Con las elecciones andaluzas del 22 de marzo, se resuelve el primero de los interrogantes de este súper ciclo electoral. A la espera de los análisis más detallados sobre los datos que proliferarán en las próximas horas, el veredicto de las urnas permite dilucidar ya algunos interrogantes que se han venido planteando en los últimos meses.

Resumen de titulares: gran victoria del PSOE, y en particular de Susana Díaz, descalabro del PP, irrupción exitosa de Podemos y Ciudadanos, hundimiento de IU y fracaso –quizá definitivo- de UPyD. Pero más allá de esta síntesis obvia hay algunas implicaciones quizá menos evidentes. Identifiquemos cinco puntos clave.

Primero. No es un escenario tan inédito. Ya hubo cinco partidos en 1982 y un gobierno de coalición en 1994 (reeditado en 1996). Se ha reducido la concentración de voto en los dos grandes partidos, pero ambos siguen siendo las dos principales alternativas para el futuro de Andalucía.

Dos. El PSOE mejora en gobernabilidad y gana en centralidad. El principal éxito del PSOE no es haber recuperado la primera posición o haber mantenido el número de escaños (a pesar de una nueva sangría de votantes). Lo relevante es que se convierte en el único partido con opciones de gobierno, que garantiza la estabilidad y además dispone de varias formas de articular tanto la formación del ejecutivo como la competencia entre partidos en esta legislatura.

Susana Díaz será la próxima presidenta porque probablemente le será sencillo conseguir la abstención de algún grupo. Además, la potencial mayoría que formaría con Ciudadanos anula la fuerza de PP y Podemos. A lo que se añade el interés, a corto plazo, de Ciudadanos por no estar en el gobierno, lo que puede suscitar una competición entre partidos de la oposición para apoyar al PSOE puntualmente. Por último, el PSOE se convierte automáticamente en el partido central del escenario, con dos partidos a cada lado que aseguran la división de la oposición, sea en términos de izquierda/derecha o de nueva/vieja política. Que la acusen desde todas las posiciones ayudará a Susana Díaz, si lo gestiona bien, a neutralizar esas críticas durante la legislatura.

Esto puede favorecer a corto plazo un gobierno en minoría, hasta que se resuelvan, al menos, las otras contiendas electorales de este año. Aunque está por ver la capacidad de aprobar leyes transformadoras o controvertidas en esta legislatura. Ahí será donde más se note la situación de fragmentación parlamentaria resultante de las elecciones.

Por supuesto, todo este escenario asume la permanencia de Susana Díaz en el Palacio de San Telmo. En cambio, es impensable que le permita, a corto plazo, dar el paso a la política española, al menos como candidata del PSOE a las próximas elecciones generales.

Tres. La soledad del PP. Muchos destacarán la gran caída de los conservadores. Pero lo más significativo de estos resultados es, como puede suceder en otras elecciones este mismo año, que el PP lo tiene muy difícil para gobernar si no obtiene mayoría absoluta o se acerca mucho. A medida que se aleja de esta, queda descartado como partido de gobierno. Es igual si el PP hubiera obtenido 33 o 43 escaños: parece poco verosímil que otros partidos pudieran darle un cierto juego frente al PSOE al quedar detrás de este. Y la aparición de Ciudadanos parece ser más perjudicial que positiva en ese sentido, siempre que no cometa el error de UPyD, aparecer como la muleta inevitable del PP.

Cuatro. La trampa de las expectativas. Las altas expectativas generadas por Podemos pueden jugarle una mala pasada, a corto plazo, porque tapan sus potenciales logros electorales. Un partido que busca ganar representación no se fija el mismo horizonte que el que aspira a ser el partido ganador y revolucionar un sistema de partidos por completo. Sus resultados en Andalucía son muy buenos desde el punto de vista de la ‘vieja política’ (han entrado en las instituciones, tendrán muchos diputados, recibirán una financiación importante, etc), pero bastante malos desde el punto de vista de la ‘nueva política’. No será el único partido que reclame la voz de los de abajo, ni el único contra el establishment. No ha provocado la alternancia y ni siquiera será el principal partido de la oposición.

Quinto. Ciudadanos emerge como partido bisagra. Con aspiraciones más modestas y menos escaños, este partido pesará más, porque tendrá más capacidad de coalición y de chantaje, como diría Sartori. No en vano se declara abierto a pactar con cualquier partido. Aunque Ciudadanos debe tener presente qué le pasó al Partido Andalucista, y más atrás aún al CDS. No siempre el pez grande se come al chico, pero cuando hay tanta disparidad de tamaño entre socios de gobierno, tener la llave de la gobernabilidad es una pesada carga.

¿Éxito o fracaso de Podemos? Estos días se hablará más de tendencias que de realidades. Y con razón: quizá Andalucía apunte una tendencia de cambio político a medio plazo. O no. Pero la realidad resulta mucho más modesta para el partido anti-casta, y arroja una intuición: Andalucía ha mostrado que allí donde el PSOE es fuerte en términos de partido, de base activista y de peso institucional, Podemos tiene dificultades para ocuparle el espacio. ¿Quizá sí pueda en contextos de mayor fragilidad socialista, como Cataluña, Valencia o Madrid?

¿Recuperación socialista? ¿Declive de Rajoy? Aunque la tentación para muchos será extrapolar resultados al conjunto de España, o a otras autonomías, sería un ejercicio infundado. Las elecciones del 22-M nos han hablado solo de Andalucía. Ni siquiera está claro que sean un avance de lo que suceda en los ayuntamientos andaluces. Y una lectura cautelosa de los mecanismos que se han dado desmonta algunas extrapolaciones interesadas:

El súper ciclo electoral 2015 sigue su curso y ahora Rajoy tiene un dilema menos para decidir cómo jugar sus cartas.

Maurice Duverger, uno de los grandes politólogos que ha dado el siglo XX, y seguramente el único francés que ejercía como tal (a pesar de haber sido eurodiputado por el PCI), ha fallecido a los 97 años de edad. Hace ya muchos años que vivía retirado de la vida académica. Sin embargo, algunas de sus obras como Méthodes de les sciences sociales (1961), Introduction à la Politique (1964), La démocratie sans le peuple (1967), Institutions politiques et Droit constitutionnel (1970) o Echec au Roi (1977), siguen siendo clásicos y referencia obligada para la nuevas generaciones. Es en esta última en donde aparece por primera vez el término semi-presidencialismo referido a un régimen hibrido entre el parlamentarismo y el presidencialismo convertido hoy en vocablo común.

Entre toda su abundante producción hay una obra que ha ejercido una influencia fundamental entre los politólogos: se trata de Les partis politiques (1951), que puede ser considerado el primer trabajo sistemático de análisis de los partidos y los sistemas que partidos. Es en esta obra en la que se establece la distinción entre partidos de origen parlamentario y partidos de origen externo, y entre partidos de cuadros y de masas (con permiso de Max Weber). También aquí se formula lo que ha pasado a la historia como la Ley de Duverger, que establece la influencia de lo sistemas electorales sobre los sistemas de partidos (ya avanzado en L’Influènce des systèmes electoraux sur la vie politique, 1950). Esta perspectiva fue criticada por George Lavau en su obra Partis Politiques et Realités Sociales. Contribution à une étude réaliste des partis politiques, (1953) desde una perspectiva historicista y sociológica, criticando a los planteamientos de Duverger un exceso de institucionalismo. No obstante, pese a esta crítica la influencia de la obra del francés en la ciencia política y especialmente entre los investigadores de los partidos y los sistemas de partidos ha sido muy notable.

De hecho podemos decir que una parte de la ciencia política española surge precisamente a raíz de esta obra, introducida primero en Cataluña de la mano de Isidre Molas a través de su tesis doctoral sobre la Lliga Catalana, y más tarde en el resto de España con José Ramón Montero con su tesis sobre la CEDA. Desde entonces, todos los estudios de ciencia política sobre partidos políticos comparten una base duvergeriana. Duverger ha muerto, pero no lo ha hecho su modo de abordar el estudio de los partidos. Estos son algo más que su electorado: hoy, al igual que ayer, siguen siendo organizaciones integradas por miembros con distintos grados de implicación, en manos de distintos tipos de dirigentes y muy deudores de sus orígenes. Y estas son las herramientas de análisis a las que tendremos que seguir utilizando si queremos entenderlos.

Se constata que existen diferencias entre la percepción y la realidad, y que estas diferencias no sólo afectan a los ciudadanos sino también a los expertos

De acuerdo con el último barómetro del CIS hecho público esta semana en el mes de noviembre prácticamente se ha doblado el número de personas que considera que la corrupción es el principal problema de España (del 16 % en octubre hemos pasado al 30% en noviembre) y también han aumentado  considerablemente los que la perciben como el segundo problema. Este importante aumento que ha situado la preocupación por la corrupción en la cota más alta de la historia se explica porque en los últimos meses hemos asistido a numeroso escándalos de corrupción, y hay quien incluso quien ha hablado de un octubre negro,  especialmente por los casos de las tarjetas Black de caja Madrid y por la masiva operación Púnica, entre otros. En los medios de comunicación se ha hablado mucho de corrupción y esa circunstancia ha incidido en que cada vez más gente la perciba como un problema. Pero de ello no deberíamos deducir que en España exista un problema de corrupción generalizado.

Porque una cosa es lo que pasa y otra lo que se percibe. Esta diferencia entre lo que realmente pasa y lo que se percibe ya se puso de manifiesto hace unos meses en el primer informe Anticorrupción de la Unión Europea  que entre el 60 y el 70% de los españoles afirmaba verse afectado por la corrupción en su vida cotidiana,  una cifra que situaba  a España a la cabeza de Europa. En cambio, como vimos anteriormente,  sabemos que el índice de victimización, es decir las personas que declaran haber asistido o haber vivido un caso de corrupción es bajo, se sitúa en  España en torno a un 8 por ciento, una cifra equiparable al resto de países europeos. La gente percibe que hay mucha corrupción pero cuando se les pregunta si la han sufrido responden que no.

Este misma distorsión entre percepción y realidad se ha vuelto a constatar esta semana en el informe sobre corrupción elaborado por Transparencia Internacional, un informe hecho a partir de opiniones de expertos (concretamente empresarios y analistas).  Desde el año 2006 la percepción respecto a España ha ido retrocediendo y ha pasado de una puntación de 68 y de ocupar el puesto 23 a obtener 60 puntos sobre 100 y a situarse en el puesto 37 de un total de 175 estados,  lo que la ha situado a la cola de Europa. España cada vez tiene menos puntos y está más abajo en el ranking de países “limpios” (aunque hay que señalar que la peor puntuación y posición de la serie la obtuvo en 2013).

Puntuación y posición de España según el Índice de Percepción de la Corrupción:  (2006-2014)

Lo que sorprende de estos datos, sin embargo, es que concretamente hacen referencia a corrupción administrativa  y sabemos, al menos hasta ahora, que la corrupción en España es sobretodo de naturaleza política y que hay poca corrupción administrativa.  Los españoles no han de sobornar al médico, al policía o al funcionario para beneficiarse de sus servicios. La corrupción es algo que afecta a los políticos y  no necesariamente se encuentra vinculada a la financiación de los partidos políticos, como muchas veces se ha dicho.

Se constata,  de nuevo,  que existen diferencias entre  la percepción y la realidad, y que estas diferencias no sólo afectan a los ciudadanos sino también a los expertos. Todo ello, lo que pone de manifiesto con independencia de los hechos, es que la reputación de España, en los últimos años, cotiza a la baja.

Se vislumbra el Parlament más fragmentado de la historia, con un espacio soberanista dominante pero debilitado, y con la izquierda transformada por el ascenso de Ciutadans y la irrupción de Podemos, que quizás podrían activar el electorado que se quedó en casa tras abandonar el PSC.

La encuesta del GESOP para El Periódico publicada ayer plantea escenarios inéditos en el Parlament de Catalunya. Como todas las encuestas, se trata de una fotografía imperfecta del momento en que se realizó, no una predicción de lo que pasará. Pero los escenarios que sugiere van a condicionar las decisiones de los partidos en su competencia electoral. ¿Cuáles son los tres aspectos más relevantes?

Uno. Se vislumbra el Parlament más fragmentado de la historia, donde hasta 8 partidos podrían obtener representación parlamentaria: una fragmentación sin precedentes. Además, la suma de escaños de los dos partidos más importantes (que mida el grado de concentración de voto de unas elecciones) baja a un nivel inédito: 65 escaños. Lo nunca visto: que los dos primeros partidos juntos no alcancen mayoría absoluta. Si se confirmara este punto, para gobernar se necesitarían mayoría de, al menos, tres o cuatro partidos.

Gráfico 1. escaños ERC + CiU

Dos. El espacio soberanista/independentista alcanza un escenario paradójico: dominante y debilitado. Por primera vez, desde 1984, CiU y ERC no sumarían mayoría absoluta (ver gráfico 1). En 1992 llegaron a alcanzar 81 escaños. Desde 1999, la competencia entre CiU y ERC ha condicionado absolutamente la política catalana y ha alimentado la deriva secesionista. La aparición testimonial de la CUP no parece reforzar suficientemente las pérdidas que se producen en ese espacio.

Gráfico 2. Escaños espacio izquierda no independentista

Tres. El espacio de centroizquierda no independentista podría implosionar definitivamente, llevándose al PSC por delante. Dejando al margen la Porción de independentismo que hoy representa una parte de ICV, este espacio (el verdadero adversario del independentismo en Cataluña) quedaría trasformado por el ascenso de Ciutadans y la probable irrupción de Podemos.

Paradójicamente, y a diferencia del espacio soberanista, la fragmentación no solo no debilita este espacio. Al contrario, a la espera de analizar los datos de la encuesta con más detalle, parece sugerirse que Ciutadans y Podemos favorecerían una recuperación de electorado que en los últimos años se quedó en casa tras abandonar el PSC.

A lo mejor estos partidos logran aquello que PSC y PP nunca han logrado: superar la abstención diferencial y el voto dual. Es decir que no haya catalanes que se sientan al margen del proceso electoral en Catalunya y que no cambien su voto de las elecciones generales a las autonómicas. Si esto sucede, el efecto Podemos/Podem podría transformar la política catalana que hemos conocido y su impacto en el sistema político español.

A corto plazo, no podemos más que constatar la distancia que parece dibujarse entre la interpretación dominante del proceso catalán y sus verdaderos efectos electorales: más que dirigirse hacia una declaración unilateral de independencia, Cataluña parece abocarse a un escenario de ingobernabilidad.

En las últimas semanas diversas encuestas han revelado una nada desdeñable intención de voto hacia Podemos, circunstancia que ha dado pie a proclamar el fin del bipartidismo en España. Aunque esas intenciones todavía se han de convertir en votos y escaños, vamos a dar por buenas las predicciones y vamos a tratar de dilucidar si el ascenso de Podemos puede modificar el sistema de partidos en España.

¿Cómo ha sido hasta ahora el sistema de partidos en España?

Por sistema de partidos, de acuerdo con Giovanni Sartori, se entiende el conjunto de interacciones resultantes de la competición partidista siendo la más relevante el control del ejecutivo. De acuerdo con ello, si hasta la fecha el sistema de partidos en España se ha calificado de bipartidista ha sido porque la alternancia en el gobierno sólo ha sido posible entre dos partidos (UCD y PSOE inicialmente, y PSOE, AP-PP después) y porque nunca ha habido gobiernos de coalición, aunque no siempre el partido de gobierno haya gozado de mayoría absoluta (de hecho sólo en 5 de las 11 legislaturas ha sido así). Además, la concentración de votos y de escaños, es decir la suma de los porcentajes de dos primeros partidos, ha sido extremadamente elevada (la media de concentración parlamentaria es del 85,4%) y el tercer partido se ha situado siempre a mucha distancia. Estas circunstancias, sin embargo, han sido compatibles con la existencia de numerosos partidos con representación parlamentaria, muchos de ellos partidos de ámbito no estatal, es decir partidos que circunscriben su ámbito de actuación a una parte restringida del territorio. Lo que habitualmente se conoce, aunque no sea del todo exacto, como partidos nacionalistas.

En ocasiones, y esta ha sido una de las singularidades del sistema de partidos español, estas formaciones, en particular Convergencia i Unió, han sido el tercer partido. Y lo ha sido no porque el sistema electoral beneficie especialmente a los partidos nacionalistas cuyo voto se encuentra concentrado en un territorio, sino porque penaliza a los pequeños partidos estatales cuyo voto se halla disperso y en muchas circunscripciones sus votos se pierden y no obtienen representación. El peso parlamentario de los partidos nacionalistas, CiU, PNV y CC principalmente, junto con su posición central en la fractura izquierda-derecha y su posición moderada en la fractura territorial, los ha hecho atractivos a ojos del primer partido, otorgándoles potencial de coalición o chantaje, y les ha permitido jugar un papel relevante en el conjunto de la política española en ausencia de mayoría absoluta. Estos partidos, sin embargo, siempre han preferido actuar desde fuera del gobierno a pesar haber sido invitados a participar, especialmente CiU, y han optado por garantizar la gobernabilidad mediante apoyos parlamentarios, lo que les ha valido el apelativo de partidos de presión. En cambio, los pequeños partidos estatales (PCE-IU, AP, CDS, UPyD) nunca, ni por cuestiones ideológicas ni personales han resultado atractivos para el primer partido ni han resultado imprescindibles para configurar mayorías.

¿Qué puede cambiar si se cumplen las predicciones?

Si Podemos obtiene los buenos resultados que le auguran algunas encuestas las características del sistema de partidos pueden experimentar un cambio radical y efectivamente el sistema puede dejar de considerarse bipartidista. En primer lugar se ampliará a tres –PP, PSOE y Podemos- el número de partidos que competirán por el control del ejecutivo, algo que desde esta misma plataforma se ha calificado de paso al tripartidismo. Y si ello sucede será porque la concentración de votos y de escaños entre los dos primeros partidos será más pequeña, y a su vez porque se reducirá la distancia con el tercer partido, que esta vez será sin duda un partido de ámbito estatal.

Si no hay mayoría absoluta, tal y como se prevé, parece difícil que se constituya un gobierno monocolor como hasta ahora. A menos que el primer partido esté dispuesto a asumir un elevado grado de inestabilidad y a vivir bajo la amenaza constante de una moción de censura. Más plausible parece la hipótesis de un gobierno de coalición. De acuerdo con la teoría de las coaliciones hemos de esperar que se constituya una coalición mínima ganadora, es decir, la que obtenga como mínimo la mitad más uno de los escaños integrando al mínimo número de partidos posible. De modo que lo más plausible es una coalición entre dos de los tres primeros partidos, más que una coalición entre uno grande y muchos pequeños. El problema es que las coaliciones no sólo han de ser matemáticamente posibles, sobretodo han de ser ideológicamente viables. Y hoy por hoy parece poco viable ideológicamente cualquier coalición entre PP, PSOE y Podemos a pesar de la indefinición ideológica de este último. Pero ese seguro que es un obstáculo que se puede sortear.

En cualquier caso lo que se deduce de este escenario es un sistema de partidos en el que los partidos nacionalistas pueden perder la relevancia que han tenido desde la Transición. Para muchos quizás se trata de una buena noticia, pero no lo es. En un momento en que CiU, el más importante de estos partidos, ha radicalizado su posición y ha situado en la agenda política el debate en torno a la estructura territorial del estado, cualquier solución debe evitar dejar a los partidos nacionalistas al margen. Aunque no todo está perdido para ellos. Pueden explorar fórmulas imaginativas para tratar de ser o de reducir la distancia con la tercera fuerza. Y además, no lo olvidemos, siendo España un sistema de gobierno multinivel, la relevancia de los partidos nacionalistas en España dependerá en último término de las alianzas que se forjen tras las elecciones autonómicas de mayo, ya que éstas alianzas, de acuerdo con la tesis de la congruencia, tienden a condicionar las alianzas a nivel estatal.

¿Se puede deducir de todo ello que se acaba el bipartidismo? Sí, si lo que se produce es un cambio en la fórmula del gobierno. No, si lo que se produce es la emergencia de nuevos partidos, el realineamiento de las bases sociales de apoyo a los partidos o la emergencia de nuevos temas. En unos meses tendremos la respuesta.

Uno de los ámbitos más intensos donde se dirime el ‘proceso’ a favor del referéndum/independencia en Cataluña es el de la legitimación. Como nos recordaba Manuel Arias hace unos días, la disputa ideológica entre legalidad y legitimidad es un aspecto crucial del proceso político catalán. Dos posturas tratan de explicar el origen del proceso. Por un lado, el relato del movimiento soberanista pone el énfasis en la indudable capacidad de movilización conseguida, y que ha hecho visible una demanda popular que surge ‘de abajo’, al margen de los partidos. Frente a esta versión, algunos medios madrileños han preferido pensar que todo se trata de una confabulación de la clase política catalana, de un Mas ‘enloquecido’ o de una reacción ‘burguesa’ para defender privilegios, ante una ‘mayoría silenciosa’ que sufre la dictadura nacionalista. Paradójicamente, esta versión de un elitismo simplista tiene mucho éxito entre los activistas y creadores de opinión favorables a la secesión, que la reutilizan y la exageran hasta lo ridículo a fin de realzar aún más la ‘verdadera’ explicación, la otra, la popular.

Preguntarse cómo hemos llegado hasta aquí no es un ejercicio banal, gratuito ni intelectualmente ingenuo. Si bien muchos querrán extraer de esa respuesta el grado de legitimidad real (absoluto para unos, nulo para otros) que posee todo lo que ha venido pasando en Cataluña desde septiembre de 2012, desde un punto de vista desapasionado y crítico tal pregunta tiene otro interés mayor: nos puede ayudar a intuir por dónde evolucionarán los hechos, más allá de los movimientos tácticos de trinchera que despistan al paciente observador medio. Saber cómo hemos llegado hasta aquí nos puede ayudar a entender cómo puede seguir de aquí en adelante.

Por supuesto, hay diversos factores que se han combinado en un cóctel excepcional. Un contexto muy duro: crisis económica, desafección política, descrédito de instituciones y dirigentes estatales, erosión de la marca ‘España’. A esto se añade una creciente politización de sectores de clase media y con estudios, cuyos hijos están descubriendo cómo baja el ascensor social. Y en consecuencia, un incremento de la movilización social, especialmente si se trata de acciones de protestas y de expresión contra el poder establecido. Ciertamente, la impresión que suscita el panorama catalán desde hace dos años es el de una sociedad muy activa y movilizada que ha desbordado a los principales partidos políticos. No obstante, si se desprovee esta interpretación del voluntarismo de la creencia dogmática, el observador escéptico podrá encontrar inconsistencias, como ya nos sugería Pau Marí-Klose.

Gráfico 1. Identidad nacional individual en Catalunya (1980-2013)

Una observación de los datos de opinión pública en Cataluña desde hace más de 20 años no nos permite detectar grandes cambios estructurales en el tiempo, y, en cambio, sugieren que los cambios de los últimos años dependen más del debate político catalán de lo que el relato soberanista propugna. El gráfico 1 nos muestra la evolución del sentimiento de identidad nacional en Cataluña desde 1989, mientras que el gráfico 2 describe las opiniones sobre el estatus político que debería tener Cataluña. Desde la perspectiva del individuo como motor de lo que está pasando en Cataluña, deberíamos observar que un cambio estructural importante en las preferencias identitarias o políticas de los ciudadanos precediera a los movimientos de los partidos y gobiernos. Sin embargo, no es eso lo que reflejan los gráficos, sino más bien lo contrario: el público reacciona a cambios previos en las estrategias de competición de los partidos.

Para ello hemos marcado cuatro puntos clave: el momento en el que el PSC decide adoptar una nueva estrategia al pedir la reforma del Estatuto (2001) para presionar a CiU y acercar a ERC; el inicio de la reforma del Estatut en el Parlament de Catalunya (2004); el giro soberanista en el discurso de CDC, partido de Artur Mas (2007), que desembocaría meses más tarde en el Congreso del partido, que ratifica ese cambio; y las elecciones autonómicas en las que CiU vuelva al poder desalojando al tripartito del gobierno (2010), meses después de la sentencia del TC.

Gráfico 2. Preferencias de estatus político para Cataluña (1991-2013)

La correlación, aunque no permita afirmar causalidad, sí resulta muy reveladora: la entrada del debate de la reforma del Estatuto (y la reacción del gobierno del Aznar) alimentó posturas inéditas de mayor identidad catalana exclusiva y de mayor preferencia por el federalismo. Igualmente, el proceso de reforma revirtió estas tendencias, hasta el punto de que el fin del proceso situó el autonomismo y la identidad dual en cotas altas. La radicalización de CDC, previa a la sentencia del TC sobre el Estatuto alimenta de nuevo la radicalización, especialmente entre el electorado nacionalista. Y finalmente la llegada de CiU al poder, sus problemas al frente de la Generalitat y la activación de grupos de presión surgidos del entorno de CDC y ERC (aunque no de sus dirigentes), organizados entorno a la Assemblea Nacional de Catalunya y otras organizaciones precede a un aumento sin parangón de las posturas más extremas en términos de identidad e independentismo. ¿Los partidos a remolque de los ciudadanos indignados? Los datos generales no permiten sostener esa afirmación.

Como hemos tratado de argumentar más extensamente, esta perspectiva interpretativa subraya la influencia de los partidos, y la competencia entre ellos, sobre el debate político y las posiciones de los individuos. Es verdad que no podemos concluir que los partidos manipulan a su antojo las preferencias de los individuos. Pero como diría Schattchneider, “organizar es movilizar inclinaciones”. En esa línea, diversos autores han llamado la atención sobre el poder de la conformación de la agenda pública. Esta perspectiva ayuda a proyectar una perspectiva más amplia sobre la evolución de la política catalana, situando el foco sobre cómo los partidos y los dirigentes han venido definiendo el debate político catalán desde hace más de una década, a través de sus opiniones, programas, estrategias e interacción.

Gráfico 3. Suma del % de escaños de CiU y ERC en el Parlament de Catalunya

Si nos fijamos, por ejemplo, en la competición por el poder que se ha dado entre partidos, nos daremos cuenta de que tras esa competición hay escenas de batalla continua determinantes. El Gráfico 3 nos muestra uno de esos ejes de competición clave, centrado en el electorado nacionalista: CiU y ERC han venido a representar la misma porción de diputados desde los años 80s… a la baja y en detrimento de CiU. Así, podemos entender hasta qué punto el auge de ERC entre el electorado de CiU, por razones diversas, llevó a algunos dirigentes de CDC a apostar por recuperar votantes (y posiciones de poder) a través de una evolución al soberanismo, desafiando a ERC en su terreno. Los resultados, hasta el momento, han sido pírricos para CiU, pero fulminantes sobre la radicalización del debate político en Cataluña y, a la postre, de las opiniones de muchos catalanes.

No obstante, la mera competencia interpartidista podría sugerir que, al fin y al cabo, los partidos anticipan los movimientos de los votantes, y se mueven en aquella dirección en la que también esperan se recompensados por estos en el futuro. Algo de eso hay también en la política catalana de la última década. Pero algunos autores han sugerido que también puede haber jugado a favor una preferencia de entrada, por parte de los dirigentes políticos de varios partidos catalanes, hacia posturas más radicales que las de sus votantes. O incluso que las de sus propios militantes de partidos. El problema para tratar de corroborar este tipo de hipótesis es que normalmente no disponemos de datos apropiados. La mayoría de estudios sobre las preferencias de los partidos suelen basarse en lo que opinan sus votantes, de modo que nos perdemos una parte importante de la película.

Gráfico 4. Identidad nacional de dirigentes, militantes y votantes (2000)

Por suerte, para el caso catalán disponemos de datos poco comunes y muy útiles. Los trabajos de Thomas Jeffrey Miley, Enric Martínez Herrera, Xavier Coller y otros sobre parlamentarios nos han enseñado que entre los diputados de la mayoría de partidos nacionalistas catalanes existen perfiles y opiniones que pueden haber favorecido el debate sobre la cuestión nacional frente a otros ejes. Además, encuestas a activistas (delegados de congreso) de partidos catalanes desde los años 90s apuntan en esa misma línea. El gráfico 4 nos muestra que, en el año 2000, los líderes de partidos nacionalistas eran más extremos que sus votantes e, incluso, y esto es mucho menos usual, que sus propios militantes en materia de identidad nacional. Solo los miembros de las organizaciones juveniles de esos partidos (muchos de ellos militantes y dirigentes de esos partidos en la actualidad) eran más extremos que los propios dirigentes. En este mismo sentido, otros datos nos muestran que durante más de una década, los dirigentes de partidos nacionlistas en Cataluña han conseguido atraer a muchos de sus votantes hacia las posiciones más extremas en términos de identidad y de preferencias políticas territoriales.

Si bien de estos datos no puede deducirse una explicación puramente vertical, sí nos ayuda a contrastar el discurso basado en la idea de ciudadanos que arrastra a partidos. Por supuesto, la realidad es suficientemente compleja para esquematizar excesivamente la relación entre elites y ciudadanos. Pero una perspectiva en la que los partidos tienen un peso decisivo en la configuración de la competición política (y, por extensión, de los ciudadanos), nos resulta útil para intuir por dónde seguirá la evolución de los hechos.

Desde hace 15 años, en Cataluña se está jugando la redistribución del poder político. Desde un primer momento, los líderes de los principales partidos escogieron el terreno de la organización territorial para disputar esa competición, poniendo en cuestión el papel de Cataluña en el marco constitucional. Primero fue PSC vs CiU. Luego ERC vs CiU. Pero esta disputa ha acabado fragmentando el sistema de partidos catalán y polarizando a sus votantes. El ascenso de un grupo de presión transversal, y cada vez mejor articulado, nos sugiere nuevas y estimulantes hipótesis. La próxima estación: la lucha por organizar un eventual ‘Movimiento del President’ frente a los que apuesten por una más decidida ‘Asamblea por la Independencia’. Con permiso de ERC.

El rotundo apoyo de los militantes sin cargos a la elección directa del líder del partido encuentra más reticencias entre las direcciones de los partidos. En este gráfico, por ejemplo, se muestra cómo los delegados con cargos (en la organización o en instituciones públicas) están menos de acuerdo en utilizar primarias para elegir a los dirigentes.

No es de extrañar: en un trabajo en proceso hemos demostrado que las demandas para abrir las decisiones de los partidos al conjunto de la militancia son más intensas entre aquellos individuos con menos cargos, que tienen menos deseos de subir en el partido, que dedican menos horas a la organización, que son más críticos con los dirigentes y que tienen más discrepancias con la línea ideológica oficial. En definitiva, los menos influyentes y con menos expectativas de influir.

La consecuencia es que durante más de 30 años los partidos españoles, con escasas excepciones, han mantenido la misma forma de escoger a sus líderes mediante congresos. Pero mientras crecía la base afiliada a los partidos, el tamaño de los congresos ha permanecido estable. Resultado: un delegado de congreso representa la voz de cada vez más afiliados, reduciendo su representatividad.

¿Seguirán los partidos españoles la senda de otros partidos occidentales, hacia una ampliación de la base que elige a sus líderes?

Al igual que muchos otros partidos en otras democracias occidentales anteriormente, los líderes y militantes del PSOE se enfrentan al problema de cuál es la mejor forma de elegir a su principal dirigente. En realidad, el dilema no es si las primarias de candidato deben ir antes o después del Congreso. Se trata de quién debe escoger a esta o este y con qué inclusividad.

Un Secretario General elegido por una base mayor que los delegados puede resolver el interrogante sobre si también el candidato a las generales tiene que someterse a unas primarias.

Los partidos establecen relaciones de competencia y cooperación con el resto de partidos, y una de las modalidades más habituales de cooperación son las alianzas pre-electorales. Estas alianzas, que se traducen en candidaturas conjuntas a las elecciones, suelen comportar, a su vez, la actuación conjunta en las instituciones por medio de la integración en un mismo grupo parlamentario.

Pero esta regla no se cumple en las elecciones europeas. Hay partidos que se presentan en una misma candidatura aunque luego sus diputados se integrarán en grupos parlamentarios distintos. Y, a la inversa, hay partidos que están compitiendo electoralmente pero cuyos diputados se acabarán reencontrando en un mismo grupo parlamentario.

La primera de las situaciones se produce en el caso de la Coalición por Europa cuyos integrantes van a integrarse hasta en tres grupos parlamentarios distintos: CDC y el PNV se integran en el Grupo de los Liberales y Demócratas de Europa, UDC en el Grupo del Partido Popular Europeo y CC lo hará (si obtuviera representante) en el Grupo de los Verdes. Y también se da en la candidatura de IU-ICV: los diputados se integran en el Grupo de la Izquierda Unitaria Europea y los de ICV en el Grupo de los Verdes.

La segunda de las situaciones se da en el caso del PP, Vox y UDC cuyos diputados se incorporarán al Grupo Popular Europeo, en el de ERC, CC, BNG, Bildu, Compromís, Equo e ICV cuyos electos ingresarán en Grupo de los Verdes y en el de IU y Podemos que los integrará en el Grupo de la Izquierda Unitaria Europea. Queda por confirmar la futura adscripción de Ciutadans, de UPyD y del Partido Pirata en caso de que obtengan representación.

En estas circunstancias el único partido que no compite electoralmente con nadie con quien luego vaya a compartir grupo parlamentario y cuyos electos no se escinden en grupos parlamentarios distintos es el PSOE-PSC. El resto de votos van a combinarse y/o separarse una vez lleguen al Parlamento. ¿Hasta qué punto los votantes son conscientes del destino final que va a tener su voto? ¿Cómo van a exigir responsabilidades en cada caso? ¿Cambiarían el sentido de su voto si lo supieran?

Nota de análisis de los editores de Agenda Pública

En poco más de tres semanas, tendrá lugar el mayor proceso electoral simultáneo del mundo. 500 millones ciudadanos de 28 países europeos podrán acudir a elegir sus representantes en el parlamento democráticamente electo más grande del planeta entre el 22 y el 25 de mayo. Solo la supera la elección a la Lok Sabha, la Cámara Baja de India, con un censo de 814 millones, aunque esta en realidad se trata un macroproceso formado por diversas fases cuya duración se prolonga durante cinco semanas.

Son muchas las críticas, y a menudo sólidamente fundamentadas, que se dirigen a la Unión Europea. Desde Agenda Pública nos hemos hecho eco –y nos seguiremos haciendo- de los argumentos teóricos y de los datos empíricos que sostienen esa perspectiva crítica hacia la democracia europea.

Sin embargo, todo ello solo puede entenderse desde la convicción de que la Unión Europea forma parte de una meta irrenunciable y de largo recorrido, la aspiración paneuropea que intuyó un austro-húngaro como Coudenhove-Kalergi, o el sueño europeo que solo un americano, como Jeremy Rifkin, podía valorar en toda su magnitud. Y también una realidad poliédrica, como nos recuerda Luuk van Middelaar en El paso hacia Europa, donde se admiten perspectivas casi opuestas sobre su significado y alcance: las que reivindican sus méritos y logros, las que alertan de sus límites e insuficiencias, e incluso las que manifiestan su escepticismo ante el proceso. Desde esa perspectiva plural, es necesario seguir explicando por qué Europa importa.

A menudo, observamos la UE como una realidad esencialmente económica, la Europa del 7-25-50, como nos recuerda J.I. Torreblanca: el 7% de la población mundial, el 25% de la producción, y el 50% del gasto social. Se trata de unas cifras que exigen un proyecto de sostenibilidad económica y social en un entorno cada vez más mundializado.

Pero la realidad socioeconómica europea no puede hacernos olvidar el gran logro de la UE tras medio siglo: la paz y la concordia entre tradicionales vecinos enemigos. No olviden estas cifras que nos recordaba Diego Beas: la Europa del 100-75-25. Hace 100 años del inicio de la Gran Guerra europea y 75 del estallido de la segunda gran guerra europea. Las dos cicatrices mundiales nacidas en Europa. Pero también hace 25 años de la caída del muro de Berlín, donde esas cicatrices empezaron a cerrarse. No estamos aún en condiciones de percibir todo el alcance de las repercusiones que tuvo el fin del telón de acero. La crisis de Ucrania solo puede entenderse en ese contexto, como nos han explicado Javier Morales y Rubén Ruiz.

El gran problema de la UE: el déficit democrático, que se ha hecho aún más complejo con la extensión comunitaria a casi todo el continente. Un déficit que amenaza la UE de convertirla en una seudodemocracia imperial. Aquella en la que grandes estructuras institucionales acaban sustituyendo la voluntad e los ciudadanos por complejas tramas de decisión y en la que la voz de los individuos se diluye ante poderes sin rostro mucho más eficaces.

Ciertamente, esta falta de voz en el proceso no es igual en todas partes. En el Eurobarómetro de noviembre de 2013 se observa cómo el 57% de los daneses considera que su voz es escuchada en la UE, por sólo un 18% de españoles que lo considera así. ¿Es la forma en la que se construye la voluntad nacional en su fase ascendente la que determina si la ciudadanía se siente más escuchada en la UE? ¿Existe el riesgo de que estalle un sentimiento de ‘impotencia democrática’ como algunos han identificado ya en países como España?

Por otro lado, la crisis financiera y las políticas de austeridad han intensificado la percepción de desconfianza en las instituciones europeas, y el descontento con sus resultados.

En este sentido, los resultados de los Eurobarómetros semestrales desde 2007 son tozudos: el porcentaje de europeos que confían en la UE cayó 26 puntos en cinco años, del 57% de mayo de 2007 al 31% del mismo mes de 2012. Al mismo tiempo, se ha deteriorado muchísimo la confianza que la ciudadanía tiene en sus respectivos gobiernos y la confianza en los gobiernos estatales descendió en estos cinco años del 41% (mayo de 2007) al 28% (mayo de 2012).

En este contexto de creciente desafección europea, la UE afronta un gran reto: superar la que aparece como la gran brecha del sueño europeo. La división norte/sur parece estar superando la vieja división este/oeste y, a su vez, absorbe dentro de sí misma otras brechas más sofisticadas (laborales, productivas, sociales, culturales…).

Como ha explicado nuestra editora Sonia Alonso, esta brecha se plasma en una creciente distancia en la insatisfacción con la democracia y en la confianza en partidos y gobiernos, en general, que se da entre las opiniones públicas del norte y el sur. Posiblemente este diferencial tiene que ver con la propia satisfacción de los ciudadanos con la calidad democrática en sus propios países, como sugiere un estudio de Pieterjan Desmet and Claes de Vreese.

Por otro lado, Sonia Alonso nos apunta que la evaluación de la justicia social en las democracias del Sur de Europa es alarmantemente negativa. Dos datos nos sirven para ilustrarlo: el 58,2% de los españoles considera que el gobierno está haciendo poco o nada para proteger a todos los ciudadanos contra la pobreza y el 59,7% considera que el gobierno está haciendo poco o nada para reducir la desigualdad de ingresos. En Portugal lo consideran el 69,2%.

En estas coordenadas tendrán lugar las elecciones del 22 al 25 de mayo en Europa. Las mayores elecciones del mundo.

Nota de análisis de los editores de Agenda Pública

La reforma del texto constitucional no servirá como herramienta –al menos no exclusivamente- para salir de la crisis económica, pero debe servir para superar la profunda crisis política de la que aquella trae causa. Y, evidentemente, la reforma de la Constitución no hará desaparecer de un día para otro nuestros problemas de legitimidad democrática, sobre todo, porque algunos de sus motivos no se deben a problemas de configuración jurídico-constitucional, sino a un problema de índole cultural. Sin embargo, la actualización de la Carta Magna ha de ser la hoja de ruta en la reconfiguración de nuestro modelo de convivencia.   

En 2006 el Consejo de Estado se pronunció sobre la modificación constitucional respecto de los cuatro elementos sobre los que el Gobierno de Rodríguez Zapatero le preguntó: la supresión de la preferencia del varón en la sucesión al trono, la recepción en la Constitución del proceso de construcción europea, la inclusión de la denominación de las Comunidades Autónomas y la reforma del Senado. Hoy resulta claro, sin embargo, que con el cambio de estas 4 cuestiones, de calados diversos, no es suficiente. Y ello, entre otras razones, porque estamos en un momento de renovación de legitimidades, en el que el originario acuerdo constituyente necesita ser revisado, no en su totalidad pero sí en algunos aspectos clave y, entre estos, parece que hay unanimidad en considerar que el prioritario es el modelo de organización territorial.

Y es más, como nos explicaba José María de Areilza, aunque no hubiera aparecido en escena Cataluña, sería igualmente necesario entrar a repensar nuestro modelo de descentralización política. Esto no significa negar los logros alcanzados durante estos años por la Constitución que configuró un sistema abierto que sirvió para dar cabida a las reivindicaciones legítimas de, sobre todo, Cataluña y País Vasco y poder, así, empezar la andadura democrática. Pero han pasado 30 años y el modelo de organización territorial prefigurado en la Constitución ha quedado, en unos casos, superado por la propia realidad jurídico-política y, en otros, se ha demostrado ineficaz para la resolución de determinados conflictos y/o aspiraciones de algunas Comunidades Autónomas. Son varios los aspectos que necesitan de replanteamiento (por ejemplo, el reconocimiento real de la plurinacionalidad del Estado, el sistema de listas de competencias, el sistema –inexistente-  de cooperación entre niveles de poder y, por supuesto, el Senado). Quizá una aproximación válida sería, como apuntaba Leopoldo Calvo Sotelo, ver cómo dar encaje en el (renovado) modelo de organización territorial los elementos del Estatuto de Cataluña, refrendado en 2006, declarados inconstitucionales por el Tribunal Constitucional en 2010.

Ahora bien, nada de esto tendrá sentido si no se parte de un modelo de organización territorial compartido por todos, al menos en sus bases. Uno de los problemas que ha acarreado nuestro sistema autonómico ha sido que muchos, en la derecha y en la izquierda, no creían en un sistema descentralizado o, si se quiere, altamente descentralizado. Apostaron por la descentralización, si se nos permite, con la boca pequeña. Además, sectores importantes de la vida política y de la sociedad civil han seguido creyendo que la autonomía consistía en un poder cedido o delegado por el Estado (central) en favor de las Comunidades. Sin embargo, la autonomía política de las Comunidades no es consecuencia del ejercicio de delegación del Estado, sino que deriva directamente de nuestro texto constitucional. Esta última realidad jurídica ha sido obviada por muchos.

Ha llegado, pues, el momento de sentarse y plantear la discusión serena y rigurosa de cuál es el modelo de organización territorial del que queremos dotarnos. Esto nos lleva a uno de los puntos clave sobre la reforma constitucional, y que paradójicamente apenas se abordan en el debate público: el cuándo. ¿Qué condiciones han de darse para realizar un proceso de este tipo de la forma más serena y dialogada posible? Para los millones de ciudadanos que apuestan ya por una reforma, puede resultar muy frustrante reconocer que en el próximo año apenas se vislumbra un escenario favorable, debido a la larga serie de citas electorales que pueden culminar en las generales de 2015. Pero tampoco un exceso de realismo político debe servir de excusa para cimentar el inmovilismo y aplazar perpetuamente la reforma. La observación comparada nos señala que, en situaciones de minorías políticas (como sucede en Bélgica), los partidos aceptan entrar más fácilmente en un proceso consensuado de reforma. Y también nos dice que es importante el compromiso previo, en un programa electoral, de los partidos más convencidos, como sucedió con la ‘devolution’ de Tony Blair. ¿Significa todo ello que en 2016 estaremos quizá ante la gran ocasión? Desde aquí sólo podemos recordar que, como nos decía Alberto López Basaguren, “la política tiene que evitar el callejón sin salida”.

Hace unos días un artículo de Benito Arruñada se preguntaba si la culpa de la crisis política y económica que vive España no es solo de políticos e instituciones sino también de la sociedad. El artículo se hacía eco de una encuesta de la Fundación BBVA en la que aparecemos como los europeos más críticos con políticos e instituciones mientras somos los que menos nos molestamos en informarnos.

No obstante, otros datos que hemos publicado nos indican que la crisis ha aumentado el interés de los ciudadanos por la política. Si en 2006 eran un 43% los españoles que decían hablar o discutir sobre política al menos una vez por semana, hoy ese porcentaje se eleva hasta el 59%. En particular, se ha duplicado el porcentaje de ciudadanos entre 18 y 54 años que afirman hablar sobre política todos los días.

Este mayor interés por la política coincide con el hecho de que el 26,2% de los españoles considera que los políticos, los partidos y la política convencional son uno de los principales problemas de España. Esto nos podría suscitar dos preguntas a las que intentamos responder en esta nota.

¿Somos más críticos con la política como reacción a la crisis política y económica en que estamos inmersos? ¿O es que ha crecido nuestra información política, transformando nuestra cultura política, y ello nos está haciendo más exigentes con nuestra clase política?

En cuanto al primer interrogante, Diego Muro y Guillem Vidal se han preguntado si la corrupción sólo nos importa cuando la economía va mal. Parece que, cuando los ciudadanos nos vemos amenazados por circunstancias económicas adversas, somos más proclives a buscar culpables y nos mostramos menos tolerantes frente a la corrupción, percibida como un mal de las instituciones o de la ‘clase política’ que nos ha llevado a esta situación. En este sentido, los niveles de desempleo evolucionan de una forma muy similar a los cambios en la percepción de la corrupción, aunque esta elevada correlación no necesariamente significa que una sea consecuencia de lo otro.

De forma más optimista, el segundo interrogante estaría sugiriendo que la crítica ciudadana a los políticos sería el reflejo de un aumento del conocimiento sobre la política. Sin embargo, no hay que olvidar lo que nos recuerda nuestro editor Juan Rodríguez: más bien parece que la decepción de los ciudadanos puede ser el producto de la propia desinformación y alejamiento de la política. Así, se hace difícil pensar que el conocimiento sobre la política que tiene un país, y las preferencias políticas individuales resultantes, hayan podido cambiar mucho en pocos años. La ingeniería social de este tipo suele conllevar generaciones. La calidad democrática de la ciudadanía no se produce espontáneamente ni caprichosamente. En una encuesta de 2009 España ya estaba a la cola. Además, las circunstancias actuales pueden favorecer el desarrollo pero también pueden perjudicarlo. ¿Cómo?

Quienes saben menos de política suelen ser aquellos que disponen de menos recursos socioeconómicos. Quienes menos tienen son quienes menos participan, quienes saben menos del sistema político y, en consecuencia, se ven a sí mismos como ciudadanos menos eficaces e influyentes. Es obligatorio preguntarse, por tanto, en qué medida el hecho de que España sea ya, en estos momentos, el país más desigual de Europa puede afectar al conocimiento de la política por parte de capas importantes de la población y a su participación política. ¿La producción de desigualdad en el presente condicionará y perjudicará la democracia el futuro? Uno de los riesgos inminentes de este fenómeno perverso es que cada día más serán “unos pocos” los que puedan establecer la agenda política.

La crisis económica y las políticas de austeridad están afectando la inversión en educación. En este sentido, y como nos indica Máriam Martínez-Bascuñán, Martha Nussbaum nos alerta de una “crisis silenciosa” (“Sin fines de lucro”, Ed. Katz) que tiene que ver con el recorte del presupuesto asignado a la educación. Y con ello, la “erosión grave de las cualidades esenciales para la vida misma de la democracia”. En este sentido, nuestra editora Argelia Queralt alertaba del riesgo de que la nueva LOMCE debilitara el aprendizaje de los valores constitucionales en el itinerario curricular.

Otra derivada que debe centrar nuestra atención es la tendencia, en los medios de comunicación, a convertir la política en un tema morboso, conflictivo o incluso caricaturesco. Ante el crecimiento del interés por la política, los medios pueden tratar de satisfacer al público sacrificando la función de informar –y con ello, de formar- en aras del entretenimiento. Así, se han multiplicado los programas de infoentretenimiento, y a partir del análisis de Carol Galais podemos señalar que a más exposición a programas de información, más polarización de la audiencia.

Finalmente, en la era del Big Data, la fractura digital se sobrepone a las viejas fracturas. Según los datos del trabajo “Internet y participación política en España” (2010), a mayores niveles de estudios mayores niveles de utilización de Internet. Nuestras sociedades se hallan abrumadas ante una ingente cantidad de información. Pero seguirá siendo necesario disponer de un capital cultural, cívico y humanístico, para procesarlo, comprenderlo y digerirlo. Los estudios muestran que en España persiste un déficit de comprensión e interpretación de los acontecimientos que sólo es posible fomentar desde el ámbito educativo. De lo contrario, podemos convertirnos en meros consumidores pasivos de información preseleccionada. Y sin las herramientas y las actitudes precisas, informarse puede no significar formarse, sino conformarse con la realidad.

En 1914, Ortega y Gasset lanzaba la iniciativa de una Liga de Educación Política para superar la ‘vieja política’ que estaba lastrando la sociedad española. Cien años después no resulta menos perentoria una coalición similar formada por la escuela, los medios de comunicación públicos y privados, la red, el Parlamento y muchos otros foros de la sociedad civil.

Ricardo Hausmann se preguntaba hace unos días ¿por qué son democráticos los países ricos? La respuesta es que no es suficiente con una mano invisible que haga funcionar la economía. Es necesaria, además, una segunda mano invisible que genere la calidad necesaria dentro del sistema político para que las economías modernas funcionen. Esta segunda mano invisible requiere información suficiente, como nos recuerda Hausmann, para tomar decisiones mejores.

En esta misma línea, Andrés Ortega afirma en Recomponer la democracia que es necesario encontrar los incentivos necesarios para convencer a las élites políticas y económicas de acometer las reformas necesarias para superar una crisis, la política, que es condición para la recuperación económica.

Sin embargo, ¿se trata sólo de persuadir a quienes deciden formal e informalmente? ¿Y quién debe hacerlo? ¿Expertos, comunicadores, ciudadanos y actores interesados? Si existe realmente esa segunda mano invisible de la democracia, ¿responde a la voluntad del ciudadano? En el trasfondo de estos interrogantes, aparece el debate del papel de la ‘voz’ de aquellos que participan en el proceso democrático (instituciones, actores y simples ciudadanos). ‘Voz’ en el sentido de Hirschman, “un intento de cambiar un estado de cosas insatisfactorio”. La ‘voz’ de los que no están de acuerdo o piensan que las cosas se pueden hacer mejor.

Crece la intuición de que estamos ante un momento crucial en el que se define cómo se articulará la ‘voz’ de nuestras democracias en el futuro. Y, con ello, quién podrá expresarla.

Partiendo de la consideración del espacio público como un proceso a través del cual los problemas de la sociedad son discutidos, procesados y, finalmente, llevados a influir sobre la formación de la autoridad de la ley y de las políticas públicas, Mariam Martínez-Bascuñán asume que este espacio está en plena transformación debido a la generalización de las nuevas tecnologías. El resultado podría ser una emergente ‘democracia comunicativa’.

Un futuro no exento de riesgos. Si en la nota de la semana pasada señalábamos el riesgo creciente de que sean los “nuevos pocos” los que capturen el proceso político y que para ello inviertan recursos económicos en el establecimiento de la agenda política, hoy insistimos en una paradoja. Frente al riesgo de la aparición de una nueva elite transnacional, las redes sociales plantean un escenario contradictorio: eliminan las barreras a la libre circulación de la información y de ideas, pero también, paradójicamente, las imponen.

En este sentido, Cass R. Suntsein argumenta que en la web normalmente vemos aquello que nos gusta y nos gusta aquello que vemos, eludiendo la exposición a aquellas perspectivas que no compartimos. Este fenómeno que es el que ha permitido la emergencia de medios y blogs “de nicho”, en los que sólo podemos leer opiniones con las que estamos de acuerdo, no contribuye en absoluto al debate democrático. Como Lluís Bassets afirmaba en una conversación, lo que se produce es una fragmentación y una competencia de versiones de la realidad que viven las unas de espaldas a las otras.

Aunque ya no podemos hablar de tiranía de la mayoría, las nuevas minorías que se construyen en la red presentan los mismos peligros potenciales sobre los que alertaba Tocqueville: la imposición de una sutil censura, el debilitamiento de la independencia de juicio y la merma en la capacidad crítica de la sociedad.

Además, esta manera compartimentada de leer la realidad afecta a la propia esencia de la democracia ya que no sólo hay disenso sobre la interpretación de la realidad, como debe ser en una sociedad plural, sino que hay disenso sobre la propia realidad. El reto es, como apunta Bassets, si seremos capaces de organizar una comunidad política, una verdadera politeya, si ni tan sólo hay consenso alrededor de la realidad. ¿Cómo conseguir que la gente que vive en modelos paralelos mantenga principios comunes que hagan viable la supervivenvia del marco democrático? En último extremo, ¿cómo garantizar que la fragmentación de la opinión y del conocimiento no conduzca a la fragmentación de la voz de los ciudadanos, y con ello, del debilitamiento de los que se encuentran a priori más alejados del poder?

En nuestra opinión, reconstruyendo espacios de argumentación pública. ¿Cómo? Lejos del modelo clásico de filósofos-reyes, que parecen saber mejor que nadie lo que conviene al resto de la sociedad, hemos de avanzar hacia una convergencia de voces entre políticos, expertos y ciudadanos, en torno a un principio de calidad democrática: expertos y comunicadores que aportan datos (más o menos) objetivos (y sobre todo discutibles y falseables, alejados de las certezas dogmáticas), gobernantes que utilizan esos datos para tomar decisiones con criterio inclusivo y racional, y ciudadano que absorbe esa información, la discute, la contrasta (e incluso la retroalimenta) y la acaba utilizando para castigar o premiar a los gobernantes.

El futuro de la democracia de calidad, donde las instituciones respondan ante la ciudadanía, y el progreso económico y social se juegan en este debate sobre quién merece ser escuchado para que las decisiones que se tomen sean mejores. Y también de cómo saber escuchar.

Esta semana ha tenido lugar en el Congreso de los Diputados el debate entorno a la petición del Parlament de Catalunya de que le sea transferida a la Generalitat la competencia de convocar referéndums a fin de poder celebrar una consulta sobre la relación que quiere mantener Catalunya con el resto de España y los distintos partidos se han ratificado en sus posiciones: PP, UPyD y el PSOE, aunque con una posición más matizada como se deduce de su apuesta clara por una reforma constitucional, se han negado, mientras que IU y todos los partidos de ámbito no estatal han apoyado la propuesta. Teniendo en cuenta que esta semana también hemos conocido a través del barómetro del CIS el tipo de estructura territorial que prefieren los españoles parece oportuno preguntarse si las posiciones defendidas por los partidos se ajustan a las preferencias de sus respectivos electorados. Y aunque los electorados de todos los partidos son plurales, la respuesta parece ser afirmativa. Cada partido refleja con bastante exactitud la posición mayoritaria de su electorado.

De entre los electores de todos los partidos de ámbito estatal (PP, PSOE, IU y UPyD) la fórmula que cuenta con mayores apoyos, todos por encima del 30%, es el mantenimiento del estado de las autonomías en su formulación actual. En cambio la fórmula preferida por los electores de los partidos de ámbito no estatal (CiU y los otros, es decir el resto) es la de un estado que reconozca a las CCAA la posibilidad de convertirse en estados independientes (más del 65% en el caso del CiU y cerca del 40% en los otros partidos). A su vez es elevado el porcentaje de electores de estos partidos que se declaran partidarios de que las CCAA tengan un mayor nivel de autonomía que el actual. Por el contrario más del 30% de los electores del PP y cerca del 20% de los de UPyD preferirían un estado con un único gobierno central sin autonomía y un nutrido grupo en ambos casos sería partidario de un menor grado de autonomía que el existente en la actualidad. En el caso de PSOE y IU el involucionismo es más minoritario aunque se acerca al 30% entre los electores socialistas y al 20% entre los de IU. Los porcentajes se invierten si nos fijamos en las opciones partidarias de la profundización de la autonomía. En el caso de IU más del 20% y cerca del 15% en el caso del PSOE. Destaca finalmente que casi el 10% de los electores de IU (entre los que se encuentran incluidos los de Iniciativa per Catalunya, y cerca del 5% de los socialistas se decantan por un estado que reconociese a las CCAA la posibilidad de convertirse en estados independientes.

Los electores que mayor homogeneidad presentan respecto a sus preferencias sobre la organización territorial del estado son los de lo partidos de ámbito no estatal, que son partidarios de mayor autonomía y de que el estado permita a las CCAA convertirse en estados independientes y los partidos de ámbito estatal con una estructura organizativa unitaria, en cuyo caso se da un mayor peso de opciones involucionistas. En cambio los partidos con una estructura organizativa más descentralizada con secciones territoriales autónomas como es el caso de PSOE e IU, que engloban a PSC e IC respectivamente, las posiciones son más plurales. Todo apunta a que la naturaleza de los partidos se ve reflejada en la distribución de preferencias de sus electorados respecto a la organización territorial del estado.

“Es muy lamentable que parte de las élites económicas (en los países más afectados por la crisis) asuman tan poca responsabilidad por la deplorable situación actual”. Lo decía Angela Merkel hace unos meses en una entrevista en el diario El País.

La emergencia de una nueva élite, totalmente desconectada de las preocupaciones y dificultades de las clases medias, está provocando que, como ya señaló Colin Crouch, estemos entrando en una nueva fase posdemocrática en la que “poderosos intereses de minorías se han vuelto mucho más activos que la masa de gente común a la hora de lograr que el sistema político trabaje para ellos”. Andrés Ortega en ‘Recomponer la democracia’ sitúa a España en este punto de la evolución de la democracia.

Recientemente ha sido Oxfam la que, aprovechando el encuentro del World Economic Forum en Davos, ha querido denunciar que la mitad de la renta mundial está en manos del 1% más rico de la población.

Hay visiones contrapuestas sobre los efectos que para la democracia tiene la concentración en pocas manos del poder económico, político y social. Tim Harford en el Financial Times ha puesto en duda la metodología del informe de Oxfam y desde la academia ha sido Gregory Mankiw quien asegura en ‘Defending the One Percent’ que las desigualdades son un aspecto inevitable o incluso beneficioso para el progreso económico, y por lo tanto, los ricos deben luchar por ellas.

De quién consiga establecer la agenda setting en este debate se desprenderá si se produce o no una captura del proceso político por parte de unos pocos. Los “nuevos pocos” destinarán recursos a establecer la agenda pues, como dice Lawrence Katz y señaló Pau Marí-Klose en un artículo reciente, es en sociedades muy desiguales donde las élites económicas disfrutan de una capacidad excesiva para comprar voluntades y conseguir favores y contratos, utilizando mecanismos que distorsionan las dinámicas de mercado (cortejando a políticos, financiando sus campañas, incurriendo en prácticas oligocopolíticas y eludiendo la acción de los tribunales, etc.). Esto les permitiría optar por desconectarse completamente de los intereses de la sociedad y seguir apoyándose en la dinámica del crecimiento de las rentas del capital (en 2011, las rentas empresariales superaban por vez primera a las rentas salariales en España).

Cabe identificar algunas propuestas que mejorarían las opciones de la mayoría de la sociedad y situarían sus preocupaciones en el centro del debate.

En primer lugar, se debería producir un “empoderamiento” económico de la ciudadanía permitiendo que participe más en la economía. Esto implica situar la economía en el debate público y aumentar la pedagogía y la cultura económicas. Algunas voces reclaman, en esta línea, que la cuestión social no se puede dejar en manos de los economistas.

El economista Francesc Trillas ha señalado una debilidad española que no existe en Estados Unidos ni en Francia: nuestros economistas con más prestigio profesional académico a nivel internacional no son de izquierdas y, en este sentido, sería muy deseable que existieran plataformas de izquierda y centro-izquierda que tuvieran el prestigio público y profesional que se ha ganado, por ejemplo, Nada es Gratis, pero para eso no hay que renunciar jamás a la pretensión de construir mejor conocimiento científico.

En tercer lugar, cabe preguntarse si podremos conservar la igualdad social adquirida sin los actores que la promocionaron en el pasado siglo. Los partidos políticos y los sindicatos se han ido haciendo pequeños, tienen menos capacidad para vehicular las demandas sociales y ello coincide con un momento histórico de destrucción masiva de empleo y de aparición de lo que Guy Standing ha denominado “el precariado”. A ello tenemos que añadir que, a pesar de la rapidez y la utilidad de los medios sociales para organizar manifestaciones, estas tienen pocos resultados prácticos. Podemos saber un poco más de las protestas y manifestaciones en el mundo a partir del estudio World Protests 2006 - 2013 realizado por la Initiative for Policy Dialogue y la Fundación Friedrich Ebert.

Y, finalmente, la mayoría de la sociedad podrá situar sus preocupaciones en el centro del debate público si tiene voz. La salida de la crisis será política o no será y en este sentido para ser un país democráticamente maduro tenemos que “invertir” en infraestructuras de ideas y opinión. Para construir esta infraestructura necesitamos superar un viejo problema muy español: tenemos una clase dominante más que una clase dirigente.

Si observamos la evolución del debate político en los últimos años, podríamos tener la impresión de que se ha reavivado con la crisis y sus duras consecuencias. Pero no nos dejemos engañar: la política nos interesa hoy más que hace años, y hemos incrementado nuestra atención y nuestra exigencia hacia los políticos, pero seguimos hablando muy poco de políticas. Nuestro debate público sigue padeciendo la misma falta de calidad de los años de bonanza: la política vista como un juego de trincheras, como una discusión entre esencias ideológicas, una competición entre identidades partidistas, o, en una versión muy de moda, como una lucha entre el pueblo y ‘los de arriba’.

Desde nuestro punto de vista, a la perspectiva de fallo multiorgánico diagnosticada por Andrés Ortega en Recomponer la democracia, debemos añadir la idea de fracaso cognitivo, según Daniel Innerarity. Entendemos por tal el fracaso de la transferencia de conocimiento desde aquellos centros que la producen (universidades, think tanks, empresas privadas y otros actores sociales) a los centros de decisión (gobiernos) y a los ciudadanos que deben elegir a sus representantes para ubicarlos en esos centros de decisión.

Una observación rápida de portadas de diario o de tertulias radiofónicas de la última década nos demostraría que no supimos transformar un debate que siguió girando en torno a principios y a identidades de partido (si no directamente ideológicas). En estos años de reconversión política predominan las enmiendas a la totalidad (cambios de sistema, substitución de partidos, transformación radical de las normas de decisión y representación) más que debate sobre cirugía institucional de alta definición.

Este fallo cognitivo tiene formas muy concretas: las páginas de política y de economía suelen estar separadas en secciones estancas, nuestros debates tienen pocos números y nuestras reformas legales e institucionales apenas mencionan cómo evaluaremos antes el rendimiento de las existentes y de las futuras.

Por supuesto, el fallo cognitivo (no pudimos hacerlo mejor porque no sabemos suficiente) es sólo un vector que explica nuestra situación, que se une con otros: el debilitamiento del Estado ante las reglas de la globalización, las dinámicas perversas de instituciones políticas ineficientes, y errores concretos de políticas públicas equivocadas o mal diseñadas.

¿Dónde podríamos situar las causas de este fallo cognoscitivo? Aunque quizá dispersos y faltos de una coherencia global, existen algunos debates en curso sobre esta cuestión.

Por un lado, hay un debate centrado en el ‘quién’ debe transmitir o divulgar el conocimiento: ¿es que los expertos, los científicos sociales hablan poco porque su espacio está ocupado por voces menos autorizadas? Para unos, se trata de una terreno en el que deberían haber más politólogos y científicos sociales. Para otros, el problema viene más bien de las carencias que los académicos sociales tienen para transmitir su conocimiento en comparación con otros tipos de escritores más dotados. Es decir, quién merece ser escuchado.

También hay un problema referente a la educación cívica de la ciudadanía. Los medios han trasladado una ciencia entendida como verdades que eran dadas a conocer a la opinión pública sin apenas posibilidad de ser rebatidas. Que ello haya sido así, y se haya concebido la existencia de un ciudadano como receptor pasivo, ha provocado un debate menos informado y que genera una ciudadanía menos exigente hacia la política.

Hay un segundo debate que hace más referencia al ‘qué’: abordamos la discusión sobre cómo debería gobernarse nuestra sociedad mediante posiciones demasiado normativas, basadas en principios ideológicos (a veces demasiado alejados de la realidad concreta, a veces demasiado poco contrastados con los hechos). Este problema posee diversas fuentes. Es cierto que a veces la academia no ayuda mucho a situar el debate sobre las cuestiones esenciales, al producir investigaciones irrelevantes para los ciudadanos interesados y, peor, para los propios gobernantes. Pero sobre todo, estamos pendientes de que los profesionales de la información trasladen a sus textos de análisis la ingente cantidad de datos que ya están disponibles. No se trata sólo de cómo ha cambiado el negocio del periodismo y de la información.

Esta situación se refleja en lagunas preocupantes. Existe una falta de cultura de la evaluación de nuestras políticas públicas. Y esto nos hace perder oportunidades. Un ejemplo son los debates sobre la manera en que recibimos las periódicas evaluaciones de ratings y rankings como PISA, que a menudo se leen como la clasificación de la Liga de fútbol. ¿Cuánto nos ha ayudado a mejorar nuestras políticas educativas evaluaciones internacionales de este tipo?

Algunos dicen que el futuro de las políticas públicas pasa por los datos. Dos tensiones se apuntan en ese horizonte: tendremos muchos más datos para tomar decisiones (aunque la política deberá resolver sobre qué serán esos datos y a quién pertenecerán) al tiempo que necesitaremos una visión de conjunto para saber cómo utilizarlos y seleccionarlos. A la espera de ese escenario, cabrá preguntarse hasta qué punto podremos resolver el fallo multiorgánico de la política española sin superar el fallo cognitivo que la ha acompañado.

Como señala Ortega en Recomponer la democracia, para salir del ‘fallo multiorgánico’ de la política española es necesario ‘reanimar las instituciones’. Esto significa atemperar lo que él denomina ‘ejecutivitis’, es decir la sobredimensión que tiene el gobierno central en la política española.

Y dentro del ejecutivo, el presidente del gobierno, ya de por sí muy fuerte según nuestro ordenamiento, ha tendido a ganar peso y protagonismo. Es lo que Fabbrini ha llamado el ascenso del príncipe democrático.

Ello se explica por la tendencia a la personalización del poder gubernamental o, como algunos lo denominan, a la presidencialización de la política, una tendencia que se ha visto auspiciada por los cambios en la estructura de la comunicación, por la internacionalización de la política protagonizada precisamente por jefes de Estado y de gobierno y por la erosión de las fracturas tradicionales que han conducido, hasta hace muy poco, a la convergencia ideológica de los grandes partidos.

Estas circunstancias han transcurrido en paralelo al proceso de descentralización política y mientras que en el escalón estatal se configuraba un sistema de partidos de tendencia bipartidista en el que se ha impuesto una lógica mayoritaria, a pesar de que ha habido gobiernos minoritarios, en el ámbito autonómico y local los gobiernos de coalición son habituales y como consecuencia se han impuesto dinámicas más consensuales.

La ‘ejecutivitis’ es pues una disfunción que surge de una tensión entre dos inercias políticas que se dan en el subsuelo del esquema institucional establecido en la Constitución. Durante décadas hemos tendido a ser un ‘sistema mayoritario’, siguiendo la terminología del politólogo Arendt Lijphart, causa de la centralidad del gobierno respecto al parlamento y por los efectos mayoritarios del sistema proporcional, pero nuestra estructura de poder general, de producción de políticas y de gasto ha ido acomodándose a una descentralización que exigen más cooperación entre poderes y entre niveles de gobierno y más consensualismo.

Esta bifurcación entre personalización del poder (que también se ha dado en la gran mayoría de los gobiernos autonómicos), por un lado, y la división territorial de la toma de decisiones y de gasto público, por otro, se ha demostrado perversa. La simultaneidad de estos fenómenos ha dado lugar a notables tensiones, hasta el punto que hoy nos encontramos ante un gobierno central macrocefálico que aspira a una mayor centralización y ante una realidad territorial diversa que tira hacia sí y que en algunos casos opta claramente por la secesión.

Y aunque ninguna de estas opciones tiene cabida en el diseño institucional actual si tenemos en cuenta que todos los sondeos recientes apuntan a que el escenario parlamentario en España va a estar más fragmentado y que no va a haber un partido mayoritario, se dibujan tres grandes escenarios.

El continuismo parece poco viable ya que se enfrenta por un lado a un riesgo evidente de colapso funcional y por otro al colapso político por los embates que suponen el secesionismo, la pérdida de apoyo a la autonomía por parte de la población y los amagos de renuncia al autogobierno por parte de algunas autonomías que prefieren perder competencias antes que asumir los retos de ejercerlas eficazmente.

La recentralización, a pesar de ser la opción que se deduce del proyecto del gobierno central y de que cuenta con el apoyo de UPyD y de una parte del PSOE, es poco plausible no sólo porque iría en contra del alabado principio de subsidiariedad sino porque la propia institucionalización del sistema autonómico ha creado los incentivos para su propia supervivencia. ¿Estará dispuesta la elite política autonómica a hacerse el harakiri y aparecer como la responsable del colapso económico español?

En cambio, una federalización completa del sistema que implicase la incorporación de las autonomías a la gobernación podría proporcionar a la vez más autonomía y más unión. Y ello debería significar resucitar el Senado del estado vegetativo en el que se encuentra actualmente, lo que podría conducir a un reequilibrio de poder entre el parlamento y el gobierno. Es decir, más autonomía y más unión al mismo tiempo. ¿La cuadratura del círculo? En cualquier caso, no requiere tanta imaginación como la mayoría de escenarios apocalípticos o rupturistas que ahora se están planteando.

Nota de Análisis de los editores de Agenda Pública

Se extiende una percepción negativa hacia los partidos por el supuesto debilitamiento de su papel en las dos principales funciones que desempeñan en las democracias parlamentarias: motor de participación política y provisión de cargos públicos representativos y de calidad.

Esta última función está siendo muy cuestionada en España por todos aquellos que sostienen que España tiene un problema de elites de mala calidad, excesivamente politizados y poco preparados técnicamente. No obstante, como sostenía nuestro editor Juan Rodríguez, este juicio tiene mucho que ver, de entrada, con un problema de falsas expectativas. Sin que ello omita los potenciales problemas de incentivos perversos que pueden provocar, en ocasiones, una verdadera mala selección de políticos por parte de los partidos, a tenor de lo que señalaba Pablo Simón.

La resolución de esta cuestión pasa, según Tony Wright, por afrontar el otro problema: la debilidad de los partidos como mecanismos de participación política, que permita la reconexión entre ciudadanos y políticos.

Para recuperar la preeminencia como mecanismo para la expresión de la opinión política y la representación, Andrés Ortega apunta en su libro Recomponer la democracia que los partidos deben adaptarse en sus estructuras internas y en su actuación externa e interna. Ampliar las medidas de participación interna, potenciar primarias, hacer más porosa la formación de sus propuestas…

Pero, ¿hasta qué punto los problemas de conexión social son la consecuencia de disfunciones internas de los partidos? ¿Realmente la ciudadanía no participa más en los partidos porque conoce sus limitaciones internas? En definitiva, ¿más democracia interna favorecerá una reconexión entre partidos y ciudadanos?

¿Y si no fuera así, como apunta inquietantemente Richard Katz en su reciente libro colectivo? Si lo que en realidad estuviera sucediendo es que el declive de la conexión de los partidos con la sociedad, y su posible impacto sobre la selección de los políticos, se debiera a cambios sociales y culturales de fondo (nuevas formas de socialización y participación, ciudadanos con implicación más esporádica y más calculada, menos aptos para el compromiso estable que exige un partido, con medios de comunicación que permiten la relación directa entre líderes y votantes, relegando el papel de los abnegados militantes, etc.), quizá las reformas internas en los partidos hacia mayor democracia e inclusividad tendrían un efecto muy limitado.

Esto nos lleva a plantearnos algunos escenarios de futuro para los partidos a medio plazo.

Existe siempre la posibilidad de pensar que quizá el potencial de adaptación de los partidos es mucho mayor de lo que muchos individuos creen. Que todo cambie para que todo siga igual es siempre el primer escenario racional, especialmente el de aquellos que están al frente de los aparatos de partidos.

En el otro extremo, se encuentran aquellos que propugnan una democracia sin partidos, o al menos una democracia donde los partidos deberían compartir sus funciones de representación, expresión y selección de cargos con otros actores (movimientos sociales, grupos de presión) y otros métodos (elección directa, quizá incluso selección por lotería, como apunta Jorge San Miguel rememorando el método de sorteo ateniense). Quizá el olfato realista haga desconfiar a muchos de este escenario.

Si hacemos casos del entusiasmo de aquellos que propugnan reformas institucionales internas para abrir los partidos, como hacen + Democracia o Por una nueva ley de partidos, la mayor regulación externa de los partidos y las medidas de mayor democracia interna nos conducirían a un escenario de partidos participativos, mucho más atractivos para aquellos ciudadanos que hoy prefieren otros foros u otras formas de participación, más directas y reactivas. No obstante, no deberíamos olvidar el escepticismo antes mencionado de Richard Katz, así como el hecho de que España se encuentra hoy entre los países con mayor regulación de los partidos, en la línea del modelo alemán.

Queda un último escenario: los partidos sin miembros, que mantienen sus funciones de movilización y de selección de elites, auspiciadas en una democracia donde la competición electoral se bifurca de otros ámbitos de expresión. De hecho, ese parece ser el escenario que señala la continua pérdida de militantes en Europa, sin que ello detenga el funcionamiento de la democracia ni siquiera el de los propios partidos.

A favor de este último escenario, existen dos tendencias irrefrenable: muchísimos ciudadanos insatisfechos con los partidos actuales siguen creando nuevos partidos (más 1.000 nuevos partidos registrados en España en los últimos 10 años en España) como estrategia para cambiar la política, pero muchos de ellos partidos pequeños, de ámbito local o regional, que funcionan sin apenas estructuras, incluso cuando consiguen acceder a instituciones de gobierno.

Quizá lo único que haga falta para normalizar este último escenario, posiblemente el más realista, es que los partidos actuales pierdan el complejo de inferioridad que arrastran: es cierto que han cometido errores, que son imperfectos, que hay vías para mejorarlos, pero siguen siendo imprescindibles para el funcionamiento de la democracia representativa.

[Nota de Análisis de los Editores de Agenda Pública]

Muchas de las decisiones de política económica en las que España se juega el modelo de sociedad que quiere construir se aprueban en el Consejo de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, una institución que, como claramente indica su nombre, es de naturaleza intergubernamental. Su legitimidad democrática es, en el mejor de los casos, indirecta (puesto que los jefes de estado y de gobierno han sido democráticamente elegidos en sus respectivos países) y, en el peor, inexistente (nosotros, ciudadanos españoles, no podemos elegir a los jefes de estado y de gobierno del resto de países a pesar de que éstos deciden sobre temas que incumben directamente a España). Puesto que el Consejo no tiene que responder ante el Parlamento Europeo, de ello se deduce que no existe un control democrático directo sobre quienes toman las decisiones en Bruselas. Como bien dice Ortega, “los ciudadanos se dan cuenta de que cada vez son más las decisiones que se toman fuera del marco del Estado”.

En España estamos actualmente inmersos en un debate sin fin en torno a cuánto y cómo debemos cambiar nuestro sistema institucional y nuestra constitución. Sorprende, sin embargo, la ingenuidad con la que nos olvidamos de Europa mientras nos dedicamos a ello. Cambiar nuestras instituciones no va a cambiar el problema de pérdida de autonomía del gobierno español en tanto que miembro de la Unión Europea. Cambiar la ley de partidos y la ley electoral no va a cambiar el hecho de que esos mismos partidos, si llegan al gobierno, van a tener que sentarse a la mesa del Consejo. Es ahí donde se dilucidan las cuestiones fundamentales de política económica española y es ahí donde España, por el momento, carece de poder de influencia para defender los intereses de los ciudadanos españoles. ¿Cuál es el plan de nuestros partidos al respecto? ¿De qué va a servir a los partidos una radicalización a la izquierda o a la derecha, una refundación, o lo que sea que decidan hacer para ganarse la confianza de los ciudadanos, si luego les van a dar un baño de realidad en Bruselas? Seamos serios y no vendamos la piel del oso antes de cazarlo y pensemos en cuál debería ser nuestra estrategia en Europa.

Mientras Francia se lame las heridas y se somete a la austeridad alemana, delante de nuestros ojos ha surgido por debajo (¿o por encima?) del eje franco-alemán, sin que nadie lo pretendiera, otro eje que podría romper la UE en dos y sobre el que ya hablamos en una nota anterior. Nos referimos al eje entre acreedores y deudores, entre democracias que se imponen y “democracias impotentes”, por acuñar el término utilizado por Ignacio Sánchez-Cuenca en su reciente libro. La política alemana de salvar el euro pero castigar a los países con deuda (una política que, por otro lado, es contradictoria) fue la gran comadrona de este nuevo eje. La existencia de este eje nos pone frente a tres retos fundamentales, interrelacionados entre sí, a los que hay que dar respuesta y que, por tanto, deberían figurar como prioridades en la agenda pública española.

En primer lugar, hay que repensar la política de alianzas de España en la Unión Europea. ¿Acaso no tendría sentido establecer una alianza que sirva de contrapeso a Alemania y sus aliados? Estos países van bien preparados y coordinados a las reuniones del Consejo. España debería buscar aliados entre los países deudores con los que plantarse en el Consejo y defender un cambio en los tratados que abra la puerta a una nueva política monetaria, en vez de mirar al resto de países deudores por encima del hombro, comparándose con ellos e implorando para que la desgracia del otro no sea contagiosa, como hizo durante la crisis de deuda del 2011.

En segundo lugar, hay que reaccionar a la radicalización del espacio político en España y en Europa y al reto que supone para el sistema político el surgimiento de populismos de extrema derecha y de extrema izquierda. Estos populismos no se combaten ignorándolos o despreciándolos por anti-democráticos, anti-liberales o anti-europeos. No una manera eficaz de hacerles frente. Estos populismos, en parte, tienen su razón de ser en la impotencia de las democracias nacionales para proteger a sus ciudadanos frente a la globalización de los mercados y sus efectos en términos de crisis económicas recurrentes y de creciente desigualdad entre países y dentro de cada país. Para evitar salidas populistas a la crisis hay que afrontar la crítica populista a la impotencia de las democracias nacionales y defender en Europa, que es la única arena desde donde se puede poner remedio a esta impotencia, un cambio de modelo.

En tercer lugar, se impone promover la coordinación transnacional entre los partidos políticos que hace más de medio siglo hicieron posible el pacto social liberal que dio lugar a los estados de bienestar y que pusieron en marcha el proyecto europeo. Hoy un nuevo modelo europeo, basado no sólo en la eficiencia y la competitividad económica sino también en el crecimiento y la igualdad social, no podrá nunca imponerse sobre los países acreedores por parte de los países deudores. Necesitamos de la concurrencia de todas las fuerzas europeas y también alemanas, holandesas y finlandesas. Pero contrariamente los auto-denominados progresistas piensan aún en términos casi exclusivamente nacionales -incluso nacionalistas-, por lo que el reto de los países deudores es sacudirse de encima su miopía nacional y convencer a sus homónimos en los países acreedores de que la batalla hay que darla en el eje ideológico y no en el eje nacionalista y de que de los resultados de esta batalla depende el futuro de Europa. Se mire como se mire el futuro pasa por pensar más en Europa.

El primer Informe Anticorrupción de la Unión Europea hecho público esta semana ha puesto de manifiesto que los españoles, junto con los griegos, son los ciudadanos europeos que se sienten más afectados por la corrupción en su vida cotidiana. La media de la UE se sitúa en el 26% mientras que en España alcanza el 63%.

Sin embargo, estos datos contrastan fuertemente con los índices de victimización. Sólo el 8% de los españoles, el mismo porcentaje que el del conjunto de los europeos, responden afirmativamente al ser preguntados sobre si han vivido o han sido testigos de un caso de corrupción. De ello se deduce que España es el país europeo donde hay más distancia entre la corrupción percibida y la corrupción realmente sufrida, como hace tiempo viene constatando Manuel Villoria.

Pero, ¿por qué se produce esta contradicción? Es una muestra de un malestar más profundo: al evaluar la corrupción, los españoles también están valorando aspectos del funcionamiento del sistema político, así como de la economía y su rendimiento. Afirmar que se sienten muy afectados personalmente por la corrupción en su vida cotidiana, aunque luego muy pocos realmente hayan sido víctimas de la misma o la hayan conocido personalmente, es un mecanismo de denuncia de lo que consideran un peso excesivo de los intereses particulares, de las arbitrariedades y de los privilegios en la toma de decisiones. Y aunque la percepción quede desmentida por la realidad, en política las cosas no son sólo como son sino también cómo se perciben. Y cuestiones de ética pública, los españoles perciben que las cosas no se hacen bien, como se viene denunciando en los últimos informes del GRECO.

Todas las encuestas realizadas en los últimos meses en España ponen de manifiesto un notable descenso del apoyo a PP y PSOE. La encuesta de CELESTE TEL-Investigaciones Sociológicas publicada ayer por eldiario.es sigue confirmando este descenso, aunque esta vez muestra que la caída de los dos grandes partidos parece moderarse. No se trata necesariamente de un gran cambio de tendencia: a medida que las elecciones se vayan aproximando, los electores indecisos irán decantando su voto, y probablemente una parte importante decidirá al final, convencidos o resignados, mantener su apoyo a los partidos mayoritarios.

Pero ello no impide que se mantenga la tendencia de fondo de declive del bipartidismo: se reduce la concentración de voto en los dos principales partidos, en beneficio de casi todos los demás, especialmente IU y UPYD, pero también de los partidos de ámbito no estatal y de nuevas formaciones.

Con ello, se sigue dibujando un mapa político mucho más fragmentado, con hasta 18 partidos presentes en las Cortes. Se trata de un arco parlamentario similar al de los primeros años de la democracia, donde ningún partido obtendrá mayoría absoluta ni se acercará, y la gobernabilidad exigirá soluciones más consensuales.

El escenario al que parecemos abocados es muy parecido al de otros países del sur de Europa, como Portugal. De momento, no se atisba en el horizonte la irrupción de opciones abiertamente populistas, como sí ha sucedido en Italia y Grecia. En Grecia, además, los dos grandes partidos han implosionado.

¿Más fragmentación parlamentaria nos traerá finalmente coaliciones de gobierno a escala estatal? ¿Significará eso un Ejecutivo más débil? ¿Y ello una democracia más inestable o, por el contrario, mayores exigencias de consenso? ¿Será la llave que está esperando el nacionalismo catalán para tratar de dar un giro a la cuestión territorial? ¿Más consensualismo favorecerá más reforma política y social, o por el contrario, frenará la toma de decisiones de cambio?

Las elecciones europeas de mayo siguen siendo el primer episodio para observar qué hay de sólido y de volátil detrás de la fotografía que dibujan los sondeos de opinión.