Esta semana se publica en español el monumental libro de Sven Beckert, Capitalismo: una historia global (Crítica). Son más de 1.000 páginas con una descripción exhaustiva de la trayectoria histórica del capitalismo, escoltadas por más de trescientas páginas adicionales de bibliografía y notas. No abundan las obras tan documentadas y, a pesar de ello, también amenas en su redacción; se encuentra en el equilibrio idóneo entre el profundo conocimiento del académico y el ánimo divulgador que sale de las torres de marfil de las universidades para llegar al gran público. El libro fue publicado en inglés a finales del año pasado, recibiendo una entusiasta acogida que reconocía, ante todo, la capacidad de Beckert para sintetizar el vastísimo conocimiento acumulado sobre la historia del capitalismo.

Ahora bien, también ha recibido críticas por el enfoque general de la obra, por la aproximación respecto a diversos asuntos y por ciertas ausencias o insuficiencias. Pero claro, cuando alguien se propone escribir nada más y nada menos que la historia del capitalismo, y además remontándose a procesos que tuvieron lugar hace mil años, supongo que damos por hecho que resulta imposible contentar a todo el mundo. No existe, ni puede existir, tal cosa como una obra perfecta. Pero una cosa está clara: Capitalismo es ya un texto de referencia imprescindible para quien quiera saber de dónde venimos y además desee disponer de herramientas con las que comprender mejor hacia dónde nos dirigimos.

El motor de la transformación

En Capitalismo, debemos pensar el capital como una especie de virus, cuya primera fotografía se captura en el siglo XII en Adén, en la actual Yemen. Allí está documentada la existencia de prácticas de maximización del beneficio por parte de un grupo notable de mercaderes, es decir, de personas que obtenían dinero gracias al comercio de bienes. Aunque se trataba de una sociedad fundamentalmente agraria y tributaria, que estaba regida por normas y costumbres sociales, la actividad de estos mercaderes estaba marcada por una lógica totalmente distinta. Esa lógica es la que justifica que se considere el caso de Adén como una “isla del capital”, una simiente de lo que estaba por venir.

Recalca Beckert que Adén no fue la cuna del capitalismo, pero sí la prueba de que existían ya capitalistas en tiempos pretéritos. Y como allí, también en otros lugares del planeta donde los capitalistas eran elementos marginales dentro de sociedades no capitalistas. Desde esta perspectiva, el capitalismo se fue gestando progresivamente en la interrelación entre esas islas del capital, en un proceso que contaminaba con su lógica a otros espacios del mundo y, al final, ha llegado a infectar el mundo entero. Si hoy casi todo a nuestro alrededor es una mercancía, y consecuentemente tiene un precio —incluyéndonos a nosotros mismos como fuerza de trabajo— todo ello comenzó en esas islas del capital.

Así, aquellos mercaderes encarnaban las prácticas que hoy conocemos como capitalistas, y que poco a poco fueron invadiendo no solo otras regiones del planeta sino también otros espacios de la vida económica y social. A medida que los mercaderes se relacionaban entre sí en el comercio a larga distancia, fueron constituyéndose archipiélagos del capital y sus posiciones ganaron fuerza. En un continuo despliegue y expansión, fueron colonizando la vida humana al tiempo que generaban resistencias entre las gentes comunes y las élites tradicionales, celosas de la riqueza creciente de los mercaderes. Esas resistencias y otros obstáculos podían ser superados mediante el establecimiento de alianzas con y dentro del Estado, lo que la mayoría de las veces quería decir la fuerza y la guerra. En Capitalismo, en efecto, el Estado es un actor central sin el cual no puede entenderse ni el origen ni el triunfo de la lógica del capital y de sus actores habituales, como las empresas privadas.

Además de las resistencias políticas, en Capitalismo también hay límites ecológicos que los mercaderes buscan superar. Se trata de la escasez relativa de recursos naturales, y que es responsable de lo que Beckert llama “fronteras de mercancías”, es decir, una forma de designar al proceso por el cual el agotamiento de un recurso —un bosque, un suelo, una población a la que esclavizar— provoca un desplazamiento de la actividad hacia otro lugar donde poder seguir explotando nuevos recursos. Así, el movimiento del capital se caracteriza por el aterrizaje en un territorio, la mercantilización de los recursos que requiere el capital para reproducirse, su explotación y esquilmación y, tras el agotamiento definitivo, la mudanza a otro lugar en el que seguir replicando el proceso. Capitalismo está lleno de casos históricos en los que se documenta este proceso de explotación y saqueo sucesivo y que demuestra, siguiendo a Jason Moore, que el capital pone a su servicio la “naturaleza barata” en un despliegue aparentemente sin fin. Esta lógica llega a la actualidad y, por ejemplo, la búsqueda competitiva y la extracción desenfrenada de minerales críticos conforma lo que Theo Riofrancos llama “fronteras del capitalismo verde”. En este sentido, las fronteras no son límites nacionales, sino la capa más exterior de la lógica del capital. Con estas palancas, los mercaderes y las fronteras de mercancías, el capitalismo de Beckert se despliega a lo largo de sus estimulantes páginas.

Los límites del capitalismo

En Capitalismo hay algo que se echa bastante en falta: la cuestión de los límites. Cuando se concedió el premio Nobel de 2025 ya tuve la oportunidad de hablar de ello en estas mismas páginas, pero merece la pena insistir en ello. Si para la mayoría de los marxistas el origen del capitalismo está en la historia del comercio y/o en las transformaciones en las relaciones de propiedad, para los economistas convencionales suele situarse en el surgimiento de instituciones tales como la innovación tecnológica, la democracia o el sistema monetario. Pero ninguno de ellos suele conceder suficiente importancia a la energía y el papel de los recursos naturales.

Hoy el sentido común dominante sugiere que el capitalismo no enfrenta límites reales, sino, en el mejor de los casos, obstáculos salvables a través de la acción humana. Así que suponemos que el crecimiento económico podría continuar indefinidamente si se toman las decisiones correctas; el debate habitual está en cuáles son esas decisiones (¿Ampliar o disminuir el espacio del mercado autorregulado? ¿Reducir la desigualdad de ingreso y riqueza? ¿Recuperar la soberanía monetaria? ¿Invertir mucho más en investigación y desarrollo?). Sin embargo, desde los años setenta lo que hoy conocemos como Economía Ecológica ha desafiado esa creencia y ha puesto encima de la mesa la posibilidad de que el capitalismo enfrente límites al margen de las decisiones humanas, esto es, límites biofísicos; es decir, límites sobre los que se puede actuar, pero que no se pueden derogar. Con todo, la mayoría de los economistas hacen caso omiso de estas advertencias, minimizando el problema (incluso cuando una de sus expresiones es el cambio climático, que tiende a reconocerse) o confiando en que la creatividad humana terminará resolviendo los problemas con más tecnología.

La ironía es que los economistas clásicos, como David Ricardo y Thomas Malthus, y, ya después, William Stanley Jevons, consideraban que el crecimiento económico infinito era imposible. Para ellos era obvio que existían límites asociados a la tierra y/o a los recursos naturales. Marx fue reticente a la idea de límites absolutos válidos para todo sistema económico, aunque el asunto sigue discutiéndose; aceptaba que el capitalismo tenía límites internos, pero no que el socialismo del futuro arrastrara tal déficit. Y aunque esta vía quedó cegada para la construcción del sentido común de la mayoría de los economistas, siguió siendo materia de investigación y teorización.

Desde este otro programa de investigación, que se inspira en el trabajo de E. A. Wrigley, Kenneth Pomeranz, Georgescu-Roegen o Paolo Malanima, el capitalismo industrial solo fue posible porque se echó mano de los combustibles fósiles (primero como fuente de calor, liberando tierra, y luego de energía mecánica, elevando la productividad). Esa condición necesaria, pero no suficiente, permitió a las economías romper con los límites que había impuesto la tierra a todas las sociedades desde el surgimiento de la humanidad, pero a costa de consumir un stock no renovable que estamos dilapidando como si fuéramos un heredero imprudente. Así, la disponibilidad de una fuente increíble de energía fosilizada permitió a las sociedades que supieron aprovecharlo dar un salto gigante en la capacidad productiva y, cuando la lucha política lo promovió, también en las mejoras de condiciones de vida del conjunto de la población. Las consecuencias de este hecho no son meras externalidades, que es como se suele presentar al cambio climático o a otros impactos ecológicos, sino que son consustanciales a la dinámica económica. Ello quiere decir que el futuro del capitalismo está también asociado necesariamente al destino de los combustibles fósiles y a la capacidad que tengan los seres humanos para sustituirlos por fuentes de energía alternativa que proporcionen los mismos servicios físicos (entre ellos la potencia, clave de la elevación sistemática de la productividad en los últimos doscientos años).

En este punto, Beckert entra solo superficialmente. Por un lado, acepta que las sociedades preindustriales tenían su crecimiento restringido por la disponibilidad fija de tierra, pero asume que tales limitaciones fueron superadas por los avances tecnológicos y, en consecuencia, los miedos maltusianos no quedaron confirmados. Es una lectura demasiado convencional, porque la preocupación de los clásicos no quedó anulada sino suspendida, en la medida en que ese salto se sostenía en el recurso a un stock finito. ¿Qué quedará cuando ese stock se agote? Por otro lado, en el epílogo Beckert también concede que la creatividad que estimula el capitalismo ha sido capaz de desacoplar el crecimiento económico del consumo de los combustibles fósiles. Esto es una cesión demasiado precipitada, porque el desacople observado es entre crecimiento económico y emisión de gases de efecto invernadero y válido solo para las economías más desarrolladas, y, por ejemplo, los niveles absolutos de consumo de combustibles fósiles alcanzaron en 2025 un nuevo máximo histórico. Además, hoy seguimos dependiendo de los combustibles fósiles no solo para el transporte, sino también para la mayoría de los bienes y alimentos que consumimos. De hecho, a renglón seguido de la cesión, Beckert se pregunta abiertamente si el capitalismo será capaz de coexistir con un mundo natural que siempre será finito. Y lo cierto es que, de momento, ninguna combinación de fuentes energéticas ha logrado a la vez las dos cosas que harían falta: dar a la economía mundial los servicios físicos que hoy le dan los fósiles, y hacerlo a tiempo.

El mundo que viene

Si bien Capitalismo no abunda en cuestiones energéticas, sí es generoso con la tierra —suelos agotados, bosques talados, fronteras que se desplazan—. Y ocurre lo mismo con los conflictos sociales derivados del capitalismo. Estos están descritos con una maravillosa profundidad, y, particularmente para las últimas décadas, organizados en función de los regímenes políticos. Las partes sobre la domesticación del capitalismo, es decir, de lo que hemos llamado “época dorada del capitalismo” (por sus elevados niveles de crecimiento económico, hoy pura quimera en Occidente), son brillantes. Y permiten contrastar con acierto las características del conflicto social dentro del neoliberalismo, emergiendo así una fotografía de fuerte debilidad estructural de la capacidad que tienen las organizaciones obreras para influir sobre las decisiones económicas.

Según una conocida anécdota, Margaret Thatcher llegó a decir que una de sus principales victorias fue el laborismo y su propio líder, Tony Blair. No le faltaba razón, porque aquella tercera vía fue tanto la renuncia al reformismo (que, con todo, seguía persiguiendo una sociedad socialista) como la manifestación de la derrota ideológica frente a los promotores de ideas como “el capitalismo popular”. Durante décadas, en Occidente la izquierda política ha vivido tan a la defensiva que las nuevas y modestas propuestas de autores como Thomas Piketty, Gabriel Zucman o, más recientemente, Daron Acemoglu parecen revolucionarias. Quizás por eso la derrota autoinfligida del neoliberalismo tras la crisis financiera de 2008 no dio paso a una ola progresista y socialista —que es lo que esperaba incluso alguien como Nicolás Sarkozy cuando se adelantó para pedir una rápida refundación del capitalismo— sino a un verdadero y peligroso tsunami reaccionario en todo Occidente. La combinación de una nueva división del trabajo que degrada el lugar de las economías que han conformado el centro mundial desde el siglo XVI, la creciente desigualdad producto de la inercia neoliberal y las ansiedades ecológicas y laborales son el cóctel perfecto.

De hecho, Beckert recuerda que la densidad sindical está en retroceso, y que no es solo una cuestión de voluntarismo sino de problemas estructurales. Y su argumento permite plantear una cuestión adicional. Cuando la lógica del capital ha avanzado hasta contaminar casi cada aspecto de nuestra vida, convirtiendo a los seres humanos en individuos aislados y tensados hasta el límite bajo la competencia en el mercado, es mucho más difícil lograr que se abran paso comportamientos cooperativos. Una economía mundial en la que miles de millones de trabajadores compiten por los segmentos mejor remunerados del mercado laboral es, para el capital, una carrera a la baja salarial. Y en ese contexto estructural, en el que los trabajadores de Camboya o Kenia ocupan la última posición en la escalera global de explotación, los trabajadores de Marruecos o Tailandia la penúltima y los de España o el Reino Unido los peldaños superiores, no es difícil comprender —pero nunca justificar— que el miedo azuce a los trabajadores a enfrentarse entre ellos, reclamando políticas proteccionistas y/o políticas antiinmigración que mitiguen esa ansiedad.

Con esto llegamos al último punto que me gustaría señalar en este análisis: las tensiones geopolíticas. Aunque el liberalismo inglés nacido de las guerras napoleónicas, y especialmente desde 1846, se sostenía sobre el imperialismo directo e indirecto sobre otras regiones del mundo, seguía proclamando la idea de que el capitalismo estaba asociado a la paz y a un futuro mejor. Incluso una parte considerable de los pensadores de izquierdas de aquel tiempo asumía esa tesis —muchos seguidores de Richard Cobden— que todavía hoy muchos defienden al afirmar la equivalencia entre comercio y paz. Sin embargo, el capítulo 13 de Capitalismo nos permite retornar a finales del siglo XIX y comienzos del XX, cuando la competencia entre países se recrudeció y contribuyó a crear las condiciones que desembocaron en las dos guerras mundiales. La pregunta central es, ¿por qué pasó? Beckert sugiere que las reacciones defensivas de países como Francia o Alemania estuvieron motivadas por el miedo a una potencia en ascenso, Estados Unidos.

Cabe recordar que tanto Alemania como Estados Unidos estaban entonces acelerando su industrialización, que se llevó a cabo mediante políticas mercantilistas de protecciones arancelarias y apoyo a las industrias nacientes, y se sabían necesitados de materias primas. Beckert cita, por ejemplo, a Friedrich Naumann, un político liberal alemán que defendió la necesidad de expandir las colonias a fin de asegurar la provisión de recursos naturales que requería su industria. Era una visión generalizada y que, además, tenía un precedente histórico inmediato: era justo lo que había hecho Estados Unidos al expandirse hacia el oeste, matando y aislando a los nativos —que la ideología dominante consideraba inferiores— y haciéndose con sus tierras y recursos. El colonialismo de finales del siglo XIX también reflejaba una concepción de mundo de suma cero.

Quizás no por casualidad, actualmente asistimos a un retorno de las mismas propuestas mercantilistas en Occidente y, en gran medida, justificadas con argumentos similares. La militarización de Occidente avanza a ritmos agigantados mientras las industrias se repliegan a sus territorios, donde el cobijo de los Estados les garantiza buenas defensas frente a sus amenazas en el mercado internacional. El Estado está volviendo, pero no para ensanchar los derechos de la clase trabajadora, sino para dirigir la política industrial que busca “asegurar” las cadenas de producción. En otro lugar he defendido este péndulo entre libre comercio/proteccionismo y concepción de la riqueza como juego de suma positiva/suma cero. Hoy, en medio de la crisis ecosocial, y cuando ni siquiera los milmillonarios confían en el futuro, deseosos de marchar a Marte o construir búnkeres subterráneos, parece más urgente que nunca reorganizar las resistencias al capitalismo. Porque nos va la vida en ello.

Dicen los líderes e ingenieros de las principales compañías occidentales de inteligencia artificial que sus programas pueden acabar con la humanidad. Algunos discuten sobre si la probabilidad es mayor o menor del 10%. Pero lo curioso es que estos anuncios catastrofistas llevan produciéndose desde hace años, y las acciones de las compañías de inteligencia artificial, lejos de caer, han subido espectacularmente. ¿Qué sistema es este en el que quienes advierten de que una tecnología puede poner en peligro a la humanidad son, al mismo tiempo, quienes tienen mayores incentivos económicos para seguir desarrollándola?

No se trata de subestimar los riesgos de la inteligencia artificial, que son muchos y muy graves. Por ejemplo, como tecnología tiene el potencial de sustituir muchas tareas y puestos de trabajo que a día de hoy son el sostén de millones de familias en todo el mundo. De hecho, no está claro que sea una tecnología con gran capacidad para elevar la productividad y tampoco que el sistema vaya a crear nuevos puestos de trabajo para los expulsados. También es arriesgado que tanto poder se concentre en manos de unas pocas compañías privadas, que tienen una gran penetración en los sistemas informáticos y de seguridad de los principales países del mundo. También podemos hablar de riesgos geopolíticos, ya que cuando cedemos el control de un proceso a una empresa estadounidense, por ejemplo para la gestión del sistema eléctrico, le estamos concediendo también un arma que puede ser disparada contra nosotros. Y, por supuesto, la IA tampoco existe en el aire, y necesita electricidad, agua, centros de datos, chips, redes y enormes cantidades de materiales, de modo que su aparente inmaterialidad esconde una infraestructura física cada vez mayor que agrava el problema del cambio climático. Todo esto es absolutamente cierto, y en no poca medida puede decirse que son formas de acabar con el mundo tal y como conocemos. Sin embargo, en la práctica nos dejamos arrastrar por la idea de que la IA nos va a matar de una manera mucho más estrambótica.

Hay algo extraño en que los ingenieros de la IA sean los que anuncien que puede matarnos. Salvo algunos terroristas, nadie sale públicamente a decir que está en condiciones de matarnos a todos. Esa disociación solo es sostenible si aceptamos la premisa de que la IA, o una parte de ella, se ha independizado como sujeto y que, como la criatura Frankenstein, ya no está bajo el control de su diseñador. Y esto es, como mínimo cuestionable. Ya lo ha dicho con brillantez Richard Seymour, y es que la capacidad de actuar de la IA depende de una infraestructura, unos permisos y unos objetivos que alguien humano ha diseñado y desplegado. Si un ingeniero diseña un modelo capaz de ciberataques a empresas y lo activa sin ningún tipo de medida de seguridad (es decir, sin limitar los costes que puede provocar), el responsable es el creador y no el modelo, por muy sofisticado que sea. Por decirlo de otro modo más convencional: la IA no tiene conciencia, y todos sus objetivos internos están programados de antemano. Incluso si hay comportamientos no previstos, la responsabilidad política sigue siendo de quien decidió desplegar el sistema sin control. En este sentido la IA nos puede matar de la misma forma que pueden hacerlo las bombas nucleares, es decir, como instrumento de destrucción, aunque lo importante siga siendo que detrás hay alguien que ha impreso políticamente esa voluntad de muerte.

Aunque no han sido demasiado claros a la hora de explicarnos cómo nos va a matar la IA, creo de verdad que los ingenieros creen genuinamente lo que dicen. Todos estamos contemplando, mes tras mes, la enorme potencialidad de la inteligencia artificial, y sabemos que puede ser usada tanto como bendición como maldición según interese. Sabemos también que los usuarios de sus productos no solo estamos haciendo uso de versiones inferiores a las de la frontera tecnológica (que prueban ellos en los laboratorios) sino que además sus funcionalidades plenas están limitadas para nosotros. Si no podemos usar todo el conocimiento almacenado como libros, artículos y todo rastro de internet, en los centros de datos para, por ejemplo, diseñar una bomba biológica casera, es porque alguien ha prohibido esa funcionalidad. Y bien está, por cierto. Pero, y he aquí la cuestión, sabemos que el programa permitiría llegar a esos extremos. 

Cuando se avisa de que la IA puede matarnos, también está diciéndose que su potencial “creativo” y de “innovación” se ha elevado mucho respecto a los estadios anteriores. Y eso bajo el capitalismo es tanto como decir que su capacidad para generar beneficios se ha multiplicado, lo que explica la fiebre de las inversiones multimillonarias en las compañías de IA. Sin embargo, y como ya he mencionado, no parece claro que la productividad suba para la economía en su conjunto y, por lo tanto, la IA podría no tener afectación positiva sobre el crecimiento. Y ambas cosas —la falta de efecto sobre la productividad y la inversión brutal en el sector— no son sostenibles durante mucho tiempo. De ahí que todo apunte a que lo que hay, en realidad, es una inmensa burbuja en la que participan ingentes cantidades de capital internacional ocioso y que se sostiene sobre anuncios explosivos.

Sería mucho más razonable que habláramos de los verdaderos e inmediatos riesgos de la implantación de la tecnología. Por ejemplo, de su creciente capacidad para ser usada como tecnología de vigilancia en el mundo del trabajo y en el mundo civil. Las peores distopías pueden verse cumplidas si dejamos que nuestro tiempo de trabajo, y nuestra libertad fuera de él, estén monitorizados por agentes de IA que han estado programados por el capital. Porque la IA nunca ha sido una fuerza autónoma (salvo conceptualmente), sino más bien un producto con dueños. Esos dueños son multimillonarios que hacen negocios con los gobiernos y las empresas más poderosas del mundo, lo que significa que son instrumentos de clase. 

Y pregúntese el lector o lectora lo siguiente: ¿qué ha pensado al leer este titular? ¿Se ha asumido que la humanidad está realmente en peligro frente a una amenaza existencial desencarnada, abstracta y todopoderosa y que, como el doctor Frankenstein acabaremos muriendo a manos de nuestra propia criatura? Esa es, desde luego, la narrativa dominante. Pero quizás el lector o la lectora se haya anticipado a mi conclusión: en realidad el problema no es tanto que la humanidad vaya a perder el control de la IA, sino que ese control siempre lo ha tenido una minoría y que la humanidad, entendida ahora como mayoría, estamos sencillamente a merced de un escaso número de millonarios. Así que la solución para evitar la destrucción de nuestro mundo y de nuestro planeta es limitar el poder de quienes controlan la inteligencia artificial.

La entrada irregular de decenas de miles de personas en Ceuta ha vuelto a poner el foco en los movimientos migratorios. Sin embargo, el debate público se ha desplazado rápidamente hacia el grado de responsabilidad de las autoridades en el evento y también hacia la gestión de la crisis humanitaria consecuente. Eso ha dejado de lado lo que tiene más importancia estructural: ¿por qué tanta gente trata continuamente de irse de Marruecos y otros países para acceder a España y la Unión Europea?

Según los datos de Frontex, de todas las entradas registradas durante los primeros cinco meses de 2026, el 30% de los inmigrantes procedía de Argelia y el 20% de Marruecos, mientras que el resto venía desde países subsaharianos. Estas cifras cambian cada año, dependiendo de las características de las tres rutas principales hacia España. Lo que no cambia, incluso aunque se endurezcan y militaricen las fronteras, es la pulsión por llegar a territorio europeo. Por ejemplo, de acuerdo con los datos del barómetro árabe para 2024, el 35% de la población marroquí ha considerado migrar, y ese porcentaje sube al 55% entre jóvenes de 18 a 29 años. La pregunta realmente importante es: ¿qué ocurre en un país del que más de la mitad de sus jóvenes plantea irse?

Los salarios bajos de Marruecos

La semana pasada vimos que los modelos más básicos de economía predicen que la enorme diferencia de nivel de desarrollo y, dentro de ella, el diferencial de ingresos y oportunidades laborales, constituye el principal telón de fondo económico de estos movimientos. Si tomamos el PIB por habitante como un indicador del nivel de vida, podemos comparar entre países y mostrar en qué momento temporal tuvo España el “nivel de vida” actual de los principales países emisores de migrantes. Y, como se ve en el siguiente gráfico, Marruecos tiene el PIB por habitante de España en 1967, mientras que Senegal y Gambia se encuentran donde estaba España en 1938 y 1871 respectivamente.

Se objetará, y con razón, que no es el PIB por habitante en lo que se fijan los migrantes sino, más bien, el diferencial salarial. El problema es que no existen indicadores salariales fiables para la mayoría de los países de origen. No obstante, podemos usar la contabilidad nacional para aproximarnos a algo parecido a un salario medio: la renta por ocupado. Con esos datos, y como podemos ver en el siguiente gráfico, igualmente existe una diferencia considerable. Además, podemos apreciar también que sólo Marruecos parece haber convergido ligeramente en los últimos años con el nivel de referencia de España, que, por otro lado, aparece básicamente estancado para todo el período (1999-2019).

Con estos datos, podemos resaltar que España tiene un PIB por habitante cinco veces mayor que el de Marruecos, pero su producto por ocupado es solo 3,8 veces mayor. La diferencia está en cuánta gente trabaja, ya que en Marruecos tiene empleo el 31,6% de la población total, frente al 42,5% en España, de modo que a cada trabajador marroquí le toca sostener a bastantes más personas. Eso significa que incluso aunque el trabajo marroquí fuese igual de productivo que el español, su producto tendría que repartirse entre más gente y conduciría a una renta por habitante inferior.

La brecha entre 'lo que se cobra' vuelve a abrirse hasta cuatro veces y media porque en Marruecos la parte del producto que acaba en manos de quien trabaja es más pequeña (48 de cada 100 unidades de valor añadido, frente a 56 en España). En definitiva, el trabajador marroquí no solo produce menos que el español, sino que además se queda con una porción menor de lo que produce. Todas esas condiciones no solo presionan a la baja el salario, sino que justifican la búsqueda de nuevos horizontes con más esperanza; y están a pocos kilómetros, en España.

Una economía que no absorbe a su población

Si nos limitamos a un análisis convencional, comprobaremos que actualmente la tasa de desempleo de Marruecos oscila entre el 9% (Banco Mundial) y el 13% (HCP, el INE marroquí). No son cifras excesivamente elevadas, y la de España está en el mismo rango (9,87%). Con estos datos podríamos deducir que la economía marroquí no deja a mucha gente fuera, pero sería una conclusión totalmente equivocada. Lo que ocurre es que hay un enorme “ejército de reserva” que no está recogido por las estadísticas convencionales. Vamos a ver por qué.

Como ya expliqué, Marx consideraba que los salarios de los trabajadores eran empujados a la baja por la presión que ejercía la presencia de un conjunto de personas que se encontraban en la frontera del mercado laboral. A ese instrumento lo llamó “ejército de reserva” o “sobrepoblación”, con lo que se refería no a que sobrara gente en un determinado territorio, sino a que sobraba gente porque la dinámica capitalista no podía absorberla dentro del mercado laboral formal. Este ejército no estaba compuesto solo por desempleados sino también por otro tipo de posiciones de gran vulnerabilidad, como los precarios o incluso los que esperaban la aparición de trabajos mejores. Con las estadísticas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que se ven en el siguiente gráfico podemos aproximarnos a esa conceptualización y analizar mejor la estructura del mercado de trabajo en Marruecos.

Es muy importante que entendamos este gráfico, porque aporta claves esenciales. En primer lugar, vemos que el 40% de la población española tiene un empleo no vulnerable por un 20% de la población marroquí. En segundo lugar, en Marruecos los inactivos en edad de trabajar representan el 34,7% de toda la población, más del doble que en España. Eso significa que hay más de 13 millones de marroquíes en edad de trabajar y fuera del mercado laboral. No aparecen en las tasas de desempleo, pero están y son parte de ese enorme “ejército de reserva” en Marruecos. Y, desde el punto de vista de la capacidad de absorción del mercado laboral desarrollado, se constituye como población excedente, o sobrante.

Desagrarización sin industrialización

Según los modelos tradicionales de desarrollo, un país se moderniza cuando su población abandona el campo y se desplaza hacia sectores modernos, como la industria. En estas teorías, inspiradas en la experiencia de las primeras economías avanzadas, se entiende que es la industria la que absorbe progresiva y cíclicamente ese “ejército industrial” que sale del campo. Sin embargo, en Marruecos ha ocurrido algo distinto, como podemos ver en el siguiente gráfico. Lo que se observa es el primer paso de esa predicción, pero no el segundo: entre 1991 y 2025 el empleo agrario cayó efectivamente del 52% al 27,9% del total, pero la industria y la construcción juntas absorbieron sólo tres puntos. En este sentido Marruecos se está desagrarizando, pero sin industrializarse. Y curiosamente fueron los servicios los que absorbieron la inmensa mayoría de ese excedente salido del campo.

Una de las teorías más conocidas sobre este “momento del desarrollo” es la del economista Arthur Lewis, quien conceptualizaba el campo como una reserva de mano de obra ilimitada que trabajaba de modo altamente ineficiente (una productividad marginal cero o negativa). Por eso cuando esa mano de obra iba siendo absorbida por la industria, el resultado era que subía la productividad del sector agrario (misma producción con menos trabajadores). Pero la razón fundamental por la que la industria absorbería el excedente agrario es porque reinvierte beneficios y disfruta de productividades crecientes muy superiores a la del resto de sectores. En el caso de Marruecos sí se confirma que al abandonar los trabajadores el campo, la productividad del sector sube (aunque oscila porque también está afectada por cuestiones climáticas). Pero, contrariamente al modelo de Lewis, el sector que absorbe los trabajadores no muestra productividades crecientes ni gran capacidad de acumulación. Al contrario, durante casi 20 años la productividad de los servicios estuvo por debajo del nivel de 1991, y en 34 años solo ha ganado un 15%.

La explicación más sugerente es que el excedente de trabajo saliente del campo ha sido absorbido sencillamente donde cabía. El sector servicios es una especie de cajón de sastre, donde reina la informalidad y la precariedad. Las teorías del desarrollo predecían que mientras ese excedente no fuera absorbido por la industria, engrosaría las filas del desempleo formal. Lo que vemos, por el contrario, es que esa sala de espera es ahora el trabajo mal pagado del sector servicios. Y, dado que la economía nacional no genera un sector moderno capaz de absorber esa mano de obra, la movilidad geográfica es la alternativa. Y del mismo modo que antes iban del campo a la ciudad esperando una oportunidad, ahora el polo de atracción es el Norte Global.

Este “ejército de reserva” permite mantener bajos los salarios, a lo que ayuda un Estado autoritario con gran capacidad para frenar las aspiraciones de los trabajadores. Pero estos salarios bajos no son una estrategia suficiente. La razón es que un salario bajo no basta para atraer capital, porque si la productividad también lo es, el coste laboral unitario se come la ventaja. La solución marroquí ha sido crear enclaves que permiten a las multinacionales combinar tecnología avanzada con costes laborales muy bajos y capturar mayores márgenes. El automóvil es el caso más claro. Como vimos hace algunas semanas, esto ha permitido a Marruecos convertirse en uno los de los principales proveedores de vehículos de la Unión Europea, aunque en el segmento de menos valor añadido y poco preparado para la electrificación. Pero la ventaja de Marruecos entre los productores de vehículos es claramente el salario bajo, y según la consultora Oliver Wyman, la fabricación en Marruecos tiene un coste laboral por vehículo de 106 dólares, frente a los 273 dólares de Rumanía, los 305 dólares de México, los 414 dólares de Turquía, los 597 dólares de China y los 3.307 dólares de Alemania. Es obvio que la ventaja de Marruecos solo se sostiene mientras el salario no suba, y resulta que lo que impide que suba es exactamente el “ejército de reserva”, porque esa ventaja salarial difícilmente podría mantenerse sin una abundante oferta de trabajo que limite el poder de negociación de los trabajadores.

Los límites del modelo: necesidad de remesas

El problema central de este modelo de enclave es que tiene que importar casi todos los productos que luego ensambla y exporta. Eso explica por qué, en los siete primeros meses de 2026, Marruecos exportó bienes por 299.340 millones de dírhams e importó por 544.050 millones, lo que supone un enorme déficit comercial. Ese déficit debe compensarse mediante entradas de divisas de distinto tipo. Entre ellas, las remesas de los emigrantes ocupan un lugar central, porque equivalen al 7,7% del PIB y constituyen una fuente de financiación externa extraordinariamente estable. Estas remesas son, como se sabe, el dinero que los emigrantes envían a Marruecos (a sus familias) desde los países donde trabajan.

Como se puede ver en el siguiente gráfico, estas remesas son un elemento económico indispensable para Marruecos, puesto que durante muchas décadas han ayudado a cubrir el déficit comercial. Para hacerse una idea de su importancia, cabe decir que es una partida siete veces superior a la inversión extranjera directa y superior incluso a los ingresos por turismo.

En términos humanos debemos añadir que el hijo emigrado es para la familia una suerte de seguro de futuro, en muchos casos más fiable que una pensión pública. Para una población acostumbrada a vivir en la informalidad y, por ende, en la subsistencia, las remesas procedentes de países donde hay derechos laborales son una regularidad milagrosa. Todo ello permite entender por qué tanto para el Estado como para las familias, la emigración es, en realidad, una salida altamente razonable.

La paradoja: remesas y control de la migración

A pesar de los discursos sobre modernización de Marruecos, lo cierto es que su modelo se basa en los bajos salarios. Marruecos intenta insertarse en la economía-mundo mediante una estrategia de atracción de las multinacionales, apoyándose a su vez en una inserción geopolítica favorable, incluida la relación privilegiada con Estados Unidos y el respaldo internacional a la posición marroquí sobre el Sáhara Occidental (que le permite legitimar la propiedad de grandes depósitos de recursos naturales). En general, el modelo económico combina salarios bajos, enclaves exportadores que importan su propia técnica desde los países ricos y una restricción externa crónica; pero resulta que las tres piezas encajan solo si existe de forma permanente una población excedente. El modelo convive en tensión entre la necesidad de disponer de población sobrante que baje el nivel salarial y de que parte de esta se marche efectivamente al extranjero a trabajar.

Más paradójico es que Marruecos recibe dos rentas distintas de la misma población sobrante. La primera es son las remesas ya mencionadas. La segunda es la renta que se recibe por parte de países ricos a cambio de mantener al “ejército de reserva” en el propio país. Como ya hemos visto, la contención migratoria se ha convertido en una suerte de “exportación” a precio de mercado, ya que cuando hay pánico antiinmigración en Europa, sube el precio que cobran los países como Marruecos. Así, paradójicamente Marruecos cobra por tener emigración y por frenarla.

La cuestión es que Marruecos tampoco va camino de dejar de enviar emigrantes, ya que el modelo económico no está diseñado para absorber al “ejército de reserva” sino para reproducirlo. Durante la primera industrialización, Marx observó cómo el excedente de población del campo alimentaba el crecimiento de las ciudades industriales, y, décadas después, Lewis formalizó la intuición y estableció que la modernización consistiría en trasladar trabajadores desde sectores de baja productividad hacia otros capaces de absorberlos con mayor productividad. La peculiaridad de nuestro tiempo es que en buena parte de la periferia ese mecanismo se ha roto. Como hemos visto, Marruecos se desagrariza, pero no genera suficiente empleo industrial y productivo para absorber a la población que abandona el campo, y una parte de ese excedente queda atrapada en servicios precarios y otra busca su salida en el exterior.

Lo que la frontera medía es el hecho de que el excedente de trabajo marroquí no puede absorberse por su economía nacional pero sí por la demanda de trabajo de los países del Norte Global. Más allá del cinismo que rodea a todo este fenómeno, lo importante es asumir que el endurecimiento del acceso por la frontera europea no elimina ese excedente, y solamente decide dónde puede trabajar. Lo que antes se desplazaba del campo a la ciudad se desplaza ahora también de la periferia al centro. Y mientras esa enorme diferencia económica siga existiendo, ningún muro, ningún acuerdo policial y ninguna operación de control migratorio podrá hacer desaparecer el movimiento que produce.

Siempre me ha parecido excesiva la importancia que los medios y los analistas de políticas públicas le conceden al informe PISA. Para quienes a principios de siglo nos movilizamos contra las reformas universitarias del llamado Proceso de Bolonia, resulta evidente que PISA es un instrumento más de un paradigma que concibe a la educación principalmente en términos mercantilizados. La genealogía no deja lugar a dudas: a finales de los años ochenta y principios de los noventa, la teoría del crecimiento incorporó el capital humano (la capacidad de acumular conocimientos que elevan la productividad y la renta) como elemento fundamental para explicar las diferencias de productividad y crecimiento entre países. En los años siguientes esta visión se incorporó a las narrativas oficiales de la OCDE y la UE, entre otras, y a las reformas educativas.

En este sentido, PISA privilegia una determinada concepción de qué significa estar educado: la capacidad de utilizar conocimientos y competencias para resolver problemas en contextos prácticos. Así, PISA comparte con buena parte de las reformas educativas de las últimas décadas una concepción instrumental del conocimiento, en la que adquieren especial importancia aquellas capacidades que pueden medirse, compararse y relacionarse con la productividad y la empleabilidad. El propio ranking permite además comparar los resultados entre países y regiones, introduciendo una lógica de competencia y de evaluación cuantitativa de los sistemas educativos. En definitiva, PISA forma parte del paradigma de la llamada «sociedad del conocimiento» que ha moldeado buena parte de las reformas educativas desde hace treinta años y que puede resumirse en una idea: frente al conocimiento sustantivo y a la formación general —la filosofía, las ciencias sociales y las humanidades, pero también aquellas ramas de cualquier disciplina que no tengan una utilidad inmediata—, lo importante sería adquirir competencias adaptativas, es decir, la capacidad para desenvolverse en un mercado flexible y cambiante.

Los defensores de este paradigma de la “sociedad del conocimiento” insistieron en que el mundo había cambiado, y que ya no vivíamos en una sociedad fordista donde un trabajador accedía a un puesto de trabajo de por vida y con un horario estandarizado. Ahora vivíamos, se nos decía, en una sociedad posfordista donde el mercado es mucho más caprichoso y exige de los trabajadores habilidades que van más allá de ese conocimiento sustantivo que ofrecía la educación clásica. Ahora había que promover habilidades prácticas a fin de que la nueva demanda de trabajo (los jóvenes) pudieran adaptarse a la oferta de trabajo (flexible y cambiante, y también precaria). De qué te iba a servir eso que llamamos “cultura general” cuando accedieras a tu puesto de trabajo como cajero de un banco, administrativo en una empresa o en cualquier posición en la hostelería. Tocaba ser prácticos y reducir el tiempo de formación para sacar cuanto antes a trabajadores bien preparados para el mercado realmente existente. Esta es la filosofía de toda las reformadas nacidas al amparo de esta “sociedad del conocimiento”.

Los cambios educativos han sido brutales. La competitividad entre alumnos se ha disparado desde edades muy tempranas, lo que unido a los enormes recortes en la financiación pública ha provocado que los estudiantes más jóvenes desplieguen estrategias racionales donde lo único importante son los resultados cuantitativos, es decir, el examen de acceso a la universidad (la antigua selectividad, ahora PAU). Esas estrategias se elaboran a conciencia, concentrando todo el esfuerzo educativo en sacar la mejor nota en esos exámenes, sin que importe ni el proceso ni lo que esos exámenes dejan de medir. Entre las carreras universitarias, la sangría no ha sido menor: se recortó la duración de las licenciaturas con una poda significativa de las asignaturas más generales y menos “rentables para el mercado”, y con la opción de hiperespecializarte aún más en un máster cada vez más caro e inaccesible para la clase trabajadora.

Una de las críticas que hace veinte años lanzábamos era que este modelo educativo, derivado de este paradigma de “la sociedad del conocimiento”, tendería a producir analfabetos funcionales. Es decir, multiplicaría los casos de personas con títulos de todo tipo —bachillerato, graduados, posgraduados…— pero con una severa incapacidad de comprender los elementos más básicos de la vida fuera de su campo profesional. Por ejemplo, gente que careciera de cultura general, de preocupación por cómo se organiza la sociedad o, incluso —decíamos pensando que era incluso exagerado— que no fuesen capaces de entender textos básicos. Hoy, cuando el informe PISA señala el desplome en la comprensión lectora de los jóvenes en todos los países analizados, y especialmente en España, me vienen a la cabeza esos recuerdos.

Quisiera en todo caso evitar malentendidos. No creo que haya una única causa detrás de las variaciones, desastrosas, de estos indicadores que mide el informe PISA. Por ejemplo, estoy de acuerdo con la hipótesis de que el desplome tan agudo de la comprensión lectora tiene que ver en gran medida con el mal uso de la inteligencia artificial en educación (que ahorra esfuerzos necesarios para la formación) y con la pérdida de atención provocada por la irrupción de teléfonos inteligentes, redes sociales y mecanismos de extracción de atención sobre los jóvenes. Creo que es evidente que todo ello merma la capacidad de los estudiantes para concentrarse y para aprender, por lo que cabe una inferencia provisional sobre este punto.

Pero mi argumento va más allá y es más estructural. Lo que digo es que tras décadas diseñando programas educativos pensados para crear trabajadores adaptativos y hábiles en sus campos profesionales, en realidad se ha conseguido lo que se buscaba. Seamos honestos: la mayoría de trabajos realmente existentes en el mercado no exigen al trabajador la capacidad de comprender adecuadamente textos de más de 400 palabras. Y hemos diseñado la educación para que los jóvenes entren en esos mercados y en esas posiciones.

La educación no ha sido ese contrapeso frente a las dinámicas de un capitalismo individualista, consumista e hipermoderno que tiende a convertir a los humanos en un sujeto que trabaja y consume acríticamente; en un elemento del que extraer la plusvalía y que cuanto más silencioso sea, mejor. Al contrario, la educación ha viajado en paralelo a esas pulsiones, empujando en convertir al ser humano en parte del engranaje bien lubricado de la maximización de ganancia y el culto a la rentabilidad. En ese sentido, los sacrificios realizados son la cultura general, las artes, la filosofía y los conocimientos y habilidades que aspiraban a crear ciudadanos virtuosos. Por eso digo que, en realidad, las reformas educativas han sido un éxito. Y quizás eso es lo que precisamente desvela el informe PISA.

La extrema derecha alemana podrá gobernar en el Estado de Sajonia-Anhalt si consigue el apoyo de BSW, un partido ‘rojipardo’ fundado en 2023 como escisión de Die Linke —el equivalente a Izquierda Unida/Podemos en España—. El motivo de aquella ruptura es el mismo por el que sus líderes justifican ahora el posible apoyo a la ultraderecha: las políticas contra la inmigración. Durante los últimos años su carismática líder, Sahra Wagenknecht (las siglas de su nombre están en el nombre del partido), ha hecho bandera de las políticas antiinmigración con un discurso prácticamente indistinguible del de la extrema derecha. Yo la conocí en Berlín en 2014, durante un homenaje a la revolucionaria e internacionalista Rosa Luxemburgo que ahora se me antoja irónico; aunque por aquel entonces ella todavía era una dirigente alineada con la posición oficial de su entonces partido, que defendía políticas pro-inmigración.

Probablemente, el elemento central del discurso anti-inmigración de Wagenknecht y su partido es que sitúan la entrada de trabajadores extranjeros como un problema para los trabajadores nacionales. Según ellos, los inmigrantes presionan los salarios a la baja y ello conduce al incremento de los beneficios de las empresas; en consecuencia, la solución es limitar la entrada de inmigrantes para no empeorar las condiciones de la clase trabajadora alemana. Se trata de un discurso reconocible dentro de la familia de partidos de extrema derecha, especialmente aquellos que tienen como objetivo seducir a la clase trabajadora nacional que, se presupone, forma el granero de votos de la izquierda. Desde Jean-Marie Le Pen en los noventa hasta Vox en el presente, pasando por el vicepresidente y el presidente de Estados Unidos, todos ellos han defendido o defienden posiciones anti-inmigración sostenidas sobre el argumento de que los inmigrantes son responsables de, al menos, parte del estancamiento o incluso retroceso salarial de los trabajadores nacionales. Aunque tanto para las extremas derechas como para el rojipardismo el fenómeno de la inmigración es más amplio que la migración laboral, en este análisis vamos a analizar qué dicen los modelos económicos sobre esta relación y cuáles son las conclusiones y contradicciones que emergen.

La inmigración en la economía

Toda proposición política, como aquella que asegura que “los inmigrantes bajan los salarios”, depende de la forma en la que entiende el mundo quien la formula, y esto a su vez suele ser el legado, casi siempre no reconocido, de una teoría desarrollada por algún economista ya fallecido. Esta es la famosa tesis de J. M. Keynes sobre el papel de los economistas, y es totalmente válida aquí. Dicho de otra forma, los economistas trabajan continuamente con modelos que “simplifican” el mundo, y a partir de los cuales se extraen ciertas proposiciones políticas que después se divulgan y difunden hasta llegar al común de los mortales; la mayoría de las veces dotadas de la legitimidad que concede la apariencia de ciencia e incluso con el aura de un nuevo “sentido común”. Ser consciente de esto es importante siempre, pero veremos que lo es especialmente con el tema de la inmigración.

Para entender este punto es relevante comenzar con el trabajo del economista Paul Samuelson, quien en 1948 formalizó lo que se conoce como “teorema de igualación de precios de los factores”. Aquí nos interesa centrarnos en que, según este teorema, el libre comercio entre países tenderá a igualar el precio de los factores capital y trabajo, es decir, de la tasa de ganancia y del salario. Así, el teorema predice que si dos países con distintos niveles salariales deciden comenzar a comerciar entre ellos, los salarios del país más pobre subirán y los salarios del país más rico bajarán. Casi todo el debate posterior entre economistas gira en torno a por qué ese no es el resultado que observamos en la realidad; pero la mayoría de los economistas asume que ese es el mecanismo esencial del funcionamiento de la economía capitalista.

La intuición que difunden los partidos ‘rojipardos’ y de extrema derecha se inspira precisamente en esa forma de pensar el mundo. En ese mundo “idealizado” por los economistas sólo existen dos factores de producción, capital y trabajo, y según si se “permite” que se muevan libremente se producirá un resultado u otro. Por ejemplo, en los años noventa el economista George Borjas elaboró un modelo que suponía que el factor trabajo era libre (las personas podían ir de un país a otro sin problemas) pero el factor capital era fijo. Las conclusiones fueron que la entrada de inmigrantes producía una bajada de salarios de los trabajadores nativos y, además, elevaba los beneficios de las empresas. Como ocurre con todos los modelos, modificar un supuesto por otro cambia (mucho) las conclusiones: en los modelos donde además del trabajo el capital también se puede mover, la predicción es que el salario no bajará con la entrada de inmigración.

En un modelo completamente diferente, como el del marxista Arghiri Emmanuel, el mundo que se piensa es uno en el que el capital es el único factor que se puede mover entre países mientras que el trabajo está restringido por los controles anti-inmigración. En su modelo, el diferencial salarial entre los países ricos (el Norte) y los países pobres (el Sur) nunca puede cerrarse, y esa es la causa por la que el Norte explota al Sur mediante intercambios desiguales. La conclusión política de Emmanuel fue muy controvertida porque señalaba a los sindicatos de los países ricos como responsables y beneficiarios del mantenimiento de esa situación injusta (piénsese que Emmanuel creía también que, en condiciones de libre movilidad de factores, los salarios convergerían).

El marxismo y la inmigración

Emmanuel no es el único marxista cuyo trabajo asume que, en ausencia de obstáculos como las políticas de restricción de inmigrantes, existe una tendencia del sistema hacia la igualación del precio de los factores. El propio Marx reconoció ese mecanismo en varios de sus trabajos, aunque en él opera de una forma distinta a la de los economistas ortodoxos. Para el autor de El Capital, el salario depende fundamentalmente del poder de negociación de la clase trabajadora frente al capital, y la dinámica capitalista desgasta esa capacidad a través del “ejército industrial de reserva”, es decir, de una gran masa de desempleados creados por el capitalismo. Esa enorme mano de obra disponible para el empresario disciplina también a los trabajadores, dificultando su capacidad de organizarse y de negociar mejores salarios. Los inmigrantes serían, en este modelo, un volumen adicional al ejército industrial de reserva pero, en general, con muchos menos derechos y protecciones.

Lo curioso de Marx es que, aunque aceptaba el diagnóstico de que la inmigración presionaba a la baja los salarios de los trabajadores nacionales, nunca concluyó que la solución era restringir los movimientos de los trabajadores. Cuando analizó la inmigración irlandesa en Inglaterra, comprendió que existía “una clase obrera dividida en dos campos enemigos, proletarios ingleses y proletarios irlandeses” y reconoció que “el trabajador inglés común odia al trabajador irlandés como competidor que reduce el nivel de vida”. Para Marx era claro que el problema era la división de clase que impedía que irlandeses e ingleses, juntos, exigieran mejores condiciones de trabajo. Y el remedio no era profundizar esa división, excluyendo a los irlandeses, sino acabar con la opresión de Irlanda y del capitalismo que había empujado a la emigración a tantos trabajadores.

El texto al que me estoy refiriendo está escrito en 1870, pero podría ser actual. Marx veía con claridad que la oposición entre trabajadores inmigrantes y nacionales era sólo del interés de los capitalistas explotadores. Y, literalmente, reconocía que “este antagonismo se mantiene artificialmente despierto y se ve acentuado por la prensa, el púlpito, las revistas económicas, o sea, por todos los medios a disposición de las clases dominantes. Este antagonismo es el secreto de la impotencia de la clase obrera inglesa, a pesar de su organización”. Esta línea de pensamiento, por cierto, fue seguida por dirigentes como Lenin o Rosa Luxemburgo, para quienes la solución nunca pasó por el nacionalismo sino por la conciencia de clase. A diferencia de lo que sucede con toda la desviación rojiparda.

¡Son las instituciones!

Si Marx y los economistas liberales comparten que existe un mecanismo que iguala los salarios vía libre comercio, competencia o poder de negociación, ¿significa eso que es inevitable que la inmigración produzca bajadas salariales entre los trabajadores nacionales? La respuesta es que no. Porque igual que hemos visto que, dependiendo del supuesto del modelo se obtienen unos resultados u otros, el capitalismo no opera en el vacío, sino mediante instituciones, es decir, leyes, normas, tradiciones, costumbres… Lo que determina los resultados reales no son solo los precios, sino la combinación de instituciones y precios. Y son esas instituciones las que moldean la forma en la que se absorben impactos como el de la inmigración.

Por ejemplo, para Marx lo relevante no era la nacionalidad del trabajador, sino su estatus: procedía de un país donde los salarios eran más bajos porque la acumulación capitalista era más débil, contaba con menos derechos y estaba acostumbrado a un nivel de vida más modesto. De hecho, los inmigrantes presionan a la baja los salarios y condiciones más que los nacionales solo cuando sus condiciones laborales son inferiores. El perfil del inmigrante es, efectivamente, carne de cañón para ser superexplotados y para ser la parte más rocosa del ejército industrial de reserva.

Debido en gran parte al fracaso de los modelos económicos a la hora de predecir qué ocurre con los flujos migratorios, y la constatación de que en casi ninguna parte han convergido los salarios, el análisis de las últimas décadas sobre la inmigración y sus efectos se ha desplazado desde el enfoque puramente económico (sólo precios) a otro más institucional. Por ejemplo, hoy se acepta que los mercados están segmentados y que los inmigrantes apenas entran en competición directa con los trabajadores nacionales (los primeros suelen recalar en trabajos de poca cualificación que los nacionales ya no quieren hacer), que las condiciones jurídicas de los inmigrantes son altamente relevantes y que si cuentan con los mismos derechos el impacto negativo desaparece, y que el poder político de negociación es especialmente importante (particularmente en sectores con monopolio). La inmensa mayoría de los estudios que han evaluado todas estas cuestiones de forma más amplia han concluido que en promedio el salario de los nacionales no se ve afectado por la entrada de inmigrantes y que, cuando hay efectos negativos, están asimétricamente distribuidos (por ejemplo, sobre los sectores de baja cualificación y sectores más desprotegidos en general).

Conclusiones

Lo curioso es que los modelos sobre la inmigración son también modelos sobre el comercio. En 1957, el economista Robert Mundell subrayó que la entrada de inmigrantes de poca cualificación era equivalente a importar bienes producidos en países de bajos salarios a partir de trabajo poco cualificado. Eso significa asumir que la importación en masa de productos chinos es equivalente a la entrada de inmigración masiva china, y sus efectos sobre los empleos y salarios sería igual. Esto permite entender mejor por qué la pregunta “¿los inmigrantes bajan los salarios?” está mal planteada si se formula como una cuestión puramente económica. La respuesta depende de qué trabajadores compiten con cuáles, de cuánto capital se acumula, de cómo reaccionan las empresas, de qué sectores crecen, de qué instituciones regulan el mercado laboral y, sobre todo, de cuál sea el poder de negociación de los trabajadores. No existe una ley económica que diga que la llegada de inmigrantes tiene necesariamente que traducirse en una reducción generalizada de los salarios nacionales. Eso es naturalizar un estado de las cosas (el del capitalismo realmente existente) que es históricamente específico.

Si contratar a un trabajador recién llegado y descargar un contenedor procedente de Asia son, desde el punto de vista del salario nacional, la misma operación, entonces cerrar la frontera a las personas no elimina la competencia y únicamente la desplaza. El empresario que no puede traer al trabajador se traslada él, o le encarga la pieza a un proveedor que ya está allí. Es, literalmente, lo que ha ocurrido durante las últimas cuatro décadas. Esto es lo que nombra la expresión actualizada de “ejército mundial de reserva”, que acostumbra a usar el marxista John Bellamy Foster. Y lo cierto es que la masa de trabajadores disponible para disciplinar salarios dejó de ser nacional hace mucho tiempo. La clave es que el capital no necesita que esa masa cruce la frontera, porque puede cruzarla él.

Todo esto va mucho más allá que una cuestión meramente teórica. Como dije al principio, las teorías de los economistas muertos resuenan siempre en las proposiciones actuales. Y la actualidad está llena de esas proposiciones, por ejemplo de aquellas que plantean qué movilidades se proponen restringir y cuáles no. Porque ningún programa de extrema derecha —tampoco el rojipardo, más allá de la retórica— propone cerrar la movilidad del capital. En todas estas propuestas se criminaliza al trabajador, pero no al capital, lo que es sintomático del discurso de clase.

Volvamos entonces a la pregunta del título. ¿Bajan los inmigrantes los salarios? La respuesta que dan a la vez la mayoría de modelos modernos y la evidencia es que no lo hacen por ser inmigrantes, sino allí donde son trabajadores con menos derechos. Así que lo que presiona a la baja los salarios no es el pasaporte, sino el estatus. Y lo que propone la extrema derecha y los ‘rojipardos’ —recortar derechos y expulsar a una parte de la clase trabajadora— es exactamente la que abarata a los competidores de la otra parte. Es una política patronal formulada en el idioma de los obreros.

Ahora bien, la alternativa al discurso antiinmigración no consiste en negar que puedan existir efectos distributivos asociados a la inmigración. Tampoco consiste en repetir que “la inmigración siempre es buena” y cerrar el debate. Consiste en preguntar quién gana y quién pierde, en qué circunstancias, mediante qué mecanismos y bajo qué instituciones. Y hacer política con ello. Como he mostrado antes, Marx lo entendió en 1870 y lo resumió muy bien al decir que el antagonismo entre trabajadores ingleses e irlandeses era “el secreto de la impotencia de la clase obrera inglesa, a pesar de su organización”. Se puede levantar una alambrada o un muro alrededor de un país, pero no alrededor del mercado mundial. Frente a un ejército de reserva de dimensiones planetarias solo caben dos respuestas. La primera es competir todos a la baja en un terreno donde nadie tiene derechos, que es el proyecto de la extrema derecha en un contexto de crisis ecosocial. La segunda es extender los derechos hasta que la competencia deje de librarse por abajo. Esta última era la apuesta de aquella Rosa Luxemburgo a la que fuimos a homenajear a Berlín en 2014. La primera, doce años después, es lo que se está negociando en Sajonia-Anhalt.

Ceuta tiene unos 84.000 habitantes y unas capacidades de acogida muy limitadas. Por eso la permanencia prolongada de varios miles de personas sin recursos, y que por lo tanto deambulan de un lado hacia otro buscándose la vida, ha alterado profundamente el funcionamiento cotidiano de la ciudad. Algunos lo expresan directamente en términos racistas, y parece molestarles sobre todo que la mayoría sean magrebíes y musulmanes, pero el conjunto de la población lo está experimentando como un fenómeno de saturación y congestión. Son dos fenómenos que se mezclan interesadamente, pero que son distintos. Y lo más importante es reconocer que Ceuta no tiene capacidad de absorción suficiente como para que la vida vuelva a la normalidad. Y, sin normalidad, la gente se frustra y se hace más sensible ante los discursos incendiarios.

Por eso, aunque nos disguste y duela, es innegable que el Gobierno ha llegado tarde. Más allá del debate sobre la causa de la entrada de miles de personas por la frontera, aspecto en el que el Gobierno sigue empeñado en proteger a Marruecos, está el debate sobre la gestión de esta saturación y congestión. La falta de soluciones prácticas y la lentitud en desplegar incluso el apoyo más básico, dejando por semanas que los inmigrantes se hacinaran en asentamientos improvisados, ha desconcertado no solo a los ceutíes sino a toda la población.

Eso sí, no existen soluciones mágicas, es decir, rápidas y que al mismo tiempo sean legales y decentes. Porque devolver de manera inmediata a todos los entrantes es tan inhumano como ilegal, aunque entre los discursos de la extrema derecha esta sea la propuesta estrella. Al fin y al cabo, si para ellos, como dijo el diputado de Vox José María Figaredo, el objetivo a perseguir en los primeros compases era cazar inmigrantes, uno tiene que deducir que ahora su objetivo es poco menos que tirarlos al mar. Esos discursos carecen de base legal, y ya han sido denunciados por incitación al odio, pero van calando entre una sociedad que ha comprado el marco de inmigración como amenaza (con la ayuda de un vocabulario muy extendido entre medios convencionales: invasión, ataque, asalto…). De ahí derivamos un problema sociológico y político importante, que nos costará caro, pero no una solución práctica y legal.

En realidad, lo único que puede hacerse al respecto es acelerar los procedimientos que marca la ley para registrar a los inmigrantes y evaluar sus casos individualmente. Este es un proceso que requiere apoyo logístico y personal suplementario para poder realizarse, lo que necesariamente es lento y exige que, mientras tanto, los inmigrantes estén en las mejores condiciones posibles. Hoy, habiendo transcurrido más de un mes desde el inicio de la crisis, todavía hay miles de personas no integradas en este sistema y que, por lo tanto, permanecen varadas en las calles de Ceuta. Pero incluso cuando ya estén todas las personas listadas y bien atendidas, seguirán permaneciendo en la ciudad y alterando la normalidad de los ceutíes. El riesgo es que entonces Ceuta se convierta en Lesbos, es decir, un territorio fronterizo transmutado de facto en sala de espera permanente de un problema que corresponde gestionar al conjunto del Estado y de la Unión Europea.

No sorprenderá a nadie que todo esto sea una bomba de relojería, de esas que se convierten en estupendas oportunidades para el crecimiento de una extrema derecha deseosa de lanzar cualquier cosa a la cara de este gobierno. Habiendo convertido la inmigración en un fenómeno criminalizado y deshumanizado, la extrema derecha, y la derecha tradicional por imitación competitiva, explotan la frustración ciudadana tanto como pueden. Pero cuando se juntan miles de personas, muchas de ellas desesperadas por recibir incluso comida, los altercados pueden producirse. Y solo hace falta un poco de mala suerte para que uno de esos altercados encienda una mecha de consecuencias impredecibles. Ya hemos visto a grupos ultras yendo a quemar los asentamientos de los inmigrantes, expandiendo así el lenguaje práctico de la extrema derecha. Qué no puede pasar si uno de esos hipotéticos altercados se convierte en la simbología que la extrema derecha necesita para darle una falsa ilusión de verosimilitud a sus narrativas xenófobas. Me temo que no estamos tan lejos de un escenario así.

Paradójicamente resulta que desactivar esta bomba de relojería es relativamente fácil, al menos técnicamente. Se trataría de obrar como se ha hecho otras veces, es decir, repartiendo el volumen de inmigrantes por toda la península y, en consecuencia, mostrando una solidaridad efectiva con Ceuta para que no sean ellos los que tengan que absorber en solitario esta función. Además, nada de esto implicaría la permanencia definitiva de los inmigrantes, que deberían seguir adscritos a los protocolos establecidos. El caso más obvio, por el que podría empezarse desde ya, y estaría justificado plenamente por la doble y triple condición de vulnerabilidad, es el de los menores no acompañados y particularmente de las niñas. La estimación de unos 2.500 menores que podrían ser repartidos desde ya dentro de los programas habituales —en el último año, y antes de esta reciente entrada, fueron efectivamente repartidos desde Ceuta más de 600 con total normalidad—. Todo ello abundaría en la protección de los menores inmigrantes, pero también ayudaría a descongestionar Ceuta y a restar presión a la situación.

Sin embargo, las comunidades gobernadas por PP y VOX se niegan. Presas del discurso de la extrema derecha, que ya provocó varias crisis de gobierno en 2021 y desembocó en la ruptura de sus alianzas, estas comunidades se niegan a ayudar a Ceuta. Ya he mencionado que los representantes de extrema derecha exigen cometer la ilegalidad de devolver a todas estas personas a la frontera. El PP, por su lado, se conforma con repetir un mantra abstracto de que quiere soluciones, pero negando la única viable a corto plazo. Y aquí, lo sorprendente, es por qué Pedro Sánchez no ha salido a la ofensiva con esta situación. Podría haber puesto encima de la mesa la hipocresía de quienes hablan de “defender Ceuta” pero luego se niegan a la única medida capaz de reducir rápidamente la presión demográfica sobre Ceuta. Podría ponerles a ambos frente al espejo y denunciar que estas derechas tratan a los seres humanos como meros objetos sin alma, y que su cristianismo es sólo estético y ya, quizás, ni eso. Podría, en definitiva, salir a la ofensiva y ser coherente con el gobierno que acogió al barco Aquarius o que está regularizando a más de medio millón de inmigrantes que ya viven y trabajan en España.

Pero no lo ha hecho. Pedro Sánchez ha decidido seguir aplastado entre el sabotaje del PP y Vox y la presión del discurso ultra, también del que procede de la Unión Europea y que ve con malos ojos que haya inmigrantes en la península —como si no entraran muchos más por avión a través de los principales aeropuertos de Europa—. Incluso en el caso de los menores, Pedro Sánchez sigue negándose a que sean trasladados a otras comunidades autónomas.

Hay quien sostiene que la ofensiva ultra se multiplicaría si el Gobierno aceptara esta única medida viable, y que terminaría cayendo. No es una hipótesis descabellada, y probablemente es lo que explica el comportamiento del presidente. Pero este planteamiento descansa en el supuesto implícito de que esperar es gratis, cosa que está lejos de ser cierta. En primer lugar, la extrema derecha no se ha desmovilizado ni una sola vez a cambio de una cesión en este terreno; ni en 2021, cuando el reparto de menores le sirvió para romper gobiernos autonómicos, ni después, cuando el endurecimiento del discurso migratorio del conjunto del arco parlamentario no le restó un solo voto. Dado que exigen lo imposible —devolver a todos, ya— nunca van a ser satisfechos, y por tanto tampoco desactivados. En segundo lugar, la demora fabrica exactamente el material que la extrema derecha necesita. Cada semana de personas durmiendo en asentamientos improvisados produce más imágenes aprovechables que cualquier autobús saliendo hacia la península: los altercados, los grupos ultras yendo a quemar campamentos, la sensación de descontrol. El Gobierno cree estar evitando un titular y lo que hace es alargar la producción diaria de titulares peores.

Al no plantear siquiera la medida, el Gobierno concede la premisa de que trasladar migrantes a la península es en sí mismo inadmisible. El Gobierno parece hipotecado por las iniciales y rápidas declaraciones de varios ministros diciendo que todos los inmigrantes serían devueltos. La realidad es más compleja que aquellas posiciones, que sonaban a precipitada defensa frente al discurso ultra, y nos obliga a reconocer que no sabemos cuántos inmigrantes serán finalmente devueltos. Lo que sí sabemos es que ese dato lo conoceremos mucho más tarde, y que lo que ahora importa es el mientras tanto en el que crecen las derechas.

El reciente acuerdo entre el gobierno de Estados Unidos y el de Venezuela ha desatado un largo reguero de críticas. Todavía no se conocen los términos exactos, pero sí lo suficiente como para constatar que el gobierno de Estados Unidos ha logrado un control efectivo sobre la gestión de gran parte del petróleo venezolano. Así, no se han cumplido las advertencias de Diosdado Cabello, ministro de Interior, que hace menos de un año afirmaba que no se entregaría “ni una gota” de crudo a los estadounidenses en caso de producirse una agresión. Finalmente, se produjo la intervención militar, incluyendo el secuestro del presidente, y se transferirá más de una gota de petróleo hacia Estados Unidos. Según el propio Donald Trump, el acuerdo es para 65.000 millones de barriles, aproximadamente una quinta parte de todas las reservas del país.

Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo probadas del mundo, es decir, de cantidades que son recuperables del subsuelo con la tecnología y precios actuales. Esa circunstancia geológica ha moldeado profundamente la política del país latinoamericano desde que se descubrieron los primeros yacimientos en 1914, cuando Venezuela llevaba ya un siglo siendo independiente, pero todavía era un país básicamente agrario y muy pobre. Merece la pena remontarse brevemente a ese momento porque, paradójicamente, guarda una similitud sorprendente con lo que está pasando ahora mismo.

La maldición de los recursos

Como muchos países en desarrollo saben, que un territorio sea abundante en recursos no significa que tenga un billete garantizado hacia el desarrollo económico. De hecho, es más habitual lo contrario, es decir, que las naciones más abundantes en recursos naturales sean también los más pobres. En economía se conoce como maldición de los recursos a una hipótesis que intenta explicar esa paradoja, y según la cual el problema principal es que el país se vuelca tanto en explotar ese sector abundante en recursos (por ejemplo, petróleo) que se 'olvida' de casi todo lo demás. En realidad, no es una cuestión de decisiones gubernamentales sino de la propia orientación del mercado, ya que tanto el capital internacional como el nacional fluyen, lógicamente, hacia ese sector abundante en recursos que, como es deseado por todo el mundo, genera tasas de ganancia más elevadas y deja de fluir hacia el resto. El país se convierte rápidamente en un exportador del recurso natural y la dinámica económica hace el resto (por ejemplo, el tipo de cambio se encarece y eso dificulta otro tipo de ventas al extranjero, como las industriales).

Cuando a comienzos del siglo XX se fueron descubriendo los yacimientos de petróleo por todo el mundo, solo unas pocas empresas estadounidenses e inglesas tenían la capacidad tecnológica y financiera para extraer el recurso y, además, refinarlo para convertirlo en un producto utilizable por la sociedad (por ejemplo, gasolina, lubricantes, productos petroquímicos, etc.). Aunque el petróleo estaba en el subsuelo venezolano, no había en el país ninguna empresa capaz de convertirlo en algo útil, de modo que se permitió que fueran las empresas multinacionales las que se encargaran de todo. El proceso ganó orden a partir de 1922, cuando el presidente Juan Vicente Gómez declaró los recursos del subsuelo propiedad del Estado y este pasó a controlar tanto las concesiones como los royalties e impuestos aplicables. Eran tales las reservas venezolanas que en los años treinta el país ya se había convertido en el principal exportador de petróleo del mundo.

Gracias a los impuestos aplicados a la actividad extractiva, el Estado fue capaz de desplegar una estrategia de creación de infraestructuras y servicios públicos que dinamizaron la economía, elevándose también el consumo de una emergente clase media, al tiempo que se fortalecía su autoridad sobre el territorio. El contexto de boom del petróleo favoreció que los países en los que las multinacionales extraían el recurso reclamaran una mayor porción de la tarta y Venezuela fue, además, pionera en la lucha y ejemplo posterior para países de Oriente Medio. La legislación de 1943 y, posteriormente, la consolidación del principio 50-50 (reparto por igual de los beneficios) hicieron que el Estado capturase una parte mucho mayor de los beneficios generados por la actividad petrolera.

En el contexto de posguerra, de intervencionismo económico y descolonización, se extendió el imaginario de que el desarrollo económico pasaba por controlar y explotar directamente los recursos naturales. La idea de desarrollo nacional y económico iban de la mano en un imaginario extractivista que se interpretaba como condición para igualar la riqueza de los países más avanzados. Tras los precedentes de Rusia en 1917 y México y Bolivia en los años treinta, en 1951 Irán fue el primer país de Oriente Medio en nacionalizar su petróleo y expulsar a las empresas occidentales. Pero solo dos años después el gobierno de Mossadegh fue derrocado por un golpe de Estado de Reino Unido y Estados Unidos.

En 1957, Irán permitió la entrada de la multinacional italiana ENI, que aceptó un acuerdo 75-25 que puso nerviosas al resto de multinacionales y demostraba que los países petroleros estaban interesados en captar mayores cuotas de las rentas del sector. En septiembre de 1960, algunos de estos países, a instancia de Venezuela, formaron la Organización de los Países Exportadores de Petróleo (OPEP) para fortalecer sus demandas y elevar la participación del Estado al menos a una ratio 60-40. En los años setenta se producirían las primeras grandes nacionalizaciones de compañías occidentales, primero en Argelia y Libia, y luego, y de forma progresiva, en los países del Golfo Pérsico. Los llamados países productores demostraban tener ya la capacidad tecnológica y financiera para realizar la actividad ellos mismos y sin mediaciones, es decir, capturando completamente toda la renta petrolera.

La compañía estatal de Venezuela fue PDVSA, creada en ese contexto internacional en 1976. La renta petrolera era tan alta que los partidos políticos dominantes se repartieron su influencia en el denominado pacto del Punto Fijo. El sistema seguía siendo el mismo: un desarrollo económico totalmente dependiente de las rentas petroleras, donde el gobierno tenía un margen enorme para decidir qué hacer con ellas (con una fuerte autonomía de PDVSA respecto del poder político y problemas crecientes de corrupción) y consecuentemente muy vulnerable a las caídas del precio del petróleo. Durante esas décadas fracasaron todos los intentos de diversificar la estructura productiva, como la industrialización por sustitución de importaciones, que logró crear determinadas capacidades industriales, pero no consiguió modificar sustancialmente la dependencia estructural de la renta petrolera. La caída de los precios a mediados de los años ochenta llevó al país a una crisis económica que fue gestionada a la manera neoliberal, desembocando en una profunda crisis política que duró hasta que en 1998 Hugo Chávez ganó las elecciones.

El chavismo se construyó sobre el rentismo petrolero

La victoria de Chávez no gustó a las élites que habían gestionado la renta petrolera hasta entonces, razón por la cual sufrió el golpe de Estado de 2002. Tras superarlo gracias al apoyo popular y de los militares, y tras un paro patronal de la empresa PDVSA, Chávez despidió a miles de trabajadores y gestores de la empresa y tomó un control mucho más activo sobre sus decisiones. Los precios del petróleo acompañaron y el gobierno logró poner en marcha políticas sociales que sacaron a millones de personas de la pobreza y redujeron de manera muy notable la desigualdad. Sin embargo, todo el sistema seguía dependiendo en última instancia de las rentas petroleras.

Se suele hablar de PDVSA como una suerte de para-Estado porque asumió proyectos que no tenían nada que ver con su función económica, como programas sociales o proyectos de infraestructuras urbanas. Así, el endeudamiento de la empresa quedó no sólo vinculado a su actividad inversora y extractiva sino también a la necesidad de acometer proyectos sociales ajenos a la entidad. Por otro lado, la cualificación de los nuevos dirigentes parecía estar lejos de las capacidades de los anteriores. Además, políticamente era una forma de llevar a cabo una intervención pública que no pasaba por los controles habituales de la asamblea nacional. Algunos o todos estos elementos ayudan a entender por qué la empresa PDVSA ya se encontraba en niveles de actividad económica y financieros muy bajos antes de que llegaran las primeras sanciones estadounidenses en 2017. Las sanciones no crearon el deterioro de PDVSA, que ya era evidente antes de 2017, pero sí contribuyeron posteriormente a profundizarlo.

Como se puede ver en el siguiente gráfico, el peso del petróleo en las exportaciones siempre ha sido muy alto en Venezuela. Curiosamente, la mayor dependencia del petróleo se produce durante el período chavista, con niveles por encima del 95%, lo que da muestra del fracaso de las estrategias de diversificación industrial. Eso sí, durante el período de Hugo Chávez, el PIB por habitante fue recuperándose desde los niveles anteriores, lo que es congruente con otros indicadores sociales que también mejoraron durante ese período.

Lo cierto es que durante el chavismo las rentas petroleras, en vez de financiar opulentos modos de vida de una minoría de la población vinculada a las elites y los burócratas de PDVSA, sirvieron para combatir la desigualdad y la pobreza. No obstante, sin la erradicación completa de la corrupción. Pero en ambos casos las rentas servían para garantizar la estabilidad social y política de los tiempos de 'vacas gordas'. Cuando las rentas se secaban, devenían los problemas.

Tras la muerte de Chávez en 2013, Nicolás Maduro heredó un modelo económico extremadamente dependiente del petróleo y, un año después, el desplome de los precios internacionales del crudo desencadenó una crisis económica de enorme magnitud. El apoyo electoral al chavismo se fue debilitando y, tras perder la mayoría parlamentaria en 2015, el Gobierno respondió mediante una creciente concentración del poder institucional y una progresiva erosión de los mecanismos democráticos. Mientras tanto, la gestión de la renta petrolera quedó crecientemente en manos de fracciones militares leales al gobierno. Lejos de abandonar el modelo extractivista, en el año 2016 Nicolás Maduro aprobó el proyecto del Arco Minero del Orinoco, pensado para extraer oro y otros minerales de una inmensa área de Venezuela. El objetivo declarado era fomentar las exportaciones de estos minerales, algunos de los cuales son importantes en la transición energética hacia energías renovables, y con una fuerte participación de empresas estatales y actores vinculados a las Fuerzas Armadas.

Sin embargo, en la actualidad la producción petrolera venezolana se encuentra muy por debajo de su potencial y de sus niveles históricos. La coyuntura de precios internacionales, la mala gestión de la empresa y las sanciones provocaron un desplome de la actividad petrolera que privó de las rentas al Estado venezolano. En esas condiciones, Venezuela vuelve al comienzo, es decir, a la necesidad de atraer capital extranjero para realizar las inversiones necesarias para extraer el combustible fósil.

El papel de Estados Unidos

Para Estados Unidos el petróleo venezolano es especialmente importante, porque se trata de un tipo de crudo pesado que necesitan para una parte importante de la capacidad de refino estadounidense, pero cuya producción doméstica no basta para abastecerla. Aunque Estados Unidos se ha convertido en el mayor productor mundial de petróleo gracias, entre otros factores, al desarrollo del fracking, siguen siendo importadores netos de petróleo pesado. Y no parece casualidad que sus dos principales fuentes de petróleo pesado hayan sido hasta hace poco Canadá y Venezuela, países con los que está tratando de redefinir su relación (con una guerra comercial en el primer caso, y con la violencia en el segundo). En el caso de Venezuela, como podemos ver en el siguiente gráfico, la caída de importaciones fue progresiva durante el gobierno de Hugo Chávez y terminó desplomándose después. Con los nuevos acontecimientos, la Casa Blanca se ha asegurado que ese flujo se reactiva.

Aunque habrá que esperar a conocer los términos exactos del acuerdo, los cálculos preliminares parecen indicar que la captura de la renta que hará el Estado venezolano del sector petrolero será notablemente inferior a la que existía incluso durante el período del Punto Fijo. En este sentido, Estados Unidos ha logrado capturar una parte sustancial de esa renta que hasta hace unos años era impensable; y lo ha logrado a través de las sanciones, que han terminado de machacar la débil capacidad productiva de PDVSA, y de la violencia ejercida contra otro país soberano.

Por otro lado, merece la pena remarcar de nuevo que durante el chavismo la renta petrolera permitió una importante redistribución social y una mejora de numerosos indicadores de bienestar, pero no consiguió transformarse en una diversificación productiva suficiente capaz de reducir la dependencia del petróleo. El apoyo popular al chavismo era real y está claramente acreditado, y sobre bases razonables, pero todo el sistema se sostenía sobre los precios del petróleo, de modo que cuando se agotó el flujo extraordinario de rentas comenzó también la deslegitimación ciudadana. El economista Edward Barbier señalaba, reflexionando sobre la paradoja de la maldición de los recursos, que para que un país se desarrolle no sólo es necesario tener recursos abundantes y extraer renta de ellos sino, y muy especialmente, reinvertir esas rentas en diversificar la actividad económica y crear encadenamientos (de modo que las industrias se necesiten unas a otras). Este último paso es el que no ha sido capaz de completar Venezuela en los últimos cien años. Y tampoco el chavismo, a pesar de haberlo proclamado.

En realidad, hay un irónico componente cíclico en todo esto. Porque primero fue el capital extranjero el que explotó un recurso sobre el que el Estado apenas tenía capacidad efectiva de intervención. Después, a través de impuestos, nacionalizaciones y finalmente la creación de PDVSA, el Estado fue capturando una parte cada vez mayor de esa renta hasta hacerse prácticamente con su totalidad. El chavismo heredó ese modelo de rentismo estatal y utilizó sus extraordinarios ingresos para redistribuir la riqueza, pero no consiguió transformar de manera suficiente esas rentas en una estructura productiva diversificada. Cuando la producción y los precios se desplomaron, también lo hizo la capacidad del Estado para sostener ese modelo. Y ahora, un siglo después del comienzo de la explotación petrolera moderna, Venezuela vuelve a necesitar capital extranjero para explotar su principal recurso. Es como si varias décadas de luchas políticas y sociales en torno a la captura de renta por actores extranjeros hubieran desaparecido de golpe. Y al menos Venezuela sigue sin saber responder a qué hacer con la renta que genera un producto, el petróleo, que además tiene los días contados. El problema adicional es que ahora ni siquiera lo deciden ellos.

El presidente comparecerá finalmente en el Congreso, a petición propia, casi un mes después del inicio de la entrada masiva y tras tres semanas intentando que bastara con enviar a cuatro ministros en su lugar. Desgraciadamente es un patrón habitual en la gestión de las crisis por parte de este gobierno, donde lo correcto llega tarde y además bajo presión, haciendo que lo que podría haber sido iniciativa parece una cesión. La consecuencia de ese silencio parlamentario, con varias narrativas alternativas compitiendo por explicar lo ocurrido, es una ciudadanía desorientada. Van aquí cinco tesis para ordenar el cuadro.

En primer lugar, no podemos olvidar el marco geopolítico de fondo, que sorprendentemente está ausente en la mayoría de las conversaciones. Baste con recordar dos cosas: 1) que la Unión Europea externalizó sus fronteras, pagando miles de millones de euros a países como Turquía, Libia, Túnez, Egipto o Marruecos para que se encargaran de frenar los flujos migratorios en sus territorios, y 2) que, tras perder las elecciones en 2020 pero antes de irse de la Casa Blanca, Trump reconoció la soberanía marroquí del Sáhara Occidental y, a la vez, Marruecos restableció las relaciones diplomáticas con Israel. Una transacción que no es menor para lo que nos ocupa.

Como consecuencia de lo anterior, Marruecos se sabe actualmente mucho más fuerte en su relación con España. No solo tiene la llave que maneja el caudal de inmigrantes que llega al territorio español, lo que les permite manufacturar crisis políticas en nuestro país, sino que también cuenta con el respaldo de dos poderosos aliados (EEUU e Israel) que, además, están enfrentados a España. Para estos países, Marruecos es un socio fiable y estable, aunque solo sea porque es una monarquía autoritaria cuya voluntad no depende de las elecciones y que además no tiene reparos en usar a su población como peones prescindibles. El interés geopolítico por el control del estrecho de Gibraltar no es tampoco menor. Marruecos ya puso a prueba ese nuevo poder en 2021, cuando 8.000 inmigrantes entraron en Ceuta; sucedió como represalia y apenas un mes después de que se supiera que el líder del Frente Polisario estaba siendo atendido del COVID-19 en España. El gobierno español se plegó concediendo la destitución de la ministra de exteriores en julio y, un año más tarde, el reconocimiento en la práctica de la soberanía marroquí sobre el Sáhara.

En segundo lugar, la crisis internacional y geopolítica se solapa con la crisis humanitaria. El flujo de inmigrantes procedentes de países pobres que aspiran a llegar a países más ricos no se detiene. La externalización de fronteras simplemente ha hecho más caras y arriesgadas las travesías, pero la gente sigue optando por intentarlo. Ese empeño logra muchas veces abrir brechas en los dispositivos de seguridad, incluso en una frontera tan militarizada como la de la Unión Europea, sin ni siquiera necesidad del concurso de los países-porteros a los que pagamos. Eso aumenta el poder de chantaje de estos últimos, ya que siempre hay un flujo migratorio latente. Las aproximadamente 80.000 personas de esta nueva entrada combinan un flujo migratorio genuino, de personas con una planificación previa y claridad en el objetivo, con una masa altísima de curiosos que fueron atraídos por los mensajes en redes sociales que decían que se podía entrar en Ceuta. Eso explica la facilidad en el retorno de la inmensa mayoría, pero también la ausencia de disposición a irse de otra parte que se estima en 5.000-10.000 personas.

En tercer lugar, cuando tienes un movimiento migratorio de esas dimensiones, que duplica la población de una ciudad, es mucho mejor tomar medidas que se pasen a que se queden cortas. Porque rápidamente todas las infraestructuras se saturan y comienzan problemas de convivencia en el propio grupo entrante (altamente heterogéneo) y con la población local. La respuesta tardía del gobierno sugiere que en los primeros días de la crisis se procuró que, en ausencia de suficiente comida, agua y asistencia básica, todos se volvieran a sus lugares de origen. Pero el componente migratorio real no iba a retornar, y en consecuencia quedó desatendido y en condiciones lamentables durante días. La respuesta de reubicación del asentamiento llegó tarde, sin narrativa y con los ánimos ya encendidos. Lo mismo puede decirse de la decisión de crear, más de tres semanas después, un “mando único” con el que abordar la crisis en Ceuta. Una decisión correcta (mejor “pasarse”) que llega tarde y que para colmo había sido negada previamente; y cuya demora expresa fragilidad.

En cuarto lugar, la extrema derecha europea lleva décadas creciendo con el discurso anti-inmigración y usando una narrativa según la cual la Europa blanca se está perdiendo en el mestizaje con otras etnias. Es un discurso que también usan instrumentalmente los líderes de los países-porteros, como demostró Gadafi cuando advirtió a Italia en 2010 de que el destino de Europa era ser invadida por “hambrientos e ignorantes africanos”. Cuanto más miedo hay en Europa, mejor se paga a los porteros. El discurso de odio y miedo de Vox resulta ser funcional a los intereses de Marruecos, que ve su remuneración aumentar, y la actitud de Marruecos instrumentalizando la migración favorece las perspectivas electorales de Vox.

El discurso de la extrema derecha intenta reubicar este evento geopolítico (en realidad, una medida de política exterior) en un marco favorable para sus intereses electorales en todo el país: vender la idea de que España está amenazada por los extranjeros, apuntalando así el nacionalismo étnico que defienden los ultras y que está envuelto en mitos y rituales con bastante arraigo en España (la Reconquista, por ejemplo). La decisión de parte del gobierno de no responsabilizar a Marruecos tiene racionalidad diplomática, ya que se busca no echar más leña al fuego, pero deja todo el campo a la oposición. Y esa oposición, mediática y política, utiliza categorías como “invasión”, “ataque” y “asalto” libremente y con intención clara. El Gobierno no ha conseguido construir una narrativa pública convincente sobre lo ocurrido. No sabe, no quiere o no puede explicar públicamente lo que está pasando. Y eso, de nuevo, es otra muestra de debilidad.

En quinto lugar, la población ceutí es muy diversa, y eso debería ser advertencia de que su miedo no está necesariamente fundado en el racismo. Lo que tienen es una sensación de fragilidad y vulnerabilidad que no está justamente atendida, porque son plenamente conscientes de que una decisión unilateral de Marruecos puede paralizar por completo la ciudad (que ya tiene sus propias dificultades debido a la geografía). Precisamente lo que Ceuta necesitaba de forma rápida es no sentir que sus instituciones se desbordaban; pero la primera estrategia del gobierno contribuyó a que creciera ese sentir de orfandad. Como consecuencia, la sensación de pérdida de control fue muy intensa entre una parte importante de la población local. Es el apego a las estructuras cotidianas (centros de salud, institutos, centros de trabajo, lugares de ocio, etc.) lo que quedó amenazado, mucho más que una supuesta identidad española.

Finalmente, todo lo anterior no abunda en la idea de que Marruecos vaya a sentirse debilitado o simplemente preocupado. Más al contrario, me temo que de este embate sale tan reforzado, o más, que con el de 2021. El gobierno debería replantearse, como mínimo, su estrategia comunicativa, y recordar que lo que tiene racionalidad diplomáticamente puede ser desastroso comunicativamente. Pero yo iría más allá y exigiría reconducir toda esta estrategia de política exterior que solo conduce a fortalecer a quien te chantajea. Desde luego, España no podrá hacer ese giro en solitario —por ejemplo, las represalias comerciales o económicas requerirían un acuerdo europeo— pero tampoco parece que pueda ganar aliados en la UE si es incapaz de explicar mínimamente lo que está pasando. Aun así, ese escenario parece más halagüeño que simplemente repetir lo mismo que en 2021, cuando ya es claro que las cesiones no han conducido a apaciguar a nadie.

Daron Acemoglu, economista ganador del llamado premio Nobel de economía en 2024, acaba de publicar un nuevo libro llamado What Happened to Liberal Democracy? (¿Qué le sucedió a la democracia liberal?) y la famosa revista The Economist, fundada en 1843 y paradigma de la defensa del libre comercio y del liberalismo económico, ha aprovechado para pasarle algunas facturas. En un artículo que ha sorprendido a todos, la revista aprovechó para lanzar unas dispersas críticas teóricas a su trabajo y, sobre todo, para impugnar el estatus del reputado economista. Quizás la mejor prueba es que The Economist afirma en su titular que Acemoglu es extrañamente poco convincente y que sus argumentos “sobre la IA son además pesimistas hasta el punto de perder credibilidad”. No es de extrañar que el afectado haya considerado el ataque como algo personal y haya tenido que responder públicamente.

Todo apunta a que la causa última del desencuentro se encuentra en el hecho de que el trabajo académico de Acemoglu, que gira en torno al cambio técnico y el papel de la inteligencia artificial, ha desembocado en una propuesta para reforzar a la clase trabajadora. Este punto es precisamente uno de los atacados por The Economist, que etiqueta su enfoque como pesimista e inespecífico. La economista Mònica Martínez Bravo sintetizó bien esta tensión al escribir: “Qué cosas tan curiosas pasan cuando un Nobel de Economía escribe un libro defendiendo volver a poner a la clase trabajadora en el centro de la política económica”. En este análisis vamos a ver en qué sentido y hasta qué punto la visión de Martínez Bravo es cierta. Y, de paso, aprovechamos para meternos en el apasionante y preocupante mundo de las consecuencias socioeconómicas de la inteligencia artificial.

El papel de la automatización

Uno de los grandes interrogantes de la economía es averiguar cuáles son los efectos de la automatización, es decir, de la sustitución de trabajadores humanos por máquinas. ¿Se destruye empleo?, ¿se deprimen los salarios?, ¿se modifica la correlación de fuerzas entre capital y trabajo? Se trata de un debate que, después de doscientos años, no ha derivado en consenso alguno, sino en diferentes enfoques con los que pensar un proceso tan complejo. Y, para entenderlo bien, tenemos que remontarnos a comienzos del siglo XIX.

David Ricardo es considerado uno de los padres fundadores de la economía política. Con veintipocos años se hizo millonario especulando en bolsa y pudo retirarse a sus propiedades a escribir. Su libro Principios de Economía Política y Tributación se convirtió pronto en un indispensable, y sigue siendo la base de la actual teoría del comercio internacional e incluso de la teoría del valor-trabajo del marxismo. En las dos primeras ediciones Principios, Ricardo apenas tuvo nada que decir especial sobre el proceso de automatización, pues compartía el criterio convencional y optimista de los economistas de la época. Es importante que entendamos esta forma de pensar la automatización, porque es a grandes rasgos la que domina en la profesión todavía. Según esta visión, cuando las máquinas sustituyen a trabajadores en un proceso productivo se producen dos efectos. El primero, el obvio de que un cierto número de personas pierden su empleo. El segundo, que la propia introducción de las nuevas máquinas es capaz de crear nuevos puestos de trabajo que absorberán el empleo previamente expulsado.

Es decir, para los economistas no estamos ante un problema preocupante porque la economía se regula de manera que la introducción de máquinas (la incorporación de nueva tecnología) es capaz de mantener el nivel de empleo. Y Ricardo pensaba más o menos esto, pero sólo hasta 1821.

En su famosa tercera edición de los Principios, Ricardo introdujo un nuevo capítulo donde consideró errónea la visión convencional y reconoció que “estoy convencido ahora de que la sustitución del trabajo humano por la maquinaria es, a menudo, muy perjudicial a los intereses de la clase trabajadora”. El impacto de este cambio fue enorme, y su discípulo John Ramsay McCulloch se quejó ante él amargamente (p. 381) porque entendía que daba pábulo a los movimientos obreros antimaquinaria. Era un tiempo de enorme agitación social, ya que la Revolución Industrial se estaba desplegando en el Reino Unido y estaba transformando radicalmente el modo de vida de la clase trabajadora.

En un artículo académico de 2024, Daron Acemoglu y Simon Johnson trataron justamente este momento histórico. Para ellos el cambio de Ricardo respecto de la maquinaria tuvo que ver con que el hecho de que fuera elegido miembro de la Cámara de los Comunes, es decir, diputado. Gracias a eso, Ricardo fue testigo de lo que realmente estaba ocurriendo en la industria del algodón y, de ese modo, pudo corregir sus ideas previas. Porque lo que estaba pasando no tenía nada que ver con la visión optimista de los economistas, sino que la Revolución Industrial estaba deteriorando gravemente las condiciones de vida de la clase trabajadora.

El artículo, por cierto, se apoya en gran medida en los trabajos de dos gigantes de la historiografía marxista británica, Edward Palmer Thompson y Eric Hobsbawm (aunque también cita, de manera complementaria, al reputado —léase, convencional— historiador Joel Mokyr). Los números de Acemoglu indican que, con la automatización, los salarios reales de los tejedores manuales cayeron un mínimo de un 25%, sin que esos trabajadores pudieran trasladarse a nuevos sectores emergentes. Simplemente, sus condiciones de vida fueron arrasadas por la introducción de maquinaria en la industria. La paradoja es que como la productividad estaba creciendo, y los salarios no, los empresarios ganaron enormes beneficios que elevaron la desigualdad. En palabras que repite mucho Acemoglu, la prosperidad no fue compartida.

La lógica de esta lectura crítica del proceso de automatización ya había sido incorporada en el trabajo de Acemoglu mucho antes. Donde aparece de forma divulgativa con más claridad es en su libro de 2023 Power and Progress (Poder y progreso), coescrito también con Simon Johnson, donde subrayaban que no hay nada automáticamente beneficioso para la sociedad en la introducción de nueva tecnología. Según ellos, que los incrementos de productividad sean compartidos depende de aspectos como el tipo de tecnología, las instituciones (normas, costumbres, leyes) y la orientación que se quiera imprimir desde la sociedad. De manera significativa, Acemoglu y Johnson aceptan que la prosperidad sólo es compartida cuando los avances de la tecnología se apartan del interés egoísta de las élites. De ahí que los autores explicaran que la clave para entender los aumentos de calidad de vida de la clase trabajadora durante la segunda mitad del siglo XIX tuvieran que ver con la democratización del sistema político, el crecimiento de los sindicatos y la legislación para proteger los derechos de los trabajadores; elementos todos que obligaban a orientar el cambio tecnológico en otra dirección distinta a la de los meros intereses económicos de las élites. Cualquiera familiarizado con la historia del movimiento obrero puede ver en este razonamiento de Acemoglu y Johnson un elemento político claramente subversivo.

Hay que cuidarse mucho de pensar que esto es solo historia económica, o economía política del siglo XIX. El punto de referencia de Acemoglu es siempre el cambio tecnológico actual, y más concretamente la adopción de la inteligencia artificial en los procesos productivos actuales. Pero Acemoglu usa la historia económica para reflexionar sobre el proceso contemporáneo, preguntándose (en Power and Progress) qué pasa si los economistas convencionales están equivocados y la IA fundamentalmente provoca distorsiones en el mercado de trabajo que incrementan la desigualdad de salarios y empleo, su impacto redistribuye poder hacia las élites, empobrece a miles de millones de personas en el mundo no desarrollado, si refuerza prejuicios étnicos o sociales, o si destruye las instituciones democráticas. Su conclusión ha sido que lo que necesita la sociedad contemporánea es, como ocurrió en el siglo XIX, el crecimiento de contraargumentos y organizaciones que puedan contrarrestar al pensamiento convencional. Para hacerse una idea más completa, baste decir que uno de los últimos artículos de Acemoglu, firmado con David Autor y Simon Johnson, se llama Building pro-worker artificial intelligence (Construir una inteligencia artificial favorable a los trabajadores).

No es un economista heterodoxo, lo que lo hace más peligroso

Aunque a algunos les haya parecido demasiado disidente, debemos recordar que Daron Acemoglu no es un revolucionario en el sentido clásico. Ni siquiera en su disciplina. El primer libro suyo que llegó a mi biblioteca no fue un ensayo, sino su manual Introduction to Modern Economic Growth de 2009. Se trata de un texto de posgrado con álgebra sumamente avanzada y en el que se repasan los modelos de crecimiento económico desde una óptica unilateral: la neoclásica (una teoría ahistórica que abandona muchas de las preocupaciones de los economistas clásicos, como Adam Smith, David Ricardo o Karl Marx). Esta es la dominante en las facultades de economía, y frente a ella se han elevado históricamente otras escuelas de pensamiento, como la poskeynesiana o la marxista, consideradas por ello como heterodoxas. Acemoglu pertenece a esta escuela de pensamiento, y de hecho recientemente ha afirmado que encuentra la discusión sobre el capitalismo “descerebrada”. En la cosmovisión subyacente a los modelos de Acemoglu no hay relaciones de producción, el poder entra como una categoría de capacidad de negociación y captura regulatoria y la visión de las instituciones es débil y nunca estructural. Consecuentemente, su concepto de clase trabajadora no es marxista, pero conduce a lo que él denomina “liberalismo de clase trabajadora”.

Pero todo esto es, para los economistas convencionales, lo que realmente supone un peligro. Porque Acemoglu llega a sus “radicales” conclusiones desde dentro de la profesión y del mainstream. Todo su trabajo académico es una lúcida (y algebraicamente compleja) reformulación de los modelos neoclásicos de progreso técnico. Y cada paso que ha dado en los últimos veinte años, como considerar el reparto del ingreso entre capital y trabajo endógeno al cambio técnico, lo hace sin recurrir a la vastísima cantidad de trabajos heterodoxos que ya pisaron ese camino mucho antes que él. Hoy Acemoglu tiene una visión del comercio que no sería extraña para los autores marxistas, y una visión de la distribución de la renta que reconocerían autores poskeynesianos como Joan Robinson o Nicholas Kaldor. Y ya hemos visto que su lectura de algunos aspectos de la historia económica del siglo XIX presenta sorprendentes puntos de contacto con la historiografía marxista.

La clave es que Acemoglu ha llegado a conclusiones muy similares a la de las escuelas postkeynesianas e incluso marxistas, pero empleando otros conceptos y métodos. Los economistas convencionales no pueden criticarle por falta de brillantez técnica, ampliamente acreditada, pero están asustados por las conclusiones políticas que se extraen de su desviación.

Con Joseph Stiglitz ya se había ensayado la jugada. El economista estadounidense recibió el Nobel en el año 2001 por sus contribuciones a la teoría neoclásica, en particular por sus análisis con información asimétrica, y durante los años noventa destacó, entre otras cosas, por su crítica a la versión dura de la economía ecológica. Gracias a todo ello se convirtió en el economista jefe del Banco Mundial, una de las instituciones encargadas de promover el ‘Consenso de Washington’ entre los países en desarrollo, es decir, de imponer políticas neoliberales. Antes de terminar su mandato, Stiglitz abandonó su cargo y en 2002 publicó su libro Globalization and Its Discontents, donde cuestionó gran parte de la política neoliberal. Se trataba de un duro diagnóstico que a los estudiantes de posgrado de Economía Internacional y del Desarrollo siempre nos pareció ilustrativo: un neoclásico criticando las conclusiones de su viejo paradigma.

Como ahora, también The Economist fue punta de lanza contra lo que les parecía un giro inadmisible, afirmando con ironía que “Stliglitz podría haber escrito un buen libro sobre globalización. Quizás la próxima vez” y reconociendo que era un economista brillante antes de rebajar completamente su estatus. No fue el único ejemplo, ya que el entonces director de investigación del FMI (la otra pata neoliberal en el sistema internacional), Kenneth Rogoff, atacó duramente a Stiglitz y asentó la conclusión generalizada entre los economistas convencionales, a saber, que como académico Stiglitz era un genio con una mente maravillosa, pero que como político era mucho menos impresionante. Es el precedente más claro del artículo de The Economist contra Daron Acemoglu.

Lo que podemos esperar en los próximos años es un proceso, encabezado por parte de la comunidad mainstream y del que The Economist es solo la avanzadilla, para intentar devaluar la reputación de Acemoglu, no tanto en sus bases técnicas sino por sus “extravagancias” políticas. Como ya hemos visto, no es el primer caso y probablemente no será el último, pero la lógica está impresa desde hace mucho tiempo. El aura de respetabilidad en la comunidad de los economistas convencionales es dependiente tanto de las bases técnicas (con una alta sofisticación matemática, lo que hace muy inaccesible su comprensión para el público general) como de la “razonabilidad” de las conclusiones políticas. Recordemos que el premio Nobel de Economía no es tal, ya que Alfred Nobel nunca consideró entregar uno de esta materia. Que hoy exista un premio Nobel de Economía es resultado del interés del banco central sueco que, en 1968 y en un contexto de duro enfrentamiento con los socialdemócratas suecos (que estaban desplegando su vía reformista al socialismo), necesitaba mejorar la reputación de quienes defendían sus posiciones políticas (conservadoras). El gran economista sueco Gunnar Myrdal recibió el premio en 1974, pero su propia interpretación es que como era un “radical” (sus propias palabras) le hicieron compartirlo con un “reaccionario”, Friedrich Hayek. En 1977, escribió un breve artículo reconociendo que se equivocó al aceptarlo, que la economía no es una ciencia equivalente a la física o las “ciencias duras” y que, ojo, no debería existir el premio Nobel. Lo que sugería, en última instancia, es que se trataba de un reconocimiento muy cargado de valores y principios políticos.

Consecuencias para la actualidad

El trabajo de Daron Acemoglu tiene, para mí, muchos límites. Quizás el más obvio es que, a pesar de girar en torno a la tecnología y el cambio técnico, toda consideración sobre la energía está ausente. Hablar de la transformación de la economía del siglo XIX en el Reino Unido sin mencionar el papel del carbón es extraño. También resulta problemática la escasa atención a la dimensión imperial de la industrialización británica, es decir, al hecho de que el comercio colonial, la esclavitud, la extracción de recursos y la posición de Gran Bretaña en la economía mundial formaron parte de las condiciones históricas en las que se produjo la Revolución Industrial. Esto tiene que ver con otro punto ampliamente criticado a Acemoglu, esta vez desde la heterodoxia, y presente en libros anteriores como Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty (Por qué fracasan los países), coescrito con James Robinson. La visión del desarrollo económico de Acemoglu es institucionalista, atribuyendo a aspectos tales como la innovación, la democracia o los tipos de gobierno la variable central que determina qué países crecen y cuáles no.

Pero su interpretación sobre la inteligencia artificial y su énfasis en el modelo de tareas —que no se automatizan empleos sino tareas— y la constatación de que los efectos de la automatización dependen del poder y de instituciones como las leyes es correcto y crucial para nuestro presente. Es cierto que otras tradiciones pueden ofrecer enfoques más agudos y estructurales sobre el papel de la tecnología, pero la originalidad y brillantez de Acemoglu es que ha llegado al mismo destino que autores heterodoxos, aunque por otro camino. Existen complementariedades entre las diferentes tradiciones que merecen la pena explotar. Por ejemplo, su insistencia en diferentes trabajos en que la tecnología puede usarse (mal) para elevar el control sobre los trabajadores (cosa que la IA ya está haciendo) puede beneficiarse mucho de toda la tradición marxista que nace con el fantástico libro del marxista Harry Braverman y que revolucionó toda la teoría sobre el mercado de trabajo. O el papel de la distribución del ingreso, que es no sólo un aspecto moral sino también de eficiencia económica (sobre todo en modelos donde la demanda juega un papel importante).

Para terminar, apuntar que hay muchos aspectos sin concluir en el trabajo de Daron Acemoglu que merecerán un desarrollo en los próximos meses y años, y que son claves para la política pública. La proposición central de Acemoglu es que la tecnología, para que promueva una prosperidad compartida, tiene que estar dirigida. Los críticos, incluido el texto de The Economist, señalan lo ambiguo que resulta eso en la práctica. Tienen razón en este punto, ya que el trazo de Acemoglu y sus coautores apunta en la dirección de intervenir en los destinos del mercado autorregulado a fin de dirigir la tecnología ‘hacia otra parte’. Por la comparación histórica se deduce que el efecto buscado es el fortalecimiento de los sindicatos, de la democracia y del poder frente a las élites (léase, los tecnooligarcas), pero está ausente todavía el ‘cómo’ lograr todo eso.

Por otro lado, Acemoglu insiste en que la sociedad tiene alternativas a la implantación de tecnología en formas que provocan graves daños a la clase trabajadora. Él acepta que los empresarios buscan elevar sus beneficios y aumentar la productividad promedio del trabajo, aunque esa implantación no produzca bienestar social (en su terminología, que no incremente la productividad marginal del trabajo). Un análisis estructural objetará que un empresario asume una determinada tecnología maximizadora de beneficios porque está obligado por la competencia, de modo que no está claro cómo podría ser de otra forma sin recurrir a instrumentos clásicos como la regulación estatal. En el fondo, la gramática habitual de un proceso de “dirección tecnológica” es la que tiene que ver con la planificación, el Estado y la protección social; y probablemente por ahí vendrán las próximas discusiones en el campo.

En definitiva, espero haber mostrado por qué creo, junto con otros economistas, que se explica la crítica de The Economist a un economista ampliamente reputado y brillante. El problema de Acemoglu para el mainstream es que ha utilizado las propias herramientas conceptuales de la economía convencional para mostrar que la tecnología y el mercado no producen automáticamente una prosperidad compartida. Aceptar ese razonamiento implica poner en tela de juicio todas las promesas de los promotores de la IA (y también los costes que lleva asociados, donde la energía de nuevo juega un papel central) y abogar por políticas públicas totalmente distintas a las que se defienden desde los centros de poder vinculados a las grandes empresas tecnológicas. Para mí, ese camino es muy fructífero y es claro que necesitamos más prosperidad compartida, es decir, más intervenciones y políticas como las de Acemoglu.

La extrema derecha ha subido los decibelios contra Pedro Sánchez y el gobierno de coalición. Se han multiplicado las metáforas belicistas que hablan de una “invasión” y de un “acto de guerra” y que se acompañan de insultos absolutamente ajenos a la mínima decencia. Abascal ha llegado a afirmar que el presidente del gobierno además de traidor y responsable de esta situación es también… la peste. Es obvio que Vox lee la situación de Ceuta como una oportunidad para infligir un daño político al gobierno que ellos quieren rentabilizar electoralmente. No les importa la vida que tantos han perdido por el camino, o las condiciones en las que se encuentran los inmigrantes en estos momentos (en Ceuta y más allá). Su único objetivo es asentar en el imaginario público la idea de que España está siendo invadida por fuerzas extrañas y con la complicidad, cuando no colaboración, de las izquierdas.

Probablemente les funciona, sobre todo en su intento de radicalizar y captar a parte del electorado del PP. Que mantengan durante semanas esta estrategia basada en mentiras e intoxicaciones revela que creen rentable convertir una tragedia humanitaria en una crisis identitaria. Lo de menos (para ellos) es que el proceso tenga también como efecto una sociedad más crispada, engañada y polarizada.

Pero no debemos rasgarnos demasiado las vestiduras, porque sabíamos que esto iba a pasar. También lo sabían tanto Estados Unidos como Marruecos. Al fin y al cabo, Marruecos controla el caudal de entrada en el flujo de inmigrantes y con toda probabilidad esperaba que la entrada de 80.000 personas en Ceuta generara una crisis política. Lo que exactamente aspirara a conseguir es incierto, pero que Marruecos es consciente de los efectos políticos de sus acciones está fuera de toda duda. Hay una vieja máxima del poder que sigue plenamente vigente: divide et impera. La división del adversario constituye por sí misma una victoria política.

A veces se nos olvida algo que deberíamos tenerlo grabado a fuego. En su última estrategia de seguridad nacional, Estados Unidos afirmó literalmente que su objetivo debería ser «ayudar a Europa a corregir su trayectoria actual». Esa «trayectoria» se entiende a la luz del propio documento y de las reiteradas declaraciones de Trump y su entorno, donde la inmigración y la llamada pérdida de la identidad o de la civilización occidental ocupan un lugar central. En esa misma estrategia se afirma también que «América anima a sus aliados políticos en Europa a promover un renacimiento del espíritu» y que «la creciente influencia de los partidos patrióticos europeos da, en efecto, motivos para un gran optimismo». Con “partidos patrióticos” el gobierno de Estados Unidos se refiere a la extrema derecha, cuyo nacionalismo es contrario a cualquier espíritu europeísta y, en consecuencia, funcional a sus intereses imperiales.

Es decir, tanto Estados Unidos como Marruecos saben que, para hacer valer sus intereses y objetivos, pueden contar con la complicidad de la extrema derecha. Para no llevar a equívocos he de añadir que no hace falta imaginar una coordinación directa o explícita entre Washington, Rabat y la extrema derecha europea. Lo importante es entender que sus intereses pueden converger en un mismo resultado, produciendo igualmente efectos profundamente desestabilizadores. Lo que para Vox es una oportunidad para desgastar al gobierno y tener opciones electorales, para Estados Unidos es una oportunidad de torpedear cualquier proyecto europeo.

El problema es que a la extrema derecha esta funcionalidad estructural no les preocupa, incluso aunque el precio sea la verdad, la vida de las personas que buscan una vida mejor, la cohesión social y las bases democráticas del país. Es como si todo valiera para que ellos tengan alguna oportunidad para acceder al poder o, como en el caso de Meloni en Italia, para preservarlo. En condiciones normales nadie se creería que el gobierno de España tiene interés en lo que está pasando ahora mismo en Ceuta (o que se benefició de la pandemia, la guerra, los incendios, y hasta de las erupciones volcánicas). Pero no vivimos en condiciones normales, sino en sociedades mediadas por un ecosistema mediático en el que sistemáticamente se repiten estupideces como esas.

La extrema derecha europea resulta ser solo “nacionalista” a la hora de criminalizar y hacer la vida más difícil a los sectores más vulnerables de la sociedad, pero en cuanto toca cuestionar el inmenso poder de las grandes empresas o de Estados Unidos e Israel, rápidamente abandonan su supuesto patriotismo. La historia además nos enseña, aunque no aprendamos, que ser funcional a los intereses geopolíticos de Estados Unidos no es una broma sin consecuencias. La pregunta que debemos hacernos entonces es la siguiente: si de verdad hay traidores en este tablero político, ¿estamos seguros de que están en el gobierno?

Hace unos días se filtró a algunos medios que el Ministerio de Defensa tiene algunas reservas sobre la construcción en Ferrol (Galicia) de una planta de vehículos eléctricos de la compañía china SAIC, pues argumenta que corre el riesgo de convertirse en un enclave de espionaje por parte del gobierno del Partido Comunista de China. No obstante, pocas horas después el propio Ministerio aclaró que permitiría el proyecto, que además cuenta con el apoyo entusiasta del gobierno tanto nacional (PSOE-Sumar) como autonómico (PP). Sin embargo, lo realmente importante en este caso tiene que ver con la disputa económica entre la Unión Europea y China, y que también alcanza a Estados Unidos.

Mientras la UE es escéptica ante la inversión extranjera china, promoviendo medidas regulatorias para influir en ella, y España muestra claro interés en atraerla, Estados Unidos es mucho más hostil y teme una alineación de los intereses europeos con los chinos. Ese es el fondo geopolítico. Y, ahora mismo, España es uno de los principales terrenos de juego donde se despliega esa redefinición de la política industrial occidental en el contexto de clara superioridad de la industria china del automóvil. Como argumentaré en este análisis, el caso de Ferrol es solo un episodio dentro de una batalla más grande que está reorganizando tanto el sector del automóvil como de la economía mundial en su conjunto.

España es una fábrica de automóviles

España no es una de las piezas principales del tablero por casualidad. Lo primero que debemos tener en cuenta es que la industria del automóvil ha sido un pilar de la economía española desde hace muchas décadas. Con precursores como la compañía Hispano-Suiza, que permitió el desarrollo en Cataluña de un importante tejido empresarial de producción de componentes, España intentó durante la Segunda República impulsar la producción de vehículos nacionales. La guerra civil frustró el proyecto, que solo se retomó parcialmente en los años cincuenta cuando, bajo el franquismo, se creó la compañía Seat con capital mayoritario español (aunque con participación de Fiat, que ponía la tecnología). En aquellos años también entraron en el país las multinacionales estadounidenses, y en 1971 España ya exportaba más vehículos de los que importaba, convirtiéndose en un nodo importante del sector automovilístico internacional.

A lo largo de las siguientes décadas España firmó acuerdos para liberalizar su economía, lo que convirtió a nuestro país en un lugar atractivo para multinacionales que buscaban aprovechar los bajos salarios españoles a fin de convertir el país en una plataforma de exportación de vehículos. Los años ochenta fueron un tiempo de reestructuración que favoreció a las nuevas multinacionales y perjudicó a las que ya estaban asentadas (por ejemplo, Seat fue vendida a la alemana Volkswagen). Tras el proceso, España reforzó su importancia en el sector automovilístico internacional, pero asumiendo un rol secundario y a cambio de renunciar a empresas de capital nacional o incluso públicas.

Pero solo de los segmentos con menos valor

En realidad, ninguna empresa o país fabrica enteramente un vehículo. La razón es que la producción moderna está mucho más fragmentada que hace un siglo, y la reducción de los costes de transporte y de comunicación ha facilitado la expansión de las cadenas globales de valor también en el sector de los vehículos. Lo que comienza en las oficinas de investigación y desarrollo y diseño del producto, sigue en las minas y refinerías con la extracción y procesamiento de recursos naturales necesarios para todas sus partes —desde la chapa hasta la electrónica—, continúa con el ensamblado y termina en las tareas de transporte, distribución, venta y posventa. El objetivo de las empresas es insertarse en los segmentos de mayor valor de esa cadena, que resultan ser los que están al principio (I+D, diseño, etc.) y al final (venta, financiación, postventa, etc.). En economía del desarrollo está asentado que los países que quieren ascender en la escalera del desarrollo deben esforzarse para que sus empresas capturen las tareas de mayor valor y dejen de especializarse en aquellas otras que sólo lo capturan residualmente; un proceso que, en la terminología técnica, suele llamarse upgrading (véase por ejemplo todo el trabajo de Gary Gereffi).

Ese reparto de diferentes tareas dentro de una larga cadena de producción permite hablar de una jerarquía, según la cual algunas empresas (y países) se encargan de las tareas que capturan mayor valor y proporcionan más beneficios a sus economías mientras otras asumen tareas más ingratas o que ofrecen menos rendimiento económico y social. Otra forma habitual de referirse a esta jerarquía es mediante las nociones de centro y periferia (y semiperiferia). En el sector del automóvil, por ejemplo, eso ha sido ampliamente estudiado entre otros por Petr Pavlínek. En su último libro, Pavlínek ha mostrado que esta industria está configurada en Europa de forma que Alemania ostenta una clara posición central, reservándose las tareas que capturan más valor, seguida por Francia e Italia.

Por otro lado, y a pesar de que el sector del automóvil representa en torno al 8% de todo el peso industrial y que la exportación de vehículos y partes de vehículos supuso en el año 2024 el 9,73% de las exportaciones brutas, España entraría en la categoría de semiperiferia, debido principalmente a su escaso control sobre el proceso productivo y su dedicación principal a tareas de ensamblaje. Finalmente, la periferia estaría reservada para los países del Este, que en las últimas décadas han atraído grandes inversiones de capital buscando aprovechar sus bajos salarios y proximidad a los centros alemanes.

Históricamente, los países del centro han hecho importantes esfuerzos para preservar el control de las empresas por parte de capital nacional o, incluso, para mantenerlas directamente bajo control público. Por ejemplo, como se ve en el siguiente gráfico, Alemania es el país de la UE donde más alta es la propiedad nacional en el sector (79%), mientras que en España es del 29% (definida como control superior al 50% del capital accionarial). Este dato es precisamente uno de los elementos que la literatura señala como distintivo entre países del centro y de la periferia, ya que permite a los primeros el control sobre las decisiones de las empresas. Y no es un rasgo general de la economía española, sino una característica específica del sector, porque el control nacional es del 73% en el conjunto de la industria y solo del 29% en automoción.

Otro dato relevante es que Alemania invierte en I+D en el sector dos veces y media más que Francia, Italia y España juntas, lo que se explica porque se ha reservado para sí los segmentos de mayor valor añadido mientras ha deslocalizado y externalizado otros. Ambos datos abundan en la idea de que existe una jerarquía dentro de la cadena que sitúa a España en un lugar subordinado al centro (y por lo tanto, a sus intereses).

La irrupción reciente de China

La aparición del vehículo eléctrico ha cambiado no sólo la composición de las cadenas de valor (donde antes había un motor de combustión, ahora hay baterías y otros productos con distintos requerimientos tecnológicos y de recursos naturales), sino también la geografía económica internacional. El desplazamiento de la economía mundial hacia Asia tiene un vector principal aquí. China inició su upgrading tecnológico en el vehículo eléctrico a principios de siglo al incluirlo bajo el famoso programa 863 sobre alta tecnología. El nuevo objetivo era desarrollar y controlar toda la cadena de valor de la industria del coche eléctrico y sus componentes críticos, tales como las baterías y la electrónica.

Como consecuencia de aquellas decisiones, según el último informe de la Agencia Internacional de la Energía, actualmente China controla el proceso de refino de hasta el 91% del grafito, el 85% de la separación de tierras raras, el 75% del cobalto, el 70% del litio y hasta el 49% del cobre. Se trata en todos los casos de recursos naturales críticos porque son indispensables para la producción de los vehículos eléctricos (aunque también se requieren para otros productos electrónicos, tales como portátiles o smartphones). Además, China produce el 80% de las baterías mundiales, y tal es la capacidad instalada que existe peligro real de sobreproducción.

Por otro lado, este casi monopolio ha convertido a los países occidentales en altamente dependientes de la producción china, hasta el punto de que la producción en Europa de baterías cubre sólo el 43% de la demanda y el resto se tiene que importar desde China —aunque se espera que ese porcentaje crezca precisamente por las nuevas inversiones chinas anunciadas para Europa—. Estas empresas dominan el mercado mundial con gran diferencia (en 2025, CATL tenía el 39,2%, BYD el 16,4%, CALB el 5,3%, Gotion el 4,5%, y EVE el 2,6%) y claramente por encima de las surcoreanas y las japonesas. Por su parte, las empresas europeas se encuentran, según un reciente artículo de investigación, unos 10 a 20 años por detrás en capacidad tecnológica en el mercado de las baterías.

El dominio sobre las baterías se extiende también al de los vehículos eléctricos en su conjunto. Detrás de este éxito está la política industrial del gobierno chino, aprovechando las economías de escala (con un mercado interno gigantesco), los ecosistemas tecnológicos y los recursos dedicados a investigación y desarrollo. La mayoría de las empresas líderes en baterías son privadas, como BYD y CATL, pero otras empresas de vehículos eléctricos como SAIC —la de Ferrol—, o Chery son de propiedad pública. Aunque la Comisión Europea critique ahora el papel de los subsidios chinos y acuse de competencia desleal a sus competidores, lo cierto es que las décadas de neoliberalismo europeo son, en este sentido, décadas perdidas frente a la mucho más eficaz política industrial de China.

Los datos de producción mundial hablan por sí solos. Según la Agencia Internacional de la Energía, en el año 2025 se produjeron un total de 22 millones de vehículos eléctricos, de los cuales el 72% se crearon en China. Y aunque la Unión Europea es la segunda región productora, su cuota global fue solo del 14,6%.

Además, de manera creciente los consumidores europeos están comprando vehículos chinos, ya que los fabricantes chinos están logrando precios relativamente bajos con su rápida innovación en baterías, electrónica y software. Como se ve en el siguiente gráfico, en la actualidad el principal proveedor de vehículos a la UE es China, y con mucha diferencia sobre los siguientes, como Turquía, Japón y Marruecos. Se trata de un panorama radicalmente distinto al de hace solo cinco años. No obstante, hay también diferencias cualitativas, ya que la mayoría de vehículos importados desde China y Japón son eléctricos (más del 70%), mientras que en Turquía o Marruecos son de combustión interna.

El papel de países como Marruecos y Turquía debe destacarse aquí porque su crecimiento como países de exportación desvela la creación de nuevas periferias por parte de las multinacionales del automóvil. En la búsqueda de reducción de costes, estos países ofrecen atractivos fiscales, laborales y económicos con los que competir internacionalmente. En este sentido, hasta donde sabemos la transición al vehículo eléctrico no ha implicado cambios en la configuración centro-periferia dentro de la Unión Europea: un reciente estudio de los economistas Manuel Gracia, María J. Paz y Mario Rísquez ha demostrado que Alemania está logrando reforzar su papel dominante en Europa, frente al papel subordinado de países como Reino Unido, España e Italia y a pesar de la creciente importancia de Hungría y Polonia en la producción de las baterías. Sin embargo, el crecimiento de China como gran potencia automovilística sí está afectando seriamente al negocio alemán, como ya vimos en este otro análisis donde comentábamos la crisis económica del país germano y que algunos analistas definen como “China shock 2.0”.

La inversión extranjera directa de China

Preocupadas por la capacidad competitiva de los vehículos chinos, la respuesta de las autoridades de la Unión Europea fue acusar a las empresas chinas de beneficiarse de subvenciones no legales, es decir, de competencia desleal. Eso permitió activar una cláusula antisubvención, imponiendo aranceles altos a las compañías chinas. En el caso de SAIC alcanzan el tipo máximo, de 35,3%, por no haber cooperado. En realidad, no es que la Unión Europea busque frenar la inversión extranjera directa china, sino que quiere condicionar su llegada obligándole a cumplir algunos compromisos a cambio de permitirle producir dentro del territorio europeo. Por cierto, España se abstuvo en la votación sobre los aranceles; algo que quizás explique por qué la planta de SAIC aterrizará aquí y no en Hungría como se barajaba inicialmente.

Otra parte de la respuesta europea ha llegado a través del Industrial Accelerator Act, una propuesta todavía no definitiva y que está claramente pensada para condicionar la expansión de China. De acuerdo con la propuesta, cuando la IED supere los 100 millones de euros y proceda de países con una cuota global manufacturera superior al 40% —léase, China—, las empresas tendrán que cumplir al menos cuatro de seis condiciones tales como no superar el 49% de la propiedad, que la mitad de los trabajadores sean europeos, la transferencia de tecnología, compromisos de I+D en la UE y que se abastezcan de al menos un 30% de insumos europeos. Es una normativa en proceso de aprobación y aún estamos muy lejos de saber si funcionará, aunque pertenece al nuevo espíritu neomercantilista de los países occidentales.

Lo cierto es que en el año 2025 la inversión extranjera directa china en Europa se incrementó un 67%, el mayor nivel desde 2018 —cuando el capital chino se dedicaba a invertir en todo tipo de actividades, muchas consideradas de alto riesgo para el gobierno chino que las acabó frenando—. De hecho, la dinámica de la inversión extranjera directa ha cambiado en los últimos años, pasando de priorizar las fusiones y adquisiciones a invertir en nuevas plantas, como el caso de Ferrol. Es de particular importancia observar que el 45% de esta inversión se ha dirigido al sector automovilístico, y la inmensa mayoría a las cadenas de valor del vehículo eléctrico.

Según los datos de Rhodium Group, la IED china está dirigiéndose de forma creciente a España, aunque todavía en niveles muy reducidos en comparación con las cifras que reciben otros países europeos. Como podemos ver en el siguiente gráfico, la inversión china en el coche eléctrico se ha disparado desde 2019 y, sobre todo, desde 2023. El destino de esas inversiones ha estado fundamentalmente en la periferia y semiperiferia, con un papel destacado de Hungría y recientemente de España. Es lo que podíamos esperar de inversiones que buscan externalizar únicamente las partes del proceso productivo que capturan menos valor. El capital sigue siendo chino, y la I+D y el diseño siguen quedándose en el gigante asiático.

Según la información oficial, la inversión en Ferrol es de cerca de 200 millones de euros, esperándose que se produzcan 120.000 vehículos al año y se creen unos 2.000 empleos directos e indirectos en total. Sin embargo, las operaciones de la planta serán aquellas propias del ensamblaje a partir de componentes y carrocerías previamente fabricados, sin incluir todavía estampación, carrocería ni pintura. Estas otras operaciones, así como la fabricación de otros componentes, se plantean como desarrollos posteriores del proyecto global. Este es el tipo de tareas dentro de la cadena de valor que la literatura señala como propia de países periféricos o semi-periféricos, al no incorporar las tareas previas de I+D y diseño, mientras que las posteriores de venta y posventa quedan en el aire al depender de si los productos son para exportación o para su venta en España.

Las dudas abiertas

Hay varios dilemas que se solapan en todo este análisis. Por un lado, España sigue dependiendo en buena medida del centro europeo en términos del vehículo de combustión interna. La presión de estos fabricantes ya desembocó en diciembre de 2025 en la renuncia de la Comisión Europea a prohibir estos vehículos para 2035. Por otro lado, la transición hacia el vehículo eléctrico está alterando rápidamente las relaciones de poder dentro de la industria y abriendo la puerta a nuevos centros de producción y de decisión. España se ha mostrado, además, partidaria de mantener una cierta autonomía frente a la disputa entre Estados Unidos y China. Esa posición puede proporcionarle una ventaja para atraer inversiones, pero todavía está por ver si se traducirá en una transformación estructural de nuestra posición en la industria.

El problema es que no se trata únicamente de cuánto se produce en España, sino qué se produce, quién lo controla y quién captura el valor generado. Un país puede aumentar su producción industrial, sus exportaciones y su empleo y, sin embargo, mantener una posición subordinada si las decisiones estratégicas, la tecnología, el diseño, la investigación y una parte sustancial de los beneficios permanecen fuera de sus fronteras. El resultado es una enorme vulnerabilidad, además de una estructura productiva menos sólida y rica. Eso es precisamente lo que ha ocurrido en buena parte del desarrollo de la industria española del automóvil, como ya hemos visto: España es una gran fábrica de vehículos, pero las empresas que controlan las principales decisiones estratégicas son mayoritariamente extranjeras.

La llegada del capital chino plantea, además, una paradoja. Puede contribuir a reindustrializar España y, al mismo tiempo, reproducir su posición dentro de las cadenas globales de valor. Sustituir una inversión alemana por una china no supone necesariamente un cambio en la posición que ocupa España en esa cadena. Si las nuevas plantas se limitan al ensamblaje y las actividades de mayor valor añadido —I+D, diseño, tecnología, propiedad intelectual y decisiones estratégicas— permanecen en China, habremos ganado capacidad productiva sin haber ganado necesariamente capacidad económica. Pero tampoco sería correcto asumir que esto ocurrirá inevitablemente. La llegada de SAIC a Ferrol puede crear empleo y actividad económica, pero su verdadero impacto industrial dependerá de si alrededor de la planta se desarrollan proveedores, capacidades tecnológicas, formación, investigación y nuevas actividades de mayor valor añadido. En el pliego oficial aparecen esas ideas como deseo, pero sin garantías de que ocurra.

La respuesta europea es también una paradoja. Durante décadas, la Unión Europea confió en que la liberalización, la competencia y la especialización internacional serían suficientes para mantener su posición industrial. Ahora, ante la competencia china y su liderazgo tecnológico, está recuperando herramientas que durante mucho tiempo había considerado anatema: aranceles, requisitos de contenido local, condicionamiento de las inversiones, ayudas públicas y políticas industriales. Es decir, Europa está girando, aunque sea parcialmente, pero a gran velocidad, a una política industrial de carácter neomercantilista.

Por eso, es un error hacer girar el debate en torno a la pregunta sobre qué nacionalidad queremos que tengan los capitales entrantes, si chinos, alemanes o estadounidenses. Mucho más torpe es reducirlo a un problema de espionaje. Lo más relevante es saber qué queremos hacer con la llegada de esos capitales. Si la inversión extranjera sirve para ampliar las capacidades productivas, tecnológicas y de conocimiento del país, puede ser un instrumento de reindustrialización. El ejemplo histórico chino, precisamente, demuestra que puede ser una palanca viable. Pero si esa inversión extranjera simplemente convierte España en el lugar donde diferentes multinacionales ensamblan sus productos para acceder al mercado europeo, el cambio será mucho más limitado: tendremos más fábricas, pero no necesariamente más control sobre nuestra economía. Estamos encerrados en el dilema clásico que durante un siglo ha atormentado a todos los países periféricos y del Sur Global —y a todos los economistas del desarrollo—. Y eso, en sí mismo, ya nos dice algo.

Durante el Mundial, el actor Javier Bardem hizo dos cosas que a mucha gente le parecieron incompatibles: se puso la camiseta de la selección española y sacó una bandera palestina en la grada. Tras haber acudido al partido contra Austria sin la camiseta, se le vino encima una campaña que lo acusaba de despreciar a su país; después se la puso y explicó en redes sociales que se la puso porque en España cabemos todos. El hecho de que un actor tuviera que explicarse para poder llevar una camiseta de fútbol condensa todo el problema español con sus propios símbolos.

Resulta también que, hace unos días, varios colectivos fascistas intentaron organizar manifestaciones racistas en Ceuta. Cuando los youtubers ultras y una organización neonazi convocaron sus concentraciones, se encontraron enfrente a los vecinos, muchos de origen marroquí, coreando “fuera de aquí” y “esta es nuestra ciudad”. Por las imágenes de El Faro de Ceuta hemos visto que entre los vecinos había varios que vestían también la camiseta de la selección española, e incluso alguno llevaba serigrafiada en la espalda el nombre de Lamine Yamal; ya saben, ese impresionante y joven jugador del que el activista de extrema derecha Vito Quiles cuestionaba la nacionalidad española —quizás por ser musulmán o por ser más moreno de lo que el ultra consideraba apropiado—. Merece la pena retener esa estampa, ya que se trata de ciudadanos españoles a los que la extrema derecha les niega serlo, echando de su ciudad a quienes habían ido a explicarles que no lo son.

Hablamos de símbolos, algo de una importancia difícil de exagerar en política. Estos, normalmente insertos en rituales, unen a las personas en una comunidad que vaya más allá de lo puramente material. Las naciones modernas se construyeron todas a través un intenso proceso de nacionalización popular que fue impulsado por el Estado también a través de los símbolos y no sólo mediante políticas económicas, educativas o militares. En este sentido, uno de los problemas de España es que el golpe de Estado y la guerra civil y dictadura consecuentes torpedearon el intento de modernización y actualización de los símbolos que había llevado a cabo la II República, lo que condujo a la fragmentación simbólica de la comunidad nacional: la bandera rojigualda quedó para el franquismo y la tricolor para la izquierda, asociadas cada una a sus propias narrativas y emociones. El intento eurocomunista de asumir de nuevo la rojigualda nunca llegó a consolidarse entre la izquierda, quizás porque además coincidió con un paquete de cesiones laborales, económicas y políticas difícil de digerir. La consecuencia es que, hasta hace bien poco, la bandera rojigualda era sinónimo de ser facha.

Cuando en 2015 Pedro Sánchez presentó su candidatura con una bandera rojigualda gigante de fondo hubo más desconcierto que aplausos; y no debió funcionar muy bien porque no volvió a repetirse, al menos de un modo tan espectacular. Lo cierto es que el PSOE siempre ha usado la rojigualda a nivel institucional, pero nunca con la pasión de la derecha y además, por lo general, lo hace acompañándola de otras banderas regionales que diluyen la clásica asociación entre España y centralismo tan consolidada tanto en las derechas radicales como en los movimientos nacionalistas de las “periferias”. De hecho, el sentimiento general en España es de dualidad identitaria, es decir, la mayoría de la gente se siente tan española como de su territorio —considérese nación o no—. Por eso cuando hay una intensificación del sentimiento nacionalista en una dirección, suele emerger un contramovimiento del sentimiento nacionalista “contrario”, como ocurrió con el procés català y la radicalización de las posiciones españolistas (que además se mostraron mucho más exhibicionista en lo simbólico). Pero las encuestas avalan que en las últimas tres décadas no ha habido movimientos significativos en los indicadores de identidad nacional. Lo que cambia es más bien la intensidad y la alineación partidista de la gente, no tanto que de golpe la gente se haga “española”.

Hubo un tiempo, además, en el que la reivindicación de una España federal tuvo un gran atractivo entre la población general, incluyendo a las empobrecidas clases populares. A finales del siglo XIX todavía era una propuesta realista que compartían desde sectores burgueses hasta sectores comunistas y anarquistas; y en todas sus formulaciones se trataba de una idea con la que acompasar en un mismo Estado diferentes identidades nacionales, incluyendo, claro está, la española. Porque, y he aquí un punto importante, la identidad española ha existido también en la tradición popular y progresista.

El problema de una parte de la izquierda es que tiende a concebir España como una ‘cárcel de pueblos’, de lo que se deduce que sentirse español es tanto como sentirse carcelero. Pero resulta que la mayoría de gente que vive en España se siente española, incluso aunque sea una identidad compartida con otras y aunque se trate más bien de un sentir latente, es decir, de algo que está ahí a la espera de despertarse temporalmente y sin necesariamente implicaciones políticas. Ese despertar es precisamente lo que sucede cuando tienen lugar éxitos deportivos, como en el caso del fútbol, cuando la mayoría de la población se identifica con la selección sin que eso signifique una alteración sustantiva en su sentimiento nacionalista. Por decirlo de otro modo, los éxitos deportivos operan como un “recordatorio” de una pertenencia latente, sin inventar nada nuevo.

Los símbolos funcionan así, asociándose con diferentes ideas a lo largo del tiempo y, en consecuencia, siendo en todo momento políticamente disputados. Y todos esos significados conviven en el mismo tiempo histórico, por lo que el mismo símbolo necesariamente significa cosas distintas para diferentes personas. Solemos creer que el verdadero significado es el que le da el Estado, pero eso sólo es la cristalización de una correlación de fuerzas en un momento dado.

Precisamente porque los símbolos están disputados, también son contradictorios. Tengo un vecino malnacido que durante el mundial colocó en su balcón la bandera española con las siglas H.H., que es una de las formas que tienen los neonazis para mostrar su admiración a Hitler. Para este sujeto, el mundial fue una vía libre para expresar públicamente un guiño de secta. Por otro lado, y como ya hemos visto, la camiseta durante el mundial también sirvió para echar a esos fascistas de las calles. Se trata de un proceso puramente político, en el que distintos significados pugnan por fijar el sentido de un mismo significante.

El proceso político de los últimos años está permitiendo, además, que la bandera española sea resignificada también internacionalmente. En el año 2003, nuestra bandera estaba asociada a la subalternidad ante el imperialismo de George Bush y Tony Blair. Hoy, la bandera española aparece en el mundo como un símbolo de dignidad por la defensa que nuestro gobierno y nuestra sociedad hace de la causa palestina y de la oposición anti-Trump. Esta asociación no sólo ha cristalizado entre el mundo progresista, sino también entre el mundo reaccionario, como pone de relieve la enconada oposición de Estados Unidos e Israel a casi todo lo que signifique España.

Todo esto ayuda a explicar por qué el triunfo de la selección española fue celebrado con tanto entusiasmo en una ciudad en ruinas y carcomida por el dolor como es Gaza. Las imágenes que llegan todavía desde allí siguen poniéndonos la piel de gallina y tienen como consecuencia que nos sintamos orgullosos de ese símbolo que condensa, en este momento, una posición política tan decorosa. Precisamente, uno de los momentos más difundidos de Javier Bardem fue cuando un ciudadano palestino le trasladó las gracias por la posición de España. El actor era allí nuestro embajador de facto. El hecho de que Lamine Yamal levantara previamente al mundial la bandera de Palestina en una celebración pública contribuyó a reforzar la idea de que España está asociada a la lucha contra el genocidio, mientras que la gorra de “Make Spain Great Again” que Ferran Torres se puso en la caravana del mundial, y que la Casa Blanca se apresuró a difundir, apuntaba justo en la dirección contraria: son las escaramuzas de una disputa simbólica mucho más grande.

Si seguimos los puntos podemos encontrar una resignificación mucho más potente, ya que Javier Bardem no es cualquiera. No es sólo que sea un gigante de la interpretación sino que también es parte de una familia con una enorme importancia política en España. Su tío Juan Antonio Bardem fue un aclamado director de cine que militó en el Partido Comunista desde los tiempos de la clandestinidad, mientras que su madre, Pilar Bardem, también extraordinaria actriz, nunca abandonó sus inquebrantables principios y su vinculación comunista. Siguiendo esa tradición, tanto Javier Bardem como su hermano Carlos han mantenido un compromiso sociopolítico público fuera de toda duda, incluso a pesar de los innumerables costes profesionales que han asumido por defender causas como la palestina o la saharaui. Que sea precisamente el hilo rojo que todos ellos representan el que aparezca ante el mundo como asociado al símbolo de España, envuelto en este caso en una bandera rojigualda, es una bella ironía de la historia de nuestro país.

Y para mí, que pertenezco a una tradición derrotada una y otra vez por las fuerzas conservadoras y reaccionarias durante los dos últimos siglos, este tipo de victorias simbólicas tiene un valor especial. Eso sí, sé perfectamente que nunca son definitivas, y que los símbolos cambian porque cambian las relaciones de fuerza que les otorgan significado; y seguirán siendo objeto de disputa, como siempre lo han sido. Pero precisamente por eso merece la pena disputar también ese terreno, ya que renunciar a los símbolos nunca ha impedido que otros se apropien de ellos.

Rafael Alberti, uno de los grandes poetas españoles del siglo XX y diputado comunista en las primeras Cortes de la democracia recuperada, escribió desde el exilio sin renunciar nunca a España. Quizá esa sea la mejor lección: la patria no pertenece a quienes más la invocan, sino también a quienes se niegan a abandonarla en manos de quienes pretenden reducirla a una sola identidad. Eso es lo que explicó muy acertadamente Javier Bardem. Por eso tiene algo de justicia histórica que sea precisamente él—y la familia y tradición que representa— quien aparezca hoy, sin haberlo buscado, como uno de los rostros de esa otra España que siempre existió y que nunca dejó de disputar el significado de sus símbolos.

La cantidad que se espera que la generación boomer legue a sus descendientes a lo largo de los próximos años es tan grande que se ha etiquetado al fenómeno como “La Gran Sucesión”. Los escenarios más conservadores hablan de una transferencia media de 250.000 euros, equivalente a diez años de trabajo con salario mediano, y especialmente en forma de patrimonio inmobiliario. Eso significa que una cantidad enorme de riqueza está a punto de cambiar de manos precisamente en un momento en que resulta extraordinariamente difícil crear nueva riqueza mediante el trabajo.

Debemos comenzar señalando que, en general, hay tres formas por las que un individuo puede incrementar su riqueza: ganarla trabajando, haciendo “rendir” a propiedades que ya se poseen o recibirla de otra generación. Lo que ha ocurrido en las últimas décadas es que la primera puerta se ha ido cerrando, la segunda exige superar una barrera de entrada muy difícil y la tercera se ha convertido en un ascensor relativamente eficaz, pero injusto. Como consecuencia, la propiedad ha adquirido una importancia creciente para las familias, lo mismo que su desigual distribución entre los hogares para el conjunto de la economía.

Hemos analizado muchas veces la evolución del salario real en la economía española, cuya característica principal es que está prácticamente estancado desde hace décadas (aunque en los últimos años remonte ligeramente). También hemos hablado de lo engañoso que es hablar de un salario real promedio, cuando en la distribución salarial hay salarios muy elevados y salarios muy bajos al mismo tiempo. Pero adicionalmente podemos ampliar el foco y darnos cuenta de que también puede coexistir al mismo tiempo un trabajador con un salario alto y sin propiedades y, por otro lado, un trabajador con un salario modesto, pero con varias propiedades inmobiliarias que le proporcionan unos complementos que, dado el mercado de alquiler, pueden ser superiores incluso a su remuneración laboral. En esas circunstancias, es obvio que los ingresos laborales no nos ofrecen toda la información de lo que está sucediendo en nuestro país. Y lo cierto es que estamos asistiendo a una mutación en la forma del enriquecimiento de las familias, sobre todo entre lo que se llama convencionalmente clase media.

Piénsese que durante buena parte del capitalismo de posguerra en occidente existió un vínculo bastante estrecho entre crecimiento de la productividad, salarios reales y capacidad de acumulación de los hogares. Aunque no hay que idealizarlo, los trabajadores podían aumentar su riqueza a través de un canal que comenzaba con las mejoras de productividad en la economía, seguía con salarios reales más altos y consecuentemente con una cierta capacidad de ahorro, la compra de activos como una vivienda, y el resultado final era un incremento de patrimonio. Esta es, básicamente, la sucesión típica de una persona de la generación ‘boomer’ que, a día de hoy, ya ha terminado de pagar la hipoteca y dispone de un nivel importante de riqueza neta (activos menos deudas).

Pero el régimen de acumulación actual es mucho más problemático. Las reformas neoliberales de los años ochenta desmantelaron en todo Occidente la lógica anterior, provocando particularmente una ruptura en el canal que vincula el crecimiento de la productividad con el crecimiento salarial. Se trataba de un efecto buscado, en tanto el programa neoliberal se anclaba en la idea de que la competitividad sólo era posible con costes laborales unitarios más bajos, es decir, salarios baratos. La consecuencia ha sido que la capacidad de ahorro de los trabajadores ha disminuido mientras activos como la vivienda se han revalorizado, lo que ha dificultado el acceso a una vivienda en propiedad y desembocado en una disminución del patrimonio neto.

Dado que con los salarios no es posible acumular riqueza, entonces el rentismo se ha convertido en una opción atractiva. Especialmente del inmobiliario. Pero para convertirse en rentista primero hay que haber acumulado patrimonio, cosa que no está al alcance de todos. Dicho de otra forma: aunque el mercado de la vivienda ofrezca rentabilidades altísimas, hay que tener dinero para pagar la compra de una vivienda o, al menos, la entrada a una hipoteca. Y con los precios actuales se trata de una barrera de entrada altísima. Eso agrava el carácter desigual del rentismo, ya que la acumulación patrimonial acaba dependiendo de la propia acumulación patrimonial. En otro contexto, el economista y premio Nobel Gunner Myrdal habló de “causalidad circular acumulativa” para referirse a una dinámica como esa: bajo esas reglas, cuanto más rico eres, más rico serás.

Si tomamos la actualidad como punto de partida, la foto es horrible porque la riqueza en España está realmente mal distribuida. Según la Encuesta Financiera de las Familias, el 10% más rico de los hogares es propietario de más de la mitad de la riqueza neta (53%). Como vemos en el siguiente gráfico, además es una cifra superior a la de comienzos de siglo (43%). Pero ese incremento de casi diez puntos es principalmente el resultado del pinchazo de la burbuja inmobiliaria, que hundió el valor de las propiedades inmuebles de todos los hogares propietarios, pero afectó más a las clases medias —ya que las clases altas tienen una cartera más diversificada e invierten en otros activos—.

Esto abunda en la idea de que en España la riqueza y su desigual distribución están estrechamente asociadas a la evolución del mercado inmobiliario. Y, naturalmente, el cambio de manos dentro de una familia es una forma de reproducir en el tiempo esa desigualdad. Por ejemplo, según el trabajo de Pedro Salas-Rojo y Juan Gabriel Rodríguez, cerca del 70% de la desigualdad de riqueza en España está asociada a las herencias. Pero esto no sólo vale para las familias ricas, que heredan en cantidades monetarias muy elevadas, sino también para familias mucho más modestas aunque para ellos las cantidades operen más como alivio que como mecanismo de reproducción de élites.

Al fin y al cabo, ¿qué les queda a los trabajadores que, con salarios modestos y sin propiedades que rentabilizar, quieren incorporarse al circuito de la acumulación o simplemente prosperar? En efecto, heredar de sus padres y familiares. En un país donde la herencia es fundamentalmente inmobiliaria, la herencia no es tanto un reparto como una forma de determinar quién entra en el mercado de activos y quién se queda fuera de él para siempre.

Supongamos, para verlo con claridad, que mañana al despertar todas las viviendas de España valieran exactamente el doble. El patrimonio inmobiliario del país se habría duplicado en las estadísticas, los propietarios se sentirían más ricos, y, sin embargo, no habría ni una vivienda más ni una vivienda mejor: lo único que habría ocurrido es una transferencia de valor desde los compradores futuros hacia los propietarios presentes. Y los que no son propietarios estarían aún más lejos de acceder a ese circuito. Por eso se puede afirmar que la revalorización no crea riqueza, sino que redistribuye derechos. Una economía puede duplicar su riqueza contable mientras su inversión productiva neta se estanca, que es aproximadamente lo que ha pasado.

Pero esto es relativamente nuevo porque deriva del hecho de que la vivienda se ha revalorizado en cantidades muy elevadas. De hecho, que hoy trabajadores jubilados sean contablemente “ricos” es consecuencia de decisiones de compra de patrimonio hace décadas. Esas generaciones anteriores no sólo pudieron comprar porque ganaban proporcionalmente más, sino especialmente porque los activos inmobiliarios eran mucho más baratos. Comprar una vivienda en los años ochenta requería un esfuerzo económico mucho menor que en la actualidad, y debido a la revalorización del suelo esas viviendas ahora tienen mucho más valor; un “premio” que heredarán sus descendientes.

La pregunta del millón es por qué las viviendas se han encarecido tanto en estas últimas décadas. Desde luego no puede reducirse todo a una simplista lectura de oferta y demanda. Hay muchos factores que influyen, y la mayoría tienen que ver con las características propias del régimen de acumulación del capitalismo contemporáneo: un capitalismo financiarizado en el que el dinero no se dirige tanto a inversiones productivas como a inversiones especulativas. Dicho de otra forma: el capitalismo occidental tiene serias dificultades para encontrar oportunidades de inversión productiva que sean suficientemente rentables. Para el capital occidental, estrangulado crecientemente por la competencia internacional —especialmente de China— es mucho más atractivo invertir en actividades especulativas, y el resultado es una inflación de activos (especialmente inmobiliarios, pero no sólo). A ello cabe sumar otros factores, como los demográficos, regulatorios, etc.

Este contexto es importante, ya que el capitalismo occidental se encuentra ante una combinación de problemas: menor crecimiento de la productividad, menor dinamismo de la inversión que refleja menor rentabilidad, elevados niveles de endeudamiento, tensiones geopolíticas que expresan una mayor competencia internacional y restricciones energéticas y ecológicas. El resultado es un entorno de crecimiento mucho más débil que el de todos los periodos anteriores. Como se puede ver en el siguiente gráfico, con datos para países de la OCDE, el crecimiento medio anual del PIB por habitante ha descendido en forma de escalera a lo largo de tres períodos: la posguerra hasta 1974, el ciclo neoliberal hasta 2008 y la década larga posterior a la crisis financiera, que es la más mediocre de los tres.

Obsérvese que este desplazamiento desde un capitalismo anclado en la inversión productiva hacia un capitalismo financiarizado es el correlato macroeconómico del desplazamiento del enriquecimiento personal vía trabajo (donde cambiamos nuestro tiempo de trabajo por dinero) hacia el enriquecimiento vía rentismo (donde cambiamos dinero por más dinero). En realidad, se trata de un aspecto fetichizado, ya que en la narrativa convencional es equivalente invertir en finanzas o en industria, de la misma forma que tiene la misma legitimidad ganar dinero trabajando o por el alquiler que te pagan los inquilinos. Pero lo que hay detrás en todas las actividades financieras son los derechos de captura sobre el trabajo ajeno, también en esa “casa que se paga sola” para el pequeño propietario de clase media.

En definitiva, en una economía de bajo crecimiento, una proporción creciente de la población necesita que los activos se revaloricen para mantener su posición económica, precisamente porque los salarios ya no lo hacen suficientemente. Y eso ayuda a explicar por qué la exención sobre el impuesto de donaciones y sucesiones es apoyada no sólo por las elites sino también por importantes sectores de las clases medias y populares. De hecho, este impuesto no está de moda: en el conjunto de la OCDE la recaudación por este concepto ha caído con fuerza desde los años sesenta, y en ese mismo período siete países europeos lo han suprimido por completo, a los que hay que sumar fuera del continente casos como India o Rusia, mientras China nunca llegó a establecerlo. En España, donde la carga efectiva es prácticamente residual por el juego de bonificaciones autonómicas, sigue siendo objeto de un debate intermitente y desaforado en torno a lo que las derechas bautizaron como “impuesto a la muerte”.

Existe, desde luego, una élite cuyo enriquecimiento casi exponencial depende de que las transmisiones no se toquen. Es el tipo de comportamiento que criticaba un liberal como John Stuart Mill, quien estaba en contra de las “familias perpetuas” tanto por razones morales como de eficiencia —consideraba que los herederos eran más ociosos y menos dispuestos a trabajar duro—. Pero esa élite cuenta con aliados en una coalición de propietarios modestos cuyo único patrimonio es una o dos viviendas, y que perciben cualquier gravamen sobre el patrimonio como una amenaza a la poca seguridad que les queda fuera de un Estado social (sanidad, educación, pensiones…) amenazado por los recortes y la pérdida de calidad. Como ya dije en el análisis de la vivienda, esta oposición responde a incentivos materiales muy concretos, porque cuando el salario ya no es estable ni permite acumular riqueza, la vivienda familiar es literalmente la última frontera frente a la intemperie. Lo curioso es que la misma dinámica que concentra la riqueza arriba convierte a los de abajo en guardianes de la concentración. Los estudios al respecto han repetido una y otra vez que la propiedad de vivienda reduce el apoyo a la redistribución, y la revalorización lo reduce todavía más.

Es importante subrayar que esto no es una cuestión únicamente, ni principalmente, generacional. Los boomers no son culpables de la situación de las generaciones posteriores: ellos también fueron producto de unas condiciones económicas que les permitieron acumular patrimonio trabajando y comprando activos cuando eran relativamente baratos. Esas condiciones fueron el resultado no sólo de un capitalismo occidental más sólido y mejor posicionado, sino también de las luchas obreras que empujaron hacia una redistribución más justa del excedente. El asunto central es que esas condiciones ya no existen. Y no lo hacen porque el capitalismo occidental está perdiendo su lugar de honor en la economía-mundo, porque las luchas obreras han perdido capacidad de influencia y porque otras regiones del mundo se están desenvolviendo mejor en la lucha competitiva que impone el sistema. Como consecuencia, el capitalismo occidental está en una deriva decadente tal que el trabajo (y el salario) es cada vez menos importante y, sin embargo, lo es mucho más el aguijón especulativo que, paradójicamente, hace más pobre y débil a la economía.

En cuanto se supo lo que estaba pasando en Ceuta, la mayoría de la derecha española, política y mediática, se lanzó a la yugular del Gobierno. Es ya casi un reflejo, una suerte de resorte automático que tienen instalado al menos desde que el PP perdió la Moncloa en 2018. Cualquiera diría que es rencor, pero me temo que es algo más simple: la arraigada convicción de que gobernar España les corresponde por naturaleza y de que cualquier otro inquilino es una anomalía que conviene corregir cuanto antes. Criticar al Gobierno es legítimo siempre, pero es muy cuestionable cuando se hace sin haberse formulado antes ni una sola pregunta sobre lo que se tiene delante.

Nos quejamos mucho de la derecha española, pero es que la derecha europea tampoco quiso levantar la vista. Italia impuso controles temporales a los viajes procedentes de España, varios ministros de interior ordenaron reforzar los pasos de la frontera común y otros cuantos países pidieron que se suspendiera la participación española en Schengen. Todo ello a propósito de un territorio del que los nacionales de terceros países no pueden salir hacia la Península —ni, por tanto, hacia el resto del espacio Schengen— sin control de identidad y visado. Es decir: se montó un gran escándalo contra un desplazamiento que, por definición, no podía producirse. Realmente absurdo, pero al mismo tiempo sintomático de la profunda herida del proyecto europeo.

Ahora bien, lo que sí ocurrió fue la entrada de unas 70.000 personas en una ciudad de 83.000 habitantes, algo que sólo se produce si detrás hay un impulso vital insuperable —como huir de una guerra— o una decisión política que promueve el movimiento. El flujo continuo existe, desde luego, y lo alimentan miles de personas dispuestas a jugarse la vida para llegar a países del Norte Global. Pero la manivela que regula ese caudal no está en manos de quien nada, y Marruecos ha demostrado en repetidas ocasiones que sabe abrirla y cerrarla según le convenga. De modo que la pregunta con la que debía empezar cualquier análisis serio era otra: ¿qué le está pidiendo ahora Marruecos a España y a la Unión Europea?

A falta de la información contrastada propia de los servicios de inteligencia, que públicamente aparecen como notoriamente cuestionados, sólo podemos conjeturar. Pero esta conjetura se basa en historia reciente, lo que la hace más sólida. Por ejemplo, sabemos que Marruecos lleva medio siglo persiguiendo el reconocimiento internacional de su soberanía sobre el Sáhara Occidental, y otro medio siglo comprobando que la presión fronteriza funciona: en mayo de 2021 entraron unas 8.000 personas en Ceuta mientras el líder del Frente Polisario estaba hospitalizado en España, y un año después el Gobierno español —el PSOE, en realidad— acabó respaldando el plan de autonomía marroquí. Casualmente, lo de hace unos días ha sucedido pocas semanas después del viaje de Pedro Sánchez a Argel. Hay, además, otros intereses que Marruecos aspira a proteger, como pesqueros, agrarios, geopolíticos… y sabe que lo hace contando con el apoyo político de sus aliados de Estados Unidos y de Israel, enfrentados ahora mismo a España (y a la dignidad humana, dicho sea de paso). Sea cual sea la motivación concreta de esta ocasión, parece claro que Marruecos sabe cómo recordar que quiere algo de España.

En el fondo, lo de Ceuta es la factura de un modelo de relación que la Unión Europea eligió deliberadamente hace justo una década: la externalización fronteriza, esto es, subcontratar el control de sus propios límites a los países vecinos. La lógica es que la Unión Europea paga a las policías de Marruecos, Libia, Túnez o Turquía para que la violencia necesaria para contener a la gente suceda lejos de las cámaras europeas. Fue en 2016 cuando la Unión Europea firmó el acuerdo con Turquía que se basaba precisamente en la transferencia de 6.000 millones de euros a cambio de no dejar pasar a los refugiados que huían de la guerra, convenientemente re-etiquetados en el texto como “inmigrantes ilegales”. Según ha denunciado este mismo año Médicos sin Fronteras, durante esta década han documentado de forma repetida “violencia en las fronteras, campamentos superpoblados, saneamiento inadecuado, acceso limitado a la atención sanitaria y un grave deterioro de la salud mental entre las personas atrapadas en estas condiciones”.

A pesar de estas consideraciones humanitarias, y de que los países miembros no cumplen con los compromisos de solidaridad interna (como hace el PP en el caso de las Comunidades Autónomas), esa estrategia europea se convirtió en la referencia para acuerdos con otros países como Túnez, Libia, Marruecos o Egipto. Y al hacerlo, otorgó a esos países un poder enorme para chantajear a la Unión Europea con nuevas presiones. Al fin y al cabo, los inmigrantes siguen llegando a las fronteras y sólo cambia que lo que antes se hacía por una ruta segura ahora se hace por las rutas más letales. En definitiva, Europa pagó por mirar menos el drama a la cara y por una nueva dependencia geopolítica.

Pero la derecha no ataca al gobierno por nada de esto. Por el contrario, casi todas las derechas europeas reaccionaron pensando únicamente en rentabilizar electoralmente una situación que había estimulado el miedo de sus votantes. Es probable que buena parte de ese electorado no sepa situar Ceuta en un mapa, pero daba igual: bastó el miedo, amplificado por unas redes cuyos dueños tienen intereses políticos declarados —Elon Musk comparó a los migrantes con la turba de zombis de la película ‘Guerra Mundial Z’—, para que la medalla se la llevaran la extrema derecha y sus operadores internacionales. Es posible que muchos gobiernos europeos, casi todos de derechas, tuvieran ganas al gobierno español por su liderazgo internacional en cuestiones como la oposición ante el genocidio en Palestina o la guerra en Irán, pero seguro pesó más su cortoplacismo electoral.

Y mientras tanto, la parte sufriente de la humanidad. Cuando escribo estas líneas las cifras oficiales hablan ya de más 140 personas ahogadas entre las decenas de miles que se metieron en el agua para tocar una tierra que representaba para ellas un futuro mejor. La inmensa mayoría de supervivientes había vuelto ya a Marruecos en cuestión de horas tras comprobar que en Ceuta no había comida ni sitio donde dormir. La operación se cierra, por tanto, sin que nada sustancial haya cambiado, salvo que hay muchísimas familias buscando y enterrando a seres queridos. Eran gente corriente, parte de esa clase trabajadora mundial que gobernantes y empresarios de aquí y de allí manejan como peones en un tablero, prescindibles por definición porque siempre hay más. Eran personas que, en diferentes circunstancias, podríamos haber sido cualquiera de nosotros. ¿Por qué esa falta de solidaridad y empatía entre las instituciones y gobiernos europeos?

Se me ocurren, mientras tanto, otras preguntas que apenas he oído estos días. ¿Cuánto dinero público europeo ha ido a parar a las fuerzas de seguridad marroquíes en la última década? ¿Por qué la firmeza ante el chantaje se ejerce siempre contra quien nada y nunca contra quien firma? ¿Y qué distancia moral hay entre lamentar hoy 140 ahogados y haber construido durante años el dispositivo que hacía perfectamente previsible que se ahogaran?

En pocos meses, dos propuestas que hace apenas unos años parecían extravagantes han entrado en el debate político internacional. Por un lado, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdami ha dado un nuevo paso en su proyecto para crear cinco supermercados públicos en la ciudad, con el objetivo declarado de reducir los precios de la cesta de consumo de la clase trabajadora. La iniciativa es eco del socialismo municipal de Milwaukee, ciudad estadounidense que tuvo alcaldes del Partido Socialista durante la mayoría del período entre 1910 y 1960, y que municipalizó muchos servicios otrora privados. Como ha recordado recientemente el sociólogo del trabajo Eric Blanc, aquella experiencia histórica es hoy una lección para construir una alternativa al neoliberalismo demócrata y el autoritarismo trumpista en los Estados Unidos. En este caso, la propuesta de supermercados públicos busca garantizar que todo el mundo tiene acceso a los alimentos que necesita.

Por otro lado, en Francia se debatió el año pasado en la Asamblea nacional otra propuesta con espíritu similar: la creación de una seguridad social de la alimentación. Si la sanidad, la educación y las pensiones son —en Europa— derechos consagrados en la constitución y garantizados mediante provisión pública, ¿por qué no podría serlo también la alimentación? La propuesta no llegó a aprobarse por el boicot de los diputados conservadores, pero consiste en un programa de unos 100-150 euros al mes a toda la población para gastar en establecimientos asociados. En Francia, hay varias decenas de proyectos piloto, siendo el más destacado el de Montpellier. Aunque a primera vista parezca una propuesta asistencialista, el programa va mucho más allá de la necesidad de combatir el hambre entre las familias con menos recursos. En España hace poco tuvo lugar un debate, promovido por la Fundación Carasso, en el que además de debatir la experiencia francesa se presentó una propuesta para España (que ya cuenta con un proyecto piloto en Getafe).

Esta renovada preocupación por el derecho a la alimentación coincide con la resaca del proceso inflacionario desencadenado en 2022 tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia y también con la guerra en Irán iniciada este febrero de 2026. Como se ve en el siguiente gráfico, los precios de los alimentos a nivel mundial se mantuvieron relativamente estables durante la década de los noventa y principios de siglo, pero han mostrado una gran volatilidad y una tendencia alcista desde la crisis de 2007-08. Además, en la mayoría de países los precios de los alimentos han subido mucho más que los salarios, provocando un deterioro preocupante en los presupuestos familiares, especialmente entre las clases trabajadoras (que dedican más recursos a la alimentación).

En el debate público, sin embargo, rara vez se menciona que la inflación alimentaria no es sólo el resultado de episodios coyunturales provocados por guerras, tensiones geopolíticas o especulación financiera. Es también el síntoma de un sistema agroalimentario extremadamente dependiente de combustibles fósiles, cadenas logísticas globales y recursos naturales cada vez más escasos, todo ello en tiempos de nemercantilismo y proteccionismo. En este sentido, a la pregunta de cómo conseguimos abaratar los alimentos debe sumarse la idea de cómo garantizar que puedan seguir produciéndose.

En todo caso, el crecimiento de los precios de los alimentos ha provocado reacciones políticas también en España, donde en el año 2023 el partido Podemos ya propuso la creación de un supermercado público; en febrero de este año 2026, Más Madrid presentó en la Asamblea regional una propuesta para crear una red de supermercados públicos —fue rechazada por la derecha, pero tampoco la apoyó el Partido Socialista—; en junio, a propuesta de Sumar, el Congreso aprobó una proposición no de ley que insta al gobierno a crear “infraestructuras públicas que distribuyan productos saludables, ecológicos y de proximidad”; y hace unas semanas Adelante Andalucía anunció que propondrá la creación de supermercados públicos.

A primera vista, el debate parece reducirse a una elección entre dos instrumentos: crear supermercados públicos o implantar una seguridad social alimentaria. Pero, en realidad, como dice el economista político de la alimentación Raj Patel, ambas son más compatibles que antagónicas, y sólo tienen sentido si se entienden como piezas de una transformación mucho más profunda del sistema agroalimentario, que actualmente afronta límites económicos, ecológicos y geopolíticos cada vez más importantes.

Democratizar el acceso a los alimentos

La primera de las propuestas, la de Mamdani, consiste en crear un supermercado público. Debe recordarse que un supermercado es parte de la infraestructura necesaria para que los alimentos que se producen en el mundo agrario lleguen a los hogares —que se concentran generalmente en las ciudades—. La mayoría de esa infraestructura es hoy de naturaleza privada, por lo que las redes de producción, transporte, distribución y comercialización siguen la lógica de la rentabilidad a través de las señales del mercado. Esto es importante porque bajo el capitalismo los productores no producen alimentos para nutrir a las poblaciones, sino para ganar dinero. Y todos los agentes de la cadena siguen invariablemente esa lógica.

Lo que sucede es que la estructura de esa cadena es muy desigual, y muchísimos productores venden sus productos a un número muy reducido de grandes empresas de distribución y comercialización, que concentran un enorme poder de negociación. Por ejemplo, en España las cinco principales cadenas de distribución reúnen algo más de la mitad del mercado y una sola empresa, Mercadona, concentra en torno al 27 % del gasto en distribución alimentaria. Ese poder se ejerce en toda la cadena: condiciona los precios que reciben agricultores y ganaderos, determina las condiciones de suministro e incluso decide qué productos llegan finalmente a los lineales. Tal estructura atrapa a los productores entre la provisión industrial de inputs (semillas, fertilizantes, pesticidas, gasoil, etc.) y la compra de su producción por parte de grandes cadenas.

Esta estructura ayuda también a entender una parte importante de la inflación alimentaria reciente. Como ha señalado la economista Isabella Weber, cuando se produce un shock de oferta —como ocurrió tras la invasión de Ucrania o ante las tensiones en el estrecho de Ormuz— las empresas con poder de mercado pueden trasladar e incluso ampliar esos incrementos de costes para proteger o aumentar sus márgenes de beneficio. Y estos shocks de oferta están afectando al canal de la alimentación no solo a través de la energía sino también de los fertilizantes. Al final, el resultado son precios más elevados para los consumidores, mientras los salarios no crecen al mismo ritmo.

En este contexto, la propuesta de crear supermercados públicos pretende introducir un contrapeso a ese poder privado. Al no estar sometido a la lógica de maximizar beneficios, un operador público podría trabajar con márgenes menores y contribuir tanto a abaratar la cesta de la compra como a aumentar la competencia en un mercado muy concentrado. Ésa es la principal argumentación económica de la propuesta, que también es aplicable, por ejemplo, al defender una empresa pública de energía.

No obstante, las experiencias pasadas nos recuerdan que el proyecto no es en absoluto sencillo. Hay precedentes de supermercados públicos en lugares donde ya no llega la iniciativa privada —los llamados desiertos alimentarios—, o creados para competir directamente con ella; y muchos han fracasado. Entre los principales problemas está la escala, ya que contar con unos pocos supermercados no es suficiente para servir realmente de contrapeso al poder privado o para negociar precios mayoristas baratos con los productores y distribuidores; pero también está la problemática de la gestión profesionalizada, la financiación, la oferta de productos (los supermercados de Mamdani no ofrecerán carne ni comida caliente), y la viabilidad política a medio y largo plazo, entre otros. La idea es buena y necesaria, pero la mejor forma de conseguir que funcione un supermercado público es integrarlo dentro de un programa más amplio y ambicioso capaz de transformar realmente el sistema alimentario.

Pero antes de entrar en ello, conviene subrayar un elemento ciego en esta propuesta. Un supermercado público nace con un mandato muy claro: vender más barato. Ahora bien, para vender barato hay que comprar barato. ¿Y dónde se compra barato hoy? En la cadena industrial: producción intensiva, insumos importados de países con salarios y recursos baratos, grandes volúmenes y operaciones a escala, contratos con centrales de compra. Es decir, exactamente en el modelo agroalimentario convencional. En ese sentido, el supermercado público es una buena política de coste de la vida, si bien bajo el ropaje de política alimentaria, pero el objetivo debería ser más audaz.

La razón es que vivimos en el contexto de una crisis ecosocial. Usar este concepto significa aceptar que la degradación ecológica y el deterioro de las condiciones de vida de la mayoría no son dos crisis distintas que coinciden por casualidad en el tiempo, sino dos manifestaciones del mismo proceso de acumulación. Y, sobre todo, que no se pueden jerarquizar. La formulación habitual de la izquierda es “primero garanticemos que la gente coma, y ya después nos ocuparemos de la sostenibilidad”. Pero la realidad es que los dos plazos han acabado coincidiendo, como demuestran los episodios de Ucrania u Ormuz: la inflación que hoy erosiona el presupuesto de un hogar trabajador tiene entre sus causas el encarecimiento de la energía y los recursos naturales, y ese encarecimiento anticipa la restricción biofísica de mañana. No son dos problemas sino uno. De modo que la pregunta no puede ser sólo cómo facilitamos a la clase trabajadora el acceso a los alimentos, sino también a qué alimentos y cómo se producen.

Estamos comiendo petróleo

Cada vez que llenamos el carro de la compra creemos estar comprando alimentos, pero también estamos comprando petróleo, gas natural y una enorme cantidad de energía fósil incorporada en fertilizantes, pesticidas, transporte, refrigeración y envases. Decía con razón el ecólogo Howard Odum que una de las características centrales de las sociedades industriales era que habíamos aprendido a comer patatas hechas en parte de petróleo. El punto crítico es que, si consideramos toda la energía que gastamos para producir, distribuir y consumir alimentos, teniendo presente toda la cadena, resulta que es muy superior a la energía que obtenemos de esos mismos alimentos: un sistema completamente insostenible porque depende de lo que Joan Martínez Alier y Vaclav Smil llaman subsidio o dopaje fósil. Esto es parte de la anomalía de la era de los combustibles fósiles, ya que ninguna sociedad humana anterior pudo mantener durante mucho tiempo (antes de colapsar) rendimientos netos negativos de la energía.

Ese subsidio fósil sirve, sobre todo, para remendar una fractura. Marx, leyendo la química agrícola de su tiempo, describió una ruptura en el intercambio de materia entre el ser humano y la tierra: la ciudad consume los nutrientes que el campo produce y no los devuelve, de modo que el ciclo se rompe y hay que reponerlo desde fuera. John Bellamy Foster convirtió aquella intuición en concepto —la ruptura metabólica— y Kohei Saito la ha situado en el centro de la lectura ecológica del último Marx. Siglo y medio después la descripción sigue sirviendo, sólo que la fractura ha ido creciendo de escala: primero fue entre la ciudad y su campo, después entre unas comarcas y otras, y hoy es entre países enteros. En España se ve con toda claridad en la ganadería. Casi una cuarta parte de la biomasa que come nuestra cabaña se produce fuera, y con ese pienso entra también el nitrógeno que después se queda aquí. Como el animal está donde no está el cultivo, los nutrientes hacen un viaje de ida sin vuelta: allí donde se produce el pienso el suelo se empobrece, y donde se concentra el ganado el nitrógeno sobra hasta acabar en los acuíferos, contaminando ríos y suelos.

Todo esto tiene enormes implicaciones porque está afectado no sólo el consumo de una energía no renovable sino también porque se sostiene sobre relaciones ecológicas desiguales: por ejemplo, el nivel de consumo alimentario de los países del Norte global sería imposible si no fuera por la cantidad de alimentos importados en los países del Sur Global y que consumen allí los recursos naturales, destacadamente la tierra y el agua. Por ejemplo, la Unión Europea consume una superficie del tamaño de España en tierras agrícolas en otras partes del mundo. Como es evidente, dado que la disponibilidad de tierra en el planeta es finita, no es posible generalizar a todos los países este tipo de modelo de abastecimiento alimentario.

Por estas razones, en un mundo que aspira a vivir sin combustibles fósiles la producción alimentaria tiene que cambiar radicalmente. Por eso mismo, garantizar el acceso universal a los alimentos dentro de un sistema metabólicamente insostenible es garantizar el acceso a algo que va a dejar de existir en la forma en que hoy existe. En consecuencia, el objetivo debe ser transformar el modelo productivo agroalimentario y, como inmediatamente se verá, los patrones de consumo.

Transformar la demanda a través de la Seguridad Social Alimentaria

La segunda propuesta, la de Seguridad Social Alimentaria, es un instrumento de política pública que trata de modificar la demanda de alimentos a través de incentivos. El programa concede a cada ciudadano una cantidad determinada de dinero para que se gaste en establecimientos acreditados, lo que permite condicionar a qué tipo de gasto se destina. Por esa razón las diferentes formulaciones del programa postulan que el objetivo no es sólo inyectar recursos económicos para compra de alimentos, sino también estimular la compra de alimentos con características tales como su sostenibilidad ecológica y su impacto positivo en la salud de los consumidores.

El programa de la seguridad social alimentaria no obliga a los ciudadanos a consumir ciertos tipos de alimentos, sino que establece incentivos para que los patrones de consumo cambien progresivamente. Por un lado, porque el programa solo funciona para ciertos productos que han sido declarados previamente. Por otro lado, porque el productor encuentra una demanda estable que le da garantías para convertir su producción en agroecológica. Es una forma menos invasiva de orientar el sistema alimentario hacia un nivel sostenible y saludable, lo que quiere decir que es también una herramienta de transición ecológica. El reciente estudio de la cooperativa El Pa Sencer, por ejemplo, calcula que la propuesta costaría 76.800 millones de euros (un 5,7% del PIB español), pero asegura que los costes sanitarios ocultos con el patrón de consumo actual son de hasta 23.379 millones de euros anuales debido a las enfermedades asociadas.

La lógica de la propuesta es parecida a la que se usa actualmente con la compra pública alimentaria, que afecta a comedores escolares, hospitales, residencias, centros de día, cocinas centrales, etc. Cuando fui ministro de Consumo pusimos en marcha la redacción de nuevos criterios para esas compras, siguiendo guías científicas, y el ministerio actual, con Pablo Bustinduy al frente, ha continuado y culminado con éxito varios momentos críticos de esa hoja de ruta. Se trata de mover un volumen de demanda grande y planificable a varios años, que es justamente la señal que un agricultor necesita.

Sin embargo, la propuesta de seguridad social alimentaria no está exenta de dificultades. Desde la definición exacta de “producto agroecológico” hasta el diseño de sus instituciones de gobierno, que pretenden acercarse a una democracia participativa donde decide la comunidad implicada más que el Estado. Pero también ocurre que para que una propuesta como esta sea exitosa y vaya más allá de los canales cortos (donde el productor vende casi de forma directa) necesitará del apoyo de la infraestructura. Un agricultor puede producir estupendamente y no tener dónde almacenar, cómo enfriar, dónde transformar ni cómo llegar a un comprador grande. Es un problema de logística. Como en el caso de los supermercados públicos, en España podría utilizarse una infraestructura pública ya existente: la red de Mercas —los mercados mayoristas de titularidad mixta, estatal y municipal—, que junto con los mercados municipales de abastos constituyen un sistema de acopio, frío y distribución mayorista que ya está construido, ya está amortizado y ya está ubicado exactamente donde tiene que estar.

En resumen, si los supermercados públicos actúan sobre la distribución y la seguridad social alimentaria sobre la demanda, entonces falta necesariamente un tercer elemento: intervenir sobre la propia capacidad de producir alimentos.

Política Industrial para el sector primario

Ya he mencionado que el sistema alimentario actual es ecológicamente insostenible, así como internacionalmente desigual e injusto. Ello también implica que es vulnerable a los shocks geopolíticos o climáticos, en tanto puede quedar comprometida la capacidad de abastecimiento. Transformar este sistema en uno que proporcione alimento suficiente al tiempo que se reducen sus impactos ecológicos debe ser el objetivo principal.

El problema es que los combustibles fósiles son precisamente la varita mágica principal que ha permitido la multiplicación de los rendimientos de las explotaciones agrarias, produciendo muchos más alimentos por superficie. Sin ellos, la capacidad de producción queda comprometida. No obstante, hay un debate muy importante abierto al respecto, ya que hay formas de producción agroecológica que ofrecen rendimientos iguales o más elevados para ciertos productos. Sin embargo, hay otro tipo de productos alimentarios cuya producción no puede de ningún modo generalizarse, como es el caso de la carne procedente de grandes explotaciones industriales y altamente dependiente de inputs importados (conocidas como macrogranjas).

Por esta razón, no se trata tampoco sólo de transformar un sistema agroalimentario basado en combustibles fósiles en otro basado en prácticas agroecológicas. Para cumplir con los objetivos de sostenibilidad ese desplazamiento exige, además, un cambio en las dietas o patrones de consumo. Sé que aquí entramos en terreno minado, porque es el de la famosa polémica sobre el consumo de carne que tanto me persiguió —o que tanto perseguí, según se mire— durante mi etapa política. Pero conviene plantearlo bien, porque casi siempre se plantea mal.

Los costes de la dieta actual no se reparten al azar. Las enfermedades asociadas a malos hábitos alimentarios, como el alto consumo de ultraprocesados, presentan un gradiente social inverso a la renta: cuanto menos dinero tienes, más las sufres. Quien peor lo pasa con el patrón alimentario dominante es la clase trabajadora. De manera que la transición dietética consiste precisamente en la retirada de una carga que las familias más pobres vienen soportando de forma desproporcionada. Y debemos deshacer un malentendido sobre qué dieta estamos hablando. La que prescriben los sanitarios y dibujan los modelos biofísicos —con más peso de la legumbre, cereal, aceite de oliva, hortaliza de temporada y proteína animal ocasional y de calidad— no es un invento de nutricionistas urbanos. Es, básicamente, lo que llamamos dieta mediterránea, y que exportamos como marca país y celebramos como patrimonio de la humanidad, a pesar de que está en franco retroceso.

El problema es que el sistema alimentario actual está profundamente distorsionado, y transformarlo no es sencillo. Por ejemplo, como se ve en el siguiente gráfico, en España se importa una gran cantidad de grano para pienso, con el que se alimentan animales cuya carne se exportará luego: es el modelo típico de la ganadería intensiva, sostenida sobre desequilibrios ecológicos muy serios. Es una dinámica muy arraigada y de la que viven muchos actores económicos, lo que dificulta la transformación.

Sin embargo, el informe del think tank Alimentta, publicado a instancias de Greenpeace, sostiene que tal transformación es perfectamente viable para España. Según su modelización, España puede llegar a tener un modelo agroalimentario perfectamente sostenible para 2050. En la actualidad, el sistema español emite 107 megatoneladas de dióxido de carbono, contribuyendo a un cambio climático que, como recuerda el propio informe, «producirá una reducción mayor de la producción nacional» en el futuro. Esto no es en absoluto desconocido para el sector: hace unos años COAG presentó su informe “Empieza la cuenta atrás” en el que valoraba el impacto del cambio climático en la agricultura española. Según Alimentta, la modelización ecológica permite imaginar que en 2050 el sistema alimentario español podría convertirse en sumidero neto, es decir, no emitir dióxido de carbono, sino absorber 17 megatoneladas anuales. Las condiciones para lograrlo son una enorme transformación en el tipo de producción y consumo alimentario, acabando con modelos como la ganadería intensiva y promoviendo la producción de alimentos típicos de la dieta mediterránea.

Como se puede ver, todos estos elementos —supermercado público, seguridad social alimentaria, cambio del modelo— están profundamente interrelacionados. Piénsese en que pasaría si, siguiendo la política de reorientación de la demanda inducida por la seguridad social alimentaria, de repente entraran miles de millones de euros de nueva demanda de productos ecológicos. En España, actualmente sólo el 12% de la superficie cultivada se corresponde con estas características, un porcentaje del todo insuficiente para abastecer a la población. La consecuencia sería un proceso inflacionario tremendo en ese nicho de mercado, razón por la cual los programas de seguridad social alimentaria aconsejan el gradualismo a la hora de implantarse.

Sin embargo, hay otra opción: política industrial. En la medida en que el sector primario se está convirtiendo, cada vez más rápido, en un sector crítico y vulnerable, queda justificada la intervención directa por parte del Estado para planificar su reorientación. Algo similar a lo que está sucediendo en el sector industrial en los nuevos tiempos neomercantilistas, y particularmente en la transición energética, pero aplicado al sistema que nos da de comer. Esto conllevaría la necesidad de programas específicos que pueden incorporar la compra de tierras, ayudas y subsidios suficientes a la producción agroecológica, creación y reforzamiento de nuevas infraestructuras públicas (entre ellas, los supermercados), etc. Todo ello destinado a que más temprano que tarde cualquier país, por ejemplo, España, disponga de un sistema agroalimentario ecológico con el que producir alimentos saludables.

Conclusiones

Volvamos entonces a la pregunta del principio: ¿supermercados públicos o seguridad social alimentaria? La respuesta es que la pregunta está mal formulada. No porque ambas propuestas sean equivocadas, sino porque las dos son necesarias y, al mismo tiempo, insuficientes. Una actúa sobre la distribución; la otra, sobre la demanda, pero ninguna puede transformar por sí sola la forma en que producimos los alimentos. Y ese es uno de los elementos críticos del siglo XXI.

Así que, si de verdad queremos garantizar el derecho a la alimentación durante las próximas décadas, necesitamos una política industrial capaz de transformar la producción agraria, una infraestructura pública que permita distribuir esa nueva producción, mecanismos que orienten la demanda hacia alimentos saludables y sostenibles y, finalmente, instrumentos que aseguren que todas las familias puedan acceder a ellos. Pensar cualquiera de estas piezas de forma aislada conduce inevitablemente a frustraciones.

La cuestión central de todo este análisis es cómo construir un sistema alimentario capaz de alimentar a toda la población dentro de los límites ecológicos del planeta. Por eso digo que no basta con abaratar la comida. De manera bastante más compleja, se trata de garantizar que siga existiendo, que pueda producirse de forma sostenible y que nadie quede excluido de ella. Sólo entonces podremos hablar, con propiedad, de un auténtico derecho a la alimentación.

Otro año más, España se quema en verano. Esta vez con especial gravedad: la superficie quemada multiplica por seis la registrada por estas fechas el año pasado y, en el conjunto de la Unión Europea, el número de incendios duplica ampliamente la media de años anteriores. Por si fuera poco, el consenso científico subraya que nos dirigimos hacia un escenario mucho peor para el futuro. Todo esto justificaría un pacto de Estado en el que participen todos los partidos, pero es precisamente ante esa posibilidad que ha elevado su voz Díaz Ayuso, al descalificar el marco completo asegurando que señalar la emergencia climática como causa de los incendios es una solución de “brocha gorda”.

Esta posición de Ayuso, que ha sido reproducida posteriormente por el resto del PP, ha recibido una contundente respuesta por parte de la izquierda. El mensaje general ha sido el de acusarla de cómplice del negacionismo climático y de difusora de bulos, ya que también sugirió que uno de los problemas era una inexistente dificultad legal para limpiar los montes. Sin embargo, cuando examinamos con más detalle el discurso de Díaz Ayuso y de otros dirigentes del PP no encontramos un negacionismo climático descarnado, sino algo mucho más sutil y efectivo. En este sentido, hay que comenzar aceptando que ella tiene razón al señalar que las causas de estos incendios van más allá del cambio climático. De hecho, la cuestión política decisiva es cómo se ordenan las diferentes causas que conviven a la vez, es decir, qué factor se presenta como principal y cuáles quedan relegados a un papel secundario. En política rara vez se discute únicamente sobre los hechos; también se discute sobre cuáles de esos hechos deben considerarse decisivos. Es en esa jerarquización donde están las verdaderas diferencias entre el discurso de las derechas y de las izquierdas respecto a los incendios.

En realidad, hoy existe un consenso científico muy sólido sobre la influencia del cambio climático en los grandes incendios forestales. El calentamiento no es el actor que enciende la cerilla, pero sí el que decide cómo se comporta el fuego una vez prendido: un aire más cálido extrae más humedad del suelo y de la vegetación, de modo que el combustible forestal llega al verano más seco y lo está durante más semanas al año. De ahí que los grandes incendios recientes se comporten de un modo distinto y mucho más destructivo que los tradicionales: liberan tanta energía que desbordan cualquier capacidad de extinción. Esa es la frase tan impresionante que hemos escuchado a los bomberos estos días: «fuera de capacidad de extinción».

En septiembre de 2025, la organización World Weather Attribution estimó que las condiciones de calor, sequedad y viento que propagaron los incendios de aquel verano en la península ibérica son hoy unas cuarenta veces más frecuentes y un 30 % más intensas que en un clima sin calentamiento. La literatura científica apunta de manera recurrente en la misma dirección. Ahora bien, ese clima actúa sobre un territorio concreto y hay otras razones que contribuyen a los incendios modernos. Los propios autores de este estudio subrayan que el abandono rural de las últimas décadas ha provocado la acumulación de combustible fino hasta niveles peligrosos, sin las discontinuidades que antes generaban el pastoreo y el mosaico agrario (que operaban como cortafuegos). Ese doble origen de los megaincendios —el cambio climático y la transformación del mundo rural— explica la estrategia política que está desplegando la derecha española, basada no tanto en negar los hechos (el cambio climático, por ejemplo) como en disputar cuál de esas causas debe considerarse determinante.

Esta estrategia de la derecha española es clara, aunque se mueve en el alambre. Para empezar, la relación de la derecha sociológica con el cambio climático hace de este un tema muy incómodo para sus líderes políticos. Por un lado, son conscientes de que la mayoría de los españoles piensa que el cambio climático es un fenómeno causado por la actividad económica del ser humano. Según los datos del CIS, poco más del 10% de la población española considera que el cambio climático actual es un fenómeno natural o que directamente no existe. Pero, por otro lado, los ciudadanos más negacionistas se encuentran precisamente entre sus votantes: la cifra asciende hasta el 18,6% y el 27,4% de los votantes del PP y Vox respectivamente. Gestionar un electorado dividido obliga a caminar por una línea muy estrecha: negar frontalmente el cambio climático supondría alejarse de la opinión mayoritaria, pero asumir plenamente sus implicaciones podría provocar tensiones con una parte relevante de sus propias bases. La ambigüedad y la incoherencia de los discursos del PP sobre este punto expresan precisamente esa dificultad para jerarquizar las causas de un modo que resulte aceptable para todos los sectores de su espacio político.

Este mecanismo se ve con claridad en sus medios afines. Antonio Naranjo, presentador de Telemadrid y columnista en El Debate, lleva días sosteniendo que la “emergencia climática” es una excusa. Su tesis consiste en desplazar el foco desde el cambio climático hacia la política forestal, el abandono del mundo rural, el conservacionismo o determinadas políticas ambientales. Algunos de esos factores son reales y relevantes, pero aparecen presentados como explicación suficiente del problema, relegando el papel determinante que la evidencia científica atribuye al calentamiento global. El esquema recuerda al utilizado por el trumpismo, ya que no niega necesariamente los hechos (Naranjo afirma explícitamente que el cambio climático es real), sino que reorganiza su importancia para acomodarlos a un determinado proyecto político.

De nuevo, es importante insistir en que las derechas generalmente no niegan el cambio climático, sino que construyen una narrativa donde este fenómeno es de menor importancia. Por supuesto minimizan sus efectos, pero no llegan tan lejos como para negar que las temperaturas medias estén subiendo. Así, a la derecha le basta con presentar al cambio climático como un factor secundario frente al abandono rural, la política forestal o el ecologismo. De ese modo puede construir un relato que interpela a sectores sociales próximos a su electorado mientras desplaza la responsabilidad hacia los actores que identifica con la izquierda, resumidos bajo la etiqueta de lo «woke». Si lo analizamos con atención nos daremos cuenta de que el objetivo de la derecha no es refutar el consenso científico, sino más bien en desplazar el centro de gravedad de la explicación hacia causas que resultan mucho más compatibles con el imaginario político conservador.

Obsérvese que, en las últimas elecciones de Castilla y León, el PP ganó en 16 de los 23 municipios en los que se originaron los graves incendios de verano de 2025. No sería correcto concluir que todos esos votantes simplemente rechazan la ciencia. Es mucho más sencillo, y mucho más probable, concluir que, para una gran parte de la población, los incendios y el cambio climático son sencillamente conceptos independientes. El discurso dominante allí es que el mundo urbano, y en particular la izquierda y los ecologistas, al que se percibe como muy influyente en las decisiones que afectan al campo, ha despreciado al mundo rural y a su forma de vivir; y que los incendios son otro agravio más, producto de los errores de las políticas aplicadas contra el mundo rural.

Se trata de una batalla política no contra el negacionismo climático per se sino contra una cosmovisión que es falsa. La transformación del mundo rural no ha sido producto de las mentes de los ecologistas, sino de un sistema económico impulsado por la lógica de la rentabilidad. Allí donde había ganadería extensiva dirigida por familias, ahora hay macrogranjas propiedad de fondos de inversión y que contaminan los suelos, el agua, la atmósfera y además no prestan los servicios ecosistémicos que antes realizaba el ganado libre. Allí donde existía un modelo en el que la producción y el consumo eran de cercanía, ahora la globalización y los tratados de libre comercio impulsados por los combustibles fósiles han conducido a la multiplicación del consumo de productos procedentes de sitios a miles de kilómetros de distancia y que distorsionan radicalmente el mundo rural y sus lazos comunitarios. Y es, paradójicamente, una de las expresiones biofísicas de ese sistema, la emisión de gases de efecto invernadero, la que crea las condiciones para los megaincendios que ahora arrasan nuestros bosques.

En mi opinión, esta disputa es central y requiere que la izquierda se tome mucho más en serio su presencia en el mundo rural. Eso exige no caricaturizar todos los discursos de la derecha como “anticientíficos”, sino comprender por qué esos resultan persuasivos para una parte del mundo rural, identificar qué problemas reales consiguen canalizar y ofrecer respuestas más convincentes que las de la derecha. Debemos articular una propuesta que, a nivel de discurso, haga imposible que la derecha pueda esquivar la responsabilidad del cambio climático en todo lo que está sucediendo. Por supuesto, este es un asunto que va mucho más allá del fenómeno de los incendios, y que atraviesa todas las dimensiones sociales y económicas: despoblación, turistificación, modelos de desarrollo, desigualdad económica, concentración empresarial, desempleo, etc.

Sabemos que los incendios del futuro dependerán cada vez más de la física del clima, pero, también, que la respuesta colectiva seguirá dependiendo de la política. La batalla decisiva consistirá en decidir por qué arde el territorio, y quien consiga imponer esa explicación también condicionará las soluciones que la sociedad considere legítimas en el presente y en el futuro. Por eso la izquierda no puede limitarse a denunciar el negacionismo, como si bastara con señalar la supuesta ignorancia de sus adversarios. De manera más ambiciosa, necesita construir un proyecto para el mundo rural capaz de integrar la gestión del territorio, la revitalización económica y la lucha contra el cambio climático. Si no consigue disputar ese marco interpretativo, también dejará en manos de la derecha la definición de las soluciones que la sociedad considere posibles frente a los incendios del siglo XXI.

Una queja recurrente es que el precio de la vida se ha encarecido en el tiempo, es decir, que con nuestro salario no podemos comprar las mismas cosas que antes. Si nuestra percepción es correcta, el salario real —que mide ese poder de compra— debería haber caído. Sin embargo, los datos oficiales señalan que el salario real está prácticamente estancado desde hace dos décadas y que incluso ha subido en los últimos años. En este análisis, vamos a explicar esta paradoja, y lo haremos profundizando en los componentes del gasto: veremos cómo todo depende de nuestra cesta de consumo y que, efectivamente, para una gran parte de la población la capacidad de compra se ha visto seriamente mermada. No es que los datos oficiales estén equivocados, sino que describen a un hogar promedio que se parece poco a muchos hogares reales.

Lo primero que tenemos que señalar es que es muy difícil, si no imposible, medir con precisión tal cosa como “el precio de la vida”. Lo que hacen las oficinas de estadística es calcular cómo evoluciona el precio de una cesta de consumo promedio, es decir, del conjunto de productos y servicios que los ciudadanos de un país consumen en un cierto período de tiempo. Pero aquí tenemos el primer gran escollo, un habitual de nuestros análisis: la media es un artefacto estadístico útil que, sin embargo, esconde las desigualdades dentro del grupo. Por ejemplo, no todos los precios de los productos y servicios evolucionan igual en el tiempo ni tampoco todas las familias compran las mismas cosas.

Usando datos de referencia en 2008, año en que comenzó la crisis económica, podemos ver en el siguiente gráfico cómo han variado desde entonces y hasta 2024 los precios de diferentes productos y servicios, así como del salario nominal medio. Como sabemos que el IPC general ha subido un 33,5% en todo el período, y que la remuneración por asalariado ha crecido un 37,5%, podemos concluir que el salario real se ha elevado durante ese periodo. De nuevo, se trata de un promedio para asalariados, y la cosa es distinta para beneficiarios del SMI (sobre todo a partir de 2018) y para perceptores de otras rentas no salariales. Pero eso no afectará la idea general que trabajamos aquí.

En el gráfico comprobamos que hay productos cuyos precios han subido mucho más que el IPC general, como el alcohol y el tabaco (88,8%), el alquiler (54%), los alimentos (50,7%) o la energía (41,4%)—, otros que han subido menos —como la sanidad (16,2%) o el vestido (10,1%)— y otros cuyos precios incluso se han reducido —como el de productos electrónicos (-26%)—.

Estos datos señalan que, si nuestra cesta de consumo estuviera formada únicamente por alimentos y el pago del alquiler, nuestra pérdida de poder adquisitivo desde 2008 sería notable. Si, por el contrario, nuestra cesta de consumo estuviera formada exclusivamente por vestidos y productos electrónicos, entonces nuestro salario real habría subido desde 2008. Lo importante es señalar que los precios de los diferentes productos y bienes evolucionan de manera distinta porque su producción y comercialización sigue pautas muy distintas.

Por ejemplo, los productos textiles y electrónicos son casi todos importados y se producen en países con salarios bajos y aprovechando economías de escala que favorecen que el precio de la unidad final sea muy bajo. En el caso de la electrónica ocurre además un fenómeno peculiar, ya que los institutos estadísticos ajustan la mejora de calidad de los productos mediante los llamados precios hedónicos: un ordenador actual cuesta parecido al de hace veinte años, pero ofrece prestaciones enormemente superiores, por lo que estadísticamente su precio efectivo se considera menor. Si solo tuviéramos presente el precio de estos productos, sería evidente que nos habríamos enriquecido mucho desde 2008 (aunque hay que recordar que su producción depende de minerales críticos y recursos naturales que son objeto de crecientes disputas geopolíticas).

La clave es entender que no existe una única lógica detrás de la inflación. Cada mercado responde a mecanismos distintos: la globalización abarata la electrónica, los impuestos encarecen el tabaco, la regulación contiene parcialmente servicios públicos como la educación o la sanidad y mercados como la vivienda o la energía responden además a fuertes tensiones de oferta y demanda. La capacidad del gobierno para intervenir en los precios de esos productos es muy limitada y desigual.

Una vez que sabemos que no todos los precios evolucionan igual, el segundo problema que debemos abordar es que no todos los hogares consumen el mismo tipo de productos. Aunque los precios son iguales para todos los hogares, éstos no tienen los mismos presupuestos: para muchos hogares una vez pagas alimentos, vivienda y energía tampoco queda mucho margen para consumir algo más. Como se ve el siguiente gráfico, los hogares más pobres tienden a dedicar mayor parte de su renta al consumo de bienes básicos tales como alimentos o energía, pero también al alquiler de la vivienda porque los hogares más pobres son los que menos vivienda en propiedad tienen. Por ejemplo, los hogares más pobres dedican más del 60% de su renta a esos tres conceptos, con una diferencia de hasta 16 puntos respecto a los hogares más ricos.

Por el contrario, los hogares más ricos dedican mayor proporción de su renta a gastos como transporte o restaurante y hoteles. Aquí las diferencias se invierten su dirección, pero son también muy elevadas: hasta 10 puntos en transporte y 7 puntos en restaurantes y hoteles. En otras categorías como sanidad, enseñanza o vestido las proporciones son similares.

Hay que señalar que además existen otros problemas metodológicos que distorsionan la imagen que obtenemos a partir de datos oficiales. Por ejemplo, el IPC general incluye la evolución del precio de la vivienda de alquiler, pero debido a las diferentes formas en que se recogen los datos ese indicador es muy distinto del que vemos en otras series que monitorizan el precio en el mercado abierto. Según el INE, el precio de las viviendas en alquiler ha crecido un 18,7% desde 2008 hasta 2025, pero según el portal idealista los precios de alquiler han crecido un 70% en ese mismo periodo. Es una diferencia muy grande que supone que, en los datos del INE, se minimice el problema de la vivienda. Un problema que, además, es aún mayor en determinadas zonas geográficas y que la media estadística no recoge.

Conociendo el peso de cada componente de gasto según grupo de hogar, podemos deducir cuál es el impacto de la subida de los precios de ciertos productos sobre el poder de compra de los hogares. Por ejemplo, la subida del precio de alquiler, alimentos y energía provoca que los hogares más pobres tengan que destinar más recursos a estas categorías. Esas subidas son iguales para los hogares más ricos, pero éstos tienen más margen para absorberlas. Por eso decimos que la inflación no es simétrica, sino que implica impactos muy desiguales según hogares.

Aunque las diferencias puedan parecer pequeñas, de forma acumulada suponen trayectorias del poder de compra muy diferentes. Además, los hogares más pobres adaptan mucho más sus patrones de consumo para evitar que el poder de compra se deteriore demasiado, lo que se consigue recurriendo a productos más baratos que, por lo general, también son de menor calidad. Es decir, los hogares más pobres tienden no sólo a perder más poder de compra, sino también a perder calidad en su consumo.

Como dijimos al principio, este análisis muestra que los datos oficiales no están equivocados. Lo que ocurre es que describen una economía promedio que cada vez se parece menos a la experiencia cotidiana de millones de personas, algo acentuado por el aumento de la desigualdad. Cuando las familias destinan una parte creciente de su presupuesto precisamente a los bienes que más se encarecen —la vivienda, la alimentación y la energía—, el salario real medio deja de ser una buena medida de su bienestar. Lo que revelan estos datos es que la desigualdad también determina cómo vivimos la inflación y cómo evoluciona realmente nuestro nivel de vida.

Ignoro si José Luis Rodríguez Zapatero acabará siendo condenado por los delitos que se le atribuyen, entre ellos el de organización criminal, tráfico de influencias y blanqueo de capitales. Pero, a medida que avanza la investigación y algunos de sus antiguos socios buscan aliviar su propia situación procesal, emulando la estrategia de Aldama, resulta cada vez más difícil sostener que todo se reduce a una campaña de difamación.

Sea como sea, los indicios han permitido que Zapatero aparezca ante el imaginario público al mismo nivel que Ábalos o Santos Cerdán. Es decir, un ex secretario general del PSOE y antiguo presidente del gobierno se encuentra en el mismo tenebroso lugar que dos de los últimos secretarios de organización del PSOE, estos últimos acusados —y condenados parcialmente— de una riada de delitos. Habrá quien argumente que el modus operandi de los acusados, así como las prácticas juzgadas en ambos casos, son técnica y legalmente muy diferentes. Sin embargo, si la gente las mete todas en el mismo saco es porque comparten algún rasgo elemental. Para entenderlo bien no podemos olvidar que la corrupción es también un fenómeno cultural, una determinada manera de relacionarse con el poder y con lo común; y que esa es una esfera diferente de la meramente legal.

La idea de la corrupción como forma cultural aparece formulada con especial claridad en Metamorfosis, el magnífico último libro de Yayo Herrero, donde la autora nos recuerda que la palabra corrupción proviene del latín clásico de donde nacen dos sentidos —la degradación de algo y la compra deshonesta de voluntades— que le permiten concluir que hoy «estamos ante la alteración y degradación y tergiversación del mundo que conocíamos y ante nuestros ojos se produce un proceso de seducción y compra de voluntades global que desemboca en una impotencia e indiferencia ante el mal». Ella tiene el foco puesto en algo mucho más amplio, ya que nos habla de la corrupción de la consistencia humana estimulada por un sistema económico que no atiende a cosa distinta que no sea la maximización de la ganancia privada, pero esa imagen también está constituida por una multitud de pequeños casos locales e, incluso, mundanos.

Sin duda vivimos tiempos de corrupción. Donald Trump representa hoy la materialización de muchos de los temores de Thomas Jefferson. El redactor de la Declaración de Independencia advirtió en más de una ocasión durante el siglo XVIII que el sistema político estadounidense podía degenerar en una oligarquía donde los intereses privados terminaran imponiéndose sobre el bien común. Trump ha llevado esa confusión entre intereses públicos e intereses privados hasta un extremo difícil de imaginar hace apenas unas décadas. No es simplemente un empresario gobernando con mentalidad empresarial sino una persona que entiende el ejercicio del poder como una prolongación natural de sus negocios. Quienes lo rodean han aprendido rápidamente la lección. Y por eso se multiplican los casos de enriquecimiento debidos a información privilegiada, como ocurrió durante las primeras semanas de la guerra contra Irán o como acaba de conocerse tras descubrirse que uno de los redactores de sus discursos se embolsó 100.000 dólares apostando sobre las palabras que el presidente iba a pronunciar; y que él conocía mejor que nadie. Por no hablar de proyectos político-empresariales como el Gaza Resort, que condensa todo lo que está mal en esta forma de ver las cosas.

No obstante, Trump no está solo. Javier Milei, en Argentina, también ha convertido en discurso público lo que antes era una caricatura en los círculos de filosofía política y teoría económica; su insistencia dogmática en las interpretaciones extremas del liberalismo lo lleva a sostener que la defensa del interés privado basta, por sí sola, para producir el mayor bienestar general. En ese camino desaparecen todos los matices presentes en Adam Smith, quien popularizó la metáfora de la mano invisible, pero nunca dejó de reconocer numerosas situaciones en las que el mercado necesitaba límites, regulación o intervención pública. Normalizada esta interpretación, ya pocos se preguntan por las formas en las que los millonarios amasaron sus fortunas; al contrario, estos se han convertido en los nuevos semi-dioses que todo el mundo desea imitar. La frontera entre lo privado y lo público se ha difuminado, quedando sólo una despiadada legitimación de la invasión de lo público a manos del poder privado, esto es, de la corrupción.

En esto no está claro si fue antes el huevo o la gallina, pero que las democracias estén languideciendo en todas partes está sucediendo al mismo tiempo que la legitimación de estos discursos. El éxito cultural del fenómeno “crypto-bro” revela hasta qué punto la especulación ha sustituido al trabajo como ideal de ascenso social para una parte de la juventud. Lo mismo ocurre con quienes conciben la vivienda o las finanzas exclusivamente como instrumentos para enriquecerse a costa del esfuerzo ajeno. La lógica dominante es la del “sálvese quien pueda”: acumular hoy todos los recursos posibles porque nadie confía ya en que exista un futuro compartido. Y lo que rige entre individuos rige también entre Estados: la misma lógica de acaparamiento explica la carrera de las grandes potencias por asegurarse la energía, los minerales y las cadenas de suministro que garanticen su supervivencia.

Lo verdaderamente grave, sin embargo, no es que Trump o Milei se comporten del modo arriba descrito. Al fin y al cabo, de ellos ya no se espera otra cosa. Lo realmente grave para nosotros es que esa misma lógica haya terminado contaminando a quienes debían ser su antítesis. Porque es en ese contexto de auge reaccionario y de trumpismo internacional en el que el número dos del PSOE decidió organizar una trama de corrupción aprovechando su privilegiada posición en el partido y en el ministerio. No le importó que fuera durante la pandemia y desde dentro del primer gobierno de coalición desde la recuperación de la democracia; ni que millones de personas hubieran depositado sus esperanzas en este proyecto. La investigación describe una trama de mordidas, contratación irregular, favores personales, prostitución, gastos sufragados con dinero ajeno y un entramado de beneficios privados incompatible con el ejercicio de responsabilidades públicas. ¿Qué queremos que piense la clase trabajadora si, en un mundo donde ya casi nadie cree en la política, quienes orquestan estas tramas son líderes que se dicen de izquierdas?

Poco importa que, desde el punto de vista jurídico, las causas de Ábalos y Cerdán no sean equiparables a la de Zapatero. El daño político pertenece a otro plano. Cualitativamente, todas estas causas son primas hermanas, porque transmiten la misma idea: que el acceso al poder puede convertirse en una vía de enriquecimiento personal a costa de lo que es de todos. Y así es como es visto por la inmensa mayoría de los españoles, quienes han sufrido un enorme mazazo con estos casos. Para el votante conservador, esta es la demostración de que “todos son iguales” (de corruptos, de ser gente que aprovecha la mínima oportunidad para llevarse al bolsillo propio lo que es de todos); para el votante progresista, esta es la claudicación moral ante la ofensiva reaccionaria: ¿qué sostendrá de ahora en adelante la confianza en nuestros líderes, aquellos votados para preservar y ampliar las conquistas sociales?

Se puede objetar que buena parte de lo que hacen Trump o Milei es perfectamente legal, mientras que a Ábalos, a Cerdán y a Zapatero se les acusa de delitos. Pero la corrupción, entendida como forma cultural, no se mide solo por la frontera de la ley. Lo que comparten todos estos casos es una misma operación: tratar el poder público como una extensión del interés privado. Milei y Trump lo hacen reescribiendo las reglas para que la apropiación resulte legal; Ábalos y Cerdán, pero también parece que Zapatero, saltándoselas. Sin embargo, la lógica es idéntica, y es esa lógica —no su encaje penal— la que corroe la idea de lo común.

Quizá por eso la corrupción resulta hoy especialmente grave. No solo consiste en desviar dinero público o infringir la ley; expresa una transformación mucho más profunda, a saber, la desaparición de la frontera entre lo que pertenece a todos y lo que puede ponerse al servicio del interés particular. Al desvanecerse tal distinción, la corrupción pasa a convertirse en una forma de entender la política. Trump y Milei representan esa transformación cultural, y ellos no reivindican abiertamente la corrupción, pero sí una concepción del poder en la que el interés privado deja de encontrar límites. La izquierda, por el contrario, solo puede defender lo público si preserva una autoridad moral coherente con ese objetivo. Cuando algunos de sus dirigentes se enriquecen aprovechando las instituciones, también están debilitando la legitimidad del propio proyecto político. Democracia y Estado social nacieron precisamente para someter el poder económico al interés general. Si esa frontera desaparece, tampoco debería sorprendernos que acaben debilitándose las libertades y los derechos que dependían de ella.

Según los datos de Eurostat difundidos hace unos días, la carrera laboral de los españoles sigue alargándose. Un trabajador promedio que comience ahora a trabajar seguirá haciéndolo durante 36,8 años, una cifra casi dos años superior a la de quien comenzó hace una década. Hay varias razones que lo explican, pero una de las más relevantes es la reforma de las pensiones de 2011 que elevó la edad de jubilación a los 67 años. Aquella reforma, que se aplica gradualmente hasta 2027, obliga a los españoles a trabajar durante más tiempo de su vida para, según se argumentó cuando se aprobó, mejorar la sostenibilidad de las pensiones.

Hace menos de un mes, el gobierno conservador de Alemania propuso que sus ciudadanos se jubilen a los 70 años, una cifra que teóricamente está vinculada al incremento de la esperanza de vida. La idea es que, ya que vivimos durante más tiempo gracias a los avances médicos y sociales, también “debemos” trabajar durante más tiempo; y, de paso, así evitamos gastar tanto en pensiones. Ese argumento es también el que se usó para la reforma española, y está presente siempre en los debates sobre “generosidad de las pensiones”. De hecho, también lo usó el think-tank Círculo de Empresarios cuando en 2023 propuso elevar la edad de jubilación hasta los 72 años y, aunque sin cuantificar, es habitual leerlo en los informes del Banco de España, CEOE o de instituciones privadas como FEDEA.

Pero todo este razonamiento, que sirve para justificar un ahorro económico del sistema, descansa sobre una premisa que rara vez se cuestiona, a saber, que los años adicionales de vida son también años adicionales de buena salud. Y esa premisa es, como veremos en este análisis, discutible.

Hay que partir de que si se repite tanto es porque es un argumento que contiene elementos de verdad. Como se puede ver en el gráfico siguiente, la esperanza de vida al nacer en España se ha multiplicado a lo largo del último siglo y medio, pasando de los 30 años a finales del siglo XIX hasta superar los 80 años en la actualidad. Su crecimiento sigue produciéndose de manera estable, si bien salpicado por fenómenos como la pandemia del COVID. Pero no cabe duda de que vivimos durante más tiempo, y que ello es consecuencia de múltiples factores propios del desarrollo económico y social: atención médica, reducción de los riesgos laborales, patrones nutricionales, tecnología en general, etc.

En todo caso, que en el siglo XIX el indicador de esperanza de vida al nacer registrara una cifra como 30 años no significa que la gente muriera generalmente en torno a esa edad. Lo que ocurre es que las altas tasas de mortalidad registradas en la época tiraban hacia abajo el indicador de esperanza de vida al nacer; del mismo modo que la reducción de esas mismas tasas de mortalidad ha elevado automáticamente la esperanza de vida desde entonces. Por eso cuando hablamos de pensiones tenemos que centrarnos más adecuadamente en un indicador distinto: la esperanza de vida a los 65 años, es decir, los años promedio que restan a alguien que tiene 65 años.

Como se puede ver en el siguiente gráfico, la esperanza de vida a los 65 años ha crecido también durante las últimas décadas. Actualmente, un ciudadano de 65 años tiende a vivir en promedio casi 22 años más, siendo esa cifra superior para las mujeres que para los hombres. Como se trata de años que los jubilados están cobrando una pensión, este alargamiento de la vida supone una presión adicional para el sistema de pensiones; la lógica se entiende bien si suponemos que todos los trabajadores se mueren a los 65 años, pues en ese caso no habría ningún gasto en pensiones de jubilación y el sistema sería plenamente sostenible (incluso innecesario).

Estos son los datos en los que se apoyan los argumentos para elevar la edad legal de jubilación, atendiendo al criterio económico antes expresado, es decir, buscando la finalidad del ahorro en pensiones. Ahora bien, toca hacerse la pregunta clave: ¿qué características tienen esos años ganados —en promedio— de vida?

Resulta que vivir más años no implica necesariamente vivir mejor en términos de salud. La extensión de una vida biológica no conlleva de manera automática que las enfermedades y las discapacidades no nos sigan abordando como siempre. La segunda ley de la termodinámica es un hueso duro de roer, y nuestros cuerpos necesariamente envejecen y se desgastan, y finalmente fallan sin que podamos evitarlo. En suma, no es lo mismo vivir 20 años más en aproximadamente las mismas condiciones físicas que teníamos con sesenta años, que hacerlo en condiciones de alta morbilidad, es decir, con enfermedades que lastran nuestra capacidad de disfrute pleno de la vida. Los años de esperanza de vida saludable serán, por definición, inferiores a los años de esperanza de vida biológica; en el siguiente gráfico vemos la comparación usando datos de Eurostat.

Los años de esperanza de vida saludable han crecido menos y de forma mucho más errática que la esperanza de vida biológica. El dato del último año hay que tomarlo con cautela y observar la tendencia general, ya que es un indicador procedente de encuestas —con rupturas metodológicas incluidas— que oscila año a año entre los nueve y los doce y medio, sin una tendencia clara y sostenida al alza, mientras la esperanza de vida a los 65 ha subido de forma sostenida. En todo caso, queda claro que una parte muy considerable de la longevidad ganada tras la jubilación no se disfruta en plenitud, sino con enfermedades y limitaciones.

De hecho, si acudimos a otra fuente como la Organización Mundial de la Salud, que utiliza otra metodología —además, calculada a partir de 60 años—, esta conclusión se refuerza. Según estos datos, durante los últimos veinte años la esperanza de vida biológica ha crecido más que la esperanza de vida saludable: alargamos la vida, pero no tanto la que se disfruta en mejores condiciones.

En general, podemos concluir que el avance tecnológico y social de las últimas décadas no ha permitido retrasar el desgaste al mismo ritmo al que alarga la vida. Volviendo a los datos de Eurostat, de los aproximadamente 22 años que de media restan a los 65, alrededor de la mitad se viven con alguna limitación física relevante: según el año de la encuesta, la esperanza de vida saludable a esa edad se mueve entre los nueve y los doce años. En el mejor de los casos, poco más de la mitad de la jubilación transcurre en buena salud; en muchos años, menos de la mitad. Y se trata de un promedio, ya que la situación es sensiblemente peor para aquellos trabajadores que hayan desempeñado durante su vida laboral tareas físicamente intensivas, puesto que allí los años que restan en condiciones de salud son muy inferiores.

La reforma de las pensiones de 2011 agravó este problema, porque al aumentar la edad de jubilación hasta los 67 años extrajo dos años de buena salud. Como dictan las leyes de la biología, los años más tardíos son aquellos en los que el cuerpo expresa más envejecimiento y enfermedades, de manera que mantener al trabajador en activo durante algunos años más significa recortarle años de jubilación sana. Es decir, dejando una proporción mayor de años de jubilación con enfermedades y dificultades. Una lógica que es peor según se aumente más años la edad legal de jubilación: mala para los españoles (67 años), peor para los alemanes de un futuro inmediato (70 años) y mucho peor para los trabajadores de la distopía empresarial del Círculo de Empresarios (72 años).

Lo que este análisis realza es que no estamos ante un mero problema contable sobre el que haya que incidir para ahorrar más cantidad de euros. Esos son los árboles que nos impiden ver el bosque. Se trata de algo mucho más profundo que tiene que ver con la manera en la que destinamos los recursos de una comunidad para el cuidado de nuestros mayores, que son quienes han levantado la economía presente. Es un problema abordado por todas las civilizaciones y tipos de sociedades humanas. Paradójicamente, la solución economicista que se plantea en la actualidad se encuentra probablemente entre las más crueles: tender a mantener a nuestros mayores trabajando cuanto más tiempo sea posible a fin de que generen el menor gasto posible y aunque sepamos que su “descanso” no va a ser tal.

Esto obliga a preguntarnos cuál debe ser realmente el objetivo de un sistema de pensiones. Si únicamente buscamos minimizar el gasto, retrasar la jubilación parece lógico. Pero si pretendemos garantizar una etapa de descanso digno tras décadas de trabajo, el criterio cambia por completo.

Los hebreos llamaron “jubileo” a un episodio que tenía lugar cada cincuenta años y en el que, como en los años sabáticos, se dejaba descansar la tierra, que era la fuente de riqueza principal y que necesitaba recuperar nutrientes para mantener la fertilidad; también se liberaban esclavos e incluso se perdonaban deudas, como nos recordó David Graeber en su libro “Debt”. Los cristianos resignificaron aquel evento en términos de festividad, y el descanso pasó a ser gozoso. Posteriormente, la jubilación pasó a referirse al retiro del trabajo de ciertos sectores, tales como funcionarios o profesores; se trataba del justo y gozoso descanso de ese factor productivo que, como la tierra antes que él, había proporcionado la riqueza. Las conquistas del movimiento obrero hicieron extensivo y generalizable el sistema a todo el conjunto de la clase trabajadora, también para aquellos obreros industriales que morían trabajando y enfermos. Nuestro presente es heredero de ese sistema.

Pero, a medida que avanza el desmontaje del Estado social, impulsado por una lógica cada vez más productivista y mercantil, la jubilación —como tantas otras conquistas sociales— se aleja de aquel ideal de descanso merecido. Cada vez más somos tratados como recursos humanos destinados a maximizar la rentabilidad económica, y cada vez menos como personas cuya vida es necesariamente finita. Por eso el verdadero debate consiste en responder a una pregunta que va más allá de las cuentas nacionales: ¿para qué organizamos la economía y a quién debe servir? La respuesta, también aquí, no es técnica. Es política.

Mariano Rajoy ha sugerido que los franceses negros que juegan en la selección no son franceses de verdad. Lo verdaderamente preocupante es que ha verbalizado una idea que circula cada vez con más naturalidad en determinados sectores políticos y sociales, lo que merece una consideración particular. El expresidente español pasa por ser una persona del ala moderada del PP —de ese PP de Galicia que incluso asume la diversidad de un país como España—, pero esta vez ha sido el portavoz de una concepción profundamente reaccionaria de la nación. El portavoz del partido, Borja Sémper, con idéntica fama de moderado pero que no deja de justificar las barbaridades de sus compañeros más radicales, ha disculpado a Rajoy diciendo que sus comentarios fueron una muestra de sarcasmo y que no tenían mala intención.

No lo han entendido así los líderes políticos franceses, ni siquiera los de extrema derecha. Cómo será la derecha española para que el partido fundado por Le Pen haya salido a denunciar las palabras de Rajoy como racistas. Y es que, a pesar de los intentos de Sémper y otros líderes del PP, las palabras de Rajoy son meridianas: lo que muestran es una concepción etnicista de quién es miembro de un país o de una nación. Con ese criterio, Rajoy podría reconocer quién es ciudadano de un país solo mirándole a los ojos, o más concretamente a la piel.

Para no ser injustos, tenemos que contextualizar el mensaje de nuestro expresidente. Lo cierto es que sus columnas sobre fútbol no se caracterizan por su profundidad, y en ellas nos ha dejado reflexiones como aquella de «España fue incapaz de hacer un gol, tampoco recibió ninguno y, por eso, el resultado fue de 0-0». Sus columnas son sobre fútbol, no sobre política; y uno encuentra en ellas el sabor típico de las frases soltadas a vuelapluma. Precisamente porque no parece un discurso cuidadosamente elaborado, sino una ocurrencia espontánea, resulta más revelador. No estamos ante un razonamiento construido para convencer, sino ante un prejuicio que aflora sin filtros. Es racismo en estado bruto; es su pensamiento latente, fuera de los cuidados y la atención a los que sometemos nuestro pensamiento al hacerlo público.

En el fondo, lo que Mariano Rajoy está sugiriendo es que una persona negra difícilmente puede ser plenamente francesa. Que existe una identidad nacional auténtica asociada a un determinado origen étnico y que quienes no encajan en ese molde pertenecen, en cierto modo, a otra comunidad. Es un mensaje que, en el mundo futbolístico, lleva extendiéndose muchos años: la idea de que las selecciones europeas han perdido su identidad porque han dejado de ser blancas. Aunque claro, como explicó Stuart Hall, las categorías raciales no son naturales sino históricas: lo que en un país se considera “blanco” deja de serlo en otro. Alguien debería explicarle a Abascal que difícilmente un redneck estadounidense seguidor de Trump lo consideraría blanco a él. Pero dejando al margen esas contradicciones dentro del pensamiento racista occidental, lo que encontramos aquí es una forma de pensar que reduce la identidad de un país a su composición étnica. Y esto, desgraciadamente, tiene cada vez mayor predicamento.

También durante el Mundial se ha hecho famosa una entrevista en la que un reportero español se aproxima a un aficionado con la camiseta del Betis y le pregunta en inglés si habla español; al oírle responder con un acento totalmente sevillano, se lo hace ver como si hubiera descubierto una rareza. El aficionado, lleno de amabilidad, le explica que uno de sus progenitores nació en España y el otro en Senegal, pero que él lleva en Sevilla toda la vida. El punto es bastante sencillo: hay españoles negros, aunque para algunos sean todavía un misterio por resolver.

Es también una paradoja: los racistas occidentales tienden a glorificar el pasado imperial de sus naciones, que en gran medida es el responsable de las primeras grandes mezclas —forzadas— entre diferentes etnias. La presencia de jugadores profesionales con ascendientes de muy diferentes nacionalidades no es solo un resultado de la globalización, y en particular de los flujos humanos que van de la pobreza hacia la riqueza, sino también del viejo imperialismo. De manera paradigmática, el racista típico de Estados Unidos debería saber que las personas negras actuales son, en su mayoría, descendientes de los esclavos que nunca quisieron salir de su territorio sino que fueron capturados, maltratados y vendidos por traficantes portugueses, ingleses y españoles, para disfrute de los emprendedores de plantaciones esclavistas —incluyendo a Thomas Jefferson y otros dirigentes revolucionarios—. Como no puede ser de otra forma, la composición étnica de una nación occidental es también el producto de la huella del imperialismo. Lo mismo ocurre en Inglaterra, en Francia o incluso en España. Y a ello cabe sumar, claro está, las dinámicas de movilidad internacional más recientes.

España no es un caso aparte de esta lógica. De acuerdo con los datos del historiador Juan Antonio Piqueras, todavía en el siglo XVIII un 15% de la población de Cádiz era esclava: el 80% eran negros, el 11% berberiscos y el 5% mulatos. En los hospicios, uno de cada tres niños era descrito como moreno. Es conocida la historia de Juan Latino, negro de piel y antiguo esclavo en la casa de los Fernández de Córdoba, la familia del Gran Capitán. Estudió en la universidad, fue manumitido y se convirtió en un extraordinario poeta. Se casó con una mujer blanquísima, tuvieron hijos mulatos y, a su muerte, fue enterrado en una iglesia. Los registros de la Iglesia están llenos de pruebas de este mestizaje de todas las clases sociales. La historia de España es, también, una más de ese mestizaje; causado por diversas circunstancias, pero mestizaje al fin y al cabo.

El problema de las palabras de Rajoy no es solo que sean racistas. A todos nos han enseñado a detestar el racismo, aunque les moleste a algunos. El problema es que presentan como sentido común una idea profundamente peligrosa, a saber, que la nación no la forman los ciudadanos, sino la sangre, el origen o el color de la piel. No olvidemos que esa es precisamente la vieja idea contra la que las democracias liberales y constitucionales llevan décadas intentando construir una ciudadanía basada en la igualdad de derechos. Así que cuando esa concepción vuelve a expresarse con naturalidad desde quienes han ocupado las más altas responsabilidades del Estado, es inteligente escucharla con atención. Sobre todo porque, aunque sea sin refinar, delata un clima cultural que empieza a dejar de avergonzarse de sí mismo.