Timoteo Zambrano (Caracas, 1955) opera en los pliegues de una política que muchos consideran extinta: la del pacto discreto y el pragmatismo de largo aliento. Formado en las filas de Acción Democrática (AD) y exvicepresidente de la Internacional Socialista, su trayectoria es un mapa de mudanzas estratégicas que va desde la secretaría general de AD y la militancia en Un Nuevo Tiempo hasta la fundación de su propio partido, Cambiemos. Sus sellos más recientes fueron la arquitectura de la Alianza Democrática y de la llamada “mesa democrática” —instancia de negociación paralela a la oposición tradicional, que los sectores radicales denominan con desprecio “la mesita”—, que gestionó la liberación de presos políticos y mantuvo abiertos canales directos con el chavismo, una suerte de contrapeso silencioso al papel de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

Cuando Hugo Chávez llegó al poder en 1999, Zambrano acababa de ser elegido senador. Tres años después tomó asiento en la Mesa de Negociación y Acuerdos auspiciada por la OEA —la primera instancia internacional de diálogo entre el chavismo y la oposición— y se convirtió en uno de los portavoces más visibles de la Coordinadora Democrática, la primera gran alianza unitaria del antichavismo. Ambas experiencias naufragaron: la Mesa no logró descomprimir un país que había hecho del conflicto político su clima permanente, y la Coordinadora se desmoronó en 2004 tras la derrota opositora en el referéndum revocatorio que ratificó a Chávez en el poder.

Al año siguiente rompió con AD y se incorporó a Un Nuevo Tiempo, el partido socialdemócrata fundado por Manuel Rosales, donde recaló buena parte de la militancia de la AD de los noventa. Diputado al Parlamento Latinoamericano tras las legislativas de 2010, fue también uno de los fundadores y portavoces de la MUD, el segundo gran ensayo unitario del antichavismo.

La muerte de Chávez, el agravamiento de la crisis económica y la victoria opositora en las parlamentarias de 2015 abrieron una nueva fase de tensiones internas. Los partidos de la MUD, ya mayoría en la Asamblea Nacional, endurecieron el tono y desplegaron una estrategia de salida por todas las vías disponibles: la presión constitucional, los llamados a la intervención extranjera y la arquitectura del régimen de sanciones internacionales que terminaría por contraer el PIB venezolano en cerca de un 75%. El chavismo respondió en 2017 con un Tribunal Supremo que anuló las atribuciones del Parlamento, lo que desencadenó meses de protestas y represión y la creación de una Asamblea Nacional Constituyente solo del chavismo. Un año después, la MUD denunció fraude en las presidenciales que otorgaron la reelección a Maduro, y el bloque terminó por disolverse en 2018.

Zambrano se opuso a aquella escalada. Defendió el diálogo con el chavismo como única salida viable y pagó el precio: su relación con el resto de la oposición se fracturó a fondo, y sus posiciones públicas se convirtieron, desde entonces, en materia de controversia casi permanente.

Sus raíces como negociador tras los bastidores son profundas. Un alto funcionario del chavismo, que habló bajo condición de anonimato, lo describió a elDiario.es como “una persona cabal y contemporizadora, moldeada desde joven por el expresidente Carlos Andrés Pérez para la diplomacia informal: aquellas misiones que no podían atenderse desde la cancillería oficial, sino mediante el trabajo silencioso en el continente, el Caribe y los foros de la Internacional Socialista”.

Su figura, sin embargo, despierta ambivalencia. Toda la opinión pública sabe que es amigo del expresidente Rodríguez Zapatero. Ricardo Ríos, de la Dirección Nacional de Avanzada Progresista, reconoce su habilidad para construir acuerdos, pero advierte que esa misma destreza tiene un doble filo: “Es bueno fabricando acuerdos, pero también desacuerdos”. Iris de Franca, dirigente del Movimiento de Mujeres Políticas de Venezuela y exmilitante del partido de Zambrano, va más lejos: señala que Zambrano arrastra un estilo patriarcal y cerrado que choca con las exigencias de renovación, y que le faltan habilidades comunicacionales para el momento que vive el país. Con todo, reconoce que su propio crecimiento político estuvo vinculado al respaldo de Zambrano, quien solía fortalecer y acompañar las trayectorias de sus cuadros más cercanos. “Mantengo un profundo respeto por su figura”, admite. Quienes lo han tratado en la arena política coinciden en que es una persona terca, y que esa tozudez impide en ocasiones avanzar en acuerdos con otros dirigentes.

En lo personal, carga con el estigma de una denuncia de maltrato por parte de una de sus exesposas, un conflicto que los más cercanos reducen a una disputa patrimonial. En lo político, rechaza la cultura del espejismo: sostiene que el cambio no puede ser un atajo para evadir la crisis, sino una construcción cotidiana, y que la democracia solo es viable si las luchas antagónicas dejan de ser existenciales para volverse funcionales.

Su nombramiento como embajador en España no ha estado exento de polémica. Chuo Torrealba, activista social y periodista que lo conoce desde hace más de dos décadas, advierte que la designación entraña “una situación peligrosa”: el gobierno provisional proyecta una imagen de apertura a costo cero mientras ubica a figuras opositoras en cargos cuya función es, precisamente, representarlo. “Para ellos es ganar-ganar”, resume. Aun así, descarta que la distancia física vaya a mermar la capacidad de Zambrano para gestionar casos de presos políticos, dado que sus contactos —incluidos vínculos con sectores del Partido Demócrata estadounidense— trascienden la presencia en Caracas.

Las críticas más duras, no obstante, llegaron el 2 de mayo desde Miami. Juan Pablo Guanipa, íntimo aliado de María Corina Machado y expreso político, elevó el tono contra Enrique Ochoa Antich y el propio Zambrano en un encuentro con la diáspora venezolana recogido por VPItv. Los acusó de “medrar alrededor del poder para obtener prebendas” mientras se presentan como opositores. Cuestionó sus designaciones como embajadores en Alemania y España, y aseguró que el régimen busca “dar la impresión de que ha cambiado” al incorporar a figuras que, según él, solo amplían una fachada. “Son peores, porque son solapados. Y yo no quiero nombrar a nadie porque no me gusta entrar en esas cosas: Ochoa Antich, Timoteo Zambrano. Son dos sinvergüenzas”, sentenció.

De Franca, en cambio, lee el nombramiento en clave de oportunidad histórica. Sostiene que Venezuela requiere de una política exterior capaz de reconectar con el mundo, y que la experiencia de Zambrano como operador internacional es lo que el contexto actual demanda: “Una oportunidad clave que no se había materializado en las últimas décadas”. Entre quienes lo conocen, prevalece la certeza de que Zambrano seguirá siendo lo que siempre ha sido: un hombre de acuerdos, con todo lo que eso implica de virtud y de riesgo.

“Ay, no, muchacha, eso seguro es alguna bombona de gas que explotó”. Esto fue lo primero que pensó Yaritza Pérez la madrugada del 3 de enero, cuando los destellos y el estruendo la sacudieron en su casa frente al Helicoide, un centro de detención con numerosas denuncias de torturas en Caracas. Pero no era un accidente doméstico: comenzaba la operación que secuestró a Nicolás Maduro y dio lugar a la era de Delcy Rodríguez en el poder.

Tras 117 días de gestión, Yaritza —que vivió 17 años en la parroquia 23 de enero, un bastión emblemático del chavismo— no percibe el alivio prometido: “Yo, en realidad, no he visto ningún cambio. Yo veo que todo está igual. Todos estamos a la expectativa, a la espera de qué va a suceder de aquí al primero de mayo. Para mí, la presidenta encargada es como decir un adorno y el que está mandando es el otro señor, Donald Trump. Es un loco, yo no entiendo en qué estaba pensando la gente por allá, porque tú mandas en tu país, no en el de nosotros”, dice a elDiario.es.

Su testimonio toma el pulso a una transición que se debate entre el pragmatismo geopolítico de alto nivel y la precariedad extrema de la calle. Para evaluarla con rigor hay que responder tres preguntas: qué cambió de verdad, qué no se ha movido y qué empeoró.

Lo que ha cambiado

Para el economista Luis Vicente León, director de la firma encuestadora Datanálisis, este período no puede leerse como una gestión aislada, sino como una administración compartida o condicionada por la nueva arquitectura de licencias de Estados Unidos. El éxito político de Rodríguez, sostiene, reside en su rol de bisagra o power broker: ella es quien entiende lo que la Administración Trump exige y logra traducirlo al sistema interno del chavismo sin que se rompa el orden.

El giro pragmático macroeconómico, dice León, no puede negarse. La reforma a la Ley de Hidrocarburos representa un cambio real de modelo hacia la privatización de áreas antes intocables. El diputado Antonio Ecarri, miembro de la opositora fracción Libertad, confirma esa apertura desde dentro: “Delcy es muy respetuosa, escucha y es cordial. Trabajar en construir consenso es un gran logro después de 27 años. La salida de Tarek William Saab, el exfiscal de la República, fue una gran victoria de los sectores aperturistas frente a los inmovilistas”. La Asamblea Nacional incluye ahora 29 diputados de la oposición.

En materia de justicia, la Ley de Amnistía liberó de forma inmediata a 8.616 personas: quienes no entraban en ese supuesto podían recurrir ante la Comisión Especial de Seguimiento, presidida por el diputado Jorge Arreaza, que recibió más de 12.500 solicitudes y aprobó 12.187. Según el Foro Penal, 490 presos políticos quedaron fuera de ambas vías y siguen recluidos.

Lo que no ha cambiado

Ecarri señala que la estética del cambio no ha tocado la estructura: “El Estado hiperpresidencialista petrolero no es viable. Comparas la Constitución española y la venezolana y el presidente aquí tiene todas las atribuciones del rey, las comunidades autónomas y el Parlamento. Eso es como si tras la muerte de Franco, Suárez solo hubiese cambiado la elección del gran caudillo. Aquí hay sectores populares con hambre y una crisis muy difícil; el aumento debe ir para los más vulnerables porque el caos no le sirve a nadie”.

Juan González, activista en defensa de los derechos humanos y ex-preso político (el nombre es ficticio para evitar represalias), apunta en la misma dirección desde el terreno de los derechos civiles: “Los portales web siguen censurados y leyes como la Ley contra el Odio siguen vigentes. La pregunta es si se van a desmontar las dinámicas antidemocráticas o van a continuar. Hay un pequeño cambio en las fuerzas de seguridad, cierta contención, pero la dinámica de la amnistía sigue siendo selectiva”.

Delcy es muy respetuosa, escucha y es cordial [...] La salida de Tarek William Saab, el exfiscal de la República, fue una gran victoria de los sectores aperturistas frente a los inmovilistas

Antonio Ecarri — Diputado de la oposición

González también cuestiona la calidad de las liberaciones que sí se produjeron: “Es importante que se libere a la gente, pero fueron los mismos jueces que aplicaron las penas los que debieron amnistiar. Hay una dinámica no muy clara, no es automática, sino que responde a una decisión donde [los jueces] se pagan y se dan el vuelto; no se entienden las razones para decidir. Hay un sinsabor asociado, porque los procesos de designación de fiscalía y defensor [del pueblo] no cumplieron con los estándares de la Constitución. Algunos de los funcionarios designados eran agentes del Estado en instancias internacionales”.

Para él, además, que Rodríguez haya suspendido la Ley de Amnistía es una transgresión grave: ese instrumento lo aprobó la Asamblea Nacional y no corresponde a la presidenta fijar su vigencia. Al arrogarse esa decisión, la mandataria invade atribuciones que no le pertenecen y deja en evidencia la subordinación de los demás poderes. Yaritza Pérez lo resume con una imagen: “Para que pueda funcionar tiene que haber una limpieza en el Gobierno total, quitar a los mismos que están. Porque ella [la presidenta] ha movido a muchos ministros, pero los ha movido de un ministerio para otro; es la misma gente”. Sin embargo, muchos de los pesos pesados del anterior Gobierno han pasado a puestos de segundo nivel y la retórica política de Rodríguez también ha cambiado notablemente respecto a Maduro.

Lo que ha empeorado

León advierte el escollo más peligroso del período: “Hay una dualidad clara. Por un lado, la apertura petrolera ha inyectado optimismo macro: la gente siente que el país se mueve. Pero, por otro, la mejora no llega al bolsillo al mismo ritmo. Las inversiones son lentas. El ciudadano ve el llamado 'nuevo momento político' en las noticias, pero no en su cuenta bancaria, y eso genera una sensación de fragilidad. Más que deslastrarse de figuras, Rodríguez está vendiendo funcionalidad. Si la economía camina, el discurso cuaja; si se estanca, se percibirá como otra promesa más”.

Marta Torrealba, profesora y periodista, encarna esa desconexión desde dentro. Con una cesta de la compra que supera los 600 dólares, las condiciones de supervivencia en la academia son tan precarias que el pasado 24 de abril las 23 universidades nacionales se sumaron a un paro.

“El pasaje de bus supera el salario mínimo mensual. Hay pasajes que cuestan 140 bolívares, mientras el sueldo mínimo es de 130 bolívares (0,23 euros). Sé de profesores que quedan en deuda con la Universidad Central de Venezuela porque su sueldo es menor a lo que les descuentan por el seguro médico; otros renuncian a este beneficio porque simplemente no pueden pagarlo. El sueldo quincenal de un profesor jubilado puede ser de cuatro bolívares, eso no alcanza ni para comprar un caramelo, porque un caramelo cuesta cinco”, relata.

El agradecimiento a Trump por haberse llevado a Maduro bajó 19 puntos entre enero y marzo [...] Los venezolanos entendían que no se harían ricos de inmediato, pero esperaban un incremento en su calidad de vida que no se ha dado

Marta Torrealba — Profesora y periodista

Torrealba describe un declive que borró los logros de décadas anteriores: “A principios de los 90, los profesionales teníamos ingresos respetables. Yo incluso pude adquirir un inmueble donde vivo y todavía en el año 2000 compré un automóvil. Podías ir de vacaciones tranquilamente y ayudar a tu familia. Ahora, la mayoría de los profesionales lo que hacemos es sobrevivir. No tengo gastos para entretenimiento ni ningún tipo de lujo y tengo dos trabajos, como muchos profesionales y técnicos”.

La rendición de cuentas es otra ausencia que denuncia con indignación: “Nos manejamos con una opacidad total. No sabemos si EEUU realmente puso los recursos en el fondo de fideicomiso por la venta de petróleo, ni cuánto ingresó por la venta del oro. Delcy dijo que ese dinero era para salarios y hospitales, pero cuando llegas a un hospital tienes que llevar hasta los insumos básicos, te piden una lista como de preescolar. El aumento que anuncian para el 1 de mayo va a ser una decepción; los venezolanos sienten que no va a compensar la inflación”.

La figura de Donald Trump, vista al comienzo por algunos como un libertador, también acusa el desgaste. “El agradecimiento a Trump por haberse llevado a Maduro bajó 19 puntos entre enero y marzo, según una encuesta de Meganálisis. Los venezolanos entendían que no se harían ricos de inmediato, pero esperaban un incremento en su calidad de vida que no se ha dado. Al contrario, hay un declive fuerte del ingreso con un dólar que ya ronda los 500 bolívares”, afirma Torrealba. Y añade: “La nueva ministra de Educación Superior le dijo claramente al sector universitario que no había dinero para el aumento salarial. Mientras no se controle el dólar, ningún aumento va a servir. El control tiene que ser del dólar, no de precios; eso ya se ha ensayado y no sirve para nada”.

A la espera del 1 de mayo

Después de 117 días, lo que Rodríguez ha conseguido es algo más sutil que un cambio de gobierno: ha conseguido tiempo. Tiempo para que la apertura petrolera se asiente, tiempo para que Washington cobre lo que vino a cobrar, tiempo para que el malestar de la calle se administre sin estallar. El 1 de mayo, día para el que la presidenta encargada anunció un incremento salarial, será la primera prueba de hasta cuándo se puede pedir paciencia a un país que lleva tres años sin aumento salarial.

“Es la misma gente”, resume Yaritza Pérez. Y Marta Torrealba, en la otra punta de Caracas, sigue haciendo cuentas para saber si esta quincena le alcanzará para un caramelo.

A Juan Ernesto (nombre ficticio por medidas de seguridad) lo detuvieron en 2024 en una avenida del centro de Caracas, a plena luz del día. Un comando policial con capuchas y armamento tipo SWAT lo interceptó y lo bajó del vehículo a empujones. Le pusieron una capucha en la cabeza; cada vez que intentaba preguntar algo, le gritaban que se callara. Faltaban 72 horas para que Nicolás Maduro asumiera un tercer mandato entre acusaciones generalizadas de fraude y el Gobierno había intensificado las redadas policiales.

Juancho —como lo llaman su familia y amigos— es un reputado activista por los derechos humanos y miembro de la directiva de una ONG con treinta años de trabajo. “Me detuvieron sin orden judicial; pensé que me iban a desaparecer”, dice a elDiario.es. Lo llevaron a una casa clandestina de torturas, lo amarraron a una silla y lo interrogaron durante 24 horas, según cuenta. Le preguntaban con insistencia si tenía relación con María Corina Machado. Después lo trasladaron al Helicoide, donde compartió una celda de 40 metros y dos baños con 14 personas. Su familia recorrió durante días los centros de detención de Caracas: en todos negaban que estuviera allí. Introdujeron un habeas corpus, que fue rechazado. Supieron dónde estaba solo gracias a un mensaje cifrado que otro preso logró enviar oculto en un libro.

Nunca le dejaron designar un abogado privado. El Estado le impuso un defensor público al que vio diez minutos por vía telemática. Así supo que estaba acusado de “legitimación de capitales y asociación para delinquir”: un delito fabricado que, según los activistas, sirve para disfrazar la persecución política. Semanas después lo excarcelaron con medidas cautelares. Hoy tiene prohibido hablar con la prensa y debe presentarse ante un tribunal cada 30 días.

Ahora, la ley de amnistía que se acaba de aprobar le deja un sabor agridulce. Se alegra de que algunos presos políticos vayan a recobrar su libertad, pero su caso no está contemplado en la norma. “Con una ley así, Hugo Chávez jamás habría sido amnistiado luego del fallido golpe de Estado en 1992”, me dice.

Más que entenderse como un instrumento definitivo para el 'perdón y olvido', la amnistía en Venezuela puede interpretarse como una medida pragmática y necesaria, cuyos resultados deberían blindarse con mecanismos adicionales de verdad, justicia y reparación

Mibelis Acevedo — periodista y experta en transiciones políticas

La represión política no llegó con Maduro. Desde que Hugo Chávez asumió la presidencia en 1999 hay presos políticos en Venezuela. José Vicente Rangel, su ministro de Defensa y canciller, acuñó un mantra recordado desde entonces: “En Venezuela no hay presos políticos, sino políticos presos”. Al invertir las palabras, el chavismo despojó al disidente de su motivación política y lo revistió con el traje a rayas del criminal común.

Bajo Chávez, la cárcel fue un bisturí de precisión: castigos ejemplarizantes para figuras específicas que enviaban un mensaje al resto. Con Maduro, la represión se convirtió en maquinaria industrial. Ya no solo caían los generales o los jueces, sino cualquier estudiante que gritara en una esquina o la tuitera que cuestionaba el hambre. Se crearon centros especiales como 'La Tumba', un laboratorio de cinco pisos bajo el asfalto de Caracas: siete celdas de dos por tres metros, paredes de un blanco quirúrgico, luces fluorescentes que jamás se apagan. El preso pierde la noción del día y la noche. Es la arquitectura de la deshumanización: un lugar diseñado para que la mente se rinda.

Varias ONG como Provea, Foro Penal y Espacio Público denunciaron el perverso fenómeno de la “puerta giratoria”: el Gobierno liberaba a un grupo de presos antes de una cumbre internacional, pero apenas se apagaban las cámaras, encarcelaba a otros dos. La libertad ciudadana se convirtió en moneda de cambio, un activo del mercado de la negociación política.

Lo que dice y lo que oculta la ley

El 19 de febrero de 2026, la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad la Ley de amnistía para la convivencia democrática. Delcy Rodríguez la promulgó esa misma noche. El contexto es decisivo: tras el secuestro de Maduro por fuerzas especiales estadounidenses el 3 de enero, el Gobierno encargado de Rodríguez inició un proceso de liberaciones que, según Foro Penal, alcanzó a 448 personas antes de la aprobación.

El texto tiene 16 artículos. El ámbito temporal va de 1999 a la fecha, pero la amplitud es engañosa: el artículo 8 restringe la amnistía a 13 episodios concretos (golpe de 2002, paro petrolero, protestas de 2004, 2007, 2009, 2013, 2014, 2017, hechos de 2019, elecciones de 2024 y 2025). Gonzalo Himiob, vicepresidente de Foro Penal, calculó que, de 27 años formales, más de 14 quedan fuera, y de los meses restantes apenas unos 20 están cubiertos.

Se excluyen los delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, homicidio intencional, narcotráfico, corrupción y la participación en “acciones armadas o de fuerza” con intervención extranjera. Esta última cláusula apunta directamente a Machado, Edmundo González y Leopoldo López. La propia Rodríguez ha advertido que Machado deberá “rendir cuentas” cuando pise Caracas.

Foro Penal estima que 2.742 personas podrían beneficiarse de forma inmediata. Pero quedan fuera unos 180 militares procesados por rebelión, las personas detenidas en períodos no contemplados y todos aquellos cuya persecución política se disfrazó de delito común, como en el caso de Juan Ernesto. La norma tampoco contempla la devolución de bienes incautados, la rehabilitación de los inhabilitados ni la reapertura de medios clausurados.

Lo que dicen las organizaciones de derechos humanos

Las principales ONG venezolanas coinciden en varios puntos críticos. Foro Penal, la más pragmática, trabaja con el instrumento disponible: ya entregó a la comisión parlamentaria una lista de 232 casos excluidos. Pero su director, Alfredo Romero, advirtió que “el monstruo todavía está ahí y puede morder” y que la amnistía no era requisito para liberar a personas detenidas de forma arbitraria.

Cofavic, fundada tras el conocido Caracazo, es más crítica. “La reconciliación no puede basarse en la impunidad”. Denuncia que la ley no prevé justicia transicional, ni Comisión de la Verdad, ni reparación. Lo más grave: el artículo 14 ordena la eliminación de registros y antecedentes, lo que podría “enterrar la evidencia de los crímenes cometidos contra los amnistiados” y destruir la memoria histórica. Cofavic ha acuñado un concepto para definir este riesgo: “impunidad por absorción”. El Estado, al perdonar al ciudadano por su disidencia, se perdona a sí mismo por la violencia con que la reprimió.

Provea denuncia que la ley califica como “hechos violentos” lo que fueron protestas legítimas y que sin desmontar el aparato represivo no habrá estabilidad democrática. JEP (Justicia, Encuentro y Perdón) la califica de “revictimizante y excluyente”. Rafael Uzcátegui, del Laboratorio de Paz, señala su “falla de origen”: está promovida por el mismo Gobierno responsable de las violaciones. Los expertos de la ONU han pedido que se aplique a todas las víctimas de enjuiciamiento ilegal y que se excluya a los responsables de violaciones graves, incluidos los agentes del Estado.

Un puente de plata con muchos vacíos

“Más que entenderse como un instrumento definitivo para el 'perdón y olvido', la amnistía en Venezuela puede interpretarse como una medida pragmática y necesaria, cuyos resultados deberían blindarse con mecanismos adicionales de verdad, justicia y reparación”, explica a elDiario.es la periodista y experta en transiciones políticas, Mibelis Acevedo. Las leyes de amnistía, señala, también son el “puente de plata” que puede facilitar el paso del autoritarismo a la democracia, un incentivo para que sectores del régimen colaboren con el cambio. Pero advierte que esta ley, en su forma actual, entra en la categoría de las gestionadas por Gobiernos no democráticos, como las autoamnistías de Chile y Uruguay en los años 70 y 80.

La ley de amnistía es un hecho relevante, sostiene, es la primera vez que un Gobierno venezolano reconoce la existencia de presos políticos en sentido amplio. Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, pidió perdón a los venezolanos por los crímenes del Estado desde la llegada de Chávez al poder. Ese gesto, inédito en la era bolivariana, no debe subestimarse. Pero no es una ley de justicia transicional: no hay verdad, no hay reparación, no hay garantías de no repetición. Libera a las víctimas de la persecución, pero puede borrar las pruebas de esa persecución. Perdona la disidencia, pero no investiga la represión.

Juan Ernesto, mientras tanto, sigue presentándose cada treinta días ante un tribunal. Tiene prohibido hablar con la prensa. La ley que el Gobierno presenta como acto de reconciliación no cubre su caso. Él, que defendió a decenas de personas, que fue torturado y acusado de un delito fabricado, sigue con un pie dentro del sistema penal. Sin embargo, tiene la oportunidad de solicitar que su caso sea revisado por la comisión de seguimiento de la ley y ser libre completamente. El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, anunció este sábado que el Gobierno tiene previsto atender las solicitudes para que “más de 11.000 personas puedan disfrutar de libertad plena”, ya que tienen medidas sustitutivas de libertad, como prohibición de salida del país y régimen de presentación ante tribunales. A pesar de las falencias, Juan Ernesto reconoce que la ley es un “paso pequeñito” hacia una transición y puede impulsar más cambios para recuperar la democracia.

En una sesión histórica, los diputados del Gobierno y la oposición democrática de la Asamblea Nacional de Venezuela han aprobado por unanimidad los 16 artículos de la Ley de Amnistía y Convivencia Democrática. Pese a los malos augurios y el escepticismo general en la sociedad, la comisión de los 19 diputados logró armar un articulado por consenso que se presentó a la plenaria de los 285 diputados para su segunda discusión. La sesión comenzó con dos horas de retraso y duró, exactamente, 99 minutos. 

En el documento se establece que el instrumento tiene por finalidad “conceder una amnistía general y plena” a las personas “procesadas o condenadas por la presunta o comprobada comisión de delitos políticos o conexos, desde el primero de enero de 1999 hasta el 30 de enero de 2026”. “Lamento que hayan ocurrido todos esos hechos para que lleguemos a entendernos; pero de esos dolores también se aprende. Estamos en un nuevo momento”, ha señalado Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, al finalizar la sesión.

El texto establece “salvaguardas claras sobre los delitos que serán excluidos del instrumento legal, a saber: las violaciones graves de los derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra, el homicidio intencional, la corrupción y el tráfico de drogas”.

Lamento que hayan ocurrido todos esos hechos para que lleguemos a entendernos; pero de esos dolores también se aprende. Estamos en un nuevo momento

Jorge Rodríguez — Presidente de la Asamblea Nacional

Además, en medio del debate, Rodríguez dejó colar un anuncio que era petición de las ONG. Aunque no satisface por completo la demanda, dijo que la Ley contra el Odio, que sanciona hasta mensajes publicados en redes sociales será reformada, pues admitió que, en algunos casos, no había sido usada “de forma adecuada”.

El documento incluye los episodios de violencia por motivos políticos ocurridos durante el Golpe de Estado del 11 de abril de 2002 —incluidos los asaltos y ataques contra gobernaciones, alcaldías e instalaciones públicas y privadas—; los hechos de violencia por motivos políticos en el marco del paro y sabotaje empresarial y petrolero de diciembre de 2002 a febrero de 2003; los de febrero, marzo y agosto de 2004; mayo de 2007; tras las elecciones presidenciales de 2013; en febrero y junio de 2014; de marzo y agosto de 2017; en enero y abril de 2019 —autoproclamación de Juan Guaidó— y en las elecciones presidenciales de julio de 2024.

Antes de ser aprobada, el Gobierno venezolano informó que entre noviembre de 2025 e inicios del presente mes han sido excarceladas 896 personas, detenidas por presuntamente haber cometido delitos relacionados con la violencia política o tras haber sido halladas culpables de tales acciones. De acuerdo con la ONG Foro Penal, sin embargo, quedan 644 presos políticos en el país, tras más de 406 excarcelaciones en medio de un proceso iniciado el pasado 8 de enero por el Gobierno encargado.

Este mismo viernes de madrugada, el opositor Juan Pablo Guanipa, colaborador de la líder opositora María Corina Machado, ha sido puesto en libertad de forma definitiva, tal y como ha anunciado él mismo en X. “Quiero confirmar que ya estoy en libertad plena”, ha escrito Guanipa, quien había sido excarcelado hace casi dos semanas y detenido de nuevo, después de encabezar una manifestación por la libertad de los presos políticos.

Sin embargo, Guanipa ha denuncia que la ley aprobada unas horas antes “no es ninguna amnistía”, sino un documento que pretende “chantajear a muchos venezolanos inocentes” y que excluye a “varios hermanos que siguen injustamente tras las rejas”.

“La liberación de presos políticos no es ningún acto de clemencia. Ninguno de ellos debió estar preso. La dictadura los secuestró tratando de quebrar el espíritu del pueblo venezolano, pero no pudieron”, ha afirmado en un comunicado publicado en X. Por ello, ha dicho que la reconciliación entre venezolanos tiene que hacerse “con la verdad por delante”.

Un punto de clave para los opositores es la creación de un mecanismo para hacerle seguimiento a los casos especiales y al funcionamiento del articulado aprobado por la Asamblea. En la disposición final se establece la creación de una comisión integrada por 23 diputados.

El presidente de la Asamblea Nacional designó una comisión de parlamentarios para entregarle la recién sancionada ley a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y que sea publicada en Gaceta Oficial y entre en vigor.

Con la aprobación de la ley, la Policía, los cuerpos de investigación y los militares “darán por finalizadas las averiguaciones y procedimientos relativos a los hechos” referidos. Igualmente, los archivos sobre los procesos abiertos a las personas amnistiadas deberán ser eliminados.

¿Por qué ahora?

Aunque muchas personas creen ciegamente que detrás del impulso de la amnistía está el Gobierno de Donald Trump, diversas fuentes de la Comisión de Consulta de la Ley, tanto chavistas como opositores, aseguraron que la iniciativa provino del chavismo. ¿Por qué? “Necesitan acuerdos con la oposición democrática porque la soberanía del país está comprometida”, dijo uno.

Tanto es así que un alto funcionario del Gobierno afirmó tajante: “Es un intento real de reconciliación después del horror del 3 de enero”.

Para el politólogo y profesor universitario Ricardo Sucre, la aprobación la Ley de Amnistía representa mucho más que un trámite legislativo: simboliza el cierre de una etapa marcada por la violencia política y una confrontación que no logró mejorar la calidad de vida de la población. Venezuela ha consumido dos décadas en un conflicto “intratable”, caracterizado por la hiperinflación, la migración masiva y la represión. “El ciudadano espera con ansia el fin de este antagonismo para definir un marco de convivencia que permita el funcionamiento de las instituciones y alivie el clima de miedo”, afirmó.

El gobierno reconoce sus limitaciones, obligando a los sectores de la oposición que permanecen en el país a adoptar una postura más pragmática frente al conflicto

Ricardo Sucre — Politólogo y profesor universitario

Enfatizó que el bombardeo norteamericano del pasado 3 de enero marcó un punto de inflexión. A su juicio, la oposición de derecha que representa y acompaña a María Corina Machado siempre buscó que el chavismo terminara en “capitulación” o un proceso similar a los Juicios de Núremberg. En cambio, los actores políticos actuales parecen haber tomado conciencia de la necesidad de coexistir.

Este cambio de posición alcanzaría incluso a la cúpula del chavismo. Sucre sostiene que el oficialismo ha reflexionado tras incidentes que percibieron como amenazas directas a su seguridad personal. Dijo que las declaraciones de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, sobre las liberaciones, y su hermano y presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien ha llegado a mencionar el concepto de “garantías para los perdedores”, sugieren una aceptación de la realidad política actual. El escenario tras el 3 de enero deja claro que el Gobierno reconoce sus limitaciones, obligando a los sectores de la oposición que permanecen en el país a adoptar una postura más pragmática frente al conflicto, sentenció.

La ley se basa en valores como el respeto a la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social, los derechos humanos, la ética y el pluralismo político, que integran el “Estado democrático y social de derecho y de justicia”.

España pide retirar las sanciones a Delcy

Tras la declaración de amnistía, el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha anunciado este viernes que España solicitará formalmente a la Unión Europea que retire las sanciones contra Delcy Rodríguez, según informa EFE.

“Las sanciones nunca son un fin, son un medio para alcanzar fines, para que se produzca este diálogo amplio, pacífico y democrático en Venezuela. Si se están dando pasos hacia ello, la Unión Europea también tiene que darlos. Al mismo tiempo, quiero recordar que Nicolás Maduro no tenía sanciones de la Unión Europea”, ha asegurado Albares en declaraciones a la prensa en Barcelona.

“Es una buena señal que se haya aprobado por unanimidad, con todos los votos, también los de la oposición, ha subrayado el ministro. ”Y nosotros animamos a Delcy Rodríguez a seguir dando pasos en esa dirección, para que se creen las condiciones para que las personas que están fuera de Venezuela, aquellos que quieran, puedan regresar“, ha agregado.

Dormía profundo cuando el revuelo de mis gatas me despertó. Una me daba con la pata en la cara, las tres se me subían por la espalda, saltaban en la cama y tiraban cosas al suelo. Me incorporé sin comprender lo que pasaba. En pocos segundos escuché el estruendo, tiroteos y lo que pensé que eran helicópteros.

Corrí a mi biblioteca a encender la computadora y me metí en X. ¿Nos están bombardeando? Nos están bombardeando.

A la mayoría la tomó por sorpresa. Después de cinco meses de amenazas en las que pocos creían, llegó el lobo y derrocó a Nicolás Maduro. O lo secuestró, como dicen los izquierdistas del mundo, y los chavistas.

De imprudente me asomé por la ventana: un sinfín de columnas naranja intenso, como si un dragón exhalara fuego con fuerza hacia el cielo. Desde mi casa, en una zona alta de Caracas, divisé varios puntos arder. Parecía que intentaban formar una figura geométrica.

Se escuchaban las aspas de los helicópteros. Había aviones que solo vi en Instagram. Fuego, miedo e histeria esparcido por todo el valle de Caracas, La Guaira y Aragua. En muchos sitios se fue la luz y en mi casa se cayó internet, pero yo tenía señal en mi móvil.

Leí en el 'New York Times', hace pocos meses, a un exmarine curtido en mil guerras: juraba que el tándem Trump-Rubio nos atacaría. Algo se me rompió dentro. Tuve un pánico ciego: nos van a bombardear, nos van a bombardear. Tomé clonazepam para calmarme. Esa semana se lo conté a mi psiquiatra con vergüenza. Hablo de obsesión y paranoia. Yo no sabía cuándo, pero sabía que sí

Los gringos al final nos atacaban, todo el mundo lo tenía claro. Aunque nadie sabía del destino de Nicolás, Cilia, Diosdado ni los hermanos Rodríguez.

Mis ventanas crujían y la estructura de metal se movía al ritmo de una danza macabra. En las redes, la gente de casas aledañas a los blancos de los norteamericanos, contaba lo que veía. Reportaban desde La Carlota, en los alrededores de la base de aviación y de la Casona; desde Prados del Este, Manzanares y Cumbres de Curumo, cerca de una de las entradas de Fuerte Tiuna, donde estaba el búnker de Maduro.

El ruido desesperante de la “operación quirúrgica” duró un poco más de dos horas. La “extracción” de Maduro y Cilia, menos de tres minutos. Allí sí hubo enfrentamientos y liquidaron a todo el mundo. 130 muertos, destrozos en toda Caracas, el aeropuerto de Higuerote en ruinas, los edificios frente a Maiquetía arrasados. También lanzaron drones sobre la zona y, por rebote, destruyeron edificios residenciales. Murieron vecinos y perdieron sus casas. Pero fue una operación limpia, hecha con pinzas. Ninguna baja de marines. No quiero saber qué pasaría con una invasión.

Cerca de las cuatro terminó el bombardeó, pero pasaron horas antes de que pudiera hacerme una idea de lo que había pasado. ¿Nos habrían invadido? ¿Habrían entrado los marines? El silencio era aterrador. Nada se movía, no se escuchaba ni una voz, creo que la gente susurraba. Ese silenció se prolongó un día y medio.

Desprevenida como muchos, no había guardado comida. Los gabinetes estaban vacíos; en la nevera, solo agua. Llamé a la panadería que queda a dos cuadras de mi casa: ¿iban a abrir? Me preguntaron si estaba loca. Sí tenía un buen acopio de pienso para gatos y medicamentos por otra razón: sospechaba que el bloqueo nos iba a llevar a un escenario como el de 2016. Nada de comida ni medicamentos a menos que te los mandaran del exterior o pudieras viajar para aprovisionarte. Pero esa es otra historia desgarradora: los años del hambre.

Le escribí a un amigo que vive cerca de Fuerte Tiuna, en el este de Caracas, en un reducto de nuestra extinguida clase media. Nada: solo una raya en su WhatsApp. Me alarmé. Pensé que el ataque a la fortaleza de Maduro había arrasado su casa. En redes circulaban videos de helicópteros y aviones norteamericanos enzarzados en combates contra el fuego antiaéreo venezolano. Me escribió cuando volvió la luz: estaba vivo y su edificio intacto, pero en shock.

Mi hipótesis es que Diosdado quiso pelear y los demás optaron por negociar con el fascista de Donald Trump. O tal vez no quería que Delcy tomara el lugar de Maduro. Es poco lo que se llega a saber de las intrigas palaciegas. Especulaciones, lo que publican medios internacionales, y más especulaciones

Leí en el New York Times, hace pocos meses, a un exmarine curtido en mil guerras: juraba que el tándem Trump-Rubio nos atacaría. Algo se me rompió dentro. Tuve un pánico ciego: nos van a bombardear, nos van a bombardear. Tomé clonazepam para calmarme. Esa semana se lo conté a mi psiquiatra con vergüenza. Hablo de obsesión y paranoia. Yo no sabía cuándo, pero sabía que sí.

El 4 de enero me llamó: “Tenías razón. Nos bombardearon”.

Esa lectura había producido una epifanía, tuve la certeza visceral de un final cruento.

La aparición de Delcy Rodríguez

En algún momento de esa mañana, Delcy Rodríguez dijo en VTV que habían secuestrado a Maduro y a Cilia. Por un momento pensé que estaba en Rusia con su hermano Jorge, porque no había imagen. No fue así. Horas más tarde, Delcy apareció en Miraflores. Mi recuerdo sobre lo que dijo es brumoso.

Al día siguiente, cuando se instaló el Parlamento para el período 2026-2031, su hermano Jorge Rodríguez, el sempiterno presidente de la Asamblea Nacional, la juramentó como presidenta encargada. La acompañaban los ministros de Defensa y de Justicia, Vladimir Padrino López y Diosdado Cabello. El rostro furioso e impotente de Cabello me impresionó. Los labios fruncidos y la mirada asesina.

Mi hipótesis es que Diosdado quiso pelear y los demás optaron por negociar con el fascista de Donald Trump. O tal vez no quería que Delcy tomara el lugar de Maduro. Es poco lo que se llega a saber de las intrigas palaciegas. Especulaciones, lo que publican medios internacionales, y más especulaciones.

Silencio sobre los muertos

Lo que de verdad pasó ese día, pocos lo saben. El Gobierno ha guardado con celo el nombre de los fallecidos y ha dado una cifra que dista mucho de la publicada en medios internacionales. Solo se sabe que murieron 32 cubanos, porque se repatriaron sus cuerpos y Díaz-Canel hizo un funeral con honores.

El miedo, el cerco policial y la autocensura por prevención han hecho que los periodistas no salgan a buscar esas historias. Además, la ciudad está tomada por los cuerpos policiales y militares, cualquiera que sea su nombre. Todos intimidan. Llevan capuchas y fusiles inmensos. Al principio había muchas alcabalas. A mí todavía me aterrorizan, lo confieso.

Pero fuera sí se han publicado algunas buenas historias, antes y después. Recuerdo una de la BBC: un padre en duelo por su hijo. Ahí estaba el hombre en el Cementerio del Sur, apoyado en un murito de cemento, con la mirada fija en la foto de su hijo junto a su lápida. Era un cadete muy joven. Ese rostro de dolor por una muerte en vano me hizo soltar unas lágrimas. Todo por una guerra que ese muchacho no querría pelear. Quise abrazar a ese padre desconsolado.

De nuestros muertos nadie habla. Están fuera del debate público. La oposición los ignora: son pobres. Y al gobierno de facto tampoco le interesa divulgar la dimensión del ataque y las historias de los caídos. Según el New York Times fueron 130, no los 75 que reporta el Ministerio de Defensa.

En Catia La Mar, cerca del aeropuerto de Maiquetía, y en Higuerote hubo víctimas civiles y edificios residenciales en escombros. Tres semanas después del ataque, el alcalde de Baruta, Gustavo Duque, visitó La Carlota y escribió en un post que el 90% de las casas cerca de La Carlota estaba en ruinas. La Alcaldía prometió ayudar a reconstruirlas.

La renuncia a la política

Quizá soy rara, pero a mí me dolían y me duelen esas muertes que se despachan como “daño colateral”. En algunas personas, el odio a Maduro y la felicidad por su secuestro han borrado todo rastro de humanidad. Me indigna que en todo este largo conflicto paguen los más inocentes, y que los líderes ni siquiera por pudor hablen de las vidas truncadas.

Es un peaje, dicen muchos, el precio que hay que pagar por salir del chavismo. Me niego a verlo así. Al chavismo había que vencerlo con un verdadero trabajo político. Es verdad que son tramposos, hasta criminales, pero no acepto el “solos no podemos”. Nunca vi a la oposición chilena ni a la argentina pedir invasiones para salir de Pinochet o de Videla. Una cosa es concitar todo el apoyo contra la dictadura, otra que unos exiliados y una mujer ambiciosa —que ha demostrado no saber de política— invocaran por enésima vez la fuerza bruta y una intervención.

Soy de las pocas periodistas venezolanas que desconfía de María Corina Machado. Siempre he rechazado las salidas insurreccionales y las sanciones económicas. Me pareció absurdo que le dieran el Nobel de la Paz a Machado e interpreté el discurso del Comité como una justificación de la fuerza bruta. Es verdad que el chavismo está atornillado al poder y cada vez que parece vencido se saca un as de bajo la manga e invierte la situación. La gente dice que lo hemos intentado todo y eso en parte es verdad. Pero jamás hemos tenido una autocrítica sincera de las torpezas de la oposición que han contribuido a fortalecer al chavismo.

Nunca vi a la oposición chilena ni a la argentina pedir invasiones para salir de Pinochet o de Videla. Una cosa es concitar todo el apoyo contra la dictadura, otra que unos exiliados y una mujer ambiciosa —que ha demostrado no saber de política— invocaran por enésima vez la fuerza bruta y una intervención

Nadie ha reconocido que los llamados a la abstención fueron errores garrafales. Tampoco que las aventuras insurreccionales, amén de inútiles, dejaron a una catarata de civiles y militares presos. Pienso en el ataque con un dron a Maduro en el centro de Caracas o en la ridícula “operación Gedeón”, lideradas por Julio Borges y Leopoldo López, respectivamente. Puedo seguir enumerando todas las locuras de unos adversarios que han demostrado, en estos 25 años, no ser una alternativa de poder. María Corina Machado ha formado parte de todos estos desastres. Hasta del golpe de Carmona Estanga en 2002. El mismo elenco de gobierno y la misma oposición han ido envejeciendo sin dar paso a nadie. Un statu quo al que no le importa la gente.

Después de meses de un intenso lobby en Washington, de cortejar a senadores republicanos y a aliados en toda la fauna de la extrema derecha latinoamericana y europea, se creó un clima proclive a que Maduro saliera al costo que fuera. Pero los medios que emplees determinan el fin. El uso de la fuerza es la renuncia a la política, es claudicar, y muestra que no crees en la democracia, sino en el poder. Es raro que una persona pida un ataque militar en su propio país para que, cuando depongan al dictador... Eso es tercerizar la acción política.

Al final, esa oposición en el exilio junto a María Corina Machado ha perdido su apuesta. Después de todo lo invertido en campañas de apoyo a una salida militar, Trump y Marco Rubio decidieron que gobernara el chavismo, la causa era conocida. Machado no tiene apoyo interno para gobernar, informó la CIA. Ni falta que hacía. Sabíamos que no existía ese plan de 100 horas para tomar el control del territorio, que era absurdo. La verdad es que ni el chavismo tiene un verdadero control territorial.

La destructiva operación quirúrgica nos dejó en el peor de los mundos. Seguiremos con el chavismo quién sabe hasta cuándo y hemos vuelto a 1900. Somos una colonia americana que va a beneficiar con su petróleo nada más que a los estadounidenses

Los medios internacionales revelaron las inconsistencias del programa de gobierno de Machado. No era verdad que el 80% de los militares estuviera con la oposición ni que se pudiera purgar al otro 20%. Era fácil adivinarlo. ¿Cómo se sostiene Maduro entonces? No eran más que inferencias de los resultados del 28 de julio. Pero una cosa es votar sin que nadie te vea y otra cuadrarte ante otro comandante.

La destructiva operación quirúrgica nos dejó en el peor de los mundos. Seguiremos con el chavismo quién sabe hasta cuándo y hemos vuelto a 1900. Somos una colonia americana que va a beneficiar con su petróleo nada más que a los estadounidenses. Aunque sea inverosímil, mucha gente piensa que Delcy Rodríguez cumplirá los designios de Trump y calmará a los chavistas que se sienten vejados. Creen que lo hará para evitar el segundo bombardeo con el que Washington nos ha amenazado varias veces. Yo no lo creo.

Si María Corina fuese norteamericana y hubiese promovido —aun sin éxito— un bombardeo a Estados Unidos, la habrían procesado por traición a la patria. Es falso que en el amor y en la guerra todo valga. Hay líneas que no deberíamos cruzar. Machado y su oposición, para mí, están fuera del juego político por su sectarismo y por la gracia del bombardeo. También por su falta de empatía: ni siquiera han presentado sus condolencias a las familias de las víctimas. Es como si la gente afectada no existiera.

A mí me inquieta pensar en cómo vamos a librarnos del doble yugo que ahora nos oprime. Creo que será más fácil salir del chavismo que expulsar a los norteamericanos de un país con las mayores reservas de petróleo del mundo. Seguro que ni llegaré a verlo.