La acuicultura en Canarias, limitada por una regulación “desfasada” que no contempla las nuevas técnicas de cultivo

El Programa Regional de Ordenación de la Acuicultura de Canarias (PROAC) debe ser revisado y adaptado a las nuevas técnicas de cultivo y especies aptas para criar, defiende el subdirector del Instituto Universitario EcoAqua de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Ricardo Haroun, quien cree que este plan ya estaba “desfasado” cuando se aprobó.

Haroun explica que el programa nació caduco porque comenzó a elaborarse en 2008 y pasaron diez años hasta su aprobación, en 2018, con el fin de ordenar y regular el sector de la acuicultura, que en Canarias produce 7.000 toneladas de pescado al año.

En los últimos años han surgido técnicas de explotación más alejadas de la costa y a más profundidad que no se abordan en el programa, al igual que ocurre con las nuevas especies de cría en granjas marinas o los cultivos multitróficos, que en Canarias aún no se han introducido y tampoco están previstos en el programa, apunta Haroun.

Este investigador de EcoAqua recuerda que los peces en jaulas se alimentan de pienso, pero sus excrementos pueden servir también de nutrientes para especies como las algas y moluscos como los mejillones. Si se logra crear unan red trófica, se reduce el impacto en el medio marino y son menos los residuos que se generan, añade.

Además, señala, ahora se dispone de mucha más información sobre esta actividad y las zonas donde se puede desarrollar, por lo sostiene que es preciso mejorar el PROAC para que el sector pueda crecer en las islas.

Los nuevos cultivos alejados de la costa incluso son compatibles con otras actividades que también se pretenden introducir en las islas, como es el caso de los parques eólicos marinos, aspectos que tampoco se abordan en el programa.

Según Haroun, Canarias cuenta con más de treinta polígonos para la explotación acuícola, pero algunos deberían ubicarse en zonas más atractivas para los empresarios porque no resultan rentables social y económicamente, ya que son áreas que presentan más riesgo para los trabajadores y que suponen un coste mayor.

El experto ha comentado que otro de los aspectos a mejorar en el PROAC son los multicultivos, pues solo se permite la explotación por especie, de manera que cada vez que se quiere introducir una nueva es necesario solicitar otra licencia, lo que puede tardar años en tramitarse.

La lista de especies también se tiene que actualizar porque se dispone de tecnología para nuevos cultivos pero no están permitidos porque no hay licencias.

El director general de Pesca del Gobierno de Canarias, Carmelo Dorta, sin embargo, asegura que cambiar el marco normativo supone entrar de nuevo en un proceso de cinco años de duración, que es lo que se podría tardar en sacar un nuevo PROAC, una nueva Ley de Pesca y su reglamento.

Dorta considera que “hay que ser realistas porque el sector está demandando que se aplique el PROAC” pese a las carencias y dificultades que contiene y la Consejería tiene que “seguir caminando” con los medios que se disponen y tratar de resolver las peticiones y problemas a los que se enfrentan los dueños de estas explotaciones.

El director general de Pesca reconoce que el programa no incluye concesiones para determinadas algas y nuevas especies en los cultivos con tanque en tierra o en las granjas off shore, admite, por lo que probablemente habrá que abordar estos cambios aunque su trámite es largo.

En cualquier caso, Drota asegura que se trata de un sector rentable, presente en Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y La Palma; seguro, pues está sujeto a numerosos controles periódicos, y además está considerado como estratégico por la UE, lo que implica que cuenta con apoyo de fondos europeos.

Además, señala que antes de un mes, se aprobarán nuevas concesiones de jaulas de cultivo que están próximas a caducar y se ultimará la nueva lista de especies autorizadas en las islas.

El nuevo listado comenzó a elaborarse a principios de 2020 e incluye la explotación de holoturias y de distintas variedades de algas y su demora se debe la parálisis administrativa por el confinamiento y a un “sinsentido” de la Ley de Pesca.

Los cabildos dieron el visto bueno al PROAC y a que la Consejería fuera el órgano competente en admitir o denegar la introducción de nuevas especies, por lo que no se entiende que se tenga de dar audiencia a las corporaciones insulares, que es lo que establece la ley, remarca Dorta.

Dorta recuerda también que el PROAC fue aprobado en la legislatura anterior y la Consejería lo está aplicando, y prueba de ello es que ha sacado adelante los estudios de impacto ambiental de las zonas de cultivo, como establece el programa, que implicará la retirada de algunas jaulas de determinadas áreas.

Los estudios de detalle de las zonas de cultivo de La Palma y Lanzarote ya están concluidos y quedan pendiente de finalizar los de Tenerife y Gran Canaria.