El consejero de Presidencia y Justicia, José Miguel Ruano, tildó este miércoles de “injusta” la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que condena al Gobierno canario a indemnizar a Canteras Cabo Verde con 91 millones de euros, “pero no se pagará un euro mientras en términos jurídicos podamos evitarlo”.
Ruano, en una comparecencia parlamentaria sobre el resultado de los sondeos y estudios de valoración geominera en la montaña de Tebeto, en Fuerteventrua, a instancia del Gobierno, resaltó que el Ejecutivo regional seguirá defendiendo hasta el final que en Tebeto no existe derecho de explotación por parte de Canteras de Cabo Verde.
“En caso de que tuviera ese derecho, no en la cuantía (91 millones de euros más los intereses) que asegura la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias”, subrayó.
“Vamos a extremar en todo caso la defensa de los intereses generales hasta agotar todos los recursos”, insistió José Miguel Ruano.
El consejero dio a conocer a los diputados los informes técnicos recabados por el Gobierno regional en torno al valor de la explotación de los recursos minerales.
“Según los informes geológicos, no hay mina, no hay piedra ornamental, no existe bloque natural para ser explotada y no se pueden lograr bloques enteros”, señaló Ruano.
Sobre las valoraciones plasmadas en el informe geológico aportado por el Gobierno canario, Ruano dijo que podía oscilar entre 800.000 euros y 1,2 millones de euros.
El Gobierno “sigue defendiendo que no existe un derecho de explotación sobre lo que haya en Tebeto, solo existe expectativa y lo fundamentamos en el recurso de casación que hemos presentado ante el Tribunal Supremo”, aseguró Ruano.
El consejero señaló además que la valoración presentada por parte de Canteras Cabo Verde es sobre una explotación próxima, en la montaña de Tindaya, y discrepó con el TSJC por decidir la ejecución provisional de la sentencia, “algo que no es frecuente”.
“Ante la decisión de ejecutar provisionalmente la sentencia, hemos presentado un recurso de súplica que fue desestimado”, afirmó José Miguel Ruano.
El consejero aseveró que “el Gobierno canario ha pedido un aval a Canteras Cabo Verde ante la eventualidad de que nos de la razón el Supremo”.
Incógnitas
“Discrepamos totalmente de la sentencia y de los autos de ejecución provisional”, prosiguió Ruano que se preguntó “cómo se puede despachar en tres líneas la decisión de no fraccionar el pago de la ejecución provisional”. Manifestó también que “hay incógnitas desde el punto de vista jurídico y procesal que no puede desvelar”.
Ante estas palabras, el portavoz del PSOE, Santiago Pérez, criticó el trabajo del Gobierno en el procedimiento de este caso al tiempo que aseguró que “asumirá” política y jurídicamente las responsabilidades que se deriven de sus palabras, “pero no de las interpretaciones que se hagan de ellas”, refiriéndose a unas palabras en las que hablaba de la amistad entre Bittini y el magistrado ponente del TSJC. “No sé si mantiene o no sus palabras”, le dijo Ruano a Pérez.
El socialista recordó que la sentencia admite que el Gobierno no puso obstáculos a la valoración de Bittini. Pérez hizo un repaso a la tramitación del expediente administrativo. “El Gobierno solicita en la respuesta a demanda el recibimiento a prueba, pero no aporta en ese momento que era el último procesal un documento para contrarrestar a Bittini”, apuntó para rematar que no se recurrió esta decisión.
Sobre la fase en el Supremo, el diputado del PSOE subrayó que “no se puede aportar una nueva tasación ni alegar indefensión”. “Reconoce que el recurso casación habla de una infracción de ley pero no del quebrantamiento de forma”, prosiguió Pérez que recalcó que no permitirá que se diga que “al PSOE le conviene esa sentencia”.
Cuestión de gustos
“No he hablado de que me gusta o no me gusta la sentencia; he dicho que la sentencia tiene argumentos insostenibles”, sentenció Pérez que calificó la forma de obrar del Gobierno de Canarias como el de una “defensa descabellada”. Aquí expuso que sí hay un “deber de dirección política en el pleito del siglo”. Se preguntó si en este asunto, el Gobierno “estaba ocupado en la policía autonómica”.
Pérez, en relación a las insinuaciones de sus recientes palabras sobre el magistrado se limitó a decir que “ha manifestado lo que ha manifestado”. “No suelo hablar a humo de pajas, pero he defendido los intereses públicos después con la sentencia. Conozco a otras autoridades que hablan de los tribunales cuando están actuando. Lo hacen para obstaculizar casos de corrupción”, zanjó.
“Si en mis manifestaciones hay responsabilidades política y jurídica las asumiré, pero de mis declaraciones y no de interpretaciones”, insistió al tiempo que dijo que se intenta “encubrir el estado de la cuestión, que es el de dónde la incompetencia ha colocado a los intereses de los canarios”. Además rechazó que se pregunte al PSOE sobre cuál es su dirección, ya que el Gobierno “está perdido”.
El portavoz del PP, Miguel Cabrera Pérez-Camacho, afirmó que Pérez no reconoce que todo comenzó con las resoluciones de 1993, cuando gobernaba su partido. “Sigo confiado en que el Supremo se va a cargar la sentencia”, expuso. El popular dijo que siempre le había sorprendido la capacidad “antropofágica” del PSOE para “engullir” a sus dirigentes y de “tergiversar” la realidad. Sobre este segundo apartado se refirió a que en el caso Tebeto se reinventan la historia y que todo comenzó en 1993 “cuando todo se hacía al revés”. “No voy a perder el tiempo en desmontar sus caricaturas”, se limitó a decir Pérez.
“Hijo no reconocido del PSOE”, según el PP
Afirmó que este caso “es un hijo no reconocido del PSOE, pero que jamás lo reconocerán”. “Los médicos tienen nombres y apellidos y pasarán a la historia como los incompetentes más grandes de nuestra Autonomía”. “Ni a mí ni a mi grupo nos gusta la sentencia de Tebeto”, apostilló al que defendió que “es un disparate la cuantificación de la indemnización”.
El popular asumió que la sentencia de Tebeto no le gusta al PSOE porque responsabiliza a la Consejería del PSOE en 1993; porque se “exculpa” al consejero de Industria en 2003, Luis Soria (PP) lo que le supone un corte de digestión a López Aguilar y porque da una clase administrativo de calidad.
El portavoz de CC, José Miguel Barragán, negó una “teoría de la conspiración” y apuntó que se ha introducido una novedad por parte del PSOE, que daría una “nueva dimensión” a la defensa del interés general sobre la “connivencia” entre el magistrado y el señor Bittini. Solicitó a Pérez que presente las pruebas sobre sus palabras.
El nacionalista expuso que se “ignora por completo” un informe sobre una valoración alternativa. “El Tribunal omite un documento de los que tiene a su disposición, mientras que hace valer otro sobre una montaña que no se llama Tebeto”, prosiguió el diputado de CC que añadió que ésta puede ser una “cuestión revisable”.
De igual forma, dijo Barragán que “se puede discutir y lanzarse los trastos a la cabeza, pero lo cierto es que no se pueden emprender otras acciones legales a las que ha puesto en marcha el Gobierno”. Reclamó que “se pague lo justo” y apuntó que “da fuerza moral” lo que hoy se sabe sobre la cuantificación de las seis cuadrículas de Tebeto.