desolado, atribulado y muy arrepentido” por esa parodia que llevó a cabo en su anterior magacín, aunque termina su mensaje con un emoticono que deja bien clara su verdadera interpretación de todo este asunto.

Isabel Pantoja ha presentado una macrodemanda contra varios medios de comunicación, periodistas, tertulianos y presentadores de televisión. Según contó Silvia Taulés este viernes en La familia de la tele, la tonadillera les pide “más de cinco millones de euros”.

Entre los demandados están Kiko Matamoros y Laura Fa, colaboradores del citado magacín que se emite en TVE. Al primero lo llevará ante el juez por una imitación que hizo en el programa Ni que fuéramos (TEN), mientras que la segunda tendrá que explicar (llegado el momento) por qué dijo en Espejo Público (Antena 3) que la cantante “iba a cancelar unos conciertos por su estado de salud”.

Según Taulés, Isabel Pantoja ha recurrido a la justicia para reparar el daño que se le ha hecho. “Ha perdido mucho dinero por culpa de todas las informaciones que se han dado y por las personas que han facilitado esas informaciones”, asegura la colaboradora de La familia de la tele, que advierte de que “la demanda es ampliable y cualquier persona en cualquier momento puede ser incluida en ella”.

No está claro qué parodia de Ni que fuéramos es la que se ha incluido en la demanda, aunque en el plató de La familia de la tele dieron a entender que se trata de una imitación en la que María Patiño interpretaba a la Pantoja, y Matamoros fingía ser Kiko Rivera.

La cantante también acusa a varias personas que fueron de su confianza, como Dulce. La niñera de Cantora aseguró hace unos meses en De Viernes (Telcinco) que Isabel, supuestamente, “intentó clavarle unas tijeras en el estómago”.

A Mariló de la Rubia y al hospital de Córdoba “los demanda por revelación de secretos”, porque es allí, en ese centro médico, donde supuestamente se habría filtrado el historial médico que dio pie a todas estas informaciones que, según dice, tanto la han perjudicado.

Se desconoce qué otras personas, empresas y programas de televisión han sido incluidas en la demanda, así como las cantidades que les reclama a cada uno de ellos y los delitos que les imputa.

La macrodemanda de Isabel Pantoja

Dos días después de ser detenido por la Policía tailandesa por supuesta tenencia ilegal de animales salvajes protegidos, Frank Cuesta ha anunciado que ya está en libertad. El famoso naturalista ha grabado un vídeo con su versión de lo ocurrido desde el “santuario” en el que supuestamente guardaba dichas especies.

Según la agencia EFE, Cuesta, que fue detenido el jueves 27 de febrero, quedó en libertad bajo fianza este sábado 1 de marzo, si bien se desconoce la cantidad de dinero que tuvo que aportar.

El youtuber declaró en comisaría el viernes durante tres horas en presencia de su abogado y con ayuda de una intérprete. Se desconocen los pormenores de la acusación y qué ha esgrimido en su defensa.

La Policía de Tailandia entró en la fina de Cuesta el jueves tras recibir una información en la que se denunciaba que había allí animales salvajes protegidos. Dentro de la propiedad, los agentes encontraron un total de 10 animales de fauna silvestre protegida (nueve nutrias de uñas pequeñas y una pitón pico de pato) “sin ninguna documentación oficial que acredite su adquisición”.

Según la ley tailandesa, delitos vinculados con la apropiación indebida de animales salvajes acarrean penas desde multas a varios años de cárcel, o ambas, en función de las circunstancias. 

Tras su puesta en libertad bajo fianza, Cuesta ha arremetido contra la Policía tailandesa por la manera en la que llevó a cabo el registro. El youtuber espera que le devuelvan los animales y cree que toda esta operación tiene como único objetivo manchar su trayectoria y “destruirle”.

María Patiño anunció en septiembre de 2024 que había sido absuelta del delito de injurias y calumnias que le imputaba Antonio David Flores. Aquello fue el principio del fin para este proceso judicial que ahora, cinco meses después, está todavía más cerca de concluir. Esta semana, la presentadora de Ni que fuéramos Shhh ha recibido otra buena noticia: la justicia le ha devuelto los 120.000 euros que aportó como fianza para el caso de que tuviera que afrontar una posible indemnización por daños y perjuicios.

“Estoy muy contenta porque me han devuelto los 120.000 euros que me había retenido el juzgado”, declaró este miércoles en su programa. “Todavía no hay una resolución definitiva, pero el juez considera que ese dinero nunca se me tendría que haber retenido. A la espera de la resolución formal, vuelvo a tener mi dinero”, añadió. La noticia fue adelantada por la revista Lecturas.

Antonio David Flores pedía “dos años y medio de prisión” para Patiño por un comentario que esta hizo en Socialité (Telecinco) en 2021, poco después de emitirse la docuserie en la que su exmujer, Rocío Carrasco, sugirió que le maltrataba.

Tras el revuelo ocasionado por el documental aparecieron en Málaga varios carteles en los que se llamaba “maltratador” a Antonio David, y Patiño dijo en Socialité que era él mismo quien los había pegado en las calles para “dar pena y victimizarse”.

Días después, Patiño rectificó su información, pero Antonio David acudió a los tribunales para defender su honor. En septiembre de 2024, la justicia absolvió a la periodista porque, según contó ella misma, la jueza no le consideraba culpable del hecho de que Antonio David Flores fuera “socialmente considerado un maltratador”. La rectificación de Patiño y el relato previo de Rocío Carrasco fueron claves para que la justicia se pusiera de su lado.

Ahora, la presentadora de Ni que fuéramos Shhh celebra esta nueva victoria sobre el que años atrás fuera su compañero en Sálvame.

RTVE se ha personado en las diligencias previas del caso que investiga la filtración de los exámenes de las oposiciones que celebró a finales de 2024. La radiotelevisión pública ha recurrido a los servicios jurídicos de la Abogacía del Estado para dar este paso.

La corporación ha informado en un comunicado de que dichas diligencias se tramitan en el Juzgado de Instrucción Número 48 de Madrid a raíz de la denuncia policial que, en su momento, interpuso RTVE cuando tuvo conocimiento de los hechos. Tras el conocimiento de las actuaciones obrantes en las citadas diligencias previas, RTVE ha incoado un nuevo expediente a un segundo trabajador presuntamente implicado en los hechos.

La Corporación ha mostrado de nuevo su “firme compromiso con el esclarecimiento de los hechos y la exigencia de todas las responsabilidades que correspondan”.

El 17 de octubre RTVE ya abrió un expediente disciplinario a un trabajador de la corporación “resultado del avance de las investigaciones” derivadas de la filtración de las preguntas de la prueba teórica de Información y Contenidos del pasado 29 de septiembre.

La incoación de este expediente disciplinario fue “fruto del avance del expediente informativo” que se abrió en su día, en base a las instrucciones trasladadas por el Consejo de Administración y su Presidencia interina a la Dirección de Recursos Humanos y Organización de RTVE.

Netflix tendrá que pagar 385.000 dólares (364.000 euros aproximadamente) a una mujer estadounidense por revelar su identidad en el documental Nuestro padre, en el que se analiza el caso del médico de fertilidad Donald Cline. En dicha investigación se mencionó a Lori Kennard como descendiente del conocido doctor, que engendró en secreto 94 hijos.

Kennard es una de las tres personas que demandaron a la plataforma de streaming al ver que sus nombres aparecían en el documental. Alegaban que no se había respetado su derecho a la privacidad, y pedían por ello una indemnización. Netflix se enfrentaba a un posible pago de millones de dólares, pero el jurado de Indiana (Estados Unidos) en el que se ha juzgado el caso, ha establecido una condena mucho menor de lo esperado, informa Variety.

Las otras dos mujeres que demandaron a Netflix no han tenido tanta suerte: el jurado ha rechazado que se indemnice a Sarah Bowling, y las reclamaciones de la tercera mujer fueron desestimadas incluso antes de que se celebrara el juicio. En la demanda señalaban a Netflix por “divulgar públicamente hechos privados”, es decir, por revelar al público que ellas también eran hijas del citado médico.

Los abogados de estas mujeres hicieron hincapié en que los productores del documental, siendo conscientes de la sensibilidad del caso, se habían comprometido a no revelar la identidad de nadie sin su consentimiento.

Por su parte, Netflix, líder mundial del streaming, argumentaba que los nombres de estas mujeres aparecían fugazmente. Además, señalaba que las demandantes habían renunciado a su privacidad por haberse unido a un grupo privado de Facebook en el que se reunieron los hijos secretos de Cline.

Tras analizar los argumentos de las partes, el jurado, compuesto por ocho miembros, determinó que Lori Kennard sí había mantenido en secreto su parentesco con Donald Cline, motivo por el que tiene derecho a ser indemnizada. Pero Sarah Bowling sí hizo pública su relación con el doctor, así que no recibirá cantidad alguna.

Aunque en un primer momento se barajó la posibilidad a establecer medidas punitivas, finalmente solo se ha pedido una compensación económica porque la jueza del caso ha entendido que la productora analizó las posibles repercusiones legales de su documental, y la proyección de los nombres fue simplemente un error honesto.

El cantante Slimane Nebchi, representante de Francia en Eurovisión 2024, está siendo investigado por un presunto delito de “acoso sexual agravado mediante el uso de un soporte electrónico”.

Según la cadena de televisión francesa BFMTV, la Fiscalía de Sainte-Etienne ha abierto una investigación contra el famoso artista de Mon amour, de 35 años, tras recibir la denuncia de un técnico que había estado trabajando en los conciertos de Slimane.

En dicha denuncia –fechada el 28 de octubre– se relatan las situaciones que ahora son objeto de investigación por parte de la Fiscalía, quien acaba de iniciar las pesquisas tras recibir las “pruebas” de la parte demandante.

Todo ocurrió en diciembre de 2023 en una fiesta posterior al concierto del cantante en Zénith de Saint-Étienne. La víctima denuncia que Slimane le inmovilizó contra una pared y le obligó a abrazarlo, además de manifestar su “deseo” de mantener relaciones sexuales con él.

Posteriormente, Nebchi habría enviado a este mismo técnico del equipo “una gran cantidad de mensajes y vídeos de contenido sexual y pornográfico” durante aproximadamente dos horas y media, según han detallado los abogados del demandante.

El artista francés quedó en cuarta posición en el Festival de Eurovisión 2024.

María Patiño anunció este viernes que ha sido “absuelta” en el juicio que mantenía con Antonio David Flores. El exmarido de Rocío Carrasco, que “tiene derecho a recurrir” la sentencia, la había demandado por un presunto delito de injurias y calumnias.

El origen del conflicto se remonta a octubre de 2021, cuando Patiño contó en Socialité (Telecinco) que en Málaga habían aparecido carteles en los que se llamaba “maltratador” a Flores. El programa afirmó, por boca de su presentadora, que el propio afectado habría pegado dichos papeles para “dar pena y victimizarse”.

Días después, Patiño rectificó su información, pero Antonio David acudió a los tribunales para defender su honor. Según la periodista, se le retuvieron 120.000 euros del banco para afrontar posibles daños y perjuicios. Ahora, casi tres años después, Patiño anuncia que la justicia le ha dado la razón porque rectificó a tiempo.

“Yo rectifiqué en el mismo programa en el que di la información”, contó este viernes en Ni que fuéramos Shhh, la nueva versión de Sálvame. Además, dice que la jueza la exculpa de que Antonio David Flores sea “socialmente considerado un maltratador”. De esto “no es responsable el programa Socialité ni María Patiño, sino hechos anteriores contados”.

Se refiere a lo expresado por Rocío Carrasco en la serie documental en la que contó los supuestos malos tratos que sufrió durante su matrimonio: “Yo no te llamo maltratador. La estigma social que tienes es porque hay alguien que formó parte de tu vida que lo contó. No somos responsables los periodistas ni los programas, simplemente pusimos un altavoz”.

“Ha primado la libertad de expresión y la capacidad de rectificación. Lo más sagrado de mi profesión es que cuando uno se equivoca pida perdón, y tú te olvidaste de esa hemeroteca, Antonio David. Se quedaron en lo que dije, pero no en lo que desdije. Esa fue mi salvación”, defiende la presentadora, pletórica por esta victoria judicial.

No consta que Antonio David Flores haya reaccionado a esta decisión de los tribunales.

Continúa el contubernio de Mi reno de peluche, el fenómeno de 2024 en Netflix. Richard Gadd, creador y protagonista de la aclamada ficción, participa en la defensa de la plataforma de streaming ante la denuncia por difamación que Fiona Harvey, la mujer en la que se inspira el personaje de Martha. El artista escocés ha relatado los años “extremadamente terribles” de acoso que sufrió por la demandante, que luego se sirvieron como base para la ficción.

Aunque el actor no ha sido acusado por Harvey en la demanda, sí ha querido apoyar a Netflix con el propósito de conseguir que el caso sea desestimado. Recordemos que Harvey reclama 170 millones de dólares a la streamer por la comedia negra, aunque hay que tener en cuenta que por parte de los responsables de Mi reno de peluche siempre se mantuvo en el anonimato su identidad y se insistió en separar realidad de ficción.

Fue, en cambio, el interés y morbo de la comunidad online la que rastreó en el pasado de Richard Gadd hasta dar con su acosadora, que terminó por dar un paso al frente de forma pública. A través de una entrevista con Piers Morgan, Harvey aseguró que el personaje de Martha, la mujer que acosa al protagonista de Mi reno de peluche, se basaba en ella. Acto seguido, presentó la demanda multimillonaria contra Netflix, cuyos CEO, Ted Sarandos y Greg Peters, dejaron claro que respondería “con vigor” para “defender el derecho de Gadd de contar su historia”.

Habla de un “comportamiento incansable durante años”

En una declaración de 21 páginas entregada en los juzgados, y que recoge Variety, Gadd manifiesta “tener conocimiento de los hechos” y reitera que “si fuera llamado a declarar como testigo, lo haría y testificaría”. “Ofrezco esta declaración en apoyo a los demandados”.

“En general, fue un periodo de time increíblemente estresante y preocupante para mí”, afirma Gadd, que añade que fue víctima de “un comportamiento incansable durante años” por parte de Harvey. “Es imposible para mí ser exhaustivo al exponer todo sobre la conducta de Harvey, ya que fueron múltiples instancias de interacciones personales desagradables, así como intentos de llamar mi atención, así como una comunicación profundamente perturbadora”.

Pero, ante todo, deja claro una vez más que su objetivo nunca fue dramatizar los hechos, sino usarla como base para contar una historia en la que volcar sus inquietudes artísticas: “Nunca quise que la serie identificara a ninguna persona real con Martha Scott, y tampoco a Harvey. Martha Scott no es Fiona Harvey. Como todos los personajes de la serie, es un personaje de ficción, con unos rasgos de personalidad muy diferentes a los de Harvey”.

Afirma conocer más casos de personas acosadas por Harvey

“Me sorprendió mucho que apareciera en Piers Morgan Uncensored. Aunque solo he visto algunos fragmentos, ella asegura que era la inspiración para el personaje, y que nunca me mandó miles de e-mails ni me dejó jamás mensajes de voz”, indica Gadd, antes de describir el alcance del acoso: “Me acosó y acechó durante muchos años, y desde su entrevista, otras personas se han puesto en contacto conmigo a través de mis agentes y representantes para decirme que también fueron acosados por Harvey, pero que tenían miedo de decirlo”.

Llegados a este punto, conviene recordar que el recientemente elegido primer ministro británico, el laborista Sir Keir Starmer, también fue objeto del acoso de Harvey, tal y como reveló The Sun. La mujer envío 276 correos electrónicos en cuestión de ocho meses, entre enero y agosto de 2020, cuando él servía como diputado por Holborn y St Pancras, al lado de Kilburn, la zona donde vivía Harvey por aquel entonces. Precisamente Piers Morgan entrevistó también a la abogada Laura Wray, otra mujer que acusa de acoso a Fiona Harvey y que precisamente decidió hablar tras la entrevista que esta última concedió.

Gadd también da detalles de las acciones que puso en marcha contra su acosadora y cita entre otras la orden de alejamiento que consiguió que impusieran a Harvey en 2016. Si bien el actor, que tiene ya nuevo proyecto en HBO, deja claro que no pretendía generar este interés hacia su biografía personal, procura aportar pruebas de que lo que se cuenta en la serie no sería, pues, difamatorio.

Novedades en la investigación contra el actor Luis Lorenzo y su expareja, Arantxa Palomino, en torno a la muerte de la tía de ella, María Isabel Suárez, por la que fueron detenidos en mayo de 2022. La Fiscalía Provincial de Madrid solicita seis años de prisión para ambos, por presunto trato “absolutamente vejatorio” a la anciana.

En concreto, el fiscal les imputa un delito contra la integridad moral y otro continuado de administración desleal, según recoge Europa Press. Estos habrían sido cometidos en los meses previos al fallecimiento de la tía política del televisivo, que se produjo el 28 de junio de 2021.

Hay que recordar que Lorenzo y Palomino fueron detenidos bajo la acusación de haber envenenado a la mujer para heredar. En junio de 2023, tras más de un año de investigación, el último informe forense concluyó que no existían “datos objetivos de intoxicación”, avalando la teoría de que los metales hallados en su cuerpo respondían a una redistribución por un trasvase 'post mortem', y sin que haya podido determinarse la causa de su muerte.

En todo caso, el caso seguía adelante centrándose no ya en el fallecimiento sino en los meses previos de vida de la mujer. El escrito de acusación del fiscal se acaba de presentar en la fase intermedia del procedimiento, toda vez que la jueza de Arganda del Rey que instruye la causa concluyera la investigación.

También se solicitan dos años y seis meses de prisión a una cuidadora de la fallecida por la presunta comisión de un delito contra la integridad moral.

Lorenzo y Palomino “privaron de los cuidados básicos” a la mujer

De acuerdo a la solicitud fiscal, Lorenzo y Palomino habrían obligado presuntamente a María Isabel a trasladarse desde su residencia de Grado (Asturias) a su domicilio de Madrid. Allí “estuvo aislada de forma 'sistemática' durante varios meses, y hasta su fallecimiento”, de acuerdo a la nota difundida a medios, “privándola de los cuidados y atenciones más básicos”.

Según la acusación, la pareja acudió al domicilio en el que residía la tía de la mujer, a la que habrían convencido para que vivir con ellos, en el municipio de Rivas-Vaciamadrid. “Para ello, le hicieron creer que precisaban su ayuda para el cuidado de sus hijos y que solamente pasaría fuera de su casa unos pocos días”. Una vez en la vivienda, “la mantuvieron apartada de sus hermanos y sobrinos, que se encontraban todos ellos en el Principado de Asturias, y le impidieron mantener contacto telefónico con ellos, a pesar de que los mismos trataron de manera reiterada de comunicarse con ella”.

“A lo largo de los cuatro meses que convivió con los acusados, ni tan siquiera le suministraron la medicación según la tenía pautada. Es más, cuando dejó de poder desplazarse le negaron la atención necesaria para su 'adecuada' higiene y aseo”, prosigue la nota. Además, se habrían valido del hecho de que la tía de Arantxa se encontraba fuera de su entorno habitual y del deterioro cognitivo padecía, cuya gravedad aumentó de manera “fulminante ”desde su traslado a Rivas-Vaciamadrid.

Accedieron a sus cuentas para “mantener su ritmo de vida”

La acusación describe las conductas a las que sometieron a la fallecida, a la que, por ejemplo, no habrían proporcionado ni andador ni silla de ruedas cuando era preciso, y a la que llegaron a dejar en un restaurante durante nueve horas, mientras los acusados organizaron la celebración del cumpleaños del hijo de su tía en un parque de atracciones. Los acusados llevaron este tipo de conductas con la mujer con la finalidad de controlar el dinero de su cuenta corriente porque “lo necesitaban para mantener su ritmo de vida y soportar importantes gastos mensuales 'sin efectuar actividad laboral alguna y detentar ninguna fuente de ingresos para sostener tales gastos'”.

La fiscalía añade que el 7 de mayo de 2021, llevaron a la anciana a una notaria para revocar su testamento anterior, designando a la acusada como heredera de todos sus bienes a excepción de dos fincas rústicas. Tres semanas más tarde regresaron a la notaria, continúa el Ministerio Fiscal, donde la víctima concedió en escritura pública a su sobrina un poder especial para disponer de su dinero. Al percatarse de que tal poder notarial era insuficiente para realizar las gestiones, lo intentaron con otro notario que, “al igual que el anterior”, se opuso a sus pretensiones.

Aun así, con ese primer poder otorgado, “lograron acceder a la cuenta corriente que tenía la mujer con un saldo de 60.884,10 euros y fueron incorporando el montante de la cuenta a su propio patrimonio hasta hacerse con 19.400,60 euros en total”.

Una cuidadora, también acusada

Además, entre mayo y junio de 2021, Lorenzo y Palomino contactaron con varias empresas dedicadas al cuidado de personas mayores para “encomendarles aparentemente” el de la fallecida. La empresa Feliz Vita les envió a una mujer, la otra acusada, que apreció “la total negligencia y dejadez” de la pareja en el trato con su pariente, tal y como explicó a los responsables de su empresa.

Estos se pusieron en contacto con la sobrina de la señora, que procedió a “resolver el contrato con la empresa” y a “contratar directamente” a esta otra acusada, “abonándole una cantidad muy superior a la que esta cobraba trabajando para la mencionada agencia”.

Nuevo varapalo para Rosa Peral en su particular conflicto mediático. La Fiscalía de menores de Barcelona ha desestimado la petición de la principal condenada por el conocido como “crimen de la Guardia Urbana”, que pretendía revisar el contenido de El cuerpo en llamas. A juicio de Peral, la serie habría vulnerado el derecho al honor y a la intimidad de sus dos hijas.

El órgano judicial ha estimado para rechazar tomar medidas que no se cumplen los requisitos necesarios en la petición, informa El Periódico.

“En relación con las dos menores, no se aprecian en la situación de las mismas indicadores de riesgo, abandono, desprotección o desamparo que requieran de un seguimiento directo” por parte de la Fiscalía y la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia. Del mismo modo, se descartan también “medidas de protección específicas” contra las dos.

El Ministerio Público también hace hincapié en que las dos menores cuentan con padres en “pleno uso de las facultades inherentes a la patria potestad” y no aprecia “conflicto de intereses entre las menores y sus progenitores”. Se indica que son estos quienes pueden interponer denuncias que consideren oportunas.

Peral intentó paralizar el estreno de la serie

Conviene recordar que en El cuerpo en llamas se modifican sensiblemente algunos datos sobre la historia. El personaje de Peral, interpretado por Úrsula Corberó, tiene en la ficción una sola hija.

Cabe decir que la exagente, condenada a 25 años de prisión por el asesinato de Pedro Rodríguez, ha intentado con ahínco paralizar el lanzamiento de la serie, sin éxito en primera instancia. En abril, sin embargo, la sección 19 de la Audiencia Provincial de Barcelona sí le dio la razón. Los magistrados consideraron que tendría que haberse admitido a trámite la petición de la condenada para convocar a las partes para una vista donde exponer sus argumentos, cosa que no ocurrió, según recoge Confilegal. 

En paralelo a El cuerpo en llamas, hay que recordar que Netflix también estrenó Las cintas de Rosa Peral, un largometraje documental donde la exagente tomaba la palabra y daba su versión de los hechos. Ante la circunstancia del doble estreno, y a petición del abogado de la víctima del crimen, la Audiencia de Barcelona ordenó embargar todo posible pago a los condenados por estas producciones. Sin conocerse si hubo o no algún tipo de retribución, el documental fue ampliamente cuestionado por el enfoque que adoptó.

El actor brasileño Juan Darthés ha sido condenado a seis años de prisión por violar a la actriz argentina Thelma Fardin cuando ella era menor de edad. Los hechos ocurrieron en 2009 en Nicaragua, cuando ambos se encontraban promocionando la telenovela Patito feo. Él tenia 45 años; ella, 16.

“Esta sentencia tiene que ser un mensaje de esperanza para todas esas personas que todavía están sufriendo algún tipo de abuso. Tiene que ser una esperanza para que, aunque piensen que es muy difícil, que la persona a la que tienen que denunciar es muy poderosa y que tiene muchas herramientas, hay una posibilidad de reparación”, ha reaccionado Fardin.

La actriz, que denunció los hechos en 2019, asegura que ya había “perdido la fe en la Justicia”. En 2023 fue absuelto en primera instancia por un juzgado brasileño, pero la víctima recurrió aquella sentencia y consiguió que su caso fuera revisado en segunda instancia con el resultado que ahora se ha hecho público.

Darthés ha sido condenado con dos votos a favor y uno en contra. En el juicio ha quedado demostrado que el actor es culpable de “estupro”, que en Brasil significa “violación” con “acceso carnal”, informa el periódico Clarín.

No obstante, el actor no entrará en prisión todavía porque la sentencia no es firme y tiene derecho a recurrirla.

Las Fiscalías de Argentina, Brasil y Nicaragua colaboraron entre sí para que esta causa de alcance internacional pudiera salir adelante.

Otras tres actrices –Calu Rivero, Natalia Juncos y Ana Coacci– lo habían acusado anteriormente.

El caso provocó un auténtico terremoto en Latinoamérica porque Darthés es un actor muy conocido en la televisión del cono sur. Tras hacerse pública la denuncia de Fardin, el teléfono contra el abuso sexual infantil se quedó totalmente colapsado: el número de llamadas creció un 1.200%.

La empresa Reti Televisive Italiane (perteneciente al grupo Mediaset) compró a RTVE la serie Seis hermanas en 2021. Tres años después, la compañía italiana ha acudido a los tribunales para demandar a la española por un supuesto incumplimiento de contrato.

Torrespaña tuvo conocimiento del pleito en octubre de 2023. Fue entonces cuando un juzgado de Pozuelo de Alarcón (Madrid) recibió la notificación de una comisión rogatoria que procedía de Italia, informa El Independiente.

En ese documento se indicaba que “RTI inició sus relaciones con CRTVE” entre octubre y noviembre de 2021 “para la adquisición de 260 capítulos de la serie Seis hermanas para su emisión en exclusiva en la cadena Canale 5 en Italia a partir de septiembre de 2022”.

Pero el acuerdo ha acabado en los juzgados. RTI considera que RTVE ha incumplido uno de los contratos que firmaron para la cesión de los derechos de emisión de la serie, de ahí que haya interpuesto una demanda contra ella por daños y perjuicios.

Para afrontar esta situación, RTVE ha iniciado una licitación pública que le permitirá contratar un despacho de abogados por importe de entre 80.000 y 120.000 euros.

Se desconoce el origen de la disputa (en qué consiste el incumplimiento de contrato que alega RTI) y qué indemnización se reclama a RTVE. Según El Independiente, desde Torrespaña han declinado hacer comentarios al respecto.

Producida por Bambú, Seis hermanas se emitió en la sobremesa de La 1, de lunes a viernes, entre 2015 y 2017. Cuenta con tres temporadas y 489 episodios. Celia Frejeiro, María Castro, Mariona Tena, Marta Larralde, Candela Serrat y Carta Díaz encabezan su reparto.