“Lo que usted merece es un juicio por corrupta, porque vender el presupuesto de una comunidad autónoma a Quirón es corrupción y comprarse un aticazo enfrente de su madre también”. Con estas palabras se ha expresado este jueves la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, dirigiéndose a la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, durante la sesión de control a su Ejecutivo.

La oposición ha utilizado precisamente dos de los asuntos más peliagudos de las últimas semanas para Ayuso y su equipo, el ático de lujo y la situación de la sanidad, al inicio de un largo Pleno que culminará, precisamente, con la comparecencia del consejero de Presidencia, Miguel Ángel García, para dar explicaciones sobre el polémico ático de lujo adquirido por la empresa pública Planifica Madrid y que la Comunidad puso a la venta en cuanto la prensa reveló esa adquisición. 

Para Bergerot, “lo del ático va a ser un chicle” que a Ayuso “se le va a pegar hasta el final de su carrera política”. “Da igual que ponga la cabeza de su consejero encima de una bandeja y usted lo sabe”, ha añadido, en alusión a la comparecencia de esta tarde. La portavoz de Más Madrid le ha espetado a la presidenta autonómica que “ni siquiera sus votantes” han “creído” sus explicaciones “porque son todo mentiras”.

Respecto a la sanidad, dos días después de conocer que en uno de los hospitales más importantes de la región, el Ramón y Cajal, había alterado la gravedad de sus pacientes para mejorar las listas de espera, la portavoz de Más Madrid ha acusado a Ayuso de “hacer ingeniería contable” para modificar las listas de espera. “Lo más inquietante del Ramón y Cajal es que no es un caso aislado. Tienen un plan perfectamente diseñado para que cada vez haya que esperar más en la pública para ir a la privada”, ha zanjado Bergerot.

“El bulo del culo” del Ramón y Cajal

Para Ayuso, todo lo relacionado con el Ramón y Cajal es “el bulo del culo” y ha cargado contra el cirujano sobre el que su gobierno ya centró las acusaciones el miércoles. “Resulta que es un señor que está manipulando las listas”, ha añadido, sin aportar pruebas.

La portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, había exigido previamente a Ayuso que presentara su dimisión por el escándalo del ático. “No hay veto que tape el escándalo en el que está metida”, ha afirmado Espinar, que además ha acusado al Gobierno madrileño de “censura y opacidad”. “Prometió dimitir si había mentido con la cuestión del ático. ¿Dónde está su carta de dimisión?”, se ha preguntado.

Espinar también ha criticado la alteración de las listas de espera sanitarias y los recortes en la universidad. “Se le acabó la impunidad, váyase para dejar de hacerse daño a sí misma”, ha concluido la portavoz socialista.

Ayuso ha respondido acusando a la izquierda de actuar desde la “desesperación” y ha defendido su gestión asegurando que las denuncias sobre las residencias y el caso de Torrejón fueron archivadas. También ha dicho que la oposición basa todas sus acusaciones contra su Gobierno en “mentiras”.

Ayuso ha afirmado que Más Madrid “no ha hecho nunca una propuesta” en la Cámara autonómica y que se dedican a “las mismas mentiras” y “las mismas monsergas”. Ha señalado que en cuanto se empieza a ver “propiedades y riqueza” se “duplica a la clase media que representa en la mayoría el centro derecha” en la Comunidad. “Por eso nosotros que gobernamos para todo el mundo tenemos esas victorias electorales y ustedes la derrota”, ha lanzado la mandataria autonómica, quien ha afirmado que el espectro político de Más Madrid “allí donde gobierna” siempre “propone y trae la miseria”, “da igual que sea en España” o “en el otro lado del Atlántico”.

“Game over, lo siento”, ha sentenciado la presidenta madrileña, en alusión al futuro de la izquierda.

Las educadoras de las escuelas infantiles de Madrid han protagonizado este miércoles una sentada en la consejería de Educación para exigir la apertura de una mesa de negociación con la Administración regional y establecer mejoras en sus condiciones salariales y laborales. La protesta, que las educadoras habían planeado como una acción pacífica, ha terminado siendo disuelta después de que acudiera la Policía y no les permitiera continuar, según han explicado las propias trabajadoras.

“Nos hemos encerrado para exigir de una vez que se abra una mesa de negociación y aquí nos vamos a quedar hasta que nos echen o nos den esa reunión”, defendían las educadoras infantiles en declaraciones a este medio. Finalmente, la intervención policial ha impedido que pudieran mantener la sentada en el interior de la Consejería.

Las trabajadoras, que mantienen la huelga desde el pasado 7 de abril, reclaman mejoras salariales, una reducción de las ratios y la implantación de la pareja educativa. La protesta llega después de meses sin una respuesta por parte de la Comunidad de Madrid y de varias movilizaciones, que ahora coinciden con el inicio del curso escolar, lo que hace que la situación se haya vuelto todavía más “delicada”.  

La Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI) mantiene desde hace cinco meses la presión sobre las administraciones para que se sienten a negociar las condiciones laborales del personal que trabaja en el primer ciclo de Educación Infantil. 

El comienzo de este nuevo año lectivo ha coincidido con el mantenimiento de la huelga de las educadoras de 0 a 3 años. A principios de septiembre, las educadoras ya habían organizado una concentración permanente con pernocta en la Puerta del Sol, frente a la sede del gobierno de la Comunidad de Madrid, para recordar que el conflicto todavía sigue abierto y que las reclamaciones de la huelga “no habían sido escuchadas” por la consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo.

“Queremos que se abra una mesa de negociación”, resumen las trabajadoras, que aseguran que no están dispuestas a abandonar sus reivindicaciones hasta que la Comunidad se siente a negociar. 

De un lado, denuncian aulas saturadas, con ratios de 8 bebés por educadoras, 13 de uno a dos años y 16 de dos a tres, para lo que ya han conseguido que el Ministerio de Educación elabore un real decreto que mejore esas ratios. Por otro lado, la gestión de este ciclo, que en su mayoría está en manos de empresas privadas y que, como señalan, “han precarizado las condiciones laborales”, con salarios que rondan el salario mínimo y contratos inestables. 

Salarios que no reconocen la responsabilidad de su trabajo 

Una de las principales reivindicaciones de las trabajadoras es la equiparación salarial entre las profesionales de las escuelas infantiles de gestión directa y las de gestión indirecta, estas últimas con una gestión externalizada a empresas o cooperativas mediante contratos públicos. 

La diferencia es sangrante, prácticamente el doble

Las educadoras denuncian que, pese a desempeñar funciones similares, las condiciones retributivas pueden ser muy diferentes en función del modelo de gestión. Una de ellas, Lucía Martínez, asegura que algunas profesionales “cobran alrededor de 1000 euros, mientras que otras, pueden alcanzar los 1800 o 1900 euros, dependiendo de su antigüedad o condiciones”. “La diferencia es sangrante, prácticamente el doble”, afirma.

Las trabajadoras buscan que las administraciones incorporen complementos salariales en los pliegos de contratación para garantizar que las mejoras lleguen a las empleadas de las escuelas de gestión indirecta. Desde la plataforma, reclaman que el dinero público destinado a las escuelas infantiles se traduzca en mejores condiciones para las profesionales. “Este año un 10, el que viene un 20”, explican como ejemplo de una posible aplicación progresiva de estos complementos.

Menos niños por aula y más profesionales

La reducción de las ratios y la implantación de la pareja educativa son otras de las demandas centrales de la huelga. Las trabajadoras soportan actualmente una elevada carga de profesional y denuncian que las aulas pueden llegar a estar formadas por 8 bebés, 14 menores de uno a dos años y 20 niños de dos a tres años por educadora. En este sentido, las educadoras ya han conseguido que el Ministerio de Educación haya planteado modificaciones de estas ratios y que se reduzcan estas cifras.

Sin embargo, reclaman que es necesario, además, que se incluya la pareja educativa y que haya dos profesionales de referencia en cada aula. “La pareja educativa permite atender mejor las necesidades de los menores y evitar que una baja deje a una sola trabajadora al frente del grupo”, reconoce Lucía Martínez. “Si una persona está de baja, mañana tiene que haber otra”, añade.

Para las trabajadoras, la falta de personal “repercute directamente en los cuidados” y recuerdan que están defendiendo algo que va “mucho más allá” de sus condiciones laborales: “Estamos defendiendo el derecho de los niños y niñas a recibir la atención, el cuidado y la educación que merecen”, señalan.

Además, desde la plataforma sostienen que las primeras semanas son cruciales porque constituyen el periodo de adaptación con los niños y que los cambios constantes de educadora pueden dificultar la creación de vínculos estables con ellos. “En todo caso, debe haber otra persona que sea de ayuda y que también se convierta en un referente para las criaturas”, afirma Martínez.

Una etapa educativa “crucial”

Las educadoras defienden que el trabajo en las aulas de cero a tres años no se limita a los cuidados básicos, sino que también implica acompañar el desarrollo emocional de los menores, detectar posibles necesidades educativas y trabajar con las familias. “Somos gente muy formada y, por las condiciones que hay, se está perdiendo mucho capital humano que se ve obligado a trabajar en otro sitio para contar con un mejor salario”, lamentan las educadoras.

“Si yo no puedo pagar mis facturas, ¿con qué cuerpo entro yo en clase?”, resume una de las educadoras. Para las trabajadoras, la precariedad laboral termina afectando también a la atención que pueden ofrecer a los menores: “No puedo transmitir calma si no tengo calma”. La falta de unas buenas condiciones, explican “afectan a la atención emocional, a los cuidados y también al trabajo pedagógico que se desarrolla en estas edades”.

La protesta de este miércoles se suma así a cinco meses de huelga y movilizaciones, mientras las educadoras reclaman a la Comunidad de Madrid que abra una mesa de negociación y concrete medidas para mejorar las condiciones laborales del sector. Las educadoras sostienen que “la protesta se mantendrá abierta” hasta tener una respuesta desde la administración regional. 

El hospital público Ramón y Cajal de Madrid modificó la gravedad de los pacientes en espera para cirugía para mejorar los datos de su lista de espera. Según una investigación publicada este martes por EL PAÍS, dos responsables del centro dieron la orden de rebajar la prioridad de los pacientes a espaldas de los cirujanos que los habían valorado previamente y habían determinado que debían ser operados cuanto antes.

Los cambios se realizaron entre el 28 febrero y el 14 marzo de 2025 en el servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del hospital. En total, 57 pacientes pasaron de una categoría de prioridad “preferente” en la lista de espera quirúrgica, que establece una intervención en menos de 90 días, a otra considerada “normal”, con plazos de espera que pueden alcanzar los nueve meses.

El País señala que esta modificación permitía al hospital ganar tiempo para cumplir con los indicadores de productividad exigidos por la Consejería de Sanidad autonómica, lo que daba la posibilidad al centro de que los pacientes fueran operados dentro de plazo. 

Esta modificación fue descubierta por una doctora en marzo del año pasado, cuando comprobó que la prioridad de una niña de tres años había pasado de urgente a normal sin su consentimiento y sin avisar a los padres de la menor. Tras esto, constató que los cambios afectaban también a otros pacientes de 17 médicos diferentes.

En un correo remitido a la doctora que cuestionó las modificaciones, el jefe del servicio justificó la medida con el objetivo de eficiencia pactada con la Consejería de Sanidad y el compromiso del hospital de intervenir a los pacientes preferentes en menos de 90 días. Además, recomendó evitar “en la medida de lo posible” registrar a los pacientes como preferentes.

El cirujano, Luis Alberto Martos, fue quien denunció internamente estas alteraciones sin lograr una respuesta. Según EL PAÍS, semanas después se abrió un expediente disciplinario contra él por “conflictos internos y acoso”, que todavía continúa en curso. Martos sostiene que las modificaciones no responden a “criterios médicos” y han perjudicado a los pacientes al aumentar artificialmente el tiempo que debían esperar para ser operados. Según declaraciones de Martos recogidas por El País, algunos pacientes incluso “se retorcían de dolor”, debido a anomalías en la columna vertebral, síndrome de túnel carpiano o luxación (dislocación de los dos huesos de una articulación).

Los documentos internos a los que ha accedido EL PAÍS contienen anotaciones que atribuyen algunos cambios a órdenes del jefe de Traumatología, Basilio José de la Torre Escudero, y del director médico del hospital, Rafael Martínez Fernández. Según explica el diario, se pueden leer anotaciones de los cambios con mensajes como “cambio prioridad p.i. (por indicación) Dr. De la Torre” o cambio prioridad p.o. (por orden) de trah (traumatología) y direcc. médica“. 

La normativa de la Comunidad de Madrid establece que son los cirujanos quienes deben determinar la prioridad clínica de los pacientes incluidos en las listas de espera. El hospital, por su parte, niega haber cometido alguna irregularidad. En una respuesta remitida a EL PAÍS, una portavoz del hospital aseguró que “ni la Dirección Médica ni la Gerencia realizan directamente modificaciones individuales de las listas de espera” y defendió que su gestión corresponde a cada servicio asistencial siguiendo criterios clínicos. 

En este sentido, el cumplimiento de los plazos de las listas de espera está vinculado con los complementos de productividad de los responsables de los servicios. Según apunta EL PAÍS, tras acceder al contrato programa del Ramón y Cajal de 2025, uno de los indicadores utilizados para evaluar la gestión premia o penaliza en función del número de pacientes que supere la fecha de intervención establecida (90 o 180 días). El complemento de productividad de un jefe de servicio ronda los 3.579 euros. 

Cinco meses después de su inicio, la huelga indefinida de las educadoras infantiles en la Comunidad de Madrid continúa con una concentración permanente con pernocta en la Puerta del Sol convocada por la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI) y CGT y con el objetivo conseguir mejoras en las condiciones laborales y salarios dignos para el sector del primer ciclo de infantil.

Desde este lunes y hasta las el jueves 10 de septiembre decenas de educadoras infantiles estarán instaladas en Sol, frente a la sede del gobierno madrileño, para exigir que la Consejería de Educación de la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid abran mesas de negociación para la subida de salarios y una bajada de ratios en las aulas. Las educadoras aseguran que “la huelga continuará si no se cumplen estos requisitos”.

La fecha elegida para la protesta no es casual, sino que coincide con el inicio del curso escolar del primer ciclo de infantil, que estará marcado por unos servicios mínimos que condicionarán la adaptación de niños y bebés en las escuelas. Las educadoras, que llevan desde el 7 de abril en huelga indefinida, usan esta fecha para maximizar el impacto de su protesta y forzar una respuesta de la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid que llevan cinco meses esperando.

La plataforma recuerda que septiembre es una etapa vital para forjar vínculos con los niños y las niñas y que, con la protesta, muchas están “renunciando” a esa posibilidad, mientras que las compañeras que continúan en las aulas lo hacen “bajo servicios mínimos”. “Deben tener en cuenta que estamos en tiempo de vinculación en el que llegan nuevas familias con nuevos niños y hay menos personal porque gran parte estamos aquí”, señala una de las educadoras instaladas en Sol, quien además incide en “que es importante seguir defendiendo esto porque no solo defendemos nuestros derechos, defendemos los derechos de la infancia y también de las familias”.

Con sillas plegables, sombrillas y abanicos para soportar el sol y las altas temperaturas, la marea amarilla mantiene intactas sus peticiones y reivindican la importancia de su profesión que consideran “imprescindible”. “Creamos unas bases que, si no están creadas, los niños no van a poder llegar a una primaria y una secundaria con dignidad y un acompañamiento respetuoso”, destacan las educadoras. “Esto es muy vocacional, pero la vocación no paga un alquiler o una hipoteca”, recuerdan.

Las trabajadoras de educación infantil llevan cinco meses esperando una respuesta de la Administración, y concretamente de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, que nunca llega. Las educadoras reclaman que no han tenido la posibilidad de sentarse a negociar con Mercedes Zarzalejo, Consejera de Educación de la Comunidad, a pesar de que, como apuntan, “anunció que lo haría”. “Cuando se enteró de que quien lo convocaba no era un partido, sino un sindicato mayoritario, se echó para atrás”, señalan.

Durante estos meses de movilización, las educadoras indican que solo han logrado que el Ministerio de Educación se comprometa a crear un real decreto para la bajada de ratios en las escuelas infantiles. No obstante, señalan que, desde la Comunidad de Madrid, los pliegos han vuelto a salir con las mismas condiciones salariales que tenían. “Mi sueldo es, ahora mismo, de 1.080 euros”, indica una de ellas, a la vez que insiste en que “no se puede ignorar un conflicto que lleva cinco meses en curso”. “Pedimos que se sienten y negocien, ya que lo que queremos es volver a las aulas”, añade.

En la Comunidad de Madrid, las ratios ordinarias son de una educadora por cada ocho bebés, por cada 14 niños de entre 1 y 2 años y por cada 20 de entre 2 y 3. En estas condiciones, las educadoras infantiles reclaman a la Comunidad de Madrid “meter la pareja educativa”. “No bajan tanto las criaturas por clase, sino que sube el número de trabajadoras en los centros”, explican. Sin embargo, ahora afrontan la vuelta a clase con muchas de las docentes en huelga y, por tanto, con servicios mínimos, lo que eleva todavía más esas ratios y empeoran las condiciones de atención para esos niños.

Las educadoras de 0 a 3 años llevan cinco meses denunciando unas condiciones precarias, que se unen a un malestar generalizado de las trabajadoras de otros sectores de educación que dará lugar a una huelga indefinida que comenzará el 14 de octubre. La huelga se extenderá a nivel nacional y afectará desde las escuelas de educación infantil hasta la Formación Profesional, unificando la lucha de los educadores infantiles con la huelga indefinida que afectará a diferentes sectores educativos.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado este lunes que si fuera presidenta del Gobierno España rompería relaciones con Marruecos ante la crisis migratoria en Ceuta y ha afirmado que se debe “militarizar” la frontera. Ayuso ha reclamado además la devolución de las personas que permanecen en Ceuta, así como la intervención de la Unión Europea.

En una entrevista en OkDiario, en la que no ha habido ni una mención al polémico ático comprado por el gobierno madrileño por más de seis millones de euros, la presidenta ha cargado contra el Gobierno por haber dejado a España “a la deriva” ante la crisis. Además, ha acusado a Pedro Sánchez de estar “tremendamente secuestrado por Marruecos” y ha defendido que la crisis migratoria ha sido una “invasión perfectamente planificada” por los servicios secretos del país vecino.

Díaz Ayuso ha asegurado que el Ejecutivo de utiliza la inmigración, así como otras cuestiones, para generar “caos” y ha llegado a afirmar que Sánchez podría “intentar mantenerse en el poder” y, entre otras cosas, indultar a Begoña Gómez. “Tengo clarísimo que Sánchez va a alargar la legislatura para indultar a Begoña”, ha afirmado.

La presidenta también ha defendido el circuito de Fórmula 1 de Madrid, pese a haber recibido varias críticas y protestas en las últimas semanas, así como el uso de dinero público para el mismo. “Si hiciera falta, la gente debería entender que esto es una inversión buena para todos”, ha defendido Ayuso.

Sin embargo, hay un asunto relacionado directamente con la propia Ayuso, y situado en el centro de la polémica en las últimas semanas, que no se ha mencionado en la entrevista: el ático de 6,3 millones comprado por la Comunidad de Madrid. El entrevistador, Eduardo Inda, director de Okdiario, no le ha hecho ninguna pregunta acerca del ático, su relación con la presidenta madrileña o las explicaciones que Ayuso ha ofrecido en otras ocaciones sobre el mismo.

En cuanto a cuestiones personales, Ayuso ha reclamado que también se conozcan “las relaciones sentimentales”, familiares y patrimonio de otros ministros y cargos públicos, a la vez que se ha evadido cualquier pregunta sobre la compra del ático.

Mientras la oposición madrileña reclama explicaciones sobre el proceso de compra, el precio y el uso previsto del inmueble, el ático de Ayuso queda fuera de plano en esta entrevista.

Anticapitalistas Madrid quiere comprobar si existe espacio para una nueva candidatura de izquierdas en la Comunidad de Madrid. La organización ha decidido abrir un proceso para explorar la posibilidad de impulsar su candidatura en las próximas elecciones autonómicas y municipales de 2027, intentando seguir los pasos del reciente éxito de Adelante Andalucía en los comicios andaluces.

En un comunicado, la organización ha puesto el foco en la larga hegemonía del Partido Popular en Madrid que gobierna la Comunidad “ininterrumpidamente” desde 1995 y el Ayuntamiento de la capital desde 1991, a excepción del mandato de Manuela Carmena entre 2015 y 2019. La formación ha señalado que deben “trabajar para echarles” sin resignarse “a un mal menor” y ha declarado que “la compra del ático de Ayuso es solo el último ejemplo de su forma de pensar”: “Sienten que Madrid les pertenece”.

Anticapitalistas Madrid ha dado el pistoletazo de salida a su iniciativa este sábado, con un debate en el Ágora de la Universidad de Verano Anticapitalista sobre qué hacer desde “la izquierda rupturista” ante las próximas elecciones. El encuentro es el primer paso de un proceso que se prolongará durante las próximas semanas y que pretende determinar si existen las condiciones para impulsar una candidatura propia.

“Desde Anticapitalistas consideramos que hay que debatir qué hacer en estas elecciones autonómicas y municipales porque no podemos permanecer impasibles ante el avance de las posiciones ultraderechistas que representa Vox o ante una nueva victoria de la derecha radical de Ayuso y Almeida”, apunta Raúl Camargo, dirigente de la organización, en sus redes sociales. “Con las izquierdas actuales no va a ser suficiente para poder echar a Ayuso y Almeida”, señala Camargo.

La iniciativa llega tras los resultados obtenidos por Adelante Andalucía en las elecciones autonómicas celebradas el pasado mayo, en las que cuadruplicó su representación en el Parlamento andaluz. La formación andalucista pasó de dos a ocho escaños, con el 9,62% de los votos, con el sorpasso a Por Andalucía y situándose como principal fuerza de la izquierda alternativa al PSOE.

El resultado de la candidatura andaluza, liderada por José Ignacio García, fue de más de 400.000 votos, logrando representación en Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Málaga y Sevilla. Además, según el último barómetro de la Fundación CENTRA, Adelante ha superado a los socialistas como segunda fuerza preferida “para solucionar los problemas de los andaluces”, siendo elegido por el 16,5% de los encuestados frente al 12,3% que señaló al PSOE.

Es precisamente esta experiencia la que motiva a Anticapitalistas ahora a probar la vía electoral en Madrid. La organización desplegará, entre septiembre y octubre, una campaña destinada a estudiar una posible candidatura, así como a explorar posibles alianzas con “independientes, activistas sociales y políticos”.

El proceso culminará con un acto en Madrid el 24 de octubre en el que espera reunir a cientos de personas, utilizando este encuentro para comprobar si existen las condiciones necesarias para dar finalmente el paso electoral a los comicios autonómicos y municipales previstos para mayo de 2027.

Una izquierda “de ruptura” frente a Ayuso y Almeida

Desde la organización consideran que “la izquierda institucional ha demostrado sus límites” y que es necesaria “una izquierda de la ruptura” para “recuperar la credibilidad y el empuje” y desalojar del poder a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y al alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida.

Su diagnóstico es especialmente crítico con la izquierda institucional. Anticapitalistas señala que existe una “decepción generalizada” a nivel estatal en relación a los gobiernos progresistas, a quienes reprocha que “su única oferta es repetir lo mismo que está hoy en crisis”.

Frente a este escenario, la formación defiende la construcción de una alternativa que define como “nueva, de confianza, anticapitalista, ecosocialista y feminista” y señala el resultado de Adelante Andalucía como un ejemplo de que “las cosas se pueden hacer otra manera” y de que existe espacio para una candidatura diferenciada de las fuerzas progresistas actuales.

Este movimiento supone así un primer paso para medir si la fórmula andaluza puede encontrar un equivalente en Madrid. Durante los próximos meses, Anticapitalistas probará su capacidad de movilización y decidirá en función de ese proceso si concurre finalmente a las elecciones madrileñas de 2027.

El Grupo Socialista, Izquierda Unida-Compromís-Comuns-Podemos, Esquerra Republicana de Catalunya y Junts de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) han denunciado que las concentraciones de solidaridad con Ceuta convocadas para el 2 de septiembre, así como otras medidas anunciadas por la FEMP, fueron adoptadas “de forma unilateral” por su presidenta, María José García Pelayo.

En un comunicado conjunto, los cuatro grupos, a excepción del Partido Popular, han asegurado que, además de las manifestaciones en los ayuntamientos españoles, la celebración de la Junta de Gobierno de septiembre en Ceuta y la cesión al presidente de la ciudad autónoma, Juan Vivas, de un puesto en la delegación de la FEMP ante en Comité de las Regiones han contado “con el respaldo de los representados en la FEMP ni con el acuerdo de sus órganos de Gobierno” pese a la relevancia institucional de estas medidas.

Los cuatro partidos han reivindicado que “la solidaridad de los gobiernos está más que acreditada” ante situaciones de crisis, poniendo como ejemplo de ello la pandemia de COVID-19 o la erupción del volcán de La Palma, entre otros. Los representantes han defendido también que esta solidaridad debe desarrollarse “siempre desde la institucionalidad” y con el consenso de las distintas fuerzas políticas.

En el caso de Ceuta, las formaciones consideran que la presidenta de la FFEMP “ha ido a hechos consumados, sin contar con el respaldo ni la aprobación del resto de grupos políticos” y han acusado al Partido Popular de “apartarse del funcionamiento democrático” de la federación “para hacer un uso partidista de la institución”.

Los portavoces de los cuatro grupos han solicitado a García Pelayo que rectifique las decisiones adoptadas y que ajuste su actuación a los principios de “institucionalidad y lealtad” hacia el resto de grupos políticos y los gobiernos locales asociados a la FEMP.

Los días 30 y 31 de julio, miles de personas entraron a Ceuta desde Marruecos, entre ellas numerosos menores solos. Según los últimos datos de Interior, han sido identificados 2.168 niños y niñas que permanecen en la ciudad autónoma, mientras muchos siguen todavía en la calle sin atención. “Estamos en una situación de anormalidad. Hay menores que tienen que estar acogidos por los sistemas de protección que están en la calle y tenemos que solventarlo de forma urgente”, reconocía este viernes el secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez Correa.

La situación ha vuelto a poner el foco sobre el acuerdo de cooperación entre España y Marruecos para la protección y el retorno de menores no acompañados que llegan a España. Firmado en Rabat en 2007 y en vigor desde 2012, el acuerdo establece mecanismos para prevenir la inmigración irregular de menores, garantizar su protección en España y facilitar, cuando proceda, su retorno a Marruecos. No obstante, desde entonces no se ha producido ninguna repatriación a Marruecos al amparo de este acuerdo, teniendo en cuenta que las de 2021 se consideraron ilegales.

En una respuesta parlamentaria de marzo de 2020, el propio Gobierno reconocía que, “paradójicamente, desde que el Acuerdo entró en vigor, no se ha producido ni una sola repatriación de menores de edad marroquíes no acompañados a su país de origen, Marruecos”. Las dificultades ya habían sido señaladas por la Fiscalía General del Estado (FGE) en 2011, cuando advirtió de los obstáculos que encontraba España para identificar a los menores, localizar a sus familias y coordinar su retorno entre las administraciones de ambos países. El Supremo confirmó en 2024 la condena a España por la devolución de varios menores de edad a Marruecos desde Ceuta en el verano de 2021 sin ningún tipo de acompañamiento y sin saber en qué situación se encontraban. El tribunal apuntaba, precisamente, que las devoluciones “deben ajustarse a la legislación española y sus garantías y no puede basarse solo en el Acuerdo hispanomarroquí de vuelta concertada de menores”.

El acuerdo existe jurídicamente, pero su aplicación práctica lleva años bloqueada debido a las dificultades a la hora de que se cumplan los mecanismos de retorno de menores marroquíes. Y, a la vez, los expertos consultados por elDiario.es insisten en que legalmente lo que debe prevalecer es la protección de la infancia y se tiene que hacer una valoración individualizada de las circunstancias de cada caso.

El retorno no es “automático”

Ante esta situación, la Comisión Europea ha defendido que los migrantes que permanezcan irregularmente en Ceuta sean retornados a Marruecos, incluidos los menores extranjeros no acompañados que llegaron a la ciudad autónoma durante la crisis migratoria. Bruselas sostiene que el Derecho de la UE permite el retorno de los niños, pero es importante tener en cuenta que este no puede ser automático o colectivo. Se debe tener en cuenta el interés superior del menor y asegurarse de que se garantice la reunificación familiar o la tutela institucional en Marruecos.

Mauricio Valiente, director general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), señala que “un menor nunca puede ser expulsado”. El experto subraya que el retorno no puede confundirse con una devolución sin garantías y que este no puede significar “devolverlo a su país y dejarlo en la calle”.

La reagrupación familiar o el retorno al país de origen es una de las soluciones posibles, pero se tiene que hacer una valoración individualizada de las circunstancias de cada caso

Catalina Perazzo — Directora de Influencia y Desarrollo de Save The Children

Para Valiente, “hablar de expulsiones de menores no es solo una barbaridad desde el punto de vista de la gestión política, sino una ilegalidad absoluta en España, en Bruselas, y conforme a la legislación española y comunitaria internacional”. Además, añade que “al menor no se le expulsa ni se le repatría, se le agrupa con su familia o con los servicios de protección”, en referencia al procedimiento que debe aplicarse. “Un menor antes que migrante o solicitante de asilo es un menor y como tal tiene que ser tratado”, sostiene.

Catalina Perazzo, directora de Influencia y Desarrollo Territorial de Save The Children coincide en que “la reagrupación familiar o el retorno al país de origen es una de las soluciones posibles, pero se tiene que hacer una valoración individualizada de las circunstancias de cada caso”. Perazzo insiste en que el convenio con Marruecos “no es el paraguas para tomar una decisión colectiva”.

El procedimiento previsto en el acuerdo requiere precisamente una valoración individual. Las autoridades españolas deben facilitar a Marruecos información sobre cada menor, mientras que las autoridades marroquíes deben colaborar en su identificación y en la localización de sus familias.

“No se puede interpretar el acuerdo como una autorización a la devolución a Marruecos de los niños y las niñas que están en Ceuta”, advierte Violeta Assiego, abogada especializada en Derechos Humanos y ex directora general de Derechos de la Infancia y de la Adolescencia. La jurista recuerda que “tienen que respetarse, tanto el derecho internacional como la Convención de los Derechos del Niño” y que, en todo caso, “prima el interés superior de la infancia”.

El reglamento español establece además garantías específicas para los procedimientos de retorno. Según Assiego, “la normativa en España es bastante rigurosa respecto al tema de los retornos de menores al país de origen” y señala que, en este sentido, el acuerdo “es bastante complejo de materializar”. “Existen una serie de instrumentos normativos garantistas de los derechos de la infancia que prevalecen por encima de este acuerdo”, indica.

El proceso implica, entre otras cuestiones, conocer las condiciones en las que se produciría el retorno. Esta valoración resulta especialmente relevante en aquellos casos en los que pueda existir riesgo para el menor. Catalina Perazzo insiste en que “las consecuencias pueden ser muchas” si se les devuelve a un sitio que no sea seguro. “Pueden acabar en una situación de calle en su país, que les estén devolviendo a una familia en la que a una niña la están forzando a casarse o que estén en una situación de violencia constante”, advierte la experta.

En este contexto, Assiego señala que parte del debate público parte de una premisa que no siempre tiene en cuenta la realidad de estos menores. “Estamos partiendo de un imaginario en el que estos niños y niñas provienen de familias convencionales”, cuando muchos, añade, “provienen de entornos familiares completamente desestructurados en los que la pobreza y la vulnerabilidad están atravesando sus vidas”.

Lo más urgente es llevar a cabo una acogida en condiciones de dignidad porque la situación no se va a poder resolver de la noche a la mañana

Mauricio Valiente — director general de CEAR

La jurista también advierte de que “no se puede utilizar el acuerdo de 2007 como puerta trasera para incumplir lo que la legislación dice en materia de protección de la infancia” e insiste en que, antes de realizar los retornos, hay que tener en cuenta que las condiciones familiares y sociales de los menores pueden ser “muy diferentes” entre sí. “Hay un contexto en Marruecos que hace que esa cooperación exija toda una serie de garantías que tenemos que tener muy presentes a la hora de retornar a un menor”, señala.

Ceuta ante un nuevo desafío

Ceuta afronta la llegada de miles de menores a su sistema de protección con una capacidad limitada. La capacidad de acogida ordinaria de los servicios ceutíes es de 29 niños y adolescentes, frente a los más de 2.000 ya filiados y los que todavía no están identificados.

En este contexto, se ha declarado la situación de contingencia migratoria extraordinaria, que se establece cuando el sistema de protección de menores excede tres veces su capacidad de ocupación. Desde Save The Children, Perazzo asegura que “la respuesta a lo que está ocurriendo tendría que estar a la altura de la respuesta a una crisis humanitaria”.

Mauricio Valiente cree que lo que es más urgente ahora mismo es “llevar a cabo una acogida en condiciones de dignidad”, ya que la situación “no se va a poder resolver de la noche a la mañana”. Considera, además, que la respuesta institucional debería haberse activado antes y que “eso habría evitado que la ciudad de Ceuta sufra una situación de incertidumbre como la que está viviendo”.

Ante esta situación, Ceuta puede acogerse ahora a la denominada “fórmula de solidaridad equitativa”, un mecanismo que establece la distribución de menores entre las comunidades si un territorio sobrepasa su capacidad. Un reparto que se enfrenta al rechazo de las comunidades gobernadas por PP y Vox, que insisten en que se deben devolver a “todos” los migrantes a su país de origen, pero que están obligadas por ley a participar en el mecanismo.

Assiego considera que “hay una batalla política que dificulta cualquier comprensión de la magnitud de la crisis que estamos enfrentando y de las respuestas que hay que ofrecer”. La experta señala que el acuerdo ofrece un marco de cooperación entre ambos países, pero “su existencia no resuelve por sí sola el problema”.

Por su parte, Valiente apunta a una “ola de fobia” que recorre Europa en materia de migración y advierte de las posibles consecuencias de actuar al margen de las garantías previstas. “Una actuación ilegal a sabiendas o una resolución injusta sería un delito”, señala e insiste en que “hay que identificar a aquellas personas que realmente tendrían riesgos en caso de ser devueltas”.

La bajada de la Virgen del Rosario volvió a recorrer las calles de Soto del Real como cada verano. Pero este año faltó uno de los momentos más esperados de la celebración, los fuegos artificiales. Por primera vez en años, el Ayuntamiento decidió suspender el espectáculo pirotécnico y aplazarlo hasta el próximo 7 de octubre. Una medida de prudencia tras el mayor incendio de Madrid que el pasado mes de julio arrasó más de 27.000 hectáreas de la Sierra Oeste.

“Hemos reflexionado, hemos estado en contacto con las administraciones y finalmente hemos decidido suspender los fuegos artificiales este año”, explicó la alcaldesa de Soto del Real, Noelia Barrado, en la cuenta de X del Ayuntamiento. “Entendemos que no debemos dedicar recursos que son útiles ahora mismo en la extinción para prevenir posibles incidentes en un acto festejo”, añadió.

Aunque los vecinos afectados por el incendio regresan progresivamente a sus casas y los equipos de emergencia mantienen la vigilancia sobre el terreno, la preocupación persiste. El riesgo de nuevos incendios continúa en niveles elevados debido a las altas temperaturas y la falta de precipitaciones durante el verano.

La Comunidad de Madrid concentra en el mes de agosto más de 40 festejos populares, entre verbenas, ferias o romerías, y muchos de ellos incluyen espectáculos pirotécnicos como parte de su programación. Soto del Real es uno de los primeros municipios madrileños en adaptar sus celebraciones tras el incendio. Otras localidades mantienen, por ahora, sus programas festivos e insisten en reforzar las medidas de prevención. En cualquier caso, cuando en el municipio se declare un nivel de riesgo de incendio muy alto o extremo, la ley prohíbe el uso de material pirotécnico, aunque el lugar sea suelo urbano y exista autorización del Ayuntamiento.

En San Sebastián de los Reyes, donde a finales de agosto se celebran las fiestas en honor al Santísimo Cristo de los Remedios, el Ayuntamiento mantiene el espectáculo pirotécnico previsto, aunque insiste en que estará condicionado a las autorizaciones y la evolución del riesgo diario. Desde el consistorio aseguran que la prioridad será “la seguridad de los ciudadanos y la protección del entorno natural”, y explican que cualquier lanzamiento “contará con un despliegue preventivo riguroso que podrá modificarse en función de las condiciones meteorológicas”.

Los espectáculos de pirotecnia han generado controversia y muchos sostienen que no deben seguir celebrándose. Para las organizaciones ecologistas, la situación obliga a renunciar a esta tradición popular. Desde ARBA, la Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono, consideran que el incendio del pasado mes de julio ha demostrado la necesidad de extremar la precaución y piden a los ayuntamientos que suspendan este tipo de espectáculos ya que, aseguran, “el riesgo sigue siendo extremo”. “Si reducimos quien produce la chispa, reduciremos el terreno que se quema”, sostienen desde la organización.

El incendio de Madrid afectó a 17 municipios y ha transformado por completo el paisaje de la Sierra Oeste. La plataforma recuerda el caso de Lozoyuela como uno de los ejemplos más representativos. “Era un paisaje mosaico, con lugar de vacas, un pinar, un encinar. Un paisaje modelo que se ha quemado”, asegura.

La organización ecologista defiende que lo más importante es reducir las causas e insiste en que se debe invertir en la prevención de los incendios para evitar que sucedan. “No nos vale meter ganado en un lugar cuando el trigal de al lado se va a quemar”, explica, y añade que se debe invertir, “no solo para la limpieza de los montes, sino también para concienciar a la gente”.

Hasta ahora una tradición inamovible, el lanzamiento de fuegos artificiales en las fiestas patronales se ha convertido en un elemento cuestionable y sujeto a modificaciones en función de las condiciones meteorológicas. Los incendios han provocado que los municipios tengan que adaptar una costumbre tan arraigada, como el espectáculo pirotécnico que marca el final de sus fiestas populares, a un escenario en el que los episodios de calor extremo y el riesgo de grandes incendios son cada vez más frecuentes.

La sección sindical de UGT del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid ha denunciado la situación que vive el Parque de Bomberos de San Martín de Valdeiglesias y ha solicitado que se tomen medidas urgentes debido a las numerosas deficiencias que existen dentro del parque y que, aseguran, “afectan tanto a la seguridad de los profesionales como a la capacidad de respuesta ante emergencias”.

Según UGT, el incendio forestal del pasado 23 de julio, que llegó a afectar directamente al parque, puso de manifiesto los problemas estructurales de las instalaciones, denunciados desde hace años y que “continúan sin una solución”.

Entre las principales carencias que denuncian figuran deficiencias en los hidrantes (las tomas de agua), que no garantizan el caudal y la presión necesarios para hacer frente a una emergencia. En un vídeo grabado por bomberos del propio parque, en el que se muestra la cantidad de agua que sale desde una manguera, los trabajadores indican que tiene “la potencia de un grifo de casa”. En ese mismo vídeo se puede observar que, a la hora de accionar el grifo, el líquido sale sin prácticamente potencia.

El sindicato también ha señalado que no hay suficientes vehículos, y que muchos de ellos se encuentran “con importantes averías o en un estado de conservación claramente mejorable”, así como “carencias en las comunicaciones”, con periodos en los que el parque permaneció sin teléfono ni conexión a internet.

Además de una falta en el mantenimiento, UGT ha incidido en la presencia de plagas y los problemas de salubridad que tiene el parque, indicando que es necesaria “una limpieza, descontaminación y rehabilitación integral de las instalaciones tras el incendio”.

UGT ha denunciado que muchas de estas deficiencias afectan tanto a la seguridad de los bomberos como a la eficacia del servicio público de emergencias, teniendo en cuenta, aseguran, “el elevado riesgo forestal de la zona”.

En este sentido, el sindicato ha solicitado a la Comunidad de Madrid que encabeza Isabel Díaz Ayuso actuaciones inmediatas para la mejora del parque y ha declarado que “ejercerá cuantas acciones considere necesarias para garantizar unas condiciones de trabajo dignas y seguras”, así como “un servicio público de emergencias acorde con las necesidades de la ciudadanía”.