El Supremo corrige la sentencia del Prestige y condena al capitán por delito medioambiental
La sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha revocado la sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña sobre la catástrofe medioambiental del Prestige. El dictamen condena ahora por unanimidad a dos años de prisión al capitán del buque, Apostolos Mangouras, por delito medioambiental después de que la sentencia de instancia le hubiese atribuido únicamente un delito de desobediencia grave.
El dictamen del Supremo, cuya ponente es la magistrada Ana Ferrer, mantiene la absolución de los dos marineros que acompañaban a Mangouras y la del ex director de la Marina Mercante, José Luis López Sors -el único cargo político del Gobierno acusado- del delito medioambiental. Y confirma también la absolución de la responsabilidad penitenciaria del Gobierno español de una primera sentencia que había avalado la decisión de alejar el barco de la costa. Ahora, la condena se amplía pero sólo sobre Mangouras, al que ya le habían caído nueve meses de prisión.
La sala del Alto Tribunal ha entendido que los hechos probados justifican jurídicamente la nueva condena, centrada en el hecho de que el capitán hubiese tardado unas tres horas en aceptar el remolque del buque. La resolución abre la puerta a que los daños de la marea negra, que tiñó más de 3.000 kilómetros de costa, sean pagados por la aseguradora del petrolero como eventual responsable civil.
El Supremo impone, además, multas a la propia aseguradura y al propietario del Prestige, así como al consorcio de compensación de seguros. El fiscal Luis Navajas había pedido más de 4.000 millones de euros de indemnizaciones por los daños derivados de la marea negra.
La Fiscalía intentaba así que la sentencia fuese declarada nula, pero no para que se revisase la absolución de la gestión administrativa de la catástrofe -y que fue puesta en entredicho por peritos y por las conversaciones con Salvamento Marítimo grabadas entonces-, sino para buscar una condena del capitán del Prestige y volver a evitar la asunción de responsabilidades del Estado. Pretendía que los tribunales dictasen otra sentencia que tuviese en cuenta cinco documentos que el fiscal considera “centro neurálgico” de la carga probatoria y que se reconociesen indemnizaciones por 4.238 millones de euros.
En una entrevista en este medio, el fiscal de medio ambiente de Galicia, Álvaro García Ortiz, aclaraba que la petición del Ministerio Fiscal se debía a que entendía “que la Administración no era responsable de las consecuencias del vertido y que, en caso de acusar alguien, ese era el capitán y el entorno profesional del capitán, que es la armadora y todo lo que arrodea ese mundo profesional del comercio de hidrocarburos marítimo sin garantías, todos aquellos que desarrollan este comercio sin los estándares de seguridad mínimos para hacerlo con mercancías peligrosas”.
Además, se había mostrado también contrario a la entrada en prisión del capitán Mangouras: “Desde el punto de vista humano, parece que una privación de libertad en estas circunstancias no es muy proporcionado”.
