Hace tiempo que la ropa de segunda mano dejó de ser una moda y ha pasado a formar parte de la vida de muchos ciudadanos. En el local de Calle Platería de Moda Re-, en el corazón de Murcia, la clientela es diversa y abarca todas las edades. Muchos de sus visitantes acuden a las instalaciones con frecuencia: lo demuestra la dependienta Jessica González al despedir al perro de un cliente por su nombre.

“Para mí ha sido volver a empezar a vivir. Vengo una hora antes porque me encanta mi trabajo”, explica a este diario la malagueña, que reside en Murcia desde hace 14 años, emocionada al pensar en el giro de 180 grados que ha dado su vida desde que es parte del proyecto de inserción Eh! Laborasortancias de Cáritas. “Nunca había cogido un ordenador en la vida. Me han puesto un maestro para mí nada más, de lenguaje y matemáticas”. A sus casi 50 años, ha encontrado su vocación, añade.

Cáritas tiene cuatro tiendas de segunda mano en la Región de Murcia: una en la capital, una en Cartagena, una en Lorca y otra en Caravaca de la Cruz. Durante 2025, Eh! Laboras recogió 567.051 kilos de ropa a través de 121 contenedores distribuidos en 27 municipios, aumentando un 15% el volumen con respecto al año anterior. Para Francisco Martínez, responsable de la línea textil de la empresa de inserción Eh! Laboras de Cáritas, lo más importante del proyecto es su impacto en la huella ecológica: “Hay que entrar a comprar por el beneficio medioambiental que podemos dejar a las generaciones siguientes”.

Toda la ropa recogida en contenedores de Cáritas se traslada a una planta donde se decide de qué manera se puede reciclar o reintroducir en circuitos de venta o donación. Tomasz Pyzik, un ciudadano polaco de 43 años, residente en Murcia desde hace nueve, se encarga de la logística. Sus ojos han visto ya muchos rincones de la Región. La vida le dio un revés personal hace un tiempo y en Cáritas ha encontrado una familia. “En la Región de Murcia hay mucha explotación y el trabajador no vale mucho. Pero aquí he encontrado mi valor de nuevo como persona y como hombre”, cuenta, con una sonrisa.

El proyecto textil de inserción de Cáritas se desarrolla a nivel estatal, donde existen casi 200 tiendas de Moda Re-. Martínez asegura que cada año se aumenta la recogida de prendas, porque la gente está más concienciada. El siguiente paso, cuenta, será conseguir que poco a poco las pedanías de la Región de Murcia también se sumen a ese esfuerzo colectivo.

Un futuro que se cocina a fuego lento

Caminando junto a Adela y Antonio, educadora y trabajador social, respectivamente, nos acercamos al barrio de San Antón. Todas las personas que trabajan en la empresa de inserción les guardan un especial cariño: su labor consiste principalmente en trazar un plan de acción personalizado para cada uno de ellos, con objetivos que deben cumplir y formaciones que pueden completar para enriquecer su experiencia laboral y lograr insertarse con éxito en el mercado una vez finalizado su tiempo en Eh! Laboras. Pueden estar un máximo de tres años, pero la media suele quedarse entre seis meses y un año.

En la calle Santa Cecilia se encuentra la Escuela de Hostelería de Cáritas, que cuenta con un restaurante y una cafetería. En nueve años que lleva la escuela en marcha, 1.500 alumnos de 52 nacionalidades han pasado por sus modernas instalaciones, ya sea en cocina o en sala. La tasa de inserción, asegura Pilar García, su coordinadora, es del 95%. “Para mí, ellos son ejemplo de amor y supervivencia; aprendo todos los días”, comenta, arropada por dos alumnos de origen subsahariano, Mahamadou Keita y Mohameth Ngom. Este último, un senegalés de apenas 17 años, compagina su trabajo en la empresa de inserción —donde ahora mismo se encuentra en la cercana cafetería Detroit, también gestionado por la Escuela de Hostelería— con sus estudios de electricidad y su rol como delantero en el club de fútbol de Beniaján. Si tuviera que elegir, se queda con la hostelería: “Me gustaría ser jefe de sala”.

García explica que los alumnos y trabajadores de la Escuela de Hostelería tienen la oportunidad de formarse en instalaciones de primer nivel y participar en la preparación de caterings para más de 400 personas. Gracias a un acuerdo con el Ayuntamiento de Santomera, también proporcionan comida de lunes a viernes a una escuela infantil del municipio, además de atender a los clientes de la cafetería y el restaurante. Los menús, muy elaborados, utilizan productos de la tierra, incidiendo en la importancia de la economía circular y sostenible.

Construir segundas oportunidades

La tercera rama de Eh! Laboras está centrada en reformas y construcción. La coordina Juan José Lucas, ingeniero de profesión. “Hacemos todo tipo de trabajo, en albañilería, carpintería, cerrajería... Estamos más especializados en albañilería, pladur y pintura. Mantenemos tanto nuestras instalaciones como distintas viviendas de particulares. También tenemos un convenio con el Ayuntamiento de Murcia para el mantenimiento de los centros culturales, centros de mayores, bibliotecas, auditorios...”, explica a este periódico.

Para Lucas, lo que más valor tiene es la responsabilidad y el compromiso. El equipo lo componen cinco oficiales y cinco trabajadores de inserción: “Hemos pasado de tener muy pocos trabajadores a tener un grupo de cinco y cinco. Mucho más volumen de trabajo, mucha más facturación, muchos más proyectos, muchos más compromisos, muchos más objetivos y muchos más compañeros con los que trabajamos”. 

Lucas reconoce que le da pena cuando un compañero se marcha. Él mismo conoce bien el mercado y hace todo de su parte para que sea contratado en una empresa afín, desde sugerir formaciones hasta rotar a los trabajadores en diferentes proyectos para que adquieran la mayor experiencia posible. Juan Antonio Gil, sentado a su lado, asiente mientras habla. “Yo entiendo que esto tiene que ser un ciclo. Igual que a mí me ha hecho falta, entiendo que le puede hacer falta a otra gente”, señala, asegurando que le gustaría continuar dedicándose a la albañilería. Al igual que el resto de trabajadores de inserción, destaca la importancia del buen ambiente y la familia que forma el equipo, que va mucho más allá de lo profesional: también fomenta un cambio psicológico y personal para todos los que forman parte, especialmente después de haber vivido situaciones complicadas.

El estallido del conflicto en Oriente Próximo ya se deja sentir en la economía española. El barril de Brent ha superado la barrera psicológica de los 100 dólares, lo que ha empujado los precios de la gasolina y el diésel por encima de los 1,7 y 1,8 euros por litro. Entre los sectores más afectados, destacan el transporte por carretera y el agrario, según reconoce el propio Ejecutivo. Este último sector tiene un gran peso en la economía de algunas provincias españolas, como la Región de Murcia, reconocida a nivel europeo como una de las grandes productoras y exportadoras agroalimentarias.

En este contexto inflacionista, el Gobierno se reunió este lunes con el sector agrario y pesquero para analizar la situación actual y evaluar posibles medidas para mitigar el impacto económico derivado de las hostilidades en Oriente Próximo, que ya están afectando a agricultores, ganaderos y pescadores en toda la Península. Se trata de la segunda reunión para abordar el problema que convoca el Ejecutivo, tras un encuentro con empresarios y sindicatos la semana pasada. Después del mismo, el propio ministro de Economía, Carlos Cuerpo, anunció que el Gobierno está preparando medidas fiscales para contener los precios de la energía, así como ayudas específicas para el campo español.

El posible impacto de la crisis en el sector es “muy difícil de cuantificar”, apunta a este diario Alfonso Gálvez Caravaca, secretario general de ASAJA Murcia. El aumento del precio de los fertilizantes, la subida del combustible y la energía, el incremento de los costes de producción, las trabas al comercio internacional… son varios los factores que pueden generar incertidumbre, especialmente para las empresas exportadoras murcianas. Las exportaciones hortofrutícolas de la Región de Murcia fueron de casi 3.800 millones de euros en 2025, batiendo su récord histórico y creciendo un 7,3% respecto al año anterior, según fuentes del Gobierno autonómico.

El sector denuncia una subida especulativa de los carburantes y los fertilizantes

Desde la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) señalan que las principales subidas que afectan al sector se están produciendo en el gasóleo agrícola y la urea, el fertilizante más utilizado a nivel mundial. Concretamente, el campo español consume cada año 2.000 millones de litros de gasóleo agrícola y 1,9 millones de toneladas de urea. El incremento de precios experimentado una semana después del inicio del conflicto fue de un 41% para el gasóleo agrícola y un 20% para la urea. “Lo que vemos no es una subida de precios por escasez real: es una subida de precios por anticipación especulativa. Los distribuidores están repercutiendo en el agricultor un riesgo potencial sobre suministros futuros, cargando ese coste sobre el stock que ya tienen en almacén y que compraron a precio anterior”, explican fuentes de la organización.

Desde la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) coinciden en el diagnóstico, y añaden que la subida del gasóleo afecta especialmente a los cultivos de regadío. En cuanto a la urea, los principales proveedores de España son Marruecos, Argelia, Egipto y Rusia, indica COAG: “Ninguno de estos orígenes depende del Estrecho de Ormuz ni se ve afectado directamente por el conflicto en curso. La participación de Irán en el suministro real de urea a España es limitada”.

Almacenes llenos antes de la escalada bélica

Otro argumento que utiliza COAG para justificar que la escalada de precios tiene un origen especulativo es que el gasóleo almacenado en España se compró antes del conflicto. “En menos de una semana no puede haber cambiado ni un litro de gasóleo en los depósitos españoles. El producto en los almacenes de los distribuidores llegó a España antes del conflicto, con contratos previos”, afirman fuentes de la organización agraria. UPA, por su parte, opina que “el miedo a desabastecimientos o a subidas aún mayores lleva a los agricultores y ganaderos a aprovisionarse, y eso está siendo aprovechado por la despiadada industria de los carburantes para aumentar sus márgenes”.

En total, COAG calcula para el campo español un sobrecoste de 700 millones de euros anuales para el gasóleo y 190 millones para la urea, lo que equivale a 17,2 millones semanales sumando ambos productos. Por ello, ambas organizaciones han pedido al Ejecutivo que la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC) abra una investigación de oficio sobre las prácticas de fijación de precios en la distribución de gasóleo y fertilizantes agrícolas, así como la activación de mecanismos de seguimiento y control de márgenes en la cadena de distribución de insumos energéticos al sector agrario.

Un paquete de medidas para las empresas murcianas

El pasado viernes, el presidente murciano Fernando López Miras se adelantó al Gobierno nacional y anunció un paquete de medidas para paliar los efectos de la guerra en Irán en el territorio regional. El Ejecutivo autonómico calcula que se beneficiarán de ellas unas 600 empresas locales, y ya está en contacto con el Instituto de Fomento (INFO) y con el Instituto de Crédito y Finanzas de la Región (ICREF) para poner a disposición de las empresas murcianas más damnificadas, especialmente aquellas dedicadas a la exportación, líneas de ayuda que les permitan atender los costes de la energía y el transporte, según explicó el presidente de la Región de Murcia en la Asamblea Regional. Así, las empresas exportadoras contarán con un bono temporal para afrontar los efectos de la subida de precios, mientras que el pago de los impuestos autonómicos y los tributos cedidos podrá ser aplazado y fraccionado.

Por el momento, todas las miradas están puestas ahora mismo en la posible duración del conflicto. Tanto los economistas como los inversores advierten que una prolongación indefinida podría desatar una crisis inflacionaria similar a la que se vivió cuando Rusia invadió Ucrania, aunque inicialmente la respuesta de los mercados haya sido más moderada en esta ocasión. Para Gálvez Caravaca, todos los factores que alimentan la incertidumbre, ya sean un aumento de los costes o las dificultades para exportar, pueden reducir la rentabilidad del sector agrícola murciano y terminar trasladándose al precio final de los alimentos si la crisis se prolonga.

El PIB aumenta, las exportaciones baten récords y el empleo crece. Y, sin embargo, la sensación de prosperidad no termina de llegar. La brecha entre crecimiento económico y bienestar real se ha convertido en uno de los grandes ejes del debate económico actual. “Desde la caída del muro de Berlín, se ha creado más riqueza que en cualquier otro momento de la historia de la humanidad, aunque esa riqueza no se ha traducido en una prosperidad compartida” afirmaba hace unas semanas en el Foro Económico Mundial de Davos Larry Fink, CEO de BlackRock. “En las economías avanzadas, esa riqueza ha recaído en una proporción de la población mucho más reducida de lo que cualquier sociedad sana puede sostener a largo plazo”.

Esta crítica al capitalismo sostenida por el líder de la mayor gestora de activos del mundo no es una visión aislada. El Banco Mundial, en su último informe sobre pobreza y prosperidad, subraya que el crecimiento medio de los ingresos no basta para medir el desarrollo. Tras la pandemia, los avances en prosperidad compartida se han estancado en muchas economías, lo que obliga a mirar más allá del PIB agregado para comprender si una sociedad es cada vez más rica.

En la Región de Murcia, esa brecha entre indicadores macroeconómicos y calidad de vida es especialmente visible. “Una cosa es la actividad económica y otra cuestión diferente es el bienestar de la población”, señala a este diario Patricio Rosas, vicedecano del Colegio de Economistas de la Región de Murcia. En 2024, Murcia fue la comunidad autónoma de España con mayor crecimiento del PIB con un 4,5%, bastante por encima de la media nacional del 3,5% registrada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). De cara a 2025, las previsiones de CaixaBank Research apuntan además a que la comunidad habrá seguido creciendo por encima de la media, matizando que “la economía de Murcia está teniendo un rendimiento muy sólido”

Sin embargo, el PIB per cápita cuenta otra historia. Con cerca de 27.000 euros por habitante en 2024, Murcia se sitúa más de 5.000 euros por debajo de la media española, de 32.600 euros, y entre las regiones con menor renta por habitante. Aunque representa alrededor del 3,2% de la población nacional —casi 1,6 millones de personas—, su peso en el PIB del conjunto de España apenas alcanza el 2,6%.

Productividad: el problema estructural

Preguntados por las causas de este fenómeno, los economistas apuntan a la baja productividad que arrastra la Región de Murcia y, de igual forma, el conjunto de la nación. Así, el crecimiento reciente se explica por un aumento del empleo, más que por las mejoras en eficiencia o valor añadido. “España, en términos nacionales, y Murcia también, tiene una productividad estancada de manera estructural”, sostiene Rosas.

Se trata de un fenómeno que trasciende lo regional. El último Informe de la Competitividad Regional de España (ICREG), elaborado por el Consejo General de Economistas, muestra que comunidades con menor nivel relativo de competitividad, como la Región de Murcia, Extremadura o Castilla-La Mancha, están creciendo por encima de la media, pero partiendo de posiciones rezagadas, concretamente en niveles del ICREG inferiores al 70% del promedio de 2008.

Entre los muchos factores que explican este estancamiento de la productividad, los economistas destacan la predominancia en la Región del sector agroalimentario, que genera gran actividad económica y exportaciones, pero es menos productivo que, por ejemplo, la industria tecnológica. “Economías como la de Murcia, con mayor presencia de actividades con baja productividad y bajos salarios, muestran un menor dinamismo en sus retribuciones medias”, asegura a esta redacción Fernando Sánchez Martínez, Catedrático de Universidad del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Murcia. A ello se suman además otros factores, como el predominio de las pymes, una menor inversión en I+D, el déficit de capital tecnológico, las limitaciones de las infraestructuras de la Región y un desajuste entre la oferta formativa y las necesidades del mercado laboral, agrega Rosas.

Los salarios murcianos también se encuentran entre los más bajos del país. Según la Encuesta de Población Activa (EPA) de 2024, el salario medio bruto mensual en la Región de Murcia se situó en 2.120,9 euros, la segunda cifra más baja entre todas las comunidades autónomas, frente a los 2.385,6 euros de media en España. Además, más del 37% de los trabajadores murcianos gana menos de 1.582,2 euros brutos al mes, una proporción superior a la de muchas autonomías.

El crecimiento demográfico limita el del PIB per cápita

Sánchez Martínez añade que, a la ecuación, también se suma el crecimiento demográfico: entre 2010 y 2024, la población murciana se incrementó un 8,3%, frente al 4,9% del conjunto del país. La consecuencia de ello es que, pese a que Murcia ha crecido más que la media nacional, su PIB per cápita no ha seguido el ritmo. El contraste con la Comunidad de Madrid es ilustrativo: “En Madrid está creciendo tanto el PIB que, aunque la población también aumente, su PIB por habitante continúa a la cabeza en crecimiento. No es el caso de Murcia”.

Además, Rosas incide en que buena parte de los nuevos empleados se incorporan a sectores como el de la construcción, el turismo, la hostelería y el agroalimentario que, por su naturaleza, no aportan gran productividad. “Aunque haya más personas trabajando, si el mercado laboral y las características del empleo generado no son estables, se produce una mayor brecha. Al perder calidad de empleo, el poder adquisitivo también disminuye”, asegura.

Exportar más no garantiza salarios más altos

Según datos del Instituto de Fomento (INFO) de la Región de Murcia, las exportaciones murcianas alcanzaron los 14.236,8 millones de euros en 2024, lo que supone un incremento del 1,5% con respecto al año anterior. Es una cifra superior a la media de España, que solo creció un 0,2%, según el Informe Mensual de Comercio Exterior del Ministerio de Economía. Asimismo, las exportaciones hortofrutícolas de la Región de Murcia fueron de casi 3.800 millones de euros en 2025, una cifra récord que supone un incremento del 7,3% con respecto a 2024, tal y como anunció el presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, en la feria agrícola Fruit Logística de Berlín a principios de mes.

Para el vicedecano del Colegio de Economistas, no obstante, un récord en las exportaciones tampoco tiene por qué traducirse en un incremento de la renta por habitante. “El crecimiento de las exportaciones de la Región de Murcia está muy ligado al sector agroalimentario y al energético. En este segundo caso, tiene que ver con la variabilidad que existe dentro del polo energético, sobre todo, en la zona de Cartagena”. Es decir, se trata de un sector sujeto a fuertes fluctuaciones en precios, oferta y demanda, que no permanecen constantes en el tiempo

Vivienda, inflación y desigualdad

El bienestar no depende solo del empleo o del PIB. El acceso a la vivienda —principal preocupación de los españoles en los últimos barómetros del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS)— absorbe una parte creciente de los ingresos familiares, según Rosas, que añade que una inflación elevada en bienes básicos también erosiona el poder adquisitivo.

Murcia presenta, asimismo, índices preocupantes en desigualdad. Según la tasa AROPE de 2024, la región figura entre las tres con mayor riesgo de pobreza o exclusión social y lidera la pobreza infantil. Además, en el último lustro, también ha tenido lugar en Murcia una ligera pérdida de peso de las rentas salariales de los trabajadores por cuenta ajena en favor de las rentas empresariales y mixtas, que incluyen los beneficios empresariales, las rentas de los autónomos y las ganancias de rentistas y propietarios, detalla Sánchez Martínez.

Rosas advierte que, si se señala a la baja productividad como la principal causa de que el crecimiento económico no se traduzca en un aumento del bienestar, el caso de la Región de Murcia es exportable al conjunto de España. Por tanto, aunque los grandes indicadores macroeconómicos continúen creciendo trimestre a trimestre, la cuestión es si ese crecimiento económico realmente se traduce en mejoras tangibles en la vida diaria de los ciudadanos e implica mejoras reales en sus salarios, oportunidades y calidad de vida.

Cartagena es uno de los principales puertos del Mediterráneo, pero cuenta con una importante desventaja competitiva con respecto a otros enclaves similares en España y Europa. La falta de una infraestructura ferroviaria que conecte la ciudad con el Corredor Mediterráneo lastra su crecimiento económico. El impacto es directo en el comercio, el turismo y la vida diaria de sus más de 200.000 habitantes, que se sienten profundamente aislados del resto del país. “La región ha quedado desvertebrada económica y socialmente”, señala a esta redacción Roberto Barceló, presidente de la Asociación de Consumidores y Usuarios de la Región de Murcia (Consumur).

Según datos oficiales de la Autoridad Portuaria de Cartagena, Cartagena cerró el 2025 como el cuarto puerto más relevante de España en el transporte de mercancías, con un total de 34.388.929 millones de toneladas (graneles sólidos, líquidos y mercancía general). Además, el Puerto de Cartagena no se entiende sin el Valle de Escombreras, un nodo industrial estratégico estrechamente ligado al tráfico portuario y ferroviario. Este enclave tuvo en 2024 un impacto económico total sobre la economía española estimado en unos 5.200 millones de euros, tal y como recoge un estudio de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) dirigido por el economista Antonio García Sánchez.

Para el investigador, Escombreras sería un polo energético e industrial de gran relevancia a nivel nacional si tuviera una conectividad ferroviaria eficiente, especialmente con un ancho europeo de vía con el Corredor Mediterráneo. “El aislamiento ferroviario real de Cartagena tiene efectos económicos claros: menos turismo, menor competitividad logística, mayor coste de exportación e importación y una pérdida considerable de oportunidades de empleo y actividad económica”, explica a este diario, añadiendo que la falta de infraestructuras obliga a mover mercancías por carretera, incrementando costes y emisiones.

Si bien no existen cifras ni estudios que cuantifiquen con precisión la pérdida económica que supone para Cartagena su desconexión ferroviaria, la mayoría de fuentes consultadas para este reportaje la califican de “grave”. “La mayor pérdida es la de oportunidades”, señala a este periódico Noelia Arroyo, alcaldesa de Cartagena. La popular incide en que el tren es “básico” para el turismo nacional y el de congresos: “Es frustrante programar grandes proyectos y convencer a inversores cuando han cortado nuestro cordón umbilical con el centro de la península”.

Cierre de la línea Cartagena-Madrid

Los expertos coinciden en que la inversión en las líneas ferroviarias murcianas de las últimas décadas no ha sido la óptima. Un estudio sobre las infraestructuras de transporte de mercancías en la región dirigido por el Colegio de Economistas destaca su irregularidad, señalando que fue “escasa o nula” hasta el año 2013 y se incrementó de forma sensible en 2018 y 2019, coincidiendo con las obras destinadas a la infraestructura del AVE.

Además, la llegada de la alta velocidad a la capital murciana en 2022 no resolvió ningún problema a los cartageneros. Más bien al contrario, ya que el aprovechamiento del trazado de AVE ya existente a través de Alicante supuso el cierre de la línea directa convencional entre Cartagena y Madrid, forzando a los vecinos a desplazarse a Murcia para viajar a la capital.

“Para hacer 50 kilómetros, necesitas una hora. Si te descuidas, no te da tiempo ni a hacer la conexión”, cuenta a esta redacción José, que trabaja en Cartagena y se desplaza a Madrid varias veces al año por motivos laborales. Este vigilante de seguridad reconoce que suele quedarse una noche más a dormir en la capital para poder volver a su ciudad: el último AVE hacia Murcia llega demasiado tarde como para que le dé tiempo a alcanzar el último tren de proximidad hasta Cartagena.

Aplicando “criterios de coste y beneficio del propio Ministerio”, el Ayuntamiento de Cartagena calcula que el retraso de hora y media que sufren los pasajeros que tienen que cambiar de tren en Murcia habría costado hasta ahora siete millones de euros a los propios viajeros. El consistorio se basa en un análisis de rentabilidad de la estación de AVE de Elche realizado por el Ministerio de Transportes para obtener esas cifras. Este diario ha contactado con el organismo que dirige Óscar Puente para la realización de este reportaje, pero no ha obtenido respuesta.

No solo los ciudadanos pagan el precio, también lo hacen las empresas. “Las empresas asentadas en Cartagena son menos competitivas frente a otras similares ubicadas en regiones con mejor conectividad ferroviaria, lo que reduce inversiones, localizaciones empresariales y oportunidades de crecimiento local”, apunta García Sánchez.

Asimismo, el cierre de la línea Cartagena-Chinchilla, la principal vía ferroviaria de la Región de Murcia, condiciona la circulación natural del transporte de mercancías, ocasionando un perjuicio directo sobre la economía de la Región de Murcia y también de la provincia de Albacete. Así lo afirma la Comisión en defensa del Corredor Ferroviario Cartagena-Albacete, de la que forma parte el técnico ferroviario Antonio del Campo. “Ese corredor está dentro de la obligación de servicio público. Por lo tanto, los trenes se tienen que poner”, asegura, tajante.

Una red de cercanías obsoleta que “obliga” a utilizar el coche

Pero para los habitantes de Cartagena no todo se reduce a la falta de una línea de alta velocidad. “Si yo viviese, trabajase o estudiase en Cartagena, el primer problema para mí no sería si llegaba el AVE o no, sino tener un buen servicio de cercanías”, continúa Del Campo.

El servicio de trenes de proximidad entre las dos principales ciudades de la Región de Murcia cuenta con apenas diez frecuencias diarias y una flota especialmente envejecida, con algunos trenes fabricados en los años 80, indica el especialista. Esta conexión ferroviaria lenta y sin electrificar limita el uso cotidiano del tren como alternativa al coche, añade García Sánchez. “La gente opta por el coche, lo que encarece los desplazamientos y empeora la calidad de vida”, asevera.

Asimismo, para el economista, una de las consecuencias más graves de la ausencia de conexiones rápidas con grandes ciudades es la reducción de la llegada de visitantes y estudiantes. “Esto limita el impacto económico que genera el ocio y el turismo, particularmente el de fin de semana y el de congresos y convenciones, además de las oportunidades de intercambio cultural que impulsan sectores creativos y formativos”, subraya. Si bien desde el Ayuntamiento de Cartagena enfatizan que el número de congresos se ha incrementado en los últimos años, Arroyo lamenta que “los organizadores tienen que convencer a los colegios profesionales y asociaciones de que merece la pena el viaje”.

La llegada del AVE podría retrasarse una década

Este mes de febrero se cumplen cuatro años desde que Cartagena dejó de estar conectada por tren con Madrid. Arroyo asegura que la conexión por vía convencional no regresará hasta, al menos, finales de año. “Tenemos garantizado, por tanto, cinco años de aislamiento por ferrocarril. Es una situación vergonzosa y una enorme injusticia para los vecinos y las empresas”, lamenta. Sin embargo, la llegada del AVE podría demorarse aún más. “A la marcha que llevan las obras, es probable que esta infraestructura pueda terminarse en torno a 2033 o 2035. Estamos hablando de ocho o diez años para que realmente se puedan terminar todas las obras”, afirma Del Campo.

Para este experto, el AVE no ha llegado aún a Cartagena por motivos que nada tienen que ver con el aspecto técnico. En ese sentido, reconoce que la complejidad de las obras aumenta cuando ya hay trenes circulando, además de la dificultad añadida que supone construir un túnel para cruzar la Sierra de Altaona y acondicionar la entrada a la estación de Cartagena. No obstante, Del Campo achaca los retrasos más bien a un problema de financiación: “Estamos hablando de cincuenta kilómetros, no de doscientos. Hay mucho dinero ya metido en la conexión con Murcia y en la línea hacia Lorca y Almería. Es probable que, al acompasar todo al mismo tiempo, haya dificultades”.

Cartagena paga un “impuesto logístico implícito”

Desde la Comisión en defensa del Corredor Ferroviario Cartagena-Albacete, insisten en la necesidad de intensificar e impulsar las obras del tramo Murcia-Cartagena y en la de transformar el túnel proyectado de vía única en la Sierra de Altaona en un túnel de vía doble para evitar que se forme un cuello de botella. Tanto Del Campo como Barceló creen que el aislamiento ferroviario de Cartagena también tiene mucho que ver con la política y la priorización de la conectividad en otras zonas de la Península Ibérica.

En concreto, Barceló piensa que la ausencia de una política estatal articulada con respecto a este tipo de decisiones implica que se acaben tomando en función de la “fuerza” que tenga cada comunidad autónoma. Aunque insiste en que desde la organización no defienden un desarrollo “a costa de los demás”, sino “solidario”, sí que asegura que Murcia ha quedado relegada históricamente, junto a Extremadura, en el desarrollo ferroviario: “Estamos muy por debajo de nuestro potencial porque no tenemos la infraestructura”.

Desde el Colegio de Economistas tienen claro que, para posicionar la Región en los ejes futuros del transporte de mercancías, se precisa de una visión de conjunto y una adecuada planificación y cumplimiento de proyectos concretos que mejoren la conectividad por ferrocarril, tanto con Madrid como con Andalucía, además de dentro del propio Corredor Mediterráneo.

Para García Sánchez, Cartagena está pagando un “impuesto logístico” implícito, concretado en más coste en transportes y menor atractivo para inversiones. “El aislamiento ferroviario de Cartagena no es un concepto abstracto: impacta cada día en la vida de sus residentes y en la capacidad de la ciudad para crecer económica y socialmente”, puntualiza.

La enorme dependencia de la economía murciana de un modelo productivo basado en la agricultura y la ganadería siempre ha generado debate en el territorio. Según un informe elaborado por el Ministerio de Agricultura, la producción porcina aumentó en la Región de Murcia un 32% en 2024, el mayor incremento por comunidades autónomas de todo el país. La cantidad de residuos generada por ese crecimiento, que asciende a cientos de miles de toneladas al año, pone en jaque la sostenibilidad del modelo productivo murciano, convirtiendo la búsqueda de alternativas menos contaminantes para procesar estos residuos en una tarea prioritaria.

La necesidad europea de desvincularse del gas ruso tras la invasión de Ucrania ha motivado tanto a España como a la Unión Europea a realizar una apuesta clara por el biogás y el biometano, que se presenta en este contexto como una alternativa para “valorizar residuos, evitar impactos ambientales y reducir las importaciones de gas fósil”, tal y como apuntan a este diario fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). El problema, admiten, se da cuando esas plantas de biogás y biometano se sitúan demasiado cerca de núcleos urbanos, generando un amplio rechazo entre la población debido, principalmente, a los malos olores.

En diferentes puntos de la Región de Murcia, vecinos y ecologistas se encuentran en pie de guerra contra los numerosos proyectos de construcción de plantas de biogás que han proliferado en los últimos años en todo el territorio de la comunidad autónoma. “Van a rodear Cartagena por un cinturón de basura tóxica”, explica a esta redacción David Avilés, especializado en conflictos socioambientales. “Fuente Álamo, Escombreras, Los Camachos…”, enumera, en referencia a zonas industriales y logísticas del entorno de la ciudad portuaria. “Cartagena va a estar rodeada por un cinturón de macroinstalaciones. Millones de toneladas, son palabras mayores”, añade, contundente.

En Fuente Álamo, por ejemplo, la cooperativa ganadera Gesalor ha invertido 50 millones de euros para construir una planta que pretende tratar dos millones de metros cúbicos de purín al año —lo que equivale a unos 80.000 camiones cisterna de residuos—, produciendo 20 millones de metros cúbicos de gas, 65.000 metros cúbicos de fertilizante y 1,5 millones de metros cúbicos de agua, según manifiestan fuentes de la propia empresa en un comunicado.

La cooperativa también planea construir una planta de características similares en Lorca. “Murcia es un territorio especialmente propicio para el biogás porque combina mucho recurso orgánico disponible (ganadero y agroindustrial), demanda de soluciones ambientales, y una economía donde la circularidad aporta ventaja competitiva”, según apuntan a este medio fuentes de la empresa, que también mencionan un contexto regulatorio alineado, ya que para 2030 se pretende multiplicar la producción, tanto a nivel europeo como nacional.

La última palabra la tienen los ayuntamientos

La capacidad de procesamiento de residuos que tienen estos macroproyectos contrasta con las 211.000 toneladas que gestionan actualmente en total las dos únicas plantas que hay en funcionamiento en la Región de Murcia, adquiridas en 2024 por Redexis Renovables. Se trata de plantas que ya estaban operativas como instalaciones de biogás y ahora están siendo adaptadas para producir biometano y conectarse a la red de gas.

Según unas declaraciones de finales de 2024 del consejero murciano de Medio Ambiente, Juan María Vázquez, la Región de Murcia tiene capacidad para albergar unas cuarenta plantas de biogás de tamaño “mediano”. Fuentes de la Consejería indican que el trabajo del organismo público consiste únicamente en determinar si las condiciones ambientales para llevar a cabo el proyecto son favorables, pero corresponde en última instancia a los ayuntamientos conceder las licencias de las obras.

De hecho, el nuevo plan urbanístico aprobado por el municipio Cartagena ha tumbado la construcción de la planta de biogás proyectada en Los Camachos, al considerar que no encaja en las premisas que se están estableciendo para el uso del suelo industrial. Del mismo modo, el pasado mes de diciembre, una consulta popular del Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas arrojó como resultado la intensa oposición de la ciudadanía a la construcción de una planta de biogás en el municipio, que terminó por rechazarse. “Los ayuntamientos tienen una cierta capacidad de regulación”, explica Pedro Luengo, coordinador y portavoz de Ecologistas en Acción en la Región de Murcia.

“Depende del tamaño y distribución del municipio, aunque directamente no digan que no quieren plantas de biogás, pueden poner una serie de condicionantes. Es una forma, por la puerta de atrás, de prohibir. Pero tampoco puedes prohibir una cosa que es legal”, señala, en declaraciones a este medio.

Malos olores y problemas de rentabilidad

La principal motivación de muchos consistorios para recelar de la construcción de plantas de biogás en sus municipios es el enorme rechazo social que generan entre la población, debido a los malos olores. “No deja de ser una caja donde metes materia orgánica a pudrirse para que se descomponga y se formen las moléculas de metano”, apunta Antonio Turiel, físico e investigador científico en el Instituto de Ciencias del Mar del CSIC, muy crítico con la estrategia del biogás en España.

Tanto este experto como Luengo sostienen que los riesgos derivados de las plantas van más allá: tránsito de camiones por carretera para trasladar los residuos, riesgo de accidentes o vertidos, generación de residuos tóxicos durante la digestión; el proceso de producir biometano es complejo y preocupa a los expertos.

La fermentación, tal y como explica Luengo, genera otros gases que pueden ser peligrosos para la salud, como el ácido sulfhídrico, un gas tóxico con un característico olor similar al de los huevos podridos. “Aunque no tengas accidentes, puedes tener escapes”, advierte. Además, la sustancia que se obtiene en el proceso, llamada digestato, contiene una alta concentración de nitrógeno y ha de ser tratada antes de usarse como fertilizante, lo que eleva los costes.

Las empresas del sector y las administraciones públicas sostienen que la rentabilidad de estas plantas no puede medirse únicamente en términos económicos, sino también por su capacidad para reducir emisiones, gestionar residuos y generar energía renovable. Redexis Renovables, por ejemplo, afirma que las plantas de biogás y biometano pueden ser una herramienta de transición energética con beneficios ambientales y socioeconómicos. Concretamente, las dos plantas adquiridas en Murcia proyectan una inyección de hasta 80 GWh anuales de gas limpio en la red de gas española, según un comunicado de la propia compañía.

Sin embargo, científicos como Turiel se muestran menos convencidos de la rentabilidad de las plantas. “Las macroplantas de biogás nunca han sido rentables. Llevan sin serlo más de veinte años. Cuando hablamos de explotaciones muy masivas, todo se tiene que transportar con camiones. Esto es lo que mata automáticamente la rentabilidad porque la conversión de la materia orgánica en metano es una fracción limitada y cuando miras el balance energético no hay ninguna manera de que esto pueda cuadrar”, asegura.

Estos problemas de rentabilidad, señala Luengo, pueden provocar que las empresas que gestionan las plantas descuiden el tratado de los residuos tóxicos que genera la producción de metano: “Eliminar el resto de gases supone costes a la empresa que no generan rendimiento. Cuando haya problemas de rentabilidad, lo primero que van a fallar son estas cosas”.

Las subvenciones al biogás

El MITECO es claro al defender de dónde surge la necesidad de instalar plantas de biogás en España, asegurando que los residuos agrícolas y ganaderos suponen un problema que es necesario solucionar. No obstante, desde el Ministerio reconocen que los purines que genera la producción porcina ya se encuentran en tratamiento y no tienen por qué convertirse en biogás, que se presenta como una alternativa más.

La inversión por parte de las empresas privadas en la producción de biogás también está motivada por las subvenciones que reciben, tanto por parte de Europa como del propio Gobierno español. En julio de 2023, 81 proyectos relacionados con el biogás obtuvieron 76,5 millones de euros por parte del MITECO del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Según el Ministerio, la mayoría de los fondos fueron a parar a Cataluña, la comunidad líder en producción porcina de España.

“España tiene la oportunidad de aprovechar el gran potencial disponible para la producción de biogás procedente del sector agropecuario, del sector agroalimentario y de la gestión de residuos, sirviéndose del gran tamaño de nuestra industria agropecuaria y agroalimentaria”, señalan fuentes del MITECO en su Hoja de Ruta del Biogás. Uno de los objetivos que se marca el Ministerio y en el que trabaja en la actualidad es lograr un marco regulatorio estable y adecuado que incida en la simplificación administrativa y en la valorización energética de la biomasa frente a otras opciones más contaminantes.

Un modelo productivo insostenible

Una de las grandes críticas a la estrategia española del biogás es su escala. Avilés argumenta que, en otros países europeos, como Alemania, las cooperativas gestionan sus propios residuos sin necesidad de la intervención de grandes empresas o fondos de inversión, respetando la circularidad.

Turiel señala que, en España, la escala de los proyectos es mucho mayor que la capacidad de producción de residuos de las comarcas. “Yo creo que el proyecto que tiene Europa es traer residuos para que vengan a pudrirse a España y que los problemas de contaminación que generan se queden aquí”, señala. Avilés lo llama “extractivismo verde”: “El norte extrae recursos del sur, se los lleva y deja la porquería”.

Pero no todo el mundo coincide con esta visión. Eduardo Piné, presidente de la Asociación Sectorial del Hidrógeno Verde y Gases Renovables de la Región de Murcia (AHMUR), argumenta que la Región de Murcia genera cada año más de seis millones de toneladas de residuos orgánicos, lo que exige la implantación de entre 48 y 56 plantas de biometano distribuidas por todo el territorio. El también CEO de Lambert Bionenergy defendía en noviembre que la cifra respondía a “una realidad matemática” y a la necesidad de tratar los residuos a escala local, sin importarlos desde fuera.

Para Luengo, el problema está en la falta de planificación por parte de la comunidad autónoma, lo que ha llevado a Ecologistas en Acción a exigir una moratoria para detener la construcción de las plantas hasta realizar “una evaluación conjunta de lo que va a suponer esto para la Región de Murcia en cuanto a impacto social y ambiental”.

Tanto Luengo como Turiel coinciden en que el problema se encuentra en un modelo productivo concebido para la exportación antes que para el consumo local. “Las macrogranjas no son sostenibles. Las plantas de biogás se están utilizando como una excusa para poder mantener las macrogranjas, cuando en realidad no se soluciona ningún problema con la producción de biogás: el residuo no desaparece, al contrario, queda más concentrado en nitrógeno”, explica el científico. Para él, la única alternativa sostenible es reducir. “No se puede producir a este volumen, no se puede concentrar en un territorio tan pequeño esta enorme cantidad de granjas de porcino. No tiene ningún tipo de sentido”, lamenta.

De entre todos los indicadores que se utilizan para tomarle la temperatura al estado económico de un país, la productividad es una de las grandes asignaturas pendientes en España. Su estancamiento preocupa a economistas y expertos: en la década entre 2013 y 2023, apenas aumentó un 0,4%, según un estudio publicado hace un año por el Consejo General de Economistas (CGE). Muchos apuntan al reducido aumento de la productividad como la principal razón por la cual los salarios reales en España se encuentran también estancados. Los datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) arrojan que, en las últimas tres décadas, los salarios en términos reales aumentaron en España un 2,76%, el tercer peor desempeño de todos los países que forman parte del organismo, solo por detrás de Italia y Japón.

El CGE define la productividad como la relación entre la producción u output generado por una economía y los recursos que ha utilizado para hacerlo. “Las cifras de crecimiento de la productividad real evidencian uno de los problemas más importantes de la economía española en las últimas décadas y es la incapacidad de mejorar sustancialmente y de manera continuada su eficiencia productiva”, señalan los autores del estudio.

Si España ya tiene un problema de productividad de por sí, la Región de Murcia tiene uno aún más grande: la OCDE la ha situado como la comunidad autónoma menos productiva de España. En un informe reciente, titulado 'Repensar la atractividad regional de Murcia' y publicado a mediados de diciembre, afirma que el valor añadido bruto (VAB) por trabajador en la Región de Murcia en 2022 fue de 68.322 dólares (algo más de 58.000 euros), muy por debajo del promedio nacional (78.434 dólares) y del promedio de la UE (75.312 dólares). “La baja productividad, junto con el alto desempleo endémico de España, limitan el desempeño económico de la Región de Murcia y su capacidad para aprovechar plenamente la diversidad de su tejido industrial y sus fortalezas en innovación”, apuntan desde el organismo internacional.

La relación el sector primario y la baja productividad

Como en tantos otros fenómenos económicos, la baja productividad de la Región de Murcia es fruto de un conjunto de factores, que además se entrelazan entre sí. El primero al que señalan los economistas es el claro predominio del sector primario en la economía regional. Actividades como la agricultura, la ganadería, la silvicultura y la pesca presentan bajos niveles de productividad en todo el territorio nacional, tal y como apunta el economista murciano José Carlos Sánchez de la Vega, director del informe del CGE, a esta redacción. 

Aunque no toda la economía murciana gira en torno al sector primario, otros sectores con peso en la misma, como la hostelería, el comercio básico y una industria centrada en manufacturas tradicionales y agrícolas, tampoco destacan en productividad ni en altos salarios. “Esta estructura contrasta con la de otras comunidades autónomas donde predominan la industria tecnológica avanzada y los servicios financieros o tecnológicos intensivos en conocimiento y de alto valor añadido”, explica a este medio Samuel Baixauli, catedrático de Economía Financiera en la Universidad de Murcia. El País Vasco, la Comunidad de Madrid y la Comunidad Foral de Navarra son algunos ejemplos.

A la baja cualificación de los empleos se le suma un profundo problema en el sistema educativo. La tasa de abandono escolar temprano de la Región de Murcia es la más alta del país, con uno de cada cinco estudiantes tirando la toalla antes de tiempo. Tal y como señalan desde la OCDE, el abandono escolar temprano incrementa el riesgo de exclusión social entre los jóvenes, que a menudo encuentran dificultades para acceder y mantenerse en un empleo estable, y también tiene implicaciones socioeconómicas más amplias. “Los niveles formativos de la población ocupada también son bajos, lo cual está relacionado con la especialización en sectores poco productivos, con bajos salarios y elevada temporalidad. Al final, se crea un círculo vicioso”, explica Sánchez de la Vega.

“Aunque la Región de Murcia es una de las más jóvenes de España y cuenta con una elevada proporción de población en edad activa, esta ventaja demográfica no se traduce plenamente en productividad debido al bajo nivel educativo de la fuerza laboral”, añade Baixauli. Y es que los bajos niveles de formación no son exclusivos de la población local, también se extienden a las personas migrantes. Aquellas que migran hacia la Región de Murcia tienen, en promedio, niveles de cualificación más bajos en comparación con el perfil de los trabajadores que se desplazan hacia otras regiones españolas, según la OCDE. Además, la comunidad autónoma enfrenta importantes desafíos para atraer, desarrollar y retener talento cualificado.

Las microempresas invierten menos en tecnología

Según datos de la propia Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social de la Región de Murcia, las pymes representan el 99,86% del tejido empresarial de la Región de Murcia, y cada día se crean 8,1 en la comunidad autónoma. El tamaño de las empresas está directamente relacionado con la inversión que realizan en innovación y tecnología, siendo normalmente mayor en las firmas más grandes. Según datos de la OCDE incluidos en su último informe periódico sobre el estado de la economía española, las grandes empresas gastaron 2,7 veces más en formación en 2023 que las microempresas y las pequeñas empresas, mientras que las empresas más pequeñas “infrautilizaron” las opciones de formación disponibles.

“Al igual que en otros países de la OCDE, las pymes son menos productivas que las grandes empresas debido al acceso limitado a la financiación externa y a la mano de obra cualificada, a una menor adopción de la innovación y a un escaso uso de herramientas digitales avanzadas”, indican desde el organismo. Para Baixauli, a pesar de que la inversión en I+D realizada por la Región de Murcia ha crecido de manera sostenida en los últimos años, el gasto en formación universitaria continúa siendo insuficiente.

Otro punto débil que destaca la OCDE en el tejido empresarial murciano es la baja proporción de empleo en industrias culturales y creativas: apenas un 1,9%, frente a los promedios nacional y europeo de 2,9% y 3,3%, respectivamente, situándose a la cola del país. A pesar de contar con una tasa de creación de empresas en los sectores de arte, entretenimiento y recreación situada en la media, la proporción de empleados murcianos en el sector no se encuentra a la altura, lo que tiene implicaciones tanto para la atracción de visitantes como de talento. “Si bien el capital cultural está correlacionado con el número de visitantes extranjeros, también desempeña un papel fundamental en la promoción de la calidad de vida y de la atractividad regional tanto para los residentes como para posibles recién llegados”, subraya el foro internacional.

Un cambio de modelo productivo

La responsabilidad de revertir esta situación recae tanto en las administraciones públicas como en el sector privado, que tienen la compleja tarea de tratar de reducir paulatinamente las brechas existentes. Baixauli apuesta por un incremento de la inversión en las universidades públicas y reforzar la colaboración entre estas instituciones y el Servicio de Empleo y Formación. En este sentido, la OCDE cree que la Región de Murcia se encuentra bien posicionada para formar una fuerza laboral altamente cualificada y alineada con sus sectores estratégicos de crecimiento, y eso podría lograrse a través de alianzas a largo plazo entre las autoridades regionales, actores del sector privado e instituciones académicas. 

Baixauli también considera importante acompañar a las empresas en el proceso de adopción de la digitalización, la automatización y la inteligencia artificial. Sánchez de la Vega coincide con su visión: “Desde la perspectiva empresarial, debe seguir modernizándose el tejido productivo, apostar por la innovación, no tener miedo a crecer y esforzarse por atraer talento”. Al mismo tiempo, cree que las administraciones públicas deben “crear un clima propicio para conseguir este objetivo”. Y eso pasa por una mejora de las infraestructuras y la conectividad.

La propia OCDE detalla en su informe que “la existencia de enlaces ferroviarios directos con regiones vecinas, como Almería y Alicante, podría mejorar la atractividad de la región para inversores, talento y visitantes”. Mejorar la red de transporte público, generalmente mal valorada por los murcianos, no solo permitiría a los visitantes acceder a más puntos de la región, sino a mejorar el día a día de los propios habitantes, que muchas veces no ven cubiertas sus necesidades debido a la falta de frecuencias o alcance de la red actual.

El interés de los inversores extranjeros por la Región ha ido incrementando durante los últimos años, prueba de que se ha comenzado a caminar en la dirección correcta. Sánchez de la Vega considera esencial seguir avanzando en la construcción de una región atractiva para el capital externo y humano, aunque ello implique alejarse del modelo productivo actual: “Se debe avanzar en un cambio de modelo productivo, que no supone abandonar los sectores en los que la región tiene ventajas competitivas, pero sí conseguir mejorar sus ratios de eficiencia y paralelamente desarrollar otras actividades avanzadas en industria y servicios”.

“Caí de pie”, bromea Manuel Requena en la sede de la cooperativa COPEDECO, en Alcantarilla. Este almeriense de 61 años se refiere así a su llegada a Murcia, que ocurrió por pura casualidad: “Me quedé sin gasolina aquí”. Había cogido el coche para salir de su ciudad natal después de un periplo laboral complicado. “Di con los peores empresarios”, lamenta, después de dedicarse muchos años a vender agua en la provincia como autónomo, hasta que las administraciones pusieron los medios para que su negocio dejase de ser necesario. Después, tuvo varios empleos, pero terminó por verse en una situación de vulnerabilidad después de toda la vida trabajando.

Algo parecido le ocurrió a Elvira Almagro, de 52 años. “Había trabajado en ayuda a domicilio, en empresas de limpieza, limpiando y cuidando niños a particulares, en hostelería…”. Mientras hacía un curso en la Federación Regional de Empresarios del Metal de Murcia (FREMM), su tutora le preguntó de qué quería trabajar después de haber probado suerte en tantos puestos diferentes. Ella quería probar el reparto: “Vengo de familia de camioneros, lo llevo en la sangre”. Así fue como conoció a COPEDECO.

COPEDECO S. COOP. (Cooperativa para el Desarrollo Comunitario), es una cooperativa murciana de trabajo asociado y de iniciativa social, sin ánimo de lucro, formada por un equipo de profesionales del campo de la intervención social y educativa. Nació en 1989 y, desde entonces, realiza proyectos para la promoción personal e integración social dirigidos a personas, familias y grupos. De esta matriz, surgieron en 2017 dos empresas de inserción social: Bici Go y Scob Go, dedicadas a la mensajería y a los servicios de limpieza, respectivamente.

“Empezamos como cooperativas que luego se transformaron en empresas de inserción. A raíz de trabajar mucho todos los procesos de empleabilidad de personas en vulnerabilidad social, vimos que recogíamos bien la parte de la formación y el acompañamiento, pero el acceso al empleo ordinario era complejo a veces”, explica María Guirao, socia de COPEDECO. Ese fue el germen de las dos empresas; el empujón final que les faltaba. “El trabajo sirve para reinsertarse”, según explica Enrique Tonda, gestor de proyectos sociales dentro de la cooperativa.

Dos empresas de inserción con servicios de mensajería y limpieza

En COPEDECO, las personas vulnerables pueden acceder a diferentes tipos de formación y, al igual que Manuel y Elvira, también pueden trabajar durante un periodo de tiempo. “Desde 2017, todos nuestros trabajadores o bien han encontrado otra empresa o han querido seguir formándose, por lo que han subido de nivel”, agrega Tonda.

Tanto Bici Go como Escob Go operan actualmente en las poblaciones de Espinardo y El Palmar, en Murcia. Bici Go opera de forma totalmente ecológica y sostenible, con el objetivo de mejorar las condiciones de comunicación y movilidad de la población y los individuos prestando servicios de recogida y recepción de paquetería. Además de ello, Tonda explica que se pueden contratar sus servicios para momentos puntuales y encargos particulares.

En Escob Go entienden los servicios de limpieza como organización doméstica, por lo que también prestan lo que llaman atención domiciliaria: cuidado de niños, acompañamiento de mayores, etc. Todos estos servicios se pueden contratar a través de la web “crysalia.es”. Desde COPEDECO animan a cualquier particular, empresa o institución a contratar servicios con empresas de inserción: sus trabajadores son totalmente eficientes, los precios son competitivos y, además, se contribuye a luchar contra la pobreza y la exclusión social, creando una sociedad más justa. “Nosotros creamos dos riquezas: la riqueza económica y la riqueza social. Creamos trabajadores que pueden vivir de esto y que vuelven a insertarse en la sociedad. Eso nos encanta”, asegura Tonda.

Ser parte del cambio

La labor social permite realizarse a todos los implicados. En COPEDECO, son cerca de media centena los trabajadores que hacen posible, a través de una labor colectiva, la reinserción de personas vulnerables en el mercado laboral. “A veces, cuando estás trabajando, no te das cuenta del impacto que tienes en la vida de las personas”, afirma Guirao. Sin embargo, después de participar en numerosos proyectos de acompañamiento e inserción social, sabe lo mucho que recibe a cambio: “Luego los ves años después y te cuentan cómo ha cambiado su vida, cómo tú fuiste parte de ese cambio. Es muy gratificante”.

“Mi deseo es seguir prosperando aquí, porque es un trabajo que me gusta, me estoy realizando bastante. Hoy en día, cuando dices que tienes cierta edad, te hacen un chequeo de arriba a abajo y te dicen que a dónde vas”, señala Almagro. Se trata de un relato con el que coincide Requena, que también ha encontrado dificultades para acceder a un empleo debido a su edad. “Hay mucha incertidumbre para las personas mayores. Suelen decirte que no estás buscando, y lo que pasa es que terminamos aburridos de buscar”. A esto, añade que a muchas personas de mayor edad no se les ofrece formación adecuada para adaptarse a los cambios tecnológicos del mercado laboral.

La suerte de ambos cambió en COPEDECO. “Aquí vienes a trabajar con alegría. Nos juntamos en la puerta todos por las mañanas y se nota el buen rollo”, explica Almagro. Requena, por su parte, sonríe mientras relata cómo ha cambiado su vida en los tres años que lleva trabajando en Bici Go. Para él, una de las mayores diferencias con sus anteriores experiencias laborales es que, aquí, se siente acompañado. Algo tan simple como que algún trabajador de la cooperativa se le acerque y le pregunte, de vez en cuando, “¿necesitas algo?”.

Profundamente arraigada en el imaginario colectivo de todos los murcianos, la historia centenaria del Real Murcia ha traído consigo luces y sombras. Salva Oliva, presidente de la Federación de Peñas del Real Murcia, describe al equipo de sus amores como “un club centenario que siempre ha paseado el nombre de la ciudad por toda España con orgullo”. Aunque se podría decir que, en las últimas décadas, las sombras se han impuesto a las luces por goleada. Fracasos deportivos, descensos administrativos, “pelotazos” inmobiliarios y, sobre todo, el fantasma de la deuda, que lleva amenazando al murcianismo desde, prácticamente, el nacimiento del club en 1919.

“A los once años de su fundación, ya empezaron los problemas”, apunta a esta redacción Enrique Baeza, accionista del club grana y periodista especializado en su historia, sobre la que está escribiendo su cuarto libro. “Ya entonces tuvieron que poner dinero, a través de suscripciones populares, para no desaparecer”, explica.

Pero el mayor incremento del endeudamiento del club coincidió con la presidencia de Jesús Samper, entre los años 2001 y 2015. En 1998, cuando Samper tomó el control del Real Murcia y lo transformó en una sociedad anónima, el club debía alrededor de 700 millones de pesetas —más de 4 millones de euros—. “Él lo multiplicó por cinco”, afirma Baeza.

El ascenso a Primera División: el principio del fin

Lo que fue el mayor hito deportivo de la historia reciente del Real Murcia se convirtió en una pesadilla en los despachos. A nivel económico, ascender a Primera División en 2007 fue un “desastre”, empezando por los contratos televisivos, que Samper decidió negociar por su cuenta, sin seguir el ejemplo de otros clubes: “Firmó un contrato con Mediapro de cincuenta millones de euros durante cinco años, diez millones por temporada. Ese contrato era bastante mejor que el del Recreativo de Huelva o el de Osasuna, por ejemplo, en aquella época. Él se vio fuerte, y realizó una inversión de 30 millones de euros”.

La caída del ladrillo también golpeó con fuerza la gestión de Samper. Tras un polémico convenio urbanístico aprobado por el Ayuntamiento de Murcia, que incluía también la construcción de un centro comercial, miles de viviendas y un campo de golf, el Real Murcia se mudó del centro de la ciudad a la zona norte en un cambio de estadio. Al tratarse de suelo no urbanizable, los dedos acusatorios se abalanzaron sobre lo que se vio como un “pelotazo” urbanístico más de los años 2000.

No iban desencaminados. La justicia murciana llevó el proyecto a juicio en 2018 tras detener a varios implicados en 2010, acusados de prevaricación, blanqueo de capitales, malversación y cohecho. Tanto altos cargos del consistorio murciano como el propio Samper, que ideó el proyecto, fueron imputados. Aunque la falta de sentencias firmes terminó por despenalizarlo: la jueza alegó entonces que los procedimientos no habían sido secretos.

La foto final no incluyó ningún campo de golf, tampoco el número de viviendas proyectadas, ni siquiera una ciudad deportiva para el Real Murcia. Sí que se construyó un centro comercial, que Samper vendió a la multinacional francesa Klépierre por 233 millones de euros, en lo que fue “un gran negocio” para el empresario, según relata Baeza. El estadio Nueva Condomina, ahora llamado Enrique Roca, se inauguró en 2006. Una infraestructura poderosa, con capacidad para 31.500 espectadores y unas instalaciones muy superiores a las de otros equipos de la misma categoría, pensado para un Real Murcia de Primera. El problema fue que el fútbol de élite no se pudo disfrutar desde sus gradas más allá de aquella temporada, porque el equipo descendió.

La llegada de Felipe Moreno y el pago de la deuda pública

El descenso a Segunda División fue la grieta que hizo tambalearse toda la infraestructura construida por Samper. “El Murcia se llevó muy poco de todo aquel negocio que se generó”, lamenta Baeza. A partir de entonces, todo fue cuesta abajo. El club pimentonero enfrentó un descenso administrativo en 2014 debido a sus graves problemas económicos y, en 2018, acumulaba una deuda de aproximadamente 50 millones de euros, según explica el periodista.

La toma de control del club por parte de Felipe Moreno en 2022 hizo que los murcianistas comenzaran a ver la luz al final del túnel, al menos en lo económico. Desde que el empresario cordobés, expropietario del Club Deportivo Leganés, se convirtiera en presidente y máximo accionista del Real Murcia, la inyección de capital ha sido continua. Tanto que el club logró deshacerse por completo de su deuda pública el pasado mes de mayo. Además, según un informe desvelado en junio por Onda Regional de Murcia, el equipo cerró el ejercicio de la temporada pasada con un superávit cercano a los 400.000 euros. Algo que, según Baeza, solamente ha ocurrido “nueve o diez veces contadas en la historia”. Pero el superávit no ha bastado para alejar el fantasma de la deuda de la capital murciana, ni mucho menos.

Regresan los problemas a las oficinas del Real Murcia

En el mes de julio, el Tribunal Supremo anuló una ampliación de capital promovida desde la directiva del Real Murcia en noviembre de 2018, que ofrecía una acción del club por 1,22 euros a compradores de todo el mundo con el objetivo de sanearlo económicamente. La justicia la consideró nula tras la impugnación del entonces presidente, Mauricio García de la Vega, que era propietario de un 84% de las acciones en aquel momento, aunque no estaba al frente de la gestión del Real Murcia. El empresario mexicano había ejercido su derecho a adquirir esas acciones porque así lo permitía una cláusula del contrato que había firmado un año antes al ponerse al frente del proyecto. Sin embargo, tras una gestión polémica, se encontraba inmerso en una guerra societaria con otros directivos por el control real del club. Tras la sentencia, de la Vega quedó como propietario de un 28% del Real Murcia, mientras que Moreno es dueño del 56%, tras comprarle al mexicano dos tercios de sus participaciones para conservar la mayoría en la Junta de Accionistas.

Para Baeza, la sentencia del Supremo implica que “todo lo que se ha hecho en 2018 en adelante no vale, porque el dinero que se ha puesto es deuda”. Los más de 20.000 aficionados que compraron acciones desde 94 países distintos han pasado a ser acreedores, y el capital social ha quedado reducido a una cifra muy baja. El Real Murcia presentó hace dos semanas un Plan de Reestructuración que contempla la quita de un 85% de esa deuda y prevé distintas fórmulas de pago a los acreedores. Y es que, con la aprobación del plan, la deuda vigente queda fijada en algo más de 32 millones de euros, sumando socios y acreedores. El club ha decidido no hacer ninguna declaración a este diario al respecto.

Lo económico y lo deportivo, de la mano

Periodistas deportivos y aficionados coinciden en que la deuda ya no es una cuestión que pueda poner en jaque la supervivencia del equipo, como sí ha sucedido en otros momentos de la historia del club. La positiva gestión de Moreno de los últimos años parece haber despejado todas las dudas, pero la situación económica va de la mano de lo deportivo, tal y como apunta Oliva desde las peñas murcianistas. “Sin una situación económica estable en el club, no puedes acometer fichajes como los de este verano y no puedes mantener una estabilidad en la plantilla. Voy más allá, en lo institucional es primordial que haya tranquilidad, para que acompañe en lo deportivo”, explica a esta redacción.

Además, el tan ansiado ascenso a Segunda lleva años sin producirse y, para Oliva, “es difícil saber por qué”. Si bien cree que la plantilla quedó algo descompensada este verano, otros aficionados piensan que la cuestión se reduce a mala suerte. “Además de la mala suerte, creo que se necesita un proyecto que vaya muy sobrado para ganar en esa categoría, y no es el caso. Se han confiado en algunas ocasiones en los últimos años”, opina Miguel Ángel Belando, abonado del Real Murcia.

Baeza cree que ascender de categoría tampoco acabaría con todos los problemas del equipo centenario. “Aunque tengas mayores ingresos, los gastos también son grandes por cómo está estructurado el club. La salud económica plena se recupera en Primera División”, advierte. El periodista cree que al Real Murcia le falta “alguien que dé con la tecla”: “Necesita un alma mater que trascienda lo deportivo”.

El Real Murcia y su relación con la ciudad

Atrás quedan los tiempos en los que el Real Murcia comenzaba la pretemporada, desde principios hasta la mitad del siglo XX, jugando contra el Real Madrid en casa. Baeza recuerda que no todos los equipos podían pagar su caché, y el Real Murcia llegó incluso a ganar al equipo de la capital a mediados de los años 20. También logró un empate notable durante la última temporada que jugó en Primera. Ahí está la clave para el periodista: “Se crea una identidad. Se crea un relato que ahora mismo se ha perdido, porque deportivamente es un desastre”.

“La gente ve al Murcia como algo sentimental, algo de aquí de la tierra, algo muy nuestro. Mire usted, este equipo iba a desaparecer, pero hicimos las pulseras y lo salvamos. Hicimos una ampliación de capital y conseguimos que la gente se involucrara. Por eso ahora mismo hay esa sensación de pertenencia tan grande”, agrega.

Las cifras lo demuestran: cada fin de semana que juega en el Enrique Roca, al Real Murcia lo acompañan alrededor de 15.000 personas. Una afluencia más que notable, teniendo en cuenta que juega en Primera Federación (Primera RFEF), la tercera categoría del fútbol nacional. “No se entiende el Real Murcia sin Murcia, igual que no se entiende Murcia sin el Real Murcia”, asegura Oliva. Si la fidelidad de su afición será suficiente para que el club grana vuelva a brillar como antaño continúa siendo una incógnita.

El año pasado fue Montréal (Canadá) la ciudad elegida, y este 2025 la ONU se ha fijado en Murcia para celebrar el V Simposio Técnico del Grupo de Trabajo Interinstitucional de Naciones Unidas sobre Economía Social y Solidaria (UNTFSSE). Dos jornadas de trabajo que han concluido este viernes donde expertos de alto nivel han protagonizado debates técnicos y mesas de análisis, compartiendo experiencias y enfoques estratégicos para alinear prioridades y reforzar el trabajo conjunto en torno a las políticas públicas relacionadas con la economía social.

El acto de clausura ha contado con la presencia de la presidenta de la UNTFSSE y responsable del programa de la OIT sobre cooperativas y economía social y solidaria, Simel Esim; el consejero de Economía y Hacienda, Luis Alberto Marín; el comisionado especial para la Economía Social del Gobierno de España, Jaime Iglesias y el presidente de Social Economy Europe, CEPES, UCOMUR y UCOERM, Juan Antonio Pedreño.

“Que Murcia sea la capital española de la Economía Social en 2025 se debe a que somos un territorio absolutamente volcado y comprometido con este modelo de empresa. Y lo estamos demostrando durante todo 2025. Y más todavía con la acogida de estas reuniones de Naciones Unidas en Murcia, algo histórico y de enorme relevancia para la Región y que ha venido de la mano de la Economía Social”, ha señalado este viernes Pedreño.

“La Capitalidad de Murcia está siendo un año de trabajo real, de reforzar alianzas a nivel regional, estatal, europeo y mundial, y de demostrar que este modelo empresarial exige un lugar propio en la definición de todas las políticas públicas”, ha añadido el presidente de UCOMUR.

Murcia, referente mundial para la economía social

“La Región Murcia no es solo un territorio con tradición cooperativa: es un laboratorio internacional de innovación social. Donde la economía social no es un concepto abstracto, sino una forma de anclar territorio y crear riqueza en torno a valores como participación, democracia, proximidad y resiliencia”, ha subrayado Pedreño. El presidente de UCOMUR ha añadido que esa es la razón por la que la ONU se ha fijado en la Región, porque ese ecosistema “demuestra que otro modo de crecer es posible y que la cooperación, cuando es real y sostenida, construye sociedades más fuertes, más equitativas y preparadas para los retos del presente y el futuro”.

Por su parte, Esim ha señalado que “la actividad de la Task Force está estrechamente vinculada con la experiencia de los territorios. Y Murcia es un lugar especialmente adecuado para celebrar esta reunión, porque cuenta con una larga tradición cooperativa y de economía social, sustentada en instituciones y organizaciones tan sólidas como UCOMUR y UCOERM. De hecho, para la ONU, la Región de Murcia es un referente mundial de la economía social”.

Dos jornadas de trabajo en el centro de Murcia

El foro ha tenido lugar en el edificio corporativo de CaixaBank, en pleno centro de Murcia. Tras una primera jornada centrada en las contribuciones de la Región de Murcia y España en su conjunto a la economía social, en la que también se abordaron las prioridades y retos que atraviesa el sector en todo el mundo, esta segunda se ha dividido en diversas sesiones temáticas enfocadas a que los participantes intercambien ideas, conocimientos y puntos de vista, además de poner en común estadísticas y líneas de investigación.

Estos dos días de trabajo han permitido avanzar en el diálogo internacional, presentar las fortalezas del ecosistema español y murciano, y definir los grandes ejes de trabajo que marcarán las políticas globales de economía social en los próximos años.

La Región de Murcia es una tierra pionera en el desarrollo de un marco jurídico para que la economía social forme parte de las políticas públicas. Esa es la principal idea que ha querido transmitir este jueves Juan Antonio Pedreño, presidente de Ucomur, la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES) y de la Organización Europea de la Economía Social, en el marco del 5º Simposio Técnico del Grupo de Trabajo Interinstitucional de las Naciones Unidas sobre Economía Social y Solidaria (UNFTSSE), que se celebra en Murcia hasta el próximo viernes.

“Este grupo de trabajo tiene la responsabilidad de visibilizar y proponer políticas públicas para el desarrollo de la economía social en el mundo”, ha explicado Pedreño a los medios de comunicación, rodeado de autoridades y expertos de primer nivel en el sector procedentes de todos los rincones del mundo. También conocido como Task Force en el contexto de las Naciones Unidas, el grupo de trabajo, sumado a organizaciones y observadores que también participan en debates como el de estos días, tiene la tarea de trasladar a los gobiernos las políticas que consideran adecuadas en materia de economía social.

Pedreño ha subrayado que el modelo consolidado de la economía social en la Región de Murcia y España es exportable a otros territorios del mundo. La economía social murciana, que ha descrito como un “crisol”, ha sumado en lo que va de año 130 nuevas empresas y más de 120 cooperativas. “Es lo que quiere conocer Naciones Unidas, para ver cómo se pueden trasladar estas políticas a otros territorios”, ha señalado.

La relevancia de la Región de Murcia en políticas de economía social

La economía social se describe como un modelo económico que pone a las personas y al interés colectivo por encima del lucro individual, basándose en principios de cooperación, solidaridad y gestión democrática. Engloba tanto a entidades privadas como cooperativas, mutualidades y otras sociedades laborales. La Región de Murcia es líder en la creación per cápita de cooperativas en España, con más de 2.500 empresas y entidades dedicadas a la economía social, que dan empleo a más de 100.000 personas, según ha explicado la consejera de Empleo, Marisa López Aragón.

Además, Murcia cuenta con seis pactos regionales sobre economía social, el mayor número de todo el país. Se trata de una amplia diferencia con respecto al resto de comunidades, que solo cuentan con dos, en el mejor de los casos. “Aquí se está trabajando seriamente y desde hace mucho tiempo en el desarrollo y el fomento de las políticas públicas para la economía social”, ha enfatizado Pedreño.

Seleccionada como Capital Española de la Economía Social en 2025, la Región de Murcia ha sido punto de encuentro y epicentro para diversas reuniones de trabajo y eventos relacionados con la economía social en lo que va de año. “El listón está muy alto para las siguientes ciudades que asuman esta iniciativa”, ha apostillado Jaime Iglesias, comisionado Especial para la Economía Social del Ministerio de Trabajo. Concretamente, en la reunión en Murcia, ha continuado, se trabajará en la redacción de un informe de seguimiento de la situación de la economía social en el mundo y de la Tercera Resolución de Naciones Unidas sobre economía social y solidaria, que verá la luz en 2026. Una iniciativa que, además, promovió por primera vez el Gobierno español en el año 2023.

La importancia del marco jurídico

El objetivo de la economía social y del grupo de trabajo de Naciones Unidas, según Pedreño, es avanzar “hacia una sociedad más democrática, más justa y participativa”. El presidente de Ucomur ha recalcado que los conocimientos globales en este campo son “muy recientes”, por lo que considera indispensable el ejemplo de España y de la Región de Murcia.

La clave, para él, es el marco jurídico. “Sin marco jurídico, difícilmente se puede desarrollar algo. En Europa se empezó a desarrollar en 2015”, ha detallado. Cuatro años antes, España ya había aprobado su primera Ley de Economía Social, que estableció por primera vez un marco jurídico común para las entidades del sector y sirvió de referencia para que otros países también desarrollasen su propia legislación. Con la presencia de diversos expertos de Naciones Unidas —de forma presencial y telemática— en este simposio en el Edificio Corporativo de Caixabank durante estos dos días, Murcia vuelve a colocarse en el mapa mundial de la economía social.

La innovación y la inversión tecnológica se volvieron a citar un año más en la capital murciana con la celebración del WaykUp Forum, organizado por el Instituto de Fomento de la Región de Murcia (Info). En su quinta edición, la más internacional hasta la fecha, el evento logró congregar a más de 113 inversores y 67 ‘startups’, consolidándose como un foro de referencia nacional y un punto de conexión entre empresas emergentes y los principales fondos de inversión españoles e internacionales.

“Este foro nació para conectar las startups con los fondos de inversión nacionales e internacionales. Nunca habíamos conseguido tal diversificación. Esto, lo que demuestra, es que la Región de Murcia está en el mapa mundial del emprendimiento tecnológico” dijo la consejera de Empresa, Marisa López Aragón, en su visita al foro. “La Región es un lugar donde la innovación encuentra oportunidades reales de crecimiento. Hemos tejido un ecosistema de emprendimiento que atrae talento, inversión y confianza”, añadió.

La edición más internacional hasta la fecha

El WaykUp Forum 2025, que tuvo lugar 13 y 14 de noviembre en el Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas de Murcia, ha contado este año con la participación de inversores de Estados Unidos, Qatar, Emiratos Árabes, Baréin, Arabia Saudí, Finlandia, Noruega, Francia, Lituania y Reino Unido. Por otra parte, las 67 ‘startups’ participantes, entre las que hubo tres empresas coreanas y dos finlandesas, tuvieron la oportunidad de contar con un espacio expositivo y otro espacio para llevar a cabo entrevistas bilaterales destinadas a alcanzar acuerdos de inversión. En total, se produjeron casi 800 reuniones.

Al igual que el pasado año, también se celebró un concurso en el que se entregaron dos premios de 3.000 euros a las 'startups' más destacadas en las categorías de fase semilla y fase en crecimiento. En este sentido, el director del Info, Joaquín Gómez, y la directora del CRC en Murcia, Marisol Teruel, hicieron entrega del galardón en la primera categoría a Irene Núñez, CEO de MiniTales, una app de cuentos infantiles personalizados. El premio en la categoría de crecimiento fue para David Lucas, CEO de Podoks, una marca de calcetines biomecánicos que mejoran la pisada, reducen el impacto y evitan las sobrecargas.

Asimismo, durante las dos jornadas durante las que se extendió el evento, se desarrolló un extenso programa de actividades, incluyendo ponencias y mesas redondas. El programa giró en torno a tres ejes clave: el futuro de la Inteligencia Artificial ('El futuro de la IA: más allá del hype'), las estrategias de financiación desde el punto de vista del inversor ('El inversor en el punto de mira. Estrategia de recaudación centrada en el inversor que realmente funciona') y el camino de las 'startups' hacia el ecosistema de Silicon Valley ('El manual de Silicon Valley. Todos los detalles y estrategias para alcanzar el sueño tecnológico').

Una convocatoria de ayudas por valor de un millón de euros

López Aragón aprovechó el foro para anunciar también la apertura de una nueva convocatoria de ayudas dotada con un millón de euros para facilitar la entrada de capital privado en startups regionales. Las solicitudes pueden presentarse en la sede electrónica del Info hasta el 31 de diciembre de 2026.

Esta nueva convocatoria de ayudas, cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), tiene como objetivo reforzar el acceso a la financiación privada de las 'startups' y multiplicar el efecto incentivador del capital inversor en la economía regional. Entrando más en detalle, esta dotación económica permite subvencionar hasta el cien por cien del gasto elegible según la tipología del proyecto, con un máximo de 180.800 euros por proyecto. Además de ello, se ofrece la posibilidad de presentar tres solicitudes por beneficiario, siempre y cuando se trate de proyectos empresariales y rondas de inversión diferentes.

“El emprendimiento tecnológico de la Región de Murcia está mostrando una capilaridad extraordinaria. Desde las tecnologías de la salud hasta la agrotecnología, pasando por un sector biotecnológico que cada vez alcanza un mayor peso específico, nuestras ‘startups’ están creciendo con una ambición global y con el respaldo decidido del Gobierno regional”, apuntó López Aragón.

El mundo del emprendimiento se cita este miércoles en la ciudad de Murcia. El Instituto de Fomento de la Región de Murcia organiza por cuarto año consecutivo el Día de la Persona Emprendedora-Work In Progress (Diape), un encuentro en el que se busca fomentar la cultura emprendedora y conectar a diferentes generaciones con el mundo de la innovación. En palabras de los organizadores, se trata de “una jornada repleta de inspiración y oportunidades para el ecosistema emprendedor de la Región de Murcia”.

Con respecto a ediciones anteriores, la de este año introduce una novedad significativa, y es que se estructurará en dos jornadas separadas: una por la mañana pensada para los más jóvenes, principalmente estudiantes y universitarios, y otra por la tarde dirigida a emprendedores, startups y agentes del ecosistema. El evento, que se celebrará en el Anexo del Auditorio Víctor Villegas, pretende ser un punto de encuentro que sirva para que los profesionales realicen networking, al mismo tiempo que se acerca la cultura emprendedora a las nuevas generaciones, ofreciendo talleres y actividades formativas para quienes desean iniciar su camino en el emprendimiento.

“La IA, la tecnología y las nuevas oportunidades nos llevan a otro nivel. Lo imposible dejó de serlo. Estamos en un cambio de era”, aseguran los organizadores. De entre los ponentes, destaca, por ejemplo, Aleks Sánchez, cofundador de la empresa Hawkers, cuyas gafas de sol son han conquistado a miles de personas. Otros nombres llamativos son el de Tenor Zapata que, además de cantar en teatros de renombre, también crea espectáculos innovadores en los que combina la música con el humor; el del actor murciano Javi Soto; el tatuador Eloy González; el CEO de Orga AI Marc Revert, un emprendedor mallorquín de apenas 16 años o la cofundadora de Komvida Organic Kombucha, la marca de kombucha ecológica líder en España, Beatriz Magro.

La mañana, para los “rookies”, la tarde, para emprendedores

El Día de la Persona Emprendedora-Work in Progress 2025 tendrá un horario de mañana y de tarde según el público al que esté dirigido. Así, la jornada de mañana, que tendrá lugar de 9:00 a 14:00 horas (con apertura de puertas a las 8:30 h), está especialmente dirigida a las edades más tempranas, es decir, a los centros educativos y universitarios de la Región de Murcia, según apunta la organización.

Por su parte, la jornada de tarde, de 16:30 a 20:30 horas -con apertura de puertas a las 16:30 horas-, está dirigida a emprendedores, startups y agentes del ecosistema. “Este bloque incluirá ponencias de interés, la entrega de los prestigiosos Premios INFO Emprendedor del Año y culminará con una cena-networking de 20:30 a 22:30 horas, un espacio ideal para la conexión y colaboración entre profesionales”, señalan desde el INFO. Además, el evento está cofinanciado por la Unión Europea, a través de los fondos FEDER.

La bienvenida al Diape 2025, a cargo del comunicador Fran Sáez, tendrá lugar a las 9:00 de este miércoles. Las ponencias de la mañana se ordenarán de la siguiente forma: Alicia Catalán, artista y creadora de Kalon Bay; Aleks Sánchez, de Hawkers, Marc Revert, de Orga AI y Nacho Fenollar, conferenciante, mago y fundador de Cardyo.

Por la tarde, a las 17:00, una nueva bienvenida a cargo de Fran Sáez dará el pistoletazo de salida a una nueva tanda de ponentes: Enrique Serrano, CEO de Hackrocks – una SaaS de formación práctica en seguridad digital-; Beatriz Magro, de Komvida Organic Kombucha y Tenor Zapata. Después, tendrá lugar la entrega de premios del INFO y una sesión de DJ y cóctel hasta el final del evento, previsto a las 22:30.

Aumenta la actividad emprendedora en la Región de Murcia

La Región de Murcia es tierra de emprendedores. El Informe Regional de Empresas Tech e Innovadoras 2024 sitúa al territorio como la séptima comunidad española en número de startups y la quinta en cuanto a volumen de facturación. En este sentido, la Región se sitúa en materia de emprendimiento tecnológico en el top ten de las comunidades españolas, ya que cuenta con 144 empresas tecnológicas que generan más de 1.900 puestos de trabajo de alta cualificación y crean una riqueza de 227 millones de euros.

“En la Región, este año se crean 8,6 empresas diarias frente a las 6,8 de la media nacional, lo que demuestra que nuestra hoja de ruta en materia de fomento del emprendimiento con un marcado perfil tecnológico, centrada en fortalecer la colaboración de todos los agentes que integran el ecosistema emprendedor regional, está dando frutos”, explica la consejera de Economía Social y Empresa, Marisa López Aragón.

Asimismo, según el Informe GEM 2023-2024, un estudio que analiza el emprendimiento en la Región de Murcia, la Tasa de Actividad Emprendedora Total (TEA) aumentó un 20% en la Región de Murcia en 2023, alcanzando un 6,1%. Unos datos que podrían reflejarse en la afluencia del Diape 2025, que en su edición de 2024 ya alcanzó los 3.000 asistentes, y este año no se espera menos. “El ecosistema emprendedor regional está en plena forma y WIP’25 lo demuestra”, opina la consejera. “Estamos cerrando una etapa con resultados visibles y preparando una nueva estrategia regional que fortalecerá todavía más la capacidad de los emprendedores para generar empleo y futuro”, añade. 

Calle Platería, 31, centro histórico de la ciudad de Murcia. Una boutique de juguetes sexuales llama poderosamente la atención del viandante, no por la naturaleza del establecimiento, sino por su localización. Este sex shop está situado en un yacimiento arqueológico del siglo XIII, concretamente, en el patio central de lo que en su día fue una casa árabe, donde aún se conservan los restos de una muralla de finales del siglo XII y principios del siglo XIII.

No es el único resto de la muralla que siglos atrás sirvió de defensa para la Mursiya en expansión de Ibn Mardanís, más conocido como Rey Lobo, que se encuentra escondido en un lugar asombrosamente cotidiano de la ciudad. En el conocido parking de La Glorieta, en el corazón de Murcia, también se pueden ver los restos de esta infraestructura defensiva islámica. Además, cuando cae la noche y empieza a apetecer una copa, se puede contemplar la muralla en algún que otro bar de la capital murciana.

Luis de Miquel Santed, director del Museo Arqueológico de Murcia, opina que, hasta hace no mucho, la ciudad no creía en su patrimonio histórico. “Durante décadas, se excavaba el solar y después se tapaba y se destruía”, apunta a elDiario.es el arqueólogo y museólogo, con una amplia trayectoria en el sector del patrimonio y del turismo. “Explotó el tema de San Esteban, pero simplemente porque iban a hacer un parking en una gran manzana vacía y salieron muchos restos. Cuando salían solamente unos pocos restos en un solar pequeño, se tapaba y se acabó”, añade.

En efecto, el yacimiento de San Esteban fue una excepción, situado además junto al palacio con el que comparte el nombre, sede gubernamental de la Región de Murcia. La excavación ayudó a llamar la atención sobre el patrimonio de origen islámico que predomina en la capital murciana, hasta entonces ignorado. “Parece que ahora están descubriendo en Murcia que tener un turismo cultural es una fuente de ingresos adicional y de buena imagen para la ciudad”, señala De Miquel. No siempre fue así.

Cartagena: una apuesta diferente al turismo de sol y playa

Para comprobarlo, basta una visita a la ciudad vecina de Cartagena. Con casi un millón de visitantes recibidos en el año 2024, la ciudad portuaria es bastante más popular entre los turistas que Murcia, que apenas superó el medio millón. El turismo de sol y playa y los cruceros justifican, en parte, la diferencia, pero la apuesta por el patrimonio cultural en Cartagena comenzó mucho antes, lo que le ha permitido jugar con ventaja.

De Miquel, que residió allí en la época, explica que, después de los años 90, con la desindustrialización, Cartagena se planteó reinventarse. En un destino turístico costero ya consolidado, especialmente en la zona La Manga, el turismo cultural surgió como una nueva herramienta “para cambiar una imagen de ciudad contaminada, militar, triste, abandonada…”. La competencia era feroz desde otros destinos de playa mucho menos costosos en el norte de África e, incluso, el Caribe. “Al principio no creían mucho, pero estaba la cosa tan mal que empezaron a poner dinero”, señala.

El turismo cultural se presentó entonces como un elemento diferenciador. Y el efecto bola de nieve no tardó en disparar la inversión en el patrimonio arqueológico de la ciudad, de fundación romana, hoy en día reconocida por yacimientos como el Teatro Romano o el Parque Arqueológico Cerro del Molinete. “A mí lo que más me costó fue hacer el primer proyecto moderno de musealización, que fue el Augusteum. Convencer de que invirtieran dinero en arreglar un sótano. Después de que eso saliera bien, los demás costaron, porque siempre cuesta, pero menos”, afirma el conservador de museos.

El patrimonio islámico, rezagado por razones ideológicas

De vuelta a la muralla emplazada en el aparcamiento subterráneo, tal vez las diferencias entre Murcia y Cartagena también puedan explicarse por el trato desigual que ha recibido históricamente el patrimonio de origen islámico con respecto al de origen romano. Si bien es cierto que la arqueología comenzó a desarrollarse en torno al período clásico y la exploración del patrimonio de época medieval en España no se dio hasta más tarde -salvo contadas y meritorias excepciones como la Alhambra o Medina Azahara-, hay quien cree que la política también juega un papel importante.

“Tradicionalmente fue así. Se le dio por razones ideológicas o culturales mucha más importancia al mundo clásico”, asegura a elDiario.es María Martínez, catedrática de Historia Medieval en la Universidad de Murcia (UMU). “No obstante, desde las últimas décadas la inversión en el patrimonio andalusí ha acortado distancia”, agrega, mencionando varios ejemplos, entre los que destacan las áreas arqueológicas del Castillejo de Monteagudo -antigua residencia del Rey Lobo, fundador de Murcia- y San Esteban, además del Centro de interpretación Madina Mursiya y algunos restos de la muralla. “Desde la perspectiva turística, en Murcia se ha hecho un importante recorrido en la capital con el señalamiento en el suelo de indicadores para ir recorriendo la antigua muralla andalusí y la localización de sus puertas”, apostilla.

En lo que va de año, el Ayuntamiento de Murcia ha destinado 20 millones de euros a labores relacionadas con la rehabilitación, la conservación y la puesta en valor del patrimonio local, coincidiendo con la celebración de los 1.200 años de la fundación de la ciudad por parte de Ibn Mardanís, según confirman fuentes del consistorio.

De todos los trabajos relacionados con el patrimonio andalusí ya mencionados por Martínez, destaca la partida presupuestaria de 2,2 millones de euros destinada a la puesta en valor del Parque Arqueológico de Monteagudo, que también recibe financiación estatal. Por otro lado, el Ayuntamiento de Murcia está enfocado en edificios más contemporáneos, como la recuperación de la Cárcel Vieja, construida en 1929, que se está rehabilitando como espacio cultural con un presupuesto de 3,78 millones de euros. Una cifra similar se ha destinado a rehabilitar el Mercado de Verónicas, también modernista.

Una inversión en arqueología muy inferior a la media nacional

Un estudio del Consejo Económico y Social (CES) de 2024 señala que el 17% de los turistas internacionales que recibe España tienen la cultura como principal motivo de la visita. Sin embargo, el peso de los turistas culturales es significativamente menor entre los turistas residentes que eligen un destino nacional (7,1%), y todavía más reducido para los que se dirigen a la Región de Murcia (3,4%). A esto hay que sumarle que el gasto medio por cada turista cultural que visita la Región de Murcia asciende a 291 euros, mientras que en otros destinos nacionales alcanza los 350 euros.

Otro factor destacado del informe es que el peso de la financiación pública que recibe la cultura recae especialmente en las corporaciones locales. En este sentido, la administración murciana realizó en 2021 un gasto de 46 euros por habitante por parte de los ayuntamientos y 20,4 euros por parte de la administración regional, cifras alejadas de los 71,5 euros por habitante liquidados por los ayuntamientos españoles y de los 32,4 euros de las comunidades autónomas.

El gasto en bienes y servicios culturales, concretamente en patrimonio, también fue inferior en Murcia que en España (79,2% frente al 58,2%). Destaca especialmente el escaso gasto público regional en yacimientos arqueológicos, de apenas un 0,4%, frente al 16,1% nacional. “Desde hace unos años, no hay ningún tipo de línea de subvención competitiva por parte de la Comunidad para pagar todas las excavaciones. Solamente, puntualmente, hay algún privilegiado que recibe dinero en alguna excavación, pero se puede contar con los dedos de la mano. Los demás, van haciendo pequeñas intervenciones con ayuda de los ayuntamientos”, detalla De Miquel, que lamenta que muchos yacimientos merecerían ser excavados y puestos en valor, pero no se hace por falta de dinero. “Solo se salvan las urgencias”, opina, como cuando una carretera o una obra va a afectar al yacimiento, y entonces se decide “qué medidas se pueden tomar y qué se puede salvar”.

Además, el patrimonio arqueológico español tampoco cuenta con excesivo apoyo del capital privado. Para De Miquel, el problema está en el modelo mediterráneo, que siempre ha priorizado la inversión pública, frente a un modelo anglosajón más generoso con las aportaciones privadas, donde las empresas pueden desgravar la mayor parte del desembolso que realizan. En España, asegura, a Hacienda le cuesta más renunciar a ese dinero, añadiendo que la moral anglosajona es “más estricta” a la hora de evitar situaciones de evasión fiscal. En consecuencia, en España “hay algo de mecenazgo, pero muy poco”: “Ir a buscar una empresa y pedir que te financie por amor al arte, en el modelo nuestro, no funciona”.

El turista internacional se sorprende

De Miquel cree que en las dos últimas décadas se ha avanzado mucho en la labor de publicitar el patrimonio histórico murciano y cartagenero fuera de las fronteras de la Región: “La campaña del Teatro Romano, que fueron años metiendo publicidad, ha hecho que, por lo menos, al turista ya le suene que hay algo en Cartagena. Se sorprende, pero ya viene preparado”. Pero, advierte, este es un modelo que no está exento de riesgos, ya que el patrimonio arqueológico debería importar per se, no solamente porque se quiera fomentar el turismo.

Si tuviera que elegir entre toda la oferta cultural de ambas ciudades, Angelica Masenadore, una profesora italiana que hizo turismo por la Región de Murcia en 2022, se quedaría con el yacimiento del Molinete, un antiguo foro romano situado en Cartagena. “Me gustó. Había paneles para informarse, para alguien como yo que no sabía nada sobre el tema. Pero también se podía hacer una exploración autónoma si ya se conocía la historia”, argumenta.

Para Alexander Kloss, un periodista alemán que visitó la Región durante la Feria de Murcia en 2024, fue sorprendente al principio enterarse de que la capital recibía menos visitantes que Cartagena. “Si estás interesado en la historia militar y la arqueología, Cartagena es muy interesante. Pero, si no tienes estos intereses, quizás no es atractiva para todos los tipos de turista. Murcia es más grande y es algo más fácil llegar”, explica a esta redacción.

“Las dos ciudades tienen algo que ofrecer a nivel cultural y han hecho un esfuerzo para mostrarlo”, añade. Además, cree que es bueno para una región que históricamente no ha sido muy turística que ambas ciudades tengan algo diferente que ofrecer, y asegura que tanto Murcia como Cartagena merecen una visita.

El Juzgado de lo Mercantil número 9 de Madrid ha condenado al Gobierno de la Región de Murcia a abonar a Sacyr, anterior concesionaria del aeropuerto de Corvera, 143,7 millones de euros por las inversiones que se habían realizado antes de que se le rescindiese el contrato en 2013, con unos intereses añadidos de 17 millones. El juez le ha dado la razón a Sacyr, y considera que no hay ninguna duda sobre la cuantía del crédito reclamado. Sin embargo, la mayor parte de esa cantidad volverá de nuevo a las arcas regionales que, en su momento, tuvieron que pagar un aval de 180 millones de euros para que se pudieran terminar las obras.

Desde Sacyr, sin embargo, han apuntado que se trata de una victoria “moral” que dura ya una década de sucesivos gobiernos del PP. Desde el Ejecutivo regional, por su parte, han anunciado que recurrirán la condena y han mostrado su “confianza” en que la Justicia revertirá su decisión.

El Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia, conocido popularmente como Aeropuerto de Corvera, que es la pedanía de la capital murciana donde está emplazado, cerró 2019 alcanzando 1,09 millones de pasajeros. Después llegó la pandemia y, desde entonces, la infraestructura ha sido incapaz de volver a mover un millón de viajeros.

A principios del mes de junio, tuvo lugar en la Asamblea Regional una Comisión Especial de Investigación sobre la liquidación fallida por daños y perjuicios en la construcción y explotación del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia. La sociedad concesionaria para su construcción, Aeromur, que está actualmente en concurso de acreedores, “no tiene nada” con lo que hacer frente a la liquidación por daños exigida por la Comunidad, que tendrá que desembolsar de sus arcas cerca de 400 millones de euros.

Así lo hizo saber a la comisión Miguel Sánchez Calero, administrador concursal de Aeromur, que calculó esa cantidad sumando 182 millones del aval que la Comunidad adquirió con la concesionaria, 212 en la liquidación por daños y otros seis por diferentes pleitos, tal y como expresó en su comparecencia. Dinero que todo parece apuntar a que la Comunidad Autónoma no recuperará.

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha presentado este lunes un decreto ley con medidas urgentes para la vivienda y la ordenación del territorio, que se aprobará el próximo jueves en el Consejo de Gobierno de la Región. El objetivo principal de la norma es promover la construcción de 25.000 viviendas asequibles en los próximos cinco años en la Región de Murcia, además de incluir medidas “pioneras” en España, como las primas de edificabilidad en solares afectados por restos arqueológicos.

El decreto ley incluye una decena de medidas que buscan ampliar el espectro de potenciales beneficiarios del plan de vivienda asequible, así como la agilización de los trámites burocráticos relacionados con la materia, entre otros. “Los jóvenes serán los grandes beneficiarios, porque este modelo está concebido para ellos”, ha destacado López Miras en rueda de prensa. Asimismo, la idea es que este decreto ley sirva de germen para la redacción de una nueva ley en materia de vivienda en el territorio murciano.

25.000 viviendas asequibles más y “primas de edificabilidad”

El Ejecutivo murciano quiere construir 25.000 viviendas asequibles en los próximos cinco años, un objetivo que considera “realista” y que “será posible con la implicación de todos los agentes” del sector. Del mismo modo, el decreto ley incluye un conjunto de medidas que persiguen simplificar la burocracia, como la declaración de urgencia de todos los trámites administrativos con el nuevo modelo de vivienda asequible que, según López Miras, permitirá reducir el tiempo de concesión de una licencia “a la mitad”.

Otra medida introducida, que el presidente autonómico ha calificado de “pionera a nivel nacional”, consiste en una prima de edificabilidad de hasta el 40% siempre que el inmueble resultante sea destinado a vivienda protegida en su totalidad. En los casos en los que el solar se encuentre afectado por restos arqueológicos o elementos protegidos, esa prima se podrá aumentar a un 50%. “En numerosas localidades de nuestra región, la historia permanece, y es nuestro deber que ese patrimonio se conserve y se proteja. Y logramos hacerlo compatible con construir viviendas asequibles en esos lugares, para que solares abandonados sean a partir de ahora hogares habitados”

Además de las medidas mencionadas, la norma contempla cambios que permitirán incorporar suelo residencial de forma más rápida, la compatibilidad de equipamientos y vivienda protegida -salvo en el caso de los equipamientos vacantes sanitarios y educativos-, la modificación del uso de oficinas o locales en planta baja a vivienda protegida o propuestas de coliving y cohousing. Estas medidas coyunturales tendrán una temporalidad de dos años para solicitarlas y tres más para implantarlas, según añaden fuentes gubernamentales autonómicas.

Un decreto ley pensado para la clase media

Este nuevo plan de vivienda asequible está principalmente orientado a facilitar el acceso a un inmueble a los jóvenes y a las familias de rentas medias, según ha explicado López Miras. Así, los posibles beneficiarios podrán contar con una renta anual de hasta 6,5 veces el IPREM, es decir, 54.000 euros. Miras ha incidido en que es la cantidad establecida “como norma general”, aunque también asciende a más del doble del salario medio de la Región de Murcia en 2023, que apenas superó los 25.000 euros.

En comparación con una ayuda estatal, como es la línea de avales ICO, la normativa murciana contempla como beneficiarias a rentas superiores en casi 17.000 euros anuales a estos avales gestionados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, que se limitan a rentas de hasta 4,5 veces el IPREM. “Se trata de un modelo más flexible, capaz de ofrecer viviendas a precios limitados, vinculados a criterios objetivos, que resulten realmente accesibles para jóvenes, familias de clase media y personas mayores que buscan una solución adaptada a su etapa vital”, ha agregado el presidente autonómico.

Además, el precio máximo de venta de la vivienda protegida en la Región de Murcia, referido al metro cuadrado construido, será de 1.840 euros. “Actualmente, el precio máximo de 1.655 euros no hace viable la promoción de vivienda protegida, mientras que con esta actualización se busca un precio límite que permita cubrir los costes de construcción, con el fin de que se recupere la oferta de vivienda protegida”, han señalado fuentes del Gobierno murciano.

“Esta norma sitúa a la Región de Murcia en la vanguardia de las políticas de vivienda. Marcará un antes y un después, con el gran reto de superar la rigidez del sistema actual”, ha afirmado el jefe del Ejecutivo regional.

La reforma del sistema de financiación autonómica vuelve a estar sobre la mesa de debate. “Ya toca”, dijo el presidente del Gobierno el pasado domingo durante la Fiesta de la Rosa del PSC en Gavà. “Lo vamos a hacer en esta legislatura: vamos a plantear un nuevo sistema de financiación autonómica, que será bueno para Cataluña, como lo será para el conjunto de pueblos y territorios de nuestro país”, explicó, ya cuando se acercaba al final de su discurso.

La financiación autonómica suele estar en boca de todos los gobiernos territoriales, pero en pocos lo hace con tanta frecuencia como en la Región de Murcia. Es, sin lugar a duda, uno de los 'temas estrella' en la agenda política regional, y hay motivos para ello: la Región es la comunidad peor financiada del territorio nacional, tal y como recoge un estudio de Fedea con datos recopilados por el economista Ángel de la Fuente.

Según el informe, los murcianos recibieron 3.120 por cabeza en 2023 del sistema de financiación autonómico, un 23% menos que la comunidad que suele ser la mejor financiada, Cantabria, que recibió 4.077 euros per cápita. Añade el estudio que la diferencia entre ambos territorios se ha incrementado, además, en comparación con el año anterior, concretamente un 6,6%. El motivo que señala es un mayor crecimiento de las asignaciones recibidas por Cantabria que de las asignaciones recibidas por la Región de Murcia.

Una demanda histórica

Para muchos territorios, tradicionalmente perjudicados por el sistema actual de financiación -como Murcia o la Comunidad Valenciana-, su reforma es una demanda histórica. “La Región de Murcia siempre ha defendido la urgente necesidad de abordar esa reforma, y creemos que el nuevo modelo tiene que ser un modelo justo, equilibrado, suficiente y solidario y, por supuesto, tiene que ser fruto de las negociaciones multilaterales”, asegura a elDiario.es el consejero de Economía y Hacienda de la Región de Murcia, Luis Alberto Marín.

El pulso de los populares con el Gobierno central por la financiación autonómica también viene de largo. Sánchez ya había acusado hace un par de semanas a las comunidades autónomas gobernadas por el PP de desviar fondos estatales para favorecer a “unos pocos”. Marín cuestiona ahora el anuncio de Sánchez del domingo pasado. “Ha tenido ya siete años para llevar a cabo esta reforma. En el año 2020, de hecho, Sánchez se comprometió a modificar el modelo en un plazo de ocho meses”, apunta.

La infrafinanciación y el endeudamiento, ¿siempre de la mano?

Marín defiende que el sistema actual trata a los murcianos como “ciudadanos de segunda”: “Este modelo, simplemente, niega a los ciudadanos de la Región los recursos necesarios para tener los servicios públicos de calidad que merecen sin que la Región tenga que endeudarse”. A fecha de 31 de diciembre de 2024, la comunidad autónoma acumulaba una deuda de 13.518 millones de euros, un 31,5% de su PIB según datos del Banco de España. Marín achaca a la infrafinanciación un 95,5% de la deuda regional, citando un informe del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) con datos del año 2022.

Sin embargo, no todos los expertos están de acuerdo. Fernando Sánchez Martínez, doctor en Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Murcia e investigador del modelo de financiación autonómica, cree que es mucho más complicado de cuantificar el porcentaje de endeudamiento que deriva directamente de la infrafinanciación. En declaraciones a esta redacción, explica que si se hace referencia a la infrafinanciación “relativa”, que es la que Murcia recibe desde hace décadas en un volumen inferior a la media nacional por habitante “ajustado” -teniendo en cuenta factores como la edad-, podría ser responsable de entre un 30% y un 50% de la deuda total.

A esto, añade que muchos expertos consideran que todas las comunidades autónomas han experimentado problemas de infrafinanciación, al haber percibido en los últimos años menos recursos de los requeridos para hacer frente a sus necesidades de gasto, especialmente desde la crisis del 2008. “Esta supuesta infrafinanciación global es mucho más difícil de cuantificar y podría explicar un porcentaje adicional del aumento de la deuda pública de la comunidad murciana”, afirma.

La condonación de la deuda, un “parche”

En esta insuficiencia de recursos derivada de la crisis se fundamenta, precisamente, la polémica condonación parcial de la deuda autonómica aprobada por el Ejecutivo nacional a principios de mes que, para el gobierno murciano, no es más que “un parche que no soluciona el problema real”.

Por su parte, Sánchez Martínez habla de “riesgo moral” y de pérdida de incentivos por parte de las comunidades autónomas para realizar “una gestión prudente y disciplinada de sus haciendas públicas”. “El procedimiento para el cálculo de la cifra agregada contiene elementos de una cierta arbitrariedad y es, cuanto menos, discutible”, continúa el experto. Se refiere al criterio que garantiza que el importe de la “quita” alcance un mínimo del 19% de la deuda total en todos los territorios que, para él, parece encaminado a “favorecer a ciertas comunidades” con una elevada deuda, como, por ejemplo, Cataluña.

No obstante, teniendo en cuenta el alivio financiero que supondría aceptar la condonación -más de un cuarto del endeudamiento total en el caso de Murcia-, sería difícil entender que no se aceptase. “Aceptarla es compatible con señalar las deficiencias del procedimiento seguido y las inequidades del reparto acordado”, señala Sánchez Martínez.

El incumplimiento de la regla del gasto y la moderada política fiscal en la Región

Pero las arcas públicas murcianas no solo se ven afectadas por el incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria derivada de la infrafinanciación. Entre 2015 y 2019 y también en el año 2024, la Región ha incumplido la regla de gasto, según la AIReF. Su gasto computable creció el año pasado un 5,2%, superando la tasa máxima de referencia del 2,6%. El organismo apunta en su informe a un aumento de los gastos corrientes “especialmente significativo, fundamentalmente en el ámbito educativo y sanitario”. Para Sánchez Martínez, el incumplimiento de la regla de gasto es “responsabilidad única del Gobierno regional”.

El economista incide en la idea de que la Región de Murcia no posee indicadores que sugieran que sus servicios públicos, como la Sanidad o la Educación, funcionen mejor que en otros territorios españoles para justificar ese consumo de recursos. La buena noticia es que, en el primer semestre de 2025, la Región de Murcia ha logrado reducir su déficit, que se ha situado en 568 millones de euros frente a los 747 millones del mismo periodo de 2024, algo que Marín califica de “histórico”.

Otra crítica que suele recibir el Ejecutivo murciano es su moderada política fiscal, ya que la renuncia a una potencial recaudación impositiva mientras se sufre de infrafinanciación es, para muchos, contradictoria. “Temeraria”, incluso, según Sánchez Martínez, que cree que el Gobierno regional debería extraer el máximo rendimiento posible de sus bases impositivas, limitando las reducciones y deducciones fiscales. Aunque también reconoce que evitar las rebajas fiscales por las que aboga el departamento que dirige Marín no solucionaría el problema. “La moderación fiscal permite a las familias, a los trabajadores, a los autónomos o empresas disponer de sus recursos, y esto aumenta el consumo y la inversión”, defiende el consejero, algo que para Sánchez Martínez es “una falacia”.

Un nuevo modelo de financiación más justo

Lo que sí parece evidente es que el argumento de mantener el dinero en el bolsillo de los murcianos cuenta con el apoyo de una amplia mayoría de ellos. Otro punto en el que todos parecen coincidir, incluido el presidente del Gobierno, es en la necesidad de reformar el sistema de financiación autonómica. José Carlos Sánchez de la Vega, profesor de Economía Aplicada de la UMU y representante del Gobierno regional en el comité de expertos que debatió la reforma ya en 2017, cree que el nuevo modelo debería ser “más sencillo y transparente”. “La aplicación de los fondos que componen el actual -garantía, suficiencia, competitividad y cooperación- genera una distribución muy desigual que, además, no responde a un criterio claro”, explica a elDiario.es. También aboga por eliminar la cláusula de statu quo y por que las Comunidades forales realicen una aportación a la nivelación interregional.

“Si tú lo que quieres es compensar a las comunidades que reciben financiación por debajo de la media, una de dos, o pones más recursos sobre la mesa para que alcancen la media, o les quitas recursos a las otras”, reflexiona Sánchez Martínez. Es de esperar, añade, que la segunda opción cuente con la oposición de los territorios que salen beneficiados con el actual sistema de reparto.

“El nuevo modelo tiene que corregir esas situaciones, disponer de suficientes recursos y ser equitativo. Y en eso estamos de acuerdo todas las comunidades autónomas”, añade Marín. No piensan lo mismo en la Moncloa. Fuentes del Ministerio de Hacienda indican a esta redacción que cada comunidad autónoma gobernada por los populares propone algo distinto y contradictorio con otros territorios del mismo signo político. Asimismo, instan al PP a que diga abiertamente qué modelo de financiación quiere y defiende, y aseguran que ya trabajan en poner en marcha el nuevo sistema, que “ampliará la autonomía de las comunidades autónomas, reforzando la corresponsabilidad fiscal y garantizando la solidaridad interterritorial”. La fecha, no obstante, sigue en el aire.

La empresa familiar sostiene la economía española: 9 de cada 10 empresas españolas se constituyen en torno a una familia, un dato que se replica en la Región de Murcia. El próximo 26 de septiembre, las empresas familiares murcianas se citan en el Auditorio Víctor Villegas de Murcia en la quinta edición del Foro AVANZA–Empresa Familiar. Organizado por el Instituto de Fomento de la Región de Murcia (INFO) en colaboración con la Asociación Murciana de la Empresa Familiar (AMEFMUR), su principal objetivo es abordar los principales retos, valores y oportunidades que comparten y afrontan las familias empresarias en la actualidad.

Ponentes de primer nivel abordarán temas clave como la sucesión o el equilibrio entre empresa y familia en un punto de encuentro que pretende servir de inspiración y dar lugar al networking. Con motivo del evento, la consejera murciana de Empresa, Empleo y Economía Social realiza junto a ElDiario.es una fotografía de la empresa familiar murciana, en la que aborda sus retos, objetivos, amenazas y perspectivas de futuro.

¿En torno a qué temas va a girar el Foro Avanza Empresa Familiar el próximo 26 de septiembre en el auditorio Víctor Villegas?

Abordaremos los principales desafíos y oportunidades que en el actual contexto enfrentan las empresas familiares en nuestra Región. Hablaremos de nuevos nichos de negocio en sectores vinculados a la defensa y la seguridad, eficiencia energética y ahorro hídrico, autonomía estratégica, pero también de simplificación de la burocracia, innovación, relevo generacional, financiación, internacionalización y profesionalización de la gestión empresarial. Será un espacio donde las empresas familiares murcianas puedan compartir experiencias, adquirir conocimientos prácticos y establecer redes de colaboración que fortalezcan el tejido económico regional.

¿Cuál es el principal objetivo del encuentro?

En primer lugar, crear un foro para la reflexión, el análisis y la búsqueda de respuestas a los enormes retos que se plantean en la actualidad. Retos a los que, por supuesto, las empresas familiares no son ajenas. Y en segundo lugar, permitir que las empresas familiares de la Región de Murcia, que son el motor de nuestra economía, se enfrenten a sus retos con mejores herramientas.

En una Región en la que 9 de cada 10 empresas son familiares, ¿qué líneas de ayuda maneja el Gobierno regional para contribuir al crecimiento de un segmento tan determinante de la economía?

Dada la importancia de las empresas familiares en el tejido productivo regional, podemos afirmar que las políticas de dinamización económica que desarrollamos, que tienen como ejes de acción el impulso de la innovación, la internacionalización y el emprendimiento tecnológico, con el objetivo último de mejorar la competitividad de la economía regional, encuentran en este tipo de empresas sus principales beneficiarios. Si a ello sumamos los avances que nos sitúan a la vanguardia en simplificación administrativa, y la apuesta por la moderación fiscal, comprobaremos cómo ese clima de libertad económica por el que lleva apostando el Gobierno de Fernando López Miras desde hace años es viento de cola para que las empresas familiares generen gran parte de la riqueza y empleo que hace de nuestra Región una comunidad líder en crecimiento del PIB y creación de empleos, año tras año.

La empresa familiar tiende a mostrar más resiliencia que otro tipo de sociedades y, por lo general, se resiste más a echar el cierre. ¿Por qué cree que sucede esto? Teniendo en cuenta que también conlleva riesgos, como el endeudamiento, ¿es algo positivo, en líneas generales?

La resiliencia de la empresa familiar se basa en un fuerte compromiso con el proyecto, la visión a largo plazo y la implicación personal de los propietarios. Esto les permite superar crisis económicas o coyunturas adversas con mayor firmeza. Por ello, es clave la planificación estratégica y la gestión profesionalizada. Y, en este sentido, me gustaría destacar que, junto con AMEFMUR, hemos puesto en marcha una iniciativa pionera- el Cheque Relevo- que actualmente y hasta finales de año tiene abierta una convocatoria de 200.000 euros, para que las empresas familiares de la Región de Murcia garanticen el relevo generacional. Lo hacemos con ayudas que permiten acceder a subvenciones de hasta 10.000 euros, para poder realizar consultorías enfocadas a la elaboración de un Protocolo Familiar, que garantice ambos extremos, planificación estratégica a futuro y profesionalización.

¿Cuáles son las principales amenazas externas a las que se enfrentan actualmente las empresas familiares en la Región de Murcia?

En general son comunes a los que experimentan el conjunto de entidades que integran nuestro tejido productivo. Factores exógenos y endógenos, que dificultan el día a día de las empresas y, a veces, ensombrecen su futuro. Me refiero, por ejemplo, a la situación geopolítica internacional que estamos viviendo, que provoca volatilidad e incertidumbre en el mercado global; y también a la situación interna de debilidad y parálisis del Gobierno de la Nación que, unido al ascenso de la presión fiscal y los costes sociales, convierten en todo un reto levantar la persiana. También son retos importantes los desafíos tecnológicos y la necesidad de adaptación a nuevas tendencias de consumo.

De entre todos los retos a los que hacen frente las empresas familiares, ¿en cuál se ha logrado avanzar más durante los últimos años y cuál es la gran asignatura pendiente?

Hemos avanzado de manera significativa en la profesionalización de la gestión y la planificación de la sucesión generacional. La gran asignatura pendiente sigue siendo la digitalización completa y el acceso a mercados globales para las empresas más pequeñas, que a veces carecen de recursos para dar el salto. Para ello, desarrollamos un conjunto de líneas- algunas pioneras en el conjunto de nuestro país, como las líneas de apoyo a startups, a través de las cuales apoyamos a las empresas familiares a avanzar en desarrollo tecnológico y acceso a mercados de todo el mundo, a partir, como he señalado anteriormente, de la innovación, la apuesta por el talento y la internacionalización.

Por último, ¿cómo se imagina el futuro de la empresa familiar en la Región de Murcia?

Soy optimista. Optimista bien informada. El talento de generaciones y generaciones de grandes empresarios familiares en la Región alimenta la certeza de que la empresa familiar seguirá siendo el pilar de nuestra economía, adaptándose a los cambios del mercado y apostando por la innovación y la sostenibilidad. Con apoyo institucional, formación continua y visión a largo plazo, veremos empresas familiares más competitivas, resilientes y capaces de generar empleo de calidad, contribuyendo al desarrollo económico y social de nuestra Región durante las próximas décadas.

Corría el año 2010 en un reputado instituto del centro de Murcia. Ruano, como lo conocían todos, tenía 15 años y continuaba en 2° de la ESO, después de repetir curso dos veces. Los pocos días que aparecía en clase, se sentaba siempre en la última fila. Eso sí, nunca los jueves, ya que tenía que echar una mano a su familia en el mercado, donde tenían un puesto. En cuanto cumplió los 16 años, Ruano desapareció del aula.

Han pasado 15 años y la historia se sigue repitiendo, una y otra vez, de forma incansable. La Región de Murcia tiene la tasa más alta de abandono escolar de toda España. Los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) recopilados por Funcas estiman que se sitúa en un alarmante 20,6%, muy superior al 12,6% del conjunto nacional. Por situarlo en perspectiva, el mejor resultado, del País Vasco, es del 3,8%.

La estadística mide el porcentaje de jóvenes de entre 18 y 24 años que no ha finalizado Bachillerato, FP Media o FP Básica y que no ha realizado ninguna formación en las últimas cuatro semanas. Quizás lo más preocupante es que, lejos de disminuir, la tasa ha aumentado en la Región de Murcia desde el año 2023, cuando se situó en un 19,2%. En España, por el contrario, sí se ha reducido, ya que en 2023 ascendía al 13,7%.

Miguel formaba parte de esa estadística hasta hace no mucho. Ahora, a sus 26 años, recuerda algunas anécdotas de la Secundaria. Como cuando el profesor de Historia se acercó a entregarle un examen que había suspendido y le dijo, con un par de golpes amistosos, “qué buena espalda tienes para cargar cemento”. “Me lo tomé a broma. Qué iba a hacer, si suspendía todos los exámenes”, cuenta a este diario. No fue la única vez que un docente le reprochó sus malos resultados académicos de forma irrespetuosa, pero sí es la que más se le ha quedado grabada. Al terminar la ESO, probó suerte en Bachillerato, pero no duró. “Vi que no me gustaba”, explica, aunque siempre estuvo tranquilo, porque seguir estudiando no siempre es el camino. Ese mismo año, comenzó a aprender a desenvolverse en el negocio familiar, y no tardó en complementar ese trabajo impartiendo clases de judo.

Aunque la tasa de abandono educativo temprano -un indicador de la Unión Europea- incluye también a los jóvenes que sí terminan la ESO, otros no lo consiguen. “El entorno y la implicación de los padres hace mucho. Sobre todo, cuando tienen situaciones familiares complejas y hay desatención”, opina Manuel González, profesor de Geografía e Historia. Destinado en un centro de Cartagena, tuvo clases donde el absentismo se daba en un 40% de los alumnos. Recuerda un caso de un alumno especialmente conflictivo, que siempre salía amonestado de las pocas clases a las que acudía. Las malas compañías en la calle hicieron el resto, y confiesa que muchos suspiraron aliviados cuando el absentismo derivó en abandono. “Cuando dejó de venir, desapareció un problema muy grande en el instituto. Y, a pesar de ello, tuvimos reuniones y la jefatura de estudios luchó mucho por este alumno. Pero si la familia no ayuda, es imposible”, admite.

La brecha entre la pública y la concertada se ceba con los alumnos extranjeros

Un informe publicado por Save the Children en 2024 concluyó que la Región de Murcia es la comunidad autónoma donde el perfil socioeconómico del alumnado difiere más entre la escuela concertada y la escuela pública. A nivel europeo, España replica el puesto de Murcia a la cabeza de la desigualdad. Además, la Región de Murcia es el territorio donde más ha aumentado el porcentaje de matriculados en la concertada en los últimos años. Por último, cabe destacar que el porcentaje de alumnado extranjero es tres veces mayor en la escuela pública que en la concertada murciana, la segunda cifra más alta del país después de Melilla.

La postura del Gobierno regional siempre ha sido clara al respecto: la escuela concertada “garantiza la libertad de elección de centro por parte de las familias”. De hecho, el presupuesto destinado a la concertada en 2025 alcanzó los 320 millones de euros, casi un 18% del total del gasto en Educación. Expertos del sindicato educativo STERM aseguran a esta redacción que este modelo de elección de los centros “beneficia la guetificación”: “Debido a que los centros concertados en muchas ocasiones piden aportaciones, uniforme o son religiosos, las familias con un nivel socioeconómico menor o migrantes acaban en la pública y se crean centros de primera y de segunda categoría”.

Asimismo, los alumnos que no poseen la nacionalidad española suelen acabar fuera del sistema educativo antes de tiempo. Según datos del Consejo Escolar de la Región de Murcia referentes al curso 2022-23, el porcentaje de alumnos de origen extranjero en la ESO fue de un 14,7%, mientras que en Bachiller cayó a un 6,5%.

Protocolos contra el absentismo y prevención del abandono

Actualmente, el Gobierno murciano lucha contra el abandono escolar a través del III Plan Regional para la prevención e intervención en Absentismo Escolar y reducción del Abandono Educativo Temprano (2024-2028). Fuentes de la Consejería aseguran a esta redacción que el plan incluye 66 medidas que afectan a 81.000 alumnos, entre las que destacan un incremento de las plazas de Formación Profesional -con especial hincapié en los grados básico y medio-, programas de integración de los estudiantes que empiezan Secundaria y los que repiten asignaturas y el plan 'SupéraTE', que contempla tutorías con grupos reducidos para reforzar la formación en lengua y matemáticas. La Consejería también está fomentando la implantación de los cursos de primer ciclo de la ESO en colegios que tengan espacio para ello, especialmente en zonas rurales y con alumnos en situación de vulnerabilidad.

Los centros también cuentan con el Programa de Prevención e Intervención en Absentismo Escolar y Reducción del Abandono Educativo Temprano (PRAE), que pone el foco en la detección temprana de las conductas absentistas en el ámbito escolar. El equipo directivo del CEIP Luis Costa de Murcia explica a esta redacción cuál es el protocolo de actuación si se detecta que un alumno está faltando a clase de forma injustificada, que se ha renovado precisamente a principios de este año. Una ausencia mensual en el 10% de las clases ya se considera absentismo leve; entre el 20% y el 50%, absentismo grave; faltar a más del 50% de las clases, sería muy grave. Además, la normativa ampara la duda del docente, es decir, cuando no le convence la justificación de la ausencia o piensa que puede no ser real. El absentismo se cuela ahora en las sesiones de evaluación y, según el equipo directivo del centro, la nueva norma contempla actuaciones más tempranas contra el problema.

La importancia de invertir en educación

Muchos expertos coinciden en que el abandono escolar se combate con más inversión. Y es que el gasto en educación por alumno en Murcia es de los más bajos del país: concretamente, según un estudio de la Fundación Ramón Areces con datos de 2021, el gasto murciano es el segundo más bajo de España, con 5.477 euros por alumno, solo por detrás del de la Comunidad de Madrid, de 5.030 euros. La organización también apunta a que, entre 2013 y 2021, la Región de Murcia es la comunidad que menos ha incrementado este gasto, concretamente en 1.251 euros, un 25,3%. El País Vasco, con la menor tasa de abandono, es la comunidad que más gasta, con 7.857 euros por alumno.

Desde el sindicato STERM coinciden en que, si bien el presupuesto murciano en Educación ha aumentado en los últimos años, “lo ha hecho a remolque del aumento de la población, por lo que no ha sido suficiente para revertir los recortes arrastrados desde la crisis”. A ello añaden que las plantillas de los centros y las ratios se mantienen desde el año 2012 en Primaria y 2016 en Secundaria, y que los alumnos con Necesidades Específicas de Aprendizaje no computan más a la hora de calcular esas ratios, lo que provoca que “no puedan ser atendidos adecuadamente”.

“La mayoría de las partidas para atención a la diversidad, para el refuerzo de las plantillas y para la modernización de los centros y de las metodologías proviene de Europa”, aseveran fuentes del sindicato, agregando que la Consejería no puede modificar el fin para el que se aprueban estas ayudas. Esta falta de financiación estable para la educación pública y otros factores socioeconómicos, como pueden ser las altas tasas de pobreza infantil, un paro más elevado que la media nacional y los bajos salarios de la Región de Murcia justifican, en su opinión, las altas tasas de abandono escolar. “Si no se garantiza el ascensor social, difícilmente un estudiante podrá superar la situación económica y sociocultural de su familia”, concluyen.

Las matemáticas no mienten y, muchas veces, la economía se reduce en consecuencia a porcentajes que suben y bajan, determinando si las cosas van bien o no. La realidad es un tanto más compleja, e incluso existen grandes volúmenes de capital que escapan a esta lógica. El mejor ejemplo es lo que se conoce como economía sumergida. El comúnmente llamado “dinero negro” es difícil de cuantificar, y la reticencia de quienes lo manejan a hablar de ello lo hace aún más complicado. No obstante, todo el mundo es consciente de que existe y muchos han estado en contacto con él, ya sea en ese bar donde no aceptan pagos con tarjeta o en esa empresa donde las horas extra se pagan en efectivo.

Un estudio de octubre de 2024 de la Universidad de Murcia (UMU) y el Consejo Económico y Social en la Región (CES) trató de medir, a través de un modelo estadístico, la economía sumergida en porcentajes, obteniendo un 15,8% del total del PIB en el caso de España y un 17,4% en el caso de la Región de Murcia.

El catedrático de Economía Aplicada José Colino, al frente del informe, no cree que los números actuales difieran mucho de aquellos del año 2022, la fecha más reciente incluida en el estudio. La principal conclusión que extrae, según cuenta a esta redacción, es que la economía sumergida se ha contraído desde el año 2004. En el caso concreto de la Región de Murcia, la reducción ha sido de cuatro puntos porcentuales y medio, y en el de España, de 6,1.

A pesar de ello, los números no dejan a nadie indiferente. Con un margen de error del 10% en su estimación, el estudio valora el volumen de la economía sumergida murciana entre un mínimo de 5.600 millones de euros y un máximo de 6.900 millones. La primera cifra, según los autores del análisis, corresponde a 8.500 euros anuales defraudados por cada murciano. La segunda, es prácticamente igual al crédito inicial del total de gastos del presupuesto liquidado de la Región de Murcia en 2022, triplicando el gasto en sanidad, el más relevante de todo el conjunto.

“Hay un patrón geográfico nítido en relación con la implantación de la economía sumergida en España. Las regiones meridionales, Canarias incluida y con la salvedad de la Comunidad Valenciana, presentan niveles superiores a los vigentes en las septentrionales”, aseguran los autores del estudio. Así, la Región de Murcia forma parte de un grupo de cinco comunidades, encabezado por Canarias y Andalucía, con registros semejantes y superiores a la media nacional, en el que también se encuentran Extremadura y Castilla-La Mancha.

Murcia, a la cabeza en irregularidades laborales

La Región de Murcia es la comunidad donde el mayor número de investigaciones llevadas a cabo por Hacienda terminan en infracción laboral, y la segunda después de Catalunya donde mayor es su incidencia con respecto al total de la población activa, según concluye el informe. Sin embargo, los autores destacan que, del 28,4% de ocupados en el sector privado del país que decían no estar dados de alta en la Seguridad Social -la infracción más habitual en el histórico- en 1995, se ha pasado al 10,7% en 2023.

Pese a ello, hay sectores productivos en los que la economía sumergida es una realidad difícil de ignorar. Entre los más afectados, la agricultura, los trabajos del hogar o la hostelería. Es el caso de Lucía, que lleva décadas trabajando como empleada del hogar en Murcia sin estar dada de alta en la Seguridad Social. “Lo hago para que no me quiten una pensión que llevo años cobrando”, apunta a este diario, pidiendo conservar el anonimato.

Y es que existe un grupo de actividades terciarias, según explica Colino, en los que la no cotización a la Seguridad Social es todavía más habitual que en la hostelería y la agricultura. “Cada una de ellas parece irrelevante, pero todas ellas, en términos de empleo, sí lo son: gimnasios, peluquería y similares, fisioterapia, todo tipo de clínicas privadas, cuidados de niños y ancianos… Todos los indicios conducen a concluir que en este grupo heterogéneo de actividades el fraude laboral alcanza sus mayores cotas”, afirma.

¿Cuál es el perfil más propenso a incurrir en este tipo de actividades? “La mujer migrante”, señala José María Mollinedo, secretario general del Sindicato de Técnicos de Hacienda (GESTHA), en declaraciones a este diario. El estudio, además de a los migrantes, también apunta a los parados de larga duración, los jóvenes que abandonan sus estudios y los trabajadores del hogar.

La solución pasa por la voluntad política

Mollinedo no cree que la economía sumergida se haya reducido drásticamente estos últimos años. Su teoría es que, cuanto más crece la economía, mayor es el fraude, y lo contrario sucede durante las crisis. “Las cifras de economía sumergida, aproximadamente, vienen siendo las mismas de forma habitual. De hecho, cada año se descubre más fraude tributario y eso no quiere decir que cada año se esté reduciendo la economía sumergida”, señala.

Para él, el problema se soluciona “con voluntad política”. Para ello, enumera cuatro medidas que podrían ayudar a combatir el fraude laboral: estudios periódicos independientes para cuantificar el volumen de la economía sumergida, una mayor colaboración con las administraciones territoriales, un aumento de la plantilla de técnicos e inspectores de Hacienda -asegura que están al 40% del total de la media de los países de la zona euro- y, por último, un reparto diferente de las funciones dentro de la propia plantilla.

Y es que, según Mollinedo, el 85% de la plantilla en la Región de Murcia solo tiene permitido por ley investigar fraude en empresas que facturan hasta diez millones de euros, por lo que solo queda el 15% restante para investigar a las grandes empresas. Ese 15% lo conforman lo que se conoce como inspectores de Hacienda: hay 48 en la ciudad de Murcia y ninguno en el resto de la Región, según GESTHA. “Cuanta más plantilla haya, más fraude se descubre y la propensión al fraude disminuye”, explica.

Colino coincide en la necesidad de dotar de más recursos a Hacienda, además de mejorar la coordinación e intercambio de información entre las administraciones públicas. A ello añade campañas de sensibilización ciudadana y una simplificación de los trámites administrativos y burocráticos que faciliten el “comportamiento normativo”.

Un plan regional de lucha contra la economía sumergida

El catedrático de la UMU asegura que todas estas propuestas se pusieron sobre la mesa el año pasado con el objetivo de que el Gobierno murciano desarrollara un plan de lucha contra la economía sumergida. Fuentes de la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social confirman a este diario que ese plan se está ultimando, con la participación de representantes de la patronal y organismos e instituciones implicados, como la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y la Agencia Tributaria de la Región de Murcia.

El plan, según la Consejería, “contemplará medidas destinadas a paliar los efectos adversos de la economía sumergida que permitan reducir la economía irregular, aumentar la formalización del empleo, mejorar la recaudación fiscal, incrementar la competitividad empresarial, mejorar la calidad del empleo y lograr mayor equidad en la carga tributaria”.

“La dimensión del fraude laboral y fiscal sigue siendo muy alta”, señalan por su parte los autores del estudio del CES y la UMU, que fue encargado precisamente por la Consejería de Empleo. Para los expertos, el cumplimiento fiscal y laboral se rige por un contrato que implica derechos y obligaciones por parte de los contribuyentes, pero también por parte de las administraciones públicas. ¿Cómo exigir un estricto cumplimiento de las obligaciones fiscales a la ciudadanía cuando buena parte de la misma cree que sufre una sobrecarga de impuestos debidos, en parte, a que los poderes públicos son incapaces de reducir el peso en el sistema de aquellos que los evaden?, se preguntan.

Pocos temas desatan más la polémica en la ciudad de Murcia que la movilidad. La medida estrella del breve paso del PSOE por el Ayuntamiento de Murcia fue, sin lugar a dudas, un proyecto relacionado con la movilidad sostenible en el municipio. Los socialistas lo pusieron en marcha tras una moción de censura que les permitió recuperar el consistorio murciano en 2021, después de 26 años. Su principal objetivo, consolidar un modelo de ciudad más sostenible, en línea con las directrices y objetivos verdes de la Unión Europea, apostando por el transporte público y otras formas de desplazamiento más limpias que el coche privado.

Un proyecto tan ambicioso como controvertido, que desató la polémica entre la ciudadanía y provocó las críticas de la oposición por algunas de sus medidas. El PP no tardó en recuperar el consistorio en los siguientes comicios, y la guerra plenaria de reproches se tradujo en obras y obras en las calles murcianas, mientras unos trataban de deshacer lo hecho por otros sin todo el éxito que prometieron al electorado. La realidad es que se dieron de bruces con un Ministerio de Transportes que amenazó con retirar la financiación europea destinada al proyecto si no se concluía tal y como se había planteado inicialmente.

Dos años después, el conocido como 'Plan de Movilidad' continúa debatiéndose en las calles de la capital de la Región de Murcia. “Para mí, personalmente, fue una gran decepción porque tenía esperanzas de que cambiase el barrio a mejor y, en general, lo que han hecho ha sido aislarnos del centro cuando tienes necesidad de usar el coche”, cuenta a esta redacción Manuel, un vecino del barrio del Carmen, una de las áreas que se vieron más afectadas por las modificaciones.

Y es que, a diferencia de algunas plataformas sociales, no está conforme con que solamente los autobuses y los vehículos autorizados puedan cruzar el conocido como Puente Viejo, que conecta el barrio con el centro de la ciudad, una de las medidas más discutidas. Además, también con el objetivo de limitar la cantidad de vehículos privados en circulación, se eliminó uno de los dos carriles destinados al tráfico que vertebran la zona. “Incorporarte a Floridablanca -un céntrico jardín del barrio- desde alguna de las calles perpendiculares es una odisea”, explica el joven, que es docente en la zona costera de Cartagena y no tiene más remedio que desplazarse en coche a su puesto de trabajo.

Manuel no está solo. El 60,3% de los habitantes de la Región de Murcia prefiere usar su vehículo propio como medio de transporte, según un estudio realizado a finales del año pasado por Triodos Bank en el que se analizan las conductas sostenibles de la población española. Se trata de la mayor tasa por comunidades autónomas de todo el país.

Una red de transporte público que no convence

El fomento del uso del transporte público se presenta así como la principal alternativa al vehículo privado, y la tendencia es positiva en España. Murcia no se queda atrás: según los últimos datos del INE, los usuarios del autobús urbano aumentaron un 4,8% en mayo con respecto al mismo periodo del año anterior. Asimismo, la demanda del tranvía se incrementó un 14% en 2024, según la empresa que lo gestiona. Sin embargo, a esta cifra contribuyen los numerosos universitarios que se han visto desplazados durante este curso académico con motivo de unas obras desde el Campus de la Merced, en el centro de la ciudad, al Campus de Espinardo, en las afueras.

Pese a ello, en total, los usuarios de la red de transporte público murciana crecieron en casi tres millones y medio en 2024, una cifra récord, según el Ayuntamiento de Murcia. Desde el consistorio explican que se han aumentado las frecuencias de las líneas de autobús más demandadas y que el 92% de los viajes se realizan con puntualidad. Además, ahora mismo se trabaja en la licitación de un nuevo contrato que permitirá renovar la flota, una de las grandes demandas de la ciudadanía.

¿Dónde está el problema, entonces? ¿A qué se debe la popularidad del vehículo privado? Una de las posibles explicaciones es que estos avances le parecen insuficientes a la mayor parte de la población del municipio. Según un estudio publicado en octubre por la Cátedra de Movilidad y Transporte Sostenible de la UCAM, nueve de cada diez murcianos apoyan “más líneas y frecuencias de paso” de los autobuses del área metropolitana de Murcia y más de un 87% la ampliación del tranvía.

Las Zonas de Bajas Emisiones, bajo lupa

En la misma línea, un informe realizado el año pasado por la consultoría especializada en movilidad sostenible Pons Mobility sitúa a Murcia a la cola de las veinte ciudades más pobladas de España analizadas en términos de movilidad sostenible, siendo la penúltima más dependiente del coche privado y menos propensa a utilizar el transporte público.

Fuentes de Pons Mobility consultadas por elDiario.es Región de Murcia apuntan a que el principal motivo del suspenso de Murcia en su estudio es que aún no ha definido una Zona de Bajas Emisiones (ZBE), que limita la circulación y estacionamiento de los vehículos más contaminantes. Todos los municipios de más de 50.000 habitantes están obligados a contar con una para cumplir con la normativa europea. El pasado mes de abril, el Ayuntamiento de Murcia anunció que ya tenía un borrador y que sería presentado “próximamente” a los grupos parlamentarios. La fecha límite para hacerlo es el próximo mes de diciembre.

Prioridad a la bici y al peatón

Un gran termómetro del éxito del Plan de Movilidad podría ser el número de usuarios que tienen los 77 kilómetros de carriles bicis que hay en Murcia, pero no existen datos oficiales. La plataforma ciudadana Murcia LAB, convencida del éxito de la medida, realizó una estimación en la que observó que los usuarios del carril bici en algunas zonas de la Gran Vía se habían triplicado entre septiembre de 2023 y febrero de 2024. No obstante, en una ciudad como Murcia, hay que considerar también las temperaturas. “Está muy bien querer parecernos a Dinamarca, pero en Murcia entre junio y septiembre hay 40 grados”, opina Manuel.

Desde Pons Mobility explican que la falta de coordinación entre las iniciativas verdes planteadas por las ciudades puede limitar su impacto. “El éxito de la movilidad sostenible no depende tanto de la cantidad de inversión en tecnologías o infraestructuras específicas, sino de cómo estas se integran en un sistema coherente que facilita y motiva el cambio en los hábitos de movilidad de los ciudadanos”, señalan. Ahí es donde creen que Murcia falla.