El pasado noviembre, el Parlamento andaluz rechazó una propuesta para publicar las listas de espera de pruebas diagnósticas, además de rechazar la creación de una comisión de investigación sobre la gestión de las mismas, dejando a la ciudadanía sin información sobre un derecho básico: su propia salud.
¿Qué se pedía y por qué?
La iniciativa sobre su publicación, respaldada por todos los grupos excepto el PP, pedía transparencia: datos actualizados sobre mamografías, radiografías, resonancias, TAC y otras pruebas, desglosados por especialidades, centros y provincias, incluyendo la evolución histórica desde 2018. El argumento de los promotores era claro: sin esa información, la ciudadanía no puede saber cuántas personas están pendientes de diagnóstico, ni desde cuándo, ni en qué condiciones, lo que supone una “opacidad intolerable” para un derecho tan básico como la salud.
Los datos reflejan un deterioro alarmante: en 2018, la media de espera en pruebas diagnósticas era de 43 días, con solo 10.000 personas, en toda Andalucía, esperando más de un mes.
Hoy, solo en el hospital Juan Ramón Jiménez, hay 40.000 personas esperando meses para una prueba; en el Virgen del Rocío, 1.330 mujeres esperan más de un mes para una mamografía, y las colonoscopias se programan con hasta 15 meses de retraso. Incluso las ecografías en Sevilla tardan más de un año. Para 2026, el Gobierno andaluz ha previsto derivar a la privada más de un millón de pacientes para realizarse pruebas diagnósticas. Es probable que estos datos reflejen que más de 2 millones de personas estén esperando una prueba en Andalucía.
El veto: no quieren que se sepa
El PP votó en solitario contra la propuesta, alegando dificultades técnicas en la homogeneización de datos, duplicidades y desactualización, que, según su versión, impedirían una publicación fiable, aunque 12 CCAA las publican sin dificultad alguna. Con ello, Andalucía (desde junio de 2018, antes sí se publicaban) permanece entre las cinco comunidades que no dan públicamente los tiempos reales de espera: Valencia, Baleares, Aragón y Navarra.
Las consecuencias para los pacientes son alarmantes. Personas con dolencias sin diagnosticar quedan en un limbo: no saben si su solicitud sigue activa o ha sido descartada. La falta de información impide evaluar si se cumplen los plazos legales y agrava las desigualdades: quienes pueden recurren a la sanidad privada, mientras otros sufren retrasos potencialmente peligrosos.
Especialistas denuncian que los fallos en programas de cribado, como el de cáncer de mama, no son casos aislados, sino síntomas de un problema estructural del sistema público. La decisión del PP supone un “apagón informativo” que impide conocer la magnitud real del problema. Organizaciones de pacientes coinciden: sin transparencia, no hay control, no hay garantías, no hay justicia.
Un retroceso grave en materia de salud pública
El veto no es solo un detalle administrativo; es un retroceso en salud pública. Mientras tanto, muchas personas esperan meses —o incluso años— para un diagnóstico, con el daño que ello supone: riesgos sanitarios, angustia y deterioro físico y psicológico. Este silencio institucional sirve para maquillar datos, desviar culpa y privatizar de facto la atención cuando los plazos no se cumplen. Añade, además, una capa más de injusticia al sistema público de salud.
Sin transparencia, no hay control, no hay garantías, no hay justicia. La salud no puede ser opaca: publicar los tiempos de espera no es solo un acto de información, sino un acto de protección, responsabilidad y justicia social.
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María Ángeles Prieto Rodríguez, diputada del Grupo Socialista en el Parlamento Andaluz
Joan Carles March Cerdá, profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública
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