El Gobierno canario confía en que unos 900 menores puedan ser acogidos por profesionales

Efe

Snta Cruz de Tenerife —

El Gobierno canario confía en que psicólogos y trabajadores sociales, entre otros, utilicen la vía del acogimiento “profesionalizado” para ayudar a los menores de centros gestionados por cabildos con características que dificultan su acogida por parte de familias, y que actualmente son unos 900.

La consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda, Inés Rojas, proporcionó estos datos en una comparecencia en el Parlamento regional para informar sobre los menores declarados en riesgo, desamparo o guarda y acogimiento familiar, y en donde aseguró que la crisis no ha provocado un aumento en el número de niños que necesitan amparo institucional.

Ello ocurre porque las familias refuerzan su apoyo a aquellos parientes más vulnerables ante la crisis, como los que tienen menores a su cargo, e Inés Rojas dijo que hay 79 equipos municipales de atención a la infancia y 35 centros de día para niños con carencias materiales en el hogar, a los que se les proporciona merienda y se les ayuda a hacer los deberes.

El objetivo del Gobierno canario, añadió la consejera, es que no haya centros de acogimiento, sin bien admitió que siempre deberá haber “un mínimo” de este tipo de infraestructuras, y recordó que los niños pueden estar “institucionalizados” en este tipo de residencias o ser acogidos por una familia “extensa”, ajena y ahora, con acogimiento profesionalizado.

2.359 niños en situación de amparo

Actualmente hay en el archipiélago 2.359 niños en situación de amparo y casi 400 de ellos viven con una familia extensa, es decir, con personas que tienen vínculos sanguíneos con el menor.

El año pasado el Gobierno canario inició además el acogimiento por parte de familias “ajenas”, proceso por el que se han interesado más de 3.000 personas y de ellas, 400 forman ya parte del “banco de familias”, de tal manera que niños de 0 a 7 años pueden ir directamente a vivir con ellas sin pasar por un centro de acogida.

Precisó Rojas que las familias interesadas en este proceso pasan por un curso de formación porque entre otros aspectos, añadió, hay que dejar claro que nunca se trata de una adopción.

Asimismo, continuó la consejera, unos 900 niños viven en los centros gestionados por los cabildos con características que dificultan su acogimiento familiar, pues presentan problemas psicológicos, de conducta, trastornos o discapacidad.

Estos menores, que además suelen tener mayor edad, requieren más que la atención directa de una familia la de un profesional “individualizado” y por ello el Gobierno canario ha publicado una orden con este objetivo.

La idea del Ejecutivo regional es que profesionales que ya trabajen en centros y conocen a estos menores puedan acogerlos en su casa y proporcionarles un programa terapéutico individualizado y en todos los casos de acogida, subrayó Inés Rojas, el Gobierno canario aporta una cantidad que ayude al mantenimiento del niño.

La diputada del grupo Popular Milagros Bethencourt, que solicitó la comparecencia de la consejera, opinó que no ve en el Gobierno de Canarias políticas encaminadas a mejorar la situación de las familias, que son las que tienen los menores en su seno, y criticó el que no haya aún un plan de infancia actualizado.

Añadió Bethencourt que son los ayuntamientos los que tienen que hacer frente a esta situación de riesgo y el Gobierno les ha reducido las cantidades correspondientes, por lo que los municipios tienen dificultades a la hora de evaluar el riesgo de los menores porque carecen de recursos económicos y humanos.

La parlamentaria del grupo Socialista Rosa Jerez elogió la política en materia de menores del Gobierno de Canarias pero también consideró que donde que hay que incidir es en la detección de la situación de los menores, pues su indefensión ante la crisis “es desesperante y angustiosa” y no en todos los casos se conoce.

Isaac Castellano, del grupo Nacionalista Canario, opinó que esta situación precisa de una atención integral con la intervención de las diferentes administraciones, mientras que el parlamentario del grupo Mixto Pedro Justo dijo que la propuesta del acogimiento profesional puede generar polémica, pero hay que dejarle “un cierto recorrido”.