La familia de Guillem Agulló, el joven antifascista valenciano asesinado por un grupo de extrema derecha en 1993, no se rinde. Sus padres y su hermana han hecho pública una carta dirigida al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la que reclaman que el Estado reconozca a Agulló como víctima de terrorismo para que se haga justicia y se repare una deuda que sus familiares consideran pendiente desde hace 33 años. 

En una rueda de prensa este miércoles en el Ateneo de Madrid, los padres y la hermana de Guillem Agulló han presentado la carta entregada a Moncloa en la que además denuncian el abandono institucional que aseguran haber sufrido durante décadas y alertan del peligro de la violencia fascista que, a su juicio, “sigue amenazando la convivencia”.

“Nos dirigimos a ustedes bajo una condición que nunca hubiésemos deseado, la de ser padres y hermana de un joven de 18 años que fue asesinado por el terrorismo de extrema derecha hace ahora 33 años”, comienza la carta enviada por la familia. “El Estado tiene un perfil garante de derechos que el Gobierno debe cumplir. Y ya que el poder judicial no estuvo a la altura, rogamos al ejecutivo que asuma su responsabilidad, repare el daño y honre la memoria de quienes fueron injustamente tratados.”, defienden los familiares en la misiva. 

Guillem Agulló murió el 11 de abril de 1993 en Montanejos (Castellón) cuando tenía 18 años. Mientras pasaba las vacaciones de Pascua con sus amigos, cinco integrantes del grupo neonazi Marxalenes Cuarta Red fueron a buscarlo, lo acorralaron en un callejón y Pedro Cuevas le asestó una puñalada en el corazón. Agulló portaba un brazalete con el lema “Nazis no” cuando los ultras de extrema derecha lo apuñalaron y se marcharon cantando el Cara al sol y haciendo el saludo fascista.

“Guillem era un joven comprometido con los valores de la justicia y la igualdad. Le indignaba el odio y la discriminación que sufrían las personas migrantes”, ha recordado su padre, Guillem Agulló. “Con solo 18 años, su activismo antifascista y antirracista lo convirtió en un referente de la lucha contra la extrema derecha en Valencia”, ha añadido.

El sociólogo Rafael Xambó, que ha investigado el caso y escrito sobre el crimen, ha considerado que Agulló “tenía todo para convertirse en un líder de izquierda”, pero la atmósfera que rodeó el crimen no permitió que se hiciera la “justicia necesaria”. “Representa todo lo que nos han robado”, ha afirmado Xambó.

Un juicio marcado por la despolitización del crimen 

Las evidencias eran contundentes, pero el asesinato fue 'despolitizado' por la Audiencia Provincial de Castellón. El juicio se celebró en octubre de 1995 y terminó con la absolución de cuatro de los acusados. La sentencia, según ha explicado la familia, calificó el asesinato como “una pelea juvenil”, una calificación que la familia considera que ignoró el “trasfondo ideológico” de la agresión. Cuevas fue el único condenado: recibió una pena de 14 años de prisión, pero salió de la cárcel tras cumplir cuatro por buen comportamiento.

En 2005, volvió a ser detenido en la Operación Panzer, que desmanteló una presunta red neonazi, pero dos años después Cuevas se presentó en las listas por Chiva (Valencia) de Alianza Nacional. “La estructura de la justicia continuaba siendo franquista, nunca hubo una limpieza”, ha criticado Xambó en la presentación. 

Los familiares han recordado también que el proceso estuvo acompañado de una campaña mediática que contribuyó a presentar a la víctima como responsable. “Todo este sufrimiento discurrió en soledad ante la indiferencia de buena parte de la sociedad valenciana y con un abandono institucional”, ha lamentado la familia, que además ha descrito aquellos años como “una etapa de acoso y amenazas”. “Recibíamos llamadas telefónicas a todas horas, pintadas y mensajes intimidatorios”, han explicado. 

Tras décadas sin reparación, en abril de este año, la familia Agulló Salvador solicitó al Ministerio del Interior que reconociera oficialmente a Guillem como víctima del terrorismo al considerar que su asesinato responde “a la violencia ideológica de extrema derecha”. Sin embargo, según han explicado sus familiares, el Gabinete Técnico de la Dirección General de la Guardia Civil sostuvo que los hechos “carecían de la naturaleza de atentado terrorista”. 

Ante esta valoración, la familia afirma que “la verdad judicial en ocasiones no coincide con la verdad ni con la justicia” y solicita al Ministerio del Interior que revise el caso. “La calle impartió la justicia que no nos dieron los tribunales y ahora solo queda por resolver una cuenta pendiente: que el Estado reconozca que falló”, ha señalado Carme Salvador, madre de Guillem.

En abril de 1993, las Corts Valencianes aprobaron una declaración institucional de condena. Años después, en 2016, el parlamento autonómico respaldó la creación de unos premios con el nombre de Guillem Agulló para distinguir a personas y colectivos comprometidos con la lucha contra el racismo y la xenofobia. Sin embargo, la familia recuerda que estos galardones fueron suprimidos en 2024 por Vox, con el apoyo de la mayoría del PP en la Cámara y a propuesta del grupo ultra. 

Nos dejaron sin Guillem, pero ellos no han ganado

Treinta y tres años después del asesinato, la familia reivindica que la memoria de Guillem Agulló se ha convertido en un símbolo de la lucha antifascista. “Para nosotros que Guillem se haya convertido en un símbolo antifascista es un orgullo”, ha señalado su hermana, Belén Agulló. “Si el Estado lo reconoce como víctima del terrorismo, sería considerado como un delito grave y la familia encontraría reparación”, ha añadido Xambó. 

Por ahora, los familiares de Guillem han asegurado que Moncloa ha recibido la carta y esperan una respuesta del Gobierno para poder cerrar una reivindicación que consideran “pendiente” desde hace décadas. “No quiero que os vayáis con la idea de que estamos derrotados: nos dejaron sin Guillem, pero ellos no han ganado”, ha concluido Carme Salvador. 

La misiva ya cuenta con más de 200 adhesiones, entre ellas las de representantes políticos como Gabriel Rufián y Águeda Micó. Sus firmantes respaldan la petición de que el Gobierno reconozca el asesinato como un acto de terrorismo y contribuya a reparar el daño sufrido por la familia. El caso ya ha sido incluido por el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) en su mapa del terror, que recoge a víctimas del terrorismo en España. 

Los españoles tienen una cita con las urnas el próximo domingo 29 de noviembre y uno de los pasos previos a la celebración de las elecciones es la formación de las mesas electorales. Es ahí cuando surgen algunas de las dudas más frecuentes: cómo saber si he sido seleccionado y cuáles son los motivos justificados para no acudir en caso de ser convocado.

A las mesas electorales les corresponde presidir la votación, velar por su correcto desarrollo y, posteriormente, realizar el recuento y escrutinio de los votos. Sus integrantes son designados mediante un sorteo realizado por los ayuntamientos bajo la supervisión de las Juntas Electorales de Zona, aunque existen determinados casos en los que es posible ausentarse mediante justificación acreditada.

Cómo se elige la mesa electoral

Cada mesa electoral está integrada por un presidente o presidenta y dos vocales, además de sus respectivos suplentes. Los ayuntamientos designan a sus integrantes mediante un sorteo público entre las personas inscritas en el censo electoral de cada municipio que cumplan con los requisitos legales: tener menos de 70 años y saber leer y escribir. Además, el presidente debe tener el título de Bachiller o Formación Profesional de segundo grado, el de gradado escolar o equivalente.

Los consistorios deben realizar este sorteo público entre los días 25 y 29 posteriores a la convocatoria de las elecciones. En muchas localidades el sorteo se ha celebrado este jueves 29 de octubre. Las personas seleccionadas recibirán la notificación en los tres días siguientes al sorteo y, aunque se produzca un posible retraso en la recepción, esto no invalida la asignación. Además, en las páginas web de cada Ayuntamiento se puede consultar online la presencia en las mesas. Por ejemplo, aquí en Valladolid y aquí en Madrid.

Quienes resulten elegidos, tanto titulares como suplentes, deben acudir al colegio electoral correspondiente el día de las elecciones, a no ser que exista una causa legalmente justificada que les permita quedar exentos.

Qué motivos permiten renunciar a una mesa electoral

La normativa electoral distingue entre causas que justifican la renuncia una vez acreditadas y circunstancias que deben ser examinadas individualmente por la Junta Electoral de Zona para poder ausentarse de la mesa.

En este sentido, hay determinadas situaciones que, una vez acreditadas, justifican por sí misma que no se pueda acudir:

Motivos personales

También existen circunstancias personales que pueden justificar la renuncia, pero cuya aceptación depende de la valoración de la Junta Electoral de Zona. Entre ellas se encuentran padecer una enfermedad, lesión o dolencia que dificulte el desempeño de las funciones, ser pensionista de incapacidad permanente total cuando las limitaciones sean incompatibles con el trabajo de la mesa o encontrarse en una situación de embarazo de riesgo. 

Asimismo, pueden alegarse intervenciones quirúrgicas o pruebas médicas relevantes programadas para el día de las elecciones o en fechas próximas, tener obligaciones derivadas de creencias religiosas o un cambio de residencia habitual a otra comunidad autónoma que dificulte la asistencia. Haber formado parte de una mesa electoral al menos tres veces en los últimos diez años también puede ser motivo de excusa, aunque sujeto a valoración.

Motivos familiares

Las responsabilidades familiares constituyen otro de los supuestos contemplados en la normativa electoral. Entre las circunstancias que pueden justificar la exención se encuentran el cuidado de un bebé menor de nueve meses por parte de sus progenitores, adoptantes o acogedores, así como el cuidado directo y continuo de menores de 12 años, de personas con discapacidad física, psíquica o sensorial o de familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad que no puedan valerse por sí mismos. 

Otros supuestos requieren una valoración individual de la Junta Electoral de la Zona. Es el caso de los progenitores de menores de 14 años cuando el otro progenitor no puede hacerse cargo de ellos durante la jornada electoral y no exista alternativa de cuidado, así como los casos en los que ambos progenitores o tutores hayan sido designados para integrar una mesa y uno de ellos necesite quedar exento para atender a hijos menores o personas dependientes.

La celebración de acontecimientos familiares relevantes, como una boda, también puede justificar la exención si se trata de un acto inaplazable o cuya cancelación pueda ocasionar perjuicios económicos importantes. En estos casos hay que demostrar tanto la celebración del acontecimiento como las circunstancias que impiden aplazarlo.

Motivos profesionales

Las obligaciones laborales también pueden ser alegadas ante la Junta Electoral de Zona, aunque estas no eximen automáticamente de formar parte de una mesa. La aceptación depende de las circunstancias acreditadas y de los criterios establecidos en la normativa.

Entre los supuestos contemplados se encuentran los profesionales que deban prestar servicios esenciales durante la jornada electoral, como personal sanitario, bomberos, protección civil, miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en servicio activo o periodistas que tengan que cubrir los comicios.

También pueden solicitar la exención determinadas personas que trabajan directamente para la Administración electoral o deban intervenir en acontecimientos públicos previstos antes de la convocatoria electoral, siempre que su participación sea imprescindible y no puedan ser sustituidas. 

Cómo presentar una excusa para no acudir a la mesa electoral

Las personas designadas disponen de siete días desde la notificación para presentar ante la Junta Electoral de Zona una causa justificada y documentada que les impida formar parte de la mesa.

Este organismo debe resolver las excusas en un plazo de cinco días y comunicar, cuando proceda, la sustitución del integrante designado. Si el impedimento aparece después de ese plazo, se debe avisar a la Junta de manera inmediata y, en todo caso, antes de la hora de la constitución de la Mesa. Sin embargo, mientras no se acepte formalmente la causa alegada, la persona designada no debe dar por hecho que ha quedado exenta de su obligación.

Qué pasa si no me presento el día de las elecciones en el colegio electoral

La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) establece que no presentarse sin una causa legítima puede constituir un delito electoral, con multas de 6 a 24 meses, que van desde los 2.000 a los 7.000 euros, o incluso penas de prisión de tres meses a un año.

Me pueden convocar a una mesa si voto por correo

El sorteo de los integrantes de las mesas electorales se hace entre todos los inscritos en el censo electoral, por lo que, aunque se solicite el voto por correo, hay posibilidad de ser convocado para la mesa.

La llamada urgente de donación de sangre ante las decenas de heridos que ha causado el accidente de tren ocurrido el miércoles en la línea Madrid-Sevilla, a la altura de la localidad de Urda (Toledo), ha recibido una respuesta masiva en la Comunidad de Madrid. La afluencia de ciudadanos a los centros y puntos habilitados para extracción superó este miércoles todas las previsiones hasta el punto de que las autoridades autónomicas pidieron aplazar ese gesto de solidaridad para los próximos días, cuando seguirá siendo necesario. Las donaciones continúan este jueves desde primera hora de la mañana con el objetivo de mantener las reservas de sangre para ayudar a los afectados.

El Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid lanzó este miércoles un llamamiento urgente ante el posible aumento de la demanda sanitaria derivado del accidente. La respuesta ciudadana superó los registros habituales, con más de 4.0000 donaciones, según datos difundidos por la Comunidad de Madrid.

Entre quienes han acudido a donar está Pilar, que explica que el accidente fue lo que le animó a dar el paso. “Es la única forma que tenía de colaborar, de ayudar, y quería hacerlo”, cuenta. Su gesto resume la motivación de muchos de los ciudadanos que han acudido a los centros de extracción para ayudar en la atención de los heridos. “Animo a todos los que puedan a venir”, añade.

Una de las voluntarias de la Cruz Roja que se encuentra en la Unidad Móvil ubicada en la esquina de la calle Gran Vía con la calle Montera agradece la “respuesta tan positiva” que ha habido por parte de la ciudadanía y recuerda que “será necesario mantener este nivel para los próximos días”. “Entre ayer y hoy están todas las reservas casi llenas, pero animamos a la gente a venir los próximos días para que podamos mantenerlas a lo largo del tiempo”, explica.

Me impacta mucho que hayamos tenido el accidente de Adamuz hace solo diez meses y ahora tengamos otro nuevo accidente. Es horrible

Sergio es usuario habitual de la línea Madrid-Sevilla, la misma en la que se ha producido el accidente, y reconoce que el suceso le ha afectado especialmente. “Me impacta mucho que hayamos tenido el accidente de Adamuz hace solo diez meses y ahora tengamos otro nuevo accidente. Es horrible”, afirma. Aunque no suele donar sangre, esta vez ha decidido hacerlo para ayudar todo lo que esté en su mano. “Estoy muy impactado. Esa línea la cojo mucho y hoy he decidido donar por solidarizarme con los afectados. No es mucho, pero quiero ayudar en lo poco que pueda”, añade.

En este sentido, Sergio explica que ayer ya había intentado donar, pero debido al alto volumen de donaciones, le recomendaron volver hoy para mantener las reservas de sangre. “Lo importante es sostenerlas en el tiempo, por eso es bueno que la gente venga dentro de unos días, para que luego no haya un bajón”, indica.

Detrás de él está María, que señala que llevaba tiempo pensando en donar, pero el accidente fue lo que ha terminado de convencerla. “Ayer fue el punto de partida”, cuenta, y añade que “es una forma de contribuir cuando no todo el mundo puede ayudar estando físicamente en el lugar del accidente”. “Es importante que aportemos nuestro granito de arena”, resume.

Todos los aquellos que se han animado a donar coinciden en una misma idea: la solidaridad no debe agotarse. Hasta ahora, la llegada masiva de ciudadanos ha permitido responder al llamamiento urgente tras el accidente de Urda (Toledo). Sin embargo, es importante que las reservas se mantengan y que las donaciones continúen durante los próximos días.

Los ciudadanos que quieran donar pueden acudir al Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid, a los hopsitales con puntos habilitados de extracción o a las unidades móviles de donaciones. Los horarios y las ubicaciones pueden consultarse en la web de la Comunidad de Madrid.

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha confirmado la retirada de los retratos de tres presidentes de las Cortes franquistas de la galería de la Cámara Baja y ha defendido la decisión como una medida de reconocimiento a las víctimas de la dictadura y reparación histórica. “Demostramos el compromiso del Congreso de los Diputados con la memoria democrática, reconociendo a las víctimas de la dictadura y contribuyendo a reparar una injusticia que ha durado demasiado tiempo”, ha señalado en una publicación en la red social X. 

Armengol ha explicado que la retirada cumple el acuerdo adoptado por la Mesa del Congreso para eliminar de la galería los retratos de quienes, según sus palabras, “participaron en la represión y las estructuras que sostuvieron la dictadura”. En este sentido, la presidenta también ha vinculado expresamente la medida al cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática. 

La propuesta, presentada por la diputada de Sumar, Esther Gil de Reboleño, y aprobada el pasado 13 de octubre por la Mesa de la Diputación Permanente del Congreso, ha contado con el apoyo del PSOE y la abstención del PP y se ha llevado a cabo antes del homenaje institucional a las víctimas del golpe Militar, la Guerra Civil y la dictadura franquista previsto para el próximo 31 de octubre. 

Los cuadros retirados corresponden a Esteban Bilbao y Eguía, Antonio Iturmendi Bañales y Alejandro Rodríguez de Valcárcel y Nebreda, todos ellos presidentes de la institución durante la dictadura franquista. Sin embargo, el acuerdo actual excluye el retrato de Torcuato Fernández-Miranda, presidente de las Cortes entre 1975 y 1977, durante la transición política. 

La decisión llega tras años de reclamaciones de organizaciones memorialistas, entre ellas la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), que había solicitado en varias ocasiones la retirada de los retratos de los presidentes de las Cortes franquistas al considerar que su exposición en una institución suponía un reconocimiento público a dirigentes del franquismo. La asociación apeló al artículo 35 de la Ley de Memoria Democrática, relativo a la retirada de elementos contrarios a la memoria democrática en edificios públicos. 

Los presidentes de las Cortes franquistas compartían la galería de políticos ilustres con Clara Campoamor, a quien, en palabras de la asociación, Emilio Silva, “obligaron a morir en el exilio”. “No posible aceptar que quienes fueron dirigentes de la destrucción e la pluralidad y la libertad, que son principios básicos de un parlamento democrático, permanezcan retratados en esa galería”, afirmó.

El acuerdo se cumple así después de que otras iniciativas anteriores para retirar estos retratos y reclamadas por formaciones de izquierda no prosperasen. En 2023, fue rechazada una propuesta de EH Bildu para retirar también estos retratos y el del exministro franquista, Manuel Fraga.

Centenares de profesores y profesoras se reúnen este jueves a las puertas de la Asamblea de Madrid para presionar a las autoridades para que se sienten a negociar y en protesta por una educación pública de calidad. A solo unos metros, la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, se presenta como una víctima de “acoso” y afirma que por cada profesor que reclama sus derechos “hay nueve activistas” que de “manera fascista” se manifiestan contra ella.

Los docentes han bloqueado una de las calles aledañas al edificio y han reclamado la dimisión de la consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo. “Se tendrían que sentar con nosotras. Estamos dando todos los pasos hacia delante. Estamos saliendo a la calle, estamos hablando con las familias, estamos con nuestros alumnos”, replica Sonia, una docente y miembro de Menos Lectivas, en conversación con elDiario.es. Esta profesora afirma que la educación de los niños y niñas no se ve perjudicada por la huelga, sino por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, que “no garantiza su calidad”.

“Lo que esperamos es que se sienten a negociar con nosotras, que es su deber como dirigentes de este gobierno. ¿Cómo no te vas a sentar con 45.000 personas que estamos haciendo la huelga? Es que estamos ojipláticas”, añade.

Los colectivos insisten que quieren, al menos, una respuesta de la Consejería. “Al menos que se sienten a escucharnos, que nos escuchen (...) Pensamos que viniendo aquí a lo mejor puede hacerse notar que esto tiene que ser urgente y que se tienen que sentar ya. Queremos una respuesta”, afirma Rubén, profesor de Educación Primaria.

La Marea Verde ha ido llegando desde las 9 horas a los alrededores de la Asamblea de Madrid. En el marco de la protesta, las docentes también han ido desplegando farolillos por las calles cercanas y han acudido personas vestidas de rocieras, en referencia a las críticas de Isabel Díaz Ayuso, que tildó las protestas de los docentes de “coro de rocieros”.

La visita del presidente de Argentina, Javier Milei, a la Universidad Rey Juan Carlos ha provocado el rechazo de colectivos universitarios, que este miércoles se han concentrado en el campus de Vicálvaro para denunciar la participación del mandatario en el acto de apertura de la décima Conferencia Anual de Madrid sobre Economía Austríaca. 

La Plataforma URJC por la Pública, impulsores de la concentración e integrada por estudiantes y personal universitario, sostiene que la presencia de Milei en una universidad pública es un “respaldo institucional” a las políticas de su Gobierno que ya tienen un “coste social” en la población de Argentina. “Supone la visita de un presidente de un país que está privatizando la universidad y la educación argentinas, que está llevando a cabo unos recortes brutales”, denuncia una de las manifestantes. 

Desde la protesta, los manifestantes defienden que el hecho de que la universidad pública acoja a un mandatario como Milei “entra en contradicción” con los principios que deben regir esas instituciones. “No podemos dejar entrar a la universidad pública a personas que la están haciendo inviable”, sostiene otro de los asistentes a la protesta, que añade que “una universidad no debería permitir que entre quien la está destruyendo”. 

La plataforma convocante también considera que la visita del presidente argentino “no es la de un académico más”, sino que tiene “implicaciones políticas”. “Es un jefe de Estado que llega a Madrid con una agenda propagandística para apoyar a los sectores de ultraderecha en periodo preelectoral”, señalan. A su juicio, la presencia de Milei en Madrid contribuye a dar visibilidad institucional a sus planteamientos, lo que califican como “un intento de injerencia electoral”.

La visita de Milei a España ha estado marcada por la confrontación política y los ataques verbales del mandatario. Durante su estancia en Madrid, Milei ha calificado a Pedro Sánchez de “impresentable dictador”, ha animado a sacar “a patadas a los socialistas” del Gobierno y ha insultado a periodistas de medios como la Cadena SER.

En este sentido, la plataforma URJC por la Pública considera “preocupante” que sea una universidad pública la que acoja un acto con este mandatario. “Dar espacio a quien impulsa esas políticas es una contradicción con los valores de educación pública que nuestra universidad representa”, ha señalado. 

La plataforma también ha solicitado que el rectorado se desvincule públicamente de la visita y ha exigido a la universidad que haga públicos los gastos asociados al acto y garantice el derecho a la comunidad universitaria a manifestarse sin sanciones ni restricciones. “La universidad pública no puede ni debe promover esos actos vinculados al Sr. Mieli”, resume la plataforma.

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha anunciado este lunes que es el momento de “sacrificar las políticas”, en referencia a la posibilidad de que su partido renuncie a presentar candidaturas propias al Senado en aquellas comunidades autónomas en las que tenga escasas posibilidades de obtener representación para beneficiar al PP. Pero durante una declaración institucional, el líder de Vox no ha concretado cuál es su propuesta.

Tras la reunión del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), Abascal ha expresado su voluntad de alcanzar “un entendimiento” con otros partidos de la oposición para evitar que el control de la Cámara Alta dependa de la izquierda, después de que el viernes PSOE y Frente Amplio anunciaran que concurrirán juntos a la Cámara Alta. “La alianza de Sánchez con la extrema izquierda exige sacrificios a los partidos de la oposición”, ha afirmado, antes de insistir en que Vox mantiene su disposición para buscar fórmulas que permitan “proteger el Senado”.

La declaración llega después de que el PSOE y los partidos que integraron esta legislatura Sumar, y ahora se proyectan a las urnas como Frente Amplio, hayan logrado un acuerdo para presentar listas conjuntas a la Cámara Alta de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre. Bajo la denominación “Senado de Progreso”, el PSOE y una serie de fuerzas de izquierda – IU, Movimiento Sumar, Compormís, Más Madrid, Chunta Aragonesista, Batzarre y Mès-izquierda Unida-Movimiento Sumar – concurrirán con listas unitarias en 45 provincias para conseguir superar al PP en muchas de ellas y disputarle la mayoría absoluta.

El control del Senado es una de las grandes batallas de los próximos comicios. Abascal ha señalado que la negociación entre las fuerzas de la oposición es necesaria para “recuperar las instituciones para el pueblo español” y ha acusado a Sánchez de mantenerse en el poder “de una manera u otra”.

En este sentido, el dirigente de Vox también ha lanzado acusaciones contra el presidente del Gobierno, al que ha reprochado estar “sembrando la coacción y la violencia para influir en las elecciones generales”. “Sánchez pretende robar estas elecciones y la única forma de evitarlo es con una respuesta masiva en las urnas”, ha señalado.

Tras el anuncio de que el PSOE y siete partidos de izquierdas irán juntos a la Cámara el pasado viernes, Abascal ya había anunciado que actuarían “con altura de miras” y harían “lo necesario” para evitar que el control del Senado “no dependa de Sánchez ni de sus secuaces”.

En las elecciones generales de 2023, Vox obtuvo más de 2,7 millones de votos al Senado, pero ningún senador. Los cuatro que tiene en la actualidad son por designación autonómica. Ahora, Vox parece haber decidido cambiar de estrategia, pero todavía queda saber si no se presentará en algunas provincias y seguirá mostrando un acercamiento sólido con el PP, como ya había sido anunciado a través de un “pacto de no agresión” entre ambas fuerzas políticas.

Cada día de huelga le cuesta a un docente unos cien euros, arriba o abajo según la etapa en la que trabaje, su experiencia y otras circunstancias personales. Con ese punto de partida, un paro indefinido como el que se desarrolla en la Comunidad de Madrid estos días es todo un reto para quienes lo quieren seguir de manera intensa. Y, quizá no todavía, pero el desgaste irá haciendo mella, son conscientes los convocantes. “Estos días estamos notando muchísimo seguimiento”, explican desde el colectivo de docentes Menos Lectivas, “y aunque sabemos que irá bajando, obviamente, necesitamos que se mantenga la presión y se note la ausencia de profesorado en los centros”, reflexionan.

La experiencia de las compañeras de Educación Infantil, en huelga indefinida desde el pasado mes de abril alrededor de la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI), está siendo de mucha utilidad, explican estas docentes. El apoyo familiar, los mercadillos solidarios, la venta de merchandising de todo tipo, las cajas de resistencia y los turnos para faltar en el centro (en algunos casos) son los principales elementos que ayudan a sobrellevar el varapalo económico que supone exigir mejoras por la vía de la huelga.

La organización varía según el centro. En algunos institutos, los docentes han recurrido a un sistema de turnos para distribuir los días de huelga, de manera que nadie tenga que faltar todos los días y asumir todo el gasto y a la vez se pueda garantizar que se mantiene un porcentaje de participación similar durante las distintas jornadas. “Hemos hecho un cuadrante donde se ha repartido la gente según la huelga para que todos los días haya el mismo porcentaje de gente haciendo huelga”, explica una docente en una de las concentraciones que ha tenido lugar frente a la Consejería de Educación esta semana. Esta planificación, añade, “permite distribuir el esfuerzo entre el profesorado y garantizar unos servicios mínimos”.

"Si [en las próximas semanas] mantienen un 20% de seguimiento será un éxito", asegura una directora veterana. "Eso en mi centro, línea cinco, significa que tengo cuatro o cinco clases simultáneamente sin profesor durante todo el día", ilustra, lo que le supone un problema organizativo grave

Como explican desde Menos Lectivas, el objetivo del paro es que tenga impacto en los centros todos los días, para lo que es necesario que falte un mínimo del claustro docente. Rosa Rocha, directora del IES Guadarrama y presidenta de Adimad, la asociación de directivos de centros públicos de Secundaria de Madrid, cuenta que en su centro, con un seguimiento que ronda el 20% —de los más bajos, según los datos que maneja la media en los institutos fue del 40% los primeros días—, ya sufren las ausencias.

“Si [en las próximas semanas] mantienen un 20% de seguimiento será un éxito”, sostiene. “Eso significa [en su centro, con cinco grupos por curso] que tengo cuatro o cinco clases simultáneamente sin profesor durante todo el día”, ilustra. Un problema que debe resolver ella, que como directora forma parte de los servicios mínimos obligatorios impuestos por la Comunidad de Madrid, junto al jefe de Estudios y un docente por cada 90 estudiantes en el caso de la ESO. Una profesora de un centro con 104 docentes explica que han calculado que con que falten 17 de ellos ya se genera un problema organizativo.

Otro elemento a tener en cuenta es que la huelga se sufre en los centros, pero se pelea en la calle. “Vamos a ir viendo cada semana cuáles son los días que consideramos estratégicos, sobre todo aquellos en los que se hacen acciones por la mañana, que es cuando queremos que haya más gente”, ilustran desde Menos Lectivas.

También hay centros, como el de Valentín Rafael, en los que no hay pacto alguno: huelga todos los días todo el que quiera. De momento va bien, explica. “Quedó claro desde el principio que la huelga era indefinida, así que tiramos para delante. Sabemos que hay gente que se sumará algún día y otros no, pero como norma nosotros seguimos diciendo que es indefinida. Si las maestras de infantil que cobran mil euros lo pueden hacer, nosotros también”.

Las cajas de resistencia

Para afrontar las dificultades económicas que genera secundar una huelga se trabaja en varias direcciones. La más clásica, que se está instaurando en algunos centros, es crear una caja de resistencia que permita hacer frente a las pérdidas salariales de los trabajadores.

CGT, una organización con dilatada experiencia en huelgas y la ventaja que da el tamaño, alimenta la suya con las aportaciones individuales de las personas, pero también con ayuda de otros sindicatos presentes en la confederación, explica Valentín, “igual que nosotros aportamos para los compañeros de Tubacex” (en huelga indefinida también desde el 9 de septiembre). En su caso, se utiliza para aliviar económicamente a los afiliados con un criterio de precariedad. “Tienen preferencia los compañeros precarios, los interinos, la gente que hace medias jornadas o personas con situaciones concretas que se puedan detectar”, ilustra el profesor.

Con menos brega a sus espaldas, Menos Lectivas también ha montado su propia caja, diferente de la CGT. “Es complicadísimo”, explican. “Nosotras tenemos una, en principio para poder sostener las protestas, comprar el material que requiere la huelga, pagar cosas que hacen falta para las acciones... Otra cuestión muy importante es la parte antirrepresiva. Si hay detenciones, multas en las acciones, las tenemos que poder pagar. En nuestro caso hemos establecido que si no se llega a un mínimo de dinero en la caja no se podrá empezar a pagar sueldos de gente”, cuentan desde el colectivo.

Para esta asamblea resulta más práctico que cada centro haga su propia caja. En algunos institutos y colegios, explican algunas profesoras desde la concentración frente a la Consejería, además de las aportaciones voluntarias también se recurre al merchandising. “Estamos vendiendo un montón de cosas, yendo a mercadillos del municipio todos los fines de semana, hemos hecho rifas”, señala otra profesora, que indica que también se ha abierto la posibilidad de que los docentes donen “una parte pequeña de su nómina” para apoyar a la gente que sí secunde el paro. “Nos planteamos incluso hacer nuestra propia caja vendiendo algunas cosas o lo que sea para poder sostenerla”, sostiene.

Sin embargo, esta posibilidad no está al alcance de todos los equipos. Marta, profesora de servicios a la comunidad, explica que no cuentan con ninguna caja de resistencia y que la sobrecarga laboral les deja sin tiempo para poner en marcha iniciativas de este tipo. “Estamos superdesamparadas”, asegura. “En mi caso, en el equipo de Orientación, no hay ninguna caja de resistencia y la mayoría de las compañeras se plantean la huelga como unos días puntuales y ya está, porque no pueden sostener más. En mi caso, que sí que voy a apostar por la huelga en principio todo octubre y a ver qué es posible, porque sí tengo la preocupación de no tener ninguna caja de resistencia y es bastante complejo el asunto”.

Hay que resistir, cree Valentín, nadie dijo que fuera a ser fácil. “Una huelga es sufrimiento. No es bonito y no es divertido”, cierra.

La mayoría de las encuestas augura una victoria de las derechas en las elecciones del 29 de noviembre. Pero los estudios también vaticinan que el PP tendrá que ir de la mano de Vox para poder lograr una mayoría suficiente en el Congreso para investir a Alberto Núñez Feijóo como presidente del Gobierno. Ambas fuerzas ya comparten ejecutivos en numerosas comunidades autónomas y la estrategia de la extrema derecha en esas administraciones, donde ocupa carteras como Desregulación, Familia o Agricultura, permite anticipar algunos de los cambios que pretende impulsar a nivel estatal, si finalmente se confirma que puede sumar con el PP.

La última ofensiva de Vox ha sido la de la “desregulación”. Las promesas del partido de acabar con la “maraña burocrática” en las administraciones han dejado de ser un recurso electoral para convertirse en política de gobierno en varias comunidades: Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía. Con su denominada “desregulación”, el partido plantea reducir trámites administrativos, pero también revisar el ordenamiento autonómico y eliminar normas que considera —en sus palabras— “ideológicas o superfluas”, así como examinar políticas públicas, reducir determinadas subvenciones y modificar las condiciones de acceso a ayudas y servicios públicos. 

Carmen Lumbierres, politóloga y profesora de Ciencias Políticas en la UNED, advierte de que detrás de esta “desregulación” existe una “aplicación selectiva” de este principio y “no puede entenderse únicamente como una política de simplificación administrativa”. En esta misma línea, el politólogo Guillermo Fernández considera que Vox no puede definirse únicamente como un partido desregulador porque en muchos ámbitos es bastante intervencionista. “Por ejemplo, en el terreno de la educación, el discurso de Vox es muy hipócrita, dicen que la educación es para enseñar y no para transmitir ideología, pero en lo privado por supuesto que quieren ideología: la suya”, señala el experto. 

Nueve consejerías para Vox

En 2023, los populares pactaron con la extrema derecha después de las elecciones municipales y autonómicas. Solo un año después, Santiago Abascal rompió, de manera unilateral, todos esos ejecutivos autonómicos por su discrepancia sobre el reparto en el sistema de acogida de los menores migrantes llegados a Canarias. Pero el de ahora es un momento político distinto. 

“No vamos a hacer un cordón sanitario a Vox. Es la tercera fuerza del país, sus votantes merecen respeto y no estoy dispuesto a arrinconarles”, declaraba el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, tras su reelección al frente del partido. Ahora, la coalición PP-Vox cuenta con varios gobiernos autonómicos, donde los ultras han conseguido las vicepresidencias. 

En Extremadura, el acuerdo de gobierno entre PP y Vox dio lugar a una Vicepresidencia y Consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, en manos de Vox. En Aragón, Alejandro Nolasco ocupa la Vicepresidencia de Desregulación, Bienestar Social y Familia, y en Castilla y León, Carlos Pollán es vicepresidente de la Consejería de Desregulación y Familia. Por su parte, en Andalucía, el último de los pactos autonómicos con el PP, Manuel Gavira ocupa la Vicepresidencia segunda y dirige la Consejería de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local. 

Los acuerdos incluyen mecanismos para la simplificación de los procedimientos administrativos, como la ventanilla única o un “buzón de desregulación” para que los ciudadanos puedan señalar aquellas normas que consideren “innecesarias, redundantes o desproporcionadas”. Pero, al mismo tiempo, los pactos identifican como objetivos de revisión algunas de las políticas desarrolladas en los últimos años, como la vivienda, el cambio climático, la reforma laboral o la normativa de igualdad. 

La “desregulación” de Vox ya ha abierto la puerta a una revisión de la normativa en las comunidades donde gobierna junto a los populares. “Quieren reducir lo que a ellos ideológicamente no les interesa, reducir la parte del Estado que a ellos les gusta menos a la mínima expresión”, señala Lumbierres. La politóloga advierte que la estrategia de Vox “busca seleccionar qué políticas públicas deben desaparecer y cuáles deben reforzarse” y señala la importancia de las áreas que el partido ha asumido en estos gobiernos que, a su juicio, “favorecen a unos y perjudican a otros”. “Vox ha pedido consejerías como bienestar social, en las que se gestionan muchísimas ayudas y son imprescindibles para la vida”, indica la experta. 

Por su parte, Fernández coincide en que la desregulación de Vox tiene una dimensión ideológica. Sobre la propuesta de eliminar “tres normas por cada una que se apruebe”, el experto considera que, aunque pueda presentarse como una forma de eliminar normas duplicadas o innecesarias, contiene un componente político. “Ese eslogan va a aplicarse sobre todo a las áreas que en el fondo no les interesan”, apunta.

Así, de los acuerdos autonómicos con el PP han desaparecido las referencias a la violencia estructural contra las mujeres, a las políticas destinadas a personas LGTBIQ+ o la Agenda 2030. En contrapartida, dan paso a otras prioridades ideológicas de Vox, desde el endurecimiento de las políticas migratorias, la llamada “prioridad nacional”, por la que se introducen criterios de “arraigo real, duradero, estable y verificable” para el acceso a determinadas ayudas públicas, o la promoción de la tauromaquia y la caza. 

Menos subvenciones para los sindicatos y ONG

Los pactos entre PP y Vox también incluyen una reducción de las subvenciones destinadas “a sindicatos, organizaciones empresariales y entidades privadas sin utilidad pública”. En la Región de Murcia, por ejemplo, Vox ha planteado eliminar la obligación de financiar con dinero público a sindicatos y patronales, y en la Comunitat Valenciana, la formación ya ha avanzado en nuevos recortes a las subvenciones de estos organismos. 

Guillermo Fernández considera que estas medidas pueden afectar al modelo de diálogo social. A su juicio, “Vox aspira a ahogar económicamente a los sindicatos”, lo que podría tener “posibles consecuencias para las condiciones laborales y la negociación colectiva”.

La revisión del gasto público también alcanza a las ONG. Los pactos autonómicos establecen la supresión “total” de subvenciones a las ONG que, según los acuerdos, participen en la “promoción, facilitación o sostenimiento de la inmigración ilegal”. “Ni un solo euro público a estructuras que incentiven el efecto llamada”, establecen los pactos.

En este sentido, además de las ONG, los pactos recogen compromisos para endurecer las condiciones de los menores extranjeros no acompañados, así como limitar la llegada de nuevos menores a las comunidades. “Se endurece su situación en los centros que están internos y se relaciona su presencia con la inseguridad”, firmaba textualmente Juan Manuel Moreno Bonilla en el acuerdo con Vox en Andalucía. En él también se ha incluido un “rechazo frontal” a la llegada de más menores extranjeros no acompañados: “Ni una plaza más y reducción del gasto al mínimo legal imprescindible”, señala el pacto. 

En Aragón, por ejemplo, el pacto entre PP y Vox incluye mecanismos de “verificación de edad” con pruebas forenses para determinar su edad o la retirada de una paga mensual de 17 euros a todos los menores migrantes no acompañados. Medidas que ya han dado lugar a al menos dos denuncias ante la fiscalía: una del Ministerio de Juventud y otra de Chunta Aragonesista, ya que es la Fiscalía quien debe tomar la decisión de realizar o no esas pruebas. El proyecto de Presupuestos de Castilla y León para el 2027 recoge una reducción de cuatro millones de euros en la aportación de esa comunidad a la cooperación al desarrollo.

La “prioridad nacional” para optar a ayudas públicas

El gran triunfo de Vox en su pacto con el PP ha sido imponer su marco ideológico con la llamada “prioridad nacional” como una realidad en los gobiernos de ambos partidos. Los acuerdos autonómicos incluyen no solo restricciones a determinadas ayudas vinculadas a la inmigración, sino también mediante requisitos relacionados con la trayectoria de cotización o el tiempo de empadronamiento.

En Castilla y León, el pacto habla de una asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes tengan un arraigo “real, verificable y efectivo” en la comunidad. En Andalucía, este principio se incorpora al acceso de ayudas públicas y a la vivienda protegida. 

En la Comunitat Valenciana, a pesar de no contar con una vicepresidencia, Vox ha conseguido introducir su “prioridad nacional” en los Presupuestos de la Generalitat para el 2026. Allí, PP y Vox aprobaron conjuntamente la “prioridad nacional” para el acceso a determinadas prestaciones públicas, endureciéndose los requisitos de empadronamiento para recibir la Renta Valencia de Inclusión: 3 años ininterrumpidos o 10 años alternos dentro de los últimos 30 de empadronamiento. 

Este mismo miércoles, las Corts Valencianes aprobaron, con los votos del PP y Vox, la inclusión formal del principio de “prioridad nacional” en el acceso a la vivienda pública tras aceptar los populares una enmienda presentada por el partido de ultraderecha a su propuesta parlamentaria sobre esta materia. El acuerdo establece la obligación de procurar la asignación prioritaria de los recursos públicos a aquellas personas que acrediten un “arraigo real, duradero y verificable” de diez años en la Comunitat Valenciana, vinculando la concesión de vivienda protegida a la permanencia histórica en el territorio valenciano.

También en Castilla y León, la Junta de PP y Vox asumirá la tesis de la “prioridad nacional”, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Ponferrada. Es decir, que cuando se construyan los proyectados 80 pisos sociales para venta a jóvenes, cuyo solar acaba de ceder el Consistorio, se impondrá obligatoriamente un criterio de exclusión por empadronamiento. El Gobierno autonómico dejará fuera a todos los solicitantes que no certifiquen haber estado como mínimo 10 años empadronados en España, aunque la Unión Europea establece que ese mínimo no puede exceder de los cinco años.

Lumbierres advierte que este tipo de criterios de “arraigo” puede acabar “perjudicando también a los ciudadanos españoles” que residen en una comunidad. La experta explica que, en el caso valenciano, “una persona nacida allí que hubiera marchado durante años a otra comunidad para estudiar o trabajar podría encontrarse con dificultades para acceder a determinadas ayudas si no cumple los requisitos”. La politóloga considera que este arraigo para el acceso de ayudas públicas supone “una mayor inseguridad jurídica”.

Por su parte, Fernández advierte de que “esta lógica puede contribuir a una transformación más profunda de la concepción de los derechos” y dar lugar a “una sociedad de estratos”, en la que existan grupos con “paquetes de derechos distintos, unos más extensos que otros”. 

Un “copia y pega” de Milei

La estrategia de Vox se inscribe así en una tendencia internacional en la que la ultraderecha ha convertido la reducción del gasto público y la revisión de la regulación en una de sus principales banderas. 

Su referente más evidente es el Gobierno de Javier Milei, en Argentina, que ha hecho de la ‘motosierra’ uno de los símbolos de su programa, incluyendo en su Gabinete un Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado para impulsar el recorte del gasto público y reducir el tamaño del Estado. También Estados Unidos, donde una de las medidas del segundo mandato de Donald Trump fue la creación del denominado Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), liderado por Elon Musk y enfocado a recortar el gasto público y revisar la estructura administrativa federal. 

Ese mismo impulso es el que Vox ha tomado en sus pactos autonómicos. En la presentación de su programa, el vicepresidente aragonés Alejandro Nolasco ya aseguró que iba a “meter la motosierra y la tijera contra la hiperregulación”, mientras los vicepresidentes de Vox en Extremadura y Castilla y León situaron la desregulación como una de las prioridades de sus gobiernos.

“Es una apuesta claramente política neoliberal externa a nivel de Milei, es un copia y pega del modelo argentino”, sostiene Lumbierres. “Creen en una sociedad con una intervención del Estado mínima en lo económico y máxima en lo que tiene que ver con lo moral, la ley y el orden. Es un modelo autoritario”, advierte la experta.

Para Fernández, una aplicación de estas políticas supone una “contrarreforma” orientada a revisar el sistema en sentido conservador. El experto advierte de que esto “reducirá derechos sociales, económicos y el pluralismo político”. “¿En qué derechos ganará un ciudadano de a pie con un gobierno PP-Vox? ¿Alguien sabe decir alguno? Porque ya no solo se trata de los que te quiten, sino de los que vayas a ganar realmente”, resume Fernández.

Con su estrategia autonómica, Vox apunta contra las políticas públicas que el partido considera “ideológicas”, incluyendo requisitos de acceso a prestaciones públicas, la acogida de menores migrantes, la financiación de sindicatos y ONG, la regulación ambiental o la normativa de igualdad. “Lo que consigues es la desestabilización social”, advierte Carmen Lumbierres.

Isabel Díaz Ayuso ha advertido de que espera “trampas” del Gobierno en las próximas elecciones del 29 de noviembre y ha acusado a La Moncloa de realizar “cirugía electoral” para favorecer sus intereses. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha puesto en duda los futuros procesos electorales porque “en 2023 sucedieron muchas cosas”.

“Todo el mundo sospecha que el gobierno va a hacer alguna trampa, estamos todos de acuerdo”, ha afirmado Ayuso. Entre los elementos que, a su juicio, podrían influir en el resultado electoral ha mencionado “las nacionalizaciones masivas” y “la Ley de Nietos hasta donde se ha podido aplicar”. “Lo que se hace desde la Moncloa es cirugía electoral”, ha sostenido, sin aportar pruebas que respaldes sus acusaciones.

En una entrevista en esRadio, la presidenta madrileña también ha cuestionado la organización de las elecciones generales de 2023, celebradas en julio. La dirigente popular ha señalado que “se celebraron a traición, cuando mucha gente estaba de vacaciones” y ha afirmado que “una parte importante no recibió nunca el voto por correo”.

Sin embargo, aquellos comicios estuvieron marcados por un volumen excepcional de solicitudes de voto por correo. De hecho, Correos reforzó su plantilla con contrataciones adicionales y habilitó medidas para facilitar la entrega y el depósito de los votos por correo. En esas elecciones, se registraron en Correos más de 2,6 millones de solicitudes de voto por correo, una cifra muy superior a la habitual en otras convocatorias electorales.

Los docentes de la Comunidad de Madrid han vuelto a salir a las calles este jueves con una concentración frente a la Consejería de Educación para reclamar una mesa de negociación en la que abordar sus reivindicaciones: una subida salarial, la reducción de las horas lectivas y de las ratios en las aulas y el refuerzo de la atención especializada. Son 10.000 personas, según las cifras de Delegación del Gobierno.

La protesta, que las organizaciones convocantes plantean como indefinida, llega después de que miles de docentes recorrieran ayer las calles madrileñas desde Atocha hasta la Puerta del Sol. Su objetivo es “mejorar” tanto sus “condiciones laborales” como la “calidad de la educación pública”. “Acudo a mi puesto de trabajo sabiendo que no voy a atender las necesidades que hay”, explica una de las profesoras que se han manifestado hoy frente a la Consejería. 

Entre los gritos que se han escuchado están “La profe luchando también está enseñando” o “El patio de Ayuso es particular, si no tienes dinero no podrás entrar”.

Los manifestantes también alertan del desgaste y de las dificultades que tienen para sostener una huelga indefinida debido a la pérdida salarial. Muchos de ellos señalan que algunos centros han organizado cajas de resistencia para apoyar a quienes secundan la huelga, así como “cuadrantes” para distribuir los días de huelga y poder mantener un porcentaje de participación similar durante las distintas jornadas. “Hemos hecho un cuadrante donde se ha repartido la gente para que todos los días haya el mismo porcentaje de gente haciendo huelga”, explican.

Han cortado la calle Alcalá, a la altura de la calle Cedaderos, y han coreado consignas en defensa de la educación pública y contra la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, como “un bote, dos botes, Ayuso el que no bote” o “Ayuso escucha, la pública está en lucha”.

La “histórica” huelga indefinida en defensa de la educación pública en Madrid ha comenzado este miércoles con gran seguimiento, según los convocantes, centros parados, un breve corte del paseo de la Castellana en plena hora punta y cargas policiales en la Universidad Complutense contra el estudiantado que se manifestaba frente a la facultad de Físicas.

Aida Millán, secretaria general de la federación de educación y servicios socioeducativos de Madrid de CCOO, ha informado de que el seguimiento en esta primera jornada ha alcanzado el 70%. Adimad, la asociación de directivos de centros públicos de secundaria, también ha constatado “un mayor seguimiento” que en otros paros, aunque ha preferido no dar un dato concreto.

La consejera de Educación de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo, ha explicado en la Asamblea que la primera jornada de esta huelga está transcurriendo “con normalidad” y con un seguimiento del 44,6% pese a los incidentes aislados que “lamentan” desde el Gobierno regional. La consejera ha subrayado que el único objetivo que buscan los sindicatos con esta huelga es “parar por completo el sistema educativo”, algo que ha enmarcado en el “otoño caliente” del que aseguran que llevan amenazando meses. Su jefa, la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso, ha calificado la huelga de “política”.

Tras los piquetes informativos de la mañana y algunas acciones como el corte de la Castellana, el primer plato fuerte del día estaba en la Puerta del Sol, donde centenares de docentes y estudiantes se han concentrado para exigir más recursos y mejores condiciones laborales en los centros educativos madrileños. “Educación pública y de calidad” o “la profe luchando, también está enseñando” han sido algunas de las consignas que se han podido escuchar durante la protesta, que arranca sin una fecha de finalización prevista y llega tras varias reivindicaciones y desacuerdos con la Consejería de Educación.

Los docentes aseguran que “las políticas del gobierno madrileño han provocado la asfixia económica de la educación y la privatización del sector”, y reclaman una subida salarial de 600 euros, la reducción del número de alumnos por aula y de las horas lectivas, más personal especializado para atender al alumnado con necesidades específicas y mejoras en las infraestructuras escolares.

En este sentido, desde la movilización, respaldada por varios sindicatos y plataformas docentes, los manifestantes denuncian la falta de avances en las negociaciones con la Consejería y alertan de que “están solicitando medidas que permitan reducir la carga de trabajo del profesorado y así mejorar la atención al alumnado y garantizar unas condiciones educativas adecuadas”. “Si privatizan todo, acabaremos privados de todo”, ha explicado uno de los participantes.

Antes, durante toda la mañana, los piquetes instalados frente a los institutos han estado informando de los motivos de la huelga a quienes han acudido a trabajar, pero también a las familias que iban a llevar a sus hijos. “Paramos por nosotros, por nosotras, por ti y por tus hijos”, explicaba una docente que prefería no identificarse en un piquete frente a un colegio de Madrid capital. “Por una educación pública de calidad, porque con estas condiciones no podemos atender a los estudiantes como nos gustaría y como se merecen. Es una vergüenza el estado de la educación en Madrid de arriba abajo”, añadía.

“Nos jugamos nuestro futuro, nuestras notas, nuestros salarios. Pero decimos 'basta'. Nos falta material, nos faltan profesores, nos faltan compañeros. Estamos aquí porque sabemos que la educación pública es un derecho que nuestros abuelos arrancaron a pedazos”, proclamaba un portavoz del Sindicato de Estudiantes en un piquete en Leganés.

La mañana ha comenzado tensa en la Complutense, donde un grupo de estudiantes se encerró anoche. Con el amanecer, un grupo se ha manifestado frente a la facultad de Ciencias Químicas. Natalia Lago, estudiante de la agrupación juvenil Contracorriente y de la UCM, asegura que la Policía ha reprimido “brutalmente” a quienes habían pasado la noche de encierro: “Nos han tirado pelotas de goma y apaleado, nos han quitado la pancarta y nos matienen rodeadas. Hay compañeras que necesitan ir al hospital y pedir parte médico por las lesiones, pero la Policía no nos deja salir”. La Plataforma UCM x por la Pública ha informado de al menos cinco personas detenidas y seis heridas.

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha solicitado al jefe Superior de la Policía Nacional de Madrid una “investigación de urgencia” sobre las cargas policiales llevadas a cabo la mañana de este miércoles en Ciudad Universitaria en el marco de la manifestación por la Educación Pública en el primer día de huelga. Los huelguistas le han acusado justamente a él de “haber llenado los campus de policía”.

“Se han producido unas imágenes muy duras que creo que nos duelen a todos, por ello he pedido al jefe Superior de la Policía Nacional una investigación de urgencia sobre esta actuación y la adopción de medidas inmediatas que sean pertinentes”, ha manifestado Martín en declaraciones en 'RNE'. El delegado ha recalcado que “igual que no se debe tolerar ninguna agresión a policías”, la respuesta de los agentes en este tipo de situaciones “siempre debe ser proporcionada”, algo que, aparentemente, “no se corresponde con las imágenes” de las cargas y que, por tanto, será “objeto de investigación”.

Un grupo de estudiantes se ha desplazado al rectorado a pedir explicaciones y ha anunciado que no se movería hasta recibirlas. La universidad ha sacado un comunicado poco después en el que ha expresado su “condena y profunda preocupación por las cargas que se han producido esta mañana en la Ciudad Universitaria durante las movilizaciones con motivo de la huelga y el paro académico en defensa de la educación pública”.

Además, el rectorado ha querido “dejar constancia” de que “no ha solicitado ni promovido la presencia o intervención de la Policía Nacional en el campus”. La UCM pasa de esta manera la pelota a la Delegación del Gobierno, que unas horas antes ha anunciado que le ha pedido a la policía una investigación urgente para determinar qué ha sucedido esta mañana en el campus. “La discrepancia y la reivindicación forman parte de la vida democrática y deben poder expresarse libremente en todas las jornadas de huelga previstas”, concluye la nota del rectorado.

La Plataforma UCM x la Pública ha lamentado que el rectorado “en vez de posicionarse claramente contra la brutalidad policial, lanza un comunicado equidistante que condena y agradece al mismo tiempo las actuaciones policiales. Lo de hoy no es violencia desproporcionada, es violencia gratuita”, han lamentado.

Mientras, el profesorado iba formado piquetes informativos por toda la región. Un grupo de docentes tomó la Dirección de Área Territorial (DAT) Norte, en San Sebastián de los Reyes, y otro la plaza de España de Torrejón de Ardoz. En Madrid, un piquete de educadoras infantiles con sus reconocibles camisetas amarillas –este colectivo lleva en huelga desde el pasado mes de abril— ha conseguido cortar brevemente la Castellana bajo el puente de Eduardo Dato. En Rivas, un numeroso grupo de docentes ha tomado la plaza de Constitución al grito de “educación pública”.

Los convocantes (casi 20 organizaciones de todas las etapas educativas e ideologías), exigen a la Comunidad de Madrid más recursos para el sistema con carácter general. Específicamente, además, quieren menos alumnado por clase, menos horas lectivas semanales, medios para gestionar la creciente diversidad en las aulas, una subida salarial que les acerque a lo que ganan los docentes en el resto de España, más oferta de plazas públicas, más profesionales... Desde Infantil hasta la Universidad, desde CGT hasta el CSIF pasando por las familias, todo el mundo tiene algún motivo para ir a una huelga que empezó siendo de la etapa obligatoria, pero a la que se ha sumado la universidad en las últimas semanas.

La posibilidad de presentar candidaturas conjuntas al Senado ha vuelto al debate político de cara a las próximas elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Una iniciativa reclama extender la coordinación entre las fuerzas progresistas a las candidaturas para el Senado mientras, por el momento, la izquierda confederal no ha llegado a un acuerdo para el Congreso. Podemos y el Frente Amplio —la nueva coalición de Movimiento Sumar, IU, Comuns y Más Madrid— deberán decidir en los próximos 10 días si van juntos o separados a las elecciones.

Bajo el nombre “Senadoras y Senadores por la democracia”, sociólogos, profesores, economistas, representantes de la izquierda y otros profesionales de la sociedad civil han impulsado una propuesta para que el PSOE y fuerzas situadas a su izquierda compartan candidatos para aumentar su representación en las circunscripciones al Senado. Su objetivo, según declaran, es concentrar el voto progresista y tratar de impedir que el Partido Popular mantenga su mayoría absoluta en la Cámara Alta. 

La propuesta proviene de un grupo que sostiene que la fragmentación de las fuerzas progresistas se traduce en una representación menor en el Senado por las listas abiertas, que benefician al partido más votado (en las últimas elecciones, el Partido Popular), y busca responder a una particularidad del sistema electoral: que una fuerza política pueda obtener una representación parlamentaria superior a su porcentaje de votos, mientras que otras pueden quedarse sin escaños pese a tener un respaldo electoral significativo. En el Senado se escogen cuatro senadores por provincia, tres por islas mayores (Gran Canaria, Mallorca y Tenerife), uno por islas menores, dos para Ceuta y Melilla. De esta forma, el partido más votado en las provincias suele llevarse tres senadores y la segunda formación consigue el cuarto asiento. El resto de los apoyos no se traducen en ninguna representación.

Desde su manifiesto, el grupo defiende que “el Senado se ha estado utilizando de forma filibustera por el PP para tratar de impedir y obstaculizar la gobernabilidad del país durante esta legislatura” y destaca que el sistema de elección de senadoras y senadores “supone un precio desorbitado para la lista que obtiene la mayoría relativa de los votos en cada circunscripción y una penalización extrema para el resto de candidaturas”. El rodillo de la mayoría absoluta del partido de Alberto Núñez Feijóo en el Senado le ha permitido, por ejemplo, bloquear la renovación del Tribunal Constitucional.

Sus impulsores pretenden que los partidos negocien una fórmula específica para las candidaturas al Senado antes de las elecciones. “Es un escenario en el que todo el mundo gana”, sostiene el economista Bruno Estrada, uno de los responsables de la propuesta, que asegura que el PSOE podría aumentar su representación y que otras fuerzas que actualmente no cuentan con senadores podrían obtenerlos. 

Según Estrada, la iniciativa lleva acumulando apoyos desde primavera y ya cuenta con 5.000 adhesiones. “Cada vez hay más, por lo que el escenario es esperanzador”, señala Estrada.

Sin embargo, no se trata, al menos por ahora, de una coalición formal, sino que el objetivo de sus promotores es presionar a los partidos para que negocien una fórmula específica para el Senado. La iniciativa será presentada el próximo 6 de octubre en un acto en el Ateneo de Madrid, donde sus impulsores darán a conocer la iniciativa y reclamarán a las formaciones políticas que abran una negociación sobre una candidatura de la izquierda que sea conjunta.

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha reclamado este viernes “una respuesta estructural” ante la situación migratoria que atraviesa la ciudad autónoma y ha planteado que, ante un nuevo intento de entrada “masiva”, se proceda a la “devolución inmediata y automática” de las personas que accedan irregularmente a Ceuta. “Si usted entra por esta puerta, yo le devuelvo por esta puerta”, ha resumido Vivas durante una entrevista en la Cadena Ser. El presidente ceutí ha defendido esta medida como respuesta a una posible entrada de personas y ha reclamado al Gobierno que otorgue un “horizonte definitivo” porque “la ciudad lleva casi dos meses en una situación insostenible”.

Vivas ha cifrado en 15.000 las personas que continúan en la ciudad y ha advertido de que “es inevitable que esto no derive en una situación de tensión social”. “Los ceutíes han perdido la normalidad”, ha afirmado el presidente, al mismo tiempo que ha señalado que, recuperar esa normalidad, pasa por “conseguir que salgan de Ceuta todas las personas que llegaron de forma masiva e irregular”.

El presidente de la ciudad autónoma también ha defendido que la mayoría de quienes llegaron los pasados 30 y 31 de julio a Ceuta eran marroquíes y ha señalado que “Marruecos está considerado un país seguro”. “Estas personas, la mayoría de ellos, salvo casos excepcionales, no son sujetos de protección internacional mediante el derecho de asilo”, ha explicado.

En este sentido, el dirigente ceutí ha defendido que existen procedimientos jurídicos para realizar devoluciones y que debería favorecerse que las personas fueran “conducidas” hasta la frontera. “Yo avalo que se acompañe a los migrantes a la frontera”, ha respondido Vivas al ser preguntado sobre si sería ilegal que el Ejército “acompañara” a los migrantes hasta la frontera. 

Vivas ha defendido además que existen procedimientos jurídicos para permitir las devoluciones “colectivas” en determinadas circunstancias. “Está en una sentencia recogida, pero yo no soy jurista”, ha argumentado.

En cuanto a la situación de los menores que permanecen en la ciudad, el presidente ha asegurado que Ceuta se encuentra “un 8000% por encima de su capacidad de acogida”, en respuesta a las declaraciones del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, quien ha reclamado que “se agilice la reubicación de menores en la Península” por una “cuestión de humanidad”. “Nadie está en condiciones de darnos lecciones de lo que significa un comportamiento de humanidad en Ceuta”, ha señalado el dirigente ceutí, y ha recordado al ministro que “hable con sus compañeros de Gobierno”. 

El presidente ceutí ha rechazado que su Gobierno se oponga al traslado de menores a la Península y ha reconocido haber tenido “una postura de colaboración”. Al mismo tiempo, ha reclamado que se tenga en cuenta “ante todo” el interés superior del menor y que se adopten medidas para impedir que una situación semejante vuelva a repetirse. 

Vivas también se ha referido al campamento habilitado en el Puerto para acoger a parte de las personas llegadas a Ceuta y ha reconocido que, si dependiera de él, cambiaría su ubicación porque ha sido “uno de los errores”. 

Según ha explicado el presidente ceutí, el espacio se planteó para evitar que las personas migrantes permanecieran cerca de “zonas residenciales”, pero posteriormente se desaconsejó su ubicación por tratarse de “una infraestructura crítica y estratégica”. “Si yo pudiera, sustituiría el emplazamiento del puerto a otra zona. Ya lo hemos propuesto al Gobierno”, ha añadido.

Los vecinos de Madrid vuelven a exigir transparencia en la sanidad pública después del escándalo de la modificación de las listas de esperas sanitarias en uno de los grandes hospitales de la Comunidad. La plataforma Vecinas y Vecinos de Barrio y Pueblos de Madrid ha convocado este jueves una concentración a las puertas del hospital Ramón y Cajal para reclamar explicaciones y responsabilidades por la modificación de la prioridad de pacientes realizada en la lista de espera quirúrgica del centro.

La protesta, que ha tenido lugar a las 12:00, se produce después de que saliera a la luz que 57 pacientes de Traumatología, que habían sido clasificados como preferentes, fueron movidos en las listas como pacientes de prioridad normal, un cambio que supone ampliar de 90 a 180 días el plazo para su intervención quirúrgica. “Cualquier problema y atención sanitaria pone una angustia que nos pretende expulsar de lo público a lo privado”, defienden desde la plataforma. 

El origen del escándalo se encuentra en las denuncias de varios profesionales del centro hospitalario sobre la gestión de las listas de espera. Uno de ellos, el cirujano Luis Alberto Martos, aseguró haber detectado cambios en la prioridad de pacientes sin que los médicos que habían establecido esa clasificación previamente fueran consultados. Posteriormente, el hospital pidió que el médico ratificara por escrito sus declaraciones. 

La plataforma solicita ahora que se esclarezca quién decidió modificar la prioridad de los pacientes y bajo qué criterios, además de garantías para los profesionales que denuncien este tipo de irregularidades. “Que no suceda nunca más, ni aquí ni en ningún hospital”, reclama.

“Llevo 18 meses esperando”

Entre las personas afectadas por las largas listas de espera y presentes en la concentración de este jueves se encuentra un paciente que asegura llevar “18 meses esperando y con una baja laboral” debido a un problema grave en la columna vertebral y para la que continúa esperando una intervención quirúrgica. El paciente señala que lleva “desde el 23 de febrero en lista de espera” para una operación y que, por esta situación, se encuentra actualmente con una “incapacidad permanente”.

“No solamente se trata de esperar, sino todo lo que acarrea”, indica, a la vez que explica que las consecuencias no sólo son físicas, sino también psicológicas. “Te ves todos los días diciendo. ‘¿Qué hago?’ Si no puedo moverme. Al final te ves tumbado la mayor parte del día”, relata el paciente, y añade que la falta de movilidad hace que “el cuerpo se te agarrote y pierda masa muscular”. 

Explica que su pareja consulta ocasionalmente la evolución de la lista de espera porque él prefiere no hacerlo y calcula que la lista avanza aproximadamente al ritmo de “una operación a la semana”. 

Para el paciente, la modificación de las prioridades en el Ramón y Cajal “afecta de manera que bajen las cifras de listas de espera” y lo atribuye a un “intento de mejorar los indicadores”. “Es maquear las cuentas para que sea otra cosa y sobre todo de cara a las elecciones”, afirma. 

Otra persona que también se encuentra en la concentración relata su experiencia por un síndrome del túnel carpiano y, tras ser incluida en una lista de espera de su hospital de referencia, asegura que no ha recibido ningún aviso. Teme tener que volver a iniciar el proceso asistencial: “Voy a tener que ir a preguntar en qué puesto estoy para que me atiendan”, explica. Su preocupación es que las pruebas realizadas pierdan validez y tenga que repetirlas antes de entrar nuevamente en una lista de espera.

Una investigación abierta y una denuncia ante la Fiscalía

La Comunidad de Madrid mantiene abierta una investigación interna, después de que en una reunión del hospital los responsables del centro reconocieran que se había acordado que pacientes con prioridad preferente pasaran a la categoría normal. La dirección ha defendido que los responsables de los servicios tienen capacidad para modificar la prioridad de los pacientes y que actuaron dentro de sus competencias.

Por su parte, Más Madrid ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Madrid para que investigue los cambios y determine si existen indicios de delito de prevaricación administrativa y falsedad documental. La formación también ha registrado una proposición de ley para modificar el sistema de medición, de manera que se tenga en cuenta el recorrido completo del paciente, establecer un registro único y que el deterioro de los indicadores tenga consecuencias presupuestarias. 

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de “alentar algaradas” y de promover un “clima de tensión en España” tras las protestas registradas en Madrid a raíz del desahucio de Maricarmen, la vecina de 87 años desalojada de la vivienda en la que residía en el distrito de Retiro desde hace más de setenta años. 

Ayuso ha defendido en un foro organizado por el Círculo de Empresarios que el desahucio de Maricarmen se produjo “en cumplimiento de la ley” y ha recalcado que la ejecución de la orden judicial no corresponde al Gobierno de Madrid. “La orden judicial no es una decisión nuestra”, ha señalado, al mismo tiempo que ha recordado que la Policía Nacional depende del Ejecutivo central: “Ayer se produjo un desahucio de los 25.500 que se ejecutan todos los años en España, a manos de la Policía Nacional, que la gestiona el Gobierno”, ha asegurado. 

La presidenta madrileña ha responsabilizado también al Gobierno de no haber modificado las leyes en materia de vivienda y ha criticado la actual legislación, que considera “absurda” y que está promoviendo “que los precios se disparen”. “Han tenido ocho años para modificarla, si no están de acuerdo con ella”, ha señalado. 

En este sentido, la presidenta ha subrayado que el mercado de venta y alquiler “se están viendo perjudicados” y ha asegurado que esto causa “un perjuicio tremendo a la economía y especialmente a los jóvenes”, que “ven cómo sus salarios se ven carcomidos por los impuestos y no pueden acceder a una vivienda”.

Asimismo, la dirigente regional ha apuntado que donde más desahucios se producen es en “la Cataluña de Illa y Sánchez”, y ha arremetido contra las protestas ante el desahucio, acusando de nuevo a Sánchez de “promover quema de calles”. La presidenta ha asegurado que las movilizaciones son “cada vez más violentas” y ha señalado al Gobierno por generar un clima que “no trae prosperidad”. 

Después de que este miércoles cerca de 10.000 personas se concentraran frente al ático de Chamberí, que adquirió la Comunidad de Madrid, la presidenta madrileña también ha criticado que Sánchez decida ir a una reunión de la ONU con los “problemas importantes” que sufre España. “Tenemos un presidente que, con todos los problemas que tenemos, va a EEUU para esconderse de los medios de comunicación”, ha asegurado. 

En esta línea, Ayuso ha cargado contra las “algaradas” que se están promoviendo en España y que “alienta” el presidente, algo que asegura que hace porque la intenta “deshumanizar y acosar”. “España está en manos de un señor que no es demócrata”, ha censurado la presidenta. 

La ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, ha reclamado este miércoles al Gobierno que incluya el Real Decreto Ley de Vivienda en el orden del día del próximo Consejo de Ministros, previsto para el martes 29 de septiembre. La petición llega el mismo día en que se ha ejecutado el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años que llevaba más de siete décadas viviendo en el mismo piso del distrito madrileño de Retiro.

“El martes tiene que ir el Real Decreto Ley de Vivienda al Consejo de Ministros. El PSOE no puede seguir dilatándolo más”, ha defendido García en sus redes sociales. García ha añadido, además, que “PP, Junts y Vox no pueden volver a votar en contra”. 

La dirigente de Más Madrid ha vinculado la aprobación de la norma con casos como el de Maricarmen y ha reclamado que no vuelva a producirse un desalojo en circunstancias similares. “Ni más Maricarmen desahuciadas ni más dueños de fondos buitre haciendo de nuestros derechos su ley de la jungla”, ha señalado García. 

El desahucio de Maricarmen se ha producido este miércoles después de varias horas de resistencia frente al portal de la vivienda. La Policía Nacional ha desplegado numerosos efectivos para despejar el acceso al inmueble y apartar a los manifestantes que trataban de impedir la entrada de la comisión judicial. Finalmente, Maricarmen ha abandonado la vivienda junto a los servicios sociales. 

El conflicto se remonta a la venta del edificio en el que reside, por la que la nueva propiedad comunicó su intención de elevar el alquiler. La situación desembocó en un procedimiento judicial para poner fin al contrato de renta antigua de Maricarmen, que mantiene desde que heredó el arrendamiento de su madre. La mujer lleva 71 años viviendo en el mismo piso del distrito de Retiro y actualmente paga 500 euros mensuales, pero la empresa propietaria reclama ahora un nuevo alquiler de más de 2000 euros, una cantidad que supera la pensión que recibe. 

El Ministerio de Vivienda ha defendido durante los últimos meses la necesidad de encontrar una solución para personas vulnerables en situaciones similares y ha pedido a las administraciones madrileñas que intervengan en el caso de Maricarmen.

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha responsabilizado a la Comunidad de Madrid de la situación y ha defendido que el Gobierno ha tratado de intervenir para evitar el desalojo. “Cuando nosotros intentamos hacer todo eso, hay gente que está trabajando en la dirección contraria”, ha señalado Rodríguez. 

La reivindicación de García se produce después de que el Congreso rechazara en abril un decreto impulsado por Sumar que incluía, entre otras medidas, una prórroga de determinados contratos de alquiler de la que podía haberse benefciado Maricarmen, y un límite del 2% a las actualizaciones de renta. La petición de Mónica García queda ahora pendiente de la decisión del Consejo de Ministros.

La Mesa del Congreso de los Diputados ha retirado de manera definitiva la acreditación de prensa a Vito Quiles después de considerar probadas tres nuevas infracciones graves cometidas en marzo. La decisión, adoptada este martes, contó con la mayoría de 'síes' que forman PSOE y Sumar, mientras que los representantes del Partido Popular no quisieron participar en la discusión. 

La posición del PP en el órgano de gobierno del Congreso contrasta con los mensajes publicados por algunos de sus dirigentes, que se han pronunciado mostrando su apoyo a Quiles y han cuestionado la decisión adoptada por la Cámara.

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha salido en defensa del agitador de ultraderecha en su cuenta de X, donde ha cuestionado el tratamiento que, a su juicio, recibe Quiles por parte de otros periodistas. El dirigente popular además ya había compartido anteriormente actos y posicionamientos favorables a Quiles. 

También Rafael Hernando, diputado del PP en el Congreso, se ha pronunciado públicamente en defensa de Quiles criticando que se acepte “con naturalidad que se retire la credencial del Congreso” a Quiles. “Todo es CENSURA”, escribió el diputado.

En mayo, cuando la Cámara retiró cautelarmente la acreditación al periodista, Hernando ya había denunciado que la decisión suponía un “ataque a la libertad de prensa” y sostuvo que retirar la acreditación a un periodista no tenía precedentes en el Congreso en “casi 50 años de democracia”.

La defensa pública de Quiles también ha contado con otros respaldos dentro del PP. En febrero, el secretario general del partido, Miguel Tellado, elogió públicamente el “arrojo” y la “valentía” del agitador durante un acto de Nuevas Generaciones y pidió a Serrano que le trasladara “el reconocimiento” y “la gratitud” de miles de españoles por “dar voz a otros que no son capaces de hacerlo”.

La posición de los dirigentes populares se produce, no obstante, después de que los representantes del PP en la Mesa del Congreso decidieran abstenerse en la votación para la expulsión de Vito Quiles. La retirada definitiva salió adelante con los votos favorables de PSOE y Sumar.

Una expulsión basada en la reiteración de sanciones

La normativa aprobada por el Congreso establece un código de comportamiento para los periodistas acreditados y contempla sanciones ante determinadas conductas. Una acumulación de infracciones graves puede elevar la consideración de la conducta a muy grave y desembocar en la retirada definitiva de la credencial. El PP ya se había opuesto a la reforma de este reglamento.

En el caso de Quiles, la decisión de la Mesa responde a varios incidentes reiterados por el periodista de ultraderecha. El primer expediente sancionador firme se produjo en mayo, después de que la Cámara considerara que había grabado sin autorización al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y posteriormente difundido esas imágenes en redes sociales. En julio, recibió una tercera sanción por interrumpir una rueda de prensa.

La decisión de este martes incorpora tres nuevas infracciones y eleva la respuesta del Congreso a la retirada permanente de la acreditación. Quiles, que había asegurado en redes sociales que no conseguirían expulsarle, pierde así su condición de periodista acreditado en la Cámara Baja. 

“Lo que usted merece es un juicio por corrupta, porque vender el presupuesto de una comunidad autónoma a Quirón es corrupción y comprarse un aticazo enfrente de su madre también”. Con estas palabras se ha expresado este jueves la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, dirigiéndose a la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, durante la sesión de control a su Ejecutivo.

La oposición ha utilizado precisamente dos de los asuntos más peliagudos de las últimas semanas para Ayuso y su equipo, el ático de lujo y la situación de la sanidad, al inicio de un largo Pleno que culminará, precisamente, con la comparecencia del consejero de Presidencia, Miguel Ángel García, para dar explicaciones sobre el polémico ático de lujo adquirido por la empresa pública Planifica Madrid y que la Comunidad puso a la venta en cuanto la prensa reveló esa adquisición. 

Para Bergerot, “lo del ático va a ser un chicle” que a Ayuso “se le va a pegar hasta el final de su carrera política”. “Da igual que ponga la cabeza de su consejero encima de una bandeja y usted lo sabe”, ha añadido, en alusión a la comparecencia de esta tarde. La portavoz de Más Madrid le ha espetado a la presidenta autonómica que “ni siquiera sus votantes” han “creído” sus explicaciones “porque son todo mentiras”.

Respecto a la sanidad, dos días después de conocer que en uno de los hospitales más importantes de la región, el Ramón y Cajal, había alterado la gravedad de sus pacientes para mejorar las listas de espera, la portavoz de Más Madrid ha acusado a Ayuso de “hacer ingeniería contable” para modificar las listas de espera. “Lo más inquietante del Ramón y Cajal es que no es un caso aislado. Tienen un plan perfectamente diseñado para que cada vez haya que esperar más en la pública para ir a la privada”, ha zanjado Bergerot.

“El bulo del culo” del Ramón y Cajal

Para Ayuso, todo lo relacionado con el Ramón y Cajal es “el bulo del culo” y ha cargado contra el cirujano sobre el que su gobierno ya centró las acusaciones el miércoles. “Resulta que es un señor que está manipulando las listas”, ha añadido, sin aportar pruebas.

La portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, había exigido previamente a Ayuso que presentara su dimisión por el escándalo del ático. “No hay veto que tape el escándalo en el que está metida”, ha afirmado Espinar, que además ha acusado al Gobierno madrileño de “censura y opacidad”. “Prometió dimitir si había mentido con la cuestión del ático. ¿Dónde está su carta de dimisión?”, se ha preguntado.

Espinar también ha criticado la alteración de las listas de espera sanitarias y los recortes en la universidad. “Se le acabó la impunidad, váyase para dejar de hacerse daño a sí misma”, ha concluido la portavoz socialista.

Ayuso ha respondido acusando a la izquierda de actuar desde la “desesperación” y ha defendido su gestión asegurando que las denuncias sobre las residencias y el caso de Torrejón fueron archivadas. También ha dicho que la oposición basa todas sus acusaciones contra su Gobierno en “mentiras”.

Ayuso ha afirmado que Más Madrid “no ha hecho nunca una propuesta” en la Cámara autonómica y que se dedican a “las mismas mentiras” y “las mismas monsergas”. Ha señalado que en cuanto se empieza a ver “propiedades y riqueza” se “duplica a la clase media que representa en la mayoría el centro derecha” en la Comunidad. “Por eso nosotros que gobernamos para todo el mundo tenemos esas victorias electorales y ustedes la derrota”, ha lanzado la mandataria autonómica, quien ha afirmado que el espectro político de Más Madrid “allí donde gobierna” siempre “propone y trae la miseria”, “da igual que sea en España” o “en el otro lado del Atlántico”.

“Game over, lo siento”, ha sentenciado la presidenta madrileña, en alusión al futuro de la izquierda.

Las educadoras de las escuelas infantiles de Madrid han protagonizado este miércoles una sentada en la consejería de Educación para exigir la apertura de una mesa de negociación con la Administración regional y establecer mejoras en sus condiciones salariales y laborales. La protesta, que las educadoras habían planeado como una acción pacífica, ha terminado siendo disuelta después de que acudiera la Policía y no les permitiera continuar, según han explicado las propias trabajadoras.

“Nos hemos encerrado para exigir de una vez que se abra una mesa de negociación y aquí nos vamos a quedar hasta que nos echen o nos den esa reunión”, defendían las educadoras infantiles en declaraciones a este medio. Finalmente, la intervención policial ha impedido que pudieran mantener la sentada en el interior de la Consejería.

Las trabajadoras, que mantienen la huelga desde el pasado 7 de abril, reclaman mejoras salariales, una reducción de las ratios y la implantación de la pareja educativa. La protesta llega después de meses sin una respuesta por parte de la Comunidad de Madrid y de varias movilizaciones, que ahora coinciden con el inicio del curso escolar, lo que hace que la situación se haya vuelto todavía más “delicada”.  

La Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI) mantiene desde hace cinco meses la presión sobre las administraciones para que se sienten a negociar las condiciones laborales del personal que trabaja en el primer ciclo de Educación Infantil. 

El comienzo de este nuevo año lectivo ha coincidido con el mantenimiento de la huelga de las educadoras de 0 a 3 años. A principios de septiembre, las educadoras ya habían organizado una concentración permanente con pernocta en la Puerta del Sol, frente a la sede del gobierno de la Comunidad de Madrid, para recordar que el conflicto todavía sigue abierto y que las reclamaciones de la huelga “no habían sido escuchadas” por la consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo.

“Queremos que se abra una mesa de negociación”, resumen las trabajadoras, que aseguran que no están dispuestas a abandonar sus reivindicaciones hasta que la Comunidad se siente a negociar. 

De un lado, denuncian aulas saturadas, con ratios de 8 bebés por educadoras, 13 de uno a dos años y 16 de dos a tres, para lo que ya han conseguido que el Ministerio de Educación elabore un real decreto que mejore esas ratios. Por otro lado, la gestión de este ciclo, que en su mayoría está en manos de empresas privadas y que, como señalan, “han precarizado las condiciones laborales”, con salarios que rondan el salario mínimo y contratos inestables. 

Salarios que no reconocen la responsabilidad de su trabajo 

Una de las principales reivindicaciones de las trabajadoras es la equiparación salarial entre las profesionales de las escuelas infantiles de gestión directa y las de gestión indirecta, estas últimas con una gestión externalizada a empresas o cooperativas mediante contratos públicos. 

La diferencia es sangrante, prácticamente el doble

Las educadoras denuncian que, pese a desempeñar funciones similares, las condiciones retributivas pueden ser muy diferentes en función del modelo de gestión. Una de ellas, Lucía Martínez, asegura que algunas profesionales “cobran alrededor de 1000 euros, mientras que otras, pueden alcanzar los 1800 o 1900 euros, dependiendo de su antigüedad o condiciones”. “La diferencia es sangrante, prácticamente el doble”, afirma.

Las trabajadoras buscan que las administraciones incorporen complementos salariales en los pliegos de contratación para garantizar que las mejoras lleguen a las empleadas de las escuelas de gestión indirecta. Desde la plataforma, reclaman que el dinero público destinado a las escuelas infantiles se traduzca en mejores condiciones para las profesionales. “Este año un 10, el que viene un 20”, explican como ejemplo de una posible aplicación progresiva de estos complementos.

Menos niños por aula y más profesionales

La reducción de las ratios y la implantación de la pareja educativa son otras de las demandas centrales de la huelga. Las trabajadoras soportan actualmente una elevada carga de profesional y denuncian que las aulas pueden llegar a estar formadas por 8 bebés, 14 menores de uno a dos años y 20 niños de dos a tres años por educadora. En este sentido, las educadoras ya han conseguido que el Ministerio de Educación haya planteado modificaciones de estas ratios y que se reduzcan estas cifras.

Sin embargo, reclaman que es necesario, además, que se incluya la pareja educativa y que haya dos profesionales de referencia en cada aula. “La pareja educativa permite atender mejor las necesidades de los menores y evitar que una baja deje a una sola trabajadora al frente del grupo”, reconoce Lucía Martínez. “Si una persona está de baja, mañana tiene que haber otra”, añade.

Para las trabajadoras, la falta de personal “repercute directamente en los cuidados” y recuerdan que están defendiendo algo que va “mucho más allá” de sus condiciones laborales: “Estamos defendiendo el derecho de los niños y niñas a recibir la atención, el cuidado y la educación que merecen”, señalan.

Además, desde la plataforma sostienen que las primeras semanas son cruciales porque constituyen el periodo de adaptación con los niños y que los cambios constantes de educadora pueden dificultar la creación de vínculos estables con ellos. “En todo caso, debe haber otra persona que sea de ayuda y que también se convierta en un referente para las criaturas”, afirma Martínez.

Una etapa educativa “crucial”

Las educadoras defienden que el trabajo en las aulas de cero a tres años no se limita a los cuidados básicos, sino que también implica acompañar el desarrollo emocional de los menores, detectar posibles necesidades educativas y trabajar con las familias. “Somos gente muy formada y, por las condiciones que hay, se está perdiendo mucho capital humano que se ve obligado a trabajar en otro sitio para contar con un mejor salario”, lamentan las educadoras.

“Si yo no puedo pagar mis facturas, ¿con qué cuerpo entro yo en clase?”, resume una de las educadoras. Para las trabajadoras, la precariedad laboral termina afectando también a la atención que pueden ofrecer a los menores: “No puedo transmitir calma si no tengo calma”. La falta de unas buenas condiciones, explican “afectan a la atención emocional, a los cuidados y también al trabajo pedagógico que se desarrolla en estas edades”.

La protesta de este miércoles se suma así a cinco meses de huelga y movilizaciones, mientras las educadoras reclaman a la Comunidad de Madrid que abra una mesa de negociación y concrete medidas para mejorar las condiciones laborales del sector. Las educadoras sostienen que “la protesta se mantendrá abierta” hasta tener una respuesta desde la administración regional.