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INTERNACIONAL

Los ciudadanos de la UE en Reino Unido se arriesgan a quedar en un limbo legal tras el Brexit

Millones de ciudadanos de la UE carecen ahora de seguridad jurídica a causa de los vacíos legales del sistema de inmigración británico

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Ciudadanos comunitarios afrontan un limbo legal tras el "brexit", según un informe de la UE

Ciudadanos comunitarios afrontan un limbo legal tras el "brexit", según un informe de la UE EFE

Los europarlamentarios y los diplomáticos europeos de alto nivel creen que el caos tras el Brexit es inevitable, ya que cuando el Reino Unido limite la entrada de los nacionales de los 27 países de la Unión Europea, el Ministerio del Interior todavía no habrá puesto en marcha un mecanismo para determinar qué ciudadanos pueden permanecer en el país.

Se da por sentado que en la primera fase de las negociaciones para activar el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea (que prevé el mecanismo para la salida voluntaria de un país de la UE), la UE y el Reino Unido acordarán una fecha a partir de la cual los extranjeros que se hayan establecido en el país no tienen un derecho automático de permanencia.

Un documento filtrado al The Observer, redactado por los europarlamentarios del Comité de Empleo con el objetivo de asesorar a la Unión Europea en el marco de las negociaciones para el Brexit, advierte: “El Reino Unido no tiene un censo que incluya a estos residentes. En la práctica, sería muy difícil determinar qué ciudadanos de los 27 países [restantes] de la UE eran residentes legales en el Reino Unido antes del Brexit”.

“Si los 3,3 millones de ciudadanos de la UE que viven en el Reino Unido inician un procedimiento para reivindicar los derechos consagrados en el Tratado de la UE, el sistema británico se colapsará”.

Una encuesta publicada por The Observer ha constatado que una gran mayoría de británicos considera que a los ciudadanos de la UE que ya viven en el Reino Unido se les debería reconocer automáticamente el derecho a permanecer en el país.  Solo el 5% cree que deberían ser expulsados, pero lo cierto es que ocho meses después del referéndum del Brexit, que se celebró en junio, las incertidumbres en torno a su futuro causan una gran ansiedad a los ciudadanos de la UE que viven en el Reino Unido.

“Me sorprende que el Reino Unido no haya hecho un seguimiento de las entradas y salidas, y tendrán que encontrar una solución para este problema”, ha asegurado en referencia al informe un diplomático de alto nivel de un país de Europa del Este.

En 2007, al gobierno de Tony Blair le obligaron a abandonar un proyecto para crear un documento nacional de identidad y un censo poblacional, ya que se optó por proteger los datos de los ciudadanos.

Bases de datos sin cruzar

Los nacionales de la UE no necesitan registrarse para disfrutar del principio de libre circulación de personas contempladas en el Tratado de la UE, y de los derechos y obligaciones correspondientes. El gobierno no controla las entradas y salidas de estos ciudadanos. Las bases de datos del Ministerio de Trabajo y Pensiones, la Agencia Tributaria y de Aduanas, y el Ministerio del Interior no están cruzadas.

El Gobierno podría determinar qué ciudadanos ya estaban en el Reino Unido antes del Brexit por medio del número de la seguridad social. Sin embargo, no constan los que no trabajan o no se benefician de ningún tipo de prestación. Además, si conceden la residencia a todos aquellos que obtuvieron un número de la seguridad social antes de una determinada fecha, millones de personas que ya no residen en el país, entre los que se incluyen personas que permanecieron en el Reino Unido por un corto espacio de tiempo y que no tienen vínculos con el país, también obtendrían el derecho de permanencia. Tampoco resuelve la cuestión en torno al reagrupamiento de los titulares de un número de la seguridad social con sus familiares.

La semana pasada, en el marco de un encuentro con el primer ministro francés, Bernard Cazeneuve, en Downing Street, Theresa May subrayó la importancia de que se aborde la cuestión de los derechos de los ciudadanos de la UE en la primera fase de las negociaciones. Con ello, intentaba dar respuesta a la oleada de críticas que ha recibido por no haber abordado antes esta cuestión y por no haber dado una garantía absoluta de permanencia a los afectados. Algunos miembros del gabinete ya han avanzado que para el gobierno esta cuestión es una moneda de cambio en las negociaciones.

En declaraciones a The Observer tras la filtración, Keir Starmer, el portavoz laborista para el Brexit, ha indicado que el gobierno no ha hecho todo lo que estaba en sus manos. Ha afirmado que “este informe evidencia la necesidad de que la primera ministra tome medidas para apoyar a los ciudadanos de la UE que residen en el Reino Unido. Hace meses que el Partido Laborista pide a la primera ministra que lidere esta situación y que ponga fin a la incertidumbre que sufren los afectados. Theresa May no solo no ha hecho nada sino que además ahora nos enteramos de que el sistema migratorio que ella presidió durante seis años podría no ser capaz de procesar los casos de millones de personas afectadas. La primera ministra debe actuar de inmediato y abordar este problema; mediante un reconocimiento unilateral del derecho de permanencia de estos ciudadanos y proporcionando los recursos necesarios al Ministerio del Interior”.

El Ministerio del Interior no quiso dar ningún detalle sobre qué sistema utilizará el gobierno para evaluar qué ciudadanos de la UE tienen el derecho a permanecer en el país e indicó que todavía están estudiando las distintas posibilidades. ”Todavía estamos sopesando las distintas opciones posibles tras el Brexit y sería un error proporcionar más detalles”, indicó.

Un portavoz precisó que “los ciudadanos de la UE que residen en el Reino Unido son una pieza importante de nuestra sociedad y de nuestra economía. Es por este motivo que su estatus, así como el de los británicos que residen en alguno de los países de la UE, será una de las prioridades cuando activemos el artículo 50 e iniciemos las negociaciones con la UE”.

Aumento de solicitudes 

Los ciudadanos de la UE que residen en el Reino Unido durante cinco años obtienen la residencia permanente de forma automática, si bien se han dado muchos casos de empresas que han tenido que pedir la tarjeta de residente permanente de sus empleados para mantenerlos en la compañía.

Desde el referéndum del Brexit del pasado 23 de junio, la cifra de ciudadanos de la UE que han solicitado la residencia permanente ha aumentado un 50%. Para obtener la residencia, deben rellenar un formulario de 85 páginas y deben aportar un ingente volumen de información, entre ellos, el formulario P60 (una declaración de los contribuyentes tras cada ejercicio fiscal] de los últimos cinco años, los recibos de la electricidad y agua de los últimos años y una enumeración detallada de sus entradas y salidas del país desde su llegada. Algunos han recibido una carta en la que se les invita a abandonar el país por el mero hecho de no haber marcado una de las casillas del formulario.

Los liberales demócratas están seguros de que la Cámara de los Lores conseguirá impulsar una enmienda del artículo 50 que permitirá que los ciudadanos de la UE permanezcan en el Reino Unido, con independencia de las negociaciones con la UE y del número de años de viviendo en el país. Esto situará a Theresa May en la tesitura de tener que votar en contra de esta propuesta en la Cámara de los comunes. 

Lord Newby, líder del Partido Liberal Demócrata en la Cámara de los Lores, señala que “el gobierno ha generado temor e incertidumbre a muchísimas personas”.

El Parlamento Europeo también impulsará un debate en torno a los derechos de los nacionales de la UE el 1 de marzo. 

Traducción de Emma Reverter

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