Un influencer brasileño de derechas que afirmó que la política migratoria de Donald Trump solo iba dirigida contra los “delincuentes” ha sido detenido por agentes del ICE en Nueva Jersey.

Júnior Pena, de nombre completo Eustáquio da Silva Pena Júnior, declaró su apoyo al presidente estadounidense en un reciente mensaje de vídeo dirigido a sus cientos de miles de seguidores en las redes sociales.

«Yo [apoyo] a Donald Trump, me cae bien», anunció el TikToker e Instagrammer sudamericano, cuya cuenta pretende mostrar “la realidad de Estados Unidos” desde la perspectiva de un migrante.

En un vídeo previo, Pena insta a los brasileños a mantener la calma y no “desesperarse” tras las noticias de que los agentes del ICE estaban deteniendo a migrantes, incluidos brasileños. “Pero todos son delincuentes. Todos ellos», afirmó falsamente sobre los migrantes detenidos.

Peña fue detenido el sábado y enviado al centro de detención Delaney Hall en Newark, Nueva Jersey. Un amigo dijo al periódico local Brazilian Times que lo habían detenido tras faltar a una cita judicial. El abogado del detenido, Andrew Lattarulo, estaba tratando de resolver la situación y evitar que lo trasladaran a otro estado.

El influencer brasileño vive en Estados Unidos desde 2009 y es originario de Belo Horizonte, la capital de Minas Gerais.

Pena utiliza sus redes sociales para difundir historias de migrantes, así como voces críticas con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y favorables al expresidente Jair Bolsonaro, aliado de Trump y recientemente encarcelado por intentona golpista tras perder las elecciones contra Lula.

La comunidad brasileña en Estados Unidos, que ronda los dos millones de personas, se ha visto gravemente afectada por la ofensiva antimigrantes de Trump. El número de brasileños deportados alcanzó el récord de 2.785 el año pasado, frente a los 1.640 de 2024.

En una reciente información sobre la “verdadera caza de hombres” que se está llevando a cabo bajo el mandato de Trump, la revista brasileña Veja advirtió a sus lectores: “Hay un ambiente de miedo en las calles, donde cualquiera que ”parezca extranjero“ puede ser un objetivo... Independientemente de su estatus [migratorio]”.

La revista afirmaba que los migrantes brasileños en ciudades como Boston estaban adoptando drásticas “tácticas de supervivencia”, como no hablar portugués en público e intentar vestirse como “estadounidenses normales” cuando salían de casa.

Numerosos brasileños de izquierdas acudieron en masa a la cuenta de Instagram de Peña para burlarse de él después de que la noticia de su detención se viralizara. “Apoyaste a Trump y al final sufriste las consecuencias”, escribió uno. “Recogemos lo que sembramos”, publicó un segundo comentarista crítico.

Los amigos del influencer publicaron mensajes pidiendo a sus seguidores que rezaran.

Los abogados de Jair Bolsonaro parecen haber estado estudiando el código penal del país y han encontrado una forma de ayudar a su cliente a reducir la pena de 27 años de prisión que le fue impuesta el año pasado por conspirar para dar un golpe de Estado: leyendo libros.

Solo hay un problema: el expresidente brasileño de extrema derecha nunca ha sido conocido por ser un gran lector. “Lo siento, no tengo tiempo para leer”, declaró Bolsonaro en una ocasión. “Hace tres años que no leo un libro”.

La legislación brasileña contiene un recurso literario mediante el cual los reclusos que lean libros pueden reducir sus condenas en cuatro días por cada título leído. El jueves pasado, un juez del Tribunal Supremo autorizó al expresidente, caído en desgracia, a participar en el programa tras una solicitud de su equipo legal.

Bolsonaro, un exparacaidista famoso por su hostilidad hacia la democracia, las minorías, la selva amazónica y las artes, probablemente no apreciará demasiado la lista de lecturas aprobada. Esta incluye obras brasileñas sobre los derechos de los indígenas, el racismo, el medio ambiente y la violencia ejercida por la dictadura del país entre 1964 y 1985, un régimen que Bolsonaro apoyó abiertamente.

Una de las obras, 'Um Defeito de Cor' (Un defecto de color), de Ana Maria Gonçalves, con 950 páginas, cuenta “la historia de Brasil... desde el punto de vista de una mujer negra”.

También está incluido 'Democracia!', un libro ilustrado de no ficción para niños del autor e ilustrador inglés Philip Bunting.

Algunos de los libros de la lista, como 'Guerra y paz', de León Tolstói, y Don Quijote, de Miguel de Cervantes, tienen más de mil páginas. Bolsonaro apareció una vez en público con un tomo de tamaño similar, Memorias de la Segunda Guerra Mundial, de Winston Churchill, de más de mil páginas, pero no está claro si el expresidente lo ha leído.

Para poder beneficiarse del programa de reducción de pena, los reclusos deben demostrar que realmente han leído los libros mediante la presentación de informes escritos a las autoridades penitenciarias.

Cuando se le pidió que nombrara su libro favorito durante las elecciones presidenciales de 2018, Bolsonaro se decantó por uno de Carlos Alberto Brilhante Ustra, un famoso coronel del Ejército acusado de torturar a cientos de prisioneros durante la dictadura. “Es una historia real sobre Brasil... con hechos, con datos, con lugares y con episodios reales”, afirmó entusiasmado Bolsonaro, que la semana pasada fue trasladado a una prisión de máxima seguridad en la capital, Brasilia, tras pasar la Navidad encarcelado en una base de la policía federal.

El libro de Ustra no figura en la lista de lecturas recomendadas por el sistema judicial, pero sí contiene un título, 'Sigo aquí', de Marcelo Rubens Paiva, sobre la difícil situación de los presos que desaparecieron en esos centros de tortura.

El domingo, 24 horas después del primer ataque a gran escala de Estados Unidos en suelo sudamericano y la captura ilegal del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se vivió un torbellino de emociones en las calles de Caracas.

“Incertidumbre”, dice Griselda Guzmán, una jubilada de 68 años que lucha por contener las lágrimas mientras hace cola con su marido frente a una tienda de alimentos para abastecerse de provisiones por si los próximos días traen aún más drama. “Ira”, responde Sauriany, una administrativa de 23 años de la empresa eléctrica estatal venezolana, mientras hace cola frente a un supermercado al otro lado de la ciudad con su pareja, Leandro, de 24 años.

Leandro expresa su conmoción mientras la pareja espera en una cola de 100 personas para comprar harina, leche y mantequilla junto a un cuarteto de monjas. “¿Quién podría haber imaginado que esto sucedería? ¿Que justo al comienzo del año bombardearían nuestro país mientras todos dormían?”, se pregunta. “Si pensara que mejoraría el país, lo acogería con agrado”, añade Leandro, mientras los compradores entran en pequeños grupos al abarrotado supermercado. “Pero no creo que eso vaya a suceder. Si querían la paz, esta no es la forma de conseguirla”.

El domingo se podían escuchar sentimientos similares de confusión por todo Caracas, mientras sus tres millones de ciudadanos asimilaban el traumático bombardeo nocturno sobre su ciudad, una acción que los Gobiernos de España, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay advirtieron que sentaba “un precedente extremadamente peligroso para la paz y la seguridad regional”.

“Todo esto es muy angustioso”, dice Gabriel Vásquez, un videógrafo de 29 años, recordando cómo lo despertó el sonido de una “gigantesca” explosión alrededor de las 2 de la madrugada del sábado y cómo su comunidad en el centro de Caracas quedó sumida en la oscuridad mientras los aviones sobrevolaban la zona.

“Pensé que en cualquier momento mi casa también podría ser bombardeada”, cuenta Vásquez, cuyo barrio seguía a oscuras el domingo. “No tenemos agua, ni electricidad, ni cobertura telefónica. Nada”.

Julio Pimentel, un diseñador de 33 años, cuenta que también le habían cortado el suministro de electricidad y agua, pero admite que le había sorprendido la cantidad de gente que había en las calles “teniendo en cuenta la situación”. “Los supermercados y las farmacias están muy, muy concurridos”, dice Pimentel.

Apenas se ven señales de que los ciudadanos celebraran la caída de Maduro, algo que los lugareños atribuyen al temor de que su gobierno —que sigue en el poder a pesar de su detención— pudiera tomar medidas drásticas y a la profunda sensación de que, en realidad, poco ha cambiado como resultado de la intervención estadounidense.

El domingo, el jefe de las Fuerzas Armadas, Vladimir Padrino López, anunció que los jefes militares habían reconocido a la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, como presidenta interina de Venezuela tras el “cobarde secuestro” de Maduro y su esposa, Cilia Flores. Trump también ha indicado que está dispuesto a tratar con Rodríguez. “Ella está esencialmente dispuesta a hacer lo que creemos necesario para que Venezuela vuelva a ser grande”, dijo tras el asalto del sábado.

“Se han llevado a Maduro, pero la revolución [bolivariana] no ha terminado”, dice Antonio, de 71 años, esposo de Griselda Guzmán, quien, al igual que su esposa, pidió no ser identificado con sus nombres reales. “Seguimos en la misma situación, solo han quitado un peón del juego de ajedrez”.

Sin embargo, muchos lugareños se regocijaban en silencio por la desaparición de un político que muchos detestan por haber llevado a su país, rico en petróleo, a años de ruina y represión desde que asumió el poder en 2013 y al que la se le atribuye haber robado las elecciones presidenciales de 2024. “Todos recibimos lo que nos merecemos. Maduro es un hombre que nunca se ha puesto la mano en el corazón para ver las penurias de su país, para ver a su pueblo pasar hambre”, dice Griselda Guzmán, recordando el satisfactorio momento en que vio las imágenes del mandatario destronado languideciendo bajo custodia estadounidense. “Cuando lo vi así, esposado, lo vi tal y como era: el mayor tonto de la Tierra”.

Guzmán dice que cree que Maduro había tenido “la oportunidad de su vida” para abandonar el poder voluntariamente tras las elecciones de 2024, en las que, según las actas recopiladas por la oposición y presentadas ante la OEA por el Centro Carter, había perdido frente al movimiento político liderado por la premio Nobel María Corina Machado y Edmundo González. “Podría haber cedido la presidencia porque sabía que no había ganado”. En cambio, Maduro se mantuvo en el poder y ahora se encuentra en prisión en Nueva York tras su secuestro enfrentándose a décadas de cárcel en EEUU —por supuestas acusaciones de narcotráfico que muchos analistas cuestionan—.

Su marido atribuye la falta de conmemoraciones públicas en Venezuela a la creencia generalizada de que el bombardeo del sábado fue solo el comienzo del último capítulo de la turbulenta historia reciente de Venezuela. “Aún no ha pasado nada... esto solo empezó ayer”.

Otros se indignaron por el secuestro de su presidente y la decisión de Trump de invadir el país, una medida que muchos expertos consideran una violación flagrante del derecho internacional.

“De acuerdo, hay problemas, pero son problemas venezolanos y los venezolanos deben resolverlos”, afirma Sauriany. “Ellos [los Estados Unidos] no son los dueños de Venezuela. Él [Trump] no puede simplemente llegar y decir que va a gobernar Venezuela porque ha destituido a Maduro”.

Sauriany cree que se debería permitir a Rodríguez “continuar con el legado de Maduro” durante el resto de su mandato de seis años, una perspectiva que horroriza a la oposición venezolana, pero que parece cada vez más probable tras los comentarios de Trump el sábado.

En las semanas previas a la invasión de Trump, diplomáticos y expertos advirtieron de que tal ataque podría sumir a Venezuela y a la región circundante en el caos o el conflicto. Pero el domingo no hubo señales inmediatas de que estallara la violencia tras el derrocamiento de Maduro, ni de una peligrosa división en el ejército, aunque los gobiernos regionales están en vilo.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha ordenado el despliegue de 30.000 soldados en la frontera con Venezuela para protegerse de posibles disturbios. Vehículos blindados de transporte de tropas tomaron posiciones en el paso fronterizo entre ambos países en la ciudad de Cúcuta.

El ejército rebelde colombiano-venezolano, el Ejército de Liberación Nacional, condenó lo que calificó de “ataque imperial” de Trump y prometió “enfrentarse” al ataque a la soberanía venezolana.

Mientras espera para almacenar alimentos el domingo, Antonio Guzmán señala que los caraqueños no pueden hacer otra cosa que esperar: “Todavía no sabemos qué está pasando realmente”.

Una revuelta popular masiva termina con Nicolás Maduro, pero el Ejército venezolano sale a las calles y apunta con sus armas a los civiles que lo han hecho.

Un golpe de palacio envía al líder venezolano al exilio, lo que desencadena una cruenta lucha por el poder entre los miembros de su régimen fracturado. 

Estados Unidos auspicia un ataque contra la cúpula del poder del presidente y Maduro o un aliado clave es asesinado. Mientras soldados extranjeros toman el control de Caracas y de los principales aeropuertos y puertos, los insurgentes de izquierdas refuerzan su control sobre las zonas del interior del país, ricas en minerales, y los leales al Gobierno lanzan ataques de guerrilla contra refinerías de petróleo y oleoductos.

Hace seis años, el Gobierno de Estados Unidos contempló estos tres escenarios, durante unas simulaciones diseñadas para predecir cómo sería una Venezuela si Maduro era derrocado por un levantamiento, una revolución auspiciada por su círculo o un ataque ausipiciado por Washington, como el que ha acabado teniendo lugar en la madrugada de este sábado. Ninguno de los tres escenarios terminaba bien para el país.

“Se produciría un caos prolongado... sin una salida clara”, afirmaba hace unas semanas Douglas Farah, experto en América Latina cuya consultora de seguridad nacional participó en ese estudio estratégico de 2019, durante la primera administración de Trump.

“¿Dónde demonios nos estamos metiendo?”

En las tres simulaciones, planteadas en sesiones de análisis, la agitación causaría un nuevo éxodo de refugiados a través de las fronteras de Venezuela con Colombia y Brasil, ya que los ciudadanos huirían de los enfrentamientos entre grupos rebeldes rivales u ocupantes extranjeros y tropas leales.

“Todos los que se enfrentan a este problema [esperan] que se pueda agitar una varita mágica y tener un nuevo gobierno [en Venezuela]”, dice Farah. “Creo que la razón por la que no ha sucedido hasta ahora es porque los actores implicados se sentaron y pensaron: 'Un momento. ¿Dónde demonios nos estamos metiendo?”.

Pese a esos análisis, los opositores venezolanos que han intentado hasta ahora poner fin a los 12 años de gobierno de Maduro rechazaban que su caída sumiría inevitablemente al país en una vorágine de derramamiento de sangre y represalias. María Corina Machado, que recogió hace unas semanas el premio Nobel de la Paz y lidera el movimiento político que se autoproclamó vencedor de las elecciones presidenciales de 2024, calificaba de “totalmente infundadas” las afirmaciones de que la salida de Maduro podría sumir a Venezuela en una violencia similar a la guerra civil de Siria. “Venezuela es un país con una larga cultura democrática y una sociedad decidida a recuperar esa democracia”, dijo a The Guardian desde Oslo, tras salir de su país para recibir el Nobel.

Miguel Pizarro, otro líder de la oposición, también rechazaba hace unas semanas que Venezuela esté condenada a convertirse en una versión sudamericana de Irak, Libia o Haití en el supuesto de que Maduro fuera derrocado. “La verdad es que los venezolanos tomaron su decisión [en las elecciones de 2024]... fue el mayor consenso social que ha habido nunca en Venezuela”, afirmaba sobre el riesgo de caos en el país antes del ataque de EEUU registrado este sábado.

Los riesgos

Los aliados del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha pasado los últimos meses hasta el ataque a gran escala de este sábado aumentando la presión sobre Maduro con un despliegue militar masivo, ataques mortales contra barcos en el Caribe que supuestamente transportaban droga y la incautación de petroleros, también minimizan los peligros de una posible intervención estadounidense.

Sin embargo, muchos expertos y diplomáticos latinoamericanos se mostraban escépticos sobre la posibilidad de que las cosas salgan bien, independientemente de cómo se produjera la destitución de Maduro.

Si se desplegaran soldados extranjeros, aseguraba Farah, probablemente podrían tomar el control de las grandes ciudades y de infraestructuras como puertos y aeropuertos. Sin embargo, se enfrentarían a la posibilidad de ataques asimétricos por parte de los partidarios del Gobierno o de los rebeldes colombianos, incluido el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y los miembros disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y a una batalla prolongada para recuperar el control de las regiones mineras de oro que ya están bajo la influencia del ELN.

Un golpe de Estado podría dejar “un vacío de poder enorme”, con actores armados rivales luchando por ocupar el lugar de Maduro. “Podría haber cuatro personas diferentes diciendo: 'Bueno, ahora estoy al mando”, dice Farah. “[Derrotarlos es] una propuesta a largo plazo que requeriría mucho dinero, muchos soldados y muertos”, alertaba Farah.

Pase lo que pase, Farah consideraba que la Venezuela post-Maduro probablemente sería “un desastre enorme que duraría bastante tiempo”. “Nada de esto se va a resolver en tres semanas. Estamos hablando de años”, dice.

Farah no es el único observador que teme que un cambio político repentino pueda tener consecuencias nefastas para el país sudamericano rico en petróleo.

A comienzos de diciembre, el principal asesor de política exterior del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, advirtió de que la agitación en Venezuela podría transformar la región en una “zona de guerra” como ocurrió en Vietnam.

Juan González, máximo responsable de América Latina de la Casa Blanca durante la presidencia de Joe Biden, también teme la posibilidad de represalias violentas. González aseguraba hace unas semanas a The Guardian que derrocar a Maduro no implica necesariamente que la situación mejore en Venezuela. “De hecho, podría empeorar”, advierte, reflexionando sobre lo que podría suceder si un partidario de la línea dura, como el ministro del Interior Diosdado Cabello, que dirige las represivas fuerzas de seguridad de Venezuela, sucediera a Maduro.

Por su parte, Farah cree que un acuerdo temporal de reparto del poder podría ser una forma de evitar la “fractura masiva” de Venezuela entre facciones rivales. Sin embargo, señala el experto, para que eso ocurriera, sería necesario tomar decisiones difíciles, entre ellas posiblemente dejar en libertad a “personas que han vulnerado de forma masiva y repetida los derechos humanos”.

Si la situación de seguridad se descontrola tras la captura de Maduro, Farah teme que Washington se vea tentado a contratar a grupos mercenarios y contratistas militares privados, en lugar de desplegar soldados en el terreno.

“[Eso] te acerca a un escenario similar al de Irak, en el que múltiples grupos no estatales llevan a cabo acciones simultáneas sobre el terreno sin que nadie tenga el control”, advierte Farah. “Si la situación se tuerce, esa es una de las opciones que barajarán”, predice. “Y eso sería muy perjudicial”.

Este texto es una adaptación actualizada del original publicado en The Guardian el 14 de diciembre. Fue traducido por Emma Reverter.

Una revuelta popular masiva termina con Nicolás Maduro, pero el Ejército venezolano sale a las calles y apunta con sus armas a los civiles que lo han hecho.

Un golpe de palacio envía al líder venezolano al exilio, lo que desencadena una cruenta lucha por el poder entre los miembros de su régimen fracturado. 

Estados Unidos auspicia un ataque contra la cúpula del poder del presidente y Maduro o un aliado clave es asesinado. Mientras soldados extranjeros toman el control de Caracas y de los principales aeropuertos y puertos, los insurgentes de izquierdas refuerzan su control sobre las zonas del interior del país, ricas en minerales, y los leales al Gobierno lanzan ataques de guerrilla contra refinerías de petróleo y oleoductos.

Hace seis años, el Gobierno de Estados Unidos contempló estos tres escenarios, durante unas simulaciones diseñadas para predecir cómo sería una Venezuela si Maduro era derrocado por un levantamiento, una revolución auspiciada por su círculo o un ataque extranjero. Ninguno de los tres escenarios terminaba bien para el país.

“Se produciría un caos prolongado... sin una salida clara”, dice Douglas Farah, experto en América Latina cuya consultora de seguridad nacional participó en ese estudio estratégico de 2019, durante la primera administración de Trump.

“¿Dónde demonios nos estamos metiendo?”

En las tres simulaciones, planteadas en sesiones de análisis, la agitación causaría un nuevo éxodo de refugiados a través de las fronteras de Venezuela con Colombia y Brasil, ya que los ciudadanos huirían de los enfrentamientos entre grupos rebeldes rivales u ocupantes extranjeros y tropas leales.

“Todos los que se enfrentan a este problema [esperan] que se pueda agitar una varita mágica y tener un nuevo gobierno [en Venezuela]”, dice Farah. “Creo que la razón por la que no ha sucedido es porque los actores implicados se sentaron y pensaron: 'Un momento. ¿Dónde demonios nos estamos metiendo?”.

Los políticos venezolanos que buscan poner fin a los 12 años de gobierno de Maduro rechazan las afirmaciones de que su caída sumiría inevitablemente al país en una vorágine de derramamiento de sangre y represalias. María Corina Machado, que acaba de recoger el premio Nobel de la Paz y lidera el movimiento político que se cree que venció a Maduro en las elecciones presidenciales del año pasado, ha calificado de “totalmente infundadas” las afirmaciones de que la salida de Maduro podría sumir a Venezuela en una violencia similar a la guerra civil de Siria. “Venezuela es un país con una larga cultura democrática y una sociedad decidida a recuperar esa democracia”, dijo a The Guardian desde Oslo, tras salir de su país para recibir el Nobel.

Miguel Pizarro, otro líder de la oposición, también rechaza la visión de que Venezuela esté condenada a convertirse en una versión sudamericana de Irak, Libia o Haití en el supuesto de que Maduro fuera derrocado. “La verdad es que los venezolanos tomaron su decisión [en las elecciones del año pasado]... fue el mayor consenso social que ha habido nunca en Venezuela”, argumenta.

Los riesgos

Los aliados del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha pasado los últimos meses aumentando la presión sobre Maduro con un despliegue militar masivo, ataques mortales contra barcos en el Caribe que supuestamente transportaban droga y la incautación de un petrolero, también minimizan los peligros de una posible intervención estadounidense.

Sin embargo, muchos expertos y diplomáticos latinoamericanos se muestran escépticos sobre la posibilidad de que las cosas salgan bien, independientemente de cómo se produzca la destitución de Maduro.

“Si hay un levantamiento popular, es probable que los militares adopten una postura muy defensiva, muy violenta y reaccionaria ante las protestas en las calles. Habrá muchos muertos”, advierte Farah. Según el experto, en ese escenario, sería posible que las guerrillas colombianas, incluido el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y los miembros disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), entraran en la contienda del lado del régimen nominalmente izquierdista de Venezuela.

Un golpe de Estado podría dejar “un vacío de poder enorme”, con actores armados rivales luchando por ocupar el lugar de Maduro. “Podría haber cuatro personas diferentes diciendo: 'Bueno, ahora estoy al mando”, dice Farah.

Las negociaciones son largas y difíciles y requieren concesiones. Pero la historia nos muestra que son la forma más eficaz de promover una transición

Juan González — Máximo responsable de América Latina de la Casa Blanca durante la presidencia de Biden

Si se desplegaran soldados extranjeros, probablemente podrían tomar el control de las grandes ciudades y de infraestructuras como puertos y aeropuertos. Sin embargo, se enfrentarían a la posibilidad de ataques asimétricos por parte de los partidarios del Gobierno o de los rebeldes colombianos y a una batalla prolongada para recuperar el control de las regiones mineras de oro que ya están bajo la influencia del ELN. “[Derrotarlos es] una propuesta a largo plazo que requeriría mucho dinero, muchos soldados y probablemente algunos muertos”, alerta Farah.

Pase lo que pase, Farah cree que la Venezuela post-Maduro probablemente sería “un desastre enorme que duraría bastante tiempo”. “Nada de esto se va a resolver en tres semanas. Estamos hablando de años”, dice.

Farah no es el único observador que teme que un cambio político repentino pueda tener consecuencias nefastas para el país sudamericano rico en petróleo.

La semana pasada, el principal asesor de política exterior del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, advirtió de que la agitación en Venezuela podría transformar la región en una “zona de guerra” como ocurrió en Vietnam.

Juan González, el máximo responsable de América Latina de la Casa Blanca durante la presidencia de Joe Biden, también teme la posibilidad de represalias violentas. “Tengo un sueño recurrente sobre Venezuela... en el que Maduro es arrastrado por las calles como Benito Mussolini”, cuenta González, en referencia al dictador italiano que fue capturado mientras intentaba huir a Suiza en 1945 y fusilado por un pelotón de ejecución. “Nunca se sabe cuál será el detonante... [Muammar] Gadafi estaba en el poder hasta que dejó de estarlo”, añade González sobre el exlíder libio, que también tuvo un final espantoso tras ser capturado por sus enemigos.

¿Una solución negociada?

González confía en que, en el supuesto de que escalen todavía más las tensiones, aún se pueda encontrar una solución negociada. “Las negociaciones son largas y difíciles y requieren concesiones. Pero la historia nos muestra que son la forma más eficaz de promover una transición”, afirma. Señala que derrocar a Maduro no implica necesariamente que la situación mejore en Venezuela. “De hecho, podría empeorar”, advierte, reflexionando sobre lo que podría suceder si un partidario de la línea dura, como el ministro del Interior Diosdado Cabello, que dirige las represivas fuerzas de seguridad de Venezuela, sucediera a Maduro.

Por su parte, Farah cree que un acuerdo temporal de reparto del poder podría ser una forma de evitar la “fractura masiva” de Venezuela entre facciones rivales. Sin embargo, señala el experto, para que eso ocurriera, sería necesario tomar decisiones difíciles, entre ellas posiblemente dejar en libertad a “personas que han vulnerado de forma masiva y repetida los derechos humanos” y conceder a Maduro un salvoconducto para salir del país y algún tipo de inmunidad por presuntos crímenes contra la humanidad.

La semana pasada hubo indicios de que la oposición podría aceptar algunos de estos compromisos, cuando el Washington Post informó de que la oposición de Machado cree que solo será necesaria una “purga limitada” de los altos cargos de Maduro una vez que este se vaya.

Muchas de las alternativas son aún peores. Si la situación de seguridad se descontrola tras la salida de Maduro, Farah teme que Washington se vea tentado a contratar a grupos mercenarios y contratistas militares privados, en lugar de desplegar soldados en el terreno.

“[Eso] te acerca a un escenario similar al de Irak, en el que múltiples grupos no estatales llevan a cabo acciones simultáneas sobre el terreno sin que nadie tenga el control”, advierte Farah. “Si la situación se tuerce, esa es una de las opciones que barajarán”, predice. “Y eso sería muy perjudicial”.

Con información adicional de Camille Rodríguez Montilla desde Oslo.

Traducción de Emma Reverter.

¿En qué estaban pensando los marineros cuando decidieron embarcarse en un viaje del que temían no sobrevivir? ¿Cómo se despidieron de sus seres queridos antes de partir? ¿Qué les llevó a aceptar una misión así? Para la Policía brasileña, las respuestas a esas preguntas siguen siendo tan desconocidas como la identidad de los marineros.

De lo único que están seguros los investigadores es del propósito de la nave: un ‘narcosubmarino’ con aspecto de mazmorra que, según ellos, estaba a pocos días de comenzar una odisea infernal de tres semanas cruzando el Atlántico con cientos de kilos de cocaína para Europa.

“Podrías pagarme todo el dinero que quisieras y te confieso que no me metería en una travesía tan delirante”, dice Fernando Casarin, el jefe de la Policía Federal de Brasil al mando de las fuerzas especiales que en mayo capturaron al narcosubmarino antes de salir del Amazonas.

“Uno se pregunta si para estos marineros es una cuestión de gran valentía o si es una falta total de conciencia de dónde se están metiendo”, agrega Casarin, cuya jurisdicción abarca el extenso estado de Pará, en norte del país, donde el submarino fue encontrado en un astillero clandestino de la isla de Marajó.

Beneficios gigantescos

En realidad, los narcosubmarinos son semisumergibles artesanales donde solo la cabina sobresale de la superficie. Los capos colombianos comenzaron a utilizarlos en la década de los 80 para transportar cocaína de contrabando por el Caribe hacia México y Estados Unidos.

En los últimos tiempos, los jefes del crimen se han vuelto mucho más ambiciosos fabricando naves de fibra de vidrio capaces de transportar cantidades enormes de cocaína a miles de kilómetros de distancia hasta las costas de Portugal y España.

Según Casarin, los gigantescos beneficios que genera el tráfico de la cocaína explican cómo es posible que los delincuentes sudamericanos sigan utilizando submarinos a pesar de los riesgos. En la frontera de Brasil con Colombia, principal productor mundial de cocaína, el kilo de esta droga se vende a un precio que oscila entre los 1.000 y los 2.000 dólares (entre 850 y 1.700 euros). En Europa, donde el consumo está en auge, esa misma cantidad se puede vender por unos 60.000 dólares (unos 51.100 euros). Un submarino que se las arregle para dejar cinco o seis toneladas de droga de contrabando en Europa podría generar a sus propietarios entre 200 y 250 millones de dólares (entre 170 y 213 millones de euros). “Las ganancias son astronómicas”, dice Casarin.

Uno se pregunta si para estos marineros es una cuestión de gran valentía o si es una falta total de conciencia de dónde se están metiendo

Fernando Casarin — Jefe de la Policía Federal de Brasil

Javier Romero, periodista español y uno de los principales cronistas de la industria de los narcosubmarinos, sospecha que los capos sudamericanos inauguraron a finales de los años 90 la ruta transatlántica. Pero la policía no confirmó su existencia hasta 2019, cuando interceptaron el primer artefacto de este tipo frente a la Península Ibérica, después de que sus tres ocupantes soportaran una pesadilla de 27 días desde su punto de partida en la Amazonía brasileña.

Según Romero, que escribe en La Voz de Galicia, el fenómeno se ha intensificado en los últimos meses de manera notable, con “un repunte de la actividad” en el verano, cuando el número de alertas de narcosubmarinos que llegaban a la Policía Nacional pasó de una cada tres meses a más de cinco avisos por mes.

A mediados de septiembre, la Policía española detuvo a tres sospechosos de origen colombiano y se incautó de 3.500 kilos de cocaína que habían sido entregados en la costa gallega, aunque el narcosubmarino no estaba a la vista.

Una nave claustrofóbica

Tres meses después de la captura del narcosubmarino brasileño en Marajó, el periódico The Guardian ha podido acceder a la nave de 18 metros de eslora.

Entrar en su estrecha sala de control por la diminuta escotilla es una experiencia claustrofóbica y escalofriante, incluso estando en tierra firme. El espacio de descanso está compuesto por dos estrechas literas de madera a ambos lados del puente de mando. Un parabrisas de plástico era la única ventana al mundo de los marineros mientras avanzaban entre las olas para llegar a Europa a una velocidad de 16 kilómetros por hora.

Osvaldo Scalezi, que dirige la división antidroga de la Policía Federal brasileña, explica que el mayor riesgo de viajar en un narcosubmarino es asfixiarse, y no ahogarse en el mar, como asume la mayor parte de la gente. “Hay un motor muy potente ahí dentro y los tubos de escape están fabricados de forma muy rudimentaria; no hay nada que impida que los gases de combustión se filtren en el barco y los maten a todos por asfixia”, dice.

En la proa de madera, donde habrían almacenado las drogas, están las únicas comodidades de las que habría disfrutado la tripulación durante su travesía transatlántica de 6.000 kilómetros: un depósito de agua potable de 700 litros, un congelador y un aire acondicionado portátil para aliviar el calor en este sofocante aparato, similar a un invernadero.

Imagínese pasar horas, o días, atrapado dentro de una de estas cosas, es una locura total

Javier Romero — Periodista en La Voz de Galicia

Mientras observa el casco de madera y fibra de vidrio, Casarin compara la temeraria expedición del narcosubmarino con la de los astronautas estadounidenses que protagonizaron el primer alunizaje en nuestro satélite natural en 1969. “Es algo de ese nivel”, dice: “Es una vida loca de piratas”.

Una industria global

De color azul y sin nombre, la nave de Marajó fue descubierta dos meses después de que en marzo se capturara un semisumergible casi idéntico cerca de las Azores. En esa operación conjunta participaron autoridades portuguesas, españolas, estadounidenses y británicas. Además de seis toneladas de cocaína, transportaba a cinco hombres, tres de los cuales eran brasileños de la región de Pará.

Según Casarin, la detención de esos tres brasileños refuerza la idea de que Pará y el estado vecino de Amapá se están convirtiendo en “un centro de construcción de este tipo de naves”. En opinión de Romero, las remotas selvas y manglares de la región son el lugar ideal para ocultar los “astilleros clandestinos” que construyen los narcosubmarinos.

Pero Pará no es ni mucho menos el único lugar de Sudamérica donde se fabrican estas naves y Europa tampoco es el destino más lejano.

Henry Shuldiner, investigador de Insight Crime y autor de un informe reciente sobre los narcosubmarinos, recuerda en una conversación con The Guardian cómo a finales de 2024 la policía colombiana interceptó un semisumergible cruzando el Pacífico hacia Australia y Nueva Zelanda, una travesía que como mínimo lleva el doble de tiempo que la de Europa. En enero de 2025, dice Shuldiner, apareció un narcosubmarino hundido en las costas de Sierra Leona, lo que reforzó su creencia de que la industria de los narcosubmarinos se está extendiendo por el mundo.

Los narcosubmarinos generan miles de millones en ganancias, pero poco de ese dinero llega a los marineros que los pilotan a través del Atlántico. Casarin estima que los marineros brasileños ganan entre 30.000 y 50.000 reales (entre 4.800 y 8.000 euros) por un viaje de este tipo. Según Romero, autor del libro sobre narcosubmarinos Operación Marea Negra, a los marineros ecuatorianos del primer barco incautado en Europa les ofrecieron unos 15.000 dólares (unos 12.800 euros).

“El narcotráfico es una industria de explotación, siempre lo ha sido”, dice Romero, que llama “ataúdes propulsados por hélices” a las destartaladas embarcaciones. “Imagina pasar horas, o días, atrapado dentro de una de estas cosas, es una locura total”.

Traducción de Francisco de Zárate.

Aún no había amanecido, pero en la calle principal de la favela Vila Cruzeiro ya había decenas de cadáveres esparcidos tras la operación policial más letal en la historia de Río de Janeiro, en la que murieron más de 130 personas. Desfigurados hasta lo grotesco y manchados de sangre, los cuerpos habían sido arrastrados desde los bosques cercanos y reposaban sobre las lonas azules y láminas de plástico negras que cubrían la calle.

“Sólo yo he traído a 53... Debe de haber otros 12 o 15 allá arriba, en el bosque”, dice el presidente de la asociación de vecinos, Erivelton Vidal Correia, con los ojos llorosos tras una noche en vela bajando del cerro cuerpos de vecinos del barrio acribillados a balazos.

Vidal Correia se desmorona al recordar la incesante búsqueda nocturna de cadáveres tras esta masacre policial en Río, una de las peores en la historia moderna de Brasil. “Nunca había visto nada igual en mi vida, hermano, ni siquiera en la Franja de Gaza ocurre esto... No puedo soportar ver más cadáveres”, cuenta llorando y cubriéndose la cara con los guantes quirúrgicos que se había puesto para mover los cuerpos.

Las autoridades de Río comunicaron el martes que al menos 64 personas, cuatro agentes de policía entre ellas, habían perdido la vida en la operación policial desplegada por 2.500 agentes antes del amanecer en Alemão y Penha, el extenso conjunto de favelas del que forma parte Vila Cruzeiro. En la madrugada del miércoles, el fiscal general comunicó que el número de muertos había ascendido a 132, por encima la cifra tristemente célebre de la masacre en la prisión de Carandiru (São Paulo), donde 111 presos perdieron la vida en 1992.

Entre las 4:15 h y las 9:00 h, cuando por fin llegaron los servicios funerarios del Gobierno, The Guardian pudo presenciar cómo decenas de cadáveres eran transportados en camionetas a la plaza de San Lucas Evangelista, en Vila Cruzeiro. “Nunca había visto nada igual... Todavía no consigo comprender qué ha ocurrido; me siento vacío, no tengo palabras”, dijo el activista de la favela Raull Santiago ante la llegada de otro cargamento de cadáveres y el frenesí de las mujeres de la zona que buscaban a hijos, maridos y hermanos desaparecidos.

Más allá de que estas personas estuvieran o no involucradas en el tráfico de drogas en la zona, en Brasil no existe la pena de muerte... Deberían haber sido arrestados

Raull Santiago — activista

La mayoría de los fallecidos parecen ser adolescentes, veinteañeros y treintañeros. Es probable que muchos, si no todos, fueran miembros de la organización local de narcos llamada Comando Rojo, contra la que iba dirigida la operación policial del martes. Casi todos los cadáveres estaban desnudos, pero algunos llevaban trajes de camuflaje, la ropa que emplean francotiradores, cazadores y fotógrafos especializados en vida silvestre para ocultarse en la vegetación.

Entre las decenas de personas congregadas en la plaza había gente enfurecida. Decían que la policía debía haber detenido a los jóvenes, antes que proceder a una ejecución sumaria. “Más allá de que estas personas estuvieran o no involucradas en el tráfico de drogas en la zona, en Brasil no existe la pena de muerte... Deberían haber sido arrestados”, dijo Raull Santiago.

“¡Asesinos! ¡Asesinos!”, gritaba Cida Santana. Su hijo Fabio le había enviado un mensaje en torno a las 15.00 h del martes para decirle que había recibido un disparo en el pie y que estaba tratando de entregarse a la policía. Dieciséis horas después, el cadáver de Fabio yacía cubierto por una manta con estampado de flores y manchada de sangre. Su cuerpo parecía tener heridas de arma blanca en la zona del pecho. “¡Dios mío! ¡Haz un milagro, Dios!”, suplicaba Cida, derrumbada en el suelo junto a su hijo muerto.

Pero el hijo de Cida no resucitará, ni lo harán las docenas de cadáveres con heridas de bala en las extremidades, el torso y la cabeza, alineados junto al suyo en el exterior de un restaurante de sushi. Uno de los hombres había sido decapitado, su cabeza dentro de una bolsa verde oliva en el suelo. Varios de los cadáveres tenían los huesos gravemente fracturados o presentaban heridas punzantes en la carne.

En algunos momentos, un silencio de estupefacción se apoderaba de la multitud mientras continuaba el flujo de camionetas con nuevos cadáveres. Nadie había visto nunca un derramamiento de sangre a esa escala. Ni los veteranos periodistas de sucesos, ni los predicadores de las áreas tomadas por las bandas, ni los vecinos de las favelas, hastiados de la lucha. Hasta esta semana, la operación policial más letal de Río había sido la redada de 2021 en Jacarezinho, otro bastión del Comando Rojo, durante la que murieron 28 personas.

“Es surrealista”, dice Antônio Carlos Costa, líder religioso y activista de derechos humanos al pedir la destitución inmediata de Cláudio Castro, gobernador de Río de Janeiro y aliado del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro. En su opinión, lo ocurrido representa “una humillación histórica” para Brasil en vísperas de la cumbre climática de la COP30, que se celebra el próximo mes en la ciudad amazónica de Belém.

En 30 años trabajando [en las favelas], este es el mayor acto de salvajismo que he presenciado

Flávia Pinheiro Fróes — abogada

En otros momentos, los espectadores estallaban de rabia al contemplar el dantesco espectáculo. Conmocionados, los amigos y familiares de los fallecidos arrancaban las sábanas que cubrían los cuerpos mutilados y exigían a los periodistas que filmaran la matanza para mostrársela al mundo. “¡Ayúdennos, por favor!”, imploraba temblando de rabia Cláudia Silva, de 53 años, mientras denunciaba lo que ella y otros calificaban de “genocidio”. “Cuando vienen aquí, matan hasta a las ratas”, añadió, refiriéndose a la policía.

“Esto ha sido una masacre, no una operación, vinieron a matar”, dijo Cida Santana junto al cadáver de su hijo, sentada sobre una bolsa de basura cubierta de sangre.

“En 30 años trabajando [en las favelas], este es el mayor acto de salvajismo, la mayor masacre que he presenciado”, dijo la abogada Flávia Pinheiro Fróes, que había acudido para apoyar a los familiares de los fallecidos.

Frente a una sensación generalizada de indignación creciente, el gobernador Castro sigue justificando la operación policial. Entre los críticos figura la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, que se mostró horrorizada por las muertes. Castro celebra que se haya asestado “un duro golpe” a los narcotraficantes fuertemente armados que a lo largo de los últimos 40 años se han hecho con el control de muchos de los cientos de favelas que hay en Río.

El ufano gobernador Castro

“Las únicas víctimas de ayer fueron los policías”, dijo el gobernador en referencia a los cuatro agentes muertos durante el intenso tiroteo del martes con los delincuentes. “Narcoterroristas”, los llamó.

Con la estola púrpura sobre los hombros, el sacerdote Edmar Augusto, de 50 años, rociaba de agua bendita los más de 50 cadáveres que se habían acumulado en la entrada de la favela mientras hablaba el gobernador. “No queremos guerra, queremos paz”, dijo a los dolientes de la favela con voz quebrada por la emoción. “Hay tantas familias llorando y yo quiero llorar con ellas, la sociedad no puede permanecer en silencio”, increpó el sacerdote antes de rezar el padrenuestro volviendo la mirada hacia el cielo.

Mientras esperaba la llegada de otro coche cargado de cadáveres, el presidente de la asociación de vecinos Vidal Correia recordó la advertencia que dos décadas antes había hecho un grupo de misioneros evangélicos: decían que la favela sufriría un día una sangrienta masacre. “No les creímos, nunca creímos que fuera a suceder”, dijo. “Pero ellos lo profetizaron y hoy se ha cumplido”, lamentó.

El Tribunal Supremo de Brasil ha decidido que el expresidente Jair Bolsonaro será juzgado por supuestamente orquestar un complot armado para tomar el poder mediante un golpe militar.

La decisión deja al líder de extrema derecha, que gobernó Brasil desde 2019 hasta finales de 2022, ante la eliminación de la política y una posible pena de cárcel de más de 40 años.

El tribunal supremo ha decidido que otros siete aliados cercanos del expresidente también deben ser juzgados por delitos como participación en una organización criminal armada, golpe de Estado e intento violento de abolir la democracia brasileña.

Los otros acusados son los exministros de Defensa de Bolsonaro, el general Walter Braga Netto y el general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira; su excomandante de la Marina, el almirante Almir Garnier Santos; su exministro de Seguridad, Anderson Torres; su exjefe de espionaje Alexandre Ramagem; su exministro de Seguridad Institucional, el general Augusto Heleno; y su exasistente, el teniente coronel Mauro Cid, quien, si es condenado, recibirá una sentencia más leve después de llegar a un acuerdo con los fiscales.

Todos ellos están acusados de formar el núcleo de una extensa conspiración para mantener a Bolsonaro en el poder después de que perdiera por un estrecho margen las elecciones presidenciales de 2022 frente a su rival de izquierdas, Luiz Inácio Lula da Silva.

Este miércoles, la mayoría de un panel de cinco jueces del Tribunal Supremo ha dictaminado que había pruebas suficientes para que todos esos hombres fueran procesados y los declaró oficialmente acusados.

Las acusaciones se refieren a un supuesto plan para dar un golpe de Estado a favor de Bolsonaro en los meses entre las elecciones de octubre de 2022 y los disturbios de extrema derecha que estallaron en Brasilia el 8 de enero de 2023, una semana después de la toma de posesión de Lula.

Esos ataques, que muchos creen que se inspiraron en el asalto al Capitolio de EEUU del 6 de enero de 2021, fueron supuestamente incitados como parte de un intento desesperado de devolver a Bolsonaro a la presidencia, en contra de la voluntad pública, creando una agitación que justificase una intervención militar.

“Fue una verdadera batalla campal (...) Fue un intento de golpe de Estado extraordinariamente violento”, ha declarado ante el tribunal el juez Alexandre de Moraes, mientras mostraba imágenes de vídeo de los asaltantes bolsonaristas destrozando el Tribunal Supremo y atacando a la policía en la capital.

“Estas imágenes no dejan lugar a dudas sobre la materialidad y la gravedad de los crímenes cometidos”, ha añadido Moraes.

En las semanas y meses anteriores al ataque ultraderechista en Brasilia, se habrían puesto en marcha una serie de maquinaciones para impedir la llegada de Lula al poder. La policía afirma que una de las tramas —conocida como “Puñal Verde y Amarillo”— incluía planes para provocar el caos social y político asesinando a Lula con veneno y matando a tiros al juez del Tribunal Supremo Moraes.

El fiscal general de Brasil, Paulo Gonet, declaró ante el tribunal que los investigadores policiales habían “descubierto una operación terrorífica para llevar a cabo el golpe, que incluía incluso el asesinato del presidente y el vicepresidente electos, así como el de un ministro del Tribunal Supremo”.

Uno de los planes de asesinato “preveía el uso de explosivos, munición militar y veneno... [y] los operadores sólo no siguieron lo acordado porque no consiguieron cooptar al comandante del ejército”, añadió Gonet, instando a los jueces a juzgar a Bolsonaro y a sus presuntos cómplices.

Bolsonaro rechazó las acusaciones en un extenso comunicado de WhatsApp enviado a sus aliados al comenzar la audiencia el martes, calificando el caso en su contra como “una aberración, como nunca se ha visto antes”. “Me acusan de un crimen que nunca cometí: un supuesto intento de golpe”, afirmó Bolsonaro, insistiendo en que nunca deseó ni sugirió “una ruptura democrática”.

Sin embargo, el expresidente admitió haber discutido con sus colaboradores lo que llamó “alternativas políticas para la nación”.

En el tribunal, los abogados de los acusados también negaron que sus clientes hubieran infringido la ley, aunque muchos se abstuvieron de negar que se hubiera producido un intento de golpe de Estado.

El abogado de Bolsonaro, Celso Vilardi, negó que el expresidente hubiera participado en el levantamiento del 8 de enero o liderado una organización criminal que conspirara para asesinar a Lula y otras altas autoridades.

José Luis Mendes de Oliveira Lima, abogado que representa a Braga Netto, calificó a su cliente de “hombre de reputación intachable” que no era culpable de “ningún tipo de acto delictivo”.

El abogado de Oliveira, Andrew Fernandes Faris, calificó al exministro de Defensa de “hombre muy honorable” y pidió que se desestimaran los cargos contra él.

El abogado de Torres, Eumar Novacki, negó que su cliente formara parte del “macabro drama golpista” y afirmó que la investigación estaba llena de “conclusiones falsas”.

Demóstenes Torres, representante de Santos, también negó que su cliente formara parte de la trama y atacó a los “novelistas de la policía federal” que, según él, habían urdido una narrativa ficticia sobre la supuesta conspiración.

El abogado de Ramagem, Paulo Renato Garcia Cintra Pinto, afirmó que no tendría sentido que su cliente hubiera intentado destruir la democracia brasileña, ya que él mismo acababa de ser elegido diputado en las elecciones de 2022.

Bernardo Mello Franco, comentarista político del diario O Globo, sostiene que hay pocas posibilidades de que el expresidente evite la cárcel. “Bolsonaro probablemente será condenado, Bolsonaro probablemente será arrestado, o se exiliará, huirá del país ... Desde el punto de vista judicial, Bolsonaro está acorralado”.

La mejor oportunidad de Bolsonaro para una “resurrección política” residía en ayudar a elegir a un aliado de derechas en las elecciones presidenciales del próximo año que aceptara indultarle tras tomar el poder. Su hijo diputado, Eduardo Bolsonaro, y su esposa, Michelle Bolsonaro, eran posibles candidatos.

El populista de extrema derecha también apostaba por el apoyo de su aliado exterior más importante, el presidente estadounidense, Donald Trump, en su búsqueda por evitar la cárcel y asegurar su supervivencia política.

“Bolsonaro espera que Trump sea una especie de salvador para él, tanto política como judicialmente. Cree que Trump interferirá de alguna manera en la política brasileña para ayudarle”, dice Mello Franco, aunque sospecha que Trump tiene cosas más importantes que hacer.

“En este momento, creo que Trump parece tener mayores prioridades que Brasil ... [y que] los Bolsonaro están prestando más atención a Trump que Trump a Bolsonaro”.

Como muchos venezolanos de su generación, Franco José Caraballo Tiapa, de 26 años, tiene un montón de tatuajes. Uno representa a una rosa; otro, a un león; y otro, en el lado izquierdo del cuello, a una cuchilla de afeitar que simboliza su trabajo como barbero. Tiene otros dos en homenaje a Shalome, su hija mayor, de cuatro años: un reloj de bolsillo con la hora de su nacimiento y el nombre Shalome en letras negras sobre el pecho. “Es un chico normal al que le gustan los tatuajes, eso es todo”, dice Martin Rosenow, el abogado de Florida que lo representa.

Caraballo, solicitante de asilo en EEUU y padre de dos hijos, se convirtió el pasado fin de semana en uno más de los muchos enviados a El Salvador por la Administración Trump con su política de mano dura contra los inmigrantes.

La afición de Caraballo por el arte corporal puede haber sido su condena. Al parecer, los funcionarios de inmigración lo detuvieron en febrero en Dallas porque creyeron que los tatuajes demostraban su pertenencia al Tren de Aragua, la banda criminal más conocida de Venezuela. 

The Guardian tuvo acceso a un documento que el Departamento de Seguridad Nacional de EEUU emitió a principios de febrero donde se llegaba a esta conclusión (sin explicar cómo): “El sujeto [Caraballo] ha sido identificado como miembro/activo del Tren de Aragua”. En el documento también se decía que Caraballo, calificado como “extranjero deportable/excluible”, tenía varios tatuajes y no se le conocían antecedentes penales “en este momento”. 

El abogado Rosenow se opuso a la identificación de su cliente como miembro de una banda criminal debido a sus tatuajes. “Es algo tramposo, no hay base [para esta conclusión]”, dice. “Todos los expertos de Venezuela que estudian la pandilla sostienen que no hay tatuajes asociados a los pandilleros; no es como con la pandilla centroamericana MS-13, donde los tatuajes significan algo para la organización”.

“Tren de Aragua no tiene tatuajes específicos”, añade. “Si ves fotos [de miembros reales de Tren de Aragua detenidos en EEUU] sin camiseta, muchos de ellos ni siquiera están tatuados (...) Todo esto me da náuseas, me angustia lo que les pase a estas personas y estoy triste por lo que todo esto significa; como estadounidense, para mí es vergonzoso que violemos los derechos humanos de forma tan flagrante”, critica. 

Caraballo procede del estado venezolano de Bolívar y llegó a EEUU cruzando la frontera sur en octubre de 2023. Es uno de los venezolanos aparentemente identificados como miembros de pandillas por parte de las autoridades migratorias basándose casi exclusivamente en la nacionalidad y los tatuajes. 

Daniel Alberto Lozano Camargo 

El venezolano Daniel Alberto Lozano Camargo, de 20 años, llegó a EEUU desde Maracaibo, en el oeste de Venezuela, para ganarse la vida lavando coches en Houston (Texas), un servicio que anunciaba por Facebook. 

Según su pareja, la estadounidense Leslie Aranda, de 25 años, a Lozano lo detuvieron en noviembre después de que un supuesto cliente contactase con él. No sabe nada de él desde el viernes 14 de marzo, cuando Donald Trump invocó una legislación de tiempos de guerra llamada Ley de Enemigos Extranjeros para deportar a personas consideradas como una amenaza. Entre ellos, los miembros del Tren de Aragua, clasificada en febrero como organización terrorista extranjera.

Aranda explica que Lozano tiene varios tatuajes, igual que otros venezolanos detenidos y en riesgo de deportación. En un brazo lleva escrito el nombre de Danessy, la hija de su pareja. También hay una rosa y el nombre de su sobrina, Eurimar, con una corona sobre la letra e. Sobre el cuello, el tatuaje de unas manos en actitud de plegaria. También el nombre de su padre, Adalberto, sus iniciales, y la fecha 19 de enero de 2023, su aniversario con Aranda. “Rey de mí mismo”, dice otro de los tatuajes. 

“Sé que el nombre de su padre es importante para él porque murió cuando Daniel era joven. Y también sé que no le gustaba mucho el tatuaje de la rosa porque se lo hizo un amigo que estaba aprendiendo. A Daniel le encantan el arte y los tatuajes, por eso los tiene”, asegura Aranda. 

“Violaron sus derechos humanos, es una injusticia; él no pertenece a ninguna pandilla”, protesta Daniela, la madre de Lozano, también residente en EEUU.

Neri José Alvarado Borges 

Según la hermana del venezolano de 24 años Neri José Alvarado Borges, otro de los deportados a El Salvador, los tatuajes pueden haberlo identificado por error como un delincuente. 

En uno se lee la palabra “Familia”; en otro, “Hermanos”; y en un tercero, sobre el muslo izquierdo, el nombre de Neryelson, su hermano menor, que es autista. Junto a él, el símbolo del infinito con los colores del arco iris que emplea el movimiento por la aceptación del autismo. 

“Ninguno de estos tatuajes tiene nada que ver con el Tren de Aragua”, dice Lisbengerth Montilla, su hermana, de 20 años. “Pero para ellos [las autoridades migratorias] cualquiera que tenga tatuajes tiene que ver con el Tren de Aragua”. 

Montilla afirma que su hermano no era ningún pandillero ni tenía antecedentes penales. De hecho, en Venezuela cursaba psicología, estudios que se había visto forzado a abandonar nueve meses antes para emigrar a EEUU debido al derrumbe económico de su país. 

Tras cruzar la peligrosa selva del Darién y entrar en EEUU, Alvarado se buscó la vida en Dallas trabajando en una panadería. “Muchos hemos venido aquí por la situación en nuestro país”, dice Montilla, que también reside en EEUU. “Hubo veces en las que ni siquiera teníamos comida ni dinero para comprarla; mucha gente huyó por la dictadura en Venezuela, buscando un futuro mejor”, cuenta. 

“No todas esas personas [las deportadas a El Salvador] son delincuentes, y no todos los venezolanos son malas personas; venimos de una familia decente, trabajadora y honrada y nunca hemos tenido problemas con nadie”, añade. 

Luis Carlos José Marcano Silva 

Al peluquero venezolano de 26 años Luis Carlos José Marcano Silva, de la isla de Margarita, lo detuvieron el mes pasado durante una vista por su estatus migratorio en Miami. Al parecer, sus tatuajes también contribuyeron a que lo deportaran a El Salvador.

Sobre el vientre tiene uno con el rostro de Jesús de Nazaret. En el brazo lleva un símbolo del infinito y, en un tercero, el nombre de Adelys, su hija. Sobre el pecho lleva la imagen de una corona.

Según su madre, Adelys del Valle Silva Ortega, durante la audiencia “lo único que le decían era que pertenecía a la pandilla del Tren de Aragua”. “Cuando su esposa se comunicó con el abogado, le dijeron que probablemente era por sus tatuajes”, explica. Niega que su hijo tuviera antecedentes penales o vínculos con la banda de delincuentes. 

“Estoy hundida, desesperada, me imagino que no lo están tratando bien, ya he visto videos de esa cárcel”, dijo Silva sobre la tristemente célebre prisión “antiterrorista” de El Salvador donde cree que está encarcelado su hijo. “Pienso todo el rato en él y le rezo a la Virgen del Valle [una patrona venezolana] para que lo proteja”. 

Jerce Reyes Barrios 

Linette Tobin, abogada de un quinto venezolano deportado a El Salvador, el exfutbolista profesional Jerce Reyes Barrios, de 36 años, también sostiene que los tatuajes de su cliente fueron determinantes. 

Uno de los tatuajes de Reyes representa una corona sobre un balón de fútbol con un rosario y la palabra “Dios”. Tobin escribió el miércoles en una declaración jurada que el Departamento de Seguridad Nacional alegó que el tatuaje demostraba su pertenencia a una banda. “En realidad, eligió ese tatuaje porque era parecido al escudo del Real Madrid, su equipo de fútbol favorito”, escribió Tobin, cuyo despacho está en California.

Tobin rechazó la idea de que su cliente fuera miembro de una pandilla y dijo que había huido de su país a principios de 2024 tras una protesta contra el gobierno venezolano que culminó con su detención por parte de las fuerzas de seguridad, que lo torturaron “en un edificio clandestino” con descargas eléctricas y simulacros de ahogamiento. 

Según Tobin, las autoridades migratorias estadounidenses dieron con una imagen de Reyes en las redes sociales en la que “alegan haber encontrado la prueba de pertenencia a una banda por un gesto que hace con la mano”. “Es un gesto común que en el lenguaje de signos significa 'te quiero' y que suele usarse como símbolo del rocanrol”, dice. 

Francisco Javier García Casique 

Francisco Javier García Casique, un sexto venezolano deportado a El Salvador, también tenía tatuajes. Según su hermano Sebastián, entre ellos hay una rosa, una brújula y una frase: “Dios elige sus batallas más duras para sus mejores guerreros”. En otro se puede leer “Vivir el momento”. Y un quinto tatuaje dice (en inglés): “Familia”. 

García publicó en Instagram en septiembre de 2021 un vídeo del entintado del tatuaje de un reloj que un artista de Perú, donde entonces vivía, le estaba haciendo sobre el brazo derecho. “Mi tatuaje en homenaje a mis dos abuelas a las que quiero y extraño mucho”, escribió en la red social. 

Anyelo Sarabia González 

La hermana de Anyelo Sarabia González, Solanyer Michell Sarabia González, de 25 años, escribió en una declaración jurada que unos agentes de inmigración habían detenido en Dallas a principios de años a su hermano, de 19. Le preguntaron “por un tatuaje visible en la mano” de una rosa con billetes en vez de pétalos. “Se hizo ese tatuaje porque pensó que le quedaba bien”, relata. En su opinión, a su hermano lo habían trasladado a El Salvador “bajo el pretexto falso de ser miembro del Tren de Aragua”. 

“El tatuaje no tiene ningún significado ni conexión con ninguna pandilla”, señala Solanyer. Tampoco tienen relación alguna con las pandillas, insiste, otros dos tatuajes de su hermano con las frases “fuerza y coraje” y “todo lo puedo en Cristo que me fortalece”.

Franco José Caraballo Tiapa

Rosenow tampoco cree que haya ningún indicio de que su cliente estuviera implicado con Tren de Aragua. Según dice, Caraballo había solicitado asilo político tras ser perseguido en Venezuela por participar en protestas contra el gobierno. Las publicaciones “cursis” y románticas que Caraballo subía a Instagram también demostraban que no era “un pandillero despiadado”, argumenta.

Una verificación de antecedentes penales emitida a principios de este mes por las autoridades venezolanas certifica que Caraballo tampoco tiene antecedentes penales en su país. Los familiares de Francisco Javier García Casique también publicaron la prueba que demostraba la inexistencia de antecedentes penales en Venezuela. 

La Casa Blanca ha descrito a los venezolanos deportados a El Salvador como terroristas y “monstruos atroces”, pero aún no ha publicado información detallada sobre sus identidades. Mucho menos, sobre sus presuntos delitos. La cadena CBS News difundió en la tarde del jueves una lista gubernamental de uso interno con el nombre de los 238 venezolanos deportados. En ella figuraban todos los casos mencionados en este artículo.

El alto cargo de inmigración y aduanas Robert Serna admitió el lunes que “muchos” de los expulsados por EEUU por aplicación de la Ley sobre Extranjeros Enemigos no tenían antecedentes penales en EEUU. A pesar de ello, insistió en que sí eran miembros del Tren de Aragua. Si no tienen antecedentes penales, explicó, era solo “porque llevan poco tiempo en el país”.

Traducción de Francisco de Zárate

Hace más de una década, el jefe de Homicidios de la Policía Civil de Río de Janeiro concedió una entrevista a la revista más vendida de la ciudad para jactarse de un descenso espectacular en el número de asesinatos. “El crimen perfecto no existe”, dijo Rivaldo Barbosa, presentado en el artículo como un exsargento de la fuerza aérea, trabajador y feligrés, que había ordenado a los detectives que resolvieran 10 asesinatos al mes. “Los asesinos siempre dejan pistas. Nuestro deber es encontrar las pruebas y arrestar a los culpables”.

Pocos de los que leyeron aquel elogioso perfil del “Sherlock de Río”, publicado en 2013, anticiparon el giro argumental que se avecinaba.

Alrededor de las 6:00 horas de la mañana del pasado domingo, alguien llamó a la puerta del lujoso apartamento de Barbosa, en la zona oeste de Río, no lejos de la oficina de la brigada de homicidios que una vez dirigió. Fuera había un grupo de agentes de la Policía federal que investigaba uno de los asesinatos más impactantes y de mayor repercusión en la historia de la ciudad: el tiroteo en 2018 que acabó con la vida de la concejala Marielle Franco y su conductor, Anderson Gomes. Llevaban una orden de detención con el nombre de Barbosa.

Barbosa había asumido el cargo de jefe de policía de Río 24 horas antes del asesinato. Aprovechó su discurso inaugural para declarar la guerra a la corrupción. Como máximo responsable de la ciudad más famosa de Brasil, su primera y más urgente tarea era hallar a los asesinos de Franco.

Solo había un problema. Ahora la policía afirma que Barbosa fue uno de los “arquitectos” del crimen junto a dos influyentes políticos, los hermanos Chiquinho y Domingos Brazão. “Está claro que el crimen fue ideado por los dos hermanos y meticulosamente planeado por Rivaldo”, asegura un informe de la policía federal que sirvió de base para la sorprendente detención de Barbosa.

Según el documento, en el que se pedía el encarcelamiento inmediato del trío, los Brazao y Barbosa eran la cúspide de “una horda violenta” que había mostrado “un desprecio absoluto por la vida humana y el Estado de derecho”. El domingo pasado por la tarde, los hermanos Brazão y Barbosa fueron trasladados esposados a una prisión de máxima seguridad de la capital nacional, Brasilia.

“Si realmente participó en esto, es un psicópata”, dice mientras digiere la noticia Marcelo Freixo, un destacado político carioca que fue amigo y mentor de Franco, sobre el investigador. “Río de Janeiro es una ciudad compleja. Sabemos que hay corrupción en la policía y también en la política. Sabía que había corrupción en la brigada de homicidios”, añade Freixo. “¿Pero pensar que Barbosa formaba parte de la planificación del crimen? Nunca lo hubiera imaginado. Ni yo, ni nadie”.

Río, “permeado por el crimen organizado”

El sorprendente acontecimiento ha puesto en el punto de mira el violento submundo mafioso de Río, en el que, según los expertos, políticos de traje e investigadores policiales corruptos se confabulan con asesinos altamente entrenados, como el que asesinó a Franco y Gomes.

“Esta investigación es una especie de radiografía que muestra cómo operan estos grupos paramilitares del crimen organizado en Río de Janeiro. Y cómo hay, digamos, un entrelazamiento con ciertos órganos políticos y públicos, lo que realmente es muy preocupante”, dijo el domingo el ministro de Justicia de Brasil, Ricardo Lewandowski, al celebrar las detenciones.

Otros fueron más directos. En declaraciones a la televisión brasileña, el exministro de Seguridad, Raul Jungmann, comparó la situación de corrupción de Río de Janeiro con una intoxicación sanguínea potencialmente mortal. “Es como una especie de sepsis (...) y esto debe ser interrumpido con la ayuda del Gobierno federal y de la propia sociedad”, dijo Jungmann.

“El estado está permeado por el crimen organizado”, dice Carolina Grillo, especialista en seguridad de la Universidad Federal Fluminense de Río. “Este caso nos demuestra que la presencia del crimen organizado en las instituciones públicas del estado de Río es tan poderosa que es posible que un policía prometa impunidad a sus cómplices”.

El informe de 479 páginas de la Policía federal sobre el asesinato de Franco, al que ha tenido acceso The Guardian, traza un retrato complejo y alarmante de cómo poderosos jefes del crimen organizado y miembros de grupos mafiosos paramilitares conocidos como milicias han conseguido contaminar las instituciones y la policía de Río en las últimas décadas.

“Las milicias son un cáncer que se extiende y hace metástasis”, dice Freixo, que se dio a conocer como el activista antimafia más decidido de Río al encabezar en 2008 una investigación parlamentaria sobre estos grupos. Se dice que las milicias fuertemente armadas de Río controlan ahora un área casi del tamaño de Birmingham, la segunda ciudad más grande del Reino Unido, donde viven más de 1,7 millones de personas.

El informe Franco también está repleto de detalles sórdidos de derramamiento de sangre y traición, y presenta un elenco de rufianes y delincuentes que superan la ficción, con apodos como Big Mac, Big Flea, Bob the Bomb, Renato the Problem, One Leg e incluso un abogado criminalista (muerto a tiros un mes después que Franco) llamado Doctor Cock.

Impunidad, arrogancia y codicia

En el fondo, sin embargo, el relato de la policía federal sobre el asesinato de Franco es una vieja historia de impunidad, arrogancia y codicia.

Los investigadores afirman que los hermanos Brazão –principales miembros de un poderoso clan político que desde hace tiempo se enfrenta a acusaciones de vínculos con el crimen organizado y la corrupción– empezaron a planear el asesinato de Franco en la segunda mitad de 2017, después de sentirse frustrados por sus intentos de desbaratar lucrativos planes de construcción de viviendas en la zona oeste de Río, dominada por las milicias, donde habían construido sus carreras políticas.

“Marielle Franco fue asesinada porque era vista como una amenaza potencial para los intereses de Domingos y Chiquinho Brazão”, afirma el informe, que añade que las actividades políticas “serias” y “combativas” del Partido Socialista y de la Libertad (Psol) de Franco también fueron un factor.

Al parecer, los hermanos Brazão pidieron a un contacto paramilitar apodado Macalé que organizara una reunión clandestina con Ronnie Lessa, un agente de las fuerzas especiales de la policía convertido en un “famoso asesino a sueldo”, y le ofrecieron un terreno supuestamente valorado en millones a cambio de llevar a cabo el asesinato.

Lessa, que perdió la pierna izquierda en un atentado con bomba en 2009 y fue descrito en una ocasión por un antiguo colega como una “máquina de matar”, “aceptó de buen grado”, según la Policía. “Vio una buena oportunidad de negocio para sacudirse su imagen de mero sicario”.

En septiembre de 2017, Macalé –que más tarde fue asesinado– le dio un arma al pistolero. “Se sorprendió gratamente (...) [de que fuera] una [Heckler & Koch] MP5, un subfusil alemán al que Lessa era aficionado dado que había utilizado este tipo de arma mientras trabajaba en el batallón de fuerzas especiales de la policía militar de Río”, dice el informe, que se basa en gran medida en el testimonio prestado por Lessa como parte de un acuerdo de culpabilidad.

En la noche del 14 de marzo de 2018, Lessa puso esa arma en funcionamiento, según su propia confesión, rociando de balas el coche de Franco cuando ella volvía a casa desde un evento.

En medio de una gran protesta internacional, el nuevo jefe de policía de Río prometió justicia. “Vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para responder a este crimen bárbaro”, prometió Barbosa a las familias de las víctimas, que creían haber encontrado un aliado en el jefe de policía.

“No había razón para no confiar en él”, dice Freixo, que, como Franco, conocía a Barbosa desde hacía años.

De hecho, la Policía federal afirma que Barbosa estuvo implicado en ese “crimen bárbaro” desde el principio, al haber convertido la brigada de homicidios en un “negocio” ilegal que arruinaba deliberadamente las investigaciones criminales a cambio de una comisión. Una serie de investigaciones fueron saboteadas para proteger a los mafiosos que estaban detrás del baño de sangre. Al parecer, Barbosa se enriqueció mucho más de lo que le permitía su salario oficial. “Rivaldo Barbosa montó una verdadera organización criminal en las entrañas de la policía civil de Río”, dice el informe de la Policía federal, alegando que Domingos Brazão se había vanagloriado una vez: “Rivaldo es nuestro”.

Lessa afirmó que cuando los hermanos Brazão pidieron al jefe de homicidios que les ayudara a ejecutar y encubrir su plan, Barbosa solo hizo una petición: que Franco no fuera asesinada mientras viajaba hacia o desde el ayuntamiento. Eso sugeriría que se trataba de un crimen por motivos políticos y atraería a los investigadores de la policía federal a un caso que Barbosa supuestamente esperaba controlar y desbaratar.

Los representantes de los acusados niegan su implicación

Los representantes de los tres acusados han rechazado las acusaciones de su implicación en los asesinatos.

El abogado de Barbosa, Alexandre Dumans, niega que su cliente fuera cercano a los hermanos Brazão o que hubiera participado en ninguna conspiración. “Es un buen hombre. No es una especie de delincuente o forajido y no creo que participara en la planificación [de este crimen] como afirma el informante Ronnie Lessa”, dice Dumans, quien añade: “Es un hombre religioso, un profesor universitario que se ha labrado una carrera durante décadas”. El domingo por la noche, la universidad en la que Barbosa impartía clases anunció que había sido despedido por su compromiso con los principios de “ética, corrección y no violencia”.

Tras la detención de los hermanos Brazão el domingo, su abogado Ubiratan Guedes negó que sus clientes estuvieran implicados en el asesinato y dijo que no tenían ninguna relación con Franco. Durante unas imágenes inéditas de un documental de 2019, Domingos Brazão afirmó: “Nunca he ordenado el asesinato de nadie: ni de Marielle Franco, ni de nadie”. “Aquí, en mi casa, no he matado ni una gallina. No he matado ni un pato”, añadió Brazão, que ahora tiene 59 años y es asesor del Tribunal de Cuentas de Río.

En vísperas de su detención, Chiquinho Brazão, que es diputado federal, emitió un comunicado en el que negaba haber cometido delito alguno y afirmaba que había mantenido relaciones “amistosas y agradables” con Franco cuando trabajaron juntos en el Ayuntamiento de Río. El domingo por la noche, el hombre de 62 años fue expulsado de su partido conservador, União Brasil.

Freixo cree que los asesinos de Franco estaban convencidos de que nunca serían capturados. “En sus mentes, habían matado a una mujer negra de la favela y no habría ningún problema”, dice. “Pero les salió el tiro por la culata”.

Constance Malleret ha contribuido a la elaboración de este reportaje.

Traducido por Julián Cnochaert e Icíar Gutiérrez.

Durante los últimos cuatro años, las selvas tropicales de Brasil sangraron. “Sangraron como nunca”, dice Felipe Finger mientras se prepara para adentrarse en la selva con su fusil de asalto para poner un freno a la carnicería medioambiental infligida a la Amazonia bajo el mandato del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro.

Momentos después, Finger, un comandante de las fuerzas especiales del Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (IBAMA), sube a un helicóptero monomotor, sobrevuela a toda velocidad la selva y se dirige hacia la primera línea de una guerra feroz contra la naturaleza y los pueblos indígenas, que vivían aquí desde mucho antes de la llegada de los exploradores portugueses hace más de 500 años.

El objetivo del grupo es Xitei, uno de los rincones más aislados del territorio indígena yanomami, en la frontera norte de Brasil con Venezuela. Decenas de miles de mineros ilegales devastaron la región durante la presidencia de Jair Bolsonaro, calamitosa para el medio ambiente: secuestraron aldeas indígenas, desterraron a trabajadores sanitarios, envenenaron ríos con mercurio y provocaron lo que el sucesor izquierdista de Bolsonaro, Luiz Inácio Lula da Silva, ha calificado de genocidio premeditado.

Cuando el avión de Finger aterriza en picado sobre un claro fangoso al lado de una aldea yanomami, un puñado de esos mineros se escabulle hacia la selva para evitar ser capturados.

Los motores que alimentan la explotación clandestina de casiterita siguen rugiendo cuando los seis hombres que integran esta unidad de élite saltan desde sus helicópteros y se despliegan por un paisaje apocalíptico de cráteres empapados y árboles caídos. “Se acabó la minería ilegal en tierra yanomami”, declara Finger, un ingeniero forestal convertido en guerrero de la selva tropical. Su equipo ha encabezado los esfuerzos para desalojar a los buscadores desde principios de febrero.

La incursión en Xitei forma parte de lo que ha sido descrita por el Gobierno como una campaña histórica para expulsar a los mineros de las tierras yanomami y rescatar la Amazonia tras cuatro años de caos, criminalidad y derramamiento de sangre, como supuso el asesinato del periodista británico Dom Phillips y del especialista indígena Bruno Pereira el pasado mes de junio.

The Guardian, uno de los primeros medios de comunicación a los que se concedió acceso a esos esfuerzos, ha viajado a finales de febrero a lo más profundo del territorio yanomami para acompañar al escuadrón de élite de Finger, el Grupo Especial de Inspección (GEF, por sus siglas en portugués).

Los agentes del grupo se reúnen a primera hora en un campamento a orillas del río Uraricoera, una de las principales arterias utilizada por los mineros para invadir el territorio, que tiene el tamaño de Portugal y es hogar para unos 30.000 yanomami, distribuidos en más de 300 aldeas.

Veinticuatro horas antes, una banda de mineros ilegales —a los que el Gobierno ha ordenado abandonar el territorio antes del 6 de abril— se había enfrentado en un tiroteo con las tropas que bloquearon la vía fluvial para cortar su suministro. Un minero recibió un disparo en la cara.

Una comisión del Senado brasileño anunció este miércoles que 19.000 mineros ilegales han abandonado en el último mes la reserva yanomami, y que en el territorio quedan unos 800.

Un territorio devastado

Poco antes de las 11 de la mañana, los agentes surcan los cielos en dos helicópteros Squirrel dirigiéndose al suroeste, hacia Xitei, donde el día anterior se había detectado una serie de minas durante un vuelo de vigilancia. “Esta región ha sido absolutamente devastada... Hay pueblos que acabaron completamente rodeados por las minas”, dice Finger, de 43 años.

El primer objetivo aparece treinta minutos más tarde. Los helicópteros descienden en tirabuzón desde un cielo lleno de nubes hasta un tajo en la selva, donde las bandas han estado saqueando el oro de las tierras protegidas de los yanomami. Los mineros han huido, abandonando su equipamiento en un pozo de barro donde antes fluía un pequeño arroyo. “Se marcharon deprisa, hace apenas unos días”, dice Finger mientras su equipo recorre el campamento desierto. Paquetes vacíos de cigarrillos y analgésicos, ropa y cartuchos de escopeta de calibre 12 ensucian el suelo junto a una esclusa de madera utilizada para separar el oro de la grava y la tierra.

Después de quemar la esclusa y los motores que accionaban las mangueras utilizadas para remover la tierra, el grupo de Finger vuelve a subir a sus helicópteros y se apresura por llegar a su segundo objetivo: un grupo mayor de minas cerca de la frontera con Venezuela.

La última vez que The Guardian visitó la región de Xitei, en 2007, era un mar de selva tropical mayormente virgen, salpicado de tradicionales chozas comunales y pistas de aterrizaje clandestinas desactivadas que habían sido dinamitadas durante la última gran operación de desalojo de mineros, a principios de la década de 1990.

Quince años más tarde, la selva que rodea Xitei ha quedado destrozada. Inmensas laceraciones de color arena han sustituido a los bosques de color verde oscuro. Hay campamentos mineros destartalados donde antes deambulaban tapires y ciervos. Cantidades desconocidas de mercurio han contaminado los ríos, envenenando los peces de los que dependen los yanomami.

“Nuestra tierra está enferma”

Dário Kopenawa, un destacado dirigente yanomami, compara la profanación del medio ambiente con la leishmaniasis, una enfermedad transmitida por la mosca de la arena que causa horribles lesiones y úlceras en la piel. “Nuestra tierra está muy enferma. Nuestros ríos están enfermos. El bosque está enfermo... El aire que respiramos está enfermo”, dice. Utiliza una palabra yanomami para describir la catástrofe ocurrida bajo el Gobierno de Bolsonaro, que con su retórica antiambientalista y la paralización de agencias de protección como el IBAMA provocó que la deforestación se disparara. “Yo lo llamaría onokãe”, dice Kopenawa. “Significa un genocidio que mata gente, derrama sangre y acaba con vidas”.

Mientras el equipo del IBAMA aterriza en la cantera de casiterita, los operarios mineros se dispersan. Decenas de aldeanos yanomami han salido de la selva, curiosos por la llegada del escuadrón de Finger. Las mujeres visten tradicionales taparrabos rojos y llevan cuentas amarillas y blancas sobre el pecho desnudo. Los hombres portan collares de dientes de jaguar y flechas adornadas con plumas negras de aves parecidas al faisán. Los niños llevan chanclas y camisetas de fútbol que los mineros les han regalado.

Los hombres niegan con la cabeza cuando se les pide que nombren al presidente y al expresidente de Brasil. Pero las consecuencias de la incitación bolsonarista al delito medioambiental se hacen visibles por todas partes: el bosque destrozado, los abultados sacos de minerales extraídos ilegalmente y el campamento mugriento con latas de cerveza y de sardinas esparcidas por el suelo.

Cerca de allí, el equipo de Finger persigue a un minero fugitivo, Edmilson Dias, que solía ser carnicero y proviene del estado de Goiás. Dias, de 39 años, a quien los ocho años de trabajo en las minas le han dado el aspecto de un hombre mucho mayor, votó a Lula en las reñidas elecciones de octubre pasado. Pero el minero arremete contra las medidas del nuevo presidente e insiste en que fracasarán. “La minería es una fiebre”, dice mientras se sienta sobre un tronco flanqueado por las tropas armadas de Finger. “Si me echan de esta mina... me iré a otro sitio, porque la minería ilegal no acabará nunca”.

En la piscina del mejor hotel de Boa Vista, la ciudad más cercana al enclave yanomami, se escucha una resistencia similar. Una tarde, un corpulento jefe minero está sentado allí, bebiendo cerveza y alardeando de cómo su grupo había enterrado su equipamiento en la selva para evitar que las tropas lo destruyeran. Los mineros habían rociado con gasolina la tierra sobre los objetos ocultos, lo que les ayudaría a reubicar sus herramientas ya que impediría que la vegetación volviera a crecer. El capo vaticina que la represión de Lula disminuirá al cabo de seis meses, lo que permitirá a los mineros reanudar sus multimillonarias actividades en más de 200 pozos. Sin embargo, los aliados de Lula insisten en que han llegado al territorio yanomami para quedarse.

“Esta es la promesa de Lula y todos estamos trabajando para que esta promesa sea cumplida. Estamos decididos a hacer que esto funcione”, dice la ministra de Medio Ambiente, Marina Silva, que también promete defender otros territorios indígenas asolados por la minería ilegal, como los de los pueblos munduruku y kayapó.

Una cuestión de vida o muerte

Para los yanomami, estas promesas son cuestión de vida o muerte. Al menos 570 niños yanomami murieron de enfermedades curables durante el Gobierno de Bolsonaro, en parte porque las desenfrenadas cuadrillas mineras provocaron una propagación de malaria e imposibilitaron la actuación de los trabajadores sanitarios. “Esto es un crimen. No hay otro nombre para esto: un intento de genocidio”, dice Silva al denunciar las condiciones “ética, política, moral y espiritualmente degradantes” a las que, según cree, los yanomami fueron sometidos deliberadamente bajo el gobierno de Bolsonaro.

André Siqueira, un experto en malaria que visitó recientemente el territorio yanomami para evaluar la emergencia sanitaria, describe escenas espeluznantes de desnutrición y abandono. “Vi niños de cinco años que pesaban menos que mi hijo de dos. Ni siquiera en mis viajes a África había visto tales niveles de desnutrición. Solo lo había visto en libros”, dice.

Bruce Albert, un antropólogo que ha trabajado con los yanomami desde los años 70, cuando los mineros irrumpieron por primera vez en su territorio, acusa a Bolsonaro de haber tratado de “aniquilar por completo” a los yanomami saboteando los esfuerzos para proteger las tierras que se cree que este pueblo indígena ha habitado por miles de años. “El plan de Bolsonaro era una especie de genocidio mediante negligencia intencional”, dice sobre el mandatario que, según Albert, estaba obsesionado con teorías conspirativas de la era de la dictadura militar que sostenían que potencias extranjeras hostiles querían anexionar la región fronteriza incitando a un movimiento separatista indígena. “Y si Bolsonaro hubiese estado otros cuatro años [en el poder] su plan habría tenido éxito”.

El expresidente de Brasil ha tachado las acusaciones de “farsa” izquierdista. Dias también rechaza las afirmaciones de que los mineros están destruyendo a los yanomami. “Cuando nuestras máquinas están en funcionamiento, ellos comen bien y viven bien”, dice, para luego nombrar a tres supuestos colaboradores yanomami. “Los mineros no son ladrones y lo que nos están haciendo es una vergüenza total”.

Dias también niega que los mineros estuvieran recolectando oro utilizando mercurio, que puede causar defectos de nacimiento, daños renales e incluso la muerte. Sin embargo, Finger sale de la choza de Dias momentos más tarde blandiendo un frasco de plástico lleno del tóxico metal pesado. “No solo es peligroso, es letal, para ellos [los mineros] y para los indígenas”, dice encrespado. Dias confiesa haber pagado unos cinco gramos de oro (270 euros) por la sustancia plateada. “Viene de las máquinas de rayos X, de los hospitales, de ese tipo de cosas”, murmura.

Después de distribuir los suministros de Dias entre los aldeanos yanomami, los agentes incendian su choza. Dias es multado y abandonado en la selva para que encuentre el camino de vuelta a casa.

Las tropas de Finger regresan a la base para limpiar sus armas y prepararse para la misión del día siguiente, a la vanguardia de la campaña de Lula para escribir un nuevo capítulo para el medio ambiente, los yanomami y la lucha mundial contra el cambio climático. “Estamos librando una guerra de facto”, dice Finger mientras los agentes del IBAMA cachean a un grupo de mineros que intentaba huir por el río detrás de él. “Es una guerra silenciosa que la sociedad no ve, pero quienes estamos librando la batalla sabemos que existe”. 

Traducción de Julián Cnochaert.

El Gobierno de Brasil ha lanzado una campaña para expulsar de la mayor reserva indígena del país a decenas de miles de mineros ilegales. Fuerzas especiales para la protección del medio ambiente han destruido aviones y confiscado armas y embarcaciones en un operativo llevado a cabo en las profundidades del territorio yanomami, en la Amazonia brasileña.

Miembros del Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (IBAMA, por sus siglas en portugués), con el apoyo de la Fundación Nacional del Indio (FUNAI) y el recientemente creado Ministerio de Pueblos Indígenas, lanzaron el lunes la anhelada operación, para la que las tropas establecieron una base a lo largo del río Uraricoera. Esta vía fluvial, al igual que decenas de pistas de aterrizaje ilegales, es utilizada por los ‘garimpeiros’ en busca de estaño y oro para llegar a sus puestos en tierras yanomami, donde se abastecen de minerales.

En un comunicado emitido el miércoles al mediodía, el Gobierno brasileño informó de que la brigada medioambiental había destruido un helicóptero, un avión y una excavadora utilizados por las mafias mineras para abrir caminos clandestinos a través de las selvas de la región. Las imágenes de la redada muestran el chasis de un helicóptero ardiendo cerca de una zona de selva después de que los agentes del IBAMA le hubieran prendido fuego para impedir que volviera a ser utilizado.

La Policía Federal de Brasil también informó este viernes de una nueva operación con objetivo “interrumpir la logística” e “inutilizar la infraestructura” usada por los mineros ilegales.

Una ruta ilegal de 120 kilómetros

En diciembre, The Guardian documentó la existencia de un “camino al caos”, una ruta ilegal de 120 kilómetros de extensión que atraviesa tierras yanomami. El descubrimiento fue realizado en un sobrevuelo junto a la activista indígena Sônia Guajajara, que semanas después fue nombrada al frente del Ministerio de Pueblos Indígenas, creado por Lula da Silva.

El martes por la noche, Guajajara dijo que el nuevo Gobierno del presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva estaba decidido a proteger a los casi 30.000 yanomami que viven en Brasil de lo que las autoridades han calificado de “genocidio”. “Los yanomami quieren paz, eso es lo único que quieren”, dijo Guajajara a la cadena de televisión GloboNews. “Y eso es lo que vamos a darles”.

Los buscadores ilegales de oro, conocidos como garimpeiros, empezaron a invadir las tierras yanomami en los años 70 y 80, después de que la dictadura militar que gobernó el país de 1964 a 1985 instara a los brasileños empobrecidos a poblar una región de la que, según decían, pretendían apoderarse potencias extranjeras.

Las protestas a nivel global —que incluyeron al entonces Príncipe Carlos que hace años condenó el “genocidio colectivo” de los yanomami— impulsaron al Gobierno a tomar medidas. Decenas de miles de mineros fueron expulsados de las tierras yanomami a principios de la década de los 90 durante una operación de seguridad denominada Selva Livre. El entonces presidente de Brasil, Fernando Collor de Mello, creó para los indígenas yanomami un territorio supuestamente protegido de 9,6 millones de hectáreas que existe hasta hoy.

La responsabilidad de Bolsonaro

Sin embargo, el conflicto se reavivó tras la elección en 2018 del presidente de extrema derecha Jair Bolsonaro, que despotricó públicamente porque se hubiera reservado una extensión tan grande de tierra rica en minerales para la población indígena.

Se estima que, durante los cuatro años de su Gobierno, en los que se disparó la deforestación amazónica y se debilitaron los organismos medioambientales e indígenas, al menos 25.000 mineros acudieron en masa al territorio yanomami, cerca de la frontera con Venezuela, trayendo violencia y enfermedades.

“Fue un Gobierno de sangre”, dijo el líder yanomami Júnior Hekurari en una entrevista reciente.

El nuevo Gobierno de Lula, que comenzó el 1 de enero, ha prometido revertir las políticas de la era Bolsonaro que causaron estragos en el medio ambiente y las comunidades indígenas de Brasil. “Pondremos fin a cualquier tipo de minería ilegal. Esto no puede simplemente realizarse mediante una ley. Debe ser casi una profesión de fe”, dijo el veterano líder de izquierda a The Guardian durante la campaña electoral del año pasado.

Hace tres semanas, el presidente visitó la región y ordenó la retirada de los mineros ilegales de la tierra Yanomami.

El miércoles por la tarde, varios ministros de alto rango, entre ellos el titular de Defensa, José Múcio, aterrizaron en la ciudad amazónica de Boa Vista —la más cercana al territorio yanomami— para supervisar el inicio de la operación contra la minería ilegal.

Desastre humanitario

El operativo de esta semana llega después de que en Brasil se haya levantado un clamor por el desastre humanitario que ha asolado el territorio yanomami a lo largo de los últimos años como consecuencia de la afluencia de mineros y la inacción del Gobierno.

En los últimos días, decenas de niños yanomami han sido trasladados a hospitales de Boa Vista aquejados por la desnutrición y la malaria. Las terribles imágenes de niños y adultos demacrados han causado indignación en Brasil y en todo el mundo. Al menos 570 niños yanomami habrían muerto de enfermedades curables durante el Gobierno de Bolsonaro.

Tras una visita a la región el mes pasado, Lula dijo: “Más que una crisis humanitaria, lo que vi... fue un genocidio. Un crimen premeditado contra los yanomami cometido por un Gobierno impermeable al sufrimiento del pueblo brasileño”.

La crisis fue documentada para The Guardian por Dom Phillips, el periodista británico cuyo asesinato en la Amazonia el pasado mes de junio sacó a la luz la degradación medioambiental y la delincuencia que asolaron la región durante el anterior Gobierno de Brasil.

“Es como si estallara una bomba. No verás nada más brutal que esto”, dijo un experto medioambiental a Phillips tras haber visto imágenes de una mina en territorio yanomami que el periodista había visitado a finales de 2019.

Traducción de Julián Cnochaert.

Uno a uno, los campesinos rebeldes suben al podio improvisado que han levantado sobre una barricada de tierra de 1,80 metros, para declarar su determinación de derrocar a la presidenta de Perú, Dina Boluarte. “Hermanos y hermanas, nuestro Perú nos necesita más que nunca”, dice Nilda Mendoza Coronel, una campesina de 35 años, a los cientos de huelguistas que se han congregado bajo un implacable sol matutino. “¡Lucharemos hasta el final, carajo!”, grita Mendoza, con la ayuda de un megáfono. “¡Nadie detendrá nuestra lucha!”, alienta.

Otro orador, Aparicio Meléndez, insta a la multitud en la ciudad andina de Sicuani a ignorar los avisos de que el Ejército está llegando con el objetivo de sofocar la revuelta.

“Nos quedaremos aquí hasta que gasten su última bala”, promete este ganadero de 55 años, mientras contempla la protesta que bloquea la carretera de 1.500 kilómetros que atraviesa los Andes peruanos. Detrás de la barricada, alguien ha pintado dos palabras sobre el asfalto: “Insurgencia popular”.

“Ya basta”

Sicuani se encuentra en el epicentro de la insurrección que desde hace siete semanas se enfrenta a la presidenta peruana, Dina Boluarte, y a la élite política del país. El movimiento se inició a principios de diciembre, tras la destitución y detención del presidente de izquierdas Pedro Castillo, acusado de intentar dar un golpe de Estado.

En los últimos tiempos, América Latina y el Caribe se han visto sacudidas por vientos políticos extraños y violentos, como el asalto de extrema derecha en Brasil, el colapso político y social en Haití y las protestas tras la detención de uno de los líderes de la oposición más destacados de Bolivia. Pero en ningún lugar la agitación ha sido tan generalizada y mortífera como en Perú, donde al menos 58 personas han muerto desde la dramática caída de Castillo.

Desde la destitución del presidente, enormes franjas del cuarto país más poblado de Sudamérica han estado paralizadas por protestas y bloqueos de carreteras. Sus partidarios –y los indignados por la respuesta letal del Gobierno–  han salido a las calles para exigir la dimisión de Boluarte, nuevas elecciones y justicia para las decenas de personas a las que presuntamente han matado las fuerzas de seguridad.

The Guardian ha recorrido la región más afectada, situada entre las ciudades andinas de Cuzco y Juliaca –donde fueron asesinadas 17 personas en el día más intenso de violencia–, para escuchar las voces del motín contra el Gobierno peruano. El agotador viaje de 337 kilómetros dura tres días y supone atravesar decenas de puestos de control custodiados por manifestantes campesinos, así como cientos de barricadas hechas con rocas, troncos de árboles, vehículos destrozados, cristales y chatarra.

Más allá de las barricadas, es un viaje a través de la profunda desigualdad social, la pobreza extrema y la discriminación que subyacen a la explosión de rabia rural contra lo que muchos manifestantes llaman la clase política corrupta, interesada y mayoritariamente blanca de la capital, Lima.

“Es como si no fuéramos humanos... Es como si no valiéramos nada”, dice Raúl Constantino Samillán Sanga. Mataron a tiros a su hermano de 30 años en Juliaca durante los enfrentamientos entre la Policía y los manifestantes. “Todos los Andes estamos diciendo 'ya basta: esto tiene que cambiar'”, exige.

“Como si estuvieran matando perros”

El viaje por el epicentro del terremoto político de Perú se inicia en Cuzco, antigua capital del imperio inca y, en la actualidad, el destino turístico más importante del país, con cerca de tres millones de visitantes al año. Los turistas han desaparecido desde que comenzó la revuelta, y las autoridades han cerrado en repetidas ocasiones el aeropuerto de Cuzco y el cercano Machu Picchu, clausurado a principios de este mes.

“Todos estamos nerviosos y preocupados, y también un poco asustados”, cuenta Hannah Jenkinson, una diseñadora de moda británica que regenta una tienda en el centro histórico de Cuzco, ahora prácticamente desierto. A pocas calles de distancia, cientos de manifestantes marchan hacia la plaza donde, en el siglo XVIII, el líder indígena Túpac Amaru fue descuartizado y decapitado tras rebelarse contra el dominio español.

“¡Va a caer! ¡Va a caer! Va a caer la asesina”, corea la muchedumbre a Boluarte mientras recorre las calles empedradas de Cuzco ondeando la bandera roja y blanca de Perú.

A 40 kilómetros al sureste de Cuzco, entre ruinas preincaicas y montañas cubiertas de eucaliptos, se encuentra el pueblo de Villahermosa, donde se produjo el primer gran bloqueo de la carretera peruana Ruta 3S.

Decenas de lugareños, entre ellos ancianas con sus tradicionales hondas huaraca tejidas con lana de alpaca, han bloqueado la carretera con troncos de árboles y neumáticos para expresar su rabia por décadas de negligencia gubernamental y por la reciente oleada de muertes, la mayoría de las cuales se atribuyen a las fuerzas de seguridad.

Juvenal Luna Jara, de 22 años, dice que se unió a la rebelión una semana antes, indignado por el asesinato de tantos manifestantes en el sur rural de Perú, descuidado durante mucho tiempo y que fue el centro de la brutal guerra de 12 años librada por el grupo guerrillero Sendero Luminoso. En su opinión, la mayor parte de muertes de esta región se deben a que los provincianos (la gente del campo) son considerados ciudadanos de segunda clase, o algo peor. “Es como si estuvieran matando perros”, opina.

Boluarte ha implorado a los manifestantes que aceptaran una tregua nacional unas horas antes. Pero en Villahermosa no hay ni rastro de acuerdo, mientras los campesinos se reúnen para expresar su rabia por el papel de la presidenta en la destitución de Castillo, un exlíder sindical que nació en la pobreza y fue llevado a la presidencia en 2021 por los votantes rurales empobrecidos de lugares como este.

“Si no hay solución, la lucha continuará”, advierten los aldeanos antes de que se permita al vehículo de The Guardian proseguir su viaje.

“Nos han humillado y olvidado”

En un pueblo tras otro a lo largo de la carretera sembrada de rocas, el mensaje es idéntico a medida que campesinos desilusionados y maltratados se reúnen a lo largo de los bloqueos para pronunciar apasionados discursos sobre el estado de su país y sobre cómo su región minera, rica en recursos, ha sido explotada para obtener unos beneficios que jamás han visto. 

Dina Quispe llora al denunciar cómo las autoridades peruanas tacharon a los manifestantes de terrucos (terroristas) financiados por el narcotráfico y respondieron a su petición de cambio político con represión y derramamiento de sangre. “Nos han humillado y olvidado”, dice esta vendedora de 41 años de la comunidad de Checyuyoc. “Están matando a nuestros hermanos a balazos”, lamenta.

Entre lágrimas, Quispe expresa su disgusto por compartir nombre de pila con la primera mujer presidenta de Perú. Boluarte se ha convertido en un pararrayos de una desilusión mucho más profunda con la desestructurada política de un país que ha tenido siete presidentes en los últimos seis años y donde una cuarta parte de la población lucha por tener acceso a una alimentación adecuada.

“Por favor, lleven esta voz de protesta desde el Perú más profundo y humilde [al mundo]”, pide Quispe a los periodistas.

A pocos kilómetros de allí, en Sicuani, un pueblo ahora prácticamente aislado del mundo exterior por los bloqueos de la carretera, cientos de mujeres quechuas ataviadas con sombreros, polleras y deslumbrantes colchas participan en la marcha.

“Estamos luchando por nuestro futuro y el de nuestros hijos y nietos”, cuenta Roxana Chahuanco, de 40 años, mientras los habitantes se preparan para debatir su próximo movimiento después de anuncio del Gobierno de que desplegará tropas para despejar las carreteras.

Allí, Mendoza Coronel evoca a los mártires indígenas Túpac Amaru y su esposa, Micaela Bastidas, mientras urge a los lugareños a intensificar su rebelión campesina contra las élites “corruptas” de Lima. “Nos desprecian por ser hijos de campesinos y por ser hombres del campo”, les cuenta.

En el pueblo contiguo han colocado el cráneo de una vaca en un poste sobre una barricada formada por dos montones de escombros y tierra. “Es Dina”, bromea una de las mujeres que vigilan el puesto de control.

Desde Sicuani, la carretera asciende aún más por los Andes hacia la espectacular frontera de 4.300 metros con el departamento de Puno, donde las comunidades indígenas aimaras también se han rebelado contra el nuevo Gobierno.

Boluarte enfureció aún más a los habitantes de la región hace unos días cuando, en declaraciones ante periodistas extranjeros, dijo que “Puno no es Perú”, palabras que la presidenta afirmó posteriormente que habían sido malinterpretadas.

“Somos peruanos”, dice una mujer que vigila un corte de carretera a las afueras de la ciudad de Ayaviri. “En Puno nació el imperio inca”, indica.

Familias rotas

Después de Ayaviri, la carretera baja hacia la ciudad más grande de Puno, Juliaca, un núcleo minero y de contrabando derruido y agitado, donde las protestas antigubernamentales continúan mientras las familias locales lloran a sus muertos.

Detrás de una puerta metálica decorada con un lazo negro de luto se sienta María Ysabel Samillán Sanga, cuyo hermano pequeño murió un lunes de principios de enero.

Marco Antonio Samillán Sanga estudiaba Medicina. Estaba trabajando como médico voluntario en Juliaca cuando los manifestantes intentaron asaltar el aeropuerto de la ciudad y las fuerzas de seguridad respondieron con munición real.

El estudiante de 30 años recibió un disparo en el corazón mientras atendía a un muchacho que había inhalado gases lacrimógenos. Fue una de las 17 personas que murieron en Juliaca ese día. “Fue una masacre”, dice su hermana. “No hay otra palabra para describirlo”, asegura.

Samillán Sanga llora al recordar cómo su hermano había conseguido salir de la pobreza extrema y estudiar Medicina. Soñaba con ser neurocirujano y crear programas de salud para los pobres de las zonas rurales de Puno. “En este momento, siento que me están obligando a vivir... Si por mí fuera, me moriría porque hay días que no puedo con este dolor”, admite con lágrimas en los ojos.

Samillán Sanga también ve prejuicios y discriminación en el origen de la muerte de su hermano y del levantamiento de Perú. “Tenemos sentimientos. Somos humanos. Sentimos. Lloramos. Tenemos emociones. Y nos duele”, dice su hermano, Raúl Constantino. La familia asegura que teme represalias del Gobierno por hablar, pero que no piensa callar. “Espero que alguien lea esto y piense: '¿cómo está la familia Samillán Sanga?'”, asegura María Ysabel. “Porque la verdad es que nos han destrozado. Mi familia nunca volverá a ser la misma”, concluye.

Traducción de Emma Reverter.

En la segunda planta del palacio presidencial de Planalto, el retrato del duque de Caxias, un primer ministro del siglo XIX, tenía pintarrajeado un bigote azul a lo Adolf Hitler. Una obra maestra del legendario pintor modernista brasileño Emiliano Di Cavalcanti, valorada en millones, había recibido siete puñaladas.

Ni siquiera la sala de prensa del palacio escapó a la ira de los miles de radicales de extrema derecha que el domingo por la tarde asaltaron el Planalto, el Congreso de la Nación y el Tribunal Supremo de Brasil. Tras irrumpir en la impresionante estructura curvilínea de Oscar Niemeyer, los extremistas hicieron sus necesidades en la sala de prensa y defecaron en la sala de fotógrafos justo al lado.

“Todo el lugar apestaba a orina y a cerveza”, dice una persona que trabaja en el palacio presidencial sobre el momento en que los empleados públicos volvieron a entrar al edificio y contemplaron las inconcebibles escenas de devastación que siguieron al domingo de furia.

The Guardian recorrió dos de los tres edificios asaltados en Brasilia el lunes por la tarde, 24 horas después del ataque protagonizado por seguidores acérrimos del expresidente Jair Bolsonaro.

El Planalto y el edificio del Congreso de Brasil son dos joyas arquitectónicas en el corazón de Brasilia y forman parte de la audaz visión que en los años 50 tuvieron Oscar Niemeyer y el urbanista Lúcio Costa para un Brasil nuevo y abierto al futuro. Las dos edificaciones parecen haber sufrido un desastre natural, con las ventanas hechas añicos por la turba bolsonarista desesperada por anular el resultado de los comicios de octubre, en los que su líder radical perdió ante su rival de izquierdas, Luiz Inácio Lula da Silva.

Cristales, botellas y balas de goma

“Por favor, no toque las obras de arte”, dicen las placas en el museo del Senado. Los radicales no hicieron ningún caso cuando entraron en la sala de exposiciones y empezaron a destrozar cientos de años de arte e historia política de Brasil. Clavaron un cuchillo en los retratos de dos expresidentes del Senado, Renan Calheiros y José Sarney; y usaron un ejemplar de la Constitución para golpear la parte superior de una vitrina, dejándola ahí con un marco de cristales rotos.

Por fuera del edificio, los amotinados de derecha habían dejado sus propias obras de arte: frases toscamente garabateadas en las que clamaban por un golpe militar pro-Bolsonaro para poner fin a la amenaza comunista que consideran que se ha apoderado de Brasil con la victoria electoral de Lula. 

“Escoria”, dice una trabajadora de la limpieza sobre los golpistas, mientras los ingenieros revisan posibles daños estructurales y ella barre los cristales, junto a decenas de limpiadoras, que cubren las alfombras azules y verde lima del Congreso. 

Cerca de allí, la entrada a la oficina de Rodrigo Pacheco, el actual presidente del Senado, parece un banco embestido por ladrones: una máquina de rayos X de fabricación china yace de lado, hay trozos de cristal por todo el suelo, cables de Internet cuelgan del techo como lianas y hay dos ordenadores de sobremesa destrozados, con sus placas base desparramándose desde su interior.

En el palacio presidencial se repiten escenas similares de destrucción gratuita y a menudo infantil. Hay adoquines arrancados de la entrada donde hace solo una semana cientos de invitados celebraron la investidura de Lula y la que esperaban que fuera una nueva era progresista de reconciliación y protección medioambiental tras cuatro años de odio y división.

Las trabajadoras de la limpieza vadean las aguas ornamentales que hay bajo la rampa de mármol del palacio con redes para atrapar los restos del caos de la víspera. “Botellas, cristales y balas [de goma]”, dice una de las trabajadoras sobre los objetos recuperados del agua.

Los radicales entraron al santuario de la que debería ser una de las edificaciones más seguras de Brasil, dejando a su paso un extraño rastro de destrucción y furia, así como un montón de preguntas sobre cómo un edificio de tanta relevancia política pudo quedar tan expuesto.

La turba no consiguió acceder a los despachos del presidente Lula, pero saquearon y destrozaron otras salas. Los radicales intentaron prender fuego a un sofá, lanzaron sillas desde las ventanas rotas y usaron un rotulador para trazar líneas retorcidas en el techo del pasillo que ocupan los miembros de la Oficina de Seguridad Institucional, responsable de la seguridad del presidente.

“Es como si se hubiera permitido”

Celso Amorim, uno de los colaboradores más cercanos de Lula, dice que su oficina y la de la primera dama de Brasil, Rosângela Lula da Silva, fueron objeto de actos de vandalismo y que parece que los insurgentes destrozaron su lugar de trabajo con especial ahínco.

Amorim, exministro de Defensa del país, no entiende cómo las fuerzas de seguridad y las agencias de inteligencia no detectaron y detuvieron la amenaza. “Solo hubo resistencia después de consumado el hecho, es como si se hubiera permitido que ocurriera”.

El lunes por la tarde no se permitió a los periodistas entrar en el Tribunal Supremo, el tercer edificio asaltado, donde los forenses de la Policía Federal hacían su trabajo entre escombros buscando huellas dactilares, pistas y quizás hasta trampas explosivas dejadas por los bolsonaristas. Las pintadas blancas en la fachada del tribunal dan testimonio del caos desatado en su interior. “Vine, vencí”, dice una. “Has perdido, gilipollas”, dice otra.

Cuando The Guardian se acercó al edificio, un hombre de la unidad de desactivación de explosivos vestido de negro pidió a los periodistas que se apartaran: a pocos metros de la entrada iban a hacer una explosión controlada de lo que denominó “una granada”. Minutos después, un estruendo ensordecedor recorrió la Plaza de los Tres Poderes, concebida por Costa y Niemeyer como un símbolo de la armonía entre los poderes ejecutivo, judicial y legislativo de Brasil.

“Es desgarrador”, dice un policía militar que custodia el tribunal. Varios de sus compañeros, explica, resultaron heridos en el asalto pro-Bolsonaro. “Esperemos que vengan días mejores”.

Traducción de Francisco de Zárate.

Era una escopeta de caza como la que sirvió para asesinar a Dom Phillips y Bruno Pereira y apuntaba directamente al pecho de Julia Kanamari. “Tú serás la siguiente”, recuerda que gritó el pistolero, con los ojos desorbitados, después de que Kanamari viera cómo sacaba del territorio indígena del Valle del Javari, en la Amazonia brasileña, un barco cargado de tortugas de río cazadas ilegalmente.

Era una mañana de noviembre y la líder indígena, que en este reportaje no se identifica con su nombre real para mantener su anonimato, no había dudado en enfrentarse al hombre después de verlo a él y sus dos cómplices en el río Itaquaí, la misma vía fluvial en la que el periodista británico y el experto indígena brasileño fueron asesinados a tiros el pasado mes de junio.

“Estaba defendiendo nuestro territorio. No me importaba lo que pudiera pasar”, explica Kanamari, que pidió no ser identificada: “Le dije que no temía que me mataran”.

Se cumplen seis meses de la muerte de los dos hombres y la posibilidad de morir asesinado por desafiar a los forajidos medioambientales que saquean los ríos y las selvas del Valle del Javari sigue siendo demasiado real.

El asesinato de Phillips y Pereira provocó la indignación internacional y puso de manifiesto la catástrofe medioambiental que ha tenido lugar durante la presidencia de Jair Bolsonaro, con un ritmo de deforestación que ha alcanzado cifras récord.

Tras la denuncia de la desaparición de los activistas, las autoridades brasileñas ordenaron el despliegue de agentes de policía, el ejército y la marina brasileña con días de retraso. Los cuerpos de los dos hombres fueron recuperados tras 10 días de búsqueda y con un operativo que contó con el apoyo de la población indígena. Los tres presuntos asesinos deberán comparecer ante el tribunal el mes que viene para una vista preliminar.

“Todo como antes”

Sin embargo, los activistas afirman que las fuerzas de seguridad ya han abandonado la zona en su mayor parte y han dejado a los activistas indígenas peligrosamente expuestos a las mafias de la pesca y la minería ilegales. El objetivo de estas mafias es hacerse con las tierras ancestrales indígenas y, presuntamente, cuentan con el apoyo de las oscuras redes de narcotráfico que dominan la región fronteriza entre Brasil, Colombia y Perú.

“Hubo un momento de calma [tras los asesinatos], con toda la cobertura mediática. Pero luego todo siguió como antes, o quizá incluso peor”, lamenta Kanamari.

Eliesio Marubo, otro líder del Valle del Javari, amigo de Pereira, señala que tras los asesinatos pensó que estas muertes servirían para que las autoridades tomaran conciencia de una crisis, en gran parte oculta, que tiene lugar en una región remota que alberga la mayor concentración de pueblos aislados del mundo. “Por desgracia, me equivoqué”.

Marubo, activista y abogado de 42 años, huyó de Javari a mediados de junio, horas después de que se encontraran los cadáveres de los dos hombres en la selva. “No quería quedarme para que me asesinaran a mí también... [así que] lo dejé todo”, explica. Seis meses después, Marubo no ha podido volver a su casa en Tabatinga, la ciudad fronteriza cercana a donde se produjeron los asesinatos.

“Cada vez estoy más preocupado. No hemos visto ninguna mejora, de hecho, la situación se ha deteriorado. Cualquiera que tenga una conexión con el Valle del Javari está en peligro”, indica Marubo, señalando que en el transcurso de una semana de septiembre diez personas recibieron disparos en Tabatinga.

“Es un caos”, afirma al hablar de una región en la que abundan el contrabando de drogas y los delitos medioambientales: “Una locura”.

Cauto optimismo

Los activistas de la Amazonia expresan un cauto optimismo ante la posibilidad de que la llegada del nuevo presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que tomará posesión de su cargo el 1 de enero, suponga una mejora para territorios indígenas como el de Javari. El veterano izquierdista ha prometido crear un ministerio para los pueblos nativos, reconstruir las agencias indígenas y medioambientales destruidas bajo el mandato de Bolsonaro, y erradicar la minería ilegal y la deforestación.

La política que se perfila como ministra de Medio Ambiente de Lula, Marina Silva, dijo recientemente a The Guardian que el nuevo Gobierno de Brasil tratará de honrar la memoria de los mártires de la selva tropical, como Phillips y Pereira, tomando medidas para proteger la Amazonia.

“Ha aparecido un pequeño rayo de esperanza al final del túnel y esa esperanza es Lula”, dice Gleissimar Castelo Branco, un activista de la región donde fueron asesinados el periodista de The Guardian y su guía brasileño.

Fábio Ribeiro, coordinador de Opi, el grupo de defensa que Pereira ayudó a fundar para defender a las comunidades indígenas aisladas, instó a Lula a lanzar una “intervención federal” completa en el Javari con la participación del ejército, la policía y la agencia indígena Funai.

En este sentido, Ribeiro subraya que Bolsonaro había debilitado esta agencia hasta tal punto que cada uno de los agentes responsables de la vigilancia de las comunidades indígenas aisladas era responsable de vigilar 700.000 hectáreas de tierra.

“Es ridículo”, señala Ribeiro, que solicita que se refuercen los equipos de vigilancia de los indígenas, como el grupo sobre el que informaba Phillips cuando fue asesinado.

Próximas decisiones

Marubo considera esencial un despliegue de fuerzas de seguridad durante dos años para controlar la violencia. “Justo al comienzo de su mandato, Lula va a tener que tomar varias decisiones con respecto a la seguridad de las personas en esta región”, dice el activista, que trabajó con Pereira en la ONG indígena Univaja. “Va a tener que decidir si las cosas se quedan como están -con la total ausencia e ineficacia del Estado- o si toma medidas de emergencia”.

Por otra parte, cree que la policía debería hacer más esfuerzos por identificar a los autores intelectuales del asesinato de Phillips y Pereira, y no sólo a los hombres armados que les dispararon.

“Esos tres hombres no son nadie en estas redes de crimen organizado”, señala al hablar de los tres sospechosos que están entre rejas acusados de homicidio agravado: “Los peces gordos siguen ahí fuera”.

A finales de noviembre, la policía habría detenido al contrabandista de tortugas sospechoso de amenazar al líder kanamari, aunque posteriormente se cree que fue liberado. Se le llamó Romário da Silva Oliveira y es primo de de Amarildo da Costa Oliveira, el hombre acusado de disparar a Phillips y Pereira.

“Esta banda sigue operando y amenazando a las personas con total libertad”, denuncia Ribeiro, un antropólogo que pasó más de una década trabajando en Funai.

Seis meses después de un crimen que conmocionó al mundo, tal anarquía e impunidad significa que los activistas indígenas de los Javari siguen en la línea de fuego: vulnerables, olvidados, pero decididos a continuar su lucha contra los que saquean sus tierras. “Y una vez más, están solos”, dice Castelo Branco.

Traducción de Emma Reverter

¿Es un pájaro? ¿Es un avión? No, es una campaña de propaganda venezolana diseñada para consolidar la imagen de hombre fuerte de Nicolás Maduro con la ayuda de un héroe con capa llamado SuperBigote.

El superhéroe de dibujos animados, que tiene un inconfundible parecido con el presidente de Venezuela, ha sido recibido con elogios o burlas, dependiendo del lado en que se sitúen los espectadores del amargo cisma político del país.

Los políticos favorables a Maduro han elogiado al “indestructible” fortachón, que aparece en la televisión estatal utilizando su superpoder –un puño de hierro en su mano izquierda– para proteger a su patria socialista de un villano parecido a Donald Trump.

“¡Está buenísimo! No se lo pierdan!”, tuiteó el viceministro de Comercio, Luis Villegas Ramírez, tras el capítulo en el que SuperBigote trata de enviar a los venezolanos vacunas cubanas, rusas y chinas contra la COVID y en el que Estados Unidos intenta bloquear la entrega con la ayuda de los enemigos internos de Maduro.

“¡Los destruiremos por fin! ¡Sufrirán! ¡Llorarán! Serán el epicentro mundial de la pandemia!”, se jacta el ruin imperialista con un fuerte acento en español antes de que SuperBigote salve la operación. “Nadie se mete con SuperBigote”, dice el canal de televisión estatal VTV en Twitter.

Los enemigos de Maduro han criticado la serie, con expertos que denuncian lo que algunos llaman un intento de construir un culto a la personalidad o incluso un intento de control mental al estilo de Goebbels. Otros se preguntan por qué el supuestamente todopoderoso SuperBigote no había logrado proteger a su país de la catástrofe humanitaria.

Julio Borges, un destacado líder de la oposición, ha sugerido que “SúperDestructor de Venezuela” sería un nombre más apropiado. “Maduro es sinónimo de miseria y corrupción”, tuiteó Borges junto a fotografías de venezolanos rebuscando alimentos en los contenedores.

Guillermo Zubillaga, especialista en Venezuela de la Sociedad de las Américas/Consejo de las Américas, señala que la caricatura aparentemente frívola tiene su lógica. Cree que los asesores esperaban que SuperBigote enfatizara la invencibilidad de un político que, contra todo pronóstico, ha superado una implacable campaña apoyada por Estados Unidos para derrocarlo.

“Su superpoder es mantenerse en el poder”, indica Zubillaga, señalando el apoyo decisivo de China y Rusia, cuyo viceministro de Asuntos Exteriores, Sergei Ryabkov, se negó en enero a descartar el envío de tropas a Venezuela si las tensiones con Estados Unidos seguían aumentando. “El mensaje que intentan transmitir es que tienen el control total”, dice.

“Te distrae de la verdadera realidad”

Maduro no es el primer líder autoritario al que se le da el papel de superhéroe de cómic. En 2016, los propagandistas chinos produjeron una versión en caricatura de su líder, Xi Jinping, en la que el jefe del partido comunista jugaba al Whac-a-Mole con funcionarios corruptos.

Un año después, Moscú acogió una exposición de arte llamada SuperPutin, con esculturas y pinturas que celebraban el lado de superhéroe del presidente ruso. Una de ellas mostraba a Putin con un traje de Superman ceñido a la piel y con las iniciales SP escritas en el pecho.

El predecesor de Maduro, Hugo Chávez, recibió un homenaje póstumo en viñetas en el que revolucionarios latinoamericanos como el Che Guevara y José Félix Ribas le daban la bienvenida al cielo.

Zubillaga sospecha que los encargados de la propaganda del Gobierno vieron el cómic de SuperBigote como una cortina de humo para un tema mucho menos divertido: el colapso de Venezuela. “Es tan ridículo que hace que la gente hable. Te distrae de la verdadera realidad de los seis millones de personas en el extranjero, las cifras de desnutrición y el hecho de que hay 250 presos políticos”.

“Creo que es eficaz. Yo no lo descartaría”, añade. “Repites una y otra vez que es un héroe hasta que la población empieza a creerlo”.

Frank Dikötter, autor de un libro sobre los cultos a la personalidad del siglo XX, centrado en su caso en dictadores, está menos seguro. “El dilema del dictador es que debe mostrarse cercano al pueblo pero, por otro lado, muy por encima de la lucha política, y en particular de su entorno, ya que cualquiera podría apuñalarle por la espalda en cualquier momento”. En ese sentido, “una caricatura parece socavar ligeramente esa sensación de distancia”, puntualiza el profesor de la Universidad de Hong Kong.

Dikötter indica que el arte se ha utilizado durante mucho tiempo para señalar las cualidades extraordinarias e incluso sobrenaturales de esos líderes: “Pero nada tan frívolo como esto. No es muy digno, ¿no creen?”.

Traducción de Emma Reverter

Cuando la COVID-19 arrasó el Vale do Paraíso, un enclave rural de la Amazonia brasileña, Lenilda dos Santos, técnica de enfermería, se situó en primera línea de la pandemia, agarrando las manos que la mayoría temía tocar. “Fue una guerrera durante la pandemia”, explica Lucineide Oliveira, una amiga y compañera en el pequeño hospital de la localidad, que tiene poco personal. “Decía: 'Si tenemos que morir, moriremos. Pero debemos luchar'”.

Una mañana de principios de agosto, mientras las dos mujeres estaban sentadas en la entrada de su sala de enfermos de COVID-19, Lenilda informó a su amiga que se iba del país. “¿Cuándo?”, le preguntó Lucineide. “Pronto”, respondió Lenilda, que le hizo una tranquilizadora promesa: “Volveré”.

Dos días más tarde, Lenilda, de 49 años, se iba de la localidad y pasó por delante de una escultura de una Biblia abierta en el Salmo 121. “El Señor te guardará de todo mal, velará por tu vida”, reza la inscripción.

Nunca regresó. Cinco semanas después y a más de 6.000 kilómetros al norte, los agentes de la patrulla fronteriza estadounidense encontraron el cuerpo de Lenilda en el desierto, cerca de la ciudad de Deming (Nuevo México). Estaba acurrucada junto a un arbusto de mezquite, llevaba botas militares de color marrón claro y ropa de trabajo del ejército, y no llevaba más que un pasaporte brasileño azul metido en una bolsa de cintura. El informe del incidente indica que la mujer estaba “colocada como si estuviera tumbada sobre su lado derecho, con las piernas ligeramente dobladas y las manos cubriendo su cara”.

“Le seré sincero, este caso en particular probablemente me afectó más que cualquier otro caso que haya tenido con los migrantes en el desierto. Me dolía el corazón por ella”, dice el capitán Michael Brown, uno de los agentes presentes en el lugar de los hechos.

La naturaleza del fallecimiento de Lenilda no fue lo único que conmocionó al agente. Su nacionalidad también resulta poco frecuente en una región donde la mayoría de los que cruzan son de México o Centroamérica.

“Era la primera persona brasileña que encontraba, viva o muerta”, indica Brown, que lleva 26 años trabajando en la frontera entre Estados Unidos y México. “Eso demuestra que las condiciones de su lugar de origen son tan malas como las de cualquier otro lugar”.

Éxodo desde América del Sur

La depresión económica de la era del coronavirus está impulsando un nuevo y peligroso éxodo desde América del Sur, a medida que las familias de clase media y media-baja intentan escapar de las dificultades económicas, el desempleo y la inflación provocados por la crisis sanitaria.

“América Latina fue la región del mundo que sufrió el mayor golpe en la producción económica total en 2020, un descenso del 7%. Eso es más o menos lo que se esperaría de un año de guerra civil en un país típico”, subraya Michael Clemens, experto en migración del Centro para el Desarrollo Global.

Otros factores que han propiciado este fenómeno son la recuperación económica de Estados Unidos, el cierre de la mayoría de los canales migratorios legales bajo el mandato de Donald Trump y la creencia errónea entre los migrantes de que Joe Biden es menos hostil a la inmigración que su predecesor.

Muchos de los que abandonan América del Sur son haitianos que huyeron a países como Brasil y Chile después de que su patria fuera golpeada por un mortífero terremoto en 2010. La pandemia de COVID-19 los ha desarraigado de nuevo. Ese año, más de 90.000 haitianos han atravesado la Brecha del Darién, un traicionero paso selvático entre Colombia y Panamá, hacia Estados Unidos.

Pero un número cada vez mayor de sudamericanos también se está desplazando. Más de 46.000 brasileños fueron detenidos en la frontera sur de EEUU entre octubre de 2020 y agosto de 2021, cuando Lenilda comenzó su último viaje, en comparación con menos de 18.000 en 2019 y 284 una década antes. El número de ecuatorianos también se ha disparado, con casi 89.000 detenidos en el mismo periodo, frente a unos 13.000 en 2019.

“Es difícil sobreestimar hasta qué punto para algunas personas esto ha sido una recesión que ha destruido sus medios de vida (...), la pandemia de COVID-19 ha causado un retroceso en todo”, señala Andrew Selee, presidente del Instituto de Política Migratoria con sede en Washington. “Nos ha hecho retroceder 30 o 40 años, en un contexto en el que las economías de América del Sur eran realmente frágiles”.

Tres meses en un ICE

Su familia explica que Lenilda, que pasó tres años trabajando como limpiadora en Columbus (Ohio) entre 2004 y 2007, empezó a planear su huida de Brasil a principios de este año, tras una agotadora temporada luchando para cuidar a enfermos de COVID-19 en el hospital por solo 1.100 reales (170 euros) al mes.

“¿Qué puedes hacer con 1.100 reales?”, se pregunta su hija, Genifer Oliveira dos Santos, sentada en el porche del bungaló de su madre en la Avenida Paraíso, a pocas puertas del hospital. Genifer, de 28 años, indica que su madre quería volver a Ohio, donde todavía conservaba amigos y familia, para ayudar a pagar la universidad de sus dos hijas.

En abril, Lenilda voló a México y se entregó a los funcionarios de inmigración estadounidenses cerca de la ciudad de Mexicali, con la esperanza de que le permitieran quedarse mientras tramitaba su solicitud de asilo. La detuvieron y pasó tres meses en un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Calexico (lugar donde termina México y empieza California), antes de ser deportada a Brasil en julio.

“Le dieron un trato bastante cruel”, afirma su hermano, Leci Pereira. Pero Lenilda estaba decidida a volver.

Segundo intento

Menos de un mes después, el 12 de agosto, abandonó Vale do Paraíso por segunda vez. Se subió a un avión con destino a Ciudad de México y se dirigió a otro tramo de la frontera tras aceptar pagar a los contrabandistas 25.000 dólares (21.000 euros) para que la guiaran por el desierto desde Ascensión, en el estado mexicano de Chihuahua, hasta una casa segura en Deming.

“Me dijo que tardaría dos días y dos noches, porque es un camino largo: más de 50 kilómetros”, explica Genifer. En la madrugada del lunes 6 de septiembre, Lenilda partió hacia la frontera con Estados Unidos con tres amigos de la infancia y un contrabandista. “Estaba muy confiada. Parecía muy contenta”, dice Genifer, que recuerda que le aseguraron que el jueves su madre habría llegado.

Sin embargo, las cosas no tardaron en torcerse, ya que el grupo caminó con dificultad hacia el norte a través de un terreno montañoso en, según Brown, condiciones muy duras. “De julio a mediados de septiembre es la temporada de monzones para nosotros, así que nos enfrentamos a temperaturas desérticas de verano -más de 32º de media- y... supongo que probablemente un 70% de humedad o más”, explica. “Así que hacía un calor extraordinario”.

Brown sospecha que Lenilda se quedó atrás como resultado del agotamiento y la deshidratación. “No se encontró agua cerca de ella... y en las mejores circunstancias en esta zona, en esa época del año y con esa temperatura, no habría durado más de tres días como máximo sin agua”.

Pendientes desde Brasil

El lunes por la tarde, según la familia de Lenilda, la abandonaron mientras sus compañeros seguían adelante. Presa del pánico, encendió su teléfono móvil para pedir ayuda a sus familiares. “Pídeles que me traigan agua”, suplicó en un mensaje de voz de WhatsApp. “Me estoy muriendo de sed”.

Lenilda compartió su ubicación en vivo y durante las siguientes horas sus angustiados parientes, a miles de kilómetros de distancia en el Amazonas, rastrearon sus movimientos por un desolado interior habitado principalmente por coyotes, ganado y topos. Entonces, a las 15:08 hora local del martes, el círculo naranja que marcaba la posición de Lenilda dejó de moverse. “Ese fue el momento en que nos dimos cuenta de que no había sobrevivido”, dice Leci. “Salvó tantas vidas, solo para irse a México y perder la suya”.

La policía tardaría otros ocho días en localizar el cuerpo de Lenilda. “Siempre es horrible encontrar a una persona muerta. Tu corazón está con ellos. Sólo intentan cruzar y encontrar una nueva vida”, dice Brown, que creía que la víctima había estado muy cerca de encontrar ayuda.

“Si hubiera llegado a 400 metros al norte, probablemente habría podido ponerse en contacto con alguien que vive en una caravana”.

Luto en su ciudad

La muerte de Lenilda ha conmocionado al Vale do Paraíso, una comunidad agrícola muy unida que fue fundada por migrantes cuando la dictadura militar brasileña arrasó con una carretera a través de la selva tropical hace 50 años. En la entrada del hospital se ha colgado una cinta negra en reconocimiento a los servicios prestados por Lenilda durante la pandemia. “Era muy querida”, dice Pereira. “Toda la ciudad está de luto”.

Pereira urge a los brasileños a sopesar los peligros de unirse al éxodo. “Mi hermana, pobrecita, se fue persiguiendo un sueño. Pero ese sueño fue interrumpido. ¿Y nuestros sueños? Solo hay que ver lo que les ha pasado ahora”.

Pero mientras América del Sur se tambalea a causa de la pandemia, esas súplicas parecen caer en saco roto. “Conozco a seis o siete parejas que se fueron la semana pasada, todas ellas con sus hijos, incluso después de lo ocurrido”, indica Genifer, que cree que el aumento de los precios de los alimentos y el combustible explica en parte por qué tantos se van.

En la unidad de enfermos de COVID-19 de la localidad, Lucineide recuerda que intentó convencer a Lenilda de que no se fuera. Ambas habían soñado con abrir una clínica de curas juntas cuando Lenilda, que habría cumplido 50 años esta semana, volviera a casa.

“Oh, amiga mía”, murmura Lucineide, mirando al techo con ojos incrédulos y enrojecidos.

Traducción de Emma Reverter.

Cada noche, Guy se iba a dormir con el ruido de disparos. Eran las bandas de Puerto Príncipe, la capital de Haití, librando batallas campales en el centro de la ciudad. Durante el día, era el momento de las protestas violentas por la escasez de alimentos y de combustible.

Las carreteras bloqueadas con neumáticos en llamas se convirtieron en algo habitual. La policía utilizaba las porras y gases lacrimógenos para reprimir las protestas. “Salir a la calle daba miedo”, dice Guy, que comenzó entonces a planificar su viaje hacia Estados Unidos. “No había más remedio que irse de Haití”. 

No ha sido el único en pensarlo. Las autoridades de la ciudad texana de Del Río declararon el viernes el estado de emergencia local después de que unos 12.000 migrantes, en su mayoría procedentes de Haití, se congregaran bajo un puente en la frontera con México.

La afluencia de migrantes ha desbordado la capacidad de respuesta de las autoridades locales. Se trata de un nuevo desafío para Joe Biden que pone de relieve la creciente crisis migratoria originada en Haití, tras las múltiples y superpuestas calamidades que han asolado el país.

Para muchos migrantes, cruzar el Río Grande es sólo el último tramo de una odisea que se extiende por el Caribe y Sudamérica. Una mayoría vuela desde Haití hasta Ecuador, donde los haitianos no necesitan visado, para buscar trabajo en Chile o en Brasil.

Otra opción es dirigirse al norte cruzando las peligrosas selvas del golfo de Darién para viajar hacia Centroamérica y México. En todas las etapas están a la merced de las fuerzas de seguridad, de los grupos criminales organizados que han puesto a los migrantes en su punto de mira, y de la enclenque infraestructura del negocio del contrabando de personas.

Guy es uno de los miles de emigrantes, en su mayoría haitianos, que quedaron varados recientemente en Necoclí, una ciudad costera colombiana donde los transbordadores locales hacia Panamá no dan abasto para satisfacer la demanda.

Como muchos otros estuvo viviendo en Brasil, donde trabajó de manera informal en el sector de la construcción. Pero la falta de trabajo y la idea de que el Gobierno de Biden sería más acogedor le empujaron a iniciar su camino hacia el norte. “Seguimos a los que fueron antes que nosotros”, dice Guy. “No importa si es peligroso”.

Otros eligen el viaje más directo pero igual de peligroso de cruzar por alta mar hacia Estados Unidos. Este lunes, los guardacostas estadounidenses interceptaron una embarcación de 35 pies a 18 millas de Florida y con 103 personas a bordo. Llevaban seis días en el mar.

Las razones

Hay muchas razones para huir de Haití. Acosada desde hace tiempo por la violencia, la corrupción y la escasez, la nación más pobre del hemisferio occidental sufrió en julio una crisis de inestabilidad aún mayor, con el asesinato del presidente Jovenel Moïse en circunstancias que aún no han sido aclaradas.

Exacerbadas por el cambio climático y por la mala planificación, las catástrofes naturales también azotan regularmente al país. El pasado 7 de agosto un terremoto catastrófico sacudió el sur de Haití provocando al menos 2.200 víctimas mortales y dejando sin hogar a más de 30.000 personas.

En Puerto Príncipe reina la inseguridad. Las bandas han lanzado una campaña de violencia -en muchas ocasiones con apoyo político-, que ha sido comparada con una guerra civil. Los civiles pueden quedar atrapados en el fuego cruzado, sufrir robos en cuestión de un instante, o ser secuestrados para exigir rescates. Los servicios públicos casi no existen, con la basura sin recoger y miles de hogares sin agua corriente ni retrete.

Como dice Louis Henry Mars, que en los barrios marginales controlados por las bandas de la capital promueve iniciativas de pacificación. “Ya no hay vida normal en Puerto Príncipe. Hay 165 bandas en Puerto Príncipe y están mejor armadas que la policía, por lo que no es posible acabar con ellas sin daños colaterales”, dice.

Según Michelle Mittelstadt, del estadounidense Instituto de Política Migratoria, la impresión de que el gobierno de Biden trataría con más amabilidad que Donald Trump a los migrantes es tanto un error como una clave para explicar el aumento de llegadas.

“Se pasó de una Administración Trump que básicamente hizo todo lo que pudo en la frontera para restringir la migración, legal o ilegal, a una Administración que en general ve a la inmigración como un activo, que no ve a los inmigrantes como una amenaza económica o de seguridad”, dice Mittelstadt. “La gente lo ha entendido como una oportunidad”.

Pero los haitianos que esperan una alfombra de bienvenida cuando termine su procesamiento pueden tener un duro despertar. El Gobierno de Biden había suspendido las deportaciones a Haití tras el terremoto que sufrió el país, pero ya ha revocado esa decisión. Esta semana comenzaron a salir los vuelos a Puerto Príncipe llenos de migrantes y ocho más están programados para la próxima semana.

El asesinato del presidente de Haití en la madrugada de este miércoles representa el punto álgido de una creciente crisis política y de seguridad que podría abrir un nuevo y violento capítulo en la volátil historia de la nación caribeña.

A Jovenel Moïse lo asesinaron a tiros en su casa de Puerto Príncipe, la capital. Según testigos y autoridades del Gobierno, fueron “mercenarios” vestidos de negro que se hacían pasar por empleados de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés). La primera dama, Martine Moïse, también resultó herida en el ataque.

A Robert Fatton, profesor de política haitiana en la Universidad de Virginia, lo ocurrido le ha dejado “sencillamente anonadado”. “No entiendo cómo es posible entrar en la residencia del presidente, matarlo, y luego irse; es todo muy extraño; no estoy seguro de quién se va a beneficiar de esto, no tenemos ni idea”. “En nuestra era no habíamos tenido asesinatos de presidentes”, dice. “Habíamos tenido golpes de estado y golpes frustrados, pero matar a un presidente es otra cosa, es algo que va más allá de lo que se había visto en Haití”.

“Estado de incertidumbre total”

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha calificado de “acto atroz” lo ocurrido. Sea quien sea el responsable del ataque, los analistas coinciden en que el asesinato de Moïse es un mal presagio para el futuro de una nación profundamente empobrecida que ya venía lidiando con una serie de crisis interconectadas de política, economía, crimen organizado y coronavirus. “Lo que tenemos ahora es un estado de incertidumbre total”, dice Fatton. 

En la Constitución de Haití, según Fatton, el cargo de presidente en funciones le correspondería ahora al presidente del Tribunal Supremo. “Pero el presidente del Tribunal Supremo murió por COVID-19 [en junio], así que evidentemente no hay nadie a cargo”, dice.

Tampoco está claro para quién será el cargo de primer ministro. Tras destituir a Claude Joseph, el plan de Moïse era nombrar a Ariel Henry el miércoles. En la mañana del miércoles, fue Joseph quién anunció el asesinato de Moïse.

“No tenemos Parlamento, tenemos un primer ministro que ya no lo es, un presidente del Tribunal Supremo muerto, la policía desmoronándose, y las pandillas vagando por las calles de Puerto Príncipe”, dice Fatton. “No hay nadie verdaderamente a cargo, creo que va a llevar a más caos”.

Una Presidencia conflictiva

Moïse, un empresario exportador de plátanos sin experiencia política, fue elegido presidente a finales de 2016 tras una campaña en las redes sociales donde se presentaba como el Hombre Plátano de Haití (Nèg Bannann nan). Cuando en febrero de 2017 asumió la Presidencia, había quien confiaba en que trajera un mínimo de estabilidad a la turbulenta política del país. Con 11 millones de habitantes, graves carencias y aún recuperándose del terremoto y posterior brote de cólera del año 2010, Haití es una de las naciones más pobres del hemisferio occidental.

En vez de estabilidad, Haití se sumió aún más en el conflicto político y económico. Moïse afrontó un descontento creciente por la corrupción, la incompetencia, la supuesta erosión de la democracia, la incapacidad de vacunar a los ciudadanos contra la COVID-19, y el reciente aumento de una violencia que, en muchos casos, tenía motivos políticos.

Moïse llevaba más de un año gobernando por decreto. Ante el incremento de las protestas por lo que, según sus críticos, era un intento autoritario de aferrarse al poder, en febrero ordenó la detención de 23 personas y dijo que había frustrado un complot para asesinarlo y dar un golpe de Estado. En el último año han aumentado el número de asesinatos, secuestros y actos violentos de las pandillas, con algunas personas acusando a Moïse de fomentarlos.

“Hoy en día no hay ningún lugar seguro en Haití”, dice Pierre Espérance, un conocido activista por los derechos humanos. Desde noviembre de 2018, su organización ha registrado 13 masacres relacionadas con pandillas en las que 437 personas fueron asesinadas y 129 siguen desaparecidas. “Es una situación muy complicada”, dice.

Miedo e incertidumbre

Fulton Armstrong, que en los 90 fue el responsable de la CIA en Haití, dice estar conmocionado pero no sorprendido por el asesinato de Moïse. “Cuando se producen estas escaladas de violencia tolerada, en las que se dispara, se mata o se secuestra a personas inocentes, sin que haya una reacción, entonces uno de estos matones a sueldo de los políticos haitianos va a tratar de jugársela”, dice Armstrong, que actualmente es especialista en Haití de la American University. “Estas cosas siempre tienen su desenlace”. 

El especialista en Haití del Center for Economic and Policy Research Jake Johnston también dice que no estaba del todo sorprendido por la “descarada” agresión tras la serie de asesinatos de gente muy conocida, entre ellos el de un periodista y el de un activista de derechos humanos. “Es un ataque que lleva un tiempo gestándose”, dice. “En una situación en la que la policía no ha dado seguridad a la población, todo es posible”.

Según Espérance, el clima de miedo y de incertidumbre palpable en Puerto Príncipe se ha intensificado en las horas transcurridas tras el asesinato del presidente. “Todo el mundo está sin salir de casa”, dice el activista, que teme por la posibilidad de una intervención extranjera para imponer una solución política en Haití. 

En los más de 100 años transcurridos desde el último asesinato de un presidente, el país ha sido intervenido en repetidas ocasiones. La invasión y ocupación estadounidense que siguió al asesinato del presidente Jean Vilbrun Guillaume Sam en julio de 1915 duró hasta 1934.

Según Fatton, una intervención similar a la polémica misión de estabilización de la ONU entre 2004 y 2007 no se puede descartar si la situación de seguridad empeora tras el asesinato del presidente. “Ahora todo esto es pura conjetura, pero lo que creo que está bastante claro es que la situación se va a deteriorar pronto, porque va a haber mucha gente luchando por el poder.”

Traducido por Francisco de Zárate

Se puede rescatar a Brasil después de que su presidente “psicópata”, Jair Bolsonaro, lo haya transformado en un estado paria golpeado por la COVID-19. Así lo afirma el candidato mejor posicionado para vencer al actual presidente de Brasil en las elecciones presidenciales del año próximo.

En una entrevista con The Guardian, el líder izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva –posible candidato a competir contra Bolsonaro por la presidencia, tras haber recuperado sus derechos políticos– se frena antes de confirmar su postulación. Sin embargo, Lula, que pasó de vivir en la pobreza rural a transformarse en el primer presidente brasileño de clase trabajadora, deja claro que tiene planeado un final extraordinario para una de las carreras políticas más persistentes y espectaculares del mundo.

“Corrí ocho kilómetros antes de esta entrevista… Corro nueve kilómetros al día, de lunes a viernes, porque caminar por todo Brasil será muy duro y agotador y necesito preparar mis piernas para solucionar los problemas de este país”, dice el limpiabotas y luego líder sindical que presidió el país de 2003 a 2011.

“Tendré 77 –para las elecciones del año próximo–. Creía ser demasiado viejo, pero entonces vi a Biden ganar las elecciones con 78 años y dije 'bueno, soy un niño comparado con Biden, así que tal vez salga bien'”.

Lula dice que el estallido de COVID-19 aún en marcha y la consiguiente crisis socioeconómica hacen que sea demasiado temprano para lanzar la que será su sexta campaña presidencial desde 1989. Miembro veterano del Partido de los Trabajadores (PT), asegura tener la experiencia y el deseo de liderar la “recuperación” de Brasil tras el daño infligido por la incompetencia de Bolsonaro y que eso hará, si su partido y los votantes así lo desean.

“No necesito hacer promesas. Ya he hecho que sucedan cosas en este país”, dice Lula a sus 75 años.

“Una vez que nuestro partido tenga su candidato y demos comienzo a la campaña, quiero viajar por Brasil, visitar cada estado, participar de debates, hablar con la gente, visitar las favelas, a los recicladores, a las personas LGBT… Quiero hablar con la sociedad brasileña para poder decirles que es posible para nosotros construir un país nuevo… Es posible hacer feliz a este país otra vez”.

El retorno de Lula comenzó en marzo cuando un juez del Tribunal Supremo anuló la condena por corrupción que le había prohibido participar de las elecciones del año 2018, en las que Bolsonaro resultó ganador. Poco después la corte dictaminó que el expresidente había recibido un trato injusto por parte de Sérgio Moro, el juez de derechas que lo encarceló poco antes de unirse al gabinete de Bolsonaro.

Desde entonces Lula se ha posicionado como una alternativa confiable, moderada y enérgica al extremismo “idiota” de Bolsonaro, además de mantenerse ocupado reuniéndose con varios personajes influyentes, cuyo apoyo será clave si lanza su candidatura en octubre.

Qué dicen las encuestas

Las encuestas sugieren que el candidato de izquierdas está bien posicionado para ganarle a Bolsonaro, acusado de destrozar tanto el medioambiente como la economía de Brasil y de manejar de manera catastrófica la COVID-19, a la que llamó “una pequeña gripe”. La encuestadora más importante de Brasil, Datafolha, predijo que Lula le ganaría a Bolsonaro en una segunda vuelta por una diferencia de más de 20 puntos.

“Lula es el claro favorito”, dice Christian Lynch, politólogo con base en Río de Janeiro. Cree que la mayoría de los votantes se encuentran desesperados por dar fin al “infernal” régimen de Bolsonaro.

Según Lynch, muchos miembros de la élite política y económica están a favor de trabajar con un negociador pragmático como Lula antes que con el “sectario intransigente” al mando hoy en día. Esto resultaría en una resurrección espectacular para Lula, un coloso político de primera línea desde su aparición a inicios de los años 80. “Es un fénix renaciendo de las cenizas. Será épico”.

El alza de Lula en las encuestas parece asustar a Bolsonaro, de 66 años y cuyos índices de aprobación están en su punto más bajo mientras el Congreso investiga su gestión de la pandemia. El exmilitar intentó reunir a sus seguidores más fieles organizando actos a favor de su gobierno y llamando a Lula “ladrón de nueve dedos” e “hijo de Satán”.

Lula se ríe de esos insultos, que considera palabras de un rival nervioso. “En los últimos dos o tres años, Bolsonaro apenas me mencionó porque creía que yo estaba fuera de juego. Ahora de repente se da cuenta de que si esto fuera un juego de póker, yo tendría las mejores cartas y él ya habría perdido”.

Lula dice ser demasiado viejo para enzarzarse frente a las difamaciones de su adversario: “No estamos lidiando con un ser humano normal. Estamos frente a un psicópata que carece de la más mínima capacidad para gobernar”.

El ícono de la izquierda llama “genocida” a la gestión de la pandemia de COVID-19 que mató a casi 450.000 brasileños, incluyendo a la suegra de Lula: “La mitad de esas muertes podría haberse evitado”. El exmandatario asegura que Bolsonaro deberá rendir cuentas por su sabotaje anticientífico de medidas de prevención como el distanciamiento social y el uso de mascarillas. Aunque no se logre condenarlo mediante un proceso de destitución o una investigación del Congreso, “no podrá evitar ser juzgado por los brasileños en 2022”.

“Recuerde mis palabras… No será Lula quien venza a Bolsonaro. Ningún candidato vencerá a Bolsonaro. Será el pueblo brasileño quien se libere de Bolsonaro”.

Otra política exterior

Lula, un estadista enérgico que impulsó a Brasil como el líder progresista de los países en vías de desarrollo, también critica la política exterior del actual presidente. Después de su toma de posesión en enero de 2019, Bolsonaro se alió con Donald Trump, distanciándose del elenco estelar de líderes mundiales tales como el presidente francés Emmanuel Macron, la canciller alemana Angela Merkel, el líder chino Xi Jinping o Joe Biden, cuyo triunfo fue reconocido por Bolsonaro 38 días después de las elecciones estadounidenses.

“Hoy Brasil es un estado paria. No hay ningún país con credibilidad al que le agrade Brasil. No hay ningún país dispuesto a darle la bienvenida al presidente brasileño y ningún presidente que quiera venir aquí”, dice Lula, que recientemente se reunió con representantes de Reino Unido, Alemania y Sudáfrica en su intento por reconstruir puentes con el mundo.

“Brasil es un país que puede llevarse bien con todos los demás. Incluso le dije al embajador británico que Boris Johnson se vaya preparando, porque si voy al Reino Unido deberá competir conmigo en una carrera de bicicletas alrededor de Londres y verá lo buen ciclista que soy”, bromea. Asimismo, dice tener “excelentes relaciones” con los líderes laboristas Tony Blair y Gordon Brown.

Traducción de Julián Cnochaert