En plena revuelta del campo con tractores invadiendo las calles de las ciudades, la noticia casi pasa desapercibida pese a ser histórica: la Audiencia Nacional, en nueve sentencias, considera probada la existencia de un cártel de la leche que perjudicó a decenas de miles de ganaderos. Las industrias lácteas, entre ellas las más relevantes del sector, el denominado grupo G5 (Lactalis, Pascual, Puleva, Danone y Capsa, perteneciente a Central Lechera Asturiana), se confabularon para evitar toda competencia entre ellas y controlar así la producción, venta y precios del mercado de la leche de vaca cruda. Y eso durante por lo menos 13 años.

Es la primera vez que un tribunal de Justicia confirma la resolución administrativa de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y las multas millonarias impuestas a ocho empresas, aunque en algunos casos, según falló la Audiencia, habrá que rebajarlas por haber prescrito una parte de las infracciones cometidas. Otras seis industrias ya se habían librado de ser sancionados por el mismo motivo de plazos.

El fallo judicial, no obstante, abre igualmente la puerta a que decenas de miles de granjeros que vendieron leche de vaca entre el año 2000 y 2013, el periodo investigado y comprobado, puedan ahora reclamar sustanciosas indemnizaciones a los industriales del sector por los daños sufridos. Pueden demandar a ser resarcidos por el cártel independientemente de si entretanto ya se jubilaron o cesaron la actividad. Incluso los herederos de ganaderos fallecidos podrán aspirar a ser declarados perjudicados con derecho a compensación. Las industrias lácteas se enfrentan a tener que pagar además de sanciones millonarias, cientos de miles de euros a los productores perjudicados.

“Es la historia de David contra Goliat”, apostilla Felix Porto, portavoz de Unións Agrarias-UPA, el sindicato de donde partió en 2011 la denuncia contra unas prácticas industriales ahora declaradas ilegales. Son años de batalla, con muchos sobresaltos y costosos procesos para demostrar que los gigantes del sector maquinaron para controlar el mercado del suministro de leche, imponiendo a los productores condiciones, rutas y precios de venta.

Son más de 35.000 explotaciones perjudicadas, muchas hoy desaparecidas, calcula la organización agraria. Al comenzar el siglo, había 52.000 granjas de leche en España, la mayor parte en Galicia (33.000). En 2013, sólo quedaban la mitad.

A la CNMC le llevó ocho años, con múltiples dificultades y vicisitudes, probar la existencia de ese cártel y sancionar por un importe total de 28 millones de euros a ocho empresas y la patronal gallega del sector, la Asociación de Empresas Lácteas de Galicia (Aelga). Y es esta resolución de Competencia de 2019, que rebajaba de 80 a 28 millones las multas inicialmente impuestas, la que acaba de confirmar la Audiencia Nacional.

El tribunal, en nueve fallos que desestiman total o parcialmente los recursos de las industrias, considera acreditada la existencia del cártel. Ve suficientemente probado que, en un momento u otro o de forma continuada, empresas competidoras intercambiaron información sobre precios, estrategias y condiciones comerciales, así como sobre ganaderos con el fin de controlar el mercado. Compartían también datos sobre los excedentes de leche para hacerse con la gestión en un periodo en el que había cuotas lácteas (desaparecieron en 2015). Imponían sus condiciones y precios a los productores de leche, “privados de libertad para negociar y escoger sus clientes”. Era imposible vender la leche al mejor postor e intentar, en un mercado libre y competitivo, obtener mejor beneficio de su producción.

Los jueces, en sus sentencias, reseñan que “en el cártel han participado empresas” que copan más de la mitad del mercado lácteo en España. Y subrayan la duración de esas prácticas ilícitas, que se prolongaron durante años. Unas conductas que además “pueden tener un apreciable efecto en el comercio” de la Unión Europea “ya que la leche de vaca cruda es materia prima que las industrias lácteas posteriormente transforman” en productos que se venden también fuera de España.

Los múltiples correos internos, anotaciones, actas e informes sobre reuniones de las empresas, recabadas en sus sedes por inspecciones sorpresa de la CNMC, son pruebas validadas por la Audiencia Nacional. Y confirmó las sanciones impuestas al grupo Lactalis (11,69 millones de euros), Calidad Pascual (8,56 millones), Nestlé (6,86 millones), Schreiber (antes Senoble, proveedor de Mercadona, 929.644 euros) y Central Lechera Galicia (53.310 euros). Acreditado está que también participaron en el cártel otros gigantes del sector, aunque el tribunal ordena a Competencia revisar a la baja las multas porque la infracción prescribió en parte de los 13 años investigados.

Es el caso de Capsa (perteneciente a Central Lechera Asturiana), que había sido sancionada con 21,86 millones, de Danone (20,27 millones) y de Puleva (10,27 millones). La patronal gallega del sector, Aelga, también “participó en el cártel” pero la Audiencia anula la sanción impuesta por Competencia (60.000 euros) por considerar que no está suficientemente motivada.

Contador “en marcha” para reclamar

Las nueve sentencias de la Audiencia hechas públicas esta semana supone un duro varapalo para las industrias lácteas. Aún pueden recurrir en casación ante el Tribunal Supremo. Pero, por de pronto, van a tener que, desde ya, aprovisionar de sus cuentas con fondos suficientes para afrontar el pago de las multas impuestas y las previsibles miles de reclamaciones de los perjudicados por sus prácticas ilegales. El hecho de que la Justicia confirmara la existencia del cártel abre inexorablemente la puerta a indemnizar a las decenas de miles de ganaderos por lo que dejaron de percibir con la venta de leche en el periodo investigado, entre los años 2000 y 2013.

“Son muchos cientos de millones, el contador ya está en marcha”, advierten desde Unións Agrarias. Junto con el bufete Eskariam, representan a unos 12.000 granjeros perjudicados y ya están calculando cuánto van a reclamar para cada uno: el 10% de su facturación en venta de leche durante el periodo sancionado por la CNMC (2000-2013) más los intereses. Mucho dinero. Puede superar los mil millones de euros, calcula el bufete.

Y la cifra de afectados pueden considerablemente aumentar, dado que el Tribunal Superior de Justicia Europeo amplió los plazos de prescripción, en el caso de cártel como este de la leche, para poder reclamar daños y perjuicios. Hasta el próximo mes de julio de este año, todo productor que entre los años 2000 y 2013 haya vendido leche a una de las industrias lácteas que operan en España, independientemente de que fuera sancionada o no, puede demandar una compensación económica. Y obtener reparación por las pérdidas que sufrieron, independientemente de que cerrasen entre tanto su granja, se jubilase o incluso falleciera.

En Unións Agrarias, no ocultan “felicidad y orgullo” por el fallo de la Audiencia, “un auténtico balón de oxigeno para los ganaderos asfixiados”. Y también para el sindicato que lleva dedicando muchos años y dinero a esta pelea en la que anima a todo ganadero de leche en activo o no a reclamar. “No todo es dinero”, comenta Felix Porto, “sino que se le pague lo justo a unos productores que están con el agua al cuello por estas prácticas abusivas”. Hay mercado, reseña, España sigue consumiendo más leche o productos lácteos de los que produce. “Y es bueno que las industrias generen riqueza y ganen dinero, pero no a costa del bolsillo de los ganaderos, imponiéndoles precios de venta muy reducidos”, reflexiona el portavoz del sindicato.

La batalla aún puede durar unos años en los tribunales. “Pero mientras seguirán corriendo los intereses” que habrán de pagarse en las reclamaciones de los perjudicados, advierte la organización agraria. Las industrias lácteas no habían, hace unos años, ni siquiera tomado en consideración la posibilidad de llegar a un acuerdo extrajudicial con los afectados. Pero ahora, una vez confirmada la existencia del cártel, las multas millonarias y las futuras reclamaciones, seguir la batalla en el terreno judicial puede considerablemente disparar la factura que habrán de pagar.

“¡Mamita, qué pachanga!”. Era inevitable que la política se colara en el Entroido, cuya celebración coincide este año con la campaña electoral. Con mucho cachondeo y retranca, en el fin de semana grande del carnaval gallego hubo mofas y disfraces sobre la amnistía, el follón de las investiduras presidenciales o la crisis de los pellets, ese vertido de bolitas de plástico en las playas que protagonizó la actualidad gallega en la precampaña de enero. Mientras arrecia en la esfera estatal la controversia por las confesiones del PP sobre sus ofertas de “indulto condicionado” a los independentistas catalanes, el fugado Carles Puigdemont anduvo de tabernas por el carnaval de Noia (A Coruña). El grito de una señora enfundada en una bandera de España que se hizo viral durante una manifestación contra la amnistía revivió en Xinzo de Limia (Ourense).

En las calles de A Coruña, bajo el lema 'Unha cagada máis', se pasea estos días un artefacto con el rostro de Alberto Núñez Feijóo entrando y saliendo de una tarta de excrementos rodeada de moscas. Es una alegoría carnavalesca ideada por Os Maracos, una de las comparsas coruñesas más veteranas, que tiene en la política y sus protagonistas su mejor fuente de inspiración. Este año, disfrazados de perros, decidieron dedicar sus coplas y su carroza a las “cagadas” del año: en clave local, las de origen canino que embadurnan las aceras de la ciudad, y en el plano político, la del follón de las elecciones generales, la investidura y la amnistía.

“Mamita, ¡vaya pachanga se armó! / Como son muy buenos amantes, / el Feijóo y el Abascal/ juntos fueron al Congreso / porque se querían casar. / No hay padrinos y la boda / no se pudo celebrar”, cantan Os Maracos. La copla, que se llevó el primer premio de letra y música en el concurso local de este carnaval, relata que el “casamiento” fue finalmente “con el fugado Puigdemont”.

“Con la nueva ley de amnistía / ya no ingresa en prisión. / Pero el menú del banquete / no a todos les gustó / y armados con banderas / salieron en procesión. / ¡Vaya belén se montó!”, continúan. Y para reforzar la carroza escatológica, un gran cartel acompaña la comparsa coruñesa. Aparecen, sobre una deposición, las caras de Feijóo y su sucesor en la Xunta, Alfonso Rueda.

Colocarse a modo de capa una bandera de España, como se vio en múltiples protestas contra la amnistía, resultó ser un disfraz recurrente en el Entroido. La Cayeborroca, con el lema de “por puto defender España”, se manifestó con guasa e ingenio por las calles de Ferrol.

El famoso “me gusta la fruta” de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, también alimentó sátiras. En el gran desfile de comparsas y carrozas de Ourense, el pasado domingo, un hombre se valió de una camiseta con la frase burlona de Ayuso y un carrito para mofarse de “las cosas chulísimas” que hace el Gobierno de España, como el paro, la Agenda 2030 o la jubilación a los 67 años. Una Ayuso caracterizada como Blancanieves desfiló por las calles de Pontevedra tirando de un carrito y un cartel en el que aparece ofreciendo una manzana a un Pedro Sánchez disfrazado de bruja malvada y recreando la ya célebre expresión que usó para enmascarar el insulto al presidente del Gobierno.

Pellets con retranca

La denominada crisis de los pellets que protagonizó el arranque del año, así como un desfile de políticos en las playas polemizando sobre las competencias para la limpieza, también fueron reiteradamente escenificados en estos carnavales en múltiples localidades. En Vigo es incluso el Meco de este año, el símbolo satírico de estas fiestas que durante cinco días preside la Praza do Sol. En una tarima están representados dos voluntarios con buzos blancos y convenientemente dotados de guantes y rastrillos para recoger bolitas de plástico en la arena. Y en otra peana, se erige la figura del presidente de la Xunta y, por primera vez, candidato a la presidencia del Gobierno gallego, Alfonso Rueda. Vestido de traje negro con corbata azul y una gaviota posada en el hombro, parece acudir al rescate armado con una escoba y una bolsa de basura.

El Entroido se hizo un hueco en las agendas electorales. Rueda, disfrazado de Gandalf El Gris, el mago de El señor de los anillos, participó en la fiesta del Xoves de Comadres de Verín, una de las grandes citas de las celebraciones en Ourense. Transformado en cosmonauta recién desembarcado del espacio, el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jacome, abrió el carnaval de la ciudad recordando que el domingo hay elecciones. “Lo último que haría en un pregón sería pedir el voto para nosotros, sería lo último pero no quiere decir que no lo haga”, dijo el regidor cuya formación, Democracia Ourensana, tiene expectativas de entrar en el Parlamento gallego.

Más cauto, el socialista José Ramón Gómez Besteiro se limitó a enfundarse un mandilón para retratarse junto a su compañero catalán Salvador Illa haciendo orellas, el dulce más típico de los carnavales. La jefa de la oposición, la nacionalista Ana Pontón, se disfrazó en una visita a varias de las localidades con más tradición de Entroido en Ourense. Y también inspiró muchos disfraces.

En Xinzo de Limia, una de las citas más multitudinarias y popular del Entroido, la campaña electoral está muy presente en las burlas carnavalescas, con disfraces como el de un mecánico que publicita los “recambios Pontón” para sustituir a “Rueda pinchada”. Las celebraciones se prolongarán en muchas localidades aún toda la semana, hasta el mismo día de acudir a las urnas, este domingo de Piñata.

No ojean periódicos, no sintonizan nunca la radio. Tampoco consumen televisión, salvo algún informativo durante almuerzos en familia. No recuerdan otro Gobierno de la Xunta que no fuera del PP. Llamados a votar el día 18 de febrero por primera vez en unas elecciones gallegas, citan a Google y las redes sociales, principalmente Instagram y TikTok, como únicas vías de información. Mencionan también, “porque es más política”, Twitter, que ninguno llama por su rebautizado nombre de X. Dejarán que los algoritmos decidan, en función de sus gustos e intereses, qué ver, oír o leer de la primera campaña autonómica en la que tienen derecho a sufragio. Son algunos de los rasgos comunes de los seis jóvenes de entre 18 y 20 años entrevistados por elDiario.es con el fin de conocer cómo abordan estrenarse en las urnas que decidirán quién gobernará Galicia.

Una cita en la que el voto joven, pese a ser tradicionalmente abstencionista, parece estar más movilizado en esta ocasión. Casi el 7% del censo electoral (150.221) es menor de 25 años. El 85% asegura que acudirán a las urnas “con total seguridad” o casi el próximo domingo 18, según las dos encuestas preelectorales del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) realizadas en enero y febrero. Unos sondeos que reflejan que los electores jóvenes son más optimistas que sus mayores sobre la situación económica de Galicia. Pero son los que peor valoran la situación política actual.

Casi el 60% de los entrevistados de entre 18 y 24 años la considera “mala” o “muy mala”. Nacidos poco antes o durante la etapa del bipartito PSOE-BNG al frente de la Xunta de Galicia (2005-2009), sólo tienen memoria de gobiernos del PP. El voto joven en Galicia es en su mayoría progresista, según los datos del CIS. Más de la mitad de los encuestados menores de 25 años se declara de izquierda y sólo 2,3% marcadamente de derecha.

Los nacionalistas arrasan en esa franja de edad: consideran que el Bloque es el que mejor defiende los intereses de Galicia (el 60,5%); que mejor representa sus ideas (43,9%); le inspira más confianza (43,9%); el más capacitado para gobernar (43,4%); y el que defiende mejor la identidad, la cultura y el idioma gallegos (80,1%). La gestión del PP en la Xunta es “mala” o “muy mala” para el 53,2% de los menores de 25 años mientras que la labor del BNG en la oposición es valorada por el 66,3% como “buena” o “muy buena”. Son también los que más puntuación dan al trabajo de los socialistas gallegos, considerado “bueno” por el 42,7%.

La campaña electoral será decisiva para una franja de edad que, con mucha diferencia con respecto a sus mayores, le da más importancia a los programas y propuestas (el 69,5%) que al candidato (25,4%). El voto joven es voluble, según los datos del CIS, y el menos fiel a unas siglas. Pero el BNG capitaliza, con mucha diferencia en comparación al conjunto del electorado gallego, la intención de voto de los menores de 25 años. El 43,9% dice que piensa votar a los nacionalistas, un 17,4% opta por el PP y sólo el 6,7% se decanta por la papeleta socialista. Vox, que apenas cosecha 1,4% de intención de voto en estas elecciones gallegas, aparece como cuarta fuerza en las preferencias de los electores de entre 18 y 24 años. Casi un 5% dice que le votará. Es el más del doble de lo que cosecha Sumar (2,1%) entre los más jóvenes.

Cecilia, 18 años: “No sé a quien votar aún, me guiaré por mis padres y las redes sociales”

Natural de Mondoñedo (Lugo), cumplió en diciembre 18 años y es una de los 12.919 gallegos que en estos comicios estrenan derecho a voto. Lo ejercerá porque considera que es “importante”, aunque no tiene ni idea de qué papeleta introducirá en la urna. “Debemos estar atentos, van a gobernar sobre nosotros”, dice, pero cree que aún no tiene suficiente madurez “para tener claros e identificados” sus ideales. “No sé bien lo que me parece bien o mal, ni lo que es correcto, estoy creando mis pensamientos”.

Estudia dos carreras: Danza en el Conservatorio de Lugo y, por internet, el grado de Relaciones Internacionales en una universidad catalana. Tiene asignaturas que despertaron su interés por la política con la lectura de artículos de prensa sobre temas sociales y de actualidad. Con sus amigos no habla nunca de política. “Me guío por mis padres para formar mis criterios, sobre todo con mi padre con el que hablo de política, y buscaré información también en las redes”. Principalmente en Instagram. Es consciente que está a la merced de lo que le recomienden los algoritmos en función de sus gustos y preferencias. La mejora del sistema público de Educación y Sanidad son los temas que más le importan. “Afectan a mi vida y mi futuro. El otro día ya me saltó una campaña del BNG”.

Manuel, 18 años: “No voy a votar, tengo cero interés en la política”

Estrenó mayoría de edad en agosto del año pasado y al mes siguiente debutó la etapa universitaria en Santiago como estudiante de Comunicación Audiovisual. Pero tiene nula ilusión en estrenarse como elector. No acudirá a las urnas. “Considero que hay que tener información para poder formarse una idea sobre un partido y tengo cero interés en buscarla”, razona. Como la mitad de los menores de 25 años entrevistados por el CIS que declaran seguir con poco interés (el 36,3%) o ninguno (15,8%) las noticias y temas relacionados con estas elecciones al Parlamento de Galicia.

En su casa, en A Pobra do Caramiñal (A Coruña), jamás se habla de política, dice, aunque las comidas familiares suelen estar amenizadas por telediarios de cadenas nacionales. Con sus amigos, a veces abordan “muy de vez en cuando algún tema relacionado con la política, pero sin más”. En Instagram y “sobre todo en TikTok, me salen a veces trozos de discursos de algún político, sobre todo de Pedro Sánchez, que es el que más sale porque es el presidente del Gobierno”. Pero sigue sin despertar su interés por la política. “Ni me interesa, ni me preocupa”.

Andrea, 18 años: “Tengo asimilado a quien votaré, no me voy a matar en informarme sobre estas elecciones”

Estudiante de Segundo de Bachiller en un instituto en Noia (A Coruña), está volcada en preparar una EBAU (Selectividad) que le trae de cabeza. “No sé qué asignatura elegir, hay demasiada reforma de una ley que es rara. Cuando empecé este curso, iba a ser una EBAU totalmente nueva, y de repente, nos dicen que va a ser la de siempre”. Pero al margen de este tema que protagoniza muchos titulares de noticias, la política le interesa más bien poco o nada. Sin embargo, tiene claro que participará en el proceso electoral del domingo 18. “Tengo asimilado a quien votaré”. Será al mismo partido que en las elecciones generales de julio del año pasado, cuando estrenó derecho a sufragio activo.

Para su primera vez, echó una ojeada a las cartas que le remitieron a su casa cada opción política. “Haciendo zapping en la tele, vi también un poco un debate entre Pedro Sánchez y otro, no me acuerdo cómo se llama”. Y poco más. Su núcleo familiar determina su papeleta de voto. En Instagram y TikTok, sólo ve “moda y cosas de risas”. Nada de política. “No me sale”. Para estos comicios gallegos, no estará más atenta a la actualidad. “Tampoco voy a matarme en buscar información”.

Iago, 20 años: “Estoy en duda entre dos, la campaña será decisiva para elegir”

Este veinteañero de Xinzo de Limia (Ourense) forma parte de ese 41,6% de lo menores de 25 años que, según el CIS, aún no tiene decidida qué papeleta introducirá en la urna el domingo 18. Tras estrenarse como votante el año pasado en las municipales de mayo y las generales de julio, éstas son sus primeras elecciones gallegas. “Estoy en duda entre dos, la campaña será decisiva”, afirma. Estudia tercero de Medicina en Santiago, donde vive en un piso compartido y cuenta con beca del Ministerio de Educación. Aunque no sea un tema de conversación frecuente con sus amigos y menos en su entorno familiar, la política le interesa “bastante”. Es lector de prensa digital pero sobre todo un atento usuario de la red X, que suele ser su principal fuente de información. “Me guío por lo que me recomienda y lo que pone la gente que está en política”.

Considera que las redes sociales “ilusionan más a los jóvenes a votar” y vaticina una participación alta en estos comicios, sobre todo entre los de menor edad. Compara además los programas políticos para decantarse por una u otra papeleta. “Pero no cambio demasiado el voto. En las municipales me fijo bastante más en el candidato y, en las demás convocatorias, voy más por el partido y las propuestas”. Sobre todo las que afectan a los transportes públicos y la sanidad. La falta de pediatras, como ocurre en su pueblo que tenía dos y ahora ninguno, y la precariedad laboral en la Atención Primaria le preocupan. “También la crisis de los pellets de plástico en la costa”. Encabezaba los problemas que padece Galicia para los menores de 25 años, según la encuesta del CIS realizada hace un mes.

Eva, 20 años: “Es súper necesario votar, la abstención beneficia al más grande y hay necesidad de cambio en Galicia”

Son sus primeras elecciones gallegas y tiene claro a quien votará el próximo día 18. “Cambio el voto según el tipo de elecciones, en este caso coincide con lo que voté en las municipales [de mayo de 2023], pero no en las generales” de julio siguiente. Estudiante de tercero de Periodismo en Santiago, esta joven de Allariz (Ourense) se rebela contra los de su generación que se abstienen. “Hay cierto grado de pasotismo, no ven que va a cambiar las cosas. Es súper necesario votar, la abstención beneficia al más grande y hay necesidad de cambio en Galicia”.

Con sus compañeros de piso y con su familia, sobre todo con su madre, habla a menudo de política. Estos días las discusiones se centran en comparar programas electorales, comentar sondeos, “contrastar ideas diferentes”. Procura estar informada. Ayuda que coincidan las elecciones con sus prácticas de carrera en un periódico, Nós Diario. Como la inmensa mayoría de los menores de 25 años, cita las redes sociales, sobre todo TikTok y X, como fuente de información principal. Sigue a perfiles políticos y trata de contrastar lo que le recomiendan las redes con la lectura digital de diarios gallegos. Es crítica con el discurso de los políticos sobre los asuntos que más le preocupan, como la educación, los recortes en sanidad, la falta de vivienda. “Son temas de moda, pero hablan mucho y poco hacen. Hace falta más iniciativa, más acción, y menos palabrería”.

Muchos políticos, critica, se dedican a subir “muchos vídeos” en las redes, como el alcalde de Ourense, con discursos vacíos. “Pierden credibilidad”. Y echa en falta en estas elecciones que no se hable de las becas educativas como la que percibe del Ministerio. “Estoy muy agradecida de tenerla, pero hay que cambiar los criterios, son injustos, y hay mucho retrasos en el cobro que genera mucha incertidumbre”, comenta esta joven que, como muchos de su generación, compagina sus estudios con un trabajo, los fines de semana en una librería de su pueblo.

Arturo, 19 años: “No tengo mucha información sobre estas elecciones, pero sé qué quiero votar y por qué rama”

Tiene claro que va a participar en estas elecciones gallegas y que votará a la izquierda. Pero de momento este joven compostelano, que estudia dos carreras en Pontevedra (tercero profesional de Piano en el Conservatorio y el grado de Publicidad y Relaciones Públicas en la Universidad), aún no decidió qué papeleta elegirá. “Sé que quiero votar y por qué rama”, pero carece de suficiente información sobre el proceso electoral gallego y si votará o no a la misma opción política que en las municipales y las generales del año pasado.

Los derechos de las personas LGTBI y la igualdad son los temas que más le importan, “y a nivel de Galicia, todo lo relacionado con el transporte público y el cambio climático”. Valora mucho los bonos actuales que le permiten viajar gratis en tren a Pontevedra. Y también la beca del Ministerio que percibe. Como muchos de su generación, se informa a través de las redes sociales. “En TikTok me suelen salir recomendados muchos videos de partidos políticos y noticias de actualidad”. Consulta también, aunque menos, X y busca en Google información y artículos periodísticos sobre opciones políticas. Es un tema que abordan con frecuencia con sus padres, a los que les pregunta mucho, así como con sus amigos, también votantes jóvenes como él.

Después de haber sido calificada la víspera de “peleadora” por el Papa Francisco, la vicepresidenta segunda del Gobierno ,Yolanda Díaz, protagonizó esta mañana en su ciudad, Ferrol, un mitin de Sumar Galicia en el que reclamó “ayuda” para su gran nueva batalla: reducir la jornada laboral en España sin  mermar los salarios. Va a ser una “lucha difícil”, advirtió. “Sé que tendré problemas para lograrlo, dentro del Gobierno también tengo problemas”, confesó. Pero está convencida que podrá conseguirlo como arrancó, tras meses de negociación dentro y fuera del Ejecutivo, un aumento histórico del salario mínimo o una reforma laboral que disparó el número de trabajadores a cifras récord. 

La visita de Díaz la víspera al Vaticano, en la que se entrevistó por segunda vez con el Papa Francisco, estuvo muy presente en el acto electoral de Sumar en la ciudad donde su líder se forjó en política como concejal y teniente de alcalde. Ferrol, recordó la vicepresidenta, es también la cuna de Pablo Iglesias Pose, fundador del PSOE y de UGT, quien convocó hace más de un siglo el Primer de Mayo con la reivindicación de luchar por una jornada laboral de ocho horas. Es el momento ahora de rebajarla. “El Papa me decía ayer [por el viernes] que era clave reducirla para ganar tiempo para vivir”, insistió la vicepresidenta del Gobierno. La batalla se anuncia difícil, confirmó el flamante portavoz parlamentario de Sumar, Iñigo Errejón, quien también se desplazó a Ferrol para arropar a su antecesora en el cargo y cabeza de cartel en estas elecciones gallegas, la viguesa Marta Lois. “Hay que pelearlo, y quién me diría a mí que acabaría un mitin político citando al Papa”, apostilló el dirigente madrileño. 

Fue un acto electoral de formato reducido, ante unas 300 personas en la pequeña Praza Vella de Ferrol, encajonada entre la entrada del casco histórico de la ciudad y de su Arsenal Militar. Yolanda Díaz, que nació a pocos kilómetros, en Fene, enumeró sus logros como ministra de Trabajo, como los ERTEs durante la pandemia que “salvaron” ciento de miles de trabajadores y de empresas, y llamó a resucitar la tradición de lucha obrera de la ciudad departamental para seguir aumentando derechos. Como el salario mínimo que el Consejo de Ministros volverá a subir el próximo martes, confirmó la vicepresidenta. “Me llevó nueve meses negociarlo, pero se logró”.  “¿Pensáis que si no estuviese Sumar en el Gobierno se iba a conseguir?” 

La movilización electoral de la izquierda en estos comicios gallegos son clave, dijo, “para que caiga” el PP gallego de la Xunta y su presidente, Alfonso Rueda. Y Sumar, el movimiento que Díaz impulsó para las elecciones generales del 23 de julio pasado, quiere ser “llave del gobierno del cambio” en Galicia. Pero llega a esta nueva cita con las urnas con escasas expectativas de entrar en el Parlamento gallego, según distintas encuestas que le vaticinan entre dos o cero escaños. Díficil sí, pero no imposible, remarcó la ministra gallega. El voto progresista en los comicios de hace siete meses sumó 810.000 votos en Galicia, subrayó. Y la última mayoría absoluta conseguida por el PP gallego, en 2020 y con Alberto Núñez Feijóo al frente, fueron 627.000 papeletas. “Tenéis que volver a hacer lo que hicisteís el 23J cuando con un resultado extraordinario en una campaña electoral en la que nos dijeron que no había nada que hacer, conseguisteis con vuestros votos derrotar a Feijóo”, arengó Díaz. 

La movilización del electorado gallego de izquierda que tradicionalmente en unas elecciones gallegas se abstiene es la clave para Sumar para conseguir entrar en el Parlamento autonómico. “Pero no queremos escaños para estar sin más o seguir en la oposición, queremos escaños para negociar al día siguiente de las elecciones un gobierno de coalición con el PSdeG y el BNG”, destacó Marta Lois. Cabeza de cartel de Sumar en esta cita electoral tras dejar la portavocía en el Congreso que apenas desempeñó siete meses, la politóloga se estrena en la política autonómica. Profesora de universidad, su único bagaje es haber sido concejal y teniente de alcalde en Santiago, bajo las siglas de Compostela Aberta.  “Cada escaño a Sumar es uno que pierde el PP” y puede suponer el cambio en la Xunta, abundó Yolanda Díaz. “Y si lo hicimos el 23 de julio, lo volveremos a hacer”, dijo recordando el lema de campaña de su organización en estas elecciones autonómicas.

Samuel Luiz no tuvo “posibilidad alguna de defensa” durante el brutal linchamiento en grupo que acabaría con su vida la madrugada del 3 de julio de 2021 en el paseo marítimo de A Coruña. “Hubo circunstancias agravantes de alevosía y ensañamiento”, reseña el juez al cerrar la instrucción de un crimen que conmocionó a todo el país y provocó una oleada de manifestaciones contra las agresiones homófobas. Se decreta así la apertura de juicio oral. Cinco jóvenes de entre 19 y 28 años se sentarán en el banquillo de la Audiencia provincial coruñesa, antes de este verano, acusados de un delito de asesinato. Samuel era un joven auxiliar de enfermería de 24 años que murió con el cráneo hecho añicos por los golpes y patadas recibidas aquel fin de semana de julio de 2021, el primero en el que se reabría el ocio nocturno tras la pandemia.

El juez instructor de la causa considera que hubo “agravante de discriminación por condición sexual” en el caso de dos de los agresores, los dos miembros de la pareja que se dirigió en primer lugar a Samuel, y que, por lo tanto, tras la mortal paliza había una motivación homófoba. La joven victima fue agredida al grito de “maricón de mierda”. Era la semana de celebración del Orgullo. 

Un jurado popular será el encargado de sentenciar este caso que desencadenó en las semanas siguientes masivas movilizaciones y actos de repulsa en toda España. La Fiscalía ha decidido pedir las penas máximas para los cinco acusados, en total hasta 121 años de cárcel. Tres llevan en prisión preventiva en el centro penitenciario provincial de Teixeiro (A Coruña) desde su detención en los días siguientes al brutal ataque. Otros dos jóvenes, menores de edad, ya fueron condenados por este crimen tras confesar su participación y llegar a un acuerdo. Cumplen una pena de tres años y medio en un centro de internamiento.

Todo ocurrió cuando Samuel y una amiga estaban en la calle, aquella madrugada de julio, relatando en una videollamada a una tercera joven su primera noche de diversión tras la reapertura del ocio nocturno después de la pandemia del coronavirus. Fue en ese momento cuando una pareja de veinteañeros, un hombre y una mujer, principales encausados y para los que se piden 25 años de prisión, la emprendieron con agresividad contra Samuel. El chico pensaba que les estaba grabando con su móvil. Para el juez instructor, desde ese primer momento la pareja agresora, Diego M.M. y Catherine S. B., conocida como ‘Katy’, tenía “el propósito de causar el fallecimiento” de la victima. “Eran conscientes de que sus actos podían causar el fatal desenlace o, admitiendo el riesgo que eso comportaba, le dieron patatas y golpes en la cara y la cabeza”, expone. Es en el caso de estas dos personas que el juez ve un agravante homófobo.

Poco después se unieron a la agresión otros dos jóvenes amigos de la pareja, Alejandro F.G., alias ‘Yumba’, también en prisión preventiva desde julio de 2021, y como Alejandro R.R., que salió de la cárcel al mes y medio de su detención. Ambos se enfrentan a una petición de condena de 22 años por asesinato. Un quinto joven, Kaio A.S.C., también se sentará en el banquillo, acusado del mismo delito y a mayores de otro por robo con violencia del móvil de la víctima. Para él se solicitan, además de los 22, otros cinco por el robo.

La policía que investigó el crimen llegó a calificar de “jauría humana” la brutal agresión que acabó con la vida de Samuel. El juez instructor subraya en su auto que los siete atacantes fueron feroces y no dejaron posibilidad alguna al joven de salvarse. “La victima se encontraba rodeada y golpeada, inerme, a la merced y voluntad de su grupo de agresores, en clara situación de inferioridad y desamparo, sin posibilidad de defensa”. En el auto que envía a juicio el caso, se reseña el papel de la única mujer acusada que, “en unidad de actuación del ataque”, impidió a la amiga de Samuel que lo auxiliase. Katy es la única implicada que no llegó a pisar la cárcel hasta el momento, pero lleva casi tres años obligada a comparecer periódicamente ante el juzgado.

Había mucha gente aquella noche de juerga veraniega en el paseo marítimo pero solo dos migrantes senegaleses llegaron a intervenir para intentar salvar, sin éxito, a la victima, que moriría horas después de la agresión en el hospital de A Coruña.

La instrucción de este asesinato resultó compleja aunque las detenciones se sucedieron a los pocos días. Las redes sociales, con la etiqueta de #JusticiaparaSamuel, se encendieron para denunciar el carácter homofóbico de la brutal paliza, que finalmente aprecian tanto la Fiscalía como el juez instructor. El joven sanitario, que trabajaba en la Residencia Padre Rubinos de A Coruña, fue linchado a grito de “maricón”, reseñan los autos judiciales.

Para la instrucción del caso fueron claves las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona, que evidenciaron el ensañamiento con el que fue apaleado Samuel. También importantes fueron las comisiones rogatorias que envió el juez a Estados Unidos para tener acceso a las cuentas de los sospechosos en redes sociales y en plataformas de mensajería. Los siete agresores son amigos y su identificación fue posible gracias a las medidas establecidas aquel verano para combatir posibles brotes de COVID. Todos habían facilitado su DNI para entrar en una discoteca cerca de donde Samuel fue linchado y en donde víctima y agresores habían coincidido, aunque sin interactuar.

“Mamá, venimos acojonados. En las curvas de Talón, el bus iba a 30 kilómetros por hora pero no se veía nada de nada”. Una pantalla de lluvia torrencial desdibujaba la carretera sinuosa de Fisterra (A Coruña), en A Costa da Morte, aquella tarde-noche de octubre pasado. Los temporales fueron numerosos este otoño, que termina con récord histórico de lluvias en Galicia. Y el adolescente no se acostumbra a pasar miedo en el bus que tiene que coger cada día para ir y venir de su instituto en Cee, la capital comarcal situada a unos 15 kilómetros de su casa. Aquella tarde, el alumno viajaba, como muchos de sus compañeros de aula, de pie, agarrado al maletero superior, en un autocar de línea con aforo completo: 54 personas sentadas, con obligación de llevar cinturón de seguridad, y 21 apiñadas en un estrecho pasillo, sin barra a la que sujetarse. Forma parte de la rutina diaria de los estudiantes de Bachillerato o Formación Profesional (FP) que tienen que desplazarse a uno de los dos institutos de la capital comarcal de A Costa da Morte. Como también marca su día a día escolar entrar en el aula con 10 minutos de retraso y tener que salir un cuarto de hora antes de que suene la campana porque el autobús de línea es ajeno a los horarios lectivos.

Son más de 150 los alumnos de varias localidades de esta esquina de Galicia que viven una odisea para poder estudiar Secundaria más allá de la ESO. Al superar los ciclos de enseñanza obligatoria, no tienen derecho a transporte escolar, por lo que hay “que buscarse la vida” para acudir a clase. “No reclamamos un servicio gratuito, sino un transporte digno y seguro”, precisa Montse Canosa, de la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de A Costa da Morte. Se han puesto en pie de guerra por una situación que tildan de “sangrante”. Y preocupante. Estos últimos días de clase antes del parón navideño las carreteras de la comarca sufrieron fuertes heladas.

Ir de pie en un autocar, un trayecto de al menos media hora de duración por carreteras con mucha curva, no es de recibo, protestan. Por mucho que esté autorizado por la Xunta. Fue la única solución que las autoridades educativas dieron este curso escolar para paliar la falta de plazas en el único transporte colectivo que une Fisterra y Cee, centro neurálgico de la comarca y sede, entre otros, del hospital y los únicos institutos dotados con los ciclos de Bachillerato y FP. Además de escolares y residentes, el bus también es literalmente asaltado entre los meses de marzo y octubre por peregrinos deseosos de rematar el Camino de Santiago con el rito de quemar sus botas ante el faro de lo que los romanos llamaban el fin de mundo.

La Guardia Civil de Tráfico paró varias veces el autocar pero tuvo que dejarlo continuar su ruta tras comprobar que cuenta con toda la documentación necesaria para transportar viajeros de pie, pese a no estar adaptado para eso. Los menores de edad no tienen otra alternativa que viajar en esas condiciones dos veces al día para poder asistir a clase. “Van en el bus como terneritos con mochilas”, lamenta la asociación de madres y padres.

Desde los institutos Agra de Raíces y Fernando Blanco en Cee también hubo quejas a las jefaturas territoriales de Movilidad y de Educación. Pero no hay respuesta de momento. “La situación es tremenda”, alegan desde las direcciones de los centros. A pesar de madrugar para estar en la parada con mucha antelación, a menudo los alumnos de Fisterra se quedan sin plaza en el bus, “tirados en las paradas intermedias”, porque va completo. Y son las familias las que deben ingeniar una alternativa en coches particulares cuando reciben la temida llamada de “ven a buscarme, no conseguí subir al bus”.

Permiso para llegar tarde

Los alumnos de Fisterra tienen permiso de Inspección para llegar tarde y salir antes de las aulas por falta de transporte con horarios adaptados a los del instituto. Una autorización oficial que también afecta a los que vienen de Mazaricos o Carnota, localidades a unos 20-30 kilómetros de Cee. Los lunes hay jornada partida, con clases hasta las 18.30 horas. Pero el último bus sale media hora antes de la estación. No les queda más remedio que salir en tromba del instituto 40 minutos antes que sus compañeros y profesores. Y los miércoles ni siquiera hay transporte para asistir a las clases de la tarde en el Fernando Blanco. A este estrés se añade la paliza de soportar rutas de líneas regulares que dan muchas vueltas por A Costa da Morte. Como los de Mazaricos, los estudiantes que viven en Camariñas, a media hora en coche de su instituto en Cee, tienen 50-60 minutos de trayecto en bus para acudir a las aulas. “Se levantan a las seis de la mañana para coger el bus a las 6.45 horas”.

“Tardan casi una hora en llegar al instituto. Cuando tienen clase por las tardes, los lunes y miércoles, vuelven a casa pasadas las siete y media de la tarde. ¡Son jornadas de más de 12 horas! Y luego pídeles que se pongan a estudiar, hacer deberes, preparar exámenes”, se desespera Montse Canosa. Otro tanto les pasa a los adolescentes de Dumbria, con rutas tan largas para ir y venir que alguno almuerza en la marquesina más cercana a su casa, donde su familia le lleva la comida, para asegurarse de poder montar en el bus de vuelta al instituto y asistir a las clases de tarde.

Las madres y padres se han echado a las calles para protestar por la situación. Tras dos concentraciones semanales con pancartas clamando por ‘seguridad para todos, un transporte digno ya’, han logrado forzar una primera reunión con la Jefatura Territorial de Movilidad de A Coruña. Les pidió “una tregua” en las movilizaciones a cambio de la promesa de buscar soluciones. Pero de momento, sólo para el caso más urgente, el de Fisterra. Hay prevista una cita el próximo 5 de enero con la alcaldesa de la localidad. La propuesta consiste en que las arcas municipales costeen un bus con horarios adaptados a los de los institutos y la Xunta se encargaría de sufragar los billetes de los estudiantes. “Pero un Ayuntamiento tan pequeño no tiene dinero suficiente para afrontar ese coste, no parece una solución viable”, adelanta la coordinadora de la federación de madres y padres de A Costa da Morte. Impotentes, temen que la situación sea igual de temeraria y estresante el próximo trimestre escolar.

Enfrascada en elaborar un informe sobre todos los casos registrados en estos dos institutos de Cee, la federación apuesta por reordenar horarios de las líneas regulares de transporte para ajustarlos a los de los centros educativos. Y sostiene que la rentabilidad está asegurada si en los casos como el de Fisterra, donde la demanda es tan elevada, se obliga a la compañía que tiene la concesión de esa ruta a aumentar la frecuencia de los buses. “Irían llenos, hay alumnado suficiente para crear esas líneas escolares”, destaca Montse Canosa. Los retrasos son continuos en todas las líneas de A Costa da Morte, otro elemento de estrés para alumnos, familias y profesorado que tienen todas las dificultades del mundo para sortear las tensiones y deficiencias que cada día les ocasiona el transporte.

Apostolos Mangouras

Capitán del ‘Prestige’

Originario de la isla griega de Icaria, llevaba media vida capitaneando petroleros como el Prestige cuando este se accidentó frente a Galicia el 13 de noviembre de 2002. Dos semanas después, Mangouras cumplía 68 años en la cárcel provincial de A Coruña, acusado de desobedecer a las autoridades españolas en las primeras horas de la catástrofe. “No cometí ningún crimen, simplemente soy un náufrago, palabra que tiene mucho significado para los que peleamos con el mar”, escribió desde la cárcel en una carta abierta en la que pedía disculpas a los perjudicados por la catástrofe, defendía la injusticia de haber sido encarcelado y agradecía “el afecto, el calor y la humanidad” que le brindó “el maravilloso pueblo gallego”. El anciano capitán del petrolero, criminalizado por el Gobierno como responsable último del desastre, despertó simpatía entre la gente. Estuvo entre rejas casi tres meses, hasta que sus armadores pagaron una fianza de tres millones de euros. Tuvo que vivir 21 meses en Barcelona en residencia vigilada y luego, al regresar a su país, fichar cada 15 días ante la policía griega. En octubre de 2012, coincidiendo con el décimo aniversario de la catástrofe, volvió a instalarse en A Coruña durante los nueve meses que duró el macrojuicio del Prestige, en el que era el principal acusado. Cinco años después, el Tribunal Supremo lo absolvería por desobediencia pero lo condenaría por delito ecológico. Es oficialmente el único culpable. Hoy, a punto de cumplir 88 años, Mangouras vive entre Atenas y su pequeña aldea natal y guarda silencio, por mandato de sus abogados, mientras no se resuelva, en un tribunal británico, el litigio entre España y la aseguradora del barco por las indemnizaciones.

Mijaíl Fridman

Dueño de la carga del ‘Prestige’

Este magnate, de doble nacionalidad ucraniana y rusa, era el socio principal de Alfa Group, un conglomerado multinacional que, a través de su filial suiza, Crown Resources, alquiló un viejo petrolero monocasco, el Prestige, para llevar 77.000 toneladas de fuel de pésima calidad desde San Petersburgo hasta Singapur. A las pocos días de la catástrofe frente a Galicia, con el fin de desaparecer legalmente del mapa y eludir cualquier responsabilidad, Alfa disuelve su sociedad suiza. La Justicia española nunca pudo ir a por el fletador del petrolero que causó el mayor desastre medioambiental de España y uno de los peores de Europa. Fridman, considerado por la revista Forbes uno de los empresarios más ricos de Rusia y Londres, donde está afincado, compró en 2019 los supermercados españoles Dia. Veinte años después de la catástrofe del Prestige, es hoy uno de los oligarcas próximos a Putin sancionados por la Unión Europea “por ser uno de los principales financieros de Rusia”. Dejó, a raíz de esa sanción, su cargo en el fondo de inversiones que gestionaba Dia.

José María Aznar

Presidente del Gobierno

Presidente del Gobierno desde 1996, José María Aznar estaba en el ecuador de su segundo mandato cuando se accidentó el Prestige frente a Galicia hace ahora 20 años. Gobernaba con una cómoda mayoría absoluta cuando tuvo que afrontar el peor desastre ambiental, una marea negra que alcanzó 2.000 kilómetros de costas españolas y francesas. La gestión de la catástrofe, marcada por el empeño de su Gobierno en negarla y censurar la información, le valió una marea de protestas ciudadanas sin precedentes en Galicia. Aznar tardaría un mes en acudir a A Coruña, pero nunca visitó la costa afectada ni dio explicaciones en sede parlamentaria. Aquella rebelión cívica contra las mentiras de su Gobierno abrió una espita que se amplificaría a los pocos meses con el 'No a la guerra', una de las mayores contestaciones sociales de la democracia española, por su decisión de unirse a Bush en la invasión de Irak. Su mandato como presidente acabó en 2004, marcado por los atentados del 11-M tres días antes de las elecciones generales y otra oleada de movilizaciones ciudadanas contra su empeño en atribuir a ETA una masacre terrorista ordenada en realidad por Al Qaeda en represalia por la participación de España en la guerra de Irak. El PP perdió aquellos comicios. Tras su salida del Gobierno, Aznar fue consejero de empresas privadas y preside la fundación FAES, considerada “el laboratorio de ideas” del Partido Popular.

Mariano Rajoy

Vicepresidente y portavoz del Gobierno

Cuando ocurrió la catástrofe del Prestige, hacía apenas cuatro meses que Mariano Rajoy, en la remodelación del Gobierno de Aznar de 2002, había sido ascendido a vicepresidente primero, portavoz y ministro de la Presidencia. A los 15 días del desastre, tomó el mando del comité de crisis y del relato oficial, que consistía en mentir sobre el alcance de una marea negra que se anunciaba gigantesca. Su famosa comparecencia en la que describía como “hilitos de plastilina en estiramiento vertical” las 125 toneladas de fuel diarias que soltaba al mar el petrolero hundido aún le persigue hoy en día. Rajoy, años después, confesaría que la crisis del Prestige había sido el peor momento de su larga carrera política. Al año siguiente de aquel negro invierno 2002-2003, Aznar le entrega el testigo que había rechazado Rodrigo Rato: sucederle al frente del PP y como candidato a presidente. Rajoy pierde aquellas elecciones de 2004 y pasa a liderar la oposición al Gobierno de Rodríguez Zapatero. Pero en noviembre de 2011, cuando se cumplían nueve años de la catástrofe, Rajoy se convertía en presidente tras ganar el PP las elecciones generales con una mayoría más amplia que la había tenido Aznar. El político pontevedrés gobernó España durante siete años. Tras la sentencia del caso Gürtel que condena al PP por instaurar “un sistema de corrupción institucional”, fue desbancado por una moción de censura promovida por el socialista Pedro Sánchez. Mariano Rajoy se retiró entonces de la política, a la que se había dedicado 37 años, y recuperó su plaza como registrador de la propiedad.

Francisco Álvarez-Cascos

Ministro de Fomento

Al frente de la cartera de Fomento, era el ministro responsable de decidir qué hacer con el Prestige tras accidentarse frente a Galicia. Se le atribuye la orden de “enviarlo al quinto pino”. Cuando A Costa da Morte amaneció inundada por la marea negra el primer fin de semana del desastre, Álvarez-Cascos estaba en una cacería en Lleida. Minimizó con insistencia, como el resto del Gobierno de Aznar, la marea negra. “El vertido está más compacto y luego se dispersa”, afirmaba. Aún colea hoy en día la cuestionada decisión de alejar mar adentro el barco perdiendo fuel y pasearlo, de norte a sur, en medio de temporales, frente a las costas gallegas. Pero Álvarez-Cascos nunca tuvo que responder por esa decisión ni nadie le pidió responsabilidades. En el macrojuicio por la catástrofe, diez años después, compareció ante el tribunal como simple testigo. Para entonces, ya había abandonado el PP, en el que militó más de 30 años, y había fundado un partido, Foro Asturias, con el que fue presidente del Principado durante diez meses. Expulsado de Foro Asturias en 2020, Álvarez-Cascos, en calidad de expresidente de esa autonomía, integra en la actualidad el Consejo de Comunidades Asturianas, un órgano colegiado con funciones consultivas y de asesoramiento.

Jaume Matas

Ministro de Medio Ambiente

Cuando la primera oleada de fuel del Prestige alcanzó las costas gallegas, Matas estaba de fin de semana en Doñana. Pese a ser competencia directa de su ministerio, jugó un papel casi secundario y discreto en la gestión del mayor desastre medioambiental de la historia de España. Matas nunca se preocupó de planificar medidas para paliar los daños causados. Y brilló por su ineficacia en la limpieza del litoral, que tuvieron que asumir cientos de miles de voluntarios y las poblaciones de la costa sin ayuda institucional. Cuando aún quedaba mucha marea negra por limpiar, dimitió como ministro para presentarse en mayo de 2003 a las elecciones autonómicas en Baleares. Presidió esa comunidad hasta junio de 2007. Al no conseguir formar gobierno para un segundo mandato, Matas decidió retirarse de la política. Empezaron entonces los procesos judiciales por corrupción en su etapa de presidente autonómico. En 2014 ingresó en prisión para cumplir una primera pena de nueve meses. Tres años después, volvió a ser condenado a tres años y ocho meses por el caso Nóos, que también llevó a la cárcel a Iñaki Urdangarin, entonces marido de la Infanta Cristina.

Miguel Arias Cañete

Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación

“Afortunadamente la rápida intervención de las autoridades alejando el barco de las costas ha permitido que no tengamos una catástrofe ecológica”, se felicitaba Arias Cañete el día que llegó la primera oleada de fuel del Prestige y la Xunta se vio obligada a prohibir la pesca y el marisqueo en 200 kilómetros de costa. Fue uno de los más activos ministros de Aznar en minimizar el desastre y negar “daños para las poblaciones pesqueras y las especies marinas”. Su fuerte implicación en la gestión de la catástrofe le sirvió para volver a ser nombrado ministro una década después, cuando Mariano Rajoy se convirtió en presidente del Gobierno. Un segundo mandato en el que añadió Medio Ambiente a su cartera de competencias. En 2014, dejó el ministerio por el Parlamento europeo. Y a pesar de tener participación en empresas petroleras, logró ser nombrado comisario europeo de Energía y Acción por el Cambio Climático. Se retiró de la política hace dos años, al cumplir su mandato.

Arsenio Fernández de Mesa

Delegado del Gobierno en Galicia

Desde el minuto cero de la catástrofe, fue una de las autoridades más implicadas en la cuestionada gestión gubernamental del desastre. Y memorables son sus comparecencias públicas negando la marea negra o sosteniendo que el fuel que perdía el petrolero una vez hundido se solidificaría y “se reconvertirá en ladrillo en el fondo del mar”. “Hay una cifra clara, y es que la cantidad que se ha vertido no se sabe”, defendía entonces. Fernández de Mesa llegó a estar imputado en la causa judicial, aunque finalmente fue llamado solo como testigo al juicio. “Desempeñó una tarea de coordinación difusa y confusa”, consideró la Audiencia provincial de A Coruña en la primera sentencia del Prestige. Por entonces, su carrera política había dado un salto, dado que Rajoy, en su primer mandato como presidente, decidió auparlo a director general de la Guardia Civil. Ocupó el cargo casi cinco años, en los que hubo sonadas controversias como la de las pelotas de goma que guardias civiles dispararon contra inmigrantes que trataban de alcanzar Ceuta a nado. Apenas tres meses después de dejar el Gobierno, fue nombrado, en 2017, consejero de Red Eléctrica. Dejó el cargo el año pasado.

José Luis López Sors

Director general de la Marina Mercante

Asumió la responsabilidad de haber dado la tan controvertida orden de “coger el barco y llevarlo mar adentro hasta que se hunda”, como se le oye decir en las grabaciones de sus conversaciones con la Torre de Control Marítimo el día del accidente del Prestige. “Esto no es una marea negra, esto son manchas sueltas”, aseguraba cuando la primera oleada de fuel inundó 200 kilómetros de costa. López- Sors fue el único cargo público que se sentó en el banquillo de los acusados, junto al capitán y el jefe de máquinas del Prestige. Ya estaba entonces jubilado y en ningún momento se escudó en sus mandos superiores. Fue finalmente absuelto de toda responsabilidad por la Audiencia provincial de A Coruña, que elogió “el rigor exquisito” de sus decisiones con el barco y lamentó que no fueran procesados sus superiores políticos. “Resulta poco convincente que la responsabilidad no dependiese directamente de otras autoridades”, criticó el tribunal. En 2017 ingresó en la Real Academia del Mar.

Manuel Fraga

Presidente de la Xunta

Llevaba 12 años al frente de la Xunta de Galicia y cuatro mayorías absolutas en las urnas cuando ocurrió el desastre. A Fraga, la primera marea negra también le pilló lejos: se había ido a una cacería en Aranjuez. Tardaría una semana en acudir a la Costa da Morte, la zona cero de la catástrofe. Fue hasta allí al día siguiente de cumplir 80 años, con la promesa de compensar con cuantiosas ayudas económicas a marineros y mariscadoras perjudicados. La contestación social sin precedentes que provocó la nefasta gestión de la catástrofe capitaneada por el Gobierno de Aznar noqueó a Fraga y su gabinete, dividido entre quienes defendían acatar sin rechistar las órdenes de Madrid y los que reclamaba autonomía de acción. El anciano presidente gallego, que seguía sin querer abrir el melón de su sucesión, llegó a reconocer públicamente en 2005 haberse sentido abandonado por el poder central en aquella crisis. En las elecciones gallegas de ese año, el PP de Fraga, candidato por quinta vez a la Xunta, perdería la mayoría absoluta, lo que posibilitó una alianza de socialistas y nacionalistas para gobernar, por primera vez en democracia, en Galicia. Desbancado del poder, el político más veterano de España se marchó para el Senado, donde ocuparía un escaño hasta septiembre de 2011. Falleció cuatro meses después, a los 89 años de edad.

Xosé Cuíña

Conselleiro de Política Territorial e Obras Públicas

El autodenominado delfín de Fraga, conselleiro de Política Territorial e Obras Públicas y secretario general del PP gallego, fue el único político obligado a dimitir por la catástrofe del Prestige. Encarnaba la rama más rural del partido, los llamados de la boina, frente al sector más urbanita e ilustrado, los del birrete, en el que se situaba el PP de Aznar y Mariano Rajoy. La batalla que dio Cuíña en el seno del Gobierno gallego por intervenir en la gestión del desastre e intentar aplacar la rebelión ciudadana contra las mentiras gubernamentales y la falta de medios para limpiar el litoral le valieron su defenestración. Fue en enero de 2003, en plena marea negra. Al oír la noticia de que las empresas de la familia del conselleiro habían vendido material de limpieza de playas por valor de 40.000 euros a la empresa pública Tragsa, el PP de Aznar exigió su dimisión. De nada le sirvió demostrar con facturas que se suministró, cuando más hacían falta, trajes de agua y palas a precio de coste, sin ganar un céntimo. Desalojado de la Xunta, Cuíña se quedó sin aliados para sus aspiraciones de suceder a Fraga. Siguió como diputado autonómico del PP hasta su fallecimiento, en diciembre de 2007, a consecuencia de una infección respiratoria. Tenía 57 años.

Alberto Núñez Feijóo

Conselleiro de Política Territorial

Presidente de Correos, fue enviado desde Madrid a Galicia en enero de 2003, en plena catástrofe del Prestige, para sustituir en la Xunta de Manuel Fraga al destituido Cuíña. Nombrado conselleiro de Política Territorial e Obras Públicas, apenas tardó un año en ascender a vicepresidente primero del Ejecutivo de Fraga. Cuando el anciano presidente gallego perdió el poder, tras las elecciones autonómicas de 2005, Feijóo batalló y ganó la pugna por la sucesión. En 2006, arropado por Mariano Rajoy, se convirtió en líder del PP gallego. Tres años después, ganó las elecciones gallegas por mayoría absoluta y sustituyó al socialista Emilio Pérez Touriño como presidente de la Xunta. Gobernó 13 años en Galicia, hasta el pasado mes de abril, cuando ante la fuerte crisis interna que sacudió al PP de Pablo Casado, desembarcó en Madrid para tomar el liderazgo del partido y de la oposición al Gobierno de Pedro Sánchez.

Álvaro García Ortiz

Fiscal del ‘Prestige’

Originario de Lumbrales, un pueblo de Salamanca de apenas 1.600 habitantes, llegó a la Fiscalía de Santiago de Compostela en 2002, el año de la marea negra del ‘Prestige’. Dos años después, tras convertirse en fiscal especialista en Medio Ambiente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, asumió la acusación pública del abultado sumario de la catástrofe, la mayor causa medioambiental jamás instruida en España. En el macrojuicio celebrado entre 2012 y 2013, cargó toda la culpabilidad en el capitán y la maraña empresarial del Prestige, evitando procesar a responsables públicos o políticos por la cuestionada gestión de aquella crisis. Presentó un exhaustivo estudio que cifró en 4.442 millones de euros la factura total de la catástrofe. Ante el sorprendente fallo absolutorio de la Audiencia provincial de A Coruña, García Ortiz promovió, con éxito, un recurso de casación ante el Tribunal Supremo: 13 años después, el capitán del petrolero fue finalmente condenado por delito ecológico y la aseguradora británica declarada responsable civil. El litigio, 20 años después, sigue abierto, pendiente de una resolución de un tribunal de Londres sobre la demanda de España de cobrar la póliza del barco. Desde el pasado mes de julio, Álvaro Ortiz es el fiscal general del Estado.

Consuelo Castro

Abogada del Estado

Jefa de la Abogacía del Estado primero en A Coruña (2004-2007) y luego en el conjunto de Galicia hasta el año 2018, le tocó el espinoso papel de defender, en el abultado sumario del Prestige, la actuación y los intereses de la Administración española, a la vez víctima principal y acusada. Consuelo Castro defendió al único alto cargo del Estado que se sentó el banquillo de los acusados, José Luis López-Sors. Su absolución, sentenciada por la Audiencia provincial de A Coruña en 2013, representó una importante victoria para España. Es la primera vez que logra quedar libre de toda culpa, penal o civil, por el derrame de petróleo en sus aguas territoriales. Desde junio de 2018, Castro es la abogada general del Estado.

Letizia Ortiz

Periodista de TVE

Presentaba especiales sobre el euro con los que se cerraban los telediarios de TVE cuando fue enviada, junto a otras compañeras de Madrid, para relevar a sus colegas de Galicia en la cobertura informativa del desastre del Prestige. Enrocado en negar la catástrofe y reducir la gigantesca marea negra a un “vertido” de “manchas localizadas y sueltas”, el Gobierno de Aznar ejercía un control férreo sobre lo que se podía o no contar en los medios públicos. Los periodistas de TVE en Galicia habían denunciado públicamente la manipulación y la censura. Fueron relegados y sustituidos para hacer los reportajes del desastre. Cuentan las crónicas rosas que el noviazgo de Letizia Ortiz con el entonces príncipe Felipe se fraguó en secreto a raíz de aquellas retransmisiones de la periodista a pie de la marea negra que nunca mencionaba como tal. Tras su regreso a Torrespaña, pasó a presentar los telediarios con Alfredo Urdaci, el hombre que Aznar colocó en TVE para controlar los informativos. En vísperas del primer aniversario de la catástrofe, en octubre de 2003, la pareja anunció su compromiso, que acabaría en boda siete meses más tarde. En junio de 2014, Felipe fue proclamado rey y Letizia, reina consorte.

Continúa abierta, 20 años después, la mayor causa judicial jamás instruida en España por un delito medioambiental: la catástrofe originada por el Prestige, el viejo petrolero que se accidentó frente a Galicia el 13 de noviembre de 2002. Fue el mayor desastre medioambiental ocurrido en España y uno de los más grandes sufridos en Europa. Y provocó un embrollo judicial de órdago, tan enrevesado como la maraña empresarial del barco y la cuestionada gestión gubernamental de aquella crisis. Al cumplirse estos días dos décadas del desastre petrolero que tiñó de negro 2.000 kilómetros de costas españolas y francesas, la batalla legal se juega ahora en un tribunal del Reino Unido. Debe decidir si, como reclama España, la aseguradora británica del Prestige, declarada responsable civil subsidiaria de la catástrofe por el Tribunal Supremo, tiene que indemnizar a los perjudicados con la póliza del barco, 1.000 millones de dólares.

Sea cual sea el desenlace judicial, que se espera en breve, esa cantidad de dinero quedará lejos de cubrir la astronómica factura de la catástrofe, cifrada por la Fiscalía en 4.442 millones de euros. En la que fue una de las mayores mareas negras, quedará pulverizado el principio de 'quien contamina, paga' que rige el derecho y las políticas ambientales comunitarias. Desde casi el minuto cero de la catástrofe, cuando aquel 13 de noviembre el casco del viejo petrolero, cargado con 77.000 toneladas de fuel, se resquebró mientras navegaba, en medio de un fuerte temporal, frente al cabo Fisterra, resultó misión imposible lidiar con el escurridizo entramado empresarial del Prestige. Todo un paradigma del opaco y complicado negocio marítimo del petróleo.

Maraña empresarial del Prestige

Único patrimonio de una empresa (Mare Shipping) domiciliada en Liberia, paraíso fiscal de navieros, el fatigado petrolero, fabricado en Japón en 1976 y con bandera de conveniencia de las Bahamas, había sido fletado por la filial suiza (Crown Ressources) de un grupo ruso (Alpha) que desapareció casi sin dejar rastro poco después del accidente. Tampoco fue posible pedir responsabilidades a la armadora griega (Universe Maritime), detrás de la cual estaba la familia Coulouthros, una saga secular de operadores marítimos “reincidentes en mareas negras”, titulaba el periódico francés Le Monde aquel noviembre negro de 2002. Tras una maraña de empresas pantalla, los Coulouthros resultaron también ser los propietarios del Aegean Captain que en 1979 había derramado 280.000 toneladas de petróleo frente a las costas de Venezuela. Y dueños del Aegean Sea, el Mar Egeo en español, que explotó en A Coruña, frente a la Torre de Hércules, en diciembre de 1992, diez años antes del Prestige.

En el capítulo judicial de esta última y gigantesca marea negra, todas las cifras resultan desmesuradas. Fueron innumerables los episodios contradictorios, los intentos fallidos, las resoluciones inéditas o difíciles de explicar. Comenzando por el hecho de que el pequeño y modesto Juzgado de Instrucción de Corcubión, situado en la Costa da Morte, se tuviera que hacer cargo de la instrucción de un sumario que resultó descomunal y complejo. Diez años tardó en cerrarse la enrevesada investigación judicial al frente de la cual se fueron sucediendo siete jueces.

En paralelo, el Estado español se gastó 30 millones de euros en intentar ir a por una de las escasas sociedades del entramado del Prestige con solvencia económica, la clasificadora norteamericana ABS, que había certificado que el viejo petrolero era apto para navegar. Una demanda en Estados Unidos que resultó, además de cara, fallida.

Juicio caro y exculpatorio

El macrojuicio del Prestige, diez años después, se prolongó durante nueve meses ante tres magistrados de la Audiencia provincial de A Coruña, instalada para la ocasión en el recinto ferial de Expocoruña. En el banquillo de los acusados, tres hombres. El primero, Apostolos Mangouras, el octogenario capitán griego del petrolero y el único hasta la fecha que había estado en prisión. A los dos días del accidente del barco, nada más desembarcar en A Coruña, fue arrestado y encarcelado durante tres meses, acusado de entorpecer la orden de las autoridades españolas de alejar el barco de las costas gallegas. Junto a Mangouras, acusado también fue el jefe de máquinas griego, Nikolaos Argyropoulos. Imputado casi en el último episodio de la instrucción judicial, en el banquillo también se sentó finalmente, como único responsable de la Administración, el que había sido director general de la Marina Mercante, José Luis López Sors.

“Es obvio que hay más gente implicada en el siniestro, tanto responsables políticos como no políticos”, lamentó el presidente del tribunal, Juan Luis Pía, al termino de un juicio largo, “desproporcionado” –criticó– y caro. Costó a las arcas públicas gallegas 1,4 millones de euros. El día que se cumplían 11 años del accidente, el 13 de noviembre de 2013, se publicó la sentencia. Para sorpresa de todos, era exculpatoria: no cabe condenar a nadie por delito ecológico en el mayor desastre ambiental sufrido en España. Solo es penado el capitán del Prestige por desobediencia a las autoridades españolas al haber tardado en dar remolque al petrolero tras su accidente.

Para el Estado español, a la vez víctima principal y acusado en esta causa, la absolución de López Sors representó una gran victoria. Era la primera vez que España era eximida de toda responsabilidad penal o civil por el derrame de un petrolero en sus aguas territoriales. La Fiscalía recurrió la sentencia para intentar que el entramado empresarial del barco fuese declarado responsable.

Condenas 13 años después

Dos años y medio después, en enero de 2016, el Supremo le da la razón: absuelve al capitán por desobediencia pero lo condena por delito ambiental. “Conocía perfectamente las deficiencias” del Prestige, consideró el alto tribunal, y cometió una “grave imprudencia” al hacerse a la mar con un barco destartalado, con corrosión y fisuras en sus tanques. Con esa condena, son declaradas responsables civiles subsidiarias de la catástrofe la naviera del barco, sin activo financiero alguno, y aseguradora británica, The London Steam–Ship Owners Mutual Insurance Association (The London P&I Club). En el entramado del barco, esta última es la única sociedad con solvencia económica que podría contribuir a resarcir en parte la abultada factura de la catástrofe. También es condenado como responsable el Fondo Internacional de Indemnización de Daños debidos a Contaminación por Hidrocarburos (Fidac).

La compañía de seguros se rebela y consigue blindarse con un laudo arbitral en Reino Unido para no reconocer la validez de la sentencia española que la condena como responsable civil. Pero sufre un revés importante en mayo de este año, cuando el Tribunal Europeo anula ese laudo y avala las pretensiones de España de cobrar la póliza de cobertura del Prestige. En el meollo del litigio pendiente de resolver en un tribunal británico está la gran cuestión en juego en desde el primero momento: ¿la catástrofe fue culpa de un viejo petrolero más apto para el desguace que para surcar los mares cargado con miles de toneladas de fuel o fue causada por la tan controvertida decisión del Gobierno español de enviar el barco, tras su accidente, mar adentro, lo más lejos posible de la costa? El Prestige, herido y derramando fuel, fue paseado en medio de temporales durante seis días, de norte a sur, frente a las costas gallegas hasta que, el 19 de noviembre de 2002, se partió y se hundió.

Su aseguradora británica defiende que ya pagó su parte de responsabilidad en la catástrofe cuando depositó, en 2003, en el Juzgado de Corcubión 22,7 millones de euros en compensación por el 3% de la carga de fuel que el barco derramó en el mar cuando se accidentó frente a Galicia. The London P&I Club considera que el resto es cosa del Gobierno español por convertir, con su gestión, “el derrame inicial en masivo”.

Indemnizaciones en el aire

Si finalmente España logra cobrar íntegra la póliza del Prestige, de 1.000 millones de dólares, estará aún lejos de cubrir la factura de la catástrofe. El Supremo fijó las indemnizaciones a pagar a los perjudicados (España, Francia, Xunta de Galicia y 265 particulares, empresas, cofradías y ayuntamientos) en 2.500 millones de euros, una suma que incluye los intereses de demora y costes procesales de este largo litigio. De momento, tan solo se recuperaron 171,49 millones, la mayor parte abonados por el fondo internacional Fidac. La catástrofe del Prestige va camino de batir otro récord, ya que 20 años después, las compensaciones económicas siguen sin resolverse.

Cuando hace ahora justo dos años salió la histórica sentencia judicial que devolvió al Estado el Pazo de Meirás tras 80 años de ocupación por parte de Francisco Franco y su familia, sus herederos se apresuraron a poner en venta otra de sus propiedades adquirida durante la dictadura: la Casa Cornide, un palacete del siglo XVIII situado en el corazón del casco histórico de A Coruña. Había urgencia, la alcaldesa, Inés Rey, había presentado unos meses antes un informe que confirmaba, dijo entonces la regidora, “la trama urdida” en 1962 para “la adquisición fraudulenta” del edificio por parte de Franco y su esposa, Carmen Polo. 

Sus nietos, dos años después de aquella confirmación municipal, intensifican sus planes para venderlo al duplicar su anuncio en portales digitales de compraventa inmobiliaria. Mientras, la Xunta de Galicia y el Ayuntamiento de A Coruña se culpan mutuamente de la lentitud de sus actuaciones para intentar proteger y recuperar un inmueble considerado por Patrimonio “un monumento de carácter singular y ejemplo de la arquitectura residencial de la época de la Ilustración en Galicia”. 

El Gobierno gallego, del PP, asegura que desde mayo 2021, cuando inició el expediente para declararla Bien de Interés Cultural (BIC), la Casa Cornide “goza de la máxima protección patrimonial”. “Es completa”, insiste en respuesta a una consulta de elDiario.es. En realidad, según estipula el decreto de la Xunta, el edificio está bajo “protección integral de forma provisional”. Su interior así como los bienes que albergan también están bajo protección “de forma cautelar y preventiva”. 

Y es que para completar ese expediente BIC, la administración gallega debe entrar en la propiedad de los Franco e inspeccionarla. Que se sepa, y ya han transcurrido 16 meses desde la entrada en vigor del decreto, no lo ha conseguido. La Consellería de Cultura, preguntada al respecto, no ha contestado. Tan sólo recuerda que tiene dos años, hasta el 24 mayo de 2023, para completar el expediente y “precisar el alcance de la protección”. “Estamos en plazo”, razona el departamento autonómico.

Y lanza la pelota en el tejado del Ayuntamiento de A Coruña, que lleva dos años anunciando reiteradamente su intención de acudir a los tribunales para reclamar la titularidad del palacete. “La declaración BIC no cambia la propiedad”, recuerda la Xunta. El gobierno municipal, del PSOE, reunió pruebas documentales e informes jurídicos sobre lo que llama una “adquisición fraudulenta” de Casa Cornide y en múltiples ocasiones dijo que estaba “ultimando” la demanda judicial. Pero sigue sin presentarse. 

Ante las criticas de parte de la oposición, Marea Atlántica y BNG, sostiene ahora que necesita la declaración BIC “para que el asunto llegue a buen termino”. Arguye el equipo de Inés Rey que la asesoría jurídica del Ayuntamiento advierte de que hay riesgo de que fracase la demanda judicial para que Casa Cornide vuelva a ser patrimonio público si antes no es declarada, de forma definitiva, BIC. Esa formalidad, según un portavoz de la corporación, reforzaría, además de las pruebas documentales encontradas en los últimos años, el hecho de que el ayuntamiento haya tardado tanto tiempo en reclamar un inmueble vendido, en subasta pública, hace ahora 60 años. 

En venta desde hace dos años

“Una exclusiva propiedad” de 1.430 metros cuadrados con 11 habitaciones y 13 baños, reza el anuncio de su puesta en venta desde el verano 2020 en la inmobiliaria viguesa Philippot & Lloyd. Una oferta que sigue viva y ahora se ha visto reforzada al colgarse también en otro portal digital de compra y venta, Fotocasa. El inmueble, situado en un lugar privilegiado del centro histórico de A Coruña, enfrente de la medieval Colegiata Santa María, fue inicialmente ofertado por 3,4 millones de euros, un precio después eliminado y sustituido por la fórmula “a consultar”. El anuncio da múltiples detalles del interior de la mansión, “del año 1900, reformada en 1964 y recientemente en 2018”, y asegura que “si bien requiere una reforma integral, los materiales existentes se encuentran en perfecto estado de conservación”.

Pero no dice nada de que el palacete esté, como recuerda la Xunta, bajo “protección integral” y que está en trámite la declaración BIC. Una vez completado el proceso, lo que habrá de hacerse obligatoriamente antes de junio de 2023, los dueños de Casa Cornide estarán obligados a abrirla al público cuatro veces al mes. En caso de conseguir venderlo, la familia Franco ya está, en estos momentos, obligada a comunicarlo a la Administración gallega. Pero sólo “cuando exista comprador, no antes”, precisa la Consellería de Cultura. “En este momento no hay comunicación al respecto” por parte de los herederos del dictador. 

Y parece que al igual que hicieron en su día con el Pazo de Meirás, no están dispuestos a facilitar nada. Cuando en 2007, el entonces gobierno bipartito PSOE-BNG también inició el expediente BIC para poner bajo protección las Torres de Meirás, la familia Franco también había dado con la puerta en las narices a los técnicos de la Xunta. Ésta finalmente logró tener acceso al interior del castillo enclavado en Sada, la primera vez en democracia que los poderes públicos lograban adentrarse en el que fue escenario estival de la dictadura, tras conseguir el aval de los tribunales. Quince años después de aquel episodio, puede que la Xunta tenga que volver a acudir ante un juez para conseguir la necesaria inspección del interior de Casa Cornide y establece su valor así como de los bienes que allí alberga. Pero de momento, el Gobierno de Alfonso Rueda mantiene el mutismo sobre sus conversaciones con los Franco para intentar concluir el expediente de protección. 

El que no intervendrá en esta pelea por la recuperación para el patrimonio público de la Casa Cornide es el Estado. A diferencia del Pazo de Meirás, “no constan indicios” de que el palacete de A Coruña “pueda ser de titularidad estatal”, según confirmó en junio pasado el Gobierno central. Ese edificio fue adquirido por la esposa de Franco tras una operación de compra y venta, en subasta pública, entre el Ayuntamiento corunés y el banquero e empresario Barrié de la Maza, ferviente defensor y amigo del dictador. Una operación, como concluye el informe jurídico encargado por la corporación local, que fue fraudulenta. Los Franco pagaron 25.000 de las antiguas pesetas por hacerse con el palacete coruñés, una cantidad 14 menos que la tasación oficial del Ayuntamiento, entonces su dueño y vendedor (352.080 pesetas). Otra de los argumentos jurídicos de la corporación para reclamar su devolución al patrimonio público es que entre los años 1962 y 1976, y pese a ser ya propiedad privada de los Franco, las arcas municipales pagaron obras realizadas en Casa Cornide.

Los nietos de Francisco Franco no se apean de su reclamación de poder vaciar el Pazo de Meirás que, tras 80 años de ocupación, tuvieron que devolver al Estado en diciembre de 2020, tras una histórica sentencia aún pendiente de recurso de casación ante el Tribunal Supremo. En la vista celebrada este jueves ante el Juzgado de Primera Instancia número uno de A Coruña para determinar qué bienes pueden o no llevarse de la monumental mansión enclavada en Sada, la familia del dictador tan solo confirmó su renuncia a cinco de los cientos de objetos y muebles que se disputa con Patrimonio Nacional, dada la imposibilidad técnica de poder arrancarlos de las paredes sin causar daños irreparables, como son los blasones del ducado creado por el rey emérito Juan Carlos I para honrar a Franco que luce la fachada de Meirás.

Pero los herederos de Franco claman su derecho a llevarse muchas otras piezas por muy antiguas que sean con el argumento, esgrimido por su abogada, de la dedicación, afecto y aportaciones que le prodigó al pazo “Doña Carmen”, la única hija del dictador fallecida en 2017. “Era su hogar desde niña, lo sentía como suyo a todos los efectos, nunca dejó de comprar muebles y remodelar la casa a su antojo durante años”, tras el misterioso incendio de 1978 que, medio año antes de proclamarse la Constitución española, arrasó parte de la propiedad. Para los Franco, todos objetos, obras de arte y muebles que reclaman como suyos son fácilmente “removibles” y pueden ser sustituidos. “El pazo no perdería su valor histórico-artístico si se mueven de sitio esos bienes, porque de ser válido ese argumento, no habría museos en ninguna parte del mundo”, arguyó la letrada de los Franco.

Por el contrario, el Estado, secundado por la Xunta de Galicia y los ayuntamientos de Sada y A Coruña, defiende que la casi totalidad de los bienes en litigio deben considerarse como parte del singular castillo porque son legado de quien lo hizo construir a principios del siglo XX, la escritora Emilia Pardo Bazán, o fueron incorporados después de 1938, en plena Guerra Civil, para reconvertirlo en sede estival del jefe del Estado durante casi 40 años de dictadura.

“Fueron colocados con vocación de permanencia”, defendieron los representantes de las administraciones públicas, avalados por varios informes periciales. Subrayaron además el perjuicio irreparable que supondría que el pazo, tras su devolución al Estado, fuese vaciado. Perdería, insistieron, mucho de su valor histórico e incluso, como testificó ante el juez el historiador Manuel Pérez Lorenzo, “su enorme potencial didáctico para entender la figura de Emilia Pardo Bazán y luego como funcionó el régimen político español durante la dictadura.

Los arquitectos encargados por la Xunta de realizar un exhaustivo informe sobre el valor de 55 elementos en disputa, la mayoría blasones y elementos de piedra que ornan el jardín, así como valiosas figuras y elementos antiguos de la capilla ideada por Pardo Bazán, pusieron el énfasis este jueves ante el juez tanto en el legado de la escritora como en todas las aportaciones que tras 1938 se le hicieron a las Torres de Meirás, que apenas tenían entonces 30 años, para darle rango de nobleza “y pátina histórica” para que sea una notable residencia oficial de la Jefatura del Estado. 

El propio exguardés del pazo, llamado a declarar ante el magistrado este jueves como testigo de los Franco, confirmó, a preguntas de los abogados, que las figuras pétreas, relojes de sol medievales y elementos más destacados de la capilla de Meirás que reclama la familia del dictador estaban ya allí cuando en 2001 Carmen Franco empezó a restaurar y redecorar la mansión. Relató que la familia llevó entonces desde Madrid múltiples cajas con objetos y muebles para Meirás, aunque no citó nada de valor. “Había jarrones de barro, sofás, cómodas y camas”. Citó además, a modo de ejemplo de mobiliario aportado por los herederos del general golpista, “sillas de aluminio compradas en Portugal” para ornamentar el jardín o un atril añadido a la capilla que había realizado “doña Carmen” durante sus clases de restauración de objetos. 

Para la abogada de los Franco, son precisamente esas aportaciones y la dedicación de la única hija del dictador lo que demuestra que esos bienes deben ser considerados como ajenos a la propiedad una vez devuelta al Estado. El valor histórico o artístico de muchas de las piezas y obras de arte en disputa, arguyó la letrada, es “sustituible”. “Son elementos decorativos que no fueron colocados ahí con un fin permanente”, dijo. 

De hecho, la familia del dictador renunció a aportar al juzgado un informe sobre el carácter histórico-artístico de los bienes que pretende llevarse de Meirás. Solo entregó el informe realizado por un arquitecto sobre ·los sistemas de anclaje y sujeción“ de las esculturas y otros objetos, como un lavabo del cuarto de baño privado de Franco o alfombras pasilleras de escaleras interiores, que reclaman sus herederos. Una historiadora acompañó al arquitecto y otros profesionales que acudieron a Meirás, contratados por los Franco, para realizar ese informe pericial. Pero finalmente ante el Juzgado solo presentaron las conclusiones técnicas de cómo retirar, sin daños, los bienes en disputa y se excluyó el anexo sobre su valor histórico-artístico. ”La historiadora se echó las manos a la cabeza cuando vio lo que querían llevarse los Franco“, aseguró el letrado de la Xunta.

Oler las flores de un árbol que se extinguió hace más de un siglo en Hawái. Almacenar millones de copias de un álbum musical en un pequeño bote tras diseccionarlo en secuencias de ADN. O reflexionar sobre los límites de coches autónomos que conducen solos pero son incapaces de detectar aspectos fundamentales de la condición humana. Son algunas de las múltiples experiencias que se podrá explorar en la completa exposición sobre inteligencia artificial que traerá a A Coruña en septiembre Afundación de Abanca, de la mano del Barbican Centre de Londres y el Forum Groningen de Países Bajos, en colaboración con ILUX Visual Technologies. 

Crear vida artificial ha sido una obsesión humana desde hace siglos. Desde la ancestral religión sintoísta japonesa, veneradora de espíritus sobrenaturales que supuestamente habitan toda la naturaleza, o el medieval mito de Golem, esa figura de barro que, según la leyenda, cobra vida para defender a los judíos. Estos son los orígenes de los que parte la muestra Artificial Intelligence: More than human [Inteligencia artificial: más que humana] para ofrecer un amplísimo recorrido por la historia hasta hoy en día de un mundo de proyectos e innovaciones tecnológicas tan fascinantes como estremecedores o a veces, incluso, aterradores.

Allí se expondrán desde los trabajos de la pionera de la programación informática, la condesa Ada Lovelace, y la máquina analítica de su contemporáneo Charles Babbage, considerada ancestro del primer ordenador, hasta las placas del famoso Deep Blue que se enfrentó al campeón del mundo de ajedrez Gary Kaspárov, así como numerosos brazos robóticos con funciones variopintas y diminutas piezas tecnológicas que en la actualidad ya son de uso cotidiano en el mundo de la salud. 

Incluso se podrá acariciar y jugar con un ejemplar del famoso perro robótico Aibo, desarrollado por Sony y que hoy es huésped habitual en residencias de mayores y hospitales de Japón. Es una de las claves más atractiva de esta gran exposición que ocupará todo la sede coruñesa de Afundación: los visitantes están llamados a no sólo ver y descubrir el pasado y la actualidad más novedosa de la inteligencia artificial (IA), sino también a interactuar directamente con múltiples instalaciones y proyectos, sean o no de uso práctico.

“Se trata precisamente de vencer ese temor o miedo que nos produce a veces la inteligencia artificial, que la gente la entienda y vea su infinita capacidad al poder interactuar con ella”, explica Alba Meijide, comisaría de la muestra.

Es una experiencia espeluznante poder sentir algo que nosotros mismo destruimos hace más de un siglo

Alba Mejide — Comisaria de la exposición

Una sección de la exposición está dedicada a la vida artificial (A-life) y su aplicación a la evolución humana, explorar cómo el aprendizaje automatizado refleja el funcionamiento del cerebro. Meijide, ingeniera especializada en IA, destaca que son muchas las áreas científicas que se centran en la vida artificial y abre campos para aumentar la esperanza de vida o grupos de alimentos. Así se logró recrear el ADN de un árbol que poblaba los campos de lava de Hawái pero se extinguió en 1912. En A Coruña, los visitantes podrán, gracias a esa tecnología, oler las flores de ese árbol. “Es una experiencia espeluznante poder sentir algo que nosotros mismo destruimos hace más de un siglo”, comenta la comisaría. 

Es otro de los objetivos de la muestra, reflexionar también desde un punto de vista ético y crítico sobre desarrollos u obras de inteligencia artificial. “Su capacidad es infinitiva pero también queremos que la gente se interrogue sobre sus limites y hagas sus propias evaluaciones sobre lo peligroso que puede llegar a ser”. Como ocurre con algunas armas automatizadas que se expondrán en la muestra. O con los coches autónomos. Habrá un simulador de conducción en el que se podrá analizar las emociones del conductor y reflexionar sobre la implicación de esos vehículos “autoconducibles” que aparentan ser muy seguros pero, sin embargo, son incapaces de detectar algunos peligros o detenerse ante un peatón de piel oscura. 

Fascinante resulta, por ejemplo, la obra desarrollada por la banda musical británica Massive Attack que logró recrear, gracias a la inteligencia artificial, ADN sintético para codificar sus álbumes y meter en pequeños botes millones de copias. Un proyecto que permite mostrar cómo algo tan biológico como el ADN podría permitir, gracias a la tecnología, almacenar en el futuro ingentes cantidades de datos. 

Un mundo tecnológico en el que también cabe el arte y la creación. La gente podrá llevarse de la exposición, gracias a una instalación desarrollada por Google, un poema inédito y personalizado, redactado en un inglés del siglo XIX a partir de una foto y una palabra de su elección. 

Galicia, candidata a sede estatal de la IA

Esta macroexposición, tras su paso por Londres y China, se quedará cinco meses en A Coruña, de septiembre a febrero de 2023. La fundación de Abanca, según destacó su presidente, Miguel Ángel Escotet, pretende con ello contribuir a que Galicia, candidata a albergar la nueva Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial (Aesia), sea vista como un espacio de referencia en este ámbito. “Es una disciplina decisiva para el crecimiento del mundo y aportamos conocimiento de valor”, afirmó. Ante la próxima convocatoria del Gobierno para decidir la sede de la futura agencia pública, múltiples empresas y entidades manifestaron su apoyo a la candidatura gallega, como es el caso de grandes tecnológicas mundiales, desde Google, Microsoft, Amazon Web, NTT Data o DXC Technology. Las españolas Telefónica, Vodafone, Altia o Indra también apuestan por albergar en Galicia la nueva entidad estatal de IA.

“No podemos seguir acordándonos del fuego solo en verano”, se lamenta estos días Alberto Varela, presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp). Es una letanía constante, que se repite año tras año cuando arranca el dispositivo contra los incendios forestales en Galicia, considerada el polvorín de España, al concentrar el 29% de los fuegos. La ausencia de medidas preventivas más amplias en una comunidad con alta densidad boscosa –el 65% de su superficie es monte– concentra las quejas de alcaldes y agentes forestales.

La maleza es copiosa tras un invierno seco y una primavera anormalmente calurosa, con temperaturas tres grados por encima de la media. La vegetación ha vuelto a cubrir los caminos y franjas de seguridad desbrozados en abril. Y la prealerta por sequía decretada en las cuencas hidrográficas Galicia-Costa y Miño-Sil ha disparado el riesgo y preocupación ante un verano que se anuncia complicado. Tanto que la Consellería do Medio Rural ha ordenado una práctica que lleva años sin realizar: quemas controladas en los montes para reducir el nivel de biomasa, especialmente fértil este año y un combustible idóneo para aumentar la voracidad de cualquier fuego. 

En pleno despliegue del Plan de prevención y defensa contra incendios forestales de Galicia (Pladiga), con un operativo de 7.000 personas cuya contratación aún está en curso estos días, los alcaldes se quejan de la enorme burocracia y dificultades que tienen que afrontar para hacer cumplir la obligación de mantener limpias las franjas de seguridad alrededor de edificaciones y núcleos de población. “Supone una gran carga de trabajo dedicarnos a enviar requerimientos a los propietarios de fincas para que desbrocen sus terrenos, faltan medios y lo más difícil es identificar a los dueños”, resume Varela, alcalde de Vilagarcía de Arousa (Pontevedra). El abandono del campo y el minifundio, tan característico en Galicia, convierten en muy compleja la labor de los ayuntamientos de velar por una limpieza preventiva de montes y terrenos. 

Reunidos el pasado 7 de junio en Santiago por la Fegamp, los 271 alcaldes adscritos al convenio de gestión de las franjas secundarias pusieron de manifiesto lo mucho que les cuesta identificar a los propietarios de fincas que deberían estar libres de maleza. “Y a muchos de los vecinos a los que notificamos su obligación de mantener limpias sus terrenos son personas mayores, con pequeñas pensiones, que no pueden hacerlo”, destaca el presidente de la Fegamp. Recuerda que la vegetación es tenaz en esta época del año, y el desbroce ha de hacerse casi cada mes en fincas, bordes de carreteras y caminos. Una labor ingente y costosa para que la faltan medios. 

Para los alcaldes, sería de utilidad contar con herramientas digitales para facilitar la identificación de los propietarios y reducir la burocracia para enviar los requerimientos. La ley contra incendios prevé que las franjas de seguridad de 50 metros alrededor de edificaciones y núcleos de población deben estar limpias antes del 31 de mayo. Prohibidas también están las especies que arden con más facilidad como los pinos, los eucaliptos y las mimosas. Quien no cumpla con esa obligación se expone a sanciones de entre 100 y 10.000 euros. “Cuesta. No es fácil pero tampoco queremos llegar abrir procedimientos de multas coercitivas”, remarca Alberto Varela. 

La prevención es “deficiente”, faltan “políticas de montes” que no sean temporales, se quejan los alcaldes. Desde la CIG, respaldan el lamento. “No hay más fuegos en agosto que en octubre; los inviernos son cada vez más secos. Las labores preventivas han de ser constantes, no temporales, y deberían haber una estrategia y una iniciativa públicas que vayan más allá de estar desbrozando todo el año”, comenta Zeltia Burgos, responsable del sindicato nacionalista en la Administración autonómica y agente forestal de profesión. No todo debe concentrarse, como ocurre desde hace décadas, en la extinción del fuego, sino que “hay que buscar alternativas”, añade Burgos, que propugna la profesionalización del servicio de lucha contra los incendios, lo que permitiría que estuviese operativo todo el año para realizar labores de prevención en los montes.

La precariedad laboral de 3.000 agentes del Pladiga contratados como trabajadores fijos discontinuos durante tan sólo medio año es brutal, afirma la sindicalista. Una ley estatal les prohíbe trabajar en el sector público, ni siquiera en entidades como la Cruz Roja, subraya Burgos, durante los meses de invierno en los que no está operativo el Pladiga. Una norma que no solo hace que los brigadistas tengan salarios anuales por debajo del umbral de la pobreza sino que les impide, como ocurría hace años, trabajar en la limpieza de los montes durante el invierno.

Brigadas envejecidas y mal equipadas

La cobertura de plazas es, no obstante, “más ágil que hace años”, reconoce la responsable de la CIG, y se avanzó en la formación del personal. Pero el equipamiento es deficiente, los medios materiales son de peor calidad, y las brigadas no está lo suficientemente cubiertas para atender fuegos cada vez más peligrosos. Los bomberos forestales carecen de bombas de oxígeno, como recomienda Inspección de Trabajo, y no se determinan zonas de refugio en las que abrigarse en caso de verse atrapados por las llamas en un incendio, enumera Zeltia Burgos. Pone además el acento en un problema del que no se habla: el envejecimiento de los brigadistas forestales en Galicia. La media de edad supera los 50 años “y son muchos los que ya tienen más de 60”, lo que incide en la capacidad de reacción para combatir las llamas. Un bombero forestal interviene cada año en una media de 300 incendios, una elevada exposición al fuego que suele pasar factura en la salud. No son pocos los que tras 30 años trabajando en la lucha contraincendios padecen problemas pulmonares o alergias que no son considerados enfermedades profesionales y tampoco pueden acogerse, como sí ocurre en otras profesiones de riesgo, a una jubilación anticipada con coeficiente reductor. 

Al personal contratado por la Xunta para esta campaña contraincendios, según las cifras del Pladiga 2022, se añaden 2.149 trabajadores de ayuntamientos y parques comarcales. Son casi un 12% menos (284) que el año pasado. Desde la Fegamp, apuntan que se retrasó la resolución de las subvenciones autonómicas para formar las brigadas municipales, cuya contratación se está realizando en estos momentos, un poco más tarde de lo habitual. En lo que sí se avanzó, y mucho, es en la participación e implicación de los ayuntamientos en la lucha contra los fuegos forestales: el 75% de los 313 que hay en Galicia ya cuentan, por primera vez, con un plan municipal contra incendios aprobado o en tramitación.

La Corporación Radio e Televisión de Galicia (CRTVG) acaba de ser condenada por el Tribunal Superior de Xustiza (TSXG) por haber sancionado a uno de sus trabajadores, Carlos Jiménez. El alto tribunal considera probado que esa sanción, ahora anulada, “no es ajena a un móvil atentatorio” del derecho fundamental a la libertad de expresión. Para los jueces del TSXG, no hay duda de que se abrió expediente sancionador a Jiménez, el 6 de noviembre de 2018, “por su participación activa en los ‘Venres Negros’”, las protestas que cada semana protagonizan trabajadores de la televisión y radio gallegas contra la manipulación informativa en los medios públicos.

Con esta sentencia, el alto tribunal confirma en todos y cada de sus puntos el fallo inicial del Juzgado de lo Social número 1 de Santiago y condena al Ente gallego a anular la sanción impuesta además de indemnizar al locutor con 6.251 euros “por daños y prejuicios por vulneración de derechos fundamentales”. Esta sentencia constituye un varapalo para los directivos de los medios públicos gallegos, dado que les condena por vulnerar la libertad de expresión y echa por su tierra sus esfuerzos en denigrar las protestas que desde mayo 2018 se repiten cada viernes en defensa de la TVG y Radio Galega.

El propio Ministerio Fiscal se había opuesto al empeño de los directivos de la CRTVG en recurrir el primer fallo judicial. Consideraba “acertados los argumentos esgrimidos” por la magistrada de lo Social y ahora ratificados por el alto tribunal.

El trabajador, vinculado a la radio pública, participaba activamente en las redes sociales en las movilizaciones de los ‘Venres Negros’, según recoge los dos fallos judiciales, y los tribunales no albergan dudas de que su activismo en denunciar la manipulación informativa en los medios públicos de Galicia tuvo que ver con el expediente sancionador que se le abrió, en noviembre de 2018, por supuestamente carecer de autorización laboral para compatibilizar sus funciones en la radio con la de locutor y presentador de varios programas de productoras privadas que emite la TVG como ‘Cos pes na Terra’ y ‘Polo rego’. La dirección de la CRTVG resolvió sancionarlo en marzo de 2019 por falta grave y le impuso una suspensión de empleo y sueldo durante nueve días. 

Carlos Jiménez denunció su sanción en los tribunales y el Juzgado de lo Social número 1 de Santiago le dio la razón en diciembre del año pasado. Ese primer fallo, ahora ratificado en su totalidad por el Tribunal Superior de Galicia, anuló el expediente disciplinario y condenó a la CRTVG a pagar 6.251 euros por vulnerar dos derechos fundamentales del trabajador, el de la libre expresión y el de tener una tutela judicial efectiva.

Y es que además de vulnerar su derecho a participar en las protestas contra la manipulación informativa, el TSXG confirma también que la compañía de medios públicos de Galicia “no probó que la sanción hubiese obedecido a un propósito ajeno a las represalias por las acciones ejercitadas” por el trabajador para que se le reconociese la relación laboral indefinida en la Radio Galega. Jimenez, entre 2015 y 2018, demandó y ganó múltiples demandas contra el Ente gallego para que se le reconociese su contrato y retribución como trabajador indefinido. Las magistrados del alto tribunal gallego recuerdan que la CRTVG “era conocedora de la continua labor del actor pública y notoria” como locutor y presentador en varias productoras, por lo que no cabía sancionarlo por supuesta incompatibilidad.

Contra esta sentencia cabe presentar recurso de casación. Fuentes de la CRTVG han asegurado a Europa Press que están “estudiando si se recurre” este fallo. 

Cartas de cese

El sindicato CUT acogió que esta nueva resolución judicial como el “cierre de manera significativa de una batalla estéril de la CRTVG para el encubrimiento de sus propios actos, como la persecución hacia trabajadores y trabajadoras del medio que se habían comprometido en la denuncia de la manipulación informativa ». La organización exige que ”de inmediato“ se abra ”un proceso“ en el Ente público para que los directivos responsables de la decisión disciplinaria respondan ”por su gestión partidista, caciquil y oscurantista del medio“, al tiempo que espera que lleguen ”las correspondientes cartas de ceses para evitar que estos hechos se sigan repitiendo“.

“Superamos la pandemia”. “Salimos reforzados de la crisis”. Los datos avalan el optimismo “e ilusión” que reinan en los despachos de Estrella Galicia: la compañía Hijos de Rivera cerró 2021 batiendo récords. La facturación aumentó un 27,4% (610,4 millones de euros), los beneficios después de impuestos se dispararon casi un 80% (94,9 millones de euros) y la plantilla es un 15,8% más grande (1.448 personas, el 90% con contrato indefinido). Las ventas de cerveza crecieron un 28%, ya representan 436 millones de litros, y las de agua subieron un 16,4% (189 millones de litros). Fue un buen año, pese a que aún estuvo muy marcado por las restricciones impuestas por la COVID, como el cierre generalizado de la hostelería en el primer trimestre. Y las perspectivas, según remarcó este jueves el presidente de la corporación, Ignacio Rivera, son seguir creciendo pese a la inflación y un contexto general “complicado”. 

Estrella Galicia, de momento, “resiste” y no repercute en los precios de venta de sus productos el gran incremento de los costes de materias primas o de logística que está sufriendo por la actual crisis económica. El precio del vidrio y del aluminio de las latas y chapas se disparó. “Estamos aguantando, pero veremos cómo termina esto. A finales de año se vera. Y 2023 será, creo, un año de resaca”, comentó Rivera en la presentación del balance anual de la corporación, en el que calificó de “históricos” los resultados.

Estrella Galicia cuenta con un potente plan de inversiones de más de 600 millones de euros, “una cifra que es una salvajada y cambiará la organización en 2024”, vaticinó su presidente ejecutivo. Arranca estos días la construcción de su segunda fábrica, en Sao Paulo (Brasil), que esperan que esté operativa dentro de un año. Permitirá impulsar la internacionalización de la compañía, que engloba ahora 31 empresas en ocho países y comercializa sus productos en 60 países. Las nuevas instalaciones en A Coruña, que se expandirán en el polígono de Morás (Arteixo), ante la imposibilidad de extender más la actual sede del polígono coruñés de A Grela, están previstas para 2024. 

Estrella Galicia tiene por meta intentar alcanzar, a medio plazo, una facturación de 1.000 millones de euros. “Un sueño”, dice Rivera, aún lejano pero factible, pese a las complicadas coyunturas económicas. Insistió mucho el máximo presentante de la corporación gallega en que tampoco esperaban tan buenos resultados en 2021. Fue, en su opinión, la reorganización interna de arriba abajo que llevó a cabo lo que le permitió batir récords. “Sin ella, no estaríamos aquí. Muchos de nuestros distribuidores nos afirmaron que por el hecho de que nosotros no hicimos un ERTE, les obligó a no cerrar y resistir”, cuenta Rivera. De hecho, las restricciones de la pandemia dieron también un vuelco al negocio de Estrella Galicia. Antes de la COVID, el 75% de sus ventas eran en la hostelería. Ahora, los supermercados ya representan el 49%. Y todo eso obligó a la cervecera a adaptar sus lineas de producción a las nuevas tendencias de consumo, ya que al aumentar las ventas domésticas, se usan más latas y botellas no retornables, y aumentan los costes. La apuesta de la compañía es también “dar un salto importante” en el mercado del comercio digital, con planes de completar su oferta de productos con otras marcas artesanales. 

Entre los planes está también lanzar este año una nueva marca de cerveza. Siempre con el principio de “no ser los más vendidos, sino los más queridos”, subrayó Ignacio Rivera. El presidente de Estrella Galicia comentó que el crecimiento de las ventas fue generalizado en todos los productos, aunque la gama de cervezas fue la que alcanzó mayores récords, con 100 millones de litros más que antes de la pandemia. 

El espectacular e imparable aumento de alojamientos de uso turístico en Galicia (un 2.677% en cinco años) ha convertido en un viacrucis alquilar una vivienda en las ciudades. Salvo en Ferrol y Ourense, en las demás urbes gallegas la bolsa de pisos en el circuito convencional es ya de tres a cuatro veces inferior a la de alojamientos vacacionales. Frente a 14.512 viviendas censadas por la Xunta para usos turísticos en la comunidad autónoma, las disponibles para alquileres tradicionales son tan solo 3.500, según datos del sector inmobiliario.

El problema es especialmente sangrante en Santiago de Compostela, donde la oferta de pisos de uso turístico (708 registrados por la Xunta en abril de este año) casi multiplica por cinco los destinados a arrendamientos (160 en la actualidad). Escaso o nulo resultado tuvieron hasta ahora los múltiples intentos de las administraciones públicas para poner coto al imparable aumento de propietarios que prefieren ofrecer sus viviendas para estancias cortas en plataformas como Airbnb o Booking. Una opción que resulta mucho más rentable que tener inquilinos a largo plazo. Pero puede que en Galicia se reduzca en breve este fenómeno que revolucionó la forma de viajar y el sector turístico en todo el mundo. Dos nuevas sentencias del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) abren la puerta a los ayuntamientos gallegos, tras sufrir varios varapalos en últimos años, a regular y limitar los pisos de uso turístico.

Fue primero el fallo del pasado mes que avala a la corporación de Pontevedra, ciudad donde las viviendas vacacionales (299) triplican a las comercializadas con rentas mensuales (110), a restringir los alojamientos para turistas a apartamentos situados en bajos o planta primera de edificios residenciales. Y además de la obligación de registrarse en la Xunta como vivienda de uso turístico, deberán obtener a mayores licencia municipal.

La segunda sentencia llegó este viernes y da un importante respaldo a las autoridades locales de Santiago para actuar. Ratificar la necesidad de contar con permiso del Ayuntamiento para ofrecer un piso en webs que ponen en contacto directo a propietarios y huéspedes. El alto tribunal gallego decreta que debe regirse como una actividad económica y terciaria, a semejanza de hoteles y otros establecimientos hoteleros sometidos a rigurosos controles y normativas. Una doctrina que abre un importante cambio en la evolución hasta ahora desaforada de los pisos turísticos en Galicia.

Y tercer punto trascendental de una sentencia saludada como “rotunda” por el equipo de gobierno compostelano: el Plan especial de protección de su casco histórico, vigente desde 1997, ya regula “claramente” el uso turístico de las viviendas, al estipular que solo puede plantearse en “edificios específicos”, íntegramente dedicados a alojar viajeros. Este recordatorio judicial pone en la picota a cientos de pisos ofertados hoy en portales turísticos.  

Una capital “colonizada” por turistas

Santiago es, después de Sanxenxo –epicentro de las Rías Baixas del alojamiento para turistas en residencias privadas–, el segundo municipio gallego con más plazas en pisos de uso vacacional: concentra 3.599, según el registro de la Xunta de abril 2022, un 4,7% de las existentes en la comunidad autónoma. Le siguen Vigo, con 2.889 (un 3,8% del total), y A Coruña, con 2.693 (un 3,5%).

En la ciudad viguesa, la más poblada de Galicia, el crecimiento es muy fuerte. En tan solo año, se crearon unas 800 plazas en pisos turísticos. Ahí también se registró un vuelco, con 734 viviendas ofertadas para los visitantes frente a 675 disponibles para el alquiler, según los datos del registro de empresas y actividades turísticas de la Xunta y del sector inmobiliario. Poco le queda para que ocurra otro tanto en A Coruña, con 600 pisos para alquilar, apenas una veintena más que los disponibles para estancias vacacionales.

Vivir en alquiler en el casco histórico de la capital gallega, declarada Patrimonio de la Humanidad y punto de destino de millares de visitantes y peregrinos del Camino, es ya prácticamente imposible. Son cientos los pisos ofertados solo a turistas para cortas estancias. “Un drama que colonizó el resto de la ciudad, con barrios residenciales enteros en los que ya no hay oferta para estudiantes o familias”, reconoce la concejala de Vivienda de Santiago, Mercedes Rosón. “Ha provocado una pérdida de identidad insoportable”, resalta. La presión turística es enorme y ha desplazado su secular esencia universitaria, además de dificultar el asentamiento de población en una ciudad de “pequeña escala” con un censo de 97.858 habitantes. “Solo quedan tiendas de regalos y souvenirs en la zona monumental, eso hace que tampoco nadie quiera comprar o alquilar vivienda”, alertan desde la Asociación Galega de Inmobiliarias (Agalin). Calcula que el precio de los alquileres, que se sitúa en una media de entre 400 y 600 euros mensuales, se ha disparado un 15% en Galicia porque la demanda es muy alta y la oferta mínima. También se resiente la calidad, cada vez menor, de los pisos reservados para inquilinos tradicionales. “Bajó mucho, quedan los restos que, como no hay alternativa, son cada vez más caros”, ratifica Benito Iglesias, desde la Federación Galega de Empresas Inmobiliarias.  

Nuevas limitaciones

“El problema es muy serio, un drama, y hay que ponerle freno pero la batalla es complicada”, comenta la edil compostelana de Vivienda al recordar que ya el anterior gobierno local trató, sin éxito, de prohibir los pisos de uso turístico en el casco histórico de Santiago con el fin de preservar su uso residencial, ahora fuertemente mermado. Hasta tres sentencias del TSXG anularon en 2021 ese artículo del plan de ordenación urbana de la ciudad. Y otro fallo del alto tribunal gallego en enero de este año obligó a la Xunta y el Ayuntamiento a registrar las solicitudes de propietarios de viviendas en el casco histórico compostelano a los que habían denegado la autorización para ofrecerlas en webs de alojamiento turístico.

Pero los intentos y promesas del ayuntamiento de la capital de regular y ordenar esa oferta “sin prohibirla” se desbloquean ahora con la última sentencia, según anunció este viernes Mercedes Rosón en el congreso de Agalin. La concejala reafirmó la intención del Ayuntamiento de Santiago de aprobar en breve una regulación que ordene y acote definitivamente los pisos de uso turístico, reduciéndolos al mínimo en la zona monumental de la ciudad. Confía en que muchos propietarios desisten de esta opción si ya no resulta tan rentable como hasta ahora al tener que obtener licencia municipal, pagar más tasas y someterse a mayores restricciones.

Al igual que Pontevedra, la capital gallega quiere restringir esa oferta a determinados barrios de la ciudades y permitir que solo bajos o primeras plantas de edificios residenciales se dediquen a alojar temporalmente viajeros. “Crean muchos conflictos de convivencia vecinal, antes había muchos partes de la Policía local por fiestas de estudiantes, ahora son por las que organizan turistas en pisos”, comenta Rosón.

Otra de las grandes novedades de la futura normativa compostelana es que se acotarán los alojamientos temporales en propiedades privadas a un total de dos meses por año. Grandes capitales como París ya limitaron hace tiempo las ofertas en portales turísticos a cuatro meses anuales. En Galicia, es la primera vez que se plantea. “No se trata de prohibir la economía colaborativa, sino de regularla”, insistió la edil.  

Más inspecciones

Cualquier ordenación y regulación de los pisos de uso turístico debe reforzarse con más inspecciones y sanciones, reclaman tanto desde el Clúster de Turismo de Galicia como desde el sector inmobiliario. Agalin calcula que son más de 1.000 los existentes en Santiago cuando en la Xunta solo están oficialmente inscritos 708, y apenas 36 cuentan con licencia municipal. El Ayuntamiento no confirma este extremo pero asegura tener datos precisos de la cifra real de viviendas turísticas dado que estuvo meses rastreando y localizando todas las que figuran en la veintena de webs que ofrecen alojamiento vacacional en Santiago. En los despachos municipales, empezaron a abrirse decenas de expedientes contra propietarios que ofrecen sus casas a viajeros sin tener permiso oficial.

Sanxenxo, la localidad gallega con más plazas (11.413) y concentración de pisos de uso turístico por habitante, tiene tres veces más “sin darse de alta”, asegura Cesáreo Pardal, presidente del Clúster del Turismo. Insiste en la necesidad de regular esa alternativa como cualquier otra actividad hotelera para “ganar excelencia turística y jugar todos con las mismas cartas”. “Las inspecciones siempre son solo para el que tiene un cartel en la puerta” y está sometido a estrictas normas hoteleras de seguridad, higiene y ruidos, se queja.

El 'caso Déborah' es el de “cuando matar a una niña de 22 años sale tan barato”, en palabras de Rosa, la hermana de la joven viguesa que fue vista con vida por última vez a 400 metros de su casa, el anochecer de un 30 de abril. Ocurrió hace este sábado 20 años. El aniversario es doblemente triste porque que vence el plazo legal para que prescriban, sin resolverse, las diligencias abiertas por delito de homicidio o asesinato de Déborah Fernández-Cervera, cuyo cadáver, desnudo y manipulado, aunque sin signos de violencia, fue encontrado el 10 de mayo de 2002, diez días después de desaparecer, en una cuneta en el municipio de O Rosal (Pontevedra), a 40 kilómetros de su domicilio. 

Al cumplirse dos décadas de una causa marcada por innumerables obstáculos, torpezas y fallos en las investigaciones así como múltiples sobresaltos judiciales y policiales, el Juzgado de Instrucción número dos de Tui (Pontevedra) archivará, por prescripción legal, el caso. La Fiscalía no pedirá ninguna prórroga. Solo quedarán abiertas las diligencias iniciadas en febrero pasado contra el exnovio de la joven, único imputado, en calidad de investigado. No se podrá indagar la participación en el crimen de nadie más. El juzgado deberá determinar la participación o no del hoy empresario vigués que mantuvo una relación sentimental con Déborah. Si considera que hay sospechas sólidas, el caso irá a juicio. De lo contrario, se cerrará definitivamente. 

“No es el final del proceso, el camino sigue, queda mucho por recorrer, hay por delante otros 20 años para investigar al imputado”, asegura Rosa Fernández-Cervera, la hermana de Déborah. La familia de la joven estudiante sigue sin darse por vencida. Fue su lucha, incansable, frente a una “desastrosa y negligente” investigación policial en los primeros años, la que consiguió reabrir en 2019 el caso por homicidio o asesinato. Había sido archivado inexplicablemente nueve años antes como muerte natural. Fueron también los padres y hermanos los que obligaron a la Justicia a practicar, casi dos décadas después, nuevas diligencias, oír a testigos que nunca habían sido citados, exhumar el cuerpo de la joven para tratar de extraer fibras y ADN y abrir nuevas líneas de investigación. “Tuvimos que aprender de leyes, de investigación judicial, de autopsias, de pruebas genéticas…”, recuerda Rosa en declaraciones a Europa Press. Si la jueza de Tui desestima la participación del exnovio y da el carpetazo definitivo al caso, la familia afirma que acatará la decisión. “Pero no será el final para mí, quiero saber quién mató a mi hermana”, añade Rosa.

La tarde del 30 de abril de 2002, Déborah salió a correr por el paseo marítimo de Samil, cerca de su casa en Vigo. Se encontró con una prima y le contó sus planes de acercarse a un videoclub para alquilar una película francesa. Fue vista por última vez antes de las nueve de la noche, a unos 400 metros de su casa. La Guardia Civil dio enseguida crédito a la alarma de su familia, admitió la denuncia la mañana del 1 de mayo y lanzó la búsqueda. Diez días después, a 40 kilómetros de distancia, una vecina de O Rosal encontró su cadáver colocado en una cuneta. Estaba rodeado de pistas que resultaron ser falsas. 

La investigación policial fue “nefasta”, denunciaron los abogados de la familia. Fueron ignorados un sinfín de indicios y no se indagaron contradicciones de testigos, entre ellas las del exnovio de la joven, que llegó a declarar cuatro veces ante la Policía en 2002. Hubo diligencias que llegaron tarde o incluso nunca al juzgado. No se realizaron en su momento comprobaciones que, casi dos décadas más tarde, resultaron importantes, como la inspección del coche de su expareja o el análisis del ordenador de la joven estudiante en Diseño Gráfico. Muchos años después, se comprobó que el disco duro fue “manipulado concienzudamente para borrar su contenido”. Alguien experto en informática no dejó rastro alguno en un dispositivo que se recogió, sin orden judicial, de la casa de Déborah en 2006 y permaneció supuestamente desde entonces en dependencias policiales. Es una de las muchas irregularidades del caso. Más hechos que no tienen explicación: no se rastrearon las llamadas realizadas o recibidas por el exnovio en aquellos días ni se sabe por qué hay números en blanco en el listado telefónico de Déborah.  

“Muerte natural”

Es larga la lista de actuaciones policiales y judiciales inexplicables, sorprendentes o contradictorias en estas dos décadas. En 2010, ocho años después desaparecer la joven, un nuevo equipo policial se hizo cargo del caso y presentó ante el juzgado el denominado 'informe Arkano', que dirigía con contundencia todas las sospechas hacia el exnovio, dadas las múltiples contradicciones en sus declaraciones ante la Policía. Ese atestado establecía como hipótesis más plausible que Déborah se fue voluntariamente con una persona cercana aquella tarde de 2002 y que su muerte se produjo por sofocación o por acción criminal. Incidía el informe en las máximas precauciones que tomó la persona implicada para confundir a los investigadores y crear pistas falsas, como, entre otras, un pañuelo y un preservativo que aparecieron junto al cadáver. El semen encontrado en el interior del cuerpo fue analizado sin que se pudiese relacionar con nadie. Pero se comprobó que había sido introducido post mortem. 

Ese demoledor informe no resultó suficiente para el juzgado, que decidió, poco días después de recibirlo, archivar el caso. Consideró que no había pistas sólidas para imputar a nadie. Déborah murió oficialmente “por causa natural”. Que los análisis forenses revelasen que su cuerpo estuvo varios días en un lugar que permitió su conservación, como una cámara frigorífica, antes de ser trasladado y dejado en una cuneta de O Rosal, tampoco mereció mayores indagaciones hasta 17 años después. 

Reapertura del caso en 2019

El incesante empeño de la familia para hacer justicia fue el que forzó a reabrir el caso en noviembre de 2019, nueve años después de su primer archivo, al reunir nuevos informes, pruebas y testigos. El Juzgado de Tui retomó la causa, y se sucedieron desde entonces, con casi 20 años de retraso y siempre a instancias de los parientes de la joven, la exhumación del cadáver en mayo de 2021, múltiples cotejos de ADN y la inspección del antiguo coche del exnovio y de un arcón congelador de su propiedad. 

Desde febrero de este año, desfilaron ante el juzgado antiguos y nuevos testigos. Fue la Audiencia Provincial de Pontevedra, también a petición de la familia, la que obligó a la jueza a llamar a declarar como investigado al exnovio. Era la primera vez que la Justicia imputaba a alguien por este crimen sin resolver y propició que el caso no se haya cerrado del todo ahora que se acaban de cumplir 20 años de la desaparición de la joven. 

Su excompañero acudió el pasado 11 de marzo al juzgado. Durante dos horas contestó a preguntas de la jueza, de su abogado y del fiscal, siempre defendiendo su inocencia. Sostiene que ya no tenía contacto con la chica, que habían roto su relación tiempo atrás. La defensa del exnovio insiste en que no hay prueba genética alguna que lo implique y pide el archivo de las diligencias aún abiertas. No está relacionado con ninguna de las muestras aparecidas en el cadáver tras su exhumación en mayo de 2021, insisten los abogados del hombre. Encontraron ADN de un varón en un pelo aparecido en el pie de la joven en 2002. Pero esa vía que apuntaba a un testigo, un vecino de Déborah que había asegurado haber visto en 2002 cómo se manipulaba un cuerpo en el interior de una furgoneta, tampoco resultó concluyente. La jueza la cerró definitivamente hace unos días. 

Para la familia, la lucha por averiguar qué le ocurrió a Déborah continúa pese a todo. Rosa, su hermana, dice que, cuando el sistema los ha dejado “desamparados” y “cuando no hay autocrítica y matar a una niña de 22 años sale tan barato”, esa es la única vía que les queda. “Hay una frase de Montesquieu que dice que cualquier injusticia sobre una persona representa una amenaza para todos los demás. Esa frase me removió el alma y supe que debía hacer lo imposible por conseguir justicia para Déborah. Conseguirlo es una forma de que su muerte no fuese en vano, al menos permitiría que la persona que hizo tal atrocidad y que causó tanto dolor en tantos de nosotros no pudiese volver a hacerlo”, reflexiona.

En las calles y comercios de la zona nueva de Santiago de Compostela, carteles con el lema 'Peleteiro, solución ya!' recuerdan que sigue de plena actualidad, pero sin ejecutarse, una gran operación urbanística proyectada hace 20 años. Tiene todos los ingredientes de la crisis que arrasó la economía y sociedad españolas en los tres primeros lustros de este siglo: burbuja inmobiliaria, quiebra de entidades financieras enfrascadas en desmesuradas promociones y afán por hacer negocio con un enorme y bien situado solar urbano al conseguir de los poderes públicos que aumente su edificabilidad.

La historia de la 'Operación Peleteiro' comenzó con el siglo, cuando los dueños de un colegio privado del Ensanche de la capital gallega, una institución laica y de élite abierta desde 1951, idearon un plan para trasladar sus instalaciones a las afueras y, en alianza con la desaparecida Caixa Galicia, reconvertir su céntrica propiedad (un terreno de más de 5.000 metros cuadrados) en un gigantesco centro comercial y complejo hotelero. Pero nunca se hizo.

“Han pasado cinco alcaldes, casi 20 años y la parcela sigue así, paralizada”, se lamentaba hace unos meses el actual regidor de Santiago, el socialista Xosé Sánchez Bugallo. Conoce de primera mano el accidentado expediente, reformulado múltiples veces mientras se sucedían gobiernos locales, demandas y sentencias judiciales, crisis del ladrillo y de la banca, cambiaban las normas urbanísticas y se redimensionaban los modelos de ciudad. La 'Operación Peleteiro' marcó los tres primeros mandatos de Bugallo en la alcaldía (1999–2011), así como las de sus sucesores, tres del PP (2011–2015) y uno de Compostela Aberta (2015–2019). Cuando el edil socialista retomó en 2019 el bastón de mando confiaba en resolver en meses el caso Peleteiro. Pero han pasado ya otros tres años, y el imponente edificio que albergaba el antiguo Colegio Manuel Peleteiro languidece tapiado, en estado de abandono total.

Había, sin embargo, hace tan solo un mes esperanzas de sacar adelante por fin y pronto un nuevo y reformulado plan especial para esa parcela, llamada ahora a restringir al mínimo la superficie comercial y primar la construcción de viviendas (el 20% de promoción oficial) así como de espacios para el uso y disfrute ciudadano, entre otros, una gran plaza pública de 1.400 metros cuadrados y un centro de día para mayores. La Xunta dio luz verde en febrero al proyecto cuyos detalles llevan años tratando de consensuar grupos municipales, vecinos y comerciantes, además de asegurarse el visto bueno de los actuales dueños del terreno, la Sareb –el llamado banco malo, que se hizo con bienes inmobiliarios tóxicos de entidades financieras como la extinta Caixa Galicia– y un fondo de inversión.

Incertidumbre

Pero una sentencia del Tribunal Supremo, la semana pasada, vuelve a teñir el plan de incertidumbre. El fallo da la razón a Abanca, la sucesora de la caja de ahorros gallega, y le permite recuperar el dinero perdido en aquella fallida operación urbanística (la construcción de un macrocomplejo comercial y hotelero) al declarar resueltos el contrato de compraventa de 2006 y el posterior acuerdo de 2010 que lo desarrolló.

La familia Peleteiro, considerada en gran parte por el Supremo responsable de que el proyecto no saliese adelante, deberá reintegrar a Abanca los 37,2 millones de euros que le pagó la antigua caja por la parcela. Y la entidad tendrá que transferirle los 12,49 millones que la Sareb abonó por hacerse con la propiedad, cuando Caixa Galicia, para sanear sus cuentas, se vio forzada por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) a deshacerse de bienes inmobiliarios ruinosos. El banco quedaría así con el saldo a cero, mientras que los Peleteiro sólo obtendrían por su antigua propiedad cuatro veces menos del precio (54 millones) pactado con la desaparecida caja de ahorros en pleno auge del ladrillo y de proyectos urbanísticos desmesurados.

Fue hace 20 años, cuando los herederos de Manuel Peleteiro pidieron y lograron del Ayuntamiento que mejorase la situación urbanística del solar ocupado por el colegio que lleva su apellido. En 2003, la administración local modificó en el plan urbanístico de la ciudad la calificación de la parcela de uso docente para que pudiese acoger actividades múltiples del sector terciario y duplicase su edificabilidad hasta el máximo legal (23.500 metros cuadrados).

Dos años después, se aprobó el necesario Plan Especial de Reforma Interior (PERI) que garantizaba a Caixa Galicia llevar a buen puerto su plan: derribar el edificio del antiguo colegio y construir en su lugar un gran complejo comercial y hotelero (de hasta 19.000 metros cuadrados), con un mínimo de viviendas (4.500 metros cuadrados) y 400 plazas de aparcamiento. El 29 de diciembre de 2006, con los trámites administrativos listos o en marcha, la caja de ahorros y la familia Peleteiro firmaron el contrato de compraventa del céntrico solar. En la escritura quedó detallado el proyecto de la entidad, que se daba unos dos años para construirlo. En la prensa local aplaudían la iniciativa presentada como una “locomotora económica” para Santiago.

Oposición vecinal y quiebra bancaria

La situación urbanística de la finca parecía asegurada. Pero había oposición vecinal y discrepancias en la familia propietaria. Cuando se firmó la compraventa del Peleteiro, en los tribunales estaban planteados nada menos que cinco contenciosos contra las decisiones urbanísticas adoptadas por el Ayuntamiento para ese macroproyecto inmobiliario de la antigua Caixa Galicia. Tres eran de vecinos de la zona y dos de una hermana Peleteiro.

En la primavera de 2009, dos meses antes de que el colegio cerrase y desalojase la finca, llegaron las dos primeras sentencias del Tribunal Superior Xustiza de Galicia y fueron demoledoras: anulaban, a demanda de vecinos, la modificación del plan de ordenación de la ciudad por no respectar en ese solar “los parámetros que debían destinar a uso residencial y espacios libres”. En otoño de ese mismo año, llega una tercera sentencia que anula el PERI por idénticos motivos. Caixa Galicia se escude en la crisis financiera para aplazar a 2011 su ambicioso proyecto en Santiago. Pero no tira la toalla. Mientras la Policía Nacional instala temporalmente su comisaría en el antiguo colegio durante la construcción en 2010 de una nueva sede, la caja de ahorros y la familia Peleteiro suscriben un nuevo acuerdo transaccional para hacer viable el proyecto inmobiliario inicial. Ambos se comprometen a colaborar para pedir al Ayuntamiento que resuelva los escollos urbanísticos abiertos por las primeras sentencias.

Pero en el convulso año 2012 todo volvió a paralizarse en los despachos municipales después de recibir otros dos fallos judiciales. Son esta vez del Supremo que, a instancias de una hermana Peleteiro, ordena cambiar la calificación de la finca: debe ser suelo urbano consolidado en contra de lo estipulado por el Ayuntamiento, que lo había catalogado como no consolidado. Ese cambio no afectaba al proyecto de Caixa Galicia pero sí a las arcas municipales que, en compensación por ese lucrativo proyecto urbanístico de iniciativa privada, había ingresado de la familia propietaria, antes de la compraventa, 2,6 millones de euros. El Ayuntamiento paraliza el expediente administrativo. La Xunta también le pide una reformulación del proyecto para cumplir con las exigencias de la ley del suelo. Estaba planificada demasiada superficie comercial y poca para usos residenciales y públicos.

Entonces se cruzó en el camino la reestructuración de la banca. Caixa Galicia, fusionada con Caixanova y transformada en banco la entidad resultante, que se bautizó NCG banco, pasó a manos del FROB. No abandonó la idea del centro comercial y en octubre 2012 pidió de nuevo al Ayuntamiento una modificación del plan de ordenación de la ciudad para legalizar su proyecto. Pero dos meses después fue obligada a transferir la finca a la Sareb por 12.495.924 euros, un precio cuatro veces inferior a lo pactado seis años antes. Para el FROB, estaba claro que ese solar era unos de los “activos tóxicos” de la maltrecha caja de ahorros porque había escasa probabilidad de ejecutar su promoción inmobiliaria.

Largo 'vía crucis' judicial

El enjambre de demandas y recursos judiciales siguió sucediéndose, lastrando hasta hoy la operación. Las sucesivas sentencias crearon mucha incertidumbre –algunas fueron revocadas, otras no. En su última sentencia, el Supremo considera “incuestionable” que la multitud de litigios planteados en los tribunales acabó por obligar al Ayuntamiento a paralizar el expediente urbanístico durante años, a la espera de sentencias judiciales en firme. El contencioso que dio la puntilla al lucrativo plan de la caja de ahorros, según el alto tribunal, fue el promovido por una hermana Peleteiro, quien no cejó entre 2005 y 2014 en su empeño de que los jueces cambiaran la clasificación de la finca familiar. Perdió al final.

El Supremo, en la sentencia de hace unos días que libera a Abanca de esta fracasada promoción urbanística, responsabiliza a la familia Peleteiro. Considera probado que ocultó a la antigua entidad la delicada situación judicial del proyecto cuando le vendió la finca en 2006, y que le mintió, ya que no desistió, como había prometido en la escritura del acuerdo alcanzado en 2010, de seguir adelante con las demandas judiciales. Los Peleteiro, dice el Supremo, “dilataron durante años la determinación de usos y aprovechamientos de la finca, haciéndola inhábil para finalidad de promoción inmobiliaria”.

Compleja situación actual 

La última sentencia del alto tribunal no afecta a la propiedad actual del solar, ni “altera la hoja de ruta” para obrar en ella, opina el alcalde. Pero, admite, “da la vuelta a la situación, produce una situación compleja”. Está también encallada por falta de acuerdo político y social. Los socialistas carecen, como sus antecesores de Compostela Aberta, de la mayoría absoluta (13 concejales) que les permitiría sacar adelante el nuevo proyecto consensuado, pero aún no del todo, con los habitantes de la zona, una de las más densificadas de la capital gallega. 

Vecinos y comerciantes siguen batallando, como rezan los carteles que pueblan el Ensanche compostelano, por abrir la gran plaza pública que sustituirá los ahora cerrados patios del viejo colegio hacia una calle estrecha y falta de luz (la de Républica Argentina) mientras el gobierno de Bugallo defiende orientarla hacia otra (San Pedro Mezonzo). Es la opción preferida también, por resultar más lucrativa, por los dueños actuales del terreno. Nadie se aventura a poner plazos al proyecto.     

Los dos únicos pesqueros de capital gallego y ruso, el Servenaya Zemlya y el Novaya Zemlya, faenan en la actualidad “con total normalidad” en aguas de la zona NAFO, en el entorno de Terranova, aunque preocupados por la incertidumbre de dónde podrán descargar sus capturas dadas las restricciones cada vez mayores adoptadas por la Unión Europea contra Rusia por invadir Ucrania. Aunque ambos tienen su puerto base en la localidad rusa de Murmansk y están abanderados en ese país, son barcos habituales de los muelles de Vigo y Cangas do Morrazo (Pontevedra), donde suelen descargar sus bodegas una vez repletas de fletán, bacalao o gallineta y realizar todas sus operaciones de mantenimiento y reparación. Sus tripulaciones, entre 50 y 60 hombres, también son mixtas, galaico-rusas.

Salieron de campaña pesquera el 4 de febrero y el 16 de febrero, respectivamente, desde el puerto de Vigo. Pero la ofensiva militar desatada hace una semana por Vladimir Putin en Ucrania ha dejado en el limbo su ruta de retorno a Galicia, prevista para abril. España ha pedido a la Unión Europea que se prohíba, como ya ha hecho Reino Unido, el acceso de buques rusos a puertos comunitarios y que se les niegue avituallamiento o combustible. De prosperar la propuesta española, no podrán adentrarse siquiera en las 200 millas territoriales de los Estados europeos.

“Son los efectos colaterales de la guerra, no hacemos política pero está claro que sufrimos el impacto de cualquier conflicto que engendra sanciones económicas y comerciales como las impuestas a Rusia”, explica Javier Touza, presidente de la Cooperativa de Armadores de Vigo (Arvi). Recuerda que la flota gallega de gran altura operan con 23 banderas distintas por los caladeros de todo el mundo en los que faena. Es el caso del Servenaya Zemlya y del Novaya Zemlya. Construidos en astilleros vigueses en 1984 y 2001, fueron bautizados Playa de Arneles y Arneles por su primer propietario, Pesquera Vaqueiro, uno de los grandes armadores gallegos del Gran Sol y de la zona NAFO. Para seguir faenando en esos caladeros, se constituyó en 2007 la sociedad mixta Zakharov Vaqueiro, con sede en Murmansk, y ambos arrastreros congeladores pasaron a tener nombres de archipiélagos ruso del Ártico.

Dónde descargar sus bodegas

Touza asegura que ambos pesqueros están, por ahora, “faenando con total normalidad”, y sus tripulantes están “tranquilos, en contacto permanente con su empresa”. La invasión de Ucrania y la escalada de sanciones impuestas a Rusia plantean un “gran problema logístico”, ya que nadie puede aventurar dónde podrán descargar sus bodegas en abril. Si se decreta, como pide España, la prohibición de acudir a puerto europeo, deberán descargar en Rusia pero el destino de sus capturas también se verá fuertemente impactado.

Hubo otros barcos gallegos abanderados en Rusia pero ahora son los dos únicos afectados. Touza recuerda que el conflicto con Crimea ya había acarreado el cierre de exportaciones al país de Putin y dado al traste con un lucrativo negocio pesquero de la flota gallega, que hasta 2014 suministraba 15.000 toneladas anuales de una especie del Atlántico sur, la nototenia (denominada 'marujito' por los patrones gallegos), muy preciada en Rusia. “Tuvimos que reorientar todas nuestras exportaciones a otros destinos, como África”, precisa Touza. Y ahora, la guerra desencadenada por Rusia en Ucrania también volverá a tener consecuencias para la flota gallega que opera en terceros países. “Nos costó mucho entrar en el mercado ruso con sociedades mixta”, comenta el presidente de los armadores vigueses. 

Era conocido como el 'rey de las verbenas' porque controlaba el sector de la industria cultural más potente y lucrativo de Galicia, el de las orquestas. Representante de 80, entre ellas las cotizadas y solicitadas Panorama, París de Noia o Combo Dominicano, Ángel Martínez Pérez, Lito, amenizó durante décadas la mayor parte de las fiestas populares de pueblos, villas y ciudades gallegas. Pero perseguido desde hace ocho años por defraudar a Hacienda, sumido en procesos judiciales, condenado en junio de 2021 a una pena de cárcel y una multa por no pagar impuestos -la sentencia está recurrida-, y aquejado por una enfermedad neurológica degenerativa, acabó por tirar la toalla. Lito murió este miércoles, a los 58 años de edad, tras precipitarse desde el puente de A Barca en su municipio natal, Poio (Pontevedra). 

Antes de que la pandemia silenciara las verbenas, difícil era para un ayuntamiento o una comisión de fiestas no acudir a la intermediación de Lito para organizar los festejos. Representaba a las más grandes y de mayor caché (unos 20.000 euros por actuación), las que garantizan un éxito de público, incluso en aldeas de apenas un centenar de vecinos. El empresario también se encargaba de ser imprescindible. Cuando empezaron sus problemas con el fisco, afloraron también quejas de alcaldes, hartos del “chantaje inaceptable” de Lito, en palabras del regidor de Monforte de Lemos (Lugo), que denunció que exigía “gestionar todas las fiestas” de un lugar para poder contratar a una de las más codiciadas, la Panorama, fundada por él. Para las populares fiestas de la Ascensión en Santiago, la decisión del Ayuntamiento de prescindir en 2014 de los servicios de Espectáculos Lito le valió una contraprogramación de órdago: la Panorama y el Combo actuaron por la mitad de su precio habitual en una pequeña parroquia colindante de la capital gallega. Compostela se quedó sin público para sus actuaciones. 

Lito acostumbraba a pagar a los músicos en sobres. La facturación anual de su empresa superaba los 20 millones de euros, según los cálculos de Hacienda. Decidida a destronar al 'rey de las orquestas en Galicia', la Agencia Tributaria empezó a reunir documentos y pruebas de que no pagaba ni IVA ni IRPF por las contrataciones de las verbenas en una comunidad que celebraba cada verano antes de irrumpir la COVID unas 2.300. Lito organizaba más de las mitad. 

El polifacético empresario, que también se lanzó en 2013 al negocio de modernos y costosos gimnasios bajo la marca de Condesa Sport y patrocinaba equipos deportivos locales, fue condenado por fraude tributario una primera vez, pero logró que el Tribunal Supremo anulara la sentencia y obligara a repetir el juicio. Los tribunales también anularon las pruebas documentales recabadas por Hacienda en los despachos de Espectáculos Lito, esas que demostraban la contabilidad en B del promotor de las verbenas. Pero finalmente en junio del año pasado fue condenado a dos años y tres meses de cárcel por no declarar 326.374 euros en concepto de IVA solo en los años 2011 y 2012. Había ingresado unos 50 millones de euros pero en su declaración constaban solo cuatro. La sentencia, que está pendiente de recurso ante el Supremo, incluía una multa de 300.000 euros y la prohibición de recibir subvenciones públicas o incentivos fiscales durante seis años. Fue un juicio marcado también por los aplazamientos debido a la enfermedad que padecía el empresario.  

En noviembre de 1975, seis días después de fallecer Francisco Franco y cuatro tras ser proclamado Rey de España, Juan Carlos I decidió honrar la memoria del dictador creando y otorgando a su única hija, Carmen, un título nobiliario con grandeza de España, el Ducado de Franco. Pero los herederos del general golpista, en su largo y complejo litigio con el Estado por quedarse con los bienes que atesora el Pazo de Meirás, van a verse obligados a renunciar a la propiedad de los tres blasones de piedra del ducado que adornan los jardines y la fachada principal de la fortaleza enclavada en Sada (A Coruña).

Resulta imposible quitarlos sin dañarlos de la propiedad que, por sentencia judicial, fue devuelta al Estado en diciembre de 2020, tras 82 años de ocupación franquista, según alerta un informe pericial encargado por los Franco y al que ha tenido acceso elDiario.es.

Los nietos del dictador tampoco podrán meter en los camiones de una mudanza que sigue, de momento, suspendida por orden judicial, el monolito de piedra que conmemora la visita de los reyes Alfonso XIII y Victoria Eugenia a Meirás en 1923. Una visita real que nada tuvo que ver con Franco, que se haría con la propiedad ideada por Emilia Pardo Bazán 15 años después. Desmontar esa pieza conmemorativa y trasladarla de los jardines de Meirás “no se recomienda dado que probablemente sufra daños considerables”, advierte el informe redactado, a petición de la familia Franco, por el arquitecto Ramón Blas Tojo.

Otro de los 55 bienes que pretendían recuperar los nietos del dictador y al que también deberán renunciar para evitar su destrucción es el cordobán que luce el altar de la capilla del pazo. Se trata de una destacada pieza de piel curtida del siglo XVIII que Pardo Bazán encargó específicamente para el lugar donde sigue hoy en día. “El estado del cuero, demasiado seco y cuarteado en alguna zona, no aconseja su manipulación”, concluye el informe pericial.

Pero técnicamente, los otros 50 bienes que la familia Franco reclama como suyos, independientemente de si son de la época de la creadora y primera propietaria de Meirás o de su posterior reconversión en mansión veraniega de la dictadura, pueden “cambiar de emplazamiento” y ser traslados “sin problema alguno”, concluye ese dictamen de parte. Un documento que los nietos del general golpista defenderán en la vista judicial, ahora aplazada sin fecha por tercera vez, en la que se determinará qué bienes forman parte o no del pazo de Meirás, tras su restitución al Patrimonio público.

El Estado, junto con las demás administraciones implicadas (Xunta de Galicia, Diputación de A Coruña y los ayuntamientos de Sada y A Coruña), defienden, con sus respectivos informes periciales, que los bienes, muchos de ellos artísticos e históricos, forman “parte integrante” del inmueble declarado desde 2008 Bien de Interés Cultural (BIC) en la categoría de sitio histórico y son, por lo tanto, “inseparables” de la fortaleza de tres torres. Los poderes públicos aseguran que esas 50 piezas y objetos reclamados por los descendientes del dictador conforman conjuntos esenciales en la configuración cultural y funcional de la mansión y sus jardines, tanto durante la etapa de su creadora que los ideó como fiel reflejo de su doble condición de condesa y escritora, como a partir de 1938, cuando fueron reconvertidos en residencia veraniega del caudillo. Durante los casi 40 de dictadura, Meirás fue gestionado a semejanza del Palacio del Pardo en Madrid, según recoge la histórica sentencia que devolvió al patrimonio público la propiedad.

Pero los Franco reivindican poder llevarse numerosas esculturas antiguas que decoran los jardines, como las figuras que representan a los santos Santiago, Pablo, Francisco, Cristóbal y Andrés, históricos relojes de sol e incluso pilas bautismales del medievo reconvertidas en vulgares jardineras. Defienden también los nietos del caudillo su derecho a quitar casi todos los elementos de la capilla de Meirás, ideada personalmente por Pardo Bazán, como las 14 figuras que ornan su retablo barroco del siglo XVII, un enorme Cristo de tamaño y pelo natural, o incluso el sepulcro de inspiración medieval que la escritora había diseñado para albergar sus restos pero que permanece vacío. Desmontar un lavabo de la marca Roca, adornado de flores rosas y que integra el cuarto de aseo personal de Franco, o las alfombras pasilleras de escaleras interiores, o la enorme puerta de madera maciza tallada forman parte también de los planes de mudanza de los Franco.

Es la nieta mayor del dictador, Carmen Martínez-Bordiú Franco, la que ostenta el título de duquesa de Franco. Tras la muerte de su madre en 2017, y en contra del deseo de su hermano Francis, reclamó y obtuvo el título nobiliario. Le fue concedido el 31 de mayo 2018, justo en vísperas de que Pedro Sánchez desbancase a Mariano Rajoy del Gobierno. Entre los planes del actual Ejecutivo, está revisar la validez de ese titulo nobiliario. En todo caso, los blasones que lo representan y que en la actualidad adornan los jardines y la fachada principal de Meirás parecen abocados a permanecer en el pazo.