El Gobierno de Canarias ha denunciado que las partidas destinadas al archipiélago en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2012 hacen parecer que los canarios “estamos en una república de por ahí, donde los compromisos no se cumplen”. Y en el escenario de confrontación que se avecina, la Confederación Canaria de Empresarios (CCE) ha mostrado su apoyo al Ejecutivo regional y le anima a “luchar” ante un recorte que ha calificado de “excesivo”.
El consejero regional de Obras Públicas y Transportes, Domingo Berriel, y el presidente de la CCE, Sebastián Grisaleña, se reunieron este martes en Las Palmas de Gran Canaria para abordar el Anteproyecto de Ley de armonización y simplificación del territorio y de los recursos naturales, pero el tema de los Presupuestos estuvo inevitablemente también sobre la mesa. Grisaleña instó a la Administración canaria a exigir que las islas tengan un diferencial en relación con la lejanía y la insularidad.
Berriel afirmó que el recorte de los PGE afecta en una medida “brutal” a su área, porque en materia de carreteras, a pesar de que la inversión aumenta un 24% en el Estado en relación al 2011, pasando a más de 1.700 millones de euros, el convenio de carreteras de Canarias baja un 65%, pasando de 207 millones de euros, a 68 millones en 2012.
En contra de las anualidades
El consejero recordó que, según el acuerdo aprobado entre el Gobierno central, entonces dirigido por José Luis Rodríguez Zapatero, y el canario, las partidas destinadas a las carreteras “este año tenían que ser un poco mayores, porque así estaba convenido en las anualidades pactadas”.
Las consecuencias de la disminución se verán reflejadas, según auguró, en la paralización de “muchas” obras en curso. Además, advirtió de que se producirán incumplimientos con los empresarios que tienen un contrato con la Administración y un encarecimiento de los trabajos debido a su ralentización, lo que derivará en una revisión de precios “que hace que las cosas sean mucho más caras”.
Berriel dijo haber enviado a la ministra de Fomento, Ana Pastor, una carta en que le solicita mantener una reunión “urgente”, porque “creo que no sólo no ha comprendido lo que le expliqué en la visita que le hice a poco de tomar posesión”, en referencia a que el convenio de carreteras de Canarias deviene de “un derecho legislativo que tenemos, que forma parte de nuestro acervo estatutario, que es el Régimen Económico y fiscal (REF)”.
Al respecto explicó que el REF garantiza que las inversiones en el archipiélago tienen que situarse en, al menos, la media del Estado “y de esta manera no sólo es que no llegamos a la media, sino que nos apartamos considerablemente de una tendencia que ya se había dado en los últimos tiempo de acercamiento a esa media”.
“No entendemos esa discriminación tan enorme” denunció, por lo que dijo esperar que mediante las enmiendas presentadas al PGE en el Congreso se pueda restituir la cantidad prevista, que ascendía a los 207 millones de euros “o algo parecido, no puede ser este recorte tan drástico”.
Prioridades
El consejero de Obras Públicas y Transportes señaló la necesidad de “priorizar” la continuidad de ciertas obras cuya paralización podría significar riesgos, debido a problemas estructurales. “Este año se ha construido bastante y el recorte que se tenga que hacer no se puede hacer de una forma tan sencilla”, apostilló.
En ese punto mencionó como ejemplo la cuarta fase de la circunvalación de Gran Canaria, que “tiene hasta un viaducto que no se puede dejar a medias, porque se puede producir la ruina de propia estructura”, además de la maquinaria especializada que “no se puede mantener ahí toda la vida paralizada”.