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Astrid Barrio

Doctora en Ciencia Política y de la Administración por la Universidad Autónoma de Barcelona. Máster de Ciencia Política por el Instituto de Études Politiques de París. Soy Profesora Contratado Doctor en la Universidad de Valencia. Mi tesis "Las alianzas entre partidos: el caso de CiU (1978-2004)" fue galardonada con el Premio AECPA.

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El cambio no empieza en Andalucía

Con las elecciones andaluzas del 22 de marzo, se resuelve el primero de los interrogantes de este súper ciclo electoral.  A la espera de los análisis más detallados sobre los datos que proliferarán en las próximas horas, el veredicto de las urnas permite dilucidar ya algunos interrogantes que se han venido planteando en los últimos meses.

Resumen de titulares: gran victoria del PSOE, y en particular de Susana Díaz, descalabro del PP, irrupción exitosa de Podemos y Ciudadanos, hundimiento de IU y fracaso –quizá definitivo- de UPyD. Pero más allá de esta síntesis obvia hay algunas implicaciones quizá menos evidentes. Identifiquemos cinco puntos clave.

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Duverger ha muerto ¡vivan los partidos!

Maurice Duverger, uno de los grandes politólogos que ha dado el siglo XX, y seguramente el único francés que ejercía como tal (a pesar de haber sido eurodiputado por el PCI), ha fallecido a los 97 años de edad. Hace ya muchos años que vivía retirado de la vida académica. Sin embargo, algunas de sus obras como Méthodes de les sciences sociales (1961 ), Introduction à la Politique (1964), La démocratie sans le peuple (1967), I nstitutions politiques et Droit constitutionnel (1970) o Echec au Roi (1977), siguen siendo clásicos y referencia obligada para la nuevas generaciones. Es en esta última en donde aparece por primera vez el término semi-presidencialismo referido a un régimen hibrido entre el parlamentarismo y el presidencialismo convertido hoy en vocablo común.

Entre toda su abundante producción hay una obra que ha ejercido una influencia fundamental entre los politólogos: se trata de Les partis politiques (1951), que puede ser considerado el primer trabajo sistemático de análisis de los partidos y los sistemas que partidos. Es en esta obra en la que se establece la distinción entre partidos de origen parlamentario y partidos de origen externo, y entre partidos de cuadros y de masas (con permiso de Max Weber). También aquí se formula lo que ha pasado a la historia como la Ley de Duverger, que establece la influencia de lo sistemas electorales sobre los sistemas de partidos (ya avanzado en L’Influènce des systèmes electoraux sur la vie politique, 1950). Esta perspectiva fue criticada por George Lavau en su obra Partis Politiques et Realités Sociales. Contribution à une étude réaliste des partis politiques, (1953) desde una perspectiva historicista y sociológica, criticando a los planteamientos de Duverger un exceso de institucionalismo. No obstante, pese a esta crítica la influencia de la obra del francés en la ciencia política y especialmente entre los investigadores de los partidos y los sistemas de partidos ha sido muy notable.

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Corrupción: la reputación de España cotiza a la baja

De acuerdo con el último barómetro del CIS hecho público esta semana en el mes de noviembre prácticamente se ha doblado el número de personas que considera que la corrupción es el principal problema de España (del 16 % en octubre hemos pasado al 30% en noviembre) y también han aumentado  considerablemente los que la perciben como el segundo problema. Este importante aumento que ha situado la preocupación por la corrupción en la cota más alta de la historia se explica porque en los últimos meses hemos asistido a numeroso escándalos de corrupción, y hay quien incluso quien ha hablado de un octubre negro,  especialmente por los casos de las tarjetas Black de caja Madrid y por la masiva operación Púnica, entre otros. En los medios de comunicación se ha hablado mucho de corrupción y esa circunstancia ha incidido en que cada vez más gente la perciba como un problema. Pero de ello no deberíamos deducir que en España exista un problema de corrupción generalizado.

Porque una cosa es lo que pasa y otra lo que se percibe. Esta diferencia entre lo que realmente pasa y lo que se percibe ya se puso de manifiesto hace unos meses en el primer informe Anticorrupción de la Unión Europea  que entre el 60 y el 70% de los españoles afirmaba verse afectado por la corrupción en su vida cotidiana,  una cifra que situaba  a España a la cabeza de Europa. En cambio, como vimos anteriormente,  sabemos que el índice de victimización, es decir las personas que declaran haber asistido o haber vivido un caso de corrupción es bajo, se sitúa en  España en torno a un 8 por ciento, una cifra equiparable al resto de países europeos. La gente percibe que hay mucha corrupción pero cuando se les pregunta si la han sufrido responden que no.

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GRÁFICO: ¿Cataluña va hacia la independencia o hacia la ingobernabilidad?

La  encuesta del GESOP para El Periódico publicada ayer plantea escenarios inéditos en el Parlament de Catalunya. Como todas las encuestas, se trata de una fotografía imperfecta del momento en que se realizó, no una predicción de lo que pasará. Pero los escenarios que sugiere van a condicionar las decisiones de los partidos en su competencia electoral. ¿Cuáles son los tres aspectos más relevantes?

Uno. Se vislumbra el Parlament más fragmentado de la historia, donde hasta 8 partidos podrían obtener representación parlamentaria: una fragmentación sin precedentes. Además, la suma de escaños de los dos partidos más importantes (que mida el grado de concentración de voto de unas elecciones) baja a un nivel inédito: 65 escaños. Lo nunca visto: que los dos primeros partidos juntos no alcancen mayoría absoluta. Si se confirmara este punto, para gobernar se necesitarían mayoría de, al menos, tres o cuatro partidos.

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¿Por qué se dice que Podemos puede acabar con el bipartidismo?

En las últimas semanas  diversas encuestas han revelado una nada desdeñable intención de voto hacia Podemos, circunstancia que ha dado pie a proclamar  el fin del bipartidismo en España. Aunque esas intenciones todavía se han de convertir en votos y escaños, vamos a dar por buenas las predicciones y vamos a tratar de dilucidar si el ascenso de Podemos puede modificar el sistema de partidos en España.

Por sistema de partidos, de acuerdo con  Giovanni Sartori, se entiende el conjunto de interacciones resultantes de la competición partidista siendo la más relevante el control del ejecutivo. De acuerdo con ello, si hasta la fecha el sistema de partidos en España se ha calificado de bipartidista ha sido porque la alternancia en el gobierno sólo ha sido posible entre dos partidos (UCD y PSOE inicialmente, y PSOE, AP-PP después) y porque nunca ha habido gobiernos de coalición, aunque no siempre el partido de gobierno haya gozado de mayoría absoluta (de hecho sólo en 5 de las 11 legislaturas ha sido así). Además, la concentración de votos y de escaños, es decir la suma de los porcentajes de dos primeros partidos, ha sido extremadamente elevada (la media de concentración parlamentaria es del 85,4%) y el tercer partido se ha situado siempre a mucha distancia. Estas circunstancias, sin embargo, han sido compatibles con la existencia de numerosos partidos con representación parlamentaria, muchos de ellos partidos de ámbito no estatal, es decir partidos que circunscriben su ámbito de actuación a una parte restringida del territorio. Lo que habitualmente se conoce, aunque no sea del todo exacto, como partidos nacionalistas. 

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Cómo los partidos han ayudado a polarizar el debate político en Cataluña (¿hasta perder el control?)

Uno de los ámbitos más intensos donde se dirime el ‘proceso’ a favor del referéndum/independencia en Cataluña es el de la legitimación. Como nos recordaba Manuel Arias hace unos días, la disputa ideológica entre legalidad y legitimidad es un aspecto crucial del proceso político catalán. Dos posturas tratan de explicar el origen del proceso. Por un lado, el relato del movimiento soberanista pone el énfasis en la indudable capacidad de movilización conseguida, y que ha hecho visible una demanda popular que surge ‘de abajo’, al margen de los partidos. Frente a esta versión, algunos medios madrileños han preferido pensar que todo se trata de una confabulación de la clase política catalana, de un Mas ‘enloquecido’ o de una reacción ‘burguesa’ para defender privilegios, ante una ‘mayoría silenciosa’ que sufre la dictadura nacionalista. Paradójicamente, esta versión de un elitismo simplista tiene mucho éxito entre los activistas y creadores de opinión favorables a la secesión, que la reutilizan y la exageran hasta lo ridículo a fin de realzar aún más la ‘verdadera’ explicación, la otra, la popular.

Preguntarse cómo hemos llegado hasta aquí no es un ejercicio banal, gratuito ni intelectualmente ingenuo. Si bien muchos querrán extraer de esa respuesta el grado de legitimidad real (absoluto para unos, nulo para otros) que posee todo lo que ha venido pasando en Cataluña desde septiembre de 2012, desde un punto de vista desapasionado y crítico tal pregunta tiene otro interés mayor: nos puede ayudar a intuir por dónde evolucionarán los hechos, más allá de los movimientos tácticos de trinchera que despistan al paciente observador medio. Saber cómo hemos llegado hasta aquí nos puede ayudar a entender cómo puede seguir de aquí en adelante.

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Los militantes sin cargos están más a favor de la elección directa del líder del partido

El rotundo apoyo de los militantes sin cargos a la elección directa del líder del partido encuentra más reticencias entre las direcciones de los partidos. En este gráfico, por ejemplo, se muestra cómo los delegados con cargos (en la organización o en instituciones públicas) están menos de acuerdo en utilizar primarias para elegir a los dirigentes.

No es de extrañar:  en un trabajo en proceso hemos demostrado que las demandas para abrir las decisiones de los partidos al conjunto de la militancia son más intensas entre aquellos individuos con menos cargos, que tienen menos deseos de subir en el partido, que dedican menos horas a la organización, que son más críticos con los dirigentes y que tienen más discrepancias con la línea ideológica oficial. En definitiva, los menos influyentes y con menos expectativas de influir.

La consecuencia es que durante más de 30 años los partidos españoles, con escasas excepciones, han mantenido la misma forma de escoger a sus líderes mediante congresos. Pero mientras crecía la base afiliada a los partidos, el tamaño de los congresos ha permanecido estable. Resultado: un delegado de congreso representa la voz de cada vez más afiliados, reduciendo su representatividad.

¿Seguirán los partidos españoles la senda de otros partidos occidentales, hacia una ampliación de la base que elige a sus líderes

Al igual que muchos otros partidos en otras democracias occidentales anteriormente, los líderes y militantes del PSOE se enfrentan al problema de cuál es la mejor forma de elegir a su principal dirigente. En realidad, el dilema no es si las primarias de candidato deben ir antes o después del Congreso. Se trata de quién debe escoger a esta o este y con qué inclusividad.

Un Secretario General elegido por una base mayor que los delegados puede resolver el interrogante sobre si también el candidato a las generales tiene que someterse a unas primarias.

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¿Sabes a qué grupo parlamentario irá tu voto en las elecciones europeas?

Los partidos establecen relaciones de competencia y cooperación con el resto de partidos, y una de las modalidades más habituales de cooperación son las alianzas pre-electorales. Estas alianzas, que se traducen en candidaturas conjuntas a las elecciones, suelen comportar, a su vez, la actuación conjunta en las instituciones por medio de la integración en un mismo grupo parlamentario. 

Pero esta regla no se cumple en las elecciones europeas. Hay partidos que se presentan en una misma candidatura aunque luego sus diputados se integrarán en grupos parlamentarios distintos. Y, a la inversa, hay partidos que están compitiendo electoralmente pero cuyos diputados se acabarán reencontrando en un mismo grupo parlamentario.

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25-M: el mayor proceso electoral del mundo

Nota de análisis de los editores de Agenda Pública

En poco más de tres semanas, tendrá lugar el mayor proceso electoral simultáneo del mundo. 500 millones ciudadanos de 28 países europeos podrán acudir a elegir sus representantes en el parlamento democráticamente electo más grande del planeta entre el 22 y el 25 de mayo. Solo la supera la elección a la Lok Sabha, la Cámara Baja de India, con un censo de 814 millones, aunque esta en realidad se trata un macroproceso formado por diversas fases cuya duración se prolonga durante cinco semanas.

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¿Qué reforma constitucional? Elementos y tiempos

Nota de análisis de los editores de Agenda Pública

La reforma del texto constitucional no servirá como herramienta –al menos no exclusivamente- para salir de la crisis económica, pero debe servir para superar la profunda crisis política de la que aquella trae causa. Y, evidentemente, la reforma de la Constitución no hará desaparecer de un día para otro nuestros problemas de legitimidad democrática, sobre todo, porque algunos de sus motivos no se deben a problemas de configuración jurídico-constitucional, sino a un problema de índole cultural. Sin embargo, la actualización de la Carta Magna ha de ser la hoja de ruta en la reconfiguración de nuestro modelo de convivencia.    En 2006 el Consejo de Estado se pronunció sobre la modificación constitucional respecto de los cuatro elementos sobre los que el Gobierno de Rodríguez Zapatero le preguntó: la supresión de la preferencia del varón en la sucesión al trono, la recepción en la Constitución del proceso de construcción europea, la inclusión de la denominación de las Comunidades Autónomas y la reforma del Senado. Hoy resulta claro, sin embargo, que con el cambio de estas 4 cuestiones, de calados diversos, no es suficiente. Y ello, entre otras razones, porque estamos en un momento de renovación de legitimidades, en el que el originario acuerdo constituyente necesita ser revisado, no en su totalidad pero sí en algunos aspectos clave y, entre estos, parece que hay unanimidad en considerar que el prioritario es el modelo de organización territorial. Y es más, como nos explicaba José María de Areilza aunque no hubiera aparecido en escena Cataluña, sería igualmente necesario entrar a repensar nuestro modelo de descentralización política. Esto no significa negar los logros alcanzados durante estos años por la Constitución que configuró un sistema abierto que sirvió para dar cabida a las reivindicaciones legítimas de, sobre todo, Cataluña y País Vasco y poder, así, empezar la andadura democrática. Pero han pasado 30 años y el modelo de organización territorial prefigurado en la Constitución ha quedado, en unos casos, superado por la propia realidad jurídico-política y, en otros, se ha demostrado ineficaz para la resolución de determinados conflictos y/o aspiraciones de algunas Comunidades Autónomas. Son varios los aspectos que necesitan de replanteamiento (por ejemplo, el reconocimiento real de la plurinacionalidad del Estado, el sistema de listas de competencias, el sistema –inexistente-  de cooperación entre niveles de poder y, por supuesto, el Senado). Quizá una aproximación válida sería, como apuntaba Leopoldo Calvo Sotelo, ver cómo dar encaje en el (renovado) modelo de organización territorial los elementos del Estatuto de Cataluña, refrendado en 2006, declarados inconstitucionales por el Tribunal Constitucional en 2010. Ahora bien, nada de esto tendrá sentido si no se parte de un modelo de organización territorial compartido por todos, al menos en sus bases. Uno de los problemas que ha acarreado nuestro sistema autonómico ha sido que muchos, en la derecha y en la izquierda, no creían en un sistema descentralizado o, si se quiere, altamente descentralizado. Apostaron por la descentralización, si se nos permite, con la boca pequeña. Además, sectores importantes de la vida política y de la sociedad civil han seguido creyendo que la autonomía consistía en un poder cedido o delegado por el Estado (central) en favor de las Comunidades. Sin embargo, la autonomía política de las Comunidades no es consecuencia del ejercicio de delegación del Estado, sino que deriva directamente de nuestro texto constitucional. Esta última realidad jurídica ha sido obviada por muchos. Ha llegado, pues, el momento de sentarse y plantear la discusión serena y rigurosa de cuál es el modelo de organización territorial del que queremos dotarnos. Esto nos lleva a uno de los puntos clave sobre la reforma constitucional, y que paradójicamente apenas se abordan en el debate público: el cuándo. ¿Qué condiciones han de darse para realizar un proceso de este tipo de la forma más serena y dialogada posible? Para los millones de ciudadanos  que apuestan ya por una reforma, puede resultar muy frustrante reconocer que en el próximo año apenas se vislumbra un escenario favorable, debido a la larga serie de citas electorales que pueden culminar en las generales de 2015. Pero tampoco un exceso de realismo político debe servir de excusa para cimentar el inmovilismo y aplazar perpetuamente la reforma. La observación comparada nos señala que, en situaciones de minorías políticas (como sucede en Bélgica), los partidos aceptan entrar más fácilmente en un proceso consensuado de reforma. Y también nos dice que es importante el compromiso previo, en un programa electoral, de los partidos más convencidos, como sucedió con la ‘devolution’ de Tony Blair. ¿Significa todo ello que en 2016 estaremos quizá ante la gran ocasión? Desde aquí sólo podemos recordar que, como nos decía Alberto López Basaguren, “ la política tiene que evitar el callejón sin salida”.

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