Ciento quince personas han perdido la vida en accidentes ferroviarios en apenas diez meses. Detrás de esa cifra hay familias destrozadas y una sociedad que ha perdido la confianza en poder viajar con seguridad en unas infraestructuras públicas. Saber quién tuvo la culpa de cada accidente corresponderá a los jueces, quienes de todos modos tendrán dificultades debido a la naturaleza del evento, pero determinar quién debe asumir la responsabilidad política corresponde a la ciudadanía y a sus representantes. Y en política es importante entender que ambas cosas no son necesariamente lo mismo. Porque una tragedia puede ser el resultado de muchos años de decisiones equivocadas y, aun así, exigir que quien está al frente del ministerio asuma sus consecuencias.

Lo cierto es que la culpa de tragedias como estas se encuentra mucho más distribuida de lo que parece, porque en gran medida es el resultado de la erosión de las infraestructuras y de la incapacidad demostrada, durante años, de mantenerlas en buen estado mediante suficiente gasto en mantenimiento corriente y, sobre todo, con inversiones públicas que permitieran adaptar las infraestructuras tanto tecnológicamente como físicamente a un contexto de creciente demanda de viajeros. Es el “problema de las muchas manos”, es decir, lo que emerge cuando el daño es el resultado de decisiones dispersas en el tiempo y que conduce a que puede que no haya un único responsable causal, sino más bien una acumulación de decisiones y omisiones que contribuyeron a crear las condiciones de la tragedia. Serán los juzgados quienes tendrán que ponderar qué grado de culpa (y responsabilidad jurídica) le corresponde a quienes recortaron en inversión, a quienes archivaron las alertas, a quienes minusvaloraron las incidencias previas en la circulación, etc. Los jueces dirán lo que puedan, pero lo esencial quedará fuera de su alcance porque no es fácil delimitar esa culpa “estructural”.

En esa cadena de culpables, el ministro Óscar Puente había llegado relativamente tarde. Su gestión, de hecho, se ha caracterizado por el intento de recuperar la credibilidad de un ministerio que había sido dirigido por el ahora encarcelado José Luis Ábalos. Durante esa etapa previa, el Ministerio de Transportes fue testigo de desvíos de dinero y corrupción, de enchufes para colocar a gente sin preparación alguna, de decisiones políticas altamente cuestionables, y todo ello mientras la cabeza del ministerio y sus más allegados se lanzaban hacia todo tipo de excesos e ilegalidades. El daño que Ábalos ha hecho al gobierno progresista, que en esos momentos se bregaba contra una pandemia y la ola reaccionaria al mismo tiempo, es inmenso. Y la misión de Puente era, por lo tanto, hercúlea; en realidad, casi imposible.

Aun así, su gestión ha sido mucho más que decente. Se nota que se preparaba a conciencia los temas sobre los que tenía que trabajar, y lograba explicarlos a la población con verdadera claridad. La gestión posterior a la DANA, por ejemplo, fue una demostración de excelente gestión y comunicación; algo que le valió numerosos reconocimientos públicos, incluso de sus adversarios. Las informaciones y explicaciones sobre los accidentes ferroviarios fueron, en general, también correctas, porque buscaban deshacer la confusión reinante. 

No en todo acertó, claro. Señalar a un trabajador individual como culpable de un accidente ferroviario, además con filtraciones de audios incluidas, fue un error mayúsculo. Que todas las barreras tecnológicas de seguridad fallaran y que el sistema terminara dependiendo de la actuación de una persona es, en sí mismo, una señal de que algo fallaba mucho más profundamente. Ningún sistema de seguridad contemporáneo debería depender de algo tan frágil como la capacidad humana para evitar una catástrofe. Ahí el ministro se puso innecesariamente a la defensiva cuando, en rigor, era consecuencia de la dejación histórica en esos ámbitos. 

Con todo, la patata caliente le tocó a él. Como en aquel juego en el que los participantes se pasan un objeto que puede explotar en cualquier momento, Puente estaba al mando cuando la situación acumulada durante años llegó a su punto de ruptura. La responsabilidad difusa de muchas decisiones anteriores había generado una situación insostenible y ahora sabemos que las inversiones y los gastos en mantenimiento realizados durante su mandato no bastaron para evitarla. Dicho de otra forma, los accidentes tuvieron lugar cuando Óscar Puente todavía estaba intentando limpiar la basura dejada por la gestión de Ábalos y sus compinches y de los recortes en inversión pública acumulados desde mayo de 2010 (que comenzaron con un gobierno del PSOE y siguieron con los del PP, reflejando de nuevo ese “problema de las muchas manos”). Puente estaba adecentando la casa, pero esta se vino definitivamente abajo.

No es culpable, pero sí es responsable. El cargo político no es algo que se posee. Estrictamente hablando, yo nunca tuve un ministerio porque no era una posesión, sino que asumí un encargo basado en la confianza con la comunidad. Esa relación no es estática, sino que se alimenta continuamente mediante la rendición de cuentas. Los ministros tienen que rendir cuentas ante el parlamento y ante la sociedad, porque es la ciudadanía y sus representantes quienes han realizado el encargo. Se responde de lo que ocurre bajo el propio mandato, haya o no culpa personal, porque eso es lo que significa haber aceptado el encargo. Y cuando la confianza decae, por las razones que sea, es justo y necesario que se asuman responsabilidades. Y estas responsabilidades son de orden político, no necesariamente judicial. Por eso la frontera entre asumir responsabilidades y no hacerlo es difusa y no la marca un juez, sino los valores y principios que sostienen la relación con el cargo. 

Cuando dos accidentes muy graves ocurren bajo tu mandato, la confianza se resquebraja de inmediato. La dimisión era, en realidad, la única salida posible ante una crisis de esa magnitud. Otras formas de rendición de cuentas se antojaban realmente insuficientes ante una situación como esta. Por lo tanto, la decisión de Óscar Puente ha sido correcta, y si acaso solo cabe reprocharle que haya tardado tanto. Sabiéndose no-culpable, además era políticamente inteligente haber anunciado su dimisión, gestionar la crisis en el mientras tanto y proponer medidas estructurales y coyunturales para evitar que esto pasara de nuevo, sin dejar de mencionar todo lo que políticamente es clave para entender esta situación: falta de inversión, liberalización, privatizaciones encubiertas, mala gestión por responsables anteriores, etc. La dimisión no constituye, por lo tanto, una confesión de culpabilidad ni una admisión de responsabilidad jurídica. Es más bien el reconocimiento de que la confianza necesaria para continuar ejerciendo el cargo se ha quebrado y de que, en esas circunstancias, la continuidad resulta políticamente injustificable.

El desgraciado accidente de Urda ha cambiado el ritmo de la campaña, y la dimisión de Óscar Puente no parece que sea suficiente para evitarlo. Sin duda, de haberse producido antes nos hubiéramos ahorrado una semana donde el protagonismo ha estado en el ministro más que en las víctimas y las medidas políticas para abordar este problema. Quizás a partir de ahora sea diferente, aunque el daño emocional provocado por este accidente en toda la sociedad es hondo. Para la remontada en las encuestas la izquierda necesitaba un entorno de optimismo y de salir a la ofensiva, algo que se estaba consiguiendo en los primeros días, pero cuya dinámica ha quedado completamente rota. Le toca a Carlos Cuerpo la gestión de un ministerio en el que no podrá hacer nada relevante (léase: estructural) por falta de tiempo, pero al menos se pasa página con una asunción de responsabilidad que era la única salida digna. La campaña seguirá su curso y los deberes más importantes (qué tipo de infraestructuras necesita un país) quedarán para la siguiente legislatura.

En los años ochenta el libro America in Ruins de Pat Choate y Susan Walter desató una importante controversia en Estados Unidos al convertirse en una advertencia pública de que la red de autopistas creada durante la posguerra había envejecido y se encontraba al final de su vida útil. Varios derrumbes acontecidos en los setenta y en los ochenta parecían acreditar que el mal estado de las carreteras tenía importantes consecuencias sobre la seguridad. Al fin y al cabo, todas las infraestructuras sufren un desgaste físico que además se acelera con el uso, y las carreteras eran el ejemplo paradigmático en el país del vehículo de combustión interna. Pero ese hecho significaba también que toda sociedad, al construir infraestructuras, queda hipotecada con una serie de gastos presentes y futuros que deben dedicarse a que lo construido siga existiendo y ofreciendo los mismos servicios y con la misma calidad.

Cuando una sociedad no atiende esos compromisos por diferentes razones, como puede ser una crisis económica, entonces las infraestructuras se deterioran más rápidamente y la prestación del servicio sufre severamente. Como veremos en este análisis, la gestión neoliberal de la crisis económica de 2008 provocó en España que los recortes en inversión pública dejaran temblando muchas infraestructuras y, a pesar de cierta recuperación durante los últimos años, ha dejado una cicatriz cuyos efectos llegan hasta la actualidad.

El papel económico de la inversión pública

La inversión pública es una de las categorías fundamentales de las políticas públicas, porque estimula el crecimiento económico —la inversión es uno de los cuatro componentes del PIB, junto con el consumo privado, el consumo público y las exportaciones netas— y porque tiene la capacidad de ampliar las capacidades productivas de una economía. Aunque el Estado podría a través de la inversión pública crear nuevas capacidades de producción directamente, mediante la creación de empresas públicas, lo más habitual durante las últimas décadas es que el Estado invierta en servicios como educación o infraestructuras como un medio para mejorar la productividad de las empresas ya existentes. Por ejemplo, si se mejoran las carreteras y los ferrocarriles, también mejora la logística de las empresas y disminuyen los costes de transporte.

En una economía capitalista el diseño de las redes de transporte responde, por lo tanto, fundamentalmente a las necesidades mercantiles de los grandes centros de producción. El desarrollo de la alta velocidad es un buen ejemplo de esta lógica, porque si el criterio prioritario hubiera sido atender las necesidades cotidianas de movilidad de la población, probablemente las redes de cercanías habrían recibido una atención mucho mayor. Sin embargo, en España se apostó por conectar grandes nodos económicos mediante infraestructuras de alta velocidad, con inversiones extraordinariamente costosas, mientras otros servicios ferroviarios de uso mucho más cotidiano recibían una atención bastante menor.

Sea como sea, toda infraestructura requiere recursos para mantenerse en funcionamiento a lo largo del tiempo. Desde el punto de vista contable, los activos fijos sufren una depreciación que debe compensarse mediante nuevas inversiones de reposición si se quiere mantener el valor del capital público. Desde una perspectiva ecológica, además, toda sociedad debe comprometer flujos continuos de materiales —minerales, por ejemplo— y energía para conservar las infraestructuras existentes y seguir prestando los mismos servicios. A ello se suma el gasto corriente necesario para realizar las tareas ordinarias de mantenimiento. Y cuando estos recursos no se destinan adecuadamente, las consecuencias pueden aparecer de distintas formas, como carreteras con más baches, ferrocarriles con peor frecuencia, equipos médicos que dejan de funcionar y colegios y centros de salud que se deterioran. No todos estos problemas quedan reflejados en las estadísticas de inversión pública, pero todos ellos forman parte de la capacidad del Estado para prestar servicios de calidad.  

El problema es que cuando llega una crisis, lo más fácil es recortar la inversión pública. En particular, porque recortar las partidas presupuestarias de infraestructuras no duele tanto como recortar otras como pensiones o salarios, porque las infraestructuras no tienen a quienes protesten de manera directa. Construir una carretera o una nueva línea de ferrocarril proporciona grandes titulares y, quizás, incluso votos, pero dejar de invertir en ella apenas tiene coste político. Del mantenimiento cotidiano y estructural se habla únicamente cuando ocurre una desgracia, y mientras tanto lo más que llegamos a considerarlo, como ciudadanos, es un incordio. Esa es la razón por la que, en tiempos de crisis, suele ser la partida que más sufre. Por ejemplo, se puede observar en el siguiente gráfico cómo los recortes iniciados en 2010 redujeron la inversión pública neta hasta niveles negativos.

Aunque tras la pandemia la inversión pública neta se ha ido recuperando, en parte gracias a los fondos NextGeneration diseñados para combatir las consecuencias de la pandemia, estamos lejos de los niveles de inversión previos a la crisis —que eran mucho más altos que en el promedio de la UE—. Y, recuérdese, a mayor cantidad de infraestructuras también mayor es la cantidad de recursos comprometidos para compensar su depreciación. Es importante recordar que una inversión pública neta negativa significa que el Estado no repuso mediante nuevas inversiones todo el capital fijo que se depreciaba y, en consecuencia, el stock neto de capital público comenzó a reducirse. Aunque este indicador no permite medir directamente el estado físico de las infraestructuras —parte de su mantenimiento se contabiliza como gasto corriente—, sí muestra que el esfuerzo inversor fue insuficiente para mantener el valor del capital público existente.

La caída de la inversión por tipo de transporte permite ver, como en el gráfico siguiente, que fue mucho más pronunciada tanto en carretera como, sobre todo, en ferrocarril. Esta caída fue del 69 % en carretera y del 83 % en ferrocarril desde sus máximos, aunque desde 2023 la inversión ferroviaria ha empezado a recuperarse con fuerza.

El problema es que esa mayor inversión de los últimos años ha coincidido en el ferrocarril con un aumento en el número de viajeros, consecuencia del crecimiento de la población, del mayor número de turistas, las ofertas de muchos abonos y de la liberalización del sector, factores todos ellos que han conducido a una actividad del tren mucho más intensa. La inversión medida en términos de ese número de viajeros muestra una caída mucho más abrupta desde la crisis de 2008 y una mucho más débil recuperación de la que muestran los números absolutos, como muestra el gráfico siguiente. Y ocurre sobre todo en el ferrocarril, lo que da muestras de la honda herida que dejó la crisis económica en una infraestructura crítica de nuestro país que ahora está en entredicho por dos graves accidentes en un solo año —y una cantidad enorme de incidencias que vienen acumulándose durante años—.

Nada de todo esto debe empujarnos a establecer relaciones causales entre estos datos y los accidentes de este año, porque los factores implicados en los accidentes son muchos y pueden no estar necesariamente relacionados con el desgaste de las infraestructuras. Además, la inversión en infraestructuras incluye reformas estructurales de las ya existentes, pero también nuevas líneas, por lo que no cabe inferir conclusiones tajantes sobre la cuestión más amplia del mantenimiento —que, cabe insistir, se refleja parcialmente en otras partidas distintas a la inversión—. Pero son datos que proporcionan un contexto preocupante del cambio de ritmo que han tenido las infraestructuras en nuestro país, y su estado actual no es ajeno a ello.

En definitiva, un país que crece en población, turismo y volumen de viajeros necesita adaptar su inversión pública a esa nueva realidad. No basta con compensar el desgaste natural de las infraestructuras, sino que también hay que ampliar su capacidad para responder a una demanda creciente. Por ejemplo, allí donde la demanda ha crecido, como en Cercanías y en la red convencional, que transportan nueve de cada diez viajeros del tren, también hace falta reforzar su capacidad. Lo que no tiene sentido es seguir ampliando redes mientras las existentes se degradan. Eso sería hablar también de la orientación de la inversión, no sólo de su magnitud.

En todo caso, es claro que la austeridad neoliberal nos hipotecó durante muchos años, alargando los costes y multiplicándolos. Y lo que se dejó de invertir tras 2008 lo estamos pagando hoy en servicios más deteriorados, y lo seguiremos pagando mientras el mantenimiento de lo construido no se convierta en una prioridad política protegida de los recortes. Cuidar las infraestructuras que ya tenemos es menos vistoso que inaugurar otras nuevas, pero es la única forma de garantizar que sigan sirviendo a quienes las usan cada día.

La derrota del bolsonarismo en Brasil y la huida de su líder a Estados Unidos marca un hito importante en el despliegue de la agenda reaccionaria en América Latina y en el mundo occidental. La sorpresiva victoria de Lula en el último momento, aupado sobre todo por las clases populares, ha sido un golpe duro para los intereses de Estados Unidos. No en vano, Bolsonaro fue activamente apoyado por Estados Unidos y por su presidente, en coherencia con la estrategia de seguridad Donroe —por la que, recuérdese, Estados Unidos se autoasigna el control último de todo el continente—. A diferencia de lo que pasó hace menos de un año en Chile, Colombia y Perú, tales apoyos no han sido suficientes para alcanzar el gobierno de un país que representa un tercio del PIB regional y en el que se encuentran enormes reservas de minerales críticos como las tierras raras, grafito o níquel.

No quiere decir esto que la ola reaccionaria haya mostrado debilidad en esta campaña electoral. Bolsonaro ha recibido casi sesenta millones de votos (el 48%), lo que es músculo más que suficiente para comprender que su movimiento no es una simple extravagancia. Como tampoco lo es el de De la Espriella en Colombia, que recibió trece millones de votos (el 49%), o los siete millones de votos recibidos por Kast (58%) en Chile. El fenómeno Trump, a veces erróneamente considerado como una anomalía por la personalidad del líder, es una referencia oportuna en la medida en que el actual presidente de Estados Unidos consiguió setenta y siete millones de votos (50%) en las últimas elecciones presidenciales. 

Sin duda, la ola reaccionaria que barre América y Europa bebe del malestar generado por la globalización en las sociedades occidentales y la gran habilidad que han tenido las derechas radicales para canalizarlo en su beneficio. Pero la magnitud que está alcanzando en los últimos años la ola reaccionaria no puede entenderse sin la decidida apuesta desde 2016 a favor de su estímulo por parte de la primera potencia económica y militar del mundo. El apoyo económico y moral ha sido un elemento material importante en el despliegue de las fuerzas reaccionarias por todo el mundo, junto con la normalización de discursos que en otro tiempo fueron marginales y tabú. 

En entonos progresistas se dice a menudo aquello de “ojalá ser mala persona vuelva a estar mal visto”. Esta idea revela que los discursos de las extremas derechas se han vuelto normales y que lo que es legítimo discutir políticamente se ha desplazado hacia los intereses de la derecha. Es lo que en ciencia política se llama “ventana de Overton”, y que delimita lo que en un momento histórico dado es aceptable discutir en una sociedad. Las derechas reaccionarias han aprovechado el contexto socioeconómico para inocular nuevas ideas —en realidad, muy viejas— que se encontraban solo presentes en organizaciones y partidos minoritarios, aunque poderosos. Y entre los factores más importantes que explican esta evolución se encuentra uno muy poderoso: el dinero.

El mensaje que quiero trasladar es que la fuerza reaccionaria no se explica solo por lo mal que se encuentran ciertos segmentos poblacionales (estos también podrían orientar su rabia en clave progresista) o por las capacidades técnicas de quienes diseñan las campañas en tiempos de redes sociales e internet. Estos aspectos son centrales, desde luego, y pueden terminar decantando ciertas elecciones muy reñidas. Pero para que todo eso sea posible hace falta dinero. Y aunque pensamos normalmente en cómo el dinero facilita las campañas electorales, debemos ir más allá y pensar en cómo el dinero financia a los centros de pensamiento y difusión de nuevas ideas: desde los clásicos think tanks hasta los influencers. El dinero invertido en estas dimensiones engorda a los emisores de mensajes reaccionarios y, en consecuencia, normaliza la presencia en el debate público de elementos discursivos que décadas atrás hubieran sido condenados mayoritariamente.

Seguir el rastro del capital permite arrojar luz sobre cómo adquieren notoriedad estos discursos. Y Estados Unidos ha sido, desde hace una década, un foco crítico en la financiación de los discursos del odio en todo Occidente. No es el único, y particularmente Israel también se ha convertido en un centro económico de referencia para los movimientos de extrema derecha. Lo mismo ocurre, aunque de una manera más desorganizada, con el capital de las grandes fortunas venezolanas y colombianas que aterrizaron en Madrid y que invierten en medios de comunicación que juegan precisamente ese papel derechista.

Luchar contra todo esto no es sencillo. El motivo más obvio es que las izquierdas no tienen el mismo músculo económico, y ni toda la solidaridad del mundo entre trabajadores puede competir con la financiación de las grandes empresas y fortunas, y menos si media el impulso orgánico del gobierno más rico del mundo. Y, a pesar de todo eso, las elecciones en Brasil también demuestran que no son invencibles. Y, si todo marcha bien, en las elecciones de medio mandato de Estados Unidos, que tendrán lugar a principios de noviembre, el partido republicano de Trump recibirá un nuevo golpe electoral. Todavía le quedarán un par de años de presidencia, pero en condiciones mucho más difíciles. El capital privado siempre podrá seguir financiando sus proyectos reaccionarios —en realidad nunca ha dejado de hacerlo, aunque nunca con la intensidad reciente—, pero si no cuenta con el respaldo de los gobiernos siempre es más complicado que sea con éxito. 

España también está en la agenda próxima. Tanto Estados Unidos como Israel y, por supuesto, todas las demás fuerzas reaccionarias, han invertido mucho dinero y energía en conseguir derribar la plaza más progresista de Europa. Hay que decir que, a tenor de los casos de corrupción dentro del Gobierno, también han contado con la colaboración desde dentro. Las derechas juegan con mucha ventaja, y así lo revelan las encuestas, pero la batalla no está perdida. La victoria de Lula demuestra que la expansión de la extrema derecha no es irreversible, aunque tampoco basta con esperar a que sus contradicciones la debiliten. Hay que disputar el descontento social, construir alternativas creíbles y asumir de una vez por todas —cosa que parece costarle mucho a la izquierda— que las ideas también necesitan recursos para abrirse paso. Porque detrás de la ola reaccionaria hay millones de personas descontentas, pero también hay mucho dinero trabajando para que ese descontento se convierta en una fuerza política al servicio de los de siempre.

El debate sobre la sostenibilidad de las pensiones emerge de manera recurrente cada poco tiempo, impulsado en general por ciertos portavoces políticos que comparten la necesidad de realizar cambios sustantivos en el sistema público de pensiones. Por ejemplo, durante este mismo mes la portavoz del Partido Popular, Ester Muñoz, afirmó que el sistema “colapsará” y que “va a petar”, mientras que el dirigente de Vox, José María Figaredo, describió el sistema como “quebrado” y exigió una “reforma drástica”. Junto a estas declaraciones florecen siempre un gran número de voces, procedentes por lo general del mundo académico y empresarial, que aportan cifras y proyecciones que apoyan tales lúgubres predicciones.

Siendo el sistema de pensiones una institución ciertamente compleja, no es tampoco extraño que el ciudadano medio se encuentre perdido en medio de este debate. Sin embargo, el asunto es bastante menos rocoso de lo que parece. Para empezar, porque la pregunta sobre la sostenibilidad de las pensiones está mal planteada, en tanto que el respaldo que le concede el Estado es garantía más que suficiente para acreditar que el sistema nunca estará realmente en riesgo. De hecho, el debate real no es sobre la sostenibilidad del servicio público en sí, sino sobre su forma de financiación. Y esto es, ante todo, una cuestión distributiva y, consecuentemente, también política y no técnica.

El sentido de proteger a los que no trabajan

El asunto central es, por lo tanto, previo y normativo (sobre cómo debe ser una sociedad). Empecemos por lo básico: una pensión es el derecho a recibir parte de la riqueza producida al cabo de un año. No importa cómo se justifique tal derecho, pues lo relevante es que se trata de una renta que adquieren personas sin capacidad para trabajar, o que ya han terminado su vida laboral, y que tiene que salir de la riqueza producida por el resto de la población. Es, insisto, una decisión distributiva. En realidad, así ha sido siempre, y tanto la arqueología como la antropología han documentado de manera abundante cómo muchas sociedades preindustriales daban de comer, vestían y cuidaban a las personas que no podían trabajar. No obstante, también existieron muchas sociedades preindustriales en las que abandonar a los ancianos a su suerte —e incluso matarlos— fue un recurso habitual, especialmente en tiempos de escasez, y que se derivaba de considerar a las personas mayores como una carga. Por eso es importante subrayar que estamos ante una consideración ideológica o, mejor dicho, de economía política.

En España el sistema actual es una mezcla de dos tradiciones emparentadas. Por un lado, tenemos las pensiones no contributivas, que se pagan a todo el mundo con independencia de su aportación pasada a la comunidad, y que beben de la tradición redistributiva del Estado: es la Administración central la que decide cómo y qué cantidades de recursos transferir desde los que trabajan hacia los que no pueden o pudieron hacerlo. Por otro lado, tenemos las pensiones contributivas, cuya cuantía depende principalmente de la participación monetaria que el beneficiario hubiera hecho en el pasado. En este caso, la tradición de la que se bebe es la mutualista, en la que un conjunto de trabajadores comparte los riesgos y se distribuyen los recursos entre ellos; obsérvese que aquí no hay universalidad, y que quien no trabaja o no ha trabajado no forma parte del sistema.

Algunas de las voces críticas con el sistema público español son partidarias de un tercer planteamiento: el sistema de capitalización privado, como es el caso de la propuesta económica de Vox. En realidad, un sistema privado de capitalización puro no debería llamarse, en sentido estricto, un sistema de pensiones, ya que es simplemente un ahorro que el individuo va detrayendo de sus ingresos e invirtiendo en el sistema financiero con la esperanza de que se rentabilice en el tiempo. En este modelo no hay mutualidad ni redistribución alguna, solo un ejercicio de asunción individualista de riesgos, y donde el ahorro se percibe como el seguro al que se apuesta todo. Obviamente, esto no tiene nada que ver con transferir renta desde quienes trabajan hacia quienes no, y asemeja mejor al fenómeno de dejar a los individuos abandonados a su suerte en la peligrosa intemperie, que ya no es la sabana africana sino el mercado.

Distinguir entre estas tres lógicas de redistribución, mutualismo y capitalización individual es importante para entender de qué se discute realmente cuando hablamos de reformas de pensiones. Lo que las diferencia es el modelo de sociedad que se persigue, y en particular en cómo cuidamos a quienes no pueden trabajar. Sin embargo, el debate público sobre las pensiones se presenta normalmente como si fuera únicamente un problema de contabilidad. ¿Por qué?

El coste de oportunidad

Mi hipótesis es la siguiente: muchas veces la insistencia en la insostenibilidad financiera de las pensiones es un subterfugio para cuestionar el corazón del sistema redistributivo y/o mutualista. En el caso de la extrema derecha, esto es al menos bastante claro. Su propuesta consiste en ir sustituyendo las dimensiones de reparto y redistribución por las de capitalización individual bajo régimen privado, es decir, hacer recaer el grueso del riesgo en el individuo aislado. Las políticas de incentivos fiscales a los llamados “planes privados de pensiones” (que, como he mencionado antes, no deberían llamarse así), como las que puso en marcha Aznar, apuntan en la misma dirección, aunque de manera más sutil. Reducir los ingresos del Estado para facilitar que la gente ahorre para su “pensión” es, al fin y al cabo, una política destinada a erosionar los servicios públicos (como derechos) al tiempo que se promueven los servicios privados (como negocio).

Insisto, ¿por qué este subterfugio? Probablemente la razón está en que, dado que en nuestro país hay más de diez millones de pensionistas, en términos puramente electorales es difícil que incluso los partidos más convencidos de la transición al negocio privado se atrevan a reconocerlo abiertamente. Tanto Feijóo como Abascal tuvieron que salir a “corregir” a sus portavoces, asegurando que defendían el sistema público y que nunca serían partidarios de privatizarlo o recortarlo. Por eso el debate no es tan honesto como debería, aunque de vez en cuando asomen algunas trazas de sinceridad. Pero no pudiéndose atacar frontalmente por motivos electorales, la estrategia modula siempre hacia la alarma y el catastrofismo, cuyos efectos también pueden empujar a los ciudadanos —al menos a aquellos con poder adquisitivo suficiente— hacia el sector financiero privado. En este punto los debates sobre la sostenibilidad de las pensiones se vuelven funcionales a la estrategia, aunque no signifique eso que quienes participan la compartan necesariamente.

Pero ¿de verdad tiene sentido preguntarse por la sostenibilidad del sistema de pensiones? En teoría, la dimensión contributiva del sistema se sostiene financieramente de manera autónoma, porque las aportaciones de los trabajadores de hoy deberían ser suficientes para pagar las pensiones de los jubilados de hoy. Como hay muchas variables en juego, esto no tiene por qué pasar en la realidad. Algunas variables empujan al desequilibrio por el lado del gasto creciente (más cantidad de jubilados por cada trabajador, más tiempo de vida de los jubilados, mayores cuantías de sus pensiones, etc.) y otras por el lado de los ingresos decrecientes (menos trabajadores, menos salarios, menos cotizaciones, etc.). Estos potenciales desequilibrios son los que tienen que ser compensados por el Estado a través de transferencias, y el análisis de la evolución de tales variables es parte de una gestión racional del sistema.

No obstante, incluso manifestando un desequilibrio persistente el sistema podría ser totalmente sostenible por la misma razón que lo son las pensiones no contributivas: porque el Estado respalda y financia el sistema llegado el caso. Lo que cambia en tales casos es quién financia el servicio, si son los propios trabajadores a partir de la detracción de sus salarios (las cotizaciones) o si es el Estado a través del sistema fiscal (impuestos). La clave es que la sostenibilidad de las pensiones está asegurada; exactamente como ocurre con el sistema de sanidad y educación pública.

Aceptando este hecho, muchas voces han alertado de que, aun así, esto implica un “coste de oportunidad”. Esta noción con la que trabajamos los economistas refiere a lo que dejamos de tener cuando disponemos de algún uso de un recurso; por ejemplo, si yo estoy escribiendo este artículo también estoy dejando de hacer otras muchas cosas. Al caso, se dice en este contexto, pagar las pensiones directamente por el Estado es posible, pero implica un coste de oportunidad, es decir, supone dejar de financiar otras cosas. Esto tiene sentido, porque si una sociedad decide pagar más pensiones también tiene que discutir de dónde salen los recursos. Pero, ¿por qué el coste de oportunidad se presenta como un problema específico de las pensiones y no como una característica de todo el presupuesto público?

Esta pregunta es interesante porque, sin pretenderlo, nos devuelve al debate original. El del coste de oportunidad es un razonamiento cierto para la situación monetaria actual de los Estados en la Unión Europea, ya que los presupuestos son limitados y hay que elegir entre qué partidas se distribuye el dinero. Pero es que ese planteamiento aplica también a cualquier otra partida pública, desde sanidad y educación hasta el gasto militar y el sostenimiento de la Casa Real. Por eso digo que nos devuelve al debate original, es decir, al debate de economía política sobre la distribución de los recursos existentes: la cuestión realmente relevante es sobre cómo queremos distribuir la riqueza producida colectivamente. Si nos preocupa el coste de las pensiones, también debería preocuparnos el coste de los incentivos fiscales, del gasto militar o de cualquier otra partida presupuestaria. No para negar el debate o proponer una reducción indiscriminada, sino para discutir con honestidad qué financiamos, cómo lo hacemos y a quién beneficia.

Decir que hay un coste de oportunidad en la partida de las pensiones es correcto, pero insistir en ello (destacándolo sobre el resto de las partidas a las que se aplica igualmente) sugiere un deslizamiento implícito hacia cuestionar la propia necesidad de esas pensiones. Se terminaría antes diciendo que se considera que las pensiones son demasiado altas y que hay que bajarlas, pero normalmente hay poca valentía a llegar a esa conclusión en voz alta.

La pregunta que importa

Todo esto nos lleva al debate sobre quién debe asumir ese coste. Como se sabe, la financiación de las pensiones mediante cotizaciones sociales distribuye los recursos principalmente a través del sistema de empleo y de los salarios, mientras que una mayor financiación mediante impuestos progresivos podría reforzar la redistribución desde las rentas más altas y el capital hacia el conjunto de la sociedad. Así, una financiación directa del Estado convierte un asunto de transferencias entre trabajadores en una cuestión de transferencia entre clases sociales (siempre que los ingresos adicionales procedan de un sistema fiscal más progresivo).

En efecto, la prestación pública de un servicio como sanidad y educación tiene un componente de redistribución de clase superior al sistema actual de reparto de las pensiones, precisamente porque se financian a través de un sistema fiscal donde pagan más los que más tienen. Este es, sin pretenderlo, el debate que abre la hipotética propuesta de reforma de las pensiones, y si bien la mayoría de los analistas se preocupa por el hecho de que el Estado tenga que aportar más dinero, lo cierto es que cuando las pensiones se financian con impuestos resultan ser más progresivas.

En suma, a lo largo de la historia de la humanidad se han desarrollado muchas formas que responden de manera distinta a cómo cuidar a quienes no pueden trabajar. La trampa es presentar cualquiera de ellas como una necesidad técnica inevitable, como ocurre habitualmente en el debate español, porque oculta precisamente lo que deberíamos estar discutiendo, es decir, qué derechos queremos garantizar, con qué recursos y a costa de quién.

Uno de los asuntos más estudiados en la literatura académica es el crecimiento reciente de los partidos de ultraderecha, especialmente en Europa. A decir verdad, hay interpretaciones para todos los gustos, de modo que no existe tal cosa como un consenso absoluto en torno a las causas de este fenómeno y, mucho menos, sus soluciones. En gran medida ambas cosas dependen de las circunstancias nacionales específicas, que varían mucho de unos países a otros. No obstante, todo ese vasto conocimiento acumulado sí nos permite aventurar algunas líneas de trabajo para contribuir a frenar a la extrema derecha, que ahora se encuentra a las puertas del gobierno también en España.

La principal paradoja de este fenómeno es que partidos que defienden políticas económicas favorables a las grandes fortunas están consiguiendo canalizar el descontento de sectores populares perjudicados por el funcionamiento del sistema. Por eso creo que desvelar esas incoherencias debería ser el ejercicio central de las izquierdas políticas y sociales en un momento como este.

El contexto general es importante para comprender este fenómeno. Tras la Segunda Guerra Mundial, Europa occidental consolidó economías industriales avanzadas y amplios Estados del bienestar, aunque dentro de un orden internacional marcado por la hegemonía militar estadounidense. Tras la desaparición de la Unión Soviética, la integración económica y la expansión del neoliberalismo debilitaron algunas de las bases del pacto social europeo. En las últimas décadas, el ascenso de China, la desindustrialización de determinadas regiones y el deterioro de las protecciones sociales han contribuido a erosionar la autonomía estratégica europea.

El resultado es una creciente inseguridad material para amplios sectores de la población, que sufre dificultades para acceder a una vivienda, salarios que no siempre acompañan al coste de la vida, servicios públicos sometidos a fuertes presiones (como estamos viendo estos días en las huelgas de docentes) y una desigualdad persistente. Este contexto no conduce inevitablemente a la extrema derecha, pero sí crea un terreno fértil para quienes prometen protección, certidumbre y recuperación del control político.

Ese es el caldo de cultivo en el que todas las extremas derechas europeas se han formado y desplegado. La principal contradicción que muchos de esos partidos muestran desde entonces es que dependen de una frágil coalición interclasista, en la que hay desde multimillonarios hasta personas sin recursos. El caso de Vox no es en esto diferente. El partido de extrema derecha nació de facto en 2013-2014 como escisión del PP, al que acusaban de excesivamente moderado en cuestiones vinculadas con el nacionalismo español. El discurso de Vox en materia económica fue siempre de fuerte inclinación ultraliberal, con una defensa de mercados autorregulados y sin apenas presencia de servicios públicos y, claro está, sin un sistema fiscal progresivo. Su política económica ha sido, desde siempre, una destinada a mayor gloria y placer de los ricos.

Probablemente por esta razón Vox pudo emerger con tanta fuerza en 2018, aunque lo hizo fundamentalmente en los barrios más ricos y al calor del resurgir identitario y nacionalista provocado por la declaración de independencia de Cataluña. Poco a poco también fue abriéndose camino el discurso populista y reaccionario contra la inmigración, aunque con límites claros: en España esta tiene unas características muy diferentes a la que se ve en Francia o Alemania (aquí la inmigración es mayoritariamente latina, de habla española y culturalmente semejante). La oleada de inmigrantes de los últimos años ha ampliado el margen de este discurso, pero siempre de unos límites no equiparables a los de otros países.

Sin embargo, las encuestas subrayan que el electorado de Vox se ha ido haciendo cada vez más “popular”, es decir, que han conseguido llegar cada vez mejor a los sectores más vulnerables de la población. Especialmente grave es la amplísima penetración que tienen entre los más jóvenes, y concretamente entre los varones. En mi opinión, esto responde a que Vox es hoy, mejor que ningún otro partido, el voto protesta ante la situación económica y política general. Los votantes manifiestan cercanía y simpatía por el partido, pero es más frágil de lo que parece porque el elemento central es una enorme desconfianza política ante el sistema. Por supuesto, los vectores de ideologización han jugado su papel, entre ellos los discursos más tóxicos difundidos por las redes sociales e internet entre los más jóvenes, pero lo que late de fondo es una sensación de que no hay un futuro para ellos. Y esa sensación suele ser la antesala de la nostalgia.

Como consecuencia, Vox se encuentra actualmente en máximos, pero se beneficia también de que la izquierda tiene muy complicado, tras ocho años de gobierno, defender una narrativa en la que aparezcan como la solución a los problemas del sistema. La extrema derecha ha conseguido articular así las emociones antisistema sin cuestionar las relaciones económicas de poder que contribuyen a generar el malestar, y ofrece culpables y una promesa de recuperación del control mientras mantiene un programa económico favorable a quienes concentran la riqueza. Esa es la paradoja que quiero señalar: la extrema derecha con las políticas más pro-sistema de todas es la que articula las emociones antisistema del momento presente.

Lo que pretende subrayar este enfoque es que la gente necesita protección ante un momento histórico como este. El caso de la vivienda lo ilustra a la perfección, habiéndose convertido para millones de españoles en una fuente de inseguridad económica y vital. Los mercados no ofrecerán ninguna solución, y por lo tanto, tampoco los partidos que los han convertido en su criterio rector para las sociedades. Si llegan a gobernar, las costuras saltarán por los aires porque no se puede soplar y sorber al mismo tiempo; no se puede, por ejemplo, reventar los derechos laborales y seguir convenciendo a la clase trabajadora de que son sus defensores. 

Pero sería ideal que ni siquiera llegasen a gobernar. Para impedirlo, la izquierda debe hacer visible que el proyecto socioeconómico de la extrema derecha favorece a las grandes fortunas y puede perjudicar a buena parte de quienes la votan. Aunque poco, hay tiempo para esto. Y debe traducir esa crítica en una alternativa creíble, capaz de mejorar las condiciones materiales de vida mediante políticas de vivienda, mejores salarios y servicios públicos sólidos. Existen credenciales creadas durante estos últimos años, sobre todo en materia laboral, pero hay también déficits importantes y obvios (destacadamente, el de vivienda). En todo caso, es obvio que hay que demostrar que existe una manera distinta de organizar la economía y proteger a las mayorías.

Pasa a menudo que lo urgente se lleva por delante lo importante y, con el caso de la reciente convocatoria de elecciones, eso es precisamente lo que está ocurriendo. Los partidos de la derecha quieren hablar de la situación en Ceuta, de inmigración y de la corrupción del PSOE. Por su parte, los partidos de la izquierda quieren hablar de vivienda, de empleo y salarios y de servicios públicos. Es un planteamiento lógico, porque son los temas en las que cada bloque es más competitivo, lo que les permite movilizar a aquellos votantes que perciben tales problemas como inmediatos y urgentes. Pero hay una cuestión que los atraviesa a todos y que apenas aparece en los discursos políticos: la crisis ecológica.

Aunque es habitualmente tratado de forma marginal, no es un problema separado de los anteriores. La ciencia ha demostrado que el cambio climático encarece los alimentos, deteriora la salud, destruye viviendas y agrava las desigualdades y, sin embargo, seguimos hablando de estos efectos como si fueran asuntos independientes. Hay incluso quien afirma que se trata de problemas que solo importan a gente con la vida ya “solucionada”. Pero la pregunta que debemos hacernos es: ¿cómo es posible que una amenaza que condiciona nuestra economía y nuestra vida cotidiana siga ocupando un lugar tan secundario en la competición política?

Merece la pena recordar que España es uno de los países más golpeados por las consecuencias del cambio climático y, sin embargo, apenas hemos logrado convertir este problema en un asunto central de la conversación pública. Probablemente el caso paradigmático es el de la dana de Valencia, que provocó más de doscientos fallecidos, pero cuyo debate giró fundamentalmente en torno a la capacidad de gestión de los gobernantes durante el evento y no en torno a las causas últimas —las condiciones climatológicas— y la gestión previa al evento.

No son solamente desastres naturales

Cuando tiene lugar algún evento climatológico que causa muertes, lo habitual es escuchar el discurso de que se trata de un desastre natural. Como esa idea está asociada a lo inevitable, es también un argumento recurrente empleado por los gobernantes con objeto de eludir sus propias responsabilidades. Por otro lado, no contentándose con culpables abstractos, las víctimas y el sistema judicial buscan responsables de carne y hueso a los que hacer responder por los daños. En ambos casos se evita centrar la cuestión en algo previo y, en el fondo, más importante: que lo que suele llamarse un desastre natural nunca es únicamente el resultado de un fenómeno físico.

Lo que realmente existen son amenazas naturales, tales como crecidas, erupciones, terremotos o sequías que, de cuando en cuando, golpean territorios donde viven poblaciones humanas. Pero lo que convierte una amenaza en desastre es la sociedad, no la naturaleza. No hay ninguna ley física o fuerza sobrenatural que obligue a construir en las zonas inundables de los ríos ni tampoco a los pies de los volcanes, y ni siquiera en las fallas activas. Y mucho menos a hacerlo en condiciones de tanta precariedad que, de acontecer el fenómeno natural correspondiente, el daño humano sea muy alto. Eso lo deciden el mercado del suelo, la desigualdad y la (ausente) planificación. Pero es que, además, en un clima alterado por la acción humana, incluso la amenaza empieza a dejar de ser del todo natural.

Este enfoque tiene unas implicaciones muy distintas de las que derivamos cuando pensamos convencionalmente. Piénsese en el debate posterior a la dana de Valencia, que giró principalmente en torno a dónde estaba el presidente de la Generalitat durante la tarde de las inundaciones y de quién era la responsabilidad de dar el aviso a la Generalitat. Sin embargo, y exceptuando las comparecencias de algunos expertos que pasaron por la comisión de investigación, otras preguntas estructuralmente más relevantes quedaron fuera del plano. Por ejemplo, ¿por qué la lluvia fue tan abundante?, ¿por qué cientos de miles de personas viven en suelo inundable?, ¿qué pasará con la próxima dana? Estas otras preguntas hubieran conducido a una politización de las causas últimas, y obligarían a replantear el modelo de urbanización, ocupación del territorio y crecimiento económico; algo que pondría en duda lo que, hasta ahora, ha sido un espacio de consenso entre los principales partidos políticos.

Los impactos climáticos sobre España

En efecto, estamos más acostumbrados a preguntarnos por quién actuó de manera negligente ante un evento que por quién calentó el Mediterráneo y el planeta. Y eso es precisamente lo que debemos cambiar. Y ese cambio no vendrá dado por la cantidad de daños acumulados a causa de los fenómenos derivados del cambio climático, como bien ejemplifica el caso de Valencia, sino por el avance de un enfoque político distinto.

La ciencia ya ha demostrado que un mediterráneo más cálido significa más combustible para la precipitación torrencial de otoño; un proceso que estamos volviendo a ver en estos primeros días de otoño, también en el litoral. De acuerdo con el informe del estado del clima de Aemet, la temperatura media superficial del Mediterráneo alcanzó en 2025 nuevos récords y el agua estuvo más de 1 °C por encima de lo normal. Este fenómeno es una de las expresiones del calentamiento global y, aunque es común a todos los mares y océanos, en el Mediterráneo adquiere mayor intensidad. Lo que cada vez está más claro es que ese vínculo entre calentamiento y precipitación más abundante contribuye a explicar la magnitud de fenómenos como el de la dana de Valencia, como avala un reciente estudio del CSIC en el que se afirma que el calentamiento global fue un amplificador de la dana que intensificó la tasa de lluvia un 21%. En suma, los mecanismos causales están claros y van desde el modelo de producción y consumo del capitalismo al cambio climático antropogénico y a la intensificación de fenómenos climatológicos extremos.

La cuestión es que el cambio climático no solo afecta a los seres humanos a través de las inundaciones. También las sequías provocan pérdidas económicas ingentes e incluso humanas, tanto por crear mejores condiciones para los grandes incendios como por la pérdida de cosechas. Por ejemplo, la última gran sequía en España redujo la cosecha de aceite de 2022/23 un 55% respecto a la campaña anterior y a menos de la mitad de la media de los años previos, según los datos del Ministerio de Agricultura. Aunque hay otros factores en curso, como la invasión de Ucrania por parte de Rusia, el Banco de España acredita que el aceite se encareció un 139% entre 2019 y 2024, lo que castigó sobre todo a los hogares más pobres (por la mayor proporción de alimentos en la renta, como exploramos en este análisis).

Incluso el propio Banco Central Europeo reconoce desde 2022 que el cambio climático tiene tres vías por las que afecta seriamente a la inflación: climateflation, fossilflation y greenflation. La primera es la más conocida, porque se refiere al incremento de precios que se produce cuando las sequías, las olas de calor o las inundaciones restringen la oferta de un producto; como el caso del aceite ya mencionado. Sin embargo, la segunda no es menor, y mucho menos desde la guerra en Irán desatada por Estados Unidos este año, ya que se refiere al coste (en precios) que tiene la dependencia de los combustibles fósiles. Por ejemplo, a través de su efecto sobre el precio de los fertilizantes, que a su vez afectan a las cosechas y a los precios finales de los alimentos. Así, la lucha por la energía (barata) entre grandes potencias y su combinación con el cambio climático acaban conduciendo a una pérdida del poder adquisitivo de las familias. Sin embargo, y he aquí la cuestión, estos hechos no se enmarcan habitualmente como una cuestión relacionada con el cambio climático.

Quién se preocupa por el cambio climático

Si atendemos a los datos del CIS, la preocupación por el cambio climático ha remontado en los últimos meses. Como se ve en el siguiente gráfico, en la actualidad más del 80% de los españoles contesta que está muy o bastante preocupado por la cuestión frente a un 17% que afirma estar poco o nada preocupado. Son datos prometedores, si bien es una pregunta general que se realiza sin necesidad de comparar con otros problemas identificados por quienes responden. Cuando tenemos en cuenta ese hecho, la situación cambia considerablemente.

En efecto, en lo que va de 2026 el porcentaje de españoles (mayores de 18 años) que consideran que el cambio climático es uno de los tres problemas principales es únicamente del 2,3%. No obstante, esa cifra esconde variaciones a lo largo de los meses, ya que asciende hasta el 5,5% en septiembre y es inferior al 1% en primavera. Esta variabilidad probablemente tiene que ver, sin perjuicio de que existen otros factores, con el efecto que tienen sobre la percepción las olas de calor en verano.

Además, hay que subrayar que el cambio climático se ha convertido en una opción ideológica que está presente entre las izquierdas mucho más que entre las derechas. Como se puede ver en el siguiente gráfico, construido a partir de todos los barómetros mensuales del CIS durante 2026, la priorización de los votantes de derechas (con excepción notable del PNV) respecto al cambio climático es prácticamente nula.

La lógica política y la lógica ecológica siguen ritmos distintos

El principal problema ya se ha señalado: por lo general, la ciudadanía considera el cambio climático como algo ajeno a su vida cotidiana. Resulta curioso que ni la ciencia ni las instituciones económicas internacionales están de acuerdo con esa proposición, ya que son muchos los canales por los que el cambio climático están afectando a la vida cotidiana de las familias trabajadoras, y muy en particular a su poder adquisitivo. Sin embargo, como ya hemos mencionado, ni siquiera en el caso extremo de la dana —porque implicó fallecidos— el marco dominante fue el climático.

En realidad, el cambio climático afecta al conjunto de la población por vías que van más allá de las que solemos considerar estrictamente económicas. Las olas de calor están también asociadas a miles de muertes anuales, mayoritariamente de personas con más de 65 años, y el calentamiento global está alterando seriamente los ecosistemas hasta el punto de favorecer la expansión de animales que son vectores de transmisión de enfermedades. En España, la fiebre del Nilo Occidental, con más de cuarenta muertos en los últimos años, ilustra la importancia de estos riesgos, ya que su transmisión depende de factores climáticos y ecológicos que influyen en la actividad de los mosquitos y en la circulación del virus.

Estos datos nos demuestran, tal y como ha recordado el científico Fernando Valladares en La recivilización, que el problema es esencialmente político. El problema aparece tanto en la oferta como en la demanda electoral. Por un lado, los partidos no sienten que obtengan rendimiento al hablar del cambio climático (o de la cuestión ecológica en general) porque, a pesar de lo que dicta la ciencia, los electores no premian ese tipo de discursos. Por otro lado, ese mismo electorado no conecta de manera obvia lo que son problemas económicos y lo que son problemas ecológicos. El caso más claro es la subida del precio de los alimentos y la energía. Aunque ya se ha explicado que parte de la subida tiene que ver con la codicia de las grandes empresas que ostentan gran poder de mercado, hay otra parte que tiene que ver con las condiciones naturales y climatológicas. Pero incluso la izquierda política tiende a fijarse únicamente en la primera parte, minusvalorando la segunda; y eso contribuye a mantener separados dos temáticas que, en realidad, pertenecen al mismo dominio.

Además, el electorado tampoco parece premiar las acciones preventivas o de adaptación, de modo que los gobernantes en activo no priorizan aquellas políticas que podrían evitar los “desastres naturales”. Como acreditan los casos de la dana y de los incendios, los electores premian o castigan la capacidad de respuesta ante un evento, pero son generalmente indiferentes a todo lo relacionado con la prevención. Es una cuestión de incentivos (perversos), puesto que la lógica política en una democracia gira en torno a la maximización del voto cada cuatro años, y la lógica ecológica sigue ritmos muy distintos y, sin embargo, no por ello menos importantes.

La conclusión a la que nos conduce este análisis es que los partidos políticos no deberían tratar aisladamente aspectos tales como salarios y clima o calor y precariedad. Todos pertenecen a una misma historia temática, es decir, son la manifestación de un mismo proceso. No tenemos catástrofes o daños aislados, sino una cadena sucesiva de acontecimientos que tienen que ver al mismo tiempo con cómo distribuimos el poder en las sociedades modernas y cómo la actividad del ser humano está modificando la base natural en la que nos insertamos como sociedad.

En consecuencia, parece más sensato traducir los fenómenos climáticos en coste de la vida de igual manera que cuando hablamos de precariedad y vulnerabilidad no podemos limitarnos a una aproximación economicista. Por eso, no deberíamos limitarnos a elegir entre hablar de las condiciones de vida y hablar de la crisis ecológica (un falso dilema sobre el que se ha construido toda la narrativa “anti-woke” de la extrema derecha). Por el contrario, deberíamos dedicar más energías a explicar cómo se relacionan ambas, quién soporta sus costes y qué transformaciones permitirían proteger a la mayoría social.

En varias ciudades españolas hay acampadas reivindicando el derecho a la vivienda, y el 11 de noviembre tendrá lugar una huelga general por el mismo motivo. También hay movilizaciones sociales en casi todas las comunidades autónomas reclamando mejores servicios públicos, especialmente importante en sanidad y educación. En Madrid, por ejemplo, los profesores están en huelga indefinida por el estado en el que la Comunidad de Madrid mantiene a los centros públicos, y las protestas se han saldado con cargas policiales y varios heridos. 

El conflicto social está emergiendo tras muchos años en los que las principales movilizaciones habían estado dirigidas o impulsadas por las derechas y sus agendas nacionalistas y reaccionarias. Pero sabemos muy bien que esas movilizaciones progresistas no se traducen automáticamente en una alternativa política capaz de disputar el poder, y que hace falta articularlas y darles expresión institucional para convertir sus demandas en políticas públicas. Sin embargo, mientras la gente empieza a salir a la calle, la izquierda política continúa atrapada en negociaciones interminables de cara a las próximas elecciones.

Se mire por donde se mire, no tiene ningún sentido. Si asumimos que la izquierda política existe para mejorar la vida de las clases trabajadoras y defender esos bellos espacios de desmercantilización que llamamos servicios públicos, resulta difícil justificar que las negociaciones electorales se hayan convertido en el centro de su actividad. No se trata de que no haya negociaciones, ya que son necesarias, sino de que ocupen tanto espacio en la agenda pública —que por definición es limitada—. No obstante, sí hay una racionalidad que explica por qué sucede esto, tal y como dije la semana pasada. 

Yo he participado en muchas negociaciones y estoy seguro de que incluso he perdido salud por ello. Son momentos en los que dos o más fuerzas políticas —cada una cargando con su mochila de tradición política y cultural, sus egos y sus intereses específicos— se encuentran en la difícil decisión de determinar cuánto representa cada uno en un espacio común. No es fácil, porque no existe un único criterio válido para todos, de modo que cada partido defiende que su peso debe ser mayor porque tiene más militantes, más seguidores en redes, mejores resultados electorales —en las últimas elecciones o en las de hace diez años— o candidatos más competitivos. Pareciera que las primarias pueden ser una forma de deshacer el entuerto, pero tampoco es algo evidente porque pueden ayudar a construir un proyecto común o convertirse en otra arena de confrontación, dependiendo del contexto. Ningún reglamento o sistema de elección de candidatos puede sustituir a la voluntad política de compartir un proyecto. Y ese es el principal problema que veo actualmente.

Cuando el viento sopla a favor y las encuestas dicen que los espacios políticos crecen, los acuerdos suelen ser más fáciles. Una lectura simplista dirá que es porque hay más tarta para repartir; lo que no es falso, pero sí insuficiente. La expectativa de crecimiento hace que los sacrificios de cada organización parezcan compensados por la posibilidad de alcanzar un objetivo compartido. Y esa expectativa depende de que también exista esperanza en la sociedad y de que sus protagonistas consideren viable la posibilidad de transformar la realidad. En 2016, por ejemplo, la expectativa de superar al PSOE y disputar el Gobierno hizo posibles acuerdos entre organizaciones que hoy se encuentran en espacios políticos distintos. En aquel momento todos hicimos “sacrificios” porque la esperanza —de ganar, de gobernar— merecía la pena. 

Curiosamente, muchos de los protagonistas siguen siendo los mismos, pero aparecen ahora en trincheras distintas. Adelante Andalucía ha anunciado que se presenta en solitario porque son un partido político con su propia hoja de ruta, algo en lo que Podemos ha insistido desde que salió del gobierno. De hecho, ambos partidos llevan tres años subrayando todo lo que les separa del resto de izquierdas, que para ellas son pusilánimes, subalternas ante el poder y, en ocasiones, incluso colaboracionistas con el genocidio. La derrota del ciclo iniciado en 2016, cuando no se cumplieron las expectativas de superar al PSOE y gobernar como fuerza principal, pese a haber superado el 20% del voto en las elecciones generales de aquel año, contribuyó a abrir una etapa de divisiones y escisiones que llega hasta hoy. No todas responden a las mismas causas, pero muchas pueden entenderse a partir de una misma lógica: cuando deja de parecer viable una victoria compartida, las organizaciones tienen más incentivos para diferenciarse entre sí y preservar su propio espacio. Entonces cada partido necesita construir un relato que identifique aquello que lo distingue de los demás, y lo subraya incesantemente.

El clima es tan distinto ahora porque, en realidad, una parte de esa izquierda ya lo ha dado todo por perdido; ya han tirado la toalla. Quizás es cierto que sus dirigentes no han perdido toda esperanza, pero es seguro que han empezado a organizarse políticamente como si la derrota fuera inevitable. Para ellos la implacable realidad es que gobernarán las derechas y se iniciará un ciclo reaccionario también en nuestro país, similar al que ha aterrizado hace años en otros países europeos y latinoamericanos. En esas condiciones, se preguntan, ¿qué necesidad hay de hacer “sacrificios” y tener que compartir espacio con otros? La estrategia consecuente se convierte en cavar una trinchera defensiva donde quepan los del partido propio, a la espera de tiempos mejores y sin aventurismos ni experimentos de ningún tipo. Es la comodidad de las trincheras, donde se tienen respuestas ante todas las preguntas —aunque ninguna refiera a la realidad—. Y quizás, se dicen a sí mismos, estarán reforzados para cuando el viento vuelva a soplar a favor.

En Podemos y Adelante Andalucía encontramos, por caminos distintos, una expresión de esta lógica. Sobra decir que es legítimo que cualquier partido quiera preservar su autonomía y defender sus posiciones, pero la cuestión central es si esa autonomía sirve para ampliar la capacidad de transformación de la izquierda o si acaba convirtiéndose en un objetivo en sí mismo. Y es ahí donde veo el principal desacuerdo estratégico. Frente a esta posición derrotista, el Frente Amplio, como yo mismo, considera que el horizonte reaccionario no es inevitable y que evitarlo exige construir una candidatura capaz de articular al conjunto del espacio político. Para quienes han hecho de la diferenciación su principal estrategia, en cambio, esa propuesta implica asumir unos costes organizativos y políticos que no están dispuestos a aceptar.

No debe ser fácil para los dirigentes de Frente Amplio tener que metabolizar y olvidar tan rápido todas las heridas causadas en estos últimos tres años. Están literalmente haciendo todo lo que pueden para que Podemos se integre en una lista unitaria, incluyendo la posibilidad de cambiar de nombre y candidato en el último minuto. Desde cierta óptica, puede parecer una generosidad excesiva hacia quienes han seguido una hoja de ruta propia y han contribuido a erosionar el espacio compartido. Es comprensible que ese sea un sentimiento común entre la militancia, como me consta que sucede. 

Sin embargo, la decisión no debería juzgarse en función de los agravios acumulados, sino de su utilidad para el objetivo político que se persigue. Como hemos dicho tantas veces, si la fragmentación de las izquierdas reduce las posibilidades de construir una alternativa a las derechas, merece la pena explorar todas las fórmulas razonables para evitarla. Eso es lo que están haciendo los partidos del Frente Amplio. Y eso no significa que las diferencias hayan desaparecido ni que los conflictos anteriores carezcan de importancia, sino que ninguna de esas cosas debería pesar más que la posibilidad de ofrecer una alternativa política al país.

El próximo 11 de noviembre tendrá lugar una huelga general por la vivienda, impulsada por el Sindicato de Inquilinas y respaldada por los sindicatos de clase, CCOO, UGT y CGT. Para que tenga encaje dentro del marco legal español la convocatoria tiene que justificar que existe una relación entre los intereses de la clase trabajadora y la resolución de la crisis de la vivienda, aspecto que la patronal ha puesto en duda para cuestionar la legitimidad —y legalidad— de la huelga. No obstante, este debate jurídico es también una expresión de los importantes cambios que se están produciendo en la estructura de clases de nuestro país, un fenómeno también visible en todos los países occidentales.

Para aproximarnos a la actualidad, debemos partir del obvio hecho de que la sociedad española ha cambiado mucho en los últimos cincuenta años. La desindustrialización, y su contraparte, la terciarización, han ido modificando la composición de la clase trabajadora: el trabajador de mono azul —sindicalizado, asalariado de grandes empresas y protegido por las normas típicas del fordismo— fue desapareciendo y dando paso al trabajador de servicios —aislado, asalariado de pequeñas empresas y altamente desprotegido—. La creciente importancia de este segundo tipo de trabajador dio lugar a una amplia literatura sobre el precariado como clase social, como en el trabajo de Guy Standing. Como es de esperar, este proceso de sustitución se ha manifestado también como cuestión generacional, dado que los nuevos trabajadores se parecían más al segundo tipo que al primero (lo que abunda en la idea de que es un conflicto de clase y no generacional).

Si bien lo anterior es generalmente conocido, menos atención se ha prestado al hecho de que en este tiempo no sólo ha cambiado la estructura productiva —y por ende la estructura de clase— sino también la forma en la que las finanzas se relacionan con la clase trabajadora. Hasta hace relativamente poco, las finanzas eran un asunto reservado para las clases altas. Ya desde el siglo XVII, los grupos sociales más ricos se asociaban para formar empresas basadas en acciones, con el objeto de financiar sus aventuras comerciales y coloniales —la primera empresa de estas características fue la Compañía de las Indias Orientales de las Provincias Unidas, creada en 1602—. En la medida en que la mayoría de la clase trabajadora apenas tenía para cubrir sus gastos elementales, era inimaginable que pudiera formar parte del negocio de la inversión financiera. Pero eso suponía, grosso modo, que había dos clases sociales respecto a la propiedad: los que eran propietarios solo de su trabajo y obtenían sus rentas del trabajo asalariado y los que eran propietarios del capital y obtenían sus rentas de las inversiones financieras.

La inflación fue durante décadas el campo de batalla entre ambos grupos, pues el arreglo institucional que existía en todos los países occidentales bajo el Estado del Bienestar suponía que, si subían los precios, los salarios también tenían que subir. Es decir, los propietarios del trabajo estaban en gran medida protegidos. Pero no pasaba lo mismo con los propietarios del capital, a quienes la inflación les carcomía sus rentas (la inflación perjudica al que presta dinero, igual que beneficia al que está endeudado). En muchos países occidentales, como Estados Unidos, la lucha progresista fue intensa por lograr que las rentas del capital pagaran los mismos impuestos que las rentas del trabajo.

Sin embargo, el neoliberalismo supuso un cambio radical en detrimento de los propietarios del trabajo (trabajadores) y a favor de los propietarios del capital (inversores). El control de la inflación se convirtió en la piedra angular de la economía (consolidado con la independencia de los bancos centrales), y se desreguló el sistema financiero para permitir mucho más margen para el negocio. Hoy, las rentas del capital (incluyendo las rentas inmobiliarias) pagan bastantes menos impuestos que las rentas del trabajo, también en España, lo que significa que ganar 10.000 euros en inversión financiera bastante más rentable que hacerlo a través del trabajo.

Los que quedan fuera del “capitalismo popular”

Ahí es donde entra el “capitalismo popular” de Margaret Thatcher, quien defendió que la clase trabajadora debía convertirse, también, en propietarios de capital. Se privatizaron todo tipo de activos públicos y se facilitó que las clases populares pudieran complementar sus salarios con rentas provenientes de la inversión financiera. Comenzaron a existir sectores de la clase trabajadora que, además de sus rentas, tenían complementos en forma de dividendos, intereses y otras rentas financieras. La propia noción de “fondos de pensiones privados” —que no son pensiones, sino una forma de ahorro financiero— es un ejemplo de ello. De esta forma, la ideología del éxito empresarial se expandió a través de todos los poros de la estructura de clases. El grado extremo actual es la ideología del “crypto bro”, es decir, jóvenes trabajadores precarios que aspiran a encontrar en la gestión de los activos financieros una vía de escape de todos sus problemas.

Como ya he comentado, una de las dimensiones afectadas por esta transformación fue la de la vivienda. Ésta pasó a considerarse cada vez más como un bien de inversión, es decir, como un activo que permite incrementar tanto la renta como la riqueza sin pasar por el trabajo. La enorme rentabilidad del sector atrae especialmente a ese capital en busca de revalorización. La combinación de todos estos procesos condujo a que gran parte de los sectores populares vieran aquí un complemento de rentas e, incluso, un trampolín para escalar posiciones en la estructura de clases. Sin embargo, esta estrategia nunca fue completa, porque era viable únicamente para los segmentos más acomodados y para aquellos que lograban superar la barrera de entrada, que en el caso de la vivienda es alta —hay que tener dinero suficiente para pagar la entrada, o tener respaldo suficiente para que te concedan la hipoteca—.

Aquí el punto esencial a comprender es que la sociedad queda estratificada ya no sólo a partir del lugar que cada uno ocupa en la estructura productiva, como en los análisis marxistas clásicos, sino del acceso a la propiedad inmobiliaria y las rentas que genera. Es un enfoque que recientemente han desarrollado, por ejemplo, Lisa Adkins, Melinda Cooper y Martijn Konings en The Asset Economy. Siguiendo esta estela, y a fin de averiguar qué está pasando con las rentas inmobiliarias, en este análisis he clasificado a la sociedad entre inquilinos, propietarios con hipoteca, propietarios plenos, caseros de una vivienda y caseros de dos o más viviendas*.

La fotografía de la sociedad española

Sabemos que España es una sociedad de propietarios, un resultado buscado políticamente tanto por el franquismo como por los gobiernos democráticos posteriores. Sin embargo, esa sociedad de propietarios se ha ido erosionando, especialmente debido a la dificultad de acceso a la vivienda por parte de los hogares más pobres, y el porcentaje de familias propietarias de su vivienda principal viene descendiendo progresivamente en las últimas décadas: del 81,9% en 2002 al 70,6% de 2024.

Si diferenciamos entre propietarios plenos (que ya tienen pagada la vivienda) y propietarios con hipoteca, y además analizamos separadamente a aquellos propietarios que son también caseros (que tienen ingresos por alquileres), la evolución en el tiempo revela un hecho notable: el importante crecimiento de los inquilinos y de los caseros. Lo que el siguiente gráfico revela es un país en proceso de polarización entre quienes no pueden acceder a una vivienda propia y viven de alquiler (que han pasado de ser el 12% en 2002 a ser el 19% en 2022) y entre quienes tienen otras viviendas además de la principal y obtienen rentas de alquiler por ello (que eran el 2,4% en 2002 y actualmente el 9,3%).

Los hogares de inquilinos son algo más de tres millones y medio y, frente a la creencia de que se trata fundamentalmente de jóvenes, los datos revelan que muestran un perfil de edad similar al de los hogares propietarios con hipoteca. La edad mediana de los hogares inquilinos es de 46 años, y ese es el resultado de una composición donde solo el 21,5% son menores de 35 años y el 12% mayores de 65 años. En términos de cualificación formal, sólo el 21% de esos hogares tiene estudios universitarios (frente al 34% de los hipotecados y más del 40% entre los caseros) y el 39% tiene, como mucho, estudios obligatorios. En relación con el trabajo, un 20% de los asalariados en estos hogares tiene empleo temporal y otro 20% empleo a tiempo parcial. En definitiva, se trata de hogares que, en promedio, se encuentran en el escalafón más vulnerable de la sociedad.

Donde eso se visualiza con más claridad es en la renta, ya que la mediana de un hogar inquilino se sitúa en los 21.286€, muy por debajo del resto de grupos sociales. Como se puede observar en el siguiente gráfico, son el grupo social más pobre y con bastante diferencia. Los hogares caseros con varias viviendas en alquiler, que son el grupo social que más renta captura (78.257€ de mediana), ganan casi cuatro veces lo que anualmente ganan que los hogares inquilinos. Los hogares propietarios con hipoteca ganan más que los propietarios plenos, aspecto que se explica por la sobrerepresentación de jubilados con pensiones bajas en estos últimos y la composición de hogar (en los hipotecados suele haber dos ocupados, frente a una figura típica de un único pensionista en los hogares propietarios plenos). 

Si bien los hogares caseros capturan más renta que el resto, eso es debido a los complementos no laborales y no tanto a las rentas del salario. Los hogares hipotecados ganan casi toda su renta gracias al trabajo, con una pequeña aportación de pensiones y transferencias. Los hogares propietarios plenos, con la ya mencionada sobrerrepresentación de jubilados, tienen unos ingresos anuales que se reparten casi al 50% entre rentas laborales y pensiones y transferencias. Los hogares caseros de una vivienda tienen unos ingresos laborales similares a los hogares con hipoteca, pero complementan con pensiones y transferencias más elevadas y con una entrada de unos 6.500 euros anuales por alquileres. Y los hogares caseros con varias viviendas en alquiler tienen altos ingresos por trabajo que complementan con importantes ingresos de pensiones y transferencias y más de 19.000 euros de ingresos por alquileres. Esta es una escalera muy gráfica de cómo se incrementa la desigualdad anualmente, con la punción generada desde los caseros hacia los hogares de inquilinos.

Si pasamos a analizar la desigualdad en riqueza neta la situación empeora, como muestra el siguiente gráfico. Aquí ya no contamos los ingresos, sino el patrimonio neto. Y los hogares inquilinos tienen una riqueza neta prácticamente nula, de apenas 2.192€. Por otro lado, los propietarios con hipoteca tienen una mediana de riqueza neta de 130.644€ y los propietarios plenos de 227.578€. Y, naturalmente, los hogares caseros son los que tienen más capacidad de acumular riqueza, lo que explica que sus cifras se eleven a casi 400.000€ para los caseros con una vivienda y hasta casi el millón de euros para los caseros con varias viviendas en alquiler. El mecanismo es fácil de comprender: más renta supone más capacidad de acumular activos, que a su vez generan nuevos flujos y mayor capacidad adicional para acumular. A la inversa, los hogares inquilinos no pueden escapar de una suerte de trampa de la pobreza.

Esta desigualdad, además, se reproduce en el tiempo y no es sólo estática. Es significativo, de hecho, que los hogares más ricos son también los que más heredan, lo que alimenta aún más el mecanismo de generación de desigualdad. Heredaron el 16 % de los inquilinos, el 33 % de los hipotecados, el 58 % de los propietarios plenos y el 59 % y 71 % de los caseros. En términos de cantidades medianas, se puede observar en el siguiente gráfico que, de nuevo, es una escalera que sitúa a los hogares inquilinos en franca desventaja. Se trata de la mediana estadística, pero expresa bien la dificultad de estos hogares para ascender por la escalera: están atrapados por la baja generación de rentas, la escasa riqueza heredada, la dificultad de acceso a los activos inmobiliarios y la punción que sobre ellos ejerce el alquiler de los caseros.

Quizás no es necesario insistir en que la condición del hogar inquilino no es, en general, una situación deseada. Según la encuesta financiera de las familias, la mitad de estos hogares afirma no reunir condiciones financieras para obtener una hipoteca, el 44% reconoce que no podría pagar la entrada de la vivienda y el 25% que no podría pagar las cuotas. Se trata, además, de datos para 2022, y es muy probable que, con el encarecimiento de las viviendas durante los últimos años, estas cifras sean mucho peores en la actualidad. Los hogares inquilinos, de hecho, han visto en estos últimos años empeorar mucho su situación; algo que no es del todo perceptible en los datos que estamos trabajando, pero sí imaginable.

Las consecuencias políticas

El último informe del CIS sobre vivienda, publicado hace unos días [ver el apartado de nota metodológica], nos aporta alguna información útil sobre las orientaciones de voto de cada uno de estos grupos sociales. Como se puede ver en el siguiente gráfico, lo más llamativo es el hecho de que entre los inquilinos la opción política preferida es la abstención. Son, de hecho, el grupo que más se abstiene, y con bastante diferencia. Por el contrario, los caseros optan mayoritariamente por votar tanto al PP como al PSOE, aunque no es menor el apoyo a Vox de los caseros con varias viviendas en alquiler.

Lo que los datos anteriores reflejan es que los dos grandes partidos, PP y PSOE, tienen una base electoral muy heterogénea en términos de tenencia de vivienda. En el caso de Sumar, este espacio político encuentra más apoyo entre los inquilinos, seguido de los propietarios con hipoteca, propietarios plenos y caseros; es, de hecho, lo que cabría esperar: un voto casi inversamente proporcional a la riqueza neta.

Antes he mencionado que en los últimos años el incremento del precio de la vivienda y del alquiler nos invita a pensar que los datos analizados hasta ahora probablemente han empeorado para los hogares inquilinos. La encuesta del CIS nos proporciona una aproximación, porque son datos recientes. Y los resultados son preocupantes. Entre las personas que se han visto obligados a mudarse por no poder pagar su vivienda, la extrema derecha alcanza la tercera posición con hasta un 20% (el doble del conjunto del electorado), detrás de la abstención (24,6%) y el voto al PSOE (23,6%). Estos datos no permiten establecer una relación causal, pero sí apuntan a que el malestar generado por la crisis de la vivienda puede encontrar una traducción electoral en la extrema derecha. La acampada de Sol no es la única respuesta política de los inquilinos.

Conclusiones

El análisis aquí realizado impone una serie de conclusiones preliminares. En primer lugar, el sistema no es sostenible cuando un porcentaje creciente de hogares (los inquilinos) queda atrapado dentro de una trampa de pobreza en la que sufre la punción financiera de otra parte de la sociedad (los caseros, particularmente los multiarrendadores). Se trata de una bomba de relojería que se ha ido gestando durante años y que explica el protagonismo de la autoorganización de este grupo social.

En segundo lugar, los hogares de inquilinos representan en particular los segmentos más vulnerables de la clase trabajadora, con rentas más bajas, trabajos más precarios y niveles de cualificación más reducidos. No obstante, como han demostrado las encuestas recientes, las reivindicaciones de la huelga no sólo son apoyadas por los hogares inquilinos sino por un conjunto mucho más amplio de la sociedad. Según el CIS, el 91,4% pide más vivienda pública y el 76% pide intervención del Estado. De particular importancia estructural es la posición del 32,2% de los hogares que son propietarios de una sola vivienda, ya que también son hogares donde puede haber jóvenes que, precisamente por lo elevado de esos precios, no pueden emanciparse. En este caso, aunque los padres se beneficien de la revalorización de los precios de su única vivienda, también sufren las dificultades de emancipación de los jóvenes de su familia. En este sentido, la cuestión generacional es la forma que toma la clase social en este conflicto dentro de una economía de activos.

En tercer lugar, los partidos tienen bases electorales heterogéneas desde el punto de vista de la propiedad. Sin embargo, parece claro que existe una importante desmovilización de los inquilinos, que se abstienen mucho más que el resto de grupos y, por cierto, de lo que corresponde a su edad. Además, cuando votan reparten su voto más que el resto hacia las formaciones que no son los dos grandes partidos, tanto a la izquierda como a la derecha. En este sentido, para una política de vivienda dirigida a los inquilinos, el problema no es solo convencer a un electorado propietario escéptico o directamente hostil, sino también movilizar a un electorado inquilino que hoy no vota o que encuentra en Vox una traducción de su malestar.

Cuando abandoné la primera línea de la política, hace ahora tres años, me propusieron escribir un libro en el que describiera mi experiencia durante lo que había sido una de las décadas políticas más intensas en España. En mi caso, desde las movilizaciones del 15-M hasta el gobierno de España. Muchos compañeros míos que me habían precedido en la salida, e incluso todavía muchos que están en activo, se habían adentrado en esta literatura política con un producto parecido. Sin embargo, en la mayoría de los casos se trataba no solo de una narración personal de lo acontecido, con sus legítimos sesgos y puntos de vista particulares, sino también un descarnado ajuste de cuentas. Y esa perspectiva a mí me disgusta porque considero que ni al país, ni a la izquierda ni a la clase trabajadora serviría de algo un conocimiento más preciso de lo que comúnmente se llaman “trapos sucios”. Por esa razón decliné tal proyecto.

Viene esto al caso de que creo que entiendo por qué a la izquierda le está costando tanto ponerse de acuerdo en un momento tan crucial como este. En teoría, la cosa no debería ser tan complicada. La mayoría de los partidos que forman la izquierda comparten el 90% del programa político, de modo que si, como decía Julio Anguita, nos atenemos a tal criterio, el acuerdo debería ser relativamente fácil. Y si esto en la práctica no es así es porque intervienen otros factores; factores que hacen mucho más complejo lo aparentemente fácil.

El principal factor de distorsión, aunque parezca una perogrullada, es que la política la hacen las personas. Y todas las personas somos presas tanto de nuestras virtudes como de nuestros vicios, donde encontramos necesidades como las de reconocimiento, identidad y respeto, sustento material, relaciones sociales… En suma, los seres humanos somos unos bichos complicados. E incluso cuando nos juntamos con gente que, como nosotros, quiere cambiar el mundo, e incluso cuando compartimos casi toda la cosmovisión y los planes de futuro, de un modo u otro al final acaban emergiendo diferencias aparentemente insalvables.

El mundo de la política que yo he experimentado está lleno de episodios que, en rigor, son completamente absurdos. Personas que, de tan afines ideológicamente acaban siendo parejas y formando familias para, al paso del tiempo, separarse y discrepar políticamente hasta en el color de las puertas. Personas que, con una asertividad envidiable dicen una cosa hoy que mañana se convierte en la contraria; y pasado mañana, si eso, se vuelve a cambiar. Personas que se posicionan después de que el debate haya terminado, siempre bajo la pregunta “¿quiénes hemos ganado?”. Personas que en principio fueron amigos amén de compañeros, pero que en ciertos devenires se convierten en las personas que niegan hasta haberte saludado en alguna ocasión. En fin, situaciones de divergencias políticas que podrían caber bajo las etiquetas de cinismo e hipocresía, pero que en el fondo expresan algo más profundo: inercias sociales de seres humanos complejos.

La política realmente existente es una trituradora de personas, así que tampoco es de extrañar que gente con conocimiento de cómo es la cuestión se niegue a asumir nuevas responsabilidades. Otros son más valientes, o inconscientes, y asumen retos imposibles aun sabiendo que hay costes elevados. Nunca fue fácil, y en otro tiempo hacer política implicaba cosas bastante más graves como la tortura o el asesinato, pero no podemos negar que los últimos quince años han sido una centrifugadora de seres humanos. Tan rápido como la política se convirtió en un atractivo y una esperanza para decenas de miles de personas, y atrajo a la primera línea a muchas de las mejores mentes de este país, pronto se convirtió también en una máquina de moler humanos que fue malogrando y expulsando a toda esa materia prima y su frescura original.

Cuando entré en política institucional en el año 2011, y como persona educada en la tradición republicana y socialista, tenía una gran desconfianza en los liderazgos; “ni en dioses, reyes ni tribunos está el supremo salvador” dice uno de los textos más influyentes de la historia política. Pero, a la hora de la verdad, me temo que se necesita que alguien ponga algo de cordura, serenidad y calma en el caótico mundo de los humanos de carne y hueso. Alguien que, quizás por su carisma o por su inteligencia, sepa separar el grano de la paja y centrar el foco en lo realmente importante. Alguien que tenga la inteligencia emocional y política suficiente para abstraerse de las miserias humanas al tiempo que promueve sus virtudes. Esa es para mí la función principal de un líder; y la izquierda tiene la suerte de contar con muchos perfiles que reúnen esas características. El problema es que casi nadie quiere desperdiciar tiempo de su vida en una tarea tan tóxica e ingrata.

Se señala a menudo que los dirigentes y los partidos tienen la culpa de todo esto. Pero reconozcamos que el problema no está solamente en los dirigentes. Está también en nosotros, porque todos participamos, de una manera u otra, en los incentivos que hacen invivible el ambiente. Con nuestras miserias no dejamos que crezca la hierba. Desde los comentarios en estos artículos hasta los que se suceden en las redes sociales, completamente vampirizadas por el odio y la brutalidad, el ambiente tóxico empieza desde abajo. Yo, como cualquier otro dirigente, llegué a ser candidato siendo odiado ya por una parte considerable del electorado e incluso de mi propia gente, aunque todavía no había ni abierto la boca. Y todavía no existían las redes sociales en su configuración actual, es decir, como altavoces de las pasiones más oscuras. Y si eso pasa sólo por llegar, no hace falta profundizar en lo que ocurre cuando, como todos los seres humanos, nos equivocamos. Sea como sea, en la izquierda, y quizás igual que en otros sitios, nos despedazamos primero y luego, si acaso, reflexionamos sobre los motivos.

En estos días en los que circulan muchos rumores sobre cómo articular una candidatura del Frente Amplio, no es fácil encontrar a alguien con una idea genial pero sí es sencillísimo encontrar a miles de personas con críticas destructivas ante cualquier posibilidad: ese o esa sería el peor candidato del mundo y no votaré si tal cosa se aprueba; aquel dijo tal cosa hace cien años y para mí eso es una línea roja; ese otro es aún peor porque es un pusilánime o, peor, un traidor porque no insultó lo suficiente a los malos; pero este de aquí es casi peor, porque no es de mi partido; etc.

No solo reciben los que están en activo y dando la cara. Mi último “flame” en redes sociales —léase: linchamiento público— ha llegado por parte de militantes y dirigentes de Adelante Andalucía, a los que no les gustó que yo recordara que la ley electoral penaliza la fragmentación. Aunque yo haya sido compañero suyo hasta hace unos años, y hayamos participado juntas en muchas campañas y además nunca haya tenido mala palabra para ellas, no importa: la reacción en contra ha sido tan pasional como desproporcionada. Como la que cualquiera tendría con un enemigo a batir. Quizás incluso más.

Sería estúpido pensar que todo esto es solo psicología primaria. La izquierda quiere transformar las estructuras sociales, pero a menudo se niega a reconocer que sus propias organizaciones están atravesadas por las mismas relaciones de poder, incentivos materiales e identidades que pretende transformar. Por ejemplo, las personas tenemos que llegar a fin de mes, y aunque parezca mentira también las de izquierdas, y las afinidades ideológicas están entrelazadas a nuestra fuente de sustento. Si mi partido ha dicho que está lloviendo, y aunque yo vea por la ventana un cielo completamente despejado, quizás es inconveniente reconocer tal contradicción y, por mi bien, sea más oportuno sobreactuar y asegurar que, de hecho, está a punto de llegar la tormenta. Nosotros llamábamos “semáforos” a esas personas que se ponen en “ámbar” cuando todavía no se sabe quién gana —donde eso significa elegir a quién podrá seguir teniendo ingresos—, y que tienen el olfato político tan desarrollado que cuando se ponen en verde —apoyando a alguien o algo—, ya sabes que no hay mejor encuesta que esa. Eso lleva a la continuidad de perfiles y a la reproducción de prácticas que distorsionan cualquier debate honesto. Y otro día, si se tercia, hablamos de los incentivos que tiene la gente de dentro que, por lo demás, ha consumido sus biografías en una actividad socialmente penalizada —porque en tu currículum pone que eres el siguiente sujeto subversivo de la empresa—, para salir de la política y, qué capricho, seguir teniendo ingresos.

Las conexiones materiales no son las únicas que se establecen entre los partidos y sus dirigentes o militantes. También está la conexión emocional o simbólica, que como toda identidad despierta tanta pasión —o más— que la confraternización de pareja. Se puede entender que el militante de toda la vida, que ha dedicado décadas de su tiempo a una causa encarnada en un logo o sigla, tenga un afecto más allá de lo racional con su partido y sus símbolos. Pero también vemos lo mismo en gente que acaba de llegar al partido o en partidos que todavía están en la cuna. El patriotismo de partido no exige demasiado tiempo para asentarse, pero introduce dinámicas que nada tienen que ver con la racionalidad pulcra del programa del que hablaba Julio Anguita. Tienen más que ver, obvio, con la pulsión irracional que despierta todo nacionalismo, aunque esté disfrazado bajo la retórica de partido. Y, sobra decir, todo esto es un obstáculo de primer orden cuando se trata de poner de acuerdo a gentes diferentes, que traen de casa identidades, vivencias y relaciones muy distintas. 

Sea como sea, incluso si todo lo anterior estuviera abordado y resuelto, y estamos realmente lejos de eso, todavía quedaría el debate sustantivo: qué hacer cuando tus cartas son tan escasas y los bárbaros están a las puertas. Yo he llegado a una conclusión práctica después de tanto tiempo: lo que decida Frente Amplio será lo que yo apoye. Mis comentarios del mundo insider me los seguiré guardando, y contribuiré humildemente a apoyar a esa gente que está ahí, que es la que ha sido lo suficientemente valiente como para dar la cara por todas nosotras en un tiempo tan difícil. Eso es mucho más importante para el país que leer o escuchar al militante de izquierdas que todo lo sabe y que, sobre todo, tiene una idea mágica y un problema para cada solución.

El análisis convencional afirma que la solución principal de la crisis de la vivienda es construir más. El argumento se sostiene en la dinámica de oferta y demanda y es tan simple que a menudo se nos recuerda que es de “primero de economía”. Según esta interpretación, el precio de la vivienda se ha disparado porque el número de hogares ha crecido bastante más que el número de viviendas disponibles; de ahí se sigue que, si se incrementase la oferta mediante la construcción de viviendas, los precios bajarían. Economistas, analistas, divulgadores y comentaristas repiten este discurso, que, por otra parte, es el preferido de la derecha política y empresarial. Pero ¿estamos seguros de que este análisis es correcto?

El enfoque de oferta

Desde 2021, la población se ha incrementado en España en 2,17 millones de personas (un 4,6%), los hogares han crecido en 1,22 millones (un 6,6%) y solo se han terminado 468.000 nuevas viviendas (un 1,8%). Ese es el déficit acumulado que señala el Banco de España en su informe de 2025, y que cifra en aproximadamente 750.000 viviendas. Tradicionalmente, España había creado cada año muchas más viviendas que nuevos hogares y, durante el ciclo 2000-2010, esa diferencia fue de más de un millón. Como se sabe, España construía más viviendas que varios países europeos juntos. En el gráfico siguiente, que está basado en el del informe del Banco de España, se ve bien esa transformación desde ser un país con superávit en viviendas a ser un país con déficit.

El análisis convencional deduce que este déficit es el principal factor en la explicación del crecimiento del precio de la vivienda en España. Como vemos en el siguiente gráfico, los indicadores de alquiler de oferta y de precio de compraventa se han disparado en los últimos años a la par que descendía la ratio de vivienda por hogar. Sin embargo, el triunfo de esa narrativa se sostiene en gran medida en nuestros prejuicios a favor de la tesis, porque un análisis más sosegado introduce muchas más dudas.

De hecho, si realmente el precio dependiera directamente de la escasez (la relación entre viviendas y hogares), los años de caída de la relación vivienda/hogar deberían ser años de subidas de precios y, a la inversa, los años de superávit deberían provocar caídas de precios. Eso no es lo que se observa. Por ejemplo, durante la burbuja inmobiliaria se construyeron muchas más viviendas que hogares y, contrariamente a lo esperado, el precio real de la vivienda se duplicó entre 1997 y 2007. En aquel período la demanda fue impulsada por el crédito, no solo por la creación de hogares. También durante la pandemia encontramos otro ejemplo: se construyeron menos viviendas por hogar, pero los precios del alquiler en términos reales se desplomaron un 12%. Por otro lado, entre 2014 y 2020 la ratio de viviendas por hogar no se movió y, sin embargo, el alquiler de oferta subió un 47 % en términos reales. Estos “contraejemplos” han sido subrayados por los defensores de un enfoque de demanda, ya que son prueba suficiente de que es necesario ir mucho más allá del enfoque de oferta a la hora de explicar las variaciones en los precios.

El enfoque de demanda

La pregunta realmente interesante es qué empuja la demanda de vivienda. El enfoque simple de oferta ignora completamente esa pregunta, al considerar solo la demanda residencial, es decir, la derivada de los nuevos hogares: si hay un nuevo hogar, debería haber una nueva vivienda. Pero en el mundo real las viviendas no se compran sólo para vivir en ellas, sino también para tener una segunda residencia, para convertirla en una vivienda turística o como inversión financiera. Estos otros tipos de demanda compiten con la demanda residencial, como también lo hacen con lo que podríamos llamar demanda latente, es decir, la de las familias y jóvenes que no se emancipan o comparten piso porque no pueden superar la barrera de entrada en el mercado. Así, examinar la composición de la demanda arroja mucha luz sobre lo que está pasando con la vivienda en España.

Lo primero es comprender que las condiciones macrofinancieras importan. Desde el advenimiento del neoliberalismo los propietarios de capital (que se concentran entre las clases altas) tienen mayor “libertad” para invertir en el sistema financiero, y la política monetaria flexible de los bancos centrales ha inundado el sistema con mucho dinero. El resultado es lo que se conoce como “inflación de activos”: hay una gran cantidad de capital buscando la mayor rentabilidad posible entre los activos financieros (acciones y participaciones, deuda privada, deuda pública, instrumentos exóticos, etc.). En ese contexto, la vivienda se ha convertido en un activo de inversión más y, aunque no sea igualmente líquido (no puedes convertirlo en dinero de manera casi instantánea), ofrece rentabilidades muy altas. Los agentes financieros (bancos, sociedades de inversión, etc.) recomiendan a las grandes fortunas “invertir en vivienda” precisamente por esa razón. La rentabilidad de la vivienda supera a la de los bonos de deuda pública, como se puede ver en el siguiente gráfico.

El mecanismo ya lo expliqué aquí, pero el gráfico actualizado nos muestra que desde 2015 invertir en vivienda (tanto para poner en alquiler como para la revalorización en el precio) es bastante más lucrativo que hacerlo en bonos del Estado. Esto es especialmente intenso cuando los tipos de interés son bajos, ya que las alternativas estrictamente financieras pierden atractivo. Esto quiere decir que la demanda de vivienda por parte de los nuevos hogares compite también con la demanda de inversión por parte de los propietarios de capital, es decir, de los llamados “inversores inmobiliarios”. O, dicho de otra forma, la demanda de vivienda puede crecer incluso aunque no se creen nuevos hogares porque depende de la rentabilidad relativa y de las expectativas de revalorización.

Esto es exactamente lo que sucedió durante la burbuja inmobiliaria, cuando las expectativas de revalorización y las facilidades crediticias empujaron a los inversores a demandar gran cantidad de viviendas. Pero si entonces fue el crédito el que empujó esa demanda, en la actualidad el motor es el patrimonio previo. Como dice el aforismo, compra quien puede. El crédito hipotecario ha caído desde el 58% al 31% del PIB entre 2014 y 2025, y en 2025 casi la mitad de las viviendas se pagaron sin hipoteca según el Banco de España. Además, entre la demanda hay más cantidad de personas jurídicas, que en el 2025 fue el 11,3% de las compras, cuando ese porcentaje era del 5,5% en plena burbuja inmobiliaria (aunque llegó a un máximo del 22,2% en 2013).

La mayoría entiende que la compra de una vivienda por parte de una persona jurídica tiene como objeto la inversión. Es el tipo de demanda de inversión o especulativa más evidente. De acuerdo con los datos del Portal Estadístico del Notariado, para el período desde agosto de 2025 hasta julio de 2026, el porcentaje de compras sobre el total por parte de personas jurídicas fue del 17% en Santa Cruz de Tenerife, 15% en Lleida, y 14% en Málaga y Almería y superiores al 12% en Madrid, Baleares y Las Palmas.

Los hogares pudientes y también muchos modestos se han sumado a la fiesta de la inversión inmobiliaria, como muestra el hecho de que las declaraciones del IRPF con rendimientos inmobiliarios se han duplicado desde 2008: eran 1,64 millones entonces y 3,26 millones en 2024. Otras fuentes abundan en la misma trayectoria, y según la Encuesta Financiera de las Familias (EFF) los hogares que cobran algún alquiler han pasado del 6 % en 2008 al 14 % en 2022. La Encuesta de Condiciones de Vida apunta en la misma dirección: el 16,5 % de los hogares —3,2 millones— cobró en 2024 rentas por alquilar algún inmueble, frente al 9,4 % (1,6 millones) en 2007.

Un tipo particular de demanda de inversión es la que tiene como objetivo constituir una vivienda de uso turístico. Según el Banco de España, las viviendas turísticas crecieron entre 2021 y 2024 hasta alcanzar las 400.000, y en 2025 rondaban las 355.000. Aunque es una proporción pequeña a nivel agregado (el 1,5% del parque de viviendas total), en el mercado de alquiler es el 10% y en determinadas zonas es sencillamente brutal. Por ejemplo, en el centro de Málaga y de Sevilla las viviendas de uso turístico son casi el 45% del mercado de alquiler, y en los centros de otras ciudades turísticas como Las Palmas, Barcelona o Madrid los porcentajes son muy elevados también (27%, 22% y 15% respectivamente). Toda esa demanda compite con la demanda residencial, de modo que donde hay vivienda de uso turístico no hay nuevo hogar que pueda entrar.

Estas regiones son donde se concentra la presión adicional de las demandas no-residenciales. A la demanda de inversión ya descrita hay que sumar también la demanda por parte de extranjeros no residentes, que en provincias como Alicante y Málaga fueron el 33% y 28% respectivamente de todas las compras en 2025. En toda España las viviendas que son propiedad de extranjeros no residentes y las viviendas de uso turístico suman ya de manera combinada 900.000 viviendas, un 3,3% del total de viviendas en España. Pero, de nuevo, en provincias como Alicante y Málaga suponen ya más del 14% del total en el stock. Hay que insistir otra vez en que esta demanda no es la de nuevos hogares (nacionales o inmigrantes), sino otra cosa distinta que, sin embargo, el enfoque de oferta no distingue.

Paradoja y conclusiones

El enfoque de oferta nos dice que en España se construye poco, y en particular en el tiempo en el que han crecido mucho los nuevos hogares. Una aparente paradoja de este enfoque es que las nuevas construcciones no siguen a la nueva demanda de hogares sino al precio. Obviamente, esto es lo que cabría esperar según la teoría económica, pues las empresas promotoras y constructoras no tienen criterio social y no construyen donde se necesita, sino que siguen el criterio de rentabilidad y construyen donde se gana más dinero, esto es, donde el precio es más alto. Esa es la razón por la que la construcción de nuevas viviendas correlaciona mejor con el precio que con la escasez (relación viviendas/hogares). Como dijo un famoso liberal antes de entrar en prisión, «es el mercado, amigo». Esto, por cierto, es un argumento de peso a favor de la construcción de vivienda pública, que sí puede dirigirse allí donde más se necesita.

De este análisis no podemos concluir que el enfoque de oferta no nos aporte nada. En realidad, es verosímil que la creación de nuevos hogares por encima de las nuevas viviendas genere presión sobre el precio. El problema es que ese no es el único factor y, en determinados mercados, puede ni siquiera ser el más importante. Una formulación posible para comprenderlo es suponer qué pasaría si se incrementara el stock de viviendas de manera significativa, por ejemplo, en un millón de nuevas viviendas. Según el análisis de oferta que hemos repasado, aparentemente eso sería más que suficiente para cubrir el déficit de viviendas acumulado desde 2021 y reducir los precios. Sin embargo, este análisis nos demuestra que la demanda real no es sólo la de los nuevos hogares, sino que también hay demanda de inversión para alquilar o para vender más tarde más caro, demanda para segunda residencia, demanda para vivienda de uso turístico y demanda de extranjeros no residentes. Todas ellas compiten con la demanda residencial, y las de inversión en particular están propulsadas por la rentabilidad y la inflación de activos (un contexto macrofinanciero apropiado).

A la luz de este análisis, las soluciones estructurales deberían combinar la construcción significativa de vivienda pública y accesible (allí donde se necesite más), y un paquete fiscal y regulatorio que desincentivara —o directamente prohibiera— el uso de la vivienda como bien de inversión. Estas medidas permitirían elevar la oferta al tiempo que se reduce la demanda no-residencial, facilitando en consecuencia un ajuste que redujera los precios. Pero esto implicaría cerrar un canal de enriquecimiento notable de ciertos agentes económicos (concentrados en las clases altas, pero no solo) que, de manera natural, se oponen a estas medidas. Estas son las resistencias materiales que estamos viendo estas semanas, como demuestra la reciente votación contra los reales decretos-ley en el Congreso.

Desde hace meses sabíamos que Pedro Sánchez convocaría elecciones exclusivamente cuando el viento no soplara demasiado a la contra. Convocar elecciones en un marco de debate sobre la corrupción del PSOE, con los ex secretarios de organización y sus fechorías a la cabeza, era una garantía de derrota. Tampoco era muy distinto si se convocaban con el debate apalancado en torno a la cuestión migratoria, que es el terreno fértil donde crece la extrema derecha y la lucha de los de abajo contra los de más abajo. Pero algo cambia si las elecciones se insertan en la más amplia movilización social desde las huelgas generales de hace más de una década. Pedro Sánchez acierta, porque es este el único contexto donde se puede obrar el milagro.

El punto de partida es, sin embargo, muy difícil. El Gobierno tiene en su haber importantes méritos, aunque bastantes menos de los que nos gustaría a las personas de izquierdas porque conseguirlos requería de la valentía del PSOE —no siempre presente, y menos en campos como la vivienda— y de un parlamento que en esta legislatura era mayoritariamente conservador. Pero, sobre todo, en esta legislatura el Gobierno de coalición ha estado casi todo el tiempo a la defensiva. La lista no es corta: los casos de corrupción dentro del corazón del PSOE, el daño enorme a la figura del expresidente Zapatero, el asedio continuo por parte de fuerzas conservadoras y reaccionarias desde fuera y dentro del Estado, el aislamiento internacional a pesar de mantener posiciones mucho más que dignas en cuestiones como la crítica al genocidio en Palestina, la ola reaccionaria mundial que sigue comiéndose gobiernos progresistas en América Latina, y la ya mencionada minoría progresista en el Congreso. Todo ello ofrece contexto para entender por qué este gobierno de coalición parecía estar mirando la hora de su final, sin demasiados atisbos de optimismo.

Quizás no hay mejor ejemplo de ese ralentí de las izquierdas que la propia acción del espacio de Sumar. Desde que se revalidó el Gobierno de coalición el espacio ha carecido de cualquier estrategia ofensiva. La percepción general es que faltaba un Estado Mayor desde el que tomar decisiones estratégicas y aprovechar las oportunidades que surgieran. En su lugar se optó por dejar a los ministros el protagonismo, algo que ha impreso una tonalidad grisácea y burocrática en la política. Se ha tratado de una digna gestión, aunque en algunos casos básicamente imperceptible —llegamos al final de legislatura con algunos ministros con un 20% de conocimiento— y desde luego lejos de algo que pueda despertar las pasiones y esperanzas que la izquierda necesita. El clima durante estos años en el espacio ha sido la de una embarcación sin capitán y totalmente a la deriva, con un potencial nada desdeñable pero en absoluto utilizado. Cuadra con ese espíritu de época en el que la tesis dominante era que las derechas iban a terminar gobernando tarde o temprano y que, por lo tanto, lo mejor que podía hacerse era adecentar la casa que aquellas heredarían.

Pero yo nunca he comprado ese marco reaccionario. No creo que las cosas estén perdidas de antemano. Reconozco las dificultades, y acabo de señalar muchas de ellas, pero no creo que sean insalvables. La mayoría social de este país es progresista, lo que avalan sistemáticamente las encuestas cuando preguntan por cuestiones sociales y valores y principios, y el principal impedimento político es que una parte notable de la izquierda de este país está decepcionada, desnortada y agotada. El objetivo central de los partidos políticos debería ser reactivar a ese conjunto social que es suficientemente amplio como para convertirse en el freno de emergencia ante la llegada de la ola reaccionaria al gobierno de España. 

Y se puede lograr. Para eso hacen falta tres cosas fundamentales. 

La primera, que el marco de debate sea un terreno de juego favorable, es decir, que la discusión política esté centrada en aquellos aspectos en los que la izquierda es competitiva. Aquí está el acierto de Pedro Sánchez ya señalado: hablar de la crisis de la vivienda y ser capaz de proponer medidas radicales —que vayan al corazón del problema— y que dejen en minoría a las derechas, es sembrar en terreno muy fértil. La opinión pública está mayoritariamente de lado de las tesis más intervencionistas, como han puesto de relieve las últimas encuestas sobre regulación del mercado, y eso sopla muy a favor de las izquierdas. Incluso mucho más a favor del espacio ahora llamado Frente Amplio —que sustituirá felizmente a Sumar—, ya que para todo el mundo es también obvio que el PSOE en esta materia estaba con el freno de mano echado hasta que la movilización social los ha desbordado. Las derechas intentarán cambiar el marco continuamente, pero no tienen fácil conseguir imponer otro tipo de debates en sólo dos meses, incluso aunque la situación en Ceuta siga siendo extraordinaria y los jueces conservadores pisen el acelerador para generar titulares que dejen huella. Las movilizaciones sociales son la expresión espontánea de una bomba de relojería social —la crisis de vivienda— que no se desactivará tan fácilmente por parte de los conservadores.

La segunda, que el PSOE sea capaz de resistir electoralmente en niveles competitivos. Aquí la extrema derecha y los elementos más tóxicos del PP serán previsiblemente la mejor contribución, ya que impedirán el crecimiento de las derechas por su parte más moderada. Las derechas tienden a excitarse cuando ven el triunfo cerca, como ocurrió en verano de 2023, y es precisamente esa excitación las que les hace daño: acaban mostrándose tal y como son, con sus burradas y sus bravuconerías que son aplaudidas en sus burbujas, pero también repelidas a nivel de país, y empujarán a una parte de la sociedad hacia el PSOE. Pedro Sánchez ha mostrado una gran capacidad de resistencia y resiliencia, y las elecciones es un contexto donde se hace fuerte —mucho más que durante la gestión, cuando cede ante los elementos más conservadores dentro de su partido—.

La tercera, que la izquierda sea capaz de poner orden. Un liderazgo, una estrategia y tanta unidad como sea posible y deseable. Hay espacio sociológico de sobra. Que con la escasa hoja de servicios y las permanentes divisiones durante esta legislatura, las encuestas todavía señalen que el espacio está entre el 8% y el 10% es algo mucho más que significativo. Con una buena campaña electoral, el espacio puede aspirar con comodidad a llegar al 12% de 2023 —nada ambicioso: ese mismo espacio estuvo por encima del 20% en 2016—. Además, ahora hay un carril enorme, que es la crisis de vivienda. La izquierda es la única que se ha atrevido a defender medidas de intervención tanto en la oferta como en la demanda que aspiran a romper con el predominio del rentismo en nuestro país, que es la única vía para conseguir que la vivienda sea un derecho efectivo. Evidentemente, hay muchos otros temas en los que esta izquierda es atractiva, como en las cuestiones laborales y de lucha contra la desigualdad. Pero que nadie se despiste: estas no son unas elecciones para ponerse a hablar de todo, sino para centrarse en dos o tres grandes temas que repetir sin cesar. 

Si se cumplen las tres condiciones, cosa que no veo para nada imposible, hay opciones para revalidar el gobierno de coalición y dejar a los bárbaros otra vez a las puertas. Yo creo que merece la pena. Mucho acierto a todos, que nos jugamos mucho.

Tenemos ya conocimiento de los dos Reales-Decreto ley sobre vivienda aprobados por el Consejo de Ministros, y que serán debatidos este viernes en el Congreso. Es el resultado inmediato y evidente de la movilización por la vivienda que tuvo su momento álgido en el desahucio de Maricarmen y la posterior acampada en Sol. Visto en perspectiva, y aunque todavía claramente insuficiente para resolver la crisis de vivienda, es un salto de gigante en un país en el que durante décadas apenas se ha hecho otra cosa en la materia que no sea facilitar la especulación y el rentismo. Ni siquiera durante las dos legislaturas de gobierno de coalición se había llegado tan lejos.

En efecto, en cuestión de vivienda el PSOE se ha mantenido históricamente rocoso, con el freno de mano echado. Mucho más que en asuntos laborales o de derechos civiles. Probablemente la razón está en que son conscientes de que su electorado no está compuesto principalmente por familias inquilinas sino, sobre todo, por familias que también complementan sus ingresos laborales con rentas procedentes del alquiler de sus propiedades inmobiliarias; así, regular el mercado sería tanto como mermar los ingresos de parte de su electorado. Ya lo dijo José Luís Ábalos, antes de caer en desgracia: la vivienda es un derecho social pero también un bien de mercado. Por eso cabe insistir en que los avances recogidos en estos RDL se han realizado a contramano de la inercia histórica del PSOE.

Lo primero que tenemos que constatar es que estas propuestas no hubieran existido sin el desahucio de Maricarmen. O, para ser más exactos, no hubieran existido si el desahucio de Maricarmen no se hubiera convertido en un evento simbólico. Si Maricarmen no hubiera peleado, y con ella todas las personas y colectivos que la han acompañado durante estos años, y en su lugar hubiera optado por aceptar el duro e injusto peso de la ley y el mercado, como le ocurre a la mayoría de las familias desahuciadas o que se tienen que marchar de sus casas por las subidas de precios, nada de todo esto hubiera tenido lugar. Así, la lucha de Maricarmen se ha convertido en el detonante de un proceso que ha conducido a que el PSOE tenga que aceptar algo que no se había hecho en cuarenta años, y eso ha sido así porque su caso, especialmente doloroso, condensa y resume muchas de las contradicciones del sistema. Primera lección, la lucha sirve.

En segundo lugar, cabe recordar que esa lucha desembocó en una derrota. El desahucio no se paró y, desgraciadamente, Maricarmen tuvo que pasar por el suplicio de ver cómo la policía forzaba su vivienda y la expulsaba del que había sido su hogar durante toda su vida. Sin embargo, la solidaridad del pueblo español, encarnada activamente por el sindicato de inquilinas pero expresada también a nivel popular por la gran mayoría de la población, utilizó esa derrota para seguir presionando y que no volviera a pasar. Por un lado, Maricarmen recuperará su hogar. Por otro, la propia existencia de los RDL es una victoria de algo que nació como una derrota. Segunda lección, incluso las derrotas pueden convertirse en victorias.

En tercer lugar, en los días posteriores al desahucio de Maricarmen la derecha protestó porque se estaba produciendo un cambio en el marco de debate. Ayuso dijo, visiblemente enfadada, que el caso de Maricarmen era una cortina de humo para no hablar de lo que estaba pasando en Ceuta. Los conservadores con algo más de cabeza no se atrevieron a cuestionar a Maricarmen, quien contaba y cuenta con la solidaridad de la mayoría social, pero tampoco se han atrevido a alimentar el marco de la crisis de vivienda. Sencillamente, parecen esperar tiempos mejores en los que se vuelva a hablar de las cosas que a ellos les interesa. Al fin y al cabo, definir el marco de debate es la primera de las batallas políticas; las derechas ganan cuando el debate gira en torno a identidad nacional o movimientos migratorios, pero son ampliamente derrotadas cuando el debate gira en torno a las cuestiones sociales, como vivienda, salarios o pobreza. El cambio de marco provocado por el desahucio de Maricarmen ha irritado mucho más a la derecha que el hecho de que una persona de 87 años perdiera su hogar. Ahora la izquierda está a la ofensiva y la derecha está replegada a la espera de tiempos mejores. Tercera lección, el marco de debate condiciona los resultados políticos. El marco dibuja siempre el terreno de juego donde los partidos tienen que salir a jugar; y siempre conviene elegir un terreno de juego favorable.

Estas tres enseñanzas son claves en general, pero lo son en particular de cara al final de la legislatura. El panorama es difícil: el gobierno de coalición es electoralmente débil, no hay mayoría progresista en el parlamento, el espacio de la izquierda está fragmentado y reducido, los casos de corrupción asolan al PSOE y apenas hay aliados dentro del Estado y medios de comunicación. Pero el giro de los últimos días puede cambiar mucho las cosas. La crisis de la vivienda está lejos de resolverse, y puede (y debe) convertirse en un eje de las inminentes próximas elecciones. Ese marco puede favorecer no sólo que el mensaje de la izquierda sea más competitivo sino también que gane autonomía respecto a un PSOE al que todo el mundo ve arrastrando los pies. Incluso puede favorecer un reencuentro práctico de las izquierdas de cara a las próximas elecciones, empujado por un clima de apoyo a sus propuestas. 

La presión parlamentaria ahora está en el tejado de las derechas, que serán las responsables de que las medidas propuestas por el gobierno para mitigar el precio de la vivienda sean aprobadas o rechazadas. Las derechas tendrán que medir con cuidado, porque sus electorados en gran medida también han considerado injusto el desahucio de Maricarmen y muchos también creen que la vivienda es uno de los principales problemas de España. El caso de Junts es paradigmático, pues el porcentaje de sus votantes que consideran la vivienda como el principal problema es similar al de los votantes del PSOE, muy por encima de lo que ocurre entre los votantes del PP y Vox. Pueden tumbar los dos RDL —sobre todo el más ambicioso e intervencionista— pero no será sin coste. En cualquier circunstancia, el marco seguirá siendo uno favorable a la izquierda y desfavorable a la derecha. Si los RDL se aprueban, la izquierda se apuntará el tanto y podrá seguir reivindicando nuevos pasos para abordar la crisis de vivienda. Pero si las propuestas decaen por el rechazo de las derechas, la izquierda deberá igualmente hacer de la vivienda la bandera de las próximas elecciones y usar este resultado como demostración práctica de que es la única opción política con interés genuino en resolver el problema. Sea como sea, la izquierda tiene aquí una oportunidad para hacer dos cosas al mismo tiempo: recuperar ánimo y apoyo electoral, y comenzar a resolver el problema de la vivienda mediante reformas que mejoran la vida de la gente más desfavorecida. Y todo esto, gracias a que la gente, empezando por Maricarmen, ha decidido que no se rinde ante lo que se considera injusto. 

A lo largo de los últimos días, miles de personas se han manifestado en toda España para protestar por el desahucio, ya ejecutado, de Maricarmen. El procedimiento por el que se ha expulsado de su casa a esta mujer de 87 años era completamente legal, pero la percepción de injusticia se ha extendido hasta convertir su caso en todo un símbolo. Como respuesta ante la reacción popular, y ahora también bajo la presión de una acampada en la Puerta del Sol de Madrid, el Gobierno se ha apresurado a negociar una nueva norma para intentar abordar algunos aspectos del problema de la vivienda —aquellos que le permite la aritmética parlamentaria y la urgencia del momento—.

Sin embargo, no todo el mundo está en contra de la ejecución de este desahucio. En los medios conservadores también hemos leído a analistas que se alegraban de que se cumpliera la ley, argumentándose que es más importante proteger el derecho del propietario. Incluso ha habido quien ha responsabilizado a Maricarmen de su situación por haber desperdiciado la “oportunidad” de comprar el piso cuando todavía los precios estaban bajos. Ambas visiones, la de quienes defienden un desahucio legal y quienes se oponen a él, son posiciones antagónicas. Pero el caso de Maricarmen es bastante más que un conflicto entre un casero y un inquilino, ya que forma parte de una tensión histórica que acompaña al capitalismo desde sus orígenes, la que enfrenta las necesidades sociales con la lógica del mercado. Como estamos viendo estos días, esa tensión cristaliza con gran fuerza en la crisis de la vivienda, y nos interpela acerca de tareas pendientes mucho más ambiciosas que un simple Real-Decreto.

La ‘renta antigua’, un instrumento de protección de los inquilinos

Cuando la familia de Maricarmen llegó en 1956 a su vivienda en el barrio madrileño de El Retiro, lo hizo con un contrato que hoy llamamos ‘renta antigua’. Se trata de una modalidad de alquiler que prorroga automáticamente el contrato y que tiene su precio congelado. Lo firmó su padre y, cuando murió, el contrato se subrogó a su madre tal y como permitía la ley, pero al fallecer ella en el año 2005 la ley ya había cambiado y no se permitía una nueva subrogación. Y la propiedad del piso, que pasó de una familia a una sociedad de inversión inmobiliaria, sabía que se trataba de un activo que estaba rindiendo una rentabilidad inferior a la del mercado. En 2020 le ofrecieron comprar su vivienda por 247.000 euros, un dinero que la inquilina no tenía, y ante la negativa vendieron el piso a otra sociedad. La nueva propiedad, la ahora funestamente famosa Urbagestión, exigió actualizar el precio del alquiler desde los 500 € mensuales de la renta antigua hasta los 2.650 €. Como la pensión de Maricarmen era de 1.350 €, la operación resultó ser inviable y los propietarios activaron los procesos legales para echarla de la vivienda. A pesar de la oposición vecinal, al cuarto intento se logró ejecutar el desahucio. Y se levantó la polvareda social.

Lo primero que debemos observar es que el instrumento que había protegido durante casi toda su vida a Maricarmen es la llamada ‘renta antigua’. Aunque desde las posiciones conservadoras se ha insistido en que es un producto del franquismo, esto solo es media verdad. Porque, aunque la ley que ordenó el instrumento es de 1946, el origen de ese tipo de medidas en España se remonta a los debates parlamentarios de 1919-1920. Aquel debate estuvo notablemente influenciado por el clima internacional, ya que desde el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914 se habían generalizado en todo el mundo los controles sobre los precios de los alquileres. Y a esas alturas en España el problema del acceso a la vivienda se había convertido ya en un problema de orden público, especialmente en las grandes ciudades como Madrid.

Es interesante leer las sesiones del Congreso durante aquellos debates, porque resuenan muy actuales. El diputado socialista Julián Besteiro habló de que «la demanda de casas, de habitaciones, están reguladas por la especulación, están reguladas por la codicia, están reguladas por el ansia de beneficio de los propietarios» y criticó al ayuntamiento de Madrid por ser «una especie de oficina de encarecimiento de la vida». Por su parte, el republicano Barriobero recordaba que la «vivienda es artículo de primera necesidad» y que «hay que declarar comercio ilícito el de la vivienda».

Hubo una suerte de consenso parlamentario entre liberales, republicanos y socialistas en proteger a comerciantes, industriales y vecinos de la codicia de unos rentistas a los que, como resume el historiador Miguel Artola al estudiar el debate, se les concedía obtener rentas superiores a las de la deuda pública. En la actualidad, por cierto, ese diferencial es cinco veces superior, como vimos en este análisis. El debate condujo a que el gobierno aprobara la prórroga obligatoria en las grandes ciudades y limitara las subidas de precios tomando como referencia los precios preexistentes en 1914. Ahí está el precedente de la ‘renta antigua’, y tanto la II República como el franquismo mantuvieron en lo fundamental tales protecciones a los inquilinos.

La mercantilización y la economía moral

Como sociedad hemos naturalizado la existencia de un mercado inmobiliario, dando por hecho que ha existido siempre en la forma actual, pero, en realidad, se trata de una institución muy reciente. A lo largo de la historia de la humanidad, las clases populares y sufrientes han accedido a una vivienda como parte de otras relaciones sociales o económicas. En el campo, los campesinos pobres se construían sus propias viviendas, los más afortunados accedían a una casa adscrita a la tierra que trabajaban para el señor y otros muchos vivían directamente en las viviendas de estos últimos. En las ciudades, los trabajadores malvivían de alquiler en viviendas patrocinadas por caciques locales, en los talleres de los gremios en los que se formaban y desarrollaban o en nuevas construcciones públicas con rentas normalmente congeladas. La idea de que las personas tienen que acudir al mercado para encontrar un techo, y que el precio es el principal mecanismo para decidir quién puede acceder a él, es una construcción histórica del capitalismo. Como dijo el antropólogo Karl Polanyi, la construcción de la sociedad utópica del mercado autorregulado exigía la separación del ser humano y la tierra, y su nuevo tratamiento como simples mercancías.

Para Polanyi, sin embargo, tanto el trabajo como la tierra eran en realidad mercancías ficticias. Quería decir con eso que eran elementos de la vida que no habían sido producidos para ser vendidos y que, sin embargo, bajo la lógica capitalista se trataban como una mercancía cualquiera. Polanyi argumentaba que la sociedad capitalista era una excepción en la historia de la humanidad, porque había logrado que todos los aspectos de la sociedad quedaran subordinados a la lógica del mercado, es decir, a la dinámica de los precios. La tesis de Polanyi es que había algo antinatural en ese proceso, de modo que cuando se producía una ola “mercantilizadora” sobre la sociedad también se producía un “contramovimiento” que buscaba protección frente a ese avance. Al fin y al cabo, que dimensiones centrales como el trabajo o la vivienda dependieran del mercado significaba elevar el nivel de angustia e incertidumbre en las expectativas de las clases trabajadoras; las cuales, hasta entonces, y al margen de otras privaciones y dificultades, sí contaban con ciertas certezas y seguridades bajo los órdenes sociopolíticos anteriores.

Algo está roto en el sistema, y la gente lo siente. Y hay que recordar que una sociedad entra siempre en crisis cuando la legalidad protege aquello que una parte creciente de la población considera ilegítimo

Como ha mostrado también Sven Beckert, la expansión del capitalismo no consistió simplemente en la aparición de los mercados, sino en la progresiva subordinación de instituciones y relaciones sociales a una lógica de acumulación. Además, cada momento mercantilizador tuvo sus propias resistencias, que se producen porque los valores y principios de los diferentes grupos sociales colisionan con esa lógica. Y cuando la ley se diseña y aprueba para garantizar un orden social mercantilizado, entonces puede surgir una fisura entre la legalidad (determinada por el gobernante) y la legitimidad (ordenada por los valores y moralidad de la población). Ese es el punto en el que nos encontramos al analizar el desahucio de Maricarmen: la resistencia que genera la aplicación de una ley que prioriza el derecho del propietario frente al derecho del inquilino a tener cobijo. O, como diría un viejo amigo, una ley que antepone el valor de cambio sobre el valor de uso.

Esa cesura entre lo legal y lo legítimo fue objeto de estudio del historiador marxista Edward P. Thompson, quien estudió con detalle cómo reaccionaron las clases campesinas a los proyectos de mercantilización de la tierra y del trabajo que los capitalistas ingleses llevaron a cabo en el siglo XVIII. Para Thompson estaba claro que lo que inspiraba los motines y rebeliones de aquellos tiempos no era solo el hambre, sino el deseo de aferrarse a usos y costumbres que estaban siendo destruidos con el avance de la mercantilización y el capitalismo. Como en el caso de los desahucios actuales, los campesinos sabían que la desposesión que estaban sufriendo era legal, pero cuestionaban duramente su legitimidad. Buscaban protección y en ocasiones la encontraban en rasgos paternalistas de los sistemas anteriores, aunque fueran jerárquicos y patriarcales —como acreditó Nancy Fraser—.

Thompson denominó esa visión como «economía moral», es decir, como una forma de entender las relaciones económicas en las que importaba algo más que los precios y la lógica mercantil; se oponía así a la abstracta «economía política», que era lo que defendían quienes apoyaban el avance de la mercantilización. Aunque hay que añadir que ni siquiera los economistas políticos, como Adam Smith, hubieran imaginado hasta dónde hemos llegado con la mercantilización de la vida. En la actualidad, de hecho, la frontera de la mercancía capitalista alcanza incluso al vientre de las mujeres y, en algunas regiones del mundo, incluso a otros órganos básicos. La expansión de la lógica mercantil tiende a extender las relaciones de mercado hacia ámbitos que anteriormente estaban regulados por normas sociales, políticas o comunitarias, lo que genera las fricciones y resistencias que describían Polanyi y Thompson.

Un ingrediente central de esta historia es que todo avance de la mercantilización ha estado inserto en una narrativa sobre la modernización. En la medida que los anclajes de seguridad —a una vivienda o a un trabajo seguro— para las clases trabajadoras se debían a los órdenes feudales o preindustriales, todo el proyecto ilustrado de modernización social consistió en erosionar esos sistemas mediante la mercantilización. Solo cuando se comprobó que los resultados fueron tan brutales que amenazaban el orden público, como ocurrió en Inglaterra con la llegada a las ciudades de oleadas de parias, se reintrodujo la llamada “cuestión social”. Esa cuestión social, por ejemplo, es la que se discutía en 1920 en el debate sobre la codicia de los arrendadores, y la que permitió reintroducir límites a la mercantilización de los diferentes ámbitos de la vida. Pero la existencia de esos límites no impidió que siguiera dominando la idea de que el mercado es el mejor asignador de recursos y que, por tanto, la mercantilización es un signo de modernidad.

Cuando el Partido Socialista desmontó en 1984 las protecciones que la ‘renta antigua’ ofrecía a algunos inquilinos, también hablaba de modernización. Según su interpretación, tal instrumento era un residuo del pasado que lastraba el potencial del desarrollo económico. Y el argumentario añadía que se trataba de leyes franquistas que había que superar, ignorando que, en realidad, eran vestigios de una lucha más antigua relacionada con la cuestión social y el bienestar y tranquilidad de las familias trabajadoras. Las reformas subsiguientes en materia de vivienda privilegiaron este enfoque en el que la capacidad de cualquier persona para acceder a una vivienda está marcada exclusivamente por su poder adquisitivo. La consecuencia inmediata fue una mayor segregación social por barrios, pero también el no tomarse en serio la creación de amplios stocks de vivienda pública y social como sí existen en otros países. Cuando la inflación de activos financieros, el crecimiento económico y el incremento de población se han cruzado al término de la pandemia, el ajuste del mercado ha recaído principalmente entre las clases trabajadoras con menos recursos y más vulnerables. Así, la expulsión de una mujer de 87 años es solo la punta del iceberg de la masiva cantidad de expulsados (y no solo desahuciados) de la vivienda por el mero hecho de no tener suficiente dinero. El valor de cambio por encima del valor de uso.

Conclusiones

Las multitudes que salieron a protestar por el injusto desahucio de Maricarmen son, desde este punto de vista, expresión evidente de la “economía moral” de Thompson. No es necesario, y de hecho es improbable, que los miles de personas que protestaban estuvieran al día de las condiciones jurídicas que para jueces y policías justificaban el desahucio. Tampoco es necesario, y de nuevo improbable, que entre esa masa de personas exista una visión única de cómo debe organizarse la cuestión de la vivienda en España. Lo que sí había, y es lo que realmente se ha expresado en estos días como punta del iceberg de un problema más profundo, es la constatación de que algo está roto en la relación entre la legalidad y la legitimidad y, en concreto, en la función predominante que debe asignarse a la vivienda, si como valor de uso (para vivir) o valor de cambio (para invertir).

Eso significa que lo que tenemos por delante es un debate, sobre todo, moral y político. No es un problema sobre la optimización de recursos o la adecuada aplicación de las leyes existentes, sino de algo inmediatamente anterior: cómo organizamos los recursos a fin de dar protección y seguridad a las familias trabajadoras, especialmente las más vulnerables. Así, el resultado del Real Decreto del próximo martes será una escaramuza en una batalla de largo aliento —tanto que, en España, su precedente documentado es de hace más de cien años—. Algo está roto en el sistema, y la gente lo siente. Y hay que recordar que una sociedad entra siempre en crisis cuando la legalidad protege aquello que una parte creciente de la población considera ilegítimo.

El desahucio de Maricarmen, de 87 años, es una fotografía exacta del sistema en el que vivimos. Una mujer que llegó con diecisiete años a una vivienda del barrio madrileño de El Retiro en 1956, y en la que ha vivido desde entonces. Esa casa está llena de sus vivencias y de sus recuerdos, incluyendo el de sus padres, que fallecieron allí. El Estado, con jueces y policías, ha ejecutado el desahucio para garantizar el derecho a la propiedad de sus actuales propietarios, que adquirieron el edificio entero para hacer negocio con él.

Los diferentes gobiernos no han estado a la altura de la situación. Según se recoge en prensa, el ayuntamiento de Madrid ha ofrecido llevarla a un centro de acogida o buscarle una habitación en una residencia a más de 30 kilómetros de su casa y por un precio que no puede pagar. El alquiler que tenía que abonar Maricarmen en su vivienda de toda la vida era de 500 euros mensuales, pero los nuevos propietarios le exigen ahora 2.650 euros y su pensión de unos 1.350 euros no llega a tanto; tampoco para ninguna residencia. Por su parte, el gobierno de España asegura haber intentado comprar la vivienda, pero que el fondo lo rechazó. Y ya está, como si eso fuera todo el abanico de opciones por parte de la política. El resultado es una forma de inercia institucional que convierte la impotencia gubernamental en el resultado habitual.

Se dice que el Gobierno no puede hacer más dentro de la ley, lo que es una verdad a medias. Con las leyes actuales puede hacer poco, pero las leyes se cambian, y además no son tan estrechas como se pretende. Para empezar, la Constitución establece que la función social de la propiedad delimita su contenido y admite incluso la expropiación por causa de interés social. El problema es que decir que no hay margen es aceptar que las normas actuales son las correctas. Y resulta que es bastante obvio, especialmente en el caso de la vivienda, que el marco jurídico sigue otorgando a la propiedad privada una capacidad de extracción de rentas que, la mayoría de las veces, entra en conflicto con la función social de la vivienda. Un entramado jurídico que antepone el derecho a emplear la vivienda como inversión antes que como derecho humano a un techo digno es un despropósito que crea casos como el de Maricarmen de manera recurrente. 

El caso de Maricarmen es en cierta medida excepcional porque, gracias a su incansable y costosa lucha —los que la conocen afirman que en los últimos cinco años ha visto gravemente mermada su salud—, hemos podido poner cara y relato a su caso concreto. Pero como ella hay decenas de miles de familias que se ven obligadas a abandonar sus viviendas por la codicia de los propietarios, que a veces son fondos de inversión pero otras veces son otros ciudadanos que creen que tener una propiedad les da derecho a seguir exprimiendo los bolsillos de sus compatriotas. Y cuando las familias no quieren o no pueden aceptar la subida de los alquileres, que detraen el dinero que podría dedicarse a más bienestar, la inmensa mayoría de estas familias abandonan sus viviendas de alquiler en silencio, pero con los sueños rotos y mayor incertidumbre de futuro. En este sentido, el desahucio de Maricarmen encarna un problema de época. 

La inmensa mayoría de las veces las viviendas se han encarecido sin que medie ninguna reforma que justifique esa elevación de precio. No es que los propietarios hayan realizado una reforma y ahora la casa valga más. El precio ha subido, o más bien disparado, porque el suelo es escaso y porque la acumulación de inversión pública, actividad económica, infraestructuras y densidad social del entorno lo ha convertido en un lugar deseado. Así, el precio aumentado de las viviendas se debe a la comunidad entera, que ha progresado. Ponga esa misma vivienda en el desierto y verá que no vale ni un euro más de lo que costó construirlo. Su extraordinario valor es posicional, vinculado al lugar del suelo. Así, la vivienda de Maricarmen vale tanto porque su barrio es hoy algo mucho más activo y dinámico que en 1956. No es mérito del propietario, que simplemente aprovecha esta circunstancia —debida a la comunidad, es decir a todos— para enriquecerse a costa de los inquilinos y, en este caso, de una mujer de 87 años. Y la ley lo permite.

Si ante todo esto el gobierno es incapaz de cambiar las leyes, poniendo orden en el mercado para que la vivienda deje de ser un activo financiero con el que hacer dinero y se limita a ser el lugar donde se satisface el derecho humano a vivir bajo techo, entonces estará siendo cómplice de un estado de las cosas absolutamente injusto. En España se da la circunstancia de que gobierna una coalición de izquierdas, que además se encuentra desde hace años bajo asedio por todas las derechas del país —no solo las políticas—, y que, adecuadamente, alerta sobre el crecimiento de la extrema derecha y la posibilidad de que lleguen al gobierno. Pero, ¿qué ofrece este gobierno en materia de vivienda que sea efectivamente distinto que lo que proponen las derechas radicalizadas y la extrema derecha? ¿Qué tipo de solución real propone este gobierno progresista al hecho de que para una parte creciente de la población poder tener una vivienda, o mantenerla, dependa de la bondad de sus propietarios? 

Se me objetará, con razón, que el gobierno ha dado algunos pasos en los últimos años y que, por ejemplo, ha empezado a desarrollar políticas de vivienda pública y ha destinado recursos crecientes al parque público. Pero la pregunta real es si esas medidas tienen una escala suficiente para alterar la estructura de un mercado en el que la vivienda sigue funcionando fundamentalmente como activo de inversión. Mi respuesta es que no, y que eso es precisamente lo que el gobierno buscaba, es decir, no molestar demasiado la rutina de los agentes económicos que conceptualizan la vivienda como una inversión. Y no se puede soplar y sorber a la vez.

No hay política de izquierdas creíble si la vivienda sigue siendo un paraíso para los rentistas. La alternativa va por grados, pero existe. Para empezar, contratos indefinidos, como los que protegieron a la familia de Maricarmen durante medio siglo y que una ley, y no la fuerza de la naturaleza, extinguió. También derecho público de tanteo y retracto en las ventas de edificios enteros. En tercer lugar, que la comunidad recupere por vía fiscal las plusvalías del suelo que ella misma genera. Y, en cuarto lugar, un parque público de vivienda a la altura de los países que lo tienen. Nada de eso es realmente radical. Lo violento, radical e inhumano es sacar de su casa a una mujer de 87 años porque el barrio que ayudó a construir se ha vuelto demasiado caro para ella y hay agentes financieros deseando hacerse millonarios a costa del resto.

Esta semana se publica en español el monumental libro de Sven Beckert, Capitalismo: una historia global (Crítica). Son más de 1.000 páginas con una descripción exhaustiva de la trayectoria histórica del capitalismo, escoltadas por más de trescientas páginas adicionales de bibliografía y notas. No abundan las obras tan documentadas y, a pesar de ello, también amenas en su redacción; se encuentra en el equilibrio idóneo entre el profundo conocimiento del académico y el ánimo divulgador que sale de las torres de marfil de las universidades para llegar al gran público. El libro fue publicado en inglés a finales del año pasado, recibiendo una entusiasta acogida que reconocía, ante todo, la capacidad de Beckert para sintetizar el vastísimo conocimiento acumulado sobre la historia del capitalismo.

Ahora bien, también ha recibido críticas por el enfoque general de la obra, por la aproximación respecto a diversos asuntos y por ciertas ausencias o insuficiencias. Pero claro, cuando alguien se propone escribir nada más y nada menos que la historia del capitalismo, y además remontándose a procesos que tuvieron lugar hace mil años, supongo que damos por hecho que resulta imposible contentar a todo el mundo. No existe, ni puede existir, tal cosa como una obra perfecta. Pero una cosa está clara: Capitalismo es ya un texto de referencia imprescindible para quien quiera saber de dónde venimos y además desee disponer de herramientas con las que comprender mejor hacia dónde nos dirigimos.

El motor de la transformación

En Capitalismo, debemos pensar el capital como una especie de virus, cuya primera fotografía se captura en el siglo XII en Adén, en la actual Yemen. Allí está documentada la existencia de prácticas de maximización del beneficio por parte de un grupo notable de mercaderes, es decir, de personas que obtenían dinero gracias al comercio de bienes. Aunque se trataba de una sociedad fundamentalmente agraria y tributaria, que estaba regida por normas y costumbres sociales, la actividad de estos mercaderes estaba marcada por una lógica totalmente distinta. Esa lógica es la que justifica que se considere el caso de Adén como una “isla del capital”, una simiente de lo que estaba por venir.

Recalca Beckert que Adén no fue la cuna del capitalismo, pero sí la prueba de que existían ya capitalistas en tiempos pretéritos. Y como allí, también en otros lugares del planeta donde los capitalistas eran elementos marginales dentro de sociedades no capitalistas. Desde esta perspectiva, el capitalismo se fue gestando progresivamente en la interrelación entre esas islas del capital, en un proceso que contaminaba con su lógica a otros espacios del mundo y, al final, ha llegado a infectar el mundo entero. Si hoy casi todo a nuestro alrededor es una mercancía, y consecuentemente tiene un precio —incluyéndonos a nosotros mismos como fuerza de trabajo— todo ello comenzó en esas islas del capital.

Así, aquellos mercaderes encarnaban las prácticas que hoy conocemos como capitalistas, y que poco a poco fueron invadiendo no solo otras regiones del planeta sino también otros espacios de la vida económica y social. A medida que los mercaderes se relacionaban entre sí en el comercio a larga distancia, fueron constituyéndose archipiélagos del capital y sus posiciones ganaron fuerza. En un continuo despliegue y expansión, fueron colonizando la vida humana al tiempo que generaban resistencias entre las gentes comunes y las élites tradicionales, celosas de la riqueza creciente de los mercaderes. Esas resistencias y otros obstáculos podían ser superados mediante el establecimiento de alianzas con y dentro del Estado, lo que la mayoría de las veces quería decir la fuerza y la guerra. En Capitalismo, en efecto, el Estado es un actor central sin el cual no puede entenderse ni el origen ni el triunfo de la lógica del capital y de sus actores habituales, como las empresas privadas.

Además de las resistencias políticas, en Capitalismo también hay límites ecológicos que los mercaderes buscan superar. Se trata de la escasez relativa de recursos naturales, y que es responsable de lo que Beckert llama “fronteras de mercancías”, es decir, una forma de designar al proceso por el cual el agotamiento de un recurso —un bosque, un suelo, una población a la que esclavizar— provoca un desplazamiento de la actividad hacia otro lugar donde poder seguir explotando nuevos recursos. Así, el movimiento del capital se caracteriza por el aterrizaje en un territorio, la mercantilización de los recursos que requiere el capital para reproducirse, su explotación y esquilmación y, tras el agotamiento definitivo, la mudanza a otro lugar en el que seguir replicando el proceso. Capitalismo está lleno de casos históricos en los que se documenta este proceso de explotación y saqueo sucesivo y que demuestra, siguiendo a Jason Moore, que el capital pone a su servicio la “naturaleza barata” en un despliegue aparentemente sin fin. Esta lógica llega a la actualidad y, por ejemplo, la búsqueda competitiva y la extracción desenfrenada de minerales críticos conforma lo que Theo Riofrancos llama “fronteras del capitalismo verde”. En este sentido, las fronteras no son límites nacionales, sino la capa más exterior de la lógica del capital. Con estas palancas, los mercaderes y las fronteras de mercancías, el capitalismo de Beckert se despliega a lo largo de sus estimulantes páginas.

Los límites del capitalismo

En Capitalismo hay algo que se echa bastante en falta: la cuestión de los límites. Cuando se concedió el premio Nobel de 2025 ya tuve la oportunidad de hablar de ello en estas mismas páginas, pero merece la pena insistir en ello. Si para la mayoría de los marxistas el origen del capitalismo está en la historia del comercio y/o en las transformaciones en las relaciones de propiedad, para los economistas convencionales suele situarse en el surgimiento de instituciones tales como la innovación tecnológica, la democracia o el sistema monetario. Pero ninguno de ellos suele conceder suficiente importancia a la energía y el papel de los recursos naturales.

Hoy el sentido común dominante sugiere que el capitalismo no enfrenta límites reales, sino, en el mejor de los casos, obstáculos salvables a través de la acción humana. Así que suponemos que el crecimiento económico podría continuar indefinidamente si se toman las decisiones correctas; el debate habitual está en cuáles son esas decisiones (¿Ampliar o disminuir el espacio del mercado autorregulado? ¿Reducir la desigualdad de ingreso y riqueza? ¿Recuperar la soberanía monetaria? ¿Invertir mucho más en investigación y desarrollo?). Sin embargo, desde los años setenta lo que hoy conocemos como Economía Ecológica ha desafiado esa creencia y ha puesto encima de la mesa la posibilidad de que el capitalismo enfrente límites al margen de las decisiones humanas, esto es, límites biofísicos; es decir, límites sobre los que se puede actuar, pero que no se pueden derogar. Con todo, la mayoría de los economistas hacen caso omiso de estas advertencias, minimizando el problema (incluso cuando una de sus expresiones es el cambio climático, que tiende a reconocerse) o confiando en que la creatividad humana terminará resolviendo los problemas con más tecnología.

La ironía es que los economistas clásicos, como David Ricardo y Thomas Malthus, y, ya después, William Stanley Jevons, consideraban que el crecimiento económico infinito era imposible. Para ellos era obvio que existían límites asociados a la tierra y/o a los recursos naturales. Marx fue reticente a la idea de límites absolutos válidos para todo sistema económico, aunque el asunto sigue discutiéndose; aceptaba que el capitalismo tenía límites internos, pero no que el socialismo del futuro arrastrara tal déficit. Y aunque esta vía quedó cegada para la construcción del sentido común de la mayoría de los economistas, siguió siendo materia de investigación y teorización.

Desde este otro programa de investigación, que se inspira en el trabajo de E. A. Wrigley, Kenneth Pomeranz, Georgescu-Roegen o Paolo Malanima, el capitalismo industrial solo fue posible porque se echó mano de los combustibles fósiles (primero como fuente de calor, liberando tierra, y luego de energía mecánica, elevando la productividad). Esa condición necesaria, pero no suficiente, permitió a las economías romper con los límites que había impuesto la tierra a todas las sociedades desde el surgimiento de la humanidad, pero a costa de consumir un stock no renovable que estamos dilapidando como si fuéramos un heredero imprudente. Así, la disponibilidad de una fuente increíble de energía fosilizada permitió a las sociedades que supieron aprovecharlo dar un salto gigante en la capacidad productiva y, cuando la lucha política lo promovió, también en las mejoras de condiciones de vida del conjunto de la población. Las consecuencias de este hecho no son meras externalidades, que es como se suele presentar al cambio climático o a otros impactos ecológicos, sino que son consustanciales a la dinámica económica. Ello quiere decir que el futuro del capitalismo está también asociado necesariamente al destino de los combustibles fósiles y a la capacidad que tengan los seres humanos para sustituirlos por fuentes de energía alternativa que proporcionen los mismos servicios físicos (entre ellos la potencia, clave de la elevación sistemática de la productividad en los últimos doscientos años).

En este punto, Beckert entra solo superficialmente. Por un lado, acepta que las sociedades preindustriales tenían su crecimiento restringido por la disponibilidad fija de tierra, pero asume que tales limitaciones fueron superadas por los avances tecnológicos y, en consecuencia, los miedos maltusianos no quedaron confirmados. Es una lectura demasiado convencional, porque la preocupación de los clásicos no quedó anulada sino suspendida, en la medida en que ese salto se sostenía en el recurso a un stock finito. ¿Qué quedará cuando ese stock se agote? Por otro lado, en el epílogo Beckert también concede que la creatividad que estimula el capitalismo ha sido capaz de desacoplar el crecimiento económico del consumo de los combustibles fósiles. Esto es una cesión demasiado precipitada, porque el desacople observado es entre crecimiento económico y emisión de gases de efecto invernadero y válido solo para las economías más desarrolladas, y, por ejemplo, los niveles absolutos de consumo de combustibles fósiles alcanzaron en 2025 un nuevo máximo histórico. Además, hoy seguimos dependiendo de los combustibles fósiles no solo para el transporte, sino también para la mayoría de los bienes y alimentos que consumimos. De hecho, a renglón seguido de la cesión, Beckert se pregunta abiertamente si el capitalismo será capaz de coexistir con un mundo natural que siempre será finito. Y lo cierto es que, de momento, ninguna combinación de fuentes energéticas ha logrado a la vez las dos cosas que harían falta: dar a la economía mundial los servicios físicos que hoy le dan los fósiles, y hacerlo a tiempo.

El mundo que viene

Si bien Capitalismo no abunda en cuestiones energéticas, sí es generoso con la tierra —suelos agotados, bosques talados, fronteras que se desplazan—. Y ocurre lo mismo con los conflictos sociales derivados del capitalismo. Estos están descritos con una maravillosa profundidad, y, particularmente para las últimas décadas, organizados en función de los regímenes políticos. Las partes sobre la domesticación del capitalismo, es decir, de lo que hemos llamado “época dorada del capitalismo” (por sus elevados niveles de crecimiento económico, hoy pura quimera en Occidente), son brillantes. Y permiten contrastar con acierto las características del conflicto social dentro del neoliberalismo, emergiendo así una fotografía de fuerte debilidad estructural de la capacidad que tienen las organizaciones obreras para influir sobre las decisiones económicas.

Según una conocida anécdota, Margaret Thatcher llegó a decir que una de sus principales victorias fue el laborismo y su propio líder, Tony Blair. No le faltaba razón, porque aquella tercera vía fue tanto la renuncia al reformismo (que, con todo, seguía persiguiendo una sociedad socialista) como la manifestación de la derrota ideológica frente a los promotores de ideas como “el capitalismo popular”. Durante décadas, en Occidente la izquierda política ha vivido tan a la defensiva que las nuevas y modestas propuestas de autores como Thomas Piketty, Gabriel Zucman o, más recientemente, Daron Acemoglu parecen revolucionarias. Quizás por eso la derrota autoinfligida del neoliberalismo tras la crisis financiera de 2008 no dio paso a una ola progresista y socialista —que es lo que esperaba incluso alguien como Nicolás Sarkozy cuando se adelantó para pedir una rápida refundación del capitalismo— sino a un verdadero y peligroso tsunami reaccionario en todo Occidente. La combinación de una nueva división del trabajo que degrada el lugar de las economías que han conformado el centro mundial desde el siglo XVI, la creciente desigualdad producto de la inercia neoliberal y las ansiedades ecológicas y laborales son el cóctel perfecto.

De hecho, Beckert recuerda que la densidad sindical está en retroceso, y que no es solo una cuestión de voluntarismo sino de problemas estructurales. Y su argumento permite plantear una cuestión adicional. Cuando la lógica del capital ha avanzado hasta contaminar casi cada aspecto de nuestra vida, convirtiendo a los seres humanos en individuos aislados y tensados hasta el límite bajo la competencia en el mercado, es mucho más difícil lograr que se abran paso comportamientos cooperativos. Una economía mundial en la que miles de millones de trabajadores compiten por los segmentos mejor remunerados del mercado laboral es, para el capital, una carrera a la baja salarial. Y en ese contexto estructural, en el que los trabajadores de Camboya o Kenia ocupan la última posición en la escalera global de explotación, los trabajadores de Marruecos o Tailandia la penúltima y los de España o el Reino Unido los peldaños superiores, no es difícil comprender —pero nunca justificar— que el miedo azuce a los trabajadores a enfrentarse entre ellos, reclamando políticas proteccionistas y/o políticas antiinmigración que mitiguen esa ansiedad.

Con esto llegamos al último punto que me gustaría señalar en este análisis: las tensiones geopolíticas. Aunque el liberalismo inglés nacido de las guerras napoleónicas, y especialmente desde 1846, se sostenía sobre el imperialismo directo e indirecto sobre otras regiones del mundo, seguía proclamando la idea de que el capitalismo estaba asociado a la paz y a un futuro mejor. Incluso una parte considerable de los pensadores de izquierdas de aquel tiempo asumía esa tesis —muchos seguidores de Richard Cobden— que todavía hoy muchos defienden al afirmar la equivalencia entre comercio y paz. Sin embargo, el capítulo 13 de Capitalismo nos permite retornar a finales del siglo XIX y comienzos del XX, cuando la competencia entre países se recrudeció y contribuyó a crear las condiciones que desembocaron en las dos guerras mundiales. La pregunta central es, ¿por qué pasó? Beckert sugiere que las reacciones defensivas de países como Francia o Alemania estuvieron motivadas por el miedo a una potencia en ascenso, Estados Unidos.

Cabe recordar que tanto Alemania como Estados Unidos estaban entonces acelerando su industrialización, que se llevó a cabo mediante políticas mercantilistas de protecciones arancelarias y apoyo a las industrias nacientes, y se sabían necesitados de materias primas. Beckert cita, por ejemplo, a Friedrich Naumann, un político liberal alemán que defendió la necesidad de expandir las colonias a fin de asegurar la provisión de recursos naturales que requería su industria. Era una visión generalizada y que, además, tenía un precedente histórico inmediato: era justo lo que había hecho Estados Unidos al expandirse hacia el oeste, matando y aislando a los nativos —que la ideología dominante consideraba inferiores— y haciéndose con sus tierras y recursos. El colonialismo de finales del siglo XIX también reflejaba una concepción de mundo de suma cero.

Quizás no por casualidad, actualmente asistimos a un retorno de las mismas propuestas mercantilistas en Occidente y, en gran medida, justificadas con argumentos similares. La militarización de Occidente avanza a ritmos agigantados mientras las industrias se repliegan a sus territorios, donde el cobijo de los Estados les garantiza buenas defensas frente a sus amenazas en el mercado internacional. El Estado está volviendo, pero no para ensanchar los derechos de la clase trabajadora, sino para dirigir la política industrial que busca “asegurar” las cadenas de producción. En otro lugar he defendido este péndulo entre libre comercio/proteccionismo y concepción de la riqueza como juego de suma positiva/suma cero. Hoy, en medio de la crisis ecosocial, y cuando ni siquiera los milmillonarios confían en el futuro, deseosos de marchar a Marte o construir búnkeres subterráneos, parece más urgente que nunca reorganizar las resistencias al capitalismo. Porque nos va la vida en ello.

Dicen los líderes e ingenieros de las principales compañías occidentales de inteligencia artificial que sus programas pueden acabar con la humanidad. Algunos discuten sobre si la probabilidad es mayor o menor del 10%. Pero lo curioso es que estos anuncios catastrofistas llevan produciéndose desde hace años, y las acciones de las compañías de inteligencia artificial, lejos de caer, han subido espectacularmente. ¿Qué sistema es este en el que quienes advierten de que una tecnología puede poner en peligro a la humanidad son, al mismo tiempo, quienes tienen mayores incentivos económicos para seguir desarrollándola?

No se trata de subestimar los riesgos de la inteligencia artificial, que son muchos y muy graves. Por ejemplo, como tecnología tiene el potencial de sustituir muchas tareas y puestos de trabajo que a día de hoy son el sostén de millones de familias en todo el mundo. De hecho, no está claro que sea una tecnología con gran capacidad para elevar la productividad y tampoco que el sistema vaya a crear nuevos puestos de trabajo para los expulsados. También es arriesgado que tanto poder se concentre en manos de unas pocas compañías privadas, que tienen una gran penetración en los sistemas informáticos y de seguridad de los principales países del mundo. También podemos hablar de riesgos geopolíticos, ya que cuando cedemos el control de un proceso a una empresa estadounidense, por ejemplo para la gestión del sistema eléctrico, le estamos concediendo también un arma que puede ser disparada contra nosotros. Y, por supuesto, la IA tampoco existe en el aire, y necesita electricidad, agua, centros de datos, chips, redes y enormes cantidades de materiales, de modo que su aparente inmaterialidad esconde una infraestructura física cada vez mayor que agrava el problema del cambio climático. Todo esto es absolutamente cierto, y en no poca medida puede decirse que son formas de acabar con el mundo tal y como conocemos. Sin embargo, en la práctica nos dejamos arrastrar por la idea de que la IA nos va a matar de una manera mucho más estrambótica.

Hay algo extraño en que los ingenieros de la IA sean los que anuncien que puede matarnos. Salvo algunos terroristas, nadie sale públicamente a decir que está en condiciones de matarnos a todos. Esa disociación solo es sostenible si aceptamos la premisa de que la IA, o una parte de ella, se ha independizado como sujeto y que, como la criatura Frankenstein, ya no está bajo el control de su diseñador. Y esto es, como mínimo cuestionable. Ya lo ha dicho con brillantez Richard Seymour, y es que la capacidad de actuar de la IA depende de una infraestructura, unos permisos y unos objetivos que alguien humano ha diseñado y desplegado. Si un ingeniero diseña un modelo capaz de ciberataques a empresas y lo activa sin ningún tipo de medida de seguridad (es decir, sin limitar los costes que puede provocar), el responsable es el creador y no el modelo, por muy sofisticado que sea. Por decirlo de otro modo más convencional: la IA no tiene conciencia, y todos sus objetivos internos están programados de antemano. Incluso si hay comportamientos no previstos, la responsabilidad política sigue siendo de quien decidió desplegar el sistema sin control. En este sentido la IA nos puede matar de la misma forma que pueden hacerlo las bombas nucleares, es decir, como instrumento de destrucción, aunque lo importante siga siendo que detrás hay alguien que ha impreso políticamente esa voluntad de muerte.

Aunque no han sido demasiado claros a la hora de explicarnos cómo nos va a matar la IA, creo de verdad que los ingenieros creen genuinamente lo que dicen. Todos estamos contemplando, mes tras mes, la enorme potencialidad de la inteligencia artificial, y sabemos que puede ser usada tanto como bendición como maldición según interese. Sabemos también que los usuarios de sus productos no solo estamos haciendo uso de versiones inferiores a las de la frontera tecnológica (que prueban ellos en los laboratorios) sino que además sus funcionalidades plenas están limitadas para nosotros. Si no podemos usar todo el conocimiento almacenado como libros, artículos y todo rastro de internet, en los centros de datos para, por ejemplo, diseñar una bomba biológica casera, es porque alguien ha prohibido esa funcionalidad. Y bien está, por cierto. Pero, y he aquí la cuestión, sabemos que el programa permitiría llegar a esos extremos. 

Cuando se avisa de que la IA puede matarnos, también está diciéndose que su potencial “creativo” y de “innovación” se ha elevado mucho respecto a los estadios anteriores. Y eso bajo el capitalismo es tanto como decir que su capacidad para generar beneficios se ha multiplicado, lo que explica la fiebre de las inversiones multimillonarias en las compañías de IA. Sin embargo, y como ya he mencionado, no parece claro que la productividad suba para la economía en su conjunto y, por lo tanto, la IA podría no tener afectación positiva sobre el crecimiento. Y ambas cosas —la falta de efecto sobre la productividad y la inversión brutal en el sector— no son sostenibles durante mucho tiempo. De ahí que todo apunte a que lo que hay, en realidad, es una inmensa burbuja en la que participan ingentes cantidades de capital internacional ocioso y que se sostiene sobre anuncios explosivos.

Sería mucho más razonable que habláramos de los verdaderos e inmediatos riesgos de la implantación de la tecnología. Por ejemplo, de su creciente capacidad para ser usada como tecnología de vigilancia en el mundo del trabajo y en el mundo civil. Las peores distopías pueden verse cumplidas si dejamos que nuestro tiempo de trabajo, y nuestra libertad fuera de él, estén monitorizados por agentes de IA que han estado programados por el capital. Porque la IA nunca ha sido una fuerza autónoma (salvo conceptualmente), sino más bien un producto con dueños. Esos dueños son multimillonarios que hacen negocios con los gobiernos y las empresas más poderosas del mundo, lo que significa que son instrumentos de clase. 

Y pregúntese el lector o lectora lo siguiente: ¿qué ha pensado al leer este titular? ¿Se ha asumido que la humanidad está realmente en peligro frente a una amenaza existencial desencarnada, abstracta y todopoderosa y que, como el doctor Frankenstein acabaremos muriendo a manos de nuestra propia criatura? Esa es, desde luego, la narrativa dominante. Pero quizás el lector o la lectora se haya anticipado a mi conclusión: en realidad el problema no es tanto que la humanidad vaya a perder el control de la IA, sino que ese control siempre lo ha tenido una minoría y que la humanidad, entendida ahora como mayoría, estamos sencillamente a merced de un escaso número de millonarios. Así que la solución para evitar la destrucción de nuestro mundo y de nuestro planeta es limitar el poder de quienes controlan la inteligencia artificial.

La entrada irregular de decenas de miles de personas en Ceuta ha vuelto a poner el foco en los movimientos migratorios. Sin embargo, el debate público se ha desplazado rápidamente hacia el grado de responsabilidad de las autoridades en el evento y también hacia la gestión de la crisis humanitaria consecuente. Eso ha dejado de lado lo que tiene más importancia estructural: ¿por qué tanta gente trata continuamente de irse de Marruecos y otros países para acceder a España y la Unión Europea?

Según los datos de Frontex, de todas las entradas registradas durante los primeros cinco meses de 2026, el 30% de los inmigrantes procedía de Argelia y el 20% de Marruecos, mientras que el resto venía desde países subsaharianos. Estas cifras cambian cada año, dependiendo de las características de las tres rutas principales hacia España. Lo que no cambia, incluso aunque se endurezcan y militaricen las fronteras, es la pulsión por llegar a territorio europeo. Por ejemplo, de acuerdo con los datos del barómetro árabe para 2024, el 35% de la población marroquí ha considerado migrar, y ese porcentaje sube al 55% entre jóvenes de 18 a 29 años. La pregunta realmente importante es: ¿qué ocurre en un país del que más de la mitad de sus jóvenes plantea irse?

Los salarios bajos de Marruecos

La semana pasada vimos que los modelos más básicos de economía predicen que la enorme diferencia de nivel de desarrollo y, dentro de ella, el diferencial de ingresos y oportunidades laborales, constituye el principal telón de fondo económico de estos movimientos. Si tomamos el PIB por habitante como un indicador del nivel de vida, podemos comparar entre países y mostrar en qué momento temporal tuvo España el “nivel de vida” actual de los principales países emisores de migrantes. Y, como se ve en el siguiente gráfico, Marruecos tiene el PIB por habitante de España en 1967, mientras que Senegal y Gambia se encuentran donde estaba España en 1938 y 1871 respectivamente.

Se objetará, y con razón, que no es el PIB por habitante en lo que se fijan los migrantes sino, más bien, el diferencial salarial. El problema es que no existen indicadores salariales fiables para la mayoría de los países de origen. No obstante, podemos usar la contabilidad nacional para aproximarnos a algo parecido a un salario medio: la renta por ocupado. Con esos datos, y como podemos ver en el siguiente gráfico, igualmente existe una diferencia considerable. Además, podemos apreciar también que sólo Marruecos parece haber convergido ligeramente en los últimos años con el nivel de referencia de España, que, por otro lado, aparece básicamente estancado para todo el período (1999-2019).

Con estos datos, podemos resaltar que España tiene un PIB por habitante cinco veces mayor que el de Marruecos, pero su producto por ocupado es solo 3,8 veces mayor. La diferencia está en cuánta gente trabaja, ya que en Marruecos tiene empleo el 31,6% de la población total, frente al 42,5% en España, de modo que a cada trabajador marroquí le toca sostener a bastantes más personas. Eso significa que incluso aunque el trabajo marroquí fuese igual de productivo que el español, su producto tendría que repartirse entre más gente y conduciría a una renta por habitante inferior.

La brecha entre 'lo que se cobra' vuelve a abrirse hasta cuatro veces y media porque en Marruecos la parte del producto que acaba en manos de quien trabaja es más pequeña (48 de cada 100 unidades de valor añadido, frente a 56 en España). En definitiva, el trabajador marroquí no solo produce menos que el español, sino que además se queda con una porción menor de lo que produce. Todas esas condiciones no solo presionan a la baja el salario, sino que justifican la búsqueda de nuevos horizontes con más esperanza; y están a pocos kilómetros, en España.

Una economía que no absorbe a su población

Si nos limitamos a un análisis convencional, comprobaremos que actualmente la tasa de desempleo de Marruecos oscila entre el 9% (Banco Mundial) y el 13% (HCP, el INE marroquí). No son cifras excesivamente elevadas, y la de España está en el mismo rango (9,87%). Con estos datos podríamos deducir que la economía marroquí no deja a mucha gente fuera, pero sería una conclusión totalmente equivocada. Lo que ocurre es que hay un enorme “ejército de reserva” que no está recogido por las estadísticas convencionales. Vamos a ver por qué.

Como ya expliqué, Marx consideraba que los salarios de los trabajadores eran empujados a la baja por la presión que ejercía la presencia de un conjunto de personas que se encontraban en la frontera del mercado laboral. A ese instrumento lo llamó “ejército de reserva” o “sobrepoblación”, con lo que se refería no a que sobrara gente en un determinado territorio, sino a que sobraba gente porque la dinámica capitalista no podía absorberla dentro del mercado laboral formal. Este ejército no estaba compuesto solo por desempleados sino también por otro tipo de posiciones de gran vulnerabilidad, como los precarios o incluso los que esperaban la aparición de trabajos mejores. Con las estadísticas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que se ven en el siguiente gráfico podemos aproximarnos a esa conceptualización y analizar mejor la estructura del mercado de trabajo en Marruecos.

Es muy importante que entendamos este gráfico, porque aporta claves esenciales. En primer lugar, vemos que el 40% de la población española tiene un empleo no vulnerable por un 20% de la población marroquí. En segundo lugar, en Marruecos los inactivos en edad de trabajar representan el 34,7% de toda la población, más del doble que en España. Eso significa que hay más de 13 millones de marroquíes en edad de trabajar y fuera del mercado laboral. No aparecen en las tasas de desempleo, pero están y son parte de ese enorme “ejército de reserva” en Marruecos. Y, desde el punto de vista de la capacidad de absorción del mercado laboral desarrollado, se constituye como población excedente, o sobrante.

Desagrarización sin industrialización

Según los modelos tradicionales de desarrollo, un país se moderniza cuando su población abandona el campo y se desplaza hacia sectores modernos, como la industria. En estas teorías, inspiradas en la experiencia de las primeras economías avanzadas, se entiende que es la industria la que absorbe progresiva y cíclicamente ese “ejército industrial” que sale del campo. Sin embargo, en Marruecos ha ocurrido algo distinto, como podemos ver en el siguiente gráfico. Lo que se observa es el primer paso de esa predicción, pero no el segundo: entre 1991 y 2025 el empleo agrario cayó efectivamente del 52% al 27,9% del total, pero la industria y la construcción juntas absorbieron sólo tres puntos. En este sentido Marruecos se está desagrarizando, pero sin industrializarse. Y curiosamente fueron los servicios los que absorbieron la inmensa mayoría de ese excedente salido del campo.

Una de las teorías más conocidas sobre este “momento del desarrollo” es la del economista Arthur Lewis, quien conceptualizaba el campo como una reserva de mano de obra ilimitada que trabajaba de modo altamente ineficiente (una productividad marginal cero o negativa). Por eso cuando esa mano de obra iba siendo absorbida por la industria, el resultado era que subía la productividad del sector agrario (misma producción con menos trabajadores). Pero la razón fundamental por la que la industria absorbería el excedente agrario es porque reinvierte beneficios y disfruta de productividades crecientes muy superiores a la del resto de sectores. En el caso de Marruecos sí se confirma que al abandonar los trabajadores el campo, la productividad del sector sube (aunque oscila porque también está afectada por cuestiones climáticas). Pero, contrariamente al modelo de Lewis, el sector que absorbe los trabajadores no muestra productividades crecientes ni gran capacidad de acumulación. Al contrario, durante casi 20 años la productividad de los servicios estuvo por debajo del nivel de 1991, y en 34 años solo ha ganado un 15%.

La explicación más sugerente es que el excedente de trabajo saliente del campo ha sido absorbido sencillamente donde cabía. El sector servicios es una especie de cajón de sastre, donde reina la informalidad y la precariedad. Las teorías del desarrollo predecían que mientras ese excedente no fuera absorbido por la industria, engrosaría las filas del desempleo formal. Lo que vemos, por el contrario, es que esa sala de espera es ahora el trabajo mal pagado del sector servicios. Y, dado que la economía nacional no genera un sector moderno capaz de absorber esa mano de obra, la movilidad geográfica es la alternativa. Y del mismo modo que antes iban del campo a la ciudad esperando una oportunidad, ahora el polo de atracción es el Norte Global.

Este “ejército de reserva” permite mantener bajos los salarios, a lo que ayuda un Estado autoritario con gran capacidad para frenar las aspiraciones de los trabajadores. Pero estos salarios bajos no son una estrategia suficiente. La razón es que un salario bajo no basta para atraer capital, porque si la productividad también lo es, el coste laboral unitario se come la ventaja. La solución marroquí ha sido crear enclaves que permiten a las multinacionales combinar tecnología avanzada con costes laborales muy bajos y capturar mayores márgenes. El automóvil es el caso más claro. Como vimos hace algunas semanas, esto ha permitido a Marruecos convertirse en uno los de los principales proveedores de vehículos de la Unión Europea, aunque en el segmento de menos valor añadido y poco preparado para la electrificación. Pero la ventaja de Marruecos entre los productores de vehículos es claramente el salario bajo, y según la consultora Oliver Wyman, la fabricación en Marruecos tiene un coste laboral por vehículo de 106 dólares, frente a los 273 dólares de Rumanía, los 305 dólares de México, los 414 dólares de Turquía, los 597 dólares de China y los 3.307 dólares de Alemania. Es obvio que la ventaja de Marruecos solo se sostiene mientras el salario no suba, y resulta que lo que impide que suba es exactamente el “ejército de reserva”, porque esa ventaja salarial difícilmente podría mantenerse sin una abundante oferta de trabajo que limite el poder de negociación de los trabajadores.

Los límites del modelo: necesidad de remesas

El problema central de este modelo de enclave es que tiene que importar casi todos los productos que luego ensambla y exporta. Eso explica por qué, en los siete primeros meses de 2026, Marruecos exportó bienes por 299.340 millones de dírhams e importó por 544.050 millones, lo que supone un enorme déficit comercial. Ese déficit debe compensarse mediante entradas de divisas de distinto tipo. Entre ellas, las remesas de los emigrantes ocupan un lugar central, porque equivalen al 7,7% del PIB y constituyen una fuente de financiación externa extraordinariamente estable. Estas remesas son, como se sabe, el dinero que los emigrantes envían a Marruecos (a sus familias) desde los países donde trabajan.

Como se puede ver en el siguiente gráfico, estas remesas son un elemento económico indispensable para Marruecos, puesto que durante muchas décadas han ayudado a cubrir el déficit comercial. Para hacerse una idea de su importancia, cabe decir que es una partida siete veces superior a la inversión extranjera directa y superior incluso a los ingresos por turismo.

En términos humanos debemos añadir que el hijo emigrado es para la familia una suerte de seguro de futuro, en muchos casos más fiable que una pensión pública. Para una población acostumbrada a vivir en la informalidad y, por ende, en la subsistencia, las remesas procedentes de países donde hay derechos laborales son una regularidad milagrosa. Todo ello permite entender por qué tanto para el Estado como para las familias, la emigración es, en realidad, una salida altamente razonable.

La paradoja: remesas y control de la migración

A pesar de los discursos sobre modernización de Marruecos, lo cierto es que su modelo se basa en los bajos salarios. Marruecos intenta insertarse en la economía-mundo mediante una estrategia de atracción de las multinacionales, apoyándose a su vez en una inserción geopolítica favorable, incluida la relación privilegiada con Estados Unidos y el respaldo internacional a la posición marroquí sobre el Sáhara Occidental (que le permite legitimar la propiedad de grandes depósitos de recursos naturales). En general, el modelo económico combina salarios bajos, enclaves exportadores que importan su propia técnica desde los países ricos y una restricción externa crónica; pero resulta que las tres piezas encajan solo si existe de forma permanente una población excedente. El modelo convive en tensión entre la necesidad de disponer de población sobrante que baje el nivel salarial y de que parte de esta se marche efectivamente al extranjero a trabajar.

Más paradójico es que Marruecos recibe dos rentas distintas de la misma población sobrante. La primera es son las remesas ya mencionadas. La segunda es la renta que se recibe por parte de países ricos a cambio de mantener al “ejército de reserva” en el propio país. Como ya hemos visto, la contención migratoria se ha convertido en una suerte de “exportación” a precio de mercado, ya que cuando hay pánico antiinmigración en Europa, sube el precio que cobran los países como Marruecos. Así, paradójicamente Marruecos cobra por tener emigración y por frenarla.

La cuestión es que Marruecos tampoco va camino de dejar de enviar emigrantes, ya que el modelo económico no está diseñado para absorber al “ejército de reserva” sino para reproducirlo. Durante la primera industrialización, Marx observó cómo el excedente de población del campo alimentaba el crecimiento de las ciudades industriales, y, décadas después, Lewis formalizó la intuición y estableció que la modernización consistiría en trasladar trabajadores desde sectores de baja productividad hacia otros capaces de absorberlos con mayor productividad. La peculiaridad de nuestro tiempo es que en buena parte de la periferia ese mecanismo se ha roto. Como hemos visto, Marruecos se desagrariza, pero no genera suficiente empleo industrial y productivo para absorber a la población que abandona el campo, y una parte de ese excedente queda atrapada en servicios precarios y otra busca su salida en el exterior.

Lo que la frontera medía es el hecho de que el excedente de trabajo marroquí no puede absorberse por su economía nacional pero sí por la demanda de trabajo de los países del Norte Global. Más allá del cinismo que rodea a todo este fenómeno, lo importante es asumir que el endurecimiento del acceso por la frontera europea no elimina ese excedente, y solamente decide dónde puede trabajar. Lo que antes se desplazaba del campo a la ciudad se desplaza ahora también de la periferia al centro. Y mientras esa enorme diferencia económica siga existiendo, ningún muro, ningún acuerdo policial y ninguna operación de control migratorio podrá hacer desaparecer el movimiento que produce.

Siempre me ha parecido excesiva la importancia que los medios y los analistas de políticas públicas le conceden al informe PISA. Para quienes a principios de siglo nos movilizamos contra las reformas universitarias del llamado Proceso de Bolonia, resulta evidente que PISA es un instrumento más de un paradigma que concibe a la educación principalmente en términos mercantilizados. La genealogía no deja lugar a dudas: a finales de los años ochenta y principios de los noventa, la teoría del crecimiento incorporó el capital humano (la capacidad de acumular conocimientos que elevan la productividad y la renta) como elemento fundamental para explicar las diferencias de productividad y crecimiento entre países. En los años siguientes esta visión se incorporó a las narrativas oficiales de la OCDE y la UE, entre otras, y a las reformas educativas.

En este sentido, PISA privilegia una determinada concepción de qué significa estar educado: la capacidad de utilizar conocimientos y competencias para resolver problemas en contextos prácticos. Así, PISA comparte con buena parte de las reformas educativas de las últimas décadas una concepción instrumental del conocimiento, en la que adquieren especial importancia aquellas capacidades que pueden medirse, compararse y relacionarse con la productividad y la empleabilidad. El propio ranking permite además comparar los resultados entre países y regiones, introduciendo una lógica de competencia y de evaluación cuantitativa de los sistemas educativos. En definitiva, PISA forma parte del paradigma de la llamada «sociedad del conocimiento» que ha moldeado buena parte de las reformas educativas desde hace treinta años y que puede resumirse en una idea: frente al conocimiento sustantivo y a la formación general —la filosofía, las ciencias sociales y las humanidades, pero también aquellas ramas de cualquier disciplina que no tengan una utilidad inmediata—, lo importante sería adquirir competencias adaptativas, es decir, la capacidad para desenvolverse en un mercado flexible y cambiante.

Los defensores de este paradigma de la “sociedad del conocimiento” insistieron en que el mundo había cambiado, y que ya no vivíamos en una sociedad fordista donde un trabajador accedía a un puesto de trabajo de por vida y con un horario estandarizado. Ahora vivíamos, se nos decía, en una sociedad posfordista donde el mercado es mucho más caprichoso y exige de los trabajadores habilidades que van más allá de ese conocimiento sustantivo que ofrecía la educación clásica. Ahora había que promover habilidades prácticas a fin de que la nueva demanda de trabajo (los jóvenes) pudieran adaptarse a la oferta de trabajo (flexible y cambiante, y también precaria). De qué te iba a servir eso que llamamos “cultura general” cuando accedieras a tu puesto de trabajo como cajero de un banco, administrativo en una empresa o en cualquier posición en la hostelería. Tocaba ser prácticos y reducir el tiempo de formación para sacar cuanto antes a trabajadores bien preparados para el mercado realmente existente. Esta es la filosofía de toda las reformadas nacidas al amparo de esta “sociedad del conocimiento”.

Los cambios educativos han sido brutales. La competitividad entre alumnos se ha disparado desde edades muy tempranas, lo que unido a los enormes recortes en la financiación pública ha provocado que los estudiantes más jóvenes desplieguen estrategias racionales donde lo único importante son los resultados cuantitativos, es decir, el examen de acceso a la universidad (la antigua selectividad, ahora PAU). Esas estrategias se elaboran a conciencia, concentrando todo el esfuerzo educativo en sacar la mejor nota en esos exámenes, sin que importe ni el proceso ni lo que esos exámenes dejan de medir. Entre las carreras universitarias, la sangría no ha sido menor: se recortó la duración de las licenciaturas con una poda significativa de las asignaturas más generales y menos “rentables para el mercado”, y con la opción de hiperespecializarte aún más en un máster cada vez más caro e inaccesible para la clase trabajadora.

Una de las críticas que hace veinte años lanzábamos era que este modelo educativo, derivado de este paradigma de “la sociedad del conocimiento”, tendería a producir analfabetos funcionales. Es decir, multiplicaría los casos de personas con títulos de todo tipo —bachillerato, graduados, posgraduados…— pero con una severa incapacidad de comprender los elementos más básicos de la vida fuera de su campo profesional. Por ejemplo, gente que careciera de cultura general, de preocupación por cómo se organiza la sociedad o, incluso —decíamos pensando que era incluso exagerado— que no fuesen capaces de entender textos básicos. Hoy, cuando el informe PISA señala el desplome en la comprensión lectora de los jóvenes en todos los países analizados, y especialmente en España, me vienen a la cabeza esos recuerdos.

Quisiera en todo caso evitar malentendidos. No creo que haya una única causa detrás de las variaciones, desastrosas, de estos indicadores que mide el informe PISA. Por ejemplo, estoy de acuerdo con la hipótesis de que el desplome tan agudo de la comprensión lectora tiene que ver en gran medida con el mal uso de la inteligencia artificial en educación (que ahorra esfuerzos necesarios para la formación) y con la pérdida de atención provocada por la irrupción de teléfonos inteligentes, redes sociales y mecanismos de extracción de atención sobre los jóvenes. Creo que es evidente que todo ello merma la capacidad de los estudiantes para concentrarse y para aprender, por lo que cabe una inferencia provisional sobre este punto.

Pero mi argumento va más allá y es más estructural. Lo que digo es que tras décadas diseñando programas educativos pensados para crear trabajadores adaptativos y hábiles en sus campos profesionales, en realidad se ha conseguido lo que se buscaba. Seamos honestos: la mayoría de trabajos realmente existentes en el mercado no exigen al trabajador la capacidad de comprender adecuadamente textos de más de 400 palabras. Y hemos diseñado la educación para que los jóvenes entren en esos mercados y en esas posiciones.

La educación no ha sido ese contrapeso frente a las dinámicas de un capitalismo individualista, consumista e hipermoderno que tiende a convertir a los humanos en un sujeto que trabaja y consume acríticamente; en un elemento del que extraer la plusvalía y que cuanto más silencioso sea, mejor. Al contrario, la educación ha viajado en paralelo a esas pulsiones, empujando en convertir al ser humano en parte del engranaje bien lubricado de la maximización de ganancia y el culto a la rentabilidad. En ese sentido, los sacrificios realizados son la cultura general, las artes, la filosofía y los conocimientos y habilidades que aspiraban a crear ciudadanos virtuosos. Por eso digo que, en realidad, las reformas educativas han sido un éxito. Y quizás eso es lo que precisamente desvela el informe PISA.

La extrema derecha alemana podrá gobernar en el Estado de Sajonia-Anhalt si consigue el apoyo de BSW, un partido ‘rojipardo’ fundado en 2023 como escisión de Die Linke —el equivalente a Izquierda Unida/Podemos en España—. El motivo de aquella ruptura es el mismo por el que sus líderes justifican ahora el posible apoyo a la ultraderecha: las políticas contra la inmigración. Durante los últimos años su carismática líder, Sahra Wagenknecht (las siglas de su nombre están en el nombre del partido), ha hecho bandera de las políticas antiinmigración con un discurso prácticamente indistinguible del de la extrema derecha. Yo la conocí en Berlín en 2014, durante un homenaje a la revolucionaria e internacionalista Rosa Luxemburgo que ahora se me antoja irónico; aunque por aquel entonces ella todavía era una dirigente alineada con la posición oficial de su entonces partido, que defendía políticas pro-inmigración.

Probablemente, el elemento central del discurso anti-inmigración de Wagenknecht y su partido es que sitúan la entrada de trabajadores extranjeros como un problema para los trabajadores nacionales. Según ellos, los inmigrantes presionan los salarios a la baja y ello conduce al incremento de los beneficios de las empresas; en consecuencia, la solución es limitar la entrada de inmigrantes para no empeorar las condiciones de la clase trabajadora alemana. Se trata de un discurso reconocible dentro de la familia de partidos de extrema derecha, especialmente aquellos que tienen como objetivo seducir a la clase trabajadora nacional que, se presupone, forma el granero de votos de la izquierda. Desde Jean-Marie Le Pen en los noventa hasta Vox en el presente, pasando por el vicepresidente y el presidente de Estados Unidos, todos ellos han defendido o defienden posiciones anti-inmigración sostenidas sobre el argumento de que los inmigrantes son responsables de, al menos, parte del estancamiento o incluso retroceso salarial de los trabajadores nacionales. Aunque tanto para las extremas derechas como para el rojipardismo el fenómeno de la inmigración es más amplio que la migración laboral, en este análisis vamos a analizar qué dicen los modelos económicos sobre esta relación y cuáles son las conclusiones y contradicciones que emergen.

La inmigración en la economía

Toda proposición política, como aquella que asegura que “los inmigrantes bajan los salarios”, depende de la forma en la que entiende el mundo quien la formula, y esto a su vez suele ser el legado, casi siempre no reconocido, de una teoría desarrollada por algún economista ya fallecido. Esta es la famosa tesis de J. M. Keynes sobre el papel de los economistas, y es totalmente válida aquí. Dicho de otra forma, los economistas trabajan continuamente con modelos que “simplifican” el mundo, y a partir de los cuales se extraen ciertas proposiciones políticas que después se divulgan y difunden hasta llegar al común de los mortales; la mayoría de las veces dotadas de la legitimidad que concede la apariencia de ciencia e incluso con el aura de un nuevo “sentido común”. Ser consciente de esto es importante siempre, pero veremos que lo es especialmente con el tema de la inmigración.

Para entender este punto es relevante comenzar con el trabajo del economista Paul Samuelson, quien en 1948 formalizó lo que se conoce como “teorema de igualación de precios de los factores”. Aquí nos interesa centrarnos en que, según este teorema, el libre comercio entre países tenderá a igualar el precio de los factores capital y trabajo, es decir, de la tasa de ganancia y del salario. Así, el teorema predice que si dos países con distintos niveles salariales deciden comenzar a comerciar entre ellos, los salarios del país más pobre subirán y los salarios del país más rico bajarán. Casi todo el debate posterior entre economistas gira en torno a por qué ese no es el resultado que observamos en la realidad; pero la mayoría de los economistas asume que ese es el mecanismo esencial del funcionamiento de la economía capitalista.

La intuición que difunden los partidos ‘rojipardos’ y de extrema derecha se inspira precisamente en esa forma de pensar el mundo. En ese mundo “idealizado” por los economistas sólo existen dos factores de producción, capital y trabajo, y según si se “permite” que se muevan libremente se producirá un resultado u otro. Por ejemplo, en los años noventa el economista George Borjas elaboró un modelo que suponía que el factor trabajo era libre (las personas podían ir de un país a otro sin problemas) pero el factor capital era fijo. Las conclusiones fueron que la entrada de inmigrantes producía una bajada de salarios de los trabajadores nativos y, además, elevaba los beneficios de las empresas. Como ocurre con todos los modelos, modificar un supuesto por otro cambia (mucho) las conclusiones: en los modelos donde además del trabajo el capital también se puede mover, la predicción es que el salario no bajará con la entrada de inmigración.

En un modelo completamente diferente, como el del marxista Arghiri Emmanuel, el mundo que se piensa es uno en el que el capital es el único factor que se puede mover entre países mientras que el trabajo está restringido por los controles anti-inmigración. En su modelo, el diferencial salarial entre los países ricos (el Norte) y los países pobres (el Sur) nunca puede cerrarse, y esa es la causa por la que el Norte explota al Sur mediante intercambios desiguales. La conclusión política de Emmanuel fue muy controvertida porque señalaba a los sindicatos de los países ricos como responsables y beneficiarios del mantenimiento de esa situación injusta (piénsese que Emmanuel creía también que, en condiciones de libre movilidad de factores, los salarios convergerían).

El marxismo y la inmigración

Emmanuel no es el único marxista cuyo trabajo asume que, en ausencia de obstáculos como las políticas de restricción de inmigrantes, existe una tendencia del sistema hacia la igualación del precio de los factores. El propio Marx reconoció ese mecanismo en varios de sus trabajos, aunque en él opera de una forma distinta a la de los economistas ortodoxos. Para el autor de El Capital, el salario depende fundamentalmente del poder de negociación de la clase trabajadora frente al capital, y la dinámica capitalista desgasta esa capacidad a través del “ejército industrial de reserva”, es decir, de una gran masa de desempleados creados por el capitalismo. Esa enorme mano de obra disponible para el empresario disciplina también a los trabajadores, dificultando su capacidad de organizarse y de negociar mejores salarios. Los inmigrantes serían, en este modelo, un volumen adicional al ejército industrial de reserva pero, en general, con muchos menos derechos y protecciones.

Lo curioso de Marx es que, aunque aceptaba el diagnóstico de que la inmigración presionaba a la baja los salarios de los trabajadores nacionales, nunca concluyó que la solución era restringir los movimientos de los trabajadores. Cuando analizó la inmigración irlandesa en Inglaterra, comprendió que existía “una clase obrera dividida en dos campos enemigos, proletarios ingleses y proletarios irlandeses” y reconoció que “el trabajador inglés común odia al trabajador irlandés como competidor que reduce el nivel de vida”. Para Marx era claro que el problema era la división de clase que impedía que irlandeses e ingleses, juntos, exigieran mejores condiciones de trabajo. Y el remedio no era profundizar esa división, excluyendo a los irlandeses, sino acabar con la opresión de Irlanda y del capitalismo que había empujado a la emigración a tantos trabajadores.

El texto al que me estoy refiriendo está escrito en 1870, pero podría ser actual. Marx veía con claridad que la oposición entre trabajadores inmigrantes y nacionales era sólo del interés de los capitalistas explotadores. Y, literalmente, reconocía que “este antagonismo se mantiene artificialmente despierto y se ve acentuado por la prensa, el púlpito, las revistas económicas, o sea, por todos los medios a disposición de las clases dominantes. Este antagonismo es el secreto de la impotencia de la clase obrera inglesa, a pesar de su organización”. Esta línea de pensamiento, por cierto, fue seguida por dirigentes como Lenin o Rosa Luxemburgo, para quienes la solución nunca pasó por el nacionalismo sino por la conciencia de clase. A diferencia de lo que sucede con toda la desviación rojiparda.

¡Son las instituciones!

Si Marx y los economistas liberales comparten que existe un mecanismo que iguala los salarios vía libre comercio, competencia o poder de negociación, ¿significa eso que es inevitable que la inmigración produzca bajadas salariales entre los trabajadores nacionales? La respuesta es que no. Porque igual que hemos visto que, dependiendo del supuesto del modelo se obtienen unos resultados u otros, el capitalismo no opera en el vacío, sino mediante instituciones, es decir, leyes, normas, tradiciones, costumbres… Lo que determina los resultados reales no son solo los precios, sino la combinación de instituciones y precios. Y son esas instituciones las que moldean la forma en la que se absorben impactos como el de la inmigración.

Por ejemplo, para Marx lo relevante no era la nacionalidad del trabajador, sino su estatus: procedía de un país donde los salarios eran más bajos porque la acumulación capitalista era más débil, contaba con menos derechos y estaba acostumbrado a un nivel de vida más modesto. De hecho, los inmigrantes presionan a la baja los salarios y condiciones más que los nacionales solo cuando sus condiciones laborales son inferiores. El perfil del inmigrante es, efectivamente, carne de cañón para ser superexplotados y para ser la parte más rocosa del ejército industrial de reserva.

Debido en gran parte al fracaso de los modelos económicos a la hora de predecir qué ocurre con los flujos migratorios, y la constatación de que en casi ninguna parte han convergido los salarios, el análisis de las últimas décadas sobre la inmigración y sus efectos se ha desplazado desde el enfoque puramente económico (sólo precios) a otro más institucional. Por ejemplo, hoy se acepta que los mercados están segmentados y que los inmigrantes apenas entran en competición directa con los trabajadores nacionales (los primeros suelen recalar en trabajos de poca cualificación que los nacionales ya no quieren hacer), que las condiciones jurídicas de los inmigrantes son altamente relevantes y que si cuentan con los mismos derechos el impacto negativo desaparece, y que el poder político de negociación es especialmente importante (particularmente en sectores con monopolio). La inmensa mayoría de los estudios que han evaluado todas estas cuestiones de forma más amplia han concluido que en promedio el salario de los nacionales no se ve afectado por la entrada de inmigrantes y que, cuando hay efectos negativos, están asimétricamente distribuidos (por ejemplo, sobre los sectores de baja cualificación y sectores más desprotegidos en general).

Conclusiones

Lo curioso es que los modelos sobre la inmigración son también modelos sobre el comercio. En 1957, el economista Robert Mundell subrayó que la entrada de inmigrantes de poca cualificación era equivalente a importar bienes producidos en países de bajos salarios a partir de trabajo poco cualificado. Eso significa asumir que la importación en masa de productos chinos es equivalente a la entrada de inmigración masiva china, y sus efectos sobre los empleos y salarios sería igual. Esto permite entender mejor por qué la pregunta “¿los inmigrantes bajan los salarios?” está mal planteada si se formula como una cuestión puramente económica. La respuesta depende de qué trabajadores compiten con cuáles, de cuánto capital se acumula, de cómo reaccionan las empresas, de qué sectores crecen, de qué instituciones regulan el mercado laboral y, sobre todo, de cuál sea el poder de negociación de los trabajadores. No existe una ley económica que diga que la llegada de inmigrantes tiene necesariamente que traducirse en una reducción generalizada de los salarios nacionales. Eso es naturalizar un estado de las cosas (el del capitalismo realmente existente) que es históricamente específico.

Si contratar a un trabajador recién llegado y descargar un contenedor procedente de Asia son, desde el punto de vista del salario nacional, la misma operación, entonces cerrar la frontera a las personas no elimina la competencia y únicamente la desplaza. El empresario que no puede traer al trabajador se traslada él, o le encarga la pieza a un proveedor que ya está allí. Es, literalmente, lo que ha ocurrido durante las últimas cuatro décadas. Esto es lo que nombra la expresión actualizada de “ejército mundial de reserva”, que acostumbra a usar el marxista John Bellamy Foster. Y lo cierto es que la masa de trabajadores disponible para disciplinar salarios dejó de ser nacional hace mucho tiempo. La clave es que el capital no necesita que esa masa cruce la frontera, porque puede cruzarla él.

Todo esto va mucho más allá que una cuestión meramente teórica. Como dije al principio, las teorías de los economistas muertos resuenan siempre en las proposiciones actuales. Y la actualidad está llena de esas proposiciones, por ejemplo de aquellas que plantean qué movilidades se proponen restringir y cuáles no. Porque ningún programa de extrema derecha —tampoco el rojipardo, más allá de la retórica— propone cerrar la movilidad del capital. En todas estas propuestas se criminaliza al trabajador, pero no al capital, lo que es sintomático del discurso de clase.

Volvamos entonces a la pregunta del título. ¿Bajan los inmigrantes los salarios? La respuesta que dan a la vez la mayoría de modelos modernos y la evidencia es que no lo hacen por ser inmigrantes, sino allí donde son trabajadores con menos derechos. Así que lo que presiona a la baja los salarios no es el pasaporte, sino el estatus. Y lo que propone la extrema derecha y los ‘rojipardos’ —recortar derechos y expulsar a una parte de la clase trabajadora— es exactamente la que abarata a los competidores de la otra parte. Es una política patronal formulada en el idioma de los obreros.

Ahora bien, la alternativa al discurso antiinmigración no consiste en negar que puedan existir efectos distributivos asociados a la inmigración. Tampoco consiste en repetir que “la inmigración siempre es buena” y cerrar el debate. Consiste en preguntar quién gana y quién pierde, en qué circunstancias, mediante qué mecanismos y bajo qué instituciones. Y hacer política con ello. Como he mostrado antes, Marx lo entendió en 1870 y lo resumió muy bien al decir que el antagonismo entre trabajadores ingleses e irlandeses era “el secreto de la impotencia de la clase obrera inglesa, a pesar de su organización”. Se puede levantar una alambrada o un muro alrededor de un país, pero no alrededor del mercado mundial. Frente a un ejército de reserva de dimensiones planetarias solo caben dos respuestas. La primera es competir todos a la baja en un terreno donde nadie tiene derechos, que es el proyecto de la extrema derecha en un contexto de crisis ecosocial. La segunda es extender los derechos hasta que la competencia deje de librarse por abajo. Esta última era la apuesta de aquella Rosa Luxemburgo a la que fuimos a homenajear a Berlín en 2014. La primera, doce años después, es lo que se está negociando en Sajonia-Anhalt.

Ceuta tiene unos 84.000 habitantes y unas capacidades de acogida muy limitadas. Por eso la permanencia prolongada de varios miles de personas sin recursos, y que por lo tanto deambulan de un lado hacia otro buscándose la vida, ha alterado profundamente el funcionamiento cotidiano de la ciudad. Algunos lo expresan directamente en términos racistas, y parece molestarles sobre todo que la mayoría sean magrebíes y musulmanes, pero el conjunto de la población lo está experimentando como un fenómeno de saturación y congestión. Son dos fenómenos que se mezclan interesadamente, pero que son distintos. Y lo más importante es reconocer que Ceuta no tiene capacidad de absorción suficiente como para que la vida vuelva a la normalidad. Y, sin normalidad, la gente se frustra y se hace más sensible ante los discursos incendiarios.

Por eso, aunque nos disguste y duela, es innegable que el Gobierno ha llegado tarde. Más allá del debate sobre la causa de la entrada de miles de personas por la frontera, aspecto en el que el Gobierno sigue empeñado en proteger a Marruecos, está el debate sobre la gestión de esta saturación y congestión. La falta de soluciones prácticas y la lentitud en desplegar incluso el apoyo más básico, dejando por semanas que los inmigrantes se hacinaran en asentamientos improvisados, ha desconcertado no solo a los ceutíes sino a toda la población.

Eso sí, no existen soluciones mágicas, es decir, rápidas y que al mismo tiempo sean legales y decentes. Porque devolver de manera inmediata a todos los entrantes es tan inhumano como ilegal, aunque entre los discursos de la extrema derecha esta sea la propuesta estrella. Al fin y al cabo, si para ellos, como dijo el diputado de Vox José María Figaredo, el objetivo a perseguir en los primeros compases era cazar inmigrantes, uno tiene que deducir que ahora su objetivo es poco menos que tirarlos al mar. Esos discursos carecen de base legal, y ya han sido denunciados por incitación al odio, pero van calando entre una sociedad que ha comprado el marco de inmigración como amenaza (con la ayuda de un vocabulario muy extendido entre medios convencionales: invasión, ataque, asalto…). De ahí derivamos un problema sociológico y político importante, que nos costará caro, pero no una solución práctica y legal.

En realidad, lo único que puede hacerse al respecto es acelerar los procedimientos que marca la ley para registrar a los inmigrantes y evaluar sus casos individualmente. Este es un proceso que requiere apoyo logístico y personal suplementario para poder realizarse, lo que necesariamente es lento y exige que, mientras tanto, los inmigrantes estén en las mejores condiciones posibles. Hoy, habiendo transcurrido más de un mes desde el inicio de la crisis, todavía hay miles de personas no integradas en este sistema y que, por lo tanto, permanecen varadas en las calles de Ceuta. Pero incluso cuando ya estén todas las personas listadas y bien atendidas, seguirán permaneciendo en la ciudad y alterando la normalidad de los ceutíes. El riesgo es que entonces Ceuta se convierta en Lesbos, es decir, un territorio fronterizo transmutado de facto en sala de espera permanente de un problema que corresponde gestionar al conjunto del Estado y de la Unión Europea.

No sorprenderá a nadie que todo esto sea una bomba de relojería, de esas que se convierten en estupendas oportunidades para el crecimiento de una extrema derecha deseosa de lanzar cualquier cosa a la cara de este gobierno. Habiendo convertido la inmigración en un fenómeno criminalizado y deshumanizado, la extrema derecha, y la derecha tradicional por imitación competitiva, explotan la frustración ciudadana tanto como pueden. Pero cuando se juntan miles de personas, muchas de ellas desesperadas por recibir incluso comida, los altercados pueden producirse. Y solo hace falta un poco de mala suerte para que uno de esos altercados encienda una mecha de consecuencias impredecibles. Ya hemos visto a grupos ultras yendo a quemar los asentamientos de los inmigrantes, expandiendo así el lenguaje práctico de la extrema derecha. Qué no puede pasar si uno de esos hipotéticos altercados se convierte en la simbología que la extrema derecha necesita para darle una falsa ilusión de verosimilitud a sus narrativas xenófobas. Me temo que no estamos tan lejos de un escenario así.

Paradójicamente resulta que desactivar esta bomba de relojería es relativamente fácil, al menos técnicamente. Se trataría de obrar como se ha hecho otras veces, es decir, repartiendo el volumen de inmigrantes por toda la península y, en consecuencia, mostrando una solidaridad efectiva con Ceuta para que no sean ellos los que tengan que absorber en solitario esta función. Además, nada de esto implicaría la permanencia definitiva de los inmigrantes, que deberían seguir adscritos a los protocolos establecidos. El caso más obvio, por el que podría empezarse desde ya, y estaría justificado plenamente por la doble y triple condición de vulnerabilidad, es el de los menores no acompañados y particularmente de las niñas. La estimación de unos 2.500 menores que podrían ser repartidos desde ya dentro de los programas habituales —en el último año, y antes de esta reciente entrada, fueron efectivamente repartidos desde Ceuta más de 600 con total normalidad—. Todo ello abundaría en la protección de los menores inmigrantes, pero también ayudaría a descongestionar Ceuta y a restar presión a la situación.

Sin embargo, las comunidades gobernadas por PP y VOX se niegan. Presas del discurso de la extrema derecha, que ya provocó varias crisis de gobierno en 2021 y desembocó en la ruptura de sus alianzas, estas comunidades se niegan a ayudar a Ceuta. Ya he mencionado que los representantes de extrema derecha exigen cometer la ilegalidad de devolver a todas estas personas a la frontera. El PP, por su lado, se conforma con repetir un mantra abstracto de que quiere soluciones, pero negando la única viable a corto plazo. Y aquí, lo sorprendente, es por qué Pedro Sánchez no ha salido a la ofensiva con esta situación. Podría haber puesto encima de la mesa la hipocresía de quienes hablan de “defender Ceuta” pero luego se niegan a la única medida capaz de reducir rápidamente la presión demográfica sobre Ceuta. Podría ponerles a ambos frente al espejo y denunciar que estas derechas tratan a los seres humanos como meros objetos sin alma, y que su cristianismo es sólo estético y ya, quizás, ni eso. Podría, en definitiva, salir a la ofensiva y ser coherente con el gobierno que acogió al barco Aquarius o que está regularizando a más de medio millón de inmigrantes que ya viven y trabajan en España.

Pero no lo ha hecho. Pedro Sánchez ha decidido seguir aplastado entre el sabotaje del PP y Vox y la presión del discurso ultra, también del que procede de la Unión Europea y que ve con malos ojos que haya inmigrantes en la península —como si no entraran muchos más por avión a través de los principales aeropuertos de Europa—. Incluso en el caso de los menores, Pedro Sánchez sigue negándose a que sean trasladados a otras comunidades autónomas.

Hay quien sostiene que la ofensiva ultra se multiplicaría si el Gobierno aceptara esta única medida viable, y que terminaría cayendo. No es una hipótesis descabellada, y probablemente es lo que explica el comportamiento del presidente. Pero este planteamiento descansa en el supuesto implícito de que esperar es gratis, cosa que está lejos de ser cierta. En primer lugar, la extrema derecha no se ha desmovilizado ni una sola vez a cambio de una cesión en este terreno; ni en 2021, cuando el reparto de menores le sirvió para romper gobiernos autonómicos, ni después, cuando el endurecimiento del discurso migratorio del conjunto del arco parlamentario no le restó un solo voto. Dado que exigen lo imposible —devolver a todos, ya— nunca van a ser satisfechos, y por tanto tampoco desactivados. En segundo lugar, la demora fabrica exactamente el material que la extrema derecha necesita. Cada semana de personas durmiendo en asentamientos improvisados produce más imágenes aprovechables que cualquier autobús saliendo hacia la península: los altercados, los grupos ultras yendo a quemar campamentos, la sensación de descontrol. El Gobierno cree estar evitando un titular y lo que hace es alargar la producción diaria de titulares peores.

Al no plantear siquiera la medida, el Gobierno concede la premisa de que trasladar migrantes a la península es en sí mismo inadmisible. El Gobierno parece hipotecado por las iniciales y rápidas declaraciones de varios ministros diciendo que todos los inmigrantes serían devueltos. La realidad es más compleja que aquellas posiciones, que sonaban a precipitada defensa frente al discurso ultra, y nos obliga a reconocer que no sabemos cuántos inmigrantes serán finalmente devueltos. Lo que sí sabemos es que ese dato lo conoceremos mucho más tarde, y que lo que ahora importa es el mientras tanto en el que crecen las derechas.