Luis Cabello se levanta temprano y ante sus ojos se extienden las laderas llenas de olivos de Priego, en Córdoba. Hace un año, decidió constituir su propia empresa tras toda una vida dedicada a la agricultura, tal y como le enseñó su padre, tal y como ahora le enseña a los jóvenes que recogen los frutos de la tierra. Mamadou, Suleimán y Donkor llegaron hace apenas unas semanas en el marco de un proyecto pionero de inserción laboral para personas refugiadas, y agradece su esmero y empeño en un momento en que la falta de mano de obra en el campo se hace cada vez más patente.

El pacto beneficia a ambas partes: mientras que los productores facilitan la vivienda y financian el traslado de los trabajadores desde el punto en que estén, ellos acceden a una contratación regular que durante la campaña agrícola les permitirá sumar experiencia. “Me dijeron que íbamos a probar con esta gente y, la verdad, es que está yendo bien, vienen a trabajar, se defienden en español y van a lo suyo”, resume Cabello a través del teléfono. Los tres jóvenes forman parte de la experiencia piloto que ha puesto en marcha la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) en Andalucía gracias a la propuesta presentada a la Secretaría de Estado de Migraciones y la Dirección General de Atención Humanitaria, en colaboración con Cáritas.

La organización está adscrita al programa GECCO, una iniciativa del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para la contratación de extranjeros en origen y programas de migración circular, del que se han beneficiado en los dos últimos años unos 40.000 solicitantes en todo el país. La ruta por el sur andaluz comenzó a principios de diciembre en Córdoba y el propósito es trasladar a las personas con protección internacional a las explotaciones agrícolas de Jaén y Málaga, pasando a la recogida de frutos rojos en Huelva en febrero y concluyendo el periplo en junio en Extremadura, donde se dedicarían a la cosecha de la cereza.

Flujos migratorios

“Facilita la inserción laboral y nos ayuda a potenciar la mano de obra entre los agricultores”, indica Manuel Piedra, secretario de Políticas Migratorias de UPA, “hay gente procedente de Nigeria, Ghana, Senegal, Burkina Faso o Ecuador, alrededor de unas 50 personas”. La mayoría de ellos son hombres jóvenes, aunque también hay participantes de todas las edades, hasta de 60 o 50 años, que tomaron este camino para enraizarse en el país. “Aunque no sea obligatorio, damos formación, tanto a nivel educativo como cultural o, en el ámbito laboral, en materia de carnets fitosanitarios o para manejar una carretilla, ¡es la primera vez, pero buscamos tiempo y soluciones a todo!”, resalta.

Con este proyecto, los beneficiarios tendrán asegurados un mínimo de 20 jornadas de trabajo durante la campaña y, en ese periodo, habrá un contacto estrecho con varias entidades sociales para mejorar su aprendizaje, en función del perfil del empleado, así como que reforzar sus conocimientos en el idioma. Cabello, al teléfono, confirma que cumplen con el convenio colectivo y les deja una casa que tenía anteriormente alquilada. “Ahí están mejor que en ningún lado”, comenta, “lo que ganan, quieren mandárselo a su familia, se echan un cafelillo y salen poco”, describe sobre la experiencia que le ha transmitido la plantilla a lo largo de los días.

El empresariado agrario lleva consigo un estigma que se ha ido denunciando año a año: las condiciones laborales a las que se ven sometidas las personas migrantes que llegan al territorio sin otra vía de escape. Contra ello, Cabello asegura que ha habido una serie de inspecciones para garantizar que se cumplen con las condiciones de habitabilidad en la casa que ofrece, al igual que mantiene lo establecido en el convenio colectivo. Al respecto, Manuel Piedra asevera que uno de los propósitos es “organizar el flujo migratorio en el circuito legal”: “Hay garantías, ya que la ONG de acompañamiento vigila que se cumplan todos los acuerdos establecidos”. Es más, una de las quejas que presenta el sector es el obstáculo administrativo con el que se encuentran a cada paso que dan para intentar contratar.

Permisos

“Solicitamos que el Gobierno dé un paso y les dé un permiso de trabajo, porque eso garantizaría, primero, un empleo y un alojamiento dignos y, también, les permitiría cotizar, pero si no tienen lo fundamental, que es el permiso, nos arriesgamos a sanciones de hasta 10.000 euros”, razona Piedra, “estamos en el día de la marmota”.

Un pez que se muerde la cola. Así se define este embrollo legislativo que requiere de una actualización urgente. A principios de este año, el ala progresista del Congreso de los Diputados recuperaba la iniciativa legislativa popular (ILP) para la regularización extraordinaria de unas 500.000 personas que viven en situación irregular en España. Una propuesta que se respaldó con la recogida de más de 600.000 firmas y que, en vistas de la aritmética parlamentaria, cayó en saco roto al no lograr los votos mínimos para sacarla adelante. “Esto no va a cambiar hasta que el Congreso se ponga manos a la obra”, critica el representante.

Pese a las trabas administrativas, la iniciativa, en sí, “es rentable”, determina Juan Pulido del Caño, responsable de UPA en Priego. “Falta personal en muchísimos sectores, como carpinteros, fontaneros, albañiles, y en el campo también, por lo que el proyecto tiene la intención de que se concatenen estos contratos”, se refiere. No sabe qué ocurrirá en el futuro, ya que no hay un compromiso en el tiempo más allá de lo que dure la experiencia, pero brindan la oportunidad para que se establezcan durante unos meses y, por el momento, la lectura es positiva.

Luis Cabello, desde Priego, desconoce cuáles son las aspiraciones de los muchachos que llegaron hace apenas tres semanas. Tendrán tiempo de hablar en lo que le resta de campaña. Aun así, deja una cosa clara: “Esto tiene mala pinta, porque la juventud no le ve futuro al campo y, por otra parte, todo es complicado... Apenas llueve, muy poquito, y eso que este año ha sido regular”. La aceituna pronto será transformada en oro líquido tras ser recogida por las manos de decenas de personas que buscan una oportunidad con la que cambiar sus vidas.

La familia del soldado de la Brigada Guzmán El Bueno X fallecido en Cerro Muriano el pasado 21 de diciembre, Carlos León, pedirá prisión provisional para el capitán responsable del ejercicio de paso de curso de agua por un doble homicidio doloso por la muerte también del cabo Miguel Ángel Jiménez. El abogado sevillano Luis Romero ha conocido durante la rueda de prensa que ha convocado que el Juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba se ha inhibido en favor del Juzgado Togado Militar 21 de Sevilla, que se hará cargo del caso. El letrado de la familia de León recurrirá esa decisión para que se le imputen dos homicidios dolosos al capitán Zúñiga en la jurisdicción ordinaria, puesto que el Código Penal Militar solamente contempla los homicidios por imprudencia. “Según varios testigos, el capitán decía que tenía que ser como en la guerra, pero eso no era ninguna guerra”, ha lamentado, anunciando que también tendrá que responder el Ministerio de Defensa como responsable civil subsidiario.

Durante una multitudinaria rueda de prensa, Romero ha informado que este mismo martes ampliará la denuncia presentada a finales de año y ha incidido en aquella mañana el ejercicio militar tuvo lugar “casi sin luz, con el agua turbia, sin un plan de riesgos y sin médicos”, habiendo existido en el responsable y en su cadena de mandos “falta de diligencia debida” en ese sentido y “un cúmulo de negligencias” que se llevaron finalmente por delante la vida de dos personas. “La tragedia pudo haber sido peor” porque solo entraron al agua 15 de los 75 militares que allí se encontraban, ha asegurado.

De acuerdo al relato de los hechos expuestos por el abogado de la familia del soldado, según los testigos que ya han declarado ante la Guardia Civil, el capitán habría dado la orden de “que los soldados no se agarraran a la cuerda-guía” que atravesaba la mitad del lago artificial salvo caso de “extrema necesidad”, “de vida o muerte”, ordenando a los militares “patear” en agua. También ha desvelado que algunos de los militares portaban durante el ejercicio mochilas de hasta 12 kilogramos de peso debido al “castigo” impuesto de incluir una “simulación de mina” de unos tres kgs “por no haber realizado bien un ejercicio” en los días previos, según ya trascendió este lunes.

“Todo era un descontrol”

Romero se opone a que la jurisdicción militar sea la competente para investigar el caso a partir de ahora, y así lo recurrirá ante el instructor cordobés, pero ha mostrado su “confianza” en el nuevo juzgado, que ya había abierto unas diligencias y ante el que ya se personó, alabando el “buen trato” recibido hasta el momento. Al querer incluir el dolo en el supuesto doble homicidio, las penas serían bastante mayores respecto a los investigados, pero Romero ha insistido en que los mandos “eran los garantes” de las vidas de los militares y “conocían los riesgos”, denunciando que no hubiera una línea de vida que sirviera para salvaguardar los peligros que pudieran darse como era “su obligación”.

Según siempre el relato de los hechos expuesto por el abogado, son varios los testigos que aseguran que el capitán ordenó incluso soltar la cuerda para poder arrastrar hasta la orilla a los soldados que se hundían, “pero eso hizo que se hundieran más”. Aunque no ha podido concretar en qué momento dio esa orden el capitán, su intención podría haber sido que hiciera “de látigo” pero se dio el efecto contrario, ha explicado. “Aquello no estaba preparado. Fue un sálvese quien pueda”, ha resumido.

“Todo era un descontrol”, ha incidido el letrado al hilo de la declaración de “muchísimos testigos” cuando varias voces alertaban de que algunos soldados se estaban hundiendo en el lago. También ha recordado la muerte del cabo Jiménez al intentar rescatar al soldado León, y el hecho de que otro quedara inconsciente y otros dos tuvieran que ser hospitalizados por hipotermia, lamentando en ese sentido que llevaran encima “una mochila estanca que no flotaba pese a las indicaciones contrarias del capitán”. “¡A patear!, les gritaba”, ha expuesto el abogado, quien ha comentado que “hubo bastante incredulidad en que aquello estuviera ocurriendo”

“¿Por qué se hizo ese tipo de ejercicio bajo esas condiciones el último día de la instrucción?”, se ha preguntado. Unos 40 testigos han declarado ya ante la Guardia Civil por estos hechos, entre ellos el citado capitán, que según Romero ha mantenido que “se hizo lo que se tenía que hacer” y que en esos ejercicios “tiene que haber riesgos, como en la guerra”. “Pero no estamos en guerra, estaban en una instrucción y tuvo que haber prevención. Según ha dicho también, los testigos han achacado negligencias al capitán pero, a medida que sube la graduación entre esos testigos, defienden la labor del mando militar durante aquella mañana.

Un juzgado de instrucción de Córdoba ha dictado auto de apertura de juicio oral a una facultativa responsable de la Unidad de Gestión Clínica (UGC) de Salud Mental del Hospital Reina Sofía de Córdoba por un caso de suicidio. Los cargos a los que se enfrentará en la vista oral esta persona, a quien la Fiscalía le pide tres años y medio de cárcel, son un presunto delito continuado de denegación de asistencia sanitaria, enmarcado en los delitos de omisión del deber de socorro, y otro presunto delito de homicidio por imprudencia.

Fuentes judiciales informan de que el juzgado cordobés ya ha emitido el auto de apertura de juicio oral aunque, por el momento, no se ha elevado la causa para la celebración del correspondiente juicio. Según señalaron fuentes fiscales, en el escrito de acusación del Ministerio Público también se le pide a la acusada la inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión u oficio.

De acuerdo a las mismas fuentes, la denuncia partió de un familiar de la persona que acabó quitándose la vida tras su paso por la citada Unidad de Gestión Clínica. Las fuentes aseguran que se trata de un “caso especial” pero, tras la investigación, el fiscal encargado del caso ha considerado que la persona finalmente fallecida de manera voluntaria “no fue atendida adecuadamente” en el centro sanitario cordobés, motivo por el cual remitió al juzgado el escrito de acusación.

El hospital “no se pronuncia” en temas judiciales

Este periódico se puesto en contacto con el Reina Sofía de Córdoba para intentar conocer su posición al respecto o poder hablar con la persona acusada para conocer sus argumentos de defensa, si bien fuentes del centro hospitalario dicen que el hospital “no se pronuncia en temas judiciales”. en España.

La acusación penal del fiscal de Córdoba, sin precedentes conocidos, y la celebración del posterior juicio, aún sin fecha, resulta novedosa ya que este tipo de asuntos suelen resolverse en la vía contenciosa a partir de reclamaciones económicas por parte de algún familiar, principalmente en casos de suicidio en centros penitenciarios en los que se declara o no la responsabilidad patrimonial de la administración, que suele rechazarse.

Este periódico informó hace unos meses del caso de una joven con trastorno de la personalidad se quitó la vida en Mijas después de tres años de reclamaciones y quejas por parte de su madre en cuanto a la atención recibida en el Hospital Clínico de Málaga. Sería un caso más de suicidio, en aumento en los últimos años, pero Silvana, su madre, había dado la voz de alarma mucho antes.

Su historia podría ser la de cualquier otra persona con un trastorno mental con resultado de muerte voluntaria pero viene agravado porque la joven no solo amenazaba e intentaba suicidarse sino que había sido un caso conocido públicamente a través de este periódico, que consultó a múltiples fuentes para contrastar la información recibida, y que venía precedido de las reiteradas quejas de su madre por la atención sanitaria y humana dispensada.

Saltan las alarmas. Google Maps en mano. Efectivamente, desde El Carpio (Córdoba) a Torremolinos (Málaga) solo hay algo más de 190 kilómetros de distancia. “Si tiramos por el camino largo tampoco llegamos a los 250 kilómetros”, comenta una de las cuatro amigas carpeñas que ve peligrar sus planes de pasar el fin de semana del 23J en el festival Puro Latino después de que la Junta Electoral de Zona de Córdoba decidiera el pasado viernes que un viaje contratado antes del 30 de mayo y a más de 250 km de Córdoba eran las únicas causas para eludir una mesa electoral.

A poco de que se realice el sorteo de las mesas electorales en la localidad cordobesa, y faltando poco menos de un mes para el fin de semana que Paula, María Jesús, Olga, Eva y María llevan organizando desde enero, el grupo de amigas podría ver truncados sus planes si el sorteo de las mesas electorales de las próximas elecciones generales les depara ser miembro de una de esas mesas. “Llevábamos tiempo ahorrando y decidimos ir a algún festival este verano. Nos hace especial ilusión porque, conforme vamos creciendo, cada una está a cosas diferentes y era un buen momento para juntarnos y pasar unos días juntas”, comentan entre risas nerviosas y también algo de decepción ante la mínima posibilidad de perderse el viaje.

Son aproximadamente unos 60 kilómetros los que las separa de estar exentas de tener que acudir a la mesa electoral en lugar de al festival. “Si es que teníamos que haber elegido el de El Puerto de Santa María”, dicen entre risas [El Puerto está a 261 km de El Carpio, 11 por encima del límite de la Junta Electoral].

Y es que en sus planes iniciales, las cinco jóvenes estuvieron debatiendo si iban al mismo festival de reguetón en la localidad de El Puerto, en Cádiz; o al de Torremolinos, en Málaga. Finalmente se decidieron por este último porque les salía más económico el alojamiento y además “estaba más cerca”. Cosas del destino, porque de haber escogido el primero, no es que cumplieran con el requisito del kilometraje mínimo, es que ni siquiera la fecha habría coincidido con el domingo de elecciones.

“Desde enero con la reserva hecha”

En cuanto decidieron el festival de destino empezaron a buscar alojamiento para “no quedarnos luego sin nada, o con lo más caro”. Las entradas las tienen desde el 24 de enero, que todavía estaban “algo más baratas”, y aun así les supuso un gasto de 77 euros por persona. Al mismo tiempo, alquilaron el apartamento, confirmando así hace unos cinco meses la reserva para los días 20, 21, 22 y 23 de julio porque, aunque el festival dure dos días, “así disfrutamos también de la playa”.

Al saltar la noticia de las elecciones tuvieron el primer “susto”, si bien respiraron tranquilas cuando se anunció que si tenían contratado el viaje antes del 30 de mayo quedaban exentas de ir a las mesas electorales. La inquietud volvió otra vez a asomarse con el nuevo anuncio de la Junta Electoral de Zona de Córdoba. Queda poco para que se haga el sorteo en el pueblo (previsto para este martes por la mañana) y las cinco están muy atentas porque no quieren que ninguna se tenga que quedar atrás. “A mí que nunca me ha tocado nada, verás como me tiene que tocar justo esto”, dice bromeando una de ellas, desatando una carcajada general entre las amigas.

Su plan era votar por correo y poder disfrutar de esos días entre amigas, la playa y el reguetón, pero esos 60 kilómetros que les impiden llegar al mínimo establecido podrían interponerse en su camino. Y es que por mucho que Quevedo les cante “quédate”, si les toca ser miembro de alguna mesa electoral no les quedará otra que quedarse, pero en El Carpio y sin festival.

“La Administración de la Junta de Andalucía adoptará las medidas y actuaciones necesarias para la localización, exhumación e identificación de todas las víctimas”, dice la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía. Bajo esa premisa se firmó en 2018 un convenio para la identificación genética de los restos que se vienen exhumando en nuestra comunidad autónoma. Aún quedan por poner muchos nombres y apellidos a las más de 45.000 víctimas arrojadas en 708 fosas comunes en Andalucía. Aquel acuerdo, prorrogado en septiembre a espaldas de las asociaciones memorialistas que representan a los familiares de los represaliados, establece que el procedimiento analítico de las muestras de familiares y de los restos de las víctimas debe ser realizado por la Universidad de Granada en el tiempo máximo de cuatro meses a partir de la fecha de entrega de las muestras. Pero Teresa, que cedió su ADN con 88 años, sigue esperando cuatro años después. Una situación que “se está reproduciendo en otros municipios”, según denuncia el Defensor del Pueblo Andaluz en una resolución dirigida a la Universidad de Granada y a la Viceconsejería de Turismo, Cultura y Deporte que desarrolla las políticas públicas en materia de memoria histórica.

Fue el 8 de marzo de 2019 cuando el equipo técnico a cargo de la intervención arqueológica en el cuadro de San Ramón del cementerio de la Salud de Córdoba entregó a la UGR las muestras genéticas de 23 víctimas exhumadas y de 180 familiares “a quienes se les prometió urgencia para ofrecerles unos resultados que les permitieran identificar a sus seres queridos y poder recuperar sus cuerpos”, según denuncio en marzo de 2022 la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aguilar de la Frontera (Aremehisa). El Defensor se hace eco de aquella denuncia para pedir explicaciones a Junta y Universidad.

El “riesgo” de los parientes

Son “necesarias” unas “políticas públicas que den respuesta a la llamada 'generación de los nietos' que quiere conocer lo que pasó con sus antepasados antes de que fallezcan quienes fueron descendientes directos de las víctimas de la guerra civil y más tarde del franquismo”, recuerda el Defensor, que es sabedor de “la demora en la identificación de las víctimas, con el consiguiente riesgo de sus parientes directos de morir sin saber su paradero”.

Las identificaciones se vienen haciendo en el Laboratorio de Identificación Genética de la Facultad de Medicina de la UGR, según explicó a este periódico José Antonio Lorente, uno de los directores del Centro Pfizer de Genómica e Investigación Oncológica (Genyo), lugar donde quedan en depósito para su cotejo y tratamiento científico los restos óseos humanos procedentes de exhumaciones y las muestras genéticas de los descendientes. En septiembre de 2021, cuando apenas quedaba un año para que caducara el convenio, la entonces consejera con competencias en la materia, Patricia del Pozo, dijo en declaraciones a elDiario.es Andalucía: “Mi principal preocupación ha sido sacar adelante las ayudas y volcarme con los colectivos en las exhumaciones y en las identificaciones genéticas para poder devolver los cuerpos a las familias”.

Los “compromisos asumidos”

Ya el año pasado, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aguilar de la Frontera (Aremehisa) denunciaba que, tres años después de la toma de muestras de ADN y de su entrega al laboratorio de la UGR, la Junta seguía sin comunicar a los familiares los resultados de la identificación genética de los cuerpos recuperados en el cementerio de la Salud de Córdoba. “Un retraso que está provocando que muchos familiares hayan fallecido sin haber tenido noticias”, advierte el Defensor, que entiende “oportuno” que la Institución tome “mayor conocimiento de los hechos, en relación con los compromisos asumidos” en aquel convenio.

Por eso se solicita “la colaboración” de los organismos firmantes del convenio específico (Consejería de Cultura y Patrimonio y Universidad de Granada) para que emitan “informes relacionados con la realización de las pruebas genéticas que requieren los restos exhumados de las víctimas, para su identificación y de los análisis biológicos de los posibles familiares de las mismas”. En concreto, a la Junta se le pregunta por las actuaciones de coordinación y supervisión del convenio, si es conocedor de las demoras y, en caso afirmativo, medidas adoptadas para subsanarlas.

También se le requiere información de las cantidades económicas transferidas desde la fecha de suscripción del convenio para contribuir a sufragar parte de los costes totales derivados de las actuaciones del mismo, el presupuesto destinado a esa finalidad en 2022 y ejecución del mismo, así como presupuesto consignado para 2023, así como reuniones o comunicaciones mantenidas al respecto con familiares e Instituciones.

Prórroga “con nocturnidad”

El Defensor del Pueblo Andaluz pide también un informe al Departamento de Medicina Legal, Toxicología y Antropología Física de la Facultad de Medicina de la Universidad de Granada que contenga el número de muestras recibidas y no analizadas así como las fechas de su recepción; los tiempos de respuesta media desde la recepción de las muestras, análisis de las mismas y comunicación de los resultados; las dificultades para realizar las identificaciones en el tiempo recogido en el convenio de referencia (cuatro meses). Asimismo, se le pregunta a la UGR el presupuesto con el que cuenta para acometer sus compromisos y fuentes de financiación, haciendo mención al año 2022 y su grado de ejecución y al previsto en este ejercicio económico 2023, así como propuestas de mejora para dar respuesta a los compromisos asumidos.

Fuentes de la Coordinadora Andaluza por la Memoria Histórica y Democrática señalaron recientemente que la Junta había firmado la prórroga del convenio “con nocturnidad y oscurantismo, sin informar a las partes, sin posibilidad alguna de negociación”. Eso supone que los representantes de las familias tengan “un presupuesto para identificaciones no ajustado a la realidad, ya que recorta la cantidad con respecto al de 2018, cuando precisamente ahora tenemos más fosas abiertas, algunas de ellas de grandes dimensiones como Pico Reja”. La firma “a escondidas” del convenio este septiembre “evidencia que a la Junta le molesta este asunto, y por eso cualquier decisión que toma es a rastras y sin compromiso alguno, por cubrir expediente”.

“Tentadero para todas las edades”. El presentador del veterano programa de la Radio y Televisión Pública de Andalucía 'Toros para todos' jaleó este pasado domingo la actuación de “novísimos talentos” de la tauromaquia durante la “memorable tarde vivida en el tentadero inaugural de la ganadería Monte Toro, radicada en la Sierra de Córdoba, en concreto en el municipio de Villaharta, según explica la propia web de la RTVA, y donde participaron ”viejas glorias y novísimos talentos“. Cabe recordar que, en las Observaciones del Comité sobre los Derechos del Niño, en su último informe para España, Naciones Unidas expone en la observación número 25 lo siguiente: ”Para prevenir los efectos nocivos para los niños del espectáculo de los toros, el Comité recomienda que el Estado parte prohíba la participación de niños menores de 18 años como toreros y como público en espectáculos de tauromaquia“, recuerda Unicef a preguntas de elDiario.es Andalucía a ese respecto.

El Partido Animalista PACMA, que denunció recientemente a España ante la ONU por no proteger a los niños contra la tauromaquia, recogió en sus redes sociales la emisión en televisión del mencionado tentadero, una prueba de selección genética en las ganaderías según se explica en la web Aprende de Toros. Se trata de hembras de aproximadamente dos años que se prueban en la denominada 'plaza de tientas'. PACMA denunció en un tuit la presencia de “un menor toreando en Canal Sur, un canal público, en pleno 2023”. Fuentes oficiales de la RTVA consultadas por este periódico no han querido pronunciarse respecto a esta emisión.

Once formaciones políticas registraron en abril una enmienda a la Ley General de Comunicación Audiovisual, que se encuentre actualmente en trámite en el Congreso de los Diputados, para que se considere “contenido perjudicial” las retransmisiones televisivas en las que “se maltrate o dé muerte a animales”, lo que impedirá que puedan televisarse corridas de toros en horario infantil. PACMA, por otra parte, presentó este pasado noviembre un informe ante el Comité de Derechos del Niño de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en el que denuncia a España porque considera que el Gobierno no protege a los niños contra la tauromaquia.

El informe 'Desprotección de la infancia frente a la violencia de la tauromaquia en España' aseguró que el Gobierno ha ignorado “deliberadamente” las recomendaciones del Comité de Derechos del Niño con “constantes y reiterados incumplimientos” de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada en 1990. El Comité de Derechos del Niño, en su última revisión a España en 2018, incluyó la tauromaquia entre los “principales motivos de preocupación relacionados con la violencia contra los niños”.

PACMA recordaba que España volverá a ser evaluada este año por el Comité y que ese era el motivo por el que presentó a la ONU su informe, en el que defiende que solo en Baleares está prohibida la asistencia de menores a las corridas de toros. En Galicia está prohibida a menores de 12 años y, en el resto de comunidades, cualquier niño o niña, a cualquier edad, puede asistir a estos espectáculos. En cuanto a su participación en los festejos taurinos, el PACMA asegura que tan solo en Cantabria está prohibida la participación de menores. En el resto pueden participar a partir de los 16 años y, en algunas, incluso a partir de los 14. Respecto a las escuelas taurinas, Andalucía, Aragón y País Vasco establecen, respectivamente, la edad mínima de 10 y 12 años para poder ser alumno. En el resto de comunidades no hay una edad mínima para poder empezar a ser instruido en el “arte” de matar, explican. Además, los menores a partir de los 14 años pueden ya participar en las clases prácticas, en las que se utilizan armas como puyas, banderillas, estoques o puntillas con los animales.

“Apuesta” andaluza por la tauromaquia

Apenas unos días después de PACMA advirtiera de esas circunstancias, la Junta de Andalucía anunció que la comunidad autónoma iba a impulsar la Comisión Técnica para avanzar en los trabajos de la reforma del reglamento taurino de Andalucía, vigente desde 2006. En ese sentido, el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, que presidió el 11 de noviembre la primera reunión del Consejo de Asuntos Taurinos de Andalucía (CATA) en la nueva legislatura, también anuncio que el Gobierno andaluz iba a promover el consenso y el diálogo entre todas las comunidades autónomas para reformar el reglamento taurino se unifique en uno solo para todo el territorio español.

“Estamos convencidos de que nos podremos poner de acuerdo para que no existan 17 reglamentos taurinos, sino un solo reglamento para toda España con los mismos criterios y avances que fortalezcan la Fiesta de los Toros”, manifestó Sanz por entonces, remarcando “la apuesta del Gobierno por la tauromaquia es clara, rotunda y sin complejos”. A mitad de la legislatura pasada, Vox propuso que Canal Sur hiciera un talent de toreros fijándose en el estilo de 'MasterChef.

En 1991, Canarias fue la primera región española en prohibir los toros y le siguió Cataluña en enero de 2012, aunque en octubre de 2016 el Tribunal Constitucional anuló la prohibición de Catalunya. En Baleares también está prohibida la entrada a los toros de menores de 16 años, mientras que en Euskadi los menores de 16 años solo pueden entrar si van acompañados de un adulto. En el verano de 2018 entró en vigor el reglamento taurino gallego en el que se prohibía la entrada a las corridas a menores de 12 años de edad. En el año 2013, la tauromaquia fue declarada por el Senado Patrimonio Cultural de España.

La Consejería de Salud ha confirmado el fallecimiento de un hombre de 31 años en Córdoba que contrajo viruela del mono, una muerte que el propio Ministerio de Sanidad ha señalado como la segunda por esta infección en España. Las muestras tomadas, que están siendo estudiadas, determinará si la causa de la muerte es meningoencefalitis u otra patología.

La Consejería de Salud, en todo caso, lo que certifica es que el caso está siendo estudiado por su asociación a la infección por viruela de los monos (monkeypox, MPX). El hombre, de 31 años, permaneció ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. Las muestras tomadas durante la necropsia, que están siendo estudiadas, determinarán si la causa del fallecimiento es meningoencefalitis u otra patología.

Hoy, hay 525 casos confirmados de viruela de los monos en la comunidad autónoma, siendo Málaga (246), Sevilla (115), y Cádiz (60) las provincias con más afectados. Actualmente, hay activos 345 casos.

La Sala de lo Social de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha vuelto a fallar contra la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía y a su sociedad filial Canal Sur Radio y Televisión S.A. por vulnerar el derecho de huelga de una de sus empleadas en el centro de trabajo de RTVA en Córdoba. En esta ocasión porque, según la sentencia, porque “el refuerzo de personal” para el pasado 8 de marzo (Día Internacional de la Mujer, con una huelga general convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT) se estableció “precisamente” en su departamento para “evitar que tuvieran que suspenderse alguno de los dos informativos del día, aun cuando la trabajadora hiciera huelga, al estar reforzado el turno con dos personas que podrían ocuparse de ello”.

En este caso, a diferencia ya sentenciado anteriormente en el mismo centro de trabajo de RTVA en Córdoba, “no se produjo una actuación inmediata de la empresa, consistente en la sustitución de la trabajadora en huelga por otro trabajador para evitar que no pudiera emitirse determinado programa” pero “la prueba practicada acredita que hubo una actuación meditada y planificada de la demandada, en el momento de elaboración de los turnos para el mes de marzo de 2022, encaminada a evitar futuras situaciones que pudieran provocar que los informativos no pudieran ser emitidos”.

La sentencia, contra la que cabe recurso ante el Tribunal Supremo y acerca de la cual la RTVA no quiere pronunciarse tras ser consultada por elDiario.es Andalucía, dice que “no se puede acoger la alegación de la empresa de que cuando entregó los cuadrantes de turnos para el mes de marzo de 2022 no le constaban ni la convocatoria de la huelga, ni la participación en ella” de la trabajadpra demandante. “Sin perjuicio de que ya se había convocado huelga para el 8 de marzo, al menos en el año anterior, lo que era un precedente a tener en cuenta, consta que el preaviso de huelga se produjo el 15 de febrero de 2022, siendo así que quedó acreditado que la entrega de cuadrantes del mes siguiente se produjo sobre el día 25 del mes anterior”, explican los jueces, que conclyen que “resulta más que razonable pensar, por tanto, que cuando se elaboraron los turnos de marzo de 2022, a la empresa ya le constaba la convocatoria de la huelga”. “Ciertamente no podía tener certeza” de que la empleada fuera a secundarla “pero su condición de delegada del sindicato convocante hacía más que previsible su participación en ella”.

Programación especial, un argumento insuficiente

La huelga de la operadora/montadora de vídeo “no tuvo incidencia alguna en el montaje de los informativos” puesto que “la duración del turno especial, que cubre parte de la mañana y parte de la tarde, permitía el montaje de ambos informativos por las personas que realizaron tales turnos”, dice la sentencia entre los hechos probados, detallando que entre marzo de 2021 y marzo de 2022 se estableció turno especial en 66 ocasiones. Pese a que no constan las circunstancias que hicieron necesarios tales turnos, “no hay ningún día, salvo el 8/3/22, en el que existieran dos turnos especiales”

“No se pone en duda, desde luego, porque así ha quedado acreditado, que en la empresa existan diversos turnos especiales, que tales turnos sean normales y habituales y que respondan a necesidades derivadas de incidencias del personal o de situaciones, hechos o circunstancias especiales o excepcionales, pero el cuadrante del día 8 de marzo de 2022 presenta una singularidad excepcional, que no se advierte ningún otro día, a la vista de los cuadrantes aportados”, insiste la sentencia.

RTVA atribuyó ante el TSJA que la decisión sobre los turnos del 8 de marzo obedecía a la existencia de una programación especial como consecuencia del Día Internacional de la Mujer pero “ante los indicios de vulneración del derecho a la huelga aportados por la parte actora, esa alegación, absolutamente genérica y carente del adecuado sustento probatorio, no se considera suficiente para desvirtuar la razonable interpretación de la parte actora de que el refuerzo de personal, precisamente ese día y en ese departamento, tenía por objeto evitar que tuvieran que suspenderse alguno de los dos informativos del día, aun cuando la trabajadora hiciera huelga, al estar reforzado el turno con dos personas que podrían ocuparse de ello”.

Lectura del fallo en el informativo de la tarde de Canal Sur TV

Abundan los jueces que “la argumentación de la demandada acerca de la programación especial, de entrada , podría ser razonable, pero fácilmente podría haber acreditado la parte, lo que no ha hecho, que en otras circunstancias especiales (elecciones, eventos deportivos, y similares) también se hubiera reforzado el turno correspondiente en la forma en que se hizo el día 8 de marzo. No es relevante, como pretende la empresa, ni que en muchas ocasiones se haya acudido al turno especial, ni que en determinados turnos hubieran podido coincidir dos personas, pues lo relevante es que no se ha ofrecido una explicación adecuada, ni se ha practicado prueba suficiente que permita eliminar cualquier sospecha de actuación contraria al derecho de huelga, ante la singularidad que concurrió en el turno del día 8 de marzo 2022. No se trató de que la trabajadora, por alguna circunstancia personal, no pudiera acudir a su puesto de trabajo y que la empresa utilizara el sistema de turnos especiale , sino de establecer con antelación tales turnos en el cuadrante, para prevenir eventuales problemas que pudieran surgir, lo que, en principio, carecía de justificación, al estar también incluida en ellos” la trabajadora demandante.

En cuanto a la indemnización, CGT solicitaba 18.000 euros “pero no se cuantifica, por separado perjuicio material y daño moral, y dado que no se han acreditado perjuicios materiales, ha de entenderse que se reclama solo el daño moral”. Explica la sentencia que “la indemnización no solo cumple una función resarcitoria o reparadora del daño causado, sino también la de prevención y disuasoria de comportamientos vulneradores”, por lo que se fija la indemnización, de acuerdo a la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS) “para las faltas muy graves” en 7.500 euros.

El TSJA, que acoge la propuesta del Ministerio Fiscal, considera que se ha producido “vulneración del artículo 28.2 CE, sin que sea necesario ordenar el cese del comportamiento vulnerador, al haberse producido el mismo en relación a un día y circunstancia concretos, ya pasados. La sentencia condena a RTVA y Canal Sur ”a abonar al sindicato actor una indemnización por daño moral de 7.500 euros y a proceder a la lectura del fallo de esta sentencia en el informativo de la tarde de Canal Sur Televisión“.

Un equipo multidisciplinar formado por investigadores del Instituto de la Grasa (IG-CSIC) de Sevilla, organismo investigador adscrito al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), la 'start-up' Oleica y la empresa cordobesa Culinary Concepts Group (Salmoreteca) han desarrollado, tras más de dos años de estudios, un salmorejo probiótico, es decir, una crema vegetal probiótica lista para el consumo.

Los probióticos, según ha informado el CSIF, son microorganismos vivos que tienen efectos beneficiosos en las personas, y los mismos pueden ser ingeridos a través de los alimentos, mientras que el salmorejo es una crema vegetal fría, típica de la cocina andaluza y española, muy saludable por los componentes mediterráneos que se utilizan en su elaboración, como son el tomate, pan, ajo, aceite de oliva y vinagre, y ahora también probióticos, gracias a la adición del fermento natural Lactiplantibacillus pentosus (LPG1).

Este salmorejo, que se comercializará como producto fresco refrigerado sin tratamiento térmico, lleva más de 1.000 millones de fermentos activos por tarrina.

Durante los más de dos años que se han invertido en desarrollar el producto, se ha estudiado la supervivencia del LPG1 en la matriz de salmorejo en diversas condiciones. Además, al tratarse de un producto fresco no pasteurizado, se ha estudiado también la actividad bioconservante del fermento contra diversos patógenos alimentarios, como son Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus, Salmonella enterica y Escherichia coli.

Fermento proveniente de la aceituna de mesa

Para ello, se han desarrollado ensayos de desafío en los que se inocula artificialmente el patógeno a altos niveles poblacionales en presencia del fermento. Durante todo el proceso de desarrollo se estuvo en comunicación con inspectores de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, los cuales realizaron la supervisión de todos los ensayos para garantizar la salud del consumidor, al tratarse de un producto listo para consumir.

Según ha explicado el investigador del IG-CSIC Francisco Noé Arroyo López, “una de las grandes ventajas que tiene el LPG1 es que se trata de un fermento natural aislado del proceso de elaboración de la aceituna de mesa, por lo que su aclimatación y viabilidad en otra matriz vegetal, como es el salmorejo, es muy alta, comparada con otros microorganismos probióticos cuyo origen no sea vegetal”.

El potencial probiótico del LPG1 ha sido validado en diversos estudios 'in vitro' e 'in vivo', el último en un reciente ensayo clínico de fase 1 llevado a cabo con investigadores del Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (Imibic).

Fuente de microorganismos

Este nuevo producto, según ha señalado el investigador del IG-CSIC, “se podrá utilizar como fuente de microorganismos beneficiosos para consumidores que tienen un cierto grado de intolerancia a la lactosa y que no pueden consumir probióticos a través de productos lácteos, o que necesiten una dieta baja en colesterol. Todo ello sumado a las ventajas nutricionales que de por sí ya aporta el salmorejo a la dieta, como es ser fuente de licopenos, vitamina C, ácido oleico, polifenoles, etcétera”.

La Universidad de Córdoba (UCO) también ha contribuido al lanzamiento al mercado de este nuevo alimento, gracias a la emisión de informes y a la comunicación con las autoridades sanitarias, lo cual ha permitido su reconocimiento como un producto seguro y con el etiquetado de probiótico.

Este miércoles en Hinojosa del Duque (Córdoba) han salido a la carretera en caravana más de 40 tractores. No era una protesta organizada, de pronto se han puesto de acuerdo y han decidido que se les oiga. Son en su mayoría cerealistas y muchos de ellos no asistieron a la manifestación de Madrid pero coinciden en que la situación es insostenible para el campo.

Es solo el reflejo de lo que se percibe en estos meses en no pocos pueblos de Andalucía. Los bares, las esquinas de las calles, se llenan de conversaciones de hombres y mujeres, de comentarios de los que intentan arreglar la situación con la palabra y de las que se animan hasta llevar a sacar los tractores, porque todos coinciden en que la situación es límite y hay miedo porque no se ve solución a la vista.

“Está todo el mundo asfixiado”

Ángel es uno de los agricultores que ha participado en esta caravana y asegura que lo que quieren es que “se moderen los precios de los impuestos, porque no es lo mismo pagar el IVA de un euro que de dos”.

“Está todo el mundo asfixiado, los costes nos superan y no hay dinero ni para comprarse unos tristes zapatos. Todo el dinero se destina al precio del gasoil y los fertilizantes. Demandamos que se pongan a trabajar y vayan bajando poco a poco todos los impuestos del campo. Queremos unos precios justos de los que todos podamos vivir: transportistas, agricultores, ganaderos, los que viven de las ventas ambulantes en los pueblos...”.

Ignacio Rojas tiene olivos y cereales en Jaén. Asegura que la situación en el campo es límite. Y que cada cultivo lo vive de una manera. En lo que todos coinciden es en el precio del gasoil, de la luz y de los abonos. También tiene palabras de apoyo para los ganaderos porque, aunque piensa que el cereal se encontraba a precios de hace 20 años, ahora ha pasado de 200 euros la tonelada a 1.000. Una subida inasumible.

“En pandemia pagaba el gasoil a 0,70 céntimos ahora a 1,50”. “Viene una época de riegos, de tratamientos, de siembra de algodón, de rastrojos – explica–  De sacar adelante los cultivos de primavera y de verano, pero si al agricultor no le trae cuenta todos los costes porque no puede asumirlos, no siembra, no produce, y entonces las consecuencias serán para todos”.

200 litros al día de gasto por un día de trabajo

Asegura que sacar el tractor un día puede suponer 120 litros de gasoil, casi 200 euros para realizar un solo día de trabajo. A esto hay que añadirle la luz que consumen los riegos, multiplicando el coste por dos o por tres, aunque se utilicen las tarifas valle. O los tratamientos de fitosanitarios. El abono “ha pasado de 35 céntimos a 75 el litro”. Eso sin contar que se contrate a una persona para ayudar.

Ignacio cree que se pueden poner medidas fiscales, como reducir los impuestos de los carburantes que se han duplicado en los últimos años. “Hay medidas internas sin necesidad de esperar a que nos las pongan en Europa”. Está de acuerdo con la manifestación de los transportistas porque están viviendo una situación parecida, aunque también piensa en los agricultores que están a la espera de esos transportes para sacar la cosecha de un año. Las fresas en Huelva, las hortalizas…

Ve el futuro complicado porque cree que de seguir así será inevitable una huelga general. “Ya se están paralizando sectores e irá a más –lamenta– Y si no trae cuenta producir, se deja de producir”. “Se ha ido tensando la cuerda y se puede romper”. “El que tiene dinero puede aguantar pero el que va luchando día a día, no”.

A esta tormenta perfecta que describen Ángel e Ignacio se suma precisamente la amenaza de la sequía, que esperan que vaya remitiendo si siguen las lluvias de los últimos días.

El Defensor de la Infancia y la Adolescencia de Andalucía, Jesús Maeztu, y el director general de 'Save the Children', Andrés Conde, han participado este miércoles en Córdoba en una jornada sobre la 'Protección integral a la infancia víctima de violencia sexual', bajo el lema '#InfanciaProtegida', donde han alertado sobre la necesidad de “una actuación coordinada y urgente en la lucha contra este tipo de violencia que supone una de las realidades más desconocidas e invisibilizadas dentro del complejo mundo del maltrato”.

Durante el acto de inauguración, en el que han estado acompañados por el presidente de la Diputación de Córdoba, Antonio Ruiz, y la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, han señalado que este encuentro pretende “sensibilizar a la sociedad frente a esta realidad” con el propósito de unificar esfuerzos que permitan seguir avanzando en la erradicación de este tipo de maltrato.

Además, nace con la vocación de ser un espacio de intercambio de experiencias entre administraciones públicas en la que se puedan detectar procesos comunes que nos dirijan hacia la construcción de sistemas y procesos lo más garantistas posibles con los derechos de la infancia, especialmente tras la reciente entrada en vigor de la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y adolescencia contra la violencia.

En este contexto, el Defensor de la Infancia y Adolescencia de Andalucía, Jesús Maeztu, ha alertado sobre las graves repercusiones que este tipo de violencia tiene en los menores mientras son niños --fracaso escolar, aislamiento social, miedos, depresión o ideas de suicidio, entre otras-- y también durante su etapa adulta --problemas sexuales a diversos niveles o mayor tendencia al uso del alcohol y drogas, entre otras--.

Para Maeztu, este tipo de violencia se da de forma aún “más execrable y despreciable en entornos cercanos a los niños”, especialmente en el ámbito familiar, “que pasan a convertirse en lugares de agresión y de vulneración de derechos”. Entre el 70 y 85 por ciento de los casos, el agresor pertenece al entorno cercano de la víctima y solo entre un 15 y un 20 por ciento de los abusos sexuales son denunciados, ha detallado.

Por ello, el Defensor de la Infancia y Adolescencia ha advertido sobre la necesidad de sacar estos casos a la luz “porque todavía estamos ante una realidad oculta que no se denuncia”, aunque los datos sean “aterradores”. Maeztu ha reclamado, además, medidas para evitar la revictimización del niño , ya que “los resultados de la burocracia administrativa y judicial a las que se someten los menores víctimas suelen ser desalentadores”.

Por su parte, el director general de 'Save the Children', Andrés Conde, ha lamentado que la violencia sexual es un problema muy frecuente que tiene un impacto directo en la infancia, pues “una de cada dos víctimas de violencia sexual son niños, niñas o adolescentes”. Además, ha reconocido el avance que ha supuesto la reciente aprobación de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y Adolescencia contra la Violencia, ya que “refuerza e incluye medidas en todas las fases necesarias en la lucha contra las diferentes formas de violencia, protegiendo a la infancia y garantizando sus derechos”.

Por ello, ha recalcado que las comunidades autónomas tienen ahora un “papel fundamental” para impulsar la aplicación de dicha ley desarrollando estrategias que aterricen las medidas previstas en sus diferentes fases y poniendo los recursos necesarios para que la ley se pueda aplicar con eficacia en todo el territorio.

Desde 'Save the Children' también impulsan la promoción del modelo islandés 'Barnahus' para garantizar la máxima protección a los niños y niñas víctimas de violencia sexual. Se trata de un modelo de atención integral coordinada entre departamentos (sistema judicial, sanitario, fuerzas y cuerpos de seguridad y servicios sociales) cuya misión es evitar la victimización secundaria de la víctima de abuso sexual, agilizar el proceso judicial y facilitar su recuperación.

Por otro lado y a preguntas de los periodistas, el Defensor de la Infancia y la Adolescencia de Andalucía, Jesús Maeztu, después de que los obispos franceses hayan decidido vender bienes para pagar indemnizaciones a las víctimas que han sufrido abusos sexuales por parte de miembros eclesiásticos, ha afirmado que la Iglesia española “va un poco más atrás” y aún “tiene que hacer una profunda reflexión y reparación”, pues “ahora hace falta no solo una indemnización, sino un profundo perdón público” y “evitar que se repita”.

En este sentido, Maetzu ha lamentado que, tras las denuncias por abusos sexuales a menores, “el silenció primó y sobrevivió el dolor”. Son “muchos años de silencio” y si “no se sabe” parece que “no pasa nada”, motivo por el que ha recalcado la importancia de “denunciar”. Para concluir, ha añadido que para tener una Iglesia “limpia y que dé ejemplo” todo este “rosario de dolores tiene que pasar por un proceso de sanación”.

La Sección Tercera de la Audiencia de Córdoba ha archivado definitivamente la causa contra la exposición 'Maculadas sin remedio', que acogió el Palacio de la Merced entre mayo y junio de 2019 y donde Con Flores a María', una fotografía digital impresa sobre seda natural enmarcada como un lienzo en el que aparecía una imagen de la virgen levantándose el manto y tocando su zona genital, fue rajado de arriba a abajo un día después de que PP y Vox denunciaran el proyecto. El Juzgado de Instrucción número 1 ya archivó el caso el pasado mes de febrero y ahora la Audiencia desestima el recurso de apelación subsidiariamente interpuesto por la Asociación de Abogados Cristianos.

En un auto fechado el pasado 27 de julio, los jueces “comparten” ahora la respuesta judicial que ya dio el juzgado que, “aun concisa, dista de ser estereotipada” y que “con claridad” expuso los motivos para acordar el sobreseimiento de las actuaciones. En la muestra, donde 14 artistas reivindicaban “la feminidad más profunda” con imágenes de vírgenes en algunas de las obras, “no ha quedado probado que existiera por parte de las autoras de las obras un dolo específico de ofender los sentimientos de los miembros de una confesión religiosa”, dijo entonces el juzgado y ahora la Audiencia “mantiene en su integridad”. Cabe recordar que la denuncia del PP y de la asociación Presencia Cristiana ante la Fiscalía ya fue archivada en junio de 2019.

El juzgado apuntó ya al archivo “al no quedar acreditado que los hechos constituyan un delito contra los sentimientos religiosos del artículo 525 del Código Penal. ”Las investigadas realizaron dichas obras como forma de expresión artística, cuyo gusto puede ser cuestionado, pero que en todo caso no tuvo como propósito deliberado ofender o vejar sentimientos religiosos, sino contribuir a un debate público-político sobre el papel de la mujer en el seno de una sociedad considerada por las artistas como patriarcal y discriminatoria señalando el prototipo de mujer expuesta en la pintura barroca de Murillo“, señaló el juzgado cordobés.

“Reivindicar sus ideas”

Ya la Fiscalía, cuando archivó la denuncia del PP, consideró que no estaba acreditado “suficientemente” que las imágenes utilizadas supusieran “un escarnio de los dogmas, creencias, ritos o ceremonias de la Iglesia Católica, de acuerdo con la doctrina jurisprudencial”. Según la Fiscalía, en el mismo sentido que dictaminó luego el juzgado, tampoco se estimaba “suficientemente acreditado que la intención de la autora de la obra haya sido la de ofender los sentimientos de los miembros de la religión católica, sino reivindicar sus ideas, con mayor o menor acierto”, en referencia a la artista Charo Corrales, autora de la obra ‘Con flores a María’. La imagen final estaba creada con el collage entre el propio autorretrato actual de la artista que fundió con el cuadro Inmaculada Concepción “de Aranjuez” de Murillo, pintado entre los años 1675 y 1680, y que forma parte de la colección del Museo del Prado.

'Maculadas sin Remedio' fue un proyecto colaborativo de 14 artistas que impulsado por la Delegación de Igualdad de la Diputación de Córdoba y la Fundación Rafael Botí que se presentó como “una reivindicación de la feminidad más profunda'. Su intención era ”continuar planteando, destacando, visibilizando y trabajando sobre la feminidad escondida, buscar la mácula de que las mujeres formamos parte, realzar nuestra naturaleza, trabajar para denunciar que no somos ciudadanas de segunda“.

Las artistas participantes, y que hasta ahora estaban siendo investigadas, fueron Charo Corrales, María Díaz Osta, Lou Farratell, Marta Gómez Rangel, Eva Guil, Concha Jiménez, Anna Jonsson, Veredas López, Marina Molano, Aline Part, Carmen Portavella, Inma la Inmunda, Ángeles de la Torre y Tonia Trujillo. Representantes de diversos colectivos feministas se concentraron en mayo de 2019 bajo el lema de #Yosoymaculada ante la Diputación de Córdoba para reclamar a la institución que defendiera la exposición ante los ataques de partidos y otras organizaciones “conservadoras”, a las que, a su vez, exigieron que cesaran sus “discursos de odio” contra el movimiento feminista, que ha sufrido ataques por ello.

Emilia Pardo Bazán ganó la batalla contra la Real Academia Española (RAE). Poco importan las razones que esgrimiera la entidad cuando la rechazó como académica por ser mujer, y los posteriores intentos por enmendar aquel error. Por propio derecho, por su aporte intelectual, artístico y social se ha convertido en un personaje clave de la literatura universal que fue, a pesar de sus detractores, nombrada miembro de la Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba. La ciudad andaluza la acogió defendiendo su integridad como escritora, y ella, agradecida, le envió las siguientes palabras en una misiva: “Esta academia ha dado una lección a la otra. Esperemos que dentro de algunos años las ideas se habrán modificado, al impulso de las que ya en Europa se extienden de un modo tan avasallador”. 

El texto, fechado en 1913, fue enviado al director del museo de Bellas Artes y académico Enrique Romero de Torres. Perteneciente a una larga saga familiar relacionada con la flor y nata de Córdoba, de la cual destaca el pintor Julio Romero de Torres, la relación se inició gracias al acercamiento que hubo entre su hermano y la novelista, quienes compartían intereses artísticos. El tesoro documental del linaje del siglo XIX lo custodia el Archivo Provincial de Córdoba, en cuyos legajos María del Mar Ibáñez Camacho, archivera de la institución, encontró unas pistas que descubrían el misterio de cómo se logró que Emilia Pardo Bazán se convirtiera en académica en 1912.

Dos postales y una carta para mostrar su agradecimiento a Córdoba

“Entre la documentación de Enrique, encontré tres cartas que Emilia le había enviado, dos postales que le mandó desde Galicia y otra por haber entrado en la Academia de Córdoba”, relata la investigadora. Una escena campesina en Mondariz y la vista desde una ventana de su pazo eran las ilustraciones que decoraban el reverso de las epístolas, mientras que el papel orlado en negro daba a entender la reciente viudez de la autora. “Al principio, no presté mucha atención, ya que la correspondencia de la familia es muy rica, pero dado que es el centenario del fallecimiento de la escritora, la carta me resultó muy interesante porque se sabe que intentó en muchas ocasiones, con vehemencia, entrar a la RAE y no se le concedió por su condición de mujer, aunque los méritos literarios e intelectuales sobrepasaran de sobra los requerimientos”.   

El título dado se conocía, pero el transcurso de los hechos ha quedado desvelado a raíz de las pesquisas hechas por Ibáñez Camacho. “Hasta ahora se desconocía quién había hecho la propuesta y las circunstancias del nombramiento, por lo que saber que una Academia modesta como la de Córdoba, en referencia a que es de provincia, la nombrara con aclamación es significativo, sobre todo, al mostrarse indignados con la postura tan terca que mantenía la RAE”.  

Emilia Pardo Bazán murió el 12 de mayo de 1921. Este año, dedicado al aniversario de su fallecimiento, han sido numerosas las piezas que se han escrito en su recuerdo, además de las palabras ardientes que le dedicara el escritor canario Benito Pérez Galdós en las misivas que han salido a la luz en los últimos tiempos. Con ello, la RAE le dedicó el 13 de mayo una disculpa pública -y póstuma- a la escritora gallega, diciendo que “lo mereció de sobra” y dedicándole de forma simbólica el sillón número 47 de la institución.  

La razón que esgrimía la RAE a principios del siglo XX, con unas punzadas afiladas por la moralidad, era que “por los acuerdos reglamentarios de 10 de febrero de 1853, de 28 de marzo de 1912 y 2 de abril del mismo año disponen terminantemente que las Señoras no pueden formar parte de este Instituto”. Estupefacto, Enrique Romero de Torres le escribió al entonces conde de Romanones: “Existe el precedente de que a finales del s. XVIII otorgó el título de académica honoraria a la noble dama doña María Isidra Quintina y de la Cerda”. La intelectual, que descansa en Córdoba, recibió la cátedra honoraria de la Universidad de Alcalá y su título de Académica Honoraria de la Real Academia Española. Entonces, ¿qué pasaba con la escritora gallega?

La RAE nombró a la primera académica en 1979

La polémica, servida en bandeja a la prensa de la época, tuvo a sus defensores y detractores a ambos lados de la escena española, aunque algunos términos alcanzaran cotas un tanto ofensivas, como las palabras que le dedicara el cordobés Juan Valera al calificar a Emilia de “esa sandía con patas”. Las ampollas que levantaba la actitud de la escritora tanto por su carácter como su determinación por ser independiente tanto en la cama como en la economía hacían recelar a sus contemporáneos. A pesar del prejuicio machista de sus coetáneos, encontró en Córdoba un apoyo unánime a su causa. 

Entre las páginas de la prensa publicadas por aquel entonces, María del Mar Ibáñez encontró unos párrafos que transcribe en el artículo Emilia Pardo Bazán sí fue académica, en la revista Andalucía en la Historia. Ricardo de Montis, periodista oriundo de Córdoba, escribió en 1913 que “es digno de mención el hecho de que, apartándose de la tradición seguida por la mayoría de estas corporaciones, abriera sus puertas a la mujer para la que hasta ahora, en España, han estado cerradas las de casi todas las academias e incluyera en las listas de académicos correspondientes el nombre de la ilustre escritora doña Emilia Pardo Bazán”. 

Ibáñez destaca las líneas que le envió la aristócrata a Enrique Romero de Torres cuando supo que había sido distinguida con tal honor: “Privadamente reciba usted mi gratitud y téngame por su admiradora”, le contestó. “Además, la condesa pregunta si tiene medalla o distintivo porque le era grato poder usarla alguna vez”. A lo cual, la Academia decidió en reunión conjunta y dejó expresa en el acta: “acuérdase por unanimidad regalar a la ilustre dama las insignias de la Academia y expedirle gratuitamente el título correspondiente”. 

“Estaba muy emocionada, fui tirando del hilo y al encontrar las cartas de Emilia Pardo, también sentí mucho orgullo de que una ciudad modesta como la nuestra fuera socialmente más progresista y avanzada, teniendo en cuenta que la RAE no admitió a ninguna mujer hasta 1979, cuando a la muerte de Miguel Mihura nombraron a la poeta Carmen Conde”, declara la archivera. La Academia de Córdoba fue pionera en este sentido porque, siendo Emilia Pardo Bazán quien inaugurara la entrada de las mujeres a la orden, una investigación de la historiadora María José Porro Herrera recoge en el Boletín de la Academia el impulso por la igualdad que manifestó la institución cuando incluyó también a Rosario Vázquez Angulo, Camelia Cociña Riveira y Carmen Martel y Arteaga como miembros de pleno derecho en los años venideros. 

La documentación está digitalizada y la archivera anuncia que, lo más probable, es que esté disponible a finales de verano en la plataforma @rchivaWeb de la Junta de Andalucía. Investigadores, curiosos y el público en general podrán acercarse, desde cualquier lugar del mundo, a descubrir qué otras palabras quedan por descubrir en el archivo de la familia Romero de Torres.

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil investiga en Puente Genil (Córdoba) a una persona como supuesta autora de un delito de maltrato animal y otro de amenazas con un arma de aire comprimido. El investigado está acusado de haber matado de un disparo al perro de un vecino con el que está enemistado.

Las investigaciones se iniciaron tras tener conocimiento la patrulla del Seprona de Rute (Córdoba) a través de una llamada que se había producido la muerte de un perro por un disparo de una carabina de aire comprimido en las inmediaciones de Puente Genil.

Inmediatamente, una patrulla de la Benemérita se persono en el lugar indicado y, tras entrevistarse con el denunciante, pudo saber que en la tarde del 19 de julio se encontró a su perro muerto, al parecer por un disparo, en la perrera que tiene en una parcela de su propiedad ubicada en las inmediaciones de la localidad. Asimismo, se pudo saber que el denunciante procedió al traslado el perro al veterinario y tras ser examinado por éste, diagnosticó que el animal presentaba un proyectil de una carabina de aire comprimido alojado en el corazón, lo que le provocó la muerte.

Le amenazó con la carabina

Las primeras investigaciones permitieron averiguar que el denunciante mantenía una enemistad con uno de los vecinos de la parcela, quien incluso había llegado a amenazarlo con una carabina de aire comprimido.

Los datos obtenidos en la inspección practicada en la parcela unidos a los aportados por el denunciante permitieron obtener indicios suficientes de la participación del sospechoso en la muerte del perro. Ante ello, se procedió a la investigación de esta persona como presunto autor de un delito de maltrato animal y otro de amenazas con carabina de aire comprimido.

Se hace constar que entre las pesquisas que se llevan a cabo para el esclarecimiento del hecho se realiza la incautación del arma con la que ha sido abatido el animal y con la cual esta persona había supuestamente amenazado al denunciante. El investigado y diligencias instruidas han sido entregadas a la autoridad judicial.

La Guardia Civil ha abierto una investigación ante la denuncia del director del Museo Arqueológico de Almedinilla (Córdoba) y arqueólogo municipal, Ignacio Muñiz Jaén, por la destrucción del yacimiento arqueológico de La Viñuela, ubicado en dicho término de la Subbética y fechado en el siglo I antes de Cristo, con el objetivo de plantar olivos en la zona.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes cercanas a la investigación y ha adelantado la prensa provincial, que detalla que el martes Muñiz se personó en el enclave tras recibir el aviso de un vecino por unos movimientos de tierra que, supuestamente “sin permiso municipal”, se habían llevado a cabo en los últimos meses y que podían haber afectado a dicho yacimiento, catalogado en su día desde el propio Museo Histórico de Almedinilla como recinto fortificado de época íbera, previa a la colonización romana.

Según indica el arqueólogo municipal, se trata de un recinto amurallado, “algo diferente a los documentados en la comarca”, dado que tiene forma rectangular (20 metros de anchura y 75 metros de longitud), creando un espacio interno de 1.250 metros cuadrados. Situado en una cota a 900 metros de altitud, se ubica en el farallón rocoso que queda en lo alto de la cortijada de La Viñuela y su ermita, estando su cara sur defendida por un profundo corte en la roca caliza natural.

Al respecto, Muñiz señala que “aunque esta cara tiene restos de la fortificación, en la cara norte se conserva un alzado visible de dos metros de altura y 75 metros de longitud con una edilicia de sillarejo sobre piedras de carácter más ciclópeo”.

Arrasado con máquinas pesadas

Una vez en el lugar, el arqueólogo comprobó que el muro principal del recinto, el de la cara norte, había quedado “totalmente arrasado con máquinas pesadas para, tan sólo, plantar una docena de olivos”, indicando que una serie de majanos con las piedras del muro desgajado, algunas ciclópeas, habían quedado esparcidas por la finca, “como huella de la destrucción y el expolio, así como fragmentos cerámicos ibéricos tardíos pertenecientes a ánforas ibero-púnicas, cuencos y lebrillos”.

Tras ello, se ha cursado la correspondiente denuncia ante la Guardia Civil y el servicio del Seprona y se ha comunicado a la Consejería de Cultura de la Junta, a la que se ha solicitado “una intervención arqueológica de urgencia que permita documentar lo que haya quedado indemne”.

El yacimiento era estudiado desde el Museo Histórico de Almedinilla y la Universidad de Granada (UGR), habiéndose realizado en febrero de 2021 las planimetrías para próximamente ser comunicados los resultados a la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. No obstante, era conocido por la vecindad y se habían publicado diferentes noticias al respecto.

Por lo pronto, arqueólogos de la Junta de Andalucía ya se han personado en el yacimiento para hacer un primer ánalisis de los daños y estudiar “cómo dar solución a lo causado, si se puede hacer desde el Ayuntamiento o actuaría la Junta”. Así lo confirmaban a Europa Press fuentes del Gobierno regional, que apuntaban que al tratarse de daños sobre el patrimonio, la Junta de Andalucía es parte en la investigación y elaborará un informe que facilitará a la Guardia Civil, todo ello tras “activar el protocolo común ante un daño como éste”.

Máxima protección para los restos

En este sentido, Muñiz apunta que “al ser una fortificación emergente y visible entra dentro de la máxima protección que la Ley de Patrimonio de Andalucía establece para todo tipo de fortificaciones, protegidas en su totalidad como Bien de Interés Cultural por la Ley 14/2007, 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía”.

Así, precisa que el artículo 4 de la citada ley dice que los ayuntamientos “tienen el deber de colaborar activamente con los organismos competentes en la protección, conservación, fomento y difusión del patrimonio histórico que radiquen en su término municipal, así como realzar y dar a conocer el valor cultural de los mismos, adoptando en caso de urgencia, las medidas cautelares necesarias para salvaguardar los bienes”.

Recuerda igualmente que el artículo 14 de dicha Ley, en referencia a los propietarios, titulares y poseedores, según el cual “tienen el deber de conservarlos, mantenerlos y custodiarlos, además de permitir la visita pública gratuita, al menos cuatro días al mes”.

También, en su disposición adicional tercera, la normativa recoge que “quedan inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz los Bienes de Interés Cultural declarados conforme a la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español ubicados en Andalucía”. Disposición con la que todos los vestigios defensivos situados en territorio andaluz “se inscriben como Bien de Interés Cultural en el Catálogo General Andaluz”.

Restituir por unos 500.000 euros

De esta manera, destaca que todos los “vestigios defensivos” pasan a ser de competencia exclusiva de la Junta de Andalucía (Consejería de Cultura) y quedan inscritos como Bien de Interés Cultural (BIC) en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, protegidos por tanto en su totalidad, “tanto las partes conservadas como las que puedan aparecer en las excavaciones arqueológicas, considerándose una infracción muy grave y un delito penal su destrucción”, asevera Muñiz.

Además, afirma que, “si bien el daño está más que hecho, es de esperar que una pronta intervención arqueológica de urgencia pueda documentar lo no expoliado, así como plantear la restitución del muro norte conforme a las planimetrías realizadas, cuyo coste ascendería a una cantidad cercana a 500.000 euros”.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), con sede en Sevilla, ha ratificado este jueves la medida de salud pública, establecida por la Junta de Andalucía “en la Resolución de 28 de julio de 2021”, por la que la que se acuerda la medida de limitación de la libertad de circulación de las personas en el municipio de Montoro (Córdoba), entre las 2,00 y las 7,00 horas cada día, durante una semana a contar desde esta ratificación judicial.

Así, según ha informado el TSJA, la mencionada Sala considera que las medidas propuestas por la Junta de Andalucía, ante el incremento de los contagios de Covid-19 en dicho municipio cordobés, “se hallan justificadas por razones de salud pública y ante la necesidad de evitar la propagación de la pandemia existente”.

Reconoce la controversia existente relativa a la posibilidad de su ratificación tras el levantamiento del estado de alarma, pero considera que “siguen amparándose en normas legales que contemplan restricciones por razón de la tutela de otros bienes e intereses constitucionalmente protegidos”, como el artículo 3 de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública.

Esta ley, como señala el auto, “no permite concluir en la presencia de un amparo normativo indiscriminado de cualesquiera restricciones de derechos fundamentales, pero sí permite en cada caso valorar su proporcionalidad, necesidad e idoneidad en atención a las circunstancias concurrentes, como acaece en este supuesto”.

Los magistrados consideran que la medida ha sido suficientemente justificada por las autoridades sanitarias y que persigue “un fin constitucionalmente legítimo: proteger la salud pública de la población de dicho municipio, ante la situación de pandemia existente”, ya que en Montoro se superan los 1.000 casos de Covid-19 de incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes en las últimas dos semanas.

Además, según recoge el auto, se aprecia “la debida proporcionalidad de las medidas, en cuanto imprescindibles para garantizar la salud pública de los vecinos del municipio, erradicando el alto riesgo de contagio inminente que existiría de contrario, y con un alcance temporal que se extiende durante siete días naturales, pudiendo ser revisado si así lo requiriese la evolución de la situación epidemiológica, de mantenerse las circunstancias que motivan su aprobación”.

La Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE de Córdoba ha rechazado este lunes, de forma expresa, que se adelante el proceso de elecciones primarias en el PSOE andaluz para la elección del candidato socialista a la Presidencia de la Junta de Andalucía, de cara los próximos comicios autonómicos, para los que aún no hay fecha.

En concreto, según han explicado a Europa Press fuentes socialistas, la reunión de la Ejecutiva ha sido telemática y en la misma han participado 44 de los algo más de 50 miembros de la componen, en este caso 39 de ellos con derecho a voto, y la gran mayoría, en concreto el 84,61 por ciento, se ha opuesto al adelanto de primarias en el partido a nivel andaluz, tras un debate en el que ha habido 26 intervenciones.

Ha sido el secretario general del PSOE en Córdoba, Antonio Ruiz, el que ha introducido el debate y propuesto que se votara cuál sería la postura de la dirección provincial del partido sobre dicho adelanto de las primarias en el PSOE-A, que en el caso de la provincia de Córdoba ha tenido escaso respaldo, ya que hasta ahora solo se habían pronunciado a favor de ello cuatro agrupaciones socialistas de Córdoba capital y otras cinco de otros tantos pueblos, del total de 87 que hay en la provincia.

“Llegará cuando toque”

Por el contrario, y esa ha sido además la postura que ha adoptado este lunes la Ejecutiva del PSOE cordobés, el líder del partido en la provincia, Antonio Ruiz, ya dejó claro en recientes declaraciones que no comparte que se pueda producir “un adelanto de primarias” en el PSOE-A, primero porque “no tocan”, ya que no hay previstas aún elecciones autonómicas y, en segundo lugar, porque tampoco son una prioridad para los socialistas, los cuales, a su juicio, deben dedicarse a combatir los efectos negativos de la pandemia del Covid-19 en todos los frentes.

Además, según argumentó ya el secretario general del PSOE de Córdoba, la celebración de primarias en el PSOE-A “es un proceso que está reglado, que llegará cuando toque” y, cuando así sea, “los militantes votarán”, porque el PSOE es “el partido las primarias”, y sus afiliados “votarán libremente”.

El concejal y portavoz del PP en Barajas de Melo (Cuenca), Jesús López, conocido a nivel nacional por atacar hace un par de años a Irene Montero con un mensaje machista en su cuenta de Twitter durante el debate de investidura de julio de 2019 (“Espero que si esta tipa es vicepresidente del Gobierno de España se afeite los pelos del sobaco cuando nos represente”) ha vuelto a las andadas en la misma red social con un comentario de respuesta a la diputada por Córdoba en el Congreso, Martina Velarde, secretaria general de Podemos Andalucía.

“Al Congreso se va llorada desde casa, bonita”, le contestó a un mensaje en el que calificaba como “diputado machista” al representante del PP Diego Movellán, que había interpelado a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, asegurando que “las mujeres” de Unidas Podemos “solo suben en el escalafón si se agarran bien fuerte a una coleta, como en el cuento de Rapunzel”.

Velarde, molesta, le replicó a López recordando precisamente su comentario de julio de 2019 a la ahora ministra de Igualdad:

“Lo siento no aguanto el machismo en la calle pero mucho menos el institucional porque es una falta de respeto a toda la ciudadanía y porque a esos energúmenos les pagamos todas”, escribía Velarde en la misma red social a otros tuiteros.

Este periódico ha contactado telefónicamente con el PP de Cuenca por si el propio Jesús López o alguien del partido quiere comentar algo respecto al mensaje del concejal, sin que hasta el momento hayan querido pronunciarse.

Este mismo miércoles, López insistía con el comentario de su compañero de partido:

Adolfo Molina ha sido reelegido como presidente del PP de Córdoba en el congreso provincial que ha celebrado este sábado en la capital y en el que ha querido exhibir la unidad de los populares cordobeses. Con el 99,1% de los votos para su candidatura, la única que se presentaba, Molina ha sido proclamado de nuevo presidente del PP y ha reivindicado esa unidad y reclamando que el partido exporte “el modelo Córdoba” al resto de provincias.

“Reivindico este modelo de partido, lo que ya hemos bautizado como el modelo Córdoba, un partido unido, que trabaja esa unidad, que se cuida, se mima ,se protege entre todos. No damos ruido -no me lo negaréis-, pero damos resultados” ha dicho en referencia a otros congresos del PP con enfrentamientos internos, como en Sevilla o la semana convulsa del partido en Murcia y Madrid.

Molina ha sido elegido en un congreso al que han asistido el presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, y el secretario general del PP, Teodoro García Egea, así como la secretaria general del partido en el ámbito regional, Dolores López, en un evento que ha sido celebrado en formato mixto -presencial y telemático- desde el salón de actos Juan XXIII del Campus Universitario de Rabanales de la Universidad de Córdoba.

Y ante los líderes autonómicos y nacionales de su partido, Molina ha querido exhibir la unidad del PP de Córdoba: “Exportemos el modelo Córdoba al resto de provincias, querido Teo”, le ha dicho directamente a García Egea, que ha recogido el guante: “Has conseguido unir al PP, ese modelo Córdoba, lo estás exportando, evangelizando, digitalizando, con mucho talento detrás”, le ha dicho el secretario general del PP nacional al presidente de los populares cordobeses. “Necesitamos que Córdoba sea un puntal, en ese trabajo municipal que comenzamos desde ya”, ha avanzado sobre la tarea del partido de aquí a las próximas elecciones municipales de 2023.

Por su parte, el presidente del PP andaluz y de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha agradecido a Molina “el gran esfuerzo” que ha realizado en los últimos años, pues ha logrado hacer en la provincia cordobesa “un gran partido transversal de pueblos y ciudades”. De hecho, según ha asegurado Moreno, “queremos que así sea el PP y tú lo encarnas perfectamente, siempre con una actitud inteligente y sabiendo que muchas veces hay que ceder para poder ganar”.

En este sentido, Moreno ha afirmado que Molina ha conseguido generar en el PP cordobés “un entorno de motivación, de ilusión y de perspectivas para el futuro”, lo que le ha llevado a dar la “enhorabuena” a Molina, al que cree “capaz de hacer muchísimas”, y así lo ha “demostrado a lo largo de muchos años”, no solo desde su responsabilidad en el partido, sino también el Parlamento andaluz, donde es “un brillante parlamentario”. Además, para Juanma Moreno, el recién reelegido presidente provincial del PP de Córdoba tiene también entre sus cualidades el tener “siempre un tono amable”, además de “mano izquierda y siempre sabiendo dar su sitio”, con “una actitud inteligente” le hace ser al final “un líder”.

García Egea sobre Murcia

Por otra parte, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha agradecido este sábado a los tres diputados de Ciudadanos (Cs) por “mantenerse fieles al pacto” en la Región de Murcia ante la moción de censura presentada por el PSOE y Cs y ha pedido dejar “gobernar” y crear riqueza al PP. En declaraciones a los periodistas, García Egea ha advertido de que “el marketing” del presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, está “dañando España” y “ahora ya también empiece a dañar al propio Partido Socialista y al propio partido de Ciudadanos”.

“Después de este intento de gobernar la Región de Murcia desde unos despachos de Madrid con una maniobra oscura y tratando de quebrar la palabra dada hace dos años en un pacto que está generando prosperidad y riqueza a la Región de Murcia, como lo está haciendo aquí en Andalucía, creo que ha quedado descubierta esa maniobra de Pedro Sánchez de intentar a toda costa hacerse con gobiernos que están funcionando”, ha apuntado.

De esta manera, ha agradecido a los tres diputados de Ciudadanos, Isabel Franco, Valle Miguélez y Francisco Álvarez, que se hayan “mantenido fieles al pacto” porque han demostrado que “en Murcia, como en toda España, cuando una persona se da la mano es tan importante como cuando se firma un contrato” y ha indicado que “hay personas dentro de Cs que son tránsfugas en su propio partido y que están rompiendo los acuerdos a los que se llegó hace dos años”.

Ante esto, ha pedido “una vuelta a la normalidad”. “Los españoles necesitamos normalidad, seguir trabajando, que la gente se dé más prisa en los pasillos de la Comisión Europea en pedir vacunas que en los pasillos de los parlamentos para presentar mociones de censura”, ha reclamado. “Es inadmisible. Entre unos pidiendo elecciones y otros pidiendo mociones de censura. Me gustaría que dejaran al Partido Popular gobernar y crear riqueza”, ha subrayado, toda vez que ha considerado que esta moción de censura era “injusta, incluso a la desesperada”. “Que dejen que las regiones sigan prosperando y sigan avanzando con gobiernos como el que tenemos en Andalucía o en Madrid”, ha afirmado.

De igual manera, ha instado a Cs a “mirar quién firma la moción de censura” porque, entre los firmantes, según ha detallado, “hay un imputado por corrupción”, de manera que la presidenta de la formación naranja “ha estampado su firma en una moción de censura junto a un imputado por corrupción”, mientras que en el Gobierno de Murcia “no hay ni uno solo de las personas que lo conforman con una sola mancha”. “Es un gobierno honesto. Se quiere sustituir por parte de Ciudadanos y del Partido Socialista un gobierno honesto y limpio por un gobierno con un imputado por corrupción”, ha detallado.

Congreso del PP de Córdoba en formato mixto

Desde las 10:00 de este sábado, con un formato mixto, por un lado el grueso de los compromisarios han seguido el conclave y ejercido su derecho de voto de forma telemática. Y por otro lado, un reducido número de compromisarios han podido seguido el congreso y votar de forma presencial cumpliendo el aforo permitido en este recinto, así como la normativa vigente en cuestiones de higiene y seguridad anticovid. Así, los 1.070 compromisarios han podido ejercer su derecho al voto, ya sea de forma telemática o presencial.

Bajo el lema 'La fuerza de Andalucía, Córdoba' en el congreso se han expuesto dos comunicaciones. Por un lado la comunicación 'Córdoba, nuevas prioridades para nuevas realidades', que ha sido coordinada por Beatriz Jurado y Andrés Lorite, y en la que han participado Mª Jesús Botella, Araceli Cabello, Cristina Casanueva, Guiseppe Aloisio, Juanra Pérez, Blanca Torrent, Sergio Velasco, José Mª Estepa y Manuel Lopera.

Y por otro lado la comunicación 'Un nuevo modelo de partido al servicio de Córdoba', coordinada por Félix Romero y Lourdes Morales, y que ha contado con un equipo redactor formado por Francisco Acosta, Juanra Valdivia, Verónica Martos, Carlos Moreno, Eduardo Lucena, Celia Millán, José Mª Lara, Montse Jurado y Alberto Doncel.

La guerra civil trazó el frente de batalla al norte de Córdoba. Una línea en parte “desconocida” y que albergó el “último esfuerzo de la República” contra los golpistas, como cuenta el historiador Manuel Vacas en el libro Hasta la última gota de sangre. Unos renglones que dejaron hitos para la historia: desde la Batalla de Pozoblanco a Cerro Mulva o el Batallón Chapaiev. O nombres como Gerda Taro y Robert Capa.

Y un territorio todavía trufado de trincheras, refugios y nidos de ametralladoras. Unas rutas olvidadas, a merced del tiempo, que el autor mapea con fotos, planos y testimonios recopilados durante su investigación. “Un patrimonio que está muy olvidado y se va deteriorando” y suma “81 restos, 32 republicanos y 49 franquistas”. Todo en un volumen subtitulado El norte de Córdoba, frente de guerra (Los Pedroches y el Valle del Guadiato) y que edita 17pueblos.

El resultado recrea la línea de batalla que sirvió al Gobierno de España para contener el avance de los golpistas de Francisco Franco. Una raya que delimita también el genocidio fundacional del franquismo: en la zona occidental de la región (Huelva, Cádiz, Sevilla y parte de Córdoba) están más de la mitad de las 45.566 víctimas del fascismo estimadas en Andalucía y sepultadas ilegalmente en al menos 708 fosas comunes. Unas cifras que superan al terrorismo de Estado de las dictaduras de Argentina y Chile juntas.

La última batalla de la República

Con Hasta la última gota de sangre “pretendía hacer una reconstrucción del frente, sobre todo viendo los restos, los vestigios que quedan”, cuenta Manuel Vacas, en conversación con elDiario.es Andalucía. Porque el norte de Córdoba asume batallas “durante toda la guerra”, hasta casi el último día de resistencia democrática.

“Pozoblanco y la zona de Los Pedroches la toman los franquistas en marzo del 39, unos días antes que Madrid y de que acabe la guerra”, explica el historiador. Pocos días antes la zona vive “la última gran batalla de la República, la de Valsequillo y Peñarroya”.

Un plan en los estertores de la contienda, las últimas opciones ante la inminente victoria fascista. España “puso en liza gran material” de guerra y “combatieron unas 150.000 personas en un terreno pequeño”, apunta Vacas. Se trató “de una batalla muy importante, y muy olvidada, que duró un mes y sumó muchos acontecimientos”.

El norte de Córdoba “era un frente secundario pero evidentemente tuvo su repercusión porque frenó el avance franquista”. Si la resistencia gubernamental no hubiera contenido a los golpistas, y a los pocos días del golpe de Estado “pasan la zona de Sierra Morena y llegan a La Mancha, con territorios llanos y extensos, hubiera sido más difícil poner algún tipo de defensa”.

Victoria republicana en Pozoblanco

Con Hasta la última gota de sangre. El norte de Córdoba, frente de guerra el historiador pretende no solo “reconstruir la línea de batalla” que divide Andalucía. También es un libro “que establece los acontecimientos más importantes del momento” y busca “poner en valor los restos arquitectónicos de la guerra civil” en un frente “de unos 150 kilómetros que rompe a la mitad el norte de la provincia”.

Caso de la Batalla de Pozoblanco, “que fue la única victoria del Ejército del Sur aquí en Andalucía”, que fue “muy importante” y queda “solapada” por otros éxitos republicanos. “Coincidió con la de Guadalajara”, ejemplifica Manuel Vacas.

Para hilvanar el trabajo, la investigación “toma como referencia los diferentes hitos históricos que marcaron las directrices de la contienda en esta zona de Córdoba”. Y, a continuación, “reconstruye los lugares que fueron escenario de estos acontecimientos”.

“Muchas personas han oído hablar de la Batalla de Pozoblanco o Peñarroya, de la Chimorra, Sierra Noria o Cerro Mulva”, enumera Vacas. Espacios que resuenan a destiempo y “continuamente citados en las memorias de los excombatientes que, en un momento u otro, actuaron en el frente sur”.

Lugares “señeros” que el libro actualiza para “reconstruir” qué pasó en torno a estos hitos. “Quiénes estaban, cómo los fortificaron, qué queda y cómo se han conservado a lo largo del tiempo… y todo a través de fuentes archivísticas, documentación de prensa, fotografías y mapas de la época, además de testimonios orales y escritos”, sintetiza.

De las trincheras a Robert Capa

“Cada cerro, cada punto de control tiene algo, bien una trinchera, algo… es increíble, a veces me he visto desbordado por la gran cantidad de restos y de terreno”, manifiesta el investigador. O “los bombardeos franquistas, los ataques a los pueblos”, e incluso “los cambios del paisaje” que provoca la guerra.

La información dibuja una arquitectura defensiva repleta de trincheras, refugios, observatorios, nidos de ametralladoras… Muchos de estos restos siguen siendo visibles en el territorio. La obra incorpora abundante material gráfico, como mapas, fotos y planos, además de documentación de archivo, “que permiten obtener una visión más completa de los vestigios de la guerra civil en el norte de la provincia”.

Y Hasta la última gota de sangre incluye también “aspectos poco conocidos, no solo a nivel local, sino también a una escala más amplia”. Sirva de ejemplo, apunta el historiador, “la llegada y actuación de la XIII Brigada Internacional en la que se integraba el renombrado batallón de las veintiuna nacionalidades”.

La presencia en la zona de combatientes extranjeros “atrajo la atención de personalidades como Gerda Taro y Robert Capa que realizaron la serie fotográfica sobre la ocupación de La Granjuela por el Batallón Chapaiev” cuenta Manuel Vacas. O propició la aparición “de políticos alemanes y franceses, reporteros como Egon Erwin Kisch o el militar italiano Aldo Morandi, quien dejó un vívido relato de su experiencia en tierras cordobesas”.

“De lo que más me ha gustado hacer, por desconocido, es cuando están aquí las Brigadas Internacionales”, reconoce el historiador. El mes de febrero conmemora la llegada de estos voluntarios “que vinieron a combatir en torno a Málaga y para fijar la línea de frente en Calahonda con la Desbandá”, el mayor crimen de guerra del franquismo, apoyado por tierra, mar y aire por tropas nazis de Adolf Hitler y fascistas de la Italia de Benito Mussolini, con el ataque indiscriminado contra miles de civiles que huían como refugiados.

“Estuvieron un tiempo en primera línea, un montón de semanas consecutivas, se quejaban del agotamiento acumulado en un frente secundario… pero esa presencia aquí de los brigadistas es menos conocida, y mi intención era ponerla en valor”, narra. Y el libro Hasta la última gota de sangre ya prevé “una segunda parte” que ahonde, señala Manuel Vacas, en “capítulos esenciales” como “las mujeres, milicianas y su participación en la guerra” que aportará la historiadora Carmen Jiménez Aguilera.