-La medicina convencional defiende mayoritariamente que la enfermedad de Lyme, que suele ser transmitida por la picadura de una garrapata, se cura totalmente con el suministro de antibióticos durante tres-cuatro semanas.

-Sin embargo, cada vez es mayor la evidencia y el número de afectados con síntomas severos que perduran (y empeoran) varios años tras el tratamiento convencional, llegando incluso a quedar discapacitados.

-Además, se sospecha que esta enfermedad podría ser transmitida tanto de madres a hijos, como sexualmente, y de hecho se ha encontrado la bacteria Borrelia tanto en fluidos seminales como vaginales de pacientes afectad@s.

El 19 de mayo, dentro del mes internacional de la lucha contra el Lyme, la Asociación Lyme Crónico España (ALCE) va a realizar un acto reivindicativo en Madrid durante esa fecha, así como entrevistarse con el Ministerio de Sanidad.

Cuando la gente nos pregunta a los biólogos si hay arañas venenosas en nuestro entorno, y si son peligrosas para los humanos, tenemos una respuesta clara: ¡Los animales más peligrosos de la Península Ibérica, con diferencia, son las garrapatas!

Esta afirmación se basa en el hecho de que hay una serie de síntomas muy diversos en personas picadas por garrapata que pueden ser explicados por hallarse en la llamada fase crónica de la enfermedad de Lyme, que con frecuencia se asocia también a otras co-infecciones causadas por estos ácaros.

La enfermedad recibe su nombre de la villa de Lyme, en el Estado de Connecticut (EEUU), en dónde, junto a otras dos villas, hubo un grupo relativamente grande de afectados que llevó a su descubrimiento a mediados de los años 70.

Sin embargo, existen citas y descripciones de picadura de garrapata y síntomas desde finales del siglo XVIII, e incluso se ha secuenciado el ADN de una de las bacterias causantes, la espiroqueta Borrelia burgdorferi, de Ötzi, el hombre de Similaun, una momia de 5300 años de edad encontrada en los Alpes. Siendo este, por tanto, el enfermo más antiguo conocido.

La principal garrapata que transmite esta enfermedad en la Península Ibérica es Ixodes ricinus, común en la inmensa mayoría de la geografía española. Según parece, la garrapata tiene que haberse enganchado durante más de 24h para que la bacteria pueda migrar del tracto digestivo al interior del torrente sanguíneo del ser humano (aunque al parecer existen datos que sugieren que esto puede ocurrir más rápido), por lo que una buena manera de prevenir el contagio es inspeccionarse todos los rincones del cuerpo al volver del campo, de pasear al perro, etc. Y con muy buen ojo, pues las ninfas de esta garrapata ¡pueden medir menos de 1 mm de longitud!

Una medida de seguridad básica para zonas endémicas conocidas consiste en llevar mangas largas y pantalones largos, así como precintar la entrada por tobillos y muñecas, utilizando algún tipo de malla o cinta que evite la entrada de las garrapatas. También ponerse los calcetines por encima de los pantalones, y la camiseta siempre por dentro de éstos últimos.

Los síntomas de la enfermedad dependen de en qué fase de esta nos encontremos, existiendo tres fases reconocidas por toda la comunidad médica: temprana, diseminada y tardía. La fase temprana se caracteriza por la aparición de círculos concéntricos rojos alrededor de la picadura (Erythema migrans) (70-80% de los casos) y la posible aparición de malestar, fiebres, dolores de cabeza y dolores musculares, como en una gripe.

En la fase diseminada (desde días hasta semanas), la bacteria se esparce por el cuerpo y en pacientes no tratados puede incluso penetrar dentro del sistema nervioso causando neuroborreliosis (15-20% de los casos), originando un tipo leve de meningitis, parálisis facial, rigidez del cuello, y sensibilidad a la luz y una encefalitis leve que puede llevar a cambios en el humor, problemas para dormir, y llegando incluso a afectar al ritmo cardíaco

En la fase tardía, pasados varios meses, los pacientes no tratados pueden desarrollar síntomas severos que afectan al cerebro, los nervios, los ojos, las articulaciones y el corazón, pudiendo llegar a la discapacitación del enfermo. La encefalomielitis puede afectar al comportamiento, llegándose en algunos casos a diagnosticarse enfermedades psiquiátricas.

Además, las garrapatas suelen transmitir más de un patógeno a la vez (ej. Babesia, Bartonella, Coxiella, Ricketsia), y en muchas ocasiones los pacientes son portadores de más de un patógeno, lo que dificulta muchísimo tanto el diagnóstico (por la diversidad de síntomas), como el tratamiento.

El diagnóstico de la enfermedad es sencillo si se produce el Erythema migrans, se ha observado una garrapata enganchada durante más de 24 horas (ej. desde que volvimos del campo y claramente hinchada por la ingestión de sangre), y se han producido fiebres, etc. El problema principal viene cuando esta fase aguda no existe y la enfermedad avanza sin ser tratada.

En dichos casos, y si el médico no tiene la enfermedad presente, se lleva el diagnóstico fácilmente al cajón desastre de lo psicosomático. Además, en fases avanzadas, los síntomas se pueden confundir con los de la esclerosis múltiple, artritis reumatoide, fibromialgia, lupus, enfermedad de Crohn…, lo que dificulta en mucho el diagnóstico. No en vano se le ha llamado a la enfermedad la gran imitadora.

El tratamiento convencional consiste en el suministro de antibióticos, no recomendándose prolongarlo por más de 28 días, pues la medicina convencional descarta que administrarlo durante más tiempo sea efectivo.

La controversia sobre esta enfermedad viene dada por la aceptación o no de una fase crónica, en que la bacteria estaría afectando al/la paciente de por vida a pesar de haber sido tratado/a. Según la medicina convencional, dicha fase no existiría, y los síntomas serían, a lo sumo, secuelas de una infección pasada. Sin embargo, la asociación internacional para los enfermos crónicos de Lyme (ILADS), incluye a médicos de todo el mundo que postulan claramente que sí existe esta fase crónica.

Contrariamente, la CDC americana, el organismo oficial para controlar la transmisión de las enfermedades, no acepta dicha fase. De hecho, y curiosamente, la fase crónica se describe perfectamente en la Wikipedia en español pero no aparece como aceptada en la Wikipedia en inglés. Además, existen incluso artículos bastante agresivos en revistas prestigiosas de medicina que atacan contundentemente a algunos facultativos a los que llaman analfabetos sobre la enfermedad de Lyme.

No obstante, también existen artículos científicos recientes que muestran evidencia y discuten la existencia y las consecuencias de dicha fase crónica (ver aquí y aquí), y la propia ILADS ofrece una lista de 700 referencias de artículos en revistas que utilizan la revisión por pares que apoyarían su existencia. En la fase crónica, los pacientes pueden llegar a tener síntomas muy diversos que llegan a ser severos, y su calidad de vida empeora con los años.

Dichos pacientes llegan a tal desesperación que la mayoría dan vueltas de facultativo en facultativo sin conseguir una respuesta que explique su empobrecido estado de salud, y lo más importante: ningún diagnóstico.

Afortunadamente, existen facultativos sensibles a este tipo de dolencias, incluso en España. Este grupo de terapeutas utiliza todos los métodos a su alcance (convencionales y de medicina complementaria) para ayudar a estos pacientes. Y si bien una curación completa (la ansiada remisión), es improbable, sí consiguen contribuir a mejorar los síntomas y la calidad de vida de los afectados.

Los científicos y médicos que abogan por la existencia del Lyme crónico esgrimen el argumento de que la Borrelia, una espiroqueta (bacteria con forma de berbiquí) tiene una alta capacidad de penetrar en diferentes tejidos dónde los antibióticos no podrían llegar de forma fácil. Además, también defienden (y han documentado in vitro) que estas bacterias, como muchas otras, tienen una fase de biofilm, en la que se rodearían de un mucílago impenetrable a los antibióticos, lo que demostraría la existencia de esta fase crónica.

La potencialidad de caer en una fase crónica sin ser detectada la Borrelia sería muy superior si se demuestra la sospecha de que podría transmitirse de madres a hijos, como aseguran algunos defensores de la fase crónica. O incluso por transmisión sexual, dado que recientemente se han encontrado las bacterias en los fluidos seminales y vaginales de personas afectadas. De hecho la Borrelia es una espiroqueta, como Treponema pallidum, causante de la sífilis y neurosífilis.

La Península Ibérica no se halla libre de la enfermedad que nos ocupa, y unos cuantos enfermos crónicos fundaron la Asociación Lyme Crónico España (ALCE) hace algunos años con el fin de dar apoyo a los enfermos, así como concienciar a las instituciones y al público en general sobre la existencia de esta enfermedad. El número actual de enfermos en España se desconoce, pero es muy posible que haya un elevado número de personas que no han sido diagnosticadas.

Uno de los problemas en el diagnóstico de la enfermedad de Lyme es que las pruebas analíticas pueden ser poco concluyentes. ALCE, en colaboración con una clínica privada y el autor de este post, está elaborando un informe basado en una encuesta a 150 pacientes que tienen síntomas y pruebas analíticas consistentes con la enfermedad de Lyme. Para elaborar dicho informe se están analizado estadísticamente los datos, y los resultados preliminares sugieren que hay asociaciones entre las pruebas analíticas de varias infecciones por garrapatas y la diversidad y severidad de los síntomas de los pacientes. Esto puede constituir un gran paso para avanzar en el conocimiento de las enfermedades transmitidas por garrapatas y su potencial cronicidad.

Pero, ¡No se asuste! Seguramente no estamos hablando de una pandemia. Es muy posible que garrapatas portadoras de estas enfermedades ya le hayan picado y a Vd. no le afecte. La hipótesis más plausible es que existe una base genética que haga a las personas portadoras de ciertos genes más propensas a desarrollar los síntomas de dicha enfermedad. Pero en cualquier caso, debemos avanzar en su estudio y sobre todo poder prevenir de forma temprana más contagios. Es sumamente importante que avance el conocimiento sobre esta enfermedad, y para ello se necesita investigar mucho más y de manera multidisciplinar.

Acabaremos este post con una advertencia a aquellas personas que tras leer esto, crean que la enfermedad de Lyme pueda ser la causa de todos sus males. Es verdad que tenemos muy buenos profesionales en nuestro país que ponen todo su empeño en contribuir al bienestar del paciente respecto a esta enfermedad, y todo ello es altamente loable teniendo en cuenta la controversia que la rodea. Sin embargo, les aconsejamos que antes de buscar un diagnóstico, o de tratarse, intenten informarse bien sobre el nivel de profesionalidad y grado de conocimiento sobre la materia de los distintos facultativos, así como de sus propias posibilidades de mejora.

Ver página del ilustrador

El aumento en el número de casos de fraude y retracciones son síntomas de un clima científico disfuncional

La actividad científica se ha convertido en un juego en el que el ganador se lleva todo, con incentivos perversos que fomentan las conductas impropias

La prevención del fraude científico depende de nuestra capacidad para instruir a los jóvenes investigadores en las buenas prácticas de una profesión construida sobre un estricto código ético

Carlos es uno de los muchos científicos españoles que llevan ya años en el extranjero. Algo le conminó a hacer su doctorado en otro país. El catedrático con el que había colaborado y que podría dirigirle la tesis le invitó a escribir un artículo “que le ayudaría a reunir méritos para obtener una beca”, aprovechando su dominio del inglés y unos datos de un proyecto previo. El análisis de los datos no acababa de confirmar la hipótesis de partida, algo desafortunado porque “un resultado inconcluyente no se iba a vender igual de bien”. La sugerencia de su supervisor: eliminar dos o tres puntos “que seguramente estaban mal medidos”. Carlos capeó el temporal como pudo al tiempo que conseguía su primer contrato en Alemania, aunque no pudo evitar consolidar una mala relación con “su jefe en España”.

Miguel es un posdoctoral de éxito en un grupo muy competitivo. Hizo la tesis en un grupo bueno y honesto, y con ese bagaje consiguió un contrato en un grupo “de los que publican Natures y Sciences”. Allí le dejaron que tomara mucha iniciativa: el investigador líder, siempre ocupado, le dejaba completa libertad para decidir todo lo que hacía, a partir de esporádicas instrucciones. Al principio se puso muy nervioso, pero cuando consultó a los posdocs más antiguos del grupo comprobó que era algo normal, “y todos publicaban muy bien”. Por desgracia, los resultados no acababan de confirmar las ideas de su jefe. Así que pescó análisis estadísticos cada vez más retorcidos en todos los foros que pudo encontrar, hasta conseguir la deseada significación; y, cuando un par de análisis se resistieron, eliminó un par de datos que estorbaban. Bingo: solo un par de tensas reuniones más y consiguió publicar, gracias a la presencia de su IP en la lista de autores, un artículo en una revista “de referencia”.

Estos dos ejemplos podrían ilustrar el abanico de malas prácticas de algunos investigadores. En un extremo, grupos mediocres en los que el supervisor instiga la manipulación de los datos para conseguir publicar algún artículo con el que maquillar su desempeño como científico. En el otro, grupos ultra-competitivos en los que la rueda de la “producción científica” gira tan rápido que los supervisores no tienen tiempo de hacer su trabajo y se dedican a vender en la mejor revista posible cualquier resultado que corrobore sus ideas del momento. La llamamos cultura de malas prácticas porque instila en los jóvenes investigadores un comportamiento que les acompañará de por vida; y, cuando se resisten a entrar por el aro, condiciona sus oportunidades de promoción y trabajo futuros.

Esta cultura no es universal, ni tan siquiera mayoritaria, pero si está lo suficientemente extendida para preocuparnos. Y sus causas radican en el doble filo de nuestras políticas de I+D: falta de recursos y escaso control. Escaso control sobre los grupos mediocres ya establecidos a los que, a cambio de gastar poco, se deja vivir (y, haciendo política interna, hasta promoverse) sin rendir cuentas. Y escaso control sobre los investigadores “excelentes” a los que, a cambio de atraer recursos y generar prestigio en esa rueda hiper-competitiva que es la ciencia actual, se les permite hacer lo que quieran.

¿Estamos exagerando? Veamos algunas cifras. Desafortunadamente la mayoría de los ejemplos proceden de otros países, dada la escasa cultura de controlar las malas prácticas que aún tenemos en nuestro país.

Como hemos discutido recientemente , las malas prácticas son el elefante en la habitación de la práctica científica. Aunque fuentes de hace más de un siglo ya reconocían que el principal elemento que la práctica científica trata de combatir, la irreproducibilidad de algunos resultados, proviene de la suma de errores inadvertidos y fraude deliberado, los líderes de las principales agencias de financiación de la ciencia de EEUU, Reino Unido y la Unión Europea han negado el problema hasta hace muy poco. Sin embargo, esta percepción está cambiando rápidamente. Hace tan solo cinco años, Carl Zimmer denunció en un artículo en The New York Times el espectacular aumento en el número de artículos retractados en las últimas décadas, que atribuía principalmente a las malas prácticas de unos investigadores que intentaban sobrevivir en una era de recursos cada vez más escasos. Zimmer describe las conclusiones de los doctrores Fang y Casadevall, editores de las revistas Infection & Inmunity y mBio, que tras investigar la causa de una serie de retracciones en sus revistas concluyeron que éstas eran “el síntoma de un clima científico disfuncional”. En un editorial titulado “La ciencia necesita reformas estructurales”, afirmaban que la actividad científica “se había convertido en un juego en el que el ganador se lleva todo, con incentivos perversos que llevan a los científicos a tomar atajos y, en algunos casos, caer en conductas impropias”.

Pues bien, sus peores temores fueron confirmados unos meses después. Una revisión de más de 2000 artículos retractados en la ciencias biomédicas y de la vida concluyó que su número se había multiplicado por 10 entre 1973 y 2012. Y solo el 21% se debía a errores: la mayoría (67%) se debía a malas prácticas premeditadas, que incluyeron el fraude (43%), la duplicación (14%) y el plagio (10%).

Y esta es solo la punta del iceberg. En 2009, una revisión sistemática de 21 estudios anteriores basados en encuestas anónimas ya había indicado que el 2% de los investigadores y becarios admitían haber fabricado, falseado o modificado datos al menos una vez (y eso que las encuestas excluían el plagio). Un 34% admitieron haber cometido otras prácticas cuestionables, y un porcentaje mucho más alto admitieron haber sido testigos de falseamientos (14%) y otras prácticas cuestionables (72%) entre sus colegas. Estos números coinciden con los de un estudio anterior, realizado con más de 1000 investigadores posdoctorales, en el que más de la mitad declaró haber sido testigo de conductas deshonestas y el 27% declaró estar dispuesto a seleccionar u omitir datos para mejorar sus resultados.

Parece innegable que estas conductas están asociadas a la competitividad excesiva. En 2006-2007, un estudio basado en encuestas enviadas a 5000 investigadores biomédicos y sociales de 50 universidades “top-tier” de EEUU indicó que la presión para obtener financiación externa (tanto pública como privada) estaba asociada a una mayor probabilidad de cometer comportamientos inadecuados, negligencias o mala conducta. Los autores concluían que “la intensa competición por la financiación de la investigación, podría estar destruyendo la integridad científica”. En palabras de otro estudio reciente, “los factores de estrés profesional, como la sobrecarga de trabajo o la presión para completar experimentos y producir datos sin suficiente tiempo para hacerlo adecuadamente, estaban claramente relacionados con la aparición de conductas inadecuadas entre investigadores”.

Todo parece indicar que una parte importante de la responsabilidad sobre el aumento del fraude científico recae sobre los responsables de formar a los jóvenes investigadores en buenas prácticas de una profesión construida, principalmente, sobre un estricto código ético. De hecho, algunos estudios han indicado que los investigadores en estadios tempranos y medios de su carrera profesional son responsables de 2/3 de los casos de mala conducta. Una prospección de 610 académicos pertenecientes a 49 departamentos universitarios de EEUU concluyó que había dos tipos de ambientes de investigación, centrados respectivamente en la maestría (entendida como virtuosismo o dominio técnico) y en la producción de resultados, y prevenía sobre las consecuencias negativas que el segundo podría tener sobre el mentoraje efectivo y el mantenimiento de la ética de la investigación.

La evidencia apunta claramente en esa dirección. Una revisión de casos de malas conductas entre investigadores en formación concluyó, por ejemplo, que una de sus principales causas era el mentoraje inadecuado. Los investigadores en formación eran particularmente proclives a cometer malas prácticas cuando los mentores les prestaban poca atención y cuando reportaban sentir “presión” o “estrés”. Entre aquellos que habían cometido malas prácticas, el 73% de los mentores no había revisado los datos originales y el 62% no les habían explicado nunca los estándares específicos de la actividad investigadora, dos comportamientos considerados clave para prevenir dichas prácticas.

A la supervisión inadecuada se suma la exigencia de un desempeño excelente a corto plazo. Otro estudio centrado en la investigación biomédica indicaba que casi un tercio de investigadores en formación sentían presión por “probar las hipótesis de su mentor” aunque los resultados no la apoyaran y un 19% habían sido presionados a publicar resultados sobre los que tenían dudas. Esta fuente de estrés y competencia puede extenderse mucho más allá de la etapa formativa, constituyendo un factor de disrupción en la etapa más sensible de la carrera investigadora: la formación de un grupo independiente.

Y ¿qué podemos hacer para abordar este grave problema? Lo primero es visibilizarlo y ser conscientes de su gravedad. Una vez conseguido, debemos conseguir que instituciones y mentores presten mucha más atención al proceso formativo de los jóvenes investigadores a su cargo. Este es un problema particularmente acuciante para los grandes grupos de investigación, que deberían detenerse a determinar explícitamente quién está a cargo de tareas como educar, supervisar y asegurar la integridad de los datos.

Los datos disponibles sugieren que los jóvenes investigadores que encuentran un mentoraje ético, científico y personal adecuado son menos proclives a caer en prácticas cuestionables; mientras que un mentoraje que se limita a proporcionar recursos y a dejar que el joven investigador “nade o se hunda” por sí mismo tiende a incentivar las malas prácticas. Es imprescindible repensar el significado profundo del mentor científico, como alguien que inspira a estudiantes y jóvenes científicos no solo a través de su conocimiento sino también, y tal vez sobre todo, a través de su comportamiento y de su compromiso ético. Esa debería ser la gran contribución de un investigador para la ciencia y la sociedad.

Si queremos atajar un problema que empieza a tomar proporciones muy preocupantes, las instituciones deben modificar y reforzar sus sistemas de apoyo, sus programas de formación y sus directrices hasta cambiar radicalmente el ecosistema académico y científico-técnico actual, fomentando un cambio profundo en los comportamientos de este colectivo. Una vez identificado el problema, solo queda que nuestras instituciones se pongan en movimiento.

“My main research achievement, maybe, has been to be able to attract truly excellent PhD students, postdocs and visiting scientists (…) Part of this attraction is due to the general scientific environment of Montpellier (…) and part of it is, I hope, the pleasant environment people find in our lab, every member of which is actually very nice.”

Isabelle Olivieri

Cada alimento que nos metemos en la boca tiene una historia por detrás. Aparte de su sabor, el alimento trae consigo el lugar donde lo hemos comprado, su zona de producción, su productor y las prácticas que éste ha utilizado para producirlo. Por eso, con cada bocado estamos ingiriendo toda una historia y toda una cultura. Noción esta última muy bien encapsulada en la cita del geógrafo Jean Brunhes “Comer es incorporar un territorio” (“Manger, c'est incorporer un territoire”).

Aunque hay muchas formas de producir alimentos, las prácticas agrícolas responden principalmente a un gradiente que va desde la llamada “agricultura familiar” hasta la “agroindustria”. La agricultura familiar utiliza principalmente el trabajo de los miembros de las unidades familiares y puede ir a su vez desde la agricultura producida para autoconsumo hasta la producción para venta (ver aquí).

En los últimos años se ha dado más importancia a la agricultura familiar gracias a iniciativas como el Año Internacional de la Agricultura Familiar (2014) y ahora con la declaración del decenio de la agricultura familiar para 2019-2028, promovidas por la Asamblea General de las Naciones Unidas con el objetivo incentivar a los gobiernos a adoptar medidas de apoyo a estos agricultores.

¿Por qué es importante la agricultura familiar? Hay, al menos, cinco razones de peso:

Porque es clave para sostener a la población mundial: a pesar del enorme crecimiento de la agro-industria desde los años 60, la agricultura familiar todavía produce cerca del 80% de los alimentos del mundo (¡aunque haya una gigantesca compañía que anuncia como algo positivo su intención de alimentar a todo el mundo en 2050!).

Porque favorece la descentralización de la producción, facilitando el desarrollo de regiones menos pobladas.

Porque es más diversa, lo que ayuda a mantener una mayor variedad de paisajes, productos alimentarios, alternativas locales, tradiciones culinarias e, incluso, gustos de los consumidores.

Porque contribuye a reducir la concentración excesiva de las rentas y, por tanto, la desigualdad: mientras la agro-industria está dominada por dos o tres grandes empresas, los agricultores familiares son infinidad.

Finalmente, porque es mejor para el medio ambiente, ya que favorece tanto el consumo de proximidad (reduciendo la huella de carbono del transporte y la distribución de alimentos) como unas prácticas agrícolas con menor consumo de agroquímicos. Esto no implica que, en ausencia de políticas e incentivos adecuados, todos los pequeños productores sigan prácticas agrícolas sostenibles, o incluso razonables; pero sí que esta forma de cultivo es más resiliente en ausencia de productos agrotóxicos y que, dada su menor capacidad de lobby, el sector es más proclive a aceptar y responder positivamente a las políticas agroambientales.

Mientras que el Gobierno de España no ha adoptado ninguna iniciativa para promover la agricultura familiar más allá del apoyo al Año de la Agricultura Familiar, Portugal y el resto de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP) firmaron la Carta de Lisboa Pelo Fortalecimento da Agricultura Familiar el 7 de Febrero de 2018. Esta firma fue también celebrada en un seminario en la Universidad de Lisboa que contó con la presencia, entre otros, del Director General de la FAO y del Secretário de Estado das Florestas e Desenvolvimento Rural portugués. En este seminario se discutieron varias experiencias de promoción de la agricultura familiar a nivel global, entre las que destaca la de Brasil, donde estas medidas han ayudado a alcanzar la erradicación del hambre en los últimos años dentro del programa Fome Zero. Más próximo a la problemática española, se discutieron las iniciativas de algunos municipios portugueses para promover este tipo de agricultura, como por ejemplo el programa de sostenibilidad en la alimentación en las escuelas de Torres Vedras, que incluye acciones como la compra de alimentos de huertos comunitarios y productores locales, así como la educación alimentaria de niños, madres y padres.

¿Se puede entonces decir que Portugal, a diferencia de España, está dando pasos para fomentar la agricultura familiar? Si, aunque aún no muy grandes. El texto de la carta de Lisboa es un texto de buenas intenciones, pero no es un texto normativo. Y también es cierto que el gobierno portugués firma esta carta con una mano, pero apoya las políticas de la Unión Europea con la otra. Políticas que incluyen una Política Agraria Comunitaria (PAC) que sigue favoreciendo a los grandes productores sin apoyar de manera efectiva a la agricultura familiar; o la firma de acuerdos bilaterales de asociación económica con los países de África Meridional y Canadá (el famoso CETA) que pueden llegar a ser muy perjudiciales para los productores locales, como comentó en el mismo encuentro Beatriz Gascò Verdier. Usando el caso de los productos cítricos como ejemplo, esta Diputada de las Cortes Valencianas se preguntó qué sentido tiene importar del otro lado del mundo productos que ya son cultivados localmente, dejando al mismo tiempo que el excedente de producción local acabe en la basura – sobre todo, sabiendo que el diferencial de precios solo es positivo para esos productos importados porque estamos monetarizando de forma incompleta los costes energéticos, sociales y ambientales involucrados en su producción y transporte. Hay que entender que “no es posible apretarse el cinturón y bajarse los pantalones a la vez.”

La verdad es que, como consumidores, está en nuestras manos elegir qué tipo de agricultura y qué tipo de productores queremos apoyar. De hecho, y a diferencia de otros productos como la energía, el tipo de agricultura que se consume es una de las pocas cosas sobre las que la ciudadanía con un mínimo de poder adquisitivo tiene todavía bastante control. En cada alimento que compramos no solo estamos decidiendo sobre nuestra salud y nuestro modo de vida, sino invirtiendo nuestro dinero en un tipo de agricultura y en un sistema de producción alimentaria concretos. Además de ver los infinitos programas de master, top y mega chef que se multiplican en la televisión, deberíamos pensar qué tipo de alimentos queremos en nuestro plato.

Dentro de los planes para estabilizar los puestos de científicos y tecnólogos que el Gobierno supuestamente pretende incluir en los presupuestos generales de 2018, el todavía ministro de Guindos ha incluido la creación de una nueva “comisión evaluadora del desempeño de la actividad científico-tecnológica”. Esta comisión determinaría cuándo o qué científicos deben ser estabilizados, así como su nivel salarial. Sorprende un poco la necesidad de crear una nueva comisión para evaluar a los científicos, cuando sus funciones ya existen dentro de la ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad Científica y Acreditación). Más aún dado que España carece de sistemas consistentes de evaluación para departamentos, universidades y centros de investigación similares a los de otros países de nuestro área (como el Research Evaluation Framework del Reino Unido).

La supuesta necesidad de crear una comisión de evaluación como prioridad parece más bien ahondar en uno de los “hechos alternativos” preferidos de la Secretaría de Estado de I+D+i: la falta de evaluación y el bajo desempeño de los científicos en España. Los investigadores somos constantemente evaluados en todos los aspectos de nuestra actividad. Y mientras que los salarios de algunos puestos considerados extremadamente competitivos no parecen estar directamente relacionados con su desempeño profesional, como por ejemplo los consejeros del Ibex, la progresión en todos los estadios de la carrera científica (e incluso la posibilidad de tener una carrera, ya que la posiciones académicas son menos cada año) depende de la cantidad y calidad del desempeño del investigador. La productividad es también decisiva para obtener proyectos de investigación, porque se da la paradoja de que la mayoría de la Universidades y Organismos Públicos de Investigación (OPIs) pagan el sueldo de los investigadores, pero dejan en sus manos el obtener recursos con los que hacer su trabajo. Sin olvidar que hasta las propias revistas científicas donde se publican los resultados de la investigación son evaluadas y clasificadas en función del impacto de los artículos que publican.

Por desgracia, muchos gestores perciben el ejercicio de una evaluación detallada como un gasto excesivo e innecesario, y recurren cada vez con más frecuencia a indicadores simples (a menudo elaborados por empresas que provienen del mundo de la información financiera, como la famosa Thomson Reuters) que permiten comparar rápidamente un gran número de investigadores o grupos de investigación. Estas métricas del impacto de la investigación abarcan desde el número de artículos publicados y patentes desarrolladas, hasta la rapidez y profusión con que se han citado los primeros (o las revistas en que están publicados), o el rendimiento económico de las segundas.

No cabe duda de que estas métricas pueden ser útiles para hacerse una idea general del desempeño de un investigador, pero no sirven ni para cuantificar sus cualidades académicas (como la originalidad o la profundidad de sus razonamientos), ni para identificar el impacto a largo plazo de su investigación, ni para conocer su relevancia como mentor de investigadores más jóvenes (de hecho, a menudo las peores prácticas en supervisión de investigadores jóvenes se dan en los grupos “de élite”). En ausencia de una evaluación más profunda, las métricas de impacto se han convertido en un recurso fácil y práctico para paliar las deficiencias de los sistemas de selección, con comités cada vez más saturados por el número de candidatos a evaluar y abarcando áreas temáticas cada vez mayores. Esto además disminuye la eficacia de las métricas, ya que sus valores promedio varían de un tema de investigación a otro en función de determinadas modas (los denominados hot topics) y del nivel de inversión que reciben.

Paradójicamente, el uso indiscriminado de indicadores puede desvirtuar la riqueza y pluralidad de la investigación. Es posible que la lógica capitalista de disminuir los recursos por debajo del umbral en el que los científicos pueden trabajar sin presiones y aumentar la competitividad entre ellos aumente el rendimiento a corto plazo. Sin embargo, también altera la percepción de la actividad científica como una labor esencialmente colaborativa, en la que todos contribuyen de forma solidaria a construir un conocimiento cada vez mayor y mejor – del que, a su vez, se beneficia la iniciativa privada para desarrollar aplicaciones económica y socialmente beneficiosas a medio y largo plazo.

El uso generalizado de métricas simples ha propiciado que se asiente el cambio de ciencia colaborativa a ciencia competitiva. El ambiente competitivo es tal que entre los investigadores la producción científica ha llegado a convertirse en un espectáculo similar a la clasificación de la liga de fútbol o al ranking de tenistas en la ATP, al centrar la importancia de su labor más en el continente (dónde se publica y cuánto se cita) que en el contenido (cuánto ha avanzado el conocimiento). Según modelos matemáticos basados en procesos de selección natural, este tipo de ambiente competitivo genera ciencia de mala calidad incluso en colectivos de investigadores que siguen un código ético intachable. Y de hecho, los niveles elevados de competición son suficientes para reducir la calidad de las publicaciones científicas , menoscabar el potencial de hacer descubrimientos transformadores, incentivar la publicación de resultados poco fiables o difícilmente repetibles (como los llamados “falsos positivos”), y desincentivar la crítica al conocimiento ya establecido.

Y lo que es peor, un ambiente tan competitivo incentiva las prácticas fraudulentas. Más de la mitad de los investigadores del Reino Unido encuestados por el Nuffield Council on Bioethics reconocen que o bien ellos, o bien colegas directos, se sienten presionados para bajar los estándares de calidad de su investigación, obligados como están a obtener altas métricas de impacto y captar grandes cantidades de dinero (acabe gastado de forma eficiente o no). Aunque la mayoría de los investigadores resistan a la tentación, un ambiente así fomenta primero malas prácticas, más tarde el desarrollo de una cultura académica poco ética, y finalmente la aparición de tramposos que inventan o falsean datos, plagian a otros autores, trafican con las autorías de los artículos, duplican sus trabajos y/o evalúan de manera maliciosa para asfixiar a sus competidores o robarles las ideas.

La propia estructura de la ciencia como un sistema de conocimiento en revisión y discusión continua permite detectar muchos de estos casos: gracias a ello, sabemos que esta nueva cultura de la hipercompetitividad científica ha multiplicado el número de retracciones (artículos ya publicados que se retiran al detectarse irregularidades en sus procedimientos o datos) en los últimos años. Estos incluyen casos de fraudes reiterados en numerosos artículos, como el de Jesús Ángel Lemus o Susana González, por citar los dos más recientes y famosos del sistema científico español.

Está claro que el exceso de competitividad entre los científicos se nos está yendo de las manos. La combinación de recursos escasos y el foco de la evaluación del desempeño en indicadores no sólo provocan la desmoralización y el abandono de la carrera científica, sino que fomenta las malas prácticas. Las soluciones a este problema pasan no solo por promover una cultura crítica que detecte y castigue a los tramposos, sino por incentivar a los investigadores que promueven una aproximación cooperativa y comunitaria al trabajo científico. Para ello hace falta utilizar cuidadosamente las métricas de evaluación, que sí son útiles para separar el grano de la paja en procesos de selección competitivos que permitan atraer y estabilizar a los científicos más brillantes, incluyendo muchos españoles expatriados. Pero es necesario combinarlas con otras formas de evaluar el conocimiento y desempeño, promover el desarrollo de “métricas responsables” y, sobre todo, ir más allá de la obsesión por el impacto rápido de las publicaciones individuales. En este sentido, iniciativas de sistemas de publicación abierta como ArXiv o biorRxiv, y sistemas de evaluación transparente y abierta como Peer Community, permiten escapar de la tiranía de las revistas científicas y abren un espacio de esperanza para el renacimiento de la ciencia como una empresa solidaria y cooperativa.

En 1992 más de 1.700 científicos de todo el mundo, incluyendo todos los premios Nobel vivos en aquel momento, firmaron un escrito en el que resumían las preocupantes cifras de nuestro impacto sobre el planeta. Avisaban a la humanidad de que nuestras actividades llevaban rumbo de colisión con el mundo natural. Hace ahora veinticinco años de aquella Cumbre de la Tierra en Rio de Janeiro, reunión histórica en la que se definió el concepto de desarrollo sostenible y se dieron 2.500 recomendaciones para alcanzarlo. Ahora, en el 25 aniversario de una cumbre tan emblemática, más de 15.000 científicos de 184 países del mundo hemos firmado un segundo aviso a la humanidad. El aviso se ha plasmado en el artículo con más apoyos científicos de la historia y que ha resultado de una rápida y eficiente coordinación global del mundo académico. En este aviso se repasa la evolución de los principales indicadores ambientales en el último cuarto de siglo. Y la evolución no es precisamente la que se esperaba después de la cumbre en Río. 

El análisis de los indicadores ambientales y de su evolución evidencian que la humanidad no ha hecho bien los deberes programados en 1992. Estos incluían, entre otros, conseguir una reducción del crecimiento poblacional, revisar una economía basada en el crecimiento ilimitado, reducir la emisión de gases con efecto invernadero, incentivar las energías renovables, proteger hábitats naturales, restaurar ecosistemas, y frenar los niveles de contaminación, defaunación e introducción de especies exóticas invasoras. 

Sin embargo, no todo son malas noticias y es importante resaltar los aspectos positivos de nuestras actuaciones en materia medioambiental para alentar el progreso. El Protocolo de Montreal para la Protección de la Capa de Ozono sirvió para reducir el problema que generamos en la capa de ozono liberando hidrocarburos halogenados a la atmósfera. Proyectos de educación a mujeres y niñas en las regiones más desfavorecidas están teniendo un impacto positivo en reducir la tasa total de natalidad. La deforestación en grandes zonas templadas del planeta se está reduciendo gracias a acertadas políticas de gestión y conservación. El sector de las energías renovables está creciendo globalmente y pronto serán más baratas que los combustibles fósiles a pesar de recibir cinco veces menos subvenciones que éstos últimos. Estas mejoras, aunque esperanzadoras, son, no obstante, insuficientes para contrarrestar el impacto creciente y nada sostenible que tenemos sobre los recursos naturales y el funcionamiento de la Tierra en la que vivimos. Y por eso este segundo aviso. 

¿Qué podemos hacer para cambiar el rumbo de colisión con el mundo natural? La lista de posibilidades es larga e incluye mejorar la red de espacios protegidos, detener la pérdida de hábitat forestal (sobre todo, en zonas tropicales y áridas), revertir la pérdida de fauna, reducir el consumismo, aumentar el reciclado y la reutilización, potenciar las tecnologías verdes y energías renovables, educar a la sociedad sobre los bienes y servicios que se obtienen de los ecosistemas cuando funcionan bien, reducir la desigualdad social y económica, e incluso promover una dieta más rica en productos vegetales. Y, muy especialmente, fomentar el empoderamiento de la mujer y su capacidad para decidir sobre su reproducción, algo que se ha demostrado como el mejor método para reducir el desmesurado crecimiento poblacional. 

El desafío ahora es combinar esta Alianza Mundial de Científicos con la sociedad en su conjunto para seguir documentando amenazas, cambios, progresos y soluciones, y transferir esta información y esta urgencia a los líderes políticos. 

Resulta triste y preocupante aterrizar el escenario global a nuestro marco más próximo. Nuestro presidente, Mariano Rajoy, y su equipo de gobierno se ponen una vez más de perfil ante un problema complejo: ni estaban ni, lo que es peor, se les esperaban en Bonn, en la última Cumbre de las Naciones Unidas por el clima (COP23). De hecho, el partido en el Gobierno de España ha contribuido a multiplicar las principales causas de degradación planetaria, impulsando el uso de combustibles fósiles boicoteando las energías renovables, favoreciendo la degradación de los ecosistemas reduciendo la protección de nuestras costas, fomentando la caza deportiva en espacios protegidos, eliminando la exigencia de controlar ciertas especies invasoras, y contribuyendo al agotamiento de los recursos hídricos desenterrando un modelo obsoleto de gestión del agua, en franca colisión con la Directiva Marco. Y eso que España está sufriendo una de las mayores sequias de su historia. 

Post data: el breve artículo que acaba de publicarse contiene versiones en varios idiomas incluyendo el español y se puede consultar íntegramente aquíaquí.

Hace tiempo (por no decir “cuando éramos jóvenes”, que queda cutre y derrotista), salíamos a veces por la noche con un grupo de ‘ibéricos’. Los españoles del grupo solían decir que “estaba la movida madrileña y la parada portuguesa”, porque cada vez que los portugueses salíamos de un bar y teníamos que decidir adonde ir a continuación, tardábamos horas (literalmente) y no se hacía nada. Bueno, pues así están las políticas científicas en Portugal.

Hace más de un año, en agosto del 2016, salió un decreto-ley (el 57/2016) que proponía terminar con la precariedad endémica del sistema científico portugués. La idea era pasar todas las becas postdoctorales de Portugal (con un salario de 1495 euros al mes) a contratos. Idea loable. Pero en la práctica, estamos desde entonces en “la parada portuguesa”. O sea, no se está aplicando ninguna medida más para luchar contra esta arraigada precariedad, y de paso no se abren ni concursos para becas post-doctorales, ni concursos para contratos de investigador (del programa “Investigador FCT”, o “IF”, equivalentes a los Ramón y Cajal españoles). O sea, prometen que la situación de los postdocs va a cambiar porque van a tener contratos, en lugar de becas, pero se olvidan de decir que esos contratos son sencillamente la substitución de los IFs… Esta situación ha dejado mucha gente en un compás de espera que está resultando largo, muy largo… y mientras tanto no se invierte dinero público en personal investigador abriendo nuevos concursos.

A pesar de ser países hermanos y de estar en la misma balsa de piedra, hay algunas diferencias importantes entre el tejido científico portugués y el español. La principal y más nefasta es que no existe una verdadera carrera investigadora en Portugal. Vamos a ver… ¡Sí la hay! pero en ese caso no es ya “la parada portuguesa”, sino el total congelamiento: hace varios años que no hay posibilidad de conseguir una posición estable debido al ínfimo número de puestos que se abren en las categorías superiores de dicha carrera. La renovación de los equipos docentes de las universidades es mínima, y los puestos en institutos de investigación son virtualmente inexistentes. Esta situación es aún más grave que en España, donde toda la plantilla investigadora está envejecida. En Portugal, la gran mayoría de los investigadores que aún están “haciendo carrera” ya tienen canas (o llevan el pelo teñido).

Es decir, para un investigador que quiera quedarse en Portugal después de su ‘pubertad’ científica sólo hay dos opciones: o incorporarse con un puesto docente en la universidad o conseguir un contrato de investigador de cinco años de duración. Estos contratos de investigador fueron inicialmente creados en 2007 por José Mariano Gago, ministro de José Socrates, probablemente siguiendo el éxito de los contratos Ramón y Cajal en España. Estos contratos se llamaban Contrato Ciência, y su aplicación y nivel de excelencia fue desigual debido a que la evaluación se hacía de manera directa por los centros de investigación. El gobierno sucesor mantuvo estos contratos, aunque los reestructuró y les dio un nombre diferente – contratos de investigador FCT (evidentemente, no se puede otorgar demasiado reconocimiento a los gobiernos anteriores de diferente signo político…). Los IFs tienen la ventaja de ser contratos de “larga duración”, pero no son renovables. Después de 5 años, y de haber pasado por un concurso supercompetitivo, con un 8% de tasa de éxito, los investigadores tienen que presentar de nuevo su candidatura, como si fuera la primera vez. Desgraciadamente nos encontramos en “parada portuguesa” también para estos contratos desde 2015. ¿Podrían, entonces, incorporarse esos investigadores como personal docente a las universidades? En teoría sí, pero claramente, los pocos puestos que las universidades abren no son suficientes para acoger a los investigadores ‘huérfanos’, y no es fácil seguir haciendo investigación de calidad impartiendo 200 horas de clases al año.

Para entender el actual aumento del malestar, hay que destacar que Portugal ha formado en los últimos años una gran cantidad de científicos de alta calidad. Ese momentum en investigación fue también iniciado por Mariano Gago en los años 90, cuando era ministro del gobierno de Antonio Guterres (1995-2002). Durante ese período se crearon muchas becas de doctorado y becas postdoctorales para que los jóvenes científicos portugueses se formaran en Portugal y en el extranjero (programa PRAXIS XXI). En cierta manera, la creación de Contratos Ciência en la década siguiente, fue una respuesta a esa generación que estaba esperando una oportunidad para volver a Portugal. Evidentemente, esa situación contrasta con la situación actual de dos años en “parada portuguesa”.

Portugal (como España, aunque bajo distintas circunstancias) está perdiendo un momento histórico para ponerse al nivel de la comunidad europea en materia de investigación científica. Ambos países tienen a su disposición la materia prima más preciada y más difícil de conseguir para ello: recursos humanos plenamente formados y con la experiencia, y el “know how” necesario para alcanzar posiciones de liderazgo en multitud de áreas de conocimiento. Aquellos investigadores formados durante años de inversión en temas científicos ya han dado buenas pruebas de su gran calidad investigadora. Si continúa la ‘parada portuguesa’ durante mucho más tiempo, esos años de inversión serán muy provechosos para otros países, que acogerán (y que ya están acogiendo) a estos científicos que fueron formados con dinero público portugués. ¿Es eso lo que queremos?

El actual gobierno portugués le ha plantado la cara con éxito al austericidio que la Unión Europea ha impuesto a los países mediterráneos. A diferencia del gobierno español, Portugal está basando su recuperación en mejorar la economía de las personas, invirtiendo en sacar primero de la pobreza a la población en riesgo, y luego haciendo inversiones estratégicas que puedan dar lugar a un crecimiento adecuado con las capacidades del país a medio plazo. Los efectos a medio plazo de esta apuesta son que las empresas traen en gran parte a sus propios empleados. Pero, si la situación actual de inversión de esas empresas no se prolonga en el tiempo, crearán poca escuela y por tanto dejarán un magro tejido de innovación en el país cuando aparezcan nuevas oportunidades en otros lugares y estas empresas abandonen Portugal. Hay otras maneras de mejorar la situación, que pasan por aprovechar al máximo el esfuerzo en formación de estas décadas.

Desgraciadamente, sin embargo, Portugal está cometiendo uno de los grandes errores del gobierno de su vecino español, y no está apostando decididamente por la gran capacidad de investigación de vanguardia que tienen los países mediterráneos. De hecho, está confiando su apuesta por la innovación a la mejora de la fiscalidad para que pequeñas y medianas empresas tecnológicas se instalen en el país, olvidando de esta manera el potencial acumulado de un sector público que, al igual que en España, podría fácilmente duplicar o triplicar su capacidad actual.

El término

populismo

se usa normalmente de forma peyorativa para definir aquellas políticas más cercanas al pueblo que a las oligarquías, aunque no es siempre el caso

Se describe aquí el

populismo salvaje

, que se puede definir como el populismo (más bien de derechas) dirigido a “despertar” políticamente al pueblo apelando a sus instintos animales más básicos e irracionales: miedo, xenofobia, territorialidad, acceso a recursos…

La política española actual está plagada de dicho populismo, apoyándose en

think tanks

, medios de comunicación intervenidos o altamente sesgados, y partidos políticos ávidos de votos

Hoy he decidido migrar momentáneamente de nuestro blog, pues creo que lo que tengo que decir se ajusta mucho mejor a una Tribuna Abierta, aunque mi opinión se apoye parcialmente en hechos científicos.

Como catalán (nacido y criado en Sevilla hasta los ocho meses) que vivo fuera de Catalunya (la abandoné a los 32 años), y viviendo actualmente dentro del Estado español (desde hace 14 años), me encuentro últimamente, y cada vez con más frecuencia, con conversaciones que preferiría no oír, pero que claramente están azuzadas por las circunstancias. Por ejemplo, recientemente, en la cena de clausura de una reunión científica me senté al lado de una pareja; ingeniero él, bióloga ella. Mantendré su zona de origen en el anonimato para contribuir positivamente al mensaje de este post.

Estábamos teniendo una placentera cena, hablando de nuestro trabajo, cuando de repente él saltó y me dijo que el independentismo catalán era nazi. Ella, al darse cuenta de la fuerte falta de empatía de su pareja, le comentó que quizás no era momento de hablar de esas cosas. El caso es que a mí me dio un vuelco el corazón, no sólo porque acababa de llamar sin ningún miramiento nazis a muchos de mis amigos y parte de mi familia, sino porque me di cuenta de que los mantras orwellianos del PP (tergiversando impunemente el significado de las palabras) estaban funcionando.

Llamar nazi a una actitud independentista totalmente pacífica, y en ese sentido ejemplar, es insultante para todas las víctimas del nazismo y un insulto a los ciudadanos a los que injustamente se les aplica este calificativo. Pero no retractarse y utilizarlo como mantra durante apariciones en público (se lo he oído por lo menos al ministro de Exteriores y al portavoz del PP) es ya el colmo.

El ver cómo se extienden en la población (y por tanto funcionan) este tipo de mensajes engañosos (de la misma manera que la publicidad engañosa) me ha hecho ver que necesitamos definir y denunciar lo que está pasando en términos del daño potencial que puede ocasionar, tanto desde un punto de vista político (adulterando y emponzoñando la posibilidad de una política de discurso honesto) como desde un punto de vista social (instigando las hostilidades entre las diferentes ideologías y orígenes geográficos).

Y qué mejor que utilizar la biología y el comportamiento animal para intentar explicarlo y denunciarlo. La idea central que se barajaría aquí es que la política debería estar dirigida a los aspectos humanos y racionales, y no basarse en el instinto animal, que es lo que históricamente ha traído las grandes desgracias a la humanidad.

Me permito acuñar aquí lo que llamaría “populismo salvaje”, o populismo que apela a los instintos animales del pueblo, y cuyas consecuencias pueden llegar a ser también salvajes, en el sentido de que pueden llegar a potenciar el salvajismo y las atrocidades, como pasó precisamente, y de forma extrema e irrepetible, en la Alemania nazi.

Salvaje es la política del miedo, porque se basa en el hecho bien conocido de que las presas se inmovilizan e inactivan ante la presencia de un depredador, lo que puede tener impactos muy relevantes en los ecosistemas. De la misma manera, metiendo miedo a la población amenazándola con peligros, muchas veces no existentes o exagerados, se obtienen grandísimos réditos políticos, dado que ello (como en los animales) lleva a la anulación del activismo.

Salvaje es la xenofobia (y el racismo), porque no deja de ser una forma de neofobia, ésta última muy común entre los animales. La neofobia es el “miedo a lo nuevo” y en el estudio de los animales se usa para describir a aquellos individuos que evitan colonizar nuevas zonas, ingerir alimentos desconocidos para ellos o encontrarse con otros individuos o especies que no conocen, sean o no peligrosos (ej. depredadores potenciales). Ante el miedo a lo desconocido se puede actuar evitándolo totalmente o siendo hostil contra él cuando la exposición es más crónica, como ocurre en los animales que sólo muerden o atacan cuando son acorralados.

Salvaje es la defensa del territorio. Los animales defienden territorios para asegurarse el acceso a los recursos limitantes, sean estos alimenticios o parejas para la reproducción. La muerte (incluso el consumo del vencido) puede llegar a ocurrir durante dicha defensa. Además, en las sociedades animales (hormigas, termitas), se da también la defensa del territorio en grupo. El actual conflicto territorial en España obedece a este tipo de defensa.

De hecho, incluso tiene cierto matiz de ventaja residente-intruso, terminología esta última prestada de la etología (la ciencia del estudio del comportamiento animal). En los animales (¡como en los campos de fútbol y muchos otros deportes!), el que ha llegado antes a un territorio, o ha pasado más tiempo en él (el residente), lo defenderá con mayor ahínco contra el que llega después o lleva menos tiempo allí (intruso), y acabará dominando ese territorio más probablemente.

Esto parece que podría explicar la audacia del movimiento independentista catalán, que de forma pacífica, y superando todo miedo y amenaza, consiguieron llevar a cabo una votación en muy precarias condiciones. Es decir, sentirían la posesión del territorio como propio y arriesgarían más en su defensa. Un comportamiento innato. Pero sin duda, el comportamiento del Gobierno español, que ordenó cargas policiales originando más de 800 heridos, fue mucho más agresivo, y en este sentido alimentó muchísimo más un populismo salvaje.

Salvaje es intentar asegurarse el acceso a los recursos y el miedo a perderlos. Asegurarse los recursos es lo que hacen continuamente todos los seres vivos y la razón última de su existencia. Apelar, como hizo Junqueras, al mejor PIB catalán para justificar la independencia de Catalunya, es populismo salvaje porque está estimulando en la población el instinto del seguro de los recursos.

Además, dado que esto genera agravios comparativos con el resto del Estado español, potencia la xenofobia y el odio de los españoles desde fuera de Catalunya (de hecho esto lo dijo en castellano), así como un incremento en el miedo a perder recursos. Pero salvaje es también la amenaza de las empresas y bancos de trasladar sus sedes sociales fuera de Catalunya porque genera miedo e incertidumbre en la población catalana acerca del acceso a los recursos.

En resumen, el populismo salvaje se basa en la política del miedo, la instigación a la xenofobia, la territorialidad y en remarcar la posibilidad de asegurarse o perder el acceso a los recursos, todo lo cual está asociado de forma directa al instinto animal más negativo, y por tanto a la parte más irracional del ser humano. Y esto no se hace de manera casual, ni mucho menos. Muy al contrario, esto está diseñado por organizaciones tipo think tank (FAES, ANC) y difundido por medios de comunicación altamente sesgados o intervenidos. Lamentablemente éstos son la inmensa mayoría que llega a las casas por defecto, sólo evitables buscando alternativas por internet, lo que desafortunadamente no hace una gran parte de la población, especialmente la fracción de mayor edad.

Hay que destacar, sin embargo, que hay diferentes tipos de think tanks, y que algunos han aflorado desde el pueblo, como la ANC que habría sido construida de abajo-arriba, después de que más de un millón de personas se manifestaran Diada tras Diada para reivindicar los derechos de Catalunya. Además no es lo mismo ser el presidente de un think tank en el que por defender los derechos del pueblo te meten en prisión (ANC), que el presidente de un think tank que trabaja para meter a los que defienden sus derechos en prisión (FAES).

Como científico, me gustaría hacer el ejercicio de poder establecer un “índice de populismo salvaje” y poder juzgar las políticas de los diferentes partidos y gobiernos en función de dicho índice.

El establecimiento de dicho índice requeriría un estudio detallado, definiendo muy bien qué acciones o efectos corresponderían a cada nivel del índice, y estandarizar entre acciones y efectos de muy diferente naturaleza. Además habría que demostrar que la repetitividad del índice dentro y entre observadores (llamados “jueces” en estadística) es alta. Es decir, habría que asegurarse de que todo el mundo aplica el índice consistentemente y que por lo tanto no está sujeto a subjetividad.

Esto supondría un reto casi inalcanzable, pero si fuese posible esto nos permitiría poner una nota extremadamente alta a los nazis y a sus atrocidades, y luego juzgar en relación a este máximo las políticas populistas por su manera de utilizar, enfrentar y reprimir a la población apelando a la parte más irracional de ésta. Y en función de la falsedad del discurso (como llamar nazi a una resistencia pacífica popular), y el efecto negativo que tendrían sobre la sociedad, asignarle a dicha política un valor del índice.

En ese sentido, podríamos ponerle un 0 en índice de populismo salvaje a una huelga como protesta a las cargas policiales del 1-O, que no supondría nada más que una lucha en defensa de los derechos humanos; y un valor mucho más alto a la política represora de cargas policiales indiscriminadas, encarcelamientos y utilización de mantras orwellianos del tipo “son nazis” para referirse a los millones de personas que secundaron la huelga del 3-O.

Sí, quizás mi visión está sesgada hacia las izquierdas y hacia Catalunya. Pero es que a pesar de lo que vomitó Pablo Casado, no sólo me acuerdo de mis familiares granadinos asesinados en la guerra civil (bisabuela, abuelo y tías abuelas) cuando hay dinero de por medio. Por otra parte, me llamaban “polaco” cuando hice la mili, y eso también me hace más catalán, desde luego, o “xarnego” si se prefiere, aunque nunca me han llamado eso en Catalunya.

Definitivamente, necesitamos más política de populismo dócil, una política basada más en los estrógenos (como se respira en las alcaldías de Barcelona y Madrid) que en la testosterona (la cual se halla en exceso incluso en los partidos menos populístico-salvajes).

Debemos promover la fraternidad y la integración de los diferentes pueblos que conforman España (se vayan a independizar o no), así como luchar explícitamente contra la política basada en el populismo salvaje. En definitiva, necesitamos una neodemocracia diametralmente opuesta a esta manipulación masiva de la población.

Los mantras “la resistencia pacífica es nazismo” y “Espanya ens roba” deberían ser sustituidos por otros que introduzcan mejores valores a la población, del tipo “porque no hay PLANeta B”. Y antes de que las hordas y secuaces periodistas del populismo salvaje tergiversen el significado de esta frase, y publiquen que con este nuevo mantra estaba haciendo apología del terrorismo, al defender una plan violento independentista para el País Vasco alternativo al final de ETA, dejaré claro que me refiero a que sólo tenemos un Planeta y la prioridad de todas ahora mismo debería ser salvarlo, pues sino igual nuestros nietos no llegan a abuelos.

Cabría pensar –o al menos es de desear– que la cultura científica aumente a la par que los desarrollos tecnológicos que mejoran nuestra calidad de vida. No parece, sin embargo, ser el caso. Además, con demasiada frecuencia el abordaje que se hace en los medios sobre la tecnología no hace sino aumentar la confusión. Para muestra un reciente artículo sobre el uso de radares por la DGT que puede llevar a más de uno a encontrarse con una desagradable sorpresa en forma de multa.

El artículo nos dice que la DGT aplica la regla del 7 para determinar qué conductores son sancionados por exceso de velocidad. Según esta regla, el conductor será sancionado cuando un “radar” (un cinemómetro – en realidad no tiene que ser un radar) detecte un vehículo circulando a más de 7 km/h por encima de la velocidad permitida (o a más de un 7% por encima de la velocidad permitida si ésta es superior a 100 km/h). De esto se desprende, según el artículo, que “cuando la velocidad máxima es de 40 km/h, el radar salta al superar los 47 km/h. En un tramo señalizado a 50 km/h, ese margen de error permite circular hasta 57 km/h, y así sucesivamente: 67 km/h, 87 km/h…”

¿Es esta afirmación correcta? No, por supuesto que no. Si lo fuera no habríamos escrito esta entrada. Para entender por qué, hay que recordar las definiciones de precisión y exactitud de una medida – que, en la jerga técnico-científica, son conceptos muy distintos. Supongamos que, al repetir una medida muchas veces con un mismo instrumento o con una cinta métrica que utilizan operarios diferentes, obtenemos siempre valores muy parecidos unos a otros. Decimos entonces que la medida es muy precisa. Pero eso no significa que la medida sea exacta… Si mi báscula indica sistemáticamente un peso 5 kg por debajo del real es precisa, pero inexacta. Peso mi equipaje mil veces para asegurarme de que no me van a cobrar sobrepeso al facturar. La báscula me repite siempre que mi maleta pesa 21 kg. Y en el aeropuerto me cobran sobrepeso porque dicen que pesa 26 kg… La medida es precisa pero inexacta. Una medida es exacta si, en promedio, el valor medido está cerca del valor real, independientemente de la repetitividad de la medida.

¿Qué tienen que ver la precisión y la exactitud con las multas por exceso de velocidad? La DGT no tiene forma de saber a qué velocidad circulaba un vehículo: sólo sabe la velocidad indicada por el radar. Como todo instrumento de medida, el radar tiene un error de medición – es decir, la velocidad medida no coincide, en general, con la velocidad del vehículo. Si un vehículo circula a 100 km/h, el radar puede medir una velocidad superior, por ejemplo 103 km/h. Así, si la DGT sancionase a los conductores cada vez que el radar midiera una velocidad superior a los 100 km/h, sancionaría a muchos conductores que no estaban cometiendo ninguna infracción. La “regla del 7” está diseñada para minimizar la probabilidad de que un conductor que no comete infracción alguna sea multado.

No pretendemos remplazar la regla del 7 por una nueva receta que permita al conductor saber a qué velocidad puede ir sin ser multado. Sólo pretendemos explicar la lógica de dicha regla, y por qué no implica que se pueda circular sin miedo a sanciones a 7 km/h (o a un 7%) por encima del límite establecido. Con toda seguridad, no todos los cinemómetros tienen la misma precisión y exactitud, pero parece razonable asumir que si un vehículo circula a 100 km/h, la probabilidad de que el radar mida una velocidad superior a los 107 km/h es despreciable. Ahora bien, si un vehículo circula a 107 km/h, la probabilidad de que el radar mida una velocidad superior, y por tanto que el conductor sea sancionado, es alta: si el radar está bien calibrado (si la medida es “exacta”), la probabilidad de que el conductor sea sancionado es del orden del 50% (sería exactamente del 50% si la distribución del error fuera simétrica, pero no tiene que ser el caso). Si suponemos que la distribución del error es la típica campana de Gauss (que probablemente sea una buena primera aproximación), si un vehículo circula a 106 km/h es igualmente probable que el radar mida 104 km/h o 108 km/h – y en el segundo caso el conductor puede ser sancionado a pesar de aplicarse la regla del 7.

¿En la práctica? La “regla del 7” no permite circular a velocidades superiores a las permitidas sin exponerse a recibir multas. Y eso sin contar con el error asociado al velocímetro del coche…

La generación de conocimiento no es sólo una característica fundamental para el desarrollo del ser humano, sino una de las mejores herramientas de evolución social que tenemos. Una gestión adecuada del conocimiento que permita el acceso igualitario a avances y nuevas tecnologías es, sin duda, una fuente de progreso y bienestar social. Sin embargo, vivimos en una era en la que debido al altísimo flujo de información, el conocimiento se traduce en fuentes de ingreso económicos de una manera que no tiene precedentes en la historia de la humanidad. Y es que los beneficios económicos del conocimiento son diversos, tal y como se argumenta en esta publicación centrada en el conocimiento generado con fondos públicos. Pero, ¿hasta qué punto esta inversión pública beneficia a la sociedad?

Entre estos beneficios destaca la percolación del conocimiento generado con dinero público al sector privado. Esta puede ser una percolación geográfica, cuando las empresas circundantes al entorno académico local se benefician directamente de los descubrimientos llevados a cabo por los investigadores trabajando para instituciones públicas de la zona, o sectorial, en el que son los sectores privados afines son los que se benefician de dicho conocimiento. De hecho en el mismo artículo mencionado anteriormente se citan fuentes que apuntan a que el crecimiento económico está asociado a este tipo de trasvase de conocimiento público-privado.

Efectivamente, las grandes empresas que priorizan competitividad y crecimiento empresarial sostenido pueden llegar a invertir en un país (e incluso decidir quedarse o deslocalizarse) según sea la inversión pública en I+D para su sector. Estas decisiones evidentemente no están basadas en principios éticos o morales y un compromiso sino en términos económicos derivados del potencial conocimiento generado que se puede generar localmente. De esto podemos deducir que bastaría el simple compromiso de un estado de apoyar ciertas líneas de investigación para conseguir que una u otra empresa invierta en su país.

Esto sugiere que la generación de conocimiento atrae empresas que a su vez incentivaria empleo y desarrollo localmente, y, por lo tanto, el conocimiento hilvanado desde las universidades y centros de investigación públicos es indudablemente un bien social.

Dado que el conocimiento académico es ampliamente reconocido como importante para el progreso social, incluyendo las aplicaciones directas al incremento del progreso económico y el bienestar social, ¿por qué se ha dado un alarmante retroceso en nuestras universidades públicas? Este retroceso parece deberse en parte a un descenso en el número de alumnos como consecuencia de un incremento en el coste de las matrículas y un empobrecimiento de las familias, que ha propiciado que la universidad pública sea cada vez más elitista. Pero también dicho retroceso se debe directamente a los grandes recortes en educación e investigación en centros públicos. Otra razón es la falta de un vínculo directo entre las licenciaturas o grados ofertados y las probabilidades de encontrar un empleo relacionado con la titulación obtenida, lo que puede hacer que muchos jóvenes opten por otras opciones.

A pesar de la nada despreciable subida del precio de las matrículas, el coste por estudiante en la Universidad española es de 6500€/año, de las cuales la matrícula sólo cubre el 22%. Por tanto, las arcas públicas cubren un 78% del presupuesto de la formación universitaria pública de este país. Este porcentaje es superior sin duda cuando nos referimos a doctorandos becados, para los cuales el Estado paga sus sueldos durante los 4 años de investigación y formación.

Tanto la educación de los estudiantes de licenciatura o grado, como la formación de investigadores y profesores universitarios dentro de los diferentes programas de doctorado, es una inversión para preservar el “almacén de conocimiento”, no sólo a nivel del país, sino a nivel global. Esta protección e incentivo del conocimiento es no sólo la semilla necesaria para que se genere ese nuevo conocimiento que posibilite avances significativos en la economía y desarrollo social, sino también para promover y mantener un grupo de expertos cuyo conocimiento pueda ofrecer soluciones que sirvan de tampón ante futuros cambios y amenazas.

No nos engañemos, sin ese acervo de personas preparadas compartiendo ese conocimiento no se pueden generar e implementar nuevas ideas. De 500 personas que estudien una carrera se generarán seguramente sólo un puñado de ideas relativamente novedosas que permitan avanzar sustancialmente a la sociedad en una u otra dirección. No sabemos a cuál de esas personas se le ocurrirá una de esas ideas en un momento dado, y si lo hará en la dirección deseada. Es por eso que el avance del conocimiento necesita que esas 500 personas reciban una formación óptima. Y, evidentemente, las probabilidades de éxito se multiplicarán si son 1000 en lugar de 500. Por supuesto, de forma ideal, tenemos que procurar que además su formación pueda garantizar que todas ellas encuentren trabajos en las que puedan usar el conocimiento adquirido; o sea, “trabajar de lo suyo”.

Esta visión de la universidad como experimento social (en que no todo el mundo que empieza una carrera contribuye innovando en su campo) puede ser considerada una utopía y no convencer a todo el mundo, pero la realidad es que hay grandes diferencias en los destinos de las personas que acaban la educación superior, siendo sólo una minoría, por ejemplo, las que acaban dedicando sus vidas a la investigación.

Sin embargo, no se puede pretender potenciar el talento, y recibir los frutos de sus aplicaciones, sin una formación de calidad asociada. No existe lo uno sin lo otro. Y lo más importante, en España la formación de esas 500 personas actualmente cuesta 3,2 M€ anuales, una cantidad de la que los estudiantes (y sobre todo sus familias) pagan 0,715 M€ y el resto el Estado. ¿Qué empresa invertiría 2,535 M€ anuales con la esperanza de que uno de esos 500 alumnos de la promoción le fuese a ser provechoso? ¿Cuántas estarían dispuestas a incrementar ese monto para además apoyar los másteres y doctorados de una porción de esos alumnos? Obviamente, ninguna. Entonces, es obvio que las empresas necesitan de esa inversión pública que forme trabajadores cualificados y con talento. Pero, ¿qué retorno recibe el Estado, y por ende la sociedad en su conjunto, desde las empresas? ¿Simplemente unas estadísticas de empleo?

Estamos muy acostumbrados a ver fichajes escandalosamente millonarios en el deporte, cuyo bien social puede ser discutible. Nadie pensaría que cuando salió Leo Messi de La Masía, la escuela de fútbol del F.C. Barcelona, lo podría contratar otro equipo sin pagar ninguna cláusula. ¿Por qué entonces ocurre eso con la educación pagada con dinero público? ¿No se tendría que establecer un canon de retorno y que las empresas que contratasen a personal formado con dinero público tuviesen que pagar un monto a modo de cláusula para contrarrestar esa inversión pública? Todos pagamos impuestos, incluidas las empresas, pero aquí estamos hablando de un impuesto a la educación que debería ser explícito, adicional y con el que se debería generar una caja exclusiva para la Universidad pública.

Algunos países optan por conceder créditos blandos a los estudiantes que no pueden costearse los estudios superiores, y luego estos estudiantes devuelven ese crédito mediante parte de su salario durante sus primeros años de vida laboral. Es el caso del sistema BAfÖG de Alemania, en el que la mayor parte de las veces los estudiantes ni siquiera tienen que devolver la totalidad del préstamo. A pesar de estas ventajas, este sistema no deja de exigir que parte del salario de los empleados se destine a pagar su formación, cuando los primeros beneficiados de tener un profesional bien formado o un investigador son la sociedad (que ya lo subvenciona a partir de los impuestos, la universidad pública y las quitas de la deuda) y las empresas que los emplean.

Parece mucho más justo entonces que obtener este canon no fuera, bajo ningún concepto, en contra del salario del empleado. Pero sin duda dicho canon al permitir recuperar parte de esa inversión podría contribuir a mejorar la calidad de la Universidad, incluyendo una reforma de los grados académicos y contratando más y mejores profesores, y la investigación a través de incentivos para mejorar la calidad y competitividad de los centros, la contratación de más investigadores a nivel internacional y presupuestos mayores para investigar tanto en la Universidad como en los OPIS (Organismos Públicos de Investigación). Estas medidas, entre otras, retroalimentarían positivamente a las empresas al poder optar a un personal más cualificado y poder disfrutar de un incremento en la cantidad y calidad del conocimiento generado. Estamos pues hablando de una situación win-win, en la que todos ganan.

El canon debería aplicarse no sólo a la formación de personas, sino a cualquier tipo de conocimiento generado con dinero público, dado que se ha demostrado que existe percolación público-privada a varios niveles, no sólo el del personal cualificado, como es por ejemplo el engrose del almacén de conocimiento, del que se benefician directa o indirectamente las empresas.

Nos gustaría recalcar que nos referimos aquí a aquella parte del conocimiento que pueda tener una aplicación directa para beneficio de las empresas. En ningún momento estamos sugiriendo que apoyamos que la educación y la investigación estén dirigidas únicamente al conocimiento de aplicación directa y que resulte únicamente en beneficios económicos a corto término. Creemos firmemente que todas las facetas del conocimiento deben mantenerse en las universidades, independientemente de su aplicabilidad directa a la empresa privada ya que el conocimiento tiene impacto en todas las facetas de nuestra sociedad. Y bajo ningún concepto entendemos que sean las empresas privadas las que dicten los grados, másteres y programas de doctorado, así como las asignaturas impartidas, tal y como se sugirió en un borrador del Plan Estatal de investigación 2013-2016.

Es obvio que invertir en conocimiento y educación beneficia a todos, y existen datos que así lo corroboran a nivel económico. Un canon a las empresas haría que el coste no recaiga sólo en los impuestos (la mayoría de los cuales los pagan los ciudadanos) y además incrementaría la inversión en educación e I+D, mejorando así el sistema en su conjunto.

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Muchos de nosotros cuando éramos niños imaginamos que las ciudades del siglo XXI serían más inteligentes y estarían en total harmonía con el medio ambiente. La realidad es que aún estamos muy lejos de ello, con una continua expansión de las ciudades a costa de la destrucción de zonas naturales y un incremento alarmante de la contaminación del aire y del agua a causa de unos estilos de vida incentivados por una economía y políticas poco sostenibles.

Hasta ahora, las economías predominantemente basadas en una explotación ilimitada de los recursos naturales, y el uso de combustibles fósiles en sistemas de producción se han ido justificando en términos de productividad y rentabilidad. No obstante, debido a un incremento en el conocimiento del funcionamiento de sistemas naturales y el desarrollo de nuevas tecnologías son más los adeptos que abogan por un cambio hacia modelos económicos que disminuyan el impacto de nuestras actividades sobre el medio ambiente.

Ejemplos de estos nuevos modelos económicos incluyen la economía circular, una economía basada principalmente en un avance en el diseño de productos y servicios para minimizar la generación de residuos, incluyendo un incremento de uso de energías renovables, así como del reciclaje de materiales. Otra filosofía adaptada al desarrollo de una economía y sociedad más sostenible es la implementación de soluciones basadas en la naturaleza (traducción del concepto en inglés de ‘nature-based solutions’) - SbN. Este enfoque intenta conciliar la economía y bienestar público con el medio ambiente, adoptando un modelo de producción, así como de planificación de urbanismo inspirados en los procesos observados en la naturaleza y que garanticen una protección del medio ambiente y de sus recursos a largo plazo.

Tiene sentido aprender de la naturaleza, dado que en ella muchos seres vivos que observamos viven “al límite” con los recursos energéticos disponibles. La evolución por selección natural ante la limitación de recursos ha llevado a la existencia casi universal de diseños óptimos (o subóptimos) por los que los individuos de las distintas especies que pueblan la Tierra hacen un uso eficiente de la energía y nutrientes limitantes con los que han evolucionado. La tecnología ha facilitado que el acceso y uso de los recursos naturales por humanos sea varios órdenes de magnitud superior a la de cualquier otro ser vivo. Y esa capacidad se ve explotada ilimitadamente por ciertos sectores de la sociedad que se ven favorecidos por el neoliberalismo reinante. Necesitamos poner límites a este expolio, por ejemplo, incentivando los impuestos ambientales o ecotasas, una estrategia para que el uso de los recursos naturales tenga un coste y no se pueda usar indiscriminadamente, mientras paralelamente se adopta una economía y sociedad más sostenibles. 

Efectivamente, la implementación de tipos de modelos económicos más sostenibles, y los cambios en estilo de vida que conllevan, se enfrentan a un gran volumen de detractores asiduos a un modelo de economía y comportamiento de ‘extraer, producir y tirar’ (del inglés ‘take, make and dispose’). Políticas de la Unión Europea (UE) ya están incentivando y financiando proyectos que adopten SbN para producir o generar servicios con un menor coste medioambiental (así como de generar beneficio económico a largo plazo), que generen creación de nuevos empleos y mejoren la salud y calidad de vida de los europeos. Parte de estos proyectos se han enfocado a una mejora del funcionamiento de ciudades mediante un incremento en infraestructuras verdes (medidas de planificación de urbanismo con el objetivo principal de desarrollar ciudades que ayuden a paliar el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, así como de garantizar un mayor bienestar de sus residentes), restauración de zonas naturales (incluyendo ríos y zonas costeras) y el uso de energías renovables.

Algunos países como Alemania, Holanda y los países nórdicos han sido pioneros en implementar soluciones basadas en la naturaleza, incluso antes de que se acuñara este término, pero el creciente interés en los últimos años por parte de otros países de la UE en iniciar cambios para promover ciudades más sostenibles genera optimismo.

Como parte de estas iniciativas de la UE, algunas ciudades españolas ya forman parte de grandes proyectos, por ejemplo, A Coruña, Burgos y Málaga participan en CONNECTING Nature, un proyecto que tiene como objetivo potenciar la UE como líder mundial en la implementación de SbN y en adoptar medidas para asegurar afrontar futuros retos climáticos. Además, medidas aisladas para incrementar la sostenibilidad, conectividad y bienestar público se han iniciado ya en muchas ciudades a lo largo del territorio español. Sin embargo, aún queda mucho recorrido para que en nuestras ciudades se diseñen y lleven a cabo planes de urbanismo que conlleven a su transformación para incrementar su sostenibilidad y para desarrollar políticas sociales y económicas que incentiven modelos de producción de menor impacto en el medio ambiente.

Para que esto ocurra, obviamente necesitamos que tanto nuestros representantes políticos como la ciudadanía en general se convenza de la importancia de manifestar una mayor inteligencia ecológica, un concepto basado en una sociedad concienciada con la conservación del medio ambiente, y capaz de progresar infligiendo el mínimo daño posible a la naturaleza. Este tipo de pensamiento generalmente se divulga en el contexto de preservar el medio ambiente para generaciones futuras y, desafortunadamente, convence poco a muchos para quienes obtener beneficios en esta generación es una prioridad. Sin embargo, se está demostrando que los beneficios resultantes de adoptar SbNs pueden ser a corto plazo, beneficiando economías y el bienestar de la ciudadanía en la actualidad, tal y como refleja un reciente informe del grupo experto del proyecto EKLIPSE.

Una evolución hacia una sociedad que exprese mayor inteligencia ecológica se podría conseguir mediante programas de educación que fomentasen este tipo de actitudes y mediante una mejor divulgación de los numerosos beneficios (a corto y largo plazo) de dicha transformación. Dicha transformación, necesita también de importantes inversiones para financiar proyectos dedicados a mejorar nuestro conocimiento sobre procesos ecológicos, así como a la aplicación de estos conocimientos en proyectos de innovación.

Nuestro país cuenta con un inmenso potencial intelectual y de innovación, y de oportunidades para implementar el uso de energías renovables actualmente desaprovechadas (como bien se divulgó en el documental ‘Revolució solar’). Nuestra sociedad en su conjunto tiene la responsabilidad de llevar a cabo esta necesaria transformación. No es una tarea fácil ya que comporta una multitud de cambios a nivel social, político y económico que a primera vista pueden parecer insuperables, pero tenemos la capacidad para estar a la altura y superar los obstáculos que se nos presenten.

Tal como reflejan las políticas de la UE, la evolución hacia una sociedad más sostenible ya no es un sueño asociado a personas con una mayor sensibilidad por la conservación del medio ambiente, es una necesidad acuciante si queremos garantizar la continuidad y progreso de nuestras sociedades. Por esa razón, conjuntamente y a todos los niveles debemos participar en realizar que esas ciudades futuras y sostenibles imaginadas hace mucho tiempo por algunos de nosotros se conviertan ya en una realidad.

La decisión del Reino Unido de abandonar la Unión Europea (UE) aprobada por un escaso margen en el referéndum del 23 de junio del 2016 atizó a gran parte de los europeos, así como a una gran parte de la sociedad británica que está en total desacuerdo con ella. La palabra que mejor define en estos momentos el Brexit, el término que se acuñó para definir el proceso de rescisión de la UE, es ‘incertidumbre’. Incertidumbre sobre las consecuencias que acarreará para el funcionamiento y prosperidad del país, e incertidumbre sobre la situación de los más de tres millones de ciudadanos de la UE que residen en Reino Unido y la de casi un millón de ciudadanos británicos residentes en otros países de la UE.

Una de las preocupaciones derivadas del Brexit es los efectos que una política más restrictiva de inmigración, y la expansión global de una percepción de país poco acogedor a extranjeros, acarrearán al negocio de la enseñanza superior en Reino Unido. Un reciente informe encargado por el comité de educación de la Cámara de los Comunes ilustra muy bien las preocupaciones del sector de la enseñanza superior a las consecuencias del Brexit: principalmente, una menor demanda de plazas universitarias por estudiantes extranjeros (tanto europeos como extracomunitarios) y una reducción severa de los fondos disponibles para investigación, derivada de la interrupción del acceso a fondos de investigación de la UE.

La calidad de la enseñanza superior e investigación científica del Reino Unido ha sido y es apreciada globalmente, con universidades británicas encabezando la lista de las mejores universidades del mundo. En términos económicos, la enseñanza superior representa un importante pilar de la economía británica. Cifras del 2011-2012, reportadas en el informe de la Cámara de los Comunes, suman £73 billones de producción anual, representando el 2.8% del producto interior bruto del país. Después de EEUU, el Reino Unido es el país de preferencia para cursar estudios universitarios fuera del país de origen, con 127.440 estudiantes de la UE y 310.575 extracomunitarios registrados en universidades británicas en el curso académico 2015-2016. Estas dos cifras representaron el 5.6% y 13.6%, respectivamente, de la población total de estudiantes universitarios en el Reino Unido. Es decir, casi uno de cada cinco estudiantes en las universidades británicas es extranjero.

Desde el anuncio de la salida del Reino Unido de la UE, hace ya casi un año, las cifras de solicitudes de estudiantes de la UE para cursar estudios en universidades británicas ha disminuido aproximadamente un 7.4%, a pesar de que el precio de las matrículas y las ayudas en forma de créditos se ha mantenido, y las previsiones auguran un mayor decrecimiento en los próximos años. Estos datos han incrementado las preocupaciones en el mundo universitario, no sólo por sus repercusiones económicas, sino también por su efecto en la captación y retención de talento.

Otros países de la UE, como Austria, Francia, Italia, Holanda, Portugal y sobre todo Alemania, llevan años invirtiendo recursos y esfuerzos en ofrecer cursos universitarios en inglés para atraer estudiantes extranjeros a sus universidades. No hay duda de que el Brexit va a ser aprovechado por esos países para captar la población de estudiantes extranjeros que ya no deseen el Reino Unido como país de primera opción para cursar sus estudios. De hecho, muchas universidades de esos y otros países europeos, aprovechando las oportunidades de incremento de negocio, han aumentado significativamente sus campañas de marketing para hacerlo.

Analizando las oportunidades que el sector de la enseñanza superior puede proporcionar, deberíamos cuestionarnos por qué España, un país con clima y cultura que atrae a millones de turistas cada año y con universidades que desarrollan enseñanza e investigación de alta calidad, no aparece en la lista de posibles competidores del Reino Unido para la captación de estudiantes de otros países de la UE.

Una de las principales razones es, sin duda, la limitada oferta de cursos universitarios que se ofrecen íntegramente en inglés, tanto de grado como de postgrado. Aunque en los últimos años se ha incrementa la oferta en los cursos de postgrado, esta oferta está muy circunscrita a aquellos relacionados con el mundo empresarial y de las finanzas –y algunas carreras con proyección típicamente internacional. Pero debemos ser críticos y darnos cuenta del potencial, proyección internacional e incluso beneficio económico que nuestras universidades podrían alcanzar con una mayor oferta de cursos en inglés –dirigidos tanto a extranjeros como a españoles interesados en acceder al mercado laboral global.

No obviamos en este artículo que esas oportunidades requieren de una fuerte inversión y apuesta en el cambio del sistema educativo, imprescindible para incrementar la competitividad e internacionalización de nuestras universidades a todos los niveles. Esas inversiones se necesitan para formar o contratar un profesorado capacitado para impartir esos cursos, pero también para eliminar las innumerables trabas que impiden el acceso a la universidad de estudiantes y profesores extranjeros –como los tediosos procedimientos para el reconocimiento de los estudios y titulaciones cursados en otros países.

Además de invertir en un profesorado de calidad, con un programa firme de estabilización, se debería invertir en un programa de becas para paliar el probable encarecimiento del precio de las matrículas asociado a la mayor atracción de estudiantes extranjeros (como ha ocurrido en otros países). Este sistema de becas debería reflejar un mayor compromiso con la formación de los estudiantes universitarios europeos, incentivando especialmente el cociente entre el expediente académico y los ingresos familiares a la hora de decidir la concesión de dichas becas.

Este proceso también tiene sus riesgos, particularmente si se copia de forma acrítica el modelo británico. El éxito económico de muchas universidades británicas ha conllevado que sus equipos directivos lleven a cabo unas prácticas económicas de corte empresarial, más enfocadas a maximizar beneficios que a proporcionar ciencia y docencia de calidad. En muchos casos, el elevado nivel académico se mantiene gracias a dos factores: el compromiso académico de la mayor parte del profesorado, que no comparte los valores de sus equipos directivos, y los estrictos procesos de evaluación (cada cinco o seis años), que determinan el nivel de financiación pública que recibe cada universidad. En la actualización y mejora de la universidad española debería primar su papel de servicio público, alejándose de criterios exclusivamente economicistas, fomentando el compromiso y formación continuada de los profesores, e implementando mecanismos de rendición de cuentas basados en la calidad tanto docente como investigadora.

En el Reino Unido, la conjunción de generosas inversiones en la enseñanza superior y eficaces mecanismos de rendición de cuentas ha hecho que el sector académico proporcione un aporte sustancial para la economía del país. Es probable que el Brexit conlleve una pérdida de esta importante fuente de financiación para las universidades británicas, y otros países ya están sacando partido de esas nuevas oportunidades que se presentan. Debemos pedir al gobierno estatal y a los gobiernos autonómicos una mayor y más rápida actuación para no desaprovechar estas oportunidades.

Es cierto que ya se está reaccionando en algunos ámbitos, como en la preparación de una propuesta para acoger a la Agencia Europea del Medicamento en Barcelona, pero necesitamos que ese esfuerzo también se lleve a cabo en el mundo universitario. Necesitamos crear las condiciones y los recursos humanos necesarios para ofrecer enseñanza superior de calidad en inglés, formando o renovando a gran parte del profesorado y facilitando la contratación de docentes e investigadores que hayan desarrollado su actividad fuera de España. Necesitamos que nuestros políticos dediquen su astucia y su compromiso a llevar a cabo las inversiones y reformas necesarias para internacionalizar nuestras universidades. Y necesitamos, sobre todo, superar el desánimo e invertir todo nuestro empeño como profesores e investigadores, para progresar y convertir el Brexit británico en nuestro propio Bréxito.

Llevaba avisándolo desde hace tiempo, tanto durante su campaña electoral como tras ser elegido presidente. Avisándolo y justificándolo con “hechos alternativos”, una colección de medias verdades y falsedades abiertas salpicadas de teorías de la conspiración sobre las causas y consecuencias del cambio climático. De hecho, los recortes en la observación del clima llevada a cabo por la NASA, seguidos de los realizados en los presupuestos federales de 2018 suponen, en la práctica, desmontar en gran medida la investigación sobre el cambio climático liderada con gran eficiencia por EEUU en las últimas décadas.

La decisión tomada por Trump parece apoyarse en la ignorancia y en la soberbia. En la ignorancia, por negar u obviar la abundante evidencia científica sobre nuestra injerencia en el clima del Planeta, sobre como los cambios en el clima están teniendo efectos devastadores en muchas regiones y sobre la elevada probabilidad de que los escenarios más pesimistas se alcancen incluso antes de lo previsto. En la soberbia, por pensar que EEUU aislado del resto del mundo podrá no solo permanecer ajeno a los impactos del cambio climático sino incluso mejorar su economía generando empleo y riqueza. Pero lo mas probable es que sea, sencillamente, una defensa de los intereses de los lobbies ligados a la industria de los combustible fósiles, que han financiado generosamente su campaña, y un intento de recuperar los menguantes apoyos del Partido Republicano que tanto necesita para mantenerse al frente de su administración.

El interés de la administración Trump y los medios de comunicación que la apoyan en negar la evidencia objetiva y circunscribir el debate político a un intercambio de opiniones refleja su incapacidad para defender con hechos sus políticas. Los ejemplos de esta política de hechos alternativos se multiplican a diario, pero alcanzan su punto álgido en su negacionismo ante el efecto de la contaminación industrial, el fenómeno de la evolución biológica y el cambio climático.

En todos estos casos, la evidencia acumulada sobre estos efectos es tan amplia e interdisciplinar que no puede resumirse en unas líneas, ni puede evaluarse sin que el lector haga un cierto esfuerzo de formación y análisis crítico. La evidencia sobre la existencia, causas y efectos del cambio climático incluye observaciones empíricas sobre la composición de gases de nuestra atmósfera; detallados experimentos y modelos sobre el efecto que éstos tienen sobre el intercambio energético del planeta; complejos modelos climáticos y oceanográficos que confirman que el funcionamiento actual de nuestro clima y de los océanos no puede explicarse sin tener en cuenta el forzamiento de origen humano; largas series de observaciones sobre los cambios en las variables climáticas, las cubiertas de hielo de los polos y glaciares, o la frecuencia de esos fenómenos extremos que a menudo denominamos “catástrofes naturales”; modelos que predicen y observaciones que corroboran los cambios en la distribución de las especies de plantas, animales y patógenos; y un largo etcétera que, sencillamente, no puede negarse de plano con un sencillo recurso a un puñado de opiniones disidentes sin mayor soporte sólido que un extraordinario interés en multiplicar su exposición mediática.

Las consecuencias de la irreflexiva y egocéntrica actitud de la administración Trump no serán solo devastadoras para la salud pública y ambiental de EEUU: también tendrán consecuencias para su seguridad y para el bienestar de su población.

Aunque sabemos que ya estamos experimentando actualmente estos efectos, una parte de la población puede considerar que tendrán lugar a medio y largo plazo –y, en tiempos de crisis, adjudican mayor relevancia y prioridad a la economía y el patriotismo (“hacer América grande de nuevo”). Esta visión es peligrosamente naif. Primero, porque la proliferación de “catástrofes naturales” asociadas al cambio climático revela que sus efectos son reales y cuestan ya miles de millones de euros y cientos de vidas humanas cada año. A nadie debería escapársele que el aumento de energía disponible en la atmósfera está asociado a la mayor variabilidad del clima, lo cual resulta en un aumento de los eventos extremos que sufrimos cada año. Recordemos cuántas veces hemos oído “el invierno más seco desde que hay registros”, “el invierno más suave”, “el otoño más lluvioso” y otras frases similares en la última década. Por ejemplo, la energía acumulada en forma calor en el mar se ha traducido ya en una mayor frecuencia e intensidad de huracanes, tornados y tormentas tropicales. Conviene recordar que tanto la intensidad como las consecuencias de huracanes tan desastrosos como el Katrina (que dejó alrededor de 1,200 muertos y 100 mil millones de dólares en pérdidas) habrían sido mucho menores en las condiciones climáticas y con el nivel del mar de principios del siglo XX. Y esto por citar solamente un ejemplo relevante referente al país que la administración Trump pretende proteger.

En segundo lugar, es peligrosamente naif porque, incluso centrándonos exclusivamente en el desarrollo económico a corto plazo, las decisiones de la administración republicana de Trump (centradas en eliminar todas las cortapisas que las regulaciones ambientales ponen a las empresas más contaminantes) suponen una renuncia suicida a la que es una de las principales fuentes de desarrollo industrial y tecnológico en la actualidad: las energías renovables y la tecnología verde. Prueba de ello es la oposición de la mayoría de los ciudadanos y muchas grandes empresas, que llegaron a publicar un anuncio de una página en The New York Times defendiendo el Acuerdo y pidiendo que se mantenga la inversión en las tecnologías ligadas a la lucha contra el cambio climático y a la adaptación ante aquellos cambios que no podremos revertir a tiempo. Otra prueba es el rápido anuncio hecho por Rusia y China, los grandes beneficiarios del abandono de estas áreas tecnológicas por EEUU. O la invitación cursada por el presidente francés, Emmanuel Macron, para que los investigadores y tecnólogos americanos se trasladen a Francia a “hacer el Planeta grande de nuevo”. Como argumenta la irónica respuesta que Ben&Jerry's ha publicado en respuesta a la decisión de la administración Trump, “la economía local será verde, con o sin EE.UU.” Es extremadamente triste ver como en el máximo representante de un país que se enorgullecía de considerarse como el más compasivo del planeta encuentra ahora regocijo en consagrarse como adalid de la prepotencia y la insolidaridad.

Pero no todo son malas noticias. Los desmanes y desplantes de la administración Trump están, al mismo tiempo, permitiendo demostrar las fortalezas del sistema de contrapesos que, introducidos por unos padres fundadores que conocían bien las miserias de la naturaleza humana, caracterizan a la gobernanza de EEUU. La alianza de alcaldes por el clima ya ha manifestado su intención de seguir honrando los compromisos adquiridos en el Acuerdo de París. Algunos líderes republicanos, como el exgobernador de California Arnold Schwarzenegger, han criticado abierta y vigorosamente la iniciativa de Trump.

La respuesta de la Comisión Europea también ha sido contundente, aunque el gobierno español ha reaccionado tarde y con excesiva tibieza, quedando fuera de las declaraciones de los principales países europeos. Un nivel elevado de respuesta a las políticas de la administración Trump puede tener de hecho un efecto potenciador del compromiso de otros países y organizaciones sociales contra el cambio climático, facilitando una respuesta más eficaz a esta amenaza global.

Además, un reciente análisis de las posibles consecuencias negativas de la permanencia de EEUU en el Acuerdo de París para el cambio climático sugiere que la decisión de la administración de Trump de rescindir de ese acuerdo puede considerarse como una buena noticia. Permaneciendo dentro de ese acuerdo, las actuaciones de una administración centrada en negar el cambio climático y defender a toda costa los poderes de la industria de combustible fósil (con medidas como el incumplimiento de los objetivos en términos de emisiones, obstrucciones a futuras medidas para mejorar el acuerdo, recortes en financiación) podría llevar a otros países a actitudes y acciones similares.

Son tiempos difíciles, en los que las fuerzas de unos pocos que amenazan el bienestar global se están manifestando sin tapujos. Tiempos en los que la ciudadanía tiene la ocasión de dejar de refugiarse en el día a día y empezar a pelear por sus derechos y por su propia calidad de vida. Si lo hacemos, es posible que la decisión de la administración Trump marque un punto de inflexión: el momento a partir del cual todos comenzamos a hacernos cargo de nuestro propio futuro.

La evidencia y método científico están siendo atacados en todo el mundo. Y eso a pesar de que vivimos en una sociedad altamente tecnificada, gracias a los innumerables avances que la ciencia ha proporcionado a la humanidad. Este ataque fue, al principio, producto de los intereses de pequeños grupos de opinión, a veces basados en la ignorancia y el fanatismo; pero están siendo manipulados de manera interesada por élites económicas y políticas que pretenden sacar partido de su mayor capacidad de acceder a los avances científicos y tecnológicos cuando estos son pocos y están muy controlados.

Este sábado todos los ciudadanos comprometidos con la búsqueda de una sociedad mejor estamos convocados a las marchas por la ciencia. Estas marchas comienzan este sábado coincidiendo con el Día de la Tierra, y se repetirán a partir de ahora en defensa de un mundo en el que el progreso de la humanidad y la investigación científica vayan de la mano.

Esta iniciativa nace en Estados Unidos como respuesta a los masivos recortes y restricciones que el Gobierno de Donald Trump pretende aplicar a sectores clave de la investigación, como el cambio climático, la protección del ambiente y la sanidad. Pero se ha convertido en global debido a los ataques que están sufriendo también, en muchos otros países, tanto el conocimiento científico como los responsables de su generación.

Por eso, queremos ofrecer cinco razones para sumarse a las marchas por la ciencia. No son ni mucho menos las únicas, como han recordado otros medios de comunicación y asociaciones estos días, pero abundan en el servicio que la ciencia puede ofrecer a la búsqueda de una sociedad mejor y más humana.

La continuada mejora de la salud y el bienestar y el declive en la violencia declive en la violenciaexperimentados por la humanidad durante los últimos siglos han estado basados, en gran parte, en la racionalidad y el conocimiento científico. El avance de todas las ramas del conocimiento (ciencias sociales y naturales, ingenierías y humanidades) se ha basado en la aplicación sistemática de un sencillo principio: comprobar si nuestras opiniones e hipótesis sobre el funcionamiento de nuestro entorno, sociedades o nosotros mismos pueden ser confirmadas mediante observaciones estandarizadas y repetibles de la realidad.

Gracias a este principio podemos prevenir y curar enfermedades que en el pasado eran letales, viajar en trenes y aviones, detectar y reducir la presencia de sustancias nocivas en nuestro entorno, entender el funcionamiento de nuestro sistema cognitivo, mejorar la calidad de nuestra educación, enriquecer nuestra cultura, gobernarnos de forma más justa, y protegernos de los cambios que está causando en el planeta nuestro propio éxito como especie - entre otros muchos logros.

Este sistema no funciona porque todos sus actores sean honestos: funciona porque está diseñado para evitar que actores equivocados o deshonestos puedan perpetuar un punto de vista contrario a la verdad. Esto es así porque el método científico se centra en comparar nuestras predicciones con hechos contrastables y repetibles: observaciones que puedan repetirse en otros lugares y otros contextos. Este método de escrutinio y crítica continuos hace que una mentira no pueda persistir mucho tiempo, y asegura que no haya que “creer” en los hechos probados científicamente: si dudas de ellos, siempre puedes comprobarlos, y aunque haya gran interés en negarlos, mañana seguirán ahí. Y, precisamente por ello, nos hace más ricos como sociedad: porque reenfoca los debates basados en opiniones y creencias para centrarlos en debates factuales basados en evidencias.

La evidencia y el método científico están siendo atacados en todo el mundo. Como ocurre con el otro pilar de la sociedad moderna, la libertad de prensa, el sistema de obtención de evidencia objetiva es una de las primeras víctima de la deriva populista de ideologías de uno y otro extremo, que necesitan restringir el acceso a la información fiable de la mayoría de la población para poder engañarlos mientras restringen sus derechos. El victimismo con el que atacan al consenso científico, acusándolo de restringir la libertad de opinión, solo oculta su agenda de impedir que las argumentaciones se basen en hechos contrastables en lugar de basarse en intereses espurios o meras creencias.

Este ataque ha llegado a los gobiernos. Con la excusa de la crisis y del miedo a otras culturas, están desmantelando el sistema de innovación creativa del que dependen tanto nuestro desarrollo futuro como nuestra capacidad para responder a los retos imprevisibles que sin duda nos aguardan. A los continuos recortes en la financiación de la I+D pública (brutales en EEUU y en España), la destrucción de bases de datos con los resultados de décadas de investigación, los límites impuestos a la comunicación y divulgación de resultados científicos (financiados, en la mayoría de los casos, con dinero de los contribuyentes), se unen a la canalización obligada de la actividad investigadora hacia sectores empresariales predefinidos por el aparato burocrático, y la utilización de la excelencia como excusa para la descapitalización estructural y humana de nuestra investigación.

La Marcha por la Ciencia tendrá lugar el sábado 22 de abril en países de todo el mundo. En España, hay marchas convocadas a partir de las 11:30 h en Barcelona, Girona, Granada, Madrid y Sevilla.

Acudamos juntos.

Datos, patrones, procesos y predicción en ecología

Como en muchos otros campos de la ciencia, los ecólogos formulamos hipótesis para explicar los patrones observados en la naturaleza. Sin embargo, para probar la existencia de dichos patrones es necesario recolectar datos. Para conseguir este fin lo que normalmente se hace es salir al campo y medir parámetros como abundancias de animales y plantas, diversidad de especies, dimensiones de dichos organismos, comportamiento, o fisiología. A veces, incluso la simple experiencia de campo nos hace intuir que existen ciertos patrones, de manera análoga a cuando tenemos una corazonada de que una terapia nos ha sido beneficiosa.

Sin embargo, sea una hipótesis o sea una corazonada, no podremos averiguar si dichos patrones son reales y no simple intuición hasta que utilizamos las herramientas estadísticas. Por ejemplo, los nidos de las tarántulas pueden parecernos equidistantes en el campo (una indicación de que posiblemente estén defendiendo territorios alrededor de sus nidos, excluyendo a otras arañas), pero sin medir las coordenadas de los nidos y sin hacer un análisis estadístico de la distribución espacial de éstos no podemos saber si existe realmente un patrón de distribución regular con nidos equidistantes.

Por tanto, la única manera de comunicarnos objetivamente entre los científicos, y por tanto la única manera de que los humanos tenemos de saber si los patrones existen realmente, es la estadística, lo que hace de ésta una herramienta universal. La estadística es pues muy potente, dado que incluso a veces, no solo no se apoya el patrón intuido, sino que los datos pueden revelar un patrón muy diferente al que nosotros intuíamos (por ejemplo, una distribución de nidos totalmente aleatoria). Que los patrones apoyados por la estadística sean diferentes al de nuestra intuición (o impresión de campo) puede pasar porque a veces prestamos más atención a los datos que confirman nuestras expectativas (por ejemplo, si nos fijamos más en los grupos de nidos que parecen estar más equidistantes), que al resto de datos.

Este sesgo, debido a la forma en la que funciona nuestro cerebro, es frecuente en humanos, y por ello es siempre necesario estar seguros de que no influye en nuestra toma de datos ni en la interpretación de estos. Esta es la razón principal de que sea necesario analizar los datos estadísticamente, lo que permite demostrar tanto a nosotros mismos, como al resto de científicos, y por ende a la sociedad en su conjunto, que dicho patrón existe y no es producto de nuestra imaginación.

Pero un simple patrón (por ejemplo, una distribución equidistante de los nidos en el campo) no es nunca demostración de un proceso; es decir, una distribución equidistante de los nidos no es evidencia por sí sola de que existe un proceso de defensa de territorios mediante el cual unas arañas han expulsado a otras de sus nidos y que, éstos al haber sido abandonados, han acabado desapareciendo.

Ello incluso aunque haya patrones adicionales que lo sugieran, como que desaparezcan las arañas de menor tamaño (menos fuertes). Y ocurre porque, aunque no se nos ocurra, puede siempre haber explicaciones alternativas que generen el mismo patrón.

Dado que las arañas son caníbales, y que sabemos que normalmente “el pez grande se come al pez chico·, podría ser que fuese el canibalismo y no la defensa territorial lo que ha generado el patrón de nidos equidistantes. Para determinar cuál de las explicaciones es la más probable, sería necesario hacer una serie de observaciones adicionales en campo del comportamiento de lucha de estas arañas, así como realizar experimentos manipulativos (por ejemplo, cambiando las distancias de los nidos) para poder concluir si realmente una defensa activa del territorio, expulsando pero no matando y devorando a otras arañas (canibalismo), ha podido llevar a dicho patrón. De esta manera, unos resultados experimentales concluyentes, y adecuadamente apoyados con análisis estadísticos, nos permitirían apoyar la idea de que el patrón (nidos equidistantes) ha sido originado por un proceso (comportamiento territorial).

Es éste un ejemplo relativamente sencillo de cómo trabajamos en ecología. Normalmente, sin embargo, la naturaleza de los sistemas complejos en los que trabajamos, con decenas, centenares e incluso miles de especies manteniendo complejas relaciones entre ellas tanto positivas (mutualismo, facilitación) como negativas (depredación, competencia, parasitismo), en lo que conocemos como redes ecológicas, hace que las herramientas que utilizamos abarquen también una mayor complejidad.

Por ejemplo, frecuentemente para la búsqueda exploratoria de patrones, utilizamos bases de datos que se han compilado a partir del trabajado de innumerables ecólogos recogiendo datos durante muchos años, tanto del campo como de la bibliografía. Los métodos estadísticos avanzados utilizados, además, nos permiten abarcar mucha de esta complejidad, lo que puede resultar en el descubrimiento tanto de patrones inesperados (no predichos previamente por el investigador), como de propiedades emergentes (causadas por la interacción entre factores y que no podrían ser detectadas si esa interacción no se tuviera en cuenta – como ocurre de forma involuntaria con la experimentación).

Por supuesto, tras el descubrimiento de estos patrones, necesitaremos pensar en qué procesos los han originado, con toda la complejidad que ello conlleva. Para ello los ecólogos utilizamos ahora herramientas estadísticas más modernas, apoyándonos en la alta capacidad de computación que aportan incluso los ordenadores personales. Tales herramientas incluyen el análisis de redes y el aprendizaje automático para descubrir patrones, y alguna de estas herramientas incluso permiten intuir con cierta certeza algunos procesos sin necesidad de experimentación, como son los modelos de ecuaciones estructurales. La sinergia (entendida estadísticamente como la interacción entre las variables predictoras; es decir, que el efecto de cada predictor cambia con la magnitud de otro) es altamente tratable con éstos métodos.

El resultado de toda esa investigación en ecología es además utilizable para la construcción de modelos predictivos, los cuáles usan las anteriores herramientas estadísticas, y algunas otras, para partiendo del conocimiento recopilado, formular predicciones de patrones y procesos ecológicos tanto en el espacio (regiones geográficas fuera del espacio de los datos) como el tiempo (futuro). Esto puede permitir que podamos detectar de manera temprana cambios en los ecosistemas que podrían deteriorar su funcionamiento, o bien provocar la extinción de muchas de sus especies, como puede ocurrir con el cambio climático. Es decir, podemos en cierto modo predecir la salud de los ecosistemas.

Una visión de la ciencia de la ecología acerca de la ciencia médica

No hace falta hacer hincapié en el hecho que el cuerpo humano, la diversidad en humanos y su relación con el medio ambiente (origen de las enfermedades y razón de ser de la medicina), constituyen también un sistema complejo, que además es muy parecido al tipo de sistemas que abordamos los ecólogos.

Obviamente, todas las técnicas anteriores comprenden el modus operandi de los ecólogos, pero ninguna de esas herramientas es exclusiva de esta ciencia. Sin embargo, hemos querido explicar aquí cómo trabajamos para introducir una serie de posts futuros dentro de este blogposts en los que vamos a hablar de la ciencia de la medicina. La experiencia de algunos de nosotros, y tras consultarlo con algunos médicos, es que con una mayor disponibilidad de datos de campo en medicina se podrían buscar patrones utilizando las mismas herramientas que nosotros, muchas de las cuales ya se utilizan en medicina, por ejemplo para asociar enfermedades a marcadores genéticos y epigenéticos.

Sin embargo, creemos que todavía existe mucha investigación de tipo exploratorio que, con los datos existentes en diferentes fuentes (pero que no se hayan actualmente unificados), podría permitir una mayor profundización. Esto lo conseguiríamos introduciendo una visión de ecólogo, o naturalista si se quiere, a esta maraña que constituye el medio ambiente, el cuerpo humano y las enfermdedades asociadas.

Por ejemplo, es frecuente ver en medicina cómo la posibilidad de incluir interacciones estadísticas se descarta ya en el diseño de los estudios. Para los ecólogos esa interacción en sí misma tiene su propio interés, dado que está diciendo que un factor afecta a otro diferentemente en función de un tercer factor, no descartando a priori ningún dato.

Solo la búsqueda sistemática de patrones, aunque no se incluyera la demostración de ningún proceso, podría aportar información que permitiría la generación de nuevas hipótesis y que contribuiría a que la ciencia de la medicina avanzara. Ello permitiría además estrechar lazos (o no) entre la medicina convencional y las terapias alternativas y complementarias (MAC), eliminando el ruido de fondo arrojado por muchas de estas últimas prácticas y ayudando a la constitución de una medicina personalizada e integrativa basada en toda la evidencia de la que se dispone, y sobre todo, no basándose únicamente en las intuiciones de pacientes y terapeutas.

En una medicina así, la idiosincrasia de cada paciente podría incluirse en unas ecuaciones predictivas informando a médicos y pacientes sobre las mejores combinaciones de terapias a seguir en función de varios parámetros, teniendo en cuenta los aspectos más relevantes en cada caso. Esto es especialmente importante, dado que estamos presenciando como muchos de los pacientes de la MAC están actuando literalmente como “conejillos de indias”, al no existir estudios que respalden muchas de dichas terapias, y no estar todas ellas exentas de efectos secundarios. Además dichos pacientes están pagando por ello, no existiendo un retorno de todo esto para la sociedad en su conjunto.

Para llevar a cabo estos cometidos sería precisa la unificación sistemática de datos de exposición ambiental de pacientes, sus análisis, sus pronósticos, y la evolución de sus enfermedades en función de los diferentes tratamientos. Todo ello, junto a la utilización de las técnicas estadísticas mencionadas anteriormente, y una visión naturalista de observación de la naturaleza, podría ayudar a mejorar la salud de las generaciones futuras, algo de suma importancia dado que si la cosa no cambia, se van a desarrollar en un planeta menos habitable para los humanos.

La sociedad de la que todos formamos parte no deja de sorprendernos con sus profundas contradicciones. Se valoran aspectos como la honradez, la honestidad, la sinceridad y la transparencia, pero el éxito social, o al menos el económico, lo alcanzan con mucha frecuencia los tramposos, los mentirosos y los egoístas. Diseñamos un complejo entramado de leyes para impartir justicia y luego nos las saltamos. Decimos, orgullosos, que las leyes son iguales para todos y luego permitimos que el que tiene dinero, pertenece a la Casa Real o es un alto cargo civil o eclesiástico se libre de una cárcel y unas sanciones que nos hubieran caído sin ninguna duda a cualquier otro miembro de la sociedad.

Pero últimamente estamos alcanzando límites históricos de cinismo social: elegimos democráticamente a políticos que han mentido y no hacemos nada para destituirlos cuando nos siguen mintiendo. Como es bien sabido, se ha incluso acuñado un término nuevo para justificar la mentira. Lo llamamos ahora posverdad. Es el término que refleja esa tendencia creciente según la cual la gente está dispuesta a dar más crédito a las emociones y creencias personales que a los hechos objetivos. Como apuntó Javier Gallego en su programa de radio ‘Carne Cruda’, esto es newspeak en toda regla: cambiar los significados de las palabras para manipular, tal y como George Orwell predijo en su obra maestra 1984.

Sorprendentemente, la sociedad de la posverdad es la que más se apoya en la tecnología, los hallazgos y los hechos que la ciencia aporta o demuestra. Cuando escribimos en medios como este, lo hacemos con la motivación de contribuir a una sociedad cada día más capaz de hacer análisis objetivos de la evidencia, y de tomar decisiones sobre la base del conocimiento. El esfuerzo de hacerlo se ve más que compensado con el saludable debate que se genera. Pero cuando vemos que un político dice blanco y luego negro sin que los hechos objetivos hayan cambiado, y que eso no acarrea dimisiones ni pérdida de apoyo o credibilidad, el científico que escribe en estos medios no sabe si cortarse las venas o dejárselas largas.

¿Cómo es posible que hace poco los políticos hablasen de que los científicos exiliados en el extranjero eran una leyenda urbana y ahora los mismos científicos exiliados son embajadores de la ciencia española? El cabreo al respecto que Amaya Moro-Martín desarrolla en la revista Nature está más que justificado. Los hechos no cambian, pero los políticos los usan con descaro a su antojo, los ignoran, los tergiversan y no pasa nada. Estos tipos de acciones provocan que seamos el hazmerreír en círculos científicos internacionales, y que la “Marca España” no se identifique con la brillante investigación desarrollada por muchos españoles en el extranjero, sino con las excusas ridículas que el Gobierno que los ha expulsado del país fabrica para tapar la vergonzosa emigración masiva de talento científico, la famosa “fuga de cerebros” (ya sabéis, esa leyenda urbana…).

A estas alturas, los lectores informados sabemos que esta cortina de humo solo repite otras anteriores que trataron de maquillar y justificar la “fuga de cerebros”. Algunos periodistas denuncian estos tipos de actitudes, pero al final todo queda como material para la “maldita hemeroteca”. Con demasiada frecuencia esas versiones alternativas y discordantes se reducen a bromas y a comentarios en los pasillos de oficinas y mercados donde se acaba con frases como “qué morro tienen estos políticos”, “de estos no te puedes creer nada.” Y la vida sigue. Y los mentirosos siguen en sus puestos, mintiendo.

La constante de gravitación universal, crucial para cuestiones como la determinación de la masa de objetos celestes como el sol o los planetas, es una de las constantes físicas medidas con menor precisión. Pero a ningún físico se le ocurre decir hoy que su valor es una cosa y mañana otra y aún otra diferente dentro de un mes. Mientras no cambie nada, básicamente mientras el Universo siga siendo el que es y nuestras estimaciones se hagan de la misma manera, la constante de gravitación universal será la misma y tendrá el mismo grado de precisión o incertidumbre.

Sin embargo esa gran parte de nuestra sociedad actual, aparentemente instalada en la posverdad (decimos aparentemente porque todavía nos resistimos a creerlo del todo) no tiene ningún problema con actitudes equivalentes a que, en el telediario, un político dijera un día que su grupo calcula la masa de Marte empleando veinte decimales para la constante de gravitación universal, al día siguiente razonara que la masa de Marte no puede ser calculada, para unos días después decir que en realidad no existe ninguna razón para calcular la masa de Marte y, pasados unos meses, indicar un valor para la masa de Marte de 6,421 x10^23 kg, que es exactamente lo que figura en las enciclopedias y libros de texto desde hace décadas, y que no coincide con el primer valor que anunciaron.

En el mundo científico las mentiras acaban descubriéndose tarde o temprano. En el mundo de la política, generalmente también. La diferencia es que en el mundo científico la mentira tiene consecuencias más o menos fulminantes para el mentiroso descubierto, mientras que en el mundo de la política no pasa nada. ‘Nada de nada’. Ni legal, ni social, ni económicamente. Ni siquiera en los apoyos internos y externos ni en sus niveles de credibilidad. Claro que nos estamos refiriendo a una versión de país de la que muchos nos sentimos avergonzados y que anhelamos cambiar.

¿Cómo puede un político mostrarse escéptico del cambio climático, unos años después proclamarse preocupado, buscando soluciones al respecto frente a Europa y el mundo entero, y poco después llamar por teléfono al nuevo presidente de EEUU y expresar todo su apoyo a un mandatario decidido a imponer recortes brutales a las agencias que cuidan de la salud pública, el medio ambiente y el control y mitigación del cambio climático y sus impactos? ¿Cómo es posible que un político así, que incumple más del 80% de sus promesas electorales, que niega la evidencia de corrupción en su partido, que llama a las cosas por el nombre de lo que no son y que siempre culpa de los problemas a los demás partidos, haya sido elegido una y otra vez presidente de su partido y de nuestro país? ¿En qué parte de valorar la honestidad, sinceridad y transparencia nos hemos perdido?

Una de las funciones básicas de la universidad es la generación de conocimiento. Sin embargo, una parte significativa de la sociedad, incluyendo a la mayoría de los representantes públicos, presta poca atención a la importancia de este aspecto. Una prueba clara es la falta de importancia que se ha dado desde las instituciones los repetidos casos de plagio de Fernando Suárez Bilbao desvelados por este diario. Queremos centrarnos aquí en el desprecio que supone para los valores universitarios la mala praxis en la generación de conocimiento.

De acuerdo con´las comparaciones de texto publicadas por eldiario.es, el rector de la Universidad Rey Juan Carlos podría haber basado una parte significativa de su producción académica en el plagio extensivo de la producción de otros académicos e incluso de estudiantes. Dada la doble función de la universidad, como formadora de futuros académicos y generadora de conocimiento, cabría esperar una reacción clara y fulminante ante las malas prácticas que, como el plagio, pueden comprometer esta generación de conocimiento. Por ello, la tibieza de la reacción dentro del mundo académico es lo que más ha sorprendido a periodistas como Raquel Ejerique. Desgraciadamente, si se conocen los grandes vicios y problemas del mundo académico español esto no sorprende tanto.

La revisión de trabajos anteriores juega un papel clave en la generación de conocimiento, dado que permite recuperar conocimiento perdido u olvidado, y promover nuevos campos de investigación. Pero una revisión académica no se limita a recopilar y resumir el conocimiento. Debe proporcionar una síntesis de lo ya conocido, ponerlo en valor de manera crítica, y relacionarlo con otras áreas del conocimiento.

Por eso es tan grave el plagio en la universidad y la academia; dado que consiste en copiar literalmente resultados y/o síntesis anteriores en lugar de generar conocimiento nuevo. Al igual que en arte el plagio es una apropiación indebida de la originalidad en la obra copiada, en ciencia y en humanidades el plagio es una apropiación indebida de la originalidad crítica en la recopilación, evaluación y síntesis de conocimiento.

Hay distintos tipos de plagio. La copia literal de texto, y la apropiación indebida de ideas, que se explican y desarrollan sin atribuir su autoría al proponente original. Podría argumentarse que la copia textual no identificada es menos grave que la apropiación de ideas, pero no deja de ser ilícita: copiar y pegar párrafos y ahsta páginas enteras es una forma ilegítima de presentar el trabajo de otro como propio.

Lo que hace particularmente grave el caso del rector Suárez es que los académicos luchamos contra la copia textual desde el principio de la formación de los alumnos. Por eso se han desarrollado herramientas informáticas como la que acaba de implementar la universidad Rey Juan Carlos. Las buenas prácticas en enseñanza implican devolver los trabajos de los alumnos de grado que incluyen dichas copias textuales para que los corrijan, o incluso suspenderlos si esa copia es demasiado extensiva. Muchos cursos incluyen clases de deontología, con formación específica sobre el plagio y otras vulneraciones de la propiedad intelectual. Cuando estas prácticas llegan a los estudiantes de master se incide de manera particular en ellas.

Ningún alumno bien orientado sobre el uso de malas prácticas que incluya copias textuales de frases, y menos aún párrafos enteros, dentro de sus trabajos originales debería pasar de este nivel. Y a nivel de doctorado es razón suficiente para suspender toda una tesis doctoral. Algunos autores de este artículo conocemos de primera mano varios casos donde copias textuales de fragmentos bastante más pequeños que los que ha calcado Fernando Suárez Bilbao han conllevado el suspenso de una tesis doctoral, o la petición de una revisión íntegra de la misma, tanto en Inglaterra, Estados Unidos, Portugal o Brasil como (en algunos casos) en España.

Cualquier trabajo académico que se publica, quizás con la excepción de los libros de texto y manuales técnicos, debe ser original e inédito, ya sea una tesis doctoral, un capítulo de libro o un artículo científico. No debemos dejarnos engañar por la tibia o nula reacción de instituciones como la conferencia de rectores o de algunos responsables políticos: nadie que entienda el plagio como una práctica inocua o que lo use en beneficio propio debería ostentar el título de doctor. Por eso, a la Universidad de Dusseldorf no le tembló la mano a la hora de retirar el título de doctor a Annete Schavan, la ya exministra alemana de Defensa, 33 años después de haberlo obtenido.

Y no sólo eso;: la falta de ética en dicho comportamiento debería invalidar la ostentación de cualquier cargo de responsabilidad en la universidad. Por eso han tenido que dimitir de sus puestos y renunciar a su título de doctor todos los altos cargos “cazados” plagiando su tesis doctoral en otros países: la propia Annette Schavan, el primer ministro rumano Victor Ponta, el presidente húngaro Pál Schmitt, o el ministro de defensa alemán Karl Theodor zu Guttenberg. Otros países, sin embargo, son más tolerantes con el plagio: ahí están los famosos casos del presidente de México Emilio Peña Nieto, o del presidente ruso Vladimir Putin. ¿A quién nos queremos parecer?

El plagio, por lo que tiene de apropiación indebida del esfuerzo ajeno, de abuso de poder y de limitación a la igualdad de oportunidades y méritos, es una práctica comparable a la corrupción política y económica. Y tal vez esa similitud es, precisamente, la que hace que los responsables de nuestras instituciones públicas y privadas sean tan tolerantes con este fenómeno.

Porque la realidad es que el plagio y el fraude científico, para los que hay tolerancia cero en los países de nuestro entorno directo, no reciben un tratamiento claro y ejemplificador en nuestro país. Con la evidencia que se ha presentado en los medios, Fernando Suárez no habría durado más de un par de días en su cargo de rector en ninguna de las universidades de los países europeos, norteamericanos o asiáticos a los que decimos querer parecernos. Y si ostentara un cargo público, ya hubiera dimitido para evitar su destitución – como ha ocurrido en Alemania, Francia o Estados Unidos.

Pero en España se multiplican los casos de fraude académico o falsedad en las titulaciones académicas que no tienen consecuencias, incluso cuando los responsables deberían cundir con el ejemplo al ser altos cargos de instituciones públicas. Baste nombrar los del Presidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps; el presidente del Comité Olímpico Español Alejandro Blanco; el conseller de la Generalitat  Valenciana Manuel Cervera; el director del Instituto de Estudios Fiscales José Antonio Martínez Álvarez. Y, por supuesto, el famoso caso de plagio en dos artículos liderados por el catedrático de Física y Química de la Universidad de Vigo, Juan Carlos Mejuto, absuelto por la Universidad y premiado por la Xunta de Galicia. Gonzalo Astray, primer autor de dichos artículos, acabó obteniendo el título de doctor y siendo propuesto para la obtención del premio extraordinario de doctorado en Ciencias.

Y eso que los casos denunciados por los medios son tan sólo la punta del iceberg. La tolerancia al plagio y el fraude impregna hasta tal punto la vida académica, que está protegida por numerosos aspectos de la normativa y el funcionamiento de la Universidad. Por citar tan sólo uno de los más notables, típicamente los tribunales de tesis son elegidos por los propios directores de tesis, por lo que resulta sencillo recurrir al amiguismo y el clientelismo cuando una tesis no alcanza el nivel de exigencia adecuado. Si este mecanismo no es suficiente, el nepotismo dominante en muchas Universidades asegura la intimidación de los directores o miembros del tribunal que podrían oponerse a estas prácticas. Como declaraba el Dr. José Luis Menezo, codirector del Conseller Manuel Cervera, respecto al extensivo plagio de su tesis: “Te la tragas. Te callas porque es un alto cargo. En este mundo si vas de don Quijote te dan a derechas e izquierdas”.

Es difícil que progresemos como sociedad si no rechazamos las malas prácticas y la falta de ética. Mal vamos si no nos parece importante que haya personajes públicos que ostenten títulos que no merecen. Y peor aún cuando personas que detentan cargos de responsabilidad traicionan las bases mismas de las instituciones que gobiernan.

No sólo estamos promoviendo la mediocridad, estamos despreciando la validez de los que alcanzan títulos y cargos en base al esfuerzo y el trabajo original y excelente realizado de manera ética, que afortunadamente son la mayoría. Y con ello estamos desperdiciando la capacidad de inducir una transformación social que tienen las personas que, de verdad, buscan la verdadera excelencia, que no es sino dar lo mejor de uno mismo en cada faceta de nuestro trabajo.

El equipo de Ciencia Crítica ha tenido acceso exclusivo a un estudio del recién creado Ministerio de Economía, Industria y Competitividad que plantea catapultar a España a primera línea de la investigación mundial. Un alto  cargo del Ministerio, que ha preferido permanecer en el anonimato, explica que la idea empezó a forjarse cuando el think tank SMARTASSES, tras las sorpresas del Brexit y el plebiscito sobre el proceso de paz en Colombia, predijo que Mariano Rajoy sería investido presidente del Gobierno español, y seguidamente Donald Trump  ganaría las elecciones presidenciales en EE.UU.

Los aún no elegidos miembros del todavía no constituido Ministerio no tardaron en ver la oportunidad única que dicha coyuntura supondría para España. Numerosas personalidades del país norteamericano habían anunciado que emigrarían a Canadá si Trump resultaba elegido presidente, y en Gran Bretaña hasta la Royal Society –barco insignia de su investigación científica– había mostrado su descontento con el Brexit debido a que supondrá un descenso sustancial en el presupuesto de investigación británico. Este éxodo dejaría vacantes algunos puestos científicos clave pero supondría un recurso incalculable para los países receptores de inmigrantes de esta valía. 

Según nuestras fuentes, la inesperada situación no ha pillado por sorpresa al siempre atento Gobierno de Rajoy. España planteaba ya desde hace tiempo un plan para canalizar estratégicamente el descontento generalizado del mundo anglosajón. Este plan, denominado ALPA (siglas de “Abajo La Pérfida Albión”) pretende aprovechar dicha coyuntura para la mayor gloria de España, convirtiendo a nuestro país en la primera potencia mundial en ámbitos imprescindibles para el desarrollo como la investigación.

La lógica del razonamiento es tan sencilla como aplastante. En palabras de nuestro informador, “si los científicos estadounidenses están dispuestos a emigrar a Canadá, con más motivo vendrán a España, donde hace mejor tiempo y se come mejor. Una red de camiones sirviendo jamón ibérico y pescaíto frito en los principales campus universitarios de EEUU, decorados con postales soleadas, vídeos de bailes típicos y fotos de Ramón y Cajal con Einstein o Severo Ochoa con Carl Sagan, nos permitirá reconducir fácilmente el flujo migratorio de tantos científicos insatisfechos”. 

En cuanto a los británicos, puesto que lo que único que necesitan es permanecer en la UE para poder obtener financiación comunitaria, sólo hay que ofrecerles unos despachos, y construir nuevos centros de investigación en la costa mediterránea, Baleares y Canarias, donde ya tienen sus segundas residencias. De hecho, uno de los planes del nuevo Ministerio de Fomento es reacondicionar el hotel de la Playa del Algarrobico (la conocida construcción almeriense) como centro puntero  de investigación, solucionando años de conflicto social e institucional mediante su asignación a la siempre bien valorada comunidad científica.

Un mega-complejo científico

En base a estas ideas, el Gobierno está dando forma a la creación de un mega-complejo científico en la Costa del Sol, centrado en las áreas científicas de cambio climático y sanidad, donde el descontento tras el ascenso de Trump al poder será mayor. Con el aliciente del sol, el vino y el aceite de oliva, y la promesa de facilitar alquileres asequibles con vistas al mar, el Gobierno espera poder atraer a los mejores científicos del mundo, que financiarán su trabajo con fondos europeos. Los principales escollos a los que el proyecto se enfrenta ya han sido bien analizados y las acciones planeadas por SMARTASSES son las siguientes:

Presupuesto. Será necesario pagar sueldos de al menos ochocientos euros al mes a los investigadores que se quiere atraer a España, aunque el salario final no se ha cerrado en espera de un análisis técnico detallado: la Secretaría de I+D+i ha prometido hacer un estudio sobre los sueldos de los investigadores en EEUU y Canadá, por si acaso fuera necesario ofrecer sueldos un poco superiores. El Ministerio de Hacienda ya ha adelantado que no está dispuesto a destinar una partida a contratar nuevos investigadores salvo que se hagan recortes paralelos por la misma cantidad. Ante esta tesitura, el Ministerio de Educación, en coordinación con varias comunidades autónomas, ha encontrado la solución y se ha ofrecido a cerrar algunas escuelas públicas, ya que como todo el mundo sabe la educación privada es mucho mejor.

Localización. Un miembro del gabinete se ha ofrecido a ceder, por un precio razonable, unos terrenos reciente y convenientemente recalificados que tiene en el Campo de Gibraltar que, a su entender, serían ideales para la sede del centro. Esta parte del plan tiene la oposición del flamante Ministro de Interior, que teme que la cercanía del Peñón pudiera resultar una mala influencia, y que los investigadores podrían terminar por independizarse también.

Fuentes de Exteriores, conocedoras del pragmatismo británico, apuntan por el contrario a que la cercanía de este centro al aeropuerto de Gibraltar redundaría en un mayor tráfico de pasajeros y la consiguiente venta de sus instalaciones por un precio desorbitado a AENA. Si se desarrolla el Campo de Gibraltar de esta manera, un número no desdeñable de proyecciones a medio plazo apuntan a la petición formal del Peñón para abandonar la soberanía británica y pedir la entrada formal en nuestro país, resolviendo así uno de los principales conflictos abiertos para la soberanía de nuestro país.

Ámbito científico. Quizás el mayor escollo resida en la naturaleza misma del centro. Si bien todos los miembros del Gobierno concuerdan en que la investigación sobre cambio climático debería estar en el corazón del programa científico, ya que ningún investigador que trabaje en el tema va a querer permanecer en EEUU durante la presidencia de Trump, familiares en segundo grado de altos cargos del Ejecutivo insisten en que no hay cambio climático que  valga. “No hay cambio climático; los cambios de temperatura son típicos de la estación”, han declarado recientemente. Si bien desmienten la teoría de Trump, según la cual el cambio climático es una ficción inventada por los chinos para lastrar la productividad de la economía estadounidense, un primo insiste en que “la historia del cambio climático se la han inventado unos científicos de segunda para obligar a los gobiernos a invertir más en investigación y poder chupar del bote”.

Esta aseveración es compartida por varios cuñados de uno de los partidos que sostienen al Gobierno, lo que unido a la reluctancia de un altísimo cargo en contrariar a su primo, mantiene en este momento al proyecto en un desgraciado impasse. Según sectores cercanos a un importante miembro del Ejecutivo, o se consigue convencer a estos primos y cuñados  de que el cambio climático existe, es debido a la actividad humana y está aquí para quedarse, o habrá que camuflar la verdadera naturaleza del centro para no molestarles.

El conflicto con Portugal

Paradójicamente, el desarrollo de estas ideas puede llevar a modificar el mapa geopolítico de la Península Ibérica. Portugal, tradicional aliado del Reino Unido, también opta a repartirse el pastel de los científicos británicos expatriados. Y aquí se revela la audacia del visionario plan ALPA. Lejos de pretender confrontar a Portugal en este terreno, se han establecido contactos de alto nivel para integrar al país vecino en esta estrategia, mediante la creación de una red ibérica de investigación (REID, REID –siglas de Rede Ibérica de Investigação e Desenvolvimento, Red Ibérica de Investigación y Desarrollo)– que incorporaría otros macro-complejos de investigación en el Algarve portugués y los soleados archipiélagos de Madeira, Canarias y Baleares (todos los expertos coinciden en que en Azores llueve demasiado).

Esto de facto significaría la ruptura de la tradicional alianza lusosalbiónica (perdón, lusobritánica), haciendo una apuesta por una política fuerte a nivel Iberomacaronésico, y posicionando a los dos países como un polo irradiador en la nueva configuración de la Unión Europea.

Dado que un elevado número de los mejores estudiantes postdoctorales españoles ya están contratados por el país vecino, REID, REID permitiría no sólo la elevación a nivel internacional de la investigación y la exaltación del espíritu de una Península unida ante el desafío de liderar la investigación mundial, si no también ahorrar mucho dinero en sueldos que ya están pagando nuestros vecinos. Una red de estas características tendría ventajas indudables, como la posibilidad de incluir el bacalhau à bras y en los menús de sus cafeterías, así como café portugués y pasteis de natas.

Esta parte del plan aún no está consensuada, ya que ciertos miembros del gabinete preferirían no tener que compartir la gloria científica con nuestro eterno rival. Los sectores más renovadores del Gobierno (si es que se pueden llamar así) argumentan sin embargo que si se vencen adecuadamente estos escollos, España y Portugal están en la mejor situación para desplazar a Silicon Valley, al MIT y a universidades hasta ahora líderes mundiales como Oxford, Cambridge o Harvard y convertirse en la primera potencia mundial en investigación. Al fin y al cabo, aunque parece descabellado, llevar adelante este plan supondría menos del 5% de los Presupuestos Generales del Estado, y tendría un impacto muy significativo en la economía mediante la creación de empleos indirectos y el aumento de consumo en café, cerveza, vino, queso y jamoncito.

La consciencia es una de las grandes incógnitas de la biología moderna. Durante mucho tiempo, al menos en las culturas europeas, se supuso que la consciencia era un atributo distintivo de los seres humanos, carente de base material. Un don divino. Si bien este postulado se ha ido relajando con el tiempo, en muchos sectores de la población queda la duda sobre la especificidad humana de la consciencia. Hasta tal punto que, el 7 de julio de 2012, un grupo de científicos reunidos en Cambridge con motivo de la Francis Crick Memorial Conference sobre “Consciencia en animales humanos y no humanos” proclamó la Declaración de Cambridge sobre la Consciencia.

Esta declaración mantiene que la consciencia no es un atributo específicamente humano. O, más precisamente, que “la evidencia indica que los humanos no son únicos en poseer el sustrato neurológico que genera la consciencia.” Entre los animales que poseen sustratos homólogos, y que por tanto podrían ser conscientes, están todos los mamíferos y las aves.

Durante la presentación de la Declaración de Cambridge sobre la Consciencia su redactor, Philip Low, explicó que era evidente para todos los que estaban allí reunidos que los animales tenían consciencia. La Declaración de Cambridge, sin embargo, no afirma eso. Se limita a constatar que muchas especies de animales no humanos tienen el mismo sustrato neurológico que genera la consciencia en humanos. Pero ¿qué es la consciencia? ¿Qué mecanismo la genera?

Podemos distinguir entre varios tipos de explicaciones del fenómeno de consciencia, que se pueden agrupar de manera grosera en las espirituales y las científicas. Según las explicaciones espirituales, la consciencia carece de base material. No está asociada a los procesos cerebrales, sino al alma, y escapa al estudio científico. Por su naturaleza, estas explicaciones quedan fuera del ámbito de este blog, por lo que nos limitamos a constatar su existencia.

Una visión intermedia entre lo espiritual y lo científico nace de la definición de consciencia como una forma avanzada de autopoiesis, es decir, de autoorganización. Según los trabajos de los biólogos chilenos Humberto Maturana y Francisco Varela, los seres vivos pueden definirse como sistemas independientes que se autoperpetúan a través de las interacciones y relaciones que tienen con su entorno. Según esta perspectiva enraizada en la teoría de sistemas, los seres vivos son progresivamente más organizados cuanto mayor es la cantidad y complejidad de dichas interacciones.

En su obra The Web of Life el físico y divulgador Fritjof Capra asimila dicho incremento en autopoiesis a la adquisición de consciencia (y en cierta medida de alma) por seres vivos cada vez más complejos. El paralelismo entre grado de autoconsciencia y la diversidad de las interacciones podría tener una explicación evolutiva, dado que la riqueza y complejidad de las interacciones aumentan el valor adaptativo de las capacidades cognitivas y la inteligencia.

Así, la hipótesis más aceptada entre los científicos está en parte relacionada con esta visión proveniente de la teoría de sistemas. Según esta explicación, la consciencia es un epifenómeno de los procesos neuronales que aparece cuando la complejidad del cerebro pasa un umbral aún por definir. Pero entonces, si la consciencia es un epifenómeno del desorbitado número de impulsos nerviosos que viajan entre las neuronas de nuestro cerebro, ¿adquiriría consciencia un ordenador si tuviera un número suficiente de procesadores?

El físico Roger Penrose y el médico anestesista Stuart Hameroff proponen una teoría radicalmente distinta de la consciencia, basada en una interpretación de la mecánica cuántica. La teoría, que Penrose ha expuesto en varios libros (La nueva mente del emperador, Las sombras de la mente), queda resumida en un artículo reciente, e incluso en la novela de Dan Simmons El Hombre Vacío, por lo que nos limitamos a exponer las ideas básicas.

Según esta teoría, la consciencia es una propiedad física inherente a todo sistema (biológico o no), asociada a ciertos cambios en el estado cuántico. La consciencia humana resultaría de aunar de forma coherente, mediante los circuitos neuronales y los microtúbulos que contribuyen a su estructura, miles de millones de momentos de proto-consciencia.

La teoría de Penrose y Hameroff es, probablemente, la más articulada, la que ofrece más detalles sobre un posible mecanismo generador de la consciencia y la única que relaciona directamente el fenómeno de consciencia con la estructura atómica de la materia, incluyendo, por supuesto, los seres vivos.

Nos deja, sin embargo, con la incómoda sensación de que no es más que un pretexto para reconciliar el libre albedrío con la tesis materialista según la cual los humanos y otros animales no somos sino un puñado de partículas que responden ciegamente a las leyes de la física y deja muchas preguntas sin contestar, pero hace al menos propuestas concretas.

Sin embargo, lo que nos importa hoy no es si ésta u otra teoría es correcta o no. Lo que queremos destacar es que los avances científicos, los nuevos conocimientos, van cambiando los límites entre lo que consideramos física y metafísica, como sugieren las ideas de Fritjof Capra.

A lo largo del tiempo el conocimiento y la razón han ido ganando terreno al mito y las creencias, apropiándose la física de parcelas cada vez más extensas. Hoy la consciencia queda en el límite entre la física y la metafísica, su estudio científico se ha legitimado – y esto es un gran paso. Pero estamos aún lejos de encontrar una solución al problema. Tanto, que ni siquiera tenemos una definición.

El filósofo John Searle, en su charla TED, reconoce (minuto 4:30) que no podemos definir la consciencia científicamente, y que para trabajar debemos por el momento contentarnos con una definición de andar por casa, según la cual “la consciencia consiste de todos esos estados de sentimiento, sensaciones o percatación, comienza por la mañana cuando despertamos de un sueño sin sueños y continua durante todo el día hasta que nos dormimos o morimos…” [“Consciousnes consists of all those states of feeling or sentience or awareness, it begins in the morning when you wake up from a dreamless sleep and it goes on all day till you fall sleep or die…”] Pero lo más frecuente es ignorar completamente el problema de la definición, como hacen en sus artículos Penrose y Hameroff, y Stevan Harnard, o Dan Dennett en otra charla TED. Y nos preguntamos si no tendría sentido definir la consciencia antes de invertir más tiempo, esfuerzo y recursos en estudiarla.

Aunque históricamente la física no haya dejado de ganarle terreno a la metafísica, no se puede concluir que un día la metafísica desaparecerá, que la razón y la ciencia nos permitirán explicarlo todo. Hoy la consciencia queda en el límite entre la física y la metafísica, el tiempo dirá en qué parcela termina finalmente.

Página del ilustrador.

Durante esta campaña electoral todos los candidatos han reiterado su apuesta por la ciencia y la innovación. Han insistido en que la I+D+i (investigación, desarrollo e innovación) es un sector clave para recuperar la economía española, cambiar el modelo económico y dejar atrás la crisis para siempre. Así lo reconocen los programas electorales de todos los partidos con representación parlamentaria. Sin embargo, las ideas que cada partido tiene sobre cómo, cuánto y cuándo invertir en I+D+i han estado ausentes en los debates a tres, a cuatro o a siete que tanta expectación como desilusión han generado. Por ejemplo, la ciencia se mencionó sólo dos veces, y de forma pasajera, en el único debate entre los cuatro candidatos presidenciales de los partidos mayoritarios.

Dada la gran cantidad de talento investigador desaprovechado (o, directamente, emigrado) tras el periodo de fuerte desinversión que ha caracterizado a la legislatura pasada, un esfuerzo bien planificado en investigación básica y aplicada es sin duda imprescindible (aunque no suficiente) para renovar un modelo productivo arcaico centrado en el pelotazo urbanístico, la producción agraria y el turismo. Es por ello que todos los partidos coinciden en mencionar la investigación y la innovación en su propaganda electoral. Sin embargo, sus programas, discursos y debates se limitan muchas veces a declaraciones genéricas de buenas intenciones, que no se concretan en una apuesta real por el I+D+i español. En este post complementamos la información proporcionada por los análisis de Ciencia con Futuro para las elecciones del pasado 20 de Diciembre y la convocatoria del 26 de Junio con una revisión de algunos de los aspectos clave de las propuestas de los principales partidos.

En un comunicado reciente, la COSCE (Confederación de Sociedades Científicas de España) identifica, entre otras, seis medidas clave para recuperar la ciencia e innovación en España: (1) aumentar inversión pública en I+D+i, pero cambiar también su estructura; (2) crear y consolidar un organismo independiente que administre dicha inversión; (3) crear un modelo estable de captación y recuperación de talento; (4) mejorar la transferencia de conocimiento al tejido productivo; (5) mejorar y reforzar el sistema de evaluación; y (6) realizar una reforma en profundidad de la estructura de gestión de universidades y organismos públicos de investigación. Estos seis ejes, junto con la necesidad de (7) estructura profesional de la carrera científica y (8) rendición de cuentas, proporcionan un marco sobre el que evaluar las propuestas que aparecen en los programas de los cuatro principales partidos: Partido Popular, PSOE, Unidos Podemos (UP, basado en el de Podemos, el de Izquierda Unida y el acuerdo electoral entre estos partidos y Equo) y Ciudadanos. No analizamos las propuestas de partidos nacionalistas catalanes y vascos porque se centran en fortalecer las estructuras de ciencia e innovación en sus respectivos ámbitos territoriales, que ya cuentan con apuestas decididas promovidas por sus gobiernos territoriales, y que de hecho pueden servir en parte de modelo para el desarrollo del tejido de I+D+i del resto del estado. Tampoco analizamos las medidas encaminadas a la diseminación del conocimiento científico a la sociedad, que necesitarían de un enfoque aparte.

Todos los partidos proponen aumentar la inversión actual progresivamente hasta el 3% del PIB. Sin embargo, mientras que Ciudadanos y Unidos Podemos pretenden alcanzar este nivel en 2020, el PSOE cifra la inversión al final de la legislatura en el 2.5%, y el PP en un 2%, en este último caso “si las condiciones lo permiten”. Todos los partidos apuestan porque esta inversión sea pública y privada, pero mientras que C’s se centra en desarrollar la (muy necesaria) ley del mecenazgo para impulsar la inversión privada, UP y PSOE indican claramente que gran parte de dicha inversión será pública, al menos al principio, especificando además que será de carácter civil. Podemos e IU incluso establecen la obligatoriedad de ejecutar todo el presupuesto de I+D+i, evitando las trampas presupuestarias de ejecutar sólo una parte para reducir el déficit final del estado. Esta coalición también separa la inversión pública (de alrededor del 2% del PIB según su acuerdo electoral) de los créditos a empresas, mientras que el PSOE restringe estos últimos.

A pesar del énfasis en aumentar el nivel de gasto en investigación, las asociaciones y plataformas de científicos insisten en la necesidad de asegurar que dicha inversión sea estable (continuada en el tiempo e independiente de los ciclos electorales) mediante la creación de un fondo estable de inversión. Por desgracia, esa reivindicación ha tenido poco eco. Tan sólo se menciona la capacidad de la nueva agencia estatal de investigación de gestionar financiación plurianual (por ejemplo, en el programa del PP). Ni PP, ni PSOE ni Unidos Podemos se detienen a definir las competencias de dicha agencia. Es aquí donde el programa de C’s se distingue, abogando porque dicha agencia sea independiente (adscrita a la presidencia del gobierno) y no se encargue sólo de administrar los fondos públicos de investigación, sino que también evalúe el desempeño de universidades, hospitales y organismos públicos de investigación (OPIs).

La captación y consolidación de recursos humanos es otra de las prioridades expresadas por todos los partidos. En los programas de PP y C’s se habla de planes de choque genéricos, sin desarrollarlos más allá de una simplificación en los procesos selectivos para facilitar el acceso de investigadores provenientes del extranjero. Esto incluye la propuesta de una cuota del 1% para investigador permanente internacional en el caso de C’s que probablemente ya se cumpla en gran parte de los OPIs y universidades españolas. En contraste, UP y PSOE presentan baterías de medidas bien desarrolladas y de recorrido claro que, si son implementadas, incrementarán y mejorarán de manera significativa el tejido investigador, paliando al menos en parte los efectos de la fuerte reducción que ha sufrido el colectivo investigador en los últimos seis años. El PSOE propone incorporar, basándose en criterios de excelencia, 10.000 investigadores durante la legislatura, con énfasis en los investigadores en fases iniciales de su carrera. Mientras que Podemos apuesta por duplicar las convocatorias de contratos postdoctorales; crear un programa de atracción de jóvenes investigadores que puedan liderar nuevos laboratorios y grupos de investigación, ligados a procesos claros de consolidación de quienes muestren un desempeño adecuado; implantar políticas de género e igualdad en la contratación; crea un observatorio de transparencia, que vele tanto por el acceso meritocrático como por las condiciones laborales en los centros de investigación; y flexibilizar la carrera docente e investigadora. Algunos de estos aspectos también están presentes de manera genérica en el programa de C’s, por lo que a priori no debería ser difícil consensuar buena parte de estas medidas entre varios de los partidos principales.

La reestructuración de la carrera científica recibe bastante menos atención que la atracción y consolidación de investigadores, excepto en el caso de C’s y Podemos. Las dos formaciones apuestan por desarrollar una carrera científica basada en el mérito, que mejore la flexibilidad en la contratación y permita concursos más abiertos (algo que mencionan todos los partidos) y, en el caso de C’s, la creación de plazas de tipo tenure track que permitan consolidarse como funcionarios a los investigadores contratados que pasen su correspondiente evaluación. Sin embargo, C’s centra su atención en la necesidad de eliminar los vicios del sistema actual, asumiendo el criterio de calidad y mérito en vez del de continuismo o de derechos adquiridos. Por el contrario, UP se centra en desarrollar una propuesta de carrera científica única basada en una progresión laboral meritocrática predecible. Este diseño de carrera única permitiría la movilidad entre instituciones (algo también contemplado por el PSOE) mediante la unificación de los procesos de contratación de universidades y OPIs, teniendo en cuenta las particularidades de docentes universitarios, investigadores de OPIs e investigadores de hospitales. Podemos recoge además la necesidad de establecer carreras independientes para el personal técnico y los gestores de I+D+i.

La transferencia de los resultados de la investigación básica al tejido productivo mediante la innovación es otra de las preocupaciones generales de todos los programas. Todos contemplan el impulso de la cooperación público-privada. Sin embargo, mientras que el PP lo fía al favorecimiento de las relaciones entre universidades, OPIs y empresas, el resto de partidos propone crear nodos de colaboración entre grandes empresas, PYMES y departamentos de investigación en diferentes regiones de España. Aunque estas propuestas se basan en los mismos modelos (p.e. Fraunhofer Institutes en Alemania), Podemos propone crear polos de crecimiento y desarrollo regionales asociados a universidades y centros de investigación ya existente, mientras que PSOE y C’s proponen la creación de institutos tecnológicos y de innovación industrial con financiación mixta público-privada. Los dos últimos partidos presentan propuestas relativamente similares en este apartado, seguramente debido a los acuerdos alcanzados durante el fallido pacto de investidura.

El acceso a las patentes obtenidas con fondos públicos tan sólo se contempla en los programas de PSOE y UP. Los primeros pretenden hacer obligatoria al cabo de tres años la cesión al dominio público de la propiedad intelectual que no haya sido explotada, siempre que sea vinculada a iniciativas generadoras de empleo (algo que ya es práctica habitual en las principales OPIs). La coalición de izquierdas va más allá: según el programa de IU, se pretende garantizar el uso y difusión libre del resultado de investigaciones financiadas con fondos públicos, así como las relacionadas con necesidades básicas, como medicamentos. El programa de Podemos modera esta última medida, ligándola a la implementación de precios justos en los medicamentos. En este apartado es necesario ponderar que el libre acceso a las patentes puede conllevar que las empresas utilicen los resultados de investigación pública sin ningún tipo de control o retribución a las arcas del estado. Un pequeño control de las patentes puede ser necesario para liberar de manera gratuita en aplicaciones de interés general, pero asegurar un retorno justo al sistema público de investigación de los beneficios que obtenga el sector privado de su aplicación comercial.

Otro aspecto clave es mejorar la estructura organizativa del sistema de I+D+i español. Todos los partidos incluyen propuestas para mejorarla. Todos reconocen que la rigidez y la burocracia de los procesos de control de gasto y contratación lastran la competitividad internacional de universidades y OPIs, cargando de trabajo administrativo innecesario a gestores e investigadores, y ralentizando e incluso impidiendo realizar los gastos lógicos para la consecución de los proyectos de investigación. El PP y el PSOE se limitan a hacer hacer declaraciones genéricas de intenciones para revisar y simplificar los procedimientos administrativos asociados a I+D. C’s y UP, por el contrario, además de minimizar los procedimientos burocráticos proponen mejorar la gobernanza de la investigación española, aunque con las diferentes perspectivas que pasamos a detallar.

Por un lado, tanto C’s como PSOE y Unidos Podemos pretenden potenciar un sistema sólido de evaluación y rendición de cuentas, en el que se ligue el rendimiento de cuentas a la financiación que reciben instituciones y grupos de investigación. Además, C’s pretende otorgar financiación adicional a centros de excelencia, y crear un comité asesor de ciencia y tecnología que, ligado a presidencia, diseñe la estrategia científica del estado.

La propuesta de UP, en cambio, es más detallada, y se centra en “democratizar” el sistema de I+D+i español. Esto incluye medidas para favorecer políticas de transparencia e independencia en la gestión de universidades y OPIs, mejoras en la rendición de cuentas, políticas de igualdad en el acceso a la carrera investigadora, y penalización de los procesos de decisión y las estructuras jerárquicas piramidales, trasladando al estado la responsabilidad de monitorizar las designaciones (y destituciones). Estos procesos se acompañan de la creación de un observatorio de defensa de la transparencia en OPIs y universidades, encargado también de controlar las condiciones laborales de los investigadores y docentes.

Resulta claro que las fuerzas políticas emergentes presentan propuestas con un mayor grado de desarrollo. Aunque presentan diferencias obvias, que atienden a modelos diferentes de país y, por lo tanto, a papeles ligeramente diferentes de la I+D+i, también coinciden en gran cantidad de puntos. En muchas ocasiones estos puntos coincidentes se encuentran también en el programa del PSOE, que según el análisis de Ciencia con Futuro es el más completo de todos, una opinión que no compartimos. Y, a veces, estos puntos también aparecen en el programa del PP, que es sin lugar a dudas el más vago e impreciso de todos.

La viabilidad de las propuestas de los nuevos partidos dependerá de su grado de desarrollo durante una eventual legislatura en la que participen en el gobierno, y de su financiación. Tanto C’s como UP presentan memorias económicas bien desarrolladas, por lo que si los argumentos a partir de los que construyen sus presupuestos se demuestran válidos, la disponibilidad presupuestaria para aplicar sus programas de I+D+i podría estar garantizada. Otra cosa es el grado de éxito que obtengan. Es muy probable que la intención de UP de quebrar la estructura de funcionamiento piramidal de muchos departamentos universitarios e institutos de investigación necesite de algo más que una mera supervisión de los nombramientos por el consejo de transparencia. Del mismo modo, la capacidad de desarrollar innovación de la gran mayoría de las empresas españolas es tan limitada que muy pocas están actualmente en condiciones de apoyar la financiación de los institutos público-privados de la manera en que propone C’s. Por ello, aun teniendo orientaciones muy positivas para el sistema de I+D+i español, ambos objetivos necesitan de una apuesta estratégica a un plazo bastante más largo que una sola legislatura.

En cualquier caso, con que sólo la mitad de las medidas propuestas por cualquiera de estos partidos se llevara a cabo, el sistema de investigación español mostraría una clara mejoría. Incluso con la más sencilla de incrementar el nivel de inversión. Pero cuando uno ve lo que algunos partidos han prometido primero e incumplido después, no queda mucho margen para el optimismo. Podríamos argumentar que los nuevos partidos sí parecen preocuparse más por este tema, pero si juzgamos la importancia de los temas por el tiempo que se les concede en los debates televisados entre líderes políticos, la planificación de la I+D+i en nuestro país no parece ni mínimamente prioritaria con la honrosa excepción del minuto final de Alberto Garzón en el debate de economía realizado en la Sexta. Debemos plantearnos si la I+D+i es un tema más o si es realmente tan importante como decimos unos y otros. Si lo es, no podemos conformarnos con promesas volátiles.

Como llamada a la esperanza, tanto C’s como PSOE y UP proponen el establecimiento de una mesa o pacto estatal por la ciencia, reeditando el que ya se firmó en la pasada legislatura entre todas las fuerzas políticas menos el PP. Ya hemos comentado en otro post que el nivel de consenso en los cambios que necesita el CSIC, el organismo público de investigación más grande del país, es muy elevado. La revisión de sus programas sugiere que PSOE, Ciudadanos y Unidos Podemos podrían ponerse de acuerdo fácilmente en multitud de aspectos y recabar el apoyo de otras fuerzas para alcanzar un acuerdo transversal sobre ciencia y tecnología que fuera uno de los ejes de consenso durante la próxima legislatura.

Tal vez sea posible. Como dijo Albert Einstein, “si lo puedes imaginar, lo puedes lograr”.

Feliz jornada de reflexión.

Uno puede pensar que los que nos consideramos progresistas tenemos visiones parecidas de la realidad, de la ciencia, de la universidad. Pero no es tan sencillo. La simplificación de la complejidad a la que nos someten los medios de comunicación o nuestros referentes intelectuales reducen lo complejo a una distribución binomial de blancos y negros, de buenos y malos. Ah, tú eres de los míos, o simplemente, tú eres de los otros. Sin embargo, la realidad es mucho más diversa y polifacética.

Hace unos días leíamos en este diario una entrevista al colectivo de profesores y alumnos Indocentia sobre la transformación neoliberal que ha sufrido la Universidad. Y aunque podemos estar de acuerdo en muchas de las cosas que allí se plantean,  la propuesta de este colectivo está en la antípodas de lo que nosotros entendemos que debe ser la Universidad. Por favor, permitid que discrepemos y que discutamos algunos de sus planteamientos, y entendamos la discusión no como un enfrentamiento encaminado a imponer nuestra visión por encima de la del oponente, sino como una puesta en contexto y un contraste de ideas para hacer emerger nuevas y más ricas perspectivas.

La evaluación competitiva no es necesariamente una expresión de neoliberalismo. Estamos de acuerdo en que las medidas políticas implementadas a lo largo de todos estos años, no sólo durante la crisis, sino desde mucho antes, han ido desvirtuando y descapitalizando a la universidad. Pero, bajo nuestro punto de vista, la evaluación del desempeño no sólo no es neoliberalismo, sino que representa una expresión rotunda de lo que debe ser el servicio público. La sociedad nos paga y debemos devolver la confianza que pone en nosotros con resultados medibles sometidos a una mejora continua – mejora que es imposible sin una evaluación de resultados.

Podemos estar de acuerdo en que la evaluación del éxito puede modificarse y ajustarse a muchas realidades, y que es posible que en ese sentido vivamos una burbuja neoliberal. Pero la necesidad de medir el desempeño individual y colectivo del personal universitario es indudable. Los tres pilares básicos de lo que hacemos o deberíamos hacer en la universidad (investigación, docencia y gestión) producen resultados medibles, y deben rendirse cuentas sobre los tres.

Los procedimientos puestos sobre la mesa a lo largo del tiempo y en diferentes países para medir la actividad investigadora son muy convergentes, por imperfectos y mejorables que sean. Es en ese punto donde se eleva la actividad científica como una profesión y no como una religión, y como tal, el éxito, el desempeño, se puede y se debe medir. Lógicamente, todo sistema de medida tiene un lado oscuro ya que puede incentivar el fraude. Las evaluaciones actuales permiten aumentar la probabilidad de éxito mediante estrategias cuestionables, como las que los autores indican (autorías rotativas y clientelares en los artículos, primacía de la investigación de corto plazo, rápidamente publicable, etc.). Pero para evitarlo, la solución no es dejar de evaluar, sino introducir mejoras que superen las limitaciones detectadas y,  sobre todo, utilizar los resultados de las evaluaciones para ayudar a los profesionales evaluados a mejorar, y no únicamente como elemento de selección o descarte. Las ideas expresadas por Indocentia en la entrevista apuntan numerosas críticas, profundas en el caso de la evaluación bibliométrica del personal docente e investigador. Podemos compartir la necesidad de mejorar los criterios y los procedimientos de evaluación pero no podemos apoyar estas críticas si no vienen de la mano de alternativas plausibles.

Dadas las crecientes dificultades para la contratación estable del profesorado universitario, nuestros jóvenes investigadores exigen reglas de acceso equitativas, transparentes y competitivas. Aunque todo es mejorable, y debemos asegurarnos de que mejore, la evaluación de la producción científica en base a la calidad de las publicaciones es mucho mejor que el procedimiento que existía hasta hace poco (y que se resiste a desaparecer), con reglas de promoción basadas en la lealtad, el aguante y la sumisión al maestro, tanto si es merecida como si no. Simplificar las reformas tachándolas todas de neoliberalismo no ayuda a luchar contra la mediocridad y el clientelismo.

Al igual que la investigación, la calidad de la docencia universitaria es medible. Estamos de acuerdo en que los programas puestos en marcha en nuestro país tienen un propósito meramente publicitario y, en la práctica, no sirven para nada. Pero los países anglosajones tienen larga experiencia evaluando la calidad de la docencia y aplicando programas para mejorarla (que incluyen cursos, materiales de apoyo y colaboración entre pares). Programas que se aplicaban mucho antes de que Reagan y Thatcher firmasen las reformas que dispararon el neoliberalismo en los países occidentales. Dudar de que muchas de sus universidades tienen una calidad docente a la que las nuestras deberían aspirar es, cuanto menos, absurdo. Solo hay que atreverse a aplicar estos programas superando los intereses de quienes se sienten amenazados por cualquier exigencia de mejora.

Es importante abordar un lugar común tremendamente consolidado: la dicotomía docencia-investigación. No existe ni un solo estudio serio que apoye la existencia de dicha dicotomía, que solo se ampara en evidencia anecdótica referida a “excelentes investigadores que no saben enseñar”. Lo que sí es evidente es que ser buen investigador no asegura ser buen docente, y viceversa. Nuestra experiencia indica que las cuatro combinaciones posibles entre buen/mal investigador y buen/mal docente están razonablemente equilibradas. Es decir, sí que existen buenos investigadores que son también buenos docentes y malos investigadores que también son malos docentes, así como todas las otras combinaciones. Pensar lo contrario es un mito. No debería ser aceptable tener ningún empleado que sea mediocre en ambas áreas (algo perfectamente posible en ausencia de evaluaciones), ni tampoco abandonar al autoaprendizaje y a la ausencia de incentivos a quienes necesitan mejorar una de ellas, como se hace hasta ahora.

Y por supuesto, hay que abordar en serio la tercera y más difusa actividad: la gestión. Una actividad que se puede y debe medir y auditar. Una actividad denostada por muchos, que consume tiempo y dinero pero que resulta imprescindible para la actividad universitaria. Una actividad para la que no se prepara a los docentes e investigadores, cuya ejecución deficiente puede consumir recursos preciosos (por lo escasos) para la docencia y la investigación. Es preciso contar con datos sobre la eficiencia individual y colectiva en tareas administrativas y de gestión,  y aportar incentivos adecuados para quienes sacrifican una parte significativa de su tiempo en llevarlas adelante. No olvidemos que una de las grandes diferencias entre las universidades españolas y las de otros países más avanzados es el adecuado reconocimiento de las responsabilidades de gestión en estas últimas.

Y medir todo esto, ¿para qué? Medir para mejorar, para tenerlo en cuenta en el desarrollo y en la promoción de la carrera profesional, para racionalizar el acceso de las nuevas generaciones a la carrera docente e investigadora, para ser más competitivos como sociedad, para devolver a ésta lo que nos da, para hacer honor al privilegio que nos ofrece con su confianza, para que piloten la academia los mejores, para que desaparezcan los absentistas, para que la meritocracia rompa las redes de clientelismo, para conseguir una gobernanza nueva donde el servicio público sea la clave. En resumen: medir para asegurar el futuro de nuestra universidad pública, convirtiéndola en un referente de ilustración, calidad y eficiencia.