Liz y sus cuatro hijos, tres de ellos menores, han sido desahuciados este miércoles de su vivienda en el barrio madrileño de Vallecas. Pese al intento de frenarlo del movimiento vecinal, que ha asistido al lugar primera hora de la mañana, finalmente el juzgado ha seguido adelante con la acción policial.

“Es desesperante, en la zona hay varios desahucios todas las semanas y parece que se han convertido en costumbre”, afirma una de las vecinas. Este es el tercer y último intento de llevar a cabo el desalojo de la familia. En el anterior, producido hace apenas diez días, Liz tuvo que ser atendida por uno de los policías ante la presión que vivió por lo sucedido.

“Fue mucho más dramático. Es comprensible, imagina que te echan de tu casa donde estás intentando construir una vida. Es desolador”, explica otro de los vecinos que estuvo presente. El pequeño piso en el que residían desde hace más de un año, propiedad de Coral Homes y Caixa, no tenía acceso ni a la red eléctrica ni al agua.

El cordón policial se ha instalado en el número 30 de la calle Carlos Aurioles a las 6.00 de la mañana, anticipándose a la acción vecinal que había organizado el encuentro una hora y media después. “Nosotros solemos convocar tiempo antes de la hora del desahucio, pero hoy han llegado antes”, explica una de las integrantes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ante los tres furgones que impedían el acceso a la calle por todas sus entradas.

Una veintena de personas se han congregado alrededor de la cinta policial a la espera de recibir la noticia que temían. “Creo que todos tienen miedo, hace años bajaban todos los vecinos a intentar frenar esto, ahora casi no hay movimiento. Quizá por las represalias, quizá porque estamos adormilados, pero las cosas sólo van a peor y, a este paso, nos encontraremos con desahucios de habitaciones”, explica indignado un vecino.

Liz y sus cuatro hijos pasarán a residir en uno de los hoteles de Parla que proporciona Cruz Roja para situaciones de emergencia. Sin embargo, esta solución es exclusivamente temporal porque dentro de seis meses se verán de nuevo en la incertidumbre de aquellos que no tienen un lugar al que poder llamar hogar. Gracias a las negociaciones que ha llevado a cabo la PAH, la madre ha podido sacar las pocas pertenencias que le quedaban en la vivienda entre lágrimas y con ayuda de los vecinos que se han mostrado predispuestos a utilizar su propio vehículo e instalaciones sociales para ayudar a la madre al traslado.

“Sólo una de las hijas tiene 18 años, el resto todavía siguen en proceso de escolarización y el desahucio solo provoca que su vida sea mucho más complicada, además de los diferentes traumas que se pueden derivar. Lo impactante es ahora, pero el después también hay que tenerlo en cuenta”, explica una de las vecinas que lleva años luchando en la causa.

“Pasa constantemente en el barrio, se desalojan familias para poder hacer negocio con las viviendas y, en muchos casos, estas pasan años vacías. La ley de Vivienda no funciona y la queja social de los alquileres no impide el drama diario: que se sigue desahuciando”, explican desde la plataforma ante la impotencia que se estaba viviendo después de que el recurso interpuesto no hubiera llegado a tiempo para frenar el desalojo.

La mañana no ha tenido incidentes porque las negociadoras del proceso han solicitado a los presentes que, pese a que era notable la indignación, se fuera con cautela para que en caso de que se produjera el desalojo pudieran sacar los efectos personales de la familia. “En otros casos hemos montado jaleo y no nos han dejado sacar las cosas de la casa, vamos a ir con cautela porque la situación pinta muy fea”, han señalado.

Los desahucios no cesan

Vallecas es uno de los barrios madrileños que más desahucios padece con el paso de las semanas y, aunque el movimiento vecinal no haya logrado frenar este, ya están pensando en el siguiente. Pilar, una de las mujeres que ha asistido este miércoles a la calle Carlos Aurioles para protestar, será protagonista de lo mismo el próximo viernes 18 de octubre. “La mayor tragedia es que no para, no hay días de descanso. Hoy venimos a intentar frenar uno, pero el siguiente está a la vuelta de la esquina y así sucesivamente”, explican desde la PAH, que logró frenar otro en Vallecas hace menos de una semana.

Además, desde la plataforma exigen responsabilidades al Gobierno por tener parte de la propiedad de Caixa. “Si un porcentaje de la entidad pertenece al Estado es incomprensible que este tipo de hechos se sucedan semanalmente. Debemos protestar ante una nula gestión ante un drama humanitario como este y solicitar a los vecinos del barrio que se movilicen”, ha explicado una de las portavoces debido a que, el desahucio de la próxima semana también es de una vivienda del banco.

La cuenta atrás de seis meses ha dado comienzo este miércoles tras el desahucio para Liz y su familia. Tras este periodo de tiempo su vida volverá a estar en el aire al no tener alternativa habitacional.

Arranca un nuevo curso y, con él, todo tipo de ciudadanos con trabajo o sin él se enfrentan a la búsqueda de un alquiler en Madrid en medio de lo que se ha convertido en una suerte de ley de la selva. Estudiantes de diferentes puntos del país, trabajadores que tienen su vida laboral en la capital o población local en busca del sueño de independizarse lidian entre un mar de ofertas para lograr encontrar la “menos mala” y dispuestos a asumir cada vez más requisitos, además de un casting con otros candidatos, para poder tener un hogar.

El portal Idealista publicó esta semana que alquilar una sola habitación en la capital asciende, de media, a los 500 euros por persona. Comparte la segunda plaza de los alquileres más caros del país junto a Palma, mientras que la primera es Barcelona con unos 565 euros por habitación.

En junio de este mismo año el mercado ha acumulado seis meses consecutivos batiendo marcas récord. Y esto se produce por la altísima demanda que hay en la capital y la escasa oferta para abarcar a todos los solicitantes. Desde el mismo portal aseguran que por cada anuncio de vivienda hay 41 contactos con clientes altamente interesados. 

“Cuando llegué a Madrid, hará unos siete años, pagaba por una habitación en un piso de estudiantes algo más de 300 euros. Entonces ya me parecía una barbaridad, pero ahora pago más de 500 por prácticamente las mismas condiciones: un piso compartido con otras dos personas”, explica Sara, de 25 años. Su vida, al igual que la de tantos otros, comenzó en Madrid como estudiante de una carrera universitaria, en este caso Periodismo, y con el paso del tiempo logró un trabajo con el que asegura que le sería prácticamente imposible vivir sola. “Para nuestra generación conseguir una vivienda es una meta que se nos presenta casi imposible”, concluye.

Como en su caso, el poder acceder a un alquiler se ha convertido para muchos en una carrera de obstáculos. “Honestamente, a veces no sé si estoy optando a un puesto de trabajo o a conseguir un alquiler”, comenta irónico Adrián, ingeniero de 27 años. Su vida también oscila entre búsquedas en páginas webs y portales de inmobiliarias. “Un día se te acaba el contrato, de vuelta al caos y así una y otra vez”, expone, para reflejar el estrés al que tantas personas están sometidas ante la situación.

“Los requisitos ahora son, en muchos casos, inasumibles. Nos piden demostrar los ingresos de los últimos seis meses, tener un contrato indefinido, un aval e, incluso, presentar las nóminas de las personas que vayan a entrar en el piso que alcancen una cantidad bastante superior a la del precio del alquiler”, explica. En su caso asegura que, además de pagar por adelantado tres meses del alquiler, también tuvo que presentar su salario. “Entiendo que los propietarios quieran asegurarse de los pagos, pero en la mayoría de los casos llega a niveles excesivos, es más, tengo parejas de amigos que ambos tienen un salario normal –entre 1.100 y 1.300 euros– y ni siquiera así lo tienen fácil”, alerta.

El salario medio en España apenas supera los 1.000 euros. “Desde 2008 los sueldos han aumentado un 6,10% en las personas jóvenes. Sin embargo, los alquileres lo han hecho un 40%, lo que cierra a un grueso importante de la población el acceso a la vivienda”, señalan desde el Consejo de la Juventud ante la problemática que lleva asentada desde hace años en todo el país y, concretamente, en Madrid. 

“Al final puedes llegar a encontrar algo, pero desde luego tu capacidad de ahorro será mínima, casi inexistente, y tu proyecto de vida con tu pareja o con quien sea se retrasará hasta avanzadas edades. Por eso la media de emancipación supera ya los 30 años”, concluye Adrián.

Pagos por visita: “Es lo que hay”

En la plataforma X se ha hecho viral un post en el que una usuaria criticaba a una inmobiliaria de Barcelona por tener que pagar 9,99 euros para simplemente visitar una vivienda que podría llegar a interesarle. Incluso se ha puesto en discusión en la red social si esto entra dentro de la legalidad. “Han anunciado que hay menos de cien pisos en alquiler por menos de 1200 € al mes, de los cuales sólo un tercio son de alquiler normal –los otros dos tercios son de alquiler turístico o temporal–. No tiene vergüenza ni la conoce, 9,90 € la puta visita”, señalaba Gina.

En Madrid esta situación no es nueva. El pasado curso en Tik Tok se hizo viral un vídeo de otra usuaria que había preguntado por un piso. La inmobiliaria le aseguró que estaba disponible, pero que tendría que depositar 30 euros para poder visitarlo. “Sois muchos, si no lo pagas tú lo pagará otro, como tú veas, ¿te interesa o no?”, le dijeron.

“Vivo en un círculo vicioso. Como no puedo permitirme comprar un piso, tengo que gastar mucho dinero en un alquiler, pero claro, eso a su vez me impide la posibilidad de ahorrar y así poder comprarme uno”, explica la influencer en otro de sus vídeos.

“Al final la demanda del alquiler es enorme, especialmente en una gran ciudad como Madrid, y el poner un pequeño precio para poder visitar un piso te asegura que quien vaya a verlo tiene interés real en la vivienda”, explican a este periódico desde una pequeña inmobiliaria de Hortaleza. “De alguna u otra forma se deben filtrar las visitas, igual colgamos un piso en la web y al cabo de un día tenemos decenas de solicitudes para verlo, no hay para todos”, prosiguen.

Desde la inmobiliaria afirman que, pese a no ser una práctica tan extendida como otras que se piden en todos los alquileres, el pago por visita es algo que se pueden encontrar en inmobiliarias y también en ofertas de particulares. “En el caso de Barcelona han puesto el grito en el cielo por 10 euros, pero en Madrid yo he visto alguna visita que superaba los 20. No es una reserva, pero algunos priorizan al cliente que pague antes”, señalan. “Justo o no justo es lo que hay”, concluyen.

La Audiencia Provincial de Cádiz declaró en 2021 como “abusivo y nulo” ante un caso similar de cobro por visitas a un inmueble y señaló que “la visita a la vivienda por el posible comprador no está vinculado a una comisión”. La propia Ley de Vivienda refleja en su texto que es el propietario el que tiene la “obligación de asumir los gastos de gestión inmobiliaria”. Sin embargo, surgen vacíos en la ley que se pueden ajustar a los beneficios del arrendador.

La búsqueda de un hogar rentable seguirá siendo un desafío inmerso en el caos en el que los precios cada vez son más elevados junto con la demanda, los requisitos para poder optar a un piso, los “trucos” que aumentan el beneficio y, mientras tanto, toda una generación a la que construir un proyecto de vida le resulta prácticamente utópico.

El espacio 'El Encuentro', sede conjunta de Ganemos Colmenar, Podemos e Izquierda Unida en Colmenar Viejo, ha sido vandalizada este fin de semana por la extrema derecha. En la fachada del edificio se han encontrado pintadas con simbología nazi, fascista y con el nombre de Vox. “Ni un paso atrás”, ha comunicado este lunes Ganemos Colmenar en redes sociales denunciando el acontecimiento tras recordar que esta no es la primera vez que sucede.

El pasado mes de noviembre, la sede de los partidos de izquierdas también fue vandalizada por grupos de extrema derecha. Por aquel entonces, las diferentes organizaciones políticas denunciaban que las organizaciones de extrema derecha “persiguen con estas actitudes vandálicas inyectar odio y polarizar a la sociedad, pero además creen que de esta forma se podrá silenciar a las actividades que se realizan en el edificio”.

Enrique Santiago, como portavoz adjunto de Sumar y responsable de Interior, registrará una pregunta al ministerio para saber qué está haciendo en este tema concreto y en otros casos similares. “Pediremos información al Ministerio de Interior sobre las investigaciones de anteriores ataques. Ánimo y fuerza a las compañeras y compañeros de Colmenar”, ha dicho para mostrar su apoyo los afectados.

El local también pertenece a la Asociación Cultural 14 de abril y del Grupo de Mujeres de Ganemos Colmenar y, en sus orígenes, el edificio no sólo fue ideado como sede para las diferentes organizaciones políticas que se encuentran instaladas en su interior, sino también como un lugar de encuentro para diferentes actividades culturales y sociales en beneficio de toda la ciudadanía de Colmenar.

El fútbol español ha vivido un año de éxitos, pero también de tumulto. Tras el inédito triunfo de la selección femenina en el mundial de 2023, la masculina consiguió la Eurocopa el pasado julio, a lo que sumó la medalla de oro en los juegos olímpicos de París recién clausurados. Pero todos esos triunfos se han visto continuamente ensombrecidos por las graves sospechas que se ciernen sobre la gestión de la Real Federación Española de Fútbol de su expresidente, Luis Rubiales, que, por el momento, será juzgado por agresión sexual y coacciones por el beso no consentido que le dio a Jenni Hermoso precisamente en la celebración del mundial en Australia.

Al margen de los futuros movimientos que se puedan dar en los tribunales, la próxima cúpula de la federación se decidirá en las urnas en septiembre y el Gobierno está decidido a tener un papel importante en la renovación. De lo que por el momento se han librado Rubiales y su equipo es de una investigación política a su gestión.

En diciembre, ERC, EH Bildu, Podemos y BNG pedían en el Congreso la puesta en marcha de una comisión de investigación para indagar sobre los presuntos “escándalos” que rodean a Rubiales. Pero una vez finalizado el periodo de sesiones y con la Cámara Baja con la persiana echada por las vacaciones de verano, tanto el PP como el PSOE no se habían decidido aún a aceptar la citada comisión. El voto de al menos uno de los dos grandes partidos es imprescindible para que salga adelante.

Según fuentes tanto del PP como del PSOE consultadas por este periódico cuando se propuso la iniciativa, ambas fuerzas tenían pensado “estudiar” el texto, pero no aclararon si contemplaban suscribirlo. Los populares afirmaban también que “cuando se llevara la petición a Junta de Portavoces, para intentar llevar a debate en Pleno creación o no emitirán una posición pública al respecto”. Sin embargo, su posición nunca llegó a aclararse y la comisión ha quedado este año en papel mojado.

Durante la presidencia de Luis Rubiales frente a la institución deportiva –desde 2018 hasta finales de 2023–, las irregularidades de la RFEF no se limitaban exclusivamente al “machismo” denunciado por los partidos políticos o el beso no consentido a Jenni Hermoso con el que el Comité Disciplinario de la FIFA inhabilitó a Rubiales durante tres años. La petición para llevar a cabo la comisión también tenía otros pilares que fundamentaban el objetivo de asegurar “el control y transparencia para evitar que en el futuro se repita cualquier irregularidad”.

Entre los asuntos oscuros están los salarios de los altos directivos de la RFEF, que pasaron de 1,8 millones de euros hasta los siete en tan solo tres años. También está por aclarar el traslado de la Supercopa de España a Arabia Saudí gracias a Gerard Piqué. Los partidos que presentaron la comisión de investigación aseguran que “se deja una larga sombra de dudas y presuntos delitos de corrupción en negocios, administración desleal o cobro de comisiones”.

Encima de la mesa también está la denuncia que interpuso el propio tío de Rubiales acusándoles de utilizar dinero de la federación para “pagar varias orgías con amigos en la localidad granadina de Salobreña”. Y a todo ello se suman las informaciones desveladas por El Confidencial sobre presuntas acciones de espionaje, coacciones y presiones derivadas de las “conversaciones comprometedoras con diferentes ministros del Gobierno de Pedro Sánchez”.

Acabado el curso político, la comisión que pretendían llevar a cabo ERC, Podemos, Bildu y BNG ha caído en saco roto por la ausencia de posicionamiento de populares y socialistas que ha significado inevitablemente que Luis Rubiales se libre de la investigación que le acechó a principios de año. Además, cabe recordar que la Ley del Deporte aprobada por el Congreso de los Diputados en 2022 carece de mecanismos de control real de las personas que acceden a la dirección de federaciones, ligas profesionales y clubes, con lo que la posible acción política es muy limitada.

La cúpula de la RFEF y el futuro

El pasado julio, el Tribunal del Deporte inhabilitó a dos años de cualquier puesto federativo a Pedro Rocha, el que fuera el sucesor de Luis Rubiales y presidente de RFEF, por la denuncia de Miguel Ángel Galán, presidente del Centro Nacional de Formación de Entrenadores de Fútbol, por excederse en las funciones encomendadas como presidente de la comisión gestora que tomó las riendas de la Federación tras la dimisión de Rubiales por el beso a Jenni Hermoso. En caso de que la sanción fuese efectiva significaría la inmediata salida del mandatario de la institución futbolística, sin embargo, Rocha ya ha anunciado la presentación de un recurso en el Contencioso Administrativo a dicha medida lo que, según su abogados, dejaría en suspenso su inhabilitación.

Pese a ello y aunque sí asistió a la Eurocopa, el máximo representante de la RFEF no estuvo presente en la gala de inauguración de los Juegos Olímpicos de París, ni tampoco en la final que disputó España contra Francia en el estadio del Parque de los Príncipes y que significó el oro para la selección nacional.

A falta de conocerse la decisión del juez, el futuro de la cúpula de la RFEF se encuentra en el aire. Las próximas elecciones para dirigir la institución serán en este mes de septiembre y los posibles candidatos a la presidencia que han sonado en los últimos meses son varios, desde Iker Casillas, pasando por Vicente del Bosque, hasta el presentador radiofónico de la cadena Cope, Carlos Herrera. En caso de que la inhabilitación de Rocha no se concrete, este también sería uno de los candidatos que previsiblemente tendría más respaldo dentro del organigrama futbolístico.

En apenas un mes el futuro de la Federación se elegirá en las urnas mientras coexiste el éxito deportivo de este verano con las sombras que dejó la pasada directiva que, más allá de las inhabilitaciones de otros organismos a los miembros pertenecientes como la de la FIFA a Rubiales o el Tribunal Administrativo del Deporte a Pedro Rocha, nunca se han llegado a resolver.

Vidas que se alejan y otras que llegan, carretera y asfalto, coches de aquellos que, un día más, van a trabajar y otros que, por fin, salen en busca de desconectar. La M30 es la frontera del centro de la capital, aquella que delimita a barrios como Hortaleza, Vallecas, Carabanchel, Moratalaz o Usera, entre otros, y que abre las puertas a conocidos y extraños a la gran ciudad. Sin embargo, entre sus arcenes y descampados se encuentran personas para las que la autopista no es sinónimo de paso, sino de hogar. Aquellos para los que les es imposible vivir tanto a un lado como al otro de la frontera porque, de alguna u otra forma, “la hostilidad” de Madrid les expulsó.

Cartones, tiendas de campaña desgastadas, telas organizadas para crear estructuras habitables, restos de cartón, madera o envases y carros de la compra en el que se pueden encontrar desde latas de conserva, cuerdas, botellas vacías... El escenario que se vislumbra en los alrededores de la autopista madrileña refleja el fracaso de una ciudad. El calor que se concentra entre el limbo del asfalto y el secarral lo convierte en un infierno para aquellos que viven en él.

A las difíciles condiciones meteorológicas, tanto en verano como en invierno, se suma la higiene en peligro constante. Los derechos fundamentales son además mermados por una situación a la que no es tan difícil llegar. Las personas que no tienen un hogar sienten un juicio social permanente. “Estás en la calle, pidiendo algo de comida, dinero o lo que sea para mejorar tu situación y ves cómo la gente con suerte te mira como si no existieras o con desprecio”, comenta Lucía, una de las residentes de una pequeña chabola en la zona de Ventas que lleva meses instalada.

“El juicio social ahora ha aumentado, ahora ya no solo es que seamos un mal ejemplo que los padres señalan para que sus hijos no acaben así. También se nos relaciona con la violencia, inseguridad o el consumo de drogas”, explica, ante la radicalización que ha percibido desde hace un tiempo. “Tener un golpe de mala suerte o haber tenido unas condiciones difíciles en la vida parece que te imposibilita a tener derechos”.

José es otro de los que viven entre los puentes, la carretera y lo que el ciudadano común no alcanza a ver. Viste ropa desgastada y un calzado embarrado, se encuentra sentado en una silla de plástico a la sombra de un árbol y come una pequeña lata de atún. Lleva años en la zona y su pequeño hogar está construido por cuerdas, tablas de madera, cartones y elementos que se ha encontrado por los contenedores. “Tengo hasta una pequeña terracita con una mesa y sillas que me encontré por ahí”, comenta irónico ante una situación que sabe que es muy complicada. “En invierno mucho frío y en verano mucho calor”, explica para introducir cómo sobrevive en el calor de la capital. “Tengo varias botellas de agua para poder ir rellenando. Tenemos la suerte de que aquí al lado hay una fuente funcional, de las pocas que hay en la ciudad. Algunas son para hidratarme y otras para aseo personal”, afirma, señalando los diferentes envases que tiene amontonados en la puerta.

“En las horas en las que empiezan a pasar coches me acerco a algún semáforo, la entrada de algún supermercado o a la propia calle para poder ganarme la vida... Conseguir algo de comida, unas monedas o lo que buenamente se pueda”, desarrolla José, para reflejar su rutina.

El pasado febrero, el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, preguntaba a la delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, en relación a los 64 asentamientos chabolistas situados en los alrededores de la carretera madrileña. El dirigente de la extrema derecha aseguraba que se trataba de lugares que “afectan gravemente a la seguridad porque hay personas que entran y salen de esas zonas, cruzando las calles, haciendo fuego, vendiendo droga y todo afecta a la salubridad porque se producen acumulaciones de suciedad, hay roedores, hacen sus necesidades, las personas que están ahí, por cualquier lado”.

Pese a la indignación del portavoz de extrema derecha, no añadió ninguna propuesta o medida para atender a las personas que se encuentran en esa situación. “La gente se piensa que es complicado terminar en la calle, sin techo y con condiciones inhumanas, pero la realidad es que solo necesitas un mal día”, señala Lucía. Ella trabajaba en un supermercado cercano a Ventas, vivía de alquiler y, tras las sucesivas consecuencias de la pandemia, perdió el empleo. No tenía soporte familiar debido a que la mayoría de los suyos viven fuera de España y con la gente que se relaciona en la ciudad reconoce avergonzada que, o no comenta la situación en la que se encuentra, o les dice que es algo meramente temporal.

Ortega Smith, además, señalaba que los asentamientos de chabolas crean “una imagen deplorable de la ciudad, porque es una vía de alto tránsito”. Y solicitaba entonces una “actuación urgente para el desmantelamiento”. “A los ciudadanos nos importan un bledo las competencias. El ciudadano que ve un asentamiento no se está preguntando si es competencia de M30, o del distrito, o de la Comunidad. Lo que quiere es que ese asentamiento no esté ahí, que la calle esté limpia y reparada”, concluía el portavoz de extrema derecha ante el reproche de la delegada popular que aseguraba que “solo le importan unas personas y las otras no”.

Las historias de José y Lucía se repiten a lo largo de la autopista de la capital. El barrio de Ventas no es el único en el que algunas personas encuentran un pequeño y apartado refugio en el que poder estar. “Si estoy en un cajero me miran mal, si estoy en el suelo en la calle lo mismo, si pido dinero o comida no me creen y si digo que mi vida no ha sido fácil se pensarán que es por la droga o porque 'algo mal habré hecho'. Prefiero estar en este lugar construido por mis manos alejado de todo”, sentencia José.

Una campaña del calor insuficiente

Dada la situación a la que se enfrentan las personas sin hogar en condiciones meteorológicas extremas, especialmente este verano que se están alcanzando temperaturas récord por encima de los 40 grados, el Ayuntamiento de Madrid ha puesto en marcha por primera vez en la historia una campaña del calor. El proyecto todavía se encuentra en fase piloto, pero desde el Consistorio aseguran “la continuidad de esta nueva prestación para los próximos años, pudiendo ser modificadas sus condiciones en función de la demanda y necesidades que se detecten en el modelo de prueba”.

Las personas en situación de emergencia social han podido encontrar refugio ante las altas temperaturas en un centro de acogida de Villa de Vallecas. Sin embargo, el espacio está operativo con tan solo 50 plazas que no cubren a las centenares de personas que se encuentran en las calles de la capital, con horario diurno –de 12.00 a 20.00, que son las horas con más exposición al sol– y que se ha puesto en marcha las veces en las que la Comunidad de Madrid ha declarado el Nivel 2 de Alto riesgo por calor. Es decir, a partir de cuando en la capital se alcanzan los 38,5 grados o registros superiores a 36,5 durante al menos cuatro días consecutivos.

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, valoraba en su momento “positivamente” la acción. Sin embargo, advertía de que “es insuficiente ofrecer 50 plazas y que estas sean exclusivamente durante las alertas meteorológicas”. Además, comparaba a la capital con Sevilla, en la que afirmaba que “se ofrecen 140 plazas durante todo el verano con una población mucho menor”. “Hay necesidad de un mayor compromiso de las instituciones públicas con las personas sin hogar, instando a extender y mejorar los recursos empleados”, concluía la portavoz.

Durante la estancia en estos “refugios climáticos” las personas que asisten tienen una habitación adecuada y una comida al mediodía consistente de de un gazpacho o sopa fría, un bocadillo y yogur. Además, desde la institución madrileña comparan la iniciativa con una similar que se lleva a cabo los meses más fríos del año con la que presumen de haber atendido a más de 1.800 personas entre 2023 y 2024. La vicealcaldesa y portavoz de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, ha señalado que “es un esfuerzo importante para seguir mejorando la atención a las personas más vulnerables, como se hace en la campaña del frío, pero que era necesario incorporarla en el verano donde las olas de calor cada vez serán más amplias en las ciudades”, pero reconoce que “todavía se está en una fase muy informativa y cuesta que las personas se quieran acercar”. Apuesta, en todo caso, por “el medio plazo”.

Desde que comenzó el verano más de 280 personas han fallecido en la Comunidad de Madrid por causas relacionadas al calor según un informe elaborado por el instituto de Salud Carlos III (ISCIII). Además, esta situación no es nueva, el pasado curso la capital se colgó la medalla de oro en el ranking de la tasa más alta de mortalidad por calor según el Ministerio de Sanidad. Si de por sí el escenario de la región es preocupante, el riesgo y las consecuencias tienen un agravante extra en las personas que padecen el sinhogarismo y los escasos recursos que tienen para poder enfrentarse a una ola de calor que llega todos los veranos.

Los colores de las líneas de Metro de Madrid se entrelazan en el centro de la capital y su expansión durante las últimas décadas puede dar la idea de que se trata de un servicio público universal. Pero fuera de ese mapa de líneas y transbordos quedan barrios enteros desde los que miles de personas deben realizar “excursiones” de hasta media hora a pie para poder llegar al transporte subterráneo.

Félix López-Rey, concejal del Ayuntamiento de Más Madrid, pone voz a esas reivindicaciones. En uno de los últimos plenos, el pasado julio reproducía las quejas recogidas en el barrio de Orcasitas exhibiendo una placa de Metro en el consistorio. “Hace ya más de 15 meses que este pleno aprobó solicitar de la Comunidad los estudios pertinentes para ver la posibilidad de que llegase a Orcasitas, pero ustedes se lo pasan por ahí”, exclamó el edil mientras el Gobierno municipal le aseguraba que “la propuesta estaba en estudio”. El barrio madrileño consta de más de 23.000 vecinos y la reclamación se remonta a hace un par de décadas ya que están rodeados por las líneas 3, 6 y 11 de metro, pero ninguna cerca.

Además, las reclamaciones de los vecinos también han señalado históricamente a la EMT y los escasos autobuses de los que disponen -el 6 y el 60- para los que, en muchos trayectos el viaje a la estación más cercana es más largo que el de ir andando. La estación de Cercanías de Orcasitas está por ejemplo a 20 minutos andando del barrio de Guetaria y la estación de San Fermín-Orcasur está a más de dos kilómetros.

“Sería muy necesario para este barrio una línea de metro, ya que solo hay un autobús -el 102- que no cubre las necesidades de transporte que soportamos los vecinos desde hace años”, comenta Javier, un vecino de Entrevías que pertenece a un distrito de Vallecas donde residen casi 26.000 vecinos. Los reclamos del sur de la capital no se reducen al subterráneo que viaja al centro de la capital. Además de los autobuses, el servicio de Cercanías que conecta gran parte de Madrid sur con el centro también tiene diferentes problemas que entorpecen el día a día de los vecinos.

“Nunca sabes a qué hora llegarás al curro, ni qué nueva aventura te deparará tras atravesar las puertas de la Renfe. Hay días con retrasos de hasta más de 20 minutos, otros que vamos enlatados en el tren y no entra un alma, incidencias de cualquier tipo y, esto, a la mínima que tengas un trabajo medianamente estricto te obliga a salir de casa con un margen muy amplio por lo que pueda pasar”, explica Pilar, una de las vecinas del sur que explica las “hazañas” que debe hacer para llegar a su puesto de trabajo. “El modelo de ciudad te incita a elegir entre los atascos en coche o los retrasos de Renfe y, aunque ninguna es buena opción, siempre tienta más el coche”, admite.

La historia de Butarque es una de permanente lucha para los 21.316 vecinos que están empadronados. Se trata de un barrio relativamente nuevo en el que el esfuerzo por cada servicio público ha sido mayúsculo y cada logro ha llegado “a golpe de protesta”. Así han conseguido dos colegios, un segundo instituto y el centro de salud con el que, a pesar de llevar más de 15 años de retraso, han presionado para lograr, poco a poco, su construcción.

Pese a las victorias conseguidas, el trasporte y la accesibilidad monopolizan las reivindicaciones vecinales. El Metro más cercano al barrio es el de San Cristóbal, entremedias está la estación de Renfe de San Cristóbal de los Ángeles, y para llegar desde Butarque el trayecto a pie es de más de media hora. Además, las carreteras también son protagonistas en las protestas más recientes. El barrio nació encajado entre las vías del tren, la M-301, la A-4 y su variante de conexión entre la M-45 y la M-50. Rodeados de calzadas, sin acceso directo y en el que, desde la Asociación Vecinal Independiente de Butarque aseguran que viven “en una ratonera”.

En El Cañaveral, un barrio de reciente creación que suma ya más 10.000 vecinos, y en el que desde Más Madrid han reprochado que “no se haya tenido en cuenta en las posibles ampliaciones del Metro cuando cuenta con un crecimiento de 500 vecinos al mes” y en el que el Cercanías tampoco tiene fácil accesibilidad. Los vecinos, además, tienen escasez en todos los servicios públicos, no solo el subterráneo. También de colegios, institutos o centros de salud.

Del sur al este y norte

Pese a que las zonas más damnificadas por la situación del transporte público subterráneo se concentran en el sur, en el resto de la región madrileña también hay otras localidades que tienen complicaciones para llegar al Metro. En Horcajo y Fontarrón, barrios de Moratalaz, el tren no atraviesa ninguno de ellos. En el primer caso, las estaciones más cercanas, tanto Artilleros como Valdebernardo, se encuentran a 20 minutos caminando.

En el noreste de la capital, en el distrito de San Blas-Canillejas, Rejas lleva años en lucha por una mejora de su accesibilidad al transporte público. El punto significativo de este barrio es que, además de tener más de 15.000 habitantes, es una zona con una alta concentración de centros comerciales que además también están en expansión. “Desde el punto de vista del Metro es desesperante llegar al Plenilunio u otras tiendas que están por la zona”, explica Roberto, uno de los trabajadores de una reconocida marca del sector tecnológico. “Evidentemente hablo desde el punto de vista externo, pero conozco a gente de dentro después de tanto tiempo trabajando e incluso para salir del barrio con transporte público es un caos en el que se depende por completo de autobuses que, según el día, te pueden jugar una mala pasada”, apunta.

Los vecinos claman, de forma similar al resto de zonas afectadas por una estación de Metro cercana y lamentan haberse quedado “como una isla”, “incomunicados” con el resto de la ciudad.

En el distrito vecino, Hortaleza, también varias localidades siguen a la espera de que alguna línea les facilite el acceso a la red de Metro. Valdefuentes, el barrio fronterizo con la M-11 y que ha sido el lugar de algunas de las últimas intervenciones del Ayuntamiento y la Comunidad, como el Hospital de Emergencias Isabel Zendal o el parque Felipe VI, y en el que reside la Ciudad Deportiva del Real Madrid o el próximo vecindario de Sanchinarro, tampoco tienen una conexión sencilla con el trasporte público. Las estaciones más próximas, como San Lorenzo o Aeropuerto T4, están a casi una hora de trayecto a pie y a media hora en el autobús 171.

Piovera, uno de los barrios con más poder adquisitivo de la región, que también se encuentra en el distrito de Hortaleza, próximo al Campo de las Naciones y rodeado de restaurantes, tiendas o el Juan Pablo II, tampoco tiene acceso al Metro. Las única opción viable es acercarse a la estación de Feria de Madrid, donde está IFEMA, y o se va en autobús o el trayecto a pie será de unos 25 minutos. Por otro lado, uno de los nuevos barrios de la ciudad, Valdebebas, debido a su reciente creación, tampoco tiene accesibilidad al trasporte público subterráneo. Sin embargo, en los planes de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se prevé que esta situación pueda cambiar debido a los grandes proyectos que tiene por la zona como el circuito de la Fórmula 1.

Más en el norte de la capital, Aravaca tiene escasa comunicación con la red subterránea -tan solo llega el final del Metro Ligero 2- y esto produce dificultades en otras urbanizaciones que se encuentran por la zona como las de El Plantío o Valdemarín, que juntas suman más de 10.000 habitantes.

Pese al hito alcanzado de conectar todos los distritos de la capital en 2007, todavía quedan barrios que no están bien comunicados y sus reclamaciones se remontan a años de protestas y movimiento vecinal para intentar revertir la situación de una lucha eterna.

El PP ha asegurado este martes que solicitará que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparezca en septiembre en la comisión de investigación abierta en el Senado que estudia, entre otros asuntos, el de las investigaciones abiertas en los tribunales a la esposa del jefe del Ejecutivo, Begoña Gómez. La comisión se encarga de investigar el caso Koldo y todos los “entramados de corrupción que rodean al Gobierno”, y en ella han comparecido Salvador Illa, Koldo García o el exministro José Luis Ábalos, entre otros.

En una entrevista en esRadio, la portavoz del Partido Popular en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, ha anunciado que su formación “ha solicitado la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para septiembre,” en la comisión de investigación del Senado para “pedir explicaciones” y dar respuesta a los “casos de corrupción que rodean al Ejecutivo”.

Montserrat ha declarado que los populares van a usar “todos los instrumentos legítimos, tanto políticos, legislativos como judiciales para que se esclarezca toda la corrupción que acecha al entorno personal del presidente, al Partido Socialista y al Gobierno socialista”. “Si Sánchez no tiene ningún problema y tan tranquilo está, pues que lo explique, donde lo tiene que explicar, que es ante las Cortes, que es donde recae la soberanía nacional”, ha señalado la portavoz tras recalcar que “no van a parar porque tienen que saber toda la verdad” y exigiendo al presidente del Gobierno que “dé la cara”.

Asimismo, la portavoz en el Parlamento Europeo del Partido Popular ha dado la legislatura por “completamente finalizada” y con un “Ejecutivo completamente roto” que “es incapaz de aprobar ninguna ley en beneficio de los españoles”. “La única ley que se ha aprobado es la infame ley de amnistía que rompe con la igualdad de todos los españoles y que da privilegios a pocos y que aquellos que fueron los que hicieron un golpe al Estado se les borran los delitos. Esto es lo único que ha hecho Sánchez en esta legislatura”, ha dicho Montserrat, invitando a Pedro Sánchez a que “escriba una tercera cartita diciéndole a los españoles que disuelven las Cortes y que convoca elecciones ya” por tener un “Gobierno débil, acechado y rodeado de corrupción”.

El 24 de febrero de 2022 estalló una nueva guerra en territorio europeo por primera vez desde la II Guerra Mundial. Ucrania fue invadida por Rusia y miles de personas huyeron del caos, el hambre y el conflicto buscando asilo en países aliados. Desde entonces, España junto al resto de naciones de su entorno han acogido a miles de personas que trataban a toda costa de escapar de la barbarie, muchos de ellos niños. En aquel momento, la posición de los partidos de la derecha fue de “apoyo incondicional”. Tanto el Partido Popular, liderado por Alberto Núñez Feijóo, que reafirmaba su “postura con la democracia” mientras advertía del peligro que significaba la “amenaza constante de Vladimir Putin”, como el partido de Santiago Abascal, Vox, que señalaba que la ayuda debía ser con “todos los medios, con toda la convicción, con toda la contundencia necesaria, con los medios económicos y militares que sean precisos”.

Tras el inicio del conflicto, las comunidades autónomas gobernadas por la derecha acogieron, como el resto, a los refugiados ucranianos. A día de hoy, España ha acogido a casi 200.000 personas distribuidas por todo el territorio nacional, en el que destaca la Comunidad Valenciana con más de 55.000 personas, Andalucía con cerca de 30.000, Madrid acercándose también a esa cifra y en la que, la presidenta Isabel Díaz Ayuso, fue premiada “por su contribución al envío de ayuda humanitaria” o Castilla y León que ronda las 4.300 protecciones temporales.

Sin embargo, en paralelo a la guerra, que sigue su curso en la actualidad, otros migrantes llaman a las puertas de las fronteras nacionales. En este caso, se trata de menores no acompañados que cruzan el mar con la intención de encontrar un futuro mejor desde países africanos. En las últimas semanas, la situación ha provocado inestabilidad y, finalmente, un cisma sin precedentes en los gobiernos autonómicos dirigidos por PP y Vox que ha significado la salida de las instituciones del partido de extrema derecha.

El reparto de menores migrantes provenientes de África y que ahora se encuentran esencialmente en el archipiélago canario es sustancialmente menor que el que aconteció el conflicto entre Rusia y Ucrania. Pese a ello y tras la solicitud de ayuda por parte de las islas para repartir el peso de la solidaridad, muchos son los que se niegan o ponen trabas para que no se llegue a producir del todo. Por parte de los populares, recalcan que “solidaridad sí, irresponsabilidad no” al alegar que sus comunidades no tienen ni las instalaciones ni los recursos suficientes para acoger a los niños. Por el lado de la formación de extrema derecha, afirman que la entrada de migrantes a causa del “efecto llamada” incrementa significativamente “la violencia e inseguridad en los barrios de todo el país”, sin aportar prueba alguna, y que confían en que “sus votantes están de acuerdo con la decisión del partido”.

No obstante y comparando los datos que reflejan ambos conflictos, el baremo es diferente entre ambos. La Comunidad de Madrid, una de las regiones en las que institucionalmente más ha mostrado su apoyo incondicional al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ya ha acogido a cerca de 30.000 refugiados europeos, sin embargo, entre 2022 y 2023, de los 64 migrantes que la capital aceptó acoger sólo cumplió con un 33% de las personas según los datos del Ministerio de Juventud e Infancia. Entre aquellos años, el Gobierno acordó con todas las comunidades el reparto de 772 menores no acompañados, pese a ello sólo se materializaron 295. Más del 60% incumplieron lo pactado.

“El problema no es solo de dinero, las comunidades también debemos de ser conscientes de cómo integrar a personas que vienen de una cultura tan diferente. No son muebles. Ahora, la ruta canaria es la más utilizada por las mafias porque saben que son la entrada al aeropuerto de Barajas”, explicaba la presidenta madrileña mientras señalaba que “ella podría acoger y tratar a los migrantes como a cualquier madrileño”, pero que a su vez se necesita “algo más que dinero”.

Aun así, la región presidida por Ayuso no es la que más ha incumplido los acuerdos para el reparto de menores migrantes. Hay cuatro comunidades de la península que, desde que hay registro, ha incumplido íntegramente lo pactado: Murcia, Cantabria, las Islas Baleares y País Vasco.

Desde el inicio de la guerra de Ucrania, no sólo se ha dado cobertura a más de 200.000 personas, sino que también se ha hecho una inversión tanto por parte nacional como por parte europea colocando a España en el quinto escalón de países que más refugiados ha acogido. Durante los dos años del conflicto, la inversión ha superado los 1.400 millones de euros cofinanciados con la Unión Europea. Por otro lado, el pasado curso el Gobierno aprobó 20 millones de euros para ayudar en los traslados de los 373 menores migrantes pactados entre el Ejecutivo y las CCAA. Finalmente estas solo acogieron a 67.

De un Gobierno a otro

Por parte de Aragón, tras los comicios del pasado año, Javier Lambán (PSOE) abandonó la presidencia y dio paso a Jorge Azcón (PP). En el último año de legislatura socialista se cumplió el acuerdo en un 90%, sin embargo en la primera popular se redujo hasta un 67%. En Extremadura se acentuó esta diferencia, al igual que en el anterior caso, tras las elecciones autonómicas de 2023, se cambió el color político. Esta vez la diferencia entre cuando gobernaban unos u otros alcanza el 100%. Es decir, cuando Guillermo Fernández Vara lideraba la Junta se acogieron a los 22 menores migrantes que le correspondía a la región, pero cuando cambiaron las tornas y presidía el partido de María Guardiola, de los 25 que debían acoger según lo pactado, ninguno puso un pie en suelo extremeño.

Lo mismo sucedió entre la Comunidad Valenciana de Ximo Puig y la de Carlos Mazón o La Rioja de Concha Andreu y la de Gonzalo Capellán que pasó de acoger al 33% de lo correspondiente en 2022 a un 0% en 2023.

Diferentes líderes territoriales del Partido Socialista Obrero Español han mostrado su profundo desacuerdo con el pacto entre su partido y Esquerra Republicana para investir como presidente de la Generalitat a Salvador de Illa a cambio de un “concierto solidario” con el que, según el partido independentista, Catalunya pasará a recaudar todos sus impuestos y saldrá del régimen común que establece la ley de financiación (LOFCA) para el resto de comunidades autónomas.

Uno de los primeros en posicionarse a través de la red social X ha sido el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que ha considerado que el preacuerdo entre las dos formaciones políticas para la investidura en Catalunya es un “grave atentado a la igualdad”. “A estas horas, el atronador silencio ante el grave atentado a la igualdad anunciado por ERC me tiene perplejo. O es un asentimiento intolerable, o un sentimiento de estupefacción como la que tenemos la inmensa mayoría de los españoles”, ha añadido Page, que además ha recibido interpelación de la oposición del Partido Popular en su comunidad, Paco Núñez, que ha asegurado que “la cesión de Sánchez al independentismo es un ataque a Castilla-La Mancha”. Además, desde la formación popular también le han invitado a que “no se quede solo en palabras” y ejecute alguna acción.

Por parte del PSOE en Aragón, el secretario general, Javier Lambán, ha tachado de “inadmisible” el preacuerdo alcanzado por el PSC con ERC para investir a Illa y que va a suponer “una quiebra brutal de la igualdad entre todos los españoles”. “El independentismo consigue todos sus objetivos y el PSOE puede entregar España a cambio de la investidura de Salvador Illa”, ha declarado Lambán.

“El acuerdo con ERC es una quiebra brutal de la igualdad entre todos los españoles. Como socialista, como demócrata y como español me resulta inadmisible”, ha concluido el presidente del partido en Aragón.

El líder del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, también ha avanzado su posición en caso de que la investidura catalana salga adelante y ha dicho que si el pacto quiebra el principio de igualdad entre los españoles estarán “radicalmente en contra”. “Nosotros no queremos recibir las migajas de Cataluña, nosotros recibimos la solidaridad del conjunto de los españoles. Igual que somos solidarios con aquellas comunidades que necesitan de Extremadura, por ejemplo su potencial energético”, ha agregado.

“Ya sabemos cómo funcionan los nacionalismos e independentismos que dicen una cosa y luego los acuerdos plasman otra. Vamos a ser prudentes”, ha matizado Gallardo al ser preguntado por esta cuestión en Badajoz, que -ha dicho- no puede valorar todavía en su “justa medida” hasta saber la letra pequeña del acuerdo.

Por su lado, el secretario general del PSOE andaluz y portavoz socialista en el Senado, Juan Espadas, ha sido el primer dirigente de su partido en comparecer tras el anuncio de ERC de un preacuerdo con el PSC para Catalunya que incluiría el concierto fiscal y la recaudación de todos los impuestos.

“Un acuerdo para Catalunya no puede perjudicar a Andalucía. No voy a permitir ni agravios ni privilegios que perjudiquen a Andalucía. Esto es de primero de Catón. Quiero para Andalucía todo lo bueno que haya en el acuerdo para Cataluña. La línea capital de defensa de Andalucía, siempre dentro de la Constitución, es que esté garantizada la financiación justa de las competencias autonómicas que sustentan el Estado de derecho”, ha dicho Espadas según ha informado Daniel Cela.

Desde PSOE han trasladado su opinión a este periódico en la que resaltan que “no hay novedad” en las diferentes declaraciones donde se critica la investidura -con acuerdo entre el PSC y ERC-. “Ya las hemos leído en otros momentos, siempre vienen de las mismas personas”, han asegurando tras hacer hincapié en que “respetan que manifiesten su opinión pero no son compartidas” dentro de la formación socialista.

El auditorio Pilar García Peña, situado en el parque de Pinar del Rey, entre las calles de Canillas y López de Hoyos, ha estado presente en innumerables fiestas a lo largo de los años. Fue testigo también de la última revuelta vecinal contra el concejal del distrito, David Pérez, por la 'ley seca' con la que prohibió la venta de alcohol por parte de las asociaciones vecinales que protestaron en el pregón y fueron acusadas de “la mayoría no pertenecer a ese barrio”. Tras más restricciones, como en las fiestas de Manoteras, la condena impuesta sin razón aparente en Hortaleza sigue su cauce.

La contienda entre el concejal y los vecinos persiste entre el calor del verano que ha abierto nuevos frentes en el que las quejas siguen siendo protagonistas. La más reciente ha sido por el cine al aire libre que se celebraba habitualmente en el auditorio, suspendido por primera vez desde hace años y que acostumbraba a dar inicio a mediados de junio. “No entendemos qué ganan con estas decisiones. Esto, junto a las trabas impuestas a las actividades vecinales, nos deja un verano con una programación cultural al mínimo”, afirman desde la Coordinadora de Hortaleza, un espacio de encuentro y organización de las entidades ciudadanas del barrio desde hace más de 40 años.

Desde la Junta Municipal de Distrito afirman que “el cine de verano no va a celebrarse porque, en ocasiones anteriores, se hacía con un contrato menor y no es posible ejecutarlo con esa modalidad”. Sin embargo, los tres años anteriores -37.952,16 de euros en 2023, 46.093,89 euros en 2022 y 43.886,43 euros en 2021- las licitaciones superaban lo permitido en dicho tipo de contrato y la cancelación no se llevó a cabo.

Mientras que la justificación de la suspensión sigue siendo una incógnita para el vecindario, la Junta Municipal del Distrito patrocina el cine de verano CentroCentro, ubicado en el Palacio de Cibeles y cuya programación ya es un clásico de la capital. Además, casualmente, este será el primer año en el que el centro comercial del Palacio de Hielo realizará su propio cine de verano donde las entradas cuestan 6,50 euros, se entregan auriculares para escuchar las películas, presume de tener “la pantalla más grande de Madrid” y también retrasmitirá íntegramente toda la Eurocopa en la pista de patinaje acondicionada con sillas, mesas y establecimientos en los que poder consumir.

Piscinas cerradas, de nuevo

El calor seco de la capital ya está instalado en el barrio más allá de la M30 y, de nuevo, las piscinas municipales vuelven a ser tema de discusión. Tras aprobarse las obras, que constan de una reforma integral de las piscinas del Luis Aragonés por parte del Ayuntamiento de Madrid, estas tendrán inicio en este mes de julio, lo que conlleva su cierre durante toda la temporada estival de baño. “La intervención tiene dos objetivos fundamentales: solucionar los problemas estructurales que presentan las instalaciones y dotarlas de mayor accesibilidad”, ha explicado el propio Ayuntamiento en un comunicado.

Así se suceden tres años consecutivos en el que el distrito pasará el verano con la mitad de sus piscinas cerradas. El pasado curso, la piscina del Centro Deportivo Municipal de Hortaleza se mantuvo cerrada durante todo el verano a pesar que desde la administración aseguraron que estaría lista para finales de julio. En 2022, tras los efectos devastadores de Filomena en la capital, de nuevo el polideportivo Luis Aragonés se mantuvo cerrado de junio a septiembre. Sin embargo, desde la Junta Municipal aseguran que hay opciones para combatir el calor venidero puesto que, pese a las obras, “la piscina interior se mantendrá abierta, a la par que la del aire libre del centro deportivo, que también tendrá reformas, pero que no afectarán a la de verano”.

Casa Grande y los recortes

Las Casas Grandes son un espacio abierto a todas las familias con menores de cuatro años que viven en la ciudad de Madrid. En ellas, se proporciona espacios donde poder relacionarse compartiendo diferentes experiencias de juego y talleres para los pequeños que, además, consta de cuatro profesionales especializados, desde profesores a pedagogos, que tratan de crear un lugar seguro para los asistentes. No son una guardería, ni una escuela infantil, sino de un espacio que funciona desde 2018 y que otorga a las familias espacios de juego en una etapa fundamental del desarrollo; a los padres, en concreto un lugar, donde puedan encontrar apoyo en ese periodo; y a nivel social es un beneficio especialmente para las clases más bajas.

Actualmente en Madrid hay cuatro en funcionamiento, una de ellas en Hortaleza, próxima al Espacio de Igualdad Carme Chacón y el barrio de Esperanza. Las alarmas saltaron cuando el Ayuntamiento de Madrid llevó a cabo reformas para que las Casas Grandes pasaran a formar parte del CAF (Centro de Atención a Familias). “Nos encontramos con que el proyecto de Casa Grande desaparece tal y como se conoce en la actualidad, creándose un programa atribuido al CAF con muchos menos recursos. Esto reducirá considerablemente su tiempo de uso y disfrute como sus actividades”, señalan desde los centros que han lanzado una campaña para intentar revertir la situación llamada “Salvemos Casa Grande”.

Los recortes por los que protestan las entidades es que, a partir del 1 de diciembre y si nada cambia, los centros pasarán de tener cuatro profesionales a uno, los horarios de admisión se dividirán por franjas de edad –de 0 a 3 años y de 4 a 6–, las Casas Grandes desaparecerán al menos que estén en el mismo edificio que el CAF y solo se podrá acceder a ellas por su aprobación, lo que, aseguran, “limitará el número de familias que podrán ser atendidas”.

Estos recortes supondrán, según aseguran las entidades, que sea “inviable la realización de actividades esenciales como talleres específicos, el día de padres o el día de hermanos mayores” y que, al reducirse los profesionales y los días de apertura, muchas familias se quedarán sin acceso. “Instamos a las autoridades a mantener el formato actual para apoyar emocional y educativamente a las familias con niños pequeños”, concluyen en la petición.

Festivales e Ifema, la doble vara de medir

Las noches en el barrio de Hortaleza tienen desde hace semanas la banda sonora de los festivales que se llevan a cabo en Ifema. Los ruidos son protagonistas desde hace semanas en la capital por todos los conciertos que se han producido en el Bernabéu, desde Taylor Swift a Duki hasta los próximos de Karol G y La Velada del Año de Ibai, sin embargo, esta no es la única zona de la ciudad en la que los vecinos muestran sus protestas por la poca compatibilidad que tiene la vida de barrio con estos eventos. En caso del recinto ferial, muchas de las actuaciones se realizan en el parking al aire libre, lo que de forma irremediable hace que la música llegue a Hortaleza y sus zonas de aparcamiento colapsen los días que se producen.

Esta situación no es nueva, de hecho Ifema lleva siendo desde hace años foco de los últimos ingenios del Ayuntamiento y la Comunidad. El espacio, pensado para ferias y congresos, ahora también acoge festivales y, próximamente, un circuito de Fórmula 1. En 2023, dada esta situación, se creó la Plataforma Stop Festivales Ifema, no por estar en contra de los mismos, sino para exigir a las instituciones que estos se realicen en “lugares adecuados y alejados de zonas residenciales para no dañar la salud ni de los vecinos ni de los barrios”.

Durante los últimos meses diferentes eventos han provocado que se escuchen ruidos por encima de los decibelios supuestamente permitidos, láseres de luz han colisionado con las fachadas de algunos edificios residenciales y fuegos artificiales iluminaban al barrio día sí, día también. El año pasado, los vecinos se enfrentaron a uno de los festivales más concurridos de la capital con una entrada estimada de 58.000 personas diarias, el Mad Cool, en el que desde el Ayuntamiento aseguran que estarán “muy atentos a su desarrollo” ahora que han tenido que cambiar el recinto a Valdefuentes, cerca del barrio de Villaverde, por los altos decibelios que se produjeron en el pasado curso en el recinto ferial. La época de festivales en el recinto ferial es prácticamente perpetua, el Madrid Salvaje, BBF Madrid, Kalorama, Time Wrap Festival... Son algunos de los que próximamente se producirán en Ifema y que todavía no se ha logrado alcanzar un acuerdo para la regulación del ruido.

Sin embargo, mientras esto sucede, una doble vara de medir se instala en el barrio. Mientras se suceden los festivales, un modesto festejo organizado por el tejido vecinal fue cancelado a dos días de que se produjera: el Luis Aragofest. La cita organizada de forma autogestionada por el colectivo Hortaleza Punks, que desde hace meses tenía preparado un cartel con siete bandas participantes, anunciaba lo sucedido en un comunicado en el que aseguraba que le denegaban el festival por “no haber presentado la autorización en el plazo establecido” y recalcaba que “es completamente mentira”.

Pese a los intentos de impedir su celebración, el festival autogestionado logró celebrarse aun con los impedimentos presentados por el concejal, David Pérez, tras producirse un cambio de ubicación. El centro social okupado La Animosa le abrió sus puertas y gracias a la solidaridad y la red vecinal. Los hechos concuerdan con lo sucedido también con la Asociación Vecinal de Manoteras a pocas horas de celebrar las Fiestas de Manoteras. En este último caso, los festejos que se venían celebrando durante 20 años en la misma localidad, sin precedente aparente, incumplían la ley y debieron de cambiar de ubicación para poder llevarse a cabo.

La Animosa en riesgo

La última gota de este vaso que lleva colmándose meses fue la reciente notificación al centro social okupado de Hortaleza, popularmente conocido como La Animosa, al que le han anunciado que próximamente será desalojado. El espacio, que lleva casi tres años realizando actividades en el barrio –desde conciertos, asambleas, gimnasio con clases de boxeo gratuitas, entre otras, charlas o librería– anunciaba el riesgo en redes sociales y solicitaba a “todo el mundo que esté muy atento a las próximas novedades porque el intento de desalojo está muy cerca”.

“Hemos sufrido diferentes ataques todos estos años. Desde violencia policial en forma de infiltraciones, pasando por extorsiones, chantajes e incluso por intentos de conciliación a golpe de billetera”, explicaba La Animosa en el comunicado con el que recordaban una de las principales proclamas del centro: “que vuelva común al barrio lo que del barrio saliera”. La cruzada de Almeida contra los centros sociales no es nueva. Sin embargo, ahora llega al distrito de Hortaleza ante una militancia que “peleará” por mantener “un espacio abierto para todos”.

Por otro lado, el presupuesto de la Junta Municipal de Hortaleza para las asociaciones se ha reducido un 40% en relación al pasado curso. En 2023, la inversión al fomento del asociacionismo constaba de 60.000 euros y, en este año, se ha reducido hasta los 37.000. Un recorte que posiciona al distrito madrileño a la cola de la ciudad como el que menos invierte en esta faceta. Villaverde, Usera, Puente de Vallecas, Latina, Carabanchel, Tetuán o Retiro superan los 100.000 euros dedicados a el tejido vecinal de sus barrios.

El recorte deja a Hortaleza incluso por detrás de Barajas, vecinos que cuentan con 56.000 euros y que tiene un cuarto de la población del barrio presidido por David Pérez. Mientras tanto, desde la Junta aseguran que “rebajan exclusivamente las ayudas a gastos de sede y mantenimiento porque sacarán un concurso para la adjudicación de locales municipales gratuitos para las asociaciones”.

“Este año nos dejan sin piscina, sin cine de verano, sin fiestas en algunos barrios o muy limitadas... No entiendo qué ganan con todo esto, ni qué pretenden privatizando toda la red vecinal que tanto ha costado construir, pero no nos quedaremos de brazos cruzados”, señala una de las vecinas del barrio de Esperanza ante la situación que lleva meses arrastrando el distrito.

Zohra, una mujer de 59 años, y su hijo de ocho han sido desahuciados este jueves en el barrio madrileño de Lavapiés después de 10 años en la vivienda. Decenas de activistas del movimiento vecinal han mostrado el apoyo a la familia en la calle Zurita y varios de ellos han pasado la noche junto a ella. Pese a ello, la orden emitida por el juzgado de Madrid se ha efectuado sin remedio.

Tras un primer intento de la Policía de entrar en la casa a las 6.20 de la mañana, Jorge, uno de los miembros del Sindicato de Barrio de Moratalaz, se ha colgado en el patio del bloque de pisos a una altura de 12 metros con un mecanismo que, en caso de un repetido intento, cayera irremediablemente al suelo de hormigón.

“Un mecanismo que le conecta a la puerta de la vivienda hace que si la Policía abre dicha puerta para ejecutar el desahucio, la persona caerá al vacío de 12 metros”, señalaba el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid en un comunicado en el aseguran que “las personas que se organizan para asegurar el derecho a la vivienda les va la vida en ello”.

Finalmente, Jorge ha sido detenido por la Policía, que ha instalado tres furgones a lo largo y ancho de la calle, tras los numerosos intentos de los bomberos para poder acceder a él. “Hemos vivido un chantaje emocional indescriptible en el que incluso nos han llegado a decir que fomentábamos el suicidio”, comenta Alberto, uno de los activistas que ha negociado con las fuerzas de seguridad que han emitido la orden. “En principio vivimos en un país donde no se pueden producir actuaciones, pero al final detienen a quien intenta frenarlas”, ha concluido.

En el interior de la vivienda, varios activistas lograban frenar el primer intento de entrar, sin embargo, muchos han sido expulsados de la casa y aseguran que “Zohra estaba bajo grandes niveles de ansiedad”. “Es una persona vulnerable que tiene todo acreditado y que está buscando alternativa habitacional, solo necesita tiempo”, han concluido mientras los bomberos llegaban a la calle.

Además, varios de ellos han sido amenazados por la Policía Nacional para que entreguen sus documentos de identidad y ser denunciados por incumplimiento de la Ley Mordaza.

Las decenas de vecinos que se han concentrado en los alrededores de la vivienda para mostrar el rechazo a la acción policial han esperado con incertidumbre la decisión de la Comisión Judicial que finalmente ha dictaminado que el desenlace de Zohra y su hijo de ocho años, que se encuentraba en el hogar de una vecina del mismo bloque, deban de abandonar su vivienda de la última década.

Esta acción se produce una semana después de que el movimiento vecinal lograse retrasar el segundo intento de desahucio de Zohra y su familia. Las condiciones de la vivienda se encuentran en una situación “deplorable” en el que incluso “paredes y el propio techo han tenido desprendimientos”. El abogado de la inquilina, Carlos Castillo, aseguraba entonces que estaban intentando conseguir alternativa habitacional, pero que les resultaba imposible con tan poco margen y mantenían sus esperanzas en lograr aplazarlo hasta septiembre.

Por otro lado, desde el sindicato han hecho especial hincapié en que “la problemática de la situación es que ella está buscando por todas las vías posibles una alternativa habitacional, pero no ha habido forma humana de conseguir algún remedio y las instituciones tampoco nos han dado más opciones”.

El edificio pertenece íntegramente a Antonio del Pozo, un casero que tiene en propiedad 27 viviendas y que reside en Tenerife. Los vecinos del bloque demandan que todas las viviendas están en “un estado indecente, prácticamente inhabitable” y que, pese a tener la opción de reformarlo, ha decidido declinarla. Zohra y su familia sobreviven con una pensión y un pequeño ingreso mínimo vital, lo que produce que les sea prácticamente imposible encontrar un alquiler por el aumento del precio que se estima de hasta un 12,8% en la capital en el último año.

“Rentista culpable, Gobierno responsable”, han clamado los vecinos en la calle madrileña. Desde 2018, Zohra se encuentra en lista de espera para conseguir vivienda social, sin éxito. Reside desde 2014 en la casa junto a su hijo. Desde el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid responsabilizan a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, para “ver si hace algo”. Tras tres intentos de la Policía de proceder al desahucio, finalmente, este ha sido el último.

Tras el desahucio, tanto el abogado de la familia como el sindicato negocian con el Samur Social, que ha trasladado a la mujer a sus instalaciones, para encontrar alguna alternativa entre los gritos de las decenas de personas que la apoyaban desde el exterior que clamaban: “Zohra no estás sola, estamos contigo”.

“Los desahucios siguen existiendo. Se nos sigue echando de nuestros hogares, pese a la propaganda del gobierno. El año pasado fueron casi 20.000 las familias trabajadoras desahuciadas”, ha señalado un comunicado emitido por el sindicato que ha seguido todo el procedimiento del caso y que, entre aplausos y pese a la derrota, han agradecido el apoyo mostrado por los vecinos de Lavapiés. “Llevamos aquí desde las 11 de anoche, hemos dormido con ella y hemos hecho lo que hemos podido prese a la violencia policial a la que hemos estado expuestos en la que incluso nos han amenazado de denuncia por incumplir la ley mordaza”, han concluido.

Esther González es una joven madrileña que estudia en un instituto de Moratalaz. Su vida da un vuelco irremediable cuando conoce a Israel, un joven revolucionario que marcará un antes y un después en la que podría ser la trayectoria de una “pequeña burguesa” normal, pero en la que el amor implacable la llevó por otros cauces.

Ahora es psicóloga, le encantaría contar su historia a alguno de sus pacientes, pero sabe que significaría un punto de no retorno al reconocer que, hace tiempo, fue miembro de la banda armada de los GRAPO, realizó uno de los atentados más violentos de la organización y sufrió permanentes violaciones por uno de los líderes del comando. Un testimonio sobrecogedor que protagoniza La Terapia, uno de los episodios de Hechos reales, el podcast de la compañía True Story que, pese a parecer una historia de ciencia ficción, es tan cruda como la verdad misma.

El proyecto fue fundado por Álvaro de Cózar, periodista que trabajó durante 14 años en El País y fue enviado especial para cubrir la Primavera Árabe, y Pilar Sayáns, licenciada en Administración y Dirección de Empresas y tras años de recorrido por agencias de publicidad se embarcó en True Story. Además, también cuenta con Carola Solé, corresponsal en América Latina, y Eva Lamarca, reportera que ocupa el cargo de Directora de Contenidos y que trabajó durante cuatro años en el programa de La Sexta, Salvados, y otros 12 en Vanity Fair en los que fue Jefa de actualidad y redactora de contenidos.

Álvaro explica en una conversación con elDiario,es que el criterio que siguen para seleccionar el contenido que se transmitirá en el podcast se fundamenta en contar una buena historia. “Lo que buscamos es que sea una buena historia, que transmita y conecte. Cada una tiene la potencialidad de poder ser una película”, señala apuntando que el podcast tiene a dos productoras detrás que precisamente se dedican al cine.

“Queremos que sea un lugar donde la gente venga a compartir sus historias, algo que se quiera contar y que diga algo sobre nosotros o sobre el país en el que vivimos. Hay algunas que te persiguen, pero muchas de ellas se consiguen hablando con la gente, siendo consciente de que habitas en este mundo y preguntando”, comenta Eva Lamarca a este periódico, la responsable directa de poder contar la vida de Esther y su experiencia en los GRAPO. “Fue una historia que llegó fácil, a mí me interesaba la vida de las mujeres en los grupos terroristas porque al ser teóricamente tan de izquierdas luego resulta que el feminismo brillaba por su ausencia. Tuvimos muchos contactos, conocí a su madre y parte de su familia, se gestó todo en los tiempos requeridos para que todo saliera de la forma más natural posible”.

Ninguna historia es igual y cada elaboración tiene sus tiempos y procedimientos, en Hechos reales sucede lo mismo. “Cada episodio es diferente, hay algunos que pueden tener de elaboración tres semanas, meses o incluso un año”, explica Álvaro matizando que “lo que diferencia una anécdota de una historia es que esta tiene una verdad más profunda”. Eva comparte su experiencia con uno de los últimos casos, un episodio que, entre tener la idea en la cabeza, hablar con gente y trabajar en el contenido, le llevó desde septiembre año pasado. “Es uno de los episodios que saldrá próximamente, pero al final entre unas cosas y otras es casi una año de dedicación a una misma historia”.

Las pretensiones de Hechos reales no se limitan a las fronteras nacionales, sino que aspiran a ser un lugar en el que se puedan encontrar vidas de cualquier lugar e índole. “Empezamos contando historias nacionales como carta de presentación, pero también contaremos historias de Estados Unidos o América Latina, la clave es que sean sucesos que merezcan la pena”, comenta Álvaro. Es el caso de Seis de enero, uno de los episodios que cuenta la vida de Aquilino, un migrante en EEUU que, tras haber servido en el ejército del país que le acogió en el ejército, se vio envuelto en asalto al Capitolio como agente de policía.

“Hasta hace relativamente poco vivía en Estados Unidos y el asalto sabía que era uno de los temas que quería contar. Se dio la casualidad de que contactamos con Aquilino, aquel que intentó adaptarse de todas las maneras posibles al país y que, justo ese día, tuvo que defender la principal institución americana de aquellos hombres blancos que le decían que, pese a todo, no era suficiente”, explica Álvaro.

Las historias, a la par que pudieran parecer sacadas de novelas, también son ricas en diversidad. No hay una igual. Desde la de una psicóloga que esconde un pasado en los GRAPO, hasta un policía migrante en Estados Unidos que estuvo presente en el asalto al Capitolio que tuvo que renunciar a su puesto de trabajo por las fatídicas consecuencias físicas y psicológicas de aquel día e incluso dos españoles que lograron trabajar en la NASA por una oferta en el periódico cuando el hombre pisó la Luna y que fueron los primeros en escuchar las palabras de Amstrong.

True Story, la productora de las historias

El podcast es producido por True Story, empresa fundada en 2021 que también ha sido responsable de otros contenidos como “Misterio de la Moraleja”, la historia que desentraña la incógnita del barrio más rico del país en el que por costumbre la derecha arrasa en las elecciones, sin embargo, en las últimas elecciones autonómicas una papeleta despierta el desconcierto entre los vecinos, uno de los votos fue para Podemos; “Los papeles de Bárcenas”, el desarrollo de uno de los entramados de corrupción más conocidos en España que también indaga en las disputas personales dentro del Partido Popular con desenlaces fatídicos como traiciones y amistades rotas; o “El país de los Demonios”, que narra la apertura de la caja fuerte del más famoso de los policías, José Manuel Villarejo, en la que se encuentran grabaciones con periodistas, jueces, abogados y políticos que, durante 40 años, destaparon los demonios y entresijos del poder.

“Los periodistas somos como soldados, nos apuntamos a un pelotón y ahí nos dicen qué hacer. Yo siempre tenía la inquietud de que, si encontraba yo la historia y la contaba, ¿por qué no montármelo por mi cuenta?”, explica Álvaro, cofundador de True Story. Finalmente, así fue. Tras tres años de proyecto mantiene el barco a flote de contar las historias de una manera diferente.

“Hechos reales es nuestro buque insignia, pero también hacemos otras cosas y llevamos la publicidad de algunas empresas”, explica el cofundador que aspira a que su creación “logre ser una referencia para las historias en español”.

El futuro

Hechos reales contará con 10 episodios en esta primera temporada, que tanto Eva como Álvaro aseguran que seguirán siendo igual de interesantes que los que ya han visto la luz. “En realidad la división por temporadas es algo más para las marcas y oyentes. De forma interna, nuestra intención es la de seguir contando historias y que un día, cuando miremos alguna plataforma, veamos que vamos por cientos de ellas”, comenta Álvaro.

“Una de las ya emitidas es precisamente la que decía que llevaba un año detrás de ella. Trata de un grupo de personas muy diversas que deciden ir a Ucrania en una especie de brigadas y, en la guerra, pasan cosas. Es lo que puedo adelantar”, explica Eva, que reconoce que tuvo que moverse por diferentes zonas del país e incluso hacer un curso que fue el primero que aceptó que ella estuviese para poder indagar, hablar y lograr contar lo que los oyentes de Hechos reales ya pueden escuchar.

“Desde luego hemos venido para quedarnos, en estos momentos el proyecto se mantiene y esperamos que podamos crecer todo lo posible para poder seguir dedicándonos a contar las mejores historias posibles y que merezcan la pena”, concluyen ambos miembros del podcast, a los que les gustaría colaborar con medios de comunicación y que estas historias crecieran gracias a la cooperación entre miembros de la profesión periodística.

Vecinos y miembros del Sindicato de Inquilinos e Inquilinas de Madrid han logrado este martes aplazar el desahucio de Zohra, una mujer de 59 años, que reside junto a su marido y su hijo de 8 años en la calle Zurita de la capital. La movilización ha conseguido retrasar el lanzamiento una semana, hasta el 24 de julio, a las 9:30 de la mañana, después de negociar con la Comisión Judicial, los policías presentes y el Samur Social, que se ha acercado para ver la situación en la que se encuentra el domicilio y la familia.

La victoria del movimiento vecinal ha sido agridulce ya que esperaba que, “con un poco de suerte”, pudiera aplazarlo hasta septiembre porque la familia está buscando una alternativa habitacional ante el mal estado en el que se encuentra la vivienda. “Nos han comunicado que la próxima semana se ejecutará sí o sí y que serán mucho más agresivos que en esta ocasión”, ha relatado Carlos Castillo, el abogado que se ha encargado de negociar con la Comisión Judicial.

Varias decenas de personas se han concentrado a las puertas del edificio desde las 7.30 horas de la mañana. Algunos, incluso, han relatado que han dormido en el hogar de la familia para prevenir lo que pudiera pasar. “La casa está en unas condiciones lamentables, las humedades se la están comiendo y es prácticamente inhabitable, pero no tiene alternativa habitacional con lo que está contra la espada y la pared”, han explicado varias personas del sindicato que han tenido oportunidad de estar en el interior del piso.

Al hijo se le ha podido ver llegando al domicilio en patinete portando un cojín dentro de una bolsa de basura y ha pasado la mañana en un campamento urbano próximo al domicilio. “Así por lo menos no tiene que ver lo que pueda pasar ahora”, comentaba apenada Blanca, una de las portavoces del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid.

Este no es el primer desahucio al que se enfrenta Zohra. “La primera vez fue horrible, pensaba que me iban a echar de casa con mi hijo y no sabía cómo nos podríamos buscar la vida. Ahora ha venido mucha gente, pero la noche ha sido horrible, crees que la vida se te cae a pedazos”, narra la protagonista. Carlos Castillo, el abogado de la familia y de otras que también han sido amenazadas de desahucio, ha explicado a este periódico la situación que están atravesando. “Se trata de una familia vulnerable con lo que, en principio, el Gobierno ha prohibido expresamente estas actuaciones, pero hay juzgados en Madrid que siguen ejecutándolos sin que pase nada”, detalla.

Carlos está apoyando a la familia en el proceso judicial en el se halla envuelta. Viven el piso de la calle Zurita desde 2014 pagando el alquiler, unos 340 euros mensuales. En 2019 recibieron amenazas con que iban a ser echados y desde entonces se encuentran inmersos en una pesadilla que parece no tener final. Carlos hace hincapié nuevamente en las deplorables condiciones en las que se encuentra el domicilio. “Está que se cae a pedazos. Incluso en un momento se cayó el techo de la habitación del niño y porque no estaba durmiendo que si no habría sucedido una desgracia”, explica.

El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid ha logrado concentrar a varias decenas de personas frente al edificio. Cánticos y proclamas han arropado a todo el barrio desde primera hora de la mañana. “Vecino despierta, desahucian en tu puerta”, sonaba a través del megáfono de los activistas. Zohra se encontraba en la puerta al ver el apoyo que todos los vecinos han podido darle. “Es una situación muy difícil, es mi casa, tengo un hijo pequeño y vivimos con un estrés y con miedo las 24 horas del día”, afirma.

Desde la Comisión Judicial han anunciado que el desahucio se producirá el próximo 24 de julio a las 9:30 de la mañana “de muy malas formas”. “No ha habido ningún acercamiento emocional ni empático. Hoy se ha logrado parar porque somos muchos y ven inviable entrar, pero la próxima semana cortarán las calles y traerán varios furgones para ejecutar la acción”, ha informado Carlos a los presentes. Desde el sindicato buscan opciones para enfrentarse a la situación que saben que “será horrible”.

“No han sido nada comprensivos, en las formas ni en la forma de comunicarlo. Estos desahucios no se deberían estar produciendo pero en esta ciudad hay juzgados que hacen lo que quieren”, explica Carlos ante la horrible situación de tener que explicar a la familia que el infierno por el que están pasando se alargará hasta la semana que viene. “Pensábamos que tendríamos suerte y lograríamos que se aplazara hasta septiembre. En agosto no hay desahucios y Zohra está buscando alternativa habitacional porque, de verdad, el piso está que se cae a pedazos”.

El edificio pertenece íntegramente a un único propietario, además de tener otras 25 viviendas por toda la ciudad. “No queremos decir el nombre porque todo el mundo sabe quién es, pero es una vergüenza que personas que tienen tantas propiedades quieran echar a familias para poder seguir especulando y haciendo negocio con un derecho tan fundamental como es la vivienda. El Gobierno dice y presume que ya no se producen, pero la realidad es que se llevan a cabo 82 desahucios diarios en este país”, explican desde el sindicato que buscará apoyos para resistir la ofensiva judicial y policial del próximo miércoles.

Carlos, megáfono en mano, anunciaba la información del aplazamiento tan solo una semana después. Una pequeña victoria que ha sabido a derrota tras saber que en pocos días tendrán que volver a vivir la pesadilla y en la que han sido notificados que será “mucho más agresiva” que en esta ocasión. Abrazos, lágrimas y consuelos han abarrotado la calle con una consigna clara entre los vecinos, activistas y la propia familia de Zohra: “nos vemos la semana que viene”.

Este es uno de los muchos desahucios que se producen a lo largo del año en la capital. El sindicato y abogados como Carlos Castillo tratan de frenarlos incansablemente, pero aseguran que “tanto juzgados como la propia Policía siguen procediendo de la misma manera pese a que Gobierno e instituciones aseguran que no se pueden realizar”.

Apenas 12 horas después del anuncio de Abascal de romper todas las coaliciones autonómicas de Vox y el PP y de retirar el apoyo a esos gobiernos, la extrema derecha ha empezado a sufrir las primeras deserciones en Extremadura y Castilla y León. El consejero extremeño de Gestión Forestal y Mundo Rural, Ignacio Higuero, ha comunicado a primera hora su intención de abandonar la organización de extrema derecha y quedarse a las órdenes de María Guardiola, del PP.

La presidenta extremeña, entretanto, ha pedido ayuda al PSOE, a quien ha denominado “la segunda fuerza mayoritaria”, pese a ser la lista más votada, para que facilite la gobernabilidad en la Región, y ha exigido al líder de Vox en Extremadura, Ángel Pelayo, que entregue el acta de senador por designación autonómica, un cargo al que llegó con los votos del PP.

También en el Gobierno de Castilla y León el polémico consejero de Cultura, Gonzalo Santonja, ha decidido desafiar a Santiago Abascal y permanecer en el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco, quien lo ha ratificado en el cargo tras aceptar las dimisiones del resto de representantes de la extrema derecha en su Gobierno: el vicepresidente, Juan García Gallardo, quien anunció su renuncia con un alégato xenófobo, y los consejeros de Agricultura y Ganadería, Gerardo Dueñas; e Industria y Empleo, Mariano Veganzones.

Tras comunicar la ruptura los gobiernos regionales con el Partido Popular, el líder de Vox, Santiago Abascal, ya había reconocido este viernes durante una entrevista en Telecinco que hubo discrepancias por la decisión dentro del partido y admitido que “no descarta que haya cargos que desobedezcan las directrices del partido y permanezcan en sus puestos tras la ruptura”.

En la entrevista, Abascal ha asegurado que no quiere tener nada que ver con la “inmigración ilegal” y que “tampoco quiere ser cómplice del Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo”.

“No somos un partido norcoreano y, evidentemente, las decisiones que se toman en el partido se toman por mayoría”, ha explicado Abascal en una entrevista en Telecinco, tras reconocer que había “diferentes voces dentro de la formación” pero que la definitiva ha sido totalmente “democrática”. “Soy el líder del partido y evidentemente mi opinión tiene un peso mayor, pero asumo como principal responsable los resultados electorales que surjan a raíz de esta decisión”, ha concluido el líder del partido de extrema derecha que no ha querido aventurar si esta maniobra podría haber nacido por Se Acabó la Fiesta, su contrincante por la derecha dirigido por Alvise Pérez.

El que fuera vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, tras anunciar su dimisión este viernes, ha reconocido que “las decisiones del Comité Ejecutivo Nacional y el sentido del voto son secretos”. “Yo puedo hablar por mí, pero todos los miembros hablaron con libertad”, ha afirmado el ahora exvicepresidente en la misma línea que Abascal.

La decisión tomada el jueves, donde el secretario general aseguraba que era “una de las decisiones más importantes de la historia política de Vox”, desequilibra el tablero político de cinco gobiernos autonómicos que tendrán que reestructurarse y cuyas consecuencias todavía son inciertas. En el epicentro de la decisión, el reparto de menores migrantes que se encuentran en Canarias, Abascal ha afirmado que no se tratan “ni de niños ni de menores” y que “su gente” es plenamente consciente de “la violencia que se vive cerca de los centros de menores”.

Respecto al devenir de los ayuntamientos que también están conformados por el Partido Popular y Vox, el líder de la formación de extrema derecha ha asegurado que “cualquier institución que ayude a la inmigración ilegal no contará con el respaldo del partido”, pero reconoce que “al igual que no rompieron los gobiernos regionales porque Feijóo pactara la renovación del Consejo General del Poder Judicial con Sánchez”, en este caso esperarán a ver cómo se gestiona el reparto de migrantes desde los ayuntamientos.

Los primeros síntomas de una nueva pandemia preocupan a aquellos que fueron salvados a toda costa durante la del Covid: la hostelería. El teletrabajo, aquella ventaja laboral sacada ante la adversidad que desoló al mundo en 2020, plantea un nuevo reto a las cafeterías convertidas en oficinas para aquellos que pasan sus horas de forma no presencial.

Sin embargo, Madrid no es el punto original de este fenómeno. En Europa, desde París a Berlín ya han empezado a tomar medidas para paliar los efectos del teletrabajo. A nivel nacional, Valencia, Barcelona o Santiago también intentan poner remedio a este fallo del sistema que permite, por el precio de una consumición, gozar de horas de trabajo con WiFi, aire acondicionado en verano y calefacción en invierno. Un “chollo” irresistible para los nómadas que no trabajan ni en casa ni en la oficina.

“El bar está dividido en diferentes zonas dependiendo del servicio que se requiera. En caso del teletrabajo, hay unas mesas específicas para ello. No somos un coworking, somos una cafetería y no tenemos la obligación de ofrecer un WiFi excelente, más cuando hay tantas personas conectadas”, explican muchos de los locales a los usuarios que protestan en las reseñas de Google por cambios de sitio o problemas de red en el local.

Cuando el Rastro duerme, la Plaza del Cascorro se convierte en una zona apacible donde centenares de los trabajadores nómadas tratan de encontrar un lugar donde asentarse a desarrollar su empleo. Por ejemplo en el Café del Art, una cafetería experta en el arte del desayuno que ofrece a sus clientes una gran variedad de dulces y que se topó con esta situación nada más abrir sus puertas.

“Desde que abrimos, hará tres o cuatro años, pensamos en cómo afrontar esta problemática. Al final si un cliente solo toma una consumición por horas y horas de trabajo al local no le sale rentable, con lo que decidimos distribuir el espacio para que solo se pudiera teletrabajar en la mesa grande central, que es algo más comunitaria, y en las altas”, explica uno de los camareros de la cafetería a este periódico. “En el resto de mesas está señalizado que no se permite usar el ordenador con una pegatina”, detalla.

“Ahora los clientes tienen algo más de consideración, muchos lo han entendido y, aunque vengan a trabajar, en vez de pedirse solo un café también se toman un desayuno o van pidiendo más consumiciones con el paso de las horas”, comenta para ilustrar la adaptación. La cafetería, además, tiene marcado unos días concretos en los que se permite esta práctica: de lunes a viernes en horario laborable. “El fin de semana aumenta la demanda de forma exponencial, lo que es comprensible, por ello no nos podemos permitir que una persona mantenga ocupada una mesa durante horas”, concluye otra de las camareras detrás de la barra mientras finalizaba uno de los cafés especialidades de la casa.

La normativa de que solo se permita el teletrabajo entre semana se expande entre la mayoría de cafeterías. En El Perro del Pavlov Café, un modesto local que se encuentra en la zona de La Latina, pone remedios más flexibles, pero reconoce que permitir el teletrabajo los fines de semana no es viable en el centro de Madrid. “Creo que hay que usar el sentido común, si alguien se toma un café y está un par de horas trabajando, yo no le voy a decir nada, ahora debes de ser consciente de cuándo uno se está excediendo”, comenta la camarera.

Una línea similar mantienen desde el Café del Nuncio, en el mismo barrio. Desde ahí, explican a elDiario.es que ellos no han hecho publicidad para que los clientes vayan a teletrabajar, viven a base de las consumiciones y los productos que venden. “Si un día no lo tengo muy ajetreado, no voy a decirle nada, pero si hay mucha gente en el local y una persona lleva horas con un café pues tendré que decirle que se levante”, explican. “En realidad si uno entra en las reseñas de la mayoría de las cafeterías del centro, todas las negativas son por las problemáticas que surgen a raíz de los ordenadores, la WiFi o el teletrabajo, pero no podemos hacer nada, no somos una cafetería pensada para que sea oficina, no hemos hecho publicidad de ello, ni presumimos. No tenemos la obligación de dar un espacio perpetuo al módico precio de un café”, sentencian.

La clasificación de las mesas también se encuentran en el Federal Café, un local que reside bajo la casa en la que vivía María Zambrano y que tiene señalizado con pequeños carteles las mesas en las que no se puede usar el ordenador y, al igual que la mayoría de cafeterías, prohíben su uso los fines de semana. Mesas amplias y algunos sofás si que están habilitados en la planta baja para el teletrabajo. Sin embargo, estas no son las únicas medidas que se han puesto en práctica en la hostelería de la capital.

“O cambias esto o cerramos”

La cadena de cafeterías Santagloria es una línea popular en Madrid y que, en el resto de España, cuenta con más de un centenar de establecimientos. El desayuno, entre cafés y bollería, son el buque insignia de sus locales, que están altamente concurridos. En una de ellas, en la calle San Bernardo, el teletrabajo produjo problemas hasta tal punto que las camareras comunicaron a sus superiores que “o cambiaba la situación o tendrían que cerrar”. “Hemos llegado al surrealismo de que viniesen cuatro personas al local, una pidiera un café, el resto vasos de agua y que estuvieran en una mesa durante muchas horas”, explica una de ellas mientras atiende a una clienta. Poco después, llama a su compañera para retratar con más precisión la situación.

“Es horrible. Además, hay que tener en cuenta que estamos en una zona donde hay muchas residencias para estudiantes y oficinas, vienen con los portátiles y los apuntes y piensan que con una consumición tienen el derecho de permanecer aquí el tiempo que les plazca”, explican. La medida por la que optaron en este Santa Gloria trata de limitar el horario de uso de ordenadores de 16.00 a 20.00 de lunes a viernes. “Desde que implantamos esto el último año hemos llegado a duplicar los beneficios, pero aún así nos lo estamos planteando porque la gente tiene mucho morro, por ejemplo a ese hombre ahora iré a decirle algo”, comenta una de ellas mientras señala a un cliente que estaba teletrabajando en una de las mesas fuera del horario permitido.

“Nosotras estamos hartas. Tenemos una cafetería donde todas las mesas tienen debajo un enchufe, pensados para cargar el móvil u algún otro dispositivo, pero no para crear una oficina. Hay gente que no es que haya estado un par de horas, han llegado a estar siete u ocho con un par de consumiciones. Eso para cualquier establecimiento que viva de sus ventas es absolutamente inviable”, dilucidan mientras desarrollan sus experiencias. Desde que los clientes las mandaran callar o hacer menos ruido debido a que estaban en medio de una reunión, a estudiantes que utilizaban la cafetería como biblioteca en la que lo único que pedían era un vaso de agua u otros que se quejaban a la mínima que se les llamaba la atención por llevar demasiado tiempo.

“Somos conscientes de que la mayoría de reseñas negativas que nos pueden interponer son debido a las quejas por el teletrabajo, pero es que no tenemos más remedio”, aclara una de las camareras. “Bueno, yo lo que le digo a la mayoría de los clientes que han quedado satisfechos es que nos dejen reseñas positivas para compensar la situación, porque de verdad que ha llegado a ser desesperante”, le contesta su compañera.

La situación ante un cliente

Fernando es un cliente habitual de diferentes cafeterías de Madrid, su trabajo de oficina le permite en muchas ocasiones no tener que ir de forma presencial y reconoce que se concentra más cuando está fuera de casa. “También es cierto que me gusta separar lo que es el mundo laboral del personal, alguna vez he trabajado en casa, pero prefiero evitarlo por la familia y también por hacer esa distinción”, comenta mientras explica que las cafeterías son un espacio en el que, más por la mañana, se crea un ambiente agradable en el que trabajar.

“Yo creo que hay que ser consciente de que asistes a un establecimiento en el que su negocio se basa en vender. Dejarte el WiFi y una mesa durante horas debería tener un mínimo beneficio rentable”, opina apuntando al “sentido común” como clave para que la convivencia sea la adecuada. “Si estoy una hora, entiendo que con un café sea suficiente, pero si me paso en la cafetería seis horas, que me ha pasado, evidentemente lo que tendré que consumir será mucho más”, concluye al reconocer que hay muchos clientes que se exceden. “También es comprensible, si estás en el local con un café y nadie dice nada, pues tiras adelante”.

El teletrabajo y las cafeterías siguen intentando encontrar el modelo ideal para convivir en la capital. Horarios, mesas concretas, prohibición los fines de semana, diferentes fórmulas para que, pese a tener clientes durante un largo periodo de tiempo, esto también pueda ser rentable.

La portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Pilar Alegría, ha anunciado este martes tras en Consejo de Ministros que el ministerio de Igualdad interpondrá dos recursos de inconstitucionalidad contra la Comunidad de Madrid por los recortes de derechos las leyes LGTBI. “Desde el momento que se interponen esos recursos las leyes afectadas quedan paralizadas”, ha señalado la portavoz.

El anuncio se produce conjuntamente con la declaración institucional que ha aprobado el Gobierno, esencialmente con el ministerio de Igualdad, con motivo el día internacional del orgullo LGTBI del próximo 28 de junio.

El pasado diciembre, la mayoría absoluta del PP en la Asamblea de Madrid eliminó de la ley trans regional (aprobada en 2016) el concepto identidad de género, se marcó que los menores deberán pasar por un examen de pediatras antes de recibir tratamiento y se explicitó que la atención psicológica o las valoraciones psiquiátricas no serían muestra de discriminación. En educación se eliminaron los contenidos relativos a las personas trans de los currículos.

En el artículo 23 de la ley de 2016, aprobada con consenso incluso con los votos del PP, se especificaba que debía respetarse “la imagen física del alumnado trans” y de la “libre elección de su indumentaria”. Pero en su modificación el equipo de Ayuso añadió una condición que trata de ponerle fin: “Sin menoscabo del debido respeto al resto de alumnos y las normas del centro educativo”.

La norma anterior recogía el derecho de las personas trans a acceder a “las instalaciones” de los centros educativos “de acuerdo con su identidad de género, incluyendo los aseos y los vestuarios”. Con la modificación del PP se reescribió: “Si realizan actividades diferenciadas por sexo, se garantizarán las necesidades del alumno transexual, sin menoscabo de los derechos y la intimidad de los demás alumnos, especialmente de las chicas”.

En el caso de la ley ante la LGTBIfobia (aprobada también por consenso en 2016) se retocaron aspectos sanitarios, organismos como el Consejo LGTBI de la Comunidad o el régimen sancionador. Una de las partes centrales de la reforma fue el ámbito educativo, que concentró cinco de los veinte artículos derogados, entre ellos el que atajaba el acoso escolar. En concreto, se eliminó el plan contra el acoso a los alumnos LGTBI sale de los currículos en los centros educativos. Tampoco medios de comunicación públicos, es decir Telemadrid y Onda Madrid, tienen que contribuir a dar visibilidad a la diversidad sexual desde la aprobación de la reforma.

“Este gobierno considera que los derechos de las personas trans no pueden esperar y se debe garantizar que se lleven a cabo en todo el territorio”, ha comenzado a explicar la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que ha asegurado que “las disposiciones de la Comunidad de Madrid son una limitación de derechos en el reconocimiento trans y LGBTI”. “Las comunidades autónomas deberían haber ampliado los derechos de la ley estatal, sin embargo, las de la Comunidad de Madrid son claramente regresivas, los limitan y vulneran”.

Cuatro motivos para la inconstitucionalidad

Los recursos del Gobierno ante el constitucional se fundamentan en cuatro motivos que ha desarrollado la ministra Igualdad. Primero, el Gobierno impugnará “la excepción que se hace de la prohibición absoluta de las terapias de conversión que, permitiendo la evaluación psicológica o psiquiátrica, a menudo son formas encubiertas de pseudoterapias”.

Segundo, la patologización que se hace de los menores trans y las condiciones para que estos puedan comenzar el tratamiento de transición. Tercero, se va a recurrir la “contraposición discriminatoria” que hace la ley de las personas trans frente a las mujeres y niñas cuando se les permite usar espacios o equipamientos “sin menoscabo de los derechos e intimidad del resto de usuarios, especialmente de las niñas y mujeres”.

Por último, el Gobierno también considera que la norma de la Comunidad de Madrid invade las competencias exclusivas del Estado en materia procesal y de procedimiento administrativo al excluir a las organizaciones LGTBI de la condición de interesados en procedimientos penales y administrativos.

Además, Redondo ha asegurado que “no ha sido posible llegar a un acuerdo con la Comunidad de Madrid” y que la suspensión supondría la prohibición de las terapias de conversión y que los menores que no necesiten ni un informe médico favorable, ni un acompañamiento psicológico o psiquiátrico, para acceder a un tratamiento farmacológico.

Más Madrid ha presentado este lunes distintas iniciativas en el Senado, Congreso de los Diputados y Asamblea para revocar la Medalla Internacional que le entregó la Comunidad de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso, a Javier Milei el pasado viernes e instar a éste a devolverla. Durante la entrega de la condecoración el líder argentino presumió de su “política de motosierra” con la que ha aplicado recortes en los sistemas públicos sin precedentes.

“Después del bochorno que vivimos los madrileños con esa entrega de la medalla en una decisión partidista, sin tener en cuenta la defensa de los derechos humanos que está violando precisamente Milei en Argentina, el pueblo de Madrid no se siente representado”, ha explicado la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot. Además, ha hecho hincapié en que “es una medida de la señora Ayuso desleal con el Gobierno de España y con el presidente del Partido Popular, el señor Feijóo, que no estaba invitado”.

Desde el partido aseguran que hay “indicios sobrados” para poder quitar la medalla al mandatario argentino al “no haberse coordinado con el ministerio de Exteriores, que es el que debe designar toda la política internacional de España”. Y le instan a tomar “medidas legales” ante este “bochorno”. Podemos también se ha posicionado en la misma línea y solicita a Exteriores que actúe judicialmente para revocarle la medalla al mandatario argentino.

“Creo que la señora Ayuso quiso hacer un mitin en la Puerta del Sol la semana pasada que, además, se le volvió en contra porque Milei empezó a hablar de quienes usan las instituciones para dar prebendas a novios y hermanos. Es su novio el que está declarando en los juzgados y veremos qué pasa”, ha concluido la portavoz.

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha mencionado también este lunes que la “concesión de esa medalla es ilegal” y que “no ha visto a nadie del Partido Popular desmarcarse de las declaraciones de Milei ni del apoyo de la presidenta de la Comunidad”. Por ello, asegura que “Ayuso se salta las leyes incumpliendo cuales son sus competencias, su legitimidad y sus derechos como comunidad autónoma en España”, afirma que no tiene competencias para asignar dicha condecoración y solicita a Exteriores que actúe ante esta situación.

Un “protocolo” para la entrega de medallas

Además, desde el partido proponen que se elabore un “protocolo para la entrega de la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid” en el que se maticen los siguientes requisitos para que esta pueda ser entregada. Primero, que se deberá comunicar al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Segundo, que en ningún caso esta otorgación podrá ir en contra de la indicación de la política exterior de España y, tercero, que la entrega de dicha medalla deberá ser siempre posterior a la notificación a la Asamblea de Madrid.

Desde el grupo parlamentario de Sumar en el Congreso, Más Madrid acusa al líder argentino de utilizar su política exterior “con ataques, insultos y mentiras contra el Gobierno de España, generando una crisis diplomática” y acusa a las instituciones madrileñas de “deslealtad”, mientras “el resto de Europa y España se ha puesto, lógicamente, al lado del Gobierno”.

Elena Fernández, portavoz de la plataforma de las Trabajadoras de la Red de Violencia de Género de Madrid, un colectivo que se dedica a dar recursos y atender a las víctimas de esa lacra social infinita, imparable y cruel, espera a elDiario.es en su despacho de un local sindical del distrito de Arganzuela. Lleva 13 años trabajando contra la violencia machista que define como la “máxima expresión de desigualdad que hay entre mujeres y hombres, la que mata y asesina”. “Nunca he podido entender cómo puede haber un solo tipo de violencia que sufren las mujeres y que esté tan legitimada”, explica, nada más comenzar la conversación, mientras da un sorbo al café que tiene en un termo sobre la mesa.

Ella vivió de cerca una de las muchas historias de mujeres que comienzan con maltrato psicológico, luego físico, y acaban en tragedia, como fue el caso de la monitora que tenía en el colegio cuando era niña, querida por todas, que fue asesinada por su pareja. El impacto que generó en Elena aquel drama fue el inicio de más de una década de entrega y dedicación a esas víctimas de violencia machista que cada día aumentan de forma alarmante en Madrid.

Estos días Elena anda muy ajetreada por la situación en la que está inmersa la red de trabajadoras del sector, que ha celebrado ya tres huelgas –dos en marzo y una en junio– debido a lo que consideran una dejadez y la escasa implicación de las administraciones y, en concreto, el Ayuntamiento de Madrid. Tanto las pésimas condiciones laborales de las trabajadoras como el aumento del riesgo de las víctimas ante la precarización del sistema son claves para explicar el hartazgo que sienten estas trabajadoras.

A Elena le preocupa, sobre todo, la visión sesgada de las instituciones, porque el riesgo real que amenaza a una víctima nunca se puede medir con exactitud. Depende de la evaluación que se les haga y eso puede suponer que muchas mujeres queden desamparadas, sin posibilidad de acceder a los recursos que ofrecen. Fuentes del área responsable del Ayuntamiento de Madrid aseguran que “ninguna mujer se ha quedado sin atención en situaciones de emergencia”.

“Las peticiones que hacemos también las trabajadoras es que se reconozca nuestra labor, ya que nuestro convenio no lo hace y, al ser un sector feminizado, las tablas salariales son muy bajas”. “En carreras o profesiones masculinizadas se les pide una titulación universitaria, 300 horas de formación en una especialidad, más años de experiencia, los salarios se duplican o incluso se triplican a los nuestros que hacemos lo mismo y ganamos 1.300 euros al mes”, comenta Elena, para reflejar la precarización que sufren ella y todas sus compañeras que se exponen a un tensión emocional interminable. “Cuando vemos en las noticias que se ha producido un asesinato, lo primero que hacemos es llamarnos las unas a las otras, ver si era una de las mujeres que atendíamos y, claro, a nivel psicológico es algo muy duro”, señala.

Fuentes del área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad del Ayuntamiento de Madrid aseguran que su “compromiso con mejorar y ampliar la red es innegable”. Según los datos que ofrecen, en cinco años de gestión el gasto de prevención y atención frente a la violencia machista se ha duplicado de 7 millones en 2018 a 13,8 en el pasado curso. Además, señalan que las “condiciones laborales de las trabajadoras dependen directamente de con las entidades adjudicatarias de los distintos servicios en el que el Ayuntamiento no puede exigir mejoras salariales a lo fijado en el convenio colectivo”.

A este respecto, Elena explica que la situación que viven ella y sus compañeras con la negociación salarial “nunca termina de estar clara”. “Siempre que acudimos al Ayuntamiento los responsables del sueldo son las entidades adjudicatarias y cuando acudimos a estas entidades nos aseguran que el responsable es es el Ayuntamiento”, concluye Elena.

Dentro de la red, las trabajadoras se esfuerzan para intentar abarcar y atender a las máximas víctimas posibles, pero ante la falta de recursos les complica esa tarea. “Todo es insuficiente para dar los servicios adecuados a una mujer en esas condiciones. Las citas para ver a una psicóloga está en torno a los dos o tres meses, lo que hace muy difícil el seguimiento y la recuperación de las pacientes”, apunta Elena, a la par que recalca que “una mujer solo puede estar dos meses en los centros de emergencia, con lo que se logra cierta estabilización personal, pero en ningún caso su completa recuperación”.

Desde el área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad señalan que “están analizando las necesidades reales que tiene el servicio para poder reforzarlo donde pueda ser más útil, lo que no implica necesariamente ampliar las plazas de emergencia”.

Las víctimas de violencia de género han aumentado dos o tres veces más desde la pandemia y la plantilla permanece con los mismos operativos. “Además de la precariedad que sufrimos, si la atención a las víctimas se ha multiplicado o triplicado porque hay más, lo justo sería que también aumentaran el número de trabajadoras para poder llegar a todas y garantizar este derecho”, afirma. Por ejemplo, el SAF (el Servicio de Emergencia de la red del Ayuntamiento de Madrid para atención a las familias) tiene 30 personas trabajando, pero deberían ser el doble“, añade, frustrada, mientras también acusa al ayuntamiento de ”camuflar los datos“ y ”poner parches a la situación“.

Fuentes del área competente del Ayuntamiento de Madrid recalcan que “el aumento de mujeres que asisten a la red no implica directamente un incremento de situaciones de maltrato y sí puede evidenciar que las campañas de concienciación y sensibilización funcionan”.

El papel de los jueces y la legislación a la que están sometidos estos casos tampoco ayudan al desempeño de las profesionales. La ley contra la violencia de género es de 2005 y Elena, aunque reconoce que “fue un gran avance que sirvió y servirá”, también señala que está “obsoleta”. “Hay casos que no van a juicio rápido a menos que haya una agresión visible. Luego sucede que se puede hacer una ley perfecta, pero el cómo se aplique es otro mundo”, razona, recordando que en la capital hay 12 juzgados de violencia con “escasa perspectiva de género” en los que van los 'castigados' y las víctimas “tienen que enseñar alguna herida visible para que las crean, lo que hace imposible poner encima de la mesa el maltrato psicológico”.

“Estamos en un sistema en el que las víctimas son las que deben huir de su casa, las que buscan protección, las que se esconden, mientras el maltratador sigue con su vida, nada se rompe en su día a día, mantiene su trabajo. Son ellas las que, en muchas ocasiones, deben abandonar su empleo ante la persecución de su acosador”, lamenta.

A nivel político y social tampoco se les allana el camino. “La prevención ni se huele, y, encima, si quieres meter algo de educación para explicar lo que es el machismo te dirán que estás adoctrinando. Y si intentas ayudar a las víctimas calificarán tu labor y el lugar de trabajo como 'un chiringuito'. Y si te manifiestas o alzas mínimamente la voz te dirán 'feminazi'”, sigue apuntando. En su opinión, los jóvenes, en lugar de tener una asignatura para conocer los riesgos y la lacra que es el machismo, centran su educación en las redes sociales. “El porno y gurús neoliberales les enseñan lo que hay que hacer”, “lo que perpetúa la violencia”, sentencia.

Además, acusa a Almeida de ser “un maltratador institucional” porque al no dotar de recursos y personal suficientes “está dejando en situaciones imposibles tanto a las víctimas como a las trabajadoras”. Elena asegura que “en ningún momento el Ayuntamiento ha estado dispuesto a negociar, ni ha mostrado interés en cambiar la situación”, mientras ellas, las trabajadoras, en las tres huelgas convocadas, han solicitado incansablemente el consenso de todas las fuerzas políticas para la resolución de sus reivindicaciones. Ante todo esto Elena concluye que “tanta dejadez y violencia institucional ha terminado por propiciar que se haya cobrado muchas vidas en Madrid”.

La visión y el miedo de una víctima

En otro extremo de Madrid, Paula, que ahora ronda los 36 años, recibe también a elDiario.es y cuenta su experiencia: la historia de maltrato que sufrió por parte del que pensó que era e iba a ser su pareja “perfecta”, del hombre con el que se casó hace diez años “muy enamorada”, con el que ha tenido una hija pero que con el tiempo terminó transformándose en otra persona. “Quiero que se sepa lo que yo pasé y estoy pasando. Quiero que se sepa de qué va es esto para animar a otras mujeres a que busquen ayuda en cuanto se sientan amenazadas y en peligro”, asegura.

Paula no es su nombre real. Es el que ha elegido para no poder ser identificada por miedo a las represalias, no solo de su ex sino también por miedo a la familia de él que desde que comenzó todo su calvario Paula dice que le ha hecho “la vida imposible”. 'Miedo' es la palabra que ella no para de repetir porque es la que mejor define su estado emocional, el de antes y el de ahora. Un miedo que preside desde entonces su vida y del que no consigue zafarse con facilidad aunque reconoce que el tiempo va curando lentamente algunas heridas, pero no todas. Una de ellas es el hecho de que los jueces hayan concedido a su expareja la custodia de su hija pese a que ella tiene acreditado que es víctima de violencia de género, un título habilitante que concede la Comunidad de Madrid a las mujeres que han sufrido maltrato, y que saben que nunca van a estar del todo a salvo.

Paula da un sorbo a un vaso de agua antes de empezar a contar su historia. “El principio de nuestra convivencia fue normal, buena. Todo comenzó cuando nació al poco tiempo nuestra hija (a la que llamaremos Lara)”. “Él no se implica mucho en la crianza de la niña, nos dejaba bastante solas. Ahí, no sé bien por qué, pero comienzan a surgir los celos. Me quería controlar el móvil y lo lograba a veces ejerciendo la violencia. Una vez me llegó a tirar al suelo para poder desbloquear la pantalla con mi cara”, arranca Paula.

“En una de esas desagradables discusiones él se pasa bastante conmigo y entonces cojo a la niña y me voy a casa de mis padres, que no tenían ni idea de lo que me estaba pasando. Pero cuando se lo cuento no dudan y vamos a comisaria”, explica. “El comisario se porta muy bien y quiere ir a detenerlo, pero me dice que antes debo presentar una denuncia, lo que iba a suponer que pasara la noche en el calabozo”. A Paula le impacta y duda. Al final decide no presentar denuncia, algo de lo que pasado el tiempo se arrepentiría. Ante la pregunta de por qué tomo esa decisión, su respuesta es clara: “Por miedo”. “Pero me dije: no quiero volver con él a esa casa. Me quiero separar”.

En la comisaría la remiten a la UFAM, que es la Unidad de Atención a la Familia y Mujer de Violencia de la Policía Nacional en donde asegura que la “trataron muy bien”. “De ahí –sigue contando– me mandan a la Oficina de Atención a las Víctimas, que está en los juzgados de violencia, en donde, viendo también cuál era mi situación, me dirigen al Servicio de Atención de Violencia de Género (SAVG)”, donde una trabajadora social y unos psicólogos le hacen un informe para evaluar su situación de peligro. Y es entonces cuando la derivan al CAPSEM norte, el Centro de Atención Psicosocioeducativa para mujeres y sus hijas/os víctimas de violencia de género, un servicio que proporciona apoyo social, psicológico y educativo.

Al no estar viviendo una situación extrema de riesgo, Paula decide irse a vivir a casa de sus padres, en donde se siente segura. “Durante todo este proceso decido separarme y pongo a mi pareja una demanda de divorcio”, cuenta. Pero estalla la pandemia y todo se complica porque se cancelan todos los juicios. “Yo estaba cuidando de mi niña con mis padres y entonces él me pone una demanda por desamparo, ¡a mí que estaba cuidando a mi hija!”, exclama, indignada. “Entonces el juez, viendo un poco la situación y dado que estábamos ya en estado de alarma y que de momento no iba a haber juicios, me da la custodia exclusiva urgente y perentoria de la niña y me autoriza a ir a la casa donde nosotros vivíamos, que era de los padres de mi exmarido”.

Paula seguía sin presentar una denuncia por maltrato: “No quería denunciar, quería que esto se solucionara por las ‘buenas’, divorciarme, irme y ya está”, insiste. Su situación pasa de tener ella la custodia en exclusiva, a que en la primera vista que se celebra para dictar medidas provisionales, el juez determine la custodia compartida de la niña al 50%. Mientras tanto Paula sigue acudiendo a la red de apoyo.

Lo siguiente fue comprobar cómo él manejaba a su antojo la nueva situación de custodia compartida: “No me daba a la niña cuando me la tenía que dar. Yo lo denunciaba. No me dejaba comunicarme con ella cuando estaba estipulado por convenio. Volvía a denunciarle, pero nada. Y era la policía la tenía que ir todo el rato a buscarla y entregarme a la niña”. “Yo todo esto lo digo en el Juzgado de Violencia de Género para que lo sepa, pero me dicen que deje de denunciar, porque como siga así me van a condenar en costas”. Hasta que un día él la agrede en plena calle delante de la niña. Y es en ese momento cuando, muy asustada, Paula decide ya denunciar, previa llamada a la policía.

A toda esta tensión no ha sido ajena la pequeña, que sufrió problemas psicológicos y físicos. “Tenía constantemente dolores de estómago y vómitos”, cuenta su madre, que no ha parado de luchar porque “se haga justicia”.

Paula recuerda más detalles del calvario por el que ha pasado durante estos últimos cinco años, como cuando su situación se complica porque su ex empieza a convivir con otra mujer. “Como él ve que no consigue condenarme, entra en juego su actual pareja, que no me conoce de nada. Y entonces empieza a denunciarme ella también por un montón de cosas y me dictan una orden de alejamiento que llega unos días antes de otro análisis psicosocial. Mi ex y ella hacen ver que yo estoy loca, que mi hija me teme, ¡mi hija, que me adora!”. “Soy su madre y la he criado”, dice Paula, sin poder contener las lágrimas.

“Él y su familia me han acribillado a denuncias, todas con pruebas falsas”, remacha. “He llegado a acumular 23 y todas han sido archivadas”. ¿Por qué? “Por cualquier cosa, por supuesto acoso, por amenazas, alegan que estoy loca y para demostrarlo mandan elaborar todo tipo de informes y buscan testigos para que hablen mal de mí”.

En 2023 Paula tuvo por fin el juicio de divorcio. El golpe final llegó cuando tras la presentación por parte de los abogados de su ex pareja de ese nuevo informe psicosocial, el juez determina la custodia exclusiva para él alegando que “lo mejor para la niña era que estuviera más tiempo con su padre que con su madre”. “Creí morirme”, confiesa Paula. “Ellos se sienten impunes, es gente con mucho dinero, es gente que sabe que conseguirá ganar”, afirma.

Paula ha presentado un recurso de apelación y actualmente está pendiente de otro informe psicosocial “porque en el anterior se desvirtuó todo”, explica. Lo que lamenta es que, sea cual sea al final el resultado, todo este largo proceso ha supuesto para ella “la ruina psicológica y económica”. “Todo esto me ha costado más de 40.000 euros que ido pagando con ayuda de mi familia y mis ahorros, y gracias a que siempre he tenido un buen sueldo”.  

“Los jueces no entienden qué es la violencia de género”

Su experiencia personal le lleva a opinar que ir a un juzgado de violencia es “lo peor” que ha hecho en su vida porque “muchos jueces, aunque estén bajo un paraguas de violencia de género, no entienden la violencia de género”, sostiene con tristeza. “Por eso tengo miedo, miedo de todo, pero sobre todo a él y a su familia, que nunca ha querido asumir que su hijo está inmerso en un caso de violencia de género”. “A mí nunca me han creído y desde el principio se pusieron de su parte porque él es muy manipulador”.

“La suerte de cada maltratada depende de en qué juzgado caes y qué juez te toque”, asegura. “Muchos no entienden la violencia de género, no comprenden ese machaque. Parece que sólo caen en la cuenta si vas con un ojo morado, o si te han matado”, añade. “Todo lo que he vivido es violencia igualmente: violencia es que no me den a la niña, o me impidan verla; violencia es que un juez te diga que, si sigues denunciando, te condena en costas; violencia es que un juez de violencia de género pida la custodia para él que está denunciado por maltrato. No entienden la violencia machista, no la entienden, eso es lo que ocurre. Es como que en todo el sistema hay violencia institucional”.

Tampoco está contenta con el trato que le han dado a su hija. En una de las primeras visitas al Juzgado de Violencia recuerda que la trataron “fatal, fatal”. “No me dejaron estar cuando la valoraron. Lara tenía entonces tan solo 4 años y se puso muy nerviosa, no conocía a nadie ni entendía nada”. Para su sorpresa comprueba que en cambio a su ex si le dejan estar presente. “¡Él, que era el acosador, en el juzgado de Violencia de Género!”, exclama.

Para las trabajadoras de la red de apoyo, en cambio, solo tiene palabras de gratitud. “Son las que mejor me han entendido y tratado. Son ellas las que realmente te ayudan en todo este proceso. Comprendo que tengan que llegar a la huelga. Que no tengan medios y que se enfrenten a la precariedad me parece horrible”. “Siempre les digo que son las que me han salvado porque te entienden”, remacha.

A pesar de llevar más de cinco años atravesando este infierno, sabe que su pesadilla no ha terminado. Con todo, lo que más le duele es ver que ese título público de la Comunidad de Madrid que acredita que es víctima de violencia de género no le haya siquiera servido para que los jueces dicten sentencia en contra del maltratador.

Paula dice que “no tira la toalla” mientras intenta que cicatricen las heridas. Solo quiere estar con su hija, “tener una vida normal”, pero, sobre todo, dejar el “miedo atrás”.

En 2023, 56 mujeres fueron asesinadas y solo en 15 de los casos había denuncia previa. Este año se han contabilizado 14 feminicidios según el Ministerio de Igualdad. Desde que hay recuento, a 1.258 mujeres se les ha arrebatado la vida en España.

La responsable de Organización de Sumar, Lara Hernández, ha anunciado este lunes junto al portavoz de la formación y ministro de Cultura, Ernest Urtasun, que se creará una mesa de partidos para “hacer una reflexión política sobre las elecciones europeas en las que sus resultados y la baja participación son las dos principales preocupaciones”. Hernández ha explicado así que el objetivo del partido será el de “iniciar una cultura de cooperación” en el que todos los partidos que conforman el movimiento “tendrán voz” e iniciar un “esquema de organización” que estará bajo la batuta de la coordinadora colegiada integrada por Txema Guijarro, Rosa Martínez, Elisabeth Duval y la propia Fernández.

“Tenemos que normalizar el debate político y celebramos que otras fuerzas o compañeros expongan sus reflexiones en los medios, pero los temas, asuntos y conclusiones que se tengan que debatir en la mesa se compartirán después de que se realice”, ha explicado la responsable de Organización ante las declaraciones de diferentes miembros de la izquierda sobre la posibilidad de reencuentro y reconstrucción del espacio. Además, la ejecutiva del partido ha encargado a la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que siga liderando el “avance dentro del Gobierno” y su acción institucional estará garantizada.

El objetivo detrás de esta decisión será la de “recuperar e impulsar el proyecto de país, construir un horizonte político y servir de apoyo al grupo parlamentario en el Congreso”. La mesa se trata, en definitiva, de un proceso interno de reflexión en el que se encontrarán todos los partidos que se encuentran dentro de la coalición Sumar en el que el debate y las decisiones pertinentes se harán “de manera horizontal”.

Todavía no esta prevista ninguna fecha en la que esta mesa tendrá inicio y desde el partido asegura que ahora entrarán en procesos de comunicación interna para que los resultados y debates de la mesa sean garantías de horizontalidad y cooperación entre las formaciones políticas.

Un “gobierno de izquierdas” para Catalunya

El ministro de Cultura también ha anunciado que el partido está trabajando en una propuesta para los Presupuestos Generales del Estado en la que, según ha recalcado, los impuestos a las eléctricas, energéticas y a la banca “siguen siendo fundamentales debido a los beneficios extraordinarios en ambos sectores”.

“Sería incomprensible y nadie entendería que con esos beneficios se retiraran los impuestos, la clave es que los ingresos se distribuyan de la mejor manera posible”, ha explicado Urtasun, que ha hecho hincapié en que “lo que produce incertidumbre es que el crecimiento económico no se reparta”, en relación a las informaciones que apuntan que, previsiblemente, ni el PNV ni Junts aprobarían que se mantuviesen dichos impuestos.

Respecto a Catalunya, el ministro ha asegurado que se sigue trabajando para conseguir “un gobierno de izquierdas” y resalta que “se debe actualizar el modelo de financiación en el conjunto de las comunidades autónomas”. Sin embargo, matiza que Catalunya debería tener una “financiación singular” ya que, de base, “es algo que ya se matiza en el actual estatut”.

“Se deben de utilizar de forma adecuada los fondos, pero es lógico que tenga una financiación singular al depender más servicios públicos que otras comunidades. El modelo actual de financiación está obsoleto y se requiere de una nueva organización en el que la singularidad de Catalunya no sea incompatible con la buena gestión del resto de territorios”, ha concluido el ministro.

Datos provisionales facilitados por las delegaciones del Gobierno. Pueden existir errores pendientes de subsanación.

En este mapa puedes explorar los resultados al Parlamento Europeo en las elecciones de este 9J calle a calle. Estos son los resultados más detallados disponibles para unas elecciones. Puedes localizar tu calle o vecindario a través del buscador 🔍

Los botones del mapa permiten visualizar cuál ha sido el partido más votado y hacia dónde ha girado el voto con respecto a las anteriores europeas, las de 2019. Además, puedes consultar en qué barrios el partido ganador ha cambiado, las calles dónde menos gente ha acudido a las urnas (el porcentaje de abstención), qué zonas aglutinan más o menos voto a partidos de derechas y el porcentaje de voto por vecindario a cada partido político en estos comicios: PP, PSOE, Vox, Sumar, Podemos, Junts, Ahora Rep., CEUS, Cs y Se Acabó la Fiesta. 

Consulta aquí los resultados completos, país a país

Este mapa muestra el detalle del voto en las más de 36.000 secciones censales que conforman España actualmente, la división territorial más pequeña que existe. Ha sido elaborado con los resultados de las elecciones europeas a nivel de mesa electoral (la suma de los votos contados dentro de cada urna), proporcionados por las delegaciones del Gobierno en cada comunidad autónoma y recopilados por elDiario.es. Los datos de los últimos comicios europeos, de mayo de 2019, provienen del portal de datos del Ministerio del Interior.

¿Cómo ha quedado el reparto de escaños este 9J? La siguiente tabla muestra el reparto de los 61 escaños que elige España en el Parlamento Europeo y el detalle de los resultados obtenidos por las principales formaciones políticas en estos comicios de 2024. Aquí figuran, para cada partido, el número de votos, el porcentaje que representan sobre el total de los votos a candidaturas, los escaños y, además, si suben o bajan respecto a los anteriores comicios de 2019.

¿Cómo sube o baja cada partido respecto a las últimas elecciones europeas? En este gráfico puedes comparar el porcentaje de voto obtenido por PP, PSOE, Vox, Sumar, Podemos, Junts, Ahora Rep., CEUS, Cs y Se Acabó la Fiesta en estas elecciones europeas de 2024 y en 2019 en cada una de las 52 provincias. Haz click para ver todo el detalle.

La división de candidaturas dificulta conocer el panorama general por bloques ideológicos. ¿En qué provincias ha conseguido más votos cada bloque? ¿Cuál ha subido o bajado respecto a los comicios de 2019?

Para el bloque de la derecha se han incluido a PP, Vox, Cs, CEUS, Junts y Se Acabó la Fiesta. Para el bloque de la izquierda se cuentan a PSOE, Sumar, Podemos y Ahora Repúblicas.

Para ver qué bloque sube o baja respecto a las anteriores elecciones de 2019, en la siguiente tabla puedes consultar la distribución del voto a izquierda y derecha de las 52 provincias españolas.

El detalle de dónde suben y bajan las principales formaciones políticas de estas elecciones europeas del 9J se muestra en el siguiente mapa. Las flechas muestran la evolución del voto al partido seleccionado. Hacia arriba y coloreadas cuando el partido ha aumentado en porcentaje de voto, y hacia abajo y en gris, cuando han perdido peso electoral. El tamaño de la flecha indica los puntos de variación respecto a las anteriores elecciones y el grosor representa el tamaño del municipio.

Dónde sube y baja cada partido en las elecciones europeas del 9J

Subida o caída del voto a cada partido en cada municipio sobre las elecciones de 2019. Solo se muestran las localidades con más de 1.000 habitantes

PSOE PP Vox Sum+Pod Cs CEUS Ahora Rep. Junts SALF

Desliza para ver el mapa

Aunque en estas elecciones europeas los 61 escaños se reparten en una única circunscripción de toda España, cada comunidad autónoma vota distinto. Las siguientes tablas permiten conocer los principales resultados de cada una de ellas. Consulta cómo ha cambiado el reparto de escaños en cada comunidad y el detalle de los votos que obtienen las principales formaciones políticas en las elecciones europeas del 9J.

Elecciones Europeas 2024

El voto en Europa

Los resultados de las europeas, por países

Resultados en España

El mapa de las elecciones del 9J, por municipios

Perfil del voto

Demografía del 9J: así vota cada grupo social