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Miguel Pardo

Un bombero gallego, agredido por ultraderechistas tras manifestarse en Madrid: "La apatía de la gente fue peor que los golpes"

Miguel Uclés es presidente de la Plataforma de Bomberos Públicos de Galicia. El pasado sábado se desplazó a Madrid junto a miles de compañeros gallegos y de otros territorios para reclamar un servicio público de calidad y una "ley marco" que regule a todos los profesionales del Estado. La jornada reivindicativa acabó mal para este trabajador del parque de Vigo, que fue agredido por un grupo fascista entre insultos y gritos como "puto independentista".

Confundido con un manifestante a favor de la independencia de Catalunya, cuenta ahora que el daño "ha sido más moral que físico". Miguel Uclés caminaba hacia el coche para guardar las banderas usadas en la movilización de la plaza de Neptuno, donde lo esperaban sus compañeros, cuando fue abordado por la espalda. Muy cerca de Cibeles, fue rodeado por cinco personas que comenzaron a insultarlo. Una de ellas lo golpeó varias veces, mientras el bombero le preguntaba qué hacía y le advertía de que se estaba confundiendo, que él era gallego.

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La muerte de un paciente esperando una ambulancia pone el foco sobre la falta de recursos en la sanidad gallega

Una ambulancia del 061 tardó "46 minutos" en dar asistencia a un hombre que falleció en la madrugada del pasado domingo en el campo de la fiesta de la parroquia de O Sisto, en Dozón (Pontevedra). Así lo admitió el servicio de Urgencias Médicas de Galicia a las pocas horas y este pasado jueves el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. 

El jefe del Ejecutivo gallego admite que la Xunta ha abierto ya una investigación y que dará detalles sobre lo ocurrido en el próximo pleno, donde tendrá que responder a las preguntas de la oposición. 

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La Xunta lanza un plan para coordinar la lucha contra la avispa asiática nueve años después del inicio de la plaga

Nueve años después de la llegada de la avispa asiática a Galicia, la Xunta "centralizará" la lucha contra ella, asumiendo por fin una vieja demanda de los expertos y de los principales colectivos afectados por una plaga que no para de expandirse por Galicia hasta afectar ya prácticamente a todo su territorio. La expansión de la avispa velutina no se detiene desde que en 2011 se avistaron los primeros ejemplares de un insecto que provoca la reducción de la biodiversidad --sobre todo por la grave afectación en las abejas--, causa serios perjuicios económicos en el sector apícola y frutal y crea riesgos de picaduras, así como inseguridad ciudadana.

A pesar de que al año se retiran unos 25.000 nidos --eran apenas 600 en 2014 por ejemplo--, la Asociación Galega de Apicultura (AGA) advierte de que son 100.000 los que podría haber por toda Galicia de una avispa velutina que, en mayor o menor medida, es un problema enquistado y cada vez más extendido. El problema que había empezado con intensidad en las comarcas de A Mariña y Ortegal afecta ahora a la práctica totalidad de municipios gallegos, con especial impacto en toda la costa y en el interior de las provincias de A Coruña y Lugo.

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La biomasa, una alternativa inviable para sustituir el carbón en la central térmica de As Pontes

Parece que habrá que buscar otras alternativas para aminorar el impacto que supondrá el futuro cierre de la central térmica de carbón de As Pontes. A pesar de que la creación de una gran planta de biomasa sobrevoló siempre en el escenario como una alternativa y reivindicación política y sindical, ni Endesa ni la Xunta, ni los expertos ven posibilidades en esa opción, al menos para cubrir toda la producción y negocio generado por esta enorme instalación del norte gallego.

"No es viable mantener As Pontes con biomasa forestal", advierte la Xunta desde hace días. Pero incluso la semana pasada, poco antes de una reunión en el Ministerio de Transición Ecológica, el alcalde de As Pontes, Valentín González Formoso, aseguraba que "lo lógico" sería que en Galicia se ubicase "una planta importante de biomasa", habida cuenta del objetivo del Estado "de 1.000 megavatios de energía biomásica para 2030" y del hecho de que Galicia sea la mayor región europea en producción forestal. 

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Una alcaldesa gallega busca atraer familias con hijos a su pueblo para salvar el aula de Infantil que ha cerrado la Xunta

No pudo ser. La Consellería de Educación ha tomado la decisión de suprimir el aula de Infantil del colegio público de Trabada (Lugo) al no llegar al número mínimo de alumnos exigido para mantenerla. Así lo confirmó esta semana delegado territorial de la Xunta en la provincia, José Manuel Balseiro, que advirtió de una medida que llega a pesar de la novedosa iniciativa municipal que parecía haber salvado la unidad.

En el pasado verano, el Ayuntamiento de Trabada lanzó un anuncio en el que ofrecía vivienda gratis a las familias con niños y niñas entre 3 y 6 años con el objetivo de asegurar la continuidad de la unidad de Infantil en el colegio. El centro contaba con 33 pequeños matriculados entre Infantil y Primaria, pero para este curso tan sólo estaban inscritos dos niños de entre 3 y 6 años, lejos del mínimo de seis fijado por la Xunta. A la oferta de vivienda se había sumado la posibilidad de acceder a un empleo para alguno de los progenitores, dado el interés mostrado por empresarios de la villa que querían contribuir así a salvar el aula.

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El sueño mexicano de Feijóo para el naval se desmorona: un astillero arruinado y sombras de corrupción en Pemex

Poco después de las nueve y cuarto de la noche del 24 de mayo de 2012 el informativo de la Televisión de Galicia interrumpió su ritmo habitual para conectar con el salón noble del Pazo de Raxoi, que la Presidencia de la Xunta reserva para sus recepciones más solemnes. Las cámaras del canal público mostraron en directo al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, rubricando documentos con el entonces director general de la petrolera estatal mexicana Pemex, Juan José Suárez Copell. El Gobierno gallego y los medios públicos dieron a aquellos anuncios dieron a la cita tratamiento de alta política, un acuerdo "de país". Siete años después, uno de los emblemas de aquel acuerdo, el astillero vigués Barreras, acaba de solicitar el preconcurso de acreedores.

Lo que acababan de firmar, dijo Feijóo en el anochecer de aquel día en lo peor de la crisis, era "una de las mejores noticias de economía y empleo de los últimos tiempos", una  "alianza estratégica" para la construcción de 14 remolcadores de la mano de astilleros gallegos, siete íntegramente en Galicia y otros siete en colaboración con empresas mexicanas. El primer paso de un gran acuerdo que, de entrada, supondría "más e 2,6 millones de horas de trabajo" y 2.500 empleos entre directos e indirectos", prometió.

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¿Por qué ahora? Respuestas para el inevitable fin de la térmica de carbón de As Pontes

El pasado viernes 27 de septiembre, Endesa anunció a la CNMV que aceleraba el cierre de su central térmica en As Pontes, un comunicado repentino y que llega mucho antes de lo esperado. Una decisión empresarial de una compañía que ha ido adelantando los plazos previstos para el fin inevitable de la quema de carbón. Del 2045 --que pregonó durante mucho tiempo junto a las administraciones--, al 2030 e incluso al 2025, fecha que ya deslizaba en los últimos meses.

Eligió el mismo día en el que miles de jóvenes salían a las calles por el clima y en el que el Parlamento gallego aprobaba una resolución en la que instaba la Xunta a "declarar el estado de emergencia climática con el objetivo primordial de comprometer las políticas del Gobierno gallego en hacerle frente y conseguir la neutralidad climática antes del año 2050".

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La corrupción y el fraude millonario en la patronal gallega: el escándalo llega 20 años tarde a juicio

Hace ya veinte años, se destapó en la patronal gallega un enorme fraude millonario de subvenciones. El paso del tiempo y las varas de medir ajustables templaron la atención y el conocimiento de un desfalco que provocó un agujero de 6,3 millones de euros en la Confederación Empresarios de Galicia (CEG). Según la Fiscalía, entre 1996 y 1999, el secretario de la CEG y siete empresas se concertaron para, a través de subvenciones públicas a cursos de formación, "conseguir un beneficio patrimonial". Cobraban las ayudas para cursos no realizados y manuales didácticos innecesarios, emitiendo facturas "dobladas" o imputando costos excesivos por profesorado o utilización de aulas.

"Se apropiaron de los fondos incorporándolos a su propio patrimonio e impidieron la finalidad de la subvención que gestionaban", explica el fiscal sobre una trama fraudulenta de subvenciones procedentes de fondos europeos destinados a planes de formación gestionados por el INEM (a través de la Fundación para la Formación Continua, Forcem) o la Xunta. Tan sólo entre 1996 y 2000, la CEG recibió 20 millones de euros para cursos de este tipo.

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El futuro de la principal central térmica gallega: entre el clamor por el empleo y la emergencia climática

El pasado lunes, medio millar de personas se desplazaron A Coruña para protestar por los más cinco meses de inactividad que acumula la central térmica de As Pontes y reclamar una "descarbonización ordenada y regulada" y una "transición justa" que dé "garantía de empleo" a los cientos de puestos de trabajo, entre directos e indirectos, que dependen de la instalación de Endesa. El jueves, el 100% del personal, según los sindicatos, secundó la huelga de 24 horas convocada por las auxiliares, y una masiva manifestación colapsó las calles de esta localidad coruñesa. Unos 5.000 ciudadanos que desbordaron las previsiones en un pueblo que sabe cuánto depende de una empresa que no abre la boca pero cuya posibilidad de cierre es cada vez más real.

Fue la mayor movilización, pero una más en las últimas semanas, pidiendo "implicación" a la Xunta y al Estado y después de que el pasado 11 de septiembre el Parlamento gallego aprobase una iniciativa a favor de ayudas o exenciones fiscales para incentivar la continuidad de una planta que es la principal emisora de gases efecto invernadero de Galicia. Valentín García Formoso, alcalde socialista de As Pontes, barón socialista en Galicia y presidente de la Diputación de A Coruña, volvió a pedir que los gobiernos central y autonómico se sienten con la compañía en la búsqueda de "alternativas de combustible que encajen", más sostenibles, menos contaminantes.

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Los Franco defienden en los tribunales que el Pazo de Meirás es suyo porque el Estado no lo reclamó durante décadas

Los herederos de Franco han presentado ya el escrito de contestación a la demanda que presentó la Abogacía del Estado para recuperar el Pazo de Meirás. El organismo dependiente del Gobierno se basó en un documento encontrado en A Coruña que demostraría el acuerdo "fraudulento" y la compraventa "simulada" del inmueble tres años después de que fuese cedido al dictador. Los abogados de la familia del dictador lo niegan en un escrito que busca echar abajo la tesis del Gobierno central. Su argumento es que la iniciativa para la recuperación del inmueble pudo haberse realizado mucho antes, ya incluso en democracia, pero llega con un retraso de varias décadas en las que "las administraciones públicas efectuaron explícitos reconocimientos de que la propiedad correspondía a Franco y a sus sucesores".

Frente al Estado, que defiende que su devolución es una antigua reivindicación ciudadana que ha sido reforzada con el hallazgo de nuevas pruebas, la familia le recuerda que no hizo nada durante años, permitiendo que los herederos del dictador dispusiesen sin problema alguno de una propiedad que ahora reclama.

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