2020 pasará a la historia como el año de la pandemia. Las pérdidas, el dolor, la incertidumbre, el miedo y todo lo que ha trastocado la COVID-19, de un modo tan global y apabullante, hace difícil pensar que este año raro nos haya dejado otros hechos que merezca la pena rescatar o que hayan conseguido arañarle con mayor o menor éxito algo de espacio a las copadas agendas mediáticas. Pero es posible realizar otro tipo de mirada en clave de derechos humanos a este año que con tanta fuerza deseamos dejar atrás.

En este repaso, deliberadamente, el foco no está puesto en el coronavirus. Ello no le resta a la crisis de la COVID-19 su clara dimensión de derechos humanos y tampoco significa que esta crisis no haya podido ejercer algún tipo de influencia sobre la forma o el curso de algunos de los acontecimientos siguientes. Simplemente se trata de una mirada en la que protagonismo está en otro lugar. Una mirada incompleta, por eso invitamos a los lectores a que sigan compartiendo en los comentarios otras luces y sombras de este 2020, más allá de la pandemia.

1.     Avances hacia el asilo por motivos climáticos

El 20 de enero de 2020 el Comité de Derechos Humanos de la ONU emitía una decisión histórica que sentaba un importante precedente para el futuro de la protección internacional de las personas desplazadas por el impacto del cambio climático. Fue la primera sentencia de un organismo de derechos humanos de las Naciones Unidas sobre esta materia.

Se trata del caso de Ioane Teitiota, un ciudadano de Kiribati (un pequeño país insular del Pacífico Sur) cuya solicitud de asilo fue denegada en 2015 por Nueva Zelanda. Teitiota denunció ante el Comité que su deportación junto con su esposa e hijos violó su derecho a la vida argumentando que la subida del nivel de mar y otros efectos del cambio climático habían hecho de Kiribati un lugar inhabitable. Si bien la ONU denegó su petición al considerar, tras una exhaustiva evaluación, que “pese a la seria situación de Kiribati, se adoptaron medidas de protección suficientes”, lo relevante de la sentencia y lo que supone un punto de inflexión es que determina que un Estado incumple sus obligaciones en materia de derechos humanos si deporta a una persona a su país de origen cuando en él las consecuencias de la crisis climática ponen su vida en peligro o corre el riesgo de sufrir un trato cruel, inhumano o degradante.

Según dijo entonces el experto del Comité, Yuval Shany, el “fallo establece nuevos estándares que podrían facilitar el éxito de futuras solicitudes de asilo relacionadas con el cambio climático”. En este sentido, la sentencia destacaba que tanto los sucesos repentinos (tifones, huracanes, inundaciones, etc.) como los procesos de evolución lenta (sequía, subida del nivel de mar, etc.) “pueden llevar a las personas a cruzar fronteras en busca de protección por daños relacionados con el cambio climático”.

Un día después, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, instaba al mundo a prepararse para “millones” de desplazamientos forzados a causa de la crisis climática. Según el Observatorio de Desplazamiento Interno (IDMC), en 2019, de los 24,9 millones de desplazamientos que se produjeron por desastres, 23,9 estuvieron relacionados con el clima.

2.     La Huelga de Mujeres, un rayo y una revolución en Polonia

Han sido las protagonistas indiscutibles del otoño polaco: las mujeres y su lucha por sus derechos. Desafiando las restricciones y normas anti-covid, enfrentándose a la represión policial, detenciones arbitrarias o el hostigamiento por parte de grupos de extrema derecha… Cientos de miles de mujeres de todas las edades le han dicho basta al gobierno ultraconservador de Kaczynski (Partido Ley y Justicia) y a la Iglesia Católica llenando las calles de las principales ciudades del país en una oleada de manifestaciones que se prolongaron durante semanas. El mayor movimiento de protesta de los últimos treinta años en Polonia, desde el que llevó a la caída del régimen comunista en 1989.

El detonante fue la decisión del Tribunal Constitucional, el pasado 22 de octubre, de limitar todavía más el derecho al aborto en Polonia, ya de por sí uno de los más restrictivos de Europa, al declarar inconstitucional el supuesto de anomalías y malformación fetal. La respuesta en la calle fue inmediata. 

2020 ha sido en Polonia el año del rayo rojo, el símbolo de las protestas, presente en las mascarillas, pancartas o tatuado en la piel de las manifestantes. Strajk Kobiet (Huelga de Mujeres) es la organización feminista, nacida en 2016, que ha liderado las marchas con lemas como “Mi cuerpo, mi decisión”, “Esto es la guerra”, “Queremos médicos, no misioneros” o “El infierno de las mujeres”. 

El viernes 30 de octubre, el mismo día que el país registraba un nuevo récord de contagios de coronavirus, una protesta masiva de más de 100.000 personas bloqueó Varsovia. El gobierno dio marcha atrás y decidió aplazar la entrada en vigor de la prohibición al dejar pasar el plazo legal para su publicación en el boletín oficial, previsto el pasado 2 de noviembre.

3.     Black Lives Matter, protestas globales por George Floyd

George Floyd no fue el primer afroamericano muerto a manos de la brutalidad policial en Estados Unidos en 2020, pero su muerte evidenció, más que nunca, la fractura racial que atraviesa el país. El lunes 25 de mayo fue arrestado por la policía de Minneapolis por utilizar un billete falso de 20 dólares para pagar en una tienda de comestibles. Fue inmovilizado por cuatro policías, uno de ellos, Derek Chauvin, le presionó el cuello con la rodilla hasta asfixiarlo. Alertó unas 20 veces a los agentes de que no podía respirar, “I can’t breathe”, palabras que se convertirían más tarde en el grito de guerra que reavivó el movimiento Black Lives Matter.

Su asesinato fue grabado en un vídeo que se hizo rápidamente viral. En plena pandemia, con pocas distracciones fuera de casa, con medio mundo pasando la mayor parte del tiempo frente a las pantallas, el contexto nos hizo espectadores de la muerte de Floyd. Black Lives Matter tenía más sentido que nunca. Las protestas, el clamor pidiendo justicia, recordando que “las vidas negras importan”, inundaron el mundo.

El 2 de junio, la iniciativa “Blackouttuesday”, promovida desde la industria musical, fundió a negro las redes sociales, apagando la conversación para invitar a la reflexión sobre la violencia policial y el racismo. Plataformas como Spotify añadieron 8 minutos y 46 segundos de silencio –el tiempo de duración del video del asesinato de Floyd– a las listas de reproducción. El mundo del cine, la moda, la cultura, la política se unió a la condena.

La muerte de Lloyd colocó el racismo sobre la mesa de forma clara. Según Amnistía Internacional, produjo algunos cambios reales y significativos. En noviembre de 2020, Kamala Harris se convirtió en vicepresidenta del país. La primera mujer en acceder al cargo era también una mujer negra. “No hay vacuna para el racismo. Tenemos que hacer el trabajo. Por George Floyd, por Breonna Taylor, por las vidas de tantos otros, por nuestros niños. Por todos nosotros. Tenemos que trabajar para cumplir la promesa de igualdad de justicia ante la ley. Porque ninguno de nosotros es libre hasta que todos seamos libres”, dijo en su discurso de aceptación.

4.     Arde Lesbos, un desastre anunciado

El incendio que a principios de septiembre arrasó el campo de refugiados de Moria, en la isla griega de Lesbos, no sorprendió a nadie. “La bomba de relojería ha explotado”, afirmó Médicos Sin Fronteras en Twitter. Las organizaciones humanitarias y los refugiados que malvivían en él -diseñado para alojar inicialmente a 3.000 personas, albergaba a 13.000- llevaban años denunciando el hacinamiento y las deplorables condiciones del campo, el mayor de Europa, símbolo de la incapacidad y el fracaso de Grecia y la UE a la hora de responder a la crisis migratoria.

Una semana antes se había detectado el primer positivo por COVID-19 en Moria, ante las constantes advertencias de las ONG de que los efectos del coronavirus allí podían ser devastadores. Las autoridades respondieron poniendo a todo el campo en cuarentena y cerrándolo a cal y canto. Un día antes del incendio, comunicaron a las primeras 35 personas infectadas la decisión de trasladarlas a una zona especial de aislamiento. El fuego se inició por la noche y el viento extendió las llamas rápidamente. Según la OIM, destruyó el 80% de las instalaciones.

Las autoridades griegas decretaron el estado de emergencia en Lesbos y prohibieron inicialmente a las miles de personas que quedaron a la intemperie salir de la isla mientras se aceleraba la construcción de un nuevo campo. Las protestas de los refugiados ante la reubicación fueron respondidas con gases lacrimógenos. Al mismo tiempo, algunas ciudades españolas se ofrecieron para acogerlos pero en un primer momento, el Gobierno de Pedro Sánchez, quien calificó las imágenes del incendio de “dantescas”, descartó sumarse a los diez países europeos dispuestos a acoger a refugiados de Moria alegando la “presión migratoria” de las costas españolas.

Lesbos reabrió el debate migratorio en la UE que, el 23 de septiembre, apenas dos semanas después del incendio, presentó su nuevo Pacto sobre Migración y Asilo. Las organizaciones humanitarias y de derechos humanos calificaron el documento de “decepcionante” al volver a poner el foco en el control de fronteras, considerándolo una muestra más de la falta de voluntad para responder a los flujos migratorios desde una perspectiva de derechos humanos.

5.     El Tratado para la Prohibición de Armas Nucleares suma un nuevo hito: entrará en vigor

El 24 de octubre El Tratado de Prohibición de las Armas Nucleares (TPAN) logró, tras la adhesión de Honduras, sus primeras cincuenta ratificaciones, el mínimo exigido para que el texto entre en vigor. Lo hará transcurridos noventa días, el próximo 22 de enero, un hito histórico que abre un nuevo capítulo en el camino del desarme nuclear. 

75 años después del lanzamiento por parte de Estados Unidos de sendas bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, las armas nucleares estarán prohibidas. Son las únicas armas de destrucción masiva que no contaban con un tratado de prohibición en vigor, como sí era el caso de las armas químicas y las biológicas. El TPAN fue aprobado por la Asamblea General de la ONU en julio de 2017. Ese mismo año, la Campaña Internacional para la Abolición de las Armas Nucleares (ICAN) recibía el Premio Nobel de la Paz como reconocimiento a décadas de activismo.

Si bien ninguno de los nueve países con armas nucleares (EEUU, Reino Unido, Rusia, Francia, China, India, Pakistán, Israel y Corea del Norte) se ha adherido al acuerdo, la entrada en vigor del Tratado ha generado cierta preocupación. Prueba de ello es la presión de Estados Unidos sobre los estados signatarios, a los que, según publicó Associated Press, les ha instado en una carta a retirarse del Tratado.

En febrero de 2020 la sobreviviente de Hiroshima Setsuko Thurlow visitó algunas ciudades españolas y se reunió con representantes políticos dentro de su gira por Europa junto a ICAN con el fin de sumar apoyos al Tratado. Esta hibakusha se prometió trabajar por el fin de las armas nucleares hasta su último aliento para que “ningún ser humano vuelva a vivir otra Hiroshima y Nagasaki jamás”. España sigue sin firmar el TPAN. 

6.     Nagorno-Karabaj, las nuevas heridas de un viejo conflicto latente                         

El 27 de septiembre Azerbaiyán bombardea Nagorno Karabaj, una región montañosa situada en el este del país y habitada mayoritariamente por armenios. El ataque, lanzado con el apoyo militar turco, supuso el inicio de una guerra de 44 días contra Armenia por el control de territorio, el último episodio de un largo conflicto que enfrenta a ambos países desde el alto el fuego que en 1994 puso fin a la denominada Guerra del Alto Karabaj.

Las tensiones entre Azerbaiyán y Armenia por este territorio montañoso se remontan a antes de la creación de la Unión Soviética. Fue con su derrumbe, en 1991, cuando la región declaró su independencia y se autoproclamó República del Alto Karabaj, renombrada en 2017 como República de Artsaj, aunque no ha sido reconocida por ningún país de las Naciones Unidas y oficialmente forma parte de Azerbaiyán.

Los 44 días de enfrentamientos entre las fuerzas de ambos países, con una clara ventaja militar azerí, se saldaron con el desplazamiento del 90% de la población civil de Nagorno Karabaj, según datos del Defensor del Pueblo de Artsaj. Las cifras de víctimas mortales son todavía dudosas. Asimismo, organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han denunciado ataques indiscriminados contra la población civil en los que se emplearon armas prohibidas internacionalmente como las bombas de racimo y ha pedido una investigación sobre los crímenes de guerra cometidos por las fuerzas armadas de ambos bandos.

El 10 de noviembre, ante el avance azerí, las partes llegaron a un acuerdo de alto el fuego calificado como “muy doloroso”, por el primer ministro armenio. El pacto, que incluye importantes pérdidas de territorio para Armenia, ha sido recibido en Ereván como una “traición” y tampoco ha traído mucha esperanza a la población desplazada.

7.     Mujeres, Paz y Seguridad: la Resolución 1325 cumple 20 años

El 31 de octubre de 2020 la Resolución 1325 cumplió 20 años desde su aprobación por el Consejo de Seguridad la ONU. Su adopción marcó un hito para el movimiento feminista y pacifista y supuso el inicio de la agenda internacional Mujeres, Paz y Seguridad, que nacía con el objetivo de incorporar la perspectiva de género a las políticas de paz y seguridad y los procesos de resolución de conflictos.

Por primera vez se reconocía que los conflictos armados provocan impactos específicos por cuestiones de género y que las mujeres no solo los sufren como víctimas -especialmente de la violencia sexual- sino que son también agentes de cambio claves y deben ser tenidas en cuenta y participar igualitariamente en los procesos de construcción de paz. Sin las mujeres, no hay paz.

La 1325 dio lugar a otras nueve resoluciones relacionadas, entre ellas la 1820, que reconoció la violación como crimen de guerra; supuso la creación de diversos instrumentos políticos y normativos, planes nacionales y nuevas figuras, como el Representante Especial del Secretario General sobre la Violencia Sexual en los Conflictos, entre otros avances. Sin embargo, dos décadas después de su adopción, organizaciones de mujeres, investigadoras y expertas lamentan que su potencial está lejos de haberse alcanzado y son muchos los retos pendientes, particularmente en un contexto internacional de pandemia, emergencia climática y militarización. 

Se estima que entre 1992 y 2018, las mujeres representaron el 13% de las negociadoras y solo el 4% de las firmantes de acuerdos de paz. En una carta promovida por el Grupo de Trabajo de ONG sobre Mujeres, Paz y Seguridad con motivo del aniversario y dirigida a los representantes permanentes ante la ONU, más de 500 organizaciones exigen “la participación plena, igualitaria y significativa de las mujeres en todos los aspectos de paz y seguridad” y que la agenda se implemente en su totalidad.

8.     Arguineguín, “el muelle de la vergüenza”

Cuando a finales de julio, un primer grupo de personas pasó más de 16 horas a la intemperie sobre el cemento del muelle de Arguineguín, pocos podían imaginar entonces que la imagen del muelle, convertido más tarde en un campamento para migrantes, acabaría dando la vuelta al mundo. Pensado para albergar a 400 personas, en él llegarían a hacinarse a lo largo de cuatro meses hasta 2.600 en condiciones deplorables. El llamado “muelle de la vergüenza”, pasará a la memoria de este 2020 como icono del fracaso de la política migratoria española en un año especialmente complicado para Canarias.

Hace un año que la ruta de África a Canarias comenzó a reactivarse. El contexto particular de este 2020 no ha detenido el aumento del flujo migratorio. Según cifras del Ministerio del Interior, hasta el 15 de diciembre, 21.452 migrantes llegaron a Canarias por vía marítima. En 2019 lo hicieron 2.168. Recientemente, ACNUR advertía de que la ruta canaria se ha convertido en la más mortífera para los refugiados, prueba de ello son los datos presentados este martes por Caminando Fronteras. La organización ha contabilizado 1.851 muertes, el año “más trágico”.

2020 ha evidenciado la descoordinación por parte del gobierno y sus ministerios a la hora de gestionar los flujos migratorios. Arguineguín iba a ser una solución de “emergencia” que acabó alargándose cuatro meses, sin las garantías sanitarias necesarias en plena pandemia. A finales de noviembre, el Defensor del Pueblo visitó el muelle y pidió a Interior su “cierre inmediato”. Las denuncias de ONG de que en él se vulneraban los derechos fundamentales de los migrantes fueron constantes. El 30 de noviembre el campamento se desmanteló.

Este año ha puesto de manifiesto también la necesidad de disponer de una red de acogida estable ante el aumento del flujo para evitar improvisaciones como las que se han ido sucediendo a lo largo de los meses. Durante el estado de alarma se cedieron espacios educativos y deportivos. La desescalada y el retorno a las aulas empujaron a Interior a recurrir los complejos hoteleros, vacíos por la caída del turismo. Lo último, un plan de emergencia que prevé habilitar al menos siete campamentos en diferentes puntos de Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura, para acoger a 7.000 migrantes y el objetivo de crear instalaciones estables en 2021. Mientras, como telón de fondo, el discurso del odio va calando entre la población. “¡Nos están convirtiendo en una panda de xenófobos!”, decía un vecino de Arguineguín a elDiario.es.

9.     El Sáhara Occidental, en pie de guerra en medio del olvido

El 14 de noviembre el Frente Polisario declaró el estado guerra en el Sáhara Occidental al considerar rotos los acuerdos de paz de 1991. Era la respuesta saharaui a la última escalada de las tensiones con Marruecos. El día anterior, el ejército marroquí había lanzado una operación militar sobre Guerguerat donde, desde el 21 de octubre, alrededor de medio centenar de refugiados saharauis residentes en los campamentos de Tindouf bloqueaban el paso fronterizo entre el Sáhara Occidental y Mauritania, zona de tráfico de mercancías hacia África Occidental.

La tensión en Guerguerat se remonta a años atrás, cuando Marruecos comenzó a construir una carretera asfaltada. Para el Polisario, esto suponía una violación del derecho internacional y, desde entonces, civiles saharauis comenzaron a organizar manifestaciones pacíficas en protesta con el fin de recordarle a la comunidad internacional su compromiso incumplido de celebrar un referéndum de autodeterminación.

El anuncio de la guerra fue recibido en los campamentos, según contaron fuentes del Frente Polisario a elDiario.es, con “euforia y satisfacción”. Generó una movilización voluntaria “masiva” de jóvenes mayores de 18 para alistarse en el ejército, hartos de esperaruna solución que no llega, del abandono y olvido en el que ha caído el conflicto y ante una potencia administradora, España, que sigue mirando a otro lado.

Desde entonces se han sucedido los enfrentamientos entre las fuerzas militares marroquíes y las saharauis. Este mismo lunes, la agencia de noticias saharaui SPS publicaba el 46º parte de guerra, con los ataques que el Ejército Popular de Liberación Saharaui dice haber realizado. En medio de las tensiones, el presidente Trump, que abandonará el cargo el 20 de enero, anunció el reconocimiento de la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental. Mientras, Human Rights Watch denunciaba hace unos días la represión de las fuerzas de seguridad marroquíes sobre activistas saharauis, incluyendo allanamientos de hogares y detenciones arbitrarias de hombres, mujeres y menores, algo que las autoridades alauitas niegan.

10.     #BringBackOurBoys, Boko Haram libera a 344 estudiantes secuestrados

El 11 de diciembre, un grupo de personas armadas con rifles de asalto irrumpieron en un centro de educación secundaria de Kankara, en el estado de Katsina, al norte de Nigeria, secuestrando a más de 300 estudiantes. Cuatro días más tarde, el líder de Boko Haram, Abubakar Shekau, se atribuía la acción “para promover el islam (…) ya que la educación occidental no es el tipo de educación permitida por Alá y su santo profeta”. 

El secuestro, la primera gran operación del grupo yihadista en el noroeste de Nigeria, reavivó los fantasmas de 2014, cuando Boko Haram capturó a 276 niñas en un internado de Chibok, en el noreste del país, de las que todavía a día de hoy se desconoce el paradero de más de un centenar.

Si aquel secuestro masivo impulsó en todo el mundo el movimiento #BringBackOurGirls, tras el de los chicos de Kankara, según AFP, decenas de manifestantes, incluidos familiares de los secuestrados, acudieron a Katsina, la capital del estado, y se reunieron ante la casa del gobernado con el lema #BringBackOurBoys, que se extendió rápidamente en las redes sociales.

El jueves, 17 de diciembre, 344 chicos fueron liberados en un bosque del estado vecino de Zamfara sin que haya trascendido si ha habido un pago de rescate, algo que las autoridades nigerianas han negado y que extraña a los expertos. Tampoco se sabe con certeza si han sido liberados todos los niños que fueron capturados.

“Una catástrofe”. Es la expresión que más repite al teléfono desde Marrakech el joven Chafiq Lafrid, un marroquí de 33 años que nunca había imaginado que su vida podía romperse del modo en que lo hizo la pasada Nochevieja.

“Iba a mi casa de regreso de una fiesta en una discoteca cuando una moto, hacia las 2:30 de la madrugada, golpeó el retrovisor izquierdo de mi coche. No me pude parar inmediatamente porque venían otros vehículos detrás, así que di media vuelta un poco más adelante y regresé al lugar del accidente”, recuerda en una conversación con eldiario.es.

Chafiq iba maquillado y vestido de mujer. Por eso, cuando la Policía le ordenó que saliera del coche, les suplicó que no le obligaran. “No puedo salir, hay mucha gente, tomad la documentación pero no me pidáis que salga del coche”, les rogaba una y otra vez hasta que, ante la negativa, optaron por romper la ventanilla y sacarlo a la fuerza, según relata.

La escena de humillación que siguió, su exposición pública en plena calle, un denigrante paseo descalzo y esposado, mientras iba ataviado con su vestido ajustado de encaje azul y espalda descubierta, ha circulado ampliamente por medios de comunicación y redes sociales. “Me sorprendió la violencia de la Policía, me sacaron delante de todo el mundo, había periodistas, se pusieron a grabarme, a hacerme fotos, la gente que había allí me insultaba, me amenazaba, les decían que había que matarme”, recuerda Chafiq, que fue trasladado a una comisaría, donde permaneció alrededor de cuatro horas.

“Tomaron fotos de mi documento de identidad y al día siguiente estaba todo publicado. Aquello fue verdaderamente una catástrofe”, lamenta el joven, que todavía no entiende la actuación de “quienes se supone que deben protegernos” y ha emprendido medidas legales con el apoyo de Mohamed El Madimi, del Centro Nacional de Derechos Humanos.

“Me han violado moralmente”

Chafiq cuenta que comenzó a travestirse en 2013, después de abandonar las Fuerzas Armadas, donde sirvió durante 11 años. “El régimen militar es muy severo, no es lo mismo ser civil que militar, por eso decidí liberarme y cambiar al sector privado, yo tengo derecho a vestirme como quiera”.

Siempre ha sido consciente de que gran parte de la sociedad marroquí no acepta a los travestis y condena la homosexualidad, pero admite que nunca había tenido problemas. “He sido siempre muy discreto, aunque sabía que los problemas podían llegar, nunca imaginé esto… Mi vida ha cambiado completamente en menos de 24 horas. Todo ha cambiado”, asegura.

Hasta ese día llevaba una vida anónima y tranquila trabajando como administrativo en la recepción de una clínica privada en Marrakech. “Ahora todo el mundo sabe quién soy. Se ha publicado incluso la dirección de mi casa y algunos vecinos me han dicho que debo irme del edificio”, una vivienda que posee en propiedad. “Salgo a la calle y me insultan. Han roto mi trabajo, mi residencia aquí, mi familia… Me han violado moralmente, yo no he cometido un crimen”, denuncia.

De toda esta experiencia confiesa que lo peor ha sido el choque para la familia. “Mi familia ha roto la relación conmigo. Mi hermano me dijo que mi madre se desmayó cuando vio el vídeo. Ellos no lo aceptan”.

Chafiq estuvo en shock los dos primeros días. Escondido. Asegura que no podía responder ni al teléfono y que lo sucedido le ha afectado mucho psicológicamente, pero también ha reflexionado. Quiere buscar protección lejos de Marruecos. “No tengo que esconderme porque tengo derechos. Yo soy así y por eso no puedo continuar mi vida aquí. Si quiero seguir con mi vida siendo como soy debo irme a un país que proteja los derechos humanos. Vengo de hacer mi pasaporte. Quiero pedir asilo en un país europeo que respete a la gente, a los homosexuales, que proteja su intimidad”, afirma.

“Quedarme escondido no era la solución”

La Constitución marroquí de 2011 protege el derecho a la intimidad. Según su artículo 24, “toda persona tiene derecho a la protección de su vida privada”. No es la primera vez que una persona travestida es expuesta públicamente y agredida en Marruecos, pero lo llamativo del caso de Chafiq es la participación y complicidad de los agentes policiales.

Los cuatro implicados, dos comisarios y dos inspectores, fueron sancionados una semana después de los hechos con medidas, según un comunicado de la Dirección General de Seguridad Nacional (DGSN), que llegan a la suspensión temporal de sus funciones por “no respetar sus obligaciones profesionales” y por “no haber tomado las medidas preventivas necesarias para la protección de los datos personales”.

En los últimos años, han trascendido otros casos similares al de Chafiq. En junio de 2015, un travesti fue linchado por un grupo de personas tras ser expulsado a insultos de un taxi en una calle céntrica de Fez. La agresión también fue grabada y colgada en la red. En los vídeos se ve a la gente golpeando y propinando patadas a un chico vestido de mujer. El joven consigue incorporarse y huir, buscando refugio en un centro comercial, donde es protegido por un policía. En agosto de ese año, dos jóvenes fueron condenados a cuatro meses de cárcel por “violencia y daño intencionado” por este hecho.

En aquel entonces era ministro de Justicia Mustafa Ramid, actualmente al frente de la cartera de Derechos Humanos. Ramid aprovechó la ocasión para lanzar mensajes homófobos advirtiendo a los homosexuales que deberían evitar “provocar a la sociedad”, según denunció en su momento Human Rights Watch. Dos años más tarde, en 2017, volvía a referirse a los homosexuales con términos como “basura” o matizaba sus propias palabras calificando la homosexualidad de “asquerosidad”.

El travestismo no es un delito en Marruecos, ser homosexual, sí. El Código Penal, en su artículo 489, castiga con penas que van de los seis meses a los tres años de cárcel a quien cometa “actos contra natura con individuos del mismo sexo”. Según el último informe de la Fiscalía General marroquí, en 2017 fueron procesadas por mantener relaciones homosexuales 197 personas.

Para Betty Lachgar, cofundadora del Movimiento Alternativo por las Libertades Individuales (MALI) y uno de los apoyos clave de Chafiq durante estas semanas en el proceso de búsqueda de asilo y denuncia de su caso, “la vida de las personas LGTB es muy complicada en una sociedad tan conservadora y patriarcal como la marroquí”.

A la activista no le sorprenden los “abusos de poder” por parte de las autoridades. “Aquí, por ejemplo, la policía puede arrestar a un hombre por la calle si le parece que va maquillado o se mueve de forma femenina. Fueron los policías los que expusieron los datos personales de Chafiq y ahora todos conocen lo que él mantenía oculto”, critica.

De la noche a la mañana, la vida también ha convertido a este joven en un activista que no quiere que nadie más vuelva a pasar por su misma situación. “Quedarme escondido no era la solución. Yo soy una persona fuerte, alguien débil en mi lugar tal vez se habría suicidado. Yo he decidido hacerle frente, buscar una solución y hablar para que algo así no se repita”.

Escapar era la única manera de convertirse en “la mujer de sus sueños”. Nice lo hizo dos veces. A la misma hora. En torno a las cuatro de la madrugada. Después de la ducha con agua fría que precede al ritual a modo de anestesia. Escondida en el mismo árbol. La primera vez, con su hermana. La segunda, sola. “Sabía que si luchaba por mí, tal vez algún día podría hacer por otras chicas de mi comunidad lo que no pude hacer por mi hermana”, cuenta a eldiario.es.

Aquella primera vez tenía ocho años. Hoy Nice Nailantei Leng’ete es una joven masái de 27 que no se imagina en ningún otro empleo que no sea el que realiza para Amref Health Africa, la ONG galardonada con el Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional 2018. Trabaja como promotora de unos ritos de paso alternativos, con comunidades masái y samburu de Kenia y Tanzania. En ellos no hay “corte”, se bendicen libros.

En los últimos siete años, estiman que han salvado a unas 15.000 niñas de la mutilación genital femenina. Lejos de ser consideradas una vergüenza y deshonra para sus familias -estigma que Nice sufrió durante años- ahora son respetadas, prosiguen con sus estudios y no contraen matrimonio a edades tan tempranas. Ser la impulsora de este “movimiento”, como ella lo denomina, la ha llevado a aparecer recientemente en el listado de las 100 personas más influyentes de 2018 de la revista TIME. El camino ha sido largo.

“Si lloras durante el 'corte' nadie se casará contigo”

Las Naciones Unidas calculan que alrededor de 200 millones de mujeres en todo el mundo han sido mutiladas genitalmente, una práctica que persiste en al menos 27 países africanos, pese a ser ilegal en muchos de ellos. El último en sumarse a esta tendencia ha sido Liberia, que anunció el pasado mes de enero su prohibición, aunque solo durante un año. Gambia y Nigeria ilegalizaron la práctica en 2015.

La mutilación genital femenina está prohibida en Kenia por ley desde 2011. Según la última encuesta nacional demográfica y sanitaria, su prevalencia es del 21% en mujeres de 15 a 49 años y del 11% entre los 11 y 15 años. No obstante, se trata de una tradición arraigada entre la población masái, donde el porcentaje de mujeres que la han sufrido supera el 70%.

En su aldea natal, Noomayianat, el rito de paso o emuatare marca la transición de la infancia a la edad adulta: la extirpación del clítoris las convierte en “mujeres”. Antes de su propia ceremonia, concebida como una celebración, las niñas asisten durante un tiempo como espectadoras en una especie de entrenamiento para “ver cómo las otras niñas son fuertes”. Desde pequeñas se les inocula la idea de que no deben llorar. Por supuesto, tampoco desobedecer.

Nice lo estuvo viendo durante un año. “Quieren prepararte. No puedes llorar, ni siquiera debes moverte, tienes que ser fuerte. Si lloras durante el 'corte' entonces ningún hombre se casará contigo porque eres una cobarde”, explica.

A ella, este entrenamiento le sirvió para entender lo que no quería. “Antes de mi ceremonia había visto morir a una chica por culpa de la circuncisión, recuerdo que sangraba mucho. La mayoría de las chicas de mi edad ya no volvían a la escuela, se casaban, por eso decidí dar ese paso y luchar”.

La primera huida fue junto a su hermana mayor. Eran huérfanas y su tío había preparado el rito –son celebraciones muy costosas- para ellas y sus tres primas. Se escondieron en lo alto de una acacia durante más de dos horas. Cuando bajaron, caminaron 17 kilómetros hasta la casa de una tía materna.

“Nos dijo que estábamos creando problemas, que vendrían y nos pegarían a nosotras y a ella. Nos quedamos allí una semana. Mi tío llegó con un grupo de hombres, nos golpearon y amenazaron, que si no accedíamos a ser circuncidadas moriríamos, que traeríamos la vergüenza a toda la comunidad. Después de eso mi hermana me dijo que no podíamos estar siempre huyendo”, relata.

La segunda vez escapó sola. Su hermana le prometió que no la delataría. A ella la mutilaron. Abandonó la escuela y a la edad de 12 años se casó con un hombre mayor. Tiene tres hijos. Nice lo escuchó todo desde el árbol. En esa ocasión, decidió ir a casa de su abuelo. Lloró. Era demasiado joven, quería estudiar. Le juró que se marcharía y jamás regresaría, que acabaría convertida en una niña de la calle. La mediación de su abuelo ante su tío fue determinante, la autoridad de los ancianos es incuestionable en las comunidades masái.

Y así, año tras año, consiguió ir posponiendo el momento y continuar en la escuela. Acabó el instituto y fue a la universidad. Nice cumplió su deseo, el precio fueron la soledad, las burlas y el rechazo: “Era un mal ejemplo”.

Hasta que Amref Health África llegó a Noomayianat. Buscaban a una chica que supiera leer y escribir para participar en un programa de capacitación. A los ancianos no les quedó más remedio que elegirla. “No era la mejor opción, porque había desobedecido, pero era la única”.

“Cuando los guerreros vieron que era mujer, se fueron”

Tras la experiencia, formada en temas de salud sexual y reproductiva, comenzó a trazar su plan para acabar con esta práctica entre los suyos. En él había una pieza esencial: los hombres. “En mi comunidad son los hombres quienes toman las decisiones así que por mucho que demos información a las mujeres y a las niñas necesitamos que ellos se involucren en nuestro trabajo”, reconoce.

Decidió comenzar por los morans, los jóvenes guerreros masái, a quienes se les permite la poligamia. “Ellos son los futuros maridos, quienes te dirán que no puedes casarte por no estar circuncidada, por no considerarte una mujer”. Tardaron dos años en consentir hablar con ella. “En mi primera reunión eran 14 y cuando vieron que yo era una mujer se levantaron y se fueron. Solo quedaron dos. Pero nunca me rendí”, recuerda la activista.

Con el tiempo y la complicidad de algunos jóvenes pudo llegar a los ancianos, formar a hombres que hablaran con otros hombres y organizar debates abiertos, también con mujeres, en los que discutir cuestiones sobre desarrollo comunitario, VIH, educación sexual y poco a poco ir introduciendo el tema de la mutilación genital, el matrimonio forzado o los embarazos en adolescentes. Nice logró convencerles de que mutilar a las niñas no es bueno para el desarrollo, que es mejor educarlas.

Una vez comprendido el problema, sería más fácil encontrar solución. “Las soluciones tienen que venir desde la comunidad. Cuando les das la información y lo entienden, buscan las alternativas. Los ritos de paso alternativos surgieron desde la comunidad”, comenta.

La alternativa: de extirpar el clítoris a los libros

El problema no es la ceremonia, sino la mutilación y las consecuencias de este acto sobre la salud y la vida de las mujeres. “Queremos conservar nuestra cultura, no estamos diciendo que todo sea malo”, matiza. Los ritos de paso alternativos celebran la cultura y la identidad masái. “La fiesta es la misma, la comida, la cerveza tradicional, la gente baila, canta, llevamos los trajes rojos típicos, tan solo reemplazamos el corte por educación”, explica.

“Durante tres días, reunimos a las niñas y las capacitamos en temas de salud, educación, derechos sexuales y reproductivos y después de este proceso tenemos la ceremonia. Se bendicen libros y reciben la bendición de los ancianos. Pero en el buen sentido, no para ir a cuidar a un marido o hijos sino para convertirse en personas importantes, en la persona que quieran llegar a ser”, resalta con orgullo.

La activista reconoce que “no es fácil 100%”. “Todavía hay chicas que escapan de sus familias y acuden a nosotras, tenemos la presión de otros hombres… Eso significa que aún hay mucho por hacer”. En este sentido, Nice sueña con disponer algún día de un refugio donde poder acoger a las niñas que huyen.

“También quiero abrir una escuela para chicas y para empoderar a las mujeres, un lugar donde puedan recibir formación en actividades productivas que generen ingresos”, proyecta. Por el momento, ya está trabajando en una academia para líderes. Cada año tiene previsto capacitar a 50 niñas de las distintas comunidades con las que trabaja para que se conviertan en modelos a seguir. “Necesitamos voces jóvenes, yo no puedo seguir siendo el modelo en los próximos 40 ó 50 años”.

Veinte años después de la huida que hizo de ella un mal ejemplo para otras niñas, Nice Nailantei recorre el mundo como embajadora de la lucha contra la mutilación genital femenina. Los ancianos de su comunidad han reconocido su fortaleza otorgándole un esiere, el bastón negro que simboliza liderazgo entre los masái. Es la primera mujer en tenerlo. “Tenemos que celebrar las pequeñas victorias, apreciar los logros, por pequeños que sean. Así podremos hacer grandes cosas”.

Las chicas no montan en bici. En Irak no hay ninguna ley que lo prohíba pero es así. Todo el mundo lo sabe. También Marina Jaber, la joven artista de 25 años que ha roto esa norma. La historia comenzó hace un año como un proyecto para una instalación en un festival de arte en el que trató de responderse a la pregunta: “¿Y qué pasa si lo hago?”.

La respuesta fue descubrir que la bicicleta podía convertirse en un símbolo de libertad y emancipación, una herramienta para enfrentar a la sociedad con sus propias tradiciones y reclamar los derechos de las mujeres.

Marina Jaber siempre quiso tener una bicicleta roja, cuenta a eldiario.es desde su casa en Bagdad. Y hubo un momento en su vida en el que estuvo cerca de cumplir su sueño. Su primo tenía una, que solían compartir. Cuando, a consecuencia de la guerra, en 2004, parte de su familia se marchó del país, él le regaló la bicicleta pero su abuelo nunca se la dio. La vendió. Las chicas no montan en bici.

Marina tenía unos once años, como Wadja, la protagonista de La bicicleta verde, la película en la que Haifa Al Mansour retrató el peso de los prejuicios sobre este tema en la vecina Arabia Saudí.

Hace un año y medio pedaleó por fin sobre una bicicleta roja. Fue en Londres. “La familia de mi prometido vive en Reino Unido y fuimos a visitarles. Él sugirió que alquiláramos unas bicis. Eran todas rojas, parecían regalos de Navidad, muy bonitas”, recuerda.

—Pero yo no sé montar en bici –dudó.

—Me dijiste que solías hacerlo de pequeña.

—Sí, pero lo he olvidado.

—Hay ciertas cosas que nunca se olvidan, prueba.

Aquella experiencia la turbó, fue contradictoria. “Por un lado me sentí feliz, muy orgullosa de mí misma conduciendo una bicicleta pero al mismo tiempo no me gustó ese sentimiento. Era solo una bici, debería sentirme así con cosas importantes, no eso, y me preguntaba por qué no podía hacer lo mismo en mi país, por qué no está permitido. ¿Realmente es algo que no se acepta o es que simplemente hemos dejado de hacer estas cosas?”, se preguntaba.

“Sentí miedo, como si estuviera haciendo algo malo”

Jaber se graduó en Biotecnología y ha trabajado como nutricionista pero desde hace un tiempo se dedica a las artes. Fue en un seminario impartido por el artista alemán Fabian Knecht donde surgió la idea de recorrer las calles de Bagdad en bicicleta. Ese sería su proyecto, una instalación de fotografías y vídeo para mostrar el impacto social de la acción que se expuso en abril del año pasado en el Festival de Arte Independiente Tarkib.

El proyecto se pergeñó a escondidas de su familia. “Ni mi padre ni mis hermanos hubieran estado de acuerdo, tuve que mentirles. Ellos pensaban que yo me iba a trabajar y en realidad había dejado el trabajo para montar en bici”, cuenta.

Al principio recorrió las calles del centro, como Abu Nuwas, y de ahí fue hasta barrios más populares y conservadores donde la experiencia no fue tan positiva. Comentarios desagradables, miradas, empujones… “Sentí miedo, como si estuviera haciendo algo malo y empecé a cuestionarme qué estaba haciendo. Me decía a mí misma que no era necesario. El corazón me latía con fuerza”, recuerda.

Entonces se topó con un soldado que estaba cerrando la calle con unas vallas. Ahí reconoce que estuvo a punto de darse la vuelta, instalada en esa idea de que estaba haciendo algo malo, pero el hombre cogió la valla y le abrió el paso. “¡Sí! Eso es', me dije. 'Tengo que forzarme en esta sociedad, cómo voy a querer que las chicas se rebelen por sus derechos si yo no me atrevo a ir en bici”. Aprendió la lección.

“Tuve esa idea de cambio, que puedes hacer cosas nuevas, que una persona puede hacer cualquier cosa aunque esta no sea común. La gente tiene que acostumbrarse”, como el tendero que la miraba fijamente con gesto de desaprobación, una fotografía que se hizo viral en internet. “Después de un rato dejó de mirarme y siguió con su trabajo, yo toqué el timbre y ya no volvió a mirarme más”.

“Mis hermanos dejaron de hablarme”

Su familia no visitó esa primera exposición pero en octubre hubo una segunda muestra ampliada, con más fotografías en otros lugares. Algunas se compartieron en Instagram bajo el hashtag en árabe #Iamsociety. “Al día siguiente mis fotos estaban en todo internet”. El impacto en las redes sociales fue masivo. Marina recibió cientos de mensajes de apoyo pero también numerosas agresiones. “Mis hermanos se enteraron y dejaron de hablarme. Piensan que es como insultarles, como si los estuviera poniendo en riesgo”.

Lo que más le sorprende es la diferencia entre el mundo virtual y la vida real. “En las redes sociales todo es tan diferente. La gente real, en la calle, no tiene ningún problema pero en las redes hay tanta gente mezquina. Incluso amigos que se burlan de mí, que comparten fotos diciendo lo estúpida que soy. Eso me entristece, gente que no dice nada a la cara pero lo hacen en internet”, lamenta.

En la balanza han pesado más los apoyos. Otras chicas se han animado a usar la bicicleta, mucha gente le ha escrito expresándole su deseo de unirse a ella y, desde entonces, se organizan periódicamente paseos en bici por las calles de la ciudad. “La gente me dice que ahora Bagdad se ve mucho mejor, que les hago sentir en los setenta, cuando era habitual que las mujeres montaran en bici”.

“Bien hecho por comenzar una revolución”, le comentaban hace unos días en uno de sus perfiles en las redes sociales. Marina Jaber comparte ahí su día a día con la bicicleta, que se ha convertido en su medio de transporte. El pasado domingo, por ejemplo, subió una fotografía de su bicicleta, a la que ha bautizado como “the iron horse” (el caballo de hierro), en un aparcabicis que había instalado el dueño de una cafetería el día después de que ella le comentara que tenía problemas para dejar la bicicleta allí. Pequeños cambios cotidianos.

“Con la guerra estábamos ocupados en lo grande”

Esta experiencia ha hecho que la joven artista se plantee por qué “hay tantas cosas con las que las mujeres están de acuerdo”, por qué no es común ver a una chica haciendo deporte en público, corriendo por la calle, en las gradas de los estadios… “Pero esto no lo he hecho solo por las mujeres sino por todo lo que hemos dejado de hacer”, y admite que la guerra ha sido una de las principales razones.

“Con la guerra estábamos ocupados en lo grande, sobrevivir, tratar de mantenernos a salvo, con explosiones, con gente muriendo frente a nosotros, eso nos hizo olvidar las pequeñas cosas. Habrá quien piense que es estúpido, que no es relevante, pero son las pequeñas cosas lo que verdaderamente importa. En otros países es normal y por eso no se aprecia. Aquí en Irak sí lo apreciamos porque no es tan fácil”, destaca.

A Marina Jaber la llaman “la chica de la bici”. La popularidad también le ha abierto los ojos sobre otros problemas a los que se enfrentan las mujeres. “Empecé a recibir muchos mensajes de chicas diciéndome lo fuerte que era, y me contaban sus vidas, cómo habían sido maltratadas por sus padres, hermanos, maridos, diciéndome que necesitaban una solución, que no sabían qué hacer”.

A una de ellas la acogió en su propia casa, donde vive con su marido. “Me he dado cuenta de que tengo que hacer algo más grande. Estoy pensando en crear un refugio para mujeres maltratadas. En Bagdad necesitamos refugios seguros. Las mujeres en esta situación no pueden huir. Sé que me tomará tiempo pero voy a trabajar en ello, tengo que ofrecerles un lugar seguro”, promete con la misma certeza con la que hace un año se dijo: “Tengo que montar en bici”.

“Si nos matan, continuemos, compañeros y compañeras”, decía Berta Cáceres a Tomás Gómez Membreño. Hoy, a un año de su asesinato, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras sale a la calle bajo el lema unánime de “Berta vive, el COPINH sigue”. Y sigue, pero sin Berta, golpeado aunque firme y fortalecido en su lucha, en el que ha sido probablemente el año más difícil desde su fundación, en marzo de 1993.

Tomás Gómez asumió la coordinación general del COPINH después del 2 de marzo de 2016, el día en que dos hombres armados irrumpieron en casa de Berta Cáceres, en el municipio de La Esperanza, disparándole y acabando así con la vida de una de las voces más destacadas de la lucha por el territorio de los pueblos indígenas de Honduras.

Era una muerte anunciada. Ella misma había hablado de ello meses antes a este diario. “Sabíamos que nos iban a asesinar, a ella, a mí, antes o después, estábamos en eso, viendo de qué manera evitarlo, pero no estábamos preparados”, reconoce Gómez en conversación con eldiario.es. “Fue una pérdida muy grande para el COPINH y para el pueblo lenca, algo como convertirse de repente en un televisor que no sirve, por el que no corre la señal, qué íbamos a hacer”, se preguntaban.

Berta era una gran tejedora de relaciones, coinciden quienes la conocieron. Incansable. La lucha era su casa, dicen. A su muerte, tocaba comprobar que todo lo que había construido se sustentaba sobre cimientos firmes. Tomás explica que decidieron visitar a las comunidades para saber qué significaba el COPINH para ellas, cuál era su posición, y descubrieron que tenían claro quién había detrás del asesinato de Cáceres.

“Ahí vimos que es real ese poder popular que estamos construyendo, que estamos bien forjados, si no hubiera sido así, el COPINH habría desaparecido, 2016 ha sido nuestra gran prueba de fuego”, destaca Gómez, y vuelve a recordar las palabras de Berta: “A más represión, a más asesinatos, más lucha y organización”.

El lugar más peligroso para defender el medio ambiente

Un año después de aquel 2 de marzo, al tiempo que se celebran homenajes que recuerdan la vida de Berta Cáceres en todo el mundo, la persecución y el hostigamiento persisten. “La criminalización y las amenazas a muerte han crecido. Continúan los intentos de asesinato porque quieren callar las voces del COPINH, quieren que nos sometamos a las decisiones de la empresa privada, del poder económico y político, pero cuanto más nos intenten asesinar, más vamos a seguir luchando y defendiendo los territorios”, denuncia el actual coordinador general de la organización.

A Tomás Gómez lo han intentado matar seis veces. Él acusa al Ejército hondureño y a las empresas privadas vinculadas a los grandes proyectos. La última vez fue hace una semana. “Vinieron a buscarme a las tres de la madrugada a mi casa, asustaron a mi familia, mi esposa y mis hijos se levantaron y empezaron a hacer bulla, un perro empezó a ladrar, hubo escándalo… si no, no sé qué escenario estaría viviendo en estos momentos”, dice.

El pasado 9 de octubre dispararon contra la camioneta que conducía cuando iba camino a su casa tras una reunión. “Lo que pasa es que yo casi no denuncio mis atentados porque genero una crisis tremenda en mi familia. Eso es lo que más me preocupa”, confiesa.

Después de Berta, en el COPINH han tenido que despedir a más compañeros. Nelson García, de 35 años, líder de la comunidad de Río Chiquito, fue asesinado de cuatro disparos en el rostro el 15 de marzo cuando regresaba a su casa tras el desalojo forzoso de más de un centenar de familias lencas. Cuatro meses después, el 6 de julio de 2016, aparecía en un vertedero el cuerpo sin vida de Lesbia Yaneth Urquía, activista contra la construcción de un proyecto hidroeléctrico en el departamento de La Paz.

Hace un mes, la organización Global Witness publicaba un informe en el que señalaba que Honduras es el país más peligroso del mundo para defender el territorio y el medio ambiente. Desde el golpe de Estado de 2009, señalan, han sido asesinados 123 activistas. La cifra sigue aumentando.

El 17 de febrero, unos desconocidos mataron a José de los Santos Sevilla, maestro y líder indígena tolupán de la comunidad de La Ceiba, en el municipio de Orica. Así lo ha denunciado la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), en un comunicado en el que asegura que los pueblos indígenas de Honduras se enfrentan a “una guerra de exterminio”.

Un año sin #JusticiaparaBerta

Y todo ello en medio de la más clamorosa impunidad. Según Global Witness, más del 90% de estos crímenes queda impune. Es otra de las luchas: la justicia. A principios de febrero de este año fue detenida la octava persona en relación con el asesinato de Berta Cáceres.

Se trata de Óscar Aroldo Torres Velázquez, de 22 años. De los otros siete detenidos, dos mantienen relación con la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), la propietaria del proyecto hidrológico de Agua Zarca: Sergio Ramón Rodríguez, ingeniero ambiental y Douglas Geovanny Bustillo, antiguo jefe de seguridad de DESA; mientras que otros tres tienen vínculos con el ejército hondureño, Edison Duarte y Henry Javier Hernández Rodríguez, oficiales militares retirados; y Mariano Díaz Chávez, veterano de las fuerzas especiales e instructor de la policía militar.

La investigación del asesinato y el proceso judicial también están siendo fuertemente cuestionados. Amnistía Internacional la califica de “vergonzosamente insuficiente” porque “no ha identificado a quienes ordenaron su muerte” y por la ausencia de mecanismos eficaces de protección a los defensores y defensoras. Ello demuestra, según Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de AI, “la falta de interés de las autoridades de Honduras en que se haga justicia”.

Para el COPINH, sostiene Tomás Gómez, no habrá justicia mientras no se cumplan estas cinco premisas: “La creación de una comisión de investigación independiente, la salida del proyecto hidroeléctrico de Agua Zarca y la cancelación de la licencia ambiental a la empresa DESA, la desmilitarización del pueblo lenca, la cancelación de las 52 concesiones a proyectos en el territorio lenca, y la cancelación de la ley de minería estatal”.

Honduras parece avanzar en la dirección contraria. En pleno año electoral (en noviembre habrá elecciones presidenciales), el Congreso aprobó la pasada semana una reforma del Código Penal que ha sido comparada con la “ley mordaza” española. En ella se tipifica el delito de terrorismo y podría utilizarse para llevar un paso más allá la criminalización de las protestas y la persecución que padecen los defensores de derechos humanos. La propia Corte Interamericana de Derechos Humanos y las Naciones Unidas han alertado de los riesgos que supone para la libertad de expresión.

“Al Estado no le gusta que nosotros denunciemos”, resume Gómez. “Lo que les interesa es perpetuarse en el poder, que el poder económico esté feliz y detener las movilizaciones y las denuncias en contra del gobierno para favorecer a las empresas. Lo que interesa en este país es el derecho a despojar el territorio”.

El legado de Berta

“A Berta la asesinaron porque representaba una amenaza, una oposición fuerte para la empresa privada no solo en los medios de comunicación sino también en los territorios. Uno de los propósitos era acabar con el COPINH y eso solo podían conseguirlo matando a Berta y metiéndonos presos a nosotros”, afirma Tomás Gómez, quien denuncia el acoso y persecución que sufrió por parte de la policía en los días posteriores, en los que se le trató de acusar del crimen junto a otros compañeros de la organización.

Un año después Berta sigue presente y todavía hay a quien le cuesta “recomponerse del luto”, como a su amiga personal, la cantante y activista Karla Lara. Karla conoció a Cáceres en los años en que fue coordinadora de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos, en particular desde el año 2013, cuando se intensificaron las amenazas contra ella y tuvo que encargarse de organizar su acompañamiento.

“Berta era una caminante incansable, su pensamiento político era muy abarcador y vanguardista, era una de esas figuras que no nacen todos los días, estaba hecha de otra madera”, cuenta a eldiario.es. Tanto Karla como Tomás recuerdan su gran capacidad pero, sobre todo, la alegría. Cuenta Tomás que no olvidará estas palabras que solía decirle: “Puede que estemos jodidos pero con alegría, jamás nos van a quitar la alegría, aunque nos estén amenazando, aunque nos estén matando, la alegría hay que mantenerla”

“Berta siempre andaba contenta, era muy buena compa, muy leal y tenía una forma muy especial de demostrártelo”, rememora la autora de la canción “Que corra el río Gualcarque”, en la que homenajea a la guardiana de los ríos.

“De dónde tantas Bertas” se preguntaba Karla en la canción, que compuso cuando ella aún vivía. “Me contaron un secreto, son espíritus tan viejos, son espíritus ancestros que le dan fuerza a los cuerpos”, prosigue. Y de algún modo la letra parece cumplirse. El “Berta volverá y será millones”, el “Berta no murió, se multiplicó” que llena hoy pancartas, murales y gargantas.

“Eso es real -concluye Tomás- Berta no ha muerto. Berta se ha multiplicado. Berta nos está acompañando, nos guía, nos forma, porque Berta pasó a ser la mayor de los abuelos y abuelas lencas. Berta nos acompaña”.

El día que Kudzai Mujuru, una joven de 19 años, acudió a su clínica en Epworth –un suburbio a las afueras de Harare, la capital de Zimbabue– para asistir a una charla sobre anticoncepción, había otras 90 mujeres como ella en la sala. Kudzai había soñado siempre con convertirse en enfermera pero a los 17 años se quedó embarazada. El padre del bebé no quiso saber nada y ella tuvo que dejar su trabajo como empleada doméstica, con cuyos ingresos pretendía costear los estudios.

Ese día, Kudzai eligió un implante anticonceptivo hormonal que la mantendrá protegida contra embarazos no deseados durante cinco años. “Quiero empezar a planificar otra vez mi futuro, buscar un trabajo y volver a la escuela. Quedarme embarazada otra vez lo arruinaría todo”, dijo al personal de Marie Stopes International (MSI), la organización que le ofreció gratuitamente esos servicios gracias a la financiación de USAID, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, el principal donante mundial en los últimos años para programas de salud reproductiva.

Solo en Zimbabue, los fondos de USAID han permitido a Marie Stopes International evitar anualmente, según sus cálculos, más de 92.000 embarazos no deseados, 27.400 abortos inseguros y 300 muertes maternas. Ese trabajo dejará de estar garantizado con la decisión de Donald Trump de prohibir la financiación en el extranjero de programas de salud reproductiva en los que se acepte el aborto.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 225 millones de mujeres en países empobrecidos querrían evitar embarazos no deseados pero no utilizan ningún método anticonceptivo, bien por dificultades de acceso o por falta de información y desconocimiento sobre los mismos.

El Instituto Guttmacher y el Fondo de Población de Naciones Unidas estiman que, cada año, se producen 74 millones de embarazos no deseados y unos 36 millones de abortos. De estos últimos, según la OMS, 21 millones son abortos inseguros que provocan el 13% de las muertes maternas en el mundo.

El decreto de Trump corta los fondos para planificación familiar a las organizaciones no estadounidenses que suministren servicios de aborto seguro, ofrezcan información, hablen del aborto o aboguen por su legalización, incluso cuando utilicen otros fondos privados para estos programas.

Los efectos de esta medida sobre la salud reproductiva de millones de mujeres serán “devastadores”, advierten las ONG, y supondrán un dramático retroceso tras años de mejora en el acceso a servicios de salud básicos en todo el mundo.

Dos grandes organizaciones, que ya han hecho público su rechazo a la norma, verán especialmente esquilmada su capacidad de acción. Se trata de las británicas IPPF (International Planned Parenthood) y Marie Stopes International. IPPF, que cuenta con una red de organizaciones afiliadas en 172 países, prevé una pérdida de 100 millones de dólares en ayudas.

Marie Stopes calcula que durante el primer mandato del Gobierno de Trump (2017-2021) el coste de la pérdida de sus servicios puede resultar en 6,5 millones de embarazos no deseados, 2,1 millones de abortos inseguros y casi 22.000 muertes maternas.

Para la directora y vicepresidenta de MSI, Marjorie Newman-Williams, eliminar el aborto del conjunto de cuidados reproductivos pondrá en riesgo la vida de las mujeres: “Los intentos de frenar el aborto a través de leyes restrictivas o negando la ayuda para la planificación familiar nunca funcionarán porque no eliminan la necesidad de las mujeres de abortar”. El impacto “será catastrófico y serán las mujeres de los países en desarrollo quienes tendrán que pagar el precio”.

Peligrosa para la salud en Uganda

Peter Ibembe es médico y director de Programas en Reproductive Health Uganda (RHU), la principal organización que presta servicios de planificación familiar en el país desde 1957, miembro a su vez de IPPF. En conversación telefónica con eldiario.es, confirma las consecuencias inmediatas de la ley en un país en el que USAID es el mayor donante en el área de derechos y salud reproductiva.

“En los próximos meses se reducirán muchos de los suministros anticonceptivos que ofrecemos y eso será terrible. Algunos de nuestros programas no podrán continuar o tendremos que reducir su alcance. No seremos capaces de llegar a tanta gente como nos gustaría”, explica.

Uganda tiene una de las tasas de crecimiento de la población más altas del mundo, por encima del 3% anual, según el Banco Mundial. “La población ugandesa se dobla cada veinte años y eso no es sostenible. Casi el 80% tiene menos de 30 años y más de la mitad de la población es menor de 15”, apunta Ibembe. Las mujeres ugandesas tienen una media de seis hijos, y una de cada cuatro adolescentes es madre de uno o dos bebés. En este contexto, RHU ofrece cada año más de dos millones de servicios reproductivos integrales.

La ley “es peligrosa para la salud de la población ugandesa a corto y largo plazo. Si la financiación se reduce, entraremos en crisis y tendremos que tomar decisiones muy difíciles, a quién ofrecer cuidados y a quién no”, sostiene este médico.

Ibembe avanza que no serán capaces de prevenir infecciones o educar a las comunidades del modo en que lo vienen haciendo. “Afectará a los programas de planificación familiar, en particular los dirigidos a población joven, comunidades vulnerables y refugiados. Tendremos que reducir servicios como el control del VIH, cuidados postaborto o detección del cáncer de cuello de útero”, detalla.

A largo plazo, advierte, “será contraproducente para los países occidentales porque los niveles de pobreza aumentarán, lo que incentivará a más personas a migrar a Europa y América”.

“Si no hago algo, me quedaré embarazada y moriré”

La prohibición no es nueva. Se impuso por primera vez bajo la presidencia de Ronald Reagan en 1984. Desde entonces, se ha ido revocando y restituyendo según ostentaran el poder gobiernos republicanos o demócratas. Fue George W. Bush el último en restablecerla en 2001. A su llegada a la Casa Blanca, Barack Obama volvió a anularla.

Diversos estudios e informes realizados entonces han demostrado el impacto negativo sobre la salud de las mujeres que ya ha tenido en el pasado, particularmente en países del África subsahariana. “Es como si estuviéramos en medio de una partida de ping-pong –ironiza Ibembe–, y la realidad es que nos afecta y cuesta vidas”.

En Etiopía, por ejemplo, el bloqueo de fondos ha supuesto el cierre de clínicas y la pérdida de suministros anticonceptivos, equipamiento y personal especializado. Banchiamlack Dessalegn es directora de Programas USAID para Marie Stopes Etiopía. Desde hace seis años, cuenta a eldiario.es, USAID financia proyectos de acceso a la planificación familiar para mujeres en zonas remotas del país.

“Se trata de mujeres que no saben nada sobre contracepción y planificación familiar, el 70% de ellas no ha ido a la escuela y tienen una media de 6,3 hijos. Organizamos reuniones con ellas y con los hombres, tratamos de educarles en los distintos métodos anticonceptivos y conectarles con los servicios asistenciales”, explica.

El año pasado atendieron a 800.000 mujeres etíopes. Ahora, no sabe durante cuanto tiempo podrán mantener esos programas. “No sabemos qué va a pasar”, reconoce. Para Dessalegn, el impacto de la planificación familiar para estas mujeres es transformador. “Ves mujeres que tienen 10 o 12 hijos a las que les cambia la vida cuando descubren que existen formas de prevenir los embarazos”, destaca. Y recuerda especialmente la historia de una de ellas.

Era una de las asistentes a una reunión sobre planificación familiar que tuvo lugar cerca de Addis Abeba. Con lágrimas en los ojos, cuenta, rogaba que la ayudaran ese mismo día. De las nueve veces que la mujer había estado embarazada, seis terminaron en abortos con sangrados graves. El último la había mantenido hospitalizada durante una semana y los doctores ya le habían advertido de que, si volvía a quedarse embarazada, su vida correría serio peligro.

Les contó que su marido era camionero y que esa misma noche volvía a casa, no podía negociar tener sexo. “Si no hago algo hoy, me voy a quedar embarazada, y si me quedo embarazada, moriré”, les dijo. A Banchiamlack Dessalegn esta historia le enseñó lo crucial que puede llegar a ser tener acceso a los anticonceptivos.

“Luchamos contra el aborto inseguro en Nepal”

Amu Singh Sijapati es presidenta de la Asociación de Planificación Familiar de Nepal (FPAN), activa desde 1959, con un personal de 480 personas y más de 11.000 voluntarios. “Llevamos muchos años trabajando en los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres y jóvenes, luchamos contra el aborto inseguro, por eso estamos en contra de esta ley, porque no apoya los derechos de las mujeres”, expone a eldiario.es desde Katmandú.

En Nepal, el aborto está legalizado pero las mujeres no siempre pueden acceder fácilmente a él.

“Los recortes en las ayudas supondrán que no podremos administrar clínicas comunitarias o unidades móviles, ni educar a trabajadores sanitarios. Perderemos personal médico”, lamenta. Recuerda que en 2001, tras la decisión de George W. Bush, se perdieron 112 puestos de trabajo. Para evitarlo, deberán buscar donantes alternativos. “Esperamos que otros países apoyen nuestro trabajo”, confía.

En India el aborto también es legal. Sin embargo, de los once millones de abortos que se practican en el país cada año, cinco millones son inseguros, explica a eldiario.es Vinoj Manning, director ejecutivo de Ipas Development Foundation India (IDF).

En IDF trabajan para promover el acceso al aborto seguro y reducir la mortalidad materna. La prohibición dictada por Trump no les afecta directamente porque no reciben fondos de USAID, pero Manning afirma que sí tendrá un impacto en el país, en especial sobre las mujeres de las zonas rurales.

“Aunque sea legal, las organizaciones ya no podrán hablar del aborto y el acceso al aborto seguro es muy limitado para las mujeres rurales. Está estigmatizado. Las mujeres no hablan sobre planificación familiar abiertamente, piensan que el aborto es ilegal y eso las lleva a buscar abortos poco seguros. Ahora el estigma social será todavía mayor”, vaticina.

Pero los efectos de esta norma no preocupan solo fuera de Estados Unidos. Kiki Kalstein es analista política en Pathfinder International, una de las más de 130 organizaciones que integran una coalición contra la prohibición. Reconoce a este diario que aunque su restablecimiento “era algo esperado”, están muy decepcionadas.

“Se trata de una ley perniciosa que ahora, además, ha sido ampliada y tendrá mayores impactos de los que ha tenido en el pasado sobre la capacidad de las mujeres en todo el mundo de acceder a los cuidados sanitarios que necesitan”, concluye.

Antes de saltar al campo, cada jugadora mete los dedos en una caja con arena del Tíbet y los pasa por su frente. Les recuerda quiénes son. Jóvenes tibetanas en el exilio, apátridas pero, de algún modo, poderosas: son las primeras mujeres futbolistas del Tíbet, las primeras que han representado a su país internacionalmente. Las Leonas de la Nieve, como se conoce al equipo del Tibet Women's Soccer, han hecho del fútbol su propia revolución, personal y política.

“Para ellas jugar al fútbol es un acto de protesta no violenta. Salen y juegan por el Tíbet. Es su manera de decir 'el Tíbet es un país'. Creo que tienen más pasión que cualquier otro equipo nacional del mundo”, cuenta por videoconferencia la estadounidense Cassie Childers, fundadora del primer equipo de fútbol nacional de mujeres tibetanas. La idea surgió en 2010.

Childers, de 34 años, viajó por primera vez a India a la edad de 21. El país le fascinó de tal manera que cuando acabó sus estudios universitarios, dos años más tarde, llenó una mochila y, con la intención de estudiar budismo, se instaló en Dharamsala, la capital del gobierno tibetano en el exilio, en el Estado de Himachal Pradesh, al norte del país.

“Me quedé seis meses y empezó a interesarme, más que cualquier otra cosa, el movimiento político tibetano. Siempre que podía, en vacaciones, volvía a Dharamsala y con los años, me di cuenta de los numerosos problemas a los que se enfrentan las mujeres tibetanas, la violencia doméstica, la falta de oportunidades con respecto a los hombres”, recuerda.

En el verano de 2010, los tibetanos también seguían enloquecidos el Mundial de Sudáfrica, el mismo que situó a la selección española en el Olimpo del fútbol. Fue ahí cuando supo que existía un equipo nacional de fútbol masculino pero que este deporte era inaccesible para las mujeres. “Se me ocurrió en dos segundos: voy a trabajar por este problema social y voy a ayudar al movimiento político tibetano creando un equipo femenino. Así empezó todo”.

Regresó a Estados Unidos, renunció a su trabajo como profesora en un instituto y durante un año planeó el programa Tibet Women's Soccer, una iniciativa que echó a andar en un primer momento con el apoyo de sus familiares y amigos y el beneplácito de la Asociación Nacional de Deportes del Tíbet (TNSA, por sus siglas en inglés), el organismo oficial. Aunque las facilidades iniciales se transformarían con el tiempo.

“¿Qué sentido tiene que las chicas jueguen al fútbol?”

El primer desafío fue romper el estereotipo de que el fútbol era solo cosa de chicos. “¿Qué sentido tiene que las chicas jueguen al fútbol?”, le decían una y otra vez a Childers. 27 adolescentes de entre 12 y 17 años participaron en un campamento de un mes. “Fue un gran experimento y un misterio porque ni siquiera sabíamos si iban a querer jugar”. En sus mentes no cabía esa posibilidad, nunca habían tocado un balón.

“Estaban muertas de miedo, eran muy tímidas, dolorosamente tímidas, les daba miedo hablar, incluso mirarme a los ojos. Pero la magia llegó rápidamente”, dice. Por las mañanas trabajaban temas como liderazgo, comunicación, trabajo en equipo, empoderamiento; y por las tardes jugaban al fútbol sin más finalidad que divertirse.

“Al final del mes es como si hubieran florecido, estaban totalmente transformadas, gritaban, se reían, se habían abierto por completo”. El experimento funcionó, las chicas querían jugar y, además, beneficiarse de ello. Crear un equipo nacional no solo sería bueno para ellas sino también para el país, decidió entonces.

El gol que les trajo el respeto

El primer partido oficial de las chicas había provocado mucho revuelo. Corría el verano de 2012 y Cassie había acordado con los organizadores de un torneo masculino que sus leonas jugaran un partido de exhibición ante un equipo femenino de otro Estado indio.

El estadio se llenó. Unas 5.000 personas esperaban impacientes el debut de las chicas, preparados para presenciar una especie de comedia. “Para la gente era una broma, todo eran risas”, recuerda Childers. Hasta que recién comenzado el segundo tiempo, la capitana del equipo, Lhamo Kyi, marcó el primer gol de su historia y, con él, un antes y un después.

“Fueron tan valientes ese día. Jugaron un fútbol bonito, ganaron, al final podías ver el cambio en las caras de la gente. Lhamo Kyi se prepara hoy para convertirse en la primera entrenadora titulada del Tíbet.

Yangdan Lhamo y Choezom forman parte del equipo. Tienen 25 años y están estudiando en la universidad. Yangdan, centrocampista, cuenta a eldiario.es desde su casa en Dehradun que estudia Administración de Empresas y trabaja como esteticista. Choezom estudia Geografía y juega con las Leonas desde sus orígenes. Reconocen que no siempre fue fácil y que el fútbol ha cambiado su vida.

“Al principio todo eran comentarios negativos, insultos. Pero cuando empezamos a ganar torneos la gente comenzó a tenernos en consideración. De manera gradual hemos llamado la atención de nuestra sociedad y nos hemos ganado el respeto tanto para nuestro equipo como para todas las mujeres tibetanas”, destaca Choezom.

“Dadnos el dinero para los equipos de hombres”

El éxito y los reconocimientos no llegaron solos. El equipo funcionaba, jugaba contra los mejores conjuntos estatales y universitarios de la India y ganaba, llegaban invitaciones de todo el país, empezó a llamar la atención de los medios de comunicación y patrocinadores. Con el dinero, llegaron también los problemas.

“En 2014 la Asociación Nacional de Deportes del Tíbet me dijo que el equipo de mujeres se debía cancelar, que tenía que darles todo el dinero a ellos porque los equipos masculinos no tenían fondos”, recuerda Childers quien, durante meses, peleó con ellos sin lograr hacerles cambiar de opinión.

Las relaciones fueron a peor. Asegura que empezó a recibir amenazas y decidió cambiar su residencia de Dharamsala a Dehradun. Tibet Women's Soccer se desvinculó de la TNSA, hubo una campaña mediática contra ella por denunciar la corrupción en el seno de la organización. “Trataron de intimidar a las chicas, les dijeron que no vinieran conmigo, pero lo hicieron. Fue un gran acto de desafío porque las mujeres tibetanas no desobedecen a la autoridad masculina. Ellas tomaron su propia decisión y el equipo continuó. Ahora tenemos nuestra ONG y las cosas van mejor que nunca”.

El fútbol como herramienta de diplomacia 

Yangdan lo tiene claro. El momento más feliz que el fútbol le ha dado fue la oportunidad de jugar contra China. En verano de 2015, una delegación de siete Leonas de la Nieve participó, por primera vez, en un campeonato internacional en Alemania, el festival Discover Football, junto a más de una veintena de países, incluido China. Nunca antes, desde que China ocupara el Tíbet en 1959, atletas de ambos países habían competido juntas.

“Sabíamos que debíamos mantenerlo en secreto”, dice Childers. Había dos razones fundamentales: si se enteraban, la Asociación Nacional de Deportes del Tíbet no les permitiría ir y China, por su parte, no enviaría a su equipo. Conseguir autorización del Gobierno indio para que pudieran viajar les costó un mes. “Viajar no era fácil porque no tienen nacionalidad oficial, no tienen pasaporte”, explica. Solo cuando estaban subidas en el avión se lanzó el comunicado de prensa que lo hizo público.

Phuntsok Dolma, Sherap, Yangdan Lhamo, Norzom, Yangzom, Dasel y Sonam Penyang aterrizaron en Berlín el 27 de junio. Era la primera vez que un equipo de deportistas tibetanas viajaba al extranjero. “Cuando llegaron las chinas fue uno de los momentos más increíbles de mi vida. Estábamos en el estadio, esperando, las chicas se miraron unas a otras y dijeron: 'Vamos a darles la bienvenida'. Se levantaron y mientras salían de la furgoneta empezaron a abrazarlas y a saludarlas en chino. Las chinas no entendían nada”, cuenta Childers.

Yangdan Lhamo fue una de ellas. “Nos preguntaron si veníamos del Tíbet y les dijimos que no, que veníamos de la India. Entonces nos decían que si éramos tibetanas por qué veníamos de la India y les explicamos que en el Tíbet no tenemos libertad y que estábamos en la India en el exilio. Nos preguntaron que por qué no teníamos libertad y les dijimos que porque China nos la había quitado. Las chicas no sabían nada sobre el Tíbet”, dice la joven.

“El fútbol tiene un impacto político –reconoce Choezom–, hacer que la gente sepa que existe una nación llamada Tíbet y que somos una nación diferente de China. China es China. Tíbet es Tíbet”, resume. Para la fundadora de Tibet Women's Soccer, la experiencia en Alemania le demostró que “los tibetanos y los chinos pueden estar juntos y aprender unos de otros”.

El hecho de que sus Leonas salgan de la India y jueguen en otros países es también una forma de contar la historia del Tíbet. Poder hacerlo con reconocimiento oficial de la FIFA es uno de sus sueños y el de sus jugadoras. Hasta el momento, la FIFA ha reconocido a 23 naciones no soberanas, entre las que se incluye Palestina. Aún no se ha producido en el caso del Tíbet.

Mientras llega o no ese reconocimiento, ellas piensan seguir jugando y aprovechando esa dualidad que les aporta el fútbol. “No juego por mí, juego por mi país”, sentencia Yangdan. Pero para llegar hasta ahí, han cambiado muchas cosas y ella misma lo reconoce. “Ya no soy tímida, ya no tengo miedo de nadie, el fútbol me ha dado confianza, felicidad. Ahora puedo hablar con cualquiera, puedo mirar a la gente a la cara y puedo compartir mis sentimientos”.

Seis años después de aquel Mundial de Sudáfrica, la fundadora de Tibet Women's Soccer dice haber aprendido una lección: “Las mujeres tibetanas están preparadas para su propia revolución”. 

“Ganamos, ganamos”. La voz del defensor Rubén Herrera suena, al otro lado del teléfono, entre satisfecha y cansada. Este miembro de la comunidad de Santa Cruz de Barillas, al norte de Guatemala, es uno de los 21 líderes indígenas que han sido encarcelados en los últimos años por oponerse a un proyecto hidroeléctrico de la transnacional española Ecoener-Hidralia sobre el río Cambalam.

La historia de Rubén Herrera explica la historia del impacto de la gallega Ecoener-Hidralia sobre los pueblos mayas Q’anjob’al, Chuj, Akateko y Popti’ de Santa Cruz de Barillas; las consecuencias de ocho años de resistencia y una particularidad que hace que este caso sea paradigmático: el proyecto nunca se ha llegado a ejecutar. La comunidad ganó, pero no está todo hecho.

La organizaciones Alianza por la Soidaridad, Amigos de la Tierra y Mujeres de Guatemala iniciaron hace ahora un año una campaña que culminó el pasado 3 de noviembre con la entrega de 23.000 firmas al embajador de Guatemala en España, Fernando Molina Girón, para exigir la retirada definitiva de Ecoener-Hidralia del país.

Unos días antes, Arturo Pablo Juan, miembro del Movimiento Social en Defensa de la Vida y los Bienes Naturales —encarcelado durante un año y cinco meses por su oposición al proyecto—, expuso los costes de la presencia de la empresa española ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. La reunión se enmarcaba en la segunda sesión del Grupo de Trabajo por un Tratado Vinculante sobre Transnacionales y Derechos Humanos. “Un tratado internacional e incluyente puede contribuir a la erradicación de estas injusticias”, dijo.

Ecoener-Hidralia se estableció en Guatemala en 2008, a través de su empresa subsidiaria Hidro Santa Cruz, encargada de ejecutar el proyecto Cambalam I. Este consistía en el aprovechamiento de un salto natural de agua del río Cambalam, una cascada de 272 metros de altura ubicada en Santa Cruz de Barillas.

Ignoraban que la población mantiene una conexión especial con este lugar. “Esas cataratas son un centro cultural, allí se llevan a cabo ceremonias, Cambalam significa Tigre Dorado”, explica Herrera. La empresa pretendía construir una pequeña central eléctrica con potencia de 4,96 megavatios, con una concesión de explotación para 50 años, señala un informe de Alianza por la Solidaridad.

Pese a que Guatemala ha ratificado el Convenio 169 de la OIT que reconoce el derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa, libre e informada, y la Constitución guatemalteca establece la preeminencia de los instrumentos internacionales, el país no ha articulado los procedimientos para realizar esas consultas. Según denuncian desde entonces, la población de Santa Cruz de Barillas no recibió ninguna información ni fue consultada.

La criminalización como estrategia

A mediados de 2009, operarios de la empresa empezaron a hacer mediciones, se compraron y alquilaron tierras alrededor del río y comenzaron los problemas. “Lo que hicieron fue desembarcar allí teniendo los acuerdos o el beneplácito de las autoridades de Guatemala, y entendiendo que iban a hacer el bien porque iban a generar energía eléctrica y que nadie se iba a oponer”, relata Almudena Moreno, coordinadora de Desarrollo Local Sostenible en Alianza por la Solidaridad. eldiario.es se ha puesto en contacto con Ecoener Hidralia para conocer su posición pero no ha recibido ninguna respuesta.

El director ejecutivo de Ecoener en Centroamérica y gerente de Hidro Santa Cruz, Fernando Rodríguez, reconoció el año pasado en un vídeo que no hicieron las cosas bien. “Es cierto que en un primer momento quizás no supimos entender bien cómo funcionan las cosas y nos equivocamos”, admitió entonces.

En aquella época, Rubén Herrera formaba parte de una asamblea en Huehuetenango responsable de llevar a cabo consultas comunitarias en defensa del territorio. En sus consultas propias, la comunidad rechazó la presencia de la empresa española, que ya había vallado las tierras e introducido maquinaria.

Fue el origen de enfrentamientos entre locales y trabajadores, y de las primeras órdenes de captura por denuncias como atentar contra la propiedad privada y detención ilegal. Una de estas órdenes fue contra Rubén Herrera. “Desde 2009 empezó una persecución en contra de mi persona y otros líderes, la criminalización es una estrategia para implantar como sea los proyectos, las empresas no quieren oposición”, constata.

Entre 2011 y 2014, apunta Almudena Moreno, se han emitido más de 50 órdenes de captura. “Todo el aparato del Estado se ha volcado en criminalizar a los líderes comunitarios que defendían su territorio y su río”, explica. “La empresa actuaba a través de sus trabajadores, que empiezan a interponer denuncias acusándoles de todo, de terrorismo, posesión ilícita de armas, secuestro, atentados contra la seguridad de la nación…”.

La investigación publicada con el apoyo de varias organizaciones sociales en junio de este año “Hidroeléctricas insaciables en Guatemala” recoge de manera pormenorizada las irregularidades cometidas en los procesos judiciales contra estos líderes comunitarios. “Un dato curioso, el abogado de los trabajadores era casualmente el mismo abogado de Otto Pérez Molina [ex presidente de Guatemala, en prisión desde septiembre de 2015 por delitos de corrupción]. ¿Cómo podían pagarlo? La misma empresa reconoció que tenían que echarle un cable a sus empleados”, puntualiza Moreno.

“La vida se rompe”: el miedo y las secuelas del conflicto

La tensión fue en aumento, a medida que crecía también la división entre la propia comunidad. En 2011, con dos órdenes de captura sobre él, Rubén Herrera tuvo que salir del municipio. “Abandoné todo, mi trabajo, mi casa… hasta que me detuvieron”. Lo encarcelaron el 14 de marzo de 2013 y permaneció preso hasta el mes de agosto de ese año.

Su mujer, Cecilia Mérida, recuerda aquellos meses: “La vida se rompe. Y esta no es solo nuestra experiencia. Por cada uno de los compañeros que han estado presos, y son 21, hay 21 compañeras de vida que han tenido que pasar ese mismo calvario”. Los últimos siete líderes encarcelados fueron puestos en libertad el pasado agosto, después de que Hidro Santa Cruz renunciara como querellante en el proceso penal.

Según la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos en Guatemala (UDEFEGUA), en 2015 hubo 493 agresiones a líderes ambientales y comunitarios y 13 personas fueron asesinadas.

“Nos toca luchar de otra manera, hacer que ellos recuperen su libertad, nosotras decimos que también nos volvimos presas políticas porque nos vimos obligadas a hacer cosas que ni siquiera imaginamos, dar esta lucha tan férrea frente al sistema de justicia”, añade Mérida.

El año 2012 marcó un punto de inflexión. “Ahí la vida sí que nos cambió”, reitera Cecilia. El 1 de mayo de ese año es asesinado Andrés Pedro Miguel, uno de los líderes comunitarios. El gobierno decretó el estado de sitio en Santa Cruz de Barillas durante 18 días. “Todo eso provocó un nivel de violencia muy alto, e implicó la remilitarización del municipio y que mucha gente huyera”, relata.

“Hay que entender que nosotros veníamos de un proceso de recuperación, de reconstruirnos de las secuelas del conflicto armado, entonces llega Hidro Santa Cruz y empieza a confrontar y dividir a las comunidades, a meter miedo otra vez, un miedo que estaba muy latente todavía y cercano en la vida de las personas. Eso generó mucha conflictividad y rompió el trabajo por el que estábamos luchando”, subraya Cecilia.

“El proyecto nunca funcionó, por muy violenta que fue la batalla que se dieron para implantarlo. Si nosotros logramos que no entrara la hidroeléctrica, otros pueden ver en esto una esperanza para ser respetados, aunque no quisiéramos que el coste fuera tan alto. Ha habido mucho sufrimiento”.

En el saldo de cuentas pendientes, una buena parte de las culpas recae sobre el gobierno de Guatemala. “Es el primer responsable de salvaguardar los derechos de su población y en este caso no lo ha hecho, es el primero que ha fallado”, señala Moreno.

Rubén Herrera reclama que se restituya a la población. “La empresa tiene ahora que entregar las tierras que compró, porque no se han devuelto aún”, exige. Y le pide a las empresas que quieran invertir en su país que lo hagan para satisfacer las necesidades que tienen allá. “No vamos a aceptar este tipo de proyectos energéticos que son para el mercado y el enriquecimiento de algunos a costa de nuestro territorio”, advierte.

Ahora, mientras se produce el pronunciamiento oficial de la retirada de Ecoener-Hidralia de Santa Cruz de Barillas, todavía por llegar, tienen que ocuparse de otra tarea, recuperar el maltrecho tejido social de las comunidades porque, como dice, puede que la empresa se vaya pero ellos “ahí van a seguir viviendo”.

#IldefonsoLibre. Dos palabras convertidas en grito de paz y justicia durante nueve meses, el tiempo que Ildefonso Zamora, un campesino indígena tlahuica, ha permanecido preso en la cárcel de Tenancingo, en el Estado de México.

Le detuvieron arbitrariamente, acusado de robo con agravante, y le encarcelaron sin pruebas, como determinó el juez que le concedió el amparo gracias al cual pudo salir del centro hace poco más de un mes.

“Haber combatido la tala ilegal y lograr el reconocimiento y titulación de tierras para San Juan de Atzingo me ha costado muy caro”, dice Ildefonso desde su casa, en conversación telefónica con eldiario.es. Conocido en su país como “el defensor de los bosques”, lleva veinte años pagando un alto precio por su trabajo a favor del medio ambiente. El 15 de mayo de 2007 asesinaron a su hijo Aldo. 

San Juan de Atzingo es una comunidad tlahuica ubicada en el municipio de Ocuilán de Arteaga, en una zona medioambiental clave. Sus bosques son parte del Parque Nacional Lagunas de Zempoala, integrados en lo que se conoce como el Gran Bosque de Agua, una extensión de 120.000 hectáreas que alberga el 2% de la biodiversidad mundial y abastece tres cuartas partes del agua que se consume en Ciudad de México.

Las Lagunas de Zempoala han sido identificadas como una de las 15 regiones críticas de México en cuanto a tala ilegal, según la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA). El Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), estima que cada año se pierden 2.400 hectáreas del Gran Bosque de Agua, equivalente a nueve campos de fútbol.

PROFEPAUNAM

En 1998, Ildefonso Zamora denunció por primera vez la tala ilegal. “Era delegado municipal y participaba en programas de reforestación, cada día desaparecían cientos de árboles”, cuenta.

A partir del año 2000, la defensa del territorio se intensifica. Ildefonso es elegido autoridad de bienes comunales y, junto a tres compañeros, forma un grupo de vigilancia forestal y se enfoca en denunciar y documentar el problema, con el apoyo de Greenpeace México.

Ildefonso se convierte entonces en una persona que incomoda, y las amenazas contra él y su familia se hacen permanentes. En octubre de 2006, en una marcha contra los “talamontes”, taladores ilegales, le gritan desde el interior de dos vehículos: “Tienes tus días contados”. “Si no le bajas, te vamos a dar en donde más duele”.

Y le dieron. El 15 de mayo de 2007 atentan contra sus hijos, Aldo y Misael, involucrados también en la defensa del territorio. Mientras se dirigían a Ocuilán les tienden una emboscada, les obligan a bajar del coche y les disparan. Aldo, de 21 años, murió. “Ese día andaba en Toluca, gestionando el reconocimiento de la titulación de tierras y me llamaron diciéndome: ‘mataron a tu hijo’. Es algo inenarrable, no hay palabras. Mi vida y la de mi familia dio un giro de 180 grados, todo al revés, el mundo para nosotros se acabó”, recuerda.

Desde entonces, la familia Zamora pide justicia para Aldo, cuyo asesinato sigue parcialmente impune, a pesar de las promesas que le hizo el entonces presidente Felipe Calderón, cuando dos meses después le concedieron el Premio al Mérito Ecológico. Solo dos personas de las cuatro que participaron han sido detenidas. Las otras dos, los autores materiales del asesinato, los hermanos Luis y Alejo Encarnación Neri, taladores e hijos de uno de los principales cabecillas de los grupos dedicados a la tala ilegal, según Greenpeace y el Centro Prodh, permanecen en libertad.

GreenpeaceCentro Prodh

“Soy una piedra en su zapato”

En México, los ataques a los defensores y defensoras del medio ambiente han aumentado de manera exponencial en los últimos años. Según un informe del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), de las 16 agresiones que se registraron en 2011, se ha pasado a 109 entre mayo de 2014 a junio de 2015, y de las 109, 11 son asesinatos. Estas agresiones tienen que ver con proyectos relacionados con el agua, la minería, el despojo de tierras, infraestructuras o deforestación, entre otros. El Estado de México, donde vive Ildefonso, es junto a los de Sonora y Oaxaca, uno de los más afectados.

Para Zamora, la vinculación entre la tala ilegal y el poder es innegable. “Talar ilegalmente, de manera clandestina, deja buenos dividendos. Hay intereses políticos y económicos muy fuertes, son grupos patrocinados por autoridades superiores, desde arriba. Son autoridades corruptas, con conexiones, esto está muy claro”, afirma.

Pero prefiere no dar nombres. “Si denuncio, no me hacen caso, y si doy nombres, no es raro que me manden matar, me vuelvan a girar otra orden de aprehensión o me sigan manteniendo encarcelado. A mí siempre me han criminalizado, a mí y a mi familia. Siempre he sido objeto de atentados, soy una piedra en su zapato”, constata.

Este tlahuica es particularmente crítico con el actual presidente, Enrique Peña Nieto, quien fue gobernador del Estado de México cuando fue asesinado su hijo Aldo. “No es quien dice ser cuando viaja a otros países. Se lava las manos, se presenta como un presidente que cuida y respeta los derechos humanos, pero no es cierto. Desde que era gobernador guardó resentimiento contra mí, no se hizo justicia para que detuvieran a los asesinos de mi hijo, mandó varias veces a agentes ministeriales para detenerme, a sacarme de la carretera con mi vehículo”, afirma Ildefonso.

“Ojalá cuando viaje, principalmente a Europa, le pregunten por qué me criminaliza, por qué me persigue tanto. Aquí hay violaciones de derechos humanos diariamente. El presidente aplaude a su Policía federal, a su Ejército, y ellos golpean, atentan, secuestran y encarcelan injustamente a la gente. Yo lo estoy viviendo en carne propia”, añade. Denuncia con contundencia y recuerda, “solo por mencionar uno”, el caso de los 43 de Ayotzinapa, del que ahora se cumplen dos años.

“El infierno me lo fui a imaginar en la cárcel”

Para Santiago Aguirre, subdirector del Centro Prodh, una de las organizaciones que junto a Greenpeace y Amnistía Internacional ha liderado la campaña por la liberación de Ildefonso Zamora, su historia muestra un patrón que se repite en México. “Se está utilizando el sistema de justicia para inhibir la labor de los defensores, poderes locales que logran tener bajo su órbita de influencia indebida al ministerio público y eso les permite generar acusaciones penales infundadas”, dijo en la rueda de prensa celebrada tras la liberación de Zamora a mediados de agosto.

Zamora fue detenido de manera arbitraria por un grupo de entre 15 y 20 policías el 20 de noviembre de 2015, mientras estaba en su oficina en el palacio municipal de Ocuila. Faltaba un mes y pocos días para que finalizara su periodo como regidor de Turismo y Medio Ambiente. “Llegan y me golpean, fui maltratado, con golpes por las escaleras, en la camioneta me avientan igual. Una señora y su hija a las que manipularon, las aconsejaron mal o las utilizaron me denunciaron por robo con violencia”, explica. Fue directamente encarcelado en el Centro Preventivo y de Readaptación Social de Tenancingo.

Las organizaciones mencionadas se hacen cargo de su caso e inician una campaña mundial con la que logran recoger el apoyo de más de 47.000 personas. “A través de mi hija Rosario, cuando me visitaba los sábados con mi esposa, me iba informando. Recibí emails, tarjetas, sobres de países como Francia, España, Venezuela, Alemania, Panamá, Honduras, Canadá donde me manifestaban solidaridad y apoyo”, relata.

En mayo de 2016 Amnistía Internacional le nombra preso de conciencia y un mes después el Poder Judicial Federal del Estado de México le concede un amparo. Ordena que no le sometan a juicio al reconocer que se había violado su derecho a la presunción de inocencia y que no existían pruebas en su contra. El 12 de agosto, el Juzgado Quinto de Amparo ratifica la sentencia y Zamora, a las ocho de la tarde, sale en libertad.

Ha pasado un mes y medio desde entonces, pero todavía recuerda esos nueve meses. “Fueron días de sufrimiento, las cárceles están llenas de gente como yo, gente inocente. Las humillaciones, vejaciones… fue una experiencia amarga, un calvario. Si soy honesto, no conozco el infierno pero me lo fui a imaginar allá, en estos meses tan llenos de angustia”.

La noche que lo liberaron hubo fiesta en su casa. Ahora, dice estar contento porque está “registrado en el planeta”. “Ahora saben que existe un hombre que se llama Ildefonso Zamora Baldomero, tlahuica de San Juan de Atzingo, municipio del Cuila. Me llena de orgullo saber que sí existo para un bien común”, confiesa.

–¿Y qué planes tiene?

–Ahorita estoy sembrando unos chícharos (guisantes), si Dios quiere a fines de noviembre, principios de diciembre ya estaré cosechando.

–¿Seguirá en la defensa de los bosques?

–Creo que nací para eso de seguir cuidando, protegiendo. Si Dios me da licencia, lo que me queda de vida, ya de forma gradual, seguiré reforestando. La tala sigue, está imparable, y yo voy a estar como árbitro, de cerca, viendo. Va a ser difícil dejar la lucha.

De proyecto artístico a dispositivo antiminas. En 2011, Massoud Hassani era un joven afgano a punto de acabar sus estudios de diseño industrial en Eindhoven. Quería que su proyecto fin de carrera fuera algo especial que, de algún modo, se conectara con su infancia en Kabul, la experiencia de la guerra y la huida de su familia a Holanda. Así nació el primer prototipo de Mine Kafon, una esfera de cañas de bambú y plástico con aspecto de diente de león diseñada para detectar y detonar minas antipersona.

Aquel invento no funcionó, pero captó la atención mundial y cosechó numerosos premios. ¿Sería posible convertirlo en un artefacto realmente útil? Los hermanos Hassani, Massoud y Mahmud, decidieron entonces crear una empresa, Hassani Design, y continuar trabajando hasta tener un dispositivo realmente funcional.

Ahora, cinco años después, Mine Kafon se ha transformado en un dron antiminas. Hace un par de semanas, finalizaba una exitosa campaña de crowdfunding que les va a permitir regresar, por primera vez en 18 años, a Afganistán y probar sobre campos de minas reales la forma, según dicen, “más segura, rápida y barata” de acabar con estas armas explosivas que cada año se cobran miles de vidas, en su mayoría civiles.

“Las minas formaban parte de nuestro día a día en Afganistán”, cuenta Massoud Hassani a eldiario.es desde su estudio en Eindhoven. “Cuando éramos niños veíamos cómo la gente perdía extremidades o moría a causa de las minas”.

Hassani pasó los diez primeros años de su vida en Kabul, la ciudad donde nació en 1983. Su madre trabajaba como ingeniera en una empresa dedicada a la construcción y su padre era el director de la escuela donde estudiaba junto a su hermano. “Las cosas empezaron a ponerse peor a principios de los noventa, en 1992 la guerra civil estalló y ya nunca cesó”, recuerda.

La familia Hassani decidió entonces huir de Afganistán iniciando un periplo que les llevó a vivir en Pakistán, Uzbequistán y, finalmente, en 1998, lograron establecerse en Holanda.

Con 22 años, Massoud comenzó sus estudios en la Academia de Diseño de Eindhoven y encontró su propio estilo como diseñador creando productos inspirados en su cultura natal. En el proceso de investigación para su trabajo fin de carrera decidió profundizar en los juguetes que inventaba de niño, aviones y otros objetos relacionados con el aire. “Así surgió la idea de transformar esos juguetes que hacía de pequeño en un nuevo producto que fuera útil para mi país”, cuenta.

“El trabajo se exhibió en Milán y llamó la atención de muchos medios. Salió en el New York Times, en revistas, pero era un proyecto principalmente artístico”, explica. “Sirvió para crear conciencia y que la gente pensara en el problema, ganó muchos premios y eso me dio confianza para seguir trabajando en nuevos prototipos. Durante varios años hemos estado investigando este tema, hablando con expertos, visitando países, organizaciones de desminado, personal de Defensa, de distintos gobiernos y en 2014 empezamos a diseñar este Mine Kafon basado en un dron”.

“Más seguro, más rápido y más barato”

En la creación del nuevo Mine Kafon ha estado implicado un equipo de 21 personas. El funcionamiento del dispositivo se articula en tres fases: mapeo, detección y detonación. El dron sobrevuela el terreno y elabora un mapa 3D del mismo. A continuación, un brazo robótico provisto de un detector de metales identifica dónde están las minas y coloca sobre ellas un detonador del tamaño de una pelota de tenis que es activado en la distancia.

Según Hassani, es “más seguro, más rápido y más barato. Los robots que se utilizan actualmente cuestan entre 75.000 y 100.000 euros mientras que fabricar este dron está entre los 4.000 y 5.000 euros”. Además, asegura que funciona 20 veces más rápido.

El joven reconoce que hay personas que trabajan en este campo que se muestran escépticas ante este sistema pero, al mismo tiempo, ha despertado un enorme interés en países afectados por la existencia de minas terrestres. “Se ha puesto en contacto con nosotros gente de Colombia, Libia, del Sáhara Occidental y también grandes corporaciones, ONG y empresas interesadas en producirlo. Eso nos da buenas expectativas para el futuro”, pronostica.

De momento, los hermanos Hassani han vuelto a llamar la atención de los principales medios de comunicación internacionales con su nuevo invento y la campaña de crowdfunding que acaban de finalizar en una conocida plataforma online no les podría haber ido mejor. Han recaudado un total de 177.456 euros de un objetivo inicial de 70.000.

“Los fondos nos van a permitir construir más prototipos y probarlos sobre campos de minas reales en Afganistán”, detalla. Si todo marcha según lo previsto, a principios de 2017, regresarán a su país natal por primera vez desde que lo abandonaran. El objetivo es demostrar que funciona.

Cada día, se estima que al menos diez personas en el mundo mueren o sufren algún tipo de mutilación por culpa de una mina, el 40% de las víctimas son niños, según datos del Servicio de Acción sobre Minas de las Naciones Unidas (UNMAS).

Afganistán es uno de los países más afectados por la presencia de minas en su territorio. El último informe del Programa de Acción sobre Minas para Afganistán (MAPA), publicado esta semana, revela que en 2015 hubo 1213 muertes relacionadas con minas y restos explosivos de guerra, un 35% más que en 2014. Alrededor de 534 kilómetros cuadrados de terreno siguen contaminados de minas, y su presencia impacta sobre la vida de 1.603 comunidades en 255 distritos del país.

Los hermanos Hassani pretenden regresar a su país con algo que lo mejore. “Nuestra visión es crear productos que sean útiles para la vida de la gente y el medio ambiente, solucionar problemas. Si lo conseguimos seremos muy felices”.

“Honestidad y recato en las mujeres, y buena opinión granjeada con estas virtudes”. Así define todavía la RAE el concepto de honor en su tercera acepción. Qandeel Baloch, nombre por el que la pakistaní Fazia Azeem era conocida en su país, había roto el esquema tradicional. La joven de 25 años se había convertido en un personaje muy popular en las redes sociales por sus fotografías y vídeos, algunos en tono provocativo, y por lanzar mensajes sobre su libertad para decidir sobre su vida. La noche del 15 de julio, su hermano, Anwar Azeem, la estranguló hasta matarla mientras dormía en casa de sus padres. “Había traído el deshonor a nuestra familia”, confesó más tarde. “Estoy orgulloso de lo que hice”.

“El caso de Qandeel no es diferente al resto de crímenes de honor. Tiene que ver con el patriarcado y las relaciones de poder. Cuando una mujer se rebela y desafía los límites del sistema, de la cultura a la que pertenece, merece ser eliminada. Qandeel lo estaba haciendo, matarla era la forma de restaurar el honor de la familia”, explica a eldiario.es la investigadora pakistaní y profesora visitante en la Universidad de Columbia, Tahira Khan, autora del libro “Beyond Honour” (Más allá del honor).

La muerte de Qandeel ha vuelto a poner el foco en Pakistán, uno de los países donde este fenómeno tiene una mayor prevalencia. Cada año, alrededor de mil mujeres son asesinadas por cuestiones relacionadas con el honor a manos de miembros generalmente masculinos de su familia. Hace unos meses, el informe anual del Consejo de Derechos Humanos de Pakistán lanzaba la cifra de 1096 mujeres y 88 hombres asesinados en este tipo de crímenes solo en 2015.

Por su parte, el Fondo para la Población de Naciones Unidas habla de unos 5.000 en todo el mundo al año. Otras fuentes la elevan a 20.000. Pero la realidad, coinciden las expertas, es la dificultad a la hora de hablar de estadísticas. “Gran parte de los casos son invisibles, las familias no dan cuenta de ellos, se cubren como suicidios, muertes naturales o desapariciones”, apunta Heather Barr, investigadora sobre derechos de la mujer para Human Rights Watch, en conversación telefónica desde Afganistán.

“La mejor definición de un crimen de honor es la de un asesinato del que alguien puede salir impune debido a la discriminación de la mujer, al sentimiento de que las mujeres son propiedad de los hombres de su familia y que por tanto se les permite controlar sus vidas hasta el extremo de acabar con ellas”, sostiene Barr.

Asesinadas por usar un teléfono móvil

Enfrentarse a un matrimonio forzado, huir de un marido violento, querer el divorcio, elegir una pareja libremente, hablar con otros hombres, cualquier aspecto relacionado con la sexualidad y el comportamiento de una mujer contrario a las normas culturales puede desembocar en un crimen de honor. Incluso el hecho de haber sido violadas o utilizar un teléfono móvil. Heather Barr recuerda la historia de una mujer que fue asesinada por su hijo porque tenía un móvil y no le estaba permitido. “Cualquier tipo de situación en la que una mujer adquiera autonomía por sí misma no es aceptable”, puntualiza.

Las mujeres son apuñaladas, estranguladas, quemadas vivas, lapidadas, rociadas con ácido, disparadas… en actos premeditados, cometidos por sus padres, esposos, hermanos, tíos o incluso miembros femeninos de la familia. A principios de junio, una mujer torturó, estranguló y quemó a su hija de 17 años, Zeenat Bibi, en Pakistán una semana después de que esta contrajera matrimonio sin el consentimiento de su familia.

“Que las mujeres se conviertan en perpetradoras se explica por la interiorización del concepto de honor. Las madres piensan que el padre tiene derecho a controlar a las hijas, así ha sido siempre, es una idea inoculada en su mente; y hay otra razón, el miedo a que también la maten a ella, el miedo de la culpa por no haberla educado bien, por no hacer que respetara el honor familiar”, detalla Tahira.

En su libro “Beyond Honour”, la autora sostiene que existen unas raíces económicas en el origen del fenómeno. Su análisis de los crímenes de honor desde el materialismo histórico propone que tras ese miedo a la autonomía de la mujer, expresado en el control de su sexualidad y comportamiento, se esconde el control de la propiedad. “En las economías rurales las familias quieren que las hijas se casen con alguien del mismo clan porque así la tierra se mantendrá en él”, apunta.

Otra razón, esgrime, es mantener la pureza de la tribu o la casta. “En India cada vez hay más matrimonios entre personas de castas diferentes y eso está generando reacciones familiares terribles. En las sociedades liberales el concepto de honor prácticamente ha desaparecido pero cuando en las comunidades pakistaníes que viven en Europa o Estados Unidos, la segunda generación decide casarse según las ideas de su entorno, la familia reacciona de la misma forma”, recalca. Esta misma semana se conocía la historia de Samia Shahid, de 28 años, una británica de origen pakistaní que fue asesinada por su familia cuando viajó a visitarles. Se había casado por segunda vez con un hombre y no estaba bien visto.

Sin castigo si el agresor es perdonado por la familia

Además de Pakistán e India, se han registrado casos de crímenes de honor en otros países del sur de Asia y Oriente Medio como Bangladesh, Afganistán, Egipto, Irán, Irak, Jordania, Palestina, Turquía, Siria, Líbano, Marruecos; en algunos países de América Latina donde la cultura del honor sigue muy presente, y entre las comunidades migrantes establecidas en países europeos como Francia, Reino Unido, Alemania, Italia o Suecia, así como en Estados Unidos y Canadá.

Según la cofundadora de la Red de Concienciación sobre la Violencia basada en el Honor (HBVA), Joanne Payton, en países con una historia reciente de guerra y conflicto armado, el número de crímenes de honor está aumentando. “Cuando el sistema social se colapsa la familia vuelve a convertirse en el núcleo de las relaciones”, sugiere.

La guerra tiene otras consecuencias. A Payton, cuenta a eldiario.es por videoconferencia, un hecho le cambió la percepción de lo que era el honor. “Durante la guerra de Irak vinieron muchas mujeres a IKWRO (Iranian and Kurdish Women's Rights Organization) huyendo de sus padres porque no querían divorciarse. Era chocante porque normalmente sucede al revés, es cuando buscan separarse cuando surgen los problemas. Lo que sucedía era que los matrimonios habían tenido lugar antes de la guerra y ya no eran válidos para las familias porque habían perdido la posición, las familias querían volver a casarlas para recuperar una buena posición”.

La mayoría de los crímenes de honor suelen cometerse contra adolescentes y mujeres en la veintena o treintena, aunque también se dan casos en mujeres de más edad, hombres homosexuales, o personas que ayudan a otras mujeres que han “deshonrado” a la familia. El pasado 5 de mayo, el cuerpo de Amber, una adolescente de 16 años, aparecía en el interior de un coche al que se había prendido fuego en la provincia pakistaní de Khyber Pakhtunkhwa, después de que una jirga, consejo de ancianos, ordenara su muerte por haber ayudado a una amiga a escaparse con su pareja para casarse sin el consentimiento de la familia.

Una de las particularidades de los crímenes de honor es el nivel de aceptación social en las comunidades y la impunidad. Que un crimen de este tipo sea percibido como algo “normal” se debe en parte a la laxitud de las leyes que, o bien imponen penas pequeñas o llegan a dejar sin castigo al perpetrador cuando este es perdonado. El pasado mes de abril, un hombre apuñaló a su hija de 16 años en Karachi (Pakistán) por utilizar un teléfono móvil. Posteriormente, el padre del agresor lo perdonó. Según la legislación actual en Pakistán, si la familia lo perdona, no hay castigo.

Otros países disponen de normas similares. Por ejemplo, en Jordania, el artículo 430 del Código Penal protege al hombre que asesina a su mujer si esta ha cometido adulterio, y el 308 perdona a un hombre que ha cometido una violación si posteriormente se casa con la víctima como forma de devolverle el honor a la familia. O en Irán, donde el artículo 630 del Código Penal permite a un esposo matar a su mujer en caso de adulterio.

Tras la muerte de Qandeel Baloch, el gobierno de Pakistán ha anunciado que presentará una ley contra los crímenes de honor en las próximas semanas y eliminará la posibilidad de perdón. No es la primera vez que se produce un anuncio de este tipo. En 2014 el senado promovió una ley contra los crímenes de honor que nunca llegó al Parlamento para su aprobación.

Cuando en febrero de este año, la directora de cine pakistaní Sharmeen Obaid Chinoy recibió un premio Óscar por su documental sobre este tema, “A girl in the River-The Price of Forgiveness”, el Primer Ministro Nawaz Sharif dijo públicamente que tomaría medidas. En marzo, el senado volvió a pasar la propuesta de ley de 2014. Seguía pendiente al tiempo que continuaron las muertes. Tahira Khan se posiciona en el escepticismo. “El esquema mental de la policía, del sistema jucidial, de los legisladores es patriarcal. Toda la cultura es patriarcal, se culpa a la víctima. Hasta que las mentalidades no cambien, las leyes no van a funcionar”, reflexiona.

“No es cosa de musulmanes”

Las expertas en el tema coinciden en destacar el riesgo de vincular unilateralmente los crímenes de honor con el Islam. Para Joanne Payton, el peligro de “seguir explicándolo como una cosa de musulmanes está en que, además de incrementar la islamofobia, no podamos reconocer a otras mujeres en riesgo, mujeres cristianas, hindúes o sijhs en India”.

“No es una cosa de musulmanes”, advierte Tahira Khan. “Desafortunadamente, este tipo de control de la sexualidad y el comportamiento de la mujer está más presente en las comunidades musulmanas, pero los crímenes de honor no son exclusivos de ellas”, enfatiza.

Para Khan las religiones son patriarcales, y esa es la base. “He encontrado países musulmanes donde este fenómeno no existe, como Malasia. Y en India, uno de los países con mayor número de crímenes de honor, los casos no suelen darse entre población musulmana. Es algo cultural y económico, es el sistema económico lo que explica las raíces del control de la sexualidad de las mujeres”, concluye.

Había un destino escrito para Phiona. El de Harriet, su madre; el de Night, su hermana mayor; el de la mayoría de niñas que nacen en Katwe, uno de los suburbios de Kampala, la capital de Uganda. Vender maíz, mandioca, curry, casi cualquier cosa en las afueras del mercado de Kibuye; encontrar pronto a un hombre, tener hijos, y repetir el círculo.

Había otros destinos peores. El ajedrez la salvó de todos ellos. Phiona Mutesi tiene hoy veinte años. A los nueve descubrió ese tablero de 64 casillas y piezas blancas y negras gracias a un proyecto gestado por un joven entusiasta y visionario, Robert Katende, y su vida empezó a cambiar. Tanto, y de manera tan sorprendente, que Phiona comenzó muy pronto a competir al más alto nivel y en 2012 obtuvo el título de Candidata a Maestra por la Federación Internacional de Ajedrez. Esta joven prodigio ha seducido incluso a Disney, que en septiembre estrena una película basada en su vida, “La Reina de Katwe”.

“En realidad, lo que me interesaba era la comida”, reconoce Phiona Mutesi al recordar su primer encuentro con el ajedrez. Está sentada junto a su entrenador, Robert Katende, en una habitación de la SOM Chess Academy, tras ellos se acumulan trofeos y libros. Es su semana de vacaciones y la han reservado para atender las múltiples peticiones de medios de comunicación que reciben últimamente, “unos 15 emails por día”. Conversan con eldiario.es por videoconferencia, Phiona ya no parece tan tímida como se dice que era.

Cuando tenía tres años, su padre murió de sida. Pocas semanas después vio también morir a su hermana Juliet. “Lo perdimos todo, tuve que abandonar el colegio porque mi madre no podía pagarlo, nuestro día a día era luchar por conseguir algo que comer. Con nueve años nos echaron de la casa donde vivíamos porque no podíamos pagar el alquiler, dormíamos en la calle, habíamos perdido la esperanza”, recuerda.

Fue su hermano Brian quien le habló del programa de ajedrez, una iniciativa que había puesto en marcha Robert Katende junto a la organización Sports Outreach dirigida a niños de Katwe: aprendían a jugar a cambio de un plato de comida. Todas las tardes a la misma hora el pequeño desaparecía hasta que, un día, su hermana decidió seguirlo.

“La recibí como a cualquier otro niño que venía. En aquel entonces había muy pocas chicas, tan solo dos, el programa estaba dominado por chicos. Phiona tenía unos nueve años. Quería que se sintiera cómoda y le dije a Gloria, que tenía cinco años, que le enseñara todo lo que ella sabía. No era mucho, los nombres de las piezas, algunos movimientos…”, cuenta Robert.

Ese primer día no fue fácil, Phiona se peleó con algunos de los niños que se burlaron de ella. Pero regresó al día siguiente. Y al otro. Y a los dos meses empezó a jugar contra los chicos y ganó por primera vez. “El ajedrez empezó a interesarme cuando gané a un chico, no tenía grandes sueños ni nada de eso, sólo quería seguir derrotándolos”, admite. “Para ellos fue sorprendente que una chica en solo dos meses fuera capaz de ganarle a un chico que llevaba allí tres años”, explica su entrenador.

Phiona destacaba, tenía un talento innato para el ajedrez. Este deporte, que en Uganda era más propio de familias acaudaladas, se convirtió en el centro de su vida, lo que mejor controlaba, lo que le hacía evadirse de la realidad de Katwe. En enero de 2007, prácticamente un año después de su llegada, ganó el campeonato nacional sub-20 del país. Competía contra las mejores jugadoras de Uganda, adolescentes de 18 y 19 años, de buena posición económica. Con solo 11 años se convirtió en la mejor jugadora junior de ajedrez. Y repetiría. “Ahí me di cuenta de que estábamos ante algo muy especial”, dice Robert.

“No podía creer que me estaba pasando a mí”

En agosto de 2009, un equipo salido del proyecto de Katende (Ivan Mutesasira, Benjamin Mukumbya y Phiona Mutesi) representó a Uganda en un torneo internacional celebrado en Sudán. Ganaron. “Eran niños del suburbio de Katwe llevando la bandera de su país. Solo eso ya era una victoria. Se enfrentaron y ganaron, fue algo tan increíble que nadie lo podía creer”, recuerda Robert. Habla de aquella competición como “un torneo-milagro”, pues la Federación Ugandesa de Ajedrez había recibido fondos para enviar el equipo y pudo, cuenta, escoger a los mejores en función del mérito y no a quienes pudieran permitirse económicamente el viaje.

Phiona y sus compañeros nunca habían ido al aeropuerto. Nunca habían montado en un avión. Ni habían estado en un hotel. Ni habían visto, y menos dormido, en una cama de esas. Nunca habían tirado de la cadena (Phiona lo hizo una y otra vez, asombrada del proceso). Ninguno de ellos había podido elegir nunca antes qué comer. “No podía creer eso me estuviera pasando a mí”, dice ahora la joven.

A Sudán, le siguieron las Olimpiadas Mundiales, celebradas en Siberia (Rusia). Nadie esperaba que Phiona se clasificara para ir y lo hizo en segunda posición (de cinco). Fue la primera vez que compitió un equipo femenino por parte de Uganda, hasta entonces solo se había financiado la participación de equipos masculinos. Phiona tenía 14 años cuando se enfrentó a las mejores jugadoras de ajedrez del mundo.

¿Cómo era esto posible? Le preguntaban una y otra vez a Robert Katende. Él explica que el ajedrez tiene mucho que ver con la vida de estos niños de los suburbios: “Es un juego de supervivencia. Tiene que ver con muchos conceptos relacionados con eso, pensar soluciones antes de que la situación se presente. Tienes unos recursos y según el uso que hagas de ellos, tu estrategia, tu plan, así te va a ir. Eso se identifica mucho con el estilo de vida de estos niños. En los suburbios viven para sobrevivir, tratando de averiguar qué va a ser lo próximo, dónde te vas a quedar, si es seguro, cómo hacer para comer…”. Esa es la clave de su trabajo con el ajedrez, “aplicar los principios del juego en la vida para transformarla”.

“Yo no sabía lo que era Disney”

Fue a partir de 2010 cuando su historia saltó las fronteras ugandesas. La noticia de sus logros llegó a un periodista y escritor estadounidense, Tim Crothers, que se desplazó hasta Katwe y escribió un artículo sobre ella que, poco más tarde, se convertiría en el libro “The Queen of Katwe” (en inglés, “La reina de Katwe”). Los medios internacionales empezaron a hacerse eco de esta niña-prodigio y Disney puso sus ojos en Phiona.

“Yo no sabía lo que era Disney, me dijeron que iban a hacer una película sobre mí pero yo no tenía ni idea, luego empecé a averiguarlo y cuando lo supe todo fue muy emocionante”, dice Phiona, que espera que la película “sirva para que quienes han perdido la esperanza la recuperen”.

“Phiona ha hecho historia en el país”, resalta Robert. En 2013, fue reconocida en la cumbre “Women in the World”, celebrada en Nueva York. Allí cumplió uno de sus sueños, jugar contra Garry Kasparov. “Querían darme una sorpresa porque era mi ídolo”, confiesa. En Nueva York la nombraron Woman of Impact y recibió 25.000 dólares que, en parte, emplean para empoderar a otras niñas. La academia de ajedrez ha crecido y cuenta ahora con cinco centros en otros suburbios. Tienen 80 niños en el de Katwe y entre 30 y 40 en el resto. Phiona y los mayores se han convertido en instructores y enseñan a los más pequeños.

“Esto va más allá de Phiona”

Robert Katende está orgulloso de sus chicos y chicas. “Para mí, esto va más allá de Phiona. Hay muchas historias de éxito. Cuando ves que estos niños, que no tenían oportunidades, ahora estudian, van a la universidad, están trabajando, sientes que puedes tener un impacto y romper la cadena. Siento que la cadena se ha roto”. Phiona Mutesi es tal vez el ejemplo más asombroso, pero hay otros. Ivan Mutesasira no había pisado la escuela y ahora es profesor de matemáticas y física en Tanzania. Y de ajedrez.

– Phiona, ¿dirías que el ajedrez ha cambiado tu vida?

– Sí.

– ¿Cómo?

– De muchas maneras. Había perdido la esperanza y la recuperé. Ahora espero convertirme en Grandmaster y también en abogada. He podido ganar algo de dinero y comprar una casa para mi madre fuera de Katwe, he vuelto a la escuela. Todo esto es gracias al ajedrez. He podido ir a países que son muy diferentes de donde yo vivía, mucho. Se ha hecho un libro sobre mí, ahora una película…

– ¿Imaginabas algo así?

– No, yo no imaginaba nada, a mí me interesaba el plato de comida.

En Alta Verapaz, el departamento más pobre de Guatemala, un complejo hidroeléctrico que construye la española Cobra, filial del Grupo ACS, que preside Florentino Pérez, mantiene “secuestrados” alrededor de 30 kilómetros del río Cahabón, un elemento esencial en la vida y cultura de las comunidades maya quekchí que viven en la región. Así lo vienen denunciando desde hace tiempo habitantes de la zona y organizaciones ambientales del país.

Ahora, una investigación de Alianza por la Solidaridad evidencia los impactos ambientales y sobre los derechos humanos de Renace, un proyecto que levantará la hidroeléctrica más grande del país y que consta de cinco fases, de las cuales ya han finalizado tres. Les prometieron el desarrollo pero la mayor parte de esas comunidades indígenas sigue viviendo sin energía eléctrica ni agua potable. Alianza calcula que hay unas 29.000 personas afectadas de forma directa. Quienes denuncian, son criminalizados.

“Llegaron sin más, se instalaron sin ningún conocimiento de las comunidades afectadas. Nosotros vivimos frente a la primera hidroeléctrica [Renace I], el río ya no está”. Ervin Cac Chun es un joven estudiante de 28 años que vive en la aldea de Changkay, en el municipio de San Pedro Carchá, en Alta Verapaz, donde se desarrolla desde finales de los noventa el mayor proyecto hidroeléctrico del país, Renace, sobre el río Cahabón, cuya ejecución está ahora en manos de la empresa española Cobra, del grupo ACS.

“Antes yo llegaba al río con mi mamá, ella lavaba ropa, íbamos a pescar, a nadar en verano. Había mucha gente pero ahora ya no se ve nada. Nadie visita la cuenca, hay poca agua. Ya no hay vida”, cuenta Ervin por teléfono a eldiario.es.

Alianza por la Solidaridad ha publicado recientemente el informe “Caso Renace-Cobra (ACS): La hidroeléctrica que destruye derechos en Guatemala”, una extensa investigación sobre los impactos e irregularidades de este megaproyecto, propiedad de la empresa guatemalteca Corporación Multi-Inversiones (CMI) quien, a su vez, y bajo un acuerdo de estricta confidencialidad, contrató a la española Cobra para su ejecución a partir de la segunda fase, Renace II.

“Antes de las leyes que permitieron el cambio de modelo económico en nuestro país, esta empresa ya tenía puestos los ojos en el río”, explica Julio González, de Madre Selva, una organización de defensa del medio ambiente que proporciona acompañamiento y asesoramiento técnico y legal a las comunidades afectadas por estos megaproyectos.

Detrás de CMI está la familia Gutiérrez Bosch, una de las más poderosas e influyentes del país, con intereses en múltiples sectores, particularmente en la industria avícola. Monopolizan la producción de pollo y derivados, son los propietarios de la cadena de restaurantes Campero, en expansión por todo el mundo, y de Telepizza para Centroamérica, entre otros. En el caso de Renace, poseen una concesión para explotar el río Cahabón durante 50 años.

“El negocio de la electricidad es uno de los más lucrativos porque la generación de energía no paga impuestos, no lo hacen para dar luz al país, no hay tales beneficios ni modelo de desarrollo. En los últimos 12 años lo que ha aumentado es la pobreza”, denuncia González.

En San Pedro Carchá, donde se ubica Renace, el índice de pobreza es de un 88% y el de pobreza extrema, del 53,6%. En Guatemala, el crecimiento del PIB (un 4% en 2015 respecto al año anterior) viene acompañado de un aumento de la desigualdad: el 10% más rico acumula casi la mitad del total de ingresos, según un informe del Procurador de Derechos Humanos.

“Ellos dicen que traen el desarrollo, pero el desarrollo es solo para dos o tres personas porque donde nosotros estamos no hay energía eléctrica. De las 50 comunidades afectadas por Renace solo dos tenemos agua potable, y la ha gestionado nuestra comunidad, no tenemos instalaciones educativas, no vemos el desarrollo, por eso defendemos nuestro territorio”, subraya Ervin. Según datos del Banco Mundial, el 21,5% de la población guatemalteca no tiene acceso a la luz eléctrica, unos dos millones de personas, en particular, en las áreas rurales.

Impacto ambiental sin consulta previa

El Convenio 169 de la OIT, ratificado por Guatemala, obliga a la consulta previa e informada de las comunidades. Sin embargo, el procedimiento para realizar estas consultas no ha sido reglamentado en el país. Esto da pie a procesos muy cuestionables que, como en el caso de Renace, no pueden ser considerados acordes a la norma internacional. Para obtener las licencias, las empresas están obligadas a presentar estudios de impacto ambiental, que incluyen consultas a la población y que raras veces suelen ser rechazados.

Según la investigación de Alianza por la Solidaridad, no hay constancia de estudios de impacto ambiental para la primera fase del proyecto, Renace I. Para Renace II y III se contrató a una consultora que elaboró una encuesta. Solo se preguntó a 57 personas, mayoritariamente hombres. “Tratan de orientar e influir en la gente con preguntas sesgadas como: ¿usted quisiera tener televisión en su casa, un equipo de sonido? Entonces, ¿le interesa que haya luz eléctrica? ¿Usted no se opondría a un proyecto hidroeléctrico? ¿Y estaría dispuesto a trabajar para ese proyecto? Cinco preguntas a las que la gente, en un mar de necesidades, responde que sí. Eso no es una consulta”, precisa Julio González. “Es como si estas comunidades no existieran, no son tomadas en cuenta, se vulnera su derecho a la información”.

Una de las características de Renace es que las sucesivas licencias para las cinco fases del proyecto se han ido concediendo en virtud de estudios de impacto ambiental concretos de cada una de ellas, en los que no se tiene en cuenta el conjunto de la obra. Estos estudios no están disponibles ni pueden consultarse en la web de la empresa, donde apenas hay información.

“Presentan estudios por partes en los que no se ve la integralidad y acumulación del daño, no se menciona que el río está secuestrado durante 30 kilómetros, los efectos que eso va a tener sobre el medio ambiente y la biodiversidad. La zona está prácticamente condenada a la extinción”, vaticina el responsable de Madre Selva. Por este motivo, entre las peticiones de las organizaciones está la realización de un estudio de impacto ambiental global del proyecto, más acorde a la realidad.

Los efectos ya son notorios. Las comunidades aseguran que hay zonas en las que el río prácticamente desaparece. “La falta de agua es un problema. La disminución del caudal del río va a traer problemas de salud, el agua queda encharcada y es fuente potencial para vectores de malaria, dengue o zika, virus que están ahora en auge en Centroamérica. El cambio climático ha aumentado el calor y ahora los mosquitos están llegando a regiones más altas”, apunta González.

La escasez de agua afecta a las comunidades que se ven obligadas a ingeniárselas. “El agua ya no tiene corriente, da pena tomarla, es como un charco. Solo en tiempo de lluvia tiene un poco pero en época de verano, cuando más se necesita, no hay. En las comunidades donde no hay agua potable unos han hecho tanques, han comprado aljibes para recolectar, y cuando se termina tienen que viajar, van a otros ríos o a otros municipios”, explica Ervin.

¿Beneficios a las comunidades?

En su web, CMI hace gala de su “modelo de sostenibilidad” basado, entre otros, en el “relacionamiento comunitario” y el “desarrollo sostenible”. Algunos de sus programas sociales se articulan a través de la Fundación Juan Bautista Gutiérrez, el brazo social de CMI, como “Mejores Familias” o “Mi salud, mi responsabilidad”. Básicamente, consisten en acciones puntuales y limitadas, como planes de trabajo temporal o cursos de formación, entrega de mochilas, reparto de útiles para la agricultura, becas, patrocinio de eventos deportivos o hinchables en fiestas infantiles, según recoge el informe de Alianza y puede verse profusamente anunciado en su página de Facebook, donde reciben un buen número de críticas en los comentarios.

Bajo los lemas “Con orgullo, somos parte de tu comunidad” o “Renace, energía con sentido social”, se adjudican como mejoras la construcción de carreteras que, sin embargo, son imprescindibles para el desarrollo de sus proyectos. El volumen, inversiones e impacto real de estas acciones es difícil de valorar pues tampoco hay informes de responsabilidad social corporativa (RSC) ni en la web de CMI ni en la de su fundación.

Alianza por la Solidaridad advierte de la facilidad de “comprar” voluntades en un contexto de necesidad y temor. La realidad, sostienen desde la organización, es que la presencia de Renace ha aumentado la conflictividad social dentro de las comunidades y entre ellas. “Ellos son muy selectivos cuando eligen a quién dan privilegios, lo hacen con la intención de tener aliados y frenar el descontento. No es una buena práctica de RSC confrontar familias e inclusive municipios”, sostiene González.

Muchos vendieron sus tierras a cambio de la promesa de un trabajo, pero éste ha llegado de forma precaria. Según el informe de Alianza, el empleo se da solo en la fase de construcción y son contratos por turnos de 15 días para cada persona que acaban generando sistemas de microcorrupción en la asignación de los mismos.

“Una vez que concluye la construcción, la empresa se va y se acaba el trabajo, es entonces cuando la gente se da cuenta de que se ha quedado sin empleo, sin tierras, porque las ha vendido y sin río. La conflictividad está creciendo especialmente allí donde las obras de Renace ya han finalizado”, matiza Rosa Martín Tristán, de Alianza por la Solidaridad, quien visitó la zona en abril.

“Que se conozca esto y haya presión”

La constructora Cobra también hace alarde en su web de buscar “un crecimiento sostenible”, “prevenir la contaminación” y “fomentar en empleados, proveedores y subcontratistas actuaciones respetuosas con el medio ambiente”. En el caso de Renace, sobre el que apenas hay información, Cobra elude cualquier responsabilidad al considerarse únicamente como empresa contratada. Así se manifiesta en el informe de Alianza: “Somos la mano de obra de los promotores, sin ninguna responsabilidad social. Si hay algún factor de riesgo en una zona, paramos la obra, nos retiramos y que quien lo tenga que afrontar que lo haga”.

Eldiario.es se ha puesto en contacto con ACS pero la empresa no ha realizado ninguna declaración. Su posición en este tema, apuntan, es la de la promotora, CMI.

Fuentes de CMI confirman a eldiario.es que han revisado el informe de Alianza por la Solidaridad. “Tenemos contacto con 33 comunidades, tenemos programas de desarrollo y cuidado ambiental, estudios de impacto ambiental... Entramos en contacto con las comunidades por donde va pasando nuestra operación, hemos tenido conversaciones y diálogos, llegamos a acuerdos. A esto le llamamos nuestra relación de 'buen vecino'”, sostienen.

Estas fuentes recalcan que la conflictividad social es algo que se ha “utilizado mediáticamente” en su contra, producto de la “desinformación” y destacan que el impacto ambiental solo se produce en la fase de construcción, “después de que la hidroeléctrica entra en funcionamiento, el impacto disminuye”. Dicen que, en virtud de la ley guatemalteca, ellos son generadores de energía y no les corresponde vender la electricidad a las comunidades pero que, en cambio, sí que las han ayudado a gestionar las peticiones para tener suministro.

Veinte años después de su presencia en el departamento, la mayoría sigue sin luz y viviendo en condiciones de pobreza. CMI no habla en nombre de Cobra o ACS y, ante las acusaciones de falta de transparencia, asegura que están trabajando en una web que contenga toda la información sobre este proyecto que iniciaron a mediados de los noventa.

Desde Madre Selva, no tienen tan claro que Cobra no tenga ninguna responsabilidad. “ACS está siendo cómplice solidario de un desastre ambiental, no podemos catalogarlo de otra forma, ellos saben el daño que están causando pero se escudan en que son subcontratados. Llegan, obtienen su dinero y tranquilamente se pueden ir del país y dejar allá un gran riesgo para las generaciones que vienen”, lamenta Julio González, quien hace unas semanas visitó España “con el deseo de que se conozca esto y haya presión desde fuera, porque allá en mi país los medios no lo van a divulgar”.

Precisamente con este fin, y tras el éxito obtenido con otras denuncias de acaparamiento de recursos naturales, como con Coca-Cola en El Salvador, Alianza por la Solidaridad ha lanzado una campaña de firmas. “Queremos que Cobra/ACS se comprometa a suspender su participación hasta que no se haga una evaluación exhaustiva del daño medioambiental y social del complejo hidroeléctrico, que no sea cómplice de una violación de los derechos humanos y que utilice su influencia para que el promotor respete los derechos y los recursos naturales de la población de Alta Verapaz”, especifica la responsable de la campaña TieRRRa, Almudena Moreno.

493 agresiones y 13 asesinatos en 2015

Oponerse a este tipo proyectos en el terreno se paga caro. “Estamos criminalizados”, reconoce Julio González. Hace tan solo un mes, el 8 de junio, fue asesinado en Alta Verapaz, Daniel Choc Pop. Este líder indígena de la comunidad de San Juan Tres Ríos, en el municipio de Cobán, trabajaba en la defensa del derecho al agua y la tierra y por la mejora de las condiciones de vida de las comunidades.

Dos meses antes, también fue asesinado Walter Manfredo Méndez Barrios, miembro del Frente Petenero contra las Represas, un movimiento nacional sobre los efectos negativos de estas infraestructuras.

Según datos de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos (UDEFEGUA), en 2015 se produjeron 493 agresiones a líderes ambientales y comunitarios en Guatemala, 13 asesinatos y 8 intentos de homicidio. La propia Cámara de Comercio española en Guatemala reconocía a Alianza por la Solidaridad que “los líderes de derechos humanos no tienen buena imagen entre las empresas y la sociedad, ni las ONG internacionales; solo se piensa de ellas que son problemáticas para los negocios y defienden a grupos de delincuentes y mafiosos”.

Julio González señala también la responsabilidad del Estado guatemalteco. “El Gobierno pasado fue cómplice abierto para imponer proyectos a la fuerza. El Estado ha estado cooptado por los intereses de los empresarios y corporaciones. Hubo muertos, se persigue a los defensores, hay 18 compañeros capturados sin ningún cargo, desde hace tres años han sido asesinados varios periodistas por llevar este tipo de mensajes. Ya estamos hartos de la impunidad”.

Desde Alta Verapaz, en Guatemala, Ervin, sin nombrarlo, habla de neocolonialismo: “Ya los tiempos cambiaron, queremos que ya dejen de extraer nuestros recursos, queremos decidir sobre nuestro propio desarrollo y que si nuestra riqueza es explotada, que lo sea para el bienestar de nuestros ciudadanos”.

“Antes de que nos detuvieran yo no sabía nada de esta ley”. Nasra Omera Kakoum es una de las diez jóvenes arrestadas por la policía del Orden Público de Sudán el pasado 25 de junio a su salida de una iglesia baptista evangélica. El motivo: llevar pantalones. “Íbamos a coger el transporte para regresar a casa y la policía nos paró, nos metió en un coche y nos llevó a la comisaría. Hasta que llegamos allí no nos dijeron que era porque estábamos vestidas de forma indecente”, cuenta a eldiario.es por teléfono en su idioma natal mientras uno de sus abogados la traduce. Tienen prisa y está un poco nerviosa. Es lunes y, en breve, esta joven de 23 años comparecerá ante el juez: “No sé qué voy a decirle”.

Aquel día, la policía detuvo a doce chicas aunque dos fueron puestas en libertad más tarde. Las otras diez, de entre 17 y 23 años, han sido acusadas de vestir de forma inmoral e indecente de acuerdo con el artículo 152 del Código Penal sudanés. En él se condena a quienes “actúen de forma indecente o contraria a la moral pública o vistan indumentaria obscena o contraria a la moral o que provoque molestias en el sentir público”, pero no se especifica qué se considera indecente. Llevar pantalones, según la subjetividad de los encargados de velar por el orden público, es un delito que puede ser castigado con una pena de hasta 40 latigazos.

Los hechos sucedieron en torno a las diez de la mañana pero no fue hasta las dos de la tarde cuando llegaron a la comisaría. Una vez allí, la policía las obligó a quitarse la ropa y cambiarla por otra diciéndoles que se la llevaban para enseñarla en el juicio, explica desde Jartum Mohaned Al Nour, jefe del equipo de abogados encargados de la defensa. “Es intolerable que se produzcan estas prácticas que violan los derechos de las mujeres, en el siglo XXI no tienen sentido leyes como esta”, sostiene. El letrado culpa al presidente de Sudán, Omar al Bashir: “Pretende aplicar la sharia islámica y no todos los sudaneses son musulmanes, la prueba es que estas chicas son cristianas y su vestimenta es normal y aceptada según sus creencias”. 

“Somos estudiantes, no hemos hecho nada malo, esta es mi vida, es la ropa que he llevado siempre”, se justifica Nasra, que fue detenida junto a su hermana menor, Rehab. Todas las chicas proceden de las montañas de Nuba, una zona fronteriza con Sudán del Sur.

Doble multa por llevar pantalones el día del juicio

Fardos Al Toum, de 19 años, fue la primera en ser juzgada. El pasado 6 de julio se presentó ante el juez vestida de una forma que también fue considerada “indecente”. “El juez dio un largo discurso sobre qué ropa debería llevar y le impuso una multa de 500 libras sudanesas (unos 75 euros) sin pena de latigazos por haber acudido así vestida, más otras 500 sin latigazos por los hechos que se le imputaban. ¿En qué lugar se ha visto que un juez condene algo distinto del hecho que se juzga?”, se pregunta Al Nour.

Fardos llevaba una discreta blusa blanca, unos pantalones y un pañuelo negro sobre la cabeza. “Cualquier persona razonable difícilmente podrá entender cuáles son las bases por las que el juez decide que esa ropa es indecente”, señala la directora adjunta de Amnistía Internacional en África Oriental, Michelle Kagari. Junto a Fardos, también ha sido ya juzgada Rehab Omera Kakoum, condenada igualmente a pagar una multa de 500 libras sudanesas. En ambos casos la defensa ha apelado y las multas, confirma Kagari, han sido pagadas por activistas y personas que apoyan a las chicas.

Del resto de jóvenes, tres han sido derivadas a un tribunal de menores mientras que las demás se enfrentan por separado a sus juicios, que han sido pospuestos a los días 3 y 4 de agosto. El hecho de que en las dos primeras condenas se haya desestimado el castigo de los 40 latigazos da esperanzas a la defensa y a las organizaciones de derechos humanos que esperan que esta pena no se imponga a ninguna de las restantes gracias, en buena medida, a la presión internacional y a las protestas que se están produciendo en el interior del país y que denuncian la arbitrariedad de esta ley.

Sin embargo, este tipo de arrestos y castigos son habituales en Sudán. “Hemos documentado casos en los que sí se han impuesto condenas de latigazos, es algo común que sucede con frecuencia, especialmente a mujeres de zonas empobrecidas, aunque se informa muy poco sobre ello. Nosotros tenemos constancia de otras dos jóvenes, de 16 y 18 años, que han sido arrestadas en el estado de Kassala por llevar pantalones, declaradas culpables y que han recibido 20 latigazos cada una”, revela Kagari. 

Del estigma y el silencio a los titulares

La periodista Lubna Hussein se encontraba en un restaurante de Jartum cuando fue detenida por la policía, junto a otras 12 mujeres, a principios de julio de 2009. Por aquel entonces, Lubna trabajaba para las Naciones Unidas y su caso saltó rápidamente a la prensa internacional. Revistas como The Economist la describieron como “una mártir por sus pantalones”.

“Decidí aprovechar la oportunidad para llamar la atención sobre la situación de las mujeres en mi país”, explica ahora por videoconferencia desde Canadá, donde reside tras haberse visto obligada a abandonar su país por las constantes amenazas. Las mujeres que fueron arrestadas con ella pagaron una multa y recibieron diez latigazos. Ella se negó. “Imprimí invitaciones para mi juicio y las repartí a periodistas, embajadores y activistas. Mi objetivo era llamar la atención, lo conseguí y tuve mucho apoyo internacional”.

En el juicio fue declarada culpable y se le impuso una multa de 200 dólares que rechazó. “Como no la pagué me enviaron a la cárcel”. Allí estuvo solamente un día. “Soy periodista, así que aproveché para entrevistar a las mujeres que estaban presas y escribir sobre su situación, hice un buen trabajo en poco tiempo”, recuerda entre risas.

Para Lubna, lo más destacable de su historia es que consiguió algunos pequeños cambios. “Hasta mi juicio, las mujeres que eran juzgadas por este motivo guardaban silencio, lo mantenían en secreto por temor al estigma, les avergonzaba que la gente pudiera cuestionarlas. Ahora ya no es así. Ahora la comunidad ya no mira a las mujeres como si hubieran hecho algo malo, la gente es más solidaria. Además, en la prensa independiente las noticias sobre estos casos han pasado de las páginas de sucesos a ser consideradas un tema de derechos humanos”, resalta.

No obstante, insiste, las detenciones se siguen produciendo. Lubna es musulmana. “Esta ley se aplica por igual contra musulmanas y cristianas. Cuando te detienen si pagas un soborno a la policía te liberan. Lo que sucede es que la mayor parte de las mujeres cristianas no tienen con qué pagar, por eso reciben más castigos que las musulmanas”, dice la periodista, que denuncia el hecho de que su gobierno imponga latigazos a la mujer que lleva pantalones “y a los violadores solo los mande un mes a la cárcel”.

Para el abogado de las jóvenes, en este caso particular sí hay un componente de discriminación religiosa. “Sabían que eran cristianas. El problema es que Al Bashir dice que en Sudán no hay sitio para los no musulmanes”, incide Mohaned Al Nour, quien se encargó también de la defensa de Mariam Yahya, la sudanesa que fue condenada a muerte el año pasado por convertirse al cristianismo.

Según Amnistía Internacional, el problema de fondo es otro. “El motor de estas leyes no es la religión sino la subyugación de las mujeres en Sudán, su discriminación ya sean musulmanas o cristianas. Lo que se pretende es regular su comportamiento y someterlas”, concluye Kagari. 

La repercusión mediática que ha tenido la historia de las diez sudanesas en todo el mundo puede tener un impacto positivo en el caso. Para empezar, sobre las propias chicas. “Tener ese apoyo nos hace sentir fuertes, sentimos que no estamos solas”, decía Nasra este lunes antes de colgar el teléfono y regresar a la sala. Su juicio se pospuso al 4 de agosto. Primera victoria.

Han tenido que pasar tres años para que el gigante mire a la cara y responda al pequeño. En la historia del acuífero de Nejapa, 'el pequeño' son las 30.000 personas que viven en esta población salvadoreña, testigos de que cada vez llega menos agua a sus hogares y de que ríos y manantiales bajan más secos y contaminados. Un informe, del que se hizo eco eldiario.es, denunció que la sobreexplotación del acuífero, sobre todo ante los planes de ampliación de la actividad de una embotelladora subcontratada de Coca-Cola, puede dejar sin agua a la población. Ahora, la empresa afirma que está dispuesta a anular el proyecto si se demuestran estos efectos. 

Los lugareños de Nejapa observan a diario cómo salen de sus carreteras camiones cargados con decenas de miles de botellas del popular líquido negro. Aquí, 'el gigante' es la embotelladora de Coca-Cola en El Salvador: Industrias La Constancia/Sab Miller, una empresa que lleva dos décadas instalada en la zona, desde donde fabrica las bebidas de la gran multinacional de refrescos para toda Centroamérica y que pretende ampliar sus instalaciones y perforar más pozos para producir agua embotellada en la planta de Coca-Cola.

Hace unas semanas eldiario.es informaba sobre la problemática situación de este acuífero. Veinte días después del inicio de la campaña TieRRRa de Alianza por la Solidaridad, en colaboración con el Foro del Agua de El Salvador, la embotelladora de Coca-Cola se pronunció públicamente a través de un comunicado. En él, de forma escueta, admiten su disposición a dar marcha atrás al proyecto de ampliación si éste puede poner en peligro el acuífero, como muestra el informe del Foro del Agua elaborado por el hidrólogo Julio Quiñonez, sobre el que se sustenta la campaña de la ONG.

Este estudio concluye que el acuífero ya está siendo sobreexplotado y que el consumo de agua por parte de la empresa de seguir adelante su proyecto acabaría con el agua disponible en unos 30 años.

“Industrias La Constancia no va a ampliar la planta si se demuestra científicamente que ese proyecto amenaza la sostenibilidad del acuífero. No es nuestro interés avanzar en un proyecto como este si en 30 años no va a haber agua en el lugar”, manifiestan, asumiendo aunque sin citarlos los datos que manejan las organizaciones sociales, con quienes se muestran abiertos a reunirse. “Entendemos que hay organizaciones que tienen una opinión distinta. Esta preocupación es legítima y la respetamos. Estamos abiertos a reunirnos con estas organizaciones para entender mejor su punto de vista”, conceden.

“Hemos logrado lo que hace tres años parecía imposible, es un primer paso”, reconoce Almudena Moreno, responsable del Programa de Desarrollo Local Sostenible de Alianza por la Solidaridad y de la campaña TieRRRa. “No hay que olvidar que llevamos tres años apoyando esta causa y no ha sido hasta ahora, cuando ha habido repercusión en medios de comunicación, sobre todo aquí en España y gracias a la presión de la sociedad civil, cuando han empezado a tenernos en cuenta. Lo vemos como un buen inicio”, señala.

“Para nosotros eso no es suficiente, no es solo renunciar a una ampliación, además de ese compromiso debe haber una gestión eficiente del acuífero en la que se priorice el agua para el consumo humano frente al uso industrial. Queremos que no se quede solo en un comunicado”, añade.

Tras la publicación del comunicado, eldiario.es se ha puesto en contacto con Coca-Cola, que suscribe las palabras de La Constancia sin más que añadir. En el texto, la empresa se exime de cualquier tipo de responsabilidad en lo que se refiere a la falta de acceso de agua por parte de la población: “La existencia de la planta en Nejapa, operada en su integridad por Industrias La Constancia, embotelladora de Coca-Cola en El Salvador, no es la causante de la falta de agua para la gente”. La empresa atribuye el problema a la falta de infraestructuras básicas y alcantarillado e insiste en que “diversos análisis [sin especificar cuáles] demuestran que la oferta de agua subterránea y de superficie que existe en Nejapa es lo suficientemente rica para cubrir las necesidades de la gente”.

Desde el Foro del Agua, que agrupa a 150 organizaciones del país, no acaban de compartir el argumento. En conversación telefónica desde El Salvador, Karen Ramírez, gerente del programa de Agua y Saneamiento de Provida, acepta la existencia de un problema de infraestructuras y, en este sentido, culpa al Estado como responsable de dicha carencia. “Pero también tenemos un problema de inequidad. Las empresas gozan de un mejor acceso y logran explotar el acuífero para obtener su materia prima mientras que la gente no consigue tener agua potable en su domicilio”. 

Esta situación la describía para eldiario.es el líder comunitario nejapense Ines Flores hace unas semanas: “Tenemos agua cada dos o tres días mientras que las multinacionales extraen una cantidad enorme por segundo”.

A favor de una Ley de Aguas en El Salvador

Uno de los problemas de fondo del caso Nejapa es la falta de un ordenamiento jurídico que regule el acceso y la explotación de los recursos hídricos del país, tras treinta años de intentos sigue sin aprobarse una Ley de Aguas y sin reconocerse el derecho humano al agua en la Constitución, como exigen las organizaciones sociales.

Ahora, llama la atención que la embotelladora de Coca-Cola se posicione “a favor de que el país cuente con una Ley General de Aguas” y se muestren dispuestos a apoyar la búsqueda del consenso “para aprobar esta ley lo más pronto posible”. Según Karen Ramírez, son palabras significativas: “Estamos hablando de una empresa privada cuyos intereses son representados por los partidos de la derecha y ha sido la derecha quien históricamente ha bloqueado el proyecto de una Ley General de Aguas”.

El tema, por tanto, está sobre la mesa del Ministerio de Medio Ambiente. “El comunicado de La Constancia nos llena de satisfacción porque no desmiente nada de lo que hemos dicho. Ahora le toca a la institucionalidad pública emitir esos datos y determinar qué es lo que hay que hacer”, sugiere Ramírez y adelanta que este proceso podría demorarse alrededor de un año. Mientras, esperan que se produzca una moratoria de todos los permisos y a partir de ahí estudiar cómo recuperar el acuífero.

La estrategia de la empresa en redes sociales en las últimas semanas consiste en compartir fragmentos del comunicado y unos videos sobre un proyecto de potabilización del agua para el centenar de personas que vive en la comunidad de Las Mesas. A las organizaciones del Foro del Agua les sabe a poco. “Lamentamos que en todos estos años que está aquí la Coca-Cola solo haya aportado agua a 100 habitantes conociendo la problemática que hay y los compromisos que tiene a nivel global”, indica Ramírez.

Paralelamente, surge otro debate: ¿quién abastece a quién? Desde el Foro del Agua, Karen Ramírez asegura que lo más importante es que sea el Gobierno quien se encargue del abastecimiento del agua a la población y que las empresas trabajen en la recuperación del acuífero. “Así se evitan los conflictos de intereses que pueden surgir cuando es una empresa privada la que está llevándole el agua a la gente a su domicilio. Es un riesgo que las empresas quieran estar dando servicios básicos a las comunidades ante la debilidad del Estado porque eso se puede acabar convirtiendo en una compra de voluntades, algo que aquí, honestamente, se ha utilizado”.

Desde Venezuela hasta Vietnam, mantener una relación estable con una persona de tu mismo sexo supone afrontar en muchos casos no solo el rechazo familiar sino leyes que penalizan y consideran delito esta forma de amar. Hace diez años, España legalizó el matrimonio homosexual. Fue el cuarto país en hacerlo. Hoy en día, las parejas homosexuales pueden casarse en una veintena de países del mundo, la mitad de ellos europeos.

Este derecho todavía está lejos convertirse en una realidad para las ugandesas Qwin y Julz. En el continente africano tan solo Sudáfrica contempla el matrimonio gay. Pero que no sea legal o que la homosexualidad constituya un crimen, como es el caso de Uganda, no significa que no se produzan uniones informales. Qwin y Julz cuentan al eldiario.es cómo organizaron su boda simbólica y secreta justo un día después de la aprobación en su país de la conocida y polémica Ley Anti-Gay.

Venezuela también está a la cola en reconocimiento de derechos LGTBI dentro de América Latina, muy por detrás de países con legislación más avanzada como Argentina, Uruguay o Brasil. Allí viven su relación “completamente fuera del closet” Gerardo y Rafael, una pareja de comunicadores que trabaja en su propia empresa de diseño web.

Donde sí pueden casarse desde principios de este año las parejas LGTBI es en Vietnam, aunque la unión no es equiparable a un matrimonio en términos legales. Una pareja de lesbianas como Yen y Huong ya no sería multada por hacerlo. Ellas no han tenido que pensar en si tendrán hijos o no. La niña ya estaba ahí, fruto de una relación anterior.

Tres historias en tres continentes. Tres parejas LGTBI comparten su experiencia, cada una con sus matices pero todas ellas con esa idea de fondo que expresa con sencillez la ugandesa Julz: “También somos humanos”.

Uganda: Qwin Mbabazi y Julz

Qwin Mbabazi y Julz habían planeado casarse el 21 de diciembre de 2013, aunque en su país, Uganda, la homosexualidad es un crimen y la unión carecería de valor legal. Por paradojas del destino, un día antes, el parlamento aprobaba la polémica Ley Anti-gay, un texto que endurecía las penas y que fue finalmente tumbado por la Corte Constitucional ugandesa en agosto de ese año. “Para mí fue el momento más difícil de nuestra relación. Muchos de nuestros amigos invitados no quisieron venir pues temían por sus vidas, por la amenaza de que fueran arrestados durante la ceremonia”, cuenta desde Kampala Julz, de 30 años. Por suerte, todo fue bien y ahora siempre sonríe cuando recuerda a Qwin aquel día.

“¿Realmente ella te hace feliz?”, preguntaron a Qwin sus hermanos cuando les habló de Julz. “Eso fue todo lo que les importó”. Qwin no le ha dicho abiertamente a su madre que es lesbiana. “Creo que ella se lo imagina y ver que le tiene mucho cariño a Julz me hace realmente feliz. Sabe que vivimos juntas”. Qwin salió del armario por primera vez ante sus mejores amigas. “Fue un shock para ellas, algunas lloraron, pensaban que me habían perdido pero les aseguré que seguía siendo yo y con el tiempo se acostumbraron a verme salir con chicas”, relata.

Conoció a Julz en una fiesta de cumpleaños en 2012. “Hubo química a primera vista aunque Julz entonces estaba saliendo con otra persona”. Julz dice que no está “dentro del armario pero tampoco fuera”. “La mayoría de mis amigos y familiares lo saben pero por mi estilo de vida. Tal vez en un futuro se lo digamos a nuestros padres pero todavía tenemos miedo de su reacción”, confiesa.

Uganda es uno de los países africanos con peor historial en lo que se refiere a la situación de las personas LGTBI, no obstante, también cuenta con un sólido movimiento de activistas y organizaciones que reivindican sus derechos y luchan contra la homofobia. “Ser una pareja de lesbianas en Uganda es difícil por el odio y la homofobia. Las probabilidades de violaciones correctivas y colectivas son muy altas. Eso nos preocupa, por eso seguimos diciéndole a nuestros vecinos o compañeros de trabajo que somos hermanas”, indica Qwin, que tuvo que renunciar a un trabajo porque descubrieron su orientación sexual y la amenazaron con contárselo a su padre mientras que sus superiores, cuenta, la chantajeaban y le pedían sexo a cambio de guardarle el secreto.

Las dos han sido objeto de agresiones homofóbicas. “Una vez unos hombres golpearon a Qwin en un club porque ella rechazó sus insinuaciones, nos tiraron las bebidas encima y nos insultaron. También hemos recibido mensajes desde cuentas falsas amenazándonos con exponernos públicamente en los medios de comunicación”, detalla Julz. Ataques en las redes sociales, amenazas, incluso de vez en cuando invitan a amigos varones a sus casas para que se hagan pasar por sus novios y les digan cosas como “cariño, y todo eso”, dice.

Aunque no es su caso, Qwin y Julz cuentan que en Uganda es habitual que las familias deshereden a las personas LGTBI. “A muchas personas las ha desheredado, les han pegado o les han negado el acceso a la escuela por ser gays. Afortunadamente también hay familiares que los apoyan aunque eso no sea bien recibido por el resto de miembros”, señala Qwin.

“Yo cambiaría las actitudes homofóbicas de la gente, les haría ver que las personas LGTBI también somos humanos, que nacimos así. Qwin y yo estamos juntas porque nos amamos. Es fantástico tenerla al lado. Nos completamos”, concluye Julz.

Venezuela: Gerardo y Rafael

“Llegó un momento en el que tuvimos que asimilar que lo nuestro era algo más que un polvo”, dice sin tapujos el caraqueño Gerardo Márquez, que lleva bien al día las cuentas de su relación con Rafael Vanezca. “El día 16 de octubre cumplimos ocho años”. Gerardo asegura que él ya estaba “muy fuera del closet [armario]”. A Rafael le costó un poco más. “Yo lo llevaba calladamente. Salí del closet muy viejo, a los 26, a raíz de un accidente cerebrovascular. En ese momento decidí vivir mi vida”, cuenta.

Tras la boda de una hermana a la que asistió solo a pesar de llevar años emparejados, tomó la decisión de hacer pública su relación. “El día siguiente de la boda les dije: ”Miren, yo tengo una relación con Gerardo“ y me dijeron que ya lo sabían, como lo más normal del mundo. Después lo dije en la oficina, en la calle y ya todo normal”.

En Venezuela la homosexualidad no está penalizada aunque el país, recalca Gerardo, “está atrasadísimo junto a Guyana [donde es ilegal], Bolivia, Perú y Paraguay en cuanto a reconocimiento de derechos LGTBI. Aquí todavía se sigue considerando al gay menos válido que al hombre normal”, lamenta. El rechazo, “que curiosamente es mayor cuanto más arriba se esté en la escala social”, matiza, lleva por ejemplo a que la orientación sexual se haya utilizado en algunas ocasiones como arma arrojadiza para desprestigiar a algún candidato político.

“No hay ningún diputado luchando por el matrimonio LGTBI, no hay representantes LGTBI en la Asamblea y si los hubiera están en el closet”, apunta Gerardo, quien no cree que las cosas vayan a mejorar en el corto o medio plazo: “No hay una voluntad política ni por parte del gobierno ni de la oposición de crear un marco legislativo”. En su país, sostiene, “el gay es la loca de la serie de televisión, el maricón de los chistes, se le da un trato muy denigrante”, afirma este licenciado en Comunicación Social.

Pese a todo, reconocen que a nivel social y cultural las cosas han mejorado en los últimos años. No hablan de homofobia aunque reconocen que todavía se dan situaciones extremas. Hablan, por ejemplo, de un amigo cuyo padre era alcohólico y se veía obligado a dormir con un bate porque algunas madrugadas “llegaba borracho y le tumbaba la puerta de la habitación plantándose con un cuchillo a matarlo porque él no iba a tener un hijo marico”. O de una familia que no acudió a la graduación de su hijo. “Pudo más la vergüenza del hijo homosexual que el orgullo del hijo graduado”, sentencia Gerardo.

En su día a día, Rafael y Gerardo, que colaboran en la fundación Reflejos de Venezuela impartiendo charlas o difundiendo materiales educativos dirigidos principalmente a familias con hijos o hijas LGTBI, han aprendido a “des-sexualizar” las tareas domésticas. “Aquí los roles el patriarcado son un gran tema. ¿Quién lava los platos?, te preguntan. Los platos no tienen género. La cosa es que esto lo hago yo no porque sea hombre o mujer sino porque para mí es menos incómodo. Hemos visto casos de parejas en las que esto se convierte en motivo de separación, ¡la casa se los come!”.

Cuando se les pregunta cuál ha sido la experiencia más difícil para ellos no dudan en decir que la muerte de la madre de Rafael. “Ahí ya la familia de Rafael lo sabía pero claro, una cosa es eso y otra que se entere hasta el hijo de la vecina”, añade Gerardo, quien subraya que aquello los unió mucho como pareja, “poder estar en las malas”.

En las malas y en las buenas. Como unas vacaciones en Lima hace tres años. “Allí nos dimos nuestro primer beso emblemático en lugares públicos”, desvela Rafael. Y empezaron a coleccionar besos: frente a la catedral de Lima, en el balcón de la alcaldía de la capital de Perú, frente al Palacio de la Moneda en Chile, ante el Congreso de la República de Venezuela… “Hay gente que piensa que esto es contra natura, una elección, una inclinación, pero nosotros no vivimos a 45 grados”, dice Gerardo inclinándose sobre sí mismo entre risas. “Vivimos como el resto”.

Vietnam: Nguyen Hai Yen y Huong

La historia de Yen y Huong no es de dos sino de tres. Cuando Yen conoció a Huong esta tenía un bebé de su anterior matrimonio. “Llevamos ya cuatro años juntas pero al principio no fue fácil. Por un lado, porque nuestra relación no era aceptada por ser del mismo sexo y por otro, porque mi pareja había estado casada y tenía un bebé así que fue muy furo para ella que su familia la entendiera y aceptara la relación”, recuerda Yen por correo electrónico desde la ciudad vietnamita de Ho Chi Minh.

Estar juntas iba a ser un reto. En Vietnam las relaciones entre personas del mismo sexo no están penalizadas por ley. De hecho, el 1 de enero de 2015 entró en vigor una enmienda en virtud de la cual los matrimonios homosexuales dejaban de estar prohibidos aunque seguirían careciendo de validez legal, es decir, desde ese día las parejas pueden celebrar bodas simbólicas sin el riesgo de ser multadas aunque no serán legalmente un matrimonio a todos los efectos y derechos de los que gozan los matrimonios heterosexuales. La adopción todavía está lejos de ser una realidad.

“Durante los dos primeros años de estar juntas tuvimos que criar a la hija de Huong y hemos demostrado que podemos cuidar a una niña como cualquier otra pareja. Los padres aman a sus hijos y eso hacemos nosotras también”, explica Yen, que gradualmente se ha ido ganando la aceptación y el apoyo de la familia de su novia.

Yen es miembro activo de la organización de defensa de los derechos LGTBI “Living my life”. Los desafíos para las parejas del mismo sexo son muchos en Vietnam, reconoce Yen. “Antes del año 2008 no teníamos ninguna información sobre LGTB o sobre orientación e identidad sexual. No había una ley que nos criminalizara pero el matrimonio estaba prohibido. Éramos una comunidad totalmente invisible y carente de autoestima”, admite.

Invisibles por un lado y señalados en los medios de comunicación “como el mal, como pecadores, seguidores de un estilo de vida occidental contrario a la tradición”, apunta. “Ni las familias nos aceptaban ni se hablaba de esto en la escuela. Lo masculino era respetado, la heteronormatividad era el único estándar social”, añade la vietnamita quien resalta que ni tan solo dentro de las comunidades LGTBI se entendían unos a otros. “No había solidaridad entre nosotros pero ahora las cosas están cambiando”.

“Ahora nos podemos dar la mano en la calle o incluso besarnos con más facilidad que antes, pero somos conscientes de que todavía hay mucha gente que no entiende la homosexualidad. Hace falta tiempo”.

“¿El surf es solo para mujeres o los chicos también podemos hacerlo?”, le preguntaron unos niños a la iraní Mona Seraji con el asombro de quien ve, por primera vez, a alguien moverse sobre las olas encima de una tabla. En las playas de Chabahar, un pueblo pesquero del sur de Irán, situado en la región de Baluchistán, en la conflictiva frontera con Pakistán, rompen las olas del océano Índico perfectas para este deporte acuático. En 2013, la campeona de snowboard, Mona Seraji se convirtió en una de las primeras mujeres iraníes que practicaron surf en su país. La acompañaban la nadadora Shahla Yasini, la surfera irlandesa Easkey Britton y la documentalista francesa Marion Pozieau.

De aquella experiencia surgió el documental Into the Sea, dirigido por Poizeau y estrenado el pasado otoño, en el que se cuenta la historia de cómo estas mujeres han hecho posible el nacimiento del surf en Irán. “Nadie en este país pensaba que aquí fuera posible practicar surf y menos en Baluchistán, una provincia muy pobre que no tiene muy buena reputación”, cuenta a eldiario.es Mona Seraji desde Teherán.

En 2010, la irlandesa Easkey Britton se había desplazado por primera vez a esas playas con su tabla de surf en busca de una nueva aventura. En aquel viaje, Poizeau grabó un vídeo que rápidamente se viralizó a través de las redes sociales. “Todos los iraníes estábamos perplejos, nadie tenía idea de que se pudiera hacer surf aquí, en tu propio país, fue sorprendente, ese vídeo pasó de mano en mano, un bombazo”, recuerda Mona.

Por eso, cuando recibió por correo electrónico una invitación de Marion Poizeau invitándola a participar en un nuevo viaje en el que Easkey las enseñaría a moverse sobre las olas a ella y a Shahla Yasini, no se lo pensó dos veces. Iban a convertirse en las primeras surferas iraníes. “Estaba feliz, era como tocar el cielo”. Pero había un problema: su espalda. “¡No! ¿Por qué ahora?”, se preguntaba. Mona había sufrido una grave lesión en la columna mientras esquiaba y acababa de salir del hospital. Llegó a pensar que no volvería a caminar. “Me dije a mí misma que tal vez era la motivación que necesitaba para recuperar la confianza y empecé a trabajar en mi recuperación”. Seis meses después, el grupo de mujeres llegó a Chabahar. Ninguna de las iraníes había pisado nunca esa región.

A Mona el mar la enganchó. “Fue curativo. La sal, el agua, el sol, todo regresó a su sitio gracias al surf. Yo conocía bien la montaña pero no el mar. Encontré un nuevo elemento y me enamoré rápidamente de él”, admite la joven, que diez meses después de su operación de columna volvió a hacerse con una medalla de oro. 

Surf en hijab

Las mujeres iraníes tienen una relación particular con el mar. Tras el triunfo de la revolución islámica en 1979 se les prohibió acudir a la playa en traje de baño. De hacerlo, sus cuerpos deben estar rigurosamente cubiertos. “En las playas privadas, en cambio, podemos ir como queramos, en bañador, tomar el sol, pero en las públicas no”, matiza Mona. En Irán el surf ha nacido bajo un hijab.

“Son las normas”, dice Marion Poizeau. “Puedes no hacer nada mientras esperas que cambien o adaptarte a ellas. Y eso hicimos”, señala la francesa. “En Europa el tema del hijab es una cuestión de blanco o negro cuando realmente se trata de algo mucho más complejo”, apunta. “Para nosotras es más importante y satisfactoria la diversión que encontramos en el surf que el hecho de tener que ir cubiertas. No vamos a dejar de hacerlo por eso”, destaca Mona.

De hecho, uno de los aspectos en los que están trabajando desde la organización que ambas han creado para promover el desarrollo del surf en el país, We Surf in Iran, es la mejora de la vestimenta para practicar este deporte de acuerdo con las normas vigentes. Al empaparse, el hijab tradicional puede resultar un tanto incómodo por el peso y dificultar los movimientos. Por este motivo, junto con la diseñadora franco-iraní Sheyda, van a lanzar próximamente una línea de ropa para deportes acuáticos adaptada al estricto código de vestimenta del país.

Además, We Surf in Iran planea construir la primera escuela de surf iraní en la playa de Chabahar. “La zona tiene un gran potencial para este deporte y ellos quieren desarrollar el lugar. Nuestra idea es ayudarles pero de manera cuidada, no queremos convertirlo en una nueva Indonesia sino beneficiar a la comunidad”, expone Marion.

“Necesitamos rebeldes”

El surf ha sido mejor recibido de lo que esperaban. “Baluchistán es un lugar muy tradicional, realmente diferente del resto del país y de Teherán. Sus habitantes son suníes, son mucho más restrictivos con las mujeres y con todo. Por eso les sorprendió tanto ver a un grupo de chicas haciendo surf”, comenta Mona. Según Marion, recibieron incluso más apoyo del que esperaban inicialmente.

Las tablas de surf despertaron la curiosidad de hombres y mujeres de todas las edades. “Si no nos hubieran apoyado habría sido un desastre”, reconoce la iraní, que relata cómo las mujeres locales se fueron acercando poco a poco, tímidamente, atraídas por lo que estaba sucediendo. “Es fantástico poder enseñarles que puedes vivir libre, que no importa dónde estés, lo que hagas, que la libertad está en ti”.

Mona Seraji cree firmemente en el deporte como motor del cambio social. “Especialmente en la presencia de las mujeres en el deporte. Las mujeres podemos traer un aire fresco a Irán, ayudar a presentar una mejor imagen del país de cara al exterior porque al hacer deporte como mujer te estás desafiando a ti misma, estás demostrando que tienes un poder que tratan de arrebatarte”, resalta precisamente en un momento en el que las noticias han anunciado la prohibición de la asistencia de las mujeres a los partidos de voleyball masculino que se han disputado estos días en Teherán, una restricción que también existe en el caso del fútbol y que ha llevado a algún que otro encarcelamiento por incumplirla.

“Es verdad que no podemos entrar a los estadios pero muchas chicas lo hacen vistiéndose de chicos. Yo creo que las cosas están mejorando, al menos en Teherán. Aquí existe una especie de realidad dual, lo que sucede en la calle y lo que se ve en los medios de comunicación. Cuando conduzco nunca llevo el velo sobre la cabeza, si salgo a la calle en bicicleta llevo mi casco pero si voy a la televisión tengo que ir con el hijab”.

-¿Por qué?

-Porque necesitan enseñarle al mundo que somos musulmanes, hacer ver que tienen poder sobre la gente. Si el gobierno no te da permiso para hacer algo puede que ni siquiera te plantees hacerlo. Por eso necesitamos rebeldes. Mujeres que lo hagan y que se conviertan en modelos para otras mujeres.

La primera mujer iraní que participó en unos Juegos Olímpicos fue la esquiadora Marjan Kalhor. Hubo que esperar a los Juegos de Invierno de Vancouver en 2010. Compitió vestida de acuerdo a la ley islámica. Mona Seraji admite que para las deportistas iraníes las cosas nos son tan fáciles como para las occidentales. “Nos enfrenamos a mil problemas adicionales pero si realmente tienes la determinación de hacer algo, aunque sea más duro, o cueste más, lo puedes hacer”.

La propia Mona buscaba un entrenador para preparar una competición ciclista en la que va a participar este mes de julio en Estados Unidos y se topó con el inconveniente de que una mujer no puede llevar pantalones cortos y ser entrenada por un hombre. “He abierto mi propio gimnasio, uno pequeñito, para poder tener mi entrenador y hacer lo que yo quiera. Aquí todo está pasando en la esfera privada. Hacemos cualquier cosa pero detrás de las cortinas”.

Unas 100.000 cajas de Coca-Cola salen cada día de Nejapa, un municipio salvadoreño de 30.000 habitantes, ubicado a tan solo 21 kilómetros de la capital del país. Desde hace casi veinte años, la empresa embotelladora de Coca-Cola en El Salvador, La Constancia/Sab Miller, elabora, comercializa y distribuye esta bebida y otras marcas de la conocida multinacional de refrescos en toda Centroamérica. Para producir un litro de Coca-Cola se necesitan dos litros de agua y en Nejapa, en medio del país con menor disponibilidad hídrica de la región, hay un acuífero estratégico.

Un reciente informe de Alianza por la Solidaridad, que recoge el trabajo realizado por el Foro del Agua, denuncia que los nuevos planes de ampliación, que tienen como objetivo la producción de agua embotellada de otra marca [Cristal], tendrá consecuencias aún más críticas para el acuífero y la población. El estudio, elaborado por un reconocido hidrólogo en el país, Julio Quiñonez, concluye que el proyecto puede acabar con el agua del acuífero en los próximos 27 ó 30 años. Con la ampliación, la empresa pasaría de consumir 39,31 litros por segundo a 69,83, según sus cifras.

Pero efectos de la actividad de la embotelladora ya son notorios, aseguran los vecinos de Nejapa. Esta importante reserva natural suministra agua a casi la mitad de la población de la capital y es clave para los 30.000 habitantes del municipio. La gran paradoja es que, mientras los nejapenses observan a diario el ir y venir de camiones cargados de bebidas, el 40% de los hogares no tiene acceso al agua potable y en aquellos donde existe, el suministro no llega de manera continua y el coste es elevado. eldiario.es se ha puesto en contacto con La Constancia, así como con Coca-Cola Company y Coca-Cola España pero en el momento de publicar esta información continúa sin recibir respuesta.Varias ONG han lanzado una campaña de firmas contra la actuación de la multinacional en El Salvador.

“Hay más Coca-Cola que agua”, dice al otro lado del teléfono el líder comunitario Ines Flores. “La Coca-Cola la vemos en todas partes, está en todos los lados, hay quien deja de beber refrescos naturales pero la Coca-Cola no debe faltar. No somos conscientes del daño que nos causa la Coca-Cola”, subraya Flores, uno de los nejapenses que se ha dado a la lucha contra el gigante de las bebidas carbonatadas y su embotelladora, a la que acusan de no revertir en la sociedad los beneficios que obtiene de sus recursos y que, en 2013, presentó una solicitud para ampliar sus instalaciones con el propósito de producir allí agua embotellada de la marca Cristal.

Los estudios geológicos realizados por estas organizaciones advierten del colapso del acuífero. La ampliación solicitada por la empresa supondría una explotación al 200% de su capacidad de recarga. Por este motivo, alertan, el agua se agotará en los próximos 27 ó 30 años. “La gente ve una inminente amenaza, el río se está quedando sin agua, se sienten engañados. Cuando se acaben nuestros recursos la empresas se irán, quienes nos quedaremos con el problema seremos nosotros, eso la gente lo tiene claro”, afirma Karen Ramírez, gerente del programa de Agua y Saneamiento de la organización Provida.

“Una inmensa mayoría de las comunidades rurales no cuentan con agua, nosotros la tenemos racionada, tenemos agua cada dos o tres días mientras que las multinacionales extraen una cantidad enorme por segundo”, resalta Ines Flores al tiempo que destaca cómo esta escasez acaba generando problemas de higiene o epidemias. “Hay una comunidad que se llama Tutultepeque, a un kilómetro de ella baja un río sucio al que van a parar aguas negras de la capital y ahí va la gente. Han hecho un orificio a la orilla del río y de ahí llenan agua”, añade este hombre que ha liderado protestas al grito de “el agua no se vende, el agua se defiende”.

“El valor de la investigación del Foro del Agua es que el estudio respalda lo que la gente dice. Fueron las comunidades quienes vinieron a contarnos el problema del agua, se preguntaban cómo era posible que la subcontrata de Coca-Cola les dijera que el agua alcanza para todos cuando no es así, cuando llega racionalizada, cuando en este o ese río ya no hay, o está contaminada… Ellos hicieron el análisis desde su cotidianidad”, explica Ramírez.

Los problemas con el agua dan lugar a situaciones como las del colegio Las Mercedes. Karen Ramírez cuenta que este centro escolar no tiene acceso a agua potable. “Los niños y las niñas a veces tienen que suspender las clases, una escuela pública sin agua. Nosotros consideramos que es bien doloroso e indignante ver cómo en tu comunidad existen empresas que están generando riqueza a partir del agua y que aquí su falta provoque que no haya clases. ¿Qué tipo de desarrollo es este?”, se pregunta la responsable de Provida. Karen acusa al Estado y a las transnacionales “de estar violando los derechos humanos de la gente de Nejapa”.

Los planes de la embotelladora

La Constancia/Sap Miller inició su producción en Nejapa en el año 1999. La embotelladora de Coca-Cola se había trasladado a este municipio tras el agotamiento del acuífero de Soyapango. Entonces no existía en el país un Ley de Medio Ambiente y la empresa obtuvo el permiso de actividad sin ningún análisis previo de los impactos ambientales y sociales que generaría.

En 2013, la solicitud de ampliación sí fue acompañada de su correspondiente informe. Según el estudio elaborado por la empresa, cada año se extraen del acuífero 15,65 millones de metros cúbicos de agua, con una recarga de la misma de 21,76 millones. La Constancia afirma que su consumo se ampliaría en 79,1 metros cúbicos al mes. Sin embargo, las organizaciones sociales denuncian que la empresa no ha permitido la entrada a técnicos de la Unidad Ambiental del municipio para verificar estos datos. Las cifras no coinciden con las que se extraen de la investigación realizada por un reconocido hidrólogo en el país, Julio Quiñonez, cofinanciada por varias organizaciones, incluida la AECID.

Este informe determina que en la actualidad lo que se extrae al año son 34,67 millones de metros cúbicos. Además, mientras que en 1999 se sacaba el agua de uno de los pozos a una profundidad de 31,04 metros, en el año 2012, se bajó hasta los 75,69 metros. Con la ampliación, la empresa pasaría de consumir 39,31 litros por segundo a 69,83. Es por ello, enfatizan, que en 30 años, 27 teniendo en cuenta el cambio climático, el acuífero de Nejapa se agotará.

¿Y qué opina el Estado? Lina Pohl, la ministra de Medio Ambiente y Recursos Naturales del gobierno presidido por Salvador Sánchez Cerén, admite el estado crítico de los recursos hídricos en su país, problema que achaca a la escasez y a la contaminación pero también, reconoce a eldiario.es desde Madrid con motivo de su visita oficial a España, a la explotación y mala gestión de los mismos. Pohl, que llegó al ministerio en junio de 2014 tras la victoria electoral de Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMNL), espera que durante el mandato actual se apruebe, tras 30 años de intentos, una Ley General de Aguas y que se reconozca el derecho humano al agua en la Constitución, algo que se reclama desde la sociedad civil pero que ha sido siempre tumbado en la Asamblea Legislativa.

“Todavía hay intereses muy fuertes, intereses privados que siguen queriendo imponerse al interés público, que quieren mantener este recurso como una mercancía y no como un derecho”, sostiene la ministra, quien no aclara si se concederá la ampliación a La Constancia: “Estamos evaluándolo y en el caso de que obtuviera el permiso tendría que compensar lo que saca del acuífero pero eso todavía no sabemos si es posible”.

El “compromiso” de Coca-Cola con el medioambiente

Desde la sociedad civil se exige responsabilidad y que realmente se compense por su actividad. Un simple vistazo al apartado de responsabilidad con el medio ambiente de la web de Coca-Cola es suficiente para comprobar el supuesto compromiso de la transnacional con “devolver a la naturaleza la misma cantidad de agua que consume”. Eso es lo que se pide también desde Nejapa. “Coca-Cola tiene el compromiso de devolver a los acuíferos gota a gota el agua que extraen y esto está planteado como un compromiso global. Nosotros estamos comprobando que eso aquí no se cumple”, revela Ramírez.

“Lo que estamos viendo es una campaña muy fuerte de movilización de recursos, imagen y publicidad. Su estrategia con las comunidades es el ”pan y circo“. Participan en las fiestas patronales, regalan comida, refrescos, organizan campeonatos deportivos, plantan algún árbol, etc. Pero esto no son medidas de responsabilidad sistemáticas, son acciones aisladas. Hay una publicidad muy engañosa”, señala Ramírez. Ines Flores coincide con ella. “¿A cuánta gente se engaña con esos anuncios mentirosos? Cuando andaban queriendo ampliar hicieron una consulta popular, invitaban a la gente a asambleas, les daban un buen almuerzo y un estudio amañado donde les hacían creer que nunca se terminaría el agua y a cambio les ofrecían apoyos y empleos, algo totalmente falso porque en la planta de Coca-Cola apenas trabajan unos 15 nejapenses”, desmiente Flores.

Según el informe de Alianza por la Solidaridad, las acciones de carácter social promovidas por La Constancia suelen ser ejecutadas por dos ONG (ASISTEDCOS y FUNDE), “sus ONG” -matiza Flores- y se resumen en: algunas becas, zapatillas de fútbol para algunos jóvenes, unas peceras para la alcaldía, pequeños proyectos de reforestación, refrescos para las comunidades, tanques de agua en una escuela y otras actividades puntuales.

Karen Ramírez llama la atención sobre lo difícil que es hacer pública esta denuncia ante los medios de comunicación. “Con solo mencionar el nombre de la empresa es suficiente, son anunciantes y jamás lo sacarán”, lamenta. Su petición, la del Foro del Agua y Alianza por la Solidaridad no es que cierre Coca-Cola. “Lo que queremos es que desista de esta ampliación y cumpla con los compromisos que tiene adquiridos. Somos un país frágil, donde falta una normativa, pero Coca-Cola ha manifestado compromisos a nivel global. Pensamos que El Salvador es digno de que se cumplan también en nuestro territorio”.

Para el pueblo lenca el río Gualcarque es sagrado. Un elemento fundamental de su territorio y forma de vida que les garantiza la soberanía alimentaria, medicinas y espiritualidad. Por eso, cuando en 2006, miembros de la comunidad de Río Blanco llegaron hasta el COPINH (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras) denunciando la entrada de maquinaria en sus tierras, Berta Cáceres, su coordinadora general, una mujer crecida en la defensa de los derechos ambientales, intuyó que se avecinaban años de lucha. Lo que tal vez no imaginaba entonces es que acabarían echando del territorio a la mayor empresa constructora de presas del mundo, la compañía china Sinohydro. Cáceres recibió a finales de abril uno de los prestigiosos premios Goldman, conocidos como los Nobel del Medio Ambiente.

“Lo que nos inspira no son los premios sino los principios. Aquí, con reconocimientos o sin ellos, hemos luchado y lo vamos a seguir haciendo”, afirma desde la ciudad hondureña de Tela. Es la primera hora de la mañana del jueves y Cáceres, junto a una delegación del COPINH, se ha desplazado hasta el departamento de Atlántida, al norte del país, para acompañar a indígenas garífuna en un proceso judicial.

“Se va a celebrar una audiencia contra toda una comunidad, unas 300 personas. Quieren expulsarlos y los acusan de usurpar tierras, imagínese, después de una lucha enorme y de haber sido brutalmente agredidos. Están citados en un edificio casi de escombros que, irónicamente, perteneció a la Tela Railroad Comany, una de las transnacionales gringas [estadounidenses] que han despedazado este país”, cuenta.

La persecución y violencia contra quienes defienden el medio ambiente es una constante en aquellos países donde empresas transnacionales extractivas, hidroeléctricas o del sector agroindustrial tienen intereses, muchas veces en connivencia con los poderes políticos y financieros. Según el último informe de Global Witness, en 2014 fueron asesinados 116 activistas medioambientales en 17 países, un 20% más que en 2013. Más de dos personas mueren cada semana en el mundo por defender sus tierras, sus ríos o sus bosques frente a la explotación. La investigación “¿Cuántos más?” señala a Honduras como el país más peligroso per cápita para estos activistas. El 40% de los asesinados son miembros de pueblos indígenas, como el lenca, al que pertenece Berta Cáceres.

“En Honduras se vive una situación trágica. A medida que han ido avanzando las grandes inversiones del capital transnacional, con empresas vinculadas al sector poderoso económico, político y militar del país, esas políticas neoliberales extractivistas han provocado también un aumento de la represión, criminalización y despojo a las comunidades, que han sido desplazadas de manera forzada”, explica Cáceres, que denuncia cómo en su país “el aparato represivo armado protege los intereses de estas empresas”.

No es casual, por ejemplo, el auge de las empresas de seguridad privada en Honduras. Según la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU (OHCHR), el número de guardas de seguridad privados es cinco veces superior al de policías, existen unas 700 empresas de este tipo en el país y la mayoría de ellas pertenecen a antiguos altos cargos de la policía o el ejército.

Quienes se oponen a estos megaproyectos son duramente reprimidos. “Los que rechazamos estos proyectos de muerte somos amenazados, amenazan nuestras vidas, nuestra integridad física y emocional, la de nuestras familias y comunidades enteras, nos quieren negar la existencia como pueblos originarios. Vivimos en un clima de impunidad y de nula administración de justicia”, sostiene esta mujer, que ha experimentado prácticamente todas las formas de criminalización posibles.

Berta ha perdido a varios compañeros. El último de ellos, Moisés Durón Sánchez, de 54 años, “un hombre que luchó por el territorio y fue asesinado por unos sicarios recientemente”. O Tomás García, asesinado a tiros por el ejército hondureño durante una manifestación pacífica contra la presa de Agua Zarca en 2013. O William Jacobo Rodríguez, tras cuya muerte se acusó de torturas y amenazas a policías que protegían el proyecto hidroeléctrico. O el hermano de este último, Maycol Rodríguez, un niño de 14 años, guardián del río, que se dedicaba a cultivar maíz en esas tierras ancestrales objetivo de la empresa, cuyo cuerpo apareció en el agua con signos de tortura.

El uso ilícito de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad del Estado hondureño y la vinculación de miembros de la policía y el ejército en casos de intimidación, amenazas y supuestos asesinatos de defensores del medio ambiente ha sido documentado por organizaciones como Human Rights Watch o Front Line Defenders.

“En este país impune, responsable de graves violaciones de derechos humanos, los que luchamos por la tierra, por el agua, por el territorio para la vida, para que no caiga en manos privadas y sea destruido, ponemos la vida en riesgo. Aquí es muy fácil que a uno lo maten. El coste que pagamos es muy alto. Pero lo más importante es que tenemos una fuerza que viene de nuestros ancestros, herencia de miles de años, de la que estamos orgullosos. Ese es nuestro alimento y nuestra convicción a la hora de luchar”, destaca la ganadora del Goldman.

La presa de Agua Zarca, una historia de éxito

Berta Cáceres orquestó la campaña contra el proyecto de construcción de la presa de Agua Zarca en el río Gualcarque, una concesión que había obtenido la empresa hondureña DESA (Desarrollos Energéticos SA) quien, a su vez, había subcontratado al gigante chino Sinohydro. Entre los financiadores de la presa estaban la Corporación Financiera Internacional (IFC), el brazo financiero para el sector privado en los países en desarrollo del Banco Mundial, y el Banco Holandés de Desarrollo (FMO). El proceso se había llevado adelante vulnerando el Convenio 169 de la OIT que exige el conocimiento previo e informado y la consulta con los pueblos indígenas y originarios.

Viajes a Tegucigalpa, cartas, quejas, protestas, denuncias ante organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos… “Hicimos un trabajo de base muy fuerte, fue un gran esfuerzo colectivo, un proceso muy debatido e informado. Solo en 2013 realizamos más de 150 asambleas indígenas”. Ese año marcó el punto de ruptura. En abril bloquearon una de las carreteras para impedir el acceso al territorio. Allá han permanecido 21 meses, estratégicamente organizados, con un sistema de rotaciones y alertas, resistiendo las agresiones y ataques. En julio de ese año, tras la muerte de Tomás García, Sinohydro se retiró del proyecto y rompió su contrato con DESA. Más tarde, el IFC anunció la retirada de los fondos. La construcción de la presa se paralizó.

“Fue un logro importante, conseguimos expulsar a la mayor constructora de presas del mundo y detener toda la estrategia de represión y criminalización contra nosotros. Pero la concesión sigue. Hasta ahora a DESA no le ha sido fácil subcontratar a otra empresa, se retiró el IFC pero el FMO, uno de los organismos financieros más agresivos, todavía está involucrado. Quieren reactivar el proyecto en otra zona sobre ese mismo río y continúa la militarización”, alerta Cáceres, que insiste en destacar el valor colectivo de la lucha y la participación activa de las mujeres lencas en la misma.

“Tuve que hacer muchas cosas para protegerme”

Para Berta Cáceres, a la defensa activa de los derechos del medio ambiente se le suma el hecho de ser mujer. El desafío es doble. “No es fácil ser mujer dirigiendo procesos de resistencias indígenas. En una sociedad increíblemente patriarcal las mujeres estamos muy expuestas, tenemos que enfrentar circunstancias de mucho riesgo, campañas machistas y misóginas. Esto es una de las cosas que más puede pesar para abandonar la lucha, no tanto la transnacional sino la agresión machista por todos lados”. 

Aun así, ella no ha pensando nunca en abandonar, a pesar de los reiterados esfuerzos del gobierno hondureño por criminalizarla. Esta es una estrategia habitual contra los defensores medioambientales. La antigua Relatora Especial de la ONU para los defensores de derechos humanos, Margaret Sekaggya, advertía en un informe sobre Honduras que quienes “denuncian problemas ambientales […] han sido calificados de miembros de la resistencia, guerrilleros, terroristas, opositores políticos o delincuentes”. Desde Global Witness alertan del uso por parte de algunos Gobiernos de legislación antiterrorista en contra de estos activistas, que pasan a ser catalogados como “enemigos del Estado”.

Berta ha sido acusada de “ser un peligro para la seguridad del Estado”, o de incitar a otras personas a cometer delitos. La han detenido en varias ocasiones y, en septiembre de 2013, dictaron una orden de encarcelamiento. Su caso fue recogido por Amnistía Internacional, que lanzó una acción urgente en su defensa. Durante unos meses vivió en semiclandestinidad y dos de sus hijas han tenido que abandonar el país. “Tuve que hacer muchas cosas para protegerme. En este país hay que inventar porque si no uno no sobrevive, y eso solo es posible con el respaldo de la comunidad. Pude haberme ido, haber pedido asilo político pero no quiero, es aquí donde quiero luchar”.

“Nuestras luchas se invisibilizan”

Luchar también por la visibilidad de lo que está sucediendo en los territorios indígenas y, en eso, reconoce, todo aquello por lo que ha pasado y el premio recibido ayudan. “Nuestras luchas se desprecian e invisibilizan porque para quienes tienen el poder político y económico son un mal ejemplo. Inspiran la lucha emancipatoria de los pueblos y demuestran que sí son posibles otras formas de vida que protegen el planeta. Esto es contrario al proyecto de dominación hegemónica que se impone en todo el mundo y que pretende saquear los recursos estratégicos de los pueblos”, denuncia.

Reconoce que se enfrentan a un enemigo fuerte. En estos momentos, por ejemplo, están trabajando contra 50 proyectos de generación de energía, “otorgados ilegal e ilegítimamente”, apunta. “Hay 43 proyectos hidroeléctricos que privatizan ríos y 7 eólicos concedidos a grandes transnacionales. Solo en nuestra zona tenemos la amenaza de más de 100 concesiones mineras en el contexto de la entrega más brutal que ha habido en este país. Se están aprobando más de 870 concesiones mineras, el Estado les ha otorgado el 30% del territorio. Esto significa que la crisis y la conflictividad por el agua va aumentar, y también la militarización. El trabajo es infinito”.

En este sentido, y desde su experiencia sobre el terreno, Berta lanza un mensaje a los líderes mundiales que se reunirán a finales de este año en París en la Conferencia sobre el Clima, la COP21: “Basta de hablar y hablar, queremos que actúen y eso empieza por el reconocimiento de que la destrucción ambiental y el cambio climático tienen razones estructurales. La gran causa es el capitalismo y mientras que no se eche atrás este sistema depredador se seguirán reuniendo en todo el tiempo que quede para la destrucción total del planeta”. 

La situación de los derechos humanos en Irán no parece quitar el sueño a las potencias occidentales, al menos, no tanto como el uranio enriquecido. Así de escéptica se muestra la abogada y activista iraní Shadi Sadr, que se confiesa poco optimista sobre una potencial mejora en este sentido tras el acuerdo nuclear alcanzado hace unos días en Lausana (Suiza).

Sadr visita España esta semana gracias a Amnistía Internacional coincidiendo con el inicio del debate en el Parlamento iraní de dos nuevas leyes encaminadas a aumentar la población que restringirán aún más los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

Para esta abogada exiliada en Londres, desde donde dirige la organización Justice for Iran, estas medidas constituyen tan solo una muestra más de la escasa voluntad política que ha demostrado la actual Administración de Hassan Rohaní por mejorar los derechos humanos y, en particular, los de las iraníes.

¿Cómo ha recibido la comunidad de defensores de derechos humanos en Irán el acuerdo provisional sobre el programa nuclear?

Este tema es un motivo constante de preocupación. El problema nuclear siempre ha ensombrecido la cuestión de los derechos humanos y esto es algo que ahora nos inquieta especialmente. Algunos analistas opinan que al rebajarse la tensión entre Irán y el resto de potencias se podría dar un buen escenario para llamar la atención sobre los derechos humanos, pero yo no soy tan optimista.

No creo que la resolución de esta disputa vaya a traer una mejora de la situación. Irán tendrá buenas relaciones económicas con el mundo sin el temor a que el mundo le critique por las violaciones de derechos humanos, eso les dará más manga ancha en cuanto a políticas internas.

En 2013, Hassan Rohaní sucedió a Mahmud Ahmadineyad con promesas de reformas, sin embargo, el relator especial de la ONU sobre Derechos Humanos en Irán dice en su último informe que no ha habido avances significativos. ¿Por qué no acaban de llegar?último informe

Cuando Rohaní llegó al poder existía una percepción de que durante su mandato mejoraría la situación de los derechos humanos, había hecho muchas promesas en términos de libertad de expresión, de asociación, de mejorar las condiciones de las minorías étnicas y religiosas, de las mujeres… Pero no hay evidencias de que las violaciones de derechos humanos hayan descendido, al contrario, la situación es incluso peor, se está produciendo un deterioro.

¿Por qué? Algunos creen que son las facciones más duras las que están bloqueando el cambio pero yo no lo veo así. El gobierno de Rohaní no ha demostrado ninguna voluntad política de mejorar la situación de los derechos humanos y un ejemplo muy claro son los derechos de las mujeres.

Luego está el papel de actores como la Unión Europea, que parece haber suspendido todos los esfuerzos que solía hacer para vigilar los derechos humanos. La UE debía tener dos sesiones al año para revisar las sanciones impuestas a Irán pero desde marzo de 2013 no ha habido ninguna, ninguna después de que Rohaní asumiera el poder. Lo justifican diciendo que no quieren ofender al gobierno durante las negociaciones, que no quieren romper las relaciones, que no es más que una perspectiva de relaciones económicas. Los derechos humanos se quedan fuera y no parece que vayan a volver a estar en el horizonte.

¿Qué aspectos son los que más le preocupan de este retroceso de derechos?

¡La lista es muy larga! Pero si tuviera que priorizar diría que la libertad de reunión y de asociación. Como persona que procede de la sociedad civil iraní y de los movimientos de mujeres, soy consciente de que no puede producirse ningún cambio sin una sociedad civil fuerte.

La era Ahmadineyad fue muy dañina, prácticamente destruyó la sociedad civil, se cerraron medios de comunicación, ONG, fuimos arrestados u obligados a abandonar el país. Una nueva generación de activistas tiene que emerger y eso va a ser muy difícil sin esas garantías. Hoy en día no se puede crear una ONG sin el permiso del Ministerio de Interior, y es un proceso muy largo, casi imposible para los activistas independientes, que deben probar su lealtad a la República Islámica, a la Constitución, al líder supremo…

Usted sufrió personalmente esa ofensiva de la que habla.

Sí, yo había fundado Raahi, un centro legal para mujeres vulnerables. En él no hacíamos política, tan solo ofrecíamos asesoramiento y servicios sociales para mujeres pobres pero cuando me arrestaron en 2009 el Ministerio de Inteligencia lo cerró y ya no ha vuelto a funcionar.

Desde 2009 [cuando se produjo la llamada “Revolución Verde” tras las elecciones presidenciales que dieron la victoria a Ahmadineyad entre acusaciones de fraude electoral] la situación fue empeorando cada vez más para la sociedad civil y para el movimiento de mujeres.

Precisamente esta semana el Parlamento iraní comienza a debatir dos proyectos de ley muy polémicos que pretenden aumentar la población y que, según Amnistía Internacional, reducirían a las mujeres a “máquinas de procrear”.

Estos proyectos de ley, desafortunadamente, forman parte de las nuevas políticas introducidas por el líder supremo, Alí Jamenei, que han tenido el respaldo del gobierno, tanto durante el mandato de Ahmadineyad como ahora con Rohaní. Básicamente, lo que pretenden es hacer que las mujeres retrocedan a sus roles tradicionales de esposas y madres y son un claro ejemplo de esa falta de voluntad política de mejorar la situación de las mujeres y las niñas.

Incluso Jamenei anima a las jóvenes a casarse a una edad cada vez menor cuando, al mismo tiempo, las estadísticas arrojan las cifras más altas de matrimonio temprano en la última década. ¿No resulta preocupante?

El tema de los matrimonios tempranos es un claro ejemplo de cómo han empeorado las cosas. El año pasado publicamos un informe en el que denunciábamos que estaban aumentando y se estaban dando casos por debajo de los 13 años, que es la edad legal para las niñas. Lo que sucede es que si los padres o abuelos obtienen un permiso en un juzgado pueden casarse con una menor de 13 años.

Esto es muy preocupante y según las estadísticas está ocurriendo, no sé si por cuestiones de pobreza o por qué, pero jueces y padres están jugando un papel importante en esto. Trasladado a la política, cuando los medios de comunicación se hicieron eco de nuestro informe la vicepresidenta de Asuntos de la Mujer prometió que lo investigaría y ordenaría a los jueces no dar esos permisos pero han pasado nueve meses y nada ha cambiado.

La lista de leyes que discriminan a la mujer en Irán es larga pero se resisten a ser ciudadanas de segunda, ¿qué las hace fuertes?

El activismo forma parte de la naturaleza humana, sobre todo cuando estás en frente de injusticias, de desigualdad… Resistes. Las mujeres iraníes compartimos una larga historia de resistencia, y hemos conseguido cosas, eso nadie lo puede ignorar. La iraní es una sociedad vibrante y sus mujeres son muy activas, no se someten a esas leyes discriminatorias, expresan su rechazo siempre que pueden, aunque a veces sean silenciadas de forma muy dura. El problema es que siempre que se habla de derechos de las mujeres en Irán se nos presenta como sometidas a esas discriminaciones y no es del todo así.

Las noticias suelen contar lo que el gobierno iraní hace, lo que dicen las leyes pero no cuentan la historia de la resistencia diaria, del rechazo a esas leyes y de las consecuencias de ese rechazo en nuestras vidas. Se nos presenta sin matices y esas no somos nosotras.

En su caso, su activismo la llevó a ser detenida en dos ocasiones y permaneció dos semanas en la prisión de Evin en 2009 por participar en unas manifestaciones pacíficas. La acusaron de actuar “contra la seguridad nacional” y fue condenada en 2010 “in absentia” a seis años de cárcel y 74 latigazos. ¿Qué recuerda de aquellos días?

Tuve la suerte de no sufrir las torturas y abusos por los que pasan otras mujeres en Evin. La segunda vez que me arrestaron Amnistía Internacional lanzó una acción urgente tan solo tres horas después, recuerdo que era mi segundo día en prisión, estaba sentada de cara a un muro y solo podía escuchar la voz de mi interrogador que me preguntó si es que yo había acordado algo con Amnistía.

Les dije que no pero no pude esconder la emoción de que desde tan lejos se estuviera haciendo una campaña por mí. Ese tipo de cosas me convirtieron en una presa privilegiada pero estando allí fui realmente consciente de los abusos que sufren otras mujeres, las mujeres menos conocidas, los vi y los escuché. Por eso, cuando abandoné el país y creé Justice for Iran la primera investigación que hicimos fue sobre abusos sexuales y torturas contra presas políticas en Irán.

Abandonó Irán pero continuó con su trabajo en el extranjero, algo que le ha traído recientemente acusaciones de traición o de ser una espía al servicio de la inteligencia británica, ¿cómo recibe esos ataques?

Desde que fundamos Justice for Iran, en 2010, hemos hecho muchos trabajos de investigación e incidencia con el objetivo principal de que los perpetradores de abusos a los derechos humanos rindan cuentas. Esas acusaciones proceden de Press TV, un canal 24 horas en inglés que pertenece al gobierno iraní.

La razón que hay detrás de ellas es que conseguimos que la Unión Europea sancionara a dos de sus oficiales incluyéndolos en la lista de personas vinculadas con violaciones de derechos humanos a raíz de un informe que elaboramos sobre su implicación en la difusión de confesiones obtenidas mediante torturas de presos políticos que luego se utilizaban contra ellos. Es su forma de vengarse, y eso me ha traído amenazas y comentarios como que debería ser extraditada a Irán y ahorcada o cosas así, pero sabiendo de donde vienen no me preocupa.

¿Qué la convirtió en defensora de derechos humanos?

No fue nada en concreto, es un proceso. Uno no decide convertirse en activista porque sí, sucede porque tiene que ser, porque hay situaciones en las que no puedes seguir aceptando la discriminación. Sí hay hechos que te marcan especialmente y en mi caso fue la maternidad.

Tenía 25 años, me había graduado en una de las mejores universidades, era muy activa y cuando tuve a mi hija sentí el estigma de ser madre y regresar al trabajo.

¿Acaso era una irresponsable? Fue la primera vez que sentí lo que significa “ser mujer” en una sociedad como la iraní y un momento clave en el proceso de convertirme en quien soy.