Los empresarios de mercadillos de la isla de Gran Canaria, representados por la Asociación de Pequeños Empresarios del Comercio en Mercadillos La Unión y la Asociación Canaria de Empresarios de Mercadillo y Venta Ambulante, llevan meses preocupados por el futuro de sus puestos de trabajo debido a la aplicación de la Directiva Europea Bolkestein.
De esta manera, apuntaron que dicha norma obliga a los ayuntamientos a no seguir renovando las licencias de los puestos de los mercadillos de forma automática e indefinida, como lo han venido haciendo hasta ahora y les obliga a otorgar los puestos nuevamente y por un periodo de tiempo determinado. “Pero si el número de solicitudes fuera superior al número de puestos disponibles en el mercadillo, la Ley obliga a que se realice un concurso público para la adjudicación de los mismos” apuntaron.
En este concurso participarían, en igualdad de condiciones, todas las personas físicas o jurídicas que soliciten un puesto, sin respetar la antigüedad a pesar de que muchos llevan, veinte y treinta años en ella. La realización de dicho concurso público de adjudicación, les dejaría “absolutamente indefensos” y a expensas de la suerte que tengan en un sorteo.
“Como cualquier empresario, los que nos dedicamos a la venta en los mercadillos pagamos todos los impuestos que nos son de aplicación: tasas municipales por ocupación de los puestos que tengamos concedidos según la correspondiente licencia (en muchos casos equiparables en proporción con los precios de alquiler en un gran centro comercial), IRPF, cuota de autónomos de la Seguridad Social, etc. Pero a la vez consideramos que nuestros puestos de trabajo son singulares, puesto que no tenemos un establecimiento fijo. Es por ello que creemos que no se nos debe aplicar una norma comunitaria y general sobre comercio”, explicaron los empresarios.
Recordaron asimismo que aunque su trabajo siempre ha sido en precario, se les ha renovado las licencias municipales de forma automática cada año. Cada uno de ellos tiene entre cuatro y seis mercadillos fijos a la semana. Esta red de trabajo les permite hacer frente a los pagos de impuestos, las demás inversiones, etc. “Si perdiéramos -añadieron- aunque sea una parte de esta red de mercadillos, ya no podríamos seguir con esta actividad porque nos resultaría imposible hacer frente a los gastos mencionados. Entraríamos en una autentica espiral de exclusión social del colectivo”.
“Existe preocupación en todo el colectivo. No entendemos como una ley que se supone se aprueba para mejorar la convivencia y el bienestar de las personas dentro del marco europeo pueda perjudicarnos tan injustamente. Y lo peor: no parece que preocupe lo más mínimo a los responsables de las instituciones, o al menos eso es lo que nos transmiten con su dejación, cuando no, casi indiferencia”, concluyeron.