El actor Luis Lorenzo y su expareja Arantxa Palomino serán juzgados a partir de este lunes 1 de mayo por presunto maltrato a un familiar, la tía de ella, a quien supuestamente aislaron desde mayo de 2021 de forma “sistemática” y sometieron a un “trato vejatorio” mientras controlaban presuntamente su patrimonio hasta que falleció.

El juicio se celebrará durante toda la semana en la Audiencia Provincial de Madrid. Los acusados se enfrentan a una petición fiscal de seis años de prisión mientras que la acusación particular eleva la solicitud de pena a diez años de carcel para el actor y once para su exmujer. La defensa, ejercida por el letrado Juango Ospina, solicita su absolución, según recoge Europa Press.

El fiscal sostiene que la entonces pareja además de mantener a la anciana incomunicada, le sometieron a un trato “absolutamente vejatorio”, privándola de los cuidados y atenciones más básicos. Durante ese tiempo los acusados ni tan siquiera le suministraron la medicación según la tenía pautada.

En marzo de 2025, la jueza dictó el auto de apertura de juicio por la presunta comisión por Luis Lorenzo de un delito contra la integridad moral y un delito continuado de administración desleal; de un delito continuado de estafa agravada; un delito de detención ilegal o de coacciones; y un delito de maltrato habitual en el ámbito familiar. Respecto a Palomino, se la procesó por la presunta comisión de los mismos delitos y además de un delito de falsedad documental; y por la posible comisión por la cuidadora del delito contra la integridad moral; o del de detención ilegal o coacciones y un delito de maltrato.

El 28 de junio de 2021 la mujer falleció en el domicilio de los acusados sin que haya podido determinarse la causa de su muerte. La fiscal solicita para Luis Lorenzo y Arantxa Palomino seis años de cárcel por el delito contra la integridad moral y el continuado de administración desleal. Por su parte, la acusación particular, a través del abogado Jaime Sanz de Bremond, reclama para el actor diez años y seis meses de cárcel por el delito continuado de estafa agravada, el de detención ilegal o coacciones y el de maltrato habitual en el ámbito familiar. Además, pide once años de cárcel para su expareja por los mismos delitos y por otro de falsedad en documento oficial.

Luis Lorenzo y Palomino serán defendidos en el juicio por el abogado Juan Gonzalo Ospina tras cambiar de letrado. Ospina ha llevado casos mediáticos como la acusación particular en el caso de Daniel Sancho en representación de la familia de la víctima Edwin Arrieta.

Los detalles del caso

En su escrito, el abogado de la familia señala que Luis Lorenzo y Arantxa Palomino engañaron a la tía de ésta para que viniera con ellos de Grado, en donde vivía sola de forma autónoma e independiente, al domicilio de ellos en Rivas (Madrid), “con la intención de poder utilizar en su propio beneficio el dinero de su tía” y conseguir apropiarse de su patrimonio.

El letrado sostiene que Arantxa Palomino, con su tía ya en Rivas, consiguió por medio de llamadas telefónicas a médicos distintos a los asignados a Isabel por su residencia, en las que ofreció información que no se correspondía con la realidad, que en tres meses y medio le fueran prescritas a su tía 34 recetas oficiales y se emitieran 19 hojas de medicación.

De este modo, se obtuvieron fármacos que la propia Arantxa y Luis Lorenzo le fueron suministrando a la anciana, “impidiendo que ella retornara, como era su deseo, a su domicilio en Grado y la mantuvieron hasta su fallecimiento, contra su voluntad, en la casa de ellos en Rivas, alejada de su entorno, retirándole su bolso y teléfono móvil, aislándola, impidiéndole mantener contacto telefónico” con su familia.

Añade que durante los tres meses y medio en los que habitó con ellos la sometieron a “un trato absolutamente vejatorio, privándola de los cuidados y atenciones más básicos, teniendo especialmente en cuenta el estado de vulnerabilidad en el que la cantidad de medicación suministrada y consiguiente progresivo deterioro cognitivo la colocaba”.

Así, relata que los acusados no facilitaron ni atendieron su adecuada higiene y aseo, hicieron que durante esos meses Isabel durmiera en la cama de uno de los menores, pese a no caber en la misma y le prohibieron el uso de los dos aseos de la vivienda, por “lo que se vio obligada a bajar al garaje del edificio para utilizar un pequeño cuarto de baño comunitario allí existente para su aseo y necesidades”.

Nulidad del testamento

El abogado Sanz de Bremond describe como, estando Isabel ingresada el 7 de mayo de 2021 en el servicio de urgencias del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, Arantxa firmó el alta voluntaria, en lugar de la paciente, como si fuera ella, “mintiendo sobre el motivo de solicitarla”, para llevarla con Luis Alfonso a una notaría en donde Isabel, previamente diagnosticada de demencia severa, pero sin que el notario fuera informado de su situación médica, otorgó un testamento, cuya nulidad pide el abogado de la acusación, “sin capacidad para ello, o en cualquier caso condicionada e inducida por la maquinación de la acusada”, legando a Arantxa su casa de Grado y todo su dinero.

Días después, los acusados consiguieron que Isabel otorgara en la misma notaría, igualmente sin capacidad para ello, un poder a favor de Arantxa para esta pudiera disponer del dinero que su tía tenía en su cuenta bancaria, supuestamente para atender los gastos asistenciales necesarios, poder que los acusados también utilizaron para extraer cantidades en su propio beneficio.

En el informe definitivo de autopsia se concluyó muerte violenta/homicida por intoxicación aguda de metales pesados, Cadmio y Manganeso. Sin embargo, según apunta el escrito, “al variar los resultados postmortem en función de la ubicación del muestreo y del intervalo entre la muerte y la toma de muestras, y haberse realizado toma de sangre central pero no de sangre periférica, no se puede saber si se produjo una redistribución postmorten”. No obstante, se concluyó igualmente que las lesiones histopatológicas de encéfalo y corazón no eran de suficiente entidad para justificar la causa de la muerte, por lo que no ha podido determinarse la causa de la misma.

En cuanto a la muerte, el letrado considera que no se puede descartar “una situación de efecto potenciador” entre los fármacos hallados en la autopsia con efectos indeseables que hubiesen podido ser los responsables de la muerte de la mujer. En concreto, el abogado precisa que se localizaron hasta cuatro antipsicóticos, un ansiolítico y dos antidepresivos, de los cuales uno no aparece prescrito, otro había sido suspendido, y otros dos aparecen en periodos en los que no habían sido prescritos, desconociéndose respecto de dos de ellos si los niveles toxicológicos eran terapéuticos.

Relato del fiscal

Según el relato del fiscal, el 8 de marzo de 2021 la pareja acudió al domicilio en el que residía la tía de la mujer y, una vez allí, lograron convencerla para que los acompañara a su residencia, en el municipio de Rivas-Vaciamadrid.

“Para ello, le hicieron creer que precisaban su ayuda para el cuidado de sus hijos y que solamente pasaría fuera de su casa unos pocos días”. Una vez en la vivienda, según el fiscal, ambos procedieron a aislar su víctima de manera “sistemática”. La mantuvieron apartada de sus hermanos y sobrinos“.

Además, la pareja también se valió del hecho de que la tía de Arantxa se encontraba fuera de su entorno habitual y del deterioro cognitivo padecía, cuya gravedad aumentó de manera “fulminante” desde su traslado a Rivas-Vaciamadrid, “habiendo sido apreciado un episodio de demencia en agosto de 2020 por los servicios sanitarios de la Comunidad de Madrid”. Además de mantenerla incomunicada, los acusados le sometieron a un trato “absolutamente vejatorio”, privándola de los cuidados y atenciones más básicos.

El conflicto judicial que envuelve a Pasapalabra acaba de escribir un nuevo capítulo en su particular odisea. Con la sentencia del Tribunal Supremo acaparando los titulares en la prensa televisiva, el litigio sobre 'El Rosco' que tantos quebraderos de cabeza supuso en los altos estamentos de la industria parece haber llegado a sus compases finales. Sin embargo, es fundamental conocer el origen de esta batalla para entender lo ocurrido y por qué se desestiman los recursos de Atresmedia y de la productora ITV Studios.

Antes de arrancar este turbulento recorrido, destacamos la importancia de la resolución emitida por el alto tribunal: Antena 3 tiene la obligación de cesar las emisiones de su prueba estrella, que por todos es reconocida como el culmen de cada entrega. Sencillamente, la Justicia ha determinado que la cadena no puede seguir explotando 'El Rosco' tras desestimar los recursos presentados por Atresmedia y la productora ITV Studios. Y para sorpresa del sector, ha trascendido que Mediaset ha comprado los derechos de la prueba final con una jugada del todo inesperada.

El recorrido que comenzamos a continuación no solo nos sitúa en España, sino que también nos lleva a recordar lo ocurrido en países como Reino Unido, Italia y Países Bajos. Se trata de un contexto vital que acompaña a la sentencia judicial en cuestión, donde se acredita que la titularidad de los derechos de 'El Rosco' pertenece a la compañía neerlandesa MC&F. Lo veremos a continuación, pero lo ocurrido, aunque tiene que ver con las circunstancias que impidieron la continuidad de Pasapalabra en Telecinco, no es exactamente lo mismo.

1) El nacimiento de 'The Alphabet Game' (1991)

La cadena británica BBC1 estrena el 5 de agosto de 1991 The Alphabet Game, un concurso de formato corto creado por Andrew O'Connor, Rebecca Thornhill y Mark Maxwell-Smith, y producido por Objective Productions. Cada día se muestra en él un juego de preguntas basadas en el abecedario, pero sin una prueba final tal y como sucede en la actualidad en Pasapalabra. El éxito no acompaña demasiado a este programa y deja de emitirse en marzo de 1997 tras dos temporadas. Sus derechos comerciales son propiedad de ITV Studios.

2) El origen del calificado como germen de 'El Rosco'

De forma paralela y completamente independiente, los creadores Reto Luigi Pianta y René Mauricio Loeb desarrollan un formato llamado 21x100 en el año 1998. La premisa de partida es clara: un total de 21 preguntas en 100 segundos, estructuradas en un círculo y con saltos de turno entre concursantes cuando se produce un error; y todas esas cuestiones se plantean con base en las letras del alfabeto —sin J, K, W, X e Y—. Su mecánica es muy similar a lo que años después se vería en 'El Rosco'. Los derechos de este título se registran bajo el paraguas de la compañía neerlandesa MC&F.

3) La adaptación híbrida de 'The Alphabet Game' llega a Italia como 'Passaparola'

El grupo Mediaset Italia decide adaptar The Alphabet Game en enero de 1999, de la mano de la productora transalpina Einstein Multimedia, para ser emitido en Canale 5 bajo el título Passaparola. En ese momento, los directivos toman conciencia de que este formato necesita un colofón para dotarlo de mayor emoción. La decisión es la siguiente: firmar un acuerdo con MC&F para añadir esa prueba final tan característica de 21x100, rebautizada como 'Ruota delle lettere'. Nace oficialmente el concurso tal y como lo conocemos.

4) 'Pasapalabra' llega a España de la mano de Antena 3

Con el éxito cosechado en nuestro país vecino, el formato híbrido llega a España en julio del año 2000 de la mano de Antena 3. Producido inicialmente junto a la compañía BocaBoca, se compran los derechos de sus formatos tanto a ITV Studios como a MC&F para estrenar Pasapalabra. Se importa la estructura que ya se dejó ver en Italia, incluyendo ese 'Rosco' al final de cada emisión con 25 letras —excluyendo K y W—. El problema radica justo en este punto: un matrimonio de conveniencia que no pudo prever el enorme escollo legal que se produciría con el paso de los años.

En este viaje al pasado, verTele ha tenido acceso a los créditos con los que Pasapalabra cerraba sus emisiones en el año 2000: “Juego musical basado en Rire en toutes lettres, original creado por Air Producctions - Francia. Creado por Andrew O'Conner, Rebecca Thornhill y Mark Maxwell-Smith. Producido en asociación con Action Time (UK) Limited”. En este texto se menciona abiertamente a la versión francesa de The Alphabet Game.

Silvia Jato fue entonces la elegida para ponerse al frente de las emisiones diarias en verano, cosechando un éxito nada esperado hasta convertirse en el concurso más visto de la televisión española. La presentadora se mantuvo en el cargo durante cinco años, siendo sustituida durante su embarazo por Constantino Romero. Sin embargo, las audiencias comenzaron a caer en 2005, con Jato poniendo rumbo a la competencia. Con Jaime Cantizano ya como maestro de ceremonias, Antena 3 pone punto final en 2006 a Pasapalabra tras 1.282 entregas.

5) El salto a Telecinco y la semilla de la discordia

El año 2007 es clave en este conflicto. Telecinco arrebata los derechos del concurso a la cadena rival para poner en marcha una nueva etapa de Pasapalabra, que experimenta un destacado respaldo entre los espectadores. Todo cambia en 2009, cuando la cadena rompe formalmente con la productora BocaBoca y firma directamente con ITV Studios. Se exige la coproducción del espacio y aumentar un 10% el precio. Mediaset acepta en una primera instancia… pero su criterio cambia muy poco después.

Con el paso del tiempo, el servicio jurídico mueve ficha. La reflexión debió ser algo similar a lo que planteamos a continuación: “¿Por qué pagamos una millonada a los británicos si la prueba estrella la inventaron unos neerlandeses?”. Telecinco demanda a ITV Studios en 2010 pidiendo la nulidad del contrato tras sospechar que no es la dueña legítima de 'El Rosco'. La productora contrademanda por incumplimiento de contrato y por plagio. La batalla judicial acababa de comenzar, iniciando un proceso clave en este conflicto que llega hasta nuestros días.

6) Guerra abierta en los tribunales desde la primera sentencia

El Juzgado de lo Mercantil de Madrid dicta en febrero de 2014 una sentencia completamente demoledora: se condena a Telecinco a cesar las emisiones del concurso. Como ocurre en estos casos, Mediaset decide recurrir, pero la sección 28 de la Audiencia Provincial de Madrid ratifica la condena en septiembre de 2016 y eleva la indemnización a pagar por la emisión del programa sin licencia: impone una multa a la cadena de 5.4 millones de euros más los beneficios del programa desde 2012. Mientras se agota la vía judicial, el concurso sigue en emisión porque cabe recurso.

El golpe final —entonces lo era— se produce en octubre de 2019: el Tribunal Supremo tumba el último recurso de casación de Mediaset. La sentencia es firme e inmediata. Ese mismo día, el grupo audiovisual se ve obligado a ejecutar un plan improvisado y de última hora: retirar definitivamente Pasapalabra y no emitir ninguna de las entregas grabadas previamente. La parrilla, para sorpresa de muy pocos, queda ocupada por un Sálvame Banana para mayores de 16 años, donde posteriormente se incluye la sección 'El Tirón'.

[Actualización] Horas después de la publicación de esta cronología, la actualidad sorprende con una resolución judicial. El viernes 22 de mayo de 2026 se da a conocer que la Audiencia Provincial de Madrid condena a Mediaset por la emisión de Pasapalabra sin autorización entre los años 2012 y 2019: se debe indemnizar a la productora ITV Studios con 73 millones de euros. Cabe recurso de casación ante la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, por lo que este episodio tampoco se cierra todavía.

7) Antena 3 compra 'Pasapalabra', pero el conflicto no cesa

En un golpe de efecto de suma importancia en el sector, Antena 3 se hace con los derechos de Pasapalabra sólo dos meses después del final de sus emisiones en Telecinco. La nueva etapa, con Roberto Leal al frente, arranca en mayo de 2020 y pronto se convierte en el éxito que ha sido los seis últimos años. Sin embargo, los conflictos judiciales no cesan. En febrero, antes del regreso del concurso, un juez admitie un escrito preventivo de ITV y Atresmedia ante una posible denuncia de MC&F por 'El Rosco'. Y a finales de abril, a dos semanas del estreno de la nueva etapa, MC&F pide medidas cautelares contra Antena 3 por una presunta infracción de los derechos de propiedad intelectual y de competencia desleal respecto a la icónica prueba.

Meses después, en octubre, la Justicia rechaza estas medidas cautelares y permite que Pasapalabra siga teniendo su formato habitual. Sin embargo, en noviembre se da a conocer que un juez debe decidir si hay juicio por la propiedad intelectual de 'El Rosco'. Atresmedia solicita no llevar a juicio la demanda de MC&F al considerar que su reclamación ya se resolvió en un litigo anterior, el que enfrentó a Gestevisión Telecinco e ITV.

8) Archivo del caso y reapertura contra Atresmedia e ITV

En febrero de 2021, el juzgado de lo mercantil Nº8 de Barcelona archiva la demanda interpuesta por la compañía neerlandesa contra Atresmedia e ITV por 'El Rosco'. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Barcelona corrige al juez y rechaza que la paternidad de la prueba fuese una 'cosa juzgada' en el anterior litigio, por lo que ordena un juicio para determinar quién es el 'padre' de 'El Rosco'. El juicio se celebra en diciembre y da la razón a Atresmedia e ITV al considerar que la prueba no está protegida como propiedad intelectual, por lo que Antena 3 puede seguir emitiendo el concurso.

Sin embargo, el caso da un vuelco en noviembre de 2022: la Audiencia Provincial de Barcelona revoca la decisión del juez y condena a Antena 3 a dejar de emitir 'El Rosco' al considerar que no tiene los derechos de autor de la prueba. La sentencia destaca que Atresmedia vulneró los derechos de propiedad intelectual “al explotar económicamente 'El Rosco'” sin la autorización de MC&F. Para llegar a esta conclusión, los jueces remarcan que lo que se decidió en el pleito entre Telecinco e ITV fueron los derechos sobre el programa, no sobre la prueba 'El Rosco'.

La clave de la sentencia de la Audiencia de Barcelona es que los magistrados diferencian entre la paternidad de Pasapalabra y la de su prueba estrella. Los derechos del programa son de ITV, pero los de 'El Rosco' son de MC&F. Y como Antena 3 solo dispone del permiso de ITV, pero no de MC&F, debe cesar la emisión de 'El Rosco'. La cadena recurre la sentencia ante el Tribunal Supremo y mantiene la emisión del programa, incluida su prueba final.

A finales de 2023, Atresmedia e ITV encuentran el respaldo del Tribunal General de la UE, que vuelve a desestimar los recursos de Good Services, una filial de MC&F, contra ITV, acerca de que 'El Rosco' coincide con su formato 21x100 y puede protegerse mediante la propiedad intelectual, lo que supondría que ITV lo estaría explotando de forma ilegal. Sin embargo, el Tribunal considera que ITV es la creadora y propietaria de la prueba y considera que Good Servicies actuó “de mala fe” al registrar la marca.

9) El Tribunal Supremo desestima los recursos de Mediaset

Mediaset reacciona al fallo de la Audiencia de Barcelona interponiendo una demanda de revisión al Tribunal Supremo contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, que se declaró firme en 2019 y dejó entonces al grupo audiovisual sin Pasapalabra. A mediados de 2024, el TS rechaza la demanda de la compañía por haberse presentado de forma extemporánea, negando de esta forma la revisión del caso.

En la primavera de 2025, el Alto Tribunal también desestima la petición de Mediaset de participar en el procedimiento entre ITV y MC&F por la propiedad intelectual de 'El Rosco' pese a que la compañía había alegado tener un “interés directo y legítimo” derivado del contrato que firmó en su día con ITV para emitir Pasapalabra. Poco tiempo después, el Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid condena a Mediaset a indemnizar con 45 millones de euros a ITV por el uso del concurso durante años en Telecinco. Mediaset recurre la sentencia.

10) El Tribunal Supremo obliga a Antena 3 a dejar de emitir 'El Rosco' de 'Pasapalabra'

Así llegamos a la noticia de la semana: el Tribunal Supremo confirma la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona que condena a Antena 3 a dejar de emitir Pasapalabra con 'El Rosco'. El Alto Tribunal desestima los recursos presentados por Atresmedia e ITV Studios, y confirma que 'El Rosco', cuya titularidad corresponde a la productora neerlandesa MC&F, es una obra protegida por la propiedad intelectual al ser un formato televisivo desarrollado, estructurado y con suficiente complejidad, no una idea inicial o general. 

Fuentes de Atresmedia confirman a verTele que seguirán emitiendo Pasapalabra al completo, incluyendo la prueba de 'El Rosco', mientras se esclarece la situación. Desde la compañía afirman que, pese a la publicación del Supremo, a día 21 de mayo no han sido notificados formalmente de ello. El grupo de comunicación tiene además a su favor los tiempos legales, que le permitirían seguir adelante con la emisión regular de Pasapalabra durante un período indeterminado antes de que se ejecute la sentencia.

11) Acuerdo en Mediaset por los derechos de 'El Rosco'

Como diría el refranero popular, “la venganza es un plato que se sirve frío”. El conflicto parecía estar dando sus coletazos finales cuando una nueva 'bomba' estalla: trasciende que la Mediaset de Alessandro Salem compró hace más de un año los derechos de 'El Rosco' para alejarlo definitivamente de Pasapalabra. El pacto de adquisición se suscribe únicamente a una sentencia favorable del Tribunal Supremo y, según ha podido saber verTele, no se contemplan cláusulas de rescisión unilateral.

En conclusión, el concurso líder de la televisión vive uno de los capítulos de este particular reality show en el que se suceden años de batalla judicial. Lo más significativo de este viaje es que nos permite tomar conciencia del impacto de ese matrimonio de conveniencia impulsado en Mediaset Italia. Aquella decisión de unir The Alphabet Game y 21x100 para espectacularizar al máximo su Passaparola es ya uno de los casos más asombrosos de la industria audiovisual española. Habrá más capítulos.

La Justicia ha condenado a Kiko Matamoros y Makoke por ocultar bienes a Hacienda, imponiendo una pena de un año y nueve meses de prisión. Conviene destacar que esta resolución, que llega semanas después de que los colaboradores confesaran los hechos, no implica su ingreso en la cárcel. El fallo de la Audiencia Provincial de Madrid se ha dado a conocer este viernes, 8 de mayo, después de que Fiscalía rebajara sus peticiones.

Según recoge la Agencia EFE tras la publicación de El Español, se considera probado que el extertuliano de Sálvame ocultó sus ingresos a la Agencia Tributaria. Se detalla además que no presentó declaración, cobró mediante empresas interpuestas y registró su patrimonio a nombre de terceros. Esta última conclusión es, precisamente, donde se señala a su exesposa María José Giaever (Makoke).

El fallo considera que Matamoros “desarrolló una planificada estrategia de ocultación y vaciamiento patrimonial, tratando de evitar de forma sistemática que cualquier tipo de ingresos fuera a cuentas corrientes de su titularidad, así como evitando la adquisición formal de bienes, especialmente inmuebles” para que el fisco no pudiera proceder a embargos. Para ello se sirvió de las empresas Silla del Ring y Salto Mortal.

En este sentido, se especifica que tributó únicamente las cantidades que le retenían directamente sus pagadores. Además, se determina que utilizó las cuentas bancarias de las citadas compañías para sacar dinero en efectivo o hacer cargos personales. La Justicia considera que Makoke actuó como cooperadora: compró en Pozuelo de Alarcón (Madrid) una vivienda de la que ella era la titular formal.

Indemnizaciones económicas

La pena de prisión antes referida se complementa con sanciones económicas. Tanto Kiko Matamoros como Makoke tendrán que pagar una multa de 1.620 euros, además de una indemnización a la Agencia Tributaria por las deudas de la sociedad Silla del Ring: 76.500 euros de forma solidaria —parte restante por abonar de los 405.100,49— y más de 636.000 euros en el caso particular del colaborador. Hacienda calculó en 2017 que había contraído deudas por importe de 1,2 millones de euros.

Asimismo, el fallo de la Audiencia Provincial absuelve a Matamoros del delito de frustración de la ejecución, también a la sociedad Silla del Ring del delito de insolvencia punible. En el juicio, celebrado el pasado mes de abril, Matamoros confesó haber ocultado patrimonio a Hacienda, tanto ingresos dinerarios como un inmueble, para evitar que se ejecutaran embargos por el impago de impuestos.

Makoke aseguró entonces que no se enteró hasta 2018 de que su marido no declaraba a Hacienda. También asumió que se había prestado a que pusiera la referida casa a su nombre para que no se la embargaran a su entonces marido. La actual colaboradora de Fiesta aseguró que igualmente accedió a que ella figurara como titular de una cuenta en la que el dinero para pagar la hipoteca lo ingresaba su entonces pareja.

La reacción de Kiko Matamoros a al fallo de la Justicia

La difusión del fallo ha provocado la reacción de Kiko Matamoros a través de las redes sociales, compartiendo las siguientes palabras en su perfil oficial de Instagram: “No llores por mí. Ya hay sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid sobre el delito de ocultación de bienes. Gracias a los que me habéis creído y apoyado durante estos durísimos años y perdón a todos por lo que hice mal”. En conclusión, su reflexión pública tras considerarse acreditado que diseñó una operativa para eludir sus responsabilidades con Hacienda.

El Juzgado de Instrucción número 23 de Madrid ha archivado la denuncia que Sarah Santaolalla presentó contra Vito Quiles por una supuesta agresión física ocurrida en las inmediaciones del Senado el pasado mes de marzo. Tras analizar las pruebas presentadas, incluidas las grabaciones completas de las cámaras de seguridad, la jueza titular de dicho juzgado concluye que “no se aprecia agresión alguna por parte del investigado”.

“Ciertamente, analizando las diligencias de instrucción practicadas, como son las declaraciones de la perjudicada y del investigado, y en especial, las diligencias objetivas, como son los informes de sanidad y las grabaciones de los hechos aportadas por el propio investigado y por oficio de la Policía Nacional correspondientes a las cámaras de seguridad del Senado, debe concluirse que los hechos no son constitutivos de infracción penal”, sostiene la magistrada en el auto que dictó este jueves 7 de mayo y al que ha tenido acceso El Confidencial.

La jueza señala que las “imágenes completas” (sobre las que “no existe duda alguna sobre su autenticidad y no manipulación”) muestran toda la secuencia de lo ocurrido desde que Sarah Santaolalla sale del Senado hasta que accede a un coche. En las grabaciones de las cámaras de seguridad “no se aprecia agresión alguna por parte del investigado”, que se encontraba en la Plaza de la Marina cuando la famosa tertuliana de RTVE abandonó el edificio de la citada institución. Además, allí “había más personas y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”, indica.

Cuando el agitador de ultraderecha ve salir a Santaolalla, “se dirige hacia ella”. En ese momento, las personas que acompañaban a la analista “forman un cinturón de seguridad alrededor de ella, apartando al investigado e impidiendo que pudiera aproximarse a ella, llegando a realizar maniobras de bloqueo físico contra el investigado, tanto por los particulares que rodeaban a la denunciante, como por parte de los agentes de Policía que seguidamente acuden a calmar la situación”.

El tumulto quedó grabado por las cámaras de seguridad del Senado. Y en “dichas grabaciones”, asegura la jueza, “en modo alguno se aprecia acometimiento por parte del investigado a la perjudicada”.

El informe médico tampoco corrobora la versión de Sarah Santaolalla

“Se concluye por el Médico forense que no hay constancia (con la seguridad que se precisa desde un punto de vista médico forense) de que la informada sufriese lesiones que puedan relacionarse con los supuestos hechos”, expone la jueza en su auto.

“No consta que se apreciasen lesiones objetivas, diagnosticándose 'policontusiones y prescribiéndose medidas terapéuticas sintomáticas' sobre la base de lo manifestado por la informada, tratándose de sintomatología inespecífica, no necesariamente de etiología traumáticas y/o que por sí mismas no es atribuible a un único y específico traumatismo”, explica.

Tras denunciar a Vito Quiles por esta supuesta agresión ocurrida en las proximidades del Senado, la tertuliana acudió a diferentes platós de televisión con un cabestrillo que le protegía el brazo izquierdo.

Por otro lado, la magistrada se niega a tomar declaración a las personas que acompañaban a Santaolalla (como esta había pedido), y tampoco ve la necesidad de relacionar esta causa con otras denuncias que pesan sobre Vito Quiles. “No procede entrar a valorar su enjuiciamiento o no conjunto con otras causas, sino que lo que procede es el sobreseimiento de las actuaciones”, manifiesta.

“Resulta evidente que, dado que los presuntos hechos denunciados han sido grabados, tanto por el propio investigado, como por las cámaras de seguridad del Senado tales imágenes son la principal diligencia de instrucción a practicar y a tener en cuenta, por ser una prueba objetiva de cómo realmente ocurrieron los hechos”, insiste la jueza. “Solo en el caso de que dichas grabaciones no fueran completas o no permitieran ver de un modo claro cómo se desarrollaron los hechos, correspondería practicar las testificales interesadas por la denunciante”.

Las grabaciones que aportó Vito Quiles “no muestran agresión alguna, constatándose de las mismas que el investigado ni siquiera llega a aproximarse a Santaolalla”.

No consta que Sarah Santaolalla, que este viernes 8 de mayo ha participado en la tertulia de Mañaneros 360 (La 1), haya reaccionado a este auto judicial contra el que puede interponer recurso. La analista, que suele ser muy crítica con las políticas conservadoras y el avance de la ultraderecha, ha denunciado en multitud de ocasiones el “acoso” al que está sometida por determinados agitadores de la derecha mediática. En enero, su nombre apareció pintado sobre el memorial de Las Trece Rosas junto a la inscripción “RIP”.

La 'Operación Deluxe' continúa generando titulares cuando se cumplen nueve años del inicio de la investigación policial. Tiempo después de que el magistrado Marcelino Sexmero dictara el auto de transformación del caso como paso previo a la apertura del juicio, la Fiscalía ha pedido el archivo de la causa contra David Valldeperas y otros tres extrabajadores de Sálvame por ausencia de pruebas suficientes. Tampoco existe acusación formal contra una quinta persona.

Conviene recordar que el citado auto centraba la acusación en dos personas jurídicas como La Fábrica de la Tele y Mediaset, además de tres personas físicas: el policía Ángel Jesús Fernández Hita, el paparazzi Gustavo González, y el que fuera director del programa de Telecinco. Según avanza ECD y ha podido confirmar verTele, el procedimiento donde se juzgaba el presunto delito de revelación —llamada ahora 'Operación Luna'— de secretos vive un punto de inflexión.

El escrito del Ministerio Público ante los juzgados de Madrid pide el sobreseimiento provisional para Valldeperas, considerando que no existen pruebas suficientes para mantener una acusación penal. Esta solicitud va en consonancia con la evolución del procedimiento: el juez antes referido fue descartando posibles líneas penales con el paso de los meses para centrarse en el presunto delito de revelación de secretos.

Recordamos que el también exdirector de La familia de la tele en RTVE recurrió su imputación, según se dio a conocer en 2025. Su abogado argumentó que no era el 'David' referido en las conversaciones grabadas y analizadas en la causa: “Es habitualmente interpelado por su apellido, de tal forma que, si efectivamente la conversación se refiriera a él, la solicitud en el seno del programa no se habría efectuado de parte de David, sino 'de parte de Valldeperas'”.

Solicitud de archivo para otros trabajadores de 'Sálvame'

Además, la institución integrada en el poder judicial solicita el archivo provisional de las actuaciones para Miguel Menaut Palco, Isaac Pulido Arroyo y María Victoria Laseca Cascante. Los extrabajadores de Sálvame también podrían quedar fuera del procedimiento al no existir una acusación formal contra ellos a fecha de publicación de esta noticia; situación distinta a la de otros presuntos implicados. La petición es extensible a una quinta persona: María Pasqual García.

La rebautizada posteriormente como 'Operación Luna' contó con más de 30 famosos que decidieron personarse, según se informó previamente, como acusación particular como Isabel Pantoja, Omar Montes, Kiko Rivera, José Antonio Matamoros, Mayte Zaldívar, José Fernando Ortega, Irene Rosales, Lorena Morlote, Tania Grande o Ramiro Lapiedra. En el momento en que presentaron sus escritos respectivos, quedaron incorporados al procedimiento.

Las claves de la 'Operación Deluxe'

La Unidad de Asuntos Internos de la Policía descubrió en abril de 2017 una supuesta trama iniciada en el año 2009. En ese momento, la resolución judicial explicó que Ángel Jesús Fernández Hita había supuestamente facilitado “numerosos atestados” y “otros documentos como fichas policiales” a Gustavo González a través de la aplicación WhatsApp. De “al menos 182”, algunos incluían informaciones sensibles sobre distintos famosos. Arrancó entonces la conodica como 'Operación Deluxe'.

En su auto, el magistrado estableció una relación directa de Sálvame con la supuesta trama; de hecho, apuntó a que la dirección del formato vespertino “promovía la búsqueda de información personal e íntima reservada”. Aunque ahora todo puede cambiar, en ese momento se propuso a La Fábrica de la Tele como responsable civil directo, ocupándose de las posibles indemnizaciones económicas que determinara una futura sentencia.

Por otro lado, se proponía a Mediaset como responsable civil subsidiario, afrontando esos pagos si no lo hacían ni los acusados ni la productora en cuestión. Cuando el grupo audiovisual y los creadores de La Fábrica de la Tele —Adrián Madrid y Óscar Cornejo— separaron sus caminos, ambas partes acordaron la reserva de una cantidad económica para hacer frente a las posibles condenas ante los procedimientos abiertos.

Con el paso de los años, el procedimiento judicial se ha ido 'estrechando' tras un inicio donde incluso se habló de un posible delito de cohecho. Estos ajustes para centrarse en la posible revelación de secretos han derivado en una reducción del número de personas investigadas, dejándolas fuera de la 'Operación Luna'. Algo similar ocurrió con el número de famosos implicados: comenzó con 138 y se fue reduciendo significativamente.

Sarah Santaolalla niega que Vito Quiles le haya ganado en los tribunales, donde hace unos días presentó una denuncia contra él por una supuesta agresión física ocurrida en las inmediaciones del Senado.

Este jueves, el agitador ultra anunció en las redes sociales que ha “ganado” el litigio. “La jueza dicta que no hubo agresión alguna a Sarah Santaolalla y rechaza la orden de alejamiento que solicitaba”, dice en el mensaje que ha compartido en X. “Que vaya pasando el Gobierno en fila indica a disculparse por difundir un bulo”, añade.

Junto al mensaje, Quiles aporta un extracto de la supuesta providencia en el que se puede leer lo siguiente: “No resulta acreditada una situación de riesgo objetivo que justifique la adopción de una medida tan grave y restrictiva de derechos como la interesada por la denunciante, más aún teniendo en cuenta la profesión de periodista de investigado y denunciante y su posible coincidencia en los mismos espacios públicos”.

Además, la jueza indica que “la levedad de las lesiones, que ni siquiera pueden ser objetivadas, no permiten determinar su relación causal con la situación de estrés y miedo alegada por la denunciante”. Por todo ello, continúa, “se considera que no concurren las razones de urgencia y de riesgo objetivo que justificaría la adopción de una medida cautelar restrictiva de derechos como la que se pretende; todo ello sin perjuicio de lo que ulteriormente pudiera acordarse durante el curso del procedimiento”.

Por su parte, Santaolalla niega que Vito Quiles, al que denomina “bulero profesional”, haya “ganado nada”. “Ni siquiera se ha iniciado el procedimiento, ni se han podido mencionar las otras tres denuncias por acoso, con documentación y pruebas aportadas en todas ellas”.

La tertuliana de RTVE y Mediaset, que está en el disparadero de la ultraderecha y el pasado mes de enero fue amenazada de muerte, relata que este jueves se valoraron las “medidas cautelares” por la “agresión” que sufrió el lunes. “No se ha negado la agresión, no se cuestiona el acoso que llevo sufriendo y sufro por parte de este energúmeno y no se nos permitió mencionar episodios anteriores para dar contexto a la situación”, explica.

En efecto, la jueza deniega las medidas cautelares pedidas por Santaolalla porque no está acreditado el riesgo que denuncia, pero aún no se ha analizado el fondo de la cuestión y el procedimiento tiene que seguir su curso, según ha confirmado verTele.

“A las mujeres nunca nos lo han puesto fácil con nuestros agresores y por ello tengo claro que este es un procedimiento largo y doloroso, pero que llegaré hasta el final, hasta que no pueda más, pero hasta que mi acosador sea condenado”, advierte la analista. “Hoy no estamos en ese momento, hoy ni siquiera se ha iniciado el procedimiento. Una vez más, mienten. Es lo único que saben hacer... ah y acosar. Como no quiero formar parte de este circo, que hablen los payasos. Yo espero verles en el juzgado cuando esto arranque y en la cárcel cuando esto termine. Gracias a todos y a todas por vuestro apoyo incondicional”, concluye Santaolalla.

Este sábado 27 de diciembre, pocas horas después de que el programa Vamos a ver (Telecinco) emitiera una conversación telefónica entre Patricia Donoso y José Ortega Cano en la que se hacían insinuaciones de carácter sexual, la hija del torero, Gloria Camila, ha anunciado que su padre ha presentado una “queja formal” contra el magacín para que no vuelva a utilizar dicha grabación. De lo contrario, tomará acciones legales por la vía civil e incluso por la penal.

Vamos a ver emitió el viernes la llamada de teléfono con la que Patricia Donoso había querido “desear una feliz Navidad” a Ortega Cano, con el que supuestamente tuvo una relación hace años. Además de felicitarle las fiestas, la colombiana le hizo una sorprendente propuesta:

Vamos a ver emitió la conversación con algunos cortes. Se desconoce si se omitieron determinados fragmentos de la charla y si se alteró su contenido. Según el magacín de Unicorn Content, es la propia Donoso la que graba la llamada.

Tras la emisión del programa, Gloria Camila publicó en su perfil de Instagram un comunicado en el que su padre, mediante una “queja formal”, hace una serie de peticiones a Vamos a ver y le advierte de posibles acciones legales por haber emitido esa “conversación telefónica privada” que presuntamente “vulnera gravemente sus derechos fundamentales”.

La llamada fue grabada por “una tercera persona que no ostenta la condición de periodista ni actuaba en el ejercicio de función informativa alguna, todo ello sin el consentimiento del afectado”. Ortega Cano pide que, “de manera inmediata”, cese la “emisión, reproducción o difusión de la conversación”. Además, también quiere “la retirada íntegra del contenido de todas las plataformas, repositorios, archivos y medios bajo su control”.

De lo contrario, el torero tomará acciones legales por la vía civil e incluso por la penal.

Reproducimos a continuación el comunicado íntegro difundido en Instagram por Gloria Camila.

Por medio del presente escrito, D. José María Ortega Cano, formula queja formal por la grabación de una conversación telefónica privada y su posterior cesión y emisión en un programa de televisión emitido por esa entidad, todo ello sin el consentimiento del afectado.

En concreto, una tercera persona, que no ostenta la condición de periodista ni actuaba en el ejercicio de función informativa alguna, realizó una grabación unilateral de una llamada telefónica privada mantenida con D. José Ortega Cano, grabación que fue posteriormente facilitada a un programa de televisión y difundida públicamente, vulnerando gravemente sus derechos fundamentales.

Dicha actuación constituye una intromisión ilegítima en el derecho a la intimidad personal y al secreto de las comunicaciones, así como en el derecho a la propia imagen y a la voz. Derechos reconocidos en el artículo 18 de la Constitución Española y desarrollados por la Ley Orgánica 1/1982, al tratarse de una conversación privada difundida sin autorización y fuera de cualquier interés informativo legítimo.

Asimismo, la grabación y difusión de la conversación telefónica sin base legal supone una infracción grave de la normativa de protección de datos personales, en particular del Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) y de la Ley Orgánica 3/2018 (LOPDGDD), al haberse producido un tratamiento ilícito de datos personales, incluyendo datos de voz y contenido personal de una comunicación privada.

Por todo lo expuesto, se les requiere para que procedan de manera inmediata a:

Se les advierte expresamente que, en caso de no atender el presente requerimiento, se ejercitarán las acciones legales que asisten a D. José María Ortega Cano tanto por la vía civil, solicitando la correspondiente indemnización por los daños morales y perjuicios causados, como por la vía administrativa ante la Agencia Española de Protección de Datos, sin perjuicio de las acciones penales que pudieran corresponder por la vulneración del derecho al secreto de las comunicaciones. El presente escrito se remite como requerimiento previo a la interposición de acciones legales, a los efectos oportunos.

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Un tribunal ha confirmado la condena de Telemadrid a indemnizar con un total de 130.000 euros a Georgina Rodríguez y su hermana por varios programas del corazón de Aquí hay madroño de 2018 en los que, según los jueces, se vulneró su imagen y su intimidad al hablar tanto de ellas como de su padre, fallecido poco después. Según ha sabido verTele, la sentencia, entre fuertes críticas a la labor periodística del programa que se mantuvo en parrilla hasta principios de 2020, explica que en ese momento ni la pareja de Cristiano Ronaldo ni su familia eran personajes públicos: “No era seguida en redes sociales, no tenía imagen propia y por ende no había un interés general en conocer aspectos de su vida anterior”, zanjan los jueces. La cadena pública madrileña, según fuentes del caso, ya ha llevado esta condena hasta el Tribunal Supremo.

“El programa desvelaba cierta información que, entendíamos, carecía de interés general, pertenecía a su vida privada en un momento en que no era un personaje público”, explica Mario Bonacho, socio-director de AVERUM Abogados, despacho que interpuso la demanda en nombre de la empresaria. “Tanto el juzgado como la Audiencia Provincial avala esa protección a la intimidad de Georgina y concluye que por mucho que seas actualmente una persona muy notoria la libertad de información no ampara indagar en tu vida privada, circunstancias de tu infancia y episodios de cuando no tenías una relevancia pública”.

Las afirmaciones y reportajes que ahora se han traducido en una condena para Telemadrid se emitieron en Aquí hay madroño (luego conocido como El Madroño) a finales de 2018. El programa del corazón –estrenado pocos meses antes, producido por La Fábrica de la Tele y buscando claras similitudes con formatos como Sálvame– dedicó varios episodios a repasar la vida de Georgina Rodríguez. Desde su familia a su infancia en la localidad aragonesa de Jaca pasando por diversas informaciones sobre su padre, que falleció a principios de 2019. Con imágenes de cuando era pequeña hasta afirmaciones sobre un “pasado oculto” como, por ejemplo: “Sus ojos esconden los duros momentos que tuvo que vivir durante su niñez”.

Para entonces el gran público ya sabía que Rodríguez era pareja del futbolista Cristiano Ronaldo e incluso había ofrecido algunas entrevistas. El programa que presentaban entonces Carmen Alcayde y David Valldeperas emitió varios reportajes que la empresaria e influencer llevó a los tribunales, una estrategia que también emprendió sin éxito contra otros programas de La Fábrica de la Tele emitidos en Sálvame y Socialité. Pero en el caso de Telemadrid los tribunales han dado la razón a Georgina Rodríguez y la cadena pública madrileña debe pagar, en total, una indemnización de 130.000 euros si el Tribunal Supremo no dice lo contrario en los próximos meses.

Primero un juzgado de Pozuelo de Alarcón y ahora la Audiencia Provincial de Madrid han confirmado que estos reportajes indagaron en aspectos privados de la familia de Rodríguez, incluso en Jaca, sin que fueran personajes públicos, “con frivolidad y sin constatación de veracidad”. Los jueces reconocen que Georgina Rodríguez en la actualidad es “una persona de proyección pública”: tiene casi 72 millones de seguidores en Instagram y un reality sobre su vida entre los más vistos de la historia de Netflix. Pero en ese momento su vida familiar, su hermana y su padre “no tenían relevancia pública, no eran noticiables” y además lo que Telemadrid presentaba como información sobre su vida “no era veraz, no estaba contrastada”.

El juzgado de Pozuelo, en una condena ahora ratificada por la Audiencia Provincial tras la demanda presentada por el despacho de abogados AVERUM, lanza varios dardos al programa que desapareció de la parrilla de Telemadrid en marzo de 2020. Por buscar en la vida privada de Georgina Rodríguez “intentado obtener informaciones relativas a su pasado familiar, sin el mínimo rigor” haciendo pasar por familiares y amigos el testimonio de vecinos de Jaca “sin que se acredite que realmente se trataba de familiares y vecinos de las demandantes”. Sus familiares, en ese momento, eran “plenamente anónimos”.

Explica Bonacho, de AVERUM: “Pusimos de manifiesto que se trataban de imágenes de menores que aunque en la actualidad tengan cierta relevancia pública, pertenecen a esa infancia y no había un consentimiento expreso para su utilización, por mucho que ella en su cuenta de Instagram haya publicado alguna imagen de su infancia, no legitima a un medio para publicar estas imágenes”.

Los “usos periodísticos” de “búsqueda de audiencias”

Telemadrid ha recurrido ya esta condena ante la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo después de que sus argumentos no hayan tenido éxito en la Audiencia Provincial, un tribunal formado entre otros por la exministra de Justicia con José María Aznar, Margarita Mariscal de Gante. La televisión autonómica alegó, por ejemplo, que la sentencia condenatoria se había fijado demasiado en el derecho al honor de Georgina Rodríguez y su familia cuando, en realidad, ella había denunciado la vulneración de su intimidad y su imagen, así como que es la española con más seguidores de Instagram.

En 2018, cuando se emitieron los reportajes, Georgina Rodríguez no era noticia según los tribunales. “Se ignora el motivo por el que se consideraba noticiable que tal persona tuviera incipientes, entonces, relaciones con un afamado futbolista”, dicen los jueces sobre su relación con Cristiano Ronaldo, “por más que luego se consolidasen determinando una ulterior proyección pública”. Todo esto, reprocha la Audiencia Provincial, “más aún cuando se trata de un programa emitido por una televisión pública”.

“En 2018 no era conocida, no era seguida en redes sociales, no tenía imagen propia y por ende no había un interés general en conocer aspectos de su vida anterior, menos aún de su vida familiar o de la vida de su padre”, dice la sentencia. Compartir datos “no contrastados” de su vida privada no estaba justificado, añade, “por unos ignorados usos sociales”, aunque “quizá sí” por “determinados usos periodísticos y de búsqueda de audiencias” para “indagar en su pasado con frivolidad y sin constatación de veracidad”. Sobre todo, añade, difundiendo “su participación como niña en concursos de baile o sus discrepancias familiares sin es que alguna vez existieron”.

La sentencia avala las indemnizaciones que debe pagar Radio Televisión Madrid por invadir el derecho a la propia imagen del padre, ya fallecido, de Georgina Rodríguez así como la intimidad familiar de la empresaria y su hermana: 80.000 euros para ella y otros 50.000 más a repartir entre las dos por las afirmaciones sobre su padre. Un dinero que la Audiencia de Madrid considera bien calculado también por “la forma de ser presentado el reportaje y las veladas insinuaciones sobre aspectos no edificantes de esa relación familiar a pesar de su falta de contraste con la realidad, su falta de veracidad, el fundamento en meras elucubraciones puestas en boca de quien lo narra y en manifestaciones de supuestos conocidos de la familia que se ignora si eran tales”.

“Por mucho que el padre de ella esté fallecido sí tiene unas garantías para proteger su intimidad a través de sus hijas”, explica Mario Bonacho sobre la parte de su demanda que afectaba a las afirmaciones que hicieron los reportajes sobre el padre de Georgina Rodríguez.

El Juzgado de lo Mercantil número 18 de Madrid acepta la solicitud de diligencias preliminares presentada por tres guionistas de Aquí no hay quien viva —Alberto Caballero, Iñaki Ariztimuño y Laura Caballero—. La resolución judicial, comunicada a través de un auto, dictamina que Atresmedia debe facilitar información más detallada sobre la explotación de la serie. Contra la resolución, solo cabe recurso de apelación respecto a la parte denegada por la magistrada.

Según avanza Dircomfidencial, la petición se fundamenta en el artículo 75 del Real Decreto-Ley 24/2021. El texto en cuestión establece un deber de transparencia y permite a los autores de distintas obras solicitar información actualizada sobre la explotación a los concesionarios de derechos. En este sentido, los solicitantes consideran que Atresmedia ha explotado la serie de forma “indebida, no consentida y excesiva”. También que la cesión que se estipulaba con la productora Miramón Mendi —extinguida en 2009— se limitaba a la “emisión en abierto en Antena 3”.

El auto, al que ha tenido acceso verTele, recoge el requerimiento inicial de información solicitada a Atresmedia:

Los solicitantes reclamaron estos datos para preparar una posible demanda por infracción de derechos de propiedad intelectual. Conviene destacar que, por el momento, no se ha comunicado oficialmente cuál será el siguiente paso. El juzgado dictamina que Atresmedia deberá facilitar la información detallada, pero no desde el año 2003: solo deberá abarcar desde el 4 de noviembre de 2021, momento en el que entró en vigor el artículo antes referido.

Atresmedia alega en dicho procedimiento que los solicitantes carecían de interés legítimo, defendiendo que “es el titular de los derechos de explotación” de Aquí no hay quien viva. El grupo sostiene además que la cesión realizada por Miramón Mendi fue total, incluyendo todas las modalidades y sin límites territoriales. Además, califica la petición como “excesiva y desproporcionada”, señalando que “se ha presentado de mala fe al no haberse aportado contrato alguno”.

La compañía defiende que se está cumpliendo con las obligaciones informativas del artículo 167 de la Ley de Propiedad Intelectual, argumentando que el mandato del artículo 75 del Real Decreto-Ley 24/2021 sería “inaplicable”. Alegan en este sentido que el destinatario de ese deber no era Atresmedia, sino Miramón Mendi: consideran que la productora “no se ha extinguido, sino que fue absorbida por Cecaguma S.L.”. Pese a todo, la magistrada concluye que sí existe interés legítimo de los guionistas y que concurre causa justa.

La resolución del auto

En conclusión, el auto señala que el grupo “no ha atendido a los requerimientos de transparencia”, pero también explica que, por ahora, “no se ha acreditado que Atresmedia incurriera en un exceso de los derechos que le fueron concedidos”. Lo justifica citando a una presunción legal de cesión al productor. Asimismo, se especifica que el posterior auge del streaming permitió a los productores obtener “beneficios muy superiores a la remuneración pactada con los autores”.

Precisamente para corregir ese desequilibrio se introdujo el deber de transparencia. No obstante, el juzgado aclara que esta obligación de informar no está pensada para cuestionar la legalidad de la explotación, sino para que los autores puedan reclamar una “remuneración adecuada y proporcionada” a los ingresos reales obtenidos por las productoras o concesionarias de derechos. Conviene recordar que Aquí no hay quien viva está disponible en distintas plataformas como Netflix, Atresplayer, Amazon Prime Video o Movistar Plus+.

En el mes de octubre, verTele tuvo acceso al auto de diligencias previas de la Fiscalía en el que consideraba que Toño Sanchís había cometido “un delito continuado de apropiación indebida” contra su entonces representada Belén Esteban, por el que pedía una pena de 3 años, 6 meses y 1 día de prisión, además de imponerle una multa de 10 meses a razón de 12 euros de cuota diaria, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y el pago de las costas procesales causadas.

Este lunes 24 de noviembre, se ha conocido que la Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a dos años de cárcel a Toño Sanchís por apropiarse de 388.868,14 euros de Belén Esteban cuando era su representante, valiéndose de la relación de confianza personal y profesional que mantenía con ella para desviar a su favor parte de los ingresos generados por la actividad artística de la tertuliana.

Así consta en una sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que se le pena como autor de un delito continuado de apropiación indebida a la pena de dos años de prision y seis meses de multa con una cuota diaria de 10 euros y a indemnizar a Belén Esteban a la cantidad que se determine en ejecución de sentencia.

La Sala considera probado que Sanchís era la persona que llevaba la gestión y administración de la Agencia de Servicios Lorant S.L, siendo la persona que “captó a Belén Esteban como cliente, quien entabló una relación de confianza, negoció el contrato de representación y quien decidía el porcentaje del dinero entregado por las productoras que debía facturar a favor de las mercantiles de Belén Esteban, así como el destino de la diferencia que no se abonaba, quien decidió aumentar el porcentaje y disponer de la diferencia”.

El tribunal da credibilidad al relato de Belén Esteban en lo relativo a que “la relación personal que mantenía con el mismo era de plena confianza, estrecha amistad y que se desentendía de sus asuntos poniéndolos completamente en manos del acusado”.

Los magistrados señalan que “la confianza que tenía depositada Belén Esteban en el acusado era plena, de tal forma que no supervisaba la corrección de los cálculos del porcentaje pactado, limitándose a percibir las cantidades que le eran abonadas, hasta que en el año 2015 detecta irregularidades”.

“A lo largo del desempeño de dicha actividad, con el ánimo de obtener un enriquecimiento ilícito, el acusado empezó a efectuar cálculos de porcentajes superiores al pactado del 20%, e indicar a la gestora, Asesores Legales Madrid, S.L., las cantidades para la facturación a favor de BEM Imagin, S.L inferiores al 80% restante, haciendo suya la diferencia”, recoge la resolución.

Hechos juzgados

En el escrito de acusación, el fiscal señalaba que el 13 de mayo de 2009 se firmó un contrato entre Carmen Romero Rubio, que actuaba en calidad de administradora única y en nombre y representación de la entidad Agencia de Servicios Lorant, S.L. de la que era socia al 50 por ciento, con Belén Esteban, que actuaba en nombre propio y en representación de la entidad Producciones Bem S.L.

En virtud de ese acuerdo, que se fue renovando anualmente hasta que expiró en 2015, Belén designó a dicha agencia como su representante exclusivo para España y el mundo y a quien, a su vez, entregaba después el pago a su representada contra la presentación de facturas a emitir por la sociedad Bem Imaging, S.L., previa deducción en concepto de retribución de un 20% sobre la cantidad en bruto que había recibido.

El acusado, que era socio al 50% de la agencia, fue quien confeccionó las facturas emitidas por la sociedad Bem Imaging, S.L. para presentarlas al cobro ante la Agencia de Servicios Lorant, S.L. y que ésta ingresara las cantidades derivadas de la ejecución del contrato.

Sin embargo, durante el periodo de vigencia del contrato, el acusado hizo suyo un importe total de 362.248,14 euros más el IVA correspondiente aplicando una comisión superior a la del 20% que estaba estipulada en el contrato sobre la cantidad en bruto que la Agencia de Servicios Lorant, S.L. había recibido en pago de la actividad artística de B. E., emitiendo de este modo las facturas de la sociedad Bem Imaging, S.L. “por una cuantía inferior a la que correspondería para que la agencia ingresara los honorarios liquidados por la prestación de los servicios artísticos”.

Finalizado el contrato, y ante la negativa del acusado a rendir cuentas de su labor, se interpuso demanda por parte de Belén Esteban, Ben Imaging S.L. y Producciones Bem S.L. contra la Agencia de Servicios Lorant, S.L. reclamando la entrega de tales cantidades. La demanda fue estimada en su integridad condenando, entre otros pronunciamientos, a entregar a la parte actora la suma de las cantidades mencionadas, un total de 388.868,14 euros, “cantidad que, a pesar de ser requerido, el acusado no entregó”.

Así, la parte demandante sólo consiguió recuperar en el proceso de ejecución de la sentencia 49.318,33 euros en efectivo y otros 375.000 euros por la adjudicación de la vivienda en Villanueva del Pardillo “si bien estaba gravada con una hipoteca pendiente de pago de más de 200.000 euros”.

Por tanto, según la Fiscalía, el acusado tendrá que indemnizar a la sociedad Bem Imaging, S.L. a través de su representante legal en la cantidad de 339.549,81 euros, cantidad resultante de restar al total de 388.868,14 euros la cantidad de 49.318,33 euros obtenidos en efectivo en el proceso de ejecución civil.

Netflix ha estrenado este viernes 25 de julio Angi: crimen y mentira, la serie documental sobre María Ángeles Molina 'Angi', asesina de Ana Paéz. El pasado mes de mayo, un juzgado paralizó el lanzamiento de esta producción después de que así lo pidiera la condenada, que actualmente cumple la pena de prisión a la que fue condenada en 2008.

María Ángeles Molina denunció a la plataforma por utilizar sin su consentimiento imágenes personales anteriores al crimen. Además, pidió la paralización del estreno: si Netflix seguía adelante con el lanzamiento le exigiría una indemnización de un millón de euros, informa el Diari de Tarragona. La justicia aceptó esta medida cautelar que pedía la reclusa.

Tres meses después, la docuserie ha llegado por fin a Netflix, y lo ha hecho, según Yotele, con cambios sustanciales en su montaje. Sigue habiendo imágenes previas al asesinato en las que Angi aparece con más gente, pero es probable que sí hayan desaparecido algunos de los contenidos que motivaron la queja de la protagonista y la paralización del proyecto.

Además, la duración del metraje se ha reducido en tres minutos, aunque se desconoce el motivo del 'tijeretazo' y si está relacionado con las peticiones de María Ángel Molina.

Sorprendentemente, el documental se ha estrenado con escasa promoción. A pesar de que Netflix apuesta fuertemente por los contenidos de true crime, en esta ocasión ha preferido no hacer mucho ruido con el lanzamiento de Angi: crimen y mentira.

Carlos Agulló dirige este documental que cuenta con la producción de Brutal Media y es fruto de una investigación de dos años sobre dos hechos distanciados en el tiempo: la inesperada muerte en 1996 del marido de Angi, el empresario Juan Antonio Álvarez Litben, y el asesinato en 2008 de Ana Páez.

Silvia Intxaurrondo ha anunciado este jueves 29 de mayo su victoria judicial ante el periódico El Mundo, al que demandó en marzo de 2024 por varias informaciones sobre el salario que cobra de RTVE. “Hoy la Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a El Mundo y a su director Joaquín Manso a rectificar los bulos que publicaron sobre mí y a pagar las costas de ambos juicios. Tienen 3 días para hacerlo”, ha comunicado desde las redes sociales.

La presentadora de La hora de La 1 demandó al rotativo por una noticia en la que se afirmaba que RTVE renovó su contrato por valor de 537.000 euros “el mismo día de su dura entrevista a Alberto Núñez Feijóo”, aquella en la que Intxaurrondo puso contra las cuerdas al líder del PP –pocos días antes de las elecciones– por una cuestión relacionada con la revalorización de las pensiones.

Además, en otra información de El Mundo se decía también que la periodista iba a cobrar 150.000 euros por presentar El mejor de la historia, otro programa de TVE que, según los cálculos del periódico, le permitiría embolsarse 25.000 euros por cada una de sus seis entregas.

Aunque la demanda fue inadmitida en primera instancia –e incluso se condenó a Intxaurrondo a pagar las costas del juicio–, la Audiencia Provincial de Madrid establece ahora que El Mundo tendrá que publicar una rectificación bajo el título: “RTVE no cerró la renovación de Silvia Intxaurrondo por 537.000 euros el día de su entrevista a Alberto Núñez Feijóo”. Así viene recogido en la sentencia a la que ha tenido acceso El País.

Durante el juicio, Intxaurrondo quiso aportar como prueba algunos documentos que acreditarían que la renovación de su contrato se empezó a gestar antes del día de la famosa entrevista, que tuvo lugar el 17 de julio de 2023. Según El País, las negociaciones continuaron después (así consta en las comunicaciones entre ambas partes) y se materializaron el 21 de agosto.

La periodista también cuestionó la cifra de su salario aportada por El Mundo. Aunque en la documentación interna de RTVE se estableció la cantidad de 537.514 euros por dos temporadas, Intxaurrondo quiso dejar claro que solo percibiría esta cantidad si presentaba todas y cada una de las emisiones de La hora de La 1 (520 al cabo de esos dos años). Desde septiembre de 2023 hasta septiembre de 2024 estuvo al frente del programa en 209 ocasiones, menos de las 260 que habría aparecido en pantalla si hubiera trabajado cada día.

El País señala que estos documentos no fueron admitidos como prueba en el juicio, sin embargo, sí aparecerán en la rectificación que debe publicar el rotativo de Unidad Editorial porque “la cifra salarial que se indica en el titular de 537.000 euros no es correcta”, ya que se trata de “un límite salarial impuesto en el contrato como techo máximo para el caso de que se presenten 520 programas en dos años”.

En la rectificación que pide Intxaurrondo también se dice que no “es cierto que vaya a cobrar 25.000 euros por cada programa de El Mejor de la Historia”, sino una cantidad “sustancialmente menor a la indicada”.

Intxaurrondo fue condenada en primera instancia a pagar las costas

El pasado mes de enero, el Juzgado de Primera Instancia número 10 de Madrid desestimó la demanda de Intxaurrondo al entender que los datos publicados por El Mundo eran “coincidentes con los del contrato final y que constan en el propio documento interno de RTVE”. En efecto, esa es la cantidad que figura en el contrato, aunque, tal y como advierte la presentadora, es un techo salarial, no el salario real.

Según El País, la sentencia del juzgado reflejaba que el marido de Silvia Intxaurrondo –administrador de la empresa que negoció la renovación del contrato– tuvo una conversación con la periodista que firmaba la noticia después de que esta fuera publicada. Acto seguido, El Mundo modificó el texto.

El juez entendió que, aunque las peticiones del esposo de Intxaurrondo “no constituían formalmente el ejercicio del derecho de rectificación de la aludida”, la información ya había sido rectificada con anterioridad, así que no procedía alargar el proceso en este sentido: “Corregida y aclarada la información de forma previa y conforme a lo que se solicita ahora, no procede reiterar este derecho en vía judicial”.

La periodista, que fue condenada a pagar las costas del proceso, presentó un recurso contra la sentencia. “Sólo una información falsa necesita ser rectificada, completada, corregida y aclarada. Hace más de nueve meses presenté una demanda contra El Mundo por publicar una información falsa sobre mí, tardó siete meses en ser admitida. (...) La jueza, no yo, afirma que El Mundo ha 'rectificado' su información a lo largo de cuatro días y, por ello, no admite lo que ella considera una 'nueva rectificación'”, reaccionó la presentadora de TVE. Desde el periódico siempre han manifestado que las modificaciones que llevaron a cabo no alteraban el núcleo de la información.

Ahora, cuatro meses después, las noticias que le llegan del juzgado son muy distintas a las que recibió entonces. El Mundo tendrá que rectificar sus noticias porque, como le recuerdan desde la Audiencia Provincial de Madrid en la sentencia difundida por El País, “el derecho de rectificación se refiere a los hechos que afectando al demandante éste considere inexactos y cuya divulgación pueda causarle un perjuicio, de modo que mediante su ejercicio obtenga la divulgación por el mismo medio de la versión de hechos que interese al afectado, sin que la veracidad o no de los mismos sea relevante”.

Kiko Matamoros se ha tomado a guasa la demanda que le ha puesto Isabel Pantoja por la parodia que hizo en Ni que fuéramos el pasado mes de marzo. “¿Cuántos millones de euros me podrán caer por semejante afrenta?”, se pregunta el famoso tertuliano.

La familia de la tele (La 1) anunció este viernes que la cantante ha presentado una macrodemanda contra varios medios de comunicación y colaboradores de televisión, entre los que se encuentra Matamoros, por algunas de las cosas que se han dicho sobre ella en los últimos meses y que, al parecer, le habrían ocasionado un importante perjuicio económico.

El equipo del programa dio por hecho que la parodia que tanto irritó a la artista es aquella en la que se recreaba la mítica escena que ella mismo protagonizó junto a su hijo Kiko Rivera durante un concierto. Isabel cantaba Mi pequeño del alma mientras que el niño, agarrado al micrófono, pedía “carne”.

Fue el pasado mes de marzo cuando Matamoros y Patiño recrearon en Ni que fuéramos (TEN) este pasaje de la vida de la Pantoja. Según la periodista Silvia Taulés, a la tonadillera no le hizo ninguna gracia este sketch y ha decidido incluir a Matamoros en esa macrodemanda que supera los cinco millones de euros en indemnizaciones.

Pero el tertuliano no parece que tema las consecuencias. “¿Cuántos millones de euros me podrán caer por semejante afrenta? ¿Tendré que romper mi apreciada hucha del cerdito que guardo desde la más tierna infancia?”, se pregunta con ironía desde las redes sociales.

Matamoros, que desde hace unas semanas trabaja en La familia de la tele de TVE, dice estar “desolado, atribulado y muy arrepentido” por esa parodia que llevó a cabo en su anterior magacín, aunque termina su mensaje con un emoticono que deja bien clara su verdadera interpretación de todo este asunto.

Isabel Pantoja ha presentado una macrodemanda contra varios medios de comunicación, periodistas, tertulianos y presentadores de televisión. Según contó Silvia Taulés este viernes en La familia de la tele, la tonadillera les pide “más de cinco millones de euros”.

Entre los demandados están Kiko Matamoros y Laura Fa, colaboradores del citado magacín que se emite en TVE. Al primero lo llevará ante el juez por una imitación que hizo en el programa Ni que fuéramos (TEN), mientras que la segunda tendrá que explicar (llegado el momento) por qué dijo en Espejo Público (Antena 3) que la cantante “iba a cancelar unos conciertos por su estado de salud”.

Según Taulés, Isabel Pantoja ha recurrido a la justicia para reparar el daño que se le ha hecho. “Ha perdido mucho dinero por culpa de todas las informaciones que se han dado y por las personas que han facilitado esas informaciones”, asegura la colaboradora de La familia de la tele, que advierte de que “la demanda es ampliable y cualquier persona en cualquier momento puede ser incluida en ella”.

No está claro qué parodia de Ni que fuéramos es la que se ha incluido en la demanda, aunque en el plató de La familia de la tele dieron a entender que se trata de una imitación en la que María Patiño interpretaba a la Pantoja, y Matamoros fingía ser Kiko Rivera.

La cantante también acusa a varias personas que fueron de su confianza, como Dulce. La niñera de Cantora aseguró hace unos meses en De Viernes (Telcinco) que Isabel, supuestamente, “intentó clavarle unas tijeras en el estómago”.

A Mariló de la Rubia y al hospital de Córdoba “los demanda por revelación de secretos”, porque es allí, en ese centro médico, donde supuestamente se habría filtrado el historial médico que dio pie a todas estas informaciones que, según dice, tanto la han perjudicado.

Se desconoce qué otras personas, empresas y programas de televisión han sido incluidas en la demanda, así como las cantidades que les reclama a cada uno de ellos y los delitos que les imputa.

La macrodemanda de Isabel Pantoja

Dos días después de ser detenido por la Policía tailandesa por supuesta tenencia ilegal de animales salvajes protegidos, Frank Cuesta ha anunciado que ya está en libertad. El famoso naturalista ha grabado un vídeo con su versión de lo ocurrido desde el “santuario” en el que supuestamente guardaba dichas especies.

Según la agencia EFE, Cuesta, que fue detenido el jueves 27 de febrero, quedó en libertad bajo fianza este sábado 1 de marzo, si bien se desconoce la cantidad de dinero que tuvo que aportar.

El youtuber declaró en comisaría el viernes durante tres horas en presencia de su abogado y con ayuda de una intérprete. Se desconocen los pormenores de la acusación y qué ha esgrimido en su defensa.

La Policía de Tailandia entró en la fina de Cuesta el jueves tras recibir una información en la que se denunciaba que había allí animales salvajes protegidos. Dentro de la propiedad, los agentes encontraron un total de 10 animales de fauna silvestre protegida (nueve nutrias de uñas pequeñas y una pitón pico de pato) “sin ninguna documentación oficial que acredite su adquisición”.

Según la ley tailandesa, delitos vinculados con la apropiación indebida de animales salvajes acarrean penas desde multas a varios años de cárcel, o ambas, en función de las circunstancias. 

Tras su puesta en libertad bajo fianza, Cuesta ha arremetido contra la Policía tailandesa por la manera en la que llevó a cabo el registro. El youtuber espera que le devuelvan los animales y cree que toda esta operación tiene como único objetivo manchar su trayectoria y “destruirle”.

María Patiño anunció en septiembre de 2024 que había sido absuelta del delito de injurias y calumnias que le imputaba Antonio David Flores. Aquello fue el principio del fin para este proceso judicial que ahora, cinco meses después, está todavía más cerca de concluir. Esta semana, la presentadora de Ni que fuéramos Shhh ha recibido otra buena noticia: la justicia le ha devuelto los 120.000 euros que aportó como fianza para el caso de que tuviera que afrontar una posible indemnización por daños y perjuicios.

“Estoy muy contenta porque me han devuelto los 120.000 euros que me había retenido el juzgado”, declaró este miércoles en su programa. “Todavía no hay una resolución definitiva, pero el juez considera que ese dinero nunca se me tendría que haber retenido. A la espera de la resolución formal, vuelvo a tener mi dinero”, añadió. La noticia fue adelantada por la revista Lecturas.

Antonio David Flores pedía “dos años y medio de prisión” para Patiño por un comentario que esta hizo en Socialité (Telecinco) en 2021, poco después de emitirse la docuserie en la que su exmujer, Rocío Carrasco, sugirió que le maltrataba.

Tras el revuelo ocasionado por el documental aparecieron en Málaga varios carteles en los que se llamaba “maltratador” a Antonio David, y Patiño dijo en Socialité que era él mismo quien los había pegado en las calles para “dar pena y victimizarse”.

Días después, Patiño rectificó su información, pero Antonio David acudió a los tribunales para defender su honor. En septiembre de 2024, la justicia absolvió a la periodista porque, según contó ella misma, la jueza no le consideraba culpable del hecho de que Antonio David Flores fuera “socialmente considerado un maltratador”. La rectificación de Patiño y el relato previo de Rocío Carrasco fueron claves para que la justicia se pusiera de su lado.

Ahora, la presentadora de Ni que fuéramos Shhh celebra esta nueva victoria sobre el que años atrás fuera su compañero en Sálvame.

RTVE se ha personado en las diligencias previas del caso que investiga la filtración de los exámenes de las oposiciones que celebró a finales de 2024. La radiotelevisión pública ha recurrido a los servicios jurídicos de la Abogacía del Estado para dar este paso.

La corporación ha informado en un comunicado de que dichas diligencias se tramitan en el Juzgado de Instrucción Número 48 de Madrid a raíz de la denuncia policial que, en su momento, interpuso RTVE cuando tuvo conocimiento de los hechos. Tras el conocimiento de las actuaciones obrantes en las citadas diligencias previas, RTVE ha incoado un nuevo expediente a un segundo trabajador presuntamente implicado en los hechos.

La Corporación ha mostrado de nuevo su “firme compromiso con el esclarecimiento de los hechos y la exigencia de todas las responsabilidades que correspondan”.

El 17 de octubre RTVE ya abrió un expediente disciplinario a un trabajador de la corporación “resultado del avance de las investigaciones” derivadas de la filtración de las preguntas de la prueba teórica de Información y Contenidos del pasado 29 de septiembre.

La incoación de este expediente disciplinario fue “fruto del avance del expediente informativo” que se abrió en su día, en base a las instrucciones trasladadas por el Consejo de Administración y su Presidencia interina a la Dirección de Recursos Humanos y Organización de RTVE.

Netflix tendrá que pagar 385.000 dólares (364.000 euros aproximadamente) a una mujer estadounidense por revelar su identidad en el documental Nuestro padre, en el que se analiza el caso del médico de fertilidad Donald Cline. En dicha investigación se mencionó a Lori Kennard como descendiente del conocido doctor, que engendró en secreto 94 hijos.

Kennard es una de las tres personas que demandaron a la plataforma de streaming al ver que sus nombres aparecían en el documental. Alegaban que no se había respetado su derecho a la privacidad, y pedían por ello una indemnización. Netflix se enfrentaba a un posible pago de millones de dólares, pero el jurado de Indiana (Estados Unidos) en el que se ha juzgado el caso, ha establecido una condena mucho menor de lo esperado, informa Variety.

Las otras dos mujeres que demandaron a Netflix no han tenido tanta suerte: el jurado ha rechazado que se indemnice a Sarah Bowling, y las reclamaciones de la tercera mujer fueron desestimadas incluso antes de que se celebrara el juicio. En la demanda señalaban a Netflix por “divulgar públicamente hechos privados”, es decir, por revelar al público que ellas también eran hijas del citado médico.

Los abogados de estas mujeres hicieron hincapié en que los productores del documental, siendo conscientes de la sensibilidad del caso, se habían comprometido a no revelar la identidad de nadie sin su consentimiento.

Por su parte, Netflix, líder mundial del streaming, argumentaba que los nombres de estas mujeres aparecían fugazmente. Además, señalaba que las demandantes habían renunciado a su privacidad por haberse unido a un grupo privado de Facebook en el que se reunieron los hijos secretos de Cline.

Tras analizar los argumentos de las partes, el jurado, compuesto por ocho miembros, determinó que Lori Kennard sí había mantenido en secreto su parentesco con Donald Cline, motivo por el que tiene derecho a ser indemnizada. Pero Sarah Bowling sí hizo pública su relación con el doctor, así que no recibirá cantidad alguna.

Aunque en un primer momento se barajó la posibilidad a establecer medidas punitivas, finalmente solo se ha pedido una compensación económica porque la jueza del caso ha entendido que la productora analizó las posibles repercusiones legales de su documental, y la proyección de los nombres fue simplemente un error honesto.

El cantante Slimane Nebchi, representante de Francia en Eurovisión 2024, está siendo investigado por un presunto delito de “acoso sexual agravado mediante el uso de un soporte electrónico”.

Según la cadena de televisión francesa BFMTV, la Fiscalía de Sainte-Etienne ha abierto una investigación contra el famoso artista de Mon amour, de 35 años, tras recibir la denuncia de un técnico que había estado trabajando en los conciertos de Slimane.

En dicha denuncia –fechada el 28 de octubre– se relatan las situaciones que ahora son objeto de investigación por parte de la Fiscalía, quien acaba de iniciar las pesquisas tras recibir las “pruebas” de la parte demandante.

Todo ocurrió en diciembre de 2023 en una fiesta posterior al concierto del cantante en Zénith de Saint-Étienne. La víctima denuncia que Slimane le inmovilizó contra una pared y le obligó a abrazarlo, además de manifestar su “deseo” de mantener relaciones sexuales con él.

Posteriormente, Nebchi habría enviado a este mismo técnico del equipo “una gran cantidad de mensajes y vídeos de contenido sexual y pornográfico” durante aproximadamente dos horas y media, según han detallado los abogados del demandante.

El artista francés quedó en cuarta posición en el Festival de Eurovisión 2024.

María Patiño anunció este viernes que ha sido “absuelta” en el juicio que mantenía con Antonio David Flores. El exmarido de Rocío Carrasco, que “tiene derecho a recurrir” la sentencia, la había demandado por un presunto delito de injurias y calumnias.

El origen del conflicto se remonta a octubre de 2021, cuando Patiño contó en Socialité (Telecinco) que en Málaga habían aparecido carteles en los que se llamaba “maltratador” a Flores. El programa afirmó, por boca de su presentadora, que el propio afectado habría pegado dichos papeles para “dar pena y victimizarse”.

Días después, Patiño rectificó su información, pero Antonio David acudió a los tribunales para defender su honor. Según la periodista, se le retuvieron 120.000 euros del banco para afrontar posibles daños y perjuicios. Ahora, casi tres años después, Patiño anuncia que la justicia le ha dado la razón porque rectificó a tiempo.

“Yo rectifiqué en el mismo programa en el que di la información”, contó este viernes en Ni que fuéramos Shhh, la nueva versión de Sálvame. Además, dice que la jueza la exculpa de que Antonio David Flores sea “socialmente considerado un maltratador”. De esto “no es responsable el programa Socialité ni María Patiño, sino hechos anteriores contados”.

Se refiere a lo expresado por Rocío Carrasco en la serie documental en la que contó los supuestos malos tratos que sufrió durante su matrimonio: “Yo no te llamo maltratador. La estigma social que tienes es porque hay alguien que formó parte de tu vida que lo contó. No somos responsables los periodistas ni los programas, simplemente pusimos un altavoz”.

“Ha primado la libertad de expresión y la capacidad de rectificación. Lo más sagrado de mi profesión es que cuando uno se equivoca pida perdón, y tú te olvidaste de esa hemeroteca, Antonio David. Se quedaron en lo que dije, pero no en lo que desdije. Esa fue mi salvación”, defiende la presentadora, pletórica por esta victoria judicial.

No consta que Antonio David Flores haya reaccionado a esta decisión de los tribunales.