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Agricultura familiar y desarrollo sostenible

Familia armenia tras un largo día de cosecha Foto de Narek75

Cada alimento que nos metemos en la boca tiene una historia por detrás. Aparte de su sabor, el alimento trae consigo el lugar donde lo hemos comprado, su zona de producción, su productor y las prácticas que éste ha utilizado para producirlo. Por eso, con cada bocado estamos ingiriendo toda una historia y toda una cultura. Noción esta última muy bien encapsulada en la cita del geógrafo Jean Brunhes “Comer es incorporar un territorio” (" Manger, c'est incorporer un territoire ").

Aunque hay muchas formas de producir alimentos, las prácticas agrícolas responden principalmente a un gradiente que va desde la llamada “agricultura familiar” hasta la “agroindustria”. La agricultura familiar utiliza principalmente el trabajo de los miembros de las unidades familiares y puede ir a su vez desde la agricultura producida para autoconsumo hasta la producción para venta (ver aquí).

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El uso excesivo de métricas y la lógica capitalista pervierten el trabajo científico

El exceso de foco en las métricas de impacto perjudica la calidad de la ciencia

Dentro de los planes para estabilizar los puestos de científicos y tecnólogos que el Gobierno supuestamente pretende incluir en los presupuestos generales de 2018, el todavía ministro de Guindos ha incluido la creación de una nueva “comisión evaluadora del desempeño de la actividad científico-tecnológica”. Esta comisión determinaría cuándo o qué científicos deben ser estabilizados, así como su nivel salarial. Sorprende un poco la necesidad de crear una nueva comisión para evaluar a los científicos, cuando sus funciones ya existen dentro de la ANECA ( Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad Científica y Acreditación). Más aún dado que España carece de sistemas consistentes de evaluación para departamentos, universidades y centros de investigación similares a los de otros países de nuestro área (como el Research Evaluation Framework del Reino Unido).

La supuesta necesidad de crear una comisión de evaluación como prioridad parece más bien ahondar en uno de los “ hechos alternativos” preferidos de la Secretaría de Estado de I+D+i: la falta de evaluación y el bajo desempeño de los científicos en España. Los investigadores somos constantemente evaluados en todos los aspectos de nuestra actividad. Y mientras que los salarios de algunos puestos considerados extremadamente competitivos no parecen estar directamente relacionados con su desempeño profesional, como por ejemplo los consejeros del Ibex, la progresión en todos los estadios de la carrera científica (e incluso la posibilidad de tener una carrera, ya que la posiciones académicas son menos cada año) depende de la cantidad y calidad del desempeño del investigador. La productividad es también decisiva para obtener proyectos de investigación, porque se da la paradoja de que la mayoría de la Universidades y Organismos Públicos de Investigación (OPIs) pagan el sueldo de los investigadores, pero dejan en sus manos el obtener recursos con los que hacer su trabajo. Sin olvidar que hasta las propias revistas científicas donde se publican los resultados de la investigación son evaluadas y clasificadas en función del impacto de los artículos que publican.

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La política científica entra en la era de la post-verdad

Financiación de la I+D+i en 2007-17

Junio de 2012. Después de una década prodigiosa, que combinó un moderado incremento en el gasto, la estabilidad en las fechas y plazos de las convocatorias, y una mayor predictibilidad de la carrera investigadora, se multiplica la producción y calidad del sistema español de I+D, demostrando que el principal limitante no era el talento ni la capacidad de trabajo, sino la baja inversión y pésimo funcionamiento de sus políticas e instituciones.

Llega la crisis financiera. Otros países europeos reconocen que la I+D es imprescindible para salir de la crisis y hacen denodados esfuerzos por mantener el nivel de inversión. Pero en España el nuevo gobierno, que promete enderezar la economía, recorta drásticamente los presupuestos de I+D y degrada a su antiguo ministerio a una mera secretaría de estado del ministerio de economía. Su máxima responsable, Carmen Vela, escribe un  artículo en la revista Nature justificando su estrategia política con dos argumentos. Uno: la I+D española está sobrefinanciada. Se eliminarán gastos superfluos, reduciendo el número de investigadores. En el futuro, “solo los investigadores que demuestren que están contribuyendo a ampliar los límites del conocimiento” tendrán cabida en el sistema. Dos: el recorte en la financiación pública de la I+D se acompañará de un aumento de la financiación privada. Según la nueva Estrategia Nacional de I+D+i, la contribución privada debe pasar del 0.60% del PIB en 2012 al 0.73% en 2016.

En artículos anteriores hemos explicado por qué el análisis de Carmen Vela era erróneo o premeditadamente falso. Incluso en su punto más alto, la inversión española en I+D seguía siendo muy inferior a la media europea. El número de investigadores per cápita llegó a igualar la media de la UE28 en 2009, para volver a alejarse a partir de 2011. Y, a pesar de todo, los investigadores españoles mostraron una productividad científica, calidad científica y generación de patentes por euro invertido comparable o superior a la de países de referencia como EEUU, Francia o Alemania. España era uno de los mejores países del mundo para seguir apostando por invertir en I+D pública. Mostraba, eso sí, una crónica falta de compromiso de sus empresas con dicha inversión.

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¡Traed madera! La Unión Europea la puede liar con las renovables

Talando el bosque para madera

En “Los Hermanos Marx en el Oeste” (1940), Groucho insta a los pasajeros a aportar madera para hacer avanzar un tren al mismo tiempo que éste se desintegra. El uso de madera como combustible ha acompañado a la humanidad desde sus orígenes, y ha sido responsable de la deforestación de grandes extensiones del territorio a lo largo y ancho del planeta. Una deforestación que todavía hoy continúa, favoreciendo la degradación y pérdida de diversidad biológica precisamente en áreas rurales donde la demanda por madera para calentarse y cocinar es más acuciante – aunque a día de hoy el uso de madera como combustible sea sólo una de las muchas causas de la deforestación.  

 

El Parlamento Europeo está a punto de aprobar la propuesta de  directiva relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables, destinada a combatir las emisiones de CO2, que, paradójicamente, podría tener un efecto opuesto al deseado. A día de hoy, un 17% de la energía consumida en la UE proviene de fuentes renovables. La nueva directiva, que probablemente se vote durante la tercera semana de enero, pretende imponer un aumento del uso de energías renovables que llegue al 27-35% para el 2030. Hasta aquí todo muy razonable, ya que todos estamos de acuerdo en que fomentar el uso de energías renovables resulta beneficioso para el medio ambiente y para los servicios que los ecosistemas naturales nos proveen. El problema está en la definición de energía renovable que la nueva directiva pretende adoptar.

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Rumbo de colisión: segundo aviso de los científicos a la humanidad

Segundo aviso de los cientificos a la humanidad

En 1992 más de 1.700 científicos de todo el mundo, incluyendo todos los premios Nobel vivos en aquel momento, firmaron un escrito en el que resumían las preocupantes cifras de nuestro impacto sobre el planeta. Avisaban a la humanidad de que nuestras actividades llevaban rumbo de colisión con el mundo natural. Hace ahora veinticinco años de aquella Cumbre de la Tierra en Rio de Janeiro, reunión histórica en la que se definió el concepto de desarrollo sostenible y se dieron 2.500 recomendaciones para alcanzarlo. Ahora, en el 25 aniversario de una cumbre tan emblemática, más de 15.000 científicos de 184 países del mundo hemos firmado un segundo aviso a la humanidad. El aviso se ha plasmado en el artículo con más apoyos científicos de la historia y que ha resultado de una rápida y eficiente coordinación global del mundo académico. En este aviso se repasa la evolución de los principales indicadores ambientales en el último cuarto de siglo. Y la evolución no es precisamente la que se esperaba después de la cumbre en Río. 

El análisis de los indicadores ambientales y de su evolución evidencian que la humanidad no ha hecho bien los deberes programados en 1992. Estos incluían, entre otros, conseguir una reducción del crecimiento poblacional, revisar una economía basada en el crecimiento ilimitado, reducir la emisión de gases con efecto invernadero, incentivar las energías renovables, proteger hábitats naturales, restaurar ecosistemas, y frenar los niveles de contaminación, defaunación e introducción de especies exóticas invasoras. 

Sin embargo, no todo son malas noticias y es importante resaltar los aspectos positivos de nuestras actuaciones en materia medioambiental para alentar el progreso. El  Protocolo de Montreal para la Protección de la Capa de Ozono sirvió para reducir el problema que generamos en la capa de ozono liberando hidrocarburos halogenados a la atmósfera. Proyectos de educación a mujeres y niñas en las regiones más desfavorecidas están teniendo un impacto positivo en reducir la tasa total de natalidad. La deforestación en grandes zonas templadas del planeta se está reduciendo gracias a acertadas políticas de gestión y conservación. El sector de las energías renovables está creciendo globalmente y pronto serán más baratas que los combustibles fósiles a pesar de recibir cinco veces menos subvenciones que éstos últimos. Estas mejoras, aunque esperanzadoras, son, no obstante, insuficientes para contrarrestar el impacto creciente y nada sostenible que tenemos sobre los recursos naturales y el funcionamiento de la Tierra en la que vivimos. Y por eso este segundo aviso

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La parada portuguesa

Manifestacion en Portugal por un contrato científico digno - Foto Filipa Vala

Hace tiempo (por no decir “cuando éramos jóvenes”, que queda cutre y derrotista), salíamos a veces por la noche con un grupo de ‘ibéricos’. Los españoles del grupo solían decir que “estaba la movida madrileña y la parada portuguesa”, porque cada vez que los portugueses salíamos de un bar y teníamos que decidir adonde ir a continuación, tardábamos horas (literalmente) y no se hacía nada. Bueno, pues así están las políticas científicas en Portugal. 

Hace más de un año, en agosto del 2016, salió un decreto-ley (el 57/2016)  que proponía terminar con la precariedad endémica del sistema científico portugués. La idea era pasar todas las becas postdoctorales de Portugal (con un salario de 1495 euros al mes) a contratos. Idea loable. Pero en la práctica, estamos desde entonces en “la parada portuguesa”. O sea, no se está aplicando ninguna medida más para luchar contra esta arraigada precariedad, y de paso no se abren ni concursos para becas post-doctorales, ni concursos para contratos de investigador (del programa “Investigador FCT”, o “IF”, equivalentes a los Ramón y Cajal españoles). O sea, prometen que la situación de los postdocs va a cambiar porque van a tener contratos, en lugar de becas, pero se olvidan de decir que esos contratos son sencillamente la substitución de los IFs… Esta situación ha dejado mucha gente en un compás de espera que está resultando largo, muy largo… y mientras tanto no se invierte dinero público en personal investigador abriendo nuevos concursos. 

A pesar de ser países hermanos y de estar en la misma balsa de piedra, hay algunas diferencias importantes entre el tejido científico portugués y el español. La principal y más nefasta es que no existe una verdadera carrera investigadora en Portugal. Vamos a ver… ¡Sí la hay!  pero en ese caso no es ya “la parada portuguesa”, sino el total congelamiento: hace varios años que no hay posibilidad de conseguir una posición estable debido al ínfimo número de puestos que se abren en las categorías superiores de dicha carrera. La renovación de los equipos docentes de las universidades es mínima, y los puestos en institutos de investigación son virtualmente inexistentes. Esta situación es aún más grave que en España, donde toda la plantilla investigadora está envejecida. En Portugal, la gran mayoría de los investigadores que aún están “haciendo carrera” ya tienen canas (o llevan el pelo teñido). 

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Quo vadis Homo sapiens?

Quo vadis Homo sapiens - Yoana Novoa

La única especie humana que ha llegado al siglo XXI, de las varias del género Homo que coexistieron durante miles de años, ha dejado de regirse solamente por las estrictas leyes de la biología. Esta especie no solo es capaz de cambiar y adaptar su comportamiento con suma rapidez, sino que colabora a gran escala para lograr efectos globales sobre la base de una gran novedad: confiar en extraños. Estas ideas que desarrolla de manera muy atractiva y provocadora Yuval Harari en su best seller  Sapiens, de animales a dioses, nos llevan a una pregunta:  ¿ Es realmente tan sabio el hombre sabio - Homo sapiens- o su nombre sólo alude a su incontestable capacidad tecnológica? 

En agosto de este año se cumplían 72 años de las bombas de Hiroshima y Nagasaki, algo que nos prometimos no volver a repetir.  Sin embargo, Trump y Kim Jong-un nos hacen volver a respirar esa amenaza nuclear. Tal como decía Ana Merino, “nuestra extinción no necesita de un asteroide que golpee la tierra y desencadene un invierno global. Para eso ya estamos nosotros…” Ahora que tenemos un elevado grado de control sobre nuestro planeta ¿vamos a ser o no capaces de frenar, pensar globalmente y reconducir nuestras acciones más insostenibles?

Nuestra especie ha rondado muchas veces contribuir a su propia extinción, como ilustra perfectamente el “ reloj del apocalipsis”, un concepto propuesto hace 70 años por una veintena de premios Nobel para ilustrar cuán cerca estamos de una catástrofe global. En este reloj, el fin del mundo tiene lugar a las 12 de la noche y el tiempo que nos separa de esa hora es el que nos separa de dicho “apocalipsis”, y en estos momentos, el reloj estima que faltan dos minutos y medio para esa medianoche. Solo estuvo más cerca una vez: en 1953, con los ensayos termonucleares de EE.UU. y la Unión Soviética.  Además de la amenaza nuclear, esta predicción se basa en cinco riesgos globales más. Dos de ellos son geopolíticos (terrorismo internacional y ciberdelincuencia), pero los otros tres con factores socio-ecológicos globales: el cambio climático (acontecimientos extremos del clima y desastres naturales), el incremento en la desigualdad y los movimientos migratorios involuntarios a gran escala. Tal como concluye Javier Ayuso en su reciente artículo, mientras no haya conciencia de la gravedad de estas amenazas no habrá una solución global a los riesgos a los que exponemos a nuestra propia especie.

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¿A quién ponemos la multa?

Cabría pensar –o al menos es de desear– que la cultura científica aumente a la par que los desarrollos tecnológicos que mejoran nuestra calidad de vida. No parece, sin embargo, ser el caso. Además, con demasiada frecuencia el abordaje que se hace en los medios sobre la tecnología no hace sino aumentar la confusión. Para muestra un reciente artículo sobre el uso de radares por la DGT que puede llevar a más de uno a encontrarse con una desagradable sorpresa en forma de multa.

El artículo nos dice que la DGT aplica la regla del 7 para determinar qué conductores son sancionados por exceso de velocidad. Según esta regla, el conductor será sancionado cuando un “radar” (un cinemómetro – en realidad no tiene que ser un radar) detecte un vehículo  circulando a más de 7 km/h por encima de la velocidad permitida (o a más de un 7% por encima de la velocidad permitida si ésta es superior a 100 km/h). De esto se desprende, según el artículo, que “cuando la velocidad máxima es de 40 km/h, el radar salta al superar los 47 km/h. En un tramo señalizado a 50 km/h, ese margen de error  permite circular hasta 57 km/h, y así sucesivamente: 67 km/h, 87 km/h…”

¿Es esta afirmación correcta? No, por supuesto que no. Si lo fuera no habríamos escrito esta entrada. Para entender por qué, hay que recordar las definiciones de precisión y exactitud de una medida – que, en la jerga técnico-científica, son conceptos muy distintos. Supongamos que, al repetir una medida muchas veces con un mismo instrumento o con una cinta métrica que utilizan operarios diferentes, obtenemos siempre valores muy parecidos unos a otros. Decimos entonces que la medida es muy precisa.  Pero eso no significa que la medida sea exacta… Si mi báscula indica sistemáticamente un peso  5 kg por debajo del real es precisa, pero inexacta. Peso mi  equipaje mil veces para asegurarme de que no me van a cobrar sobrepeso al facturar. La báscula me repite siempre que mi maleta pesa 21 kg. Y en el aeropuerto me cobran sobrepeso porque dicen que pesa 26 kg… La medida es precisa pero inexacta. Una medida es exacta si, en promedio, el valor medido  está cerca del valor real, independientemente de la repetitividad de la medida.

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El flujo de conocimiento de lo público a lo privado: ¿No hay canon?

La generación de conocimiento no es sólo una característica fundamental para el desarrollo del ser humano, sino una de las mejores herramientas de evolución social que tenemos. Una gestión adecuada del conocimiento que permita el acceso igualitario a avances y nuevas tecnologías es, sin duda, una fuente de progreso y bienestar social. Sin embargo, vivimos en una era en la que debido al altísimo flujo de información, el conocimiento se traduce en fuentes de ingreso económicos de una manera que no tiene precedentes en la historia de la humanidad. Y es que los beneficios económicos del conocimiento son diversos, tal y como se argumenta en  esta publicación centrada en el conocimiento generado con fondos públicos. Pero, ¿hasta qué punto esta inversión pública beneficia a la sociedad?

Entre estos beneficios destaca la percolación del conocimiento generado con dinero público al sector privado. Esta puede ser una percolación geográfica, cuando las empresas circundantes al entorno académico local se benefician directamente de los descubrimientos llevados a cabo por los investigadores trabajando para instituciones públicas de la zona,  o sectorial, en el que son los sectores privados afines son los que se benefician de dicho conocimiento. De hecho en el mismo artículo mencionado anteriormente se citan fuentes que apuntan a que el crecimiento económico está asociado a este tipo de trasvase de conocimiento público-privado.

Efectivamente, las grandes empresas que priorizan competitividad y crecimiento empresarial sostenido pueden llegar a invertir en un país (e incluso decidir quedarse o deslocalizarse) según sea la inversión pública en I+D para su sector. Estas decisiones evidentemente no están basadas en principios éticos o morales y un compromiso sino en términos económicos derivados del potencial conocimiento generado que se puede generar localmente. De esto podemos deducir que bastaría el simple compromiso de un estado de apoyar ciertas líneas de investigación para conseguir que una u otra empresa invierta en su país.

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Actividad universitaria e ingresos económicos

Actividad universitaria e ingresos económicos

Atendemos a una reunión en un prestigioso bufete de abogados situado en una de las zonas más exclusivas de Madrid. Nos han pedido nuestra participación como especialistas para apoyar con conocimiento técnico a los responsables de la toma de decisiones en el contexto de un problema de gestión del territorio. Lo relevante para este post es que, en la presentación, el abogado nos informa que es catedrático de derecho administrativo de una universidad pública madrileña. Le preguntamos si lo es a tiempo parcial y nos contesta con rotundidad que no. A nosotros, catedráticos de ecología, no se nos ocurrió nunca abrir bufete ni oficina alguna pues nuestra labor docente e investigadora no nos deja ni un minuto libre. Eso sin pensar en posibles incompatibilidades formales, legales o administrativas.

Éste es un ejemplo paradigmático de la enorme diversidad de situaciones laborales que hay bajo el heterogéneo paraguas de la actividad universitaria. Durante mucho tiempo nos hemos convencido de que la actividad docente y la investigadora son las bases sobre la que se sitúa toda esta diversidad y que no hay mucho más, salvo, en su caso, la gestión universitaria. Hemos discutido hasta la saciedad como evaluar estas dos actividades universitarias clave, la docente y la investigadora y, sobre todo, cómo valorarlas con retribuciones adicionales. El contexto es simple, lo que deseamos todos es que se reconozca debidamente el esfuerzo y el desempeño individual y que nuestra remuneración se ajuste a dicha actividad de una manera realista. El debate se ha centrado, casi exclusivamente, en cómo evaluar la actividad investigadora, en general más fácil de cuantificar, y ha pasado con frecuencia de lo pasional a una excesiva acritud. En paralelo se están llevado a cabo esfuerzos para evaluar la actividad docente, como los del programa Docentia que siguen la estela de las universidades anglosajonas (en EEUU o en RU).

Buena parte de este debate acalorado se ha centrado en saber si las reglas utilizadas en el ámbito de las ciencias son exportables al de las humanidades. En realidad, y pese a lo que pueda parecer, ambas áreas están mucho más cerca de lo que se percibe y tal exportación no es nada compleja. Las diferencias importantes en el ámbito universitario no están entre los que investigamos y enseñamos en áreas muy distintas, con las diferentes reglas fruto de su propia historia, si no que radican en los profesores que, como nuestro catedrático de derecho y como muchos ingenieros o biotecnólogos (por mencionar algunos ejemplos), tienen acceso directo y habitual a actividades laborales adicionales con importantes retribuciones complementarias. Cuando hablamos de evaluar la actividad individual simplemente pretendemos reconocer el esfuerzo de cada uno de nosotros y retribuir en consecuencia. Pero, ¿cómo abordar el problema si lo que llegan a ganar los profesores de categorías similares puede ser radicalmente diferente? 

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