El Gobierno de Canarias aboga por celebrar las pruebas selectivas para el ingreso en el cuerpo administrativo de la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias de forma telemática y no presencial debido a que las normas sanitarias por la pandemia imposibilitan reunir a 3.500 personas.
El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, que ha respondido a varias preguntas en el pleno del Parlamento de Canarias sobre convocatorias de empleo público, ha indicado que si se pudieran hacer los exámenes de forma presencial así se harían, pero la recomendación actual es hacerlos a distancia.
Pérez se refiere a la convocatoria de las pruebas selectivas para el ingreso, por el sistema general del acceso libre, en el Cuerpo Administrativo (Grupo C, Subgrupo C1), que espera que se puedan celebrar de forma telemática para que no se dilaten más.
El examen, acreditado por la UNED, no será “un tipo test clásico”, ha precisado el consejero, después de que la diputada del PP Luz Reverón le haya recordado que hace quince días se celebró el MIR con más de 1.500 personas de forma presencial y le ha pedido a Pérez que convoquen el examen de forma presencial “para tener las máximas garantías”.
En otra pregunta, respecto al procedimiento para la formación de una nueva bolsa de interinos para la Administración de Justicia, Pérez ha asegurado que esta lista no se renovaba desde el año 2009.
Ha agregado que hay 19.000 personas dispuestas a ser contratadas en Justicia que no habían podido inscribirse en 11 años, al tiempo que ha anunciado que se ha constituido una comisión de valoración para ordenar y atribuir méritos que empezará a trabajar a finales de este mes.
El consejero también ha sido interrogado por los avances para sacar adelante las Ofertas Públicas de Empleo pendientes, incluidas las de estabilización y consolidación de los empleados públicos, y ha afirmado que para el Gobierno es “una prioridad” que quieren solucionar porque la situación es “insoportable”.
Según el consejero, es necesario un equilibrio entre los que están dentro y fuera de la administración y entre las necesidades y normas estatales.
“España tiene una deuda con estos trabajadores”, ha manifestado Pérez, quien ha reconocido que la falta de solución en este problema impide ocuparse al Ejecutivo de otros, como la reforma administración pública, su modernización y digitalización.
Por ello, ha respaldado las demandas de los trabajadores y ha reclamado al Estado que “haga una norma excepcional para un problema excepcional”.