Ni siquiera la Iglesia católica se ha sumado en México a la operación de Díaz Ayuso de reivindicar con orgullo el pasado colonial del imperio español. La presidenta madrileña tenía previsto homenajear a Hernán Cortés con una misa, pero la Iglesia acabó cancelándola por la presión social y política que había desencadenado la iniciativa. Si bien es verdad que la Iglesia ha alegado falta de permisos para el espectáculo de Nacho Cano, algo del todo verosímil dados los precedentes legales del artista. En todo caso, el mensaje no puede ser más claro: la restauración ideológica reaccionaria que encabeza Ayuso se queda a la derecha de la jerarquía de los católicos, que en México son amplia mayoría.

La provocación no debería impedirnos ver lo que hay más allá. Ayuso ha ido a México a desplegar y consolidar una narrativa que le permita ubicar su liderazgo en el plano nacional e internacional, muy lejos del que le corresponde como presidenta autonómica. No es la primera vez, pues anteriormente ha visitado Estados Unidos y se ha reunido con Milei con la misma intención. Incluso antes, en plena pandemia de la COVID, se reunió con Pedro Sánchez en lo que simbólicamente se hizo creer que era un encuentro internacional de alto nivel. Pero no son solo los viajes lo que la sitúa simbólicamente al nivel de los presidentes nacionales, sino que Ayuso también utiliza la confrontación constante a fin de que se consolide en el imaginario público la idea de que ella es la antítesis de las izquierdas mundiales. Con cada gesto y con cada palabra, no importa sobre qué tema, ella está siempre en el “otro lado”. 

De hecho, son las formas trumpistas las que permiten que cale esa idea. Si se limitara a visitar a los presidentes de otros países, la cosa chirriaría, pero tampoco sería un asunto exclusivo de ella. Además, probablemente no se enteraría mucha gente. Resulta que, en política, existir significa ocupar el centro de atención; algo que se consigue con más facilidad cuanto más espectacular sea el mensaje transmitido. Si eres formal y respetas las instituciones, tu mensaje se pierde en el ruido cotidiano. Si te acoges al escándalo, tendrás la atención asegurada. Ayuso lo sabe, y por eso preparó el terreno antes denunciando que México era un «narcoestado», el mismo concepto con el que Trump se refiere al país gobernado por Claudia Sheinbaum. El guion es conocido: montar un show para generar atención y, cuando ya todos están mirando, decirle al mundo que eres quien manda en lo tuyo.

La elección de México tampoco parece casual. Tras meses de distensión entre los gobiernos español y mexicano, que incluyeron una descafeinada petición de disculpas por parte de Felipe VI, la actitud de Díaz Ayuso encaja en su sabotaje continuado al Ejecutivo progresista. De paso, le lanza un aviso a la Casa Real, como si en el fondo les estuviera llamando “derechita cobarde” por asumir parte del discurso “anti-español” que subraya la desmedida violencia de los conquistadores. En el fondo, Ayuso les está diciendo a sus votantes que es más y mejor española que el rey.

Al margen de la Casa Real, quien más debe temer esta estrategia no es Pedro Sánchez ni las izquierdas, sino Feijóo. El discurso de Díaz Ayuso, hoy por hoy, no es competitivo en la mayoría de España: solo lo es en una burbuja como Madrid, donde décadas de gobierno del PP han construido las bases materiales que sostienen una sociología tan ranciamente conservadora y distinta a la del resto del país. Un liderazgo nacional de Ayuso generaría más tensiones con la extrema derecha, por solapamiento de discursos, pero tendría muchas menos opciones en unas generales, donde importa más cómo es el ciudadano medio que el militante de partido. Sin embargo, con cada gesto de Ayuso —casi todos fuera de sus competencias—, la líder madrileña le está recordando a Feijóo que el liderazgo de Génova es subsidiario del de Sol.

Estoy convencido de que estas cosas no gustan en la sede nacional del Partido Popular. Al fin y al cabo, ellos no controlan los acontecimientos ni la agenda política que ella marca, y a pesar de eso tienen que salir a justificar a Ayuso a cada paso que da. Quizás también están asustados tras la experiencia de Pablo Casado, quien tras meses titubeando, decidió finalmente confrontar con Ayuso y denunciar los tejemanejes de la presidenta madrileña: su combate no duró ni un asalto, y lo dimitieron de facto en beneficio de Ayuso. Sea como sea, ella ha conseguido que se instale la idea de que ella es la referencia indiscutible de la derecha española incluso aunque carezca del poder orgánico correspondiente. Su ideología, un proyecto nebuloso construido más con intuiciones reaccionarias que con programas específicos de intervención pública, está asfixiando a los sectores tradicionales del PP. Si tienen algo que decir, no se les está escuchando.

Desde la crisis financiera de 2008, y de forma acentuada desde la pandemia, las derechas vienen buscando un nuevo relato identitario que sustituya al proyecto neoliberal fracasado. El populismo autoritario de Trump y Orbán, pero también el de Milei o Bolsonaro, se ha presentado como vía atractiva para un conjunto de líderes con la brújula tradicional rota. Ayuso, que no destaca por su elaboración intelectual, tiene sin embargo una gran capacidad para apropiarse de ese nuevo “sentido común” en la derecha y para concentrar así una creciente base social en torno a su figura. 

Por eso Ayuso necesita la figura romantizada de Cortés, por un lado, y al gobierno de México y a los pueblos originarios protestando, por otro: porque en su política, la confrontación es el contenido. Es puro trumpismo. Lo de México es la continuación de una operación que lleva años en marcha, y que está fijando los términos en los que la derecha española entera habla de sí misma y del mundo. Una derecha que, ante la falta de ideas novedosas en este momento de crisis ecosocial, necesita homenajear lo que sucedió en 1521. En el fondo, y como el resto de las extremas derechas del mundo, Ayuso apela a las emociones de una ciudadanía frustrada por la situación económica y desconcertada ante el futuro, ofreciéndoles nostalgia de viejos y destructivos imperios. Así que sí: Ayuso es una provocadora porque puede, porque le funciona, y porque está en una guerra cultural de largo aliento.

En las últimas semanas, hemos vuelto a escuchar con frecuencia, especialmente por parte de portavoces conservadores, la propuesta de deflactación del IRPF: una modificación fiscal que permitiría corregir el sobrecoste fiscal añadido por la llamada 'progresividad en frío'. Pero, en el fondo, abordar la pérdida de poder adquisitivo desde ese planteamiento es atacar las consecuencias y no las causas del problema.

La pérdida de poder adquisitivo de las familias españolas se produce como consecuencia del mayor crecimiento de los precios de los bienes de consumo respecto al crecimiento de los salarios: aunque suban los salarios nominales —lo que vemos en nuestra nómina—, si con ellos podemos comprar menos cosas, eso significa que ha empeorado nuestra capacidad adquisitiva; es decir, el salario real se ha reducido. Como se puede ver en el siguiente gráfico, los salarios reales en España apenas han avanzado desde principios de siglo: tras un periodo de mejora hasta 2008 y caídas marcadas a partir de 2021, hoy se sitúan en niveles muy similares a los de hace dos décadas. La inflación se ha terminado comiendo casi todas las ganancias nominales acumuladas.

Una consecuencia no deseada de este proceso es que pagamos más impuestos porque declaramos ingresos mayores, e incluso podemos ubicarnos en tramos del IRPF más altos sin que en ningún caso realmente nos hayamos convertido en personas más ricas. Como se sabe, el sistema fiscal está diseñado por tramos de ingresos, a modo de escalones. Como el sistema es progresivo, eso significa que cuando pasamos de escalón —porque cobramos más— también pagamos un tipo marginal mayor sobre los nuevos ingresos, lo que arrastra al alza nuestro tipo efectivo medio. El problema es que se puede subir de escalón porque la nómina indica mayor cantidad ingresada en concepto de salarios nominales, pero en realidad no existe su correspondiente mayor poder adquisitivo. En suma: pagamos más impuestos como si fuéramos más ricos, pero sin serlo.

Como consecuencia, es posible hablar de que este proceso supone una subida indirecta de impuestos: el contribuyente paga más IRPF aunque no sea más rico, y el Estado ingresa más por la misma cantidad de renta real. De ahí que emerja de vez en cuando la propuesta de que hay que ‘deflactar’ el IRPF, es decir, ajustarlo de modo que se pague impuestos de acuerdo con los salarios reales y no con los salarios nominales. Esto implicaría que los contribuyentes pagarían menos impuestos respecto a la situación actual y el Estado dejaría de percibir esas cantidades de recursos adicionales: sería, de facto, una bajada de impuestos. Además, tal y como suele plantearse —deflactación lineal de toda la tarifa— el ahorro absoluto crece con la renta y no llega a quienes no tributan.

Siendo todo lo anterior cierto, el problema real tiene que ver con que la deflactación del IRPF es una medida dirigida a atacar las consecuencias de la inflación, y no sus causas. Y aquí es evidente que la ideología influye a la hora de determinar dónde hay que poner el foco, si en lo que provoca la inflación o en las consecuencias de la misma. Mientras la propuesta de deflactación del IRPF construye una narrativa según la cual es el Estado el problema de la pérdida de poder adquisitivo —porque te da un mordisco fiscal extra como consecuencia de la inflación—, el problema de fondo de la inflación, como analizamos la semana pasada, nos empuja a hablar de los beneficios empresariales, del poder de mercado de determinadas grandes empresas y de la dificultad de la clase trabajadora para indexar salarios, es decir, para que estos acompañen el ritmo de subida de los precios. Sobra decir que esto es lo que explica que las derechas estén más interesadas en hablar de deflactación del IRPF, y las izquierdas de las causas originales de la inflación.

Pero no se trata únicamente de ideología. Hay aquí una secuencia lógica difícil de discutir: en un escenario de inflación cero —o en otro en el que los salarios nominales suban por encima de los precios— la propuesta de deflactar el IRPF sencillamente no sería necesaria. La deflactación es, por definición, una respuesta defensiva ante un problema previo; nunca una solución a ese problema. Por eso atacar la causa primera —los precios, no los tramos— es lo único que vuelve innecesarias todas las medidas correctoras posteriores. La deflactación, en el mejor de los casos, alivia; pero también resigna: asume que la inflación seguirá comiéndose nuestros salarios y se limita a impedir que, encima, paguemos más impuestos por ello.

Como ya argumenté en el análisis anterior, la causa principal de la inflación de los últimos años viene explicada por la subida de los beneficios empresariales: los distintos modelos utilizados para evaluar este fenómeno apuntan a ello, razón por la cual incluso el FMI [Fondo Monetario Internacional], el BCE [Banco Central Europeo] y la OCDE [Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico] —todos tradicionalmente reacios a este tipo de conclusiones— han acabado reconociendo el papel crítico de las grandes empresas en la elevación de la inflación; y todos concuerdan en que los salarios no tienen ninguna responsabilidad, más allá de que los trabajadores intenten luego vanamente recuperar terreno. Frenar ese proceso es posible, pero requiere centrarse en aquellas empresas con gran poder de mercado y que aprovechan ciertos shocks de oferta —como el cierre del estrecho de Ormuz— para elevar los márgenes de beneficios. Esto sucede sobre todo en sectores como la energía, pero también en los que cadena abajo tienen protagonismo grandes empresas que operan como oligopolios de facto. Una fuerte imposición fiscal a sus ganancias permitiría no tanto recaudar —un objetivo aquí secundario— como reducir el incentivo a aprovechar la situación: si gran parte del margen extraordinario acaba siendo expropiado vía impuestos, la rentabilidad esperada de subir precios disminuye, y con ello la presión inflacionaria. En ciertas condiciones, incluso la fijación de precios permitiría contener la inflación, como sucedió con el tope al gas para la generación eléctrica (la llamada excepción ibérica) durante la guerra en Ucrania.

Hay en todo esto una excepción significativa: los perceptores del salario mínimo. A diferencia de los salarios medios, el salario mínimo ha disfrutado de grandes subidas tanto nominales como reales en los últimos años, especialmente desde 2019, primera subida importante pactada con apoyos parlamentarios y luego con socios de coalición. El siguiente gráfico lo ilustra con claridad: los perceptores del salario mínimo sí han tenido mejoras considerables de poder adquisitivo.

Ya tuve oportunidad de hablar de este fenómeno en otro análisis, titulado “Los límites de las subidas del salario mínimo”. En realidad, esta asimetría entre el salario mínimo y el salario medio tiene que ver con la dificultad que encuentra el Gobierno en incidir en los problemas que enfrentan los trabajadores a la hora de negociar con las grandes empresas. Tras décadas de políticas neoliberales, los trabajadores están más expuestos a los caprichos de sus empleadores, tienen menos instrumentos para negociar colectivamente —como consecuencia de las reformas laborales, sobre todo la de 2012— y lo hacen en estructuras empresariales más flexibles y con menos trabajadores —nada que ver con las viejas industrias de los años 80—. Eso es lo que explica que cuando sube la inflación, los trabajadores apenas tienen capacidad para recuperar el terreno perdido. Y el Gobierno, incapaz de entrar en ese terreno, ha recurrido en la última década a la política del salario mínimo para compensar. Y aunque ha tenido efectos muy beneficiosos, tanto para sus perceptores como para la economía en general, se trata de una política limitada, tanto en el alcance —no a todos los trabajadores— como en el tiempo. Resulta insostenible porque comprime la estructura salarial en torno al SMI: trabajadores con antigüedad o cualificación terminan cobrando lo mismo que quienes acaban de incorporarse, lo que aplana las trayectorias internas y traslada tensiones a la negociación colectiva.

En definitiva, la deflactación del IRPF puede actuar como un parche de alivio temporal, pero confunde el síntoma con la enfermedad. Si los salarios reales se mantienen planos década tras década, si la negociación colectiva ha quedado debilitada y si el SMI ha alcanzado el techo de lo que puede aportar como herramienta compensatoria, el debate fiscal en torno al IRPF resulta una distracción frente a lo que de verdad está en juego: la capacidad de la mayoría social para que sus salarios acompañen a los precios, y la capacidad del Estado para intervenir aguas arriba —en los márgenes empresariales, en el poder de mercado de los oligopolios, en la arquitectura de la negociación colectiva— y no solo aguas abajo, en la nómina del contribuyente.

Los conspiradores contra Julio César esperaban que con su asesinato se pudiera defender la República, que, según entendían, estaba amenazada por la excesiva acumulación de poder que aquel había llevado a cabo. Esperaban que el descabezamiento del régimen provocara la liberación de las fuerzas sociales que anhelaban el retorno de las viejas normas republicanas, a su juicio ya degradadas. Sin embargo, el magnicidio no condujo a la restauración republicana sino, paradójicamente, a su aceleración en sentido contrario: tras trece años de guerras llegaría el triunfo definitivo de los herederos políticos de César, con Octaviano abriendo paso al naciente Imperio. Los Idus de marzo, lejos de cerrar la deriva monárquica, la precipitaron. 

Es evidente que aquellos defensores de la República no habían comprendido ni medido bien las bases sociales que sostenían el proyecto de César. Creyendo que se trataba de un asunto de personalidades y juegos de palacio, minusvaloraron el atractivo que tenía su política entre las clases populares. Al fin y al cabo, César fue un patricio que rompió con los códigos de su propia clase para construir, desde arriba, una coalición vertical que cortocircuitaba a la oligarquía senatorial apoyándose simultáneamente en el ejército, en la plebe urbana y en las élites emergentes que la vieja clase nobiliaria mantenía a distancia. Es conocido que se ganó a la plebe urbana mediante distribuciones de grano, banquetes públicos, juegos y espectáculos de gladiadores, y a las legiones por la expectativa concreta de tierras al licenciarse —para lo que fue central el expansionismo territorial—. Desmontar todo eso no era tan sencillo como matar al líder.

El lector atento habrá observado ya hacia dónde me dirijo: el tercer intento de magnicidio contra Donald Trump, perpetrado el sábado, invita a una reflexión por analogía. ¿Bastaría con su dimisión, su derrota electoral o alguna causa más drástica para acabar con el trumpismo? Mi tesis es que no, y que confundirlo con su líder es repetir el error de los Idus de marzo. Conviene aquí distinguir tres niveles que el debate público suele confundir: Trump como persona, con su narcisismo y sus extravagancias; el trumpismo como proyecto político, mucho más vertebrado, diverso y profundo; y, debajo de ambos, las condiciones estructurales que han producido la demanda de un líder así. Trump no llegó a la Casa Blanca por su forma de ser, sino porque encarna un ideal que ha resultado suficientemente atractivo para mayorías sociales reales. Él es, por decirlo en términos clínicos, el síntoma; la enfermedad es más compleja y difícil de atajar.

Obsérvese que tanto Trump como César comparten la capacidad de articular, desde arriba y con un liderazgo personalista, a sectores muy distintos unidos por un común resentimiento hacia la élite establecida. Como el romano frente a la nobleza senatorial, Trump construye su legitimidad contra el establishment —político, mediático, académico, corporativo— al que ha presentado como una casta cerrada y parasitaria e indiferente a los intereses del país real. El gesto, conviene subrayarlo, es en ambos casos el de un insider que se postula como outsider: César era un patricio de los Julios; Trump, un multimillonario formado en los círculos inmobiliarios y mediáticos. Lo que ambos hacen no es asaltar la élite desde fuera, sino romper la disciplina de su propia clase de origen para construir una coalición vertical. Y eso solo puede funcionar cuando hay un caldo de cultivo suficiente, es decir, cuando la sociedad está lo bastante rota. 

En las décadas finales de la república romana, por ejemplo, existían pequeños propietarios itálicos arruinados por la competencia del grano provincial y por el latifundismo esclavista, veteranos sin tierra, plebe urbana hacinada en una Roma cosmopolita y crecientemente desigual, deudores estrangulados por unas élites acreedoras inflexibles. Igual que estos sectores buscaron en César —y antes en los Graco y otros líderes— una salida intermedia entre la ortodoxia oligárquica y la revolución social, la coalición trumpista articula hoy un bloque que ya no es exactamente el de 2016. Sigue ahí la clase trabajadora blanca del Rust Belt, devastada por décadas de deslocalizaciones, financiarización y desindustrialización, junto a pequeños propietarios y autónomos del interior rural y a sectores de clases medias en descenso material y simbólico. Pero a esa base se han incorporado, en los últimos comicios, avances notables entre votantes latinos, varones negros y jóvenes urbanos sin titulación universitaria. Esta ampliación refuerza el diagnóstico: el trumpismo ya no es un fenómeno étnico-regional confinado a una geografía concreta, sino una articulación transversal del descontento contra la oferta política tradicional.

Conviene, sin embargo, no forzar el paralelo más allá de lo razonable. César ofreció a su coalición algo material y verificable: reparto de grano para la plebe urbana, tierras y dinero para los veteranos al licenciarse, extensión del derecho de ciudadanía a Italia y a parte de las provincias, y una agenda redistributiva sostenida por el botín del expansionismo imperial —un modelo que solo podía funcionar mientras hubiese nuevas fronteras que conquistar—. El trumpismo, en cambio, moviliza el mismo resentimiento contra la misma estructura, pero su programa real —recortes fiscales regresivos, desregulación, aranceles que terminan pagando los consumidores— no entrega nada comparable. Esa asimetría subraya que el cesarismo trumpista es más frágil que el original porque ofrece menos, y por eso necesita un combustible identitario —patriótico y militarista— más intenso. La factura material que tarde o temprano pasará no encontrará tierras conquistadas con las que pagarse.

Aunque Trump sufra desgaste por su gestión, e incluso por sus extravagancias, los elementos estructurales son demasiado fuertes —conviene no olvidar que ganó pese a haber promovido, como quedó acreditado, el asalto al Capitolio—. Pero, de nuevo, desmontar eso que podríamos llamar “bloque histórico” no es tarea fácil. Un bloque histórico no es una mera suma de intereses, sino una articulación entre estructura económica y superestructura cultural, una hegemonía que fusiona clases distintas en torno a un sentido común compartido. César no ganó solo porque repartiera grano: ganó porque ese reparto se inscribía en un relato de regeneración frente a una élite parasitaria. El trumpismo opera en el mismo registro, y por eso tampoco basta con derrotarlo en una elección: hay que disputar el marco interpretativo que lo hace inteligible para millones. Como afirma Luciano Canfora respecto a César en su libro La historia falsa, «cuando su poder perdura, se debe ser realista y reconocer que el tirano es alguien que tiene de su parte a fragmentos más o menos grandes, o incluso muy grandes, de la sociedad». Por lo tanto, insiste el filósofo italiano, «el problema es derrotarlo políticamente, no acabar con esa persona en singular». 

Si consideramos esta analogía válida, y a mí me parece fructífera, la solución al problema trumpista pasa por atajar la enfermedad que le da vida, mucho más que tratar el síntoma. Y el caldo de cultivo es identificable para el caso de Trump: cuatro décadas de concentración patrimonial sin precedentes, salarios estancados, vaciado de la industria, sustitución del salario por la deuda, un capitalismo crecientemente rentista que desplaza riqueza de quien produce a quien posee, y una democracia liberal que ha demostrado sistemáticamente su impotencia —cuando no su connivencia— para enfrentar todo lo anterior. Mientras esas condiciones persistan, habrá demanda de cesarismo, y la oferta irá cambiando, sea Trump, Vance o Abascal. 

La política redistributiva, la reindustrialización con criterios ecológicos, la regulación seria del rentismo —especialmente del inmobiliario— y la recuperación de instrumentos democráticos efectivos son las condiciones materiales mínimas para que la próxima crisis no entregue a las mayorías al siguiente hombre o mujer fuerte. El atentado contra Trump, sea cual sea su desenlace judicial, no cambia esa ecuación. La cambia, o no, lo que se haga con el orden económico que ha hecho del cesarismo una opción razonable para millones. De hecho, mientras escribía estas líneas saltaba la siguiente noticia: «casi la mitad de los jóvenes cree que a veces se necesita más mano dura y que un régimen autoritario puede mantener mejor la paz social, aunque se sacrifiquen libertades». En efecto, nosotros tampoco estamos inmunizados frente a un nuevo Trump.

Con el estrecho de Ormuz cerrado y la paz en Irán aún lejana, una de las consecuencias más significativas para España y para el conjunto de Europa será el impacto inflacionario. Es decir, cuál será el efecto definitivo de esta distorsión geopolítica sobre los precios y, por ende, sobre el poder adquisitivo de los salarios. Es obvio además que este aspecto tiene siempre una gran importancia en el devenir del ciclo político: si suben mucho los precios, más difícil lo tendrán los partidos del Gobierno.

Es cierto que los países de la Unión Europea no dependen de manera directa del crudo que transita por el estrecho de Ormuz: en el agregado europeo, los principales proveedores son Estados Unidos, Noruega y Kazajistán, y en el caso concreto de España pesan más Nigeria, México, Brasil y Estados Unidos. Pero eso no significa que se libren de las turbulencias. En primer lugar, porque sí dependen de otros productos que se manufacturan en Oriente Medio, como los fertilizantes. En segundo lugar, porque dado que los precios tanto de los combustibles fósiles como de los fertilizantes se determinan en un mercado mundial, los europeos sufren las subidas tanto en petróleo y gas natural como en productos derivados tales como fertilizantes o productos petroquímicos.

Esos precios, como se puede ver en el siguiente gráfico, están al alza desde el inicio del conflicto en Irán y, si las negociaciones de paz no fructifican pronto, podrían alcanzar los niveles que ya vimos con la guerra de Ucrania.

De momento, de lo que tenemos constancia es de un aumento significativo del índice de precios al consumo en nuestro país para el mes de marzo. Como se ve en el siguiente gráfico, este incremento está aún muy lejos de los que vivimos hace cuatro años, pero la tendencia se mueve en la dirección esperada. Durante la crisis anterior, el IPC general se elevó más rápidamente y bastante más alto que el IPC subyacente, lo que significa que fueron la energía y los productos no elaborados los que empujaron arriba los precios. Esto ocurrió bastante antes de que Rusia invadiera Ucrania, como consecuencia de los cuellos de botella generados por la pandemia y los consiguientes problemas de desabastecimiento, pero se agravaron a partir de entonces. El IPC subyacente, de hecho, comenzó a subir con retraso, reflejando las transmisiones de precios desde la energía hacia otros productos de la cesta de consumo. Es básicamente lo que podemos esperar que ocurra en los próximos meses: una subida del IPC subyacente que deteriore los salarios reales de los trabajadores en España, es decir, su poder adquisitivo.

Pero la magnitud del shock es sólo la mitad del problema. La otra —y suele ser la decisiva para el bolsillo de los hogares— es cómo se distribuye ese shock entre salarios y beneficios. Ya en mayo de 2022, en una conferencia titulada The Globalization of Inflation, Isabel Schnabel declaró que “los beneficios han sido recientemente una contribución clave a la inflación interna total, por encima de su contribución histórica”, apuntando además que “muchas empresas de la zona euro —aunque ni mucho menos todas— se han beneficiado del reciente repunte de la inflación”. Además, Schnabel subrayó también que “los hogares con menores ingresos suelen verse especialmente golpeados: no solo sufren una inflación históricamente alta que erosiona sus ingresos reales, sino que tampoco se benefician del aumento de los beneficios empresariales a través de la tenencia de acciones u otras formas de participación”. Schnabel decía todo eso como miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo.

Al fin y al cabo, la inflación es un fenómeno económico que implica a ganadores y perdedores a lo largo de toda la comunidad social —tanto nacional como internacional—. De ahí que preguntas tales como ¿cómo medir la inflación?, o ¿qué causa la inflación? y, por supuesto, ¿cómo moderar la inflación? generen tanta controversia en una ciencia social como la economía. La cuestión que se encuentra de fondo es tan política como cualquier otra: ¿quién, cómo y por qué se determinan los precios?

En las corrientes económicas convencionales —aquellas que se estudian en las facultades— se supone que los precios se determinan en mercados competitivos cuando empresas y consumidores cruzan sus intereses. En esta aproximación no parecen existir fuerzas conscientes, como empresarios o directivos que decidan subir los precios deliberadamente. En algunas interpretaciones estas fuerzas conscientes sólo aparecen encarnadas por los sindicatos, que consiguen subir los salarios por encima de lo que permitiría el mercado y, en consecuencia, generan inflación. Esta ha sido la narrativa habitual en la era neoliberal, que tendía a culpabilizar a los salarios de los procesos inflacionarios.

En los últimos años, sin embargo, incluso los organismos internacionales han aceptado otras formas de analizar el asunto; interpretaciones que existían desde hace décadas, pero que eran rechazadas por considerarse heterodoxas. Por ejemplo, la economía poskeynesiana, y gran parte de la marxista, siempre asumió que los mercados son imperfectos y que son los empresarios los que determinan los precios al incorporar un margen de beneficio (mark-up) a los costes totales. Es decir, ¡la inflación es un conflicto distributivo! Esto es más congruente con lo que muestran los datos, pero también con el sentido común: significa que la inflación no sólo puede subir por las subidas salariales sino también por los incrementos en los márgenes de beneficio.

La OCDE, por ejemplo, utiliza actualmente esta aproximación para evaluar la inflación y el poder adquisitivo. En su reciente boletín salarial, titulado significativamente The real wage recovery is slowing down, el organismo reconoce que los salarios reales están subiendo en los últimos años, pero a un ritmo insuficiente para recuperar todo lo perdido en la anterior crisis (la de 2022). Para medirlo, la OCDE utiliza un método de la descomposición de la inflación que permite cuantificar la “responsabilidad” de cada componente: salarios, impuestos y beneficios. El gráfico, que aparece en su página 23, sólo muestra los datos para la zona euro de manera agregada. Pero para este análisis he construido uno igual para el caso de España, que se muestra a continuación.

Como se puede comprobar, desde el año 2021 la inflación —medida por el deflactor del PIB y representada por la línea del gráfico— comenzó a subir respecto a los años previos de cierta estabilidad en los precios (por debajo del 2%). Podemos observar que ya en el último cuarto del año 2021 la mayor contribución a la inflación vino marcada por los beneficios empresariales (barra azul clarita), mientras que los salarios y los impuestos apenas explicaban una parte marginal. Durante casi dos años ese ha sido el patrón dominante: una inflación impulsada por los beneficios. Sólo a partir de 2024 los salarios comienzan a recuperar terreno, pero a un ritmo muy lento. La conclusión de la OCDE ya sitúa el límite: el crecimiento de los salarios reales está desacelerándose y no podrá recuperar los años perdidos desde 2020 frente a los beneficios empresariales.

La enseñanza fundamental de los episodios anteriores es que la inflación puede tener origen en un shock de oferta (cuellos de botella en el transporte, como ocurrió con la COVID, o en el suministro de energía y otros recursos, como en Ucrania y en Irán) pero rápidamente las empresas con poder de mercado aprovechan para proteger y ampliar sus márgenes de beneficio trasladando y ampliando el shock a lo largo de toda la cadena económica. Es lo que la economista Isabella Weber ha denominado sellers' inflation: ante un shock generalizado, las empresas con poder de mercado encuentran una oportunidad para subir precios coordinadamente, y trasladan el aumento de costes a una expansión de márgenes en lugar de absorberlo. Naomi Klein lo describió antes, en términos más amplios, como la doctrina del shock: el impacto colectivo de una crisis ofrece la coartada necesaria para imponer precios y condiciones que en circunstancias normales encontrarían resistencia. Eso no sólo permite proteger los beneficios empresariales, sino que erosiona los salarios reales y reduce el poder adquisitivo de los trabajadores. Sólo en una “segunda ronda”, mucho más corta y menos intensa, los trabajadores reclaman subidas salariales. La falta de mecanismos automáticos de indexación y la debilidad de la negociación colectiva —entre otras cosas debido a las reformas laborales neoliberales— dificultan la recuperación del poder adquisitivo perdido. De hecho, la propia OCDE reconoce en el citado informe que, para los países de la zona euro, los salarios reales negociados están todavía un 5% por debajo de los niveles de 2020.

El otro aprendizaje es que, aunque las magnitudes de esta crisis sean diferentes a la anterior —cosa que está por ver—, es obvio que repetir las mismas decisiones conducirá a los mismos resultados. Las herramientas para evitarlo existen y son conocidas: impuestos extraordinarios sobre beneficios excedentes en los sectores expuestos a la renta del shock —energía, alimentación, transporte marítimo—; controles de precios sectoriales y temporales en bienes esenciales, como ha defendido Isabella Weber; mecanismos de indexación salarial que repartan el coste del ajuste; y un fortalecimiento de la negociación colectiva que revierta parte de las reformas laborales de la última década. Sin ellas, los ganadores y los perdedores estarán decididos de antemano: como siempre, la clase trabajadora saldrá perdiendo poder adquisitivo, mientras los hogares con capital financiero invertido en grandes empresas y los directivos de éstas serán los grandes beneficiados. Como siempre, la diferencia entre una crisis y otra la marca la voluntad política de modificar quién paga la factura, no tanto la magnitud del shock.

El historiador económico Karl Polanyi explicó magistralmente en La Gran Transformación que el dilema mercado-Estado, según el cual hay que elegir entre alguno para asignar bien los recursos, es falso. En realidad, los mercados nunca existieron al margen del Estado y, de hecho, fueron creados deliberadamente por su mano; la mayor parte de las veces mediante una violencia sin cuartel contra las clases populares —como ocurrió con los cercamientos de tierras— y las poblaciones aborígenes —ya que las instituciones occidentales se abrieron paso en el mundo empujadas por los sables y pólvora de los ejércitos imperiales—. El mercado no es, como dicen los liberales, una institución natural.

Tirando de ese hilo, el historiador Quinn Slobodian describió en Hayek's Bastards una historia muy distinta a la habitual respecto a los orígenes del neoliberalismo. Frente a la narrativa convencional que asegura que el neoliberalismo fue principalmente un proyecto ideológico que quería desregular el mercado —porque, supuestamente, era mejor opción a que el Estado dirigiera la economía—, Slobodian recuerda que los mercados siempre están regulados. El verdadero motivo del neoliberalismo era aislar las decisiones económicas de la voluntad popular, independizarlas a fin de que las pasiones propias de la democracia no interfirieran en la asignación óptima de recursos que facilitarían los mercados.

La Unión Europea actual es producto de ese tiempo histórico neoliberal, lo que se expresa con mayor claridad en el carácter antidemocrático del Banco Central Europeo. A pesar de que esta institución es la encargada de gestionar la política monetaria —y, por ejemplo, puede influir en el “precio” de nuestras hipotecas—, en el ejercicio de sus funciones es independiente del poder político y, de hecho, tiene prohibida por ley la financiación directa de los Estados —una opción que era habitual entre los bancos centrales anteriores—. La lógica de fondo es obvia: la gestión de la política monetaria es demasiado importante como para dejarla a merced de los deseos de la ciudadanía; mucho mejor que sean unos tecnócratas los que estén al mando. Esa idea de externalizar la responsabilidad hacia una entidad independiente, aunque pública, estaba en el corazón de las tesis neoliberales y del espíritu de Friedrich Hayek. El resultado no era un súper-Estado, sino, como afirmó Perry Anderson, un infra Estado: uno en el que las instituciones evitan la interferencia popular en los mercados.

Esta tensión entre los deseos de las mayorías y los límites impuestos desde arriba ha sido consustancial a la evolución misma de la democracia. Ya en la antigua Grecia, la disputa entre las facciones radicales —Solón, Efialtes, Pericles— y las conservadoras —Aristóteles, Platón— giraba en torno al alcance del “demos” y a los asuntos sobre los que podía legítimamente decidir; instituciones como el Senado nacieron precisamente del interés aristocrático por frenar las pulsiones populares. El Estado de Derecho moderno es heredero directo de esa tensión: un constructo histórico que canaliza mediante reglas —habitualmente constitucionales— lo que las mayorías pueden o no decidir. Pero no todos los Estados de Derecho son iguales. Autores progresistas como Luigi Ferrajoli defienden la existencia de una esfera de lo indecidible que blinde las libertades personales y los derechos sociales, entendidos como condición necesaria de la democracia misma. Los neoliberales, en cambio, prefieren sustraer del ámbito democrático las decisiones económicas. Lo indecidible, según quién lo defina, protege al ciudadano o lo desarma.

Sin embargo, el neoliberalismo tal y como lo conocimos desde los años ochenta del siglo pasado hasta la crisis financiera de 2008, ha muerto. Lo que le está sustituyendo es, como el propio Slobodian ha venido señalando en sus trabajos más recientes, un populismo autoritario con raíces neoliberales. Se trata de una formación política inédita que articula cuatro elementos: un ejecutivo fuerte dispuesto a intervenir en la economía, un proteccionismo selectivo de corte neomercantilista, una concepción muy restrictiva de los derechos humanos y una oligarquía tecnológica que aspira a fundirse con el aparato del Estado. Conserva el desprecio neoliberal por la soberanía popular, pero abandona su fachada liberal. Y ningún lugar mejor para verlo que en Estados Unidos, donde el neomercantilismo exterior de Donald Trump se ha casado con el liberalismo autoritario de los tecno-oligarcas.

Hace unos días la empresa Palantir, fundada por el multimillonario reaccionario Peter Thiel y ahora dirigida por su igual Alex Karp, publicó un manifiesto terrorífico, si bien meridiano, exponiendo su punto de vista. Palantir es una empresa tecnológica y una fábrica de armas para las guerras contemporáneas —drones, espionaje digital, inteligencia artificial, etc.— que lleva varios años obteniendo suculentos contratos, sobre todo por parte del gobierno de Estados Unidos. Amnistía Internacional ha acusado a la empresa de colaborar en los crímenes de guerra del ejército de Israel, mientras que está acreditada su participación en la guerra en Irán. 

No obstante, no se trata de un fenómeno circunscrito a Estados Unidos. Palantir ha firmado contratos con los ministerios de defensa de Alemania, Francia y Reino Unido, opera incluso en la infraestructura de datos del servicio de salud británico (NHS) y aspira a integrarse en la infraestructura digital de la propia Unión Europea. A ello se suma una dependencia estructural respecto a un puñado más amplio de corporaciones estadounidenses cada vez más alineadas con el proyecto político de Trump y sus aliados tecno-oligárquicos —Peter Thiel, fundador de Palantir, financió con 15 millones de dólares la campaña de J.D. Vance al Senado—. La dependencia tecnológica se convierte así, inevitablemente, en dependencia política.

El manifiesto de Palantir es claro en sus intenciones, ya que plantea que no deben ser ya los Estados quienes se ocupen de elementos cruciales de la guerra, sino las empresas tecnológicas. Hoy en día, la tecnología de la empresa ya se encuentra detrás de la decisión automatizada de identificar enemigos, enviar drones, asesinar a los objetivos y volver a la base. Pero lo que estos tecno-oligarcas quieren es ir más allá, pues su cosmovisión implica también un fuerte rechazo del pluralismo, de la diversidad cultural y de aquellos valores que amenacen el estilo de vida americano. En este sentido, los intereses de estas corporaciones gigantes están perfectamente alineados con los de Donald Trump y su gobierno. Y comparten, asimismo, la idea de que la democracia contemporánea no es compatible con tales aspiraciones; o, como ellos dicen, que la “democracia” solo puede salvarse si se transforma a partir de la integración de estas grandes empresas tecnológicas en el corazón del Estado, y se emplea una intervención militar más activa tanto en el exterior como en el interior —estas tecnologías también se están aplicando en la identificación de migrantes indocumentados en el contexto de la política anti-inmigración de Estados Unidos—.

El desafío es enorme, y sin embargo apenas forma parte de la conversación política cotidiana. Desde luego, podemos decir que está en juego la soberanía europea, debido a la dependencia tecnológica respecto a una élite tecno-oligárquica asentada al otro lado del Atlántico y cada vez más entrelazada con el aparato de poder estadounidense. Pero también está amenazada la democracia tal y como la hemos conocido. Si Europa no articula una respuesta estratégica que recupere capacidad soberana en los sectores críticos —energía, defensa, datos, infraestructura digital, inteligencia artificial— y que, al mismo tiempo, reafirme ese núcleo indecidible de derechos que Ferrajoli identificaba como condición de posibilidad de la democracia, el riesgo es evidente: una deriva sostenida hacia regímenes autoritarios de nuevo cuño, ya no basados en el terror en clave fascista sino en una vigilancia algorítmica omnipresente, en la identificación automatizada de disidentes y migrantes, y en una arquitectura de control ciudadano operada por corporaciones privadas cuyos dueños desprecian abiertamente el pluralismo. 

Conviene insistir en una cosa central: esto no pertenece a una distopía lejana. En efecto, los sistemas ya están funcionando en Gaza, en Irán, en el Canal de la Mancha y en los hospitales británicos. La tensión que describieron Polanyi y Slobodian —entre mercado y democracia, entre soberanía popular y aislamiento tecnocrático— entra así en una fase nueva y cualitativamente más peligrosa. El neoliberalismo sustraía la economía al juicio de la ciudadanía. Lo que viene pretende sustraer al ciudadano mismo.

Con casi toda seguridad Estados Unidos entró en guerra con Irán porque buscaba un descabezamiento del régimen, similar al que a comienzos de año había tenido lugar en Venezuela, que diera paso a un gobierno más sensible a los intereses estadounidenses. Sin embargo, y tras casi dos meses de guerra, los objetivos de Donald Trump parecen ahora oscilar entre la reapertura del estrecho de Ormuz, cerrado por Irán como represalia por los ataques, y la mucho más arriesgada asfixia económica de Irán.

Aunque la narrativa oficial no lo acepte aún, la situación está mucho más empantanada de lo que el gobierno de Estados Unidos anticipó. De hecho, Donald Trump comenzó la guerra planteándola como una operación breve y quirúrgica que llevaría la «libertad» a los iraníes al tiempo que proporcionaría mayor tranquilidad a Israel —que considera a Irán su principal amenaza existencial— y a los países del Golfo. La realidad ha sido muy distinta.

El estrecho de Ormuz es un nodo del metabolismo de la economía-mundo, siendo además un cuello de botella (“chokepoint”) extremadamente vulnerable a los fenómenos geopolíticos. El impacto de su cierre es muy grande para los países productores y, de acuerdo con los datos de la Agencia Internacional de la Energía, el volumen de petróleo que transita por el estrecho de Ormuz se ha reducido a un promedio del 10% respecto a los niveles de preguerra. Como vemos en el siguiente gráfico, las rutas alternativas —a través del Mar Rojo, por ejemplo— han tenido que sostener la mayoría de las exportaciones desde el inicio de la guerra; algo claramente insuficiente para mantener los niveles de exportaciones preguerra.

De todos los países del Golfo, la mayor parte de las exportaciones corresponden a Arabia Saudí, Iraq y Emiratos Árabes, seguidas luego por Irán y Kuwait, como se puede ver en el siguiente gráfico. Eso significa que, aunque Irán está sufriendo los costes directos de la guerra —como la mayoría de víctimas mortales y la destrucción de infraestructura—, las pérdidas económicas agregadas recaen sobre países que mantienen vínculos históricos con Washington.

Y no se trata solo del petróleo. Por Ormuz transita cerca del 20% del gas natural licuado mundial, y Qatar es el gran damnificado del lado gasístico. Esto agrava especialmente la situación asiática: en torno al 28% del GNL que importa China procede de Qatar, y casi un tercio de los flujos totales de GNL hacia Asia depende del estrecho. La crisis energética global tiene, por tanto, dos patas simultáneas, petróleo y gas, que se refuerzan entre sí, además de todas las industrias de productos derivados de los combustibles fósiles.

Como explicaba la semana pasada respecto al sector petroquímico, los países del Golfo llevan décadas elevando sus lazos comerciales con Asia y, particularmente, con China: desde 2010 hasta 2024 este comercio se ha multiplicado prácticamente por tres. De acuerdo con las estimaciones del think-tank Asia House, esta dinámica no hará sino aumentar en los próximos años.

Esta es una situación comprometida para los países del Golfo, que tienen que mantener un delicado equilibrio entre sus alianzas con Occidente y sus vínculos crecientes con Asia. Debemos tener en cuenta que la Comisión de Revisión Económica y Seguridad EEUU-China, que informa al Congreso de Estados Unidos, ha declarado que China, Rusia, Irán y Corea del Norte conforman un nuevo “eje de la autocracia” y afirma que comparten el deseo de retar el liderazgo global de Estados Unidos. En cierta medida este marco opera como profecía autocumplida: cuanto más Washington hostiga y sanciona a las periferias, más empuja a los Estados del Golfo a pensárselo dos veces antes de cualquier gesto de distanciamiento respecto de Pekín.

El caso es que, en condiciones normales, la mayor parte del crudo que salía en 2025 del estrecho de Ormuz tenía como destino países asiáticos, como muestra el siguiente gráfico. Podemos observar que tanto Europa como América dependen muy marginalmente del abastecimiento físico de petróleo procedente de los países del Golfo. Eso no significa que el cierre no les afecte, ya que al determinarse los precios a nivel global sí sufren los impactos de la inflación, y además pueden ser especialmente dependientes de productos específicos, como los fertilizantes. Pero en general, es claro que es Asia la primera damnificada por la actual situación, como demuestra el hecho de que allí las medidas de reducción del consumo de energía —políticas decrecentistas, podríamos decir— hayan sido más rápidas y más profundas.

La interrupción de los flujos comerciales tiene graves implicaciones físicas, no sólo económicas. No es sólo que el petróleo se haga más caro —como ocurre en Europa o Estados Unidos—, sino que sencillamente puede dejar de llegar en cantidades suficientes para satisfacer la demanda. Adelantándose a esa posibilidad, China lleva años incrementando sus reservas de petróleo, y se estima que podrían ser suficientes para cubrir cuatro meses sin nuevas importaciones por mar; aunque con medidas de reducción de la demanda podríamos hablar de un período mucho más prolongado.

Como se puede ver en el siguiente gráfico, China depende de manera intensa de las importaciones de petróleo procedentes de países del Golfo como Arabia Saudí, Iraq, Emiratos, Kuwait y Omán, la mayoría de las cuales transitan por el estrecho. Pero los datos oficiales no muestran las importaciones procedentes de Irán ni Venezuela, ya que en ambos casos se trata de países con sanciones internacionales. La práctica habitual es el “rebranding”, es decir, la puesta en marcha de complejas operaciones para hacer pasar el petróleo sancionado como importaciones de países legales, como Indonesia o Malasia. Las estimaciones más fiables señalan que, teniendo en cuenta esta estrategia, casi el 50% de las importaciones chinas de petróleo proceden del Golfo.

Una de las consecuencias de lo anterior es que China se ha volcado crecientemente en Rusia, su gran proveedor de petróleo. De hecho, Rusia es una de las grandes beneficiadas de la crisis energética, y según los datos de la Agencia Internacional de la Energía, en marzo sus ingresos por exportaciones prácticamente se han duplicado hasta alcanzar los 19.000 millones de dólares. A ello ha contribuido, claro está, el alivio que Estados Unidos le ha proporcionado en relación con las sanciones internacionales —igual que a Venezuela—.

Ahora bien, si la dependencia china de las importaciones de petróleo es grande, aún es mayor su inversa: la dependencia de las exportaciones iraníes a China. Como muestra el siguiente gráfico, China se ha convertido en los últimos años en el cliente del 90% de las exportaciones de petróleo iraní. La consolidación ha sido rápida: aunque China ya era el principal comprador tras las sanciones de Trump de 2018, el salto de los últimos tres o cuatro años hacia la cuasi-exclusividad convierte a Teherán en un Estado-cliente energético de Pekín en toda regla, con todo lo que ello implica en términos de asimetría negociadora.

A día de hoy sabemos que Israel ha entrado en esta guerra principalmente porque proyecta en el futuro su idea de un “Gran Israel” donde el expansionismo territorial le permita consolidarse como potencia hegemónica en la región. Sabemos también que Irán ha encontrado en el control del estrecho de Ormuz su principal baza para negociar y, en la medida de lo posible, lograr garantías de que no haya futuros ataques. Más confuso es el objetivo real de Estados Unidos, más allá de la ingenuidad inicial de quienes creyeron que sería una operación rápida y fácil. El hecho es que la situación se ha estancado, llevando a una crisis energética global de gran envergadura.

Con todo, las crisis nunca golpean a todos por igual. Como he tratado de mostrar, el impacto económico principal está teniendo lugar en las economías del Golfo y en Asia, justo en un momento en el que ambas regiones están profundizando sus relaciones y retando la primacía occidental. No está claro si esta guerra debilitará esa dinámica previa o si, por el contrario, la profundizará; pero lo que sí está claro es que China tiene buenas razones estructurales para empujar hacia la desescalada.

Aunque no sea el principal afectado, Estados Unidos no puede permitirse que la guerra se prolongue indefinidamente. Sus problemas tienen que ver con la inflación, el impacto sobre los mercados financieros y el desgaste doméstico de Donald Trump. Para Europa, la situación es considerablemente peor: más expuesta al shock energético vía precios y cadenas de suministro, con un BCE atenazado entre una inflación importada que no se doma con subidas de tipos y una desaceleración que esas mismas subidas agravarían. El margen de maniobra europeo, una vez más, es más estrecho que el de Estados Unidos.

Lo que se dirime en el estrecho de Ormuz es la arquitectura energética —y, por tanto, el equilibrio de poder— del siglo XXI. El 'chokepoint' simboliza la vulnerabilidad del metabolismo de la economía-mundo, pero la guerra está revelando también la incapacidad de Estados Unidos para imponer por la fuerza un orden geográfico-energético que se le escurre hacia Asia a velocidad acelerada. Cuando China defiende la paz, sabe mejor que nadie que sus ganancias estructurales —la consolidación del eje euroasiático, el refuerzo de sus lazos con el Golfo, la paulatina autonomía del dólar en los intercambios estratégicos— son incompatibles con una guerra larga. En esa ecuación, a Pekín la paz le conviene hoy más que a Washington. Y el precio de esa asimetría podría medirse, a medio plazo, en un desplazamiento más rápido hacia Asia del centro de gravedad del sistema-mundo.

A una parte de la izquierda la derrota de Viktor Orbán no le ha conmovido. A pesar de que el hasta ahora líder húngaro representa un nodo crítico de la internacional reaccionaria, así como un puntal clave de Donald Trump y el movimiento Make America Great Again (MAGA), hay una izquierda que ha centrado su atención en el perfil del candidato ganador: Peter Magyar, un antiguo colaborador de Orbán. El planteamiento consecuente es paralizante, asumiendo que ambos son las dos caras de la misma moneda.

Reconozcamos que el enfoque tiene su atractivo inicial. Al fin y al cabo, en condiciones normales nadie de izquierdas celebraría la victoria de un candidato conservador, ni en Hungría ni en ninguna parte. El problema es que no parece que estemos ante condiciones normales cuando incluso muchos partidos de izquierdas optaron por no presentarse a fin de facilitar la victoria de Magyar. De algún modo estos partidos —socialistas, verdes, liberales y otros más a la izquierda— entendían que derrotar a Orbán era la prioridad y, consecuentemente, sacrificaron su propia supervivencia parlamentaria. Un planteamiento que va más allá de los partidos, pues Magyar ha obtenido la victoria gracias a que ha conseguido aglutinar todo el voto anti-Orbán: un apoyo que se estima sostenido en un 11% de personas conservadoras, un 43% de liberales y el resto de las izquierdas y verdes.

No sólo es el atractivo inicial, pues este planteamiento tiene versiones sofisticadas que conviene tomarse en serio. La más fuerte sostiene que votar por el mal menor desmoviliza: que una izquierda que se acostumbra a apoyar a conservadores acaba perdiendo su identidad, su base y su capacidad de propuesta autónoma. Francia sería un ejemplo, donde décadas de frente republicano contra Le Pen no han impedido su continuo avance. El argumento merece consideración, pero tiene un problema fatal cuando se aplica al caso húngaro: presupone que existe una izquierda con fuerza suficiente como para que su desmovilización sea el riesgo principal. En Hungría, tras 16 años de régimen iliberal, la izquierda parlamentaria era ya un cadáver político. El riesgo real no era la desmovilización sino la consolidación definitiva de un régimen que hacía imposible cualquier organización política, sindical o mediática independiente. Cuando tu casa se incendia, discutir si el agua del extintor va a estropear los muebles es un debate legítimo, pero no urgente.

En efecto, cuando pasamos desde un análisis enfocado en las élites y los partidos hacia otro centrado en la ciudadanía y los grupos sociales, el panorama se vuelve más complejo. Hungría es un país sociológicamente muy conservador, que además ha crecido en las últimas décadas gracias a su inserción en las cadenas de valor globales de Alemania —ofreciendo mano de obra barata y una capacidad industrial bastante avanzada— y que en la actualidad está atravesando por serias dificultades económicas. En ese contexto, y con una participación electoral de casi el 80%, los escasos y débiles grupos de izquierdas han votado mayoritariamente a Magyar porque entendían que se encontraban ante condiciones excepcionales: la posibilidad de que Hungría se desplazase definitivamente hacia un régimen político autoritario era demasiado alta.

El caso de Hungría es un síntoma de algo más amplio. Las democracias están retrocediendo en todo Occidente, y no sólo por la sustracción neoliberal de decisiones clave del ámbito democrático —como ocurrió paradigmáticamente con la política monetaria—, sino también por el empuje de fuerzas reaccionarias que buscan blindar a grupos étnicos dominantes frente a los riesgos geopolíticos y ecosociales mediante la apropiación de recursos ajenos y la reducción del demos. La gramática común de esta internacional reaccionaria —de Trump a Putin, de Netanyahu a Orbán, de Milei a Abascal— se manifiesta en el genocidio de Gaza, en las amenazas sobre Groenlandia, en la guerra con Irán, y en el desmantelamiento interno de las instituciones democráticas. En la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos se abogó explícitamente por apoyar a propuestas como las de Orbán para neutralizar la capacidad de la Unión Europea como actor autónomo. Ante esa amenaza, los húngaros demócratas —de izquierdas y de derechas— han optado por hacer lo posible para echar del gobierno a quien llevaba 16 años socavando las reglas del juego.

La historia nunca se repite, pero aporta enseñanzas. La Internacional Comunista se mostró desde 1928 hasta 1935 radicalmente contraria a la colaboración con las fuerzas burguesas, lo que incluía a los socialdemócratas. Un error garrafal de diagnóstico de la política exterior de Stalin —la idea de que el fascismo era un coletazo final del capitalismo, que estaba a punto de sucumbir para mayor gloria del socialismo— empujó a los comunistas de todo el mundo a lo que se conoció como estrategia de «guerra de clase contra clase», es decir, a considerar que socialdemócratas y liberales democráticos eran la cara amable del fascismo. Hubo muchísima resistencia a esa estrategia, pero fue el terrible fracaso de la experiencia alemana lo que impulsó una rectificación que finalmente condujo a los frentes populares. La experiencia unitaria española en 1933 —que fue a nivel local y permitió elegir al primer diputado comunista—, las críticas de muchos partidos comunistas y el papel de Dimitrov permitieron que a partir de 1935 la Internacional Comunista respaldara oficialmente la estrategia de cooperar con los antiguos enemigos burgueses —pero democráticos— a fin de frenar al fascismo: el orden de prioridades había cambiado y el contexto se describía con mayor precisión.

Convendría recalcar esa enseñanza: un diagnóstico contextualizado certero es fundamental para diseñar una estrategia política correcta. Los planteamientos en abstracto nos hablan de mundos fantásticos que no existen; la política siempre es política concreta, realizada en entornos institucionales específicos. Marx y Engels lo sabían bien cuando tras 1849 recomendaban que los comunistas creasen un partido propio y diferenciado en Alemania y Francia, pero al mismo tiempo abogaban por la integración en los partidos democráticos y liberales en Estados Unidos y Reino Unido. Esta flexibilidad táctica era el resultado de la conceptualización de los partidos no a partir de sus denominaciones o aspiraciones idealistas sino a partir de sus capacidades reales para mejorar la vida de la clase trabajadora. Fue Engels quien dijo en 1886 que un millón o dos de votos de la clase trabajadora para un partido que trabajaba de buena fe es infinitamente más valioso en el presente que cientos de miles de votos para «un programa doctrinalmente perfecto». Engels estaba señalando que un movimiento de masas vivo, con todas sus imperfecciones e inconsistencias ideológicas, tiene más potencial transformador que una secta minoritaria con el catecismo en orden. Y esa flexibilidad no se limitaba a la forma partido: para Marx y Engels no era lo mismo una democracia consolidada como Inglaterra que los sistemas políticos de otras partes del mundo, y con toda probabilidad les hubiera parecido un error de manual presuponer el mismo tipo de estrategia en la Hungría de Orbán que en la España actual.

En suma, sin tener presente los contextos e instituciones dentro de los cuales se reproduce la política, esta se convierte en un ejercicio de laboratorio desconectado de la realidad. Es decir, sin hacer un análisis mínimamente serio del momento histórico en la economía-mundial, las correlaciones de fuerzas y la disponibilidad de instrumentos, todo el análisis se convierte en una sucesión de proposiciones pseudo-lógicas sin recorrido práctico. 

No es un problema solo teórico. En España, parte de esta izquierda está ubicada actualmente en Podemos, cuyos dirigentes han cuestionado que haya motivos para celebrar la derrota de Orbán. Desde que Podemos se reubicó ideológicamente tras salir del gobierno, es habitual escucharlos hablar de ‘malmenorismo’, esto es, de la denuncia de la flexibilidad táctica en nombre de la pureza doctrinal. El propósito, como ha señalado Raúl Sánchez Cedillo, es preservar un centro de gravedad de las izquierdas, aunque como él mismo reconoce sea al coste de reducir el instrumento hasta la irrelevancia electoral — por debajo del 1% en las dos últimas elecciones autonómicas—. Es cuestionable, en todo caso, que podamos considerar exitosa una operación que aspira, en el mejor de los casos, a generar conversación y que asume de inicio su propia incapacidad para transformar la realidad.

Ahora bien, Sánchez Cedillo acierta al diagnosticar que el malmenorismo es consecuencia de la derrota, pero lo mismo cabe decir de su denuncia: uno se conforma con el mal menor cuando no ha logrado imponer la opción principal, del mismo modo que uno denuncia el mal menor cuando carece de la fuerza para ofrecer algo mejor. Pero hay un problema adicional: la denuncia del malmenorismo es, en su estructura, una operación oligárquica, porque requiere de una élite dirigente mandatada para trazar la frontera entre lo aceptable y lo inaceptable. Y esa frontera siempre puede ser desplazada, ya que dentro del propio partido siempre habrá alguien con más pureza dispuesto a denunciarte. Un debate así, planteado en abstracto y con pretensiones universales, está condenado a la esterilidad. 

Lo cierto es que optar por la opción menos mala también tiene costes, pero estos solo son evaluables en cada circunstancia concreta — que es precisamente lo que los comunistas malmayoristas de antes de 1935 se negaron a hacer, convencidos de que su vía era la correcta con independencia de las condiciones reales. «Después de Hitler, nosotros», dijeron aquellos comunistas pensando que el fascismo sería un episodio breve del final del capitalismo. Al final, la historia desgraciadamente los atropelló a ellos y a todos los demás.

Los húngaros que votaron a Magyar el pasado domingo no vivían en un seminario de teoría política sino en un país donde el gobierno trabajaba en complicidad con Rusia para desarticular toda oposición política, donde la independencia judicial había sido sistemáticamente vaciada y donde miles de millones de euros en fondos europeos estaban bloqueados por el deterioro de los aspectos más elementales del Estado de Derecho. Con esas coordenadas, optaron masivamente por la opción que les permitía recuperar un marco institucional desde el que seguir luchando. Fue la misma lógica que llevó a Dimitrov en 1935 a reconocer que la diferencia entre democracia burguesa y dictadura fascista no era una sutileza académica sino una cuestión de supervivencia para el movimiento obrero. Que esa lección tenga que ser reaprendida cada pocas décadas no dice mucho a favor de nuestra capacidad de aprendizaje colectivo, pero sí confirma algo que Marx y Engels entendieron muy bien: que la política se hace desde las condiciones y no desde las conclusiones. 

Las décadas de 1920 y 1930 enfrentaron al químico alemán Hermann Staudinger con casi todo el mundo, tanto en su disciplina como en la arena política. Pacifista durante la Primera Guerra Mundial, hijo de un militante socialdemócrata y casado con una comunista, Staudinger acabaría siendo denunciado por el filósofo Martin Heidegger con la llegada del nazismo. Al tiempo de la denuncia, Staudinger era consejero de la IG Farben, el gigante industrial conformado en 1925 mediante la fusión de las grandes empresas químicas alemanas —entre ellas, BASF y Bayer— y que sería una herramienta fundamental del poder nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Este poder derivaba en gran parte de los descubrimientos científicos de Staudinger, quien en 1953 recibiría el premio Nobel de Química por sus trabajos sobre las macromoléculas.

Ya desde 1920, Staudinger había defendido que las moléculas podían estar unidas a través de una larga cadena. Se tardó más de una década en que la comunidad científica aceptara esa idea, pero hoy a esas macromoléculas las llamamos polímeros (por ejemplo, el ADN, el ARN, el almidón y las proteínas lo son). Como si fuera un tren, cada polímero está formado por una serie de subunidades —los vagones— llamados monómeros; y el tipo de combinación de los monómeros proporciona las características químicas del polímero en cuestión. Podemos entenderlo como si se tratara de bloques de construcción que pueden ordenarse de diferentes formas, dando lugar a distintas sustancias que están presentes de forma natural a nuestro alrededor. Y que también pueden crearse artificialmente.

Pongamos el caso del caucho vulcanizado, un producto semisintético creado a partir del caucho natural y que en la década de 1930 se obtenía en un 90% de Sri Lanka, India y Malasia; una concentración peligrosa desde el punto de vista geopolítico. El caucho era indispensable a nivel militar, pues se usaba para los neumáticos y para el sellado y aislamiento de las piezas de los vehículos, de modo que aprender a crear caucho completamente sintético se convirtió en un objetivo central de las industrias químicas —siempre apoyadas, cuando no directamente dirigidas, por los Estados—. En aquellos tiempos convulsos los países buscaban garantizarse la autosuficiencia, para lo que necesitaban tanto el control activo de los recursos naturales —lo que empujaba al expansionismo territorial y al imperialismo— como reducir las dependencias comerciales respecto a otros países.

Desde finales de los años veinte y, sobre todo, en la década de los treinta, los descubrimientos de cómo construir polímeros sintéticos a gran escala se produjeron en cascada. El PVC, el caucho sintético, el polietileno —el polímero más simple de todos—, el nailon… fueron apareciendo en escena. Como en otras ocasiones, la industria militar se convirtió en el catalizador de las innovaciones y descubrimientos. De hecho, el investigador Adam Hanieh considera que la Segunda Guerra Mundial puede etiquetarse sin exageración como ‘Guerra de los Polímeros’. En todo caso, estos productos transformaron el mundo: hicieron los productos más baratos y reproducibles a gran escala, algo ideal para la guerra, pero también facilitaron la democratización posterior del consumo de bienes y la multiplicación de estos. Se trata del despliegue de la industria petroquímica, y nuestro mundo actual no puede comprenderse sin tales acontecimientos —a pesar de que apenas forman parte del debate contemporáneo—.

Para comprender por qué la actual guerra en Irán no es sólo una cuestión de barriles de crudo, sino un golpe al corazón de la producción material contemporánea, es necesario abrir la caja negra de la industria petroquímica y entender de qué está hecha.

Son productos fósiles

Con la producción de polímeros sintéticos los países lograron escapar de las dependencias de ciertos recursos naturales, viéndose así libres de servidumbres geográficas. En realidad, el cambio fue de una dependencia por otra. El problema es que entonces, exactamente como ocurre ahora, se minusvaloraba la importancia de la energía fósil: ya fuera en carbón o petróleo, era tan abundante que no se consideró como una limitación seria para la producción de polímeros y bienes de consumo. Pero lo cierto es que toda la industria petroquímica es dependiente de estas fuentes de energía, y según la Agencia Internacional de la Energía (AIE) supone actualmente el 14% de la demanda global de petróleo y el 8% de la de gas natural. Lo relevante es que esta demanda no es sólo para usarse como energía, sino que también es para usarse como insumo del proceso productivo.

Debe tenerse presente que cuando se extrae petróleo crudo de los pozos, lo que se obtiene no se parece mucho a la gasolina con la que alimentamos cotidianamente nuestros vehículos. Es una mezcla de compuestos hidrocarbonados que deben transformarse o ‘refinarse’. Esta fase de refino es la que sigue a la de extracción, y consiste en separar químicamente los diferentes componentes del crudo utilizando procesos que involucran muy altas temperaturas. En la misma planta de refino también se suelen tratar y mejorar las calidades de los productos resultantes, algunos de los cuales son la gasolina —que supone en torno al 45% del barril de crudo—, el gasóleo y diésel, combustibles para reactores, y otras sustancias que se usan como insumos de la industria petroquímica —como la nafta—.

Será la industria química, en una tercera fase, la que recoja los insumos pertinentes del proceso de refinado y los transforme en los productos petroquímicos básicos. Así, en esta fase entran la nafta, el etano, el propano y el metano —todos procedentes del refinado de petróleo y gas natural—, y salen productos tales como las olefinas ligeras (etileno y propileno) y los aromáticos (bencenos, toluenos y xilenos). Todos estos nombres resultan totalmente ajenos a nuestro día a día, pero son la base del 95% de todos los bienes manufacturados: pocos bienes actuales no son producidos de una u otra forma por la industria petroquímica. Por ejemplo, el empaquetado de productos representa el 36% de la demanda global de plástico, pero le sigue la industria textil sintética, la industria de la construcción y los productos de consumo tales como juguetes y utensilios pero también medicinas, paneles solares, gafas, bicicletas y hasta chalecos antibalas.

El punto central de este análisis es comprender que todos esos productos manufacturados dependen de la extracción y procesamiento de la energía fósil. Como ya he mencionado, los combustibles fósiles —actualmente sobre todo petróleo y gas natural— son usados como combustible y como materia prima. Eso es lo que explica que sea tan habitual lo que se conoce como integración vertical, es decir, la propiedad por parte de una misma empresa tanto de las fases de extracción como refino y petroquímica. Asimismo, esta situación explica la ventaja que encuentra Oriente Medio en el desarrollo de la industria petroquímica: sus costes energéticos son mucho más bajos.

El giro de Oriente Medio hacia China

Como expliqué en un análisis anterior, la creciente importancia del petróleo a principios del siglo XX convirtió a Oriente Medio en el objeto central de la rivalidad imperial europea —con Gran Bretaña controlando directa o indirectamente desde Egipto hasta Irán, donde adquirió el control de la Anglo-Persian Oil Company (APOC), actual BP—. Tras la Segunda Guerra Mundial, la hegemonía pasó a las compañías estadounidenses, pero también emergieron movimientos nacionalistas que culminaron en episodios como la nacionalización iraní de la APOC —en ese momento llamada Anglo-Iranian— por parte de Mossadegh en 1951 y el consiguiente golpe de Estado anglo-estadounidense. Como ha mostrado Adam Hanieh en Crude Capitalism, ese espíritu nacionalista cristalizó en la creación de la OPEP en 1960 y, al calor de la guerra del Yom Kippur, en la oleada de nacionalizaciones petroleras de los años setenta. De manera significativa, aquellos movimientos de socialización de empresas no se revirtieron en las décadas posteriores cuando el neoliberalismo se convirtió en la ideología oficial de Occidente.

En efecto, durante los años ochenta y noventa los países occidentales abrazaron la ideología neoliberal que promovía el triunfo del mercado sobre el Estado, lo que llevó a una oleada de privatizaciones que alcanzó también a España con la venta de más de cien empresas públicas. La ironía es que en ese mismo momento China desplegaba una estrategia de desarrollo basada en la industrialización dirigida por el Estado, con un enorme peso de las empresas públicas y semipúblicas. Por su parte, los países del Golfo Pérsico no sólo retuvieron el control público de las empresas, sino que también iniciaron un proceso de diversificación de su economía para no depender tanto de la extracción de petróleo.

Los países del Golfo se convencieron de que debían industrializarse con nuevas manufacturas, y también en refino y petroquímica, pero no confiaron en el libre mercado para ello. Por el contrario, en 1968 Bahrein lanzó un primer plan quinquenal destinado a crear una industria de aluminio y astilleros; algo que Dubai y Omán harían también unos años más tarde. En 1976, Arabia Saudí daría el salto con la creación de Saudi Arabia Basic Industries Corporation (SABIC), hoy convertida en una de las principales compañías petroquímicas del mundo y propiedad principalmente de Aramco, la empresa pública de petróleo y gas de Arabia Saudí. Otros países, como Emiratos, también llevan décadas utilizando sus empresas públicas petroleras para controlar las fases de refino y petroquímica y, de ese modo, tener un mayor control sobre la cadena fósil al tiempo que diversifican parcialmente su economía. Las empresas estatales del Golfo no son enteramente públicas, sino que están participadas también por capitales privados tanto nacionales como internacionales —lo que ha dado lugar a la multiplicación de una élite multimillonaria vinculada a sus gobiernos—.

Esa estrategia energética no se ha limitado a la región. El proceso de industrialización china, y su incorporación a la economía mundial a partir de 2001, requirió grandes cantidades de petróleo que los países del Golfo estuvieron dispuestos a abastecer. Desde ese momento, las relaciones entre el Golfo y China se han estrechado tanto que el año 2024 fue el primero en el que el comercio Golfo-China superó al comercio Golfo-Occidente. En el caso de las exportaciones de bienes petroquímicos, la orientación hacia Asia es clara, pues China recibe el 28% e India el 23%.

En el año 2024, las dos regiones mundiales que más crecieron en producción de bienes petroquímicos fueron China (6,8%) y los países del Golfo (5,7%). Sin embargo, la interrelación no fue solo comercial sino también de inversión, con capital asiático invirtiendo en el Golfo y con capital del Golfo invirtiendo en Asia. Según ha señalado Adam Hanieh, entre 2017 y 2021 más del 30% de la inversión petrolera de China se dirigió hacia la región de Oriente Medio —cinco veces más que en el período anterior—. A la inversa también ocurre, con empresas como Aramco tomando posiciones en industrias de refino y petroquímica asiáticas.

El problema de la guerra

Con el cierre del Estrecho de Ormuz no se ha interrumpido sólo el paso al petróleo sino a todo el comercio que lo atravesaba. Y eso implica también a los fertilizantes y a los productos petroquímicos. Toda la estrategia de industrialización de los principales países del Golfo —Iraq, Irán, Kuwait, Emiratos, Bahrein y Qatar— se ha quedado paralizada, por no hablar de los costes generados a las infraestructuras atacadas. En el caso de Arabia Saudí, el impacto es menor porque aún tiene salida por el Mar Rojo —al menos mientras la situación en Yemen lo siga permitiendo—.

Ahora bien, las consecuencias se ramifican mucho más allá de la región. La interrupción del suministro de productos de refino afecta directamente a las plantas petroquímicas de Asia oriental que dependen de esos insumos, lo que a su vez encarece la producción de plásticos, textiles sintéticos y fertilizantes nitrogenados, entre otros. Para Europa, que ya había reducido su dependencia del gas ruso tras la guerra de Ucrania, aunque aumentando la dependencia del gas natural licuado procedente de Estados Unidos, el cierre de Ormuz supone otro shock en la cadena de aprovisionamiento energético e industrial. Y cuanto más dure, más altas serán las olas inflacionarias.

A escala global, el conflicto acelera una tendencia que ya estaba en marcha: la bifurcación de las cadenas de suministro petroquímico entre un bloque euroatlántico que intenta retener su poder y un eje Golfo-Asia que profundiza su integración. Pero esa bifurcación no resuelve el problema de fondo, ya que ambos bloques siguen dependiendo de la misma base material fósil, sólo que ahora fragmentada en circuitos más tensos y vulnerables a la siguiente disrupción geopolítica.

En ese contexto de reconfiguración, el analista qatarí Khalid Al-Jaber, vinculado al gobierno de Doha, ha apuntado recientemente que la guerra en Irán ha demostrado a los países del Golfo la necesidad de “reformular” la alianza con Estados Unidos. La lectura es clara: Washington ha sido incapaz de garantizar la seguridad de sus aliados en el Golfo cuando ese objetivo entra en colisión con su compromiso con Israel. Pero reformular no significa necesariamente romper. Lo que se dibuja es más bien un escenario de cobertura múltiple en el que los países del Golfo mantienen la alianza militar con Estados Unidos mientras profundizan la integración económica con China —que ya es su principal socio comercial— y exploran vínculos con otros actores como India y Turquía. El nuevo escenario global no les permite elegir un bando, sino que les obliga a moverse en un precario equilibrio altamente inestable, agravado por la frustración de haber visto cómo la guerra estallaba sin que sus intereses fueran considerados por Washington.

Como he defendido en otras ocasiones, estamos ante la reordenación de la división internacional del trabajo en un contexto de guerra por la hegemonía. Pero ello mismo también revela la fragilidad estructural de un sistema económico construido sobre una base material extremadamente concentrada y finita. Al fin y al cabo, vivimos en un mundo de polímeros sintéticos y fertilizantes cuya existencia depende de flujos continuos de petróleo y gas que atraviesan unos pocos cuellos de botella geográficos. Cuando esos flujos se interrumpen, como ocurre ahora en Ormuz, se tambalea el suministro energético y se resquebraja el metabolismo social que sostiene la vida cotidiana en las economías industriales. La verdadera cuestión, por tanto, va más allá de quién controla el Golfo Pérsico o el estrecho de Ormuz, y apunta hasta qué punto es viable sostener indefinidamente una civilización basada en la expansión de una infraestructura petroquímica global que, tarde o temprano, se enfrenta a sus propios límites materiales. Vivimos en una anomalía histórica facilitada por los combustibles fósiles, y la necesaria adaptación implica mucho más que una simple transición energética: exige repensar la base material sobre la que se organiza la economía global.

He enseñado con entusiasmo a mis hijas las fotografías de la Tierra tomadas hace unos días por la misión Artemis II. Lo que para mí ha sido entusiasmo, para ellas se ha traducido solo en genuina curiosidad, si bien especialmente atractiva cuando veían reflejadas la belleza de las auroras boreales. En realidad, todavía son demasiado pequeñas para comprender la importancia de una fotografía que revela la fragilidad de nuestro planeta y de la vida misma.

La mayoría de nosotros estamos ampliamente familiarizados con la imagen de nuestro planeta, por lo que tampoco nos impresionamos fácilmente. Muy diferente fue para quienes vieron por primera vez en las décadas de los sesenta y setenta las distintas fotografías de la Tierra realizadas por las misiones Apolo. La más famosa de todas corresponde a la misión Apolo 17 en 1972, que representaba al planeta entero y dio origen al concepto de «canica azul» (blue marble). En los estudios medioambientales aquel tiempo se conoce como la Segunda Revolución Copernicana, definido por el hecho de que gracias a ciertos instrumentos tecnológicos lográbamos ver con nuestros propios ojos a nuestro propio planeta.

Si los trabajos en astronomía de Copérnico, Kepler, Galileo y otros habían permitido desplazar a la Tierra del centro del universo, llevándola a un lugar periférico del sistema solar, esta segunda revolución copernicana recuperaba la atención sobre la Tierra para evaluar, entre otras cosas, su excepcionalidad y su fragilidad. No es de extrañar que esto tuviera un impacto enorme en el desarrollo de lo que actualmente conocemos como ciencias del Sistema-Tierra y también en los emergentes movimientos ecologistas: James Lovelock, por ejemplo, reconoció que estas fotografías le animaron a postular su famosa hipótesis Gaia, según la cual la Tierra era una entidad orgánica. 

Gracias al desarrollo de la ciencia hoy sabemos muchas más cosas de nuestro planeta. Sabemos, por ejemplo, que bastaría con que la Tierra se acercara apenas un 5% más al Sol para desencadenar un efecto invernadero descontrolado, o con que se alejara otro tanto para convertirla en un mundo de hielo. Sabemos que si fuera algo más grande retendría gases que harían la atmósfera irrespirable, y que si fuera más pequeña habría perdido el oxígeno y el vapor de agua que necesitamos. Sabemos, en definitiva, que la vida depende de un equilibrio extraordinariamente precario, protegido entre otras cosas por un campo magnético que desvía la radiación solar letal y que, de paso, regala esas auroras boreales que admiran mis hijas y parecen sacadas de un cuento.

Cuando se es consciente de tal fragilidad, es natural que emerjan discursos de inspiración conservacionista y hasta humanista. Uno de los astronautas de la misión Artemis II ha afirmado desde el espacio que «desde aquí arriba somos una sola cosa: homo sapiens, todos nosotros, sin importar de dónde vengas ni cómo seas, somos un solo pueblo». Ese tipo de aseveraciones son ciertas, claro, pero están sin perfilar. Se trata del mismo discurso de hace cincuenta años, no exento de ideología —y menos aún entonces, en plena guerra fría—, pero que no interiorizan todas las cosas que han cambiado y tampoco las cosas que no lo han hecho.

En el despertar del movimiento ecologista, y del despliegue de las ciencias del sistema-Tierra, era comprensible que el foco estuviera puesto en un sistema tan complejo y fascinante como la Tierra. Es más, todavía estamos lejos de conocer cómo funcionan y se relacionan todos los parámetros de este sistema que permite la vida. Pero hoy sabemos lo suficiente del principal peligro, aunque no el único, que amenaza nuestra propia existencia: la emisión de gases de efecto invernadero y el consecuente cambio climático. Sabemos también cuál es la causa principal de este exceso de emisiones, que no es otra que un modelo de producción y consumo cuya dinámica de crecimiento ilimitado es insostenible dentro de los límites del planeta. Con razón se ha definido a la especie humana como una fuerza geológica capaz de alterar los parámetros del sistema Tierra, lo que ha dado lugar a que muchos geólogos consideren que vivimos bajo la era geológica del Antropoceno.

Esa visión es correcta, pero incompleta. Porque nociones como las del Antropoceno corren el riesgo de equiparar las responsabilidades de todos los individuos de la especie Homo sapiens, como si acaso no existiera ni el poder ni la desigualdad en nuestra comunidad. Por el contrario, algunos grupos humanos son más responsables que otros respecto a la situación en que nos encontramos. Los países ricos que lograron esa riqueza mediante la emisión descontrolada de gases de efecto invernadero, las grandes empresas energéticas que deliberadamente escondieron durante décadas su conocimiento sobre los perjuicios de la combustión de combustibles fósiles, los países que externalizan su producción para que los daños ecológicos tengan lugar en otros lugares, las clases sociales beneficiadas de este orden político y económico, los individuos concretos con estilos de vida de lujo y con huellas de carbono superiores a la de grandes segmentos de población en su conjunto… Podríamos seguir, pero creo que se entiende la idea.

El caso es que mientras los astronautas de la misión estadounidense Artemis II compartían sus bellas fotografías de cómo es el planeta Tierra visto desde el espacio, emitiendo reflexiones sobre lo que nos une como especie, el presidente de Estados Unidos amenazaba con destruir una civilización milenaria en una guerra que él mismo ha iniciado —sin que todavía haya explicado por qué y para qué—. La paradoja es que la misión Artemis II también es un dispositivo de propaganda del imperialismo estadounidense, de modo que una de las mayores amenazas del mundo también sacará provecho y pecho de esta aventura espacial. Dos mundos se cruzarán entonces: la destrucción y la conservación.

Llegará el día en que mis hijas comprendan que la belleza de las auroras boreales es también una señal de lo frágil que es todo: el campo magnético que las genera, la atmósfera que respiramos, el equilibrio que permite la vida. Y comprenderán, espero, que proteger ese equilibrio no es una cuestión abstracta ni meramente técnica, sino profundamente política. Detrás de cada tonelada de CO₂ hay decisiones concretas, intereses identificables y responsabilidades desiguales. La canica azul no se está rompiendo sola. Más al contrario: un sistema económico al servicio de intereses muy concretos la está agrietando y destruyendo mientras otros la fotografían.

De acuerdo con el último barómetro del CIS, el principal problema de los españoles es la vivienda. El 24,3% de la población identifica este problema como el más importante, mientras que el 43,5% considera que está entre los tres primeros. Resulta interesante apuntar que quienes otorgan más importancia a este punto son precisamente los votantes de izquierdas: la vivienda es el principal problema para el 33% de los votantes del PSOE, el 41% de los votantes de Sumar y el 42% de los votantes de ERC, frente al 19,7% de los votantes del PP y el 6,6% de los votantes de Vox —para estos últimos, el principal problema de España es “el gobierno y/o partidos políticos en concreto”—. 

Se ha escrito y debatido mucho sobre el problema de la vivienda en nuestro país, ya que desde la pandemia el crecimiento del precio del metro cuadrado ha sido notablemente superior al de otros países europeos. En lo que podría ser un resumen grueso y solo orientativo, las aproximaciones conservadoras promueven mayor construcción de viviendas mientras que las aproximaciones progresistas promueven más regulación de los componentes especulativos llevados a cabo por parte de los grandes tenedores. En realidad, la magnitud del problema exige una combinación de ambas, pero en este análisis me gustaría destacar la importancia de un aspecto que suele pasar desapercibido en ambos enfoques: el papel jugado por la rentabilidad.

Actualmente, la vivienda es percibida como un activo financiero, es decir, como si fuera un bien inmaterial que puede ser comprado con la esperanza de que rinda un beneficio bien de manera recurrente bien una vez transcurrida cierta cantidad de tiempo. A pie de calle lo vemos continuamente entre las grandes fortunas, pero también entre familias que tienen capacidad suficiente para comprar viviendas. Se trata de agentes que compran viviendas ya sea para venderlas más tarde —con la esperanza de que cuesten más, sacando la diferencia como beneficio— ya sea para ponerlas en alquiler —de larga duración o turístico; obteniendo rentas mensuales—. El aspecto fundamental es que todos estos agentes, que pueden intervenir directamente o a través de sociedades, prefieren destinar sus ahorros a la inversión en vivienda antes que a otras opciones —como podría ser, por ejemplo, los bonos del Estado—. 

El siguiente gráfico revela hasta qué punto la vivienda ha sido una inversión más rentable que los bonos del Estado durante las últimas cuatro décadas. Una persona con dinero “sobrante” y que quiera hacer que “crezca” puede elegir entre estas opciones, ninguna de las cuales exige un conocimiento muy importante del mundo financiero. El caso de los bonos de Estado se considera, además, la opción de inversión financiera más segura: se sobreentiende que el Estado no se declarará en bancarrota.

El gráfico muestra que con excepción de los períodos de grandes crisis económicas (1992-1993 y 2008-2014), la rentabilidad de invertir en vivienda ha sido claramente superior a la de los bonos del Estado. Eso es lógico, dado que ambas crisis económicas han estado vinculadas a burbujas inmobiliarias y, consecuentemente, al precio de la vivienda. 

Por otro lado, el siguiente gráfico muestra directamente ese diferencial: la distancia entre la rentabilidad de la vivienda y la de los bonos del Estado. Aunque hay otras opciones de inversión alternativa —bolsa, deuda privada, otros productos financieros complejos, etc.—, este diferencial nos permite entender el mecanismo que siguen los actores con capital “sobrante”. Desde el punto de vista de la racionalidad económica, lo importante no es la rentabilidad absoluta de la vivienda sino la rentabilidad relativa respecto a otras opciones. Si la rentabilidad de los bonos fuera del 20% o la de vivienda del 1%, el capital fluiría desde la vivienda hacia los bonos. Pero, como revela el gráfico, la mayor parte del tiempo la rentabilidad de la vivienda ha sido muy superior; eso supone un atractivo muy grande para los capitales financieros.

Si el lector razona como un operador financiero —y en cierta medida a todos nos han educado para hacerlo así— entenderá que si dispone de 100.000 euros ahorrados será más atractivo invertirlos en un sector que proporciona una rentabilidad del 15% (15.000 euros de ganancia) que en una que le proporciona un 3% (3.000 euros de ganancia). Esta lógica es la que subyace a las decisiones de cualquier asesor financiero, y lo que explica por qué hoy la vivienda funciona como una especie de centro de gravedad del capital financiero.

Un economista convencional señalaría que, en tanto equivalente de un activo financiero, la rentabilidad de la vivienda debería disminuir según entran grandes cantidades de inversores. Los clásicos lo llamaban “igualación de las tasas de ganancia”. Pero, como se aprecia en el gráfico, eso no es lo que sucede: los diferenciales de rentabilidad se mantienen muy altos durante mucho tiempo, y las caídas de la rentabilidad de la vivienda están relacionadas con las crisis económicas. La explicación de esta aparente paradoja es sencilla: aunque la vivienda opera como un activo financiero, en realidad no lo es. Cuando sube el precio de la vivienda lo que se revaloriza no es la vivienda en sí (la construcción y los materiales, de mejor o peor calidad) sino la ubicación, es decir, el suelo. Y el suelo —sobre todo el que está “bien” ubicado— es escaso por definición, lo que impide que se igualen las rentabilidades de la misma forma que sucede en el mundo financiero.

Hay otro aspecto que conviene señalar: el mecanismo de retroalimentación entre el precio y la rentabilidad. La expectativa de revalorización atrae inversión, que confirma la demanda de viviendas y anima más revalorizaciones posteriores. Es un mecanismo propio de los procesos especulativos, que tiene un antecedente célebre en la crisis de los tulipanes del siglo XVII en Provincias Unidas: todo el mundo creía que los tulipanes subirían de precio, así que los compraban para luego vender y eso confirmaba la subida de precios. Claro está que llega un momento de “saturación”, que puede ser desencadenado por cualquier factor, y que deja a gente atrapada en el proceso —en las Provincias Unidas hubo gente que se quedó con tulipanes y sin casa porque la habían vendido para pagar el bulbo—. En el caso de la vivienda eso es más difícil porque hay factores estructurales que mantienen una demanda real y no meramente especulativa, como son los factores demográficos (nuevos hogares, población entrante…). Esa es la razón por la que es difícil separar la llamada “demanda especulativa” (gente que invierte para ganar dinero) de la “demanda real” (gente que invierte porque quiere vivir en una casa).

Si unimos los razonamientos anteriores —la lógica financiera, la especificidad del suelo sobre el que se construye la vivienda y el mecanismo de retroalimentación— podemos comprender los límites que exhibe la propuesta de “construir más viviendas”. Mientras la rentabilidad sea tan elevada, los capitales fluirán hacia el mercado —sin apenas importar cuán grande sea en volumen— porque ese mismo movimiento reforzará las expectativas de subidas de precios. Las nuevas viviendas serán objeto tanto de la “demanda real” como de la “demanda especulativa”.

Eso no quiere decir que construir sea una medida incorrecta. De hecho, es necesaria si el número de hogares crece más rápido que el stock de viviendas —el Banco de España cifra en 700.000 la diferencia entre unos y otros—. Pero el asunto central es previo: si aceptamos que el problema de fondo es un diferencial de rentabilidad demasiado elevado, las soluciones deben orientarse a reducirlo. Existen al menos dos vías complementarias que conviene distinguir porque operan sobre mecanismos distintos. 

La primera vía actúa sobre la rentabilidad esperada de la inversión inmobiliaria. Se trata de medidas que reducen el beneficio que obtiene un inversor por comprar, mantener y vender viviendas. La más directa es una fiscalidad progresiva sobre las plusvalías inmobiliarias, que tributan muy por debajo de las rentas del trabajo. Equiparar o aproximar esos tipos impositivos reduciría el atractivo de la vivienda como vehículo de acumulación. En la misma línea operaría un impuesto sobre el valor del suelo urbano, que gravaría la revalorización del terreno con independencia de lo que se haga con él. 

La segunda vía actúa sobre el coste de mantener vivienda improductiva. Aquí el objetivo no es tanto reducir el beneficio de vender como elevar el coste de no usar. Un impuesto significativo sobre viviendas vacías —no las tasas simbólicas que existen actualmente en algunos municipios— obligaría a los propietarios a elegir entre poner la vivienda en el mercado de alquiler o asumir un coste creciente por mantenerla fuera de él. Este tipo de medida tiene la ventaja de que actúa simultáneamente sobre la oferta efectiva de vivienda —al empujar stock vacío al mercado— y sobre la rentabilidad —al reducir el margen de quienes especulan con la revalorización a largo plazo sin uso intermedio—. 

Ninguna de estas medidas es sencilla de implementar ni está exenta de dificultades técnicas y políticas. Pero el análisis precedente sugiere que, sin intervenir sobre la rentabilidad relativa de la vivienda, tanto las políticas de oferta como las de regulación de alquileres se enfrentarán a un muro estructural. El capital seguirá fluyendo hacia donde más rinde y, sin esas medidas, la vivienda seguirá siendo más un activo financiero atractivo que un derecho: un mecanismo que expulsa a los jóvenes del mercado, transfiere renta de inquilinos a propietarios y profundiza la desigualdad patrimonial entre generaciones.

En los tiempos en los que “me politicé” —principalmente a través del activismo estudiantil—, Andalucía era un bastión inexpugnable del Partido Socialista. No se trataba solo de las elecciones, sino de casi todas las instituciones de la región: desde la universidad hasta las empresas, pasando por los sindicatos, el PSOE tenía una ascendencia impresionante. Yo era entonces un estudiante de económicas que apenas podía intuir cuáles eran los canales sociológicos que explicaban tal dominio, pero sufría sus consecuencias a escala micro: la asociación que fundé encontraba siempre obstáculos con un rectorado socialista que no se fiaba de nosotros. No éramos de ningún partido, pero éramos heterodoxos y rivalizábamos con la sección juvenil del PSOE. Y cuando teníamos conflictos con las autoridades universitarias, siempre ocurría algo curioso: recibía la llamada de algún cargo orgánico del partido socialista con la intención de mediar. Así, mi percepción era que el PSOE estaba en todas partes.

A diferencia del itinerario habitual, yo me radicalicé con la edad. Pasé de ser un republicano progresista moderado a un militante de Izquierda Unida, primero, y del Partido Comunista, después. Mi militancia la desplegué en un pequeño municipio de Málaga donde el PP y PSOE acababan de poner en marcha una gran coalición para gobernar el ayuntamiento. Desde esa nueva posición, seguía comprobando el poder y la influencia del PSOE en Andalucía. No obstante, en aquellos años de principios del siglo XXI el desgaste empezaba a notarse. En mi pueblo, el agotamiento electoral era notable. Los bares que en día electoral guardaban los sobres con votos del PSOE —para repartir a los clientes— estaban menguando. Todo el tejido social sobre el que se había construido el dominio del PSOE estaba resquebrajándose. Únicamente resistían los focos más creyentes en la función modernizadora del PSOE. Pero “modernizar” era un concepto con historia —por ejemplo, muchos eran socialistas porque pudieron estudiar por primera vez gracias a la construcción del Estado social en la era de Felipe González—, y, sin embargo, ahora aparecía principalmente como una promesa vaga y abstracta. 

Lo cierto es que ya entonces, y en solo unas pocas décadas, Andalucía había dejado atrás —aunque sin hacerla desaparecer— una tierra de jornaleros, pescadores e importantes núcleos de trabajadores industriales, y se abría paso otro tipo de economía con acento neoliberal y globalizado. Los cambios que realmente estaban teniendo lugar implicaban algunos derechos sociales, pero sobre todo mucho ladrillo, turismo, precariedad laboral y, al devenir finalmente la crisis, un buen puñado de desempleo y frustración. Lo que se resistió al cambio profundo fueron los servicios públicos y una enorme administración que constituía una red clientelar de manual; y que no por casualidad fue el origen de algunos de los casos más notorios de corrupción del PSOE andaluz, como el de los ERE. 

El tópico nos habla de una Andalucía históricamente rentista y altamente dependiente de los servicios públicos. Como en toda gran mentira, siempre hay algo de verdad y, desgraciadamente, esta tierra ha tenido mucho de eso desde hace siglos; al menos desde que los grandes de España se dedicaban a cosechar rentas de los campesinos y jornaleros mientras sus homólogos europeos se convertían en burgueses e impulsaban la transición al capitalismo. Pero Andalucía también ha disfrutado de nodos de dinamismo económico y tecnológico, no solo durante el siglo XIX —Málaga fue, junto con Euskadi y Cataluña, una de las primeras regiones en industrializarse— sino también en tiempos bastante recientes. Estos últimos nodos han ayudado a conformar una clase media-alta de votantes conservadores, lo que unido al resto de cambios urbanos, demográficos y laborales han facilitado el crecimiento sociológico de las derechas.

Mi impresión es que, tras muchos años de bandazos, el PP andaluz ha terminado comprendiendo bien a qué Andalucía se dirige y, consecuentemente, definiendo mejor cuál es su proyecto estratégico. Los tiempos de transición siempre son problemáticos y difíciles de medir. Durante muchos años el PP presentó a las elecciones autonómicas a Javier Arenas, un perfil político que todos los andaluces podíamos imaginar subido al caballo, látigo en mano, exigiendo a los trabajadores un mayor esfuerzo para generar la plusvalía. Ese perfil no casaba en absoluto con una Andalucía que, aunque en transición, era todavía sociológicamente muy progresista. El PSOE, por el contrario, vivía de las rentas de ese primer impulso modernizador real pero que, como he mencionado, se iba agotando. E Izquierda Unida buscaba su sitio en un mundo post guerra fría en el que se intentaba actualizar y equilibrar el discurso con el que llegar tanto al importante mundo rural como al creciente ecosistema urbano de las grandes ciudades.

El éxito actual de la figura de Moreno Bonilla en Andalucía tuvo un precedente en la ciudad de Málaga en 1995. Aquel año “Málaga La Roja” votó mayoritariamente a las izquierdas, con 9 concejales para Izquierda Unida y 7 para el Partido Socialista. Sin embargo, Felipe González se negó a permitir que gobernara el candidato de Izquierda Unida, Antonio Romero, quien hasta entonces había sido el azote del felipismo en el Congreso de los Diputados a cuenta de los GAL. El resultado fue que acabó gobernando el PP, que sabiendo que Andalucía —y Málaga— cojeaba hacia la izquierda había presentado a una candidata heterodoxa: Celia Villalobos. Ella se presentaba como una candidata moderna, liberal y con inclinaciones progresistas en temas como los derechos civiles (años más tarde sería sancionada por el PP por no apoyar la ley del aborto de Gallardón). El PP no desaprovechó la oportunidad, y desde entonces ha gobernado ininterrumpidamente la ciudad. Estoy convencido de que es el mito fundacional de la derecha andaluza actual, y cuyo líder, malagueño también, sabe que necesita un perfil diferente al ofrecido por Ayuso, Abascal y otros reaccionarios.

En realidad, lo que ha ocurrido en Andalucía es el resultado de transformaciones socioeconómicas profundas que han reconfigurado las bases materiales de la sociedad. La progresiva neoliberalización de la economía —con el peso creciente del turismo, la construcción y la precariedad— ha alterado la estructura de clases, debilitando los vínculos tradicionales entre amplios sectores populares y el PSOE. En ese nuevo contexto, marcado por trayectorias laborales fragmentadas, aspiraciones individualizadas y una clase media más heterogénea, el PP ha demostrado una mayor capacidad de adaptación estratégica, construyendo un discurso y unos liderazgos que encajan mejor con la Andalucía realmente existente. Al fin y al cabo, Andalucía ya no es la tierra donde los bares guardaban sobres del PSOE ni la que soñaba con modernizarse desde el Estado. Tampoco es la caricatura reaccionaria que algunos dibujan desde fuera —aunque la ola también haya llegado, como a todas partes—. En definitiva, es una región que ha cambiado más rápido que los partidos que aspiran a representarla. En cierta medida también podemos decir que es una región contradictoria, donde el PP no ha ganado Andalucía con ideas, sino con un perfil que no asusta a una sociedad que, en el fondo, sigue sintiéndose progresista. Eso debería ser, para la izquierda, al mismo tiempo un diagnóstico que invita a un cambio de marcha y, también, una oportunidad para adaptarse a la nueva realidad.

Se acercan subidas del tipo de interés por parte del Banco Central Europeo. Las presiones inflacionistas provocadas por el cierre del estrecho de Ormuz están dando mayor protagonismo al discurso de los halcones monetarios, es decir, a aquellos más convencidos de que la subida de precios sólo puede contenerse mediante una política monetaria restrictiva. Pero ¿qué significa todo esto? Si la economía aparece habitualmente como una ciencia oscura y ajena al ciudadano común, el mundo de la política monetaria se presenta aún más confuso. Sin embargo, conviene comprender bien qué se está jugando aquí y por qué los futuros acontecimientos nos afectarán a todos, y previsiblemente para mal.

La función principal que tiene el Banco Central Europeo es controlar la inflación, lo que significa que está mandatado a maniobrar para que los precios no suban por encima del límite convencionalmente definido del 2%. Tradicionalmente se presenta esta función como meramente técnica, llevando incluso al punto de que el BCE es formalmente independiente del poder político —es una de esas dimensiones emancipadas de la legitimidad democrática, aparentemente por el bien de la comunidad—.

Pero su propia institucionalidad es una decisión política, algo que queda patente cuando se observa que al menos la Reserva Federal estadounidense tiene también como objetivo la creación de empleo, un aspecto escondido deliberadamente en la razón de ser del BCE. Además, las decisiones del BCE afectan desigualmente por grupos sociales, particularmente entre deudores y acreedores: la inflación es un corrosivo de las deudas, que beneficia a quienes tienen préstamos —que suelen ser las familias endeudadas e hipotecadas— y perjudica a quienes han prestado dinero —que, por definición, tienen dinero “sobrante”—. En este sentido, puede interpretarse que la función del BCE es evitar que el capital de los inversores financieros se esfume por la subida de precios.

La pregunta central de la política monetaria es por qué suben los precios. Por un lado, la tradición monetarista considera que tal cosa sucede cuando hay demasiado dinero persiguiendo pocos bienes disponibles en el mercado. Por otra parte, la teoría del nuevo keynesianismo supone que los precios suben cuando hay una demanda excesiva respecto a la oferta. En ambos casos, sin embargo, la receta propuesta para moderar la inflación es la subida del tipo de interés de referencia —el que determina el banco central—. Simplificando algo, el objetivo es que nadie pueda prestar por debajo de esa cantidad, lo que encarece las inversiones reales para las empresas y conduce a una ralentización de la economía.

En términos coloquiales se dice que la economía se “enfría”: las empresas dejan de invertir, los hogares tienen más dificultades para comprar a crédito y a los Estados les sale más caro emitir títulos con los que financiarse; consumo, inversión y gasto público se frenan y el crecimiento económico se resiente —lo que implica, además, un crecimiento del desempleo—. Todo ello supone una reducción de la demanda, lo que es la clave para que los precios bajen. Desde esta perspectiva, el problema está en encontrar un punto de equilibrio, pues enfriar demasiado a la economía puede llevarla a una recesión grave. Ese es el debate que ahora mismo está teniendo lugar en el Banco Central Europeo: acerca de la magnitud de la subida.

Pero, ¿qué ocurre cuando los precios suben porque hay un ‘shock de oferta’ como el provocado por el cierre del estrecho de Ormuz? En ese caso, los precios suben porque existen cuellos de botella en los flujos comerciales internacionales y no por causas monetarias y/o de exceso de demanda. Como comenté la semana pasada, en estas situaciones se produce un evento que impulsa los precios al alza porque algún input productivo se encarece al hacerse más escaso —por ejemplo, el petróleo, los fertilizantes u otras manufacturas—, y las empresas responden a través de un mecanismo de propagación y amplificación. A lo largo de la cadena que va desde la materia prima hasta el producto final, las empresas propagan la inflación porque suben sus precios para mantener los márgenes de ganancia, pero también amplifican la inflación porque aprovechan la oportunidad para ganar aún más que en condiciones normales. De este modo, el efecto final es que los precios crecen mucho más de lo que queda explicado por el ‘shock de oferta’ como tal: suben en gran medida porque las grandes empresas deciden aprovechar su situación privilegiada —debido a su poder de mercado— para incrementar sus beneficios. Paradójicamente, ese tipo de inflación no se corrige eficazmente con la subida de tipos.

En la era del neomercantilismo y la lucha por la energía en el contexto de crisis ecosocial, estas situaciones de ‘shocks de oferta’ son mucho más comunes que en la era del libre comercio; algo evidente si tenemos en cuenta lo sucedido a nivel mundial con la pandemia (2020), Ucrania (2022) y ahora Irán (2026). En estas situaciones las políticas recomendadas para contener precios son aquellas destinadas a frenar los incrementos de los márgenes de beneficio. Por su parte, la política monetaria restrictiva logra detener la subida de precios a nivel agregado porque es matar moscas a cañonazos, además haciendo recaer el coste no en los principales responsables de la subida de precios sino, como de costumbre, en las empresas y familias más vulnerables.

Hay ocasiones en las que las subidas de tipos de interés que enfrían la economía —política monetaria restrictiva— se complementan con planes de estímulo que calientan la economía —política fiscal expansiva— a fin de moderar los efectos más nocivos. Es lo que ocurrió en 2022 cuando los tipos de interés subieron para hacer frente a la inflación causada por la guerra en Ucrania, pero todavía estaban desplegándose los programas de inversión pública Next Generation. Esa coincidencia temporal evitó que el desempleo se disparara y que la situación económica fuera a peor; cuando los flujos comerciales se restauraron, la presión sobre los precios decayó y los tipos de interés bajaron.

La inminente subida de los tipos de interés —que llegará con alta probabilidad antes de verano— no parece que vaya a ser acompañada de medidas extraordinarias de la magnitud de los fondos Next Generation. En realidad, esta sería una excelente oportunidad para que la Unión Europea pusiera en marcha un programa de estímulo a nivel comunitario —incluso financiado con eurobonos— que acelerara la transición ecológica y, en particular, la energética. Ese estímulo podría compensar la subida de tipos de interés al tiempo que permite a la Unión Europea reducir su vulnerabilidad energética y geopolítica respecto a proveedores de energía fósil tan inestables como Rusia o Estados Unidos. Si, además, se aprovechara para que el Banco Central Europeo asumiera que para frenar este tipo de inflación es más importante controlar los márgenes de beneficios empresariales que subir los tipos de interés, sería una victoria mucho más amplia. Pero quizás ambas cosas son pedir peras al olmo.

Trabaja desde casa y no gastes tiempo conduciendo al trabajo; utiliza el transporte público siempre que puedas; no circules al máximo de velocidad permitida; evita viajar en avión; modera el uso del aire acondicionado; usa la bicicleta o tus propias piernas como medio de transporte… Todas estas medidas forman parte de las demandas habituales del movimiento por el decrecimiento, pero están extraídas de las recomendaciones que la agencia internacional de la energía (IEA, por sus siglas en inglés) ha publicado a raíz de la actual crisis energética provocada tras la guerra en Irán.

Se trata de una irónica convergencia entre un movimiento político ecologista —que postula que la reducción del consumo de energía y recursos naturales es una condición necesaria para que nuestra actividad económica sea sostenible dentro de los límites del planeta— y una organización mainstream fundada hace más de medio siglo —cuyo propósito principal es monitorizar y garantizar la seguridad del flujo de energía que necesitan todas las sociedades contemporáneas—. Aunque los decrecentistas defienden estas medidas como estructurales y piensan en términos ecológicos, mientras que la IEA considera que se trata de arreglos temporales para adaptarse a la crisis actual, no deja de ser un encuentro significativo.

Como ocurrió con el apagón energético en España y Portugal, la actual crisis energética pone de relieve la enorme dependencia que tenemos de flujos de energía y recursos que normalmente son invisibles para nuestros ojos: encendemos las luces y nuestro ordenador, ponemos la calefacción o el aire acondicionado, nos duchamos con agua caliente y llenamos el depósito del coche sin apenas pararnos a pensar en todo lo que hace posible tales acciones. La energía nos rodea, pero nosotros la ignoramos. Por eso solemos despreocuparnos acerca de su suministro: básicamente lo damos por garantizado. De hecho, la mayoría de la población llega a prestar atención solo al precio, no a las cantidades biofísicas (las toneladas de recursos que se necesitan, por ejemplo) o su procedencia. La energía es la caja negra de la economía: un mecanismo esencial del que depende cómo vivimos, pero cuyo funcionamiento permanece opaco para la mayoría.

Lo cierto es que como especie vivimos por encima de lo que el planeta puede aguantar. De acuerdo con el último State of the Global Climate, de la Organización Meteorológica Mundial, en el año 2024 la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera alcanzó su máximo en dos millones de años. De hecho, el incremento anual en 2024 ha sido el mayor registrado desde 1957, lo que apunta hacia un futuro muy sombrío. Y ello a pesar de que sabemos desde hace casi un siglo cuáles son las principales —y muy negativas— consecuencias de esta terrible senda. Sin embargo, los indicadores mundiales no han dejado de empeorar desde que tuvieron lugar los principales encuentros internacionales del clima —como el que llevó al Protocolo de Kioto, firmado en 1997—. Esto no quiere decir que lo que se haya hecho hasta ahora sea inútil —en absoluto: todo suma y cada décima de temperatura que no suba es una contribución bienvenida—, pero sí que es claramente insuficiente. 

Nuestro sistema económico global sigue descarrilado, y el consecuente ajuste de los parámetros del Sistema-Tierra implica ya unas consecuencias irreversibles para millones de especies… y no menos peligrosas para los humanos. Este horizonte es especialmente difícil para los humanos más pobres dentro de cada sociedad y para aquellos que viven en las regiones más afectadas por el calentamiento global. La crisis ecológica, o crisis ecosocial, es de mucho mayor alcance y profundidad que la crisis energética desatada por la guerra en Irán. Y eso es lo que más sorprende de todo: que el pensamiento mainstream es capaz de proponer soluciones extraordinarias que deberían haber sido incorporadas desde hace mucho tiempo como parte de las medidas cotidianas y normales.

Ahora bien, es fundamental entender que las medidas de reducción de demanda no son socialmente neutras. No es lo mismo pedir teletrabajo a quien tiene un empleo de oficina que a quien trabaja en un almacén o conduce un camión; no es lo mismo recomendar el uso de transporte público a quien vive en una ciudad con red de metro que a quien habita en un pueblo mal conectado de la España vaciada. Si no se tiene en cuenta esta asimetría, el riesgo es evidente: que el ajuste lo paguen quienes menos han contribuido al problema y/o menos recursos tienen para adaptarse. Por eso cualquier programa serio de reducción del consumo material debe llevar integrada una política redistributiva que compense las desigualdades de partida. De lo contrario, el decrecimiento se convertirá en un privilegio de quienes pueden permitírselo y en una condena para el resto.

En todo caso, los gobiernos actuales podrían hacer de la necesidad virtud, y aprovechar la crisis actual para abordar algunos retos fundamentales. Casi la mitad del petróleo que se consume en la Unión Europea procede del transporte por carretera, de modo que las emisiones podrían disminuir enormemente con una intervención drástica en ese sector. Según la IEA, solo con el teletrabajo en aquellos puestos que se lo pueden permitir se reduciría hasta un 6% del consumo total por vehículos; otro 6% podría alcanzarse con una reducción de 10 km/h de la velocidad máxima; otro 3% promoviendo transporte público; y hasta un 8% adicional con medidas como compartir vehículos, conducción más eficiente y revisiones de neumáticos. La IEA está pensando en términos de reducción de consumo de petróleo, para depender menos de las importaciones, pero ello también implica una reducción de las emisiones. Es ahí donde el decrecimiento se encuentra con la seguridad energética.

Por lo general los gobiernos han optado siempre por mirar a las políticas de oferta, como la producción de vehículos eléctricos y los cambios en las fuentes energéticas de las grandes industrias. Esas medidas son necesarias, pero también pueden y deben ir acompañadas de medidas de demanda, como las planteadas en el informe de la IEA. Y aquí los efectos serían mucho más rápidos, pero exigirían igualmente una determinación importante. Por ejemplo, es central que exista una inversión multimillonaria en el transporte público a fin de que sea una alternativa viable al vehículo particular —especialmente a los motores de combustión interna—. Eso ayudaría, por cierto, a evitar los innumerables problemas de calidad del servicio en la red ferroviaria. Hay que diseñar nuevas redes y conexiones, garantizar mayores frecuencias y, sobre todo, priorizar aquellas infraestructuras que muevan mayor volumen de personas. Las inercias juegan en nuestra contra, ya que las geografías urbanas de las ciudades se han diseñado como si la era de los combustibles fósiles fuera a durar para siempre; de modo que adaptar la movilidad a los nuevos tiempos es un reto enorme. 

Los bancos centrales y la Unión Europea “encontraron” fondos suficientes para rescatar bancos durante la crisis financiera de 2008. Algo parecido ocurrió en 2020 cuando el mundo se paralizó a consecuencia de la pandemia, y los gobiernos pusieron en marcha planes de estímulo multimillonarios. Ahora deberíamos hacer exactamente lo mismo, incluso con más razón y urgencia. Pero no solo por la guerra de Irán, sino por la crisis ecosocial que es el telón de fondo. Aunque el decrecimiento quiere decir mucho más que reducción de consumo de energía y recursos naturales, este es precisamente uno de los aspectos que deben abordarse con celeridad. Y esta es una oportunidad inmensa para hacerlo.

En definitiva, las medidas que el pensamiento convencional propone como respuestas de emergencia son el tipo de transformaciones que deberían constituir la normalidad de cualquier política económica responsable. Se trata de reconocer que o gestionamos el descenso del consumo material de forma ordenada, democrática y justa, o serán las propias crisis —energéticas, climáticas, geopolíticas— las que impongan ese ajuste de manera caótica y desigual. El decrecimiento, lejos de ser una utopía ingenua, es sencillamente uno de los nombres políticos que le damos al reconocimiento de los límites físicos del planeta. El metabolismo material de nuestras sociedades tarde o temprano sufrirá una reducción de la energía y de los recursos consumidos, pero el tiempo que tenemos por delante es lo que nos permite decidir cómo y para quiénes serán más intensos esos ajustes.

Con el estrecho de Ormuz cerrado, entre el 20% y el 25% de los flujos mundiales de petróleo y gas natural licuado se han interrumpido. Eso ha provocado que el precio internacional de referencia de ambos combustibles fósiles se haya disparado al alza, lo que ha afectado a todas las economías, pero especialmente a las que más dependen de las importaciones del Golfo Pérsico —como las asiáticas—. Por ejemplo, el 80% del petróleo de Corea del Sur procede de esa región, lo mismo que sucede con el 95% del petróleo usado por las refinerías japonesas. Como consecuencia de la prolongación de la guerra, todos los gobiernos están tomando medidas urgentes para reducir el consumo de energía y/o proteger en la medida de lo posible el poder adquisitivo de la población.

Los países más expuestos han puesto en marcha paquetes de medidas destinados a reducir el consumo de petróleo y gas natural. Algunos han reducido la semana laboral a cuatro días (Filipinas), aprobado el teletrabajo o cerrado oficinas y universidades (Tailandia, Bangladés), restringido la circulación de vehículos (Myanmar), restringido o prohibido las exportaciones de petróleo y/o gas natural (Tailandia), o establecido racionamiento y topes a los precios (India, Corea del Sur), junto con subvenciones sectoriales. En definitiva, el cierre de un nodo central del metabolismo de la economía-mundo obliga a que los países reaccionen con medidas extraordinarias.

Europa tiene una menor dependencia física de los combustibles fósiles del Golfo Pérsico, ya que desde 2022 los principales proveedores de petróleo a la Unión Europea son Estados Unidos y Noruega —hasta la guerra en Ucrania, el principal suministrador de petróleo había sido Rusia, que lo sigue siendo en gas natural—. Además, la mayoría de los países tienen importantes reservas, por lo que incluso en el caso de una interrupción total del flujo comercial permitiría resistir por un tiempo considerable —de acuerdo con Eurostat, España tiene para el equivalente a 100 días de importación—. Pero esta menor dependencia física no implica quedar aislado del impacto monetario, ya que el precio de referencia del petróleo se establece a nivel mundial. Y es a través de los precios como los primeros impactos económicos de la guerra están llegando a nuestras fronteras.

Qué precios suben

El canal más inmediato por el que la ciudadanía se ve afectada es el coste del combustible para vehículos privados: tanto la gasolina como el gasoil están subiendo de manera acelerada desde que comenzó la guerra. En un intento de contener esa subida, el gobierno de España acaba de aprobar en Consejo de Ministros la rebaja del Impuesto del Valor Añadido al 10%. La medida es controvertida porque el escenario más probable, como comentaré a continuación, es que dicha rebaja sea absorbida por los márgenes de beneficio de las empresas.

El segundo canal es financiero: el Euríbor, el tipo de interés al que están referenciadas la mayoría de las hipotecas variables en España, ya está subiendo. Los bancos anticipan que el Banco Central Europeo acabará elevando los tipos de interés para combatir la inflación —aunque todavía no lo ha hecho—, y trasladan esa expectativa a lo que se cobran entre sí y, por extensión, a lo que cobran a sus clientes. El mecanismo es revelador: no hace falta que el BCE actúe para que las familias hipotecadas paguen más; basta con que el sector bancario —un oligopolio con poder de mercado— descuente ese escenario y lo incorpore a sus márgenes. Un patrón conocido: un shock externo se convierte en una oportunidad de beneficio para un sector con capacidad de fijar precios.

Finalmente, hay un tercer canal más lento pero que también influye en la subida de precios, y del que ya hemos hablado en otro análisis: la subida de los precios de los alimentos. Por un lado, los combustibles fósiles se utilizan en toda la cadena de distribución y consumo de los alimentos: desde los tractores y maquinaria pesada del campo, pasando por el procesamiento y empaquetado en plásticos hasta el consumo en cocinas de restaurantes u hogares. Así, el incremento del precio de la energía se traducirá en un incremento del precio del producto final. Por otro lado, el 99% de los fertilizantes nitrogenados —los más usados— empleados en las cosechas requieren gas natural durante su producción, y además muchos de estos productos terminados proceden del Golfo Pérsico —cuyas economías no son ya sólo de extracción de combustibles fósiles—. Sin embargo, aquí la traslación de precios será más lenta. O, al menos, debería; porque hay algunas cuestiones que permanecen ocultas en la explicación convencional de la inflación.

Cómo se establecen los precios

La explicación convencional de la inflación apunta siempre a las mismas causas: demasiada demanda, demasiado dinero en circulación o, como se insistió en los años setenta, salarios que suben demasiado. En todas estas versiones hay un gran ausente: los beneficios empresariales. Se asume que los mercados son competitivos y que las empresas se limitan a trasladar al consumidor, ni más ni menos, el incremento en el coste de sus insumos. Si sube el petróleo, sube la gasolina en la misma proporción, y nadie gana más que antes. Esta es la narrativa que solemos escuchar cuando hay un shock de oferta —pandemia, Ucrania, Irán—. Pero no es así como funciona el mundo real.

Ya en 1926, Piero Sraffa señaló las debilidades lógicas del modelo de competencia perfecta, abriendo el camino a lo que Joan Robinson formalizaría como “competencia imperfecta”: mercados en los que las empresas no asumen pasivamente los precios, sino que tienen poder efectivo para fijarlos. Esta es la norma en los sectores estratégicos de la economía mundial —empezando por el petróleo y el gas natural, oligopolios desde finales del siglo XIX—. En estos mercados, las empresas no solo trasladan la subida del coste: la amplifican. Aprovechan un evento extraordinario para ensanchar sus márgenes de beneficio, de modo que la onda de precios va creciendo a lo largo de toda la cadena hasta el consumidor final.

La economista Isabella Weber ha documentado con precisión este mecanismo para la pandemia y la guerra en Ucrania. Lo que Weber observa no es una conspiración, sino lo que llama “coordinación implícita”: cuando estalla una crisis, todas las empresas de un sector saben que los precios van a subir, pero nadie sabe cuánto. Esa incertidumbre, combinada con una opinión pública que acepta las subidas como consecuencia inevitable de la crisis, permite a las empresas con poder de mercado cosechar lo que en economía se llaman windfall profits —beneficios caídos del cielo—. En Estados Unidos, por ejemplo, los márgenes de beneficio empresarial alcanzaron en 2020 el 13%, una cifra superior a cualquier año de posguerra: la pandemia fue un drama para la sociedad, pero una oportunidad para los márgenes empresariales. Y cuando la crisis pasa, no hay presión alguna para que esos precios inflados vuelvan a bajar. El resultado es que la inflación no se explica solo por el shock inicial, sino también —y de forma decisiva— por el interés de las grandes empresas en ganar más cuando las circunstancias se lo permiten.

Lo que ocurre con la gasolina

Los inversores utilizan un indicador clave de rentabilidad del sector de refino conocido como crack spread 3-2-1. No es una medida física, sino una referencia financiera que estima el margen de las refinerías al comparar el coste del petróleo crudo con el precio de los combustibles derivados, como la gasolina y el gasóleo. En la práctica, refleja cuánto están ganando las compañías en cada momento: la diferencia entre lo que pagan por el crudo y lo que ingresan por vender los productos refinados. En el gráfico siguiente podemos ver la evolución de este indicador en los últimos años: una subida descomunal con motivo de la guerra de Ucrania y una normalización en torno al otoño de 2023. En las últimas semanas esta rentabilidad se ha disparado también, cerca ya de los niveles más altos acontecidos hace cuatro años. Se trata de miles de millones en “beneficios caídos del cielo” —que, en realidad, provienen siempre de los bolsillos de los consumidores—.

Recapitulamos entonces: con un shock de oferta y con presencia de empresas con gran poder de mercado, cualquier medida que no neutralice estos beneficios adicionales está destinada a ser insuficiente en el mejor de los casos. La propuesta de bajada de IVA del gobierno español, por ejemplo, supondrá por lo pronto una merma para la recaudación pública. Pero ni siquiera logrará el efecto de alivio que se dice buscar, ya que más temprano que tarde será absorbido por los márgenes de beneficios de las grandes empresas. El resultado será que el precio de la gasolina y del gasoil seguirá subiendo, pero con una menor capacidad de recaudación del Estado; sencillamente porque la clave de todo esto, los beneficios caídos del cielo de las grandes petroleras, no han sido objeto de la política pública.

Debe tenerse en cuenta que es previsible que tanto la Reserva Federal como el Banco Central Europeo acaben subiendo los tipos de interés, ya que para la teoría convencional la inflación es el resultado de una economía recalentada (demasiada demanda o dinero): subir los tipos provocará un frenazo a las inversiones, un incremento del desempleo y, en consecuencia, una posterior reducción de precios. Es la receta de quimioterapia para un dolor de cabeza. En ese contexto, los gobiernos tendrán problemas mucho más grandes y será necesaria una intervención política más activa y audaz para evitar, entre otras cosas, que la frustración siga echando en manos de la antipolítica a gran parte de la población.

La historia se repite con pocas variaciones: un shock geopolítico dispara los precios de la energía, los gobiernos responden con rebajas fiscales que erosionan la recaudación sin contener la espiral, y las grandes empresas del sector acumulan beneficios extraordinarios que nadie les reclama. Romper ese patrón exige actuar donde está el problema: en los márgenes de beneficio. Europa ya lo intentó tímidamente en 2022 con un impuesto a los beneficios extraordinarios del sector energético, y España experimentó con topes de precio en el mercado eléctrico. Ambas medidas fueron imperfectas, pero apuntaban en la dirección correcta. Lo que no podemos permitirnos es repetir la estrategia de socializar las pérdidas y privatizar las ganancias, y menos aún cuando la factura de esa elección la pagan quienes dedican una mayor proporción de su renta a llenar el depósito y a calentar su hogar. Si el gobierno quiere que esta crisis no alimente aún más el descrédito de la política, tiene que atreverse a ponerle nombre a quienes se benefician de ella.

Felipe VI ha reconocido que entre las acciones del imperio español durante la conquista de América hubo “mucho abuso” y también “luchas y controversias morales y éticas”. Se trata de un modesto gesto pensado para ayudar a la normalización de las relaciones con México, que en 2019 pidió a la monarquía que se disculpara frente a los pueblos originarios por la violencia, saqueos y masacres cometidas en tiempos coloniales. Aquella petición, que en realidad tomó la forma de una carta privada, fue filtrada deliberadamente por la monarquía española y derivó en una crisis diplomática en la que España —gobierno y monarquía— se enrocó en no querer pedir perdón.

No hubiera sido tan raro elaborar esas disculpas. La carta del entonces presidente mexicano López Obrador fue también enviada al Vaticano, pues la Iglesia participó de forma activa en la invasión de América y en los procesos subsiguientes. Pero lo cierto es que la Iglesia ya se había adelantado, y en 2015 el papa Francisco había pedido perdón por los “muchos pecados que fueron cometidos en nombre de Dios contra los pueblos nativos de América”. Aún antes, en el año 2000 el papa Juan Pablo II había lamentado la “dolorosa violencia y persecución” contra los pueblos indígenas. ¿Por qué España no podía hacer lo mismo? 

Otros países que tuvieron colonias o que mataron y expulsaron a pueblos aborígenes han pedido perdón por su pasado imperial. Incluso el Congreso de los Estados Unidos aprobó una resolución en 2009 en la que literalmente se pedían disculpas “a todos los pueblos nativos por los muchos ejemplos de violencia, maltrato, y abandono infligidos sobre los pueblos nativos por ciudadanos de los Estados Unidos”. Canadá, Alemania, Reino Unido, Australia o Japón son otros ejemplos que, con diferente intensidad, han reconocido su pasado colonial y han pedido disculpas de alguna u otra forma. En general, eso sí, las viejas potencias coloniales se han negado a reconocer que tales gestos impliquen responsabilidades legales, lo que derivaría en el pago de indemnizaciones. Y casi siempre se trata de reconocimientos parciales, que mencionan casos concretos o que tienen interés en mejorar las relaciones económicas contemporáneas —como pasó con las disculpas de Italia a Libia, previamente a la firma de acuerdos sobre gas y petróleo—. Es decir, existe una fuerte resistencia a vincular de manera estructural las viejas redes coloniales —y de sus muchos abusos— con los beneficios que obtuvieron desde la metrópoli.

La respuesta visceral del nacionalismo español, que se ha soliviantado incluso ante unas declaraciones tan modestas e informales como las de Felipe VI, debe entenderse en el contexto de fragilidad y reafirmación de una identidad construida a partir de mitos fundacionales y de una violencia extrema. Nada distinto de lo que ha sucedido en otras viejas naciones que también fueron imperios, pero que en el caso de España parece tan difícil de reconocer.

El imperialismo español se cimentó a partir de la conquista y la esclavitud, pero lo hizo mucho antes de la invasión de América. De hecho, las plantaciones esclavistas de azúcar que Colón implantó a los pocos meses de llegar a la isla de La Española —y que fueron realmente las primeras fábricas capitalistas, luego mejoradas a lo largo de toda América para hacer más eficiente el trabajo de los esclavos africanos— fueron una importación de las prácticas que los españoles y portugueses estaban llevando a cabo en las Azores, Madeira y las Canarias. También la brutalidad frente a los indígenas había sido ensayada previamente con los Guanches en las Canarias, con descripciones de los contemporáneos que hielan la sangre. En general, las islas atlánticas fueron el laboratorio donde aprender a desarrollar una colonización basada en el azúcar, la deforestación, el trabajo forzado y el comercio de esclavos, como ha señalado el historiador Jean-Baptiste Fressoz.

No podemos olvidar que el interés principal de los conquistadores era el saqueo de los recursos, como el oro, la plata y la fuerza de trabajo forzada. Los españoles —en realidad, básicamente castellanos— esclavizaron a los indígenas desde el comienzo, utilizando los mismos métodos usados en la península con los pueblos musulmanes: llamaban cabalgadas, razias o incluso, muy gráficamente, vendimias al proceso de asaltar rápidamente a comunidades indígenas para capturar nuevos esclavos. Esa mano de obra forzada se usaba en toda actividad económica, especialmente las plantaciones y la minería. Pero como la población indígena disminuía con rapidez por la terrible combinación de enfermedades y desnutrición, Carlos I autorizó desde 1518 el comercio de esclavos africanos para mantener la provisión de mano de obra barata. 

También es cierto que hubo controversias morales y éticas, como afirma Felipe VI, ya que una parte de la Iglesia se mostró profundamente consternada por cómo eran tratadas las poblaciones indígenas. La Corona fue sensible a esta visión hasta mitad de siglo XVI, llevando a la aprobación de las Leyes Nuevas en 1542, que es a lo que se refiere el actual monarca al insistir en que sus antepasados intentaron proteger a los indígenas. Ciertamente se trata de reformas y leyes que no se cumplieron, punto que ha dado pie a esa descripción de “muchos abusos” con la cual Felipe VI parece eximir a la monarquía de responsabilidad, situándola en los encomenderos y conquistadores que desobedecían a la metrópoli.

Pero todo el proceso de invasión de América implicó algo más que sufrimiento humano. Fue también lo que Marx denominó “acumulación originaria” del capitalismo, es decir, el primer paso para el enriquecimiento de fortunas personales que serían las responsables de extender la dinámica capitalista en Europa. Es cierto que España fue incapaz de aprovechar toda esa riqueza para un impulso propiamente capitalista, debido esencialmente al carácter rentista de sus élites, algo denunciado ya entonces por los economistas mercantilistas de la época. Luis Ortiz, funcionario de la corona en el siglo XVI, se quejaba amargamente de que los extranjeros “nos tratan peor que a indios” porque los países europeos llevan a España manufacturas mientras los españoles exportan materias primas, lana, sedas y otros productos similares. España, aun siendo un imperio, en términos económicos jugaba ya en el siglo XVI un rol de “semiperiferia” que justificaba que, aunque los españoles sacaban el oro y la plata a los indios —expresión literal de Ortiz—, otros países europeos se llevaban “el dinero del reino con su industria, sin trabajar en sacarlo de las minas, como nosotros hacemos”. Es decir, España participó activamente en la extracción de riqueza colonial, pero no logró traducir esa acumulación en un desarrollo industrial propio, quedando subordinada a otras economías europeas.

En los siglos siguientes, serían otros países, destacadamente Inglaterra, los que dieron el impulso definitivo al capitalismo en sus países y en Europa; un despliegue que se elevó sobre la disponibilidad combinada de combustibles fósiles y redes coloniales. Pero España no se quedó tampoco al margen del saqueo posterior, lo que ilustra el hecho de que más del 8% de los esclavos embarcados en África —lo que supone más de un millón de almas— lo hiciera en embarcaciones con bandera española. Hay una amplia bibliografía académica, comenzando por los trabajos del historiador José Antonio Piqueras, que ha documentado el enriquecimiento de familias españolas y catalanas a través del comercio esclavo; una relación que dio origen al primer capitalismo industrial también en España. La trata de personas era un negocio muy rentable que permitió amasar grandes fortunas en la península, las cuales se reinvirtieron —varios siglos después de la invasión de América— en los primeros proyectos burgueses. Tan es así que España fue el último país europeo en abolir la esclavitud, para Cuba, en fecha tan tardía como 1886. 

Nada de lo anterior hubiera sido posible sin la connivencia de la monarquía, que no solo aprobaba las leyes respecto al imperio y sus posesiones, sino que también disponía de esclavos propios —los llamados “esclavos del rey”—. Naturalmente, sobra decir que toda la legislación posterior estaba profundamente atravesada por intereses comerciales y económicos en los que la monarquía tenía, como mínimo, un ejercicio de complicidad —para empezar, porque los recursos de la trata también revertían en las arcas del Estado—. Así pues, la monarquía tiene un alto historial de agravios acumulados que podría justificar un honesto reconocimiento de hechos y una consecuente disculpa. Porque no se trata solo de “muchos abusos” sino de una relación estructural entre el bienestar de unos —en el centro del imperio— y el saqueo, masacre y violencia ejercida sobre otros —las colonias—. 

Afortunadamente, hace tiempo que salimos de esa etapa y podemos mirar al pasado con mucha mayor objetividad. El peligro es que el nacionalismo español se niega a hacerlo, porque sería tanto como reconocer que esa identidad de la que hacen gala está construida sobre el dolor ajeno. Las sociedades modernas y democráticas asumen su pasado, aprenden de él y miran al futuro con nuevos principios y valores. Lo que las palabras de Felipe VI revelan es que la propia monarquía sigue sin estar dispuesta a dar ese paso: prefiere hablar de “abusos” puntuales antes que reconocer una relación estructural de saqueo y violencia sobre la que se edificó, también, su propio poder.

El imperio británico dominó el mundo en el siglo XIX gracias al desarrollo tecnológico y económico derivado de la Revolución Industrial, que a su vez hubiera sido imposible sin la combinación de los combustibles fósiles y las redes coloniales que proveían trabajo y recursos baratos. El azar geológico había concedido a Inglaterra lo que el historiador Rolf Peter Sieferle llamó el “bosque subterráneo”: ingentes cantidades disponibles de carbón que otorgaron una ventaja considerable a los británicos frente al resto de países: en el año 1800, más del 80% del carbón mundial era producido en el Reino Unido.

El azar geológico no sólo “bendijo” al Reino Unido, sino que generosos depósitos de carbón se encontraban también en Francia, Bélgica y Alemania. Así, aunque los británicos fueron los primeros, al terminar el siglo otros países europeos —y también Estados Unidos— se habían unido a la tarea de explotar y consumir carbón en cantidades ingentes. Sin duda, la energía de este combustible fósil sostuvo el imperialismo europeo del siglo XIX; fue el motor de la conquista del mundo por parte de los países europeos, que pasaron de controlar el 37% del territorio mundial en 1800 a controlar el 84% en 1914, tal y como describieron los historiadores Ronald Findlay y Kevin O’Rourke.

Sin embargo, a comienzos del siglo XX los estrategas europeos comprendieron que el carbón iba a desaparecer como combustible clave de la guerra moderna, y con ello su ventaja anterior: los modernos vehículos de transporte —con motores de combustión interna— requerían un derivado del petróleo como combustible. La famosa Royal Navy, que durante siglos había garantizado a los británicos el control de los océanos y la protección de sus rutas comerciales, tuvo que pasar a consumir petróleo. El problema obvio era que Europa apenas tenía depósitos de este otro combustible fósil, un punto que no pasó desapercibido para los contemporáneos. Temerosos de quedar a merced de otros países, los británicos y los franceses se lanzaron al control del petróleo de Oriente Medio; la primera empresa en extraer el petróleo iraní fue Anglo-Persian Oil Company, adquirida de forma mayoritaria en 1914 por el gobierno británico y embrión de la actual British Petroleum (BP).

Tras la Segunda Guerra Mundial, las dos grandes potencias emergentes eran exportadoras de petróleo: Estados Unidos y la Unión Soviética. Los europeos, con sus infraestructuras todavía destruidas por la guerra, se quedaban atrás. Por esa razón los británicos maniobraron para retener el control o la influencia en Oriente Medio, llegando a asociarse con Estados Unidos para llevar a cabo el golpe de Estado contra Mohammad Mosaddegh, primer ministro democrático de Irán, en 1953; el “delito” de Mosaddegh había sido manifestar su intención de nacionalizar las empresas de petróleo. Cuando tres años más tarde el presidente egipcio Gamal Abdel Nasser nacionalizó el Canal de Suez —hasta entonces propiedad de británicos y franceses, y que todavía constituye un nodo fundamental del comercio mundial— las viejas potencias europeas reaccionaron con una invasión pactada con Israel. Sin embargo, Estados Unidos se opuso a la operación y amenazó al Reino Unido con fuertes represalias económicas; los británicos y franceses tuvieron que cancelar la intervención y, hoy en día, la mayoría de los historiadores considera este hito como el momento clave en la “bajada de categoría” de los países europeos.

Aquel fracaso en Suez condujo a una profundización de la dependencia energética. Al mismo tiempo, las grandes compañías petroleras occidentales —las llamadas “Siete Hermanas”— negociaban concesiones a largo plazo con los regímenes autoritarios de Oriente Medio, garantizando un suministro abundante y barato a cambio de sostener sus sistemas políticos. El resultado fue un pacto implícito en el que Europa aceptaba su dependencia a cambio del combustible que lubrica el crecimiento económico. La crisis del petróleo de 1973, cuando los países árabes de la OPEP impusieron un embargo que cuadruplicó los precios, fue la primera advertencia seria de lo que significaban esas relaciones. La respuesta europea fue parcial: el Reino Unido aceleró la explotación del Mar del Norte, Francia apostó por la energía nuclear, y todos los gobiernos buscaron diversificar proveedores. Pero nadie cuestionó el modelo de fondo, ni se hicieron esfuerzos suficientes en explorar una posibilidad que ya emergía en aquellos años como eran las nuevas energías renovables, todo lo cual explica por qué medio siglo después la vulnerabilidad estructural aún persiste.

En territorio de la Unión Europea actualmente se extrae petróleo sobre todo en Italia, Dinamarca y Rumanía, pero en su conjunto la producción europea apenas sobrepasa los 15 millones de toneladas —Noruega es un gran exportador no comunitario—. Para hacerse una idea, debemos tener en cuenta que la cantidad de petróleo crudo importado desde otros países es de 470 millones de toneladas. Eso explica por qué para la Unión Europea la tasa de dependencia de las importaciones de petróleo es del 96%. Este combustible fósil atraviesa toda la economía europea: casi la mitad del petróleo consumido en la Unión Europea se destina a transporte por carretera, pero también hay un 16% que se dirige hacia fines industriales —sobre todo para la producción de productos petroquímicos— otro 5% que sirve para la generación eléctrica, un 9% para transporte aéreo, un 8% para transporte marítimo y un 5% para hogares, entre otros.

En todo este conflicto, la Unión Europea aparece más como un espectador que pierde en todos los escenarios —y que sufrirá un proceso de inflación interna que puede ser muy doloroso y costoso— que como un actor relevante con un proyecto propio

Con todo, la dependencia europea no se limita al petróleo. De forma paralela, Europa fue construyendo una nueva dependencia respecto a otro combustible fósil: el gas natural. Desde los años sesenta, el gas se fue convirtiendo en un pilar del modelo energético europeo, utilizado para calefacción, generación eléctrica e industria. Eso hizo que la dependencia de las importaciones se intensificara: gasoductos desde Argelia, desde Noruega y, sobre todo, desde Rusia fueron tejiendo una red de suministro que ataba a Europa a decisiones tomadas muy lejos de Bruselas.

Como he señalado ya, sin recursos propios, y temerosos del colapso de sus economías, durante las últimas décadas todos los gobiernos europeos han llevado a cabo alianzas para garantizarse el suministro tanto de petróleo como de gas natural: los británicos construyeron alianzas con las monarquías del Golfo, los italianos con los países del Norte de África como Libia, los franceses con África Occidental, Alemania con Rusia y los europeos del sur con países africanos como Argelia, Congo y Guinea. En la mayoría de los casos, esas alianzas se han ido estableciendo con países que carecen de democracia y respeto a los derechos humanos pero que, en virtud de la importancia del suministro, son aspectos ignorados deliberadamente.

Tal es el caso de Rusia, que ejemplifica mejor que ninguno la vulnerabilidad y debilidad europea. Tras la invasión de Ucrania por parte de Putin, la Unión Europea impuso sanciones y buscó formas de reducir su alta dependencia respecto a la importación de combustibles fósiles: por ejemplo, en 2021, Rusia era el principal proveedor de petróleo con más de 100 millones de toneladas. La reducción ha sido efectiva, pero a costa de convertir a Estados Unidos en el principal proveedor de petróleo con más de 60 millones de toneladas al año. Lo mismo ha sucedido con el gas natural. Eso significa que se ha cambiado una dependencia por otra, sin que a Rusia le haya ido en absoluto mal. De hecho, Rusia ha encontrado la forma de evadir muchas de esas sanciones, pero también ha fortalecido las relaciones con otros compradores. China es el principal país comprador de combustibles fósiles, representando más del 50% de los ingresos rusos, seguido de Turquía, India y la propia Unión Europea —que además sigue siendo el principal comprador de gas natural—.

De hecho, el bloqueo del estrecho de Ormuz por la guerra en Irán supone buenas noticias para Rusia. Por un lado, disfrutará de precios más elevados por los combustibles fósiles, de modo que sus ingresos crecerán. Por otro lado, Estados Unidos ha anunciado que le levantarán las sanciones previas, por lo que podrá comerciar en mejores condiciones. Por si fuera poco, muchos países compradores necesitarán aún más a Rusia como proveedor —tal es el caso de China—. La conclusión es bastante clara, porque en todo esto la Unión Europea aparece más como un espectador que pierde en todos los escenarios —y que sufrirá un proceso de inflación interna que puede ser muy doloroso y costoso— que como un actor relevante con un proyecto propio.

La ironía es que los países de la Unión Europea han tenido a mano desde hace décadas una posibilidad para desconectarse de estas dependencias: la transición energética. A diferencia de lo que sucede con los minerales críticos, que de momento suponen una dependencia estructural sin sustituto conocido, existe desde hace décadas la tecnología para reemplazar a los combustibles fósiles en la generación eléctrica y en buena parte del transporte, y China ha contribuido a abaratarla hasta niveles que habrían parecido utópicos hace quince años. La lógica es sencilla: cada kilovatio-hora generado por fuentes renovables es un kilovatio-hora que no depende de lo que ocurra en el estrecho de Ormuz, en los gasoductos rusos o en las decisiones de la OPEP. Y el margen de actuación es enorme, pues la electrificación del sector del transporte y, sobre todo, la inversión masiva en redes de transporte público podría reducir la dependencia petrolera europea en proporciones que alterarían sustancialmente la ecuación geopolítica.

Como he señalado en otras ocasiones, el problema no es técnico sino político. Un plan europeo de inversión a la altura del desafío —comparable al que se aprobó con notable rapidez y ambición durante la pandemia— podría acelerar la transición tanto en electricidad como en movilidad. Sin embargo, nada semejante se ha puesto en marcha. La paradoja es que cada año que pasa sin actuar a la escala necesaria es un año en que Europa sigue pagando un precio descomunal por un modelo que sabe insostenible económica y ecológicamente.

Hay algo casi simétrico en toda esta historia. El “bosque subterráneo” del que habló Sieferle se agotó o se volvió irrelevante, y con él desapareció la base material de la hegemonía europea. Pero hoy Europa tiene a su disposición un recurso que no depende del azar geológico ni del control colonial: el sol y el viento son abundantes, están distribuidos por todo el continente y no pueden ser objeto de embargo. Las renovables podrían ser el nuevo “bosque subterráneo”, pero esta vez propio y compartido. Y, por si fuera poco, limpio y libre de emisión de gases de efecto invernadero —aunque con costes ecológicos en el proceso de minería y producción de la infraestructura necesaria—. La tragedia es que, teniendo alternativas, la Unión Europea prefiere en la práctica seguir enviando cientos de miles de millones de euros al año a autocracias y petroestados mientras debate interminablemente sobre los detalles de una transición ecológica además amenazada por una extrema derecha con cada vez más influencia. Mientras tanto, Rusia recauda, China fabrica los paneles solares que Europa necesita y Estados Unidos impone condiciones y arrastra a todos a la guerra y a la crisis económica. Europa, el espectador que pierde en todos los escenarios, ni siquiera puede consolarse con la excusa de no haber tenido otra opción.

Según una encuesta reciente de 40db, el 68% de los españoles rechaza la guerra en Irán desatada por Estados Unidos e Israel. Como era predecible, el grado de oposición a la intervención es mucho mayor entre los votantes de izquierdas, con un 96% en el caso de SUMAR y un 91% en el caso del PSOE. Pero entre los votantes de Vox la oposición es también significativa, aunque minoritaria, alcanzando el 47%. Lo más interesante ocurre entre los votantes del PP, ya que allí los que contestan que están «nada de acuerdo» o «poco de acuerdo» con la guerra son amplia mayoría: el 64%. Sin embargo, ¿han visto a algún dirigente del PP criticar la guerra? ¿por qué?

En España nos hemos (mal)acostumbrado a que la oposición política se posicione sistemáticamente en contra de lo que haga el Gobierno, prácticamente con independencia del contenido. ¿Son malvados? En absoluto: detrás de este comportamiento existe una estrategia que entiende cómo funciona la política contemporánea. 

En el campo de la competición electoral, los partidos saben que no todos los temas les son igualmente favorables. La izquierda, por ejemplo, prefiere hablar de desigualdad, justicia social y derechos laborales. La derecha, en cambio, se sabe ganadora cuando el tema de conversación son las banderas o la corrupción (de otros). La fase crucial de una batalla política es la delimitación de lo que se habla en el foro público, lo que técnicamente se conoce como Agenda Setting. Si los temas con los que podrías ganarte a la población no están en la conversación pública —porque no aparecen en los grandes medios, por ejemplo— es probable que te toque hablar de los temas que a otros les convienen. En ese sentido, cada partido intenta arrimar el ascua a su sardina, y al mismo tiempo procura no alimentar los fuegos que darán de comer al rival. 

El ejemplo paradigmático fue la pandemia. Una razón de Estado hubiera recomendado que todos los partidos se pusieran de acuerdo con una estrategia consensuada con la que hacer frente a un enemigo común y, en principio, desideologizado, como era el coronavirus. Pero los asesores políticos de la derecha sabían muy bien que si se hubiera optado por ese camino entonces habría tenido lugar un Efecto bandera, es decir, un momento donde el líder del país ganaría popularidad al mostrarse como la persona capaz de cohesionar al país en un momento duro. Consecuentemente, el presidente hubiera ganado mucho apoyo para las siguientes elecciones. Por eso la recomendación de los asesores políticos fue clara: torpedear esa opción retirando cualquier tipo de reconocimiento al líder del país, a sus ministros e incluso a los científicos que asesoraron las medidas sanitarias. Por competición electoral —y no por razón de Estado— ni el PP ni Vox debían conceder ningún mérito al Gobierno; al contrario, debían seguir atizándole para continuar el desgaste hasta las siguientes elecciones.

Esa lógica política es la que se ha repetido sistemáticamente hasta la actualidad. Y como el Gobierno sigue resistiendo a pesar de la adversidad, incrementan la presión hasta que las hipérboles contra él se convierten en caricaturas. El caso de la guerra en Irán es sintomático de lo absurdo de llevar este punto al extremo, pues es obvio que el PP sabe que su base social también se opone a la guerra. Eso explica por qué el presidente de Galicia ha salido a defender que la posición pro-israelí de Díaz Ayuso no representa al PP gallego. Pero, al mismo tiempo, no pueden conceder nada positivo a la estrategia del gobierno de coalición; y mucho menos cuando la extrema derecha les pisa los talones en las encuestas. 

En ese terreno resbaladizo se encuentran, y esto es lo que explica que Feijóo no se haya atrevido a apoyar a Estados Unidos con el mismo entusiasmo que la presidenta de la Comunidad de Madrid. Intenta hacer equilibrismo diciendo cosas como que «España ha de situarse junto a sus aliados» o que «antes del derecho internacional están los derechos humanos» y, sobre todo, criticando a Sánchez por las formas y sin atreverse a entrar directamente en el fondo. Un panorama básicamente similar al que sucedió durante los primeros impasses del genocidio en Gaza.

Consecuentemente, en el PP están deseando que cambie el campo de juego para no seguir hablando de la guerra en Irán. Mientras tanto, a sacar tantos balones del área como se pueda. Pero todo ello obedece a puro electoralismo, no a razón de Estado y, ni siquiera, a principios y valores compartidos por sus votantes. Se trata de un cálculo electoral que convierte en verdaderamente incómodo para sus dirigentes tener que hablar de la guerra en Irán. Todo lo contrario de lo que ocurre con la izquierda, cuyos dirigentes dan muestras de sentirse cómodos e incluso excitados con un discurso pacifista que es social e internacionalmente legitimado por el apoyo de millones de personas de todo el mundo. 

Por todo ello resulta aún más llamativa la reacción de muchos medios y comentaristas conservadores. Incapaces de admitir que la posición del Gobierno puede ser la opción correcta, prefieren reducirlo todo a una supuesta maniobra electoral de Pedro Sánchez destinada a movilizar a la izquierda. Es posible que esta cuestión beneficie políticamente al Gobierno —precisamente porque la mayoría de la población comparte su postura—, pero ese argumento dice más sobre quienes lo esgrimen que sobre el propio gobierno. Porque evita afrontar lo evidente: que la guerra es profundamente impopular y que buena parte de los votantes de derechas también la rechaza.

Al final, la paradoja es clara. Mientras el Gobierno puede defender su posición con relativa comodidad, la derecha política y mediática se ve obligada a rodeos argumentales cada vez más peregrinos para no reconocer algo muy simple: que, en este caso, el problema no es la estrategia electoral del Gobierno, sino su propia incapacidad para decir con claridad que la guerra es un error, un desastre y un crimen.

En 1971, el ecólogo Howard T. Odum escribió en Environment, Power and Society que “el ser humano industrial ya no come patatas hechas con energía solar” sino que “ahora come patatas hechas en parte con petróleo”. Esta extraña afirmación era una respuesta a la extendida creencia de que con la Revolución Verde —un concepto que refiere a las innovaciones agrícolas iniciadas en la década de 1940— la humanidad había encontrado una forma definitiva para alimentar a poblaciones crecientes sin miedo a las hambrunas. Para Odum, detrás de aquella elevada productividad de la tierra se encontraba el uso intensivo de combustibles fósiles tanto en la mecanización del proceso agrícola como en la producción de fertilizantes y agroquímicos. Todo ello significaba que nuestra alimentación también dependía de los combustibles fósiles.

Es algo en lo que no solemos pensar, ya que tendemos a creer que nuestra dependencia respecto a los combustibles fósiles se limita a las infraestructuras de transporte y a la producción de energía eléctrica que requiere energía fósil. Esa es la razón por la que cuando parte del flujo de entrada de combustibles fósiles se detiene —como ocurre ahora con la guerra en Irán— inmediatamente nos preocupamos: sabemos que afectará al precio de la gasolina y que la vida se hará más cara. Desgraciadamente, resulta que también nuestro sistema alimentario es profundamente dependiente de los combustibles fósiles, de modo que las tensiones de precios también se manifiestan en los alimentos que compramos y comemos.

De acuerdo con las estimaciones de Global Alliance for the Future of Food, los sistemas alimentarios son responsables de hasta un 15% del consumo total de combustibles fósiles. El 42% de ese consumo se debe al procesamiento y empaquetado de la alimentación, el 38% a la comercialización y consumo doméstico y el 20% restante a la agricultura y a los inputs agroquímicos —que es a lo que se refería Odum—. Así, comemos alimentos cultivados con petróleo y gas natural, y esa ayuda fósil es tan responsable del cambio climático como de permitir poblaciones muy numerosas.

Debemos tener en cuenta que en el mundo hay actualmente unos 8.000 millones de personas, una cantidad prácticamente imposible de alimentar sin la ayuda de los fertilizantes minerales. Por ejemplo, se calcula que en Estados Unidos entre el 40% y el 60% del rendimiento agrario se puede atribuir a estos fertilizantes, y de acuerdo con el físico Vaclav Smil sin estos fertilizantes la población mundial tendría que ser un 40% más pequeña. Este “milagro” químico es producido por la industria petroquímica, y hay fundamentalmente tres categorías de fertilizantes: los nitrogenados —como la urea—, los fosfatados y los potásicos. El grupo más grande es el de los nitrogenados, que son el resultado de un proceso que captura nitrógeno del aire para convertirlo en una solución líquida que se esparce en la tierra para elevar su fertilidad.

Gas natural para fertilizantes

El problema es que el proceso de producción de estos fertilizantes requiere grandes cantidades de gas natural tanto como materia prima —un 60%— como fuente de energía —debido a las altas temperaturas y presión que se requieren—. De hecho, sólo la industria de los fertilizantes nitrogenados es responsable del 2% de las emisiones mundiales de efecto invernadero. Por eso decimos que nuestra forma de producir alimentos supone un reto muy serio que solemos ignorar —aunque desde el Ministerio de Consumo fue durante años una prioridad, como pusieron de relieve las polémicas sobre el chuletón y las macrogranjas—.

Dadas estas relaciones no podemos perder de vista la panorámica de la cadena de producción, donde tanto el combustible fósil como el fertilizante se convierten en costes de producción para los agricultores. Y aunque normalmente la variable clave del precio de los alimentos es la climática, cualquier afectación a los precios de los combustibles fósiles o de los fertilizantes ejercerá presión sobre el resto de la cadena: comenzando por los agricultores, siguiendo por la distribución y terminando por la comercialización, repercutiendo finalmente sobre los precios finales de los alimentos. Esa traslación de precios es lo que sucedió entre 2021 y 2022 tras la invasión de Ucrania por Rusia, y es también lo que está comenzando a suceder a causa de la guerra en Irán.

Uno de los canales indirectos por los que los fertilizantes suben de precio es debido al incremento del coste de la materia prima —particularmente el gas natural—. La industria fertilizante está altamente concentrada porque tiende a ubicarse allí donde las materias primas necesarias son más baratas. Por ejemplo, los fertilizantes fosfatados dependen de la minería de fosfatos, cuyas reservas están mayoritariamente en Marruecos y en el Sáhara ocupado; razón que explica por qué Marruecos es el principal exportador. Las reservas de potasio están principalmente en Canadá, Bielorrusia y Rusia, y la guerra en Ucrania provocó un golpe duro a este mercado. Por último, los fertilizantes nitrogenados dependen especialmente de la provisión de gas natural y tiende a ubicarse allí donde este es barato, como en Rusia o en los países de Oriente Medio. Por esta razón, la geopolítica impacta de forma inmediata en los suministros y el comercio de todos los fertilizantes minerales.

En la era del libre comercio se suponía que todos los países que necesitaran algún producto en particular —y que no lo tuvieran disponible en sus territorios— podrían acceder a él a través del libre comercio. Por el contrario, en la nueva era neomercantilista, y en el contexto de una guerra por la hegemonía entre Estados Unidos y China, las potencias económicas utilizan el comercio como arma para ganar posiciones de poder: la política proteccionista y de sanciones por parte de países como Estados Unidos, la Unión Europea o China obedece a ese criterio. La Unión Europea, por ejemplo, sancionó a Rusia y Bielorrusia tras la invasión de Ucrania, tensionando de esa forma el suministro de fertilizantes potásicos y elevando su precio —en 2020 la UE importaba el 64% de estos fertilizantes desde ambos países—. Además, en un mundo de recursos escasos los países están crecientemente preocupados por garantizar la autosuficiencia de sectores considerados estratégicos o críticos. Por ejemplo, China decidió en el año 2021 restringir las exportaciones de fertilizantes, lo que también condujo a un incremento de precios del mercado mundial.

Todo esto ya sucedía antes del ataque de Estados Unidos e Israel sobre Irán, y precisamente por eso ahora el impacto será mayor. Como he citado, Oriente Medio, y en particular el Golfo Pérsico, es una región que exporta grandes cantidades tanto de gas natural como de fertilizantes manufacturados, y el cierre del estrecho de Ormuz impide que circulen hacia los países de destino. Por aquel cuello de botella —chokepoint, en terminología inglesa— circula una quinta parte del petróleo mundial, pero también hasta un tercio de los fertilizantes comerciados globalmente.

Tras solo unos pocos días de conflicto, los precios de los fertilizantes minerales y del gas natural se han disparado. La urea cerró la semana al borde de los 600 dólares la tonelada —había cerrado el año ligeramente por encima de 360 dólares—, y aunque está todavía lejos de los 1.000 dólares que llegó a alcanzar en la primavera de 2022 su crecimiento aventura que si el conflicto se extiende unos días más podrá superarse ampliamente. El gas natural también sigue una línea de crecimiento muy acelerada, pero aquí las fuentes están más diversificadas —también Rusia y, sobre todo, Estados Unidos exportan grandes cantidades— y estamos lejos de los niveles de hace unos años. En todo caso, a nivel regional es evidente que el suministro para la industria de fertilizantes se verá afectada por la subida de los precios —y en el caso de las plantas de Irán, directamente por los bombardeos—.

En definitiva, Ormuz es un nodo crítico del metabolismo agroindustrial global. Si el conflicto se prolonga y el estrecho permanece cerrado durante semanas, el encarecimiento de los fertilizantes acabará trasladándose a los precios de los alimentos básicos en todo el mundo, incluida España. No será inmediato —los efectos tardan meses en recorrer toda la cadena de producción y distribución—, pero será inevitable. Y cuando llegue, nos recordará una vez más que la seguridad alimentaria depende críticamente de una infraestructura energética fósil cada vez más expuesta a la inestabilidad geopolítica. Existen alternativas para reducir esa vulnerabilidad: desde la transición hacia prácticas agroecológicas hasta el desarrollo de fertilizantes producidos con energías renovables —el llamado amoniaco verde, que hoy apenas supone el 0,3% de la producción mundial—, pasando por políticas de reducción y reestructuración de la demanda alimentaria similares a las que ya se plantean para el consumo energético. Pero todas ellas requieren tiempo, inversión y voluntad política, tres cosas que escasean cuando los misiles ya están volando.

El gobierno de Donald Trump ha bautizado como “Epic Fury” a la operación militar en Irán. Siempre me ha parecido aterrador imaginar el momento en el que unos pocos militares y políticos debaten cómo llamar a una guerra que matará a miles de personas. La distancia geográfica y moral respecto a las víctimas explica sin duda por qué estos nombres se piensan hacia dentro, con el nacionalista estadounidense promedio en mente: es una tarea de propaganda. Pero el nombre elegido esta vez resulta revelador por lo que ya no intenta esconder. Las guerras anteriores se bautizaron con el lenguaje de la libertad, como “Iraqi Freedom” en Irak y “Enduring Freedom” en Afganistán: en ambos casos se fingía liberar al pueblo bombardeado e invadido. Sin embargo, ahora se elige “furia épica”, una expresión que es pura exhibición de fuerza bruta. 

La propaganda se despliega a menudo con la intención de crear y consolidar una narrativa simplificadora que sirva para justificar acciones controvertidas. En realidad, nunca hay una única razón o un único factor que explique por qué ha comenzado una guerra, de modo que la propaganda trata de hacer asequible y asumible lo que para el ciudadano medio es casi siempre un puzle confuso: ¿por qué entretenernos con intereses geopolíticos y lucha por los recursos naturales cuando una guerra puede justificarse en virtud de un sentido común compartido? Por ejemplo, digamos que bombardeamos porque no se cumplen los derechos humanos. Aquí no importa la coherencia —hay muchos países aliados que tienen estándares mucho peores; de hecho, solo el 30% de la población mundial vive bajo democracias formales— sino el proceso “digestivo”: conseguir que la gente trague con algo claramente difícil de metabolizar. 

Durante la última guerra de Irak los dirigentes de los países agresores dedicaron muchos esfuerzos a intentar convencer a la población occidental de las buenas intenciones que llevaban las bombas y los ejércitos desplegados por Estados Unidos y sus aliados. Nos dijeron que había armas de destrucción masiva, y nos mostraron mapas y documentos que luego resultaron ser falsos. Nada de todo eso terminó colando, pero la guerra tuvo lugar igualmente. Hoy las cosas son significativamente distintas, pero no por buenas razones. No es que ahora sí importe la opinión pública o la coherencia de las narrativas justificadoras, sino todo lo contrario: el imperialismo está ya desnudo y no requiere justificación pública alguna. Como demuestra el caso reciente de Venezuela, donde Trump explicó que el objetivo real era el control del petróleo y no el cambio del régimen, la propaganda es ahora más pobre y hueca. En el caso de Irán, hemos escuchado que se trata de cuestiones de seguridad nacional y de valores liberales en abstracto e incluso que esta es una simple operación para proteger preventivamente a Israel. La propaganda es de mala calidad… porque ya no hace falta esconder que se bombardea e invade otros países por el poder y la energía. 

Desde una perspectiva humanitaria, podríamos argumentar que lo de Irak salió mal. Como también lo de Afganistán o Libia. En todos esos casos los regímenes políticos cayeron, pero lo que vino después fue más violencia, guerra y, en algunos casos, incluso el retorno del régimen derrocado. Pero ¿estamos seguros de que fueron fracasos? Tras aquellas invasiones, el metabolismo de las sociedades occidentales siguió ingiriendo millones de barriles de petróleo y toneladas de recursos naturales procedentes de la región, los beneficios de las compañías fósiles occidentales se mantuvieron o crecieron, y los regímenes políticos restantes se adaptaron al dominio implantado por la ley del más fuerte. Si medimos el resultado no por lo que nos dijo la propaganda sino por lo que realmente importaba a quienes tomaron las decisiones —garantizar la continuidad de las redes de suministro energético y el control geopolítico de la región—, aquellas operaciones no fueron simples errores. Todo lo contrario: fueron razonablemente exitosas.

Lo de Irán no es demasiado diferente. No se trata de reducir a un único factor la explicación de la guerra, pero sí señalar que existen similitudes con los casos anteriores. Un aspecto insuficientemente comentado es el papel que juega el régimen iraní como proveedor de energía a China; algunas estimaciones apuntan a que el petróleo procedente de Venezuela e Irán suponía casi el 20% del total de importaciones del gigante asiático. En un contexto de guerra por la hegemonía entre Estados Unidos y China, ponerle las cosas más difíciles al rival no es una victoria menor. Como ha demostrado Venezuela, eso no tiene por qué implicar un cambio de régimen, pero sí violencia, sanciones y coerción diplomática al servicio de una estrategia energética más amplia.

Sin duda, hay otros factores en juego. Por ejemplo, la debilidad del régimen iraní, tras las legítimas y necesarias manifestaciones de protesta en su contra, y el interés de Israel de aprovechar cada oportunidad para proseguir con su agenda expansionista. Pero entre todos esos factores posibles, todos complementarios, los que menos importancia real tienen son los que nos interpelan sobre la legitimidad democrática y el respeto a los derechos humanos. Lo curioso es que, aunque débiles, siguen siendo la vieja propaganda a la que se agarran los dirigentes occidentales para justificar ante sus ciudadanos el imperialismo de Estados Unidos. Baste ver que Feijóo ha dicho que «España debe estar con las democracias liberales», como si en Irán se estuviera disputando el futuro de la democracia.

Es tan burdo que no está funcionando. Una encuesta de la CNN señala que el 59% de los estadounidenses desaprueba el ataque sobre Irán; un porcentaje que alcanza el 82% entre los demócratas pero que llega al 23% entre los republicanos. Es de imaginar que entre los europeos los números mostrarán todavía mayor oposición a la intervención militar, tal y como sucedió hace dos décadas respecto a Irak. Quizás a Trump no le importe y tienen razón los que creen que usará cualquier excusa para impedir las próximas elecciones; pero ese no es el caso previsible para Europa.

En ese contexto, conviene poner en valor que el Gobierno de España ha sido uno de los pocos en posicionarse con claridad contra la intervención, reclamando el respeto al derecho internacional en foros donde la mayoría de los socios europeos ha optado por apoyar a Estados Unidos e Israel o ha optado por el silencio cómplice y la ambigüedad calculada. Algunos ya están recogiendo cable y asumiendo posiciones más críticas. Al mismo tiempo, las derechas españolas han optado por el camino opuesto al gobierno: salir en tromba a respaldar la operación militar, alineándose con una política exterior estadounidense que la mayoría de sus propios ciudadanos rechaza. Que la oposición conservadora española sea más trumpista que el electorado republicano medio dice mucho sobre dónde sitúan sus lealtades. Es también un aviso a navegantes por si esta gente llega algún día a gobernar. Quizás Feijóo sueña también con hablar español con acento tejano.

Hace unas semanas, el canciller alemán, Friedrich Merz, sugirió que Alemania no tendrá futuro si sus trabajadores no trabajan más duro. Según explicó, al volver de un viaje a China las cosas se le aparecieron mucho más claras, lo que le llevó a la conclusión de que la prosperidad de su país no podrá garantizarse con semanas laborales de corta duración —puso el ejemplo de la semana de cuatro días— y basadas en la conciliación entre la vida personal y laboral. En concreto, atacó las bajas por enfermedad, sugiriendo, literalmente, que con mejores incentivos la gente preferirá trabajar que pedirse la baja cuando enfermen. Sin duda, apunta al tipo de proyecto europeo que ciertas élites políticas y económicas desean construir: uno que erradique las conquistas sociales condensadas en el Estado Social.

Para mi sorpresa, el economista Branko Milanovic —gran conocedor de la historia del pensamiento económico y, además, un intelectual progresista que acaba de participar en un evento del Gobierno de España— ha afirmado que Merz tiene razón. Su argumento es que los países más ricos son también los países donde se trabaja más horas y que, históricamente, es cierto que si un país quiere más consumo y renta tiene que trabajar más; y, a la inversa, que si quiere más tiempo de ocio, tiene que asumir que tendrá menores niveles de ingresos por persona.

La virtud del análisis de Milanovic es que señala a las claras un trade-off que ha acompañado a la humanidad desde el comienzo de los tiempos: la necesidad de elegir entre el tiempo —y energía— dedicado a la producción y el disponible para otros menesteres. El problema obvio tanto de Milanovic como de Merz es que, al centrar el análisis en las horas de trabajo, se oculta que no todas las actividades económicas son iguales y que, por lo tanto, lo que llamamos riqueza puede variar entre dos regiones a pesar de que sus trabajadores tengan la misma jornada laboral. Veamos estas dos dimensiones de manera separada.

Trabajar, ¿cuánto es suficiente?

Una de las desmitificaciones más importantes de las últimas décadas por parte de los antropólogos ha sido, precisamente, la que se refiere a las horas de trabajo en las sociedades de cazadores-recolectores. El mito que está implícito en la idea moderna de progreso es que las sociedades han avanzado desde estadios inferiores llenos de sufrimiento y penurias hacia sociedades más avanzadas con mejor bienestar material. En realidad, depende del indicador. Por ejemplo, en términos de enfermedades, calidad de la dieta o duración de las jornadas laborales, la Revolución Neolítica —el paso desde sociedades de cazadores-recolectores hacia sociedades agrarias— fue un mal negocio: se vivía bastante mejor en las primeras. Renunciar a esa situación relativamente mejor fue el coste para poder disfrutar de sociedades más numerosas. Pero es llamativo que, para aprovisionarse de alimentos, algunas comunidades humanas dedicadas a la caza y la recolección tuvieran que dedicar menos de veinte horas a la semana.

Naturalmente, la tecnología disponible en esas sociedades de cazadores-recolectores no puede compararse con la que estaría disponible en modos de producción posteriores. Por eso decimos que las horas de trabajo no se insertan en un vacío institucional, lo que nos obliga a considerar aspectos tales como la tecnología o la política cuando establecemos comparaciones. Las sociedades agrarias de la Edad Media eran profundamente desiguales, y aun así los días de trabajo al año eran también mucho más reducidos que en la actualidad.

Los historiadores económicos Jane Humphries y Jacob Weisdorf calcularon que en la Inglaterra del siglo XIII se trabajaba un promedio de 200 días al año. Esa cifra alcanzó su mínimo tras la Peste Negra, que acabó con la mitad de la población y resultó en un poder de negociación enorme de los trabajadores —no por casualidad a ese período se denomina habitualmente Crisis del feudalismo—. El trabajo de estos historiadores es relevante porque confirma que la irrupción del capitalismo fue paralela a una mayor intensificación del trabajo, algo que despegó a partir del siglo XVII y que condujo a una media de 250 días trabajados por año en 1700 y de 350 días trabajados para 1850.

En su estudio, Humphries y Weisdorf dejaron en el aire la pregunta de si este incremento de horas trabajadas fue una elección por parte de gente que quería más consumo y de ese modo sacrificaba tiempo de ocio —como suponen algunos historiadores y parece apoyar el enfoque de Milanovic— o si fue una imposición externa por parte de los empresarios o de la propia emergente dinámica capitalista. En esa controversia a mí me parece bastante obvio que fue lo segundo. Está ampliamente documentado, por ejemplo, que los trabajadores medievales cesaban de trabajar cuando cumplían los objetivos de producción y que, para introducirlos en una lógica capitalista, fue necesaria una combinación criminal de represión civil y desposesión de medios de producción —los famosos enclosures o cercamientos—. En este punto, la historiografía británica marxista sigue siendo una guía mucho más apegada a lo que sucedió realmente en las vidas cotidianas.

Solo a partir de mediados del siglo XIX puede considerarse que las horas de trabajo anuales comenzaran a reducirse progresivamente. Esto coincidió con el despliegue de las tecnologías de la segunda revolución industrial y con el crecimiento y fortalecimiento del movimiento obrero. Esto segundo parece ser mucho más importante, lo que queda más claro examinando un aspecto particular del tiempo de trabajo: las vacaciones y los festivos. Estos días de descanso estaban vinculados a las festividades religiosas, pero fueron secularizándose por efecto de un movimiento obrero que exigía mejores condiciones de vida.

En 1870, los trabajadores del Reino Unido disfrutaban de 14 días de descanso frente a los ocho de Estados Unidos. Aun así, no fueron pagadas hasta que, en la década de 1920, la Unión Soviética dio el primer paso, tras lo cual el movimiento obrero presionó para su implantación en todo Occidente. Al término de la II Guerra Mundial, ya había 24 días de descanso pagado en Reino Unido, por 17 de Estados Unidos; y en el año 2000 en el Reino Unido eran 32 por 20 de Estados Unidos —que empezaba a reducirlas respecto a la década anterior—. En líneas generales, donde el movimiento obrero es más fuerte las jornadas son menos intensas y se cuenta con más días de descanso.

La lógica del trumpismo, y que tanto Merz como Milanovic asumen, es que trabajar más horas es indicativo de prosperidad. En esta narrativa el descanso se presenta como un problema económico serio. El debate contemporáneo gira en torno a las diferencias entre Europa y Estados Unidos. Por ejemplo, al comienzo del siglo XXI, en Europa se trabajaban una media de 1.564 horas frente a las 1.868 de Estados Unidos, Canadá y Australia. Los trumpistas afirman que esto es señal de que su nación es más poderosa. Pero, ¿es realmente un país más rico por trabajar más horas?

El asunto de la productividad

El economista José Manuel Naredo —siguiendo aquí a Lewis Mumford y Marshall Sahlins— subrayó que las sociedades de cazadores-recolectores eran, por las razones arriba expuestas, sociedades de abundancia y no de escasez. Tenían todo lo que querían, por lo que dejaban de trabajar en cuanto alcanzaban sus limitadas necesidades. En las sociedades agrarias posteriores ese enfoque se mantuvo —si bien en contextos mucho más jerarquizados y violentos— de modo que las innovaciones tecnológicas que aparecían, como el molino de agua, se interpretaban como regalos que permitían trabajar menos tiempo.

Es fácil comprender este hecho desde el punto de vista económico. La productividad es una relación entre el output —por ejemplo, una cierta cantidad de grano o una silla— y la intensidad del trabajo —por ejemplo, número de horas trabajadas o número de trabajadores—. Con una innovación tecnológica es posible producir la misma cantidad de output con menos horas de trabajo, ya que el molino de agua ahorra esfuerzo humano. La tecnología, en este caso, es una bendición —aspecto al que me referí el otro día—; al fin y al cabo, significaba la posibilidad de disponer de más tiempo de ocio.

Aunque es muy fácil medir la productividad en términos físicos, existe una gran controversia sobre la capacidad y utilidad de hacerlo en términos monetarios. Es intuitivo saber que si produces dos sillas en el mismo tiempo de trabajo que antes producías una, has multiplicado por dos tu productividad. Pero cuando una empresa produce sillas, mesas, casas, vehículos y tomates al mismo tiempo, la situación se complica hasta el extremo.

Los economistas utilizan entonces los precios para sumar conceptos distintos, lo que ha dado lugar a numerosas controversias metodológicas —que no cabe apuntar aquí, pero que ponen de relieve el precario estatus científico de la llamada ciencia económica—. En todo caso, se opera sumando los valores de los distintos elementos materiales que se producen: el valor de la silla, de la mesa, etc. La suma de todos los conceptos que produce una economía es lo que permite decir, por ejemplo, que España tuvo en 2025 un Producto Interior Bruto de 1.685.783 millones de euros.

Un problema obvio de este proceder es que desfigura la importancia de saber qué tipo de productos se crean por cada país. ¿Es lo mismo producir una silla que un avión?, ¿y vender un tour turístico que consultoría de alto nivel? Los economistas convencionales suelen prestar escasa o nula atención a la cuestión de la estructura productiva, pero es lo realmente determinante a la hora de saber si la economía de un país está o no desarrollada —y cuáles son sus vulnerabilidades y límites—.

Actualmente, el número de horas trabajadas en Grecia es de 1.893; en España, de 1.638; y en Alemania, de 1.335. Sin embargo, el Producto Interior Bruto por hora trabajada es en Alemania de 93,7 dólares; en España, de 73,4 dólares; y en Grecia, de 44,9 dólares. ¿Qué quiere decir esto? Para empezar, que es radicalmente falso que un país sea más rico por realizar más horas de trabajo. Lo que señalan estos indicadores es que la hora de trabajo en Alemania es más productiva que en España, y en España, que en Grecia. Y eso no nos habla de lo vagos que son unos respecto a otros, sino del tipo de producción habitual que tiene cada país. O lo que es lo mismo: nos habla de estructura productiva.

Si en una hora de trabajo una economía A produce una silla valorada en el mercado en 100 euros, y otra economía B produce un vehículo valorado en 10.000, la segunda es cien veces más productiva. Y, en este punto, dará igual cuántas horas de trabajo adicionales hagan los trabajadores de la economía A —o, al caso, cuántos descansos se les quite durante esa hora de trabajo—. El tránsito desde una economía A hacia una economía B no dependerá de la intensidad del trabajo durante la jornada laboral, ni tampoco de la extensión de esta, sino de la política económica y el papel del Estado —política industrial, de hecho— para incentivar producciones de más calidad y más baratas.

El verdadero dilema

El desquicie de Merz tiene que ver con que Alemania es una economía estancada. Él ha estado en China y cree que el problema es que los trabajadores alemanes tienen demasiados beneficios laborales y sociales; y que deberían trabajar más duro. Pero el problema real de la economía alemana es que tiene una competidora de alto nivel en segmentos donde ellos eran antes dominantes —como la industria del automóvil—, lo que provoca que sus ventas y beneficios se estén reduciendo. Esto es lo que sí ve correctamente el análisis de Milanovic: la pulsión de la competencia capitalista empuja a todos los actores a rebajar sus condiciones de trabajo a fin de poder “prosperar” —aunque, como siempre, unos por encima de otros—.

Habiendo estado en China, el canciller alemán podría haber aprendido que la estrategia del gigante asiático consistió en la combinación de mano de obra barata y, sobre todo, de una política industrial impulsada por el Estado. Por alguna razón que desconocemos, no ha querido verlo así, aunque es la propia dirigencia china la que lo explica de tal modo.

Para él, como para tantos economistas convencionales, todo se reduce a trabajar más tiempo y mercantilizar más ámbitos de la vida. Ello permite, además, introducir una dimensión religioso-moral sobre la ética del trabajo y el carácter disciplinado del trabajador alemán, tan del atractivo de ciertas visiones esencialistas de la nación germana. Lo que hay detrás es la vuelta de tuerca de la vieja lógica capitalista, solo que ahora con un movimiento obrero mucho más desorganizado y débil.

Es evidente que las limitadas gafas de los economistas no nos permiten imaginar un mundo viable. La lógica descrita acríticamente por Milanovic nos habla de la competencia sin fin entre países para producir bienes y servicios cada vez más baratos, donde no hay límites ni naturales, ni económicos ni sociales. Karl Polanyi teorizó sobre la imposibilidad de someter al cuerpo social a una mercantilización extrema, alertando sobre la consecuencia sociopolítica de este proyecto —el fascismo—.

Los economistas ecológicos y los científicos naturales nos explicaron que la economía tiene límites biofísicos que, si se traspasan, implican consecuencias catastróficas para la vida. Y el puro sentido común y la contabilidad nos dice que no todos los países pueden ser ni exportadores netos ni vendedores mundiales de vehículos eléctricos y baterías de productos electrónicos. La economía se mueve necesariamente dentro de límites que los economistas se empeñan en negar una y otra vez.

El discurso de “trabajar más” tiende a aparecer precisamente cuando un país está perdiendo posición en la división internacional del trabajo. Cuando los dirigentes políticos y económicos repiten que debemos trabajar más están formulando un proyecto social: uno en el que la “prosperidad” depende de intensificar la explotación sobre la clase trabajadora. Es la solución más sencilla porque no exige enfrentarse a los intereses del capital y el rentismo ni planificar el futuro dentro de límites reconocidos, sino únicamente exigir sacrificios a la población. Pero una economía que aspira a sobrevivir haciendo trabajar más a su gente es una economía que ha renunciado a ofrecer progreso. Se trata de darle la vuelta al argumento que tenemos inoculado en nuestro “sentido común” y reconocer que una economía verdaderamente avanzada es la que logra liberar a su población del tiempo de trabajo.