Todo empieza con algo tan sencillo como el primer premio en un concurso de dibujo en el cole. El galardón consiste en un maletín de rotuladores que va a convertirse en una obligación y una responsabilidad. Por eso, cuando la ganadora, Anna, crece y recibe la llamada de la galerista más importante del país, se abre un abismo bajo sus pies. Así arranca La boca llena de trigo (Anagrama), el sorprendente debut como novelista de Mayte Gómez Molina, conocida hasta ahora como poeta y artista multidisciplinar.

Granadina de 1993 y recriada en Madrid, Gómez Molina confiesa que “hay gente muy precoz escribiendo, pero yo no lo fui. Siempre quise escribir una novela, pero me daba mucho miedo y tampoco tenía el tiempo necesario… ni quizá el arrojo. No es que la poesía no necesite tiempo o espacio, pero es distinta. La llevas en el cuerpo como una canción, se va enhebrando poco a poco. Es como un encaje de bolillos que puedes retomar: lo dejas y sabes por dónde seguir. En cambio, la novela te exige más continuidad. Si tú no entras en ese mundo, el lector tampoco entra. Pero sí, era lo que más me había apetecido siempre. He dado un rodeo grande, y también muy alegre, para llegar hasta aquí”.

Como suele suceder, la autora encontró la concentración necesaria para abordar este proyecto mientras se incorporaba a un nuevo trabajo en Basilea, Suiza. “Me dije: ‘Tengo dos meses para escribir’. Y lo hice. Era una situación peculiar: tenía la tranquilidad de saber que había un sustento esperándome, algo que no es tan común en España. Aquí, en Suiza, incluso llaman a estar en paro estar entre trabajos”, asegura. “Estaba muy cansada, venía de un burnout fuerte, pero pensé: ‘Este es el tiempo que tengo’. Me impuse una especie de media jornada conmigo misma, siendo mi propia jefa —una jefa bastante amable, por suerte—. Y así pude escribir la novela, gracias también a esa paz de estar entre trabajos”.

Entender el mundo

El paso de la poesía (Gómez Molina fue Premio Nacional de Poesía Joven Miguel Hernández 2023 por su obra Los trabajos sin Hércules) a la novela no ha sido demasiado forzado. “Hay algo que se conserva: la imagen. Yo entiendo la poesía como algo muy visual, como fotogramas. Eso se mantiene. Pero en poesía hay que ser muy certero, como lanzar una flecha: hay una precisión casi científica, aunque sea algo abstracto. En la novela no tanto, pero aparece otro peligro: aburrir. Tienes más espacio para equivocarte, pero también más espacio para perder al lector. Eso genera una tensión distinta. Aun así, la narración me permite desarrollar ideas de forma más pausada, con un recorrido más largo”.

Por otro lado, aunque la granadina ha trabajado la expansión de la literatura a formatos digitales a través del cine, el 3D y la realidad virtual, considera que “la palabra es la tecnología más perfecta. Recuerdo una cita de Leonardo da Vinci que decía que el alfabeto es la tecnología más avanzada. Con unas pocas letras puedes escribir obras como Don Quijote, Madame Bovary o Crimen y castigo. Es increíble. Hace poco estaba leyendo a Vladímir Propp, que en La morfología del cuento analiza las estructuras de los relatos. Muchas historias repiten patrones. Quizá no contamos cosas tan nuevas como creemos. Narramos para entender el mundo. Esa oralidad sigue ahí, no puedo imaginar un mundo sin historias”.

Entre los muchos aspectos que aborda 'La boca llena de trigo', el hándicap de ser mujer en la creación artística está presente, “pero también para muchas personas que han vivido en los márgenes”, subraya Gómez Molina. “Hay una inseguridad mayor en general. Existe una especie de actitud más masculina en el mundo del arte: ‘yo merezco esto, yo soy el mejor’. No hablo de la seguridad sana, sino de cierta arrogancia. Las personas que no han sido socializadas para sentir que ese lugar les pertenece suelen reaccionar con más duda. Y esa duda, aunque a veces pese, también puede ser fértil. Te mantiene creando y con los pies en la tierra. Además, hay una mitología del artista-genio que no me interesa nada. La inspiración existe, pero también hay trabajo diario, constancia”.

Categoría de sí misma

Luego está la relación entre la obra y el mercado. “El éxito depende en parte del mérito y en parte del mercado. Yo uso el mundo del arte en la novela porque muestra muy bien cómo algo íntimo entra de repente en una lógica económica. Vivimos en una cultura muy cuantificada: puntuaciones, estrellas… y eso simplifica mucho. Hay obras que no se pueden reducir a eso. Por ejemplo, Franz Kafka murió sin reconocimiento, pensando que era un fracaso, y hoy es fundamental. El valor cambia con el tiempo”.

La escritora también se refiere a la eterna sospecha que pesa sobre el arte contemporáneo, la diferencia entre obra valiosa y camelo, en estos términos: “Hay elitismo, pero también una reacción defensiva del público. Hace falta mediación, educación. No todo es evidente a primera vista. Yo enseñaría más historia del arte y de la imagen. Especialmente ahora, con la inteligencia artificial, necesitamos aprender a leer imágenes. Es una cuestión casi ciudadana”.

Pero sobre todo prevalece la idea de éxito, eso que todo el mundo ambiciona, pero que también puede convertirse en una maldición. “Depende de cómo lo entiendas. Para mí, estar tranquila en casa leyendo un sábado ya es éxito”, sonríe. “Pero el éxito masivo, como el de Rosalía, debe de ser muy complicado. Te conviertes en una categoría de ti misma. Hay expectativas constantes. También genera presión creativa: tienes que superarte continuamente. Eso puede ser una cárcel”.

De momento, un éxito indiscutible para Gómez Molina es haber podido culminar su ópera prima como narradora de largo aliento. “Para mí ha sido como cumplir un sueño de infancia. Me ha dado una seguridad muy bonita, y también espacio para seguir aprendiendo”, asegura. “Ya tengo ideas, pero con calma. Ahora toca disfrutar también de compartir lo que ya está hecho”.

Decía el historiador Ian Gibson en 1998 que de Federico García Lorca aún quedaban muchas cosas por saber. En el centenario de su nacimiento, el conocimiento sobre el poeta y dramaturgo granadino estaba en plena etapa de exploración. Ahora, casi 30 años después, de Federico se sabe casi todo, pero nunca lo suficiente. Cada cierto tiempo aparecen retales de una vida que el tiempo ha convertido en leyenda, pero que fue la de un hombre magistral, a la vez que profundamente terrenal. Algo que queda reflejado en las cartas que se envió con su madre Vicenta y que el periodista Víctor Fernández ha recogido en el epistolario ‘No te olvides de escribir’.

Un documento esencial para conocer mejor la dimensión familiar de un Federico de carne y hueso. Con preocupaciones y problemas cotidianos, tan lejos del misticismo sobre el que reposa su recuerdo y tan cerca de ser cualquier hijo de vecino, que lo que se lee en estas misivas cobra otra dimensión. No es la primera vez que salen a la luz las cartas que Lorca se envió con sus familiares y amigos, pero sí es la primera vez en las que conocemos algunas inéditas.

Entre las letras que Vicenta Lorca y su hijo Federico se intercambian, vemos a un joven de veintipocos años que pasa frío en la Residencia de Estudiantes de Madrid, al tiempo que convierte a su madre en editora, enviándole en primicia sus creaciones para que esta se convierta en su mejor crítica. “Yo creo que las cartas lo humanizan. Nos ofrecen una imagen muy humana de él: el hijo que escribe a sus padres o el hermano que escribe a sus hermanos”, explica Víctor Fernández, autor del epistolario.

Vicenta, la madre tras el poeta

“Fue precisamente su madre la que le contó que habían ido a un teatro en Granada y que habían visto a una actriz que les impresionaba”. Esa actriz resultó ser Margarita Xirgú, a la que Vicenta conoció antes que Federico, y a la que ese azar le cambió la vida. Xirgú fue la musa teatral de Lorca, llegando a ser Mariana Pineda o Doña Rosita. Aquella misiva catapultó a la fama a la actriz catalana, que acabaría exiliada por el franquismo en Uruguay sus últimos días, y muestra cómo Federico y su madre construyeron juntos la carrera artística del poeta granadino.

Pero el papel de Vicenta Lorca va mucho más allá de la anécdota o del acompañamiento emocional. En las cartas, se dibuja como una figura clave en la construcción del propio Federico García Lorca. “Se convierte casi en una agente literaria”, explica el periodista Víctor Fernández. Es ella quien pregunta por editoriales, quien se interesa por las revistas en las que se publican los textos de su hijo y quien incluso gestiona aspectos económicos de sus primeras obras.

Una de las piezas que mejor ilustra ese rol es la carta que Vicenta envía al impresor Gabriel García Maroto con motivo de la publicación de ‘Libro de poemas’. En ella, se detallan cuestiones relativas al pago de la edición, que corría a cargo de la familia. La escena es tan descriptiva como emocionante: detrás del mito literario, hay una madre pendiente de cada paso, sosteniendo -también económicamente- los inicios de una de las voces más importantes de la literatura española.

Ese acompañamiento no termina con la muerte del poeta. Años después de su asesinato, Vicenta sigue preocupándose por la difusión de su obra, interesándose por su traducción y circulación en otros países y preguntando incluso por figuras clave de la cultura internacional. Una continuidad que, en palabras de Fernández, “cierra el círculo” y refuerza la idea de que el legado de Lorca también es, en parte, una construcción familiar.

El trabajo de investigación que sostiene este epistolario no ha sido menor. Fernández partía de una publicación anterior, centrada únicamente en las cartas de la madre, pero decidió ampliarla para incorporar también la voz del hijo. El proceso, sin embargo, ha sido fragmentario, casi detectivesco: documentos dispersos en archivos públicos, colecciones privadas y referencias en investigaciones previas que obligaban a reconstruir el mapa pieza a pieza. “Construyes un primer borrador y cuando lo das por cerrado aparece otra carta”, explica.

Una investigación atemporal

En ese rastreo han intervenido nombres clave del lorquismo como Ian Gibson o Christopher Maurer, pero también anónimos y familiares que han preservado el legado y archivos menos accesibles. Algunas cartas han llegado a través de fondos institucionales y otras gracias a copias conservadas por investigadores. Algunas han aparecido también en colecciones privadas. Incluso hoy, reconoce Fernández, hay archivos que permanecen cerrados, como el del escritor y amigo de Lorca, Rafael Martínez Nadal, donde podrían seguir guardándose documentos desconocidos.

Ese carácter abierto de la investigación no es una excepción, sino casi una constante en el universo lorquiano. A lo largo de los años han seguido apareciendo materiales inesperados: desde nuevas fotografías hasta epistolarios desconocidos que emergen, literalmente, de cajones familiares tras una herencia. “A veces ocurren estos milagros”, explica el autor, que recuerda cómo recientemente apareció un conjunto de cartas dirigidas a una persona hasta ahora desconocida para los estudiosos. No obstante, faltan documentos clave como el manuscrito de Bodas de Sangre o sus cartas con Dalí, con el que mantuvo una relación amorosa en la que estaba también Buñuel.

Porque, aunque hoy sabemos mucho más que hace décadas -hace tan solo unas semanas trascendieron imágenes en vídeo de él junto a su compañía teatral-, el legado de Lorca sigue atravesado por ausencias. Se han perdido manuscritos, cartas y poemas -algunos destruidos durante la Guerra Civil por miedo- y otros cuyo paradero sigue siendo un enigma. Ni siquiera se conserva el manuscrito de algunas de sus obras más conocidas. Y, sin embargo, lo que ha llegado hasta hoy resulta casi milagroso. “No nos podemos quejar de lo mucho y bueno que tenemos”, apunta Fernández.

En ese equilibrio entre lo descubierto y lo perdido se mueve también el futuro de la investigación. No parece probable que aparezca una gran obra inédita que cambie el canon literario, pero sí nuevos documentos que completen el retrato. Pequeñas piezas que, sumadas, siguen ampliando la comprensión de un autor que nunca termina de agotarse.

Quizá el mayor misterio pendiente sea otro. La posibilidad de escuchar su voz. Federico García Lorca participó en emisiones de radio en sus últimos años en ciudades como Madrid o Barcelona, y no se descarta que alguna grabación haya sobrevivido en archivos sonoros, incluso fuera de España. “Yo soy optimista con que pueda aparecer”, señala Fernández. El problema, advierte, no sería tanto encontrarla como poder demostrar que realmente es suya.

Mientras tanto, estas cartas cumplen una función más inmediata y, quizá, más necesaria: devolver a Federico a un lugar reconocible. Alejarlo del pedestal sin restarle altura. Mostrarlo no sólo como el símbolo universal que representa, sino como lo que también fue: un hijo que escribía a su madre. Y, en ese gesto cotidiano, profundamente humano, encontrar una forma distinta y más cercana de leerlo.

El Juzgado de Instrucción número 8 de Granada ha acordado la apertura de diligencias previas a raíz de la denuncia presentada por el Ayuntamiento de Maracena contra quien fuera alcalde del municipio entre junio de 2023 y abril de 2024, Julio Pérez (PP).

La denuncia, impulsada por el actual gobierno local (PSOE, IU y Maracena Conecta), apunta a la posible comisión de delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos.

Le acusan de haber ordenado presuntamente la contratación de los servicios de una empresa especializada en la elaboración de informes económicos y patrimoniales sobre diversas personas y entidades.

Entre ellas figuraban presuntamente “miembros de la oposición municipal, personas sin relación con expedientes administrativos del Ayuntamiento e incluso empresas vinculadas a integrantes de su propio partido político”.

Los informes técnicos incorporados al caso sostienen que esas consultas se realizaron “sin que conste procedimiento administrativo alguno, sin expediente que justificara su necesidad y sin registro oficial que acreditara una finalidad pública”, señala el consistorio en una nota.

Además, los propios servicios municipales habrían confirmado que “ninguna de las áreas consultadas solicitó ni recibió dichos informes, lo que refuerza la sospecha de que se actuó al margen de la actividad ordinaria del Ayuntamiento, apropiándose presuntamente de dichos informes para usos diferentes del público”.

El portavoz del PSOE en el equipo de Gobierno, Antonio García Leiva, considera que los hechos descritos reflejan “un patrón especialmente grave de utilización de instrumentos de la administración para recabar información sobre adversarios políticos, empleando para ello dinero público y recursos institucionales”.

En la misma línea, ha recordado que el propio exalcalde “admitió en pleno que estaba investigándonos porque decía que era su obligación como alcalde, arrogándose competencias judiciales”.

La denuncia también pone el foco en la presunta contratación directa de una letrada externa para personar al Ayuntamiento en procedimientos judiciales contra la oposición, una actuación que, según afirman, “se habría realizado sin seguir los requisitos legales exigidos para que una administración pública pueda ejercer acciones judiciales”.

En concreto, se señala que el entonces alcalde presuntamente habría “firmado personalmente una hoja de encargo profesional con unos honorarios iniciales de 10.000 euros más IVA, prescindiendo del procedimiento de contratación pública y sin contar con el dictamen jurídico previo exigido por la normativa de régimen local y por el propio acuerdo plenario”.

A juicio de los servicios jurídicos del Ayuntamiento, los hechos denunciados podrían encajar en delitos de prevaricación administrativa, por la presunta adopción de resoluciones arbitrarias, y de malversación de caudales públicos, por el supuesto destino de fondos municipales a fines ajenos al interés general.

El cuerpo sin vida de un hombre ha sido localizado este martes en la orilla de la playa de Gualchos-Castell de Ferro, después de que otros cinco cadáveres hayan sido rescatados en esta franja del litoral granadino en los últimos diez días.

Al igual que los otros, el cuerpo se encuentra en avanzado estado de descomposición. Ha sido encontrado por un vecino que paseaba por la orilla en torno a las doce del mediodía y se ha activado el protocolo judicial, según han detallado a Europa Press fuentes del Instituto Armado.

El pasado sábado el Servicio Marítimo de la Guardia Civil rescató otro cuerpo en torno a las 20:00 horas tras recibir un aviso de que había una persona flotando en el agua.

También este caso la autopsia será determinante para conocer las causas de la muerte e intentar identificar a las víctimas, de las que no han trascendido más datos.

Con estos son seis los cadáveres localizados en esta franja del litoral granadino en los últimos diez días, los tres primeros en la madrugada del pasado 15 de marzo en un contexto que “posiblemente” estaba vinculado a la llegada de una patera a la playa de Cambriles, según señaló en ese momento el subdelegado del Gobierno, José Antonio Montilla.

El pasado viernes fue rescatado otro cadáver, también en avanzado estado de descomposición en la playa de Cambriles, en Lújar, donde fue localizado por un vecino que pasaba por la zona.

A Javier Verdejo nadie le iba a frenar su ímpetu por vivir en una democracia en España. Con la muerte del dictador Francisco Franco, este joven estudiante almeriense de la Universidad de Granada sabía que estaba ante la oportunidad perfecta para reivindicar un nuevo tiempo para su país. Nadie, ni siquiera su padre, un reconocido alcalde franquista de Almería, le iba a impedir militar hacia una transición política en la que la dictadura fuese historia. Nadie, hasta que una bala de un guardia civil le atravesó el cuerpo y le cercenó la vida. Era el verano de 1976, pero su asesinato pareció teñir de invierno las ambiciones de quienes, como Javier, soñaban con una España democrática.

Tenía tan solo 19 años cuando esa bala acabó con su futuro en la playa del Zapillo de su Almería natal. Militante de la Joven Guardia Roja de España (JGRE), la organización juvenil del Partido de los Trabajadores de España (PTE), Verdejo apenas llevaba un año estudiando Biología en la universidad cuando fue sorprendido en una caseta de baño próxima a la orilla escribiendo en un muro, con letras rojas: “Pan, trabajo y libertad”. No llegó a escribir más que la “t” de trabajo cuando un agente de la Guardia Civil le persiguió, mientras trataba de huir, hasta darle alcance con su fusil. En apenas unos segundos, el joven murió, convirtiéndose en una de las casi 800 víctimas que se produjeron en los primeros años de la transición española tras la muerte de Franco en noviembre de 1975.

Quizá por eso, por parecer tan solo un número, Javier Verdejo no ocupa los recuerdos que sí logran otros como Manuel García Caparrós, asesinado el 4 de diciembre de 1977 mientras luchaba por la autonomía de Andalucía. Quizá por eso, la de Verdejo es la historia de un chaval que tuvo la mala suerte de soñar con una democracia cuando la dictadura aún seguía existiendo, pese a la muerte de Franco.

Ahora, 50 años después de su asesinato, la Universidad de Granada le hace un homenaje para que la comunidad académica y la población en general, que empieza a ser mayoría la que no vivió el franquismo, no olvide lo que pasó en los primeros años de la transición que permitió que España sea hoy una democracia. Porque el contexto de aquel tiempo merece ser recordado para entender quién era Javier Verdejo y qué pasaba en el país en aquellas fechas. En ese sentido, Rafael Gil Bracero, profesor de Historia en la Universidad de Granada, que tenía casi la misma edad que Verdejo cuando fue asesinado, es una de las personas que más ha estudiado sobre su figura y de las que más luces puede aportar a los vacíos que la versión oficial arrojó sobre la muerte del joven.

Una transición que no fue modélica

“Ni fue una transición ni mucho menos modélica. Fue sangrienta”, resume Gil. El historiador sitúa el asesinato de Verdejo en un momento de enorme tensión política y social, apenas meses después de la llegada de Adolfo Suárez al Gobierno. En aquel 1976, ni los partidos políticos ni los sindicatos estaban legalizados, y la movilización en las calles –especialmente de estudiantes y trabajadores– formaba parte de la lucha por conquistar libertades básicas.

Ese clima tenía en la universidad uno de sus principales epicentros. “El ambiente universitario estaba muy politizado”, explica Gil, que vivió aquellos años como estudiante. “En la Universidad de Granada, el Partido Comunista era casi lo más a la derecha”. La frase, provocadora, ilustra hasta qué punto el espacio universitario estaba dominado por organizaciones de izquierda y extrema izquierda, donde militaban buena parte del alumnado.

Lejos de ser una excepción, la implicación política formaba parte de la vida cotidiana. Carteles, asambleas y panfletos articulaban un movimiento estudiantil que se organizaba al margen de la legalidad vigente. “La mayoría de estudiantes estaban vinculados a organizaciones políticas”, recuerda el historiador. En ese contexto, la militancia de Javier Verdejo no tenía nada de extraordinario: era, en realidad, la norma entre quienes protagonizaban la oposición al franquismo en las aulas.

Pero esa efervescencia chocaba de frente con un aparato estatal que apenas había cambiado. Gil insiste en que la transición política no vino acompañada de una depuración real de las fuerzas de orden público. “Podían disparar y no pasaba nada”, asegura. La combinación de movilización social y continuidad represiva explica, en parte, la violencia de aquellos años. En cifras, el balance es contundente. “Del 75 al 83 hubo al menos setecientas muertes violentas”, señala. De ellas, al menos 178 corresponden a violencia ejercida por el propio Estado. “Son muertes que apenas han tenido investigación, reparación ni reconocimiento”, añade. La de Javier Verdejo fue una más de esa lista, aunque con el paso del tiempo haya quedado diluida en el relato oficial de una transición pacífica.

La versión oficial sostuvo que el disparo fue accidental: el agente habría caído mientras perseguía al joven y el arma se habría disparado de forma fortuita. Sin embargo, Gil cuestiona esa explicación. “Si te caes con el arma, el disparo no va al cuello”, apunta. Para el historiador, se construyó un relato para evitar responsabilidades. “No fue una muerte, fue un asesinato”, afirma con rotundidad.

La impunidad de su asesinato

El caso nunca se investigó en profundidad y quedó impune. La respuesta en la propia universidad, aunque existente, fue limitada. Hubo comunicados y protestas, pero no una movilización sostenida. “Se hicieron panfletos denunciando el asesinato, pero no hubo más”, admite Gil. Aun así, el impacto fue profundo entre quienes compartían generación con Verdejo: la constatación de que la represión seguía operando incluso en plena transición.

A diferencia de otros nombres que sí han logrado cierto reconocimiento institucional, la figura de Javier Verdejo quedó marcada por el olvido. Algunas fuentes han sostenido que existió un distanciamiento por parte de su familia debido a su militancia política, en un contexto marcado por profundas divisiones ideológicas. Sin embargo, sus hermanos han querido matizar esta interpretación y subrayan que su familia siempre se ha sentido “muy orgullosa” de Javier, al que consideran “querido, recordado y añorado”.

“Una tragedia de tal envergadura marcó a sus padres y a toda su familia, la cual ha sido víctima, al igual que lo fue Javier, de falta de respeto y solidaridad”, explican los hermanos Verdejo Lucas. Asimismo, recuerdan que en 2010 fue reconocido oficialmente como “víctima de la violencia estatal” a petición de la propia familia. Y aseguran haber participado “en todos los actos en reconocimiento a Javier a los que la familia ha sido invitada, y también ha asistido a muchos otros eventos, aunque lo ha hecho sin significarse, respetando así, la iniciativa de los convocantes”.  

Memoria y presente

Medio siglo después, el homenaje impulsado ahora desde la Universidad de Granada, con participación institucional, supone un cambio respecto a décadas anteriores. “Ya era hora de que el Estado reconociera a quienes dieron su vida por la democracia”, sostiene Gil.

Para el historiador, la recuperación de estas historias no es solo una cuestión de memoria, sino también de presente. “Esto no se enseña en las aulas, aunque la ley diga que es obligatorio”, advierte. En un contexto en el que las nuevas generaciones consumen información de forma fragmentaria y rápida, reivindica el papel de la divulgación y del periodismo para reconstruir estos relatos.

Porque la historia de Javier Verdejo no es solo la de un estudiante asesinado en una playa de Almería. Es también la de una universidad que fue motor de cambio político, la de una generación que se jugó la libertad en las aulas y en la calle, y la de un país que, durante demasiado tiempo, prefirió no hacerse preguntas. Medio siglo después, su nombre vuelve a aparecer para recordarlas.

Le sucede a todos los escritores: al término de un evento, alguien se acerca, quizá con una carpeta bajo el brazo, y le comenta que tiene una historia familiar que daría para un libro. A Lorenzo Silva (Madrid, 1966) le había ocurrido muchas veces, pero cuando se encontró con el nieto del general Miguel Ángel Solana Campins intuyó que ahí sí había una gran historia que contar. Ahora, ocho años después de aquel encuentro, presenta Con nadie (Destino), la historia de un militar africanista que se mantuvo leal a la República y fue fusilado en el tórrido verano sevillano de 1936.

A Lorenzo Silva, el interés por Marruecos y la guerra de África le viene de familia. Su abuelo Lorenzo combatió en ellas, y “igual que otros imaginaban otros mundos con las historias de Kipling, yo lo hacía con las de mi abuelo. Por ejemplo, el hecho de que tuvieran un mono en la posición me parecía puro exotismo”, recuerda. Cuando creció y se hizo escritor, descubrió que había buena literatura sobre el tema, pero muy escasa: Imán, La ruta de Barea… Poco a poco, él mismo fue sumando títulos a esa nómina, el último de los cuales es Con nadie.

Para Silva, Campins es algo más que una figura heroica en más de un sentido. “Yo tenía noticias del personaje, pero no sabía que había estado tan en primera fila, ni tantas veces. El tipo llega a la guerra de África con 31 años y manda una carga de caballería, manda asaltos de unidades de cazadores contra las posiciones en territorio enemigo, manda una oleada de desembarco, hace incursiones en territorio enemigo con un avión de aquellos que lo normal era estrellarte, es hasta artillero, fortifica una cota y planta los cañones”, enumera. “Además, está en todo: en Annual, en Xauen, en el desembarco de Alhucemas, en la operación final… Es un personaje que te permite ver todo lo que pasó en aquel momento, con una impresionante galería de personajes propios y extraños: El Mizian, el Raisuni, Abdelkrim, El Jeriro, Sel-liten, muchos de los cuales no son conocidos, y que darían para una película, ¡qué digo, para una serie!”

La catástrofe española

“En África se cuece la catástrofe española”, explica Silva. “Allí culmina la fractura social española que venía del siglo XIX, porque hay dos visiones muy enconadas, con satélites también muy enconados, como el carlismo, como el anarquismo, que tiene un peso en España que no tiene en ninguna otra sociedad europea. Todo eso se hace en la guerra de África absolutamente insoluble, una guerra abastecida de mano de obra reclutada entre la población miserable, salvando a las capas privilegiadas del esfuerzo bélico. Y luego está Annual, una masacre de proporciones homéricas que descompone completamente al país”.

Ahí aparece África como la caja negra de lo que iba a ser el golpe de Franco y la contienda civil. “En la Guerra de África se instruye a la mano de obra de la Guerra Civil; en el bando nacional son los militares sublevados, los que dirigen el Ejército Nacional, pero también la tropa de choque, que en buena medida viene de África, son unidades coloniales generadas en la guerra de Marruecos que acaban sirviendo para atacar a los propios ciudadanos españoles. Pero es que en el bando de enfrente, la mano de obra del ejército de la República, la mano de obra útil, la que desde el principio empieza a funcionar, son los veteranos de la guerra de Marruecos que combaten en el bando republicano porque una parte muy significativa de la Guardia Civil, de la Guardia de Asalto y de la Guardia de Seguridad y de los carabineros no se sublevan”.

Entre ellos estaba Campins. No obstante, lo que acabó de convencer a Silva para abordar este proyecto fue la buena prosa que reconoció en sus escritos y el perfil humano que se revelaba en ellos. “Escribía muy bien. Cosa no normal entre los militares ni de esa época, pero él escribía de una manera natural, eficaz, de convincente, de alguien que está buscando, primero alguien que piensa, que elabora sus ideas”.

Vidas paralelas

Pero había algo más, y era su condición de perfecto contrapunto de Franco y que ilumina al dictador. “Son vidas paralelas que desembocan en ese detalle final tan misterioso el hecho de Franco pida clemencia para Campins después de que un consejo de guerra dicte su sentencia de muerte. ¿Por qué Franco, que no intercedía por nadie, lo hizo por Campins? ¿Por qué fueran amigos íntimos? Yo no lo creo. Habían trabajado juntos, pero él sabía quiénes eran los suyos. A Campins lo sondea lejanamente sobre el golpe, y como no lo ve por la labor, lo aparta de su proyecto. Y Franco no es el militar que más le gusta a Campis: ha hecho sus méritos, pero es una persona muy atenta a su propio medro”.

“Lo intrigante es que a Franco no le conviene interceder por Campins, y en su biografía no recuerdo que haga nada que no le convenga. Todo es calculado, incluso su forma de unirse al alzamiento, haciéndola reversible por si fracasa”, agrega Silva. “Sin embargo, se expone así ante Queipo de Llano, que no quería a Franco ni Franco lo quería a él”.

Queipo, jefe del alzamiento en Andalucía, aparece en Con nadie como la némesis de ese Campins que, en 1936 y envuelto en una maraña de traiciones y mentiras, acuartela a las tropas en Granada con el objeto de evitar un baño de sangre que a la postre se revelaría fatal. “Queipo, rodeado de pretorianos, exige que sea Campins fusilado, porque detecta que no le respeta. Él mismo lo dice ‘yo no soy un cabo’. De hecho, Campins lo engaña, finge sumarse a la rebelión cuando en realidad está tomando decisiones que van a favor del gobierno de Madrid”.

Una historia de amor

El desastre que caería sobre Granada, según Silva, viene explicado por el hecho de que “esa cuadrilla de conspiradores, los que acaban teniendo la voz cantante son los más duros. El coronel de Infantería de Campins, que ha sido su segundo en África, obra así por miedo de hecho lo acaban apartando. Pero hay otros personajes muy, muy peligrosos, que obtienen carta blanca de Queipo, y los demás están aterrorizados. No sé si Queipo dijo aquello de ‘dar café’ a Lorca, pero es evidente que formaba parte de su filosofía. Entró en Sevilla como un terrorista, como Tejero en el congreso”.

Pero Con nadie no es solo una historia de uniformes, disparos y conjuras. También es la historia de amor de Campins con su mujer, Dolores Roda, con la que “tiene momentos muy felices, pero también muy desdichados”, dice Lorenzo Silva. “En una carta que le manda al final, cuando está todo perdido, pone de manifiesto que sigue enamorado de ella, 20 años después, aunque la vida les impide compartir más que un par de temporadas, Madrid, Zaragoza, Gerona… Es una historia que no está en los archivos, pero explica al personaje”.

Uno de los momentos más conmovedores de ese desenlace, según el escritor, es aquel en que pide a su cuñado que le diga a sus hijos que no sean militares. “Al término de su vida piensa que se ha equivocado, ha antepuesto todo a su deber militar, y al final es traicionado por sus compañeros. Había pasado 35 años de su vida en una soledad personal absoluta, había logrado romper esa soledad creando una familia que, al final, queda desamparada”.

El juzgado ha absuelto al subinspector de la Policía Local de Granada que fue juzgado este pasado lunes acusado de romper la orden de alejamiento respecto a su exmujer al no quedar acreditado que manipulara o fracturara la pulsera telemática antimaltrato que le fue colocada.

En la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press y contra la que cabe recurso, se precisa que en julio de 2023 se prohibió al agente aproximarse o comunicarse con su mujer y, en septiembre de ese año, se dispuso el control telemático mediante dispositivo GPS, con ampliación de la distancia de exclusión y expresa advertencia penal.

No obstante, el titular de la plaza número 4 de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Granada no considera acreditado que el 13 de julio “mudara su brazalete”, que el 12 de agosto de 2024 se separara de él ni que el 21 de septiembre de 2024 lo rompiera, como señalaban la Fiscalía y la acusación particular, ejercida por la víctima.

Multas

La defensa del agente, ejercida por el letrado Domingo Domingo, ha lamentado en declaraciones a Europa Press que su cliente haya tenido que pasar por la “pena de banquillo” cuando “había documentación que acreditaba su inocencia”.

La Fiscalía solicitaba que el subinspector fuera condenado a una multa de 5.400 euros y a indemnizar a la víctima en otros 3.000 por daño moral. La acusación particular pedía la máxima pena para este delito, multa de 7.200 euros y 6.000 de indemnización, al entender que el agente, a tenor de su profesión y conocimientos técnicos, era “perfectamente conocedor” de lo que está haciendo.

Denuncias por violencia machista

Cabe recordar que el caso se inició cuando se detectaron brechas de seguridad en el sistema VioGén, que recoge información sensible la mujer del subinspector y sus hijas. El escrito de las diligencias practicadas por la Guardia Civil de Granada confirmaba que hasta seis agentes de la policía municipal granadina habían accedido a la información reservada en varias ocasiones.

A pesar de las denuncias, el agente sigue ejerciendo, aunque tiene el arma retirada y va con una pulsera telemática, que se habría quitado en varias ocasiones, siendo detenido en más de diez ocasiones por ello. La pulsera tendría por objetivo evitar que se acerque a su expareja a menos de 500 metros, a raíz de una denuncia por violencia machista presentada por la mujer en 2023. En el escrito judicial que dio lugar a estas medidas cautelares, se recoge que el agresor ha llegado a decirle a la víctima “soy capaz de matar” o “eres una puta”.

En diciembre de 2025, el Juzgado de lo Penal 5 de Granada le condenó a dos años y ocho meses de prisión por un delito de violencia física y psíquica habitual y otro de menoscabo psíquico contra la que fue su pareja.

La decisión ha sido recurrida ante la Audiencia Provincial de Granada tanto por la defensa del acusado, que pide la libre absolución, como por la Fiscalía y la acusación particular, que reclaman más pena. El asunto está pendiente de que el tribunal fije la fecha para revisar el recurso.

Hoy en Exfiliana y mañana en Purullena. Así es la vida de los sanitarios de la comarca de Guadix en Granada. No saben, y cada vez con menos frecuencia, cuándo y dónde tendrán que trabajar puesto que, según denuncian, desde el Servicio Andaluz de Salud (SAS) se les utiliza como “comodines” para cubrir huecos ante la falta de personal. Esta circunstancia, que impacta de lleno en los profesionales de los centros de salud periféricos de esta zona de la provincia, provoca a su vez que los ciudadanos de los municipios en los que están destinados se queden en ocasiones sin atención médica o vean cómo se les anulan citas sin previo aviso.

Así, los problemas se multiplican ante la falta de una operativa que funcione de forma coordinada y que respete no solo a los profesionales médicos, sino a los pacientes que necesitan de su sanidad pública. Pues los sanitarios son llamados de improviso en muchas ocasiones para que acudan a otras localidades, pese a que estas estén muy dispersas geográficamente. Una tónica demasiado habitual, lamentan, porque se están perdiendo sanitarios en todo el sistema público, pero con especial incidencia en los entornos rurales.

Cansados de esta situación, los profesionales afectados han redactado una batería de quejas que han hecho llegar a este medio. En ella, señalan todo tipo de problemas a la hora de poder ejercer su trabajo desde la dignidad y el respeto a los usuarios. Mientras la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía niega cualquier problema y habla de una asistencia sanitaria que opera con “normalidad”, en el escrito los sanitarios advierten de que esta dinámica organizativa está teniendo consecuencias directas tanto en la calidad asistencial como en sus propias condiciones laborales.

Consultorios sin médicos

“Se nos utiliza como comodín para cubrir necesidades estructurales de la zona”, explican, lo que implica que con frecuencia deben abandonar sus consultas para cubrir bajas, salientes o consultas saturadas en otros centros. El resultado, denuncian, es que los consultorios de los pueblos en los que están destinados pueden quedarse durante horas o incluso jornadas completas sin médico. Los profesionales cuentan que se ven obligados a hacer desplazamientos constantes entre municipios, a menudo de decenas de kilómetros, y en muchos casos utilizando sus propios vehículos. A ello se suma la falta de previsión con la que se producen estos cambios. “En muchas ocasiones se nos comunica con muy poca antelación”, señalan, lo que obliga a modificar o cancelar consultas ya programadas y altera por completo la planificación de la jornada.

La consecuencia más visible de esta situación recae en los pacientes. Según explican los médicos, las agendas se llenan con más personas de las que sería deseable y con menos tiempo disponible para cada consulta. Además, muchos profesionales deben atender a pacientes que no pertenecen a su cupo habitual, lo que dificulta el seguimiento continuado de los casos clínicos. “Más pacientes y menos tiempo para cada uno en centros sanitarios diferentes”, resumen.

Los sanitarios denuncian que este modelo organizativo también tiene consecuencias directas en la seguridad asistencial en los municipios más pequeños. En algunos consultorios, explican, las enfermeras se quedan solas durante gran parte de la mañana cuando el médico es desplazado a otro centro. “El equipo mínimo para atender una emergencia es un médico y una enfermera”, recuerdan.

La situación se complica especialmente en localidades alejadas del hospital o de los recursos de emergencias. Algunos de estos consultorios se encuentran a más de media hora del hospital o de la ambulancia más cercana. A ello se suma que, según indican los profesionales, durante las mañanas solo hay un equipo móvil de emergencias para cubrir una amplia zona que incluye Guadix, Purullena, el Marquesado y Benalúa. Los médicos dicen además que esta forma de reorganizar la asistencia ha dejado de ser algo puntual. “Es importante remarcar que ha dejado de ser excepcional”, señalan en su escrito. A su juicio, se trata de una práctica que responde a déficits estructurales de plantilla y que termina repercutiendo tanto en la atención sanitaria como en el desgaste profesional de los trabajadores.

Usuarios afectados

Las consecuencias de estas reorganizaciones también las perciben los vecinos de la comarca. Elena, residente en la zona, relata a este medio cómo su marido se quedó sin consulta tras esperar durante días su cita médica. “Tenía cita a las 13.20 después de quince días esperando. Estaba allí desde las 12.50 y cuando preguntó en el mostrador le dijeron que el médico se había ido”, explica.

El problema no terminó ahí. Al no haber sido atendido por el facultativo, tampoco pudo obtener un justificante médico para el trabajo. “Pidió un justificante y le dijeron que no podían dárselo porque no lo había visto el médico”, cuenta. Finalmente, la consulta tuvo que aplazarse y la nueva cita se la han dado para varios días después. Y es que situaciones similares se repiten en otros municipios de la comarca. Encarni, vecina de Exfiliana, explica que conseguir cita con el médico de cabecera se ha convertido en una tarea complicada para muchos vecinos. “Aquí nunca hay cita para el médico”.

Según cuenta, en su localidad el consultorio dispone de médico únicamente tres días a la semana. “Hay consulta lunes, miércoles y viernes”, explica. Sin embargo, el horario real suele ser menor. “Los miércoles solo pasan consulta hasta las once porque tienen que ir a la residencia y los viernes muchas veces directamente no vienen”. Cuando el médico sí acude, la consulta suele estar saturada. “Está llena de gente y cuesta mucho que atiendan”, describe. Muchos vecinos terminan recurriendo a urgencias ante la imposibilidad de conseguir una cita en atención primaria.

En su caso, la situación ha tenido consecuencias directas en la atención sanitaria de su familia. Su madre lleva meses arrastrando problemas de salud sin un diagnóstico definitivo. “Desde agosto está mala con dolores en los riñones y el estómago y todavía no le han dado diagnóstico”, relata. Entre pruebas, citas y nuevas derivaciones, el proceso se ha prolongado ya más de medio año.

Pese a las dificultades, la vecina insiste en que los profesionales sanitarios están haciendo todo lo posible por atender a los pacientes. “Los vemos muy saturados, van de un lado a otro y se desdoblan todo lo que pueden”, asegura. Los propios médicos advierten de que este modelo también está afectando a la formación de los residentes que realizan su especialidad en la zona. Al no poder mantener consultas estables ni hacer seguimiento de pacientes en el tiempo, los profesionales en formación pierden una parte esencial del aprendizaje en atención primaria: la continuidad asistencial.

En su escrito, los sanitarios consideran que esta situación refleja un problema más amplio relacionado con la atención sanitaria en el medio rural. “Nos sentimos profesionales de segunda y, por extensión, la población a la que atendemos también”, señalan. A su juicio, el cierre temporal de consultorios o la reducción de la atención en los pueblos termina generando desigualdades territoriales en el acceso a la sanidad pública. Además, advierten de que el desgaste laboral ya está teniendo consecuencias en la plantilla. Algunos profesionales han abandonado sus puestos y otros se plantean hacerlo, lo que podría agravar aún más la falta de médicos en zonas consideradas de difícil cobertura.

Los sanitarios defienden que existen alternativas organizativas para evitar que los consultorios periféricos se conviertan en la “moneda de cambio” para compensar los déficits de personal en otras zonas más pobladas. Entre ellas, mencionan la posibilidad de recurrir a continuidades asistenciales voluntarias o refuerzos en los centros con mayor demanda.

Sin problemas, según la Junta

Por su parte, la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía asegura que la asistencia sanitaria en la comarca está garantizada. Fuentes oficiales señalan que la cartera de servicios se mantiene con normalidad tanto en el Hospital de Guadix como en los centros de atención primaria.

La Junta sostiene además que el número de profesionales en el área ha aumentado un 2,15%, alcanzando los 1.280 trabajadores en 2025. Según los datos facilitados por la administración sanitaria, durante ese año se realizaron 112.391 consultas, casi un 5% más que el ejercicio anterior. Desde la Consejería reconocen que pueden producirse reorganizaciones puntuales del personal. “Como ocurre en cualquier organización sanitaria, pueden darse situaciones derivadas de bajas laborales, reducciones de jornada u otras circunstancias sobrevenidas que obligan a reorganizar temporalmente la atención entre distintos centros”, indican.

El Gobierno regional quiere enviar “un mensaje de tranquilidad y confianza en el funcionamiento del sistema sanitario público”, al tiempo que reconoce el compromiso de los profesionales que trabajan en la comarca para garantizar la atención a los pacientes. Un optimismo que no comparten ni profesionales ni usuarios.

El subinspector de la Policía Local de Granada condenado por la violencia física y psíquica habitual que ejercía contra su expareja será juzgado de nuevo este lunes acusado de quebrantar en reiteradas ocasiones la orden de alejamiento que tiene impuesta respecto de la mujer.

Está previsto que el juicio se desarrolle a puerta cerrada en el Juzgado de lo Penal 4 de Granada, según han detallado a Europa Press fuentes del caso. El hombre fue condenado a dos años y ocho meses de prisión en noviembre por  “los actos de humillación, desvalorización y control” que ejercía sobre su exmujer, a la que espiaba a través de sus dispositivos electrónicos. La Fiscalía pedía seis años y diez meses de prisión y la acusación particular 15 años.

Ahora la Fiscalía y la acusación particular, ejercida por la víctima, le acusan de romper en diversas ocasiones la orden de alejamiento que le impuso en 2023 el Juzgado de Violencia sobre la Mujer y que llevaba aparejada un dispositivo telemático para controlarlo.

Su expareja denunció manipulaciones de la pulsera telemática en varias ocasiones, algunas de los cuales se juzgarán en este procedimiento y otras tantas se investigan en otra causa paralela. El hombre fue arrrestado en mayo de 2025 por acercarse a su expareja con una orden de alejamiento en vigor, y fue nuevamente detenido al hacer lo mismo cuando salía de la sala de vistas tras el juicio contra él por varios delitos relacionados con la violencia machista en el ámbito familiar, por los que ha sido condenado.

Tanto la Fiscalía como la acusación particular consideran que se trata de acciones “premeditadas” para generar “malestar en la víctima” que, a cuenta de los pitidos del dispositivo, “rememora” situaciones de “estrés y ansiedad”.

El subinspector lo atribuye a momentos en que sumergió el dispositivo en el agua del mar, o a que estaba haciendo barranquismo y el aparato se golpeó. También aduce que se quedó sin cobertura.

La Fiscalía solicita multa de 5.400 euros

La Fiscalía solicita que el subinspector sea condenado a una multa de 5.400 euros y a indemnizar a la víctima en otros 3.000 por daño moral.

La acusación particular pide la máxima pena para este delito, multa de 7.200 euros y 6.000 de indemnización, al entender que el agente, a tenor de su profesión y conocimientos técnicos, es “perfectamente conocedor” de lo que está haciendo.

El pasado diciembre, el Juzgado de lo Penal 5 de Granada le condenó a dos años y ocho meses de prisión por un delito de violencia física y psíquica habitual y otro de menoscabo psíquico contra la que fue su pareja.

La decisión ha sido recurrida ante la Audiencia Provincial de Granada tanto por la defensa del acusado, que pide la libre absolución, como por la Fiscalía y la acusación particular, que reclaman más pena. El asunto está pendiente de que el tribunal fije la fecha para revisar el recurso.

El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso de casación contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que anuló la suspensión de las colaboraciones entre la Universidad de Granada y las universidades e instituciones israelíes. El alto tribunal zanjará así una cuestión que hasta ahora ha suscitado dos sentencias contradictorias: un juez avaló en primera instancia la decisión adoptada por la Universidad de Granada, pero luego fue corregido por el TSJA, que entendió que la decisión era discriminatoria y vulneraba los derechos fundamentales a la dignidad, la igualdad y no discriminación y la integridad moral.

Ahora se pronunciará el Tribunal Supremo, que ha admitido el recurso de la Universidad de Granada y la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), al apreciar que el caso afecta a los límites de la autonomía universitaria.

Los magistrados evaluarán si una universidad puede adoptar acuerdos como la suspensión basados en la defensa de los derechos humanos y del derecho internacional, incluso cuando estos impliquen suspender relaciones académicas con instituciones extranjeras. Asimismo, deberá determinar si este tipo de medidas puede calificarse como discriminatorias cuando no se dirige contra personas físicas, sino contra instituciones vinculadas a un determinado Estado.

Acuerdos universitarios en el punto de mira

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Granada acordó suspender sus programas de cooperación académica con universidades israelíes y reforzar la cooperación con universidades palestinas el 17 de mayo de 2024.

La Universidad acordó suspender la movilidad de estudiantes, docentes e investigadores con universidades israelíes, así como los convenios de lectorado y cursos de verano con la Universidad de Bal-Illan y con la Universidad de Tel-Aviv; no firmar nuevos acuerdos, ni participar en nuevos proyectos internacionales con universidades israelíes; y suspender la cooperación científico-técnica en los consorcios de investigación promovidos por la Comisión Europea con socios israelíes. También acordó intensificar sus relaciones con las universidades palestinas y ayudar a acoger estudiantes, investigadores y profesores palestinos.

Habían pasado siete meses desde el inicio de la ofensiva israelí contra Gaza tras los atentados del 7 de octubre. En ese momento, la ofensiva israelí ya había matado a unos 35.000 y herido a unos 75.000 gazatíes, la mayoría civiles, incluyendo alrededor de 15.000 niños. Israel también obliga al desplazamiento forzoso de 1,7 millones de personas fuera de sus viviendas, en torno al 70% de la población, hacinándolos en el extremo sur de la franja. Hasta el alto el fuego de octubre de 2025 los muertos superaron los 72.000 (de ellos, 21.000 niños y niñas) y los heridos alcanzaron 172.000, según las cifras del Ministerio de Salud de Gaza, citadas por las agencias de la ONU.

Entre mayo y junio de 2024 las protestas contra las acciones de Israel en Gaza se sucedieron en las universidades españolas, y media docena de ellas (Valencia, Málaga, Granada, Burgos, Complutense de Madrid, País Vasco y Vigo) rompieron con el país. Varias fueron demandadas por la Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM), un lobby sionista que esta misma semana ha demandado a varios periodistas, incluida Raquel Ejerique, adjunta al director de elDiario.es, por “invitar al odio e injuriar personal y públicamente a ciudadanos judíos españoles con significación pública”.

Los recursos de ACOM contra las universidades españolas han seguido una suerte dispar. Por ahora, ha ganado contra la de Granada y Valencia, y perdido contra la de Burgos. Los recursos ahora llegan a la cúspide de la jurisdicción española, que deberá zanjar la cuestión.

Neutralidad o autonomía universitaria

Para fundamentar su acuerdo la institución granadina recordaba que en la esencia de las universidades está promover la paz y que sus Estatutos recogen como fin “la transmisión de los valores superiores de nuestra convivencia (…) el fomento del diálogo, de la paz, del respeto a la diversidad cultural y de la cooperación entre los pueblos”. Pocos días antes, la Conferencia de Rectores y la Asociación de Universidades Públicas Andaluzas habían pedido el cese de las operaciones militares del ejército israelí y de “cualquier acción de carácter terrorista, y la liberación de las personas secuestradas por Hamas”, así como que Israel respete el derecho internacional y permita la entrada en Gaza de toda ayuda humanitaria.

La Universidad citaba las palabras de la relatora de la ONU Francesca Albanese, quien días antes había lamentado que “el mundo está siendo testigo del primer genocidio mostrado en tiempo real por sus víctimas”.

ACOM recurrió el acuerdo por entender que vulnera los derechos fundamentales de la población e instituciones israelíes. En primera instancia, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Granada desestimó la demanda al entender que la Universidad actuó dentro de su autonomía, reconocida en la Constitución, y sin vulnerar derechos fundamentales. El juez razonaba que la decisión de la Universidad no se dirigía “contra el pueblo israelí”, sino que se refería a instituciones concretas, estableciendo una diferencia de trato justificada, proporcional, de efectos provisionales y basada en fines legítimos de la Universidad.

Sin embargo, el TSJA revocó la decisión el pasado septiembre, subrayando que la libertad de la Universidad para establecer o suspender convenios debe ajustarse a los principios de igualdad y dignidad de las personas. A diferencia del juzgado, el TSJA concluyó que el Acuerdo establece un trato desigual hacia estudiantes, profesorado y personal vinculado a universidades israelíes “sin motivación suficiente, sin individualización y sin examinar su concreta participación o posición respecto al conflicto”. Según esos magistrados, el Acuerdo implica una “estigmatización” al asociar a las personas vinculadas a las universidades israelíes con una responsabilidad en el “conflicto entre Israel y Palestina y Gaza”.

El asunto tiene relevantes aristas jurídicas, según reconoce el Tribunal Supremo, que ha visto una oportunidad para retomar la jurisprudencia en materia de acuerdos universitarios sobre cuestiones políticas.

En primer lugar, está el alcance del principio de neutralidad de las universidades públicas. El Tribunal Supremo se cuestiona si tiene el mismo alcance que en otras administraciones y dónde debe trazarse la frontera entre ese principio y el de autonomía universitaria, reconocido en la Constitución. A su vez, los magistrados se pronunciarán sobre si la suspensión de relaciones institucionales con entidades vinculadas a un Estado puede calificarse de “acto discriminatorio” pese a que no se refieran a personas físicas o colectivos.  

Un total de 17 varones han sido rescatados de una patera que ocupaban a unas 40 millas náuticas al oeste de la isla de Alborán cuando fueron avistados por un navío en la zona, que dio aviso a Salvamento Marítimo, que se hizo cargo de su rescate y su traslado al Puerto de Motril, en la costa de Granada, donde han llegado sobre las 2.00 horas de este jueves en aparente buen estado de salud.

Así lo han apuntado a Europa Press fuentes consultadas en Salvamento Marítimo, que, a través de sus redes sociales, ha dado las gracias por su colaboración al buque BBC Lima, que dio el aviso, y NACC Indian, que también se encontraba en la zona y aportó indicaciones para la ubicación de la neumática.

El operativo se ha dirigido desde el centro de coordinación de Salvamento Marítimo en Almería, que, tras el aviso, sobre las 17.20 horas de este pasado miércoles, movilizaba a la Salvamar Gienah, cuya tripulación procedió al rescate, que estaba completo sobre las 22.30 horas, poniendo posteriormente rumbo a la dársena granadina, donde, como está estipulado en estos casos, estas personas migrantes han recibido una primera atención sanitaria antes de quedar a disposición de la Policía Nacional.

La concejala de Igualdad de Pinos Puente (Granada), Margarita Álvarez, de IU, ha presentado su dimisión por “motivos personales” después de que fuera condenada por la agresión a una vecina a nueve meses de multa, una orden de alejamiento y una indemnización, según han apuntado fuentes municipales consultadas por Europa Press.

Tanto PSOE como Vox, en la oposición en esta corporación municipal del área metropolitana de Granada donde IU gobierna en coalición con PP y Unión Independiente del Municipio de Pinos Puente, habían pedido la semana pasada la dimisión de Álvarez tras la sentencia de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Granada.

A raíz de la moción de censura que dio lugar al tripartito que gobierna desde diciembre el municipio, la dirección de IU abrió un expediente informativo tanto a la edil dimitida, que abandona sus funciones en el gobierno local y la corporación, como al concejal que fue nombrado alcalde, Iván Fernández, los dos miembros del grupo municipal, en el que ahora Álvarez habrá de ser sustituido por otra persona que concurriera en la lista de la coalición de izquierdas en 2023.

Código ético

A finales del pasado noviembre se conoció que la Fiscalía le pedía dos años de prisión por la presunta comisión de un delito de lesiones contra una vecina madre de la testigo de un proceso judicial que afectaba a un familiar de la edil.

La dirección provincial de IU en Granada indicó en un comunicado que, de dictarse sentencia condenatoria en el juicio que se celebrara sobre estos hechos, tomaría “de inmediato las medidas necesarias y oportunas”, en consonancia con sus estatutos y código ético, y en el marco de su “compromiso inquebrantable con los valores de igualdad, justicia social y lucha contra cualquier forma de violencia, especialmente la que afecta a las mujeres”.

Días después trascendió que IU, que había gobernado hasta ese momento con el PSOE, que ganó las municipales con mayoría simple, plantearía la moción de censura que dio la alcaldía a Fernández el pasado 18 de diciembre.

Testigo de un juicio

Cabe recordar que los hechos tuvieron lugar el 13 de junio de 2023, apenas dos semanas después de que Álvarez obtuviera su cargo como concejal tras las elecciones municipales celebradas el 28 de mayo. Según se describe en la documentación a la que ha accedido este periódico, la edil de Izquierda Unida acudió, junto con otra mujer, a la puerta de una peluquería de Pinos Puente para esperar a que saliera una tercera mujer que tenía que acudir como testigo a un juicio por violencia sexual en el que están investigados tanto el hijo de la concejal como la de su acompañante aquel día, ambos menores de edad.

Cuando esta persona salió de la peluquería, Margarita Álvarez y la otra mujer comenzaron, presuntamente, a amenazarle diciéndole “ahora sí, ya sí podemos” para posteriormente tirarle de los pelos, golpearle en la cabeza y tirarla al suelo, donde continuaron agrediéndola. Fruto de la agresión, la víctima habría sufrido la rotura de la camiseta que llevaba puesta y habría perdido un anillo y un pendiente. Tras lo ocurrido, Álvarez y la otra presunta agresora se marcharon del lugar dejando malherida a la persona a la que habrían increpado y golpeado.

No obstante, el escrito también recoge que no solo tuvo lugar el episodio que se describe como agresión física, sino que mes y medio antes, el 28 de abril, la propia concejal y la otra presunta agresora amenazaron a la que sería su víctima. Ambas le habrían acusado de arruinarles la vida por querer testificar contra sus hijos en el caso de agresión sexual en el que ambos ya estaban como investigados en ese momento. De hecho, según la víctima, que denunció todo lo sucedido al 14 de junio ante la Guardia Civil, la concejal de Igualdad -que entonces aún no era edil- habría llegado a recriminarle que no mediase “con la madre de la niña” presuntamente agredida por sus hijos.

Un grupo criminal que estaba especializado en el robo de cajeros automáticos la utilizar de cargas explosivas para forzar y sustraer el dinero ha sido desarticulado en Granada. En una operación conjunta entre los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil, se ha procedido a detener a seis personas. En los registros practicados se han incautado un arma de fuego, 1.700 euros y 1,9 kilogramos de bellotas de hachís y dos pinzas de excarcelación profesionales.

En un comunicado, el cuerpo de seguridad ha denominado la técnica utilizada por el grupo criminal especializado como “paleta del pizzero”. Asimismo, se ha destacado que durante la operación Taglio se ha comprobado que dos de los arrestados tienen una presunta implicación en otros siete robos con fuerza cometidos en cajeros automáticos de las localidades de Burgos, Guadalajara, Valladolid, Albacete, Toledo y Cuenca.

La investigación se inició en junio de 2024 tras el robo, en una misma noche, de dos cajeros automáticos en la provincia de Granada. Uno de los asaltos se perpetró en la localidad de Santa Fe y el otro en la capital granadina. En ambos casos, los autores introdujeron cargas explosivas en la ranura de dispensación de billetes con el fin de acceder, tras la detonación, a los cajetines interiores que contenían el dinero. Solo en estos dos robos lograron sustraer más de 140.000 euros.

Desde Madrid y Valencia

Los integrantes del grupo criminal tenían fijada su residencia en Madrid y Valencia y se desplazaban desde estas ciudades hasta las provincias donde cometían los asaltos a cajeros automáticos. Para llevar a cabo los robos, sustraían previamente vehículos que utilizaban en los desplazamientos y en la comisión de los hechos, abandonándolos posteriormente tras hacerse con el botín. Actuaban con el rostro cubierto y regresaban de inmediato a sus lugares de residencia.

El carácter itinerante del grupo, junto con el uso de vehículos robados y las medidas de seguridad adoptadas para dificultar su identificación, incrementó notablemente la complejidad de la investigación. Una vez identificados todos los miembros de la organización, se llevó a cabo de manera simultánea la detención de tres personas en Madrid y tres en Valencia, como presuntos autores de los robos en cajeros automáticos.

“He decidido que no pienso pagar y espero que mucha gente tampoco lo haga”. La que habla es Trini, una vecina de Maracena que, como decenas de conductores, acumula en su haber tantas multas por haber circulado por la nueva Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Granada capital que ha de afrontar un desembolso que supera los mil euros en el mejor de los casos. Dice que no pagará porque asegura sentirse “engañada” por el Ayuntamiento de Granada ya que la información sobre la ZBE es escasa y da lugar a errores que le han costado las sanciones.

Como ella, decenas de conductores están poniendo el grito en el cielo porque el Ayuntamiento de Granada ha empezado a enviar ahora las primeras multas por incumplir con la ZBE que empezaron a imponerse en octubre. Es decir, han conocido cuatro meses después que haber circulado por la capital granadina para acudir a su puesto de trabajo o a estudiar, va a suponerles un coste económico elevado. Por ello, el sindicato CCOO y el PSOE en la oposición consistorial le están pidiendo al gobierno local que recule y aplique una moratoria que impida que tantos ciudadanos deban pagar tantas multas. Afirman que la actitud del Consistorio con la ZBE genera “indefensión”.

Y tienen argumentos para defender ese postulado. Mientras el Ayuntamiento de Granada, gobernado en solitario por el PP, se escuda en que no se ha desprotegido a la población y que se ha informado en tiempo y forma, lo cierto es que son muchos los conductores que se han enterado demasiado tarde de que la nueva ZBE les supondría sanciones. Conductores que incluso ni siquiera vivían en Granada cuando comenzó la implantación de esta zona de bajas emisiones y que, por lo tanto, no podían conocer las multas a las que se exponían.

No en vano, dado que la normativa estatal obliga a las ciudades de más de 50.000 habitantes a tener una zona de estas características, el Consistorio empezó a multar de manera escalonada desde octubre: el primer mes solo se imponía una multa, en noviembre una multa por semana y a partir de diciembre una cada día. Lo que pone en jaque a todos los que han utilizado sus vehículos en estas semanas sin saber a lo que se exponían.

Créditos para pagar multas

Ese es el caso de Jorge, un joven de 29 años que empezó a trabajar en la capital granadina a finales de octubre y que ahora estima que se enfrenta a más de 8.000 euros en multas por la ZBE. Es trabajador fijo discontinuo y cada día recorre los 180 kilómetros que le separan de Jaén en cada ida y vuelta para acudir a su puesto. Entraba a Granada por la zona norte sin saber que su vehículo, matriculado en 2004, quedaba fuera de los permitidos.

“Si me llega la primera multa en noviembre, no vuelvo a pasar”, explica. Pero no fue así. La notificación llegó meses después, cuando ya había acumulado decenas de accesos sancionables. Ahora calcula que la deuda podría superar los 8.000 euros, una cifra que le resulta inasumible y que tampoco quiere recurrir porque supondría entrar en un proceso legal que le deja sin la reducción del 50% por pronto pago y le hace afrontar otra deuda en abogados y juicios.

“No puedes avisar a un ciudadano cuatro meses y medio después”, lamenta. Aunque sospecha que no todas serán tramitadas, no tiene confirmación oficial y, en todo caso, denuncia que desde el Consistorio apenas se le han ofrecido soluciones. “Igual tengo que acabar pidiendo un crédito”. Lo que sí ha cambiado desde que recibió la primera sanción es que ahora hace uso del vehículo que le ha prestado un familiar y que sí cumple con los requisitos que exige la ZBE de Granada.

El patrón se repite. Trini, desempleada y sin ingresos, utilizaba su coche –de enero de 2005– para desplazarse desde Maracena a Granada en busca de trabajo. Accedía por la zona de Juan Pablo II convencida de que las cámaras estaban situadas más al interior de la ciudad. “Apenas se ve la señalización y aunque fuera una sola multa, ya es un roto para personas como yo”, resume. En su caso, no se trata de elegir entre pagar o recurrir: asegura que no tiene medios económicos para afrontar la sanción. “Si tuviera dinero, tendría un coche nuevo”, lamenta. Según cuenta, además, ella se informó previamente mediante la web de la ZBE que tiene habilitada el ayuntamiento y con la que creía que “no estaba cometiendo ninguna irregularidad”.

En todo caso, las multas comenzaron a imponerse en octubre de 2025, después de que en abril el Ayuntamiento aprobara la ordenanza que regula la ZBE. Desde entonces, según relatan los afectados, las sanciones han ido llegando de forma acumulada y sin aviso previo efectivo. La consecuencia es que conductores que han accedido a diario a la ciudad para trabajar, estudiar o cuidar de familiares han visto cómo, de golpe, se enfrentan a deudas de miles de euros.

¿Ganar población?

Muchos de estos afectados han acabado recurriendo a CCOO Granada para denunciar su situación. El sindicato considera también que la aplicación de la ZBE en la ciudad ha generado una situación de “indefensión” para numerosos trabajadores que están recibiendo ahora –con hasta cuatro meses de retraso– sanciones acumuladas por acceder diariamente en coche a la capital para trabajar. No cuestionan la necesidad ambiental de la ZBE, pero sí su diseño y aplicación. Denuncia falta de información clara, señalización insuficiente, ausencia de aparcamientos disuasorios eficaces y carencias del transporte metropolitano, especialmente para trabajadores desplazados desde el área metropolitana o provincias cercanas.

Su secretario general, Daniel Mesa, afirma que “la mayoría de los afectados son jóvenes con coches prestados por sus padres o hermanos para poder ir a trabajar”. Y cree que desde el Ayuntamiento no se ha trabajado bien en la señalización que considera “poco clara y poco visible”. Al mismo tiempo, pone en el foco otra variable: que no importan tanto si contaminan los vehículos como el hecho de ganar población. “Para el Ayuntamiento de Granada basta con que tengas el coche empadronado en la ciudad para poder circular sin restricciones, sin importar que sea viejo y contaminante”. Mesa cree que es una estrategia consistorial para ganar población y lograr que la ciudad llegue a los 250.000 habitantes que permiten “obtener más financiación pública”.

No solo desde CCOO se censura al Ayuntamiento de Granada, sino que desde el grupo municipal socialista, su portavoz, Raquel Ruz, cree que el Ayuntamiento ha de poner en marcha una moratoria inmediata y la anulación de las sanciones ya tramitadas. Ruz sostiene que la acumulación “no tiene precedentes” y que puede provocar el embargo de cuentas de familias que dependen del coche para desplazarse a diario a la capital. La socialista no cuestiona la necesidad de la ZBE, obligatoria para ciudades de más de 50.000 habitantes por la normativa estatal impulsada por el Gobierno de España, pero sí la gestión municipal de su implantación.

Un periodo de tiempo “prudencial”

El Ayuntamiento rechaza que exista desprotección. Defiende que entre la aprobación de la ordenanza y el inicio del régimen sancionador transcurrió un periodo “más que prudencial” y que se realizó una campaña informativa en medios y redes sociales. Asegura, además, que antes de comenzar a multar se remitieron más de 70.000 notificaciones a vehículos que accedían a la zona restringida para advertir de que, en unos meses, incumplirían la normativa. También sostiene que en octubre solo se impuso una sanción por vehículo y que posteriormente se aplicó un criterio progresivo, pese a que hubiera infracciones diarias.

En cuanto a la señalización, el Consistorio afirma que cumple estrictamente la normativa y que el tamaño, tipografía y colores de las señales no son arbitrarios, sino los establecidos para este tipo de limitaciones. Niega igualmente cualquier “afán recaudatorio” o interés por “sumar empadronados”; recordando que la medida responde a un imperativo legal y a objetivos de salud pública. De hecho, aporta datos de reducción de emisiones tras los primeros meses de aplicación: un 11,59% menos de CO₂ en la zona Norte y un 20,98% menos en el entorno del Palacio de Congresos respecto al mismo periodo del año anterior.

Sin embargo, más allá del cruce de argumentos, la controversia ha abierto un debate de fondo sobre cómo se implementan las políticas de transición ecológica. “Quien utiliza un vehículo antiguo no tiene tampoco capacidad económica para afrontar tantas multas ni para adquirir un coche nuevo”, recuerda Dani Mesa de CCOO. Los vehículos más antiguos –los que no pueden acceder a la ZBE, salvo que estén empadronados en la ciudad– suelen estar en manos de familias con menos recursos, que no pueden asumir el coste de cambiar de coche ni siempre cuentan con alternativas eficaces de transporte público metropolitano o aparcamientos disuasorios.

Ahí es donde los afectados sitúan el problema. No discuten la necesidad de reducir la contaminación, pero sí que la carga económica recaiga de forma abrupta sobre quienes menos margen tienen para adaptarse. Mientras el Ayuntamiento defiende los beneficios ambientales de la medida, conductores como Trini y Jorge afrontan una realidad mucho más inmediata: facturas que superan los mil –o los ocho mil– euros y la sensación de haberse enterado demasiado tarde. “Lo más disuasorio es que te llegue una multa. Si te llega cuatro meses después, ya no disuade: arruina”, sentencia Mesa.

El Tribunal Penal de Cagliari (Italia) ha acogido este jueves las declaraciones como testigos de Juana Rivas y de su hijo mayor de edad en el proceso judicial abierto contra la expareja de ésta y padre de sus dos hijos, Francesco Arcuri, por presunto maltrato a sus vástagos, narrando unos episodios que hicieron, han mantenido, que sus vidas se convirtieran en un “infierno”.

La sesión, prevista para las 10.00 horas, ha arrancado con retraso tras la finalización de la vista de un juicio previo, que han apuntado que la declaración de Rivas y su hijo se ha prolongado durante horas, sin que a las 14.30 horas hubiera terminado de declarar este último.

Estas mismas fuentes han incidido en el testimonio de él por ser, además de testigo una supuesta “víctima” por los cinco años viviendo con el padre antes de regresar a España con la madre, y por lo que habría vivido siendo niño y aún estaban juntos. La causa contra Arcuri se sigue por la presunta comisión de maltrato físico y psíquico habitual hacia los dos hijos que tiene en común con la madre de Maracena (Granada).

“Pesadilla absoluta”

Rivas ha narrado episodios de malos tratos que al parecer le decían sus hijos que vivían con su padre, en una declaración en la que ha estado separado de Arcuri por un biombo. En similares términos, el hijo por su parte ha abundado en “la pesadilla absoluta y una situación de tortura permanente” en la que los vástagos “han vivido”, han abundado estas mismas fuentes.

Este joven ha apuntado a “vejaciones”, “amenazas de muerte”, y a “maltrato físico y psicológico continuado” en el marco de una “situación permanente de miedo y de terror” en el domicilio, han añadido estas mismas fuentes, que han aludido al “detalle” con que lo ha venido exponiendo ante el tribunal.

El juzgado ha dispuesto un calendario con las fechas en las que se escucharán los distintos testigos propuestos por las partes, el cual ha comenzado este jueves con las declaraciones de Rivas y su hijo mayor, y continuará en marzo, según detallaron a Europa Press fuentes del caso.

“Gravísimos hechos”

El equipo jurídico de Juana Rivas viene confiando en que “se demuestren los gravísimos hechos que constan en el escrito de imputación de la Fiscalía italiana” en esta causa, en el que se narran presuntos insultos y agresiones a los hijos. Este caso es independiente al que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 4 de Granada contra Juana Rivas por presunta sustracción de menores, tras la denuncia presentada por su expareja después de que el hijo pequeño no regresara a Italia en el plazo fijado por la justicia italiana tras pasar las vacaciones de Navidad con la madre en España.

El pequeño no regresó a Italia hasta el pasado 25 de julio tras un intenso cruce de acciones judiciales entre las partes. Juana Rivas declaró por este asunto el pasado 30 de octubre sin que hasta el momento el juzgado haya resuelto la petición de archivo por parte de sus abogados.

La madre de Maracena ya fue condenada por sustracción de menores a raíz de que en 2016 sacara a sus dos hijos de Italia sin consentimiento del padre alegando que huía de una situación de maltrato. Más tarde, en verano de 2017, permaneció un mes en paradero desconocido con los niños.

El Tribunal Supremo rebajó de cinco a dos años y medio de prisión la pena que le fue impuesta y el Gobierno le concedió el indulto parcial en 2021, a condición de que no cometiera el mismo delito en el plazo de cuatro años. Ello, desde la publicación del real decreto en el BOE, que es del 17 de noviembre de 2021, por lo que una hipotética condena podría afectar a la medida de gracia.

Lo que empezó como unas pintadas racistas en el centro de Loja (Granada), se ha extendido en las últimas semanas a otros barrios del municipio. Grafitis con la palabra “jamón” que están apareciendo cerca de viviendas de vecinos de origen musulmán, que no solo constituyen un ejemplo de vandalismo, sino de señalamiento y racismo. Así lo entienden en esta localidad del poniente granadino, salvo por el diagnóstico que hace cada uno de este fenómeno. Mientras desde el Ayuntamiento de Loja, gobernado por el PP, hablan de “hechos aislados”, vecinos y oposición critican la “pasividad” del Consistorio para borrarlas y su errática política para frenar el racismo en la localidad.

Porque Loja, 20.000 habitantes, vive en los últimos meses en un ambiente en el que, según apuntan algunos lugareños, hay grupos vinculados a la ultraderecha que pretenden señalar a las personas migrantes de origen musulmán para que se marchen del pueblo. Lo hacen a través de las citadas pintadas, pero también mediante mensajes en redes sociales en los que se pueden leer discursos que atacan directamente a la libertad de estos ciudadanos. Aunque no se trata de un fenómeno masivo contra los migrantes musulmanes, sí hay quienes apuntan a que el clima racista va en aumento ante la falta de interés del Ayuntamiento de Loja por frenarlo.

No en vano, el Ejecutivo municipal, que en los últimos meses ha cambiado de alcalde ante la salida del senador del PP, Joaquín Camacho, que llegó a estar en el centro de la polémica por señalar a los migrantes de la localidad como delincuentes, ha acabado recientemente con el programa de integración que llevaba funcionando los últimos ocho años y que desde diciembre ya no opera. Este programa estaba destinado a personas procedentes de otros países que quisieran aprender la cultura, el idioma, pero también como punto de encuentro y comunidad. Sin embargo, el Gobierno local acabó con él alegando que “no estaba cumpliendo los objetivos”.

Pintadas cerca de población migrante

Nada más lejos de la realidad. Lo cierto es que esta iniciativa municipal sí había conseguido congregar a varios vecinos migrantes y, de hecho, estaba funcionando como centro cívico para, por ejemplo, quienes no tienen acceso a un ordenador e internet, algo que sí podían usar en las dependencias locales destinadas a este programa. Para Juanfran Cañadas, uno de los técnicos que trabajó ahí con personas migrantes hasta diciembre, el contexto en el que aparecen las pintadas no es casual. “Las pintadas empezaron por el casco histórico de Loja, que es donde habita más población inmigrante, la mayoría musulmana”, explica. Se trata de una zona que fue el centro neurálgico de la ciudad hace medio siglo y que hoy arrastra un fuerte deterioro urbanístico y demográfico.

La denuncia pública la lanzó la vecina y periodista antirracista Ana Beauchy, que lleva meses documentando la aparición de estas pintadas. “Una veintena de pintadas con la palabra jamón decoran desde hace cuatro meses las fachadas de algunos muros y casas de Loja”, ha denunciado públicamente. Según explica, los grafitis “están cerca de viviendas habitadas por extranjeros de origen marroquí”, lo que, a su juicio, no deja lugar a dudas sobre su intencionalidad. “¿En qué momento empezamos a autorizar este odio en público?”, se pregunta. Para Beauchy, no se trata de un acto anecdótico, sino de un mensaje que se mantiene en el espacio público sin que nadie lo retire: “Hay que limpiar esas pintadas de la vergüenza de una vez”.

El lugar elegido para las pintadas tampoco es casualidad. Según apunta el ex técnico municipal, Juanfran Cañadas, el bajo valor de la vivienda y el abandono progresivo del casco histórico propiciaron que muchas familias migrantes adquirieran inmuebles en mal estado para reformarlos poco a poco y comenzar una nueva etapa. “Las pintadas no son casuales y están hechas en donde se concentra más población musulmana”, sostiene. A su juicio, no se trata de actos dispersos, sino de un patrón repetido en distintas zonas. “Cada vez hay más”, añade, aunque reconoce que no hay responsables identificados: “No sabemos quién o quiénes pueden ser los responsables. Solo sospechamos, pero no tenemos pruebas claras”.

Hechos “aislados”

El Ayuntamiento, sin embargo, ofrece una versión distinta. Fuentes municipales aseguran que las pintadas comenzaron “hace aproximadamente un año” y que no se ha producido una proliferación reciente. “No se han producido más en los últimos seis meses”, afirman. El Consistorio sostiene que en su momento se denunció la situación, se revisaron cámaras de seguridad y se investigó la posible autoría, aunque “no se ha llegado a detener” a nadie. Según la información que manejan, podría tratarse de una sola persona que actúa de madrugada. “No es un hecho de grupo”, dicen, y califican lo ocurrido como “pintadas vandálicas aisladas” que “no han gustado” y que en su día fueron consideradas “inasumibles”.

Desde la oposición, el portavoz del PSOE de Loja, Antonio García, también reconoce la existencia de las pintadas en los últimos meses y las interpreta como una alusión directa a la población musulmana. “Una referencia muy clara a la comida musulmana”, señala, aunque considera que podrían estar realizadas “por una misma persona o por un grupo muy reducido de personas” y que “no reflejan para nada lo que es el sentir de la ciudadanía lojeña”.

García coincide en que la limpieza no ha sido prioritaria. “Es verdad que el ayuntamiento no se ha esmerado mucho en su retirada”, afirma, al tiempo que critica las políticas de integración desarrolladas por el Gobierno municipal en los últimos años, que a su juicio “no han sido eficientes”. El portavoz socialista admite que en determinados momentos el clima social ha sido “algo más tenso”, pero lo vincula a episodios concretos de delincuencia protagonizados por varias personas de origen magrebí en un corto espacio de tiempo. “Era una crispación en contra del delincuente, independientemente de la procedencia”, sostiene.

Con todo, defiende que la identidad del municipio no responde a un escenario de confrontación. “Si algo ha caracterizado siempre a Loja es por ser una ciudad tolerante, respetuosa y multicultural”, dice. Porque la discrepancia no es solo sobre la autoría, sino también sobre la limpieza. Mientras vecinos y oposición denuncian que muchas de las pintadas siguen visibles meses después, el Ayuntamiento defiende que se han retirado algunas en función de los medios disponibles. “Los medios que tenemos son los que tenemos”, señalan, y recuerdan que parte de los grafitis están en fachadas privadas, lo que limita la intervención directa.

Por otro lado, voces críticas apuntan a que el cierre del programa municipal de integración ha dejado sin un espacio de referencia a parte de la población extranjera. Cañadas recuerda que durante ocho años el servicio funcionó también como punto de apoyo educativo y comunitario. Entre otras iniciativas, contaba con un aula de convivencia para alumnado expulsado temporalmente de centros educativos, un recurso que, según explica, ya no existe. “Se eliminó el programa directamente”, recuerda. Aunque desvincula de forma explícita la desaparición del servicio de la aparición de las pintadas, sí admite que la supresión de políticas de integración coincide con un momento de mayor tensión discursiva.

Tanto él como otros vecinos rechazan que la convivencia general esté deteriorada. “La mayoría de la población migrante convive en perfecta armonía con el vecindario”, afirma. “El clima de convivencia en absoluto está siendo desagradable”. Las pintadas, insisten, no representan a la mayoría de la ciudadanía lojeña, pero sí han abierto un debate sobre el significado de su presencia en el espacio público.

Elisa vive desde hace más de una semana con la angustia propia de quien no puede regresar a su casa. Vecina de la pedanía granadina de Aguas Blancas, es una de las miles de personas que se han visto desplazadas en los últimos días de sus viviendas por culpa de las borrascas que han dejado lluvias torrenciales que han destrozado carreteras y puentes. Por ello, pide a las administraciones que actúen para darles una solución temporal porque su casa y los cientos de vecinos que viven en la zona están aislados y los víveres se están agotando.

Lo que ocurre en Aguas Blancas, pedanía que pertenece a Dúdar, es que cuenta con dos accesos que no son transitables en estos momentos por cualquier vehículo. De hecho, uno de ellos está inaccesible porque era un puente que discurría sobre el río que da nombre a la pedanía y que colapsó en parte hace ya más de una semana. El otro de los viales que permiten conectar Aguas Blancas con Dúdar es una carretera rural que sólo está disponible para vehículos todoterreno y sólo en caso de emergencia.

El problema es que hasta la fecha los accesos urgentes tampoco se han producido por tráfico rodado, sino andando y atravesando zona de bosque y matorral que también se encuentra impracticable y peligroso. “Llevo más de una semana sin poder volver a mi casa y mi novio está allí, quedándose sin víveres y con la angustia de pensar que podemos estar así durante varias semanas más”, lamenta Elisa en declaraciones a este medio.

En su caso, la situación se agrava por motivos de salud. Su pareja es hipertensa y necesita medicación, algo que ahora mismo no puede garantizarse. “No puede salir ni siquiera a comprar. Sólo pueden pasar todoterrenos y únicamente para emergencias porque el paso es muy peligroso”, explica. Asegura, además, que desde la Diputación de Granada le trasladaron que el problema “es de meses” y que, ante la falta de un vehículo adecuado, la respuesta fue que “es problema vuestro”, una contestación que considera inaceptable en un contexto de emergencia.

Obras de “emergencia”

Desde la Diputación distinguen entre la carretera provincial y el puente que conecta con la urbanización. En relación con la vía provincial, fuentes del organismo explican que se van a acometer obras de emergencia “por lo menos para habilitar el paso provisionalmente” mientras se ejecuta una reparación integral más adelante. Según estas mismas fuentes, el objetivo es que la carretera pueda recuperar la circulación “en una semana o así”.

Distinta es la situación del puente, que conecta directamente la carretera con la urbanización de Aguas Blancas. La Diputación sostiene que se trata de una infraestructura afectada por el cauce del río y que su reparación no entra dentro de sus competencias. “No sabemos lo que va a exigir la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y no es responsabilidad nuestra”, señalan, al tiempo que advierten de que se trata de “una obra muy cuantiosa” y sin plazos definidos, lo que retrasa la posibilidad de un acceso “en condiciones”.

Sin embargo, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) matiza esa versión. Desde el organismo confirman que ya ha habido comunicación con la Diputación y que, de hecho, se pidió a la institución provincial un listado de actuaciones urgentes. “A día de hoy todavía no ha llegado ese listado”, explican. La CHG recuerda además que el artículo 10 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico permite, en casos de urgencia, ejecutar actuaciones provisionales para proteger a la población incluso sin autorización previa, que sería evaluada posteriormente.

El alcalde de Dúdar, Nicolás González (PP), sostiene por su parte que el visto bueno de la Confederación ya está concedido y que la Diputación “está preparando lo necesario para acometer la reparación de la carretera”. No obstante, coincide en señalar el puente como el principal escollo. “Es mucho más complicado y se necesita que disminuya el nivel del río”, afirma, sin concretar plazos para su intervención.

Mientras las administraciones cruzan versiones sobre competencias, autorizaciones y tiempos, los vecinos continúan aislados. Elisa insiste en que no reclaman soluciones inmediatas definitivas, sino alternativas temporales que garanticen lo básico. “Entendemos que una carretera no se arregla de un día para otro, pero no se está contemplando ninguna solución mínima y humanitaria para acceder a alimentos o medicamentos”, denuncia. La única opción que les queda, explica, es caminar por la montaña hasta Pinos Genil, asumiendo riesgos evidentes para su seguridad.

Una situación que, más allá de los plazos administrativos, mantiene a Aguas Blancas incomunicada y a sus habitantes a la espera de una respuesta que permita, al menos, dejar de vivir con la incertidumbre diaria de no saber cuándo podrán volver a entrar o salir de sus propias casas.

A lomos de un esqueleto metálico de dos ruedas, con el aire dando en la cara y la vista puesta en el horizonte, así disfrutan los aficionados del ciclismo por la TransAndalus. La travesía del GR7 de 35 kilómetros de distancia que atraviesa las comarcas con distintas paradas en el camino que permiten conocer los parajes del Parque Natural de Sierra de Baza. Un espectáculo lleno de naturaleza en el que se hila el pasado andalusí con el trasiego contemporáneo.

El pelotón se sitúa para su salida en Serón y continuará por El Hijate, el centro de Baza y dos paradas más, la Alcazaba de Baza y el Museo Arqueológico de la localidad. El primer pueblo se sitúa en pleno valle del Almanzora, la comarkca que ocupa el noroeste de la provincia de Almería, donde la diversidad de arquitecturas, estampas y gentes hará más disfrutable el viaje. En las faldas de la Sierra de los Filabres, este es uno de los reductos más emblemáticos puesto que fue fundado por los nazaríes en el siglo XIII como fortaleza defensiva.

Tras caer en manos cristianas en 1489, no sería hasta el siglo XIX cuando volvió a recobrar la brillatez del crecimiento económico. La entrada de compañías extranjeras para la explotación y producción de las minas que se encontraban en la región conllevó una serie de mejoras sociales para un censo que llegó a registrar 9.000 habitantes. Entre los avances estuvo la llegada del tren, conocido como el Ferrocarril del Almanzora, que contaba con un ramal hacia el puerto de Águilas. Sin embargo, la extracción terminó sobre la década de los 70, lo que conllevó a que haya en la actualidad unas 2.000 personas que preservan el espíritu de aquel pasado siderúrgico.

Antepasados

En los alrededores hay varios pueblos en los que se podría reposar, como Fuencaliente y Calera o El Ramil, pero la brújula marca el camino hacia El Hijate. En el margen izquierdo del río Almanzora, el enclave está en la zona limítrofe entre las provincias de Almería y Granada. De esta joya, los historiadores recuerdan que hay documentos que señalan su existencia desde el siglo XVI y, en su patrimonio, destacan edificios religiosos como la iglesia de San Antonio de Padua o la ermita de la Virgen de la Inmaculada Concepción, mientras que en el centro urbano destaca la torre de El Ramil, de pasado nazarí.

En el horizonte, se encuentra los Fibrales, la principal alineación montañosa de Almería. El entorno estuvo poblado hasta principios del siglo XX, como atestiguan los vestigios de las construcciones humanas, si bien hoy día es paso de caminantes, aventureros y, cómo, ciclistas. La próxima meta está en Baza, traspasando la frontera granadina y metiéndonos de lleno en la recta final.

La ciudad es nexo de unión entre Andalucía y el Levante con el centro peninsular, lo que la dota de preeminencia tanto a nivel administrativo como cultural y social. Al final, no deja de ser la cabeza de una amplia comarca natural, que comprende las zonas de Huéscar, Pozo Alcón, Los Vélez y Valle del Almanzora, y que tiene sus inicios en el Paleolítico.

La población de íbera de Basti se asentó en el territorio alrededor del siglo IV a.C., desde donde se tenían relaciones comerciales con Grecia. En el paraje de la Zona Arqueológica de Basti destaca el Cerro Santuario, donde apareció la Dama de Baza y el Torso del Guerrero de Baza. Dos elementos indiscutibles de la historia del entorno, pues su importancia artística e historia reflejan los intereses de los antiguos habitantes del territorio. Además, el siglo VIII estuvo marcado por la presencia musulmana, de la cual bebe el trazado de la ciudad antigua y destaca, entre otros elementos, los Baños Árabes, cuya rehabilitación fue reconocida por el Premio Nacional de Arquitectura.

La casi octava capital

Baza, que estuvo a punto de ser nombrada la octava capital de provincia, vive del sector servicios, mayoritariamente, de la explotación agrícola y también de la industria. Pero, antes de bajarnos de la bicicleta, quedan dos paradas en el trayecto: la Alcazaba y el Museo Arqueológico.

La ciudadela que defendía Medina Bastha rodeaba a la ciudad y era casi inexpugnable. A pesar de que apenas se conservan algunos tramos a causa del crecimiento de la población y la necesidad de construir más allá de sus muros, se distinguen tres fases dentro del centro histórico de la urbe: la primera, del siglo XI y XIII, otra nazarí y, la última, el periodo correspondiente a la conquista cristiana del siglo XVI. Era la residencia de las autoridades militares y gozaba de todos los servicios urbanos necesarios para ser autónoma.

Por último, queda el Museo, donde ya podremos dejar la bicicleta y entrar para pasear entre los dos edificios históricos contiguos del siglo XVI, siendo uno de ellos la antigua alhóndiga. Con ocho salas de exposición permanente y más de mil metros cuadrados, en la instalación se da a conocer la historia y arqueología desde la prehistoria hasta la Edad Moderna, pasando por la cultura ibérica, el mundo romano, los visigodos y la Edad Media. Una suerte para finalizar el recorrido habiendo disfruta de la naturaleza y del rico patrimonio cultural.

Las asociaciones y ONGs de cooperación internacional de Granada disponen cada vez de menos recursos públicos para desarrollar su actividad. Desde 2024, la Diputación de Granada ha reducido prácticamente a la mitad los fondos destinados a este ámbito, que han pasado de rondar los 450.000 euros a quedarse en 220.000 euros en los dos últimos presupuestos. Un recorte sostenido que ya está teniendo consecuencias directas sobre proyectos humanitarios y sobre el funcionamiento interno de entidades con décadas de trayectoria.

Así lo denuncian desde la Coordinadora Granadina de ONGs (CONGRA), que agrupa a la mayoría de asociaciones de cooperación internacional de la provincia. Su presidente, Carlos Aspa, advierte de que la reducción presupuestaria no es un ajuste puntual, sino un cambio de rumbo que pone en riesgo la continuidad de iniciativas esenciales. “Para muchas asociaciones, estas ayudas no son complementarias: son estructurales. Cuando desaparecen, los proyectos se caen”, explica.

No en vano, las entidades afectadas denuncian que el recorte se produce en un contexto económico que no lo justifica. La Diputación de Granada acaba de aprobar para 2026 un presupuesto de 418,5 millones de euros, 42,5 millones más que el ejercicio anterior, con un superávit previsto de 1,9 millones y deuda cero por primera vez en su historia.

Pese a este crecimiento, la cooperación internacional ha pasado de ser una partida que rondaba los 450.000 euros hasta 2024 a quedarse en 220.000 euros en los dos últimos ejercicios. Incluso antes del recorte, recuerdan desde la CONGRA, la cooperación apenas representaba alrededor del 0,1% del presupuesto total, por lo que la reducción tiene un impacto limitado en las cuentas provinciales pero muy severo en las asociaciones.

Más fondos para otras partidas

Mientras se reduce la cooperación internacional, el presupuesto provincial sí incrementa otras líneas de gasto. Por ejemplo, en este 2026, la Diputación concede una subvención directa de 186.500 euros al toro de lidia, una cifra muy cercana al total que se destina a todas las ONGs de cooperación internacional de la provincia y que prácticamente coincide con el recorte que también se les hace.

A ello se le suma el incremento de casi 100.000 euros en la subvención para el tratamiento de residuos en Alhendín, municipio en el que el presidente de la Diputación, Francisco Rodríguez, fue alcalde y continúa siendo concejal. Se trata, además, de una ayuda directa sin concurrencia competitiva, de la que no se benefician otros municipios cercanos a plantas de residuos, como La Malahá, que no recibe ninguna cuantía por este concepto.

El pasado año, además, la institución provincial adquirió el edificio del Banco de España por 9,2 millones de euros, sin que hasta ahora se haya concretado un uso definido para el inmueble. Además, la compra del Castillo de la Calahorra por 6,5 millones de euros para abrirlo a las visitas refuerza la hipótesis de que al no haber problemas de tesorería, los recortes en cooperación internacional responden a una decisión política.

“Una cuestión de valores”

Uno de los ejemplos más claros del impacto del recorte es el de la Asociación Granadina de Amistad con la RASD, integrada en la CONGRA. La entidad ha denunciado una reducción del 33% en la subvención destinada a su programa de bienestar y salud para niños y niñas saharauis, que ha pasado de 60.000 a 40.000 euros tras 30 años de colaboración continuada con la Diputación. Según explica la asociación, el recorte se produce pese a que la diputada de Bienestar Social se comprometió personalmente el pasado verano a mantener la cuantía. “Confiamos en su palabra y solicitamos las plazas para los niños basándonos en ese compromiso. Ahora nos encontramos con una mano delante y otra detrás”, señalan.

La reducción de 20.000 euros pone en riesgo el programa Vacaciones en Paz, cuyo coste asciende a 73.000 euros, y limita la capacidad de acoger a menores saharauis para recibir atención sanitaria. Además, la asociación se ha visto obligada a cancelar las comisiones sanitarias, equipos médicos que permiten diagnosticar y tratar patologías que, en los campamentos de refugiados, pueden resultar mortales. También queda seriamente comprometida la Caravana por la Paz, el programa mediante el cual se envían alimentos y productos básicos a los campamentos. “Para la Diputación puede ser una cifra pequeña, pero para nosotras supone perder proyectos que salvan vidas”, denuncian.

Desde la asociación saharaui hablan de un claro agravio comparativo. “No cuestionamos otras actividades, pero es una cuestión de valores humanos. Cómo se explica que no haya 20.000 euros para traer a un niño o niña al médico, pero sí casi 200.000 euros para la tauromaquia”, señalan. El año pasado, recuerdan, ya tuvieron que cubrir el primer recorte con un esfuerzo extraordinario de voluntariado y actividades solidarias. “Esta vez la situación es insostenible”, advierten, reclamando que la Diputación recupere la partida original.

Desde la oposición, la diputada socialista Paqui Santaella critica que la cooperación internacional haya pasado a un segundo plano en un presupuesto que el propio gobierno provincial define como histórico. A su juicio, “no se puede presumir de refuerzo de las políticas sociales mientras se recortan fondos destinados a la salud y al bienestar de menores en contextos de emergencia”.

Santaella considera que la reducción de la cooperación internacional responde a una decisión política consciente, y no a una necesidad presupuestaria, y pide a la Diputación que rectifique y restituya las partidas recortadas.

Diputación justifica el recorte

Desde la Diputación de Granada niegan que exista un desmantelamiento de la cooperación internacional y defienden que la partida actual de 220.000 euros responde a una planificación basada en países prioritarios y en la coordinación con otras administraciones. El equipo de gobierno destaca, además, el incremento global de los fondos destinados al tejido asociativo y el refuerzo de otras líneas sociales. Estos fondos han aumentado de forma sostenida desde 2024 hasta 2026, pasando de 897.000 a 1.387.000 euros, aunque no tienen incidencia en las ONGs de cooperación internacional.

No obstante, desde el ente provincial apuntan a que el recorte de 230.000 euros responde a una planificación basada en países prioritarios y alineada con las estrategias del Gobierno central y la Junta. Según Diputación, las necesidades de las asociaciones que trabajan en esos territorios estarían “adecuadamente cubiertas”. Por otro lado, justifica esta reducción para la cooperación internacional para aumentar las ayudas al asociacionismo local, argumentando que Granada tiene muchos municipios pequeños donde las asociaciones de proximidad tienen un impacto directo en la vida cotidiana.

Y sobre la compra de inmueble, las ayudas directas al toreo o para gestionar residuos en el municipio de Francisco Rodríguez, desde Diputación rechazan comparar la partida destinada a la cooperación con otras decisiones presupuestarias, asegurando que responden a objetivos y marcos distintos dentro de una planificación global.

Sin embargo, desde la CONGRA insisten en que la realidad sobre el terreno es clara: menos fondos, menos proyectos y más dificultades para mantener una cooperación que, hasta ahora, había sido una seña de identidad de la provincia. “No pedimos caridad”, concluyen desde las asociaciones, “pedimos coherencia política y responsabilidad con los derechos humanos”.

En 1994, el Albaicín, uno de los barrios más importantes de Granada, fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Sus calles, sus vistas a la Alhambra, su encanto, su vida y su magia, han hecho de este lugar un espacio obligatorio de visita. Sin embargo, desde hace ya más de 20 años, su belleza, como mayor virtud, se ha convertido también en su mayor enemigo porque ha atraído tanto turismo que la gentrificación y la pérdida de identidad y servicios está ahogando a los lugareños. Una pérdida de servicios que está a punto de cobrarse lo que para muchos sería su “golpe mortal”: el cierre del centro de salud más accesible del barrio.

La Junta de Andalucía tiene previsto clausurar el ambulatorio de Fortuny-Velutti, situado en la calle Tinajilla precisamente desde 1994 y que da servicio a más de 8.000 vecinos del Albaicín. Se trata, junto con el ambulatorio ubicado al lado del mirador de San Nicolás, del edificio que da cobertura sanitaria a un barrio notablemente envejecido y que necesita de este recurso. Paradójicamente, su ubicación actual era temporal porque se trasladó a la espera de buscar un nuevo emplazamiento, que ahora directamente se desecha. Además, a diferencia del de San Nicolás, el de Fortuna-Velutti, se sitúa a las faldas del barrio del Albaicín, por lo que para llegar a él no es necesario subir y bajar las cuestas que sí rodean al ambulatorio de San Nicolás. Algo relevante teniendo en cuenta la edad y los problemas de movilidad de quienes suelen recurrir a un centro de salud.

No obstante, la Consejería de Salud lo cerrará para trasladar a sus 8.000 pacientes a otro centro situado en Gran Capitán, a pocos minutos a pie del actual consultorio, pero lo suficientemente lejos y desconectado por transporte público como para suponer un problema de desplazamiento para los usuarios. El argumento oficial de la Junta es que el traslado se realiza porque el actual centro de salud está en un edificio alquilado y que no está adecuado a las necesidades de los usuarios por haberse quedado pequeño. Pero la realidad que describen pacientes y asociaciones difiere de esa hipótesis.

Un cierre sin vuelta atrás

Desde la Junta de Andalucía dan por hecho el cierre antes de verano. En respuesta a las preguntas planteadas por elDiario.es Andalucía, el Ejecutivo autonómico evita hablar de alternativas y presenta la clausura como un mero “traslado” inevitable. “El consultorio Fortuny Velutti se traslada al centro de salud Gran Capitán para mejorar la atención sanitaria en condiciones más adecuadas”, señalan desde el Distrito Sanitario de Atención Primaria Granada-Metropolitano, que asegura que no habrá cambios en los profesionales de referencia ni en la continuidad asistencial.

Según la Consejería, el local de Tinajilla, de 442 metros cuadrados, “no permite cumplir adecuadamente con los estándares asistenciales actuales” debido a la falta de espacio, las consultas compartidas y la ausencia de servicios complementarios. Frente a ello, el centro de Gran Capitán ofrece “instalaciones amplias, equipamiento renovado, servicios diagnósticos, una zona materno-infantil humanizada y un SUAP operativo las 24 horas”. Un relato de mejora que choca con la percepción de quienes viven en el barrio.

Las asociaciones vecinales del Albaicín y del Bajo Albaicín llevan meses alertando de que el problema no es la calidad del centro de destino, sino la pérdida de un servicio esencial dentro del propio barrio. “No se trata sólo de dónde te atienden, sino de poder llegar”, señalan desde el movimiento vecinal, que recuerda que el Albaicín es uno de los barrios con mayor índice de envejecimiento de la ciudad. Para muchas personas mayores, bajar hasta Gran Capitán implica recorrer tramos largos, mal comunicados y, en algunos casos, impracticables sin ayuda.

Ese es el caso de Belén López, una vecina del Albaicín desde hace más de 20 años. Vive en pleno Paseo de los Tristes y a sus 63 años está teniendo que acudir más de lo deseable al centro de salud de Fortuna-Velutti. Niega el argumento de la Junta de que el ambulatorio no pueda dar el servicio que necesita el barrio: “Es un centro pequeño, pero funciona bien. Normalmente está tranquilo, no hay aglomeraciones ni colapsos, y las citas van mucho mejor que en el centro al que nos quieren trasladar”.

“Nunca he visto la sala de espera llena. Voy bastante al centro de salud y tengo fotos de distintas horas del día en las que está prácticamente vacío”, explica Belén. Esta vecina, que pertenece también a la asociación Albayzín Habitable, que lucha por acabar con la gentrificación del barrio, considera que la Junta ha optado por un planteamiento que ignora los problemas de movilidad y el envejecimiento de los lugareños. “Dicen que el centro de Gran Capitán está a siete minutos andando, pero no tienen en cuenta a las personas con movilidad reducida, a la gente mayor o a quienes van enfermas. Para nosotras no es un centro de salud operativo”.

Problemas asociados

Además, denuncian que la Junta obvia propuestas alternativas trasladadas formalmente, como la adecuación del actual espacio, la búsqueda de otro local dentro del barrio o una reforma que permita mantener el servicio en una zona accesible. “No se ha estudiado ninguna opción real para que el Albaicín no pierda su centro de salud”, insisten. Desde la Mesa por la Sanidad Pública de Granada, Marta García va más allá y entiende que falta voluntad política porque los traslados previstos no tienen en cuenta distintas problemáticas.

Sin ir más lejos, el hecho de que los usuarios de Fortuny-Velutti pasen a estar en Gran Capitán no solo supone el cierre del centro de salud, sino que se olvida que la ubicación estratégica del primero es una ventaja. Además, como la Junta pretende trasladar parte de los pacientes de Gran Capitán al futuro centro de salud que también se plantea en La Rosaleda, García no tiene tan claro que muchos usuarios vayan a querer marcharse. “Deberían mirar mejor los cupos y mantener al menos Fortuny como un consultorio asociado a Gran Capitán”, propone. Por otro lado, denuncia la “opacidad” con la que se han tomado las decisiones: “No nos ofrecen información y se ignoran nuestras propuestas”.

No obstante, el cierre del consultorio Fortuny-Velutti no es un hecho aislado. Para muchos vecinos se enmarca en un proceso más amplio de vaciado del barrio, donde cada vez es más difícil encontrar comercio de proximidad, vivienda residencial o servicios públicos básicos. La presión turística y el auge de los pisos turísticos han transformado el Albaicín en un escenario cada vez más orientado al visitante y menos pensado para quien lo habita. La desaparición de un centro de salud histórico se suma así a una cadena de decisiones que empujan a los residentes a marcharse.

“Sin centro de salud, el mensaje es claro: este barrio no está pensado para envejecer en él”, lamentan los vecinos. Un mensaje que contrasta con el discurso institucional de planificación y mejora, pero que conecta con una realidad cotidiana de escaleras, cuestas, autobuses inexistentes y servicios que se alejan.

Mientras la Junta defiende que el traslado forma parte de una reorganización “progresiva y dialogada”, en el Albaicín crece la sensación de que la decisión está tomada y que el diálogo llega tarde. Para un barrio que ya ha visto cómo su vida cotidiana se diluye entre souvenirs y apartamentos turísticos, el cierre de su centro de salud más accesible se vive como algo más que una reorganización sanitaria: como otro paso hacia un Albaicín sin vecinos.