La Fiscalía pide más prisiones en Canarias para que no haya traslados

El fiscal superior de la Comunidad Autónoma de Canarias, Vicente Garrido García, insistió este viernes en la necesidad de desbloquear la situación de los nuevos centros penitenciarios en Gran Canaria y Fuerteventura, así como en la ampliación de la prisión de Lanzarote, para superar la situación de “saturación absoluta” de las prisiones en Canarias, que está obligando al traslado de presos canarios a centros de la Península.

“Nuestro trabajo no sirve de nada si no se consiguen los fines constitucionales de la integración social” de estas personas, lamentó Garrido, quien remarcó que la saturación de las prisiones en las Islas impide desarrollar esta acción y está llevando a la “perniciosa y lamentable” situación del traslado de presos.

Así lo indicó el fiscal superior de la Comunidad Autónoma, Vicente Garrido García, durante su comparecencia en comisión parlamentaria para presentar la memoria del año 2007, en el que se iniciaron 242.579 procedimientos penales, lo que supuso un incremento del 5% con respecto a 2006 (11.558 procedimientos más).

Un incremento que dijo revela una “cierta ralentización” con respecto a los registrados en los tres años anteriores y que se da en las dos fiscalías provinciales, con 134.616 procedimientos realizados en la de Las Palmas (5,5%) y 107.067 procedimientos (4,6%) en la tinerfeña.

Apuntó que los delitos de lesiones (69.000 diligencias) representan el 32% de las diligencias iniciadas, de los que 12.000 fueron por investigación por comportamientos imprudentes vinculados a la seguridad vial u otros supuestos como la siniestralidad laboral.

Garrido expresó su preocupación por el aumento del 10,93% de los delitos relacionados con maltrato en el ámbito familiar, de los que se iniciaron 4.074 diligencias, y con las mujeres como principales víctimas. Sobre este punto, valoró la creación de juzgados específicos para este tipo de violencia, pero apuntó a la falta de equipos técnicos de psicólogos y trabajadores sociales.

Indicó que son los hechos contra el patrimonio los que representan el mayor número de delitos, con un total de 94.976 diligencias, lo que supone un aumento del 8,79% se rompe esa “esperanzadora tendenciar” de años anteriores. Sin embargo, resaltó que los que revelan conductas más graves, como son las de empleo de la violencia e intimidación, supusieron 4.584 diligencias, lo que supone sólo el 4,82% del total.

Protección del territorio

Garrido destacó que las diligencias investigadoras abiertas, que dijo evidencian la implicación activa de la fiscalía sobre hechos delictivos cualquiera que sea su naturaleza. Indicó que se iniciaron 497 diligencias de investigación, lo que supone más del 12% con respecto a 2006.

De éstas, 83 procedimientos fueron por delitos contra el patrimonio y medio ambiente, unas secciones en las que destacó que la especialización está siendo fundamental para mejorar la persecución de estos delitos, sobre todo los relacionados con el medio ambiente y urbanismo.

Al respecto, indicó que la protección del medio ambiente “continúa siendo una prioridad fundamental”, ya que estimó “debe ser una aspiración máxima” en este territorio “tan limitado”. Sobre este punto, destacó el aumento “moderadamente significativo” el número de 15 sentencias dictadas en esta materia, de las que 14 fueron condenatorias.

Más recursos para menores

En cuanto a la situación de los menores, “a pesar de los esfuerzos de las autoridades”, afirmó que siguen siendo necesarios más centros y espacios de convivencia, así como instalaciones para jóvenes con trastornos de conducta para los que los actuales medios “son manifiestamente insuficientes”. También reclamó más personal y más esfuerzo para la acción de prevención en las familias y en el entorno social para evitar la comisión de hechos delictivos por menores de edad.

Garrido defendió que el principio de cooperación entre las administraciones “debe ser el norte en la planificación” en esta materia, que tiene las competencias tan repartidas, para atender al interés supremo del menor tanto en su protección como reforma. Al respecto, defendió el establecimiento de unos parámetros fijos, para que esté al margen de cambios políticos y de responsables, ya que “sería deseable” que aspiraciones como la dotación de nuevos centros de menores con medidas judiciales sea de toda la ciudadanía.

En cuanto a la situación de los menores inmigrantes reconoció que la situación en Canarias “es peculiar”, porque actualmente absorbe a unos 1.500 menores, que hay que proteger “en la mayor manera posible”, tanto en su atención, como adecuada reintegración social. También destacó la complejidad en la repatriación de estos menores, ya que se tienen que cumplir los requisitos que garanticen el retorno del joven a su entorno familiar o a un centro asistencial en su propio país.

Sobre inmigración irregular, se refirió al descenso en el número de personas llegadas con respecto a 2006, pero indicó que Canarias “se ha consolidado como la puerta suroeste de Europa” en la llegada de inmigrantes irregulares en embarcaciones, un fenómeno en el que existe una “auténtica delincuencia organizada” sobre tráfico de personas, que ha sido “un objeto de especial atención y lucha” por parte de la Fiscalía.

Esfuerzo profesional ''sin ataduras''

El fiscal superior destacó el notable esfuerzo llevado a cabo por el colectivo de 106 fiscales (4 de la Comunidad autónoma, 56 de la provincia de Las Palmas y 46 de la provincia tinerfeña) de los que resaltó su profesionalidad y su acción “sin más ataduras” que su función constitucional.

Garrido se refirió a la falta de personal auxiliar, así como a la existencia de 12 vacantes de fiscales, lo que dijo se produce por el incremento de plazas en las fiscalías provinciales, a lo que se suma a los problemas de movilidad del personal.

Valoró el “profundo y trascendental” cambio en el Ministerio fiscal, con la entrada en vigor de la ley de reforma del estatuto orgánico del ministerio fiscal, y que ha propiciado la creación de dos fiscalías provinciales, y el desarrollo de una estructura territorial en todo el Archipiélago, para las que se están finalizando los trámites.