Según publicaba recientemente el diario El Confidencial, “España es el tercer país europeo con mayor caída de los salarios reales en la crisis inflacionista”. En particular, en el texto se señala que los salarios nominales han crecido un 20,8%, pero como el precio de la vida (IPC) ha subido más, el resultado final es que “los salarios reales siguen un 2% por debajo del nivel de 2021”. Las cifras están obtenidas de Eurostat, la oficina estadística oficial de la Comisión Europea, así que: ¿deberíamos desconfiar del mensaje que se nos traslada? En este análisis vamos a ver por qué la respuesta es afirmativa.

Empecemos por lo básico, que es el concepto de ‘salario real’. Con ello nos referimos a nuestro poder adquisitivo, es decir, a nuestro salario ajustado por el crecimiento del precio de las cosas que compramos. Si nuestro salario crece 1.000 euros de un año a otro nos podemos sentir más ricos, pero si el precio de las cosas que solemos comprar ha subido 1.100 euros, en realidad nos hemos hecho más pobres porque podemos comprar menos cosas con nuestro salario. Por eso el salario real es una ratio entre una medida del salario nominal (en euros) y una medida del precio de la vida (en euros).

Aquí empiezan los problemas porque el concepto de salario real se entiende muy bien a nivel individual, pero medirlo a nivel agregado implica importantes problemas de medición. El salario de un trabajador manual y de un gran directivo no son iguales, como tampoco son las cosas típicas que compran. Para salir del paso lo habitual es calcular el salario medio y la cesta de consumo promedio o representativa, lo que supone perder información valiosa sobre la desigualdad dentro del conjunto. Aun así, es el modo habitual de proceder para llegar a un indicador simple que pretende resumir, nada más y nada menos, que el poder adquisitivo de los trabajadores de un país.

Ahora bien, aunque nos resignemos a usar el salario medio como aproximación seguimos teniendo el problema de dónde obtener los datos y de qué están midiendo exactamente. Eurostat ofrece distintas formas de medir los salarios y ninguna captura exactamente la misma realidad. Algunas incluyen todos los costes laborales y otras se basan en la contabilidad nacional o en encuestas. Lo importante es entender que no existe una única forma indiscutible de medir algo tan complejo como el poder adquisitivo agregado. Por ejemplo, el siguiente gráfico muestra la evolución del salario real (ya ajustado por nivel de precios) desde el año 2000 hasta el presente para una serie basada en contabilidad nacional y otra de costes laborales.

Lo que se observa es que la tendencia de ambas series es similar, aunque queda claro que no miden exactamente lo mismo (no se solapan). Lo que quiero es que nos fijemos en la parte final del gráfico, a partir del año de la pandemia (2020). Lo que vemos es que en torno a 2022 ambos índices alcanzan un mínimo en torno a los 100 puntos: eso significa que en esa fecha el salario real es básicamente el mismo que era en el año de referencia, el año 2000. Pero, y he aquí lo relevante, en el año 2026 ambos índices se encuentran significativamente por encima, lo que supone que el salario real ha crecido desde entonces. Entonces, ¿cómo se puede aterrizar en un titular, como el de El Confidencial, que asegura que el salario real ha bajado un 2%?

En la facultad tuve un profesor que nos insistía en que los economistas aprendíamos a torturar a los datos hasta que confesaban lo que deseáramos. Así que para entender el análisis en cuestión sólo hay que buscar huellas de un interrogatorio que intuimos bastante cruel. En el análisis económico hay tres tipos de decisiones previas: los datos que se usan, el indicador que se construye y el período temporal que se escoge. Ninguna es neutral y todas condicionan el resultado final, así que veamos qué ha podido pasar en este caso.

El periodista ha comenzado haciendo una pregunta interesante: ¿cuánto ha variado el salario real en España desde el final de la pandemia? El problema real está en determinar cuándo terminó la pandemia. Según la OMS, concluyó en mayo de 2023, lo que puede tener sentido sanitario, pero no económico: así que debemos seguir buscando.

Por los datos de El Confidencial, que he replicado, sabemos que el medio ha usado los datos de coste laboral y ha escogido como referencia de final de la pandemia el primer trimestre de 2021. Respecto a lo primero, ningún problema. Pero respecto a lo segundo, ¿por qué esa fecha? En aquel momento la economía aún no había arrancado —el PIB todavía caía en el primer trimestre de 2021 y solo rebotó a partir del segundo—. En realidad, no hay una razón evidente para anclar justo ahí. Y, como veremos, las consecuencias de esa elección son enormes.

Es conocido el chiste según el cual, si yo tengo cero vacas, y mi vecino tiene dos, la estadística dirá que, en promedio, tenemos una cada uno. Extiendo ahora esa idea ligeramente. Imaginemos un escenario A en el que yo tengo 10 vacas, y al año siguiente tengo 11: mi crecimiento habrá sido del 10%. En un escenario B, yo tengo 1 vaca y al año siguiente 2: mi crecimiento habrá sido el 100%. En ambos casos el número de vacas adicionales ha sido el mismo, pero el porcentaje de crecimiento es muy distinto. Moraleja: para no trasladar una impresión equivocada hay que elegir (y explicar) con cuidado el período de referencia (las vacas con las que empezamos).

Con ese punto de partida, el artículo de El Confidencial concluye que, desde el período de referencia (primer trimestre de 2021) hasta el último período disponible (primer trimestre de 2026) el crecimiento nominal de los salarios ha sido del 20,8%, mientras que el crecimiento de los precios ha sido del 23,2%. La conclusión es que el salario real ha caído un 1,9% (que el autor redondea al 2%). Tomada al pie de la letra, es una foto sombría: cinco años después seguiríamos por debajo del punto de partida. El gráfico resultante con salarios y precios en índice con referencia en primer trimestre de 2021 es el siguiente, donde se puede comprobar que los salarios no “pillan” al crecimiento de los precios y se mantienen por debajo todavía en 2026:

Pero, ¿qué pasa si elegimos otro punto de referencia? He rehecho los cálculos con los mismos datos, pero considerando ahora que el punto de referencia es el primer trimestre de 2022, es decir, justo un año después. En el gráfico resultante, que sigue a continuación, la imagen es totalmente distinta porque ahora los salarios se encuentran por encima de los precios desde el año 2024. Aquí el panorama sombrío se ha convertido en otro bastante más optimista.

Que dos resultados tan distintos nazcan de los mismos datos es debido a las decisiones metodológicas previas, en particular a dónde establecemos el punto de partida. Podríamos haber tomado distintos puntos de referencia, y todos mostrarían fotografías diferentes. De hecho, resulta que de 104 trimestres disponibles desde el año 2000, al compararlos con el último dato de 2026 sólo 11 dan resultado negativo de la variación del salario real (el escogido por El Confidencial es uno de ellos).

Mi objetivo no es sugerir que existe una fecha correcta y que el periodista ha elegido de manera deliberada una incorrecta, sino demostrar la enorme sensibilidad del resultado a una decisión aparentemente inocua como es la elección del período de referencia. Como he dicho, si el análisis hubiera comenzado en el primer trimestre de 2022, el titular hubiera tenido que ser algo similar a “el salario real sube un 3% desde la pandemia”, y los lectores de El Confidencial tendrían una percepción muy distinta de lo que sucede con el poder adquisitivo de los españoles —y, por ende, de la política económica del gobierno—. De hecho, de forma mucho menos justificada, podríamos incluso haber escogido el cuarto trimestre de 2012 y decir que desde entonces el salario real ha subido un 9,7%. Todos ellos, incluidos el de dicho medio, serían correctos, pero no necesariamente “toda la verdad”.

Hay una precisión que merece la pena hacer: todo esto afecta a la magnitud de la caída española en términos absolutos, pero no necesariamente a su posición relativa. Que España sea “el tercer país europeo con mayor caída” es una comparación entre países que, al medirse todos desde la misma base, es bastante menos sensible a la fecha elegida y merecería un análisis propio. Aquí me ocupo solo de la cifra absoluta, que es la que sostiene el “−2%”, y lo que subrayo es que el mismo dato alimenta un titular catastrofista o uno triunfalista según las decisiones metodológicas, que no suelen ser explícitas. Un análisis económico requiere contextualización, claridad y un punto crítico que, sin embargo, desaparece cuando declaramos con rotundidad cosas como las del titular analizado. Y lo que es innegable es que desde aquel suelo de 2022 (que se ve claramente en el primer gráfico) el salario real se ha ido recuperando hasta situarse hoy más o menos donde estaba antes del golpe.

Conviene, eso sí, no pasarse de optimistas. Que el punto de partida elegido por El Confidencial sea discutible no significa que el salario real no se resintiera: entre finales de 2021 y el verano de 2022 el poder adquisitivo cayó de verdad, porque la inflación corrió muy por delante de los salarios, y esa pérdida la notó cualquiera que llenara la cesta de la compra. En otro análisis ya hablé de por qué ese es el problema esencial que nos obliga a preguntarnos sobre el margen de beneficio de las empresas en tiempos de “shocks externos”. Es más, se mida como se mida (mediante contabilidad nacional, costes laborales o, incluso, como salario neto) la tendencia apunta a la dificultad que tienen los salarios para crecer por encima de los precios. Estamos ante un problema distributivo clásico, producto de muchos factores —siendo uno, por ejemplo, la ausencia de indexación de los salarios al IPC—, que pone de relieve una vez más los límites de las políticas como la subida del salario mínimo.

En todo caso, sirva este ejemplo para demostrar que la economista Joan Robinson tenía razón cuando dijo aquello de que hay que estudiar economía para evitar ser engañado por los economistas. Eso sí, la lección no es que debamos desconfiar de las estadísticas per se (aunque tienen sus propios problemas, de los que debemos ser conscientes), sino que debemos desconfiar de quien nos presenta una estadística como si hablara por sí sola. Los datos nunca hablan, sino que siempre hay alguien que decide qué medir, desde cuándo medirlo y cómo contarlo. Y esa decisión, que suele permanecer invisible, es muchas veces la parte más importante del análisis económico.

Según una encuesta de elDiario.es, aproximadamente uno de cada tres votantes de izquierdas cree que el caso que hoy salpica al entorno del Gobierno es, en realidad, una operación urdida contra él. Se trata de datos preocupantes por lo que revelan sobre el estado del espíritu crítico en la izquierda. Conviene explicitarlo para no llevar a confusión: es posible, y es necesario, reconocer que las derechas harán cuanto esté en su mano por derribar a este Gobierno, y que tienen ascendiente suficiente dentro del Estado como para intentarlo con altas probabilidades de éxito. Pero de ahí no se puede inferir que un caso que incluye la creación de sociedades pantalla para hacer negocios sea, también él, un producto de las maniobras de la derecha. Que el adversario quiera aprovechar el incendio no lo convierte en quien lo provocó. No deberíamos pasar por ahí. 

Hace algunas décadas, un grupo de pensadores se dedicó a desbrozar las trampas lógicas en las que había caído buena parte del marxismo y del pensamiento de izquierdas en general. Aquellos ‘marxistas analíticos’ —así se llamaron— dedicaron esfuerzos brillantes a demostrar que del hecho de que un fenómeno beneficie a X no puede inferirse que X sea su autor ni su responsable. Lo llamaron crítica a la explicación funcional, y su blanco era el marxismo que explicaba cualquier institución diciendo que existía “porque” convenía al capital, sin molestarse en mostrar el mecanismo concreto por el que el interés del capital se traducía, supuestamente, en esa institución particular. La falacia es elemental —beneficiario no es lo mismo que causante—, y sin embargo sigue siendo asombrosamente habitual en la manera en que una parte de la izquierda lee la sociedad. 

Lo interesante es que esta forma de razonar tiene exactamente el patrón de una teoría de la conspiración. John Elster, uno de los marxistas analíticos más destacados, señaló que el funcionalismo y el conspiracionismo son dos salidas falsas al mismo callejón. Cuando no se ve el mecanismo que conecta una causa con un efecto, uno puede inventarse una función que se autorregula sola —el funcionalismo— o inventarse un agente oculto que lo orquesta todo entre bambalinas —la conspiración—. Son explicaciones hermanas: dos maneras de tapar el agujero que deja un mecanismo que no se ha sabido explicar. 

Un ejemplo reciente puede servir para mostrarlo con más claridad. El partido Podemos emergió electoralmente en 2014 gracias a la carismática presencia de Pablo Iglesias en las tertulias de La Sexta, y el estallido fue tal que, a los pocos meses, Podemos estaba en las encuestas en el 20% e Izquierda Unida en el 5%. En aquellas circunstancias, no muchos comprendían el mecanismo causal por el que IU había pasado del 15% al 5% en sólo unos meses, así que se recurrió a explicaciones funcionalistas y conspirativas: Podemos era, se decía, un producto del capital (encarnado en los medios) para acabar con el partido de la clase trabajadora. Curiosamente, exactamente el mismo argumento apareció de nuevo cuando emergió Sumar en 2022, pero esta vez en boca de los representantes de Podemos. La explicación funcionalista (“al sistema le beneficia esto —la división—, luego es cosa del sistema”) y conspirativa (“todo es un plan de los medios para destruirnos”) es un recurso tan habitual como erróneo.

Aun así, me lo he encontrado una y otra vez dentro de la izquierda, en lecturas de muy distinto calibre y radicalidad. Si las grandes empresas se benefician de las políticas socialdemócratas, se concluye que las políticas socialdemócratas las diseñan las grandes empresas. Si el feminismo reivindica que el trabajo de la mujer sea remunerado, se decreta que el feminismo es un instrumento del capital. Si hay empresas de energía renovable, se asegura que la transición energética es una quimera del capital. Si la patronal apoya regularizar a los migrantes, se proclama que dar papeles es hacerle el juego al capitalismo. Si criticar a Rusia beneficia a Estados Unidos, se sentencia que toda crítica a Rusia es cosa del imperio. En todos los casos opera el mismo automatismo: se simplifica el fenómeno, se suprime la agencia de quienes lo protagonizan —como si las personas y los movimientos no tuvieran voluntad propia con la que explicar lo que hacen— y se clausura, de paso, la capacidad de crítica. 

Durante mucho tiempo me he preguntado por qué estos argumentos son tan atractivos para tanta gente. La única explicación que me convence es que estas lecturas, aunque sean lógicamente ilegítimas, resultan políticamente rentables, porque cohesionan al grupo. No hay nada como una buena teoría de la conspiración, aderezada con unas dosis de victimismo, para cerrar filas. Los agravios unen mucho más que las victorias: señalar un enemigo externo capaz de poner en riesgo la existencia misma del grupo despierta lealtades que dormitaban. “Si vienen a por nosotros, por algo será”; “Nos atacan porque decimos la verdad”; “Si no te atacan como a mí, eres de ellos”. Y conviene que se me entienda bien: no estoy diciendo que la crítica externa sea siempre veraz —de hecho, muy frecuentemente es torticera e interesada—. Estoy diciendo otra cosa: que el victimismo se utiliza para anular el espíritu crítico propio, que es distinto. 

En esta fase declarativa sobre qué explica el ataque externo, todo parece inocente. Pero cuidado, porque una vez explicitados los argumentos conspirativos, el paso siguiente es casi siempre el mismo. Tras identificar al enemigo externo llega la búsqueda del enemigo interno: el disidente cómplice, el traidor que colabora con la fuerza omnipresente que quiere destruirnos. Si estamos bajo asedio, quien levanta la voz para señalar lo que se hace mal pasa automáticamente a ser sospechoso de colaboracionismo. El disidente se convierte en traidor, y al traidor se le invita a marcharse. Al menos hoy se le invita: bajo el estalinismo se le fusilaba. Que se lo pregunten a Bujarin y a tantos otros revolucionarios que cayeron bajo esa misma acusación. Porque el estalinismo se edificó precisamente sobre esa narrativa —el enemigo exterior que había logrado infiltrar sus tentáculos en el interior— y la convirtió en coartada para liquidar todo pensamiento crítico. Stalin no se equivocaba al afirmar que había potencias interesadas en la caída de la URSS; su salto mortal fue inferir que toda crítica a la URSS era, por ello, producto de la conspiración de esas potencias. Es el mismo salto, exactamente el mismo, que el que reproduce la izquierda cuando construye la idea de un “bunker resistente” frente a los malvados elementos de la derecha/medios/el capital. 

Procesos así conducen, inevitablemente, a la fosilización del pensamiento crítico, sobre todo en los sectores que han hecho suya esa mirada. Si el enemigo externo es omnipotente y lo explica todo, ¿para qué malgastar energías preguntándose qué hicieron mal los nuestros? Por el camino, la base social se transforma: deja de ser diversa, amplia y crítica para volverse homogénea, estrecha y leal. En este sentido, la clave es que las teorías de la conspiración no tienen fronteras: nadie es capaz de fijar dónde termina la trama. Primero son los medios; después, los mal llamados ‘aliados’; al final, cualquiera que aporte un dato incómodo. El proceso acaba consumiéndose a sí mismo, y de la quema solo se salvan unos pocos dirigentes. Las estructuras construidas de este modo ya no necesitan ganar: les basta con tener razón moral, con el aplauso de los suyos, que es lo único que garantiza la reproducción de su poder. Cada depuración deja un núcleo más puro y más pequeño. 

Por eso conviene estar alerta. Uno empieza deslizándose por una pendiente de apariencia inocente y termina empantanado, defendiendo imposibles, incapaz de pensar críticamente la realidad que lo rodea. Por mi parte, en cuanto huelo un proceso de victimización —“los medios, la derecha, los jueces nos atacan, apóyanos”— me pongo en guardia. No porque los medios, la derecha o los jueces carezcan de agencia: la tienen, y a menudo es hostilísima con la izquierda. Me pongo en guardia porque esa llamada suele ser una estrategia diseñada para que traguemos con cosas que nos saldrán caras a medio y largo plazo. La izquierda fue siempre la tradición del sujeto que hace su propia historia. Renunciar a la responsabilidad sobre lo que hacemos mal, mientras reclamamos para nosotros todo el mérito de lo que hacemos bien, es renunciar a esa tradición. Y hay una asimetría final que deberíamos entender: a la derecha el conspiracionismo la moviliza; a la izquierda la anestesia.

Anthropic, la compañía propietaria de la Inteligencia Artificial Claude, publicó hace unos días su modelo Fable. Dicho modelo supuestamente mejora la capacidad de la inteligencia generativa, permitiendo que el usuario pueda elaborar tareas mucho más sofisticadas en menos tiempo; es decir, permite un aumento de la productividad en ciertas tareas. La respuesta del gobierno de Estados Unidos ha sido la de prohibir que ese modelo sea utilizado por los ciudadanos extranjeros, alegando motivos de seguridad nacional. En lo que es hasta ahora el último movimiento, Anthropic ha retirado el modelo a todo el mundo.

Este movimiento del gobierno de Estados Unidos ha sido ubicado en lo que algunos han llamado una “guerra fría digital”, y sólo puede entenderse en el contexto de declive de la posición hegemónica de la potencia americana. De la misma forma que las políticas arancelarias de Trump buscan proteger a la industria norteamericana de los efectos del libre comercio —que ahora se asume que beneficia a países adversarios, especialmente China—, la limitación del uso de las IA más avanzadas a usuarios nacionales es el intento de aprovechar cualquier oportunidad para ganar una ventaja económica. Ambas medidas son parte de un paquete proteccionista que algunos denominamos neomercantilismo, y del que existen precedentes históricos que pueden ayudar a comprender la situación actual.

Quizás el ejemplo paradigmático fue la Inglaterra del siglo XVIII, que por entonces comenzaba a despuntar gracias a la capacidad de sus mecánicos para construir máquinas más eficaces y eficientes para la industria textil. Era tal la importancia de ese conocimiento que el gobierno inglés prohibió desde principios de siglo la emigración de los operarios cualificados. A partir de la segunda mitad de siglo, el gobierno extendió la prohibición a las máquinas en sí, ya construidas, a fin de que los rivales no pudieran replicarlas y utilizarlas para su desarrollo económico. La política mercantilista de la época sugería que aquella ventaja de conocimiento y tecnología debía ser “privada” a fin de proporcionar una ventaja en la lucha económica; no había todavía tal cosa como el libre comercio, que el Reino Unido solo asumió un siglo más tarde cuando era ya la potencia económica indiscutible.

No fue esta una estrategia solo de Inglaterra, sino también de Países Bajos y de algunas repúblicas italianas como Venecia, es decir, de aquellas regiones más avanzadas y donde la industrialización comenzaba a desplegarse con más solidez. Sin embargo, hay consenso de que la mayoría de aquellas medidas no fueron muy eficaces. La razón es que los países rezagados, como Francia, Prusia o Estados Unidos, reaccionaron combinando (ilegalmente) políticas de atracción de operarios y espionaje industrial. Por ejemplo, el estadounidense Samuel Slater, conocido en Inglaterra como Slater the traitor, emigró a la isla británica disfrazado de jornalero para memorizar la maquinaria de hilado de Arkwright; gracias a aquello, Estados Unidos adquirió la tecnología que durante décadas había proporcionado la ventaja económica clave al Reino Unido.

El patrón actual es similar. Aunque hay discusiones académicas al respecto, es obvio para cualquiera que la IA consigue elevar la productividad en ciertas tareas específicas (por ejemplo, en el procesamiento y manipulación de muchos datos, o en la redacción de documentos). Si tal función estuviera disponible únicamente para Estados Unidos, eso concedería una ventaja notable a sus empresas en comparación con la de sus competidores. Aunque el gobierno de Estados Unidos alega motivos de “Seguridad Nacional” para su decisión, esta es la típica forma de encubrir políticas mercantilistas que, en última instancia, buscan una ventaja económica para sus empresas.

Debemos añadir que los programas de Inteligencia Artificial generativa de Estados Unidos no son enteramente suyos. Como recordaba Albert Einstein en ‘Why Socialism?’, ningún logro individual nace de la nada: la vida de cada persona es posible gracias al trabajo y los logros de los muchos millones, pasados y presentes, y es la sociedad la que provee el lenguaje, las formas de pensamiento y la mayor parte de su contenido. En este sentido, todo conocimiento es una herencia colectiva e intergeneracional. De la misma manera que las máquinas de la revolución industrial encarnaban los recursos que fueron expropiados y saqueados a las colonias y a la periferia mundial, pues sin ellos era imposible concebir la propia construcción de los artefactos en cuestión, la IA generativa encarna el conocimiento que es, por defecto, propiedad común. Incluso todos nuestros datos, incluyendo mis propios artículos, son apropiados por la IA generativa tanto para entrenar como para construir los resultados ofrecidos al usuario. Así, una de las preguntas de nuestro tiempo podría ser ¿quién controla y se apropia de un conocimiento de origen común?

A la vez, todo el proceso depende de una red de infraestructura que se construye asimétricamente según la lógica del capital, es decir, dirigiéndose a aquellos lugares donde la naturaleza y el ser humano son más accesibles, dóciles y, sobre todo, baratos. Se trata de lo que Cecilia Rikap, en su fantástico libro ‘Teoría de la dependencia digital’, ha llamado “extractivismo gemelo”. El resultado es un proceso que concentra los beneficios en unos pocos actores (las grandes corporaciones de IA) y distribuye los costes económicos, sociales y ecológicos entre las regiones periféricas. Y el botón de encendido/apagado de las funciones esenciales de la IA sigue residiendo en el centro, sea Estados Unidos o China.

El caso aquí descrito pone de relieve una vulnerabilidad importantísima del resto de países, como los europeos, que ya dependen de los servicios de Inteligencia Artificial de empresas estadounidenses. Aunque muchos países se han enzarzado en una lucha por atraer los centros de datos de la IA, lo cierto es que estas infraestructuras —por otro lado, altamente intensivas en consumo de energía y agua— son sólo la parte de la cadena donde se procesan datos y no generan ni muchos puestos de trabajo cualificados ni tampoco otorgan capacidad de control alguna sobre el software. Son solo enclaves de extracción por cuyas migajas se pelean ciertas regiones del mundo que, como Argentina, oficialmente ofrecen como “ventaja” precisamente mucha energía y mano de obra barata. En todo caso, los propietarios de la IA siempre pueden desconectar su uso selectivamente, como acaban de hacer con el modelo Fable, a instancias del gobierno de Estados Unidos o por otras razones aún más mundanas.

La única solución que tienen los demás países es desplegar sus propios modelos de inteligencia artificial, lo que no es tarea sencilla. Por un lado, la eficacia de la inteligencia artificial generativa es el resultado de la acumulación de grandes cantidades de conocimiento y del uso de mano de obra barata que, a través de tareas arduas y repetitivas, ayuda a mejorar la precisión del modelo. Las implicaciones de ese proceso de “gestación” no son menores a la hora de querer construir una alternativa al software estadounidense. Por otro lado, y quizás el factor más importante, ningún país europeo o latinoamericano podrá, por si solo, ser capaz de construir una alternativa competitiva a los modelos estadounidenses o chinos. El prerrequisito para conseguirlo es necesariamente cambiar la escala, es decir, trabajar entre países de manera cooperativa. Pero la escala no basta, y si el conocimiento es una herencia común, la alternativa no puede limitarse a reproducir el mismo extractivismo bajo bandera europea. Debería apuntar a modelos públicos y abiertos, gobernados como lo que ese conocimiento es en origen: un bien colectivo. Precisamente esa hipótesis es la que la extrema derecha y el movimiento MAGA intentan sabotear de raíz al erosionar las débiles instituciones europeas.

Entre el siglo I y el IV de nuestra era, varias epidemias y pandemias asolaron Europa occidental. La plaga Antonina, que estalló entre los años 160 y 189, se llevó por delante incluso al emperador Marco Aurelio y algunas fuentes le atribuyen hasta 2.000 muertes diarias en Roma. Durante los siguientes siglos varias enfermedades, que los historiadores actuales creen que fueron la malaria, la viruela y la peste bubónica, provocaron intensos desplomes de los niveles de población. La guerra también contribuyó a esa dinámica, convirtiendo aquella época en un tiempo no muy apacible para la mayoría de la población; especialmente, claro está, para los más pobres y peor alimentados.

Aquellas epidemias obligaron a millones de personas a enfrentarse de forma cotidiana a la fragilidad de la existencia, empujándolas a buscar explicaciones, nuevas comunidades y certezas. Quizás por eso los momentos de mayor inseguridad material y vital suelen coincidir con profundas transformaciones culturales, religiosas y políticas, lo que puede ayudarnos a comprender algunos fenómenos de nuestro propio tiempo.

Es sabido que este tipo de episodios de salud pública han alterado históricamente las instituciones sociales y culturales dominantes. Para la época romana, algunos historiadores, como Rodney Stark, han señalado que uno de los cambios más importantes provocados por la continuidad e intensidad de las epidemias fue el crecimiento del cristianismo. Aquella secta que prometía milagros y curaciones —recuérdese: en un contexto de plagas recurrentes— habría proliferado en un contexto desesperado para millones de personas. Se trata de una tesis polémica, pero verosímil: es fácil imaginar a una población sufriente que veía cómo cada pocos años muchos de sus familiares y amigos morían a causa de las guerras y las enfermedades sin cura.

Aunque la interrelación entre cambio climático y las enfermedades es estudiada hoy desde un punto de vista científico, con datos tales como el análisis de las emisiones de dióxido de carbono (que decrecían cuando la población menguaba, al tiempo que además crecían los bosques), esta es una tesis a la que se ha recurrido continuamente para contribuir a explicar importantes cambios políticos. De hecho, está ampliamente documentado que la combinación de cambio climático y peste bubónica durante el siglo XIV estuvo detrás de las condiciones propicias para el fin del feudalismo en Europa occidental. Al final, los seres humanos somos parte del Sistema-Tierra y respondemos ante cambios que amenazan nuestra propia vida.

Si en aquellos siglos la inseguridad existencial moldeaba las creencias colectivas, es razonable preguntarse qué ocurre cuando esa inseguridad desaparece. Los mundos antiguo y medieval son, en este sentido, muy diferentes de los actuales. Desde la II Guerra Mundial, las generaciones criadas y crecidas en Occidente han vivido dentro de lo que se llama “época dorada del capitalismo”, con incrementos espectaculares de los niveles de bienestar material y, en general, con empleos y condiciones de vida garantizadas —particularmente la asistencia sanitaria—. En ese contexto, las ansiedades colectivas tenían muy poco que ver con las de los campesinos y esclavos del mundo tardorromano, que eran mucho más conscientes de la vulnerabilidad de la propia existencia. No pocos pensadores han visto aquí una de las causas de la secularización de Occidente: la falta de necesidad de acogerse a las esperanzas de un mundo más allá del terrenal y mundano.

Pero sucede que, como para Mercedes Sosa, todo cambia. Y aquel mundo de “capitalismo dorado” (que no era tan brillante para los millones de personas que lo sostenían con sudor y sangre desde el Sur global), y sobre el que ahora se construyen las melancolías y nostalgias de las izquierdas y las derechas, está desapareciendo. El neoliberalismo lleva décadas erosionando las redes colectivas y comunitarias, desde los Estados sociales hasta la forma en la que se construyen las ciudades y se relacionan los vecinos (una transición evidente en muchas ciudades que han visto menguar los barrios tradicionales en beneficio de los PAU —las grandes urbanizaciones de nueva planta, en la práctica barrios privados—y los chalés individualistas, ambos dependientes de los combustibles fósiles y de los centros comerciales periféricos). Poco a poco, el individuo ha sido arrojado a eso que Zygmunt Bauman llamó “modernidad líquida” y que, como él tan bien supo interpretar, atraviesa todas las dimensiones sociales, desde el trabajo hasta el consumo, pasando por el amor. El punto en común es que todo parece comercializado, es decir, pasado por el filtro de la lógica del mercado. El capítulo de Black Mirror en el que todos los trabajadores tienen asignado un valor numérico, resultado de la valoración que otros hacen de ellos después de sus contactos, es la expresión máxima de esa forma relacional. 

Se trata de un tropo continuo a lo largo de la historia. Seguramente los campesinos víctimas de los enclosures o cercamientos debieron sentirse de un modo parecido. Erich Fromm así lo creía cuando en El miedo a la libertad advirtió que la liberación de las ataduras feudales no se convertía automáticamente en una libertad para desarrollar proyectos de vida con garantías. Es en esa tensión en la que suelen nacer los monstruos. Porque en esos contextos de transición, el individuo queda desposeído de las redes de seguridad material y espiritual que, mejor o peor, habían sido consideradas garantizadas. El trabajador posfordista, al fin y al cabo, evoca con melancolía los derechos del trabajador fordista incluso aunque no haya visto nunca ninguno. Se trata no sólo de darle sentido a la vida —cualquier cosa que signifique eso— sino de tener la seguridad de que la vida puede continuar sin demasiados sobresaltos. Eso, hoy, está en el alambre.

Entre otros factores, porque nunca hay uno solo, quizás este fenómeno contribuya a explicar ese renovado atractivo que tienen las distintas espiritualidades modernas, empezando por la religión. La gente tiene necesidad de vínculos estables con su entorno, de seguridad material y de cierta confianza en el futuro. El filósofo David Hume llegó a concluir que no podría haber pensamiento científico si no suponíamos que el mundo tenía cierta regularidad y que, al menos en principio, el mañana se parecería al hoy. Quizás no es solo la ciencia, sino que nada tiene sentido si no sabemos si habrá mañana para nosotros y nuestros seres queridos. 

Probablemente por eso asistimos simultáneamente al auge de fenómenos muy distintos que comparten una misma raíz: el crecimiento de determinadas expresiones religiosas, la búsqueda de identidades nacionales fuertes, la proliferación de comunidades (incluso digitales) o el atractivo de discursos políticos que prometen protección frente a un mundo percibido como caótico. Aunque sus respuestas sean diferentes e incluso incompatibles entre sí, todas parecen responder a una misma necesidad de pertenencia, estabilidad y orientación.

Precisamente por eso veo con recelo a cierta izquierda que trivializa estos sentires, condenándolos de antemano como expresiones de irracionalidad con las que no cabe mezclarse ni discutir. Pero el sentido de pertenencia o el deseo de reconstruir lazos comunitarios no es algo que sólo pueda vincularse a las ideologías conservadoras o a las religiones. Está también presente en esa pulsión que todos tenemos a formar grupos sociales (incluso partidos políticos) y quizás nuestro mayor reto político es precisamente cómo dar respuesta a esas ansiedades sociales desde un programa transformador; un lugar donde la ciencia y la racionalidad —que imaginan la factibilidad de otro mundo posible— se unen con las emociones y aspiraciones de seguridad emocional y material.

¿Te imaginas vivir en una sociedad en la que toda la población, a lo largo de todo el planeta, recibiera un ingreso anual de 60.000 euros? Esa cifra se corresponde con unos 5.000 euros al mes, lo que está algo por encima de la media actual en Norte América, pero muy por encima de los 290 euros de media del África subsahariana. Pues esa es la cifra que el recién publicado informe del Global Justice Report (GJR) considera viable para lograr combatir la desigualdad mundial y sus consecuencias y, al mismo tiempo, evitar el calentamiento global.

El informe ha sido elaborado por el equipo del economista Thomas Piketty, y merece un reconocimiento especial porque se esfuerza por demostrar que la lucha contra la desigualdad va necesariamente de la mano de la defensa del planeta que sostiene la vida. Esto es ir a contracorriente de una larga tradición que entiende que la lucha contra la desigualdad —así como la cuestión económica en general— es sólo posible mediante el crecimiento económico y a costa del medio natural; una forma de pensar que todavía invade la mayor parte del pensamiento económico progresista y, por supuesto, conservador.

La clave de bóveda del informe es, de hecho, la constatación de que la actividad económica conlleva necesariamente un consumo de recursos naturales y energía que genera impactos ecológicos, destacadamente el cambio climático. Así, la única manera de que en el año 2100 la temperatura promedio global se mantenga por debajo de los 2 °C respecto a la era preindustrial —y evitar así una catástrofe de costes impredecibles— es reducir desde hoy la actividad económica, esto es, el crecimiento económico. En este sentido, el informe comparte intuiciones centrales de la tradición del 'decrecimiento', aunque sus autores no asumen la etiqueta. Y aporta, además, matices de calado propios.

Para empezar, no se trata sólo de un reescalado hacia abajo de la actividad económica, como ocurriría con una crisis económica, una pandemia o una guerra. Lo que se defiende es una reorientación general del modelo de producción y consumo buscando una desmaterialización de la economía, lo que significa el crecimiento de sectores poco intensivos en consumo de materiales y energía, pero muy intensivos en proporcionar bienestar: por ejemplo, los sectores de educación y sanidad crecerían enormemente. Como señalaba el economista ecológico Herman Daly, es importante recordar que crecimiento y desarrollo no son lo mismo y que, mientras el primero se refiere al valor monetario de la producción, el segundo nos interpela sobre los servicios que nos proporcionan directamente bienestar o felicidad. El GJR se centra en las condiciones biofísicas y sociales que hacen viable el desarrollo del conjunto de la población mundial; nada más y nada menos.

En estas páginas hemos hablado a menudo del paradójico papel que juega la tecnología y la productividad bajo el sistema económico capitalista. El punto es que aunque las innovaciones permiten producir la misma cantidad de bienes en menos tiempo, bajo el capitalismo esta opción está clausurada. La razón es que la lógica del sistema obliga a todos los agentes a competir entre ellos y, en consecuencia, a recurrir a la tecnología no para producir lo mismo en menos tiempo, sino para producir más en el mismo tiempo. La opción liberadora —trabajar menos manteniendo el bienestar— queda así bloqueada. De este modo, durante dos siglos la productividad ha aumentado de forma extraordinaria, pero la mayor parte de ese incremento se ha traducido en más producción y consumo antes que en más tiempo libre. Solo la lucha del movimiento obrero logró compensarlo en parte, consiguiendo que una fracción de esas ganancias se destinara a reducir la jornada. El informe del GJR abunda en esta idea al plantear que las horas de trabajo deben ser reducidas desde la media actual de 2.100 horas por año hacia las 1.000 horas para 2100. Equivaldría, grosso modo, a jornadas de algo más de cuatro horas o a semanas laborales notablemente más cortas que las actuales.

La idea es desplazar el bienestar desde la acumulación de bienes materiales hacia el acceso universal a servicios, tiempo libre y seguridad económica

Una de las variables centrales que ajusta todo el modelo es precisamente la que llaman suficiencia, y que tiene que ver con el consumo. Con jornadas laborales mucho más reducidas y con un crecimiento de los sectores inmateriales como educación y sanidad, el consumo necesariamente tiene que basarse en un cambio de hábitos: una dieta más sostenible ecológicamente (con una reducción del 25% del consumo de carne a nivel mundial) e incluso con impuestos no lineales donde las primeras compras de un bien (como un vuelo) sean asequibles, pero no tanto las siguientes. Todas estas propuestas responden a una misma idea: desplazar el bienestar desde la acumulación de bienes materiales hacia el acceso universal a servicios, tiempo libre y seguridad económica. La suficiencia también implica una rápida y contundente transición energética para descarbonizar la economía, así como una reforestación que permita recuperar la masa de bosques que existía en 1900. Es decir, no hay un decrecimiento que pretenda volver a los parámetros de las sociedades preindustriales sino un aprovechamiento del conocimiento y tecnología acumulados para “saltar” hacia un nuevo modelo energético renovable.

Para que todo ello sea posible, el informe subraya la necesidad de combatir ferozmente la desigualdad de ingresos entre países (para permitir que los más pobres crezcan y puedan converger hacia un nivel de vida digno) así como dentro de cada país. No sólo por razones de índole moral sino también económica: de una fuerte imposición a los estratos más ricos sale el dinero necesario para comenzar el programa. El informe no apela a la creación monetaria, sino a la redistribución, ya que el gasto se financia al principio gravando a quienes más tienen. Luego, en cambio, se crea un fondo común (de todos los países) que invierte en las empresas sostenibles para obtener la financiación necesaria: una idea con ecos de las propuestas socialdemócratas radicales. En todo caso, esta transferencia de renta y riqueza desde los estratos altos hacia la base de la sociedad explica por qué en el modelo se compatibiliza el crecimiento económico casi cero de los países más ricos con el hecho de que la mayoría de su población pueda mejorar considerablemente tanto sus ingresos como su bienestar. De la misma forma que actualmente el crecimiento económico no “llega” a una gran parte de la población, la ausencia de crecimiento agregado es compatible con la mejora del bienestar individual de la mayoría.

Aunque el informe contiene mucha más información y datos, es importante quedarse con la imagen general: es posible imaginar un mundo donde toda la población tiene unos mínimos de vida muy razonables (sanidad, educación, tiempo libre), donde el bienestar no depende del crecimiento económico ni de un consumo ilimitado de recursos naturales, y donde la desigualdad ha sido drásticamente reducida como consecuencia de una gran ofensiva contra las élites económicas. Gracias a eso, los parámetros del Sistema-Tierra pueden mantenerse dentro de unos márgenes que, sin estar exentos de riesgo, evitan los puntos de no retorno. Suena radical, y en cierto sentido lo es (lo que no es malo, porque supone ir a la raíz del problema), pero cualquier otra alternativa —como seguir como hasta ahora— supondría adentrarse en un terreno muy oscuro para la civilización humana y para la vida en general.

Frente a ese terreno oscuro, el informe del GJR se inscribe en la tradición utópica, pero en su connotación positiva: aquella que, como en News from Nowhere de William Morris, hizo soñar a la población con mundos deseables y la activó políticamente. La principal virtud de aquellas utopías clásicas, desde Moro hasta las esbozadas por Marx, es el deseo de proyectar en el futuro horizontes deseables que, en el presente, debían empezar a construirse. Necesitamos estas guías utópicas porque dibujan el perímetro de lo que es posible, y trazan un camino que, aunque no esté perfectamente definido —nunca lo estará—, es ya claramente la senda que tenemos que recorrer.

El acto de violencia policial en las protestas del profesorado valenciano que hemos visto todos es horroroso, pero también sintomático. Un golpe seco por detrás a una mujer que protestaba tan tranquila que jamás habría esperado que un miembro de la policía —cuya función es precisamente velar por la defensa de los derechos fundamentales— la agrediera hasta derribarla al suelo y romperle de ese modo la nariz. 

Las reacciones no se hicieron esperar. De un lado, la delegada del Gobierno anunció la apertura de una investigación sobre el asunto. De otro, dos sindicatos policiales salieron a defender al agresor y a cuestionar la investigación. Mientras tanto, el presidente de la Generalitat, Juan Francisco Pérez Llorca, criticó la intervención del agente, pero al mismo tiempo cuestionó también a los profesores que, según él, buscan la confrontación. Como no pudo acreditar ningún acto violento por parte del profesorado, debemos entender aquello como un torpe intento de justificar en parte al agente. Así las cosas, nadie se ha parado a pensar en el agresor en cuestión.

La pregunta que debemos hacernos es: ¿por qué? ¿Qué lleva a un ser humano, que además ha prometido proteger a sus conciudadanos, a ver a una mujer en una manifestación y decidir que la opción correcta es darle un fuerte y claramente innecesario empujón por la espalda? Se trata de una pregunta más incómoda de lo que parece. Pero en tanto no es probable que el agente se pronuncie públicamente al respecto, y mucho menos diciendo la verdad, solo podemos especular.

Por un lado, bien podría ser que el agente estuviera acostumbrado a este tipo de acciones. Tras recibir la orden de intervención para desalojar una calle, sale del furgón y se desata un fuego interno que le ciega de tal modo que lo mismo da que enfrente tenga a un talibán armado hasta los dientes que a un anciano en silla de ruedas; el protocolo es el protocolo. Esta posibilidad no exige ningún compromiso ideológico previo, pero de ser correcta diría mucho de unas formas de intervenir que asumen la violencia como respuesta ante cualquier evento. Una violencia claramente desmedida y gratuita, en todo caso.

Por otro lado, también podría ser que el agente considerara que los manifestantes suponían realmente un peligro público tan grande que quedara justificada una intervención de ese tipo. Sin embargo, esto sí implicaría un fuerte sesgo ideológico. De hecho, habría que suponer que el agente tenía unas gafas ideológicas muy particulares por las que una mujer de 68 años que protesta por mejores condiciones laborales para los profesores se convierte en un instrumento de terror. Como en aquel episodio de Black Mirror donde los militares creen estar exterminando criaturas monstruosas porque sus dispositivos cambian la forma en la que perciben a simples humanos marcados como indeseables por el sistema.

Ahora bien, quizás la respuesta correcta sea una combinación de las dos anteriores, lo que explicaría la empatía con la que esos dos sindicatos policiales han recibido el caso. ¿Por qué iban a defender al agente si no es porque consideran que lo sucedido es normal y, en consecuencia, está justificado? Los perfiles de esos sindicatos aclaran dudas sobre su orientación ideológica: no son nada amigos de los partidos de izquierdas y, por lo tanto, probablemente tampoco de quienes protestan contra las políticas de los partidos de derechas. Es muy probable que para estos sindicatos —y para sus representados— lo sucedido sea parte de un modus operandi, de modo que la injusticia ocurre porque este agente finalmente pagará no por su acción sino porque fue grabada, a diferencia de muchos otros de sus compañeros que han hecho incluso cosas peores y han salido de rositas. Y, en cierta medida, tendrán razón. Porque ese es justamente el problema: estos excesos son demasiado habituales y la inmensa mayoría no deja ningún registro probatorio.

Hay aquí dos problemas entrelazados. En primer lugar, los discursos de la extrema derecha han ido penetrando en el organismo que vela por proteger la democracia. Año tras año se han ido normalizando ideas que criminalizan la protesta legítima, convirtiendo de ese modo a los protestantes en meros enemigos del Estado o, en su peor versión, de la identidad española. Nada nuevo en la historia, pero significativo del poder real de una extrema derecha capaz de reconfigurar el sentido común en ciertos segmentos de la población, especialmente dentro del Estado. El otro problema es que, indefensos como están los ciudadanos ante los excesos policiales, resulta especialmente doloroso que la izquierda no haya conseguido en tantos años gobernando acabar con la llamada ley mordaza, que otorgó aún más poder —de descontrol— a los agentes.

Quizás nunca sepamos qué pasó exactamente por la cabeza del agente en el instante previo al empujón. Pero esa es, en realidad, la cuestión menos importante. Lo relevante es que demasiadas personas fueron capaces de encontrar argumentos para justificarlo, relativizarlo o repartir responsabilidades con la víctima. Cuando una agresión tan evidente deja de percibirse como una excepción y empieza a considerarse una respuesta comprensible, el problema pasa del agente en concreto a la cultura política e institucional que ha hecho posible esa mirada. Desgraciadamente, eso nos dice mucho de los cambios en nuestra sociedad y de cómo las garantías democráticas están siendo erosionadas a una velocidad alarmante. Pero también nos interpela sobre cómo la izquierda institucional está dejando pasar todo esto bajo el radar, ocupada como está en otras cuestiones —en perspectiva, generalmente mucho más prosaicas—. El riesgo de que todo esto nos acabe costando mucho más caro es altísimo.

La Unión Europea importa cada año una superficie de cultivo equivalente al tamaño de España. Se trata de hectáreas invisibles incorporadas en la soja, el cacao, el café o el aceite de girasol que consumimos. Son las “hectáreas fantasma” de las que hablaba Georg Borgström hace más de medio siglo, quien se refería así a la superficie de terreno situada en el extranjero que un país necesita para cubrir un consumo que su propio territorio no podría sostener.

Décadas más tarde, en el año 2000, el historiador Kenneth Pomeranz retomó esa noción en su influyente The Great Divergence para responder a la vieja pregunta de por qué ciertas regiones de Europa se industrializaron antes que otras regiones igualmente avanzadas, como la del delta chino del Yangtsé. Su respuesta combinaba el carbón, que permitió a Inglaterra dejar de depender de la madera justo cuando la crisis por la deforestación era ya muy aguda, y las redes coloniales, esas “hectáreas fantasma” que liberaron a la economía europea de las restricciones que imponía la tierra.

Y es que la tierra es un bien finito que no admite usos simultáneos: una misma hectárea no puede ser a la vez bosque para madera, cereal para las personas, forraje para el ganado y fibra para la ropa. Hay que elegir. Y como Europa no tenía suelo suficiente para todo, las colonias del Nuevo Mundo se lo proporcionaron. En aquel tiempo de despliegue del capitalismo industrial, esta asimetría internacional entre el centro europeo y la periferia mundial se sostenía sobre mecanismos extra-económicos tales como la violencia que ejercían los imperios sobre sus colonias. En la actualidad, sin embargo, las formas han cambiado pero el fenómeno de fondo sigue teniendo vigencia en tanto los países más ricos se benefician de una división internacional del trabajo que permite sostener el consumo en los países ricos sobre la base de la explotación de la fuerza de trabajo y los recursos naturales en los países pobres. Un ejemplo paradigmático es el modelo agroalimentario en la Unión Europea.

Según la FAO, en términos monetarios Europa es una región exportadora neta de alimentos agrarios y ganaderos. Eso quiere decir que exportamos más euros en comida de los que importamos, lo que invita a concluir que “nos sobran alimentos” —algo muy distinto de lo que ocurre en Asia, con un déficit neto de 300.000 millones de dólares—. Pero esa contabilidad en euros oculta más de lo que muestra. En cuanto cambiamos el dinero por una métrica física —las hectáreas de tierra que hay detrás de cada producto— la imagen se modifica radicalmente.

En las últimas décadas, la noción de “hectáreas fantasma” ha estimulado el desarrollo de metodologías para poner cifras físicas a los flujos comerciales: se trata de calcular cuánta tierra —medida en hectáreas— hace falta para producir cada bien que cruza una frontera. Es lo que se conoce como tierra incorporada (o “encarnada”) en los productos, es decir, la huella de suelo que viaja, invisible, dentro de cada saco de soja o cada grano de café. Una de estas metodologías es la de la Comisión Europea y Eurostat, en la que se basan los gráficos de este análisis. Por ejemplo, en el año 2024 la Unión Europea importó 55 millones de hectáreas en productos de cultivo, lo que es una superficie ligeramente superior al tamaño de España (de unos 50 millones de hectáreas). Los europeos también importamos 35 millones de hectáreas en tierras de bosque y algo más de 3 millones de hectáreas en tierras de pasto.

Si observamos la procedencia de esas hectáreas de tierra (insisto: encarnadas en productos), los principales países proveedores son Brasil, Ucrania, Estados Unidos y Argentina. Como se ve en el siguiente gráfico, de Brasil importamos 15 millones de hectáreas de tierra, mientras que de Ucrania más de 10 millones. Como podría esperarse, se trata de países grandes y, en general, con sobrerrepresentación de los llamados 'países en desarrollo' o del Sur Global (sobre todo en tierras de cultivo).

Pero ¿qué es lo que realmente estamos importando? Como se puede ver en el siguiente gráfico, el principal producto con diferencia es el pienso de soja, seguido de cacao en grano, aceite de girasol, semilla de colza y café. El papel clave lo juega el pienso de soja, sobre todo procedente de Brasil y Argentina, que es importado para la alimentación animal en Europa y cuya producción está íntimamente ligada a los procesos de deforestación del Amazonas. Eso ya nos muestra señales de la insostenibilidad ecológica del modelo agroalimentario europeo y de su relación con la economía-mundo.

Pero esto funciona en los dos sentidos: igual que importamos tierra encarnada en la soja o el café, la exportamos encarnada en lo que vendemos fuera. La cuenta final —importaciones menos exportaciones—, que vemos en el siguiente gráfico, deja a Europa como importadora neta de tierra de cultivo y exportadora neta de bosque y pasto. Aquí está la clave del espejismo contable, ya que Europa importa tierra barata —una hectárea de soja para pienso vale poco— y exporta producto más caro, como los lácteos, el vino y la carne. Por eso las cuentas en euros arrojan superávit mientras las cuentas en hectáreas arrojan déficit.

Estos datos describen un modelo agroalimentario europeo —un agregado, con diferencias entre países— muy dependiente de la importación de tierra de cultivo, encabezada por la soja y otros cultivos destinados a pienso animal. En este sentido, la economía europea consume hectáreas de tierras en el extranjero para producir alimentos para el ganado en explotaciones intensivas. Esos datos son coherentes con el sistema de las famosas macrogranjas, sobre todo las de cerdos y pollos, porque en esas grandes fábricas los animales apenas pueden moverse y se requiere la importación del alimento. Esos alimentos son los que consumimos nacionalmente, muchas veces en forma de carne barata (las reexportaciones de animales a terceros países ya están descontadas en los datos).

Por otro lado, los países europeos exportan productos animales procedentes de ganadería extensiva, es decir, que se alimentan de los pastos de sus entornos (ovejas, vacas, cabras…) y que consumen tierra en Europa. De esa manera, al mismo tiempo que Europa importa tierras de cultivo también exporta tierra de pastos —y otro tanto con la madera, de la que vende fuera más de la que compra—.

En definitiva, cuando un europeo consume carne de cerdo, bebe café o compra chocolate, no solo consume un producto. También consume una porción invisible de tierra situada a miles de kilómetros de distancia. Las estadísticas monetarias registran el precio de esa transacción, pero no registran la geografía material que sostiene nuestro modo de vida. Estas metodologías biofísicas tienen sus limitaciones, pero no hay duda de que las métricas monetarias esconden relaciones físicas que revelan asimetrías profundas. Es lo que la economía ecológica —de Joan Martínez-Alier a Alf Hornborg— ha llamado intercambio ecológico desigual: un comercio que, bajo la apariencia de un intercambio entre iguales, transfiere de forma sistemática tierra, energía y materiales desde los países pobres hacia los ricos. Una jerarquía de la economía-mundo que es, a la vez, ecológica y socialmente insostenible.

Inundados por el ruido permanente de los casos de corrupción, esta semana ha pasado prácticamente desapercibido un episodio relevante. Lo es para mí a nivel personal, pero lo es más para el conjunto del país y, particularmente, de padres y madres. El martes en el Congreso, las derechas de Vox, PP y Junts tumbaron una proposición de Sumar para regular la publicidad de alimentos dirigida al público infantil. Se trataba de una propuesta elaborada mano a mano con el Ministerio de Consumo y que, según los sondeos disponibles, cuenta con el respaldo de en torno al 80% de la población.

Aunque la oposición a esta norma es escasa, resulta que es muy poderosa. Por un lado, están las grandes empresas alimentarias, que prefieren el estado actual de las cosas. Saben perfectamente que una mejor información al consumidor —y, en general, una mejor regulación— se traduciría en patrones de consumo más saludables y, por tanto, en una menor demanda de aquellos productos que la propia ciencia ha demostrado que perjudican a la salud. Para muchas de esas empresas se trata de una cartera de bienes central en su negocio, como el caso de la bollería y los ultraprocesados en general. Así que es racional, aunque no justificable, que estos actores no quieran cambios: su negocio depende, en buena medida, de que no los haya. Pero, ¿y los representantes políticos?

Puede que la política se perciba cada vez más alejada de los intereses de la ciudadanía, pero este episodio es un ejemplo más en una lista que ya empieza a ser larga. ¿Cómo justifican estos diputados conservadores ante sus votantes, en el día a día, haber votado en contra de proteger la salud de los más pequeños? ¿O es que ha sido, simplemente, un voto de castigo al Gobierno con independencia del contenido? Conviene preguntarse cuál de las dos opciones es peor. Yo no me quedo tranquilo con ninguna de ellas.

El Ministerio que dirige Pablo Bustinduy está haciendo, en este terreno y en otros, una labor extraordinaria. Tiene claro algo que la ortodoxia neoliberal lleva décadas negando: que la salud individual no puede ser protegida por el mercado ni por su correlato habitual, la “auto-regulación”, y que no todos los alimentos son iguales. La ciencia lleva tiempo poniéndolo de manifiesto: hay alimentos mejores y peores, tanto desde el punto de vista de la salud individual como desde el de la salud planetaria. Lo que comemos hoy condiciona nuestra esperanza de vida y, a la vez, el futuro del planeta. En una sociedad que ha elevado el criterio de mercado al altar de lo intocable, proponer políticas que lo modifiquen —aunque sólo sea regulando algo tan acotado como la publicidad infantil— se ha convertido en un gesto casi revolucionario. Podemos preguntárnoslo de este modo: ¿por qué cuesta tanto aprobar una norma que prohíbe que los ingentes recursos del marketing se dediquen a atraer a nuestros hijos e hijas hacia prácticas de consumo que serán sus enfermedades de mañana?

Todos sabemos que si dejamos de comer nos morimos, pero abrir el debate sobre la calidad de lo que comemos y sobre sus impactos —laborales y ecológicos— no resulta nada fácil. Todos recordamos, yo el primero, la polémica del chuletón. El problema es que el asunto de fondo es muy serio. Vivimos en un planeta bajo un calentamiento global descontrolado, con afectación creciente sobre las cosechas, con redes de comercio internacional cada vez más tensionadas —véase, sin ir más lejos, lo que ocurre en el estrecho de Ormuz— y donde los países deberían estar diseñando estrategias serias de seguridad y suficiencia alimentaria.

¿Suena exagerado? Conviene recordar algunos hechos. Hace unos días impartí una clase en un máster y la mayoría de los alumnos no sabía que la producción de alimentos es altamente dependiente de fertilizantes intensivos en energía fósil; que su transporte exige más combustibles fósiles; que los agentes que controlan la cadena son cada vez en mayor medida grandes fondos y empresas, y cada vez menos agricultores y ganaderos tradicionales; y que el reparto de poder dentro de las cadenas de distribución es totalmente asimétrico. Un sector tan central para nuestra supervivencia es, al mismo tiempo, altamente vulnerable a la crisis ecosocial y crecientemente controlado por unos pocos actores. Una combinación explosiva.

Frente a este panorama existen herramientas que apuntan en la dirección correcta. La Organización Mundial de la Salud lleva años desarrollando perfiles nutricionales —modelos científicos que clasifican los alimentos según su contenido en azúcares, grasas saturadas, sal y otros componentes— que son, precisamente, la base técnica de regulaciones como la que se ha tumbado en el Congreso. En paralelo, la dieta planetaria propuesta por la comisión EAT-Lancet articula con criterios científicos cómo deberíamos alimentarnos para que el planeta soporte a una población creciente sin sobrepasar sus límites biofísicos. Un informe científico de Alimentta ha medido cómo debería cambiar nuestro sistema agroalimentario para cumplir esas exigencias ambientales y darnos de comer de manera saludable, demostrando que es técnicamente viable. Todos esos casos son intentos serios de poner la ciencia al servicio de una alimentación compatible con la salud humana y planetaria. La ciencia es la mejor brújula que tenemos para abordar estas cuestiones. Que regular la publicidad dirigida a la infancia siguiendo estos criterios sea políticamente conflictivo dice mucho del estado de la cuestión.

Toda regulación que avance en esta dirección es, hoy por hoy, insuficiente. Por eso conviene reconocer y agradecer el trabajo del Ministerio de Consumo y, también, el de toda esa sociedad civil organizada —asociaciones de pediatras, nutricionistas, plataformas ciudadanas, organizaciones de consumidores— que lleva años empujando para que estos avances sean posibles. Bustinduy ha encabezado una propuesta que ha conseguido más adeptos que la que yo defendí hace unos años —porque el PSOE, esta vez, ha votado a favor—, aunque todavía no los suficientes. Lo de esta semana es un revés, pero no debería desanimarnos. Precisamente porque está en juego la salud de nuestros hijos, y la del planeta que les vamos a dejar, el esfuerzo merece la pena. Y más temprano que tarde, España quedará libre de estas viejas servidumbres para pasar a proteger a sus ciudadanos, empezando por los más pequeños. 

Las grandes empresas llevan meses despidiendo a trabajadores, lo que apunta a una estrategia de automatización debida a la incorporación de la inteligencia artificial al proceso productivo. Algunas estimaciones hablan más de cien mil despidos en todo el mundo en lo que va de año, una cifra similar a la que hubo en todo 2025. En España, los casos del ERE de Amazon —1.200 personas— y el de Capgemini —748 personas— son dos ejemplos claros, pero posiblemente habrá más en los meses venideros.

Desde los inicios del capitalismo, el miedo a ser sustituidos por máquinas ha sido una de las inquietudes más profundas y persistentes de la clase trabajadora. Los trabajadores habían sido desposeídos del control de los medios de producción a través de la violencia y el robo —como ilustran de manera paradigmática los enclosures, aquellos cercamientos de las tierras comunales que arrojó a la población campesina a las fábricas urbanas—, de modo que siempre intuyeron que la reorganización del trabajo con nueva maquinaria no redundaría en su beneficio. El movimiento ludita, a comienzos del siglo XIX, es quizás la expresión más conocida de aquella resistencia popular, precisamente porque supuso una rebelión que buscaba destruir las máquinas que estaban arruinando los oficios tradicionales y expulsando a miles de trabajadores al desempleo y la miseria. A veces se olvida que en aquellos momentos el Estado respondió con aún más violencia, con leyes que castigaban con la horca a quien rompiera un telar, y con una clara defensa de la propiedad privada de los dueños de las máquinas frente al sustento de los trabajadores. El Estado era, entonces más que nunca, un instrumento totalmente comprometido con los propietarios de los medios de producción.

Aquellos medios de producción eran unas máquinas que habían sido creadas para abaratar los costes. Aunque la historiografía dominante ha edulcorado la capacidad inventiva de los mecánicos que produjeron los primeros telares mecánicos o la máquina de vapor durante la Revolución industrial, lo cierto es que el propósito perseguido era, antes que nada, sustituir a trabajadores caros —los hombres adultos cualificados— por mujeres y niños, peor pagados y menos capaces de organizarse colectivamente. Además, y tal y como ha documentado con detalle Andreas Malm en Capital fósil, aquellas máquinas fueron al principio muy ineficientes desde el punto de vista termodinámico —la rueda hidráulica era a menudo más barata que el motor de carbón—, pero permitían un control mucho mayor sobre la fuerza de trabajo. Los obreros pasaban de producir con cierta autonomía en sus casas del mundo rural, marcando su propio ritmo, a hacerlo apilados y vigilados en las fábricas de la periferia contaminada y sobrepoblada de las ciudades industriales. Desde sus albores, en suma, las innovaciones tecnológicas del capitalismo han estado orientadas a maximizar beneficios al coste social y ecológico que fuera necesario, no a aligerar el esfuerzo humano ni a democratizar la riqueza. Y esto es resultado de la lógica profunda del capitalismo, no de la tecnología en sí, y lo que por otra parte explica que más de dos siglos después nos resulte un proceso tan familiar.

Frente a esta lectura crítica con las máquinas, los economistas suelen insistir en que, aunque haya un proceso de ajuste doloroso, tras la introducción de cada nueva tecnología que sustituye trabajo se crean siempre nuevos empleos en otros sectores —por lo general, se dice, mejor pagados—. Carl Benedikt Frey, el autor de The Technology Trap, abre su libro recordando precisamente la sustitución de los faroleros que apagaban las lámparas de aceite por el alumbrado eléctrico. Marx, por su parte, vio en este tipo de cambios consecuencias horrorosas para los trabajadores que perdían sus medios de vida, pero también la prueba de la progresividad del sistema capitalista hacia unas relaciones de producción más modernas. David Ricardo pensaba lo mismo a comienzos del siglo XIX, y atribuía cualquier desempleo provocado por la maquinaria a una fricción transitoria. Sin embargo, en la tercera edición de sus Principios —un cambio de posición célebre y demasiado a menudo olvidado por los pensadores contemporáneos— incorporó una modificación que hizo de su argumento algo mucho más escéptico: aceptaba que la sustitución podía ser permanente y perjudicial para los trabajadores. Que el padre intelectual de buena parte de la teoría económica liberal terminara por reconocerlo debería invitarnos a una mucho mayor prudencia ante las promesas del optimismo tecnológico.

Es cierto que, en general, la mecanización casi nunca implica la automatización de trabajos enteros, sino de tareas concretas dentro de cada puesto. Eso suele obligar al trabajador a especializarse en aquellas actividades que la máquina aún no puede realizar, lo que a menudo exige mayor cualificación: programar, supervisar, gestionar, cuidar. Este proceso está detrás, además, del incumplimiento de lo que Marx esperaba que fuera una polarización total de la sociedad entre proletariado y burguesía. Resultó que, junto al obrero industrial clásico, a lo largo del siglo XIX fue creciendo una abultada clase media de asalariados especializados en actividades que implicaban más una gestión intelectual que un trabajo manual: técnicos, administrativos, profesionales, supervisores. El llamado “problema de la clase media” —ya lo discutían Bernstein y Kautsky a finales del siglo XIX y lo ha revisitado con detalle Erik Olin Wright— no es nuevo, pero ha tomado nuevas formas en cada oleada tecnológica. Lo característico de la actual, como subraya el informe del Consejo Económico y Social sobre el futuro del trabajo, es que la automatización vacía especialmente los empleos intermedios y polariza el mercado laboral entre puestos muy cualificados y otros muy precarios. Es decir, empeora la dinámica de desigualdad que ya está bastante acentuada por otros factores.

En nuestras sociedades tenemos absolutamente idolatrado el progreso tecnológico hasta el punto de no problematizar su papel

A pesar de toda esta complejidad, en nuestras sociedades tenemos absolutamente idolatrado el progreso tecnológico hasta el punto de no problematizar su papel. Cualquier crítica al rumbo concreto de la innovación se desactiva enseguida con el etiquetado de “tecnófobo” o “ludita”, como si la disyuntiva fuera entre admirar acríticamente cada novedad o regresar a vivir en cuevas. Pero antropólogos como Alf Hornborg llevan décadas advirtiendo que la máquina es una condensación de materiales y de flujos de energía que han sido extraídos por el centro a partir de las periferias de la economía mundial. Como es bien conocido, detrás de cada teléfono móvil hay coltán congoleño extraído en condiciones de semiesclavitud, litio de los salares andinos arrancado al ecosistema, cobre chileno y silicio refinado con cantidades enormes de electricidad. En definitiva: las máquinas no caen del cielo y son construidas a partir de materiales y flujos energéticos que vienen de algún sitio concreto, aunque no pensemos habitualmente en ello. Eso convierte cada salto tecnológico en una operación de intercambio ecológico desigual, donde el bienestar aparente de unos pocos se sostiene sobre el agotamiento y la contaminación de muchos otros, casi siempre lejos de nuestra vista.

Quizás el ejemplo paradigmático de todo esto sea la llamada inteligencia artificial. Aunque a veces se la presenta como un proceso casi desmaterializado —una “nube” mágica y etérea—, lo cierto es que implica un consumo extraordinario de agua, minerales y energía: los grandes centros de datos que entrenan los modelos generativos requieren muchísimos recursos, y la disputa por el suministro eléctrico se ha convertido en uno de los argumentos centrales del propio sector tecnológico. Con todo, y teniendo presente la necesidad de gestionar estos costes, la tecnología podría usarse para fines socialmente deseables: contribuir a la investigación científica, ayudar a diagnosticar enfermedades, traducir lenguas minoritarias, facilitar tareas tediosas o peligrosas, liberar tiempo de trabajo para el cuidado y el descanso. En la práctica, sin embargo, su uso está generalizado en la producción industrial de tonterías digitales —imágenes vacías, textos repetitivos, contenido publicitario diseñado para capturar atención— o, peor aún, en la hiperexplotación de los trabajadores: algoritmos que dictan al repartidor de plataforma cada metro de su trayecto, sistemas que cronometran al segundo el trabajo o aplicaciones que asignan turnos imposibles a quienes ya cobran un salario de subsistencia. No es tanto una paradoja como la incorporación de la tecnología a la lógica capitalista: la inteligencia artificial podría elevar la productividad en muchísimas áreas —evitando toda una lista de tareas que son tediosas para el trabajador— y producir lo mismo en mucho menos tiempo, pero esta opción está clausurada bajo el capitalismo.

Y lo está porque el objetivo ciego del sistema es producir más y más y más, no importa cuál sea el coste social y ecológico ni la disponibilidad de otras alternativas sociales. Cada incremento de productividad se traduce en mayores beneficios para los propietarios y en una intensificación de tareas o en despidos puros y duros para quienes ejecutan el trabajo. Las plataformas digitales —esa última frontera del trabajo asalariado— son un buen retrato del fenómeno: tecnología puntera puesta al servicio de la precarización extrema, mayor informalidad laboral, vigilancia algorítmica permanente y una pretensión de aplicar las viejas relaciones de servidumbre con interfaz amigable. Los analistas más serios reconocen que el futuro del trabajo no dependerá tanto de la potencia técnica de las máquinas como de la gobernanza democrática —laboral, fiscal, industrial— que decidamos construir colectivamente. Parece obvio que, sin diálogo social, sin negociación colectiva y sin políticas públicas marcadamente progresistas, el cambio tecnológico será otro mecanismo más de redistribución de la riqueza hacia arriba.

Y ese, en el fondo, es el verdadero sinsentido de la automatización contemporánea. No es que sustituya trabajadores —en sí mismo, que máquinas y algoritmos hagan parte de las tareas más pesadas podría ser una excelente noticia—, sino que no está dirigida a ningún fin social democráticamente planificado. Únicamente responde a los estímulos insensibles del mercado, a la presión bursátil trimestral y al cálculo individual del beneficio. De esa manera nos hemos convertido en parte de un engranaje que nunca se detiene, precisamente porque no hay ningún plan común que justifique el esfuerzo. Estamos a merced de una gran fuerza inconsciente. Discutir la automatización del trabajo, en consecuencia, no es discutir si las máquinas son buenas o malas: se trata de discutir quién decide qué se produce, cómo se produce y para qué se produce. Y esa es, también, la pregunta que el ludita de hace dos siglos lanzaba con su martillo y que la izquierda contemporánea no debería renunciar a formular con todas las herramientas —técnicas, sindicales y políticas— que tenga a su alcance: la tecnología, como la economía, ¿para qué?

Zohran Mamdani sonríe cuando anuncia sus nuevas medidas para Nueva York. Zack Polanski sonríe cuando en nombre de los Verdes del Reino Unido habla de trabajo garantizado y critica a las teorías económicas convencionales. José Ignacio García, candidato de Adelante Andalucía, apenas ha dejado de sonreír en toda la campaña. Las tres sonrisas trasladan continuamente la impresión de que son personas alegres y que tienen la esperanza de que las medidas que proponen van a servir para mejorar la vida de las personas que les rodean. No importa que lo que estén diciendo sea, en realidad, muy serio; y tampoco parece que les afecte la cantidad de odio que les dedican sus rivales. Sus sonrisas no se antojan impostadas sino parte de un proyecto que busca tener atractivo político y comunicativo.

Es parte de la semiótica en política, es decir, de cómo los seres humanos utilizamos los signos y los símbolos para transmitir significados. En política no solo queremos decir algo —una “verdad como un puño”, por ejemplo— sino que aspiramos a convencer a la mayoría de los receptores de nuestro mensaje. Y en una política mediatizada eso es tan o más importante que el contenido mismo: como mínimo, la forma en la que transmitimos determinará los límites de nuestro mensaje. Pero esta es una descripción de la política que resulta incómoda y antipática para una parte notable de la izquierda.

A riesgo de hacer un trazo demasiado grueso, una parte de la izquierda es extraordinariamente racionalista. La consigna de “programa, programa, programa” se concibió para explicar el sentido de los (des)acuerdos entre partidos, pero en la práctica se ha convertido en un canto a la racionalidad política. Desde este punto de vista, los partidos ofrecen programas de cientos de páginas que los votantes evaluarían antes de votar, como si la reflexión racional operara con absoluta claridad en cada cabeza. Que un dirigente sonría o no es, desde ahí, completamente irrelevante: lo básico es formular “las verdades” y esperar que la gente las reconozca como de su interés propio. Una identificación racional.

Este racionalismo, sin embargo, es también una coraza. En un contexto que algunos hemos descrito como una verdadera depresión emocional de las gentes de izquierdas —impotencia ante el avance reaccionario, fatiga acumulada, ausencia de horizonte—, la seriedad programática y la gestión gris protege del ridículo y del fracaso. Y, además, por qué no decirlo, es mucho más cómodo. Resulta mucho más complicado tener que lidiar con las contradicciones cotidianas que quedan encerradas en nuestras vidas de seres emocionales, que ríen y lloran tanto por lo importante como por lo accesorio. Y mientras tanto, el terreno emocional politizado, que es el que está moviendo a las grandes mayorías, lo ocupa casi en solitario la extrema derecha.

La realidad es que ni los votantes leen esos programas de páginas infinitas ni tampoco votan pensando en esos códigos. Por el contrario, la política realmente existente está mucho más atravesada por la emocionalidad en contextos históricamente específicos. Y, actualmente, una parte creciente de la población vota a partir de su identificación con el candidato que encarna el proyecto a representar. Pero esa identificación no es puramente racional —“le voto porque piensa lo mismo que yo”— sino que está influida por las emociones, intuiciones y sensaciones que despierta su propia forma de expresarse. De ahí que los asesores políticos profesionalizados dediquen denodados esfuerzos en construir, reformar e incluso inventar relatos atractivos para los candidatos; trasladando la idea de que son los más sencillos y cercanos, gente confiable que tiene la intención de mejorar la vida de los demás. En este sentido, sonreír está a la altura de los programas políticos; es, por decirlo así, una expresión no verbal de un mensaje político. Con algunos es más fácil, porque es genuino, y con otros es verdaderamente digno de un premio Goya.

Javier Arenas, por ejemplo, fue el eterno candidato del PP andaluz, y aparecía ante la población como un señorito andaluz que estaba a dos votos de convertirse en un tirano. Siempre estaba serio, y parecía desconectado de los problemas reales de sus potenciales votantes. No por casualidad, Moreno Bonilla lleva años intentando evitar esa imagen, y en esta campaña tampoco ha dejado de aparecer como un ser humano corriente que, además, viste como cualquiera de nosotros en un día normal. Y también ha intentado sonreír en todo momento, aunque de una forma tan forzada que en ocasiones lo ha hecho incluso cuando no correspondía. Quizás eso demostraba falta de convencimiento, pero también que detrás había una estrategia de comunicación: una que es consciente de la importancia de la semiótica.

El crecimiento de Adelante Andalucía tiene varios factores detrás, no solo uno; lo mismo puede decirse de la resistencia de Por Andalucía dadas las actuales circunstancias. Habrá tiempo para ir desglosando todos esos elementos, pero ahora sí quisiera destacar que el candidato de Adelante, Jose Ignacio García, ha aparecido ante la población como un hombre alegre y comprometido. La radicalidad de su mensaje no ha correlacionado con la faz taciturna y grisácea a la que estamos acostumbrados en los dirigentes de izquierdas —yo el primero—, sino que se ha expresado con una comunicación no verbal basada en ofrecer una promesa de alivio y esperanza. Ha conseguido, en apenas unas semanas, que mucha gente que no le conocía de nada conectara con su forma de comunicar y que se identificara con él: su comunicación parecía fresca y no enlatada y, sobre todo, abierta a futuros con algo de luz. Eso, en un contexto de depresión emocional de la izquierda, no es poca cosa incluso aunque no sea suficiente.

No se trata de elegir entre organización y comunicación, ni de oponer hiperliderazgo a procesos colectivos —como si Lenin no hubiera sido un hiperliderazgo por carecer de TikTok—. Se trata de algo más simple: para conectar con la población no basta con decirle “verdades” que probablemente ya intuye; hay que identificar sus estados de ánimo y construir una relación a partir de ahí. Los bolcheviques no hicieron la revolución leyendo El Capital en voz alta. Si acaso había una materialidad escrita, esa tenía que ver con tres palabras —Paz, Pan y Trabajo— que cualquiera podía repetir y que condensaban demandas materiales del día a día en una sola promesa de futuro. Eso también es semiótica: símbolos y signos que expresan significados. 

Los retos de la izquierda son múltiples y muy grandes, especialmente de cara a las próximas elecciones generales. Pero podríamos comenzar con un paso humilde: reconocer que la semiótica de Mamdani, Polanski y García resulta mucho más atractiva para un pueblo que parece haber perdido la esperanza en que haya alternativa a un gobierno reaccionario. Cuando la vida cotidiana de las clases populares está atravesada por la ansiedad climática, la precariedad permanente y una guerra cultural sin tregua, la promesa de alivio adquiere un valor de uso que antes no tenía. La extrema derecha vende ira, y el espacio del alivio y la esperanza está vacío. Y lo que lo ocupa con credibilidad, gana. Por eso sería conveniente tomar nota antes de la próxima cita con las urnas.

Durante las últimas décadas, uno de los lastres más importantes de la economía española ha sido la baja productividad del trabajo. Por lo general, los economistas convencionales suelen localizar el problema en el factor trabajo: baja cualificación, costes laborales elevados, regulación excesiva… El argumento es sencillo: en tanto la productividad laboral es una ratio entre el valor monetario de la producción y las horas trabajadas, si en España esta cifra es menor que en Estados Unidos, entonces se deduce que los trabajadores españoles crean menos valor monetario por cada hora de trabajo. Se diría que, por alguna razón, aprovechamos bastante peor las horas de trabajo que los estadounidenses. El siguiente gráfico pone cifras: en la actualidad, la productividad laboral en España es el 74% de la de Estados Unidos.

Un análisis alternativo, sin embargo, señalaría que la causa de una baja productividad relativa —en España respecto a otros países de referencia— tiene que ver con la estructura productiva de una economía y no tanto con el esfuerzo de los trabajadores. La razón es que el numerador de la ratio —el valor monetario de la producción— es la suma de los valores monetarios de todo lo que produce una economía, pero no distingue entre, por ejemplo, aviones y melocotones. Y es obvio que es distinto producir una cosa u otra: si una economía produce muchos aviones y pocos melocotones su valor monetario será más alto que si produce muchos melocotones y pocos aviones, con independencia del esfuerzo de los trabajadores. Lo que llamamos producción u output —y que medimos a través del PIB— es solo el valor monetario de un conjunto de bienes y servicios muy heterogéneo. Hay una larga tradición histórica, desde los mercantilistas del capitalismo temprano hasta la moderna economía del desarrollo, que subraya que lo importante para que un país sea rico es saber qué quiere producir e intervenir en la economía para conseguirlo. El problema, entonces, es que España tiene una estructura productiva menos desarrollada que otras economías occidentales.

Además, la dinámica de la productividad laboral en nuestro país ha sido históricamente anticíclica. Esto significa que cuando la economía crece la productividad laboral tiende a estancarse o crecer débilmente y, al contrario, cuando la economía decrece la productividad laboral tiende a crecer. Esto ocurre por un mero efecto estadístico resultado de trabajar con datos agregados. Recuérdese que el numerador es la suma de los valores monetarios producidos por muchos trabajadores diferentes, y que cuando llega una crisis se despide primero a los que menos valor monetario por hora crean —sectores de bajo valor añadido tales como hostelería, construcción, comercio minorista y servicios poco cualificados—. Este fenómeno provoca la retirada de los cálculos de los que menos valor monetario producen, lo que automáticamente eleva la productividad media de los que quedan trabajando, aunque ninguno de ellos esté produciendo más por hora que antes. Así que cuando hay una crisis y se producen despidos, la productividad laboral crece aunque los trabajadores sigan haciendo lo mismo.

El mismo mecanismo opera en la dirección contraria cuando la economía crece, ya que al contratar a nuevos trabajadores en sectores con menor valor añadido se produce una reducción de la productividad laboral media. Ambos procesos, en una y otra dirección, han caracterizado la dinámica de la productividad laboral… hasta ahora.

El período que sigue a la pandemia tiene una característica que lo distingue de las expansiones anteriores: el ritmo de creación de empleo —+3,85% anual en horas trabajadas, +4,24% en puestos a tiempo completo— casi duplica el de la recuperación 2014-2019 (+2,15% y +2,35%) y se sostiene sin sacrificar la productividad por hora, que crece a un ritmo similar al de aquel período (+0,49% vs +0,46%). En las grandes expansiones anteriores el patrón fue distinto: aunque la productividad por hora también crecía, lo hacía a ritmos muy modestos (+0,38% anual en 2001-2007, ligeramente negativa en 1996-2000) y con un comportamiento marcadamente cíclico, acelerándose solo al final del ciclo cuando la creación de empleo se enfriaba. La singularidad post-COVID es que el ritmo más alto de creación de empleo desde los noventa coincide con una productividad por hora positiva y sostenida desde 2022, sin esperar al agotamiento del ciclo. Algo ha cambiado.

La hipótesis más plausible es que se está produciendo un lento pero sostenido cambio en la estructura económica de España, principalmente como consecuencia de los planes de estímulo acordados durante la pandemia y desplegados desde entonces —los famosos fondos NextGenerationEU—. Durante este período ha crecido de forma muy intensa tanto la población —vía inmigración— como el empleo, que además ha sido en buena parte de poca o nula cualificación. En condiciones normales deberíamos haber visto una caída de la productividad laboral, pero observamos lo contrario: algo que puede explicarse si la productividad laboral del resto de trabajadores ha aumentado lo suficiente como para compensar el efecto decreciente esperado.

Los canales por los que esto puede estar sucediendo son al menos cuatro y conviene distinguirlos. Primero, un ascenso en la cadena de valor: los mismos trabajadores producen bienes y servicios de mayor valor monetario, como cuando una economía pasa de fabricar zapatos a fabricar componentes electrónicos. Esto es básicamente lo que ha logrado China en las últimas décadas como estrategia deliberada de desarrollo. Segundo, un proceso de capital deepening: las empresas dotan a cada trabajador de más maquinaria y equipos, de modo que la productividad por hora sube simplemente porque hay más capital físico apoyando el trabajo. Tercero, una mejora propiamente tecnológica o energética donde con el mismo capital y el mismo trabajo se produce más. Un cuarto canal tiene que ver con la dimensión energética del proceso productivo. La electrificación, el despliegue de renovables o la incorporación de tecnologías más eficientes pueden permitir producir más valor monetario con menores costes materiales y energéticos por unidad de trabajo. En un país especialmente vulnerable a shocks energéticos externos, esta variable podría haber desempeñado un papel no menor en la evolución reciente de la productividad.

Estos cuatro canales son distintos en sus implicaciones, pero todos se reflejan en la ratio agregada de productividad laboral. No tenemos datos suficientes para profundizar en cuál está siendo más importante, pero todo parece apuntar a que la economía española estaría siendo capaz de mejorar parte de su estructura productiva a pesar del peso inmenso que tienen todavía los sectores de bajo valor añadido —los cuales absorben gran parte de la nueva creación de empleo—.

Una visión europea

En todo caso, si analizamos esta evolución en perspectiva internacional, como en el gráfico siguiente, llama todavía más la atención. Desde la pandemia, España ha mejorado su productividad relativa por hora respecto a Alemania, Italia y Francia. Y eso a pesar de que, como mostré en el primer gráfico, España está en términos absolutos todavía lejos de sus vecinos —con excepción de Italia, que está solo ligeramente por encima de España—.

No debería sorprender que los análisis económicos convencionales sean reacios a interpretar estos indicadores como signo de un cambio estructural. El relato dominante es que España crece sobre todo por entrada masiva de inmigrantes —crecimiento extensivo— y no porque se esté produciendo una transformación de la base productiva —crecimiento intensivo—. En realidad, no cabe lanzar las campanas al vuelo porque el modelo de crecimiento español sigue siendo desigual — con los beneficios del crecimiento concentrándose en una minoría de empresas y sectores rentistas—, vulnerable —por la alta dependencia de sectores de bajo valor añadido— e insostenible ecológicamente —sobre lo que volveré en otro artículo—.

Pero todos estos indicadores permiten al menos algunas conclusiones preliminares. En primer lugar, cabe rechazar de plano el relato de los trabajadores vagos. En segundo lugar, debemos reconocer que hay señales razonables de un cambio estructural en curso, aunque limitado. Y, en tercer lugar, podemos constatar que este período —el del gobierno de coalición— coincide con el mejor desempeño comparado de la productividad española frente a sus vecinos europeos en treinta años: mientras Francia, Italia y, en menor medida, Alemania, han visto retroceder o estancarse su productividad por hora desde la pandemia, España ha avanzado. En términos puramente nacionales, la productividad por hora crece a un ritmo similar al de la recuperación 2014-2019, pero lo hace con un ritmo de creación de empleo mucho mayor, lo que rompe el patrón anticíclico que había dominado el ciclo español hasta entonces. Atribuir causalidad directa exigiría más trabajo del que aquí cabe. Pero hay un punto que sí está claro: las políticas que el relato convencional describió como un freno a la competitividad han coincidido con el período más favorable que la productividad española ha vivido en términos comparados en mucho tiempo.

Cabe preguntarse por qué importa todo esto más allá del debate académico entre economistas (para los interesados en esta dimensión, hace unos años escribí con mayor profundidad y extensión este artículo académico). Lo cierto es que importa porque el diagnóstico determina la política: si la baja productividad se atribuye al trabajador, las recetas serán siempre la devaluación interna y el recorte laboral. Si se atribuye a la estructura productiva, lo que se exige es política industrial, inversión pública dirigida y una intervención deliberada del Estado en qué se produce y cómo. Importa, también, porque sin esa transformación de la base productiva resulta imposible plantear cualquier otra agenda —ecológica, por ejemplo— sobre bases sólidas.

Con pocos minutos de diferencia, mientras la ministra Mónica García y el secretario de Estado Javier Padilla explicaban a periodistas y ciudadanos el protocolo de la OMS para el desembarco del MV Hondius, el presidente canario Fernando Clavijo advertía en una entrevista que las ratas portadoras del hantavirus podrían llegar nadando a Tenerife. La imagen resume bien la paradoja de nuestra época: nunca hubo tanta información disponible y nunca pareció tan difícil pensar con calma. En la gestión del hantavirus ha quedado a la vista el contraste entre una actitud guiada por criterios científicos y el tsunami de desinformación y alarmismo interesado que han poblado las redes y, lo que es más grave, algunas ruedas de prensa institucionales.

Como en todos los países, en España conviven dos pulsiones contradictorias. Por un lado, somos herederos de las nociones ilustradas de razón y verdad: el sistema educativo se ordena, al menos sobre el papel, en torno al pensamiento autónomo y al conocimiento contrastado por encima de supersticiones y religiones. Por otro, hay una pulsión irracional que aflora en las encuestas. Según el último estudio de la Fundación BBVA sobre cultura científica, el 28% de los españoles cree que los extraterrestres han visitado la Tierra y que los poderes lo han ocultado, el 22% duda de que los humanos llegaran a la Luna y el 15% niega la existencia del cambio climático. Cada vez más, los retratos de la realidad se conforman por impulso emocional y por agregación de fragmentos que circulan en las redes; cada vez menos, por el uso reposado de la capacidad para pensar.

Soy de una generación que se familiarizó pronto con la informática y con internet, pero que todavía recuerda cómo era la vida antes: la enciclopedia inmensa del despacho familiar, primero en papel y más tarde en CD-ROM. Han pasado pocos años y hoy esa misma información llega a un móvil en cuestión de segundos. Y, sin embargo, no por ello somos más sabios. De hecho, el flujo de información es tan grande que ahoga la capacidad misma de fijar la atención en algo y, desde luego, la posibilidad de una reflexión sosegada.

El concepto clave, a mi entender, es el de la información en tiempo real. Nació en el ámbito militar, y desde ahí ha contaminado todas las dimensiones de la vida. Tenemos relojes que monitorizan el cuerpo y nos avisan al instante de cualquier alteración. Y tenemos, sobre todo, un sistema mediático que ha renunciado a su función clásica. No hay que idealizar cómo funcionaban hace décadas todos los medios, pero el patrón general era reconocible: recibían la información, la metabolizaban y producían piezas inteligibles para el lector. Hoy esa pausa apenas existe: la mayoría se ha convertido en correa de transmisión de un flujo sin pulir, sincronizada con un deseo de atención inmediata que las plataformas, por diseño algorítmico, empujan hacia el estímulo emocional antes que hacia el razonamiento.

Aunque solemos pensar que es un asunto de desinformación o de manipulación —difundir versiones falsas sobre la autoría de un crimen o sobre la biología de un virus—, aquí estamos ante algo más profundo: de cómo se gestiona emocionalmente cualquier crisis colectiva. Los seres humanos sabemos que nuestro entendimiento se nubla ante los estímulos cargados afectivamente, frente a los que respondemos rápido y por intuición. Tenemos, además, un sesgo de rebaño que hace que, si todos huyen de algo, no corramos en dirección a ese algo para comprobar qué es, sino que nos sumemos a la fuga. Es un fenómeno tan evidente que las metáforas para describirlo, desde la antigüedad, lo asimilan a hechos naturales: tsunami, terremoto, ola, huracán. Toda la tradición cesarista, del bonapartismo a las versiones contemporáneas del trumpismo, se ha dedicado precisamente a fabricar ese clima y a recoger sus réditos. Por supuesto, es algo que va más allá de la anécdota: la ansiedad colectiva del tiempo histórico que atravesamos erosiona mediaciones y deslegitima a los actores mediáticos, políticos e incluso científicos.

Si recordamos el precedente cercano y duro de la Covid, es comprensible que ante el aviso de un virus en camino la población se alarme e incluso tome decisiones carentes de toda lógica —aunque conviene recordar que en Chile y Argentina conviven con este mismo virus, y con sus brotes ocasionales, sin nada parecido a este alarmismo—. Pero hay también otra clase de bulos, más explicados por la ideología que por la memoria: las teorías de la conspiración según las cuales todo el episodio sería un montaje del Gobierno, los ministros buscarían la foto, o el brote serviría de cortina de humo para tapar otros asuntos.

Es aquí donde, en una democracia, deberían entrar a jugar los dos filtros encargados de impedir que la sociedad caiga presa de la locura colectiva: los medios y los dirigentes políticos. A ellos les corresponde reunir la información disponible, metabolizarla mediante los mejores procedimientos y proponer una síntesis fundada en la razón y en la ciencia. Eso es lo que recomendaría cualquier teoría democrática que aspire a cohesionar una comunidad de diferentes, canalizando en la política lo que antes se resolvía mediante la violencia directa.

En la crisis del hantavirus, la ministra Mónica García y el secretario de Estado Javier Padilla cumplieron ese papel con pulcritud. No tanto, como podría pensarse, porque ambos sean profesionales médicos —saber de algo no garantiza saber comunicarlo, aunque en su caso sí ha ayudado—, sino por algo más prosaico: ritmo regular de comparecencias, vocabulario calibrado a lo que efectivamente se sabía en cada momento, distinción clara y pedagógica de los conceptos utilizados, y disposición a corregir el dato cuando cambiaba. Es un protocolo comunicativo que da confianza, calma los ánimos y que cualquier administración debería poder replicar ante una crisis, pero que rara vez se aplica —como volvimos a ver con la gestión de la DANA en Valencia—.

En el polo opuesto se situó el Gobierno de Canarias. La advertencia del presidente Fernando Clavijo sobre las “ratas nadadoras” —una especulación formulada en horario de máxima audiencia— funcionó como gasolina sobre el miedo y obligó al Ministerio a dedicar parte de cada comparecencia a desmentirla. Algo parecido cabe decir de los portavoces del PP que reclamaron medidas extraordinarias —y contradictorias— mientras la operación del Hondius transcurría conforme al protocolo de la OMS. Cuesta no leer ese alarmismo como una decisión deliberada: incendiar los ánimos para tener algo que decir cuando el adversario maneja bien la crisis. Y, aun en el mejor de los casos —si fuera incompetencia y no cálculo—, el resultado sería el mismo. Conviene insistir, en todo caso, en que es un problema estructural: en un ecosistema político dominado por la atención inmediata, los incentivos para sobreactuar una amenaza son enormes, ya que permiten ocupar espacio mediático incluso cuando la gestión técnica de una crisis deja poco margen para la confrontación.

Independientemente de cuál sea la razón última que explica ese comportamiento, de efectos perniciosos, es importante subrayar que la labor del trabajo público —medios o dirigentes políticos— no es la de transmitir de manera inmediata lo que la audiencia ya teme. Esa es la materia prima del cesarismo, no de la democracia. La próxima emergencia —porque habrá una próxima, ya que con el cambio climático las zoonosis se multiplican— se decidirá en buena medida ahí: en si los filtros aguantan, o si nos veremos todos corriendo en la misma dirección detrás del primero que grite “una rata nadadora”.

El barril de petróleo Brent sigue cotizando por encima de los 100 dólares. La causa es la guerra en Irán y el cierre del Estrecho de Ormuz, por donde transita en tiempos normales una quinta parte del crudo y casi un tercio del gas natural licuado del planeta. La escena recuerda lo que ya sabíamos, pero solemos olvidar: una constante de la historia de la humanidad es la lucha por los recursos. Hoy son los combustibles fósiles —indispensables para que el metabolismo de las sociedades contemporáneas pueda reproducirse, hasta el punto de que sin un flujo continuado de carbón, petróleo o gas natural cualquiera de ellas colapsaría—. En otros tiempos fueron el oro, la plata y otros metales como el estaño o el cobre los recursos lo bastante codiciados como para alimentar guerras, invasiones y masacres de pueblos enteros.

Para entender lo que ocurre conviene recuperar una idea formulada en los años setenta por el economista Herman Daly —discípulo de Nicholas Georgescu-Roegen y, junto con autores como el español Joan Martínez Alier, una de las figuras fundacionales de la economía ecológica—. Según Daly, la economía no es un universo autónomo, sino un subsistema del Sistema-Tierra, y por tanto debe operar dentro de sus límites para que su propia reproducción esté garantizada a medio plazo. Durante la mayor parte de la era industrial, el impacto de la actividad humana fue pequeño en relación con el conjunto de la biosfera: vivíamos en lo que Daly llamó un “mundo vacío”, un mundo en el que los recursos naturales aparecían como abundantes aunque, por definición, fuesen finitos. Ese ha sido el tiempo “normal” en el que se gestó la disciplina económica moderna y en el que naturalizamos el estado de cosas actual, con todas sus infraestructuras dependientes de los combustibles fósiles y el nivel de consumo facilitado por la industria petroquímica. El problema, advertían Daly y sus compañeros, es que progresivamente —y por eso casi de forma imperceptible para las vidas particulares— la actividad económica humana ha seguido creciendo hasta desbordar la capacidad del planeta. La acumulación de conocimiento desde entonces ha ido confirmando la tendencia a través de distintos indicadores científicos: los límites planetarios, la huella ecológica, la pérdida de biodiversidad, el cambio climático… Y, además, lo que era finito pero abundante comienza a dejar de serlo. Hemos entrado en lo que Daly llamaba un “mundo lleno”.

Irónicamente, este relato de disputa por los recursos, que resulta tan familiar para la antropología, la historia o la sociología, ha sido marginado por la economía mainstream. A pesar de que la definición de Lionel Robbins que aparece en la mayoría de los manuales describe a la ciencia económica como la disciplina ocupada en la asignación de recursos escasos, en el pensamiento económico convencional los recursos naturales en particular brillan por su ausencia. De hecho, los factores de producción que se enseñan a los estudiantes en las facultades son solo dos: capital y trabajo. Los recursos naturales que en su momento preocuparon tanto a los economistas clásicos, como la tierra, no aparecen en las lecciones que los futuros economistas reciben en la universidad. Aunque existen manuales más recientes que han incorporado el medio ambiente y los recursos naturales, siguen tratándolos como variables secundarias y, sobre todo, altamente sustituibles con otros factores de producción —como si al agotarse el agua, pudiéramos sustituirla por capital—.

No se trata de que los economistas sean deliberadamente estúpidos: los recursos naturales fueron durante mucho tiempo muy abundantes y, en consecuencia, también muy baratos. Como resultado, no se preocuparon por ellos al definir y especificar los modelos que pretenden representar el mundo real. Al economista le interesan los precios, y aquello que es tan abundante que su precio resulta irrelevante —el oxígeno, el agua— suele despertar poco interés. Lo mismo sucedió durante décadas con la energía. Cuando empezó a extraerse petróleo en Estados Unidos, el problema de las grandes empresas era que aquel líquido viscoso era demasiado abundante: las primeras estrategias de las petroleras americanas estaban destinadas a modular y restringir la extracción para sostener el precio. Hasta los años setenta el barril fue, en términos reales, extraordinariamente barato; con la primera crisis del petróleo de 1973 superó ligeramente los 10 dólares nominales y, con la segunda, llegó a rozar los 40 dólares —equivalentes a más de 130 dólares de hoy—. La era del crudo barato terminó entonces, aunque la cultura económica que se construyó sobre ella sobrevive intacta.

Hace décadas que los economistas ecológicos cuestionan el tratamiento que la economía convencional dispensa a los combustibles fósiles. Según los marcos al uso, los combustibles fósiles y la energía en general apenas aportan al PIB de un país: el sector energético en su conjunto no representa, a efectos contables, ni el 5% del valor monetario de la producción. Es la misma lógica por la que se nos dice que el “turismo” —o cualquier otro sector— es importante porque representa el 12% del PIB. En la contabilidad del crecimiento —la que utilizan todas las instituciones económicas para sus predicciones— lo decisivo es la contribución de capital, trabajo y progreso técnico, pero no de la energía. Los economistas ecológicos —Robert Ayres, Reiner Kümmel, y más recientemente Steve Keen— llevan décadas advirtiendo que esa forma de pensar conduce a equívoco: el oxígeno tampoco aparece en el PIB y, sin embargo, sin él no hay actividad económica posible. Con la energía pasa lo mismo: aunque su peso contable sea pequeño, si se interrumpe se desploma toda la economía. Lo que es, por otro lado, sentido común.

Como cualquier organismo vivo, toda actividad económica necesita inputs de energía y produce residuos como salida. La economía convencional no la conceptualiza así, lo que le permite tratarla como un sistema cerrado, con flujos circulares de capital y trabajo pero sin entradas físicas ni salidas residuales y mucho menos respetando las leyes de la termodinámica. La realidad, sin embargo, se impone: cuando las fuentes de energía se interrumpen, todo el metabolismo se tambalea. Y es más fácil que esos flujos dejen de llegar cuanto más escaso sea el recurso o cuanto más concentrada esté su extracción y procesamiento. Conviene recordar lo concentrados que están los combustibles fósiles a escala mundial: solo tres países —Estados Unidos, Arabia Saudí y Rusia— concentran más del 40% de la extracción de petróleo, y un porcentaje aún mayor en el caso del gas natural, encabezado por Estados Unidos, Rusia e Irán.

Si los hidrocarburos están concentrados, los minerales que se necesitan para la transición energética lo están todavía más, y eso es algo de lo que poca gente es consciente. Los llamados minerales críticos —imprescindibles para la producción de tecnologías renovables y para buena parte de los bienes electrónicos— presentan grados de concentración superiores a los del petróleo. Como muestra el siguiente gráfico de la Agencia Internacional de la Energía, en el caso del litio tres países concentran más del 80% de la extracción, mientras que cerca del 70% del cobalto se ubica en un solo país: la República Democrática del Congo. En la fase de procesamiento la fotografía es aún más nítida: China controla más del 80% de las tierras raras, alrededor del 70% del cobalto y cerca del 60% del litio. La combinación de azar geológico y política industrial ha conducido a un escenario donde los elementos cruciales del metabolismo de las sociedades modernas están en muy pocas manos.

El mundo lleno tiene, así, una geografía precisa: unos pocos países y un puñado de minas y refinerías que controlan los flujos físicos de los que depende todo lo demás. Y sobre esa geografía se está levantando una crisis política mayor. El liberalismo tradicional se construyó en este tiempo de anomalía fósil, naturalizando un estado de cosas en el que la energía era abundante y la economía no parecía tener límites. En aquel marco, cualquier país que necesitara energía o cualquier otro recurso podía teóricamente conseguirlo acudiendo al mercado internacional; la clave del progreso, se nos decía, era la apertura de mercados. Así, la crisis actual del liberalismo no tiene tanto que ver con sus ideas como con la pérdida de la base material que las sostenía. En un mundo lleno, la interdependencia se ha convertido en vulnerabilidad: la energía y los recursos vuelven a ser escasos y altamente disputados. Eso sí, no ocurre con todos a la vez ni en el mismo grado, sino que algunos resultan especialmente críticos, los llamados, precisamente por eso, minerales críticos.

Como he defendido en La guerra por la energía: poder, imperios y crisis ecológica, esta es la situación que explica el retorno de las prácticas neomercantilistas y de la violencia por parte de una gran potencia, Estados Unidos, que fue hegemónica en la era de los combustibles fósiles y teme ahora perder esa posición privilegiada. Entender los fenómenos geopolíticos del mundo contemporáneo solo es posible si recurrimos a las herramientas de la historia y la economía ecológica, y si evitamos en lo posible eso que llamamos economía convencional.

Si usted ve a algún economista hablar como si todavía viviéramos en un mundo vacío, recuerde que se trata de un zombi: alguien que parece vivo, pero no lo está.

Ni siquiera la Iglesia católica se ha sumado en México a la operación de Díaz Ayuso de reivindicar con orgullo el pasado colonial del imperio español. La presidenta madrileña tenía previsto homenajear a Hernán Cortés con una misa, pero la Iglesia acabó cancelándola por la presión social y política que había desencadenado la iniciativa. Si bien es verdad que la Iglesia ha alegado falta de permisos para el espectáculo de Nacho Cano, algo del todo verosímil dados los precedentes legales del artista. En todo caso, el mensaje no puede ser más claro: la restauración ideológica reaccionaria que encabeza Ayuso se queda a la derecha de la jerarquía de los católicos, que en México son amplia mayoría.

La provocación no debería impedirnos ver lo que hay más allá. Ayuso ha ido a México a desplegar y consolidar una narrativa que le permita ubicar su liderazgo en el plano nacional e internacional, muy lejos del que le corresponde como presidenta autonómica. No es la primera vez, pues anteriormente ha visitado Estados Unidos y se ha reunido con Milei con la misma intención. Incluso antes, en plena pandemia de la COVID, se reunió con Pedro Sánchez en lo que simbólicamente se hizo creer que era un encuentro internacional de alto nivel. Pero no son solo los viajes lo que la sitúa simbólicamente al nivel de los presidentes nacionales, sino que Ayuso también utiliza la confrontación constante a fin de que se consolide en el imaginario público la idea de que ella es la antítesis de las izquierdas mundiales. Con cada gesto y con cada palabra, no importa sobre qué tema, ella está siempre en el “otro lado”. 

De hecho, son las formas trumpistas las que permiten que cale esa idea. Si se limitara a visitar a los presidentes de otros países, la cosa chirriaría, pero tampoco sería un asunto exclusivo de ella. Además, probablemente no se enteraría mucha gente. Resulta que, en política, existir significa ocupar el centro de atención; algo que se consigue con más facilidad cuanto más espectacular sea el mensaje transmitido. Si eres formal y respetas las instituciones, tu mensaje se pierde en el ruido cotidiano. Si te acoges al escándalo, tendrás la atención asegurada. Ayuso lo sabe, y por eso preparó el terreno antes denunciando que México era un «narcoestado», el mismo concepto con el que Trump se refiere al país gobernado por Claudia Sheinbaum. El guion es conocido: montar un show para generar atención y, cuando ya todos están mirando, decirle al mundo que eres quien manda en lo tuyo.

La elección de México tampoco parece casual. Tras meses de distensión entre los gobiernos español y mexicano, que incluyeron una descafeinada petición de disculpas por parte de Felipe VI, la actitud de Díaz Ayuso encaja en su sabotaje continuado al Ejecutivo progresista. De paso, le lanza un aviso a la Casa Real, como si en el fondo les estuviera llamando “derechita cobarde” por asumir parte del discurso “anti-español” que subraya la desmedida violencia de los conquistadores. En el fondo, Ayuso les está diciendo a sus votantes que es más y mejor española que el rey.

Al margen de la Casa Real, quien más debe temer esta estrategia no es Pedro Sánchez ni las izquierdas, sino Feijóo. El discurso de Díaz Ayuso, hoy por hoy, no es competitivo en la mayoría de España: solo lo es en una burbuja como Madrid, donde décadas de gobierno del PP han construido las bases materiales que sostienen una sociología tan ranciamente conservadora y distinta a la del resto del país. Un liderazgo nacional de Ayuso generaría más tensiones con la extrema derecha, por solapamiento de discursos, pero tendría muchas menos opciones en unas generales, donde importa más cómo es el ciudadano medio que el militante de partido. Sin embargo, con cada gesto de Ayuso —casi todos fuera de sus competencias—, la líder madrileña le está recordando a Feijóo que el liderazgo de Génova es subsidiario del de Sol.

Estoy convencido de que estas cosas no gustan en la sede nacional del Partido Popular. Al fin y al cabo, ellos no controlan los acontecimientos ni la agenda política que ella marca, y a pesar de eso tienen que salir a justificar a Ayuso a cada paso que da. Quizás también están asustados tras la experiencia de Pablo Casado, quien tras meses titubeando, decidió finalmente confrontar con Ayuso y denunciar los tejemanejes de la presidenta madrileña: su combate no duró ni un asalto, y lo dimitieron de facto en beneficio de Ayuso. Sea como sea, ella ha conseguido que se instale la idea de que ella es la referencia indiscutible de la derecha española incluso aunque carezca del poder orgánico correspondiente. Su ideología, un proyecto nebuloso construido más con intuiciones reaccionarias que con programas específicos de intervención pública, está asfixiando a los sectores tradicionales del PP. Si tienen algo que decir, no se les está escuchando.

Desde la crisis financiera de 2008, y de forma acentuada desde la pandemia, las derechas vienen buscando un nuevo relato identitario que sustituya al proyecto neoliberal fracasado. El populismo autoritario de Trump y Orbán, pero también el de Milei o Bolsonaro, se ha presentado como vía atractiva para un conjunto de líderes con la brújula tradicional rota. Ayuso, que no destaca por su elaboración intelectual, tiene sin embargo una gran capacidad para apropiarse de ese nuevo “sentido común” en la derecha y para concentrar así una creciente base social en torno a su figura. 

Por eso Ayuso necesita la figura romantizada de Cortés, por un lado, y al gobierno de México y a los pueblos originarios protestando, por otro: porque en su política, la confrontación es el contenido. Es puro trumpismo. Lo de México es la continuación de una operación que lleva años en marcha, y que está fijando los términos en los que la derecha española entera habla de sí misma y del mundo. Una derecha que, ante la falta de ideas novedosas en este momento de crisis ecosocial, necesita homenajear lo que sucedió en 1521. En el fondo, y como el resto de las extremas derechas del mundo, Ayuso apela a las emociones de una ciudadanía frustrada por la situación económica y desconcertada ante el futuro, ofreciéndoles nostalgia de viejos y destructivos imperios. Así que sí: Ayuso es una provocadora porque puede, porque le funciona, y porque está en una guerra cultural de largo aliento.

En las últimas semanas, hemos vuelto a escuchar con frecuencia, especialmente por parte de portavoces conservadores, la propuesta de deflactación del IRPF: una modificación fiscal que permitiría corregir el sobrecoste fiscal añadido por la llamada 'progresividad en frío'. Pero, en el fondo, abordar la pérdida de poder adquisitivo desde ese planteamiento es atacar las consecuencias y no las causas del problema.

La pérdida de poder adquisitivo de las familias españolas se produce como consecuencia del mayor crecimiento de los precios de los bienes de consumo respecto al crecimiento de los salarios: aunque suban los salarios nominales —lo que vemos en nuestra nómina—, si con ellos podemos comprar menos cosas, eso significa que ha empeorado nuestra capacidad adquisitiva; es decir, el salario real se ha reducido. Como se puede ver en el siguiente gráfico, los salarios reales en España apenas han avanzado desde principios de siglo: tras un periodo de mejora hasta 2008 y caídas marcadas a partir de 2021, hoy se sitúan en niveles muy similares a los de hace dos décadas. La inflación se ha terminado comiendo casi todas las ganancias nominales acumuladas.

Una consecuencia no deseada de este proceso es que pagamos más impuestos porque declaramos ingresos mayores, e incluso podemos ubicarnos en tramos del IRPF más altos sin que en ningún caso realmente nos hayamos convertido en personas más ricas. Como se sabe, el sistema fiscal está diseñado por tramos de ingresos, a modo de escalones. Como el sistema es progresivo, eso significa que cuando pasamos de escalón —porque cobramos más— también pagamos un tipo marginal mayor sobre los nuevos ingresos, lo que arrastra al alza nuestro tipo efectivo medio. El problema es que se puede subir de escalón porque la nómina indica mayor cantidad ingresada en concepto de salarios nominales, pero en realidad no existe su correspondiente mayor poder adquisitivo. En suma: pagamos más impuestos como si fuéramos más ricos, pero sin serlo.

Como consecuencia, es posible hablar de que este proceso supone una subida indirecta de impuestos: el contribuyente paga más IRPF aunque no sea más rico, y el Estado ingresa más por la misma cantidad de renta real. De ahí que emerja de vez en cuando la propuesta de que hay que ‘deflactar’ el IRPF, es decir, ajustarlo de modo que se pague impuestos de acuerdo con los salarios reales y no con los salarios nominales. Esto implicaría que los contribuyentes pagarían menos impuestos respecto a la situación actual y el Estado dejaría de percibir esas cantidades de recursos adicionales: sería, de facto, una bajada de impuestos. Además, tal y como suele plantearse —deflactación lineal de toda la tarifa— el ahorro absoluto crece con la renta y no llega a quienes no tributan.

Siendo todo lo anterior cierto, el problema real tiene que ver con que la deflactación del IRPF es una medida dirigida a atacar las consecuencias de la inflación, y no sus causas. Y aquí es evidente que la ideología influye a la hora de determinar dónde hay que poner el foco, si en lo que provoca la inflación o en las consecuencias de la misma. Mientras la propuesta de deflactación del IRPF construye una narrativa según la cual es el Estado el problema de la pérdida de poder adquisitivo —porque te da un mordisco fiscal extra como consecuencia de la inflación—, el problema de fondo de la inflación, como analizamos la semana pasada, nos empuja a hablar de los beneficios empresariales, del poder de mercado de determinadas grandes empresas y de la dificultad de la clase trabajadora para indexar salarios, es decir, para que estos acompañen el ritmo de subida de los precios. Sobra decir que esto es lo que explica que las derechas estén más interesadas en hablar de deflactación del IRPF, y las izquierdas de las causas originales de la inflación.

Pero no se trata únicamente de ideología. Hay aquí una secuencia lógica difícil de discutir: en un escenario de inflación cero —o en otro en el que los salarios nominales suban por encima de los precios— la propuesta de deflactar el IRPF sencillamente no sería necesaria. La deflactación es, por definición, una respuesta defensiva ante un problema previo; nunca una solución a ese problema. Por eso atacar la causa primera —los precios, no los tramos— es lo único que vuelve innecesarias todas las medidas correctoras posteriores. La deflactación, en el mejor de los casos, alivia; pero también resigna: asume que la inflación seguirá comiéndose nuestros salarios y se limita a impedir que, encima, paguemos más impuestos por ello.

Como ya argumenté en el análisis anterior, la causa principal de la inflación de los últimos años viene explicada por la subida de los beneficios empresariales: los distintos modelos utilizados para evaluar este fenómeno apuntan a ello, razón por la cual incluso el FMI [Fondo Monetario Internacional], el BCE [Banco Central Europeo] y la OCDE [Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico] —todos tradicionalmente reacios a este tipo de conclusiones— han acabado reconociendo el papel crítico de las grandes empresas en la elevación de la inflación; y todos concuerdan en que los salarios no tienen ninguna responsabilidad, más allá de que los trabajadores intenten luego vanamente recuperar terreno. Frenar ese proceso es posible, pero requiere centrarse en aquellas empresas con gran poder de mercado y que aprovechan ciertos shocks de oferta —como el cierre del estrecho de Ormuz— para elevar los márgenes de beneficios. Esto sucede sobre todo en sectores como la energía, pero también en los que cadena abajo tienen protagonismo grandes empresas que operan como oligopolios de facto. Una fuerte imposición fiscal a sus ganancias permitiría no tanto recaudar —un objetivo aquí secundario— como reducir el incentivo a aprovechar la situación: si gran parte del margen extraordinario acaba siendo expropiado vía impuestos, la rentabilidad esperada de subir precios disminuye, y con ello la presión inflacionaria. En ciertas condiciones, incluso la fijación de precios permitiría contener la inflación, como sucedió con el tope al gas para la generación eléctrica (la llamada excepción ibérica) durante la guerra en Ucrania.

Hay en todo esto una excepción significativa: los perceptores del salario mínimo. A diferencia de los salarios medios, el salario mínimo ha disfrutado de grandes subidas tanto nominales como reales en los últimos años, especialmente desde 2019, primera subida importante pactada con apoyos parlamentarios y luego con socios de coalición. El siguiente gráfico lo ilustra con claridad: los perceptores del salario mínimo sí han tenido mejoras considerables de poder adquisitivo.

Ya tuve oportunidad de hablar de este fenómeno en otro análisis, titulado “Los límites de las subidas del salario mínimo”. En realidad, esta asimetría entre el salario mínimo y el salario medio tiene que ver con la dificultad que encuentra el Gobierno en incidir en los problemas que enfrentan los trabajadores a la hora de negociar con las grandes empresas. Tras décadas de políticas neoliberales, los trabajadores están más expuestos a los caprichos de sus empleadores, tienen menos instrumentos para negociar colectivamente —como consecuencia de las reformas laborales, sobre todo la de 2012— y lo hacen en estructuras empresariales más flexibles y con menos trabajadores —nada que ver con las viejas industrias de los años 80—. Eso es lo que explica que cuando sube la inflación, los trabajadores apenas tienen capacidad para recuperar el terreno perdido. Y el Gobierno, incapaz de entrar en ese terreno, ha recurrido en la última década a la política del salario mínimo para compensar. Y aunque ha tenido efectos muy beneficiosos, tanto para sus perceptores como para la economía en general, se trata de una política limitada, tanto en el alcance —no a todos los trabajadores— como en el tiempo. Resulta insostenible porque comprime la estructura salarial en torno al SMI: trabajadores con antigüedad o cualificación terminan cobrando lo mismo que quienes acaban de incorporarse, lo que aplana las trayectorias internas y traslada tensiones a la negociación colectiva.

En definitiva, la deflactación del IRPF puede actuar como un parche de alivio temporal, pero confunde el síntoma con la enfermedad. Si los salarios reales se mantienen planos década tras década, si la negociación colectiva ha quedado debilitada y si el SMI ha alcanzado el techo de lo que puede aportar como herramienta compensatoria, el debate fiscal en torno al IRPF resulta una distracción frente a lo que de verdad está en juego: la capacidad de la mayoría social para que sus salarios acompañen a los precios, y la capacidad del Estado para intervenir aguas arriba —en los márgenes empresariales, en el poder de mercado de los oligopolios, en la arquitectura de la negociación colectiva— y no solo aguas abajo, en la nómina del contribuyente.

Los conspiradores contra Julio César esperaban que con su asesinato se pudiera defender la República, que, según entendían, estaba amenazada por la excesiva acumulación de poder que aquel había llevado a cabo. Esperaban que el descabezamiento del régimen provocara la liberación de las fuerzas sociales que anhelaban el retorno de las viejas normas republicanas, a su juicio ya degradadas. Sin embargo, el magnicidio no condujo a la restauración republicana sino, paradójicamente, a su aceleración en sentido contrario: tras trece años de guerras llegaría el triunfo definitivo de los herederos políticos de César, con Octaviano abriendo paso al naciente Imperio. Los Idus de marzo, lejos de cerrar la deriva monárquica, la precipitaron. 

Es evidente que aquellos defensores de la República no habían comprendido ni medido bien las bases sociales que sostenían el proyecto de César. Creyendo que se trataba de un asunto de personalidades y juegos de palacio, minusvaloraron el atractivo que tenía su política entre las clases populares. Al fin y al cabo, César fue un patricio que rompió con los códigos de su propia clase para construir, desde arriba, una coalición vertical que cortocircuitaba a la oligarquía senatorial apoyándose simultáneamente en el ejército, en la plebe urbana y en las élites emergentes que la vieja clase nobiliaria mantenía a distancia. Es conocido que se ganó a la plebe urbana mediante distribuciones de grano, banquetes públicos, juegos y espectáculos de gladiadores, y a las legiones por la expectativa concreta de tierras al licenciarse —para lo que fue central el expansionismo territorial—. Desmontar todo eso no era tan sencillo como matar al líder.

El lector atento habrá observado ya hacia dónde me dirijo: el tercer intento de magnicidio contra Donald Trump, perpetrado el sábado, invita a una reflexión por analogía. ¿Bastaría con su dimisión, su derrota electoral o alguna causa más drástica para acabar con el trumpismo? Mi tesis es que no, y que confundirlo con su líder es repetir el error de los Idus de marzo. Conviene aquí distinguir tres niveles que el debate público suele confundir: Trump como persona, con su narcisismo y sus extravagancias; el trumpismo como proyecto político, mucho más vertebrado, diverso y profundo; y, debajo de ambos, las condiciones estructurales que han producido la demanda de un líder así. Trump no llegó a la Casa Blanca por su forma de ser, sino porque encarna un ideal que ha resultado suficientemente atractivo para mayorías sociales reales. Él es, por decirlo en términos clínicos, el síntoma; la enfermedad es más compleja y difícil de atajar.

Obsérvese que tanto Trump como César comparten la capacidad de articular, desde arriba y con un liderazgo personalista, a sectores muy distintos unidos por un común resentimiento hacia la élite establecida. Como el romano frente a la nobleza senatorial, Trump construye su legitimidad contra el establishment —político, mediático, académico, corporativo— al que ha presentado como una casta cerrada y parasitaria e indiferente a los intereses del país real. El gesto, conviene subrayarlo, es en ambos casos el de un insider que se postula como outsider: César era un patricio de los Julios; Trump, un multimillonario formado en los círculos inmobiliarios y mediáticos. Lo que ambos hacen no es asaltar la élite desde fuera, sino romper la disciplina de su propia clase de origen para construir una coalición vertical. Y eso solo puede funcionar cuando hay un caldo de cultivo suficiente, es decir, cuando la sociedad está lo bastante rota. 

En las décadas finales de la república romana, por ejemplo, existían pequeños propietarios itálicos arruinados por la competencia del grano provincial y por el latifundismo esclavista, veteranos sin tierra, plebe urbana hacinada en una Roma cosmopolita y crecientemente desigual, deudores estrangulados por unas élites acreedoras inflexibles. Igual que estos sectores buscaron en César —y antes en los Graco y otros líderes— una salida intermedia entre la ortodoxia oligárquica y la revolución social, la coalición trumpista articula hoy un bloque que ya no es exactamente el de 2016. Sigue ahí la clase trabajadora blanca del Rust Belt, devastada por décadas de deslocalizaciones, financiarización y desindustrialización, junto a pequeños propietarios y autónomos del interior rural y a sectores de clases medias en descenso material y simbólico. Pero a esa base se han incorporado, en los últimos comicios, avances notables entre votantes latinos, varones negros y jóvenes urbanos sin titulación universitaria. Esta ampliación refuerza el diagnóstico: el trumpismo ya no es un fenómeno étnico-regional confinado a una geografía concreta, sino una articulación transversal del descontento contra la oferta política tradicional.

Conviene, sin embargo, no forzar el paralelo más allá de lo razonable. César ofreció a su coalición algo material y verificable: reparto de grano para la plebe urbana, tierras y dinero para los veteranos al licenciarse, extensión del derecho de ciudadanía a Italia y a parte de las provincias, y una agenda redistributiva sostenida por el botín del expansionismo imperial —un modelo que solo podía funcionar mientras hubiese nuevas fronteras que conquistar—. El trumpismo, en cambio, moviliza el mismo resentimiento contra la misma estructura, pero su programa real —recortes fiscales regresivos, desregulación, aranceles que terminan pagando los consumidores— no entrega nada comparable. Esa asimetría subraya que el cesarismo trumpista es más frágil que el original porque ofrece menos, y por eso necesita un combustible identitario —patriótico y militarista— más intenso. La factura material que tarde o temprano pasará no encontrará tierras conquistadas con las que pagarse.

Aunque Trump sufra desgaste por su gestión, e incluso por sus extravagancias, los elementos estructurales son demasiado fuertes —conviene no olvidar que ganó pese a haber promovido, como quedó acreditado, el asalto al Capitolio—. Pero, de nuevo, desmontar eso que podríamos llamar “bloque histórico” no es tarea fácil. Un bloque histórico no es una mera suma de intereses, sino una articulación entre estructura económica y superestructura cultural, una hegemonía que fusiona clases distintas en torno a un sentido común compartido. César no ganó solo porque repartiera grano: ganó porque ese reparto se inscribía en un relato de regeneración frente a una élite parasitaria. El trumpismo opera en el mismo registro, y por eso tampoco basta con derrotarlo en una elección: hay que disputar el marco interpretativo que lo hace inteligible para millones. Como afirma Luciano Canfora respecto a César en su libro La historia falsa, «cuando su poder perdura, se debe ser realista y reconocer que el tirano es alguien que tiene de su parte a fragmentos más o menos grandes, o incluso muy grandes, de la sociedad». Por lo tanto, insiste el filósofo italiano, «el problema es derrotarlo políticamente, no acabar con esa persona en singular». 

Si consideramos esta analogía válida, y a mí me parece fructífera, la solución al problema trumpista pasa por atajar la enfermedad que le da vida, mucho más que tratar el síntoma. Y el caldo de cultivo es identificable para el caso de Trump: cuatro décadas de concentración patrimonial sin precedentes, salarios estancados, vaciado de la industria, sustitución del salario por la deuda, un capitalismo crecientemente rentista que desplaza riqueza de quien produce a quien posee, y una democracia liberal que ha demostrado sistemáticamente su impotencia —cuando no su connivencia— para enfrentar todo lo anterior. Mientras esas condiciones persistan, habrá demanda de cesarismo, y la oferta irá cambiando, sea Trump, Vance o Abascal. 

La política redistributiva, la reindustrialización con criterios ecológicos, la regulación seria del rentismo —especialmente del inmobiliario— y la recuperación de instrumentos democráticos efectivos son las condiciones materiales mínimas para que la próxima crisis no entregue a las mayorías al siguiente hombre o mujer fuerte. El atentado contra Trump, sea cual sea su desenlace judicial, no cambia esa ecuación. La cambia, o no, lo que se haga con el orden económico que ha hecho del cesarismo una opción razonable para millones. De hecho, mientras escribía estas líneas saltaba la siguiente noticia: «casi la mitad de los jóvenes cree que a veces se necesita más mano dura y que un régimen autoritario puede mantener mejor la paz social, aunque se sacrifiquen libertades». En efecto, nosotros tampoco estamos inmunizados frente a un nuevo Trump.

Con el estrecho de Ormuz cerrado y la paz en Irán aún lejana, una de las consecuencias más significativas para España y para el conjunto de Europa será el impacto inflacionario. Es decir, cuál será el efecto definitivo de esta distorsión geopolítica sobre los precios y, por ende, sobre el poder adquisitivo de los salarios. Es obvio además que este aspecto tiene siempre una gran importancia en el devenir del ciclo político: si suben mucho los precios, más difícil lo tendrán los partidos del Gobierno.

Es cierto que los países de la Unión Europea no dependen de manera directa del crudo que transita por el estrecho de Ormuz: en el agregado europeo, los principales proveedores son Estados Unidos, Noruega y Kazajistán, y en el caso concreto de España pesan más Nigeria, México, Brasil y Estados Unidos. Pero eso no significa que se libren de las turbulencias. En primer lugar, porque sí dependen de otros productos que se manufacturan en Oriente Medio, como los fertilizantes. En segundo lugar, porque dado que los precios tanto de los combustibles fósiles como de los fertilizantes se determinan en un mercado mundial, los europeos sufren las subidas tanto en petróleo y gas natural como en productos derivados tales como fertilizantes o productos petroquímicos.

Esos precios, como se puede ver en el siguiente gráfico, están al alza desde el inicio del conflicto en Irán y, si las negociaciones de paz no fructifican pronto, podrían alcanzar los niveles que ya vimos con la guerra de Ucrania.

De momento, de lo que tenemos constancia es de un aumento significativo del índice de precios al consumo en nuestro país para el mes de marzo. Como se ve en el siguiente gráfico, este incremento está aún muy lejos de los que vivimos hace cuatro años, pero la tendencia se mueve en la dirección esperada. Durante la crisis anterior, el IPC general se elevó más rápidamente y bastante más alto que el IPC subyacente, lo que significa que fueron la energía y los productos no elaborados los que empujaron arriba los precios. Esto ocurrió bastante antes de que Rusia invadiera Ucrania, como consecuencia de los cuellos de botella generados por la pandemia y los consiguientes problemas de desabastecimiento, pero se agravaron a partir de entonces. El IPC subyacente, de hecho, comenzó a subir con retraso, reflejando las transmisiones de precios desde la energía hacia otros productos de la cesta de consumo. Es básicamente lo que podemos esperar que ocurra en los próximos meses: una subida del IPC subyacente que deteriore los salarios reales de los trabajadores en España, es decir, su poder adquisitivo.

Pero la magnitud del shock es sólo la mitad del problema. La otra —y suele ser la decisiva para el bolsillo de los hogares— es cómo se distribuye ese shock entre salarios y beneficios. Ya en mayo de 2022, en una conferencia titulada The Globalization of Inflation, Isabel Schnabel declaró que “los beneficios han sido recientemente una contribución clave a la inflación interna total, por encima de su contribución histórica”, apuntando además que “muchas empresas de la zona euro —aunque ni mucho menos todas— se han beneficiado del reciente repunte de la inflación”. Además, Schnabel subrayó también que “los hogares con menores ingresos suelen verse especialmente golpeados: no solo sufren una inflación históricamente alta que erosiona sus ingresos reales, sino que tampoco se benefician del aumento de los beneficios empresariales a través de la tenencia de acciones u otras formas de participación”. Schnabel decía todo eso como miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo.

Al fin y al cabo, la inflación es un fenómeno económico que implica a ganadores y perdedores a lo largo de toda la comunidad social —tanto nacional como internacional—. De ahí que preguntas tales como ¿cómo medir la inflación?, o ¿qué causa la inflación? y, por supuesto, ¿cómo moderar la inflación? generen tanta controversia en una ciencia social como la economía. La cuestión que se encuentra de fondo es tan política como cualquier otra: ¿quién, cómo y por qué se determinan los precios?

En las corrientes económicas convencionales —aquellas que se estudian en las facultades— se supone que los precios se determinan en mercados competitivos cuando empresas y consumidores cruzan sus intereses. En esta aproximación no parecen existir fuerzas conscientes, como empresarios o directivos que decidan subir los precios deliberadamente. En algunas interpretaciones estas fuerzas conscientes sólo aparecen encarnadas por los sindicatos, que consiguen subir los salarios por encima de lo que permitiría el mercado y, en consecuencia, generan inflación. Esta ha sido la narrativa habitual en la era neoliberal, que tendía a culpabilizar a los salarios de los procesos inflacionarios.

En los últimos años, sin embargo, incluso los organismos internacionales han aceptado otras formas de analizar el asunto; interpretaciones que existían desde hace décadas, pero que eran rechazadas por considerarse heterodoxas. Por ejemplo, la economía poskeynesiana, y gran parte de la marxista, siempre asumió que los mercados son imperfectos y que son los empresarios los que determinan los precios al incorporar un margen de beneficio (mark-up) a los costes totales. Es decir, ¡la inflación es un conflicto distributivo! Esto es más congruente con lo que muestran los datos, pero también con el sentido común: significa que la inflación no sólo puede subir por las subidas salariales sino también por los incrementos en los márgenes de beneficio.

La OCDE, por ejemplo, utiliza actualmente esta aproximación para evaluar la inflación y el poder adquisitivo. En su reciente boletín salarial, titulado significativamente The real wage recovery is slowing down, el organismo reconoce que los salarios reales están subiendo en los últimos años, pero a un ritmo insuficiente para recuperar todo lo perdido en la anterior crisis (la de 2022). Para medirlo, la OCDE utiliza un método de la descomposición de la inflación que permite cuantificar la “responsabilidad” de cada componente: salarios, impuestos y beneficios. El gráfico, que aparece en su página 23, sólo muestra los datos para la zona euro de manera agregada. Pero para este análisis he construido uno igual para el caso de España, que se muestra a continuación.

Como se puede comprobar, desde el año 2021 la inflación —medida por el deflactor del PIB y representada por la línea del gráfico— comenzó a subir respecto a los años previos de cierta estabilidad en los precios (por debajo del 2%). Podemos observar que ya en el último cuarto del año 2021 la mayor contribución a la inflación vino marcada por los beneficios empresariales (barra azul clarita), mientras que los salarios y los impuestos apenas explicaban una parte marginal. Durante casi dos años ese ha sido el patrón dominante: una inflación impulsada por los beneficios. Sólo a partir de 2024 los salarios comienzan a recuperar terreno, pero a un ritmo muy lento. La conclusión de la OCDE ya sitúa el límite: el crecimiento de los salarios reales está desacelerándose y no podrá recuperar los años perdidos desde 2020 frente a los beneficios empresariales.

La enseñanza fundamental de los episodios anteriores es que la inflación puede tener origen en un shock de oferta (cuellos de botella en el transporte, como ocurrió con la COVID, o en el suministro de energía y otros recursos, como en Ucrania y en Irán) pero rápidamente las empresas con poder de mercado aprovechan para proteger y ampliar sus márgenes de beneficio trasladando y ampliando el shock a lo largo de toda la cadena económica. Es lo que la economista Isabella Weber ha denominado sellers' inflation: ante un shock generalizado, las empresas con poder de mercado encuentran una oportunidad para subir precios coordinadamente, y trasladan el aumento de costes a una expansión de márgenes en lugar de absorberlo. Naomi Klein lo describió antes, en términos más amplios, como la doctrina del shock: el impacto colectivo de una crisis ofrece la coartada necesaria para imponer precios y condiciones que en circunstancias normales encontrarían resistencia. Eso no sólo permite proteger los beneficios empresariales, sino que erosiona los salarios reales y reduce el poder adquisitivo de los trabajadores. Sólo en una “segunda ronda”, mucho más corta y menos intensa, los trabajadores reclaman subidas salariales. La falta de mecanismos automáticos de indexación y la debilidad de la negociación colectiva —entre otras cosas debido a las reformas laborales neoliberales— dificultan la recuperación del poder adquisitivo perdido. De hecho, la propia OCDE reconoce en el citado informe que, para los países de la zona euro, los salarios reales negociados están todavía un 5% por debajo de los niveles de 2020.

El otro aprendizaje es que, aunque las magnitudes de esta crisis sean diferentes a la anterior —cosa que está por ver—, es obvio que repetir las mismas decisiones conducirá a los mismos resultados. Las herramientas para evitarlo existen y son conocidas: impuestos extraordinarios sobre beneficios excedentes en los sectores expuestos a la renta del shock —energía, alimentación, transporte marítimo—; controles de precios sectoriales y temporales en bienes esenciales, como ha defendido Isabella Weber; mecanismos de indexación salarial que repartan el coste del ajuste; y un fortalecimiento de la negociación colectiva que revierta parte de las reformas laborales de la última década. Sin ellas, los ganadores y los perdedores estarán decididos de antemano: como siempre, la clase trabajadora saldrá perdiendo poder adquisitivo, mientras los hogares con capital financiero invertido en grandes empresas y los directivos de éstas serán los grandes beneficiados. Como siempre, la diferencia entre una crisis y otra la marca la voluntad política de modificar quién paga la factura, no tanto la magnitud del shock.

El historiador económico Karl Polanyi explicó magistralmente en La Gran Transformación que el dilema mercado-Estado, según el cual hay que elegir entre alguno para asignar bien los recursos, es falso. En realidad, los mercados nunca existieron al margen del Estado y, de hecho, fueron creados deliberadamente por su mano; la mayor parte de las veces mediante una violencia sin cuartel contra las clases populares —como ocurrió con los cercamientos de tierras— y las poblaciones aborígenes —ya que las instituciones occidentales se abrieron paso en el mundo empujadas por los sables y pólvora de los ejércitos imperiales—. El mercado no es, como dicen los liberales, una institución natural.

Tirando de ese hilo, el historiador Quinn Slobodian describió en Hayek's Bastards una historia muy distinta a la habitual respecto a los orígenes del neoliberalismo. Frente a la narrativa convencional que asegura que el neoliberalismo fue principalmente un proyecto ideológico que quería desregular el mercado —porque, supuestamente, era mejor opción a que el Estado dirigiera la economía—, Slobodian recuerda que los mercados siempre están regulados. El verdadero motivo del neoliberalismo era aislar las decisiones económicas de la voluntad popular, independizarlas a fin de que las pasiones propias de la democracia no interfirieran en la asignación óptima de recursos que facilitarían los mercados.

La Unión Europea actual es producto de ese tiempo histórico neoliberal, lo que se expresa con mayor claridad en el carácter antidemocrático del Banco Central Europeo. A pesar de que esta institución es la encargada de gestionar la política monetaria —y, por ejemplo, puede influir en el “precio” de nuestras hipotecas—, en el ejercicio de sus funciones es independiente del poder político y, de hecho, tiene prohibida por ley la financiación directa de los Estados —una opción que era habitual entre los bancos centrales anteriores—. La lógica de fondo es obvia: la gestión de la política monetaria es demasiado importante como para dejarla a merced de los deseos de la ciudadanía; mucho mejor que sean unos tecnócratas los que estén al mando. Esa idea de externalizar la responsabilidad hacia una entidad independiente, aunque pública, estaba en el corazón de las tesis neoliberales y del espíritu de Friedrich Hayek. El resultado no era un súper-Estado, sino, como afirmó Perry Anderson, un infra Estado: uno en el que las instituciones evitan la interferencia popular en los mercados.

Esta tensión entre los deseos de las mayorías y los límites impuestos desde arriba ha sido consustancial a la evolución misma de la democracia. Ya en la antigua Grecia, la disputa entre las facciones radicales —Solón, Efialtes, Pericles— y las conservadoras —Aristóteles, Platón— giraba en torno al alcance del “demos” y a los asuntos sobre los que podía legítimamente decidir; instituciones como el Senado nacieron precisamente del interés aristocrático por frenar las pulsiones populares. El Estado de Derecho moderno es heredero directo de esa tensión: un constructo histórico que canaliza mediante reglas —habitualmente constitucionales— lo que las mayorías pueden o no decidir. Pero no todos los Estados de Derecho son iguales. Autores progresistas como Luigi Ferrajoli defienden la existencia de una esfera de lo indecidible que blinde las libertades personales y los derechos sociales, entendidos como condición necesaria de la democracia misma. Los neoliberales, en cambio, prefieren sustraer del ámbito democrático las decisiones económicas. Lo indecidible, según quién lo defina, protege al ciudadano o lo desarma.

Sin embargo, el neoliberalismo tal y como lo conocimos desde los años ochenta del siglo pasado hasta la crisis financiera de 2008, ha muerto. Lo que le está sustituyendo es, como el propio Slobodian ha venido señalando en sus trabajos más recientes, un populismo autoritario con raíces neoliberales. Se trata de una formación política inédita que articula cuatro elementos: un ejecutivo fuerte dispuesto a intervenir en la economía, un proteccionismo selectivo de corte neomercantilista, una concepción muy restrictiva de los derechos humanos y una oligarquía tecnológica que aspira a fundirse con el aparato del Estado. Conserva el desprecio neoliberal por la soberanía popular, pero abandona su fachada liberal. Y ningún lugar mejor para verlo que en Estados Unidos, donde el neomercantilismo exterior de Donald Trump se ha casado con el liberalismo autoritario de los tecno-oligarcas.

Hace unos días la empresa Palantir, fundada por el multimillonario reaccionario Peter Thiel y ahora dirigida por su igual Alex Karp, publicó un manifiesto terrorífico, si bien meridiano, exponiendo su punto de vista. Palantir es una empresa tecnológica y una fábrica de armas para las guerras contemporáneas —drones, espionaje digital, inteligencia artificial, etc.— que lleva varios años obteniendo suculentos contratos, sobre todo por parte del gobierno de Estados Unidos. Amnistía Internacional ha acusado a la empresa de colaborar en los crímenes de guerra del ejército de Israel, mientras que está acreditada su participación en la guerra en Irán. 

No obstante, no se trata de un fenómeno circunscrito a Estados Unidos. Palantir ha firmado contratos con los ministerios de defensa de Alemania, Francia y Reino Unido, opera incluso en la infraestructura de datos del servicio de salud británico (NHS) y aspira a integrarse en la infraestructura digital de la propia Unión Europea. A ello se suma una dependencia estructural respecto a un puñado más amplio de corporaciones estadounidenses cada vez más alineadas con el proyecto político de Trump y sus aliados tecno-oligárquicos —Peter Thiel, fundador de Palantir, financió con 15 millones de dólares la campaña de J.D. Vance al Senado—. La dependencia tecnológica se convierte así, inevitablemente, en dependencia política.

El manifiesto de Palantir es claro en sus intenciones, ya que plantea que no deben ser ya los Estados quienes se ocupen de elementos cruciales de la guerra, sino las empresas tecnológicas. Hoy en día, la tecnología de la empresa ya se encuentra detrás de la decisión automatizada de identificar enemigos, enviar drones, asesinar a los objetivos y volver a la base. Pero lo que estos tecno-oligarcas quieren es ir más allá, pues su cosmovisión implica también un fuerte rechazo del pluralismo, de la diversidad cultural y de aquellos valores que amenacen el estilo de vida americano. En este sentido, los intereses de estas corporaciones gigantes están perfectamente alineados con los de Donald Trump y su gobierno. Y comparten, asimismo, la idea de que la democracia contemporánea no es compatible con tales aspiraciones; o, como ellos dicen, que la “democracia” solo puede salvarse si se transforma a partir de la integración de estas grandes empresas tecnológicas en el corazón del Estado, y se emplea una intervención militar más activa tanto en el exterior como en el interior —estas tecnologías también se están aplicando en la identificación de migrantes indocumentados en el contexto de la política anti-inmigración de Estados Unidos—.

El desafío es enorme, y sin embargo apenas forma parte de la conversación política cotidiana. Desde luego, podemos decir que está en juego la soberanía europea, debido a la dependencia tecnológica respecto a una élite tecno-oligárquica asentada al otro lado del Atlántico y cada vez más entrelazada con el aparato de poder estadounidense. Pero también está amenazada la democracia tal y como la hemos conocido. Si Europa no articula una respuesta estratégica que recupere capacidad soberana en los sectores críticos —energía, defensa, datos, infraestructura digital, inteligencia artificial— y que, al mismo tiempo, reafirme ese núcleo indecidible de derechos que Ferrajoli identificaba como condición de posibilidad de la democracia, el riesgo es evidente: una deriva sostenida hacia regímenes autoritarios de nuevo cuño, ya no basados en el terror en clave fascista sino en una vigilancia algorítmica omnipresente, en la identificación automatizada de disidentes y migrantes, y en una arquitectura de control ciudadano operada por corporaciones privadas cuyos dueños desprecian abiertamente el pluralismo. 

Conviene insistir en una cosa central: esto no pertenece a una distopía lejana. En efecto, los sistemas ya están funcionando en Gaza, en Irán, en el Canal de la Mancha y en los hospitales británicos. La tensión que describieron Polanyi y Slobodian —entre mercado y democracia, entre soberanía popular y aislamiento tecnocrático— entra así en una fase nueva y cualitativamente más peligrosa. El neoliberalismo sustraía la economía al juicio de la ciudadanía. Lo que viene pretende sustraer al ciudadano mismo.

Con casi toda seguridad Estados Unidos entró en guerra con Irán porque buscaba un descabezamiento del régimen, similar al que a comienzos de año había tenido lugar en Venezuela, que diera paso a un gobierno más sensible a los intereses estadounidenses. Sin embargo, y tras casi dos meses de guerra, los objetivos de Donald Trump parecen ahora oscilar entre la reapertura del estrecho de Ormuz, cerrado por Irán como represalia por los ataques, y la mucho más arriesgada asfixia económica de Irán.

Aunque la narrativa oficial no lo acepte aún, la situación está mucho más empantanada de lo que el gobierno de Estados Unidos anticipó. De hecho, Donald Trump comenzó la guerra planteándola como una operación breve y quirúrgica que llevaría la «libertad» a los iraníes al tiempo que proporcionaría mayor tranquilidad a Israel —que considera a Irán su principal amenaza existencial— y a los países del Golfo. La realidad ha sido muy distinta.

El estrecho de Ormuz es un nodo del metabolismo de la economía-mundo, siendo además un cuello de botella (“chokepoint”) extremadamente vulnerable a los fenómenos geopolíticos. El impacto de su cierre es muy grande para los países productores y, de acuerdo con los datos de la Agencia Internacional de la Energía, el volumen de petróleo que transita por el estrecho de Ormuz se ha reducido a un promedio del 10% respecto a los niveles de preguerra. Como vemos en el siguiente gráfico, las rutas alternativas —a través del Mar Rojo, por ejemplo— han tenido que sostener la mayoría de las exportaciones desde el inicio de la guerra; algo claramente insuficiente para mantener los niveles de exportaciones preguerra.

De todos los países del Golfo, la mayor parte de las exportaciones corresponden a Arabia Saudí, Iraq y Emiratos Árabes, seguidas luego por Irán y Kuwait, como se puede ver en el siguiente gráfico. Eso significa que, aunque Irán está sufriendo los costes directos de la guerra —como la mayoría de víctimas mortales y la destrucción de infraestructura—, las pérdidas económicas agregadas recaen sobre países que mantienen vínculos históricos con Washington.

Y no se trata solo del petróleo. Por Ormuz transita cerca del 20% del gas natural licuado mundial, y Qatar es el gran damnificado del lado gasístico. Esto agrava especialmente la situación asiática: en torno al 28% del GNL que importa China procede de Qatar, y casi un tercio de los flujos totales de GNL hacia Asia depende del estrecho. La crisis energética global tiene, por tanto, dos patas simultáneas, petróleo y gas, que se refuerzan entre sí, además de todas las industrias de productos derivados de los combustibles fósiles.

Como explicaba la semana pasada respecto al sector petroquímico, los países del Golfo llevan décadas elevando sus lazos comerciales con Asia y, particularmente, con China: desde 2010 hasta 2024 este comercio se ha multiplicado prácticamente por tres. De acuerdo con las estimaciones del think-tank Asia House, esta dinámica no hará sino aumentar en los próximos años.

Esta es una situación comprometida para los países del Golfo, que tienen que mantener un delicado equilibrio entre sus alianzas con Occidente y sus vínculos crecientes con Asia. Debemos tener en cuenta que la Comisión de Revisión Económica y Seguridad EEUU-China, que informa al Congreso de Estados Unidos, ha declarado que China, Rusia, Irán y Corea del Norte conforman un nuevo “eje de la autocracia” y afirma que comparten el deseo de retar el liderazgo global de Estados Unidos. En cierta medida este marco opera como profecía autocumplida: cuanto más Washington hostiga y sanciona a las periferias, más empuja a los Estados del Golfo a pensárselo dos veces antes de cualquier gesto de distanciamiento respecto de Pekín.

El caso es que, en condiciones normales, la mayor parte del crudo que salía en 2025 del estrecho de Ormuz tenía como destino países asiáticos, como muestra el siguiente gráfico. Podemos observar que tanto Europa como América dependen muy marginalmente del abastecimiento físico de petróleo procedente de los países del Golfo. Eso no significa que el cierre no les afecte, ya que al determinarse los precios a nivel global sí sufren los impactos de la inflación, y además pueden ser especialmente dependientes de productos específicos, como los fertilizantes. Pero en general, es claro que es Asia la primera damnificada por la actual situación, como demuestra el hecho de que allí las medidas de reducción del consumo de energía —políticas decrecentistas, podríamos decir— hayan sido más rápidas y más profundas.

La interrupción de los flujos comerciales tiene graves implicaciones físicas, no sólo económicas. No es sólo que el petróleo se haga más caro —como ocurre en Europa o Estados Unidos—, sino que sencillamente puede dejar de llegar en cantidades suficientes para satisfacer la demanda. Adelantándose a esa posibilidad, China lleva años incrementando sus reservas de petróleo, y se estima que podrían ser suficientes para cubrir cuatro meses sin nuevas importaciones por mar; aunque con medidas de reducción de la demanda podríamos hablar de un período mucho más prolongado.

Como se puede ver en el siguiente gráfico, China depende de manera intensa de las importaciones de petróleo procedentes de países del Golfo como Arabia Saudí, Iraq, Emiratos, Kuwait y Omán, la mayoría de las cuales transitan por el estrecho. Pero los datos oficiales no muestran las importaciones procedentes de Irán ni Venezuela, ya que en ambos casos se trata de países con sanciones internacionales. La práctica habitual es el “rebranding”, es decir, la puesta en marcha de complejas operaciones para hacer pasar el petróleo sancionado como importaciones de países legales, como Indonesia o Malasia. Las estimaciones más fiables señalan que, teniendo en cuenta esta estrategia, casi el 50% de las importaciones chinas de petróleo proceden del Golfo.

Una de las consecuencias de lo anterior es que China se ha volcado crecientemente en Rusia, su gran proveedor de petróleo. De hecho, Rusia es una de las grandes beneficiadas de la crisis energética, y según los datos de la Agencia Internacional de la Energía, en marzo sus ingresos por exportaciones prácticamente se han duplicado hasta alcanzar los 19.000 millones de dólares. A ello ha contribuido, claro está, el alivio que Estados Unidos le ha proporcionado en relación con las sanciones internacionales —igual que a Venezuela—.

Ahora bien, si la dependencia china de las importaciones de petróleo es grande, aún es mayor su inversa: la dependencia de las exportaciones iraníes a China. Como muestra el siguiente gráfico, China se ha convertido en los últimos años en el cliente del 90% de las exportaciones de petróleo iraní. La consolidación ha sido rápida: aunque China ya era el principal comprador tras las sanciones de Trump de 2018, el salto de los últimos tres o cuatro años hacia la cuasi-exclusividad convierte a Teherán en un Estado-cliente energético de Pekín en toda regla, con todo lo que ello implica en términos de asimetría negociadora.

A día de hoy sabemos que Israel ha entrado en esta guerra principalmente porque proyecta en el futuro su idea de un “Gran Israel” donde el expansionismo territorial le permita consolidarse como potencia hegemónica en la región. Sabemos también que Irán ha encontrado en el control del estrecho de Ormuz su principal baza para negociar y, en la medida de lo posible, lograr garantías de que no haya futuros ataques. Más confuso es el objetivo real de Estados Unidos, más allá de la ingenuidad inicial de quienes creyeron que sería una operación rápida y fácil. El hecho es que la situación se ha estancado, llevando a una crisis energética global de gran envergadura.

Con todo, las crisis nunca golpean a todos por igual. Como he tratado de mostrar, el impacto económico principal está teniendo lugar en las economías del Golfo y en Asia, justo en un momento en el que ambas regiones están profundizando sus relaciones y retando la primacía occidental. No está claro si esta guerra debilitará esa dinámica previa o si, por el contrario, la profundizará; pero lo que sí está claro es que China tiene buenas razones estructurales para empujar hacia la desescalada.

Aunque no sea el principal afectado, Estados Unidos no puede permitirse que la guerra se prolongue indefinidamente. Sus problemas tienen que ver con la inflación, el impacto sobre los mercados financieros y el desgaste doméstico de Donald Trump. Para Europa, la situación es considerablemente peor: más expuesta al shock energético vía precios y cadenas de suministro, con un BCE atenazado entre una inflación importada que no se doma con subidas de tipos y una desaceleración que esas mismas subidas agravarían. El margen de maniobra europeo, una vez más, es más estrecho que el de Estados Unidos.

Lo que se dirime en el estrecho de Ormuz es la arquitectura energética —y, por tanto, el equilibrio de poder— del siglo XXI. El 'chokepoint' simboliza la vulnerabilidad del metabolismo de la economía-mundo, pero la guerra está revelando también la incapacidad de Estados Unidos para imponer por la fuerza un orden geográfico-energético que se le escurre hacia Asia a velocidad acelerada. Cuando China defiende la paz, sabe mejor que nadie que sus ganancias estructurales —la consolidación del eje euroasiático, el refuerzo de sus lazos con el Golfo, la paulatina autonomía del dólar en los intercambios estratégicos— son incompatibles con una guerra larga. En esa ecuación, a Pekín la paz le conviene hoy más que a Washington. Y el precio de esa asimetría podría medirse, a medio plazo, en un desplazamiento más rápido hacia Asia del centro de gravedad del sistema-mundo.

A una parte de la izquierda la derrota de Viktor Orbán no le ha conmovido. A pesar de que el hasta ahora líder húngaro representa un nodo crítico de la internacional reaccionaria, así como un puntal clave de Donald Trump y el movimiento Make America Great Again (MAGA), hay una izquierda que ha centrado su atención en el perfil del candidato ganador: Peter Magyar, un antiguo colaborador de Orbán. El planteamiento consecuente es paralizante, asumiendo que ambos son las dos caras de la misma moneda.

Reconozcamos que el enfoque tiene su atractivo inicial. Al fin y al cabo, en condiciones normales nadie de izquierdas celebraría la victoria de un candidato conservador, ni en Hungría ni en ninguna parte. El problema es que no parece que estemos ante condiciones normales cuando incluso muchos partidos de izquierdas optaron por no presentarse a fin de facilitar la victoria de Magyar. De algún modo estos partidos —socialistas, verdes, liberales y otros más a la izquierda— entendían que derrotar a Orbán era la prioridad y, consecuentemente, sacrificaron su propia supervivencia parlamentaria. Un planteamiento que va más allá de los partidos, pues Magyar ha obtenido la victoria gracias a que ha conseguido aglutinar todo el voto anti-Orbán: un apoyo que se estima sostenido en un 11% de personas conservadoras, un 43% de liberales y el resto de las izquierdas y verdes.

No sólo es el atractivo inicial, pues este planteamiento tiene versiones sofisticadas que conviene tomarse en serio. La más fuerte sostiene que votar por el mal menor desmoviliza: que una izquierda que se acostumbra a apoyar a conservadores acaba perdiendo su identidad, su base y su capacidad de propuesta autónoma. Francia sería un ejemplo, donde décadas de frente republicano contra Le Pen no han impedido su continuo avance. El argumento merece consideración, pero tiene un problema fatal cuando se aplica al caso húngaro: presupone que existe una izquierda con fuerza suficiente como para que su desmovilización sea el riesgo principal. En Hungría, tras 16 años de régimen iliberal, la izquierda parlamentaria era ya un cadáver político. El riesgo real no era la desmovilización sino la consolidación definitiva de un régimen que hacía imposible cualquier organización política, sindical o mediática independiente. Cuando tu casa se incendia, discutir si el agua del extintor va a estropear los muebles es un debate legítimo, pero no urgente.

En efecto, cuando pasamos desde un análisis enfocado en las élites y los partidos hacia otro centrado en la ciudadanía y los grupos sociales, el panorama se vuelve más complejo. Hungría es un país sociológicamente muy conservador, que además ha crecido en las últimas décadas gracias a su inserción en las cadenas de valor globales de Alemania —ofreciendo mano de obra barata y una capacidad industrial bastante avanzada— y que en la actualidad está atravesando por serias dificultades económicas. En ese contexto, y con una participación electoral de casi el 80%, los escasos y débiles grupos de izquierdas han votado mayoritariamente a Magyar porque entendían que se encontraban ante condiciones excepcionales: la posibilidad de que Hungría se desplazase definitivamente hacia un régimen político autoritario era demasiado alta.

El caso de Hungría es un síntoma de algo más amplio. Las democracias están retrocediendo en todo Occidente, y no sólo por la sustracción neoliberal de decisiones clave del ámbito democrático —como ocurrió paradigmáticamente con la política monetaria—, sino también por el empuje de fuerzas reaccionarias que buscan blindar a grupos étnicos dominantes frente a los riesgos geopolíticos y ecosociales mediante la apropiación de recursos ajenos y la reducción del demos. La gramática común de esta internacional reaccionaria —de Trump a Putin, de Netanyahu a Orbán, de Milei a Abascal— se manifiesta en el genocidio de Gaza, en las amenazas sobre Groenlandia, en la guerra con Irán, y en el desmantelamiento interno de las instituciones democráticas. En la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos se abogó explícitamente por apoyar a propuestas como las de Orbán para neutralizar la capacidad de la Unión Europea como actor autónomo. Ante esa amenaza, los húngaros demócratas —de izquierdas y de derechas— han optado por hacer lo posible para echar del gobierno a quien llevaba 16 años socavando las reglas del juego.

La historia nunca se repite, pero aporta enseñanzas. La Internacional Comunista se mostró desde 1928 hasta 1935 radicalmente contraria a la colaboración con las fuerzas burguesas, lo que incluía a los socialdemócratas. Un error garrafal de diagnóstico de la política exterior de Stalin —la idea de que el fascismo era un coletazo final del capitalismo, que estaba a punto de sucumbir para mayor gloria del socialismo— empujó a los comunistas de todo el mundo a lo que se conoció como estrategia de «guerra de clase contra clase», es decir, a considerar que socialdemócratas y liberales democráticos eran la cara amable del fascismo. Hubo muchísima resistencia a esa estrategia, pero fue el terrible fracaso de la experiencia alemana lo que impulsó una rectificación que finalmente condujo a los frentes populares. La experiencia unitaria española en 1933 —que fue a nivel local y permitió elegir al primer diputado comunista—, las críticas de muchos partidos comunistas y el papel de Dimitrov permitieron que a partir de 1935 la Internacional Comunista respaldara oficialmente la estrategia de cooperar con los antiguos enemigos burgueses —pero democráticos— a fin de frenar al fascismo: el orden de prioridades había cambiado y el contexto se describía con mayor precisión.

Convendría recalcar esa enseñanza: un diagnóstico contextualizado certero es fundamental para diseñar una estrategia política correcta. Los planteamientos en abstracto nos hablan de mundos fantásticos que no existen; la política siempre es política concreta, realizada en entornos institucionales específicos. Marx y Engels lo sabían bien cuando tras 1849 recomendaban que los comunistas creasen un partido propio y diferenciado en Alemania y Francia, pero al mismo tiempo abogaban por la integración en los partidos democráticos y liberales en Estados Unidos y Reino Unido. Esta flexibilidad táctica era el resultado de la conceptualización de los partidos no a partir de sus denominaciones o aspiraciones idealistas sino a partir de sus capacidades reales para mejorar la vida de la clase trabajadora. Fue Engels quien dijo en 1886 que un millón o dos de votos de la clase trabajadora para un partido que trabajaba de buena fe es infinitamente más valioso en el presente que cientos de miles de votos para «un programa doctrinalmente perfecto». Engels estaba señalando que un movimiento de masas vivo, con todas sus imperfecciones e inconsistencias ideológicas, tiene más potencial transformador que una secta minoritaria con el catecismo en orden. Y esa flexibilidad no se limitaba a la forma partido: para Marx y Engels no era lo mismo una democracia consolidada como Inglaterra que los sistemas políticos de otras partes del mundo, y con toda probabilidad les hubiera parecido un error de manual presuponer el mismo tipo de estrategia en la Hungría de Orbán que en la España actual.

En suma, sin tener presente los contextos e instituciones dentro de los cuales se reproduce la política, esta se convierte en un ejercicio de laboratorio desconectado de la realidad. Es decir, sin hacer un análisis mínimamente serio del momento histórico en la economía-mundial, las correlaciones de fuerzas y la disponibilidad de instrumentos, todo el análisis se convierte en una sucesión de proposiciones pseudo-lógicas sin recorrido práctico. 

No es un problema solo teórico. En España, parte de esta izquierda está ubicada actualmente en Podemos, cuyos dirigentes han cuestionado que haya motivos para celebrar la derrota de Orbán. Desde que Podemos se reubicó ideológicamente tras salir del gobierno, es habitual escucharlos hablar de ‘malmenorismo’, esto es, de la denuncia de la flexibilidad táctica en nombre de la pureza doctrinal. El propósito, como ha señalado Raúl Sánchez Cedillo, es preservar un centro de gravedad de las izquierdas, aunque como él mismo reconoce sea al coste de reducir el instrumento hasta la irrelevancia electoral — por debajo del 1% en las dos últimas elecciones autonómicas—. Es cuestionable, en todo caso, que podamos considerar exitosa una operación que aspira, en el mejor de los casos, a generar conversación y que asume de inicio su propia incapacidad para transformar la realidad.

Ahora bien, Sánchez Cedillo acierta al diagnosticar que el malmenorismo es consecuencia de la derrota, pero lo mismo cabe decir de su denuncia: uno se conforma con el mal menor cuando no ha logrado imponer la opción principal, del mismo modo que uno denuncia el mal menor cuando carece de la fuerza para ofrecer algo mejor. Pero hay un problema adicional: la denuncia del malmenorismo es, en su estructura, una operación oligárquica, porque requiere de una élite dirigente mandatada para trazar la frontera entre lo aceptable y lo inaceptable. Y esa frontera siempre puede ser desplazada, ya que dentro del propio partido siempre habrá alguien con más pureza dispuesto a denunciarte. Un debate así, planteado en abstracto y con pretensiones universales, está condenado a la esterilidad. 

Lo cierto es que optar por la opción menos mala también tiene costes, pero estos solo son evaluables en cada circunstancia concreta — que es precisamente lo que los comunistas malmayoristas de antes de 1935 se negaron a hacer, convencidos de que su vía era la correcta con independencia de las condiciones reales. «Después de Hitler, nosotros», dijeron aquellos comunistas pensando que el fascismo sería un episodio breve del final del capitalismo. Al final, la historia desgraciadamente los atropelló a ellos y a todos los demás.

Los húngaros que votaron a Magyar el pasado domingo no vivían en un seminario de teoría política sino en un país donde el gobierno trabajaba en complicidad con Rusia para desarticular toda oposición política, donde la independencia judicial había sido sistemáticamente vaciada y donde miles de millones de euros en fondos europeos estaban bloqueados por el deterioro de los aspectos más elementales del Estado de Derecho. Con esas coordenadas, optaron masivamente por la opción que les permitía recuperar un marco institucional desde el que seguir luchando. Fue la misma lógica que llevó a Dimitrov en 1935 a reconocer que la diferencia entre democracia burguesa y dictadura fascista no era una sutileza académica sino una cuestión de supervivencia para el movimiento obrero. Que esa lección tenga que ser reaprendida cada pocas décadas no dice mucho a favor de nuestra capacidad de aprendizaje colectivo, pero sí confirma algo que Marx y Engels entendieron muy bien: que la política se hace desde las condiciones y no desde las conclusiones.