En cuanto se supo lo que estaba pasando en Ceuta, la mayoría de la derecha española, política y mediática, se lanzó a la yugular del Gobierno. Es ya casi un reflejo, una suerte de resorte automático que tienen instalado al menos desde que el PP perdió la Moncloa en 2018. Cualquiera diría que es rencor, pero me temo que es algo más simple: la arraigada convicción de que gobernar España les corresponde por naturaleza y de que cualquier otro inquilino es una anomalía que conviene corregir cuanto antes. Criticar al Gobierno es legítimo siempre, pero es muy cuestionable cuando se hace sin haberse formulado antes ni una sola pregunta sobre lo que se tiene delante.

Nos quejamos mucho de la derecha española, pero es que la derecha europea tampoco quiso levantar la vista. Italia impuso controles temporales a los viajes procedentes de España, varios ministros de interior ordenaron reforzar los pasos de la frontera común y otros cuantos países pidieron que se suspendiera la participación española en Schengen. Todo ello a propósito de un territorio del que los nacionales de terceros países no pueden salir hacia la Península —ni, por tanto, hacia el resto del espacio Schengen— sin control de identidad y visado. Es decir: se montó un gran escándalo contra un desplazamiento que, por definición, no podía producirse. Realmente absurdo, pero al mismo tiempo sintomático de la profunda herida del proyecto europeo.

Ahora bien, lo que sí ocurrió fue la entrada de unas 70.000 personas en una ciudad de 83.000 habitantes, algo que sólo se produce si detrás hay un impulso vital insuperable —como huir de una guerra— o una decisión política que promueve el movimiento. El flujo continuo existe, desde luego, y lo alimentan miles de personas dispuestas a jugarse la vida para llegar a países del Norte Global. Pero la manivela que regula ese caudal no está en manos de quien nada, y Marruecos ha demostrado en repetidas ocasiones que sabe abrirla y cerrarla según le convenga. De modo que la pregunta con la que debía empezar cualquier análisis serio era otra: ¿qué le está pidiendo ahora Marruecos a España y a la Unión Europea?

A falta de la información contrastada propia de los servicios de inteligencia, que públicamente aparecen como notoriamente cuestionados, sólo podemos conjeturar. Pero esta conjetura se basa en historia reciente, lo que la hace más sólida. Por ejemplo, sabemos que Marruecos lleva medio siglo persiguiendo el reconocimiento internacional de su soberanía sobre el Sáhara Occidental, y otro medio siglo comprobando que la presión fronteriza funciona: en mayo de 2021 entraron unas 8.000 personas en Ceuta mientras el líder del Frente Polisario estaba hospitalizado en España, y un año después el Gobierno español —el PSOE, en realidad— acabó respaldando el plan de autonomía marroquí. Casualmente, lo de hace unos días ha sucedido pocas semanas después del viaje de Pedro Sánchez a Argel. Hay, además, otros intereses que Marruecos aspira a proteger, como pesqueros, agrarios, geopolíticos… y sabe que lo hace contando con el apoyo político de sus aliados de Estados Unidos y de Israel, enfrentados ahora mismo a España (y a la dignidad humana, dicho sea de paso). Sea cual sea la motivación concreta de esta ocasión, parece claro que Marruecos sabe cómo recordar que quiere algo de España.

En el fondo, lo de Ceuta es la factura de un modelo de relación que la Unión Europea eligió deliberadamente hace justo una década: la externalización fronteriza, esto es, subcontratar el control de sus propios límites a los países vecinos. La lógica es que la Unión Europea paga a las policías de Marruecos, Libia, Túnez o Turquía para que la violencia necesaria para contener a la gente suceda lejos de las cámaras europeas. Fue en 2016 cuando la Unión Europea firmó el acuerdo con Turquía que se basaba precisamente en la transferencia de 6.000 millones de euros a cambio de no dejar pasar a los refugiados que huían de la guerra, convenientemente re-etiquetados en el texto como “inmigrantes ilegales”. Según ha denunciado este mismo año Médicos sin Fronteras, durante esta década han documentado de forma repetida “violencia en las fronteras, campamentos superpoblados, saneamiento inadecuado, acceso limitado a la atención sanitaria y un grave deterioro de la salud mental entre las personas atrapadas en estas condiciones”.

A pesar de estas consideraciones humanitarias, y de que los países miembros no cumplen con los compromisos de solidaridad interna (como hace el PP en el caso de las Comunidades Autónomas), esa estrategia europea se convirtió en la referencia para acuerdos con otros países como Túnez, Libia, Marruecos o Egipto. Y al hacerlo, otorgó a esos países un poder enorme para chantajear a la Unión Europea con nuevas presiones. Al fin y al cabo, los inmigrantes siguen llegando a las fronteras y sólo cambia que lo que antes se hacía por una ruta segura ahora se hace por las rutas más letales. En definitiva, Europa pagó por mirar menos el drama a la cara y por una nueva dependencia geopolítica.

Pero la derecha no ataca al gobierno por nada de esto. Por el contrario, casi todas las derechas europeas reaccionaron pensando únicamente en rentabilizar electoralmente una situación que había estimulado el miedo de sus votantes. Es probable que buena parte de ese electorado no sepa situar Ceuta en un mapa, pero daba igual: bastó el miedo, amplificado por unas redes cuyos dueños tienen intereses políticos declarados —Elon Musk comparó a los migrantes con la turba de zombis de la película ‘Guerra Mundial Z’—, para que la medalla se la llevaran la extrema derecha y sus operadores internacionales. Es posible que muchos gobiernos europeos, casi todos de derechas, tuvieran ganas al gobierno español por su liderazgo internacional en cuestiones como la oposición ante el genocidio en Palestina o la guerra en Irán, pero seguro pesó más su cortoplacismo electoral.

Y mientras tanto, la parte sufriente de la humanidad. Cuando escribo estas líneas las cifras oficiales hablan ya de más 140 personas ahogadas entre las decenas de miles que se metieron en el agua para tocar una tierra que representaba para ellas un futuro mejor. La inmensa mayoría de supervivientes había vuelto ya a Marruecos en cuestión de horas tras comprobar que en Ceuta no había comida ni sitio donde dormir. La operación se cierra, por tanto, sin que nada sustancial haya cambiado, salvo que hay muchísimas familias buscando y enterrando a seres queridos. Eran gente corriente, parte de esa clase trabajadora mundial que gobernantes y empresarios de aquí y de allí manejan como peones en un tablero, prescindibles por definición porque siempre hay más. Eran personas que, en diferentes circunstancias, podríamos haber sido cualquiera de nosotros. ¿Por qué esa falta de solidaridad y empatía entre las instituciones y gobiernos europeos?

Se me ocurren, mientras tanto, otras preguntas que apenas he oído estos días. ¿Cuánto dinero público europeo ha ido a parar a las fuerzas de seguridad marroquíes en la última década? ¿Por qué la firmeza ante el chantaje se ejerce siempre contra quien nada y nunca contra quien firma? ¿Y qué distancia moral hay entre lamentar hoy 140 ahogados y haber construido durante años el dispositivo que hacía perfectamente previsible que se ahogaran?

En pocos meses, dos propuestas que hace apenas unos años parecían extravagantes han entrado en el debate político internacional. Por un lado, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdami ha dado un nuevo paso en su proyecto para crear cinco supermercados públicos en la ciudad, con el objetivo declarado de reducir los precios de la cesta de consumo de la clase trabajadora. La iniciativa es eco del socialismo municipal de Milwaukee, ciudad estadounidense que tuvo alcaldes del Partido Socialista durante la mayoría del período entre 1910 y 1960, y que municipalizó muchos servicios otrora privados. Como ha recordado recientemente el sociólogo del trabajo Eric Blanc, aquella experiencia histórica es hoy una lección para construir una alternativa al neoliberalismo demócrata y el autoritarismo trumpista en los Estados Unidos. En este caso, la propuesta de supermercados públicos busca garantizar que todo el mundo tiene acceso a los alimentos que necesita.

Por otro lado, en Francia se debatió el año pasado en la Asamblea nacional otra propuesta con espíritu similar: la creación de una seguridad social de la alimentación. Si la sanidad, la educación y las pensiones son —en Europa— derechos consagrados en la constitución y garantizados mediante provisión pública, ¿por qué no podría serlo también la alimentación? La propuesta no llegó a aprobarse por el boicot de los diputados conservadores, pero consiste en un programa de unos 100-150 euros al mes a toda la población para gastar en establecimientos asociados. En Francia, hay varias decenas de proyectos piloto, siendo el más destacado el de Montpellier. Aunque a primera vista parezca una propuesta asistencialista, el programa va mucho más allá de la necesidad de combatir el hambre entre las familias con menos recursos. En España hace poco tuvo lugar un debate, promovido por la Fundación Carasso, en el que además de debatir la experiencia francesa se presentó una propuesta para España (que ya cuenta con un proyecto piloto en Getafe).

Esta renovada preocupación por el derecho a la alimentación coincide con la resaca del proceso inflacionario desencadenado en 2022 tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia y también con la guerra en Irán iniciada este febrero de 2026. Como se ve en el siguiente gráfico, los precios de los alimentos a nivel mundial se mantuvieron relativamente estables durante la década de los noventa y principios de siglo, pero han mostrado una gran volatilidad y una tendencia alcista desde la crisis de 2007-08. Además, en la mayoría de países los precios de los alimentos han subido mucho más que los salarios, provocando un deterioro preocupante en los presupuestos familiares, especialmente entre las clases trabajadoras (que dedican más recursos a la alimentación).

En el debate público, sin embargo, rara vez se menciona que la inflación alimentaria no es sólo el resultado de episodios coyunturales provocados por guerras, tensiones geopolíticas o especulación financiera. Es también el síntoma de un sistema agroalimentario extremadamente dependiente de combustibles fósiles, cadenas logísticas globales y recursos naturales cada vez más escasos, todo ello en tiempos de nemercantilismo y proteccionismo. En este sentido, a la pregunta de cómo conseguimos abaratar los alimentos debe sumarse la idea de cómo garantizar que puedan seguir produciéndose.

En todo caso, el crecimiento de los precios de los alimentos ha provocado reacciones políticas también en España, donde en el año 2023 el partido Podemos ya propuso la creación de un supermercado público; en febrero de este año 2026, Más Madrid presentó en la Asamblea regional una propuesta para crear una red de supermercados públicos —fue rechazada por la derecha, pero tampoco la apoyó el Partido Socialista—; en junio, a propuesta de Sumar, el Congreso aprobó una proposición no de ley que insta al gobierno a crear “infraestructuras públicas que distribuyan productos saludables, ecológicos y de proximidad”; y hace unas semanas Adelante Andalucía anunció que propondrá la creación de supermercados públicos.

A primera vista, el debate parece reducirse a una elección entre dos instrumentos: crear supermercados públicos o implantar una seguridad social alimentaria. Pero, en realidad, como dice el economista político de la alimentación Raj Patel, ambas son más compatibles que antagónicas, y sólo tienen sentido si se entienden como piezas de una transformación mucho más profunda del sistema agroalimentario, que actualmente afronta límites económicos, ecológicos y geopolíticos cada vez más importantes.

Democratizar el acceso a los alimentos

La primera de las propuestas, la de Mamdani, consiste en crear un supermercado público. Debe recordarse que un supermercado es parte de la infraestructura necesaria para que los alimentos que se producen en el mundo agrario lleguen a los hogares —que se concentran generalmente en las ciudades—. La mayoría de esa infraestructura es hoy de naturaleza privada, por lo que las redes de producción, transporte, distribución y comercialización siguen la lógica de la rentabilidad a través de las señales del mercado. Esto es importante porque bajo el capitalismo los productores no producen alimentos para nutrir a las poblaciones, sino para ganar dinero. Y todos los agentes de la cadena siguen invariablemente esa lógica.

Lo que sucede es que la estructura de esa cadena es muy desigual, y muchísimos productores venden sus productos a un número muy reducido de grandes empresas de distribución y comercialización, que concentran un enorme poder de negociación. Por ejemplo, en España las cinco principales cadenas de distribución reúnen algo más de la mitad del mercado y una sola empresa, Mercadona, concentra en torno al 27 % del gasto en distribución alimentaria. Ese poder se ejerce en toda la cadena: condiciona los precios que reciben agricultores y ganaderos, determina las condiciones de suministro e incluso decide qué productos llegan finalmente a los lineales. Tal estructura atrapa a los productores entre la provisión industrial de inputs (semillas, fertilizantes, pesticidas, gasoil, etc.) y la compra de su producción por parte de grandes cadenas.

Esta estructura ayuda también a entender una parte importante de la inflación alimentaria reciente. Como ha señalado la economista Isabella Weber, cuando se produce un shock de oferta —como ocurrió tras la invasión de Ucrania o ante las tensiones en el estrecho de Ormuz— las empresas con poder de mercado pueden trasladar e incluso ampliar esos incrementos de costes para proteger o aumentar sus márgenes de beneficio. Y estos shocks de oferta están afectando al canal de la alimentación no solo a través de la energía sino también de los fertilizantes. Al final, el resultado son precios más elevados para los consumidores, mientras los salarios no crecen al mismo ritmo.

En este contexto, la propuesta de crear supermercados públicos pretende introducir un contrapeso a ese poder privado. Al no estar sometido a la lógica de maximizar beneficios, un operador público podría trabajar con márgenes menores y contribuir tanto a abaratar la cesta de la compra como a aumentar la competencia en un mercado muy concentrado. Ésa es la principal argumentación económica de la propuesta, que también es aplicable, por ejemplo, al defender una empresa pública de energía.

No obstante, las experiencias pasadas nos recuerdan que el proyecto no es en absoluto sencillo. Hay precedentes de supermercados públicos en lugares donde ya no llega la iniciativa privada —los llamados desiertos alimentarios—, o creados para competir directamente con ella; y muchos han fracasado. Entre los principales problemas está la escala, ya que contar con unos pocos supermercados no es suficiente para servir realmente de contrapeso al poder privado o para negociar precios mayoristas baratos con los productores y distribuidores; pero también está la problemática de la gestión profesionalizada, la financiación, la oferta de productos (los supermercados de Mamdani no ofrecerán carne ni comida caliente), y la viabilidad política a medio y largo plazo, entre otros. La idea es buena y necesaria, pero la mejor forma de conseguir que funcione un supermercado público es integrarlo dentro de un programa más amplio y ambicioso capaz de transformar realmente el sistema alimentario.

Pero antes de entrar en ello, conviene subrayar un elemento ciego en esta propuesta. Un supermercado público nace con un mandato muy claro: vender más barato. Ahora bien, para vender barato hay que comprar barato. ¿Y dónde se compra barato hoy? En la cadena industrial: producción intensiva, insumos importados de países con salarios y recursos baratos, grandes volúmenes y operaciones a escala, contratos con centrales de compra. Es decir, exactamente en el modelo agroalimentario convencional. En ese sentido, el supermercado público es una buena política de coste de la vida, si bien bajo el ropaje de política alimentaria, pero el objetivo debería ser más audaz.

La razón es que vivimos en el contexto de una crisis ecosocial. Usar este concepto significa aceptar que la degradación ecológica y el deterioro de las condiciones de vida de la mayoría no son dos crisis distintas que coinciden por casualidad en el tiempo, sino dos manifestaciones del mismo proceso de acumulación. Y, sobre todo, que no se pueden jerarquizar. La formulación habitual de la izquierda es “primero garanticemos que la gente coma, y ya después nos ocuparemos de la sostenibilidad”. Pero la realidad es que los dos plazos han acabado coincidiendo, como demuestran los episodios de Ucrania u Ormuz: la inflación que hoy erosiona el presupuesto de un hogar trabajador tiene entre sus causas el encarecimiento de la energía y los recursos naturales, y ese encarecimiento anticipa la restricción biofísica de mañana. No son dos problemas sino uno. De modo que la pregunta no puede ser sólo cómo facilitamos a la clase trabajadora el acceso a los alimentos, sino también a qué alimentos y cómo se producen.

Estamos comiendo petróleo

Cada vez que llenamos el carro de la compra creemos estar comprando alimentos, pero también estamos comprando petróleo, gas natural y una enorme cantidad de energía fósil incorporada en fertilizantes, pesticidas, transporte, refrigeración y envases. Decía con razón el ecólogo Howard Odum que una de las características centrales de las sociedades industriales era que habíamos aprendido a comer patatas hechas en parte de petróleo. El punto crítico es que, si consideramos toda la energía que gastamos para producir, distribuir y consumir alimentos, teniendo presente toda la cadena, resulta que es muy superior a la energía que obtenemos de esos mismos alimentos: un sistema completamente insostenible porque depende de lo que Joan Martínez Alier y Vaclav Smil llaman subsidio o dopaje fósil. Esto es parte de la anomalía de la era de los combustibles fósiles, ya que ninguna sociedad humana anterior pudo mantener durante mucho tiempo (antes de colapsar) rendimientos netos negativos de la energía.

Ese subsidio fósil sirve, sobre todo, para remendar una fractura. Marx, leyendo la química agrícola de su tiempo, describió una ruptura en el intercambio de materia entre el ser humano y la tierra: la ciudad consume los nutrientes que el campo produce y no los devuelve, de modo que el ciclo se rompe y hay que reponerlo desde fuera. John Bellamy Foster convirtió aquella intuición en concepto —la ruptura metabólica— y Kohei Saito la ha situado en el centro de la lectura ecológica del último Marx. Siglo y medio después la descripción sigue sirviendo, sólo que la fractura ha ido creciendo de escala: primero fue entre la ciudad y su campo, después entre unas comarcas y otras, y hoy es entre países enteros. En España se ve con toda claridad en la ganadería. Casi una cuarta parte de la biomasa que come nuestra cabaña se produce fuera, y con ese pienso entra también el nitrógeno que después se queda aquí. Como el animal está donde no está el cultivo, los nutrientes hacen un viaje de ida sin vuelta: allí donde se produce el pienso el suelo se empobrece, y donde se concentra el ganado el nitrógeno sobra hasta acabar en los acuíferos, contaminando ríos y suelos.

Todo esto tiene enormes implicaciones porque está afectado no sólo el consumo de una energía no renovable sino también porque se sostiene sobre relaciones ecológicas desiguales: por ejemplo, el nivel de consumo alimentario de los países del Norte global sería imposible si no fuera por la cantidad de alimentos importados en los países del Sur Global y que consumen allí los recursos naturales, destacadamente la tierra y el agua. Por ejemplo, la Unión Europea consume una superficie del tamaño de España en tierras agrícolas en otras partes del mundo. Como es evidente, dado que la disponibilidad de tierra en el planeta es finita, no es posible generalizar a todos los países este tipo de modelo de abastecimiento alimentario.

Por estas razones, en un mundo que aspira a vivir sin combustibles fósiles la producción alimentaria tiene que cambiar radicalmente. Por eso mismo, garantizar el acceso universal a los alimentos dentro de un sistema metabólicamente insostenible es garantizar el acceso a algo que va a dejar de existir en la forma en que hoy existe. En consecuencia, el objetivo debe ser transformar el modelo productivo agroalimentario y, como inmediatamente se verá, los patrones de consumo.

Transformar la demanda a través de la Seguridad Social Alimentaria

La segunda propuesta, la de Seguridad Social Alimentaria, es un instrumento de política pública que trata de modificar la demanda de alimentos a través de incentivos. El programa concede a cada ciudadano una cantidad determinada de dinero para que se gaste en establecimientos acreditados, lo que permite condicionar a qué tipo de gasto se destina. Por esa razón las diferentes formulaciones del programa postulan que el objetivo no es sólo inyectar recursos económicos para compra de alimentos, sino también estimular la compra de alimentos con características tales como su sostenibilidad ecológica y su impacto positivo en la salud de los consumidores.

El programa de la seguridad social alimentaria no obliga a los ciudadanos a consumir ciertos tipos de alimentos, sino que establece incentivos para que los patrones de consumo cambien progresivamente. Por un lado, porque el programa solo funciona para ciertos productos que han sido declarados previamente. Por otro lado, porque el productor encuentra una demanda estable que le da garantías para convertir su producción en agroecológica. Es una forma menos invasiva de orientar el sistema alimentario hacia un nivel sostenible y saludable, lo que quiere decir que es también una herramienta de transición ecológica. El reciente estudio de la cooperativa El Pa Sencer, por ejemplo, calcula que la propuesta costaría 76.800 millones de euros (un 5,7% del PIB español), pero asegura que los costes sanitarios ocultos con el patrón de consumo actual son de hasta 23.379 millones de euros anuales debido a las enfermedades asociadas.

La lógica de la propuesta es parecida a la que se usa actualmente con la compra pública alimentaria, que afecta a comedores escolares, hospitales, residencias, centros de día, cocinas centrales, etc. Cuando fui ministro de Consumo pusimos en marcha la redacción de nuevos criterios para esas compras, siguiendo guías científicas, y el ministerio actual, con Pablo Bustinduy al frente, ha continuado y culminado con éxito varios momentos críticos de esa hoja de ruta. Se trata de mover un volumen de demanda grande y planificable a varios años, que es justamente la señal que un agricultor necesita.

Sin embargo, la propuesta de seguridad social alimentaria no está exenta de dificultades. Desde la definición exacta de “producto agroecológico” hasta el diseño de sus instituciones de gobierno, que pretenden acercarse a una democracia participativa donde decide la comunidad implicada más que el Estado. Pero también ocurre que para que una propuesta como esta sea exitosa y vaya más allá de los canales cortos (donde el productor vende casi de forma directa) necesitará del apoyo de la infraestructura. Un agricultor puede producir estupendamente y no tener dónde almacenar, cómo enfriar, dónde transformar ni cómo llegar a un comprador grande. Es un problema de logística. Como en el caso de los supermercados públicos, en España podría utilizarse una infraestructura pública ya existente: la red de Mercas —los mercados mayoristas de titularidad mixta, estatal y municipal—, que junto con los mercados municipales de abastos constituyen un sistema de acopio, frío y distribución mayorista que ya está construido, ya está amortizado y ya está ubicado exactamente donde tiene que estar.

En resumen, si los supermercados públicos actúan sobre la distribución y la seguridad social alimentaria sobre la demanda, entonces falta necesariamente un tercer elemento: intervenir sobre la propia capacidad de producir alimentos.

Política Industrial para el sector primario

Ya he mencionado que el sistema alimentario actual es ecológicamente insostenible, así como internacionalmente desigual e injusto. Ello también implica que es vulnerable a los shocks geopolíticos o climáticos, en tanto puede quedar comprometida la capacidad de abastecimiento. Transformar este sistema en uno que proporcione alimento suficiente al tiempo que se reducen sus impactos ecológicos debe ser el objetivo principal.

El problema es que los combustibles fósiles son precisamente la varita mágica principal que ha permitido la multiplicación de los rendimientos de las explotaciones agrarias, produciendo muchos más alimentos por superficie. Sin ellos, la capacidad de producción queda comprometida. No obstante, hay un debate muy importante abierto al respecto, ya que hay formas de producción agroecológica que ofrecen rendimientos iguales o más elevados para ciertos productos. Sin embargo, hay otro tipo de productos alimentarios cuya producción no puede de ningún modo generalizarse, como es el caso de la carne procedente de grandes explotaciones industriales y altamente dependiente de inputs importados (conocidas como macrogranjas).

Por esta razón, no se trata tampoco sólo de transformar un sistema agroalimentario basado en combustibles fósiles en otro basado en prácticas agroecológicas. Para cumplir con los objetivos de sostenibilidad ese desplazamiento exige, además, un cambio en las dietas o patrones de consumo. Sé que aquí entramos en terreno minado, porque es el de la famosa polémica sobre el consumo de carne que tanto me persiguió —o que tanto perseguí, según se mire— durante mi etapa política. Pero conviene plantearlo bien, porque casi siempre se plantea mal.

Los costes de la dieta actual no se reparten al azar. Las enfermedades asociadas a malos hábitos alimentarios, como el alto consumo de ultraprocesados, presentan un gradiente social inverso a la renta: cuanto menos dinero tienes, más las sufres. Quien peor lo pasa con el patrón alimentario dominante es la clase trabajadora. De manera que la transición dietética consiste precisamente en la retirada de una carga que las familias más pobres vienen soportando de forma desproporcionada. Y debemos deshacer un malentendido sobre qué dieta estamos hablando. La que prescriben los sanitarios y dibujan los modelos biofísicos —con más peso de la legumbre, cereal, aceite de oliva, hortaliza de temporada y proteína animal ocasional y de calidad— no es un invento de nutricionistas urbanos. Es, básicamente, lo que llamamos dieta mediterránea, y que exportamos como marca país y celebramos como patrimonio de la humanidad, a pesar de que está en franco retroceso.

El problema es que el sistema alimentario actual está profundamente distorsionado, y transformarlo no es sencillo. Por ejemplo, como se ve en el siguiente gráfico, en España se importa una gran cantidad de grano para pienso, con el que se alimentan animales cuya carne se exportará luego: es el modelo típico de la ganadería intensiva, sostenida sobre desequilibrios ecológicos muy serios. Es una dinámica muy arraigada y de la que viven muchos actores económicos, lo que dificulta la transformación.

Sin embargo, el informe del think tank Alimentta, publicado a instancias de Greenpeace, sostiene que tal transformación es perfectamente viable para España. Según su modelización, España puede llegar a tener un modelo agroalimentario perfectamente sostenible para 2050. En la actualidad, el sistema español emite 107 megatoneladas de dióxido de carbono, contribuyendo a un cambio climático que, como recuerda el propio informe, «producirá una reducción mayor de la producción nacional» en el futuro. Esto no es en absoluto desconocido para el sector: hace unos años COAG presentó su informe “Empieza la cuenta atrás” en el que valoraba el impacto del cambio climático en la agricultura española. Según Alimentta, la modelización ecológica permite imaginar que en 2050 el sistema alimentario español podría convertirse en sumidero neto, es decir, no emitir dióxido de carbono, sino absorber 17 megatoneladas anuales. Las condiciones para lograrlo son una enorme transformación en el tipo de producción y consumo alimentario, acabando con modelos como la ganadería intensiva y promoviendo la producción de alimentos típicos de la dieta mediterránea.

Como se puede ver, todos estos elementos —supermercado público, seguridad social alimentaria, cambio del modelo— están profundamente interrelacionados. Piénsese en que pasaría si, siguiendo la política de reorientación de la demanda inducida por la seguridad social alimentaria, de repente entraran miles de millones de euros de nueva demanda de productos ecológicos. En España, actualmente sólo el 12% de la superficie cultivada se corresponde con estas características, un porcentaje del todo insuficiente para abastecer a la población. La consecuencia sería un proceso inflacionario tremendo en ese nicho de mercado, razón por la cual los programas de seguridad social alimentaria aconsejan el gradualismo a la hora de implantarse.

Sin embargo, hay otra opción: política industrial. En la medida en que el sector primario se está convirtiendo, cada vez más rápido, en un sector crítico y vulnerable, queda justificada la intervención directa por parte del Estado para planificar su reorientación. Algo similar a lo que está sucediendo en el sector industrial en los nuevos tiempos neomercantilistas, y particularmente en la transición energética, pero aplicado al sistema que nos da de comer. Esto conllevaría la necesidad de programas específicos que pueden incorporar la compra de tierras, ayudas y subsidios suficientes a la producción agroecológica, creación y reforzamiento de nuevas infraestructuras públicas (entre ellas, los supermercados), etc. Todo ello destinado a que más temprano que tarde cualquier país, por ejemplo, España, disponga de un sistema agroalimentario ecológico con el que producir alimentos saludables.

Conclusiones

Volvamos entonces a la pregunta del principio: ¿supermercados públicos o seguridad social alimentaria? La respuesta es que la pregunta está mal formulada. No porque ambas propuestas sean equivocadas, sino porque las dos son necesarias y, al mismo tiempo, insuficientes. Una actúa sobre la distribución; la otra, sobre la demanda, pero ninguna puede transformar por sí sola la forma en que producimos los alimentos. Y ese es uno de los elementos críticos del siglo XXI.

Así que, si de verdad queremos garantizar el derecho a la alimentación durante las próximas décadas, necesitamos una política industrial capaz de transformar la producción agraria, una infraestructura pública que permita distribuir esa nueva producción, mecanismos que orienten la demanda hacia alimentos saludables y sostenibles y, finalmente, instrumentos que aseguren que todas las familias puedan acceder a ellos. Pensar cualquiera de estas piezas de forma aislada conduce inevitablemente a frustraciones.

La cuestión central de todo este análisis es cómo construir un sistema alimentario capaz de alimentar a toda la población dentro de los límites ecológicos del planeta. Por eso digo que no basta con abaratar la comida. De manera bastante más compleja, se trata de garantizar que siga existiendo, que pueda producirse de forma sostenible y que nadie quede excluido de ella. Sólo entonces podremos hablar, con propiedad, de un auténtico derecho a la alimentación.

Otro año más, España se quema en verano. Esta vez con especial gravedad: la superficie quemada multiplica por seis la registrada por estas fechas el año pasado y, en el conjunto de la Unión Europea, el número de incendios duplica ampliamente la media de años anteriores. Por si fuera poco, el consenso científico subraya que nos dirigimos hacia un escenario mucho peor para el futuro. Todo esto justificaría un pacto de Estado en el que participen todos los partidos, pero es precisamente ante esa posibilidad que ha elevado su voz Díaz Ayuso, al descalificar el marco completo asegurando que señalar la emergencia climática como causa de los incendios es una solución de “brocha gorda”.

Esta posición de Ayuso, que ha sido reproducida posteriormente por el resto del PP, ha recibido una contundente respuesta por parte de la izquierda. El mensaje general ha sido el de acusarla de cómplice del negacionismo climático y de difusora de bulos, ya que también sugirió que uno de los problemas era una inexistente dificultad legal para limpiar los montes. Sin embargo, cuando examinamos con más detalle el discurso de Díaz Ayuso y de otros dirigentes del PP no encontramos un negacionismo climático descarnado, sino algo mucho más sutil y efectivo. En este sentido, hay que comenzar aceptando que ella tiene razón al señalar que las causas de estos incendios van más allá del cambio climático. De hecho, la cuestión política decisiva es cómo se ordenan las diferentes causas que conviven a la vez, es decir, qué factor se presenta como principal y cuáles quedan relegados a un papel secundario. En política rara vez se discute únicamente sobre los hechos; también se discute sobre cuáles de esos hechos deben considerarse decisivos. Es en esa jerarquización donde están las verdaderas diferencias entre el discurso de las derechas y de las izquierdas respecto a los incendios.

En realidad, hoy existe un consenso científico muy sólido sobre la influencia del cambio climático en los grandes incendios forestales. El calentamiento no es el actor que enciende la cerilla, pero sí el que decide cómo se comporta el fuego una vez prendido: un aire más cálido extrae más humedad del suelo y de la vegetación, de modo que el combustible forestal llega al verano más seco y lo está durante más semanas al año. De ahí que los grandes incendios recientes se comporten de un modo distinto y mucho más destructivo que los tradicionales: liberan tanta energía que desbordan cualquier capacidad de extinción. Esa es la frase tan impresionante que hemos escuchado a los bomberos estos días: «fuera de capacidad de extinción».

En septiembre de 2025, la organización World Weather Attribution estimó que las condiciones de calor, sequedad y viento que propagaron los incendios de aquel verano en la península ibérica son hoy unas cuarenta veces más frecuentes y un 30 % más intensas que en un clima sin calentamiento. La literatura científica apunta de manera recurrente en la misma dirección. Ahora bien, ese clima actúa sobre un territorio concreto y hay otras razones que contribuyen a los incendios modernos. Los propios autores de este estudio subrayan que el abandono rural de las últimas décadas ha provocado la acumulación de combustible fino hasta niveles peligrosos, sin las discontinuidades que antes generaban el pastoreo y el mosaico agrario (que operaban como cortafuegos). Ese doble origen de los megaincendios —el cambio climático y la transformación del mundo rural— explica la estrategia política que está desplegando la derecha española, basada no tanto en negar los hechos (el cambio climático, por ejemplo) como en disputar cuál de esas causas debe considerarse determinante.

Esta estrategia de la derecha española es clara, aunque se mueve en el alambre. Para empezar, la relación de la derecha sociológica con el cambio climático hace de este un tema muy incómodo para sus líderes políticos. Por un lado, son conscientes de que la mayoría de los españoles piensa que el cambio climático es un fenómeno causado por la actividad económica del ser humano. Según los datos del CIS, poco más del 10% de la población española considera que el cambio climático actual es un fenómeno natural o que directamente no existe. Pero, por otro lado, los ciudadanos más negacionistas se encuentran precisamente entre sus votantes: la cifra asciende hasta el 18,6% y el 27,4% de los votantes del PP y Vox respectivamente. Gestionar un electorado dividido obliga a caminar por una línea muy estrecha: negar frontalmente el cambio climático supondría alejarse de la opinión mayoritaria, pero asumir plenamente sus implicaciones podría provocar tensiones con una parte relevante de sus propias bases. La ambigüedad y la incoherencia de los discursos del PP sobre este punto expresan precisamente esa dificultad para jerarquizar las causas de un modo que resulte aceptable para todos los sectores de su espacio político.

Este mecanismo se ve con claridad en sus medios afines. Antonio Naranjo, presentador de Telemadrid y columnista en El Debate, lleva días sosteniendo que la “emergencia climática” es una excusa. Su tesis consiste en desplazar el foco desde el cambio climático hacia la política forestal, el abandono del mundo rural, el conservacionismo o determinadas políticas ambientales. Algunos de esos factores son reales y relevantes, pero aparecen presentados como explicación suficiente del problema, relegando el papel determinante que la evidencia científica atribuye al calentamiento global. El esquema recuerda al utilizado por el trumpismo, ya que no niega necesariamente los hechos (Naranjo afirma explícitamente que el cambio climático es real), sino que reorganiza su importancia para acomodarlos a un determinado proyecto político.

De nuevo, es importante insistir en que las derechas generalmente no niegan el cambio climático, sino que construyen una narrativa donde este fenómeno es de menor importancia. Por supuesto minimizan sus efectos, pero no llegan tan lejos como para negar que las temperaturas medias estén subiendo. Así, a la derecha le basta con presentar al cambio climático como un factor secundario frente al abandono rural, la política forestal o el ecologismo. De ese modo puede construir un relato que interpela a sectores sociales próximos a su electorado mientras desplaza la responsabilidad hacia los actores que identifica con la izquierda, resumidos bajo la etiqueta de lo «woke». Si lo analizamos con atención nos daremos cuenta de que el objetivo de la derecha no es refutar el consenso científico, sino más bien en desplazar el centro de gravedad de la explicación hacia causas que resultan mucho más compatibles con el imaginario político conservador.

Obsérvese que, en las últimas elecciones de Castilla y León, el PP ganó en 16 de los 23 municipios en los que se originaron los graves incendios de verano de 2025. No sería correcto concluir que todos esos votantes simplemente rechazan la ciencia. Es mucho más sencillo, y mucho más probable, concluir que, para una gran parte de la población, los incendios y el cambio climático son sencillamente conceptos independientes. El discurso dominante allí es que el mundo urbano, y en particular la izquierda y los ecologistas, al que se percibe como muy influyente en las decisiones que afectan al campo, ha despreciado al mundo rural y a su forma de vivir; y que los incendios son otro agravio más, producto de los errores de las políticas aplicadas contra el mundo rural.

Se trata de una batalla política no contra el negacionismo climático per se sino contra una cosmovisión que es falsa. La transformación del mundo rural no ha sido producto de las mentes de los ecologistas, sino de un sistema económico impulsado por la lógica de la rentabilidad. Allí donde había ganadería extensiva dirigida por familias, ahora hay macrogranjas propiedad de fondos de inversión y que contaminan los suelos, el agua, la atmósfera y además no prestan los servicios ecosistémicos que antes realizaba el ganado libre. Allí donde existía un modelo en el que la producción y el consumo eran de cercanía, ahora la globalización y los tratados de libre comercio impulsados por los combustibles fósiles han conducido a la multiplicación del consumo de productos procedentes de sitios a miles de kilómetros de distancia y que distorsionan radicalmente el mundo rural y sus lazos comunitarios. Y es, paradójicamente, una de las expresiones biofísicas de ese sistema, la emisión de gases de efecto invernadero, la que crea las condiciones para los megaincendios que ahora arrasan nuestros bosques.

En mi opinión, esta disputa es central y requiere que la izquierda se tome mucho más en serio su presencia en el mundo rural. Eso exige no caricaturizar todos los discursos de la derecha como “anticientíficos”, sino comprender por qué esos resultan persuasivos para una parte del mundo rural, identificar qué problemas reales consiguen canalizar y ofrecer respuestas más convincentes que las de la derecha. Debemos articular una propuesta que, a nivel de discurso, haga imposible que la derecha pueda esquivar la responsabilidad del cambio climático en todo lo que está sucediendo. Por supuesto, este es un asunto que va mucho más allá del fenómeno de los incendios, y que atraviesa todas las dimensiones sociales y económicas: despoblación, turistificación, modelos de desarrollo, desigualdad económica, concentración empresarial, desempleo, etc.

Sabemos que los incendios del futuro dependerán cada vez más de la física del clima, pero, también, que la respuesta colectiva seguirá dependiendo de la política. La batalla decisiva consistirá en decidir por qué arde el territorio, y quien consiga imponer esa explicación también condicionará las soluciones que la sociedad considere legítimas en el presente y en el futuro. Por eso la izquierda no puede limitarse a denunciar el negacionismo, como si bastara con señalar la supuesta ignorancia de sus adversarios. De manera más ambiciosa, necesita construir un proyecto para el mundo rural capaz de integrar la gestión del territorio, la revitalización económica y la lucha contra el cambio climático. Si no consigue disputar ese marco interpretativo, también dejará en manos de la derecha la definición de las soluciones que la sociedad considere posibles frente a los incendios del siglo XXI.

Una queja recurrente es que el precio de la vida se ha encarecido en el tiempo, es decir, que con nuestro salario no podemos comprar las mismas cosas que antes. Si nuestra percepción es correcta, el salario real —que mide ese poder de compra— debería haber caído. Sin embargo, los datos oficiales señalan que el salario real está prácticamente estancado desde hace dos décadas y que incluso ha subido en los últimos años. En este análisis, vamos a explicar esta paradoja, y lo haremos profundizando en los componentes del gasto: veremos cómo todo depende de nuestra cesta de consumo y que, efectivamente, para una gran parte de la población la capacidad de compra se ha visto seriamente mermada. No es que los datos oficiales estén equivocados, sino que describen a un hogar promedio que se parece poco a muchos hogares reales.

Lo primero que tenemos que señalar es que es muy difícil, si no imposible, medir con precisión tal cosa como “el precio de la vida”. Lo que hacen las oficinas de estadística es calcular cómo evoluciona el precio de una cesta de consumo promedio, es decir, del conjunto de productos y servicios que los ciudadanos de un país consumen en un cierto período de tiempo. Pero aquí tenemos el primer gran escollo, un habitual de nuestros análisis: la media es un artefacto estadístico útil que, sin embargo, esconde las desigualdades dentro del grupo. Por ejemplo, no todos los precios de los productos y servicios evolucionan igual en el tiempo ni tampoco todas las familias compran las mismas cosas.

Usando datos de referencia en 2008, año en que comenzó la crisis económica, podemos ver en el siguiente gráfico cómo han variado desde entonces y hasta 2024 los precios de diferentes productos y servicios, así como del salario nominal medio. Como sabemos que el IPC general ha subido un 33,5% en todo el período, y que la remuneración por asalariado ha crecido un 37,5%, podemos concluir que el salario real se ha elevado durante ese periodo. De nuevo, se trata de un promedio para asalariados, y la cosa es distinta para beneficiarios del SMI (sobre todo a partir de 2018) y para perceptores de otras rentas no salariales. Pero eso no afectará la idea general que trabajamos aquí.

En el gráfico comprobamos que hay productos cuyos precios han subido mucho más que el IPC general, como el alcohol y el tabaco (88,8%), el alquiler (54%), los alimentos (50,7%) o la energía (41,4%)—, otros que han subido menos —como la sanidad (16,2%) o el vestido (10,1%)— y otros cuyos precios incluso se han reducido —como el de productos electrónicos (-26%)—.

Estos datos señalan que, si nuestra cesta de consumo estuviera formada únicamente por alimentos y el pago del alquiler, nuestra pérdida de poder adquisitivo desde 2008 sería notable. Si, por el contrario, nuestra cesta de consumo estuviera formada exclusivamente por vestidos y productos electrónicos, entonces nuestro salario real habría subido desde 2008. Lo importante es señalar que los precios de los diferentes productos y bienes evolucionan de manera distinta porque su producción y comercialización sigue pautas muy distintas.

Por ejemplo, los productos textiles y electrónicos son casi todos importados y se producen en países con salarios bajos y aprovechando economías de escala que favorecen que el precio de la unidad final sea muy bajo. En el caso de la electrónica ocurre además un fenómeno peculiar, ya que los institutos estadísticos ajustan la mejora de calidad de los productos mediante los llamados precios hedónicos: un ordenador actual cuesta parecido al de hace veinte años, pero ofrece prestaciones enormemente superiores, por lo que estadísticamente su precio efectivo se considera menor. Si solo tuviéramos presente el precio de estos productos, sería evidente que nos habríamos enriquecido mucho desde 2008 (aunque hay que recordar que su producción depende de minerales críticos y recursos naturales que son objeto de crecientes disputas geopolíticas).

La clave es entender que no existe una única lógica detrás de la inflación. Cada mercado responde a mecanismos distintos: la globalización abarata la electrónica, los impuestos encarecen el tabaco, la regulación contiene parcialmente servicios públicos como la educación o la sanidad y mercados como la vivienda o la energía responden además a fuertes tensiones de oferta y demanda. La capacidad del gobierno para intervenir en los precios de esos productos es muy limitada y desigual.

Una vez que sabemos que no todos los precios evolucionan igual, el segundo problema que debemos abordar es que no todos los hogares consumen el mismo tipo de productos. Aunque los precios son iguales para todos los hogares, éstos no tienen los mismos presupuestos: para muchos hogares una vez pagas alimentos, vivienda y energía tampoco queda mucho margen para consumir algo más. Como se ve el siguiente gráfico, los hogares más pobres tienden a dedicar mayor parte de su renta al consumo de bienes básicos tales como alimentos o energía, pero también al alquiler de la vivienda porque los hogares más pobres son los que menos vivienda en propiedad tienen. Por ejemplo, los hogares más pobres dedican más del 60% de su renta a esos tres conceptos, con una diferencia de hasta 16 puntos respecto a los hogares más ricos.

Por el contrario, los hogares más ricos dedican mayor proporción de su renta a gastos como transporte o restaurante y hoteles. Aquí las diferencias se invierten su dirección, pero son también muy elevadas: hasta 10 puntos en transporte y 7 puntos en restaurantes y hoteles. En otras categorías como sanidad, enseñanza o vestido las proporciones son similares.

Hay que señalar que además existen otros problemas metodológicos que distorsionan la imagen que obtenemos a partir de datos oficiales. Por ejemplo, el IPC general incluye la evolución del precio de la vivienda de alquiler, pero debido a las diferentes formas en que se recogen los datos ese indicador es muy distinto del que vemos en otras series que monitorizan el precio en el mercado abierto. Según el INE, el precio de las viviendas en alquiler ha crecido un 18,7% desde 2008 hasta 2025, pero según el portal idealista los precios de alquiler han crecido un 70% en ese mismo periodo. Es una diferencia muy grande que supone que, en los datos del INE, se minimice el problema de la vivienda. Un problema que, además, es aún mayor en determinadas zonas geográficas y que la media estadística no recoge.

Conociendo el peso de cada componente de gasto según grupo de hogar, podemos deducir cuál es el impacto de la subida de los precios de ciertos productos sobre el poder de compra de los hogares. Por ejemplo, la subida del precio de alquiler, alimentos y energía provoca que los hogares más pobres tengan que destinar más recursos a estas categorías. Esas subidas son iguales para los hogares más ricos, pero éstos tienen más margen para absorberlas. Por eso decimos que la inflación no es simétrica, sino que implica impactos muy desiguales según hogares.

Aunque las diferencias puedan parecer pequeñas, de forma acumulada suponen trayectorias del poder de compra muy diferentes. Además, los hogares más pobres adaptan mucho más sus patrones de consumo para evitar que el poder de compra se deteriore demasiado, lo que se consigue recurriendo a productos más baratos que, por lo general, también son de menor calidad. Es decir, los hogares más pobres tienden no sólo a perder más poder de compra, sino también a perder calidad en su consumo.

Como dijimos al principio, este análisis muestra que los datos oficiales no están equivocados. Lo que ocurre es que describen una economía promedio que cada vez se parece menos a la experiencia cotidiana de millones de personas, algo acentuado por el aumento de la desigualdad. Cuando las familias destinan una parte creciente de su presupuesto precisamente a los bienes que más se encarecen —la vivienda, la alimentación y la energía—, el salario real medio deja de ser una buena medida de su bienestar. Lo que revelan estos datos es que la desigualdad también determina cómo vivimos la inflación y cómo evoluciona realmente nuestro nivel de vida.

Ignoro si José Luis Rodríguez Zapatero acabará siendo condenado por los delitos que se le atribuyen, entre ellos el de organización criminal, tráfico de influencias y blanqueo de capitales. Pero, a medida que avanza la investigación y algunos de sus antiguos socios buscan aliviar su propia situación procesal, emulando la estrategia de Aldama, resulta cada vez más difícil sostener que todo se reduce a una campaña de difamación.

Sea como sea, los indicios han permitido que Zapatero aparezca ante el imaginario público al mismo nivel que Ábalos o Santos Cerdán. Es decir, un ex secretario general del PSOE y antiguo presidente del gobierno se encuentra en el mismo tenebroso lugar que dos de los últimos secretarios de organización del PSOE, estos últimos acusados —y condenados parcialmente— de una riada de delitos. Habrá quien argumente que el modus operandi de los acusados, así como las prácticas juzgadas en ambos casos, son técnica y legalmente muy diferentes. Sin embargo, si la gente las mete todas en el mismo saco es porque comparten algún rasgo elemental. Para entenderlo bien no podemos olvidar que la corrupción es también un fenómeno cultural, una determinada manera de relacionarse con el poder y con lo común; y que esa es una esfera diferente de la meramente legal.

La idea de la corrupción como forma cultural aparece formulada con especial claridad en Metamorfosis, el magnífico último libro de Yayo Herrero, donde la autora nos recuerda que la palabra corrupción proviene del latín clásico de donde nacen dos sentidos —la degradación de algo y la compra deshonesta de voluntades— que le permiten concluir que hoy «estamos ante la alteración y degradación y tergiversación del mundo que conocíamos y ante nuestros ojos se produce un proceso de seducción y compra de voluntades global que desemboca en una impotencia e indiferencia ante el mal». Ella tiene el foco puesto en algo mucho más amplio, ya que nos habla de la corrupción de la consistencia humana estimulada por un sistema económico que no atiende a cosa distinta que no sea la maximización de la ganancia privada, pero esa imagen también está constituida por una multitud de pequeños casos locales e, incluso, mundanos.

Sin duda vivimos tiempos de corrupción. Donald Trump representa hoy la materialización de muchos de los temores de Thomas Jefferson. El redactor de la Declaración de Independencia advirtió en más de una ocasión durante el siglo XVIII que el sistema político estadounidense podía degenerar en una oligarquía donde los intereses privados terminaran imponiéndose sobre el bien común. Trump ha llevado esa confusión entre intereses públicos e intereses privados hasta un extremo difícil de imaginar hace apenas unas décadas. No es simplemente un empresario gobernando con mentalidad empresarial sino una persona que entiende el ejercicio del poder como una prolongación natural de sus negocios. Quienes lo rodean han aprendido rápidamente la lección. Y por eso se multiplican los casos de enriquecimiento debidos a información privilegiada, como ocurrió durante las primeras semanas de la guerra contra Irán o como acaba de conocerse tras descubrirse que uno de los redactores de sus discursos se embolsó 100.000 dólares apostando sobre las palabras que el presidente iba a pronunciar; y que él conocía mejor que nadie. Por no hablar de proyectos político-empresariales como el Gaza Resort, que condensa todo lo que está mal en esta forma de ver las cosas.

No obstante, Trump no está solo. Javier Milei, en Argentina, también ha convertido en discurso público lo que antes era una caricatura en los círculos de filosofía política y teoría económica; su insistencia dogmática en las interpretaciones extremas del liberalismo lo lleva a sostener que la defensa del interés privado basta, por sí sola, para producir el mayor bienestar general. En ese camino desaparecen todos los matices presentes en Adam Smith, quien popularizó la metáfora de la mano invisible, pero nunca dejó de reconocer numerosas situaciones en las que el mercado necesitaba límites, regulación o intervención pública. Normalizada esta interpretación, ya pocos se preguntan por las formas en las que los millonarios amasaron sus fortunas; al contrario, estos se han convertido en los nuevos semi-dioses que todo el mundo desea imitar. La frontera entre lo privado y lo público se ha difuminado, quedando sólo una despiadada legitimación de la invasión de lo público a manos del poder privado, esto es, de la corrupción.

En esto no está claro si fue antes el huevo o la gallina, pero que las democracias estén languideciendo en todas partes está sucediendo al mismo tiempo que la legitimación de estos discursos. El éxito cultural del fenómeno “crypto-bro” revela hasta qué punto la especulación ha sustituido al trabajo como ideal de ascenso social para una parte de la juventud. Lo mismo ocurre con quienes conciben la vivienda o las finanzas exclusivamente como instrumentos para enriquecerse a costa del esfuerzo ajeno. La lógica dominante es la del “sálvese quien pueda”: acumular hoy todos los recursos posibles porque nadie confía ya en que exista un futuro compartido. Y lo que rige entre individuos rige también entre Estados: la misma lógica de acaparamiento explica la carrera de las grandes potencias por asegurarse la energía, los minerales y las cadenas de suministro que garanticen su supervivencia.

Lo verdaderamente grave, sin embargo, no es que Trump o Milei se comporten del modo arriba descrito. Al fin y al cabo, de ellos ya no se espera otra cosa. Lo realmente grave para nosotros es que esa misma lógica haya terminado contaminando a quienes debían ser su antítesis. Porque es en ese contexto de auge reaccionario y de trumpismo internacional en el que el número dos del PSOE decidió organizar una trama de corrupción aprovechando su privilegiada posición en el partido y en el ministerio. No le importó que fuera durante la pandemia y desde dentro del primer gobierno de coalición desde la recuperación de la democracia; ni que millones de personas hubieran depositado sus esperanzas en este proyecto. La investigación describe una trama de mordidas, contratación irregular, favores personales, prostitución, gastos sufragados con dinero ajeno y un entramado de beneficios privados incompatible con el ejercicio de responsabilidades públicas. ¿Qué queremos que piense la clase trabajadora si, en un mundo donde ya casi nadie cree en la política, quienes orquestan estas tramas son líderes que se dicen de izquierdas?

Poco importa que, desde el punto de vista jurídico, las causas de Ábalos y Cerdán no sean equiparables a la de Zapatero. El daño político pertenece a otro plano. Cualitativamente, todas estas causas son primas hermanas, porque transmiten la misma idea: que el acceso al poder puede convertirse en una vía de enriquecimiento personal a costa de lo que es de todos. Y así es como es visto por la inmensa mayoría de los españoles, quienes han sufrido un enorme mazazo con estos casos. Para el votante conservador, esta es la demostración de que “todos son iguales” (de corruptos, de ser gente que aprovecha la mínima oportunidad para llevarse al bolsillo propio lo que es de todos); para el votante progresista, esta es la claudicación moral ante la ofensiva reaccionaria: ¿qué sostendrá de ahora en adelante la confianza en nuestros líderes, aquellos votados para preservar y ampliar las conquistas sociales?

Se puede objetar que buena parte de lo que hacen Trump o Milei es perfectamente legal, mientras que a Ábalos, a Cerdán y a Zapatero se les acusa de delitos. Pero la corrupción, entendida como forma cultural, no se mide solo por la frontera de la ley. Lo que comparten todos estos casos es una misma operación: tratar el poder público como una extensión del interés privado. Milei y Trump lo hacen reescribiendo las reglas para que la apropiación resulte legal; Ábalos y Cerdán, pero también parece que Zapatero, saltándoselas. Sin embargo, la lógica es idéntica, y es esa lógica —no su encaje penal— la que corroe la idea de lo común.

Quizá por eso la corrupción resulta hoy especialmente grave. No solo consiste en desviar dinero público o infringir la ley; expresa una transformación mucho más profunda, a saber, la desaparición de la frontera entre lo que pertenece a todos y lo que puede ponerse al servicio del interés particular. Al desvanecerse tal distinción, la corrupción pasa a convertirse en una forma de entender la política. Trump y Milei representan esa transformación cultural, y ellos no reivindican abiertamente la corrupción, pero sí una concepción del poder en la que el interés privado deja de encontrar límites. La izquierda, por el contrario, solo puede defender lo público si preserva una autoridad moral coherente con ese objetivo. Cuando algunos de sus dirigentes se enriquecen aprovechando las instituciones, también están debilitando la legitimidad del propio proyecto político. Democracia y Estado social nacieron precisamente para someter el poder económico al interés general. Si esa frontera desaparece, tampoco debería sorprendernos que acaben debilitándose las libertades y los derechos que dependían de ella.

Según los datos de Eurostat difundidos hace unos días, la carrera laboral de los españoles sigue alargándose. Un trabajador promedio que comience ahora a trabajar seguirá haciéndolo durante 36,8 años, una cifra casi dos años superior a la de quien comenzó hace una década. Hay varias razones que lo explican, pero una de las más relevantes es la reforma de las pensiones de 2011 que elevó la edad de jubilación a los 67 años. Aquella reforma, que se aplica gradualmente hasta 2027, obliga a los españoles a trabajar durante más tiempo de su vida para, según se argumentó cuando se aprobó, mejorar la sostenibilidad de las pensiones.

Hace menos de un mes, el gobierno conservador de Alemania propuso que sus ciudadanos se jubilen a los 70 años, una cifra que teóricamente está vinculada al incremento de la esperanza de vida. La idea es que, ya que vivimos durante más tiempo gracias a los avances médicos y sociales, también “debemos” trabajar durante más tiempo; y, de paso, así evitamos gastar tanto en pensiones. Ese argumento es también el que se usó para la reforma española, y está presente siempre en los debates sobre “generosidad de las pensiones”. De hecho, también lo usó el think-tank Círculo de Empresarios cuando en 2023 propuso elevar la edad de jubilación hasta los 72 años y, aunque sin cuantificar, es habitual leerlo en los informes del Banco de España, CEOE o de instituciones privadas como FEDEA.

Pero todo este razonamiento, que sirve para justificar un ahorro económico del sistema, descansa sobre una premisa que rara vez se cuestiona, a saber, que los años adicionales de vida son también años adicionales de buena salud. Y esa premisa es, como veremos en este análisis, discutible.

Hay que partir de que si se repite tanto es porque es un argumento que contiene elementos de verdad. Como se puede ver en el gráfico siguiente, la esperanza de vida al nacer en España se ha multiplicado a lo largo del último siglo y medio, pasando de los 30 años a finales del siglo XIX hasta superar los 80 años en la actualidad. Su crecimiento sigue produciéndose de manera estable, si bien salpicado por fenómenos como la pandemia del COVID. Pero no cabe duda de que vivimos durante más tiempo, y que ello es consecuencia de múltiples factores propios del desarrollo económico y social: atención médica, reducción de los riesgos laborales, patrones nutricionales, tecnología en general, etc.

En todo caso, que en el siglo XIX el indicador de esperanza de vida al nacer registrara una cifra como 30 años no significa que la gente muriera generalmente en torno a esa edad. Lo que ocurre es que las altas tasas de mortalidad registradas en la época tiraban hacia abajo el indicador de esperanza de vida al nacer; del mismo modo que la reducción de esas mismas tasas de mortalidad ha elevado automáticamente la esperanza de vida desde entonces. Por eso cuando hablamos de pensiones tenemos que centrarnos más adecuadamente en un indicador distinto: la esperanza de vida a los 65 años, es decir, los años promedio que restan a alguien que tiene 65 años.

Como se puede ver en el siguiente gráfico, la esperanza de vida a los 65 años ha crecido también durante las últimas décadas. Actualmente, un ciudadano de 65 años tiende a vivir en promedio casi 22 años más, siendo esa cifra superior para las mujeres que para los hombres. Como se trata de años que los jubilados están cobrando una pensión, este alargamiento de la vida supone una presión adicional para el sistema de pensiones; la lógica se entiende bien si suponemos que todos los trabajadores se mueren a los 65 años, pues en ese caso no habría ningún gasto en pensiones de jubilación y el sistema sería plenamente sostenible (incluso innecesario).

Estos son los datos en los que se apoyan los argumentos para elevar la edad legal de jubilación, atendiendo al criterio económico antes expresado, es decir, buscando la finalidad del ahorro en pensiones. Ahora bien, toca hacerse la pregunta clave: ¿qué características tienen esos años ganados —en promedio— de vida?

Resulta que vivir más años no implica necesariamente vivir mejor en términos de salud. La extensión de una vida biológica no conlleva de manera automática que las enfermedades y las discapacidades no nos sigan abordando como siempre. La segunda ley de la termodinámica es un hueso duro de roer, y nuestros cuerpos necesariamente envejecen y se desgastan, y finalmente fallan sin que podamos evitarlo. En suma, no es lo mismo vivir 20 años más en aproximadamente las mismas condiciones físicas que teníamos con sesenta años, que hacerlo en condiciones de alta morbilidad, es decir, con enfermedades que lastran nuestra capacidad de disfrute pleno de la vida. Los años de esperanza de vida saludable serán, por definición, inferiores a los años de esperanza de vida biológica; en el siguiente gráfico vemos la comparación usando datos de Eurostat.

Los años de esperanza de vida saludable han crecido menos y de forma mucho más errática que la esperanza de vida biológica. El dato del último año hay que tomarlo con cautela y observar la tendencia general, ya que es un indicador procedente de encuestas —con rupturas metodológicas incluidas— que oscila año a año entre los nueve y los doce y medio, sin una tendencia clara y sostenida al alza, mientras la esperanza de vida a los 65 ha subido de forma sostenida. En todo caso, queda claro que una parte muy considerable de la longevidad ganada tras la jubilación no se disfruta en plenitud, sino con enfermedades y limitaciones.

De hecho, si acudimos a otra fuente como la Organización Mundial de la Salud, que utiliza otra metodología —además, calculada a partir de 60 años—, esta conclusión se refuerza. Según estos datos, durante los últimos veinte años la esperanza de vida biológica ha crecido más que la esperanza de vida saludable: alargamos la vida, pero no tanto la que se disfruta en mejores condiciones.

En general, podemos concluir que el avance tecnológico y social de las últimas décadas no ha permitido retrasar el desgaste al mismo ritmo al que alarga la vida. Volviendo a los datos de Eurostat, de los aproximadamente 22 años que de media restan a los 65, alrededor de la mitad se viven con alguna limitación física relevante: según el año de la encuesta, la esperanza de vida saludable a esa edad se mueve entre los nueve y los doce años. En el mejor de los casos, poco más de la mitad de la jubilación transcurre en buena salud; en muchos años, menos de la mitad. Y se trata de un promedio, ya que la situación es sensiblemente peor para aquellos trabajadores que hayan desempeñado durante su vida laboral tareas físicamente intensivas, puesto que allí los años que restan en condiciones de salud son muy inferiores.

La reforma de las pensiones de 2011 agravó este problema, porque al aumentar la edad de jubilación hasta los 67 años extrajo dos años de buena salud. Como dictan las leyes de la biología, los años más tardíos son aquellos en los que el cuerpo expresa más envejecimiento y enfermedades, de manera que mantener al trabajador en activo durante algunos años más significa recortarle años de jubilación sana. Es decir, dejando una proporción mayor de años de jubilación con enfermedades y dificultades. Una lógica que es peor según se aumente más años la edad legal de jubilación: mala para los españoles (67 años), peor para los alemanes de un futuro inmediato (70 años) y mucho peor para los trabajadores de la distopía empresarial del Círculo de Empresarios (72 años).

Lo que este análisis realza es que no estamos ante un mero problema contable sobre el que haya que incidir para ahorrar más cantidad de euros. Esos son los árboles que nos impiden ver el bosque. Se trata de algo mucho más profundo que tiene que ver con la manera en la que destinamos los recursos de una comunidad para el cuidado de nuestros mayores, que son quienes han levantado la economía presente. Es un problema abordado por todas las civilizaciones y tipos de sociedades humanas. Paradójicamente, la solución economicista que se plantea en la actualidad se encuentra probablemente entre las más crueles: tender a mantener a nuestros mayores trabajando cuanto más tiempo sea posible a fin de que generen el menor gasto posible y aunque sepamos que su “descanso” no va a ser tal.

Esto obliga a preguntarnos cuál debe ser realmente el objetivo de un sistema de pensiones. Si únicamente buscamos minimizar el gasto, retrasar la jubilación parece lógico. Pero si pretendemos garantizar una etapa de descanso digno tras décadas de trabajo, el criterio cambia por completo.

Los hebreos llamaron “jubileo” a un episodio que tenía lugar cada cincuenta años y en el que, como en los años sabáticos, se dejaba descansar la tierra, que era la fuente de riqueza principal y que necesitaba recuperar nutrientes para mantener la fertilidad; también se liberaban esclavos e incluso se perdonaban deudas, como nos recordó David Graeber en su libro “Debt”. Los cristianos resignificaron aquel evento en términos de festividad, y el descanso pasó a ser gozoso. Posteriormente, la jubilación pasó a referirse al retiro del trabajo de ciertos sectores, tales como funcionarios o profesores; se trataba del justo y gozoso descanso de ese factor productivo que, como la tierra antes que él, había proporcionado la riqueza. Las conquistas del movimiento obrero hicieron extensivo y generalizable el sistema a todo el conjunto de la clase trabajadora, también para aquellos obreros industriales que morían trabajando y enfermos. Nuestro presente es heredero de ese sistema.

Pero, a medida que avanza el desmontaje del Estado social, impulsado por una lógica cada vez más productivista y mercantil, la jubilación —como tantas otras conquistas sociales— se aleja de aquel ideal de descanso merecido. Cada vez más somos tratados como recursos humanos destinados a maximizar la rentabilidad económica, y cada vez menos como personas cuya vida es necesariamente finita. Por eso el verdadero debate consiste en responder a una pregunta que va más allá de las cuentas nacionales: ¿para qué organizamos la economía y a quién debe servir? La respuesta, también aquí, no es técnica. Es política.

Mariano Rajoy ha sugerido que los franceses negros que juegan en la selección no son franceses de verdad. Lo verdaderamente preocupante es que ha verbalizado una idea que circula cada vez con más naturalidad en determinados sectores políticos y sociales, lo que merece una consideración particular. El expresidente español pasa por ser una persona del ala moderada del PP —de ese PP de Galicia que incluso asume la diversidad de un país como España—, pero esta vez ha sido el portavoz de una concepción profundamente reaccionaria de la nación. El portavoz del partido, Borja Sémper, con idéntica fama de moderado pero que no deja de justificar las barbaridades de sus compañeros más radicales, ha disculpado a Rajoy diciendo que sus comentarios fueron una muestra de sarcasmo y que no tenían mala intención.

No lo han entendido así los líderes políticos franceses, ni siquiera los de extrema derecha. Cómo será la derecha española para que el partido fundado por Le Pen haya salido a denunciar las palabras de Rajoy como racistas. Y es que, a pesar de los intentos de Sémper y otros líderes del PP, las palabras de Rajoy son meridianas: lo que muestran es una concepción etnicista de quién es miembro de un país o de una nación. Con ese criterio, Rajoy podría reconocer quién es ciudadano de un país solo mirándole a los ojos, o más concretamente a la piel.

Para no ser injustos, tenemos que contextualizar el mensaje de nuestro expresidente. Lo cierto es que sus columnas sobre fútbol no se caracterizan por su profundidad, y en ellas nos ha dejado reflexiones como aquella de «España fue incapaz de hacer un gol, tampoco recibió ninguno y, por eso, el resultado fue de 0-0». Sus columnas son sobre fútbol, no sobre política; y uno encuentra en ellas el sabor típico de las frases soltadas a vuelapluma. Precisamente porque no parece un discurso cuidadosamente elaborado, sino una ocurrencia espontánea, resulta más revelador. No estamos ante un razonamiento construido para convencer, sino ante un prejuicio que aflora sin filtros. Es racismo en estado bruto; es su pensamiento latente, fuera de los cuidados y la atención a los que sometemos nuestro pensamiento al hacerlo público.

En el fondo, lo que Mariano Rajoy está sugiriendo es que una persona negra difícilmente puede ser plenamente francesa. Que existe una identidad nacional auténtica asociada a un determinado origen étnico y que quienes no encajan en ese molde pertenecen, en cierto modo, a otra comunidad. Es un mensaje que, en el mundo futbolístico, lleva extendiéndose muchos años: la idea de que las selecciones europeas han perdido su identidad porque han dejado de ser blancas. Aunque claro, como explicó Stuart Hall, las categorías raciales no son naturales sino históricas: lo que en un país se considera “blanco” deja de serlo en otro. Alguien debería explicarle a Abascal que difícilmente un redneck estadounidense seguidor de Trump lo consideraría blanco a él. Pero dejando al margen esas contradicciones dentro del pensamiento racista occidental, lo que encontramos aquí es una forma de pensar que reduce la identidad de un país a su composición étnica. Y esto, desgraciadamente, tiene cada vez mayor predicamento.

También durante el Mundial se ha hecho famosa una entrevista en la que un reportero español se aproxima a un aficionado con la camiseta del Betis y le pregunta en inglés si habla español; al oírle responder con un acento totalmente sevillano, se lo hace ver como si hubiera descubierto una rareza. El aficionado, lleno de amabilidad, le explica que uno de sus progenitores nació en España y el otro en Senegal, pero que él lleva en Sevilla toda la vida. El punto es bastante sencillo: hay españoles negros, aunque para algunos sean todavía un misterio por resolver.

Es también una paradoja: los racistas occidentales tienden a glorificar el pasado imperial de sus naciones, que en gran medida es el responsable de las primeras grandes mezclas —forzadas— entre diferentes etnias. La presencia de jugadores profesionales con ascendientes de muy diferentes nacionalidades no es solo un resultado de la globalización, y en particular de los flujos humanos que van de la pobreza hacia la riqueza, sino también del viejo imperialismo. De manera paradigmática, el racista típico de Estados Unidos debería saber que las personas negras actuales son, en su mayoría, descendientes de los esclavos que nunca quisieron salir de su territorio sino que fueron capturados, maltratados y vendidos por traficantes portugueses, ingleses y españoles, para disfrute de los emprendedores de plantaciones esclavistas —incluyendo a Thomas Jefferson y otros dirigentes revolucionarios—. Como no puede ser de otra forma, la composición étnica de una nación occidental es también el producto de la huella del imperialismo. Lo mismo ocurre en Inglaterra, en Francia o incluso en España. Y a ello cabe sumar, claro está, las dinámicas de movilidad internacional más recientes.

España no es un caso aparte de esta lógica. De acuerdo con los datos del historiador Juan Antonio Piqueras, todavía en el siglo XVIII un 15% de la población de Cádiz era esclava: el 80% eran negros, el 11% berberiscos y el 5% mulatos. En los hospicios, uno de cada tres niños era descrito como moreno. Es conocida la historia de Juan Latino, negro de piel y antiguo esclavo en la casa de los Fernández de Córdoba, la familia del Gran Capitán. Estudió en la universidad, fue manumitido y se convirtió en un extraordinario poeta. Se casó con una mujer blanquísima, tuvieron hijos mulatos y, a su muerte, fue enterrado en una iglesia. Los registros de la Iglesia están llenos de pruebas de este mestizaje de todas las clases sociales. La historia de España es, también, una más de ese mestizaje; causado por diversas circunstancias, pero mestizaje al fin y al cabo.

El problema de las palabras de Rajoy no es solo que sean racistas. A todos nos han enseñado a detestar el racismo, aunque les moleste a algunos. El problema es que presentan como sentido común una idea profundamente peligrosa, a saber, que la nación no la forman los ciudadanos, sino la sangre, el origen o el color de la piel. No olvidemos que esa es precisamente la vieja idea contra la que las democracias liberales y constitucionales llevan décadas intentando construir una ciudadanía basada en la igualdad de derechos. Así que cuando esa concepción vuelve a expresarse con naturalidad desde quienes han ocupado las más altas responsabilidades del Estado, es inteligente escucharla con atención. Sobre todo porque, aunque sea sin refinar, delata un clima cultural que empieza a dejar de avergonzarse de sí mismo.

Todos los partidos están de acuerdo en que la vivienda es el primer problema del país, reafirmando lo que los españoles señalan en las encuestas. Por eso llama la atención el poco entusiasmo que se pone para resolverlo. Si todos reconocen el diagnóstico, ¿por qué resulta tan difícil aplicar políticas capaces de abaratar de forma significativa el precio de la vivienda? La respuesta tiene menos que ver con la falta de propuestas que con los intereses materiales que se han construido durante décadas alrededor del mercado inmobiliario. Y para entenderlo hay que retroceder varias décadas.

En el año 1957, el régimen franquista creó el Ministerio de Vivienda y puso al frente a José Luis Arrese, un filonazi que durante la Segunda Guerra Mundial había llegado a entrevistarse con Hitler. Como ministro, Arrese impulsó un giro hacia un modelo basado en la promoción privada y la extensión de la propiedad. Adelantándose varias décadas a Margaret Thatcher, en una conferencia de 1959, Arrese resumió su política afirmando que «no queremos una España de proletarios sino de propietarios».

En los años ochenta, Thatcher popularizó la idea del “capitalismo popular”, según la cual toda la sociedad podía convertirse en capitalista, es decir, en propietaria de activos financieros tales como acciones, fondos de inversión y otros títulos que representaban derechos —por lo general de magnitud insignificante— sobre la propiedad de las empresas. El asalariado de toda la vida asumía así también las funciones de un inversor capitalista. Todo el programa neoliberal giraba en torno a este proyecto de reorganización social, y aunque hubo una transferencia de riqueza muy notable y clara —un reparto del botín de lo público entre los agentes privados, como sucedió durante las privatizaciones— también y principalmente era una cuestión ideológica: bajo el “capitalismo popular” se alineaban los intereses de ciertos segmentos de la clase trabajadora con los de la elite capitalista, ya que, si las empresas obtenían más beneficio, también los inversores recibirían una parte. El asalariado común no dejaba de ser un trabajador por cuenta ajena, pero ahora disponía de complementos económicos en forma de dividendos, intereses y otros réditos financieros que, por lo común, monitorizaba como si fuera George Soros.

Este modelo de “capitalismo popular” nunca fue generalizado ni siquiera en el Reino Unido, pero fragmentó aún más a la clase trabajadora —que sufría entonces los duros golpes de la globalización: el retroceso en derechos laborales y salarios, la desindustrialización y la pérdida de horizontes de futuro, es decir, mayor precariedad y vulnerabilidad—. Lo sorprendente es que aquel “triunfo” del neoliberalismo de Thatcher nunca sería puesto en cuestión por sus sucesores, mucho menos por Tony Blair, pero tampoco por los demás partidos socialdemócratas europeos: se normalizó la idea de que los trabajadores podían e incluso debían complementar sus magros salarios con fuentes de inversión financiera.

Puede decirse que el proyecto de Thatcher era “primo hermano” del de Arrese, ya que también consistía en ampliar la propiedad inmobiliaria. La venta masiva de vivienda pública a sus inquilinos —que puso en marcha la “dama de hierro” en los ochenta— respondía exactamente a la misma lógica, es decir, a convertir a millones de trabajadores en propietarios para vincular sus intereses materiales a la evolución del valor de sus activos.

La diferencia con España es que aquí solo arraigó plenamente una de esas dos dimensiones. Aunque hubo procesos de privatización que ampliaron parcialmente el accionariado popular, nunca alcanzaron la relevancia económica, política y cultural que tuvieron en el Reino Unido. De hecho, en España sucede que la inversión inmobiliaria es tan atractiva que incluso los ricos poseen la mayor parte de su riqueza en forma de viviendas y no tanto de activos financieros; lo que ya nos alerta del extraordinario atractivo de la vivienda como inversión en nuestro país.

La crisis de la España de propietarios

Se calcula que en la década de 1950 menos de la mitad de los hogares eran propietarios de una vivienda, porcentaje que se reducía por debajo del 10% en las grandes ciudades como Madrid o Barcelona. La política franquista posterior consiguió elevar esas cifras, creando una clase de pequeños propietarios que veían cómo su riqueza (el valor de sus viviendas) dependía del ciclo económico —en particular, del inmobiliario—. Con el tiempo, aquellos propietarios que conseguían acumular otras viviendas podían usarlas también como activos de inversión —como cualquier otro activo financiero—, vendiéndolas más caras o poniéndolas en alquiler para recibir complementos a sus ingresos. Fueron muy pocos los que cuestionaron este sistema, y el acceso a la vivienda vía propiedad y la posibilidad de que cualquiera pudiera convertirse en casero de una o más viviendas fue interpretado como signo de prosperidad.

No obstante, este orden de las cosas está deshaciéndose. Como se puede ver en el siguiente gráfico, a principios de siglo el porcentaje de propietarios superaba el 80%, mientras que actualmente está en el entorno del 70%. Ese dato oculta, sin embargo, que el impacto es muy desigual. Los hogares más ricos apenas han visto cambiar el régimen de tenencia del hogar, pero entre los hogares más pobres se ha desplomado veinte puntos. Hace veinte años casi el 74% de los hogares más pobres eran propietarios de una vivienda, mientras que ahora apenas superan el 50%.

Es decir, hay una parte creciente de la sociedad —la más pobre— que se queda fuera del mercado de la vivienda en propiedad. Actualmente, hablamos de un 30% de las familias, siendo aproximadamente dos tercios los hogares que están viviendo en alquiler y otro tercio hogares que viven bajo otros regímenes tales como viviendas en cesión gratuita por familiares, por la empresa, etc. Para estos no propietarios el acceso a la vivienda se ha convertido en un reto casi imposible. Según el Banco de España, el 32,5% de los hogares viviendo en alquiler tienen que dedicar más del 30% de sus ingresos como pago; en algunas ciudades como Málaga o Sevilla este porcentaje supera el 46,5%. Estos hogares, que son un 20% del total, están viviendo en la cuerda floja y son los más desasistidos por las políticas de vivienda.

No obstante, el foco habitual del debate está puesto en el otro lado del trazo: en cómo se reparten las viviendas entre quienes sí tienen propiedades. Según el Banco de España, el 45,3% de los hogares españoles posee algún inmueble además de la casa en la que vive, y un 33,7% posee específicamente otra vivienda. Eso significa que uno de cada tres hogares del país tiene una casa que no habita, y que puede poner en alquiler, lo que quiere decir que la multipropiedad es un fenómeno con considerable fuerza política.

La gran transferencia

El punto central es entender lo que el reportaje de Ainhoa Díez y Raúl Sánchez llama “la gran transferencia”. Cada mes millones de hogares que viven de alquiler transfieren una parte de sus ingresos a los hogares propietarios que arriendan viviendas. En conjunto, ese flujo asciende a unos 28.000 millones de euros anuales. De esa cantidad, el 10% más rico de los caseros concentra el 44,7% de los ingresos, más de 12.400 millones de euros. No es sorprendente: quienes acumulan más patrimonio inmobiliario son también quienes capturan una mayor parte de las rentas del alquiler.

Pero, ¿por qué iban los hogares más ricos a acumular más viviendas en propiedad? Pues sencillamente porque la rentabilidad total de la vivienda es superior a la mayoría de las alternativas financieras de inversión, como expliqué en este artículo. Para estos agentes con “capital sobrante”, la vivienda no está concebida como un lugar donde vivir, sino como una fuente adicional de riqueza y renta. Al igual que ocurre con las rentas financieras, las rentas inmobiliarias se han naturalizado hasta el punto de que no resulta problemático aceptar que hay quien gana dinero por el mero hecho de ser propietario, es decir, que su cuenta crece “mientras el propietario duerme”: el rentismo ha sido completamente normalizado.

Como ocurrió con el “capitalismo popular” de Thatcher, parte de la explicación de su naturalización tiene que ver con el hecho de que estas rentas inmobiliarias son para mucha gente verdaderos complementos a sus modestos ingresos regulares. La imagen de una familia jubilada que cobra una pensión y que la complementa con la remuneración por alquiler de su segunda vivienda no es irreal. El rentismo se ha convertido para mucha gente en un mecanismo sustitutivo de salarios dignos y que funciona como garantía de que, a pesar de los bajos salarios, sus condiciones de vida no se deterioran. Por eso la izquierda encuentra tanta dificultad al hablar de los rentistas: porque dentro de esa categoría no sólo hay fondos de inversión dirigidos por multinacionales de dudosa moralidad, sino también una gran cantidad de “gente normal”.

La información fiscal arroja algo de luz acerca de cómo se distribuyen las viviendas en alquiler y quiénes se benefician de ello. Según estos datos, el 76% de las personas que declaran ingresos por alquiler solo tiene una vivienda en esa circunstancia, lo que permite al Banco de España concluir que el mercado de alquiler está muy atomizado y poco concentrado. Pero si hablamos de viviendas alquiladas, el 50% pertenece a caseros con más de una vivienda, lo que lleva al informe del CSIC para el Ministerio de Derechos Sociales a concluir que el mercado de alquiler está muy concentrado y dominado por multiarrendadores. Los datos son los mismos, pero las interpretaciones difieren y son ciertas al mismo tiempo: la mayoría de los arrendadores solo alquilan una vivienda, pero los multiarrendadores tienen tantas viviendas como para cubrir casi la mitad del mercado. Hay rentistas profesionales que se enriquecen a manos llenas con el mercado del alquiler, pero también hay rentistas tradicionales que “sólo” obtienen pequeñas aportaciones extra.

El capitalismo popular inmobiliario

Estas reglas del juego han terminado configurando cuatro posiciones sociales —aunque las fronteras entre ellas a veces son difusas— y cada una responde de manera distinta a una pregunta muy sencilla: ¿a quién le conviene que baje el precio de la vivienda?

Desde luego les interesa a los no propietarios, que como he dicho hoy suponen el 30% de los hogares y no tienen nada que perder. Un desplome de los precios sencillamente facilitaría mucho su capacidad de acceso a una vivienda. A los propietarios de una sola vivienda, en cambio, no les conviene. Cuando los precios suben, sus casas se revalorizan, aunque sea una riqueza que no pueden tocar: no van a vender —tienen que vivir en algún sitio— ni pueden permitirse comprar otra. No son rentistas sino rehenes.

Esto último es especialmente cierto para los hogares más pobres, donde la vivienda llega a suponer hasta el 85,3% de toda su riqueza. Es algo esperable en una distribución de este tipo, ya que los hogares más ricos diversifican su “cartera” con otro tipo de activos (empresariales, financieros, etc.) de modo que su riqueza no es tan vulnerable al ciclo inmobiliario como en el caso de los hogares más pobres.

En tercer lugar de nuestras posiciones sociales están los multipropietarios modestos, aquellos que complementan una pensión o salario escaso con los ingresos por alquiler procedentes de una segunda vivienda heredada o comprada con hipoteca; aquí tenemos a ese “capitalismo popular” hecho carne, y es mucha gente que se reconoce a sí misma como clase trabajadora. Y por supuesto, menos aún interesa a los multipropietarios que ya han superado la barrera de entrada y pueden comprar incluso sin financiación bancaria. Para ellos, la vivienda es un activo de inversión más, probablemente el mejor. Recordemos que, en el año 2025, el 30% de las compraventas se compraron al contado.

De estas cuatro posiciones, tres tienen razones materiales para oponerse a que la vivienda baje de precio, y solo una —la más joven, la peor organizada, la que menos vota— tiene razones para desearlo. Ahí está una parte importante de la respuesta a la pregunta con la que abríamos este análisis.

Por eso el dilema de los gobiernos tiene un aspecto estructural. Abaratar la vivienda facilita el acceso de los que están fuera, pero ataca el patrimonio de los que están dentro, que son mayoría y votan más. Además, en una parte importante tienen razón al defenderlo: mientras la vivienda sea la garantía para sostener una vida decente, proteger su precio es una forma de prudencia. En este sentido, la resistencia del pequeño propietario es una lectura correcta de sus incentivos en un país en el que se decidió que la seguridad material se compra con vivienda en propiedad.

En definitiva, la verdadera pregunta que tenemos que hacernos es por qué hemos construido una sociedad en la que millones de personas sienten que no pueden permitirse que baje el precio de la vivienda. Mientras la casa siga siendo (casi) lo único que la gente tiene, la gente la defenderá, y con ella defenderá también el negocio que se enriquece a su costa.

Esto nos lleva a la conclusión más incómoda, sobre todo para la izquierda: no se puede desmontar el rentismo sin reconstruir antes aquello que el rentismo moderno vino a sustituir. No hay política de vivienda viable sin pensiones suficientes, sin salarios que permitan ahorrar y sin un parque público que dé seguridad sin necesidad de propiedad. Thatcher entendió que para transformar la economía había que transformar antes los intereses materiales de la gente corriente: dijo una vez que la economía era el método, y el objetivo era el alma. Quien quiera revertir aquel proyecto tendrá que empezar entendiendo por qué actuó así.

Si durante cinco años un dirigente político repite que el Gobierno está destruyendo la democracia, las consecuencias no son únicamente retóricas. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto a denunciar que España atraviesa un proceso de “puro autoritarismo y descomposición” por culpa de Pedro Sánchez. No es la primera vez, claro. Durante la pandemia afirmó que “estamos ante el gobierno más autoritario que hemos conocido en democracia”, mientras que en 2022 fue a más al decir que “vamos camino de una dictadura sometidos por un tirano que pone en peligro el Estado de Derecho”. Desde entonces, es habitual escucharla repetir las mismas ideas mediante diferentes fórmulas.

Cuando se acumulan cinco años insinuando el advenimiento de una dictadura autoritaria de izquierdas no podemos decir que se trate de un despiste, de frases sacadas de contexto o de excesos producto de la emoción del momento. Debemos concluir que se trata de una estrategia política deliberada. Una que persigue, al menos, dos cosas. La primera, criminalizar al gobierno al presentarlo ante una parte de la ciudadanía como ilegítimo. Al fin y al cabo, si se trata de un gobierno que aspira a derrocar la democracia cualquiera puede concluir que su legitimidad de origen no otorga protección suficiente. En segundo lugar, este discurso genera en una parte de la sociedad la sensación de que ante tamaño riesgo todo lo que se pueda hacer para acabar con el gobierno es poco. Aznar lo resumió bien: “quien pueda hacer, que haga”. De hecho, hay quien puede ir más allá y pensar que, dada la gravedad de la acusación contra el gobierno, la reacción necesaria no debe tener en cuenta la frontera de la legalidad; es decir, que la causa mayor bien merece la subversión de ciertas normas.

La paradoja de todo esto es fácil de ver. Es verdad que las acusaciones de Isabel Díaz Ayuso son infundadas y fantasiosas, y que probablemente tienen más que ver con la necesidad de ocupar un espacio político de derecha radical —en competencia con VOX— que en una observación aséptica de los procesos políticos en España. Pero las consecuencias de su discurso son totalmente reales, porque sus seguidores creen ciertamente en la veracidad de las acusaciones y piensan y actúan consecuentemente. Cabe reprochar a la izquierda muchas cosas, pero no haber construido una estrategia sistemática de deslegitimación del sistema constitucional ni de los gobiernos salidos de él. La derecha, en cambio, lleva un lustro haciéndolo —¡y en nombre de la propia democracia! —.

Se puede objetar que también la izquierda ha cuestionado la legitimidad del sistema: el “no nos representan”, la crítica al régimen del 78, el republicanismo. Yo mismo he participado activamente en esos procesos. Pero aquí la diferencia es doble. Aquella crítica apuntaba a un marco institucional que se proponía reformar por vías democráticas, no a la legitimidad de origen de un gobierno concreto salido de las urnas. Y, sobre todo, aquella crítica no venía acompañada de una preferencia por el autoritarismo, ya que cuestionar cómo funciona la democracia realmente existente no es lo mismo que estar dispuesto a cambiarla por un sistema autoritario. Y, como veremos, para mucha gente en España este discurso de Ayuso y VOX desemboca precisamente en ese punto.

Así, lo que algunos vemos como un peligro —una derecha dispuesta a prácticamente todo para hacer caer a un gobierno democráticamente elegido—, ese sector radicalizado lo ve como un pensamiento coherente y lógico. Tras tantos años escuchando que Pedro Sánchez es un autoritario malévolo y que el gobierno de coalición tiene en realidad el propósito de instaurar una dictadura socialcomunista, es normal que los supuestos salvadores crezcan como champiñones. Pero no lo hacen de manera espontánea, sino instigados por dirigentes políticos que sacan provecho de ese estado de las cosas. Por eso tanto VOX como Ayuso han convertido esta línea discursiva en un eje central de su estrategia.

Hay que recordar que parte importante de la derecha española mantiene una relación histórica mucho más ambivalente con la democracia, resultado del proceso histórico reciente. La dictadura franquista fue un proceso combatido fundamentalmente por la izquierda, y muy particularmente por el movimiento obrero y el Partido Comunista. En este sentido, para la izquierda las nociones de democracia, desarrollo y libertad se solapan y confunden. Para las derechas esto no es así, y la democracia, desarrollo y libertad pueden caminar independientemente: la dictadura franquista, para muchos de sus defensores, fue sinónimo de enriquecimiento, libertad (libertad económica para determinados sectores y libertad para expresar un pensamiento afín al régimen) e incluso de desarrollo moderno (como durante el tardofranquismo). Por no hablar de la nostalgia reaccionaria de ver en los tiempos de la dictadura la verdadera esencia del pueblo español, con su modelo de obediencia laboral, sus “barrios con toldos verdes” —expresión melancólica de un diputado actual de extrema derecha—, su gran homogeneidad étnica y, sobre todo, por su “sistema de control” para los excesos (represión ideológica).

Cuando sumamos ambas cosas, esto es, un vínculo más débil con las instituciones democráticas y una disposición mayor a subvertirlas a fin de lograr una causa mayor, entendemos mejor los resultados de la última encuesta sobre calidad democrática (del CIS). Publicada esta misma semana, recoge que el porcentaje de ciudadanos que considera “en algunas circunstancias” preferible un gobierno autoritario a un sistema democrático se dispara entre los votantes de derechas.

Aunque entre el conjunto de la población española este porcentaje es de un 8,8%, entre los votantes de VOX asciende al 29,4%; entre los votantes del PP al 10,8%; y entre los votantes de otros partidos de derechas —Junts, UPN, PNV— al 10%. Por el contrario, entre los votantes de izquierdas esa opción de preferir un gobierno autoritario es marginal: 2,5% en PSOE y 1,3% entre otros partidos de izquierdas.

Una precisión importante: no estoy diciendo que podamos inferir que estos datos sean el resultado de la estrategia discursiva de la extrema derecha y de Ayuso. Pero sí podemos afirmar que todo el proceso de deslegitimación del gobierno llevado a cabo por ellos conduce al mismo punto: al descrédito de la propia idea de la democracia. Desde el punto de vista de una mente conservadora, si la democracia supone “algo” tan peligroso —para su noción de España— como Pedro Sánchez, el gobierno de coalición y sus políticas sociales, es fácil desmerecer a la propia democracia. Cuanto más peligroso parece Sánchez a las derechas, menos valor tiene para ellos la democracia que le permitió ser presidente. Por eso es coherente que hasta el 90% de los votantes de VOX y el 67% de los del PP se declaren poco o nada satisfechos con la democracia. Se dirá, con razón, que parte de esa insatisfacción es la que produce estar en la oposición, y que las cifras de la izquierda tampoco son bajas (50% en SUMAR, 38% en PSOE). Pero la insatisfacción con el funcionamiento de la democracia no equivale a la disposición a prescindir de ella. Ese contraste es el que deja de admitir explicaciones benignas: repito, un 29,4% de los votantes de VOX prefiere, en algunas circunstancias, un gobierno autoritario, frente al 2,5% de los votantes del PSOE y 1,3% de otras izquierdas.

Cabe insistir en que la mayor amenaza para una democracia no siempre consiste en que alguien la derogue de un día para otro. El proceso de deterioro es más sutil, y a menudo comienza cuando una parte creciente de la sociedad deja de considerarla digna de ser defendida. Si durante años se convence a millones de ciudadanos de que el Gobierno surgido de las urnas es en realidad un régimen ilegítimo, autoritario o incluso dictatorial, el problema ya no es solo la falsedad de esa acusación. El problema es que, llegado el momento, cualquier respuesta contra ese supuesto enemigo parecerá justificada. La deslegitimación sistemática de la democracia acaba erosionando la propia cultura democrática, y reconstruir esa confianza resulta mucho más difícil que destruirla.

Ante el Círculo de Empresarios Vascos, Alberto Núñez Feijóo ha afirmado que el absentismo laboral es “un cáncer” que cuesta 30.000 millones de euros, y ha prometido que, gobierne con o sin acuerdo con los sindicatos, tomará una decisión. La decisión, traducida, consiste en recortar sueldo y prestaciones a quien no acude a trabajar, sea por una baja médica, un permiso o cualquier otra ausencia que ni se molesta en desagregar. Feijóo no innova, ya que es la enésima expresión de un ideario que recorre toda Europa y que persigue deshacer, una a una, las conquistas del Estado social.

Empecemos por lo que Feijóo prefiere no mirar. Las bajas laborales se concentran de forma abrumadora en los trabajos manuales, esos que castigan el cuerpo: cargar cajas, limpiar, repartir, aguantar jornadas físicamente extenuantes. Es en esas condiciones duras donde florece mayoritariamente el “absentismo” —aunque en los trabajos no manuales hay otro tipo de consecuencias sanitarias—. Eso ya lo dice casi todo: las bajas son el reflejo directo de esas condiciones físicas y psicológicas. Si mejorasen, el número de bajas caería de manera considerable. Cualquiera que hable con profesionales de la sanidad se encuentra el mismo cuadro una y otra vez: bajas producto de la presión, de la precariedad y, en el fondo, de la dificultad del cuerpo humano para adaptarse sin romperse al criterio de la rentabilidad económica que exigen los empresarios.

Hay, además, un factor que Feijóo tiene todavía menos interés en nombrar, porque señala directamente a los gobiernos de su propio partido. Si muchas bajas se prolongan más de lo necesario es, en buena medida, por los recortes en la sanidad pública por parte de las comunidades autónomas. Cuando se estrangula la atención primaria y se disparan las listas de espera, un trabajador que necesita una prueba, una consulta con el especialista o una intervención quirúrgica puede pasar semanas o meses en el limbo, sin poder reincorporarse porque el sistema que debería curarlo lo hace esperar. La derecha deteriora primero la sanidad pública y después se escandaliza por las consecuencias de ese deterioro. Primero provoca la enfermedad del sistema y luego la presenta como prueba de que sobran derechos.

Y aquí está el núcleo del asunto, como he señalado otras veces. Para los empresarios a los que hablaba Feijóo, esto es un problema de “recursos humanos” que no “rinden” lo suficiente. No por casualidad “recursos humanos” es como se llama en las facultades de economía y los departamentos empresariales a la técnica de “gestionar” a las personas en el seno de la maquinaria extractora de plusvalía. La expresión lo dice todo: el trabajador situado al mismo nivel que un martillo o un tornillo, una herramienta que, cuando se desgasta y deja de rendir beneficio, se descarta. Frente a esa lógica hay que recordar algo elemental, a saber, que las personas somos seres humanos, no engranajes, y no estamos hechas para consumirnos subordinadas al ciclo del capital, a las horas extenuantes y a la disponibilidad permanente.

Nada de esto significa negar que existan casos de abuso, de trabajadores que estiran una baja más de lo debido. Existen, claro. Pero conviene recordar dos cosas. La primera, que los profesionales sanitarios ya cuentan con mecanismos de control para detectarlos y revisarlos, especialmente a partir de los 365 días, cuando la gestión pasa al Instituto Nacional de la Seguridad Social; mecanismos que sin duda pueden mejorarse, pero que existen. La segunda, y más importante, que esos casos son marginales. La derecha los agita como si fueran la norma porque le sirven de coartada: convierte la excepción en argumento para su verdadero objetivo, que es recortar el derecho de todos.

Hay, además, un dato histórico que quisiera destacar. Las bajas laborales de las que se queja Feijóo no existían en el siglo XIX, que parece ser el verdadero modelo de referencia del PP y de las derechas europeas. Aquel era un mundo sin conquistas del trabajo, en el que se encadenaban jornadas de doce, trece o catorce horas sin prestación ni indemnización, sin responsabilidad alguna del empresario, que tenía a su completa merced la vida del trabajador y la de su familia. Frente a esas condiciones se levantó el movimiento obrero, que trajo no solo la democracia como procedimiento formal de votar cada cuatro años, sino precisamente todas estas conquistas sociales que ahora las derechas europeas quieren desarmar. Quejarse de las bajas es, en el fondo, añorar un tiempo en que el cuerpo del trabajador no tenía derecho a enfermar y en el que los abusos de los empresarios no enfrentaban límites.

Alguien podrá objetar que exagero, que la derecha no aspira a tanto, que solo propone ajustes graduales. Pero conviene no engañarse: ese gradualismo es el método. La derecha no privatiza de golpe los servicios públicos ni deroga de un plumazo los derechos sociales; los deteriora poco a poco, estrangulando su financiación y debilitando su capacidad de protección, y espera a que la degradación resultante justifique el desmantelamiento definitivo. En toda Europa la excusa es lo de menos, como hemos visto al canciller alemán apelar a la crisis energética o a la competencia de China para recortar un Estado del bienestar con el que estas derechas nunca se sintieron cómodas. No olvidemos que el cuerpo humano tiene límites pero que el mercado, por sí solo, no los reconoce: precisamente por eso existen los derechos laborales. Pero tenemos dirigentes conservadores que no están ya comprometidos con el pacto social de posguerra que dio lugar a la construcción de instituciones como el Estado social; en su lugar piensan que todo esto es un obstáculo para el crecimiento económico de las empresas (y de los bolsillos de sus propietarios).

En definitiva, cuando Feijóo llama “cáncer” al hecho de que un trabajador enfermo cobre su salario está anunciando qué mundo tiene en la cabeza. Es un aviso a navegantes en España, ante la hipotética llegada de un gobierno de la derecha y la extrema derecha. Ojalá estemos a tiempo de que no llegue a construirlo. La ventaja de este tipo de discursos es que ponen muchas cartas sobre la mesa.

El Consejo de Administración de Volkswagen debatirá esta semana el anunciado despido de 100.000 trabajadores en todo el mundo, junto con el cierre de hasta cuatro plantas de fabricación de vehículos en Alemania (tres de Volkswagen y una de Audi). Se trata de un nuevo episodio de la profunda reestructuración que atraviesa la industria alemana tras varios años de estancamiento económico.

Aunque el canciller conservador Merz atribuye esta situación a la burocracia y a la supuesta generosidad del Estado del bienestar, la crisis alemana no puede entenderse sin la creciente competencia internacional, especialmente la procedente de China. Más aún, constituye uno de los síntomas más visibles del cambio que está experimentando la división internacional del trabajo.

Hay que recordar que la división internacional del trabajo es una noción que representa la forma en la que se “ordena” la economía-mundo, y nunca es estática: expresa una jerarquía productiva donde algunos países concentran las actividades tecnológicamente más complejas y otros quedan especializados en tareas de menor valor añadido. Ello tiene implicaciones de desigualdad económica y ecológica, pero lo relevante aquí es que esa jerarquía está cambiando. El ascenso industrial de China y el giro proteccionista de Estados Unidos están erosionando el modelo exportador que convirtió a Alemania en la gran potencia económica europea.

Estamos hablando de un problema no solo alemán, sino también europeo. Las actuales instituciones europeas y su integración económica no pueden entenderse sin el papel central que han jugado históricamente tanto Francia como Alemania, especialmente esta última desde la reunificación. En efecto, desde los años noventa Alemania ha sido la potencia económica indiscutible de Europa, cuya influencia sobre las demás es visible en el espíritu ordoliberal —un neoliberalismo mercantilista— que domina una institución como el Banco Central Europeo y las normas y regulaciones europeas. Durante la crisis de 2008-2010 y la crisis del euro posterior los países mediterráneos sufrimos en gran medida las consecuencias de esta visión económica conservadora, profundamente arraigada en el imaginario económico alemán. Aquellos fueron unos años en los que la economía alemana parecía ser la única capaz de resistir a la crisis económica, convirtiendo a su canciller Merkel y su modelo económico en referencia canónica de lo que aparentemente sí “funcionaba”.

Sin embargo, uno de los síntomas más visibles del deterioro actual del modelo alemán es la pérdida de dinamismo económico. Mientras España ha registrado un mayor crecimiento del PIB durante buena parte de las últimas décadas, Alemania lleva varios años en recesión. Tanto es así que, tras la recuperación económica de 2015, España ha crecido prácticamente todos los años más que Alemania. Debemos precisar que eso no ha hecho similares a ambas economías, puesto que la española parte de un nivel sustancialmente inferior. Como se puede comprobar en el siguiente gráfico, el PIB per cápita de España es todavía un 80% del alemán (en paridad de poder adquisitivo).

La situación actual resulta paradójica porque, como he mencionado, el modelo alemán se ha presentado habitualmente como un caso de éxito. Por un lado, la industria alemana es la más poderosa de toda Europa y está concentrada en sectores de alta intensidad tecnológica. Por otro lado, el crecimiento económico se ha basado en una fuerte orientación hacia las exportaciones de esos bienes industriales (significativamente automóviles, pero también maquinaria, biotecnología y otros productos de alto valor añadido).

Las cadenas de valor globales organizadas por las empresas alemanas se han estructurado siguiendo esa lógica, con filiales en países como España que se dedican al ensamblado y otros segmentos de menor valor mientras las sedes centrales en Alemania mantenían los segmentos más valiosos y los mayores beneficios. La expansión hacia el este de esas cadenas de valor globales, aprovechando la cercanía geográfica, pero sobre todo una mano de obra más barata, ha moldeado la economía europea durante las dos últimas décadas. La ampliación de la Unión Europea hacia el este está estrechamente relacionada con esta nueva funcionalidad asignada a las economías post-soviéticas.

Esa especialización convirtió a Alemania en una economía extraordinariamente dependiente de la demanda externa. Mientras el comercio internacional crecía y sus principales mercados mantenían su dinamismo, el modelo funcionó. Pero esa misma dependencia la hace especialmente vulnerable cuando cambian las condiciones de la competencia internacional, y eso es lo que estamos viendo.

En efecto, este orden de las cosas ha funcionado mientras Alemania no tenía rival económico en sus sectores dominantes, y mientras podía aprovecharse de la mano de obra y de los recursos naturales baratos que extraía de otros países. Los combustibles fósiles rusos han sido un soporte tan importante como la deslocalización de segmentos industriales a fin de maximizar las ganancias. La incorporación de China a la economía mundial en 2001 no solo permitió a las empresas alemanas externalizar su producción a lugares más “baratos”, sino también ampliar sus mercados de venta, ya que una economía en vías de industrialización como la china requería grandes cantidades de maquinaria y otro tipo de productos en los que Alemania dominaba su producción.

Mientras eso sucedía, China se dedicaba a la producción y exportación de productos de bajo valor añadido, tales como juguetes, textiles, muebles o electrónica básica, todos los cuales no competían seriamente con la producción alemana. Era, aparentemente, un win-win tanto para Alemania como para China.

El problema alemán ha llegado cuando China ha comenzado a destacarse como productora de productos de alto valor añadido, como los vehículos eléctricos, tecnologías de transición energética y productos químicos y farmacéuticos que ahora sí compiten con los alemanes. Durante dos décadas China aprovechó las rentas generadas por su rápido proceso de industrialización y expansión exportadora para financiar una gigantesca política industrial, invertir en capacidades tecnológicas y ascender progresivamente hacia los segmentos de mayor valor añadido. Además, las circunstancias específicas de la producción china, con un Estado planificando la política industrial y respaldando a sus empresas privadas y públicas, y con economías de escala enormes, ha dotado de una ventaja considerable a los productos chinos. Por si fuera poco, China no solo está impulsando su economía hacia la producción de alta tecnología, sino que además busca controlar toda la cadena de suministros: desde los minerales críticos hasta los suministros intermedios.

La estrategia china aspira a conseguir un grado alto de autosuficiencia, lo que le ha hecho reducir su dependencia de las importaciones que antes procedían de, entre otros, Alemania. Para empeorar la situación, el gobierno de Estados Unidos, que sufre la misma competencia desde China, ha impuesto aranceles del 15% a la producción europea y, por ende, ha estrechado también ese mercado (que en el año 2024 era el destino del 11% de las exportaciones alemanas).

Los indicadores de producción industrial alemana no dejan lugar a dudas. Como puede verse en el siguiente gráfico, desde 2018 la producción industrial está sufriendo una caída sostenida y acumula ya un 14% de caída. La demanda externa que sostenía su modelo de crecimiento se ha venido abajo —con China y Estados Unidos destacadamente— y nada indica que esa tendencia vaya a revertirse.

Todos estos acontecimientos se están desplegando muy rápidamente en términos históricos, y provocan preguntas inquietantes que rara vez son motivo de discusión política: ¿qué impacto tiene esta transformación en las economías del resto de Europa, especialmente aquellas íntimamente conectadas con la alemana como es el caso de las de los países del Este? ¿Qué tipo de consecuencias desatará una reacción mercantilista, del tipo estadounidense, por parte de la Unión Europea? ¿Cómo impacta en las trayectorias de transición energética el hecho de que la mayoría de la producción de infraestructuras renovables proceda de China? ¿Qué efectos sociopolíticos implica que una región como Europa, que fue el centro del sistema-mundo, sea “descendida” en la nueva división internacional del trabajo? ¿Está el ascenso de la extrema derecha en Alemania relacionado con esta crisis económica del modelo de exportación y esa sensación de downgrading político y económico?

En el fondo, este caso nos permite recordar que el sistema económico capitalista es una institución en la que todos compiten contra todos, y que hay aspectos en los que las reglas funcionan como un juego de suma cero. No es solo una cuestión de límites ecológicos, sobre los que insisto recurrentemente, sino también de que no todos los países pueden ser exportadores netos. Las exportaciones de unos países son las importaciones de otros, de manera que la exaltación de un modelo basado en exportar más de lo que se importa —Alemania, China— se sostiene únicamente a costa de una feroz competencia y de la existencia de otros países que importen más de lo que exportan.

Sin embargo, en Europa durante muchos años se nos ha intentado hacer creer que el modelo de crecimiento alemán era la referencia indiscutible, el espejo donde mirarse para hacer las cosas bien. Y ese modelo está en crisis porque ahora hay competidores aún más feroces y competentes, de modo que en la nueva división internacional del trabajo, con el ascenso de China y el intento neomercantilista de defenderse por parte de Estados Unidos, Alemania ha quedado atrapada en las viejas inercias.

Todo esto es uno de los síntomas más visibles de que la arquitectura económica que organizó Europa durante las últimas tres décadas está dejando de existir. Comprender esa transformación y ser capaz de abordarla será una de las tareas intelectuales y políticas más importantes de los próximos años.

‘La comunidad de descendientes de españoles mantendrá el derecho de opción a la nacionalidad española, garantizado por una ley de Acceso a la Nacionalidad de los Nietos reformada’. Así de favorable hablaba el PP sobre una Ley de Nietos en su programa electoral para las elecciones generales de 2023; una redacción alineada con el espíritu de la norma actual, que se estima podría garantizar la nacionalidad a unos 2 millones de personas. La hemeroteca está llena de declaraciones en el mismo sentido por parte de los actuales líderes conservadores, todos ellos defendiendo una política que, de repente, ahora cuestionan y critican. 

En realidad, es peor que eso. En política siempre es legítimo cambiar de posición, pero es sospechoso cuando esos giros se producen de una manera tan radicalizada y sobreactuada. Porque no es solamente que Feijóo y los suyos ahora no vean bien lo que durante décadas han defendido sin problemas; es que ahora han llegado a hablar de “ingeniería electoral” y de una “modificación sustancial del censo”. El líder de Vox ha ido más lejos y ha hablado directamente de “pucherazo”. Sembrando estas sospechas sobre la limpieza de las elecciones, el PP se suma al coro de partidos y movimientos de extrema derecha que a lo largo de todo el mundo han convertido la erosión de la legitimidad democrática en punta de lanza de su programa reaccionario. 

La ofensiva reaccionaria es meridiana y no puede llevar a equívoco. Primero deslegitiman al Gobierno. Ya no basta con criticar su programa económico o social: lo presentan como un poder ilegítimo, dispuesto a instaurar una dictadura, traicionar a los ciudadanos o destruir deliberadamente la nación. Es en ese marco, cultivado durante muchos años, donde se enmarca la acusación de fraude electoral. Al fin y al cabo, si te has creído que es un gobierno dispuesto a hacer todo para mantenerse en el poder, ¿por qué iba a resultar extraño que se manipularan deliberadamente las elecciones? Esta estrategia no es sólo española, sino que se repite una y otra vez, desde Trump negando su derrota en 2020 a Bolsonaro preparando el terreno para el asalto de sus seguidores en Brasil. El repertorio es común: como el adversario aparece como una amenaza existencial, cualquier resultado adverso puede presentarse como robado.

El PP no puede alegar ignorancia al respecto, y debemos presuponer que conoce perfectamente las consecuencias de estimular ese tipo de discurso. Lo que ocurre es que tiene miedo a ser desbordado social y electoralmente por la extrema derecha, pero en vez de ir con mangueras a apagar el fuego ha decidido acercarse al problema con unos cuantos bidones de gasolina. Y lo hace por dos razones. La primera, porque una parte de su electorado está ya capturado por la ola reaccionaria y comparte los postulados ultraderechistas, de manera que se siente cómodo en la narrativa reaccionaria acerca de los peligros de la inmigración e incluso de teorías conspiranoicas como la ‘tesis del gran reemplazo’. Esa corriente —de la que Isabel Díaz Ayuso es el síntoma más visible— es hegemónica en Madrid y creciente en el resto del país. Basta ver cómo se ha normalizado hablar de inmigración en términos que hace cinco años habrían sido marginales. La segunda, porque el PP se sabe incapaz de vencer en una guerra cultural alimentada por la extrema derecha a nivel mundial, especialmente en redes, y ha decidido no dar ninguna batalla: se ha rendido directamente.

Me consta que entre las filas conservadoras hay quien resta importancia a este movimiento y considera todo esto un giro táctico —electoral, incluso— más que estratégico. Es decir, creen que asumir discursos reaccionarios no necesariamente implica desarrollar posteriormente un programa consecuente; que si llegan al gobierno, la gente se olvidará. A mi juicio, es un claro error de diagnóstico. Porque cuando conviertes ciertos discursos en habituales, tus propios votantes asumen una nueva normalidad ideológica: se desplaza todo el eje de “sentido común” hacia la derecha. Reconducir eso no es tarea sencilla, y es más fácil que los líderes se vean rehenes de una base social radicalizada y que ellos mismos han contribuido a crear.

La consecuencia práctica la conocemos todos, desgraciadamente. La historia reciente demuestra que la extrema derecha nunca se fortalece únicamente por sus propios méritos a la hora de interpretar la sociedad. También crece cuando los partidos conservadores e incluso progresistas deciden asumir su lenguaje, legitimar sus marcos mentales y competir en su terreno. El resultado nunca ha sido una derecha democrática más fuerte, sino una extrema derecha más influyente. Y por el camino se está erosionando no solo la democracia, sino también la cohesión social: no olvidemos que el principio de todo esto es que el PP ahora niega derechos políticos que antes reconocía. Una pendiente muy resbaladiza.

Los principales organismos internacionales reconocen que la economía española es una de las que más crece de toda Europa y entre los países de la OCDE. De hecho, según las previsiones de la OCDE y de la Comisión Europea, su crecimiento seguiría por encima del de Francia, Alemania o Italia —y de la media de la zona euro— en 2026 y 2027.

La gran pregunta que alimenta el debate es si ese crecimiento se sostiene porque hay más gente trabajando o porque se está produciendo una transformación estructural. En este análisis aportaré algunos datos que nos ayuden a hacernos una idea de lo que está pasando.

Para contextualizar el debate debo recordar que el Producto Interior Bruto (PIB) que articula gran parte del debate económico es únicamente el valor monetario de los bienes y servicios que produce un país en un determinado período de tiempo. En términos absolutos, eso significa que si hay más gente trabajando, el PIB será mayor. Al mismo tiempo, si un país consigue producir cosas de más valor empleando a los mismos trabajadores (o el mismo tiempo de trabajo) también crecerá el PIB. Para los fines de este artículo estos son los dos grandes mecanismos que pueden explicar el crecimiento económico. Al primer tipo se le llama crecimiento extensivo porque depende de añadir más trabajadores, mientras que al segundo se le llama crecimiento intensivo porque implica usar “mejor” los factores productivos existentes.

Dicho esto, por lo general una economía que crece extensivamente enfrentará límites de manera más rápida: es improbable que el ritmo de crecimiento del número de trabajadores se mantenga en el tiempo. Además, formar trabajadores cualificados, que son los que generan más valor, es difícil y es raro que la entrada masiva de personas tenga esas características. Por esa razón se considera un tipo de crecimiento poco atractivo. Por otro lado, crecer intensivamente es un proceso potencialmente más sostenible porque depende del aumento de la productividad (aunque también hay límites, como los ecológicos). Respecto a la economía española, los analistas más conservadores aducen que el crecimiento es débil porque es del primer tipo, mientras que otros consideramos que hay elementos que apuntan a que también se está produciendo una transformación estructural, aunque modesta.

Por suerte, existen procedimientos para descomponer el PIB y contrastar qué tipo de crecimiento se está produciendo. En la nota final indico cómo se hace metodológicamente, pero el que utilizo aquí es básicamente una transformación logarítmica que permite descomponer el PIB en cuatro factores: población, tasa de empleo, intensidad de trabajo y productividad por hora. Utilizando datos de Eurostat para el período 2022-2025 y en crecimiento acumulado, obtenemos los siguientes datos para algunas economías seleccionadas de la Unión Europea.

Lo que nos dice esta tabla es que el crecimiento de España se debe tanto al aumento de la población y de la tasa de empleo como al avance de la productividad por hora. De la muestra, España es el país donde más ha crecido la población; y, como la tasa de empleo crece aún más, sabemos que el empleo ha aumentado más deprisa que la población: buena parte de quienes han llegado están en edad de trabajar y se han incorporado al mercado laboral. Conviene notar, además, que las horas por ocupado caen (−1,3), señal de que la jornada media se acorta —probablemente por más parcialidad—, de modo que el empuje laboral viene del número de personas que trabajan, no de que cada una trabaje más horas. Así pues, el crecimiento del número de trabajadores explica una parte importante del crecimiento económico reciente.

Cabría esperar que esa entrada de trabajadores tirase de la productividad por hora hacia abajo: si los nuevos ocupados tuvieran, en promedio, menor cualificación y se incorporaran a empleos de bajo valor añadido, aportarían menos valor que la media preexistente. Es lo que suele suponerse, aunque la evidencia reciente lo matiza, pues según el Banco de España la inmigración llegada en los últimos años está más cualificada que las olas anteriores. El ejemplo más claro de ese patrón extensivo es Italia: su empleo crece con fuerza (+5,0) mientras su productividad por hora se desploma (−4,1), de modo que el grueso de su crecimiento se explica fundamentalmente por el aumento del empleo. Alemania y Austria, por su parte, ilustran un caso distinto enmarcado en su crisis industrial: ahí la productividad por hora también cae, pero acompañada de una tasa de empleo negativa, señal de que el problema no es la composición de nuevos trabajadores, sino la destrucción de empleo de alto valor en la industria.

En España, en cambio, y tal y como analizamos en profundidad recientemente, la productividad por hora crece al mismo tiempo que se crea empleo. Esa combinación es precisamente la que resulta difícil de obtener en procesos de crecimiento puramente extensivos, porque la incorporación rápida de trabajadores suele reducir la productividad media, al menos temporalmente.

Una explicación plausible de este fenómeno es que, a la vez que se produce esa fuerte entrada de población, está ocurriendo un cambio en el modelo productivo que eleva la productividad media de los trabajadores: en parte porque la inmigración reciente es más cualificada y en parte por una reasignación hacia actividades de mayor valor añadido. Es precisamente lo que apuntó el informe de Goldman Sachs al señalar que España es, entre las grandes economías europeas, donde más están creciendo los empleos de alto valor añadido. He reproducido a continuación el gráfico que sostenía tal argumento.

En resumen, la economía española está creciendo por una combinación de crecimiento extensivo (más trabajadores) e intensivo (más productividad por hora). Las dos interpretaciones que a priori parecían enfrentadas son, en realidad, compatibles. Y eso tiene mérito, porque sus lógicas tienden a oponerse: que ambas convivan indica que la transformación estructural está teniendo una fuerza suficiente para compensar el efecto composición de sumar más trabajadores.

Los avances obtenidos hasta ahora es probable que se deban en gran medida a los incentivos introducidos por los fondos NextGeneration, es decir, a un tipo de política industrial que atrae capital y trabajadores hacia sectores con mayor valor añadido. El verdadero reto de futuro para la economía española consiste en conseguir que cada nueva incorporación al mercado laboral vaya acompañada de un aumento sostenido de la productividad. Si eso ocurre, lo que requiere una política industrial más activa y ambiciosa, habremos conseguido una transformación económica de la estructura productiva, esto es, de uno de los grandes problemas que ha arrastrado históricamente a nuestra economía.

Hay un personaje en España que se presenta como la persona que destapó la corrupción del PSOE y que, dotado con esa legitimidad, va de plató en plató haciendo afirmaciones estrafalarias y de dudosa credibilidad que, en todo caso, alimentan y consolidan los prejuicios de los conservadores. Aldama, que ha sido tratado con suma generosidad por parte del Tribunal Supremo, es el nuevo héroe de la derecha de este país. Y es también, desde hace más de un año, parte destacada de su cultura pop.

Lo llamativo no es que un personaje de estas características ocupe horas de tertulias y titulares de prensa, porque de esos hay muchísimos, sino la extraordinaria facilidad con la que una parte de la sociedad ha suspendido sus propios criterios morales para convertirlo en una figura admirada. Se trata de una inversión de valores muy reveladora de la polarización política contemporánea, donde ya no importa quién eres ni qué has hecho, sino contra quién disparas.

El año pasado la derecha puso mucho empeño en convertir la expresión “Pedro Sánchez, hijo de puta” en la “canción del verano”, como dijo el cantante Juan Magán y otros portavoces a los que, para variar, no les importó contribuir a la degradación política que supone popularizar insultos a figuras públicas. Pero mientras los exabruptos contra el presidente corrían como la pólvora en verbenas y fiestas de pueblo, y no siempre espontáneamente, en una frecuencia distinta también proliferaban otros cánticos tales como “por Aldama, por Aldama” —en versión flamenca, cantado por uno de los Morancos— y un mucho más explícito “Aldama libertad y si no la hay, manifestación nacional” que él mismo subió a sus redes como ejemplo del “sentir popular”. No es ninguna tontería, ya que la popularidad de Aldama constituye el síntoma visible de un proceso político mucho más profundo, a saber: la construcción deliberada de un personaje útil para una determinada batalla cultural.

¿Cómo puede un empresario corrupto convertirse en objeto de admiración e incluso de celebración pública? La única forma de explicarlo es precisamente atendiendo al papel instrumental que juega en una causa mayor: la de desgastar y tumbar al gobierno de coalición progresista. Las derechas nunca toleraron perder el gobierno en el año 2018, pero mucho menos aceptaron que los comunistas se sentaran también en el Consejo de Ministros desde el año 2020. Desde entonces han intentado casi todo para cambiar esa situación, siguiendo aquel claro consejo de Aznar de que “quién pueda hacer, que haga”. Pero aquella ofensiva ideológica, mediática, judicial y hasta policial terminó chocando con la voluntad popular expresada en julio de 2023, que revalidó al gobierno de coalición. 

La derecha perseveró en esta estrategia, claro, pero pronto encontró un aliado inesperado: la corrupción del PSOE, un regalo que los ladrones de Ábalos, Cerdán y compañía han ofrecido a los reaccionarios de nuestro país. Conviene no minimizar la importancia de este hecho, como hace cierta izquierda en ocasiones. Lo cierto es que la corrupción debilita electoralmente a quien la protagoniza, pero también proporciona munición política, legitimidad discursiva y cohesión emocional a sus adversarios. Por eso la derecha ha mordido a la presa y no la va a soltar: han encontrado un punto de gran vulnerabilidad del gobierno y de Pedro Sánchez. Pero como nunca es suficiente, necesitan sobredimensionar el fenómeno para que parezca realmente un problema de todo el gobierno de coalición. Y ese es precisamente el papel de Aldama. Él ya no es únicamente un empresario investigado, sino que se ha convertido en un personaje político. Y, como ocurre con todos los personajes políticos exitosos, su relevancia no depende tanto de la veracidad de lo que cuenta como de la utilidad simbólica que adquiere para quienes lo escuchan.

Seamos claros: Aldama es un fantasma y no sólo un delincuente. Durante la fase de instrucción el juez acreditó que muchas de sus “confesiones” no se ajustaban en absoluto a la verdad o eran acusaciones sin pruebas; en algunos casos fueron directamente mentiras desmontadas por el juez, y que obligaron al propio Aldama a tener que rectificar para evitar problemas mayores. Así, durante el juicio Aldama no sólo aportó evidencias que ayudaron a esclarecer el caso, aspecto que sostiene la desproporcionada generosidad con la que el Tribunal Supremo ha tratado su situación, sino que también se dedicó a esparcir basura a fin de que el problema pareciera mucho mayor de lo que ya era. Y desde el principio estaba claro que, si Aldama quería ganarse la simpatía de la derecha de este país —parte de su propia estrategia de supervivencia legal— tenía que ir a por la caza mayor: Pedro Sánchez y su gobierno.

Ahí reside su atractivo para la derecha sociológica de este país: se presenta como un héroe que se enfrenta al gobierno de Pedro Sánchez y que puede conseguir, sueñan ellos, que acaben todos en la cárcel. En sus manifestaciones más recientes ha vuelto a incidir en que tiene material comprometido de Pedro Sánchez, al que sin prueba alguna llama “el number one”, y ha predicho que acabará en la cárcel. Para completar su relato de héroe contra villano, ha declarado solemne que tiene miedo por él y por su familia; un tono victimista que lleva dos años utilizando a fin de presentarse como contrapunto de un supuesto gobierno totalitario dirigido por Pedro Sánchez. No importa si algo de todo esto es verdad o tiene el respaldo de pruebas; lo que importa es que la derecha de este país le da verosimilitud y escucharlo refuerza sus prejuicios sobre qué tipo de gente gobierna España en este momento. Por esa razón, Aldama se ha convertido en un héroe que merece reconocimiento, cariño y cuidados. Exactamente lo que está recibiendo en las verbenas y fiestas populares, en los medios de comunicación donde se le invita a compartir sus invenciones, y también en los juzgados —que ponderan mejor lo cierto y lo falso, pero que no escapan de su atractivo ideológico e instrumental—.

Este va a ser un verano curioso. En algunas verbenas y fiestas populares convivirán dos fenómenos reveladores de nuestro tiempo político: insultar al presidente del Gobierno democráticamente elegido y celebrar a un empresario que participó en tramas corruptas. Es una inversión moral extraordinaria, pero congruente con un tiempo político donde la ideología reaccionaria ciega cualquier consideración moral o de decencia. La derecha de nuestro país ha convertido la derrota del gobierno de coalición en el único horizonte político, haciendo desaparecer toda coherencia y permitiendo que cualquier personaje dispuesto a contribuir a esa tarea sea rápidamente rehabilitado. La pregunta que debemos hacernos es por qué una parte de la sociedad ha decidido convertir a este personaje, un corrupto, en un referente.

Según publicaba recientemente el diario El Confidencial, “España es el tercer país europeo con mayor caída de los salarios reales en la crisis inflacionista”. En particular, en el texto se señala que los salarios nominales han crecido un 20,8%, pero como el precio de la vida (IPC) ha subido más, el resultado final es que “los salarios reales siguen un 2% por debajo del nivel de 2021”. Las cifras están obtenidas de Eurostat, la oficina estadística oficial de la Comisión Europea, así que: ¿deberíamos desconfiar del mensaje que se nos traslada? En este análisis vamos a ver por qué la respuesta es afirmativa.

Empecemos por lo básico, que es el concepto de ‘salario real’. Con ello nos referimos a nuestro poder adquisitivo, es decir, a nuestro salario ajustado por el crecimiento del precio de las cosas que compramos. Si nuestro salario crece 1.000 euros de un año a otro nos podemos sentir más ricos, pero si el precio de las cosas que solemos comprar ha subido 1.100 euros, en realidad nos hemos hecho más pobres porque podemos comprar menos cosas con nuestro salario. Por eso el salario real es una ratio entre una medida del salario nominal (en euros) y una medida del precio de la vida (en euros).

Aquí empiezan los problemas porque el concepto de salario real se entiende muy bien a nivel individual, pero medirlo a nivel agregado implica importantes problemas de medición. El salario de un trabajador manual y de un gran directivo no son iguales, como tampoco son las cosas típicas que compran. Para salir del paso lo habitual es calcular el salario medio y la cesta de consumo promedio o representativa, lo que supone perder información valiosa sobre la desigualdad dentro del conjunto. Aun así, es el modo habitual de proceder para llegar a un indicador simple que pretende resumir, nada más y nada menos, que el poder adquisitivo de los trabajadores de un país.

Ahora bien, aunque nos resignemos a usar el salario medio como aproximación seguimos teniendo el problema de dónde obtener los datos y de qué están midiendo exactamente. Eurostat ofrece distintas formas de medir los salarios y ninguna captura exactamente la misma realidad. Algunas incluyen todos los costes laborales y otras se basan en la contabilidad nacional o en encuestas. Lo importante es entender que no existe una única forma indiscutible de medir algo tan complejo como el poder adquisitivo agregado. Por ejemplo, el siguiente gráfico muestra la evolución del salario real (ya ajustado por nivel de precios) desde el año 2000 hasta el presente para una serie basada en contabilidad nacional y otra de costes laborales.

Lo que se observa es que la tendencia de ambas series es similar, aunque queda claro que no miden exactamente lo mismo (no se solapan). Lo que quiero es que nos fijemos en la parte final del gráfico, a partir del año de la pandemia (2020). Lo que vemos es que en torno a 2022 ambos índices alcanzan un mínimo en torno a los 100 puntos: eso significa que en esa fecha el salario real es básicamente el mismo que era en el año de referencia, el año 2000. Pero, y he aquí lo relevante, en el año 2026 ambos índices se encuentran significativamente por encima, lo que supone que el salario real ha crecido desde entonces. Entonces, ¿cómo se puede aterrizar en un titular, como el de El Confidencial, que asegura que el salario real ha bajado un 2%?

En la facultad tuve un profesor que nos insistía en que los economistas aprendíamos a torturar a los datos hasta que confesaban lo que deseáramos. Así que para entender el análisis en cuestión sólo hay que buscar huellas de un interrogatorio que intuimos bastante cruel. En el análisis económico hay tres tipos de decisiones previas: los datos que se usan, el indicador que se construye y el período temporal que se escoge. Ninguna es neutral y todas condicionan el resultado final, así que veamos qué ha podido pasar en este caso.

El periodista ha comenzado haciendo una pregunta interesante: ¿cuánto ha variado el salario real en España desde el final de la pandemia? El problema real está en determinar cuándo terminó la pandemia. Según la OMS, concluyó en mayo de 2023, lo que puede tener sentido sanitario, pero no económico: así que debemos seguir buscando.

Por los datos de El Confidencial, que he replicado, sabemos que el medio ha usado los datos de coste laboral y ha escogido como referencia de final de la pandemia el primer trimestre de 2021. Respecto a lo primero, ningún problema. Pero respecto a lo segundo, ¿por qué esa fecha? En aquel momento la economía aún no había arrancado —el PIB todavía caía en el primer trimestre de 2021 y solo rebotó a partir del segundo—. En realidad, no hay una razón evidente para anclar justo ahí. Y, como veremos, las consecuencias de esa elección son enormes.

Es conocido el chiste según el cual, si yo tengo cero vacas, y mi vecino tiene dos, la estadística dirá que, en promedio, tenemos una cada uno. Extiendo ahora esa idea ligeramente. Imaginemos un escenario A en el que yo tengo 10 vacas, y al año siguiente tengo 11: mi crecimiento habrá sido del 10%. En un escenario B, yo tengo 1 vaca y al año siguiente 2: mi crecimiento habrá sido el 100%. En ambos casos el número de vacas adicionales ha sido el mismo, pero el porcentaje de crecimiento es muy distinto. Moraleja: para no trasladar una impresión equivocada hay que elegir (y explicar) con cuidado el período de referencia (las vacas con las que empezamos).

Con ese punto de partida, el artículo de El Confidencial concluye que, desde el período de referencia (primer trimestre de 2021) hasta el último período disponible (primer trimestre de 2026) el crecimiento nominal de los salarios ha sido del 20,8%, mientras que el crecimiento de los precios ha sido del 23,2%. La conclusión es que el salario real ha caído un 1,9% (que el autor redondea al 2%). Tomada al pie de la letra, es una foto sombría: cinco años después seguiríamos por debajo del punto de partida. El gráfico resultante con salarios y precios en índice con referencia en primer trimestre de 2021 es el siguiente, donde se puede comprobar que los salarios no “pillan” al crecimiento de los precios y se mantienen por debajo todavía en 2026:

Pero, ¿qué pasa si elegimos otro punto de referencia? He rehecho los cálculos con los mismos datos, pero considerando ahora que el punto de referencia es el primer trimestre de 2022, es decir, justo un año después. En el gráfico resultante, que sigue a continuación, la imagen es totalmente distinta porque ahora los salarios se encuentran por encima de los precios desde el año 2024. Aquí el panorama sombrío se ha convertido en otro bastante más optimista.

Que dos resultados tan distintos nazcan de los mismos datos es debido a las decisiones metodológicas previas, en particular a dónde establecemos el punto de partida. Podríamos haber tomado distintos puntos de referencia, y todos mostrarían fotografías diferentes. De hecho, resulta que de 104 trimestres disponibles desde el año 2000, al compararlos con el último dato de 2026 sólo 11 dan resultado negativo de la variación del salario real (el escogido por El Confidencial es uno de ellos).

Mi objetivo no es sugerir que existe una fecha correcta y que el periodista ha elegido de manera deliberada una incorrecta, sino demostrar la enorme sensibilidad del resultado a una decisión aparentemente inocua como es la elección del período de referencia. Como he dicho, si el análisis hubiera comenzado en el primer trimestre de 2022, el titular hubiera tenido que ser algo similar a “el salario real sube un 3% desde la pandemia”, y los lectores de El Confidencial tendrían una percepción muy distinta de lo que sucede con el poder adquisitivo de los españoles —y, por ende, de la política económica del gobierno—. De hecho, de forma mucho menos justificada, podríamos incluso haber escogido el cuarto trimestre de 2012 y decir que desde entonces el salario real ha subido un 9,7%. Todos ellos, incluidos el de dicho medio, serían correctos, pero no necesariamente “toda la verdad”.

Hay una precisión que merece la pena hacer: todo esto afecta a la magnitud de la caída española en términos absolutos, pero no necesariamente a su posición relativa. Que España sea “el tercer país europeo con mayor caída” es una comparación entre países que, al medirse todos desde la misma base, es bastante menos sensible a la fecha elegida y merecería un análisis propio. Aquí me ocupo solo de la cifra absoluta, que es la que sostiene el “−2%”, y lo que subrayo es que el mismo dato alimenta un titular catastrofista o uno triunfalista según las decisiones metodológicas, que no suelen ser explícitas. Un análisis económico requiere contextualización, claridad y un punto crítico que, sin embargo, desaparece cuando declaramos con rotundidad cosas como las del titular analizado. Y lo que es innegable es que desde aquel suelo de 2022 (que se ve claramente en el primer gráfico) el salario real se ha ido recuperando hasta situarse hoy más o menos donde estaba antes del golpe.

Conviene, eso sí, no pasarse de optimistas. Que el punto de partida elegido por El Confidencial sea discutible no significa que el salario real no se resintiera: entre finales de 2021 y el verano de 2022 el poder adquisitivo cayó de verdad, porque la inflación corrió muy por delante de los salarios, y esa pérdida la notó cualquiera que llenara la cesta de la compra. En otro análisis ya hablé de por qué ese es el problema esencial que nos obliga a preguntarnos sobre el margen de beneficio de las empresas en tiempos de “shocks externos”. Es más, se mida como se mida (mediante contabilidad nacional, costes laborales o, incluso, como salario neto) la tendencia apunta a la dificultad que tienen los salarios para crecer por encima de los precios. Estamos ante un problema distributivo clásico, producto de muchos factores —siendo uno, por ejemplo, la ausencia de indexación de los salarios al IPC—, que pone de relieve una vez más los límites de las políticas como la subida del salario mínimo.

En todo caso, sirva este ejemplo para demostrar que la economista Joan Robinson tenía razón cuando dijo aquello de que hay que estudiar economía para evitar ser engañado por los economistas. Eso sí, la lección no es que debamos desconfiar de las estadísticas per se (aunque tienen sus propios problemas, de los que debemos ser conscientes), sino que debemos desconfiar de quien nos presenta una estadística como si hablara por sí sola. Los datos nunca hablan, sino que siempre hay alguien que decide qué medir, desde cuándo medirlo y cómo contarlo. Y esa decisión, que suele permanecer invisible, es muchas veces la parte más importante del análisis económico.

Según una encuesta de elDiario.es, aproximadamente uno de cada tres votantes de izquierdas cree que el caso que hoy salpica al entorno del Gobierno es, en realidad, una operación urdida contra él. Se trata de datos preocupantes por lo que revelan sobre el estado del espíritu crítico en la izquierda. Conviene explicitarlo para no llevar a confusión: es posible, y es necesario, reconocer que las derechas harán cuanto esté en su mano por derribar a este Gobierno, y que tienen ascendiente suficiente dentro del Estado como para intentarlo con altas probabilidades de éxito. Pero de ahí no se puede inferir que un caso que incluye la creación de sociedades pantalla para hacer negocios sea, también él, un producto de las maniobras de la derecha. Que el adversario quiera aprovechar el incendio no lo convierte en quien lo provocó. No deberíamos pasar por ahí. 

Hace algunas décadas, un grupo de pensadores se dedicó a desbrozar las trampas lógicas en las que había caído buena parte del marxismo y del pensamiento de izquierdas en general. Aquellos ‘marxistas analíticos’ —así se llamaron— dedicaron esfuerzos brillantes a demostrar que del hecho de que un fenómeno beneficie a X no puede inferirse que X sea su autor ni su responsable. Lo llamaron crítica a la explicación funcional, y su blanco era el marxismo que explicaba cualquier institución diciendo que existía “porque” convenía al capital, sin molestarse en mostrar el mecanismo concreto por el que el interés del capital se traducía, supuestamente, en esa institución particular. La falacia es elemental —beneficiario no es lo mismo que causante—, y sin embargo sigue siendo asombrosamente habitual en la manera en que una parte de la izquierda lee la sociedad. 

Lo interesante es que esta forma de razonar tiene exactamente el patrón de una teoría de la conspiración. John Elster, uno de los marxistas analíticos más destacados, señaló que el funcionalismo y el conspiracionismo son dos salidas falsas al mismo callejón. Cuando no se ve el mecanismo que conecta una causa con un efecto, uno puede inventarse una función que se autorregula sola —el funcionalismo— o inventarse un agente oculto que lo orquesta todo entre bambalinas —la conspiración—. Son explicaciones hermanas: dos maneras de tapar el agujero que deja un mecanismo que no se ha sabido explicar. 

Un ejemplo reciente puede servir para mostrarlo con más claridad. El partido Podemos emergió electoralmente en 2014 gracias a la carismática presencia de Pablo Iglesias en las tertulias de La Sexta, y el estallido fue tal que, a los pocos meses, Podemos estaba en las encuestas en el 20% e Izquierda Unida en el 5%. En aquellas circunstancias, no muchos comprendían el mecanismo causal por el que IU había pasado del 15% al 5% en sólo unos meses, así que se recurrió a explicaciones funcionalistas y conspirativas: Podemos era, se decía, un producto del capital (encarnado en los medios) para acabar con el partido de la clase trabajadora. Curiosamente, exactamente el mismo argumento apareció de nuevo cuando emergió Sumar en 2022, pero esta vez en boca de los representantes de Podemos. La explicación funcionalista (“al sistema le beneficia esto —la división—, luego es cosa del sistema”) y conspirativa (“todo es un plan de los medios para destruirnos”) es un recurso tan habitual como erróneo.

Aun así, me lo he encontrado una y otra vez dentro de la izquierda, en lecturas de muy distinto calibre y radicalidad. Si las grandes empresas se benefician de las políticas socialdemócratas, se concluye que las políticas socialdemócratas las diseñan las grandes empresas. Si el feminismo reivindica que el trabajo de la mujer sea remunerado, se decreta que el feminismo es un instrumento del capital. Si hay empresas de energía renovable, se asegura que la transición energética es una quimera del capital. Si la patronal apoya regularizar a los migrantes, se proclama que dar papeles es hacerle el juego al capitalismo. Si criticar a Rusia beneficia a Estados Unidos, se sentencia que toda crítica a Rusia es cosa del imperio. En todos los casos opera el mismo automatismo: se simplifica el fenómeno, se suprime la agencia de quienes lo protagonizan —como si las personas y los movimientos no tuvieran voluntad propia con la que explicar lo que hacen— y se clausura, de paso, la capacidad de crítica. 

Durante mucho tiempo me he preguntado por qué estos argumentos son tan atractivos para tanta gente. La única explicación que me convence es que estas lecturas, aunque sean lógicamente ilegítimas, resultan políticamente rentables, porque cohesionan al grupo. No hay nada como una buena teoría de la conspiración, aderezada con unas dosis de victimismo, para cerrar filas. Los agravios unen mucho más que las victorias: señalar un enemigo externo capaz de poner en riesgo la existencia misma del grupo despierta lealtades que dormitaban. “Si vienen a por nosotros, por algo será”; “Nos atacan porque decimos la verdad”; “Si no te atacan como a mí, eres de ellos”. Y conviene que se me entienda bien: no estoy diciendo que la crítica externa sea siempre veraz —de hecho, muy frecuentemente es torticera e interesada—. Estoy diciendo otra cosa: que el victimismo se utiliza para anular el espíritu crítico propio, que es distinto. 

En esta fase declarativa sobre qué explica el ataque externo, todo parece inocente. Pero cuidado, porque una vez explicitados los argumentos conspirativos, el paso siguiente es casi siempre el mismo. Tras identificar al enemigo externo llega la búsqueda del enemigo interno: el disidente cómplice, el traidor que colabora con la fuerza omnipresente que quiere destruirnos. Si estamos bajo asedio, quien levanta la voz para señalar lo que se hace mal pasa automáticamente a ser sospechoso de colaboracionismo. El disidente se convierte en traidor, y al traidor se le invita a marcharse. Al menos hoy se le invita: bajo el estalinismo se le fusilaba. Que se lo pregunten a Bujarin y a tantos otros revolucionarios que cayeron bajo esa misma acusación. Porque el estalinismo se edificó precisamente sobre esa narrativa —el enemigo exterior que había logrado infiltrar sus tentáculos en el interior— y la convirtió en coartada para liquidar todo pensamiento crítico. Stalin no se equivocaba al afirmar que había potencias interesadas en la caída de la URSS; su salto mortal fue inferir que toda crítica a la URSS era, por ello, producto de la conspiración de esas potencias. Es el mismo salto, exactamente el mismo, que el que reproduce la izquierda cuando construye la idea de un “bunker resistente” frente a los malvados elementos de la derecha/medios/el capital. 

Procesos así conducen, inevitablemente, a la fosilización del pensamiento crítico, sobre todo en los sectores que han hecho suya esa mirada. Si el enemigo externo es omnipotente y lo explica todo, ¿para qué malgastar energías preguntándose qué hicieron mal los nuestros? Por el camino, la base social se transforma: deja de ser diversa, amplia y crítica para volverse homogénea, estrecha y leal. En este sentido, la clave es que las teorías de la conspiración no tienen fronteras: nadie es capaz de fijar dónde termina la trama. Primero son los medios; después, los mal llamados ‘aliados’; al final, cualquiera que aporte un dato incómodo. El proceso acaba consumiéndose a sí mismo, y de la quema solo se salvan unos pocos dirigentes. Las estructuras construidas de este modo ya no necesitan ganar: les basta con tener razón moral, con el aplauso de los suyos, que es lo único que garantiza la reproducción de su poder. Cada depuración deja un núcleo más puro y más pequeño. 

Por eso conviene estar alerta. Uno empieza deslizándose por una pendiente de apariencia inocente y termina empantanado, defendiendo imposibles, incapaz de pensar críticamente la realidad que lo rodea. Por mi parte, en cuanto huelo un proceso de victimización —“los medios, la derecha, los jueces nos atacan, apóyanos”— me pongo en guardia. No porque los medios, la derecha o los jueces carezcan de agencia: la tienen, y a menudo es hostilísima con la izquierda. Me pongo en guardia porque esa llamada suele ser una estrategia diseñada para que traguemos con cosas que nos saldrán caras a medio y largo plazo. La izquierda fue siempre la tradición del sujeto que hace su propia historia. Renunciar a la responsabilidad sobre lo que hacemos mal, mientras reclamamos para nosotros todo el mérito de lo que hacemos bien, es renunciar a esa tradición. Y hay una asimetría final que deberíamos entender: a la derecha el conspiracionismo la moviliza; a la izquierda la anestesia.

Anthropic, la compañía propietaria de la Inteligencia Artificial Claude, publicó hace unos días su modelo Fable. Dicho modelo supuestamente mejora la capacidad de la inteligencia generativa, permitiendo que el usuario pueda elaborar tareas mucho más sofisticadas en menos tiempo; es decir, permite un aumento de la productividad en ciertas tareas. La respuesta del gobierno de Estados Unidos ha sido la de prohibir que ese modelo sea utilizado por los ciudadanos extranjeros, alegando motivos de seguridad nacional. En lo que es hasta ahora el último movimiento, Anthropic ha retirado el modelo a todo el mundo.

Este movimiento del gobierno de Estados Unidos ha sido ubicado en lo que algunos han llamado una “guerra fría digital”, y sólo puede entenderse en el contexto de declive de la posición hegemónica de la potencia americana. De la misma forma que las políticas arancelarias de Trump buscan proteger a la industria norteamericana de los efectos del libre comercio —que ahora se asume que beneficia a países adversarios, especialmente China—, la limitación del uso de las IA más avanzadas a usuarios nacionales es el intento de aprovechar cualquier oportunidad para ganar una ventaja económica. Ambas medidas son parte de un paquete proteccionista que algunos denominamos neomercantilismo, y del que existen precedentes históricos que pueden ayudar a comprender la situación actual.

Quizás el ejemplo paradigmático fue la Inglaterra del siglo XVIII, que por entonces comenzaba a despuntar gracias a la capacidad de sus mecánicos para construir máquinas más eficaces y eficientes para la industria textil. Era tal la importancia de ese conocimiento que el gobierno inglés prohibió desde principios de siglo la emigración de los operarios cualificados. A partir de la segunda mitad de siglo, el gobierno extendió la prohibición a las máquinas en sí, ya construidas, a fin de que los rivales no pudieran replicarlas y utilizarlas para su desarrollo económico. La política mercantilista de la época sugería que aquella ventaja de conocimiento y tecnología debía ser “privada” a fin de proporcionar una ventaja en la lucha económica; no había todavía tal cosa como el libre comercio, que el Reino Unido solo asumió un siglo más tarde cuando era ya la potencia económica indiscutible.

No fue esta una estrategia solo de Inglaterra, sino también de Países Bajos y de algunas repúblicas italianas como Venecia, es decir, de aquellas regiones más avanzadas y donde la industrialización comenzaba a desplegarse con más solidez. Sin embargo, hay consenso de que la mayoría de aquellas medidas no fueron muy eficaces. La razón es que los países rezagados, como Francia, Prusia o Estados Unidos, reaccionaron combinando (ilegalmente) políticas de atracción de operarios y espionaje industrial. Por ejemplo, el estadounidense Samuel Slater, conocido en Inglaterra como Slater the traitor, emigró a la isla británica disfrazado de jornalero para memorizar la maquinaria de hilado de Arkwright; gracias a aquello, Estados Unidos adquirió la tecnología que durante décadas había proporcionado la ventaja económica clave al Reino Unido.

El patrón actual es similar. Aunque hay discusiones académicas al respecto, es obvio para cualquiera que la IA consigue elevar la productividad en ciertas tareas específicas (por ejemplo, en el procesamiento y manipulación de muchos datos, o en la redacción de documentos). Si tal función estuviera disponible únicamente para Estados Unidos, eso concedería una ventaja notable a sus empresas en comparación con la de sus competidores. Aunque el gobierno de Estados Unidos alega motivos de “Seguridad Nacional” para su decisión, esta es la típica forma de encubrir políticas mercantilistas que, en última instancia, buscan una ventaja económica para sus empresas.

Debemos añadir que los programas de Inteligencia Artificial generativa de Estados Unidos no son enteramente suyos. Como recordaba Albert Einstein en ‘Why Socialism?’, ningún logro individual nace de la nada: la vida de cada persona es posible gracias al trabajo y los logros de los muchos millones, pasados y presentes, y es la sociedad la que provee el lenguaje, las formas de pensamiento y la mayor parte de su contenido. En este sentido, todo conocimiento es una herencia colectiva e intergeneracional. De la misma manera que las máquinas de la revolución industrial encarnaban los recursos que fueron expropiados y saqueados a las colonias y a la periferia mundial, pues sin ellos era imposible concebir la propia construcción de los artefactos en cuestión, la IA generativa encarna el conocimiento que es, por defecto, propiedad común. Incluso todos nuestros datos, incluyendo mis propios artículos, son apropiados por la IA generativa tanto para entrenar como para construir los resultados ofrecidos al usuario. Así, una de las preguntas de nuestro tiempo podría ser ¿quién controla y se apropia de un conocimiento de origen común?

A la vez, todo el proceso depende de una red de infraestructura que se construye asimétricamente según la lógica del capital, es decir, dirigiéndose a aquellos lugares donde la naturaleza y el ser humano son más accesibles, dóciles y, sobre todo, baratos. Se trata de lo que Cecilia Rikap, en su fantástico libro ‘Teoría de la dependencia digital’, ha llamado “extractivismo gemelo”. El resultado es un proceso que concentra los beneficios en unos pocos actores (las grandes corporaciones de IA) y distribuye los costes económicos, sociales y ecológicos entre las regiones periféricas. Y el botón de encendido/apagado de las funciones esenciales de la IA sigue residiendo en el centro, sea Estados Unidos o China.

El caso aquí descrito pone de relieve una vulnerabilidad importantísima del resto de países, como los europeos, que ya dependen de los servicios de Inteligencia Artificial de empresas estadounidenses. Aunque muchos países se han enzarzado en una lucha por atraer los centros de datos de la IA, lo cierto es que estas infraestructuras —por otro lado, altamente intensivas en consumo de energía y agua— son sólo la parte de la cadena donde se procesan datos y no generan ni muchos puestos de trabajo cualificados ni tampoco otorgan capacidad de control alguna sobre el software. Son solo enclaves de extracción por cuyas migajas se pelean ciertas regiones del mundo que, como Argentina, oficialmente ofrecen como “ventaja” precisamente mucha energía y mano de obra barata. En todo caso, los propietarios de la IA siempre pueden desconectar su uso selectivamente, como acaban de hacer con el modelo Fable, a instancias del gobierno de Estados Unidos o por otras razones aún más mundanas.

La única solución que tienen los demás países es desplegar sus propios modelos de inteligencia artificial, lo que no es tarea sencilla. Por un lado, la eficacia de la inteligencia artificial generativa es el resultado de la acumulación de grandes cantidades de conocimiento y del uso de mano de obra barata que, a través de tareas arduas y repetitivas, ayuda a mejorar la precisión del modelo. Las implicaciones de ese proceso de “gestación” no son menores a la hora de querer construir una alternativa al software estadounidense. Por otro lado, y quizás el factor más importante, ningún país europeo o latinoamericano podrá, por si solo, ser capaz de construir una alternativa competitiva a los modelos estadounidenses o chinos. El prerrequisito para conseguirlo es necesariamente cambiar la escala, es decir, trabajar entre países de manera cooperativa. Pero la escala no basta, y si el conocimiento es una herencia común, la alternativa no puede limitarse a reproducir el mismo extractivismo bajo bandera europea. Debería apuntar a modelos públicos y abiertos, gobernados como lo que ese conocimiento es en origen: un bien colectivo. Precisamente esa hipótesis es la que la extrema derecha y el movimiento MAGA intentan sabotear de raíz al erosionar las débiles instituciones europeas.

Entre el siglo I y el IV de nuestra era, varias epidemias y pandemias asolaron Europa occidental. La plaga Antonina, que estalló entre los años 160 y 189, se llevó por delante incluso al emperador Marco Aurelio y algunas fuentes le atribuyen hasta 2.000 muertes diarias en Roma. Durante los siguientes siglos varias enfermedades, que los historiadores actuales creen que fueron la malaria, la viruela y la peste bubónica, provocaron intensos desplomes de los niveles de población. La guerra también contribuyó a esa dinámica, convirtiendo aquella época en un tiempo no muy apacible para la mayoría de la población; especialmente, claro está, para los más pobres y peor alimentados.

Aquellas epidemias obligaron a millones de personas a enfrentarse de forma cotidiana a la fragilidad de la existencia, empujándolas a buscar explicaciones, nuevas comunidades y certezas. Quizás por eso los momentos de mayor inseguridad material y vital suelen coincidir con profundas transformaciones culturales, religiosas y políticas, lo que puede ayudarnos a comprender algunos fenómenos de nuestro propio tiempo.

Es sabido que este tipo de episodios de salud pública han alterado históricamente las instituciones sociales y culturales dominantes. Para la época romana, algunos historiadores, como Rodney Stark, han señalado que uno de los cambios más importantes provocados por la continuidad e intensidad de las epidemias fue el crecimiento del cristianismo. Aquella secta que prometía milagros y curaciones —recuérdese: en un contexto de plagas recurrentes— habría proliferado en un contexto desesperado para millones de personas. Se trata de una tesis polémica, pero verosímil: es fácil imaginar a una población sufriente que veía cómo cada pocos años muchos de sus familiares y amigos morían a causa de las guerras y las enfermedades sin cura.

Aunque la interrelación entre cambio climático y las enfermedades es estudiada hoy desde un punto de vista científico, con datos tales como el análisis de las emisiones de dióxido de carbono (que decrecían cuando la población menguaba, al tiempo que además crecían los bosques), esta es una tesis a la que se ha recurrido continuamente para contribuir a explicar importantes cambios políticos. De hecho, está ampliamente documentado que la combinación de cambio climático y peste bubónica durante el siglo XIV estuvo detrás de las condiciones propicias para el fin del feudalismo en Europa occidental. Al final, los seres humanos somos parte del Sistema-Tierra y respondemos ante cambios que amenazan nuestra propia vida.

Si en aquellos siglos la inseguridad existencial moldeaba las creencias colectivas, es razonable preguntarse qué ocurre cuando esa inseguridad desaparece. Los mundos antiguo y medieval son, en este sentido, muy diferentes de los actuales. Desde la II Guerra Mundial, las generaciones criadas y crecidas en Occidente han vivido dentro de lo que se llama “época dorada del capitalismo”, con incrementos espectaculares de los niveles de bienestar material y, en general, con empleos y condiciones de vida garantizadas —particularmente la asistencia sanitaria—. En ese contexto, las ansiedades colectivas tenían muy poco que ver con las de los campesinos y esclavos del mundo tardorromano, que eran mucho más conscientes de la vulnerabilidad de la propia existencia. No pocos pensadores han visto aquí una de las causas de la secularización de Occidente: la falta de necesidad de acogerse a las esperanzas de un mundo más allá del terrenal y mundano.

Pero sucede que, como para Mercedes Sosa, todo cambia. Y aquel mundo de “capitalismo dorado” (que no era tan brillante para los millones de personas que lo sostenían con sudor y sangre desde el Sur global), y sobre el que ahora se construyen las melancolías y nostalgias de las izquierdas y las derechas, está desapareciendo. El neoliberalismo lleva décadas erosionando las redes colectivas y comunitarias, desde los Estados sociales hasta la forma en la que se construyen las ciudades y se relacionan los vecinos (una transición evidente en muchas ciudades que han visto menguar los barrios tradicionales en beneficio de los PAU —las grandes urbanizaciones de nueva planta, en la práctica barrios privados—y los chalés individualistas, ambos dependientes de los combustibles fósiles y de los centros comerciales periféricos). Poco a poco, el individuo ha sido arrojado a eso que Zygmunt Bauman llamó “modernidad líquida” y que, como él tan bien supo interpretar, atraviesa todas las dimensiones sociales, desde el trabajo hasta el consumo, pasando por el amor. El punto en común es que todo parece comercializado, es decir, pasado por el filtro de la lógica del mercado. El capítulo de Black Mirror en el que todos los trabajadores tienen asignado un valor numérico, resultado de la valoración que otros hacen de ellos después de sus contactos, es la expresión máxima de esa forma relacional. 

Se trata de un tropo continuo a lo largo de la historia. Seguramente los campesinos víctimas de los enclosures o cercamientos debieron sentirse de un modo parecido. Erich Fromm así lo creía cuando en El miedo a la libertad advirtió que la liberación de las ataduras feudales no se convertía automáticamente en una libertad para desarrollar proyectos de vida con garantías. Es en esa tensión en la que suelen nacer los monstruos. Porque en esos contextos de transición, el individuo queda desposeído de las redes de seguridad material y espiritual que, mejor o peor, habían sido consideradas garantizadas. El trabajador posfordista, al fin y al cabo, evoca con melancolía los derechos del trabajador fordista incluso aunque no haya visto nunca ninguno. Se trata no sólo de darle sentido a la vida —cualquier cosa que signifique eso— sino de tener la seguridad de que la vida puede continuar sin demasiados sobresaltos. Eso, hoy, está en el alambre.

Entre otros factores, porque nunca hay uno solo, quizás este fenómeno contribuya a explicar ese renovado atractivo que tienen las distintas espiritualidades modernas, empezando por la religión. La gente tiene necesidad de vínculos estables con su entorno, de seguridad material y de cierta confianza en el futuro. El filósofo David Hume llegó a concluir que no podría haber pensamiento científico si no suponíamos que el mundo tenía cierta regularidad y que, al menos en principio, el mañana se parecería al hoy. Quizás no es solo la ciencia, sino que nada tiene sentido si no sabemos si habrá mañana para nosotros y nuestros seres queridos. 

Probablemente por eso asistimos simultáneamente al auge de fenómenos muy distintos que comparten una misma raíz: el crecimiento de determinadas expresiones religiosas, la búsqueda de identidades nacionales fuertes, la proliferación de comunidades (incluso digitales) o el atractivo de discursos políticos que prometen protección frente a un mundo percibido como caótico. Aunque sus respuestas sean diferentes e incluso incompatibles entre sí, todas parecen responder a una misma necesidad de pertenencia, estabilidad y orientación.

Precisamente por eso veo con recelo a cierta izquierda que trivializa estos sentires, condenándolos de antemano como expresiones de irracionalidad con las que no cabe mezclarse ni discutir. Pero el sentido de pertenencia o el deseo de reconstruir lazos comunitarios no es algo que sólo pueda vincularse a las ideologías conservadoras o a las religiones. Está también presente en esa pulsión que todos tenemos a formar grupos sociales (incluso partidos políticos) y quizás nuestro mayor reto político es precisamente cómo dar respuesta a esas ansiedades sociales desde un programa transformador; un lugar donde la ciencia y la racionalidad —que imaginan la factibilidad de otro mundo posible— se unen con las emociones y aspiraciones de seguridad emocional y material.

¿Te imaginas vivir en una sociedad en la que toda la población, a lo largo de todo el planeta, recibiera un ingreso anual de 60.000 euros? Esa cifra se corresponde con unos 5.000 euros al mes, lo que está algo por encima de la media actual en Norte América, pero muy por encima de los 290 euros de media del África subsahariana. Pues esa es la cifra que el recién publicado informe del Global Justice Report (GJR) considera viable para lograr combatir la desigualdad mundial y sus consecuencias y, al mismo tiempo, evitar el calentamiento global.

El informe ha sido elaborado por el equipo del economista Thomas Piketty, y merece un reconocimiento especial porque se esfuerza por demostrar que la lucha contra la desigualdad va necesariamente de la mano de la defensa del planeta que sostiene la vida. Esto es ir a contracorriente de una larga tradición que entiende que la lucha contra la desigualdad —así como la cuestión económica en general— es sólo posible mediante el crecimiento económico y a costa del medio natural; una forma de pensar que todavía invade la mayor parte del pensamiento económico progresista y, por supuesto, conservador.

La clave de bóveda del informe es, de hecho, la constatación de que la actividad económica conlleva necesariamente un consumo de recursos naturales y energía que genera impactos ecológicos, destacadamente el cambio climático. Así, la única manera de que en el año 2100 la temperatura promedio global se mantenga por debajo de los 2 °C respecto a la era preindustrial —y evitar así una catástrofe de costes impredecibles— es reducir desde hoy la actividad económica, esto es, el crecimiento económico. En este sentido, el informe comparte intuiciones centrales de la tradición del 'decrecimiento', aunque sus autores no asumen la etiqueta. Y aporta, además, matices de calado propios.

Para empezar, no se trata sólo de un reescalado hacia abajo de la actividad económica, como ocurriría con una crisis económica, una pandemia o una guerra. Lo que se defiende es una reorientación general del modelo de producción y consumo buscando una desmaterialización de la economía, lo que significa el crecimiento de sectores poco intensivos en consumo de materiales y energía, pero muy intensivos en proporcionar bienestar: por ejemplo, los sectores de educación y sanidad crecerían enormemente. Como señalaba el economista ecológico Herman Daly, es importante recordar que crecimiento y desarrollo no son lo mismo y que, mientras el primero se refiere al valor monetario de la producción, el segundo nos interpela sobre los servicios que nos proporcionan directamente bienestar o felicidad. El GJR se centra en las condiciones biofísicas y sociales que hacen viable el desarrollo del conjunto de la población mundial; nada más y nada menos.

En estas páginas hemos hablado a menudo del paradójico papel que juega la tecnología y la productividad bajo el sistema económico capitalista. El punto es que aunque las innovaciones permiten producir la misma cantidad de bienes en menos tiempo, bajo el capitalismo esta opción está clausurada. La razón es que la lógica del sistema obliga a todos los agentes a competir entre ellos y, en consecuencia, a recurrir a la tecnología no para producir lo mismo en menos tiempo, sino para producir más en el mismo tiempo. La opción liberadora —trabajar menos manteniendo el bienestar— queda así bloqueada. De este modo, durante dos siglos la productividad ha aumentado de forma extraordinaria, pero la mayor parte de ese incremento se ha traducido en más producción y consumo antes que en más tiempo libre. Solo la lucha del movimiento obrero logró compensarlo en parte, consiguiendo que una fracción de esas ganancias se destinara a reducir la jornada. El informe del GJR abunda en esta idea al plantear que las horas de trabajo deben ser reducidas desde la media actual de 2.100 horas por año hacia las 1.000 horas para 2100. Equivaldría, grosso modo, a jornadas de algo más de cuatro horas o a semanas laborales notablemente más cortas que las actuales.

La idea es desplazar el bienestar desde la acumulación de bienes materiales hacia el acceso universal a servicios, tiempo libre y seguridad económica

Una de las variables centrales que ajusta todo el modelo es precisamente la que llaman suficiencia, y que tiene que ver con el consumo. Con jornadas laborales mucho más reducidas y con un crecimiento de los sectores inmateriales como educación y sanidad, el consumo necesariamente tiene que basarse en un cambio de hábitos: una dieta más sostenible ecológicamente (con una reducción del 25% del consumo de carne a nivel mundial) e incluso con impuestos no lineales donde las primeras compras de un bien (como un vuelo) sean asequibles, pero no tanto las siguientes. Todas estas propuestas responden a una misma idea: desplazar el bienestar desde la acumulación de bienes materiales hacia el acceso universal a servicios, tiempo libre y seguridad económica. La suficiencia también implica una rápida y contundente transición energética para descarbonizar la economía, así como una reforestación que permita recuperar la masa de bosques que existía en 1900. Es decir, no hay un decrecimiento que pretenda volver a los parámetros de las sociedades preindustriales sino un aprovechamiento del conocimiento y tecnología acumulados para “saltar” hacia un nuevo modelo energético renovable.

Para que todo ello sea posible, el informe subraya la necesidad de combatir ferozmente la desigualdad de ingresos entre países (para permitir que los más pobres crezcan y puedan converger hacia un nivel de vida digno) así como dentro de cada país. No sólo por razones de índole moral sino también económica: de una fuerte imposición a los estratos más ricos sale el dinero necesario para comenzar el programa. El informe no apela a la creación monetaria, sino a la redistribución, ya que el gasto se financia al principio gravando a quienes más tienen. Luego, en cambio, se crea un fondo común (de todos los países) que invierte en las empresas sostenibles para obtener la financiación necesaria: una idea con ecos de las propuestas socialdemócratas radicales. En todo caso, esta transferencia de renta y riqueza desde los estratos altos hacia la base de la sociedad explica por qué en el modelo se compatibiliza el crecimiento económico casi cero de los países más ricos con el hecho de que la mayoría de su población pueda mejorar considerablemente tanto sus ingresos como su bienestar. De la misma forma que actualmente el crecimiento económico no “llega” a una gran parte de la población, la ausencia de crecimiento agregado es compatible con la mejora del bienestar individual de la mayoría.

Aunque el informe contiene mucha más información y datos, es importante quedarse con la imagen general: es posible imaginar un mundo donde toda la población tiene unos mínimos de vida muy razonables (sanidad, educación, tiempo libre), donde el bienestar no depende del crecimiento económico ni de un consumo ilimitado de recursos naturales, y donde la desigualdad ha sido drásticamente reducida como consecuencia de una gran ofensiva contra las élites económicas. Gracias a eso, los parámetros del Sistema-Tierra pueden mantenerse dentro de unos márgenes que, sin estar exentos de riesgo, evitan los puntos de no retorno. Suena radical, y en cierto sentido lo es (lo que no es malo, porque supone ir a la raíz del problema), pero cualquier otra alternativa —como seguir como hasta ahora— supondría adentrarse en un terreno muy oscuro para la civilización humana y para la vida en general.

Frente a ese terreno oscuro, el informe del GJR se inscribe en la tradición utópica, pero en su connotación positiva: aquella que, como en News from Nowhere de William Morris, hizo soñar a la población con mundos deseables y la activó políticamente. La principal virtud de aquellas utopías clásicas, desde Moro hasta las esbozadas por Marx, es el deseo de proyectar en el futuro horizontes deseables que, en el presente, debían empezar a construirse. Necesitamos estas guías utópicas porque dibujan el perímetro de lo que es posible, y trazan un camino que, aunque no esté perfectamente definido —nunca lo estará—, es ya claramente la senda que tenemos que recorrer.

El acto de violencia policial en las protestas del profesorado valenciano que hemos visto todos es horroroso, pero también sintomático. Un golpe seco por detrás a una mujer que protestaba tan tranquila que jamás habría esperado que un miembro de la policía —cuya función es precisamente velar por la defensa de los derechos fundamentales— la agrediera hasta derribarla al suelo y romperle de ese modo la nariz. 

Las reacciones no se hicieron esperar. De un lado, la delegada del Gobierno anunció la apertura de una investigación sobre el asunto. De otro, dos sindicatos policiales salieron a defender al agresor y a cuestionar la investigación. Mientras tanto, el presidente de la Generalitat, Juan Francisco Pérez Llorca, criticó la intervención del agente, pero al mismo tiempo cuestionó también a los profesores que, según él, buscan la confrontación. Como no pudo acreditar ningún acto violento por parte del profesorado, debemos entender aquello como un torpe intento de justificar en parte al agente. Así las cosas, nadie se ha parado a pensar en el agresor en cuestión.

La pregunta que debemos hacernos es: ¿por qué? ¿Qué lleva a un ser humano, que además ha prometido proteger a sus conciudadanos, a ver a una mujer en una manifestación y decidir que la opción correcta es darle un fuerte y claramente innecesario empujón por la espalda? Se trata de una pregunta más incómoda de lo que parece. Pero en tanto no es probable que el agente se pronuncie públicamente al respecto, y mucho menos diciendo la verdad, solo podemos especular.

Por un lado, bien podría ser que el agente estuviera acostumbrado a este tipo de acciones. Tras recibir la orden de intervención para desalojar una calle, sale del furgón y se desata un fuego interno que le ciega de tal modo que lo mismo da que enfrente tenga a un talibán armado hasta los dientes que a un anciano en silla de ruedas; el protocolo es el protocolo. Esta posibilidad no exige ningún compromiso ideológico previo, pero de ser correcta diría mucho de unas formas de intervenir que asumen la violencia como respuesta ante cualquier evento. Una violencia claramente desmedida y gratuita, en todo caso.

Por otro lado, también podría ser que el agente considerara que los manifestantes suponían realmente un peligro público tan grande que quedara justificada una intervención de ese tipo. Sin embargo, esto sí implicaría un fuerte sesgo ideológico. De hecho, habría que suponer que el agente tenía unas gafas ideológicas muy particulares por las que una mujer de 68 años que protesta por mejores condiciones laborales para los profesores se convierte en un instrumento de terror. Como en aquel episodio de Black Mirror donde los militares creen estar exterminando criaturas monstruosas porque sus dispositivos cambian la forma en la que perciben a simples humanos marcados como indeseables por el sistema.

Ahora bien, quizás la respuesta correcta sea una combinación de las dos anteriores, lo que explicaría la empatía con la que esos dos sindicatos policiales han recibido el caso. ¿Por qué iban a defender al agente si no es porque consideran que lo sucedido es normal y, en consecuencia, está justificado? Los perfiles de esos sindicatos aclaran dudas sobre su orientación ideológica: no son nada amigos de los partidos de izquierdas y, por lo tanto, probablemente tampoco de quienes protestan contra las políticas de los partidos de derechas. Es muy probable que para estos sindicatos —y para sus representados— lo sucedido sea parte de un modus operandi, de modo que la injusticia ocurre porque este agente finalmente pagará no por su acción sino porque fue grabada, a diferencia de muchos otros de sus compañeros que han hecho incluso cosas peores y han salido de rositas. Y, en cierta medida, tendrán razón. Porque ese es justamente el problema: estos excesos son demasiado habituales y la inmensa mayoría no deja ningún registro probatorio.

Hay aquí dos problemas entrelazados. En primer lugar, los discursos de la extrema derecha han ido penetrando en el organismo que vela por proteger la democracia. Año tras año se han ido normalizando ideas que criminalizan la protesta legítima, convirtiendo de ese modo a los protestantes en meros enemigos del Estado o, en su peor versión, de la identidad española. Nada nuevo en la historia, pero significativo del poder real de una extrema derecha capaz de reconfigurar el sentido común en ciertos segmentos de la población, especialmente dentro del Estado. El otro problema es que, indefensos como están los ciudadanos ante los excesos policiales, resulta especialmente doloroso que la izquierda no haya conseguido en tantos años gobernando acabar con la llamada ley mordaza, que otorgó aún más poder —de descontrol— a los agentes.

Quizás nunca sepamos qué pasó exactamente por la cabeza del agente en el instante previo al empujón. Pero esa es, en realidad, la cuestión menos importante. Lo relevante es que demasiadas personas fueron capaces de encontrar argumentos para justificarlo, relativizarlo o repartir responsabilidades con la víctima. Cuando una agresión tan evidente deja de percibirse como una excepción y empieza a considerarse una respuesta comprensible, el problema pasa del agente en concreto a la cultura política e institucional que ha hecho posible esa mirada. Desgraciadamente, eso nos dice mucho de los cambios en nuestra sociedad y de cómo las garantías democráticas están siendo erosionadas a una velocidad alarmante. Pero también nos interpela sobre cómo la izquierda institucional está dejando pasar todo esto bajo el radar, ocupada como está en otras cuestiones —en perspectiva, generalmente mucho más prosaicas—. El riesgo de que todo esto nos acabe costando mucho más caro es altísimo.