El litigio judicial por las indemnizaciones de la catástrofe del 'Prestige' sigue sin resolverse 20 años después

Continúa abierta, 20 años después, la mayor causa judicial jamás instruida en España por un delito medioambiental: la catástrofe originada por el Prestige, el viejo petrolero que se accidentó frente a Galicia el 13 de noviembre de 2002. Fue el mayor desastre medioambiental ocurrido en España y uno de los más grandes sufridos en Europa. Y provocó un embrollo judicial de órdago, tan enrevesado como la maraña empresarial del barco y la cuestionada gestión gubernamental de aquella crisis. Al cumplirse estos días dos décadas del desastre petrolero que tiñó de negro 2.000 kilómetros de costas españolas y francesas, la batalla legal se juega ahora en un tribunal del Reino Unido. Debe decidir si, como reclama España, la aseguradora británica del Prestige, declarada responsable civil subsidiaria de la catástrofe por el Tribunal Supremo, tiene que indemnizar a los perjudicados con la póliza del barco, 1.000 millones de dólares.

Sea cual sea el desenlace judicial, que se espera en breve, esa cantidad de dinero quedará lejos de cubrir la astronómica factura de la catástrofe, cifrada por la Fiscalía en 4.442 millones de euros. En la que fue una de las mayores mareas negras, quedará pulverizado el principio de 'quien contamina, paga' que rige el derecho y las políticas ambientales comunitarias. Desde casi el minuto cero de la catástrofe, cuando aquel 13 de noviembre el casco del viejo petrolero, cargado con 77.000 toneladas de fuel, se resquebró mientras navegaba, en medio de un fuerte temporal, frente al cabo Fisterra, resultó misión imposible lidiar con el escurridizo entramado empresarial del Prestige. Todo un paradigma del opaco y complicado negocio marítimo del petróleo.

Maraña empresarial del Prestige

Único patrimonio de una empresa (Mare Shipping) domiciliada en Liberia, paraíso fiscal de navieros, el fatigado petrolero, fabricado en Japón en 1976 y con bandera de conveniencia de las Bahamas, había sido fletado por la filial suiza (Crown Ressources) de un grupo ruso (Alpha) que desapareció casi sin dejar rastro poco después del accidente. Tampoco fue posible pedir responsabilidades a la armadora griega (Universe Maritime), detrás de la cual estaba la familia Coulouthros, una saga secular de operadores marítimos “reincidentes en mareas negras”, titulaba el periódico francés Le Monde aquel noviembre negro de 2002. Tras una maraña de empresas pantalla, los Coulouthros resultaron también ser los propietarios del Aegean Captain que en 1979 había derramado 280.000 toneladas de petróleo frente a las costas de Venezuela. Y dueños del Aegean Sea, el Mar Egeo en español, que explotó en A Coruña, frente a la Torre de Hércules, en diciembre de 1992, diez años antes del Prestige.

En el capítulo judicial de esta última y gigantesca marea negra, todas las cifras resultan desmesuradas. Fueron innumerables los episodios contradictorios, los intentos fallidos, las resoluciones inéditas o difíciles de explicar. Comenzando por el hecho de que el pequeño y modesto Juzgado de Instrucción de Corcubión, situado en la Costa da Morte, se tuviera que hacer cargo de la instrucción de un sumario que resultó descomunal y complejo. Diez años tardó en cerrarse la enrevesada investigación judicial al frente de la cual se fueron sucediendo siete jueces.

En paralelo, el Estado español se gastó 30 millones de euros en intentar ir a por una de las escasas sociedades del entramado del Prestige con solvencia económica, la clasificadora norteamericana ABS, que había certificado que el viejo petrolero era apto para navegar. Una demanda en Estados Unidos que resultó, además de cara, fallida.

Juicio caro y exculpatorio

El macrojuicio del Prestige, diez años después, se prolongó durante nueve meses ante tres magistrados de la Audiencia provincial de A Coruña, instalada para la ocasión en el recinto ferial de Expocoruña. En el banquillo de los acusados, tres hombres. El primero, Apostolos Mangouras, el octogenario capitán griego del petrolero y el único hasta la fecha que había estado en prisión. A los dos días del accidente del barco, nada más desembarcar en A Coruña, fue arrestado y encarcelado durante tres meses, acusado de entorpecer la orden de las autoridades españolas de alejar el barco de las costas gallegas. Junto a Mangouras, acusado también fue el jefe de máquinas griego, Nikolaos Argyropoulos. Imputado casi en el último episodio de la instrucción judicial, en el banquillo también se sentó finalmente, como único responsable de la Administración, el que había sido director general de la Marina Mercante, José Luis López Sors.

“Es obvio que hay más gente implicada en el siniestro, tanto responsables políticos como no políticos”, lamentó el presidente del tribunal, Juan Luis Pía, al termino de un juicio largo, “desproporcionado” –criticó– y caro. Costó a las arcas públicas gallegas 1,4 millones de euros. El día que se cumplían 11 años del accidente, el 13 de noviembre de 2013, se publicó la sentencia. Para sorpresa de todos, era exculpatoria: no cabe condenar a nadie por delito ecológico en el mayor desastre ambiental sufrido en España. Solo es penado el capitán del Prestige por desobediencia a las autoridades españolas al haber tardado en dar remolque al petrolero tras su accidente.

Para el Estado español, a la vez víctima principal y acusado en esta causa, la absolución de López Sors representó una gran victoria. Era la primera vez que España era eximida de toda responsabilidad penal o civil por el derrame de un petrolero en sus aguas territoriales. La Fiscalía recurrió la sentencia para intentar que el entramado empresarial del barco fuese declarado responsable.

Condenas 13 años después

Dos años y medio después, en enero de 2016, el Supremo le da la razón: absuelve al capitán por desobediencia pero lo condena por delito ambiental. “Conocía perfectamente las deficiencias” del Prestige, consideró el alto tribunal, y cometió una “grave imprudencia” al hacerse a la mar con un barco destartalado, con corrosión y fisuras en sus tanques. Con esa condena, son declaradas responsables civiles subsidiarias de la catástrofe la naviera del barco, sin activo financiero alguno, y aseguradora británica, The London Steam–Ship Owners Mutual Insurance Association (The London P&I Club). En el entramado del barco, esta última es la única sociedad con solvencia económica que podría contribuir a resarcir en parte la abultada factura de la catástrofe. También es condenado como responsable el Fondo Internacional de Indemnización de Daños debidos a Contaminación por Hidrocarburos (Fidac).

La compañía de seguros se rebela y consigue blindarse con un laudo arbitral en Reino Unido para no reconocer la validez de la sentencia española que la condena como responsable civil. Pero sufre un revés importante en mayo de este año, cuando el Tribunal Europeo anula ese laudo y avala las pretensiones de España de cobrar la póliza de cobertura del Prestige. En el meollo del litigio pendiente de resolver en un tribunal británico está la gran cuestión en juego en desde el primero momento: ¿la catástrofe fue culpa de un viejo petrolero más apto para el desguace que para surcar los mares cargado con miles de toneladas de fuel o fue causada por la tan controvertida decisión del Gobierno español de enviar el barco, tras su accidente, mar adentro, lo más lejos posible de la costa? El Prestige, herido y derramando fuel, fue paseado en medio de temporales durante seis días, de norte a sur, frente a las costas gallegas hasta que, el 19 de noviembre de 2002, se partió y se hundió.

Su aseguradora británica defiende que ya pagó su parte de responsabilidad en la catástrofe cuando depositó, en 2003, en el Juzgado de Corcubión 22,7 millones de euros en compensación por el 3% de la carga de fuel que el barco derramó en el mar cuando se accidentó frente a Galicia. The London P&I Club considera que el resto es cosa del Gobierno español por convertir, con su gestión, “el derrame inicial en masivo”.

Indemnizaciones en el aire

Si finalmente España logra cobrar íntegra la póliza del Prestige, de 1.000 millones de dólares, estará aún lejos de cubrir la factura de la catástrofe. El Supremo fijó las indemnizaciones a pagar a los perjudicados (España, Francia, Xunta de Galicia y 265 particulares, empresas, cofradías y ayuntamientos) en 2.500 millones de euros, una suma que incluye los intereses de demora y costes procesales de este largo litigio. De momento, tan solo se recuperaron 171,49 millones, la mayor parte abonados por el fondo internacional Fidac. La catástrofe del Prestige va camino de batir otro récord, ya que 20 años después, las compensaciones económicas siguen sin resolverse.