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La Justicia impide a la Universidad de Granada romper relaciones con Israel al apreciar un trato “discriminatorio”

Estudiantes universitarios de Granada, en una concentración favor del pueblo palestino.

Álvaro López

Granada —

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La Universidad de Granada (UGR) no podrá romper relaciones institucionales con Israel. En concreto, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) argumenta que la decisión de la institución académica es discriminatoria y vulnera varios derechos fundamentales al suspender sus acuerdos con universidades y organismos israelíes como protesta por el genocidio que Israel está cometiendo en Gaza desde octubre de 2023. Pese a que en marzo la justicia sí dio la razón en primera instancia a la UGR cuando su Consejo de Gobierno adoptó esta medida, ahora el alto tribunal se la quita.

El fallo del TSJA revoca la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso 3 de Granada el pasado mes de marzo, que había avalado la legalidad del acuerdo de mayo de 2024. Entonces, la jueza entendió que la universidad actuaba dentro de su autonomía y que la suspensión de convenios no suponía discriminación, sino una respuesta legítima y proporcional al derecho internacional humanitario.

El alto tribunal andaluz, sin embargo, estima ahora el recurso presentado por la asociación proisraelí ACOM y declara nulo el acuerdo de la UGR. El tribunal considera que la decisión universitaria no fue una mera declaración política, sino un acto con consecuencias jurídicas que afectaba directamente a estudiantes, profesorado, personal investigador y de administración vinculados a instituciones israelíes. A juicio de los magistrados, la universidad vulneró los derechos fundamentales a la dignidad, la igualdad y no discriminación y la integridad moral, limitando el alcance de la autonomía universitaria, que debe ejercerse siempre sin menoscabar derechos de terceros.

El fallo descarta, no obstante, que se hubiera lesionado la libertad de cátedra, puesto que el acuerdo no imponía contenidos doctrinales a los docentes. La anulación de los convenios estaba dirigida exclusivamente a las instituciones, no a las aulas, según la sentencia a la que ha tenido acceso elDiario.es Andalucía. En todo caso, el TSJA condena también a abonar 1.500 euros en costas a la propia UGR.

Recurso al Supremo

Tras conocerse la resolución, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) y la Red Universitaria por Palestina, que también son codemandadas al estar defendiendo la legalidad del acuerdo que adoptó la UGR en 2024 al romper sus acuerdos con instituciones israelíes, han expresado su “profunda preocupación” y ya han anunciado que interpondrán recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

“Lamentamos profundamente este retroceso jurídico”, señalan ambas organizaciones, que recuerdan que la decisión de la UGR “estaba plenamente alineada con la legislación universitaria, sus estatutos y el deber de respetar el derecho internacional humanitario”.

Las entidades recalcan que la sentencia llega justo cuando la Comisión Internacional Independiente de la ONU ha concluido que Israel está cometiendo genocidio en Gaza, documentando matanzas de civiles, ataques a hospitales, destrucción de infraestructuras esenciales y la obstaculización deliberada de la ayuda humanitaria. “La Convención de 1948 obliga a los Estados a prevenir y sancionar el genocidio, lo que incluye no colaborar con aquellos actores que lo estén perpetrando”, recuerdan.

Además, apuntan que la Fiscalía General del Estado ha autorizado la apertura de diligencias para investigar posibles crímenes de guerra y de lesa humanidad en Gaza, que la Comisión Europea ha propuesto suspender parcialmente el acuerdo comercial con Israel y sancionar a ministros y colonos violentos, y que en el ámbito cultural RTVE ha anunciado que España no participará en Eurovisión si Israel sigue en el certamen mientras persista la masacre.

“Suspender relaciones institucionales con actores implicados en graves violaciones del derecho internacional no es discriminatorio, sino un acto de compromiso y garantía de los derechos humanos”, defienden la APDHA y la Red Universitaria por Palestina.

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