Lía Dorta murió a los veinte años en el Hospital Doctor Negrín de Gran Canaria, en la isla donde vivía. Horas antes, se había precipitado por un desnivel de cerca de seis metros en el municipio de Valverde, en El Hierro, donde se encontraba de vacaciones. 

Los hechos ocurrieron la madrugada del 24 de julio de 2022. La joven, que estudiaba el doble grado de Traducción y Turismo en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), disfrutaba de una noche de fiesta junto a unos amigos en una conocida discoteca de la capital herreña, un municipio de poco más de 5.000 habitantes. En un momento, se apartó del grupo junto a otro joven y se adentró en una zona de penumbra en busca de intimidad para orinar. Rebasó un murete de piedra de apenas 55 centímetros y cayó por un hueco al lado de la rampa de acceso a una finca. A pesar de la altura, en el lugar no había valla de seguridad. Tampoco estaba iluminado ni señalizado. Tras la caída, fue evacuada en helicóptero a Gran Canaria, donde acabó falleciendo debido a la gravedad de las lesiones. 

Cuatro años después, hay dos procesos judiciales en curso. La vía penal fue reabierta el pasado mayo por un juez sustituto y está pendiente del informe de reconstrucción encargado a un equipo especializado de la Guardia Civil. En la vía contenciosa, la familia reclama al Ayuntamiento de Valverde una indemnización por responsabilidad patrimonial. 

En el marco de este segundo procedimiento, ha salido a la luz un documento oficial que compromete la posición del Consistorio. En el legajo aportado por la administración figura una nota interior firmada en 2017 (cinco años antes de la muerte de Lía) que acredita que el Ayuntamiento, que ejercía la dirección de obra a través del arquitecto municipal, previó y presupuestó una barandilla de seguridad en ese lugar, pero que al final decidió no instalarla al entender que la altura de los cerramientos era suficiente. 

“No se ejecuta, además de porque en planos del proyecto no se indica su emplazamiento, (porque) es consideración de (la) D.O. (la dirección de obra) estimar suficiente la altura de los cerramientos y la naturaleza de talud de los terrenos que delimita”, señala ese documento en relación con la partida identificada con el número 6.02, una barandilla metálica de acero galvanizado que estaba presupuestada en 3.320,94 euros. El director de obra consideró en ese momento que esa fase de la obra estaba “completada”. 

“Una trampa mortal”

Para la familia, se trata de un hecho trascendental para valorar la posible responsabilidad de la administración en los hechos. “Era una trampa mortal”, resume Maite, la madre de Lía. “De forma consciente y deliberada, el Ayuntamiento recepcionó la tan mencionada rampa sin la barrera que hubiera impedido la muerte de la joven”, expone su abogado en el recurso presentado en la vía contenciosa. Y añade: “Los muros perimetrales de piedra, de altura variable entre 40 y 65 centímetros (55 en el lugar en el que se precipitó la joven), no cumplen en modo alguno la función de barandilla o pretil de seguridad, siendo su altura a todas luces insuficiente para proteger a una persona de una caída desde esa altura”. 

En ese recurso, la familia acusa al Ayuntamiento de Valverde de omitir “de forma grave y continuada” sus deberes “de conservación, seguridad, iluminación, señalización y protección del espacio público”. 

La obra controvertida se ejecutó entre 2010 y 2017. El Ayuntamiento de Valverde se había comprometido con el propietario de una finca a construir una rampa de acceso para salvar el notable desnivel entre esa parcela y la vía pública. A pesar de que no estaba en el proyecto, como admitió una técnica de la propia administración ante la Diputación del Común, esta actuación se materializó en la cuarta fase de las obras de construcción de una nueva vía entre las calles San Francisco y San Juan de la capital herreña. 

Acceso privado, suelo público

Un informe pericial aportado en los juzgados por la familia de Lía advierte de que esa rampa se realizó sin un proyecto específico, sin planos, sin documentación técnica y sin la preceptiva licencia. El arquitecto que firma esa pericial constata, además, que el lugar exacto del accidente se encuentra dentro de una parcela catastral de la que es titular el Ayuntamiento. Es decir, que aunque el espacio sirva de acceso a una finca privada, el suelo donde se produce la caída “es de dominio público municipal”.

“Es un hecho determinante”, expone el abogado de la familia, que subraya que el desnivel de cerca de seis metros constituía “un peligro evidente y previsible para cualquier persona que transitara la zona” y que, a pesar de ello, era de libre acceso y no estaba vallado, ni iluminado, ni señalizado.

En julio de 2022, cuando ocurrieron los hechos, ese acceso estaba delimitado por una pequeña cancela metálica de unos 90 centímetros de altura que impide el paso a la rampa de cemento. Esta verja está flanqueada por dos pequeños muros de piedra de altura variable, de 40 a 65 centímetros. Entre uno de esos muretes y la pared de piedra había un hueco de cerca de seis metros de altura. Por ese lugar cayó Lía. 

“El lugar funcionaba como una plataforma-mirador abierta, sin control de acceso alguno, directamente conectada con la acera pública”, recoge el recurso de la familia, que considera “altamente significativo” que días después del accidente mortal el Ayuntamiento colocara unas vallas para impedir la entrada en ese espacio. “Es un reconocimiento implícito de la peligrosidad preexistente y demuestra que existían medios sencillos, económicos y eficaces para haber evitado la tragedia”, sostiene. 

“En cuanto a la pregunta que nos hacemos todos, si el accidente que sufrió Lía Dorta se pudo haber evitado, he de decir que frente a las pruebas aportadas, rotundamente sí, ya que si hubiesen existido unas protecciones adecuadas, se hubiese evitado el fatal accidente”, exponía el arquitecto firmante del informe pericial aportado por la familia.

Ahora se sabe, además, que la barandilla de seguridad estaba presupuestada y no fue colocada por decisión del Ayuntamiento. Para el abogado de los demandantes, la inexistencia de una valla de seguridad en el lugar es una prueba del “descontrol absoluto” de la administración. 

Un antecedente cinco meses antes

La familia incide en que la peligrosidad del lugar no era desconocida para el Ayuntamiento. Apenas cinco meses antes del accidente de Lía, otro joven sufrió una caída en el mismo punto y en circunstancias idénticas. Sobrevivió, pero sufrió importantes lesiones. La familia sostiene que, a pesar de la gravedad de ese suceso, que también se investiga en los juzgados de Valverde, la administración local no adoptó ninguna medida de seguridad.  

Para el abogado de los demandantes, hay otro elemento crucial para demostrar que lo ocurrido meses antes era conocido en el municipio. Se da la circunstancia de que el principal testigo de la causa penal, el joven que acompañó a Lía al lugar de los hechos, es hijo de Carlos Brito, actual alcalde de Valverde y en aquel momento concejal y policía local. En su declaración en sede judicial, este testigo reconoció que fue su padre quien le informó que tiempo atrás otro joven ya se había precipitado por ese mismo desnivel. 

A la espera del informe de la Guardia Civil

La causa penal por la muerte de Lía fue reabierta el pasado 25 de mayo por un juez sustituto. El procedimiento se instruye en el juzgado de Valverde. Su magistrada titular, Ana Rosa Domínguez, había dictado en octubre de 2023 un primer auto de archivo, al considerar que la caída fue un accidente fortuito, que la víctima asumió el riesgo de manera voluntaria y que había una cancela (de unos 90 centímetros) que delimitaba el lugar donde se produjo la caída. Meses después, en enero de 2024, volvió a rechazar el recurso de reforma presentado por la familia, que recurrió de nuevo -en apelación- a la Audiencia Provincial.

La Fiscalía solicitó en aquel momento la desestimación del recurso, al entender que no había indicios suficientes para continuar el procedimiento por un presunto delito de homicidio por imprudencia grave.

El Ministerio Público, no obstante, matizaba lo expresado por la instructora. “Es cierta la existencia de una suerte de valla o cancela (ciertamente de baja altura) que delimita el acceso a la rampa de cemento y que se hallaba cerrada en el momento de los hechos, pero no es a través de la misma como accede Lía, sino superando el muro que sigue a la misma. Y es cierto que dicho muro es de baja altura y no advierte de la altura de caída”, exponía en ese escrito la fiscal, quien, sin embargo, compartía con la magistrada que la actuación de la joven suponía “la asunción de un riesgo”. 

En mayo de 2024, la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife confirmó el archivo provisional al no apreciar relevancia penal en los hechos y remitió a la vía contenciosa para resolver el caso. Ese auto del órgano provincial remarcaba, no obstante, que en ese lugar no había barandillas delimitadoras y que, según el testimonio prestado en sede judicial por el dueño de la finca, esa rampa había sido construida por el Ayuntamiento de Valverde con la finalidad de darle acceso a su propiedad. 

El giro procesal se produjo en mayo de este año. La acusación particular (la familia de Lía) había presentado un nuevo informe del perito arquitecto que cuestionaba la versión del único testigo directo sobre la mecánica de la caída y la posición final del cuerpo.

A raíz de ese informe, un juez sustituto, Antonio Mazuecos, dictó un auto de reapertura y ordenó dos diligencias al servicio de Criminalística de la Guardia Civil: la inspección técnico-forense con medición de la mancha de sangre y la reconstrucción de los hechos con un dummy (un maniquí de prueba con el peso de Lía en el momento del accidente) e infografía tridimensional. 

El equipo especializado de la Guardia Civil ya acudió al lugar de los hechos a practicar estas diligencias, pero aún no ha remitido el informe de conclusiones. La acusación particular sostiene que la disposición final en la que quedó el cuerpo simulado (dummy) durante las pruebas de reconstrucción no coincide con la mecánica de caída relatada por el testigo.

La magistrada titular ya ha regresado a Valverde. El pasado 10 de julio dictó una nueva providencia que instaba a la Fiscalía a pronunciarse sobre la posibilidad de acordar un nuevo archivo. Lo hizo sin haber recibido aún el informe de reconstrucción en 3D de la Guardia Civil y sin dar traslado a la acusación particular. 

El abogado de la familia recurrió esa providencia con un duro escrito: “Nos encontramos ante una vulneración flagrante no solo de las normas procesales que rigen el proceso penal, sino una auténtica vulneración de los propios principios rectores del derecho penal que alcanza tintes de infracción constitucional”.

También la Fiscalía señala la improcedencia de archivar la causa sin contar con el informe encargado al equipo especializado de la Guardia Civil. De momento, la familia de Lía no dirige la acusación contra nadie en particular.

El Ayuntamiento de Valverde no ha contestado a las preguntas formuladas por este periódico, alegando que hay un proceso judicial en curso y que hasta que no termine no se pronunciarán sobre el caso. 

El patrón se repite. Un contrato público llega a su fecha de vencimiento sin posibilidad de prórroga y la administración ni siquiera ha licitado el nuevo concurso. Como el servicio no se puede interrumpir, la prestación se extiende al margen de la ley y las facturas se acaban pagando a través de un procedimiento extraordinario: la declaración de nulidad. Un nuevo y severo rapapolvo del Consejo Consultivo de Canarias ha descubierto que esa fue también la fórmula que el Gobierno liderado por Fernando Clavijo (Coalición Canaria) ha aplicado con el contrato para proteger con antivirus los móviles corporativos.

El modo de operar no es nuevo. Esa práctica situó al propio Clavijo en el foco de la justicia en el llamado caso Reparos. Cuando era concejal y alcalde del Ayuntamiento de La Laguna, el actual presidente regional sostuvo durante años contratos vencidos, algunos de ellos millonarios, mediante decretos que levantaban de manera sistemática los reparos que planteaba el interventor municipal. La causa penal acabaría siendo archivada por la Sala Segunda del Supremo que lideraba el canario Manuel Marchena cuando Clavijo se aforó como senador. El alto tribunal entendió que eran simplemente irregularidades administrativas, no delitos, porque no apreció arbitrariedad en esas resoluciones. 

Años después, es el Consultivo quien reprocha al Gobierno de Clavijo el “uso fraudulento o abusivo” del procedimiento de revisión de oficio (de los actos propios) para pagar facturas irregulares. En esta ocasión, de los móviles corporativos del Gobierno. 

El dictamen del Consejo Consultivo aborda las facturas abonadas a la empresa prestataria durante cinco meses (del 1 de agosto al 31 de diciembre de 2025), aunque el servicio se prestó en estas condiciones, sin contrato válido, al menos durante un año. 

El contrato original había sido firmado en septiembre de 2022, durante la legislatura del Gobierno progresista en las islas (PSOE, Nueva Canarias, Sí Podemos y Agrupación Socialista Gomera). Su objeto era el suministro de “un sistema de protección antimalware para dispositivos móviles corporativos del Gobierno de Canarias”. Tenía una duración máxima de tres años (a contar desde el 1 de agosto) y un importe de 145.044,77 euros sin impuestos.

Por lo tanto, el contrato expiró el 31 de julio de 2025. Quince días antes de esta fecha, el jefe del área de Telecomunicaciones y Sistemas informó de que era necesario continuar con la prestación del servicio en las mismas condiciones que establecían los pliegos y hasta la adjudicación de un nuevo contrato. Ocho meses después, en marzo de 2026, el mismo funcionario eleva otro escrito para incidir en que persiste la necesidad de disponer de este suministro para garantizar la protección de los dispositivos móviles. Entonces señala que el nuevo concurso está en fase de elaboración de los pliegos. La empresa contratista presentó facturas por un importe de 21.555,25 euros (correspondiente al periodo de agosto a diciembre de 2025).

El procedimiento de revisión de oficio, previsto para que la administración pueda corregir actos propios viciados de nulidad, se inició en abril a través de una resolución firmada por el viceconsejero de Presidencia, Alfonso Cabello, que es además portavoz del Ejecutivo. 

El Consultivo constata que el Gobierno de Canarias prescindió “total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido” para prorrogar el contrato vencido de la seguridad de los dispositivos móviles. La empresa siguió prestando el servicio una vez extinguido el contrato y, por tanto, “sin cobertura alguna”. El órgano fiscalizador de la comunidad autónoma recuerda que esta actuación “vulnera los principios básicos de la contratación administrativa”: el acceso a las licitaciones, la publicidad y transparencia de los procedimientos y los principios de no discriminación e igualdad de trato entre candidatos. 

Enriquecimiento injusto

Para el Consultivo no hay ninguna duda de que se trata de un supuesto de “prórroga tácita proscrita” por el artículo 29.2 de la Ley de Contratos del Sector Público. Sin embargo, admite la causa de nulidad y, por tanto, el pago de las facturas a la empresa, porque los servicios se prestaron de forma efectiva para el Gobierno de Canarias y, en consecuencia, de no abonarse se estaría produciendo un “enriquecimiento injusto” de la administración. 

Como viene reiterando el Consultivo en numerosos dictámenes, esa infracción del ordenamiento jurídico “no puede ser imputable” a un tercero, a la empresa que presta el servicio sin cobertura contractual, sino a la administración. 

Hay que recordar que contratos como el de la seguridad de los móviles corporativos de la administración son de tracto sucesivo. No son de ejecución única o entrega puntual, como pudiera ser la compra de un equipamiento, sino que se deben ejecutar de forma continuada, ininterrumpida y periódica durante un periodo prolongado. Esto quiere decir, como advierte el propio Consultivo en su última resolución, que este tipo de irregularidades son provocadas por “graves faltas de diligencia en la gestión de los expedientes de contratación”, puesto que no se trata de un imprevisto o de una causa de fuerza mayor. 

El órgano fiscalizador sostiene que Presidencia hace un “uso fraudulento o cuando menos abusivo” del procedimiento de revisión de oficio para prorrogar un contrato vencido al margen de la ley y, con ello, incurre en “una clara desviación de poder”.

Según el Consultivo, el Gobierno de Canarias no está aplicando este procedimiento excepcional como una fórmula para “expulsar” aquellos actos propios que “adolezcan de vicios graves y determinantes”, como prevé la norma, sino que lo está “instrumentalizando” para saltarse “todas aquellas circunstancias que impiden hacer efectivo el pago de las facturas debidas”, como, por ejemplo, “el levantamiento de los posibles reparos de la intervención”. Aseveración esta última que vuelve a entroncar este caso con el que llevó a Clavijo ante el Supremo. 

En definitiva, el Consultivo avala el pago de las facturas para evitar el enriquecimiento injusto de la administración, pero reprocha “el uso abusivo del procedimiento excepcional como forma alternativa al procedimiento de contratación administrativa”.  

El Gobierno de Canarias formalizó el pasado 3 de septiembre un contrato de ciberseguridad más amplio, que incluye no sólo las terminales móviles corporativas, los servidores, el correo electrónico y las licencias corporativas. La empresa Centro Regional de Servicios Avanzados, con sede en Burgos, resultó adjudicataria por 5,8 millones de euros. 

¿Vale más un terreno rural si es apto para albergar una planta de energía solar? Es la pregunta que deberá responder el Tribunal Supremo en un litigio planteado por los cuatro dueños de una finca ubicada en el municipio de Telde, en la isla de Gran Canaria. La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha admitido a trámite el recurso de estos propietarios contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que había desestimado su pretensión de elevar de forma sustancial el precio de esa expropiación. 

El Supremo entiende que la cuestión presenta interés para sentar jurisprudencia, para fijar un criterio claro sobre la materia ante la proliferación de instalaciones de energía renovable sobre suelo rústico. En el caso de Telde, la brecha es abismal. La Comisión de Valoración del Gobierno de Canarias fijó en 517.000 euros el justiprecio, el valor de la finca. Los demandantes reclaman 3,4 millones, lo que supone multiplicar por más de seis la tasación oficial. 

La finca objeto de este pleito cuenta con una superficie de 74.620 metros cuadrados, se ubica en la zona conocida como Lomo Gordo y colinda con el Barranco de Silva. La parcela, un erial que arrastra un notorio estado de abandono desde hace cuatro décadas, quedó condicionada por el Plan General de Ordenación aprobado por el Ayuntamiento de Telde en 2002. Bajo la adscripción Sistema General SG-7 (Cementerio), la normativa urbanística reservó en este espacio cerca de 60.000 metros cuadrados para equipamientos funerarios municipales. Casi 25 años después, nada se ha hecho en este lugar.

Tras la aprobación del PGO, el Ayuntamiento de Telde no ejecutó ninguna acción para adquirir ese suelo. Ante esta parálisis, fueron los propios dueños de la parcela quienes solicitaron ejercer su derecho a la expropiación más de cinco años después de la entrada en vigor del planeamiento urbanístico municipal. En aquel momento pedían 5,8 millones, pero la Comisión de Valoración de Canarias lo tasó en octubre de 2014 en 485.000 euros.

Sin embargo, la administración no pagó y los propietarios pidieron en diciembre de 2018 volver a tasar la finca para adaptar la valoración a la legislación vigente, a la Ley del Suelo que se había aprobado un año antes como el proyecto estrella del primer mandato de Fernando Clavijo (Coalición Canaria). La Comisión de Valoración aumentó ligeramente el justiprecio, de los 485.000 a los 517.360 euros. Los dueños de la parcela se mostraron disconformes con la retasación y acudieron a los tribunales para reclamar 3,4 millones.

¿Por qué reclaman más dinero los propietarios?

Los demandantes aportaron un documento técnico que sostiene que, tras la aprobación de la Ley del Suelo, la tasación de los terrenos rurales debe incluir, a efectos de una eventual expropiación, la renta potencial por la implantación de una planta solar. A juicio de los demandantes, las dimensiones de la finca y su “estratégica e inmejorable ubicación” la hacen idónea para instalar proyectos de producción de energías renovables, debido a “la ausencia de valores naturales” y a su catalogación como suelo rústico de protección de infraestructuras, lo que no prohíbe este uso. El Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria incluye esa superficie como “zona de moderado valor agrario”. 

Para el caso de que esa pretensión principal no prosperara, los propietarios plantearon una subsidiaria o alternativa, la de considerar la finca apta para el cultivo del aloe vera y, por lo tanto, más rentable que el uso agrícola tradicional. Para este supuesto, un segundo documento técnico tasaba el terreno en 1,4 millones de euros. 

El freno del TSJC: “Una expectativa incierta” 

Esas pretensiones chocaron en primera instancia con el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso desestimó íntegramente la demanda en una sentencia dictada en noviembre de 2025. 

Para el tribunal autonómico, la opción de instalar en esa parcela una planta de energía solar no deja de ser una mera expectativa “absolutamente incierta”. La sentencia precisa que, si bien es cierto que la Ley del Suelo de Canarias de 2017 no prohíbe de forma expresa la implantación de renovables en una finca rústica, su instalación está condicionada a la obtención de licencias municipales, declaraciones de interés público o social y permisos sectoriales de conexión a la red eléctrica. 

Según el TSJC, una planta de ese tipo requiere un volumen de inversión millonario que excede “los medios técnicos normales” exigidos para calcular la renta de un suelo rústico. 

Respecto al cultivo del aloe vera, la Sala incidió en que la valoración oficial de la administración, basada en el cultivo tradicional de hortalizas y tomate en invernadero, goza de “presunción de veracidad en la zona”, en que esa actividad es “excepcional” en la zona y en que la finca está abandonada desde los años ochenta y que, por tanto, sería necesario realizar obras e inversiones considerables en riego y preparación de suelo. 

El Supremo abre la puerta 

Tras ese primer varapalo, los propietarios de la finca acudieron al Supremo. En su recurso, los afectados califican de “contradictorio” uno de los argumentos esgrimidos por el TSJC para rechazar sus pretensiones, el que alude a la necesidad de disponer de autorizaciones previas. Los propietarios sostienen que a las explotaciones agrícolas o ganaderas tampoco se las evalúa por la capacidad personal de sus dueños ni se les exige tener todos los permisos tramitados de antemano para computar el rendimiento potencial.

El alto tribunal español, en un auto dictado el pasado 15 de julio con la magistrada Ángeles Huet de Sande como ponente, ha decidido admitir a trámite el recurso de casación. 

Para el Supremo resulta indispensable interpretar el artículo 36 de la Ley del Suelo estatal y la normativa reglamentaria para determinar si la aptitud de un suelo rural como planta solar debe ser ponderada al calcular la renta potencial de la parcela de cara a una expropiación. 

Los magistrados destacan que los pronunciamientos anteriores se dictaron sobre normativas ya derogadas, por lo que consideran inaplazable fijar un criterio claro ante la notable expansión que han experimentado las instalaciones renovables sobre el suelo rural. 

La decisión final de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo sentará una doctrina de alcance general, puesto que servirá para resolver si el auge de la fotovoltaica en estos terrenos redefine el coste de las expropiaciones en España.

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha condenado a cinco años de cárcel a un agente de la Policía Nacional por un delito de agresión sexual continuada a una menor, hija de su antigua pareja. La sentencia, que aún no es firme y que ya ha sido recurrida, considera probado que entre 2013 y 2020 el acusado abusó en reiteradas ocasiones de la víctima, desde que la niña tenía 7 años hasta que cumplió los 14. 

Además de la pena de cárcel, el fallo impone al funcionario, J.M.G.M., otros cinco años de libertad vigilada cuando cumpla la pena de prisión; la inhabilitación especial para ejercer cualquier profesión que conlleve contacto regular y directo con menores durante el mismo periodo; la prohibición de aproximarse a menos de 500 metros o de comunicarse con la víctima, y el pago de una indemnización de 50.000 euros en concepto de daños morales. 

Este periódico ha consultado hasta en tres ocasiones a la Dirección General de la Policía si se ha abierto algún expediente disciplinario o de expulsión al agente condenado a raíz de esta resolución judicial, pero hasta la fecha no ha obtenido respuesta. A la acusación particular, que está representada por la abogada Ángeles Padilla, no le consta que haya sido apartado cautelarmente del cuerpo ni suspendido de empleo y sueldo. En la actualidad, el funcionario se encuentra destinado en Melilla. 

El policía condenado mantuvo una relación con la madre de la víctima desde 2013 hasta 2020. Durante ese periodo, la pareja convivió junto a la agredida y a otras dos menores (hijas también de ella). Primero en Madrid, donde el agente ejerció como escolta en la sede del Tribunal Supremo y en otra localidad de la capital. Y desde 2015, en Tenerife. 

El relato de la víctima

La víctima contó lo sucedido a su madre de forma espontánea en noviembre de 2020, tras ser sorprendida hablando por teléfono con un chico por un chat. En ese momento, la menor dijo que había sufrido tocamientos por parte de su padrastro, pero intentó no dar detalles porque le daba vergüenza. Su madre le pidió entonces que lo expresara todo por escrito y la joven redactó en enero de 2021 una carta que, junto a sus posteriores declaraciones en sede judicial, constituyen, a juicio del tribunal, un testimonio “aplastante” de abusos. 

La sentencia describe la “dinámica comisiva”. El acusado aprovechaba los momentos en que se quedaba a solas con la niña, en especial por las tardes, cuando la madre iba a trabajar y su hermana mayor acudía a clases de atletismo (la menor era bebé), para consumar unas agresiones que comenzaron con tocamientos por encima y debajo de la ropa y siguieron con frotamientos genitales, masturbaciones o mordiscos en los pechos.  

La víctima contó que el acusado, al que consideraba “su verdadero padre”, la forzaba a dormir la siesta tras regresar del colegio y se acostaba desnudo junto a ella. En ese contexto de soledad y de relación de confianza se producían los tocamientos a la menor, que “se hacía la dormida” y guardaba silencio por miedo, vergüenza e incomodidad.

También explicó al tribunal que esa dinámica se fue transformando con el tiempo. Como hechos probados en la sentencia figura otro episodio en Madrid, en el trastero de la casa. La víctima narró que habían acudido a este lugar a buscar una bicicleta y que su padrastro aprovechó que estaban solos para bajarle los pantalones y la ropa interior y restregarle sus partes íntimas. Al mudarse a Tenerife con 9 años, la víctima comenzó a negarse a dormir la siesta con el acusado tras el colegio, por lo que esos abusos se trasladaron a la noche en su propia habitación. “Se metía en su cama y se masturbaba”, recoge la sentencia. 

En su carta, la joven describió una última agresión en su habitación. Contó que su padrastro le introdujo un dedo en la vagina, que al sentir dolor se apartó y él se retiró. Según relató, fue la última vez. Desde aquella noche no volvió a producirse ningún contacto. 

En la sentencia, la Sala explica que no dio este hecho por probado al albergar dudas sobre “la progresión técnica exacta del contacto físico”. No obstante, los magistrados destacan que la forma en que la menor contó este episodio, sin intentar “aderezar ni exagerar los hechos” para perjudicar al procesado, demuestra la ausencia de un móvil espurio y constituye una prueba de la “autenticidad global” de su testimonio. 

Como consecuencia de estos hechos, la víctima sufrió una merma en su rendimiento académico durante la secundaria y ahora presenta sintomatología ansioso-depresiva, con secuelas en su vida afectiva e íntima, según las psicólogas que ejercieron como peritos. 

El triple test

La sentencia dictada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, con la magistrada María Teresa Hernández como ponente, recuerda que la consolidada jurisprudencia del Supremo admite la declaración de la víctima como prueba válida para destruir la presunción de inocencia, aunque sea la única, siempre que supere el denominado triple test. Esto es, que no se aprecien móviles espurios en la denuncia; que el relato de la víctima sea consistente y persistente, sin ambigüedades ni contradicciones, y que esté corroborada por elementos periféricos que refuercen su verosimilitud. 

Esto es así por la propia naturaleza de los delitos de índole sexual, en los que suele ser frecuente que no exista prueba objetiva que demuestre o excluya indiscutiblemente unos hechos que se cometen en la clandestinidad, sin la presencia de testigos. 

La Sala destaca que la víctima expuso pasajes de forma escueta, sin intentar inflar la acusación ni inventar detalles que no recordaba, lo que aumenta su credibilidad. 

Los magistrados no aprecian un móvil espurio en la denuncia de la víctima. Sostienen que la revelación de los hechos se produce de manera espontánea, que con ella “no obtiene beneficio personal”, que describe “sentimientos de vergüenza, miedo y silencio prolongado” y que la menor tampoco instrumentaliza “los problemas familiares previos”.

A juicio de la Sala, su relato resulta verosímil por “su coherencia”, por “la riqueza de detalles periféricos” y por su “compatibilidad con los patrones clínicos y criminológicos del abuso sexual continuado en el ámbito familiar”. “La menor aporta elementos concretos, sensoriales y ambientales que difícilmente pueden ser inventados”, recoge la sentencia. 

Los testimonios de la madre y la hermana

Aparte de la ausencia de un móvil espurio y de la consistencia incriminatoria del relato, la jurisprudencia del Supremo sobre delitos de carácter sexual exige que la declaración de la víctima sea corroborada por elementos externos. La Audiencia Provincial considera que los testimonios de la madre de la víctima, de su hermana mayor e incluso del propio acusado contienen datos “abundantes, variados y sólidos” que actúan como “corroboradores periféricos”. También la carta escrita por la menor e incluso unas imágenes que obran en la causa y en donde se puede ver al agresor encima de la víctima. 

La madre, por ejemplo, confirmó la costumbre del acusado de imponer la siesta a la menor o de ir desnudo por la casa y contó que en una ocasión, estando ya en Tenerife, se encontró a su pareja de madrugada en el cuarto de la víctima, en su cama, con un albornoz gris y que al preguntarle qué hacía ahí le respondió que quería saber si estaba dormida. 

La hermana mayor también confirmó ciertos detalles, como las rutinas de la familia y los horarios. Declaró no haber presenciado actos lascivos directos, pero sí confirmó la existencia de “juegos” donde el padre daba pellizcos en los pechos a las niñas cuando eran pequeñas. La víctima sostenía que no sólo fueron pellizcos, sino también mordiscos. 

El correo del acusado

A juicio de la Sala, otro elemento periférico de corroboración es paradójicamente el testimonio del propio acusado, manifestado tanto en un correo electrónico que envió a su pareja en noviembre de 2020 (tras la confesión de la menor)para intentar salvar la relación como en su declaración como acusado en el juicio. J.M.G.M. negó haber realizado tocamientos a la víctima con ánimo lascivo o sexual. Sin embargo, el tribunal calificó de “sorprendente” su relato, puesto que, al intentar justificarse, “reconoce hechos que, objetivamente, constituyen indicios de abuso pero los normaliza” y minimiza, argumentando que se trataba de “juegos” o de dinámicas cotidianas del hogar.  

Desde la perspectiva judicial, señala la sentencia de la Audiencia, “son conductas de riesgo sexual”. El ahora condenado reconoció que solía estar desnudo por la casa en presencia de las menores, que se echaba la siesta con la víctima sin ropa interior y que continuó bañándose con las menores hasta edades avanzadas o impropias. También admitió que agarraba los pechos de la víctima y los “mordisqueaba o chupaba” a modo de “juego”. Incluso dijo que no tenía por qué esconderlo. Además, reconoció la existencia de contacto con sus partes íntimas en la cama y trató de desplazar la responsabilidad hacia la niña, asegurando que fue la menor (cuando tenía unos ocho años) quien le tocó.

Su relato, señala la sentencia, “no es más que una explicación justificativa típica de agresor sexual intrafamiliar”. La Sala aprecia patrones “muy estudiados” en el comportamiento del policía nacional condenado: normalización de la desnudez, desplazamiento de la culpa (hacia la madre), idealización de la relación con la víctima, “autovictimización” y “confusión temporal y narrativo”. La magistrada ponente incide en que estos patrones “no prueban nada por sí solos”, pero son “incompatibles con un relato veraz”. 

“Este testimonio es incompatible con la inocencia, no porque parezca raro, sino porque reconoce conductas sexualizadas objetivas, normaliza actos que constituyen abuso, se contradice en puntos esenciales, culpa a terceros sin coherencia y presenta un patrón narrativo típico de agresores intrafamiliares. Por tanto, el relato no es verosímil, no es persistente y no es coherente”, resume la sentencia. 

Por el contrario, el testimonio de la víctima “reúne de forma clara los criterios exigidos” por la jurisprudencia del Supremo para considerarlo como prueba de cargo suficiente en delitos contra la libertad sexual. Su declaración “presenta coherencia interna, estabilidad narrativa y un nivel de detalle propio de experiencias vividas”, expone en la resolución la Audiencia. 

¿Por qué la pena mínima?

La sentencia impone una pena de cinco años de cárcel frente a los diez que reclamaban la Fiscalía y la acusación particular. Los magistrados han fijado la condena en el mínimo que establece la ley para un delito continuado de agresión sexual con prevalimiento. La resolución explica que el cálculo de la pena arroja la misma horquilla (de cinco a siete años y medio) tanto con el Código Penal de 2015, vigente en el momento de los hechos, como con la reforma de 2022 (la ley del solo sí es sí). La Sala se decanta por la sanción mínima al no apreciar agravantes y considerarla proporcional a los hechos probados.

De ratificarse la sentencia, el agente no podrá acceder al tercer grado penitenciario (régimen de semilibertad) hasta que haya cumplido la mitad de la condena. Además, el fallo acuerda la pena de privación de la patria potestad. 

Criba en las oposiciones a Policía Local en Canarias. Siete de cada diez aspirantes han quedado eliminados en el examen psicotécnico y de personalidad, la segunda fase del proceso selectivo tras las pruebas físicas. Esta convocatoria unificada se convocó en octubre del año pasado y oferta 180 plazas para treinta ayuntamientos de las Islas, entre los que destaca el de Las Palmas de Gran Canaria, con 57 puestos a cubrir. 

La Dirección General de Estudios, Formación e Investigación en Seguridad Pública del Gobierno de Canarias, dependiente de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad que lidera Nieves Lady Barreto (Coalición Canaria), ha publicado este lunes los resultados. De los 1.135 aspirantes evaluados, 783 han sido declarados no aptos. Sólo continúan 352 candidatos, poco más del 30% del total. 

La eliminación de más de dos tercios de los opositores en el psicotécnico deja una ratio de menos de dos candidatos por plaza ofertada (352 aptos por 180 vacantes) cuando aún deben celebrarse fases eliminatorias de alta exigencia, como la prueba de conocimientos teóricos y supuestos prácticos, el examen de idiomas y los reconocimientos médicos. 

Los excluidos se organizan

Los aspirantes han empezado a organizarse. En apenas 24 horas ya son más de 200 los opositores que se han unido a un grupo para presentar reclamaciones.  

Además de advertir del riesgo de que no se puedan cubrir en su totalidad las plazas convocadas, este colectivo pone el foco de la denuncia en la falta de motivación y de puntuación desglosada en la resolución. Aún no saben por qué han suspendido. 

El tribunal calificador ha difundido un listado anonimizado de aspirantes -identificados con un código numérico- con el resultado de “apto o no apto”. Será este jueves a partir de las 9.00 horas cuando se celebre la sesión pública de apertura de los sobres de identificación para desvelar los nombres asociados a cada código (aunque cada uno de los aspirantes ya sabe su número y, por tanto, si ha aprobado o suspendido). 

Lo relevante, señalan los opositores, es que esa resolución no aporta ni las puntuaciones ni la motivación, pese a que las bases exigen que el resultado individualizado de la prueba psicotécnica esté fundado y exprese por qué la aplicación de los criterios lleva a admitir o negar la aptitud. También obligan a reflejar las puntuaciones en actas -no basta que figure simplemente con la calificación de apto o no apto- y a publicarlas en una resolución. 

La prueba, de carácter eliminatorio, se celebró el 19 de agosto en varias sedes (Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura y La Palma). Las bases preveían una duración máxima de cuatro horas. El examen mide las habilidades cognitivas de los aspirantes (sus capacidades intelectuales y de razonamiento); variables de personalidad (estabilidad emocional, extraversión, conciencia, integridad, orientación a la seguridad…) y detecta riesgos clínicos de personalidad (narcisista, compulsiva, histriónica, antisocial…) La evaluación recae en un equipo de psicólogos designados como asesores técnicos por la Dirección General de Estudios, Formación e Investigación en Seguridad Pública.

Así era la prueba

El test que calibraba las habilidades cognitivas de los aspirantes contenía 75 preguntas y había que obtener al menos un 5 de manera obligatoria. Era eliminatorio. El segundo test medía a la vez las variables de personalidad y los rasgos clínicos y sumaba 129 preguntas.

Las bases contemplan además la posibilidad de realizar una entrevista personal con los candidatos declarados aptos en esos test previos “cuando se valore que es preciso contrastar y aclarar cuantas cuestiones hayan surgido” en relación con su personalidad. Esas entrevistas quedan grabadas en vídeo. 

Con los resultados publicados, los aspirantes no aptos desconocen si su exclusión tiene que ver con la capacidad cognitiva, con el perfil de personalidad, con algún riesgo clínico o con la denominada escala de validez (que verifica si el cuestionario es fiable). 

El colectivo dice haber recabado testimonios de candidatos que contestaron 50 preguntas en el test de habilidades cognitivas (la primera parte) y figuran como “no aptos”, mientras que otros que respondieron entre 20 y 30 aparecen como “aptos”. 

A juicio de estos aspirantes, “la confidencialidad que invocan las bases no puede impedir que cada persona conozca su propia puntuación”.

Este colectivo sostiene que, al desconocer a qué responde su exclusión, los afectados no pueden ejercer con garantías sus derechos. Tras la apertura de sobres de este jueves, los opositores dispondrán de un plazo para poder presentar alegaciones. 

El colectivo exige que se publiquen las puntuaciones desglosadas de cada aspirante (habilidad mental general, dimensiones de personalidad y escalas de validez); informes psicotécnicos “motivados e individualizados” para todos los no aptos, con acceso a sus hojas de respuesta, y que ningún plazo de alegaciones o recurso corra en perjuicio de los aspirantes mientras dispongan del desglose solicitado. 

El caso Origo Mare, uno de los capítulos más representativos de urbanismo salvaje en la isla de Fuerteventura, se juzgará al fin en verano de 2027, más de una década después de la apertura de la causa penal y quince años después de que el Ayuntamiento de La Oliva concediera licencia para un hotel de lujo en suelo rústico de especial protección e integrado en la Red Natura 2000 como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA). 

Según han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) a este periódico, tras varios retrasos el juicio oral se celebrará en tres sesiones los días 29 y 30 de junio y el 1 de julio de 2027 en la Plaza 2 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Arrecife (en la sede de Puerto del Rosario). En el banquillo se sentarán nueve acusados. Siete son los miembros de la Junta de Gobierno que aprobó esa licencia, entre los que se encuentra Claudina Morales, alcaldesa del municipio en dos etapas con Coalición Canaria. Los otros dos son un asesor jurídico del Ayuntamiento de La Oliva y el arquitecto técnico. 

En el escrito de acusación que formuló en 2021, la Fiscalía les imputa delitos contra la ordenación del territorio y pide penas de tres años y tres meses de cárcel para los políticos (además de una inhabilitación para cargo público durante ocho años); de tres años y seis meses para el asesor jurídico municipal y de tres años y nueve meses para el arquitecto. Los dos técnicos firmaron informes favorables bajo el argumento de que las obras eran “provisionales y desmontables”, obviando la requerida evaluación ambiental. 

Cuando se celebre el juicio oral habrán pasado, por tanto, seis años desde que la Fiscalía remitiera su escrito de calificación. En este tiempo se han producido varios retrasos y suspensiones en la causa penal. En un primer momento, la vista quedó señalada para febrero de 2023, pero fue aplazada por una jueza sustituta. Se fijó entonces una segunda fecha: marzo de 2024. Sin embargo, dos días antes del inicio de la vista volvió a suspenderse debido a que el Ministerio Público aportó a última hora un gran volumen de prueba documental que hacía imposible que las defensas pudieran estudiarla a tiempo. 

Las partes recurrieron esa suspensión y las actuaciones se remitieron a la Audiencia de Las Palmas, que terminó avalando la decisión del juzgado. El tercer señalamiento se agendó para abril de 2026, pero cuando llegó esa fecha el expediente físico aún se encontraba en la Audiencia, resolviendo el recurso pendiente. Una vez devuelta la causa a los juzgados de lo penal del Puerto del Rosario y ajustada la agenda a la disponibilidad de fechas y la alta carga de trabajo de este órgano, el juicio ha quedado definitivamente fijado para 2027. 

El origen del conflicto 

El origen del conflicto se remonta a la aprobación del plan parcial Casas de Majanicho en el año 2000. El alcalde de La Oliva era Domingo González Arroyo, apodado El Marqués de las Dunas, un histórico dirigente local que lideró durante años el Partido Popular (PP) en el municipio antes de fundar el Partido Progresista Majorero (PPMajo) y que el pasado junio ingresó en la cárcel a sus 86 años para cumplir una pena de un año y medio por delito de fraude fiscal.

Ese plan parcial fue impugnado por colectivos ecologistas y el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) lo terminó anulando en octubre de 2006. El Ayuntamiento no había publicado las normas subsidiarias que servían de cobertura ni había permitido la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones medioambientales. Esa sentencia remarcaba, además, que la evaluación de impacto era “incompleta, insuficiente y carente de base científica”. La resolución del TSJC fue confirmada por el Supremo en febrero de 2011. 

Apenas diez días antes de que el alto tribunal ratificara la anulación del planeamiento urbanístico, la promotora del plan (la sociedad Nombredo S.L.) pidió licencia de construcción y obras y cambio de uso (de residencial a turístico) para adaptar las villas ya existentes a un hotel de cinco estrellas, el Origo Mare que da nombre al caso. En aquel momento se habían construido 374 viviendas y dos edificios que pasaban a ser zona de recepción y restaurantes, cocinas, oficinas…

Las villas que se transformaban en hotel abarcaban una superficie de cerca de 17.500 metros cuadrados. La zona de complementos, unos 2.000. El proyecto contemplaba la construcción de un beach club con varias piscinas y terrazas, un bar, un restaurante, un comedor para el personal, un almacén, un gimnasio y vestuarios. Además, el complejo ocupaba una superficie total de zonas verdes y caminos de cerca de 145.000 metros cuadrados. El presupuesto de las obras ascendía a dos millones de euros. 

Los informes favorables de los técnicos

En mayo de 2012 tanto el arquitecto técnico municipal (Gonzalo María Tortajada) como el asesor jurídico (Óscar Darias) emitieron sendos informes favorables a la concesión de la licencia de obras. El Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura (PIOF) calificaba ese suelo como rústico de especial protección. Sin embargo, los técnicos entendían que eran terrenos aptos para urbanizar porque así figuraba en las normas subsidiarias de La Oliva, en el planeamiento urbanístico municipal, que admitía las obras provisionales con elementos “fácilmente desmontables”. 

No obstante, ninguno de esos informes hizo referencia a la necesidad de evaluación del impacto ambiental pese a que se trataba de un complejo hotelero que se situaba en un terreno colindante y en parte dentro de la Red Natura 2000, la red ecológica de conservación de la biodiversidad. Ese enclave de la costa de Fuerteventura es una Zona Especial de Protección de Aves (ZEPA), un área de paso e invernada. 

La decisión política

Con esos informes en la mano, la Junta de Gobierno local presidida por Claudina Morales (CC) concedió a la promotora la licencia de obra provisional para adaptar las villas a un hotel de cinco estrellas. Además de la alcaldesa, en esa sesión votaron a favor los concejales Miguel Van Daele, Genaro Saavedra e Iballa Martínez (por CC) y Marcelino Umpiérrez, María Ángeles Figueroa y Francisco Javier Hernández (por el PP). 

La Fiscalía sostiene que los acusados permitieron esta actuación “con conocimiento claro y evidente de la ilegalidad” de unas obras que contravenían el planeamiento urbanístico insular, que no admitía un uso turístico en ese suelo rústico. 

“En ningún caso se trataba de obras provisionales, sino de la ejecución, partiendo de una serie de viviendas, de un complejo hotelero de gran lujo”, señala el Ministerio Público en su escrito de acusación. En total, el proyecto afectaba a una superficie de más de 250.000 metros cuadrados y exigía actuaciones que suponían “una transformación profunda del entorno”. Entre otras, nuevos edificios y piscinas. “Ni tenían carácter provisional ni podían llevarse a cabo con elementos fácilmente desmontables, omitiendo de forma deliberada y consciente todo posible examen sobre el impacto ambiental que la ejecución del hotel podía suponer al entorno y, en particular, a la Red Natura 2000”, remata el escrito de la Fiscalía. 

En 2014 la promotora presentó la declaración responsable de conformidad de la obra ejecutada con el proyecto final. El presupuesto había ascendido a los 3,4 millones de euros. El arquitecto técnico municipal emitió un informe favorable a la primera utilización del edificio al entender que las modificaciones ejecutadas, como la construcción de piscinas no previstas, un campo de golf o la ampliación del beach club, “no afectaban sustancialmente” a la licencia de 2012. 

A juicio de la Fiscalía, este técnico tenía “pleno conocimiento” de que las obras ejecutadas “suponían una infracción terminante, clara y manifiesta de la normativa de ordenación del territorio y medio ambiente aplicable”. 

El frente europeo

Al margen de esta vía penal, el caso Origo Mare también llegó a Bruselas. A raíz de las denuncias presentadas por colectivos ambientalistas como Agonane- Ecologistas en Acción o SEO/Birdlife, la Comisión Europea abrió en 2017 un procedimiento de infracción contra España por la construcción del complejo turístico en un espacio protegido por la Red Natura 2000. 

En su dictamen motivado, la Comisión certificó que las obras de Origo Mare destruyeron más de un millón de metros cuadrados de hábitat de malpaís, 97.000 metros cuadrados de dunas móviles y ocuparon ilegalmente más de 39.000 metros cuadrados de la Zona Especial de Protección de Aves (ZEPA) Costa del Norte de Fuerteventura, un espacio clave para la supervivencia de especies amenazadas como la hubara canaria. 

Ese expediente de infracción reclamaba la adopción de compromisos por parte de las tres administraciones implicadas: el Ayuntamiento de La Oliva, el Cabildo de Fuerteventura y el Gobierno de Canarias. Entre ellas, la ampliación de la red de Zonas de Especial Protección para las Aves, la aprobación de un plan de recuperación de la hubara o la evaluación de impacto ambiental del proyecto de urbanización de las Casas de Majanicho. 

A principios de 2023, la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, entonces en manos del PSOE, aprobó la declaración de impacto ambiental condicionada del proyecto de urbanización Casas de Majanicho y amplió las ZEPA en 2.356 hectáreas, además de proponer la integración de Cueva del Llano (otra localidad del municipio de La Oliva) en la Red Natura 2000 como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC). 

Por su parte, en abril de 2025 la Consejería de Transición Ecológica y Energía, ya con el Gobierno CC-PP, presentó el plan de recuperación de la hubara. El Ejecutivo regional creó una comisión, con la empresa Gesplan a cargo del seguimiento, para controlar las actuaciones de cada administración implicada. El expediente europeo sigue abierto. 

El hotel Origo Mare permaneció abierto hasta el pasado mes de noviembre. La compañía que explotó durante una década el complejo ya había anunciado meses antes que dejaría de operar y ofrecería a sus 140 empleados ser reubicados en otros establecimientos de la compañía fuera de Fuerteventura. Por esas viviendas se han interesado diversos operadores e inversores privados para su comercialización directa, a pesar del limbo jurídico en el que queda la urbanización y la sombra de una causa penal en la que, además, la Fiscalía solicita la declaración de nulidad de pleno derecho de la licencia otorgada por el Ayuntamiento de La Oliva en 2012.

La Fiscalía ha denunciado al socialista Luis Ibarra, presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas en dos etapas (de 2011 a 2018 y de 2019 a 2023), por un presunto delito de prevaricación administrativa en el nombramiento en 2017 de Carmen Gloria Rodríguez como jefa de Recursos Humanos.

La acción del Ministerio Público también se dirige contra el director del ente en aquellas fechas, Salvador Capella, y contra la propia Rodríguez, a quienes sitúa como partícipes o cooperadores. 

El decreto de remisión de la denuncia al tribunal de instancia de Las Palmas de Gran Canaria fue firmado el pasado miércoles por el fiscal Antonio López, quien fuera delegado del Gobierno de España en Canarias entre 1996 y 2004, durante los mandatos de José María Aznar. 

Los hechos se remontan a principios de 2017, tras la jubilación anticipada del jefe de personal de la Autoridad Portuaria. Capella propone entonces cubrir la vacante con Carmen Gloria Rodríguez, que es empleada pública laboral fija por tiempo indefinido, que en aquel momento era jefa de la Asesoría Jurídica y que ostentaba la titulación académica requerida para llevar a cabo funciones “con superior nivel competencial” (es licenciada en Derecho y tiene un máster en Recursos Humanos). 

La fórmula elegida para esta designación fue la “movilidad funcional” de Rodríguez, su ascenso. Para ello, la Autoridad Portuaria invocó el artículo 39 del Estatuto de los Trabajadores, que faculta al empresario para cambiar a un trabajador o trabajadora de puesto o para asignarle tareas distintas a las habituales dentro de la empresa. 

La designación propuesta por Capella fue firmada, en el ámbito de sus competencias, por el presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Luis Ibarra. Primero de manera provisional, en enero de 2017. Y seis meses después, en julio, de forma definitiva. 

La Fiscalía de Las Palmas abrió las diligencias de investigación preprocesal el año pasado tras recibir una denuncia de un delegado del sindicato CSIF, que entendía que para el acceso a ese puesto era necesario pasar por un proceso selectivo reglado por Puertos del Estado y basado en los principios de igualdad, mérito y capacidad.

En esa denuncia, el representante sindical explicaba que tuvo conocimiento del vínculo laboral de Rodríguez con el ente con motivo de las elecciones al Comité de Empresa de 2023, ya que hasta entonces pensaba que era personal de alta dirección y que, por tanto, estaba sujeta a una normativa distinta. 

En el reciente decreto, el fiscal López sostiene que Ibarra se apartó “groseramente” de la normativa aplicable al dictar la resolución del nombramiento de la jefa de Personal “intencionadamente y a conciencia de su ilegalidad, ya que con anterioridad y a petición suya, la Abogacía del Estado le había informado de la necesidad” de que esa plaza fuera cubierta “de acuerdo con sistemas basados en los principios de igualdad, mérito y capacidad y mediante convocatoria pública”.

En concreto, mediante el artículo 50 de la Ley de Puertos, que insta a Puertos del Estado a elaborar “las directrices y procedimientos en materia de selección de personal que garanticen dichos principios”, incluyendo los requisitos de titulación exigible para el personal excluido de convenio. 

La versión de Luis Ibarra

En su declaración ante el fiscal, Luis Ibarra manifestó que al asumir por primera vez la Presidencia de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, en agosto de 2011, se encontró con una administración “con graves problemas de gestión” y numeroso personal fuera de convenio que había accedido a la entidad sin ningún proceso selectivo previo. 

Por ello, en julio de 2015 solicitó un informe a la Abogacía del Estado para conocer la situación legal del personal fuera de convenio y verificar si se ajustaba a derecho. Ese informe entró en la Autoridad Portuaria de Las Palmas en agosto de 2016 y, según cuenta, fue derivado a los servicios jurídicos y de recursos humanos para que lo analizaran. 

En ese informe, la Abogacía del Estado concluía que las plazas tenían la categoría de indefinido no fijo y que tendría que haber un proceso selectivo para consolidarlas. Ibarra explicó al fiscal que comunicó este extremo a Puertos del Estado y que se mantuvo a la espera de que el organismo estatal emitiera unas directrices al respecto que no llegarían hasta 2023.

Entre medias, se plantea el relevo en la jefatura de Recursos Humanos tras la jubilación anticipada de la persona que hasta ese momento ocupaba el cargo. Ibarra sostiene que preguntó tanto a la asesoría jurídica como a la propia Carmen Gloria Rodríguez si la forma de nombramiento era correcta y que nadie le informó en ese momento de que era necesario un proceso de concurso interno para la selección del candidato a esa vacante. 

El expresidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas remarcó ante el fiscal que la elegida llevaba 19 años en el ente, que es licenciada en Derecho, que tiene un máster en Recursos Humanos y que tenía experiencia laboral previa en el departamento de Personal. Además, dijo que en un primer momento decidió que el nombramiento fuera provisional porque pensaba estar muy poco tiempo más al frente del organismo, ya que temía un posible cese por un cambio político en el Gobierno de Canarias. 

Ibarra incidió en que nadie, ni la Intervención General ni ninguna otra instancia, le advirtió ni antes ni después de que esa forma de nombramiento era ilegal y que de haberlo sabido no hubiese accedido a esa designación. Además, recordó que la misma empleada ya había sido ascendida previamente en dos ocasiones sin necesidad de concurso interno porque era la costumbre en la Autoridad Portuaria de Las Palmas hasta que Puertos del Estado emitió instrucciones en mayo de 2023 para el personal fuera de convenio. 

“Así se hacía siempre”

Por su parte, Carmen Gloria Rodríguez también defendiendo la corrección de su nombramiento, argumentando que “así se venía haciendo desde siempre” y que Puertos del Estado nunca puso ninguna objeción a este sistema de provisión. Además, afirmó que otros puertos operaban de la misma manera y que las auditorías de personal de Hacienda tampoco plantearon ningún reparo sobre este procedimiento. 

La aún jefa de Recursos Humanos de la Autoridad Portuaria de Las Palmas detalló que ingresó en 1998 mediante oposición como administrativa y pasó a ser personal fuera de convenio en 2006. En esos años ejerció en la Asesoría Jurídica, en Recursos Humanos y en el departamento Económico- Financiero. Rodríguez manifestó que no existen directrices concretas de Puerto del Estado para ascender a personal fuera de convenio y que el criterio jurídico residía en la potestad de la Presidencia para nombrar personal directivo.

“No es una subida arbitraria de precios”. La Asociación de Clínicas Privadas de Las Palmas sostiene que el récord de ingresos obtenido en primas de seguros de salud en Canarias no se debe a un incremento de los márgenes de beneficio empresarial, sino a un encarecimiento de los costes asistenciales. Defiende, por tanto, que se cobra más por los seguros (hasta 94 euros más al año por persona) porque cuesta más prestar los servicios. 

Esa es la respuesta que ha ofrecido la patronal de las clínicas privadas de la provincia oriental a este periódico en respuesta a los datos que recoge el último informe del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS).  

La sanidad privada facturó en seguros de salud 454 millones de euros en 2025 en Canarias. Esto supone 36 millones más que el ejercicio precedente. En términos porcentuales, un aumento del 8,6%. Lo curioso es que ese récord de ingresos vino acompañado por primera vez en años de una reducción del número de primas contratadas. Las Islas cerraron el año con 474.878 asegurados, prácticamente 10.000 menos que en 2024. En consecuencia, el gasto medio por persona con seguro de salud ascendió de los 862 a los 956 euros. 

El presidente de la Asociación de Clínicas Privadas de Las Palmas, Sebastián Sansó, atribuye ese dato al encarecimiento de los costes asistenciales. “Las primas de salud llevan varios ejercicios ajustándose al alza en toda España por el coste creciente de la tecnología médica, los fármacos y, sobre todo, los salarios sanitarios, un sector con tensión de personal notable en Canarias”, señala el también director general de Hospitales San Roque, que coincide con Beatriz González López-Valcárcel, catedrática en Economía de la Salud de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en que “sería útil un desglose sectorial más fino” para saber cuántas de esas primas son de empresas y cuántas son de familias. 

Según el informe de Tendencias Médicas Globales de Willis Towers Watson (WTW), una multinacional especializada en gestión de riesgos, correduría de seguros y consultoría empresarial, la inflación médica real en España, que recoge el coste real de la gestión sanitaria privada, los salarios, la tecnología y los fármacos innovadores, se sitúa en el 8,4%. 

Esa “tensión de personal” a la que alude Sansó en su respuesta se manifestó en el conflicto laboral que se prolongó durante cerca de dos años en las clínicas privadas de la provincia de Las Palmas. Tras vencer el anterior convenio, patronal y sindicatos iniciaron en enero de 2024 las negociaciones para renovarlo. El personal reclamaba una actualización de las tablas salariales para frenar la pérdida de poder adquisitivo tras años de congelación y en un momento en que las empresas del sector obtenían beneficios que, según los datos obtenidos del registro mercantil, situaban entre los 20 y los 25 millones de euros al año. 

Como exigencia inicial, los sindicatos pedían una subida salarial del 36% en tres años (un 12% anual). A principios de 2025, ya habían rebajado sus pretensiones a la mitad. Al final de ese año se alcanzó un acuerdo de mínimos para poner fin a la huelga. Se pactó un incremento del 14% en tres años. El primer escalón de subida era de un 6% con efectos retroactivos desde el 1 de abril. Es decir, con el pago de nueve meses de atraso. 

La patronal de la sanidad privada atribuye a esta actualización de salarios parte del incremento de los costes asistenciales que repercuten en el precio de las primas de seguros. También ese fue el motivo que arguyeron para explicar por qué quedó desierta la licitación de los conciertos de hospitalización de media estancia con el Servicio Canario de Salud. Las clínicas privadas entendieron que los 180 millones de euros eran insuficientes para cubrir el coste real del servicio y las plantillas y ninguna de ellas presentó ofertas. 

Los conciertos “no siempre cubren el coste real”

En este sentido, Sansó explica que los conciertos “no siempre cubren el coste real del servicio” y que la actualización de sus tarifas “no siempre sigue el ritmo de los costes (personal, energía, tecnología…)” El informe de la Fundación IDIS refleja que el 45,8% de los hospitales privados de Canarias (11 de 24 centros) opera sin concierto integral con el SCS cuando antes de la pandemia ese porcentaje era de apenas el 25%. 

“Un centro puede optar por no renovar o no firmar un concierto cuando la ecuación económica no es sostenible”, asevera el presidente de las Clínicas Privadas de Las Palmas. Sansó matiza que muchos centros no mantienen un “concierto integral o global” con el SCS pero sí colaboran con la administración autonómica mediante “convenios puntuales de derivación de pruebas diagnósticas u otras prestaciones específicas”. 

El SCS destinó 333 millones de euros en 2024 a los conciertos con la sanidad privada. Canarias sigue estando entre las comunidades que destina más porcentaje del gasto público (un 7,3%) a estas derivaciones, aunque su peso con respecto al total del presupuesto público ha caído en los últimos años. Al margen de los más de 400 millones de euros que factura al año de los seguros de salud y de los más de 300 de los conciertos, la sanidad privada se embolsa unos 800 millones del denominado gasto de bolsillo.

El informe de la Fundación IDIS también remarca que la sanidad privada cuenta con el 60% de los aparatos de Resonancia Magnética o el 56% de los mamógrafos. Sansó precisa que “no existe una cifra agregada pública y fiable” que desglose, equipo por equipo, “cuánta actividad” de esos aparatos (24 en total) corresponde a derivaciones del SCS y cuánta a demanda directa. “Varía mucho de un centro a otro. Algunos, como los especializados en diagnóstico por imagen con acuerdo marco, concentran gran parte de su actividad en la derivación pública”, mientras que otros “trabajan casi exclusivamente con aseguradoras y particulares”, apunta el presidente de la patronal de clínicas privadas de Las Palmas.

El negocio de los seguros de salud no para de crecer en Canarias. La sanidad privada ingresó 454 millones de euros en primas en 2025 tras aumentar en 36 millones (un 8,6%) su facturación, obteniendo así un récord histórico. Y ello a pesar de que, por primera vez en años, se redujo el número de personas con una póliza de salud en el Archipiélago, pasando de los 484.712 del año precedente a los 474.878, casi 10.000 asegurados menos. Así lo refleja el último informe del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS), una fundación que agrupa al sector sanitario y sociosanitario privado. 

Por lo tanto, el gasto medio por asegurado en Canarias creció en cerca de 94 euros al año, de los 862 a los 956 euros, lo que supone un incremento de casi el 11%. Esa cifra está alineada con los análisis de las grandes consultoras globales de salud y riesgos. 

En su informe Global Medical Trend Rates Report 2026, AON, una de las mayores consultoras de riesgos del mundo, ya proyectaba una inflación del 10% para los seguros médicos privados en España debido al aumento de la demanda de atención, el envejecimiento de la población y la mayor prevalencia de patologías crónicas. 

Ante estos datos, la catedrática en Economía de la Salud de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) Beatriz González López-Valcárcel apunta a dos posibles dinámicas. Por un lado, al crecimiento en España de los seguros colectivos contratados por medianas y grandes empresas como incentivo para atraer o retener talento. “Es lo que pasó en Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial y ahora está empezando a pasar aquí”, explica la investigadora, que también es miembro del consejo científico asesor de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). 

Para la experta, sería conveniente conocer cuantas primas son de empresa y cuántas de familia. No obstante, señala que publicaciones como las de IDIS constituyen “informes de parte” elaborados por grupos de presión que “seleccionan la información que difunden” según sus intereses. Este periódico ha preguntado a la fundación por ese dato y por una explicación a la subida de precios, pero no ha obtenido respuesta. “No disponemos de más datos que los que figuran en el informe y no tenemos más consideraciones a este respecto que las que figuran en el documento”, señalan fuentes de este colectivo. 

Para López-Valcárcel, la subida de la prima media puede deberse a un aumento de la cobertura (“se incrementan las prestaciones o se reduce el copago y las franquicias”) o a una subida neto de precios. “Es decir, que para la misma cobertura y las mismas prestaciones ahora cobran más. Sería muy importante conocer esta desagregación y saber la cobertura real”, insiste la catedrática, que añade que a las aseguradoras “les da igual la renta” de los usuarios. “Lo que les interesa es tener un pool de asegurados sanos que utilicen poco el seguro. Les da igual que sean ricos o pobres”, sostiene. 

La subida de las primas con la misma cobertura estaría reflejando “una elasticidad-precio muy rígida”. “Esto significa que aunque suba el precio, sigues pagando. Y eso puede deberse a la percepción de necesidad ligada a las listas de espera de la sanidad pública. Ya tener un seguro de salud no es algo voluntario, sino que de alguna manera te ves obligado porque no quieres tener que esperar por las interminables listas de espera”, señala López-Valcárcel, que insiste en que sería conveniente que el sector privado publicara los datos desagregados para disponer de un conocimiento más profundo de estas dinámicas. 

A la catedrática le preocupa especialmente otro de los datos que recoge el informe de la Fundación IDIS. En 2024, el último año con los datos consolidados, el gasto de bolsillo para asistencia sanitaria (sin la intermediación de una póliza de seguros o de la cobertura de la sanidad pública) rozó en Canarias los 800 millones de euros. “Es una cifra enorme. En realidad, siempre en España, y también en Canarias, del gasto sanitario privado el gran porcentaje es gasto de bolsillo, más que gasto en primas de seguros. Son cifras muy altas y eso refleja una inequidad del sistema importante”, asevera la experta. 

El informe de IDIS detalla que el gasto sanitario total en Canarias ascendió a 6.123 millones en 2024. De esta cantidad, uno de cada cuatro euros (1.550 millones) fueron a parar a la sanidad privada. Dentro de esta provisión privada de servicios de salud, el gasto en bolsillo acapara más de la mitad. Los seguros, un 27%. Y los conciertos, el 21% restante.

Conciertos con la sanidad privada

El Servicio Canario de Salud (SCS) destinó 333 millones de euros en 2024 a los conciertos con la sanidad privada, lo que representa un 7,3% del gasto sanitario público autonómico. El Archipiélago sigue siendo de las comunidades que más porcentaje destina a ese fin, aunque en los últimos años el peso de los conciertos sobre el total del presupuesto del SCS ha caído tras sucesivos y notables incrementos presupuestarios. 

López-Valcárcel señala que la sanidad concierta “por bloques” intervenciones quirúrgicas y pruebas diagnósticas para solucionar listas de espera y también las largas estancias de personas mayores que tienen que recuperarse después de una operación. El informe de la Fundación IDIS recoge que la sanidad privada realiza prácticamente la mitad de las cirugías en Canarias, atiende más del 40% de las urgencias y canaliza una de cada tres consultas. 

“Que la privada tenga mucha producción o mucha actividad (muchas camas, muchas intervenciones quirúrgicas…) a mí no me preocupa nada, porque bajo el sistema de conciertos en la privada se opera a personas que financia el Servicio Canario de Salud. Es un tema de provisión. Lo que sí me preocupa es que si tú tienes dinero puedas pagar de bolsillo o con primas de seguros unas pruebas para acelerar el diagnóstico de una enfermedad y que luego se trate más rápido, que es algo que puede estar pasando y esto sí que puede estar reflejando un problema de inequidad”, explica la catedrática. 

La economista sostiene que el verdadero cuello de botella de la sanidad pública canaria está en el bloqueo de camas de agudos por pacientes mayores o crónicos con alta médica que no disponen de plaza sociosanitaria, por lo que defiende potenciar conciertos específicos de media estancia para liberar los hospitales públicos. “Para eso vendrían bien los conciertos con hospitales privados de media estancia, no de complejidad, y eso es lo que nos falta. El número de camas ocupadas por pacientes mayores con multimorbilidad que en el hospital no sólo no ganan nada, sino que tienen riesgo de infecciones o de demencia, es una preocupación importante de los gerentes de los hospitales”, sostiene. 

Los equipos de alta tecnología

Según el informe de IDIS, la sanidad privada dispone del 60% de los aparatos de resonancia magnética de todo el Archipiélago o el 56% de los mamógrafos. 

Con respecto a los equipos de alta tecnología, López-Valcárcel contrapone dos políticas de inversión. La sanidad privada acude donde atisba “expectativas de rentabilidad económica”. La pública responde a la disponibilidad presupuestaria y gracias a la inyección de fondos europeos (como el Plan de Transformación y Resiliencia) los hospitales del SCS pudieron “renovar muchos aparatos” porque “es un gasto muy fácil de ejecutar y justificar” ante las instituciones comunitarias. No obstante, la catedrática lanza una advertencia a corto plazo: una vez agotada la financiación europea en 2026, la red pública afrontará años de “sequía” presupuestaria para la renovación de su equipamiento sanitario tecnológico. 

Este periódico también ha remitido un cuestionario a la Asociación de Clínicas Privadas de Las Palmas, pero hasta la fecha no ha obtenido respuesta. 

El senador Javier Armas (Agrupación Herreña Independiente -AHI-) ha endosado al Cabildo de El Hierro facturas por un importe total de 70.474,5 euros para pagar los honorarios de los dos despachos de abogados (y procuradores) contratados para su defensa en el denominado caso Vertederos, que investigó durante cerca de dos décadas el descontrol en la gestión de tres puntos de vertidos de una isla declarada Reserva de la Biosfera en 2000.

El aforamiento de Armas ante el Tribunal Supremo en 2023 disparó el coste de esa factura. Antes de su designación como senador por El Hierro, el dirigente de AHI (aliado de Coalición Canaria) estuvo representado en los juzgados de las islas por un bufete de Tenerife, Mesa Abogados. Las minutas de este despacho ascendieron a 21.400 euros. 

Sin embargo, tras la elevación del caso al Supremo, Armas contrató al penalista José Antonio Choclán, conocido como el abogado de las estrellas. Magistrado en excedencia de la Audiencia Nacional, este letrado ha defendido, entre otros, a Cristiano Ronaldo, José Mourinho, Francisco Correa, Cristina Cifuentes, Rita Barberá o, más recientemente, al empresario Víctor de Aldama o al cantante Julio Iglesias. 

Choclán asumió la defensa de Javier Armas en octubre de 2023. Catorce meses después, en diciembre de 2024, el Supremo archivó la causa al no apreciar delito en su actuación. Entre medias, el despacho del reconocido penalista asistió al senador en su declaración en el alto tribunal en marzo de 2024 y nueve meses después, en diciembre, presentó un escrito en el que expresaba su oposición a la petición de la Fiscalía para declarar compleja y prorrogar la causa y en el que, además, solicitaba el sobreseimiento del caso Vertederos. 

Por esas diligencias, el bufete de Choclán giró una factura de 48.400 euros (40.000 euros más IVA), más del doble de lo que había costado la defensa de Armas desde la incoación de las diligencias en un juzgado de Valverde hace ya veinte años. 

Más de 100.000 euros: el impacto global para el Cabildo

El aforamiento de Armas en el Supremo no sólo encareció la factura pública del caso Vertederos, sino que también alteró el destino del procedimiento. Antes de que el dirigente de AHI se convirtiera en senador, la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ya había fijado fechas para el juicio oral contra Armas y las otras dos procesadas, la exconsejera Claribel González y la funcionaria Fabiola Ávila. La Fiscalía pedía once años de cárcel, cuatro de inhabilitación y una multa de 19.800 euros para cada uno de ellos por un delito continuado con los recursos naturales, otro de prevaricación medioambiental y un tercero sobre la ordenación del territorio. El escrito de acusación del Ministerio Público, que había sido formulado en octubre de 2018, les acusaba de consentir tres vertederos ilegales. 

Todo cambió cuando el Supremo, con el magistrado Pablo Llarena como ponente, decidió archivar la causa especial abierta contra Armas. En abril de este año, la Audiencia Provincial siguió los pasos del alto tribunal y decretó el sobreseimiento libre (definitivo) del procedimiento contra las otras dos procesadas. Lo hizo después de que la Fiscalía cambiara de criterio y pasara de acusar a alinearse con los postulados de la defensa. 

Tras este archivo, las otras dos procesadas también han cargado a las arcas públicas los gastos de defensa. En el caso de la funcionaria Fabiola Ávila, 26.402,37 euros aprobados en un Consejo de Gobierno de junio. En el de la exconsejera Claribel González, 21.746,12 euros aprobados en el pleno que la corporación insular celebró en julio. En total, por lo tanto, el caso Vertederos ha costado en gastos de abogados más de 100.000 euros (en concreto, 118.623,07 euros) a las arcas del Cabildo de El Hierro. De esa cantidad, más del 40% se lo ha llevado el bufete de Choclán que Armas contrató para el Supremo.  

Las razones para indemnizar 

Para que una administración asuma los honorarios de la defensa penal de sus cargos electos o funcionarios deben cumplirse tres requisitos. El primero es que la imputación tenga su origen en actuaciones realizadas en el ejercicio de funciones institucionales, no en su esfera personal. El segundo es que no se aprecie en la conducta del investigado “abuso, exceso, desviación de poder o prosecución de intereses ajenos”. Y el tercero es que el procedimiento termine sin responsabilidad penal, ya sea por absolución tras la celebración del juicio o por archivo o sobreseimiento de la causa antes de esa fase procesal. 

La jurisprudencia del Supremo ha reconocido en distintos pronunciamientos el derecho de un cargo o trabajador público a ser resarcido de los gastos de su defensa en esos casos. Sin embargo, esa doctrina no despeja todas las dudas. En procedimientos similares en otras instituciones canarias, los servicios jurídicos han planteado cuestiones adicionales antes de aprobar el pago: si existía autorización previa para contratar a un letrado externo en lugar de recurrir a los servicios jurídicos de la propia administración o si el importe reclamado se ajusta a los criterios orientadores de honorarios de los colegios de abogados. 

La abultada factura del despacho de Choclán fue objeto de debate en el pleno del Cabildo en el que se aprobó su pago. El acuerdo fue adoptado por unanimidad en octubre del año pasado. Tanto los grupos de gobierno (PSOE, Asamblea Herreña e IUC-Reunir) como los de la oposición (AHI y PP) votaron a favor y Armas, que también es consejero y que llegó a ser de manera efímera presidente de la corporación (antes de una moción de censura liderada por su hermano, el socialista Alpidio Armas) se ausentó cuando se trató este punto. 

Durante ese pleno, y a pesar de respaldar con su voto el pago de esas facturas para resarcir al senador, el único consejero de IUC-Reunir, Amado Carballo, expresó cierta reticencia. “No me hace ninguna gracia votar a favor de la totalidad de los honorarios plasmados. Por ejemplo, una minuta de 40.000 euros (sin IVA) por el trámite ante el Supremo”, dijo este representante en relación con los honorarios del despacho de Choclán. 

“Había que haber analizado cantidades o haber esperado la respuesta de los colegios profesionales respecto a los criterios orientadores en cuanto a costas”, señaló Carballo. El consejero advirtió de que este caso da “vía libre” a la contratación de despachos de reconocido prestigio “a cualquier coste” para que lo pague la administración. 

Por su parte, la consejera María Asunción Amaro, compañera de partido de Armas, defendió el derecho del senador a elegir “la mejor defensa” y señaló que “hay despachos más especializados” en altas instancias judiciales. En una línea similar, el presidente del Cabildo de El Hierro, Alpidio Armas (PSOE), celebró el archivo de la causa contra su hermano después de casi dos décadas “en vilo”. “Eso no se paga con dinero”, apuntó el dirigente socialista, que comparó los honorarios de los abogados con el caché de los cantantes. “Hoy cobra 100.000 euros y de repente saca un disco que lo peta y te cobra 500.000 euros. Esto es así. Es el camino correcto tener la mejor defensa para la gente que nos estamos dejando aquí las pestañas”, remató el presidente insular. 

Los acuerdos para el pago de los gastos de defensa de los tres procesados en el caso Vertederos inciden en que no hay ninguna disposición normativa que determine la cuantía de esas indemnizaciones. Sin embargo, aceptan el montante total reclamado por los altos cargos y la funcionaria en todos los casos teniendo en cuenta que el proceso judicial “ha durado más de quince años” y “ha sido elevado a órganos superiores y al Supremo”. 

El precedente de Fernando Clavijo 

El caso de Javier Armas no es el primero en Canarias en el que un cargo público aforado recurre a Choclán y termina trasladando la factura a una institución pública. Su caso recuerda al de Fernando Clavijo (Coalición Canaria). El actual presidente del Gobierno de Canarias también endosó al Ayuntamiento de La Laguna los honorarios del reputado letrado (55.600 euros) por su defensa en el denominado caso Grúas. 

El paralelismo entre Clavijo y Armas no es sólo de abogado, sino también de mecanismo procesal. Un juzgado de La Laguna investigaba a Clavijo por prevaricación, malversación y tráfico de influencias hasta que en julio de 2019 CC decidió convertir a Clavijo en senador, lo que activó su aforamiento y trasladó la causa a la Sala Segunda del Supremo, que entonces presidía el canario Manuel Marchena. Apenas unos meses después, el alto tribunal archivó el procedimiento al no apreciar reproche penal en la actuación de Clavijo como concejal y después alcalde de ese municipio.   

Aquel expediente no estuvo exento de controversia interna. La Asesoría Jurídica municipal se mostró contraria al pago, al considerar que Clavijo debió recurrir a los abogados del propio Ayuntamiento salvo que hubiese mediado una autorización previa y motivada para contratar a un letrado externo. El informe también cuestionaba el importe de las minutas, que superaba ampliamente los criterios orientadores del Colegio de Abogados. Sin embargo, el actual presidente del Gobierno canario presentó alegaciones y un segundo informe, en esta ocasión del área de Presidencia y Planificación, terminó avalando el pago en parte por silencio administrativo, ya que el Ayuntamiento no había respondido en plazo. 

Dos décadas de gestión incontrolada de vertidos

El caso Vertederos se abrió en 2006 para investigar la gestión incontrolada de residuos en El Hierro. La causa se centró en tres puntos de vertidos ilegales: el desguace contaminante de vehículos de El Majano; el vertedero de La Dehesa, dentro del espacio natural protegido del Parque Rural de Frontera, y el ubicado en la montaña de La Cumbrecita. 

El Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil) ya había denunciado en 2004 y 2005 infracciones como la apertura de zanjas de residuos que se quemaban y enterraban sin control. La Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (APMUN) del Gobierno de Canarias también había constatado incumplimientos no subsanados por el Cabildo de El Hierro, responsable de esas instalaciones. 

Tras doce años de instrucción, la Fiscalía solicitó en octubre de 2018 la apertura de juicio oral contra los tres investigados, para los que pidió once años de cárcel. El juicio quedó señalado para octubre de 2023, pero no llegó a celebrarse porque tres meses antes uno de los procesados, Javier Armas, había sido elegido senador y, por tanto, su causa se había elevado al Supremo. La asociación ecologista Ossinisa, denunciante original del caso en 2006, ejerció la acusación popular hasta que se vio obligada a retirarse por la duración de la causa (17 años por aquel entonces) y el coste económico que suponía para sus miembros. 

Los papeles que el Supremo no contempló 

El Supremo archivó la causa especial contra Armas en un auto dictado el 12 de diciembre de 2024 por el magistrado Pablo Llarena. Según esta resolución, el actual senador y consejero del Cabildo de El Hierro no ostentaba en aquel mandato (2003-2007) las competencias delegadas en materia de Medio Ambiente, puesto que no era consejero sino director de área. El auto remarca que no constaban denuncias ni inspecciones sobre los vertederos de El Majano y La Dehesa anteriores a 2008. 

Tras ese archivo, Ossinisa remitió un escrito a la Fiscalía General del Estado (FGE) para intentar reabrir el caso, al entender que en el sumario existen documentos que contradicen los argumentos esgrimidos por el Supremo. Entre ellos, citaba un informe de la APMUN de 2007 que recoge denuncias del Seprona sobre ambos vertederos en 2004 y 2005 o un escrito firmado por el entonces presidente del Cabildo, Tomás Padrón, en el que identificaba a Armas como una de las personas con competencias medioambientales en la isla. También le hizo llegar varios documentos firmados por Armas entre 2004 y 2007 relativos a la gestión de ambas instalaciones. Sin embargo, las gestiones ante la FGE fueron infructuosas. 

Más de un millón de euros en restauración 

En marzo de 2017, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea condenó a España por decenas de vertederos ilegales e incontrolados en Canarias, que operaban sin sistemas de sellado, control de lixiviados ni tratamiento previo. Entre ellos se encontraba el de La Dehesa (también llamado Faro de Orchilla). Esa sentencia obligó a ejecutar de urgencia el sellado y restauración del vertedero. El Gobierno de Canarias encomendó esta tarea a la empresa pública Gesplan por un importe de 496.103,73 euros. Esta actuación fue cofinanciada al 85% con fondos Feder (Programa Operativo Canarias 2014-2020). 

A ello hay que sumar la inversión de 561.252,54 euros sufragada de forma íntegra a través del Fondo de Cohesión de la Unión Europea para completar la planta de tratamiento de El Majano y para evitar el enterramiento incontrolado de basuras en vertederos. En total, por lo tanto, el coste de restauración ha superado el millón de euros.

El Tribunal Supremo ha puesto el epílogo a uno de los capítulos financieros más polémicos del Cabildo de Tenerife. En una reciente sentencia, la Sala de lo Civil corrige a la Audiencia Provincial y tumba el último intento de la corporación insular para recuperar los cerca de 800.000 euros que pagó entre el 30 de junio de 2014 y el 22 de diciembre de 2016 a Caixabank por los polémicos swaps, los contratos de permuta financiera que el gobierno de Coalición Canaria (CC) firmó en 2011 para tratar de blindarse ante una posible subida de los tipos de interés en los préstamos que en aquel momento tenía en vigor.

El origen de este largo litigio se sitúa a finales de 2010. El Cabildo de Tenerife, entonces presidido por el recientemente fallecido Ricardo Melchior (CC), firmó con varios bancos préstamos a tipo variable por valor de 62 millones de euros para financiar amortizaciones de deudas anteriores. Ante el riesgo de que el euríbor subiera y encareciese las cuotas anuales, la corporación contrató después un seguro de tipos de interés, los conocidos swaps. Entre ellos, uno de 11 millones de euros con La Caixa (luego Caixabank).

Ese swap o contrato de permuta financiera funcionaba de la siguiente manera. Si el euríbor estaba por encima de un tipo fijo pactado, el banco pagaba de más al Cabildo y ese dinero servía para compensar la subida de la cuota del préstamo. Si el euríbor estaba por debajo, era la corporación insular quien debía pagar la diferencia a la entidad financiera.

Tres años después de su firma, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló las operaciones originales de crédito porque el Cabildo de Tenerife había incumplido las normas en el proceso de licitación para contratar. Por tanto, para cumplir el fallo judicial, tuvo que cancelar y amortizar de forma anticipada todos los préstamos el 30 de junio de 2014.

En ese momento, el Cabildo se enfrentó a la disyuntiva de qué hacer con los swap contratados a Caixabank y a otra entidad financiera (el BBVA), que seguían vivos pero ya sin los préstamos a los que en teoría daban cobertura. En un primer momento, el gobierno insular se planteó cancelarlos e incluso preguntó a la entidad financiera cuánto le costaría salir del contrato. Sin embargo, no lo hizo, prefirió esperar hasta la ventana de salida gratuita que habían pactado para el 22 de diciembre de 2016. Calculó que le costaba menos seguir pagando cuotas que asumir el coste de cancelación.

Entre esas fechas, el 30 de junio de 2014 y el 22 de diciembre de 2016, el Cabildo de Tenerife acabaría pagando a Caixabank 791.710,16 euros porque el euríbor había bajado a mínimos históricos. Esa era la cantidad que ahora pretendía recuperar en los tribunales.

Ya había antecedentes en los juzgados. En 2018 había sido rechazada de manera definitiva la demanda que el Cabildo presentó contra otro banco, el BBVA, con quien había firmado un swap de mucho mayor importe. En aquella ocasión, el argumento que utilizó el gobierno insular era que el desplome del euríbor se debió a la intervención del Banco Central Europeo y que, por tanto, era una circunstancia “sobrevenida, extraordinaria e imprevisible” y que las restricciones presupuestarias de 2012 le habían obligado a aceptar una subida del tipo fijo impuesta por el banco. La Audiencia de Santa Cruz de Tenerife no apreció esos requisitos de imprevisibilidad o desequilibrio y, por tanto, desestimó la demanda.

Cambio de tesis

En la causa contra Caixabank, el Cabildo cambió de tesis. Ya no alegó que esa bajada repentina del euríbor había sido inesperada, sino que el contrato del swap había perdido su razón de ser, y por tanto su eficacia, desde el momento en que se cancelaron los préstamos a los que daba cobertura. La corporación insular presentó la demanda en diciembre de 2020 (con el PSOE en el gobierno) y la Audiencia de Santa Cruz de Tenerife le dio la razón hasta en dos ocasiones. El órgano provincial entendía que el préstamo y el swap formaban una única operación económica, lo que se conoce como “contratos coligados” y que, por tanto, extinguido el préstamo, el swap no tenía ninguna función, no había riesgo que cubrir.

En aquel momento, el Cabildo entonces presidido por el socialista Pedro Martín celebró la victoria y anunció que por esta vía se podrían recuperar unos seis millones de euros tras las millonarias pérdidas que había generado en intereses esa operación financiera del Gobierno de CC.

Sin embargo, Caixabank decidió elevar el asunto al Supremo, que admitió a trámite el recurso en noviembre de 2023. Dos años y medio después, el alto tribunal ha resuelto corrigiendo a la Audiencia Provincial, desmontando los argumentos del Cabildo de Tenerife y, por tanto, rechazando su pretensión de recuperar los cerca de 800.000 euros (más intereses) que abonó durante esos meses.

El primer argumento de la Sala es de fondo. El Supremo considera que el propósito de cobertura que perseguía el Cabildo al contratar el swap no era, en un sentido jurídico, la causa del contrato, sino un “motivo subjetivo propio” de la corporación. En otras palabras: que al Cabildo le interesara cubrirse no significaba que ese fuera el objeto legal del contrato.

Por otra parte, el tribunal incide en que aunque los préstamos se cancelaran, el Cabildo mantenía un elevado nivel de endeudamiento a interés variable (la corporación insular había vuelto a firmar otras operaciones de crédito tras la cancelación de 2014) y el swap seguía sirviendo de “cobertura genérica”. Por tanto, entiende que no se perdió la causa de ese contrato de permuta financiera ni tampoco se volvió especulativo.

La sentencia remarca que la administración tuvo la posibilidad de cancelar el swap en 2014, pero decidió mantenerlo, confiando en que el euríbor no bajara del tipo fijo pactado. Sólo lo canceló a finales de 2016, aprovechando la ventana sin coste que tenía pactada.

El Cabildo no pidió la nulidad

El Supremo destaca otro aspecto. Entre 2015 y 2017, durante el mandato de Carlos Alonso (CC), el Cabildo de Tenerife revisó los swaps y decidió no reclamar su nulidad. En este periodo, el presidente insular firmó un decreto de convalidación, el Consejo de Gobierno lo ratificó y, en un pleno celebrado el 30 de junio de 2017, Alonso manifestó que no se instaría la revisión de oficio de esos contratos firmados en la etapa de Melchior. El Consejo Consultivo de Canarias, órgano fiscalizador de la comunidad autónoma, avaló también los swaps en un dictamen emitido a finales de ese mismo año.

La Sala de lo Civil sostiene que la pérdida sobrevenida de la causa que alegaba el Cabildo no extingue de forma automática el contrato. Sólo faculta a la parte perjudicada (a la administración) a pedir la resolución mientras esté vigente. En 2020, el momento de reclamar había pasado.

La sentencia destaca, por otra parte, que esa pérdida de la causa del contrato de los swaps deriva de la propia conducta del Cabildo de Tenerife, que había cometido una serie de irregularidades administrativas al contratar los préstamos finalmente cancelados.

Por todo ello, la Sala entiende que “no se dan las circunstancias necesarias para apreciar la causa de extinción del swap” ni, por tanto, para que el Cabildo recupere esos 800.000 euros. El fallo impone a la administración el pago de las costas de primera instancia.

Miguel (nombre ficticio) sobrevivía con una pensión de incapacidad de apenas 310 euros cuando, en octubre de 2022, pidió el subsidio de desempleo para mayores de 52 años, una prestación que protege a este sector de población vulnerable. La respuesta del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) fue inmediata. El mismo día de la solicitud le concedió la ayuda como puente económico hasta su jubilación, prevista en principio en 2035 (ampliada después a 2037). En aquellas fechas, el subsidio rondaba los 465 euros (en la actualidad, los 480), de manera que los ingresos de este vecino de Gran Canaria ascendieron a unos 775 euros al mes.

La sorpresa llegó dos años y medio después, en mayo de 2025. Un procedimiento de control de la administración convirtió esa red de seguridad en una condena de cinco cifras. El SEPE detectó que Miguel cobraba la prestación por incapacidad permanente total desde 2012 y que no cumplía los requisitos para percibir a la vez el subsidio para mayores de 52.

La razón era estrictamente técnica: el solicitante debía haber cotizado al menos 15 años. Sin embargo, Miguel ya había gastado sus cotizaciones anteriores a 2012 para obtener su pensión de incapacidad. Al no acumular suficientes años cotizados desde esa fecha, la administración le reclamó la devolución de cada euro recibido. En total, 14.675,22 euros.

El caso se ha tenido que dirimir en los juzgados. La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) dictó recientemente una sentencia que, confirmando la de primera instancia, da la razón al pensionista y le libra de tener que devolver esa cantidad.

El alto tribunal canario ha aplicado la doctrina fijada por el Supremo en sentencias dictadas en septiembre de 2025 y abril de 2026. Los magistrados del TSJC, con Ramón Toubes como ponente, precisan que ese requisito de los quince años de cotización “no aparece diseñado como carencia necesaria para acceder al subsidio de mayores de 52 años”.

La sentencia incide en la naturaleza de este subsidio, pensado para el acceso futuro a la jubilación de un sector vulnerable y con serias dificultades de inserción laboral. “No parece haber ninguna causa que lleve a dejar sin proteger al desempleado mayor de 52 años en tal situación de espera de su jubilación prevista legalmente, siempre y cuando al llegar a esa edad ya tenga a lo largo de su vida laboral la carencia suficiente (el tiempo mínimo trabajado y cotizado) para lucrar la futura jubilación, para lo cual se computarán tanto las cotizaciones posteriores a la incapacidad permanente total como las anteriores”, expone.

El tribunal diferencia la prestación contributiva por desempleo, el paro común, del subsidio para mayores de 52 años. En el primer caso, la exigencia de que los quince años cotizados sean posteriores a la incapacidad permanente total para su profesión habitual sí se aplica para evitar fraudes de ley. Si una persona pierde su trabajo por la incapacidad y opta por cobrar la pensión, no puede usar las cotizaciones previas de ese mismo empleo para percibir a la vez el paro, puesto que ambas cubren la pérdida de la misma ocupación.

No ocurre lo mismo con el subsidio asistencial para mayores de 52, que persigue un fin social distinto. Sirve para proteger a los trabajadores de esa franja de edad en situación de desempleo, dadas sus dificultades para reincorporarse al mercado laboral. Más en casos como el de Miguel, que arrastra una incapacidad total para ejercer su profesión habitual.

La sentencia del TSJC precisa que el requisito de los quince años es, en el caso del subsidio para mayores de 52, “un efecto reflejo de la exigencia de que en el momento de la solicitud reúnen todos los requisitos, salvo la edad, para acceder a cualquier tipo de pensión contributiva de jubilación en el sistema de la Seguridad Social”. Es decir, se articula como un puente hacia la jubilación para este sector de población vulnerable, para evitar que quede en exclusión social.

Por lo tanto, entiende que la interpretación de la administración es incoherente con el espíritu protector de la norma. Transformar el requisito de los quince años en un obstáculo para el subsidio y posterior jubilación “iría en contra de la lógica del sistema”, insiste la Sala para concluir que Miguel puede cobrar a la vez la pensión de incapacidad y el subsidio para mayores de 52 y, en consecuencia, para exonerarlo de tener que devolver al servicio público de empleo los cerca de 15.000 euros que se le reclamaban y para consolidar su derecho a seguir percibiendo esa ayuda hasta la fecha de su retiro.

Más de 450.000 beneficiarios

Según datos correspondientes a 2025 del Ministerio de Trabajo, más de 450.000 personas son beneficiarias del subsidio para mayores de 52 años, la cifra más alta desde que hay registros. Más de la mitad de los parados de esta franja de edad son de larga duración (llevan más de un año buscando trabajo), frente al 38,2% de media general. A través de esta prestación, el SEPE no sólo entrega una ayuda mensual, sino que cotiza por el desempleado para su jubilación al 125% de la base mínima.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha puesto en el punto de mira este subsidio. En un informe publicado en enero de 2026 y titulado ¿Estancados a los 52?, este organismo internacional insta a repensar esta prestación para las personas mayores en España. A juicio de las economistas que firman este informe, su diseño genera un incentivo que cronifica el desempleo de larga duración. La OCDE presiona para recortar la cotización o limitar el carácter indefinido de la sentencia.

La Consejería canaria de Sanidad ha tenido que pagar más de 7.000 euros a Gemma Torres, expresidenta del banco público de sangre del Archipiélago, en concepto de vacaciones devengadas y no disfrutadas en el año y medio en que ocupó ese puesto.

Una sentencia firme de la plaza 3 de la Sección Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria ha estimado de forma parcial un recurso de la ex alto cargo, que fue cesada en diciembre de 2024, meses después de que se descubriera que había mentido sobre su titulación, presumiendo de un grado en Derecho que no tenía.

Tras su salida del Gobierno canario, Torres había reclamado más de 11.000 euros por distintos conceptos. La Consejería de Sanidad aceptó alguno de ellos, como la parte proporcional de las pagas extra o una pequeña diferencia salarial, pero rechazó la indemnización por cese o por vacaciones devengadas y no disfrutadas en 2023 y 2024.

En una sentencia dictada el pasado mes de marzo pero conocida ahora después de que la propia Torres la haya difundido, la magistrada le da la razón a medias. Según el fallo, la administración no logró acreditar que la expresidenta del banco de sangre disfrutara de vacaciones en ese tiempo. Para oponerse a esa reclamación económica, los servicios jurídicos del Servicio Canario de Salud (SCS) presentaron como única prueba de sus descansos las “respuestas automáticas” de su correo institucional en caso de ausencia.

Sanidad defendió que la alto cargo no utilizaba sistema de fichaje alguno. La jueza señala que esas respuestas automáticas del correo no bastan para acreditar que estaba de vacaciones, puesto que no permite conocer el verdadero motivo de su ausencia. Es decir, si saltaba ese mensaje porque estaba de permiso ordinario, extraordinario o de vacaciones.

“Esta misma juzgadora tampoco está sujeta a sistema alguno de fichaje pero, como todo funcionario público, debe solicitar los permisos y vacaciones oportunos y todo queda registrado en su expediente personal”, señala la magistrada, que dice no entender que la administración “no haya sido capaz de demostrar la ausencia del trabajo” de Torres.

Según ha informado la expresidenta del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia con una captura de la transferencia, la administración le pagó a finales de agosto, cinco meses después de la sentencia, la cantidad de 7.481,59 euros como indemnización.

La sentencia rechaza, en cambio, que deba percibir una indemnización por cese. Cuando una persona asume un puesto de alta dirección en el Gobierno de Canarias y no es funcionario de carrera (como es el caso de Torres, que procedía del sector privado), la normativa autonómica le obliga a elegir, justo al tomar posesión del cargo, entre dos opciones: cotizar por desempleo a la Seguridad Social durante el mandato, de manera que, al ser cesada, tiene derecho a solicitar y cobrar la prestación ordinaria (el paro) o recibir una indemnización equivalente a una mensualidad de su sueldo de alto cargo cuando lo deja.

Torres solicitó cobrar esa indemnización por cese cuando dejó el cargo. Sin embargo, el SCS aportó sus nóminas, en las que aparecía reflejado mes a mes el descuento (la cotización) bajo el epígrafe de “desempleo”. Es decir, la sanidad canaria estuvo pagando esas cantidades para que ella obtuviese el derecho a cobrar paro cuando cesara. Esto demostraba que la alto cargo había renunciado a la indemnización en el momento de la toma de posesión.

Por lo tanto, la sentencia concluye que no procede el abono de esa indemnización por cese, por lo que sólo le da la razón en lo referente a las vacaciones no disfrutadas (el resto de pretensiones de la demandante ya habían sido aceptadas por la administración).

El grado en Derecho

Gemma Torres fue la última presidenta del ya extinto Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia, integrado desde enero de 2025 en el SCS a través de una dirección general. Fue su primer -y hasta ahora único- cargo en política. En febrero de 2023, cinco meses antes de su nombramiento, había sido designada presidenta de Jóvenes por Gran Canaria, la rama juvenil de Unidos por Gran Canaria, la formación aliada a Coalición Canaria (CC) en la que militaba la actual consejera de Sanidad del Gobierno regional, Esther Monzón.

En mayo de 2024, menos de un año después de tomar posesión del cargo, este periódico publicó que Torres había mentido al afirmar hasta en cuatro ocasiones en comunicados oficiales (uno del propio Gobierno) y entrevistas radiofónicas que era graduada en Derecho por la Universidad Europea de Madrid. Sin embargo, el currículo que tuvo que presentar en el Portal de Transparencia tras la presión sindical demostró que carecía de esta titulación y que, hasta esa fecha, sólo había podido acreditar el Bachillerato.

La consejera mantuvo a Torres en el puesto hasta finales de año. Monzón aprovechó el acuerdo de integración del Instituto de Hemodonación y Hemoterapia en el SCS para cesar a su entonces presidente y nombrar para el cargo (ya de director general) a otro miembro de Unidos por Gran Canaria, Iván Santiago Falcón, que acabaría dimitiendo diez meses después en medio de una grave crisis en el banco público de sangre y siendo recolocado como asesor en el gabinete de la consejera de Sanidad.

“Cuando llegué había un auténtico caos”

En una nota remitida a este periódico, Torres sostiene que durante su etapa al frente del ICHH mantuvo una dedicación absoluta al cargo y que no disfrutó de las vacaciones que ahora le han sido reconocida judicialmente: “Cuando llegué al Instituto (de Hemodonación y Hemoterapia) me encontré una situación de auténtico caos. Había muchísimo trabajo que hacer, problemas que resolver y una guerra constante. Era imposible desconectar. Mi dedicación al cargo fue del 100% desde el primer día hasta el último. No cogí vacaciones porque estaba completamente dedicada a sacar adelante la institución”.

La ex alto cargo atribuye su salida del Gobierno a “circunstancias políticas y personales” y considera que su trabajo y dedicación “tuvieron menos peso que las relaciones personales dentro del entorno de la Consejería” de Sanidad que lidera Esther Monzón.

La causa penal que investiga las polémicas oposiciones para el acceso de 141 agentes a la Policía Canaria avanza. La jueza que instruye el caso, Ana Isabel de Vega, ha citado a declarar para el 22 de octubre en calidad de investigados al presidente del tribunal, Ángel Nichel Acosta, y al alto cargo que lo nombró para esta responsabilidad, José Manuel González Afonso, director general de Estudios, Formación e Investigación en Seguridad Pública en la Consejería de Seguridad que lidera Nieves Lady Barreto (Coalición Canaria).

Además, cinco testigos deben comparecer ese mismo día ante la magistrada titular de la Plaza 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria. Se trata de cuatro opositores y de una jefa de servicio, todos ellos propuestos por la acusación particular que ejerce el grupo de aspirantes que presentó la denuncia original en Fiscalía.

Tras analizar los hechos, el Ministerio Público apreció indicios de delito en la actuación de los ahora investigados y remitió una denuncia al juzgado decano de Las Palmas. Al presidente del tribunal calificador, Ángel Nichel Acosta, inspector de la Policía Canaria, se le investiga por un presunto delito de falsedad documental y por otro de prevaricación, en su modalidad de aceptación de nombramiento ilegal. Al alto cargo José Manuel González se le imputa otro delito de prevaricación, pero en su modalidad de nombramiento ilegal.

La causa se centra, por ahora, en la designación de Acosta como presidente del tribunal de las oposiciones. Los denunciantes sostienen que este inspector de la Policía Canaria nunca debió ostentar ese cargo porque incurría en causa de abstención al haber participado en la preparación de aspirantes en los cinco años anteriores a la publicación de la convocatoria.

Uno de los testigos declaró en Fiscalía que durante los años 2020 y 2021 asistió a las clases que Acosta impartía con su propio temario en la academia Forma2, ubicada en el barrio de Tamaraceite de la capital grancanaria y regentada por la pareja del inspector.

Otro de los aspirantes aportó la grabación de una de esas clases, impartida el 13 de marzo de 2021, dos años y medio antes de la publicación de la convocatoria del proceso selectivo en el Boletín Oficial de Canarias (22 de noviembre de 2023). Como publicó Canarias Ahora el pasado enero, se trata de un audio de 70 minutos en el que se escucha al presidente del tribunal explicar a un grupo de aspirantes cómo debían resolver un supuesto práctico, una de las fases principales del proceso selectivo para el ingreso en la Policía Canaria.

“No sé si han venido otras veces conmigo. Yo les voy a transmitir desde mi punto de vista, basándome en mi experiencia en la Policía Autonómica”, dice Acosta al principio de esa grabación. En este audio también se le escucha dar su número de teléfono a un aspirante. Según la Fiscalía, los opositores le pagaban las clases a través de la aplicación Bizum.

La denuncia que remitió el Ministerio Público a los juzgados contiene una novedad relevante con respecto a lo conocido hasta ahora de estas polémicas oposiciones. Se trata del testimonio de una jefa de servicio que había recibido el encargo de realizar la propuesta para el nombramiento de los miembros del tribunal calificador. En su declaración en las diligencias preprocesales de la Fiscalía Provincial de Las Palmas, esta funcionaria manifestó que no incluyó en ese listado a Ángel Nichel Acosta ni como presidente ni como miembro del tribunal porque tenía conocimiento de que daba clases en una academia y de que, por lo tanto, incumplía un requisito para ocupar el cargo.

La investigación judicial deberá esclarecer, por tanto, qué ocurrió desde ese momento hasta que el director general de Estudios, Formación e Investigación en Seguridad Pública firmó la resolución de nombramiento del tribunal calificador el 19 de diciembre de 2024. De hecho, la jueza instructora ha solicitado a la jefa de servicio que aporte todos los correos electrónicos que remitió a los que posteriormente fueron miembros del tribunal, así como las declaraciones responsables que tuvieron que presentar para garantizar que no estaban incursos en ninguna de las causas de abstención previstas en las bases.

Más de un año después del nombramiento del tribunal y ante las numerosas recusaciones formuladas por los aspirantes, el propio González Afonso rechazó apartar a su presidente y dio por buenas sus explicaciones. Acosta defendió entonces que se había limitado a dar de manera ocasional charlas “meramente informativas y preliminares, destinadas a valorar la posibilidad de ofrecer clases preparatorias, sin orientación alguna a superar pruebas selectivas” y que al final desistió de continuar con esta actividad.

En el informe que remitió al director general, Acosta admitió que elaboró un “borrador” de temario para las oposiciones entre 2018 y 2019, pero al mismo tiempo aseguró que “no fue publicado ni utilizado con fines formativos”. Y también negó que hubiera impartido clases de preparación para oposiciones de cuerpos policiales en la academia que regenta su pareja, pese a lo manifestado por los aspirantes denunciados y pese a la grabación aportada.

“Nunca ha existido interacción dirigida a la preparación de oposiciones ni seguimiento personal, ni se ha facilitado información privilegiada o asesoramiento a candidatos ni tampoco existe material distribuido que pudiera otorgar una ventaja competitiva a alguno de ellos”, resumió a modo de defensa Acosta ante la Consejería de Seguridad del Gobierno canario.

Cronología

La convocatoria inicial de las polémicas oposiciones se publicó en noviembre de 2023 con 61 plazas. Cinco meses después, la administración acordó ampliar el proceso selectivo hasta las 141. Durante el proceso se presentaron más de 2.600 solicitudes. Las quejas comenzaron en 2025. Un colectivo de aspirantes cuestionaba la forma en la que se habían desarrollado determinadas pruebas y, en especial, la actuación del tribunal calificador. A las primeras reclamaciones le sucedieron las denuncias en los medios de comunicación y en el Parlamento regional. Al final, un grupo de opositores decidió presentar la denuncia anónima ante la Fiscalía que se sitúa en el origen del procedimiento penal abierto en los juzgados de Las Palmas.

Los denunciantes ponen en duda la imparcialidad del presidente del tribunal y exigen conocer qué ocurrió, quién tomó determinadas decisiones y sobre qué documentación y argumentos. Además de esa presunta irregularidad en la designación de Acosta como presidente del tribunal, los aspirantes pusieron en conocimiento de la Fiscalía determinadas relaciones personales y profesionales entre opositores y miembros del tribunal o miembros del cuerpo de la Policía Canaria que, en su opinión, podían tener relevancia en el proceso.

La Fiscalía no hace mención en su decreto a esos vínculos, pero los denunciantes no descartan que puedan abrirse nuevas líneas de investigación a partir de las declaraciones de octubre. Los aspirantes insisten en que su propósito es conocer si se garantizaron los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso al cuerpo de la Policía Canaria.

Los 141 aspirantes que obtuvieron plaza en esta oposición ya han sido nombrados funcionarios en prácticas y continúan en la academia. Cuando la Fiscalía remitió su denuncia al juzgado decano de Las Palmas, los aspirantes afectados solicitaron la paralización inmediata del proseo selectivo, al enteder que su continuidad podría provocar “consecuencias irreversibles y un grave perjuicio tanto para los opositores perjudicados como para la propia credibilidad institucional de la Policía Canaria”.

En un comunicado remitido a Canarias Ahora, los denunciantes advertían de que seguirán ejerciendo “todas las acciones legales necesarias hasta el total esclarecimiento de los hechos”. “Lo que está ocurriendo trasciende unas simples oposiciones. Está en juego la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas, en la limpieza del acceso a la función pública y en la credibilidad del sistema”, decían entonces.

Tras años de reivindicaciones, con una extensa huelga de por medio, el personal del banco de sangre de Canarias vio hecha realidad el 1 de enero de 2025 una vieja aspiración. El Instituto de Hemodonación y Hemoterapia, un organismo autónomo, se integraba en el Servicio Canario de Salud (SCS) bajo la figura de una nueva dirección general. Se materializaba así un compromiso firmado un año y medio antes, en abril de 2023, en las postrimerías de la pasada legislatura, por el gobierno progresista en Canarias (liderado por el PSOE) para asegurar que el banco quedara al 100% en manos públicas.

Con el acuerdo de integración se daba un paso histórico que debía dar estabilidad a la institución pero que, sin embargo, ha quedado empañado por una crisis que ha alcanzado su punto álgido con la pérdida de más de 3.500 bolsas de plasma en la provincia de Santa Cruz de Tenerife por fallos en la cámara de refrigeración. Un episodio que, además, cuestiona los protocolos y los recursos del banco de sangre de Canarias en un momento trascendental, a tan solo un año del plazo marcado por Europa para cumplir con los requisitos fijados en el nuevo -y estricto- reglamento SoHO sobre las normas de calidad y seguridad de las sustancias de origen humano (como sangre, tejidos y células).

Los tres primeros años de la actual legislatura han estado marcados por la convulsión en el banco de sangre de Canarias. Empezando por los nombramientos. Desde que Coalición Canaria (CC) y el Partido Popular (PP) pactaran para gobernar en las Islas tras las elecciones de mayo de 2023 (con el apoyo de la Agrupación Socialista Gomera y de la Agrupación Herreña Independiente), han ocupado el puesto de máxima responsabilidad en Hemodonación y Hemoterapia tres personas: una como presidenta y dos como directores.

Ya desde el principio del mandato se evidenció que la dirección del banco de sangre de Canarias era una concesión de CC a su aliado electoral Unidos por Gran Canaria, el partido del que procede la consejera de Sanidad, Esther Monzón. Desde julio de 2023 hasta enero de 2025 la presidencia del ya extinto Instituto de Hemodonación y Hemoterapia recayó en Gemma Torres, en aquel momento líder de la rama juvenil de Unidos. En esa época se supo que había mentido sobre su currículo, que había presumido de un grado en Derecho que no tenía. La consejera aprovechó el acuerdo de integración de principios de 2025 para cesarla.

Su sustituto, el primer director general de Hemodonación y Hemoterapia del Gobierno de Canarias, fue Iván Santiago Falcón. Al igual que su predecesora, procedía de Unidos por Gran Canaria y no tenía formación en el ámbito sanitario ni experiencia previa en cargos públicos y de gestión. Solo duró en el cargo diez meses. En octubre de 2025 presentó su dimisión en medio de una crisis: el banco había perdido 60 trabajadores por un incumplimiento del acuerdo de integración, se habían tenido que cancelar cientos de colectas, las donaciones de algunos de los grupos sanguíneos más comunes habían caído a niveles críticos, se habían tenido que suspender y reprogramar cientos de operaciones y los sindicatos habían presentado una demanda de vulneración de derechos fundamentales frente a la supresión unilateral de los comités de empresa en ambas provincias, una decisión que sería finalmente revocada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

Falcón cesó “a petición propia” en octubre y tan solo un mes después fue recolocado como asesor en el gabinete de la consejera de Sanidad, con un sueldo de casi 60.000 euros. Para suplirlo, Monzón dejó por primera vez de lado el criterio que había seguido hasta la fecha, de reparto de cuotas de partidos, y confío la dirección general a Francisco Javier Rodríguez Sosa, que a diferencia de sus predecesores sí está vinculado con el ámbito sanitario y con el banco de sangre. Ha trabajado como enfermero del equipo de extracciones del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia y hasta su nombramiento como director general ejercía de coordinador del departamento de gestión de colectas en Las Palmas.

Más de 3.500 bolsas de plasma desechadas

El episodio más polémico de la legislatura se conoció el pasado mes de junio durante un pleno del Parlamento de Canarias. El diputado socialista Miguel Ángel Pérez denunció que se habían tenido que desechar más de 3.500 bolsas de plasma por averías en la cámara frigorífica de -40 grados ubicada en la sede de Santa Cruz de Tenerife. Esta cantidad equivale a unos 1.050 litros y representa aproximadamente un tercio de la producción anual de plasma en las Islas. El dato es aún más crítico si se tiene en cuenta que las Islas sólo producen el 35% de los hemoderivados que necesitan e importa el 65% restante.

Los hechos se habían producido en octubre del año pasado, pero los trabajadores ya venían advirtiendo de esos fallos en los registros de las temperaturas “desde hacía meses”, según cuenta Daniel Quintero, presidente del comité de empresa en Santa Cruz de Tenerife. El representante de CCOO explica que el plasma es un recurso estratégico, el único componente del banco de sangre capaz de generar un activo económico al convertirse en medicamentos “tan importantes que se usan todos los días en los hospitales”.

“Es un escándalo por mucho que lo hayan intentado ocultar. Era una situación que ya los trabajadores venían alertando, que había problemas con las cámaras de alta refrigeración”, añade. La multinacional Grifols, que se encarga de convertir ese plasma en medicamentos en virtud de un contrato de cinco millones de euros, constató que ese plasma había estado expuesto a temperaturas inusualmente altas y que, por lo tanto, no se podía procesar garantizando la seguridad de los medicamentos resultantes, por lo que hubo que desechar esas miles de bolsas procedentes de donaciones altruistas.

El director general de Hemodonación y Hemoterapia, Francisco Javier Rodríguez Sosa, atribuye lo sucedido al “deterioro propio de la antigüedad” de la cámara de almacenamiento de plasma de la sede de Tenerife, que lleva más de quince años de servicio. “A lo largo de su vida útil ha requerido diversas actuaciones de mantenimiento correctivo para mantener su funcionamiento en condiciones adecuadas”, señala el alto cargo, que añade que se tuvo conocimiento “de esta problemática” tanto a través del personal del centro como de la “industria fraccionadora” (Grifols) y que se han adoptado medidas correctoras.

En concreto, Rodríguez Sosa señala que se ejecutó de urgencia una “intervención correctiva” sobre la cámara averiada, que en estos momentos “mantiene las condiciones de calidad exigidas para la conservación del plasma”. Además, la Consejería de Sanidad ha adquirido quince congeladores de -40 grados que se prevén recibir en agosto. El director general también anuncia la próxima construcción de una nueva cámara de almacenamiento en la provincia de Las Palmas para “asegurar la continuidad del servicio y prevenir pérdidas por avería en la cadena de frío”.

Los representantes de los trabajadores rechazan la justificación de la obsolescencia. “No es obsolescencia, es una negligencia que ha costado salud, que ha costado recursos, que ha costado dinero (se ha tenido que importar más plasma) y un daño de imagen”, señala Quintero, que insiste en que se ha tenido que tirar “toda la producción que estaba almacenada desde hace meses” y que todavía no ha escuchado ni una disculpa.

Enmienda rechazada

En noviembre del año pasado, siendo ya por tanto conocedores de las averías alertadas por los trabajadores y por Grifols, CC y PP rechazaron en el Parlamento regional una enmienda presentada por el PSOE para destinar cuatro millones de euros a la adquisición y reforma de un inmueble para la Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia. En esa enmienda, los socialistas incidían en la necesidad de disponer de “nuevas instalaciones de trabajo, almacenamiento y gestión de la sangre y los hemoderivados que ponga al día el precario estado de instalaciones y maquinaria actualmente en uso”.

El PSOE ponía como “grave ejemplo” de lo que estaba ocurriendo “el permanente fallo de las cámaras de refrigeración y congelación, que se encuentran con constantes problemas que no cumplen con los requisitos mínimos necesarios para la gestión de la sangre y los productos hemoderivados”. Los socialistas proponían una inversión plurianual para adquirir dos nuevas instalaciones destinadas al servicio en ambas provincias, pero su enmienda fue rechazada por los partidos que sustentan al Gobierno regional.

Sin certificados de calidad

Para el presidente del comité de empresa de Hemodonación y Hemoterapia en la provincia occidental, la pérdida de plasma es la evidencia de “la falta de rigor y gestión de un banco de sangre que carece de estructuras de calidad y certificaciones”. Quintero recuerda que en julio de 2027 será de obligado cumplimiento el reglamento europeo SoHO, aprobado en mayo de 2024 y que exige “altos niveles de calidad y seguridad” en el tratamiento de sustancias de origen humano para evitar la transmisión de las enfermedades.

El representante de los trabajadores califica de “completa anomalía” el hecho de que el banco de sangre de Canarias sea “el único” de ámbito autonómico que no posea el certificado de calidad CAT (Comité de Acreditación en Transfusión), un sello oficial que garantiza “la seguridad y excelencia” en el sector hemoterápico en España.

Este certificado garantiza la seguridad del paciente y el donante, minimizando el riesgo de reacciones adversas y fallos de compatibilidad; permite rastrear un componente sanguíneo desde la vena del donante hasta la del receptor, y valida la competencia técnica en el tratamiento de los hemoderivados, asegurando que el procesamiento, el fraccionamiento y la conservación de la sangre “cumplen con criterios científicos de vanguardia”. Estos procesos estandarizados son auditados por hematólogos y técnicos en activo.

El director general de Hemodonación y Hemoterapia señala que ese certificado es un reconocimiento formal “de carácter voluntario” y que su ausencia “no supone merma alguna en la calidad ni en la seguridad de los productos”. Rodríguez Sosa sostiene que el banco de sangre de Canarias produce hemocomponentes “que cumplen plenamente los requisitos de calidad y seguridad exigidos por la normativa vigente”. El alto cargo señala, no obstante, que el centro “se encuentra inmerso en el proceso de solicitud” de esa certificación.

“De ser obligatorio, estaríamos cerrados. Si nosotros no tenemos un certificado de banco de sangre pasan cosas como las del plasma. Si no tenemos certificaciones de calidad, tienden a pasar errores como este”, precisa Daniel Quintero, quien advierte de que el reglamento SoHO “conlleva cambios estructurales” que el banco de sangre de Canarias “está muy lejos de conseguir”. “Y no estamos viendo avances”, agrega.

El director general, en cambio, sostiene que el banco de sangre está desarrollando un proyecto orientado a la obtención de las certificaciones y la adecuación a los requisitos exigidos en la normativa europea. Alude a “la elaboración e implementación del sistema de gestión de la calidad (documentación controlada, procedimientos e instrucciones técnicas” y a la “adecuación de instalaciones y equipos”, con especial atención “a la cadena de frío (cámara, congeladores y sistemas de monitorización y control de temperatura”. Todo ello con el horizonte de la autorización del centro como entidad de SoHO.

“Ahora mismo no hay nada y se está intentando conseguir unas certificaciones que hace años llevan intentando conseguir”, advierten los trabajadores.

Cuando Iván Santiago Falcón dimitió como director general de Hemodonación y Hemoterapia del Gobierno de Canarias el 13 de octubre de 2025, apenas diez meses después de acceder al cargo, el banco de sangre de las Islas estaba sumido en una crisis sin precedentes. La pérdida de casi el 30% de la plantilla había reducido de manera drástica su capacidad operativa, obligando a cancelar cientos de colectas. Las reservas de los grupos sanguíneos más comunes cayeron a niveles críticos y hubo que suspender y reprogramar decenas de intervenciones quirúrgicas. Y, aunque esto se supo luego, justo el mes en que dimitió las roturas y fallos de temperatura de las cámaras de alta refrigeración provocaron la pérdida de más de 3.500 bolsas de plasma en Tenerife.

Aún hoy, la Consejería de Sanidad se limita a decir que el cese se produjo “a petición propia” de Falcón, sin dar más explicaciones. Lo cierto es que más que una dimisión fue una recolocación. El 21 de noviembre, apenas 40 días después, Esther Monzón (Coalición Canaria), la misma consejera que había aceptado su cese, firmó una orden para incorporarlo como asesor a su gabinete, con una retribución íntegra anual de 58.648,98 euros (sin contar la Seguridad Social ni la antigüedad). Una cifra inferior, eso sí, a la que percibe (como mínimo) un director general en las Islas: 80.932,20 euros.

“Iván Santiago Falcón cesó como director general a petición propia y se incorporó a la Consejería unos meses después (en realidad, poco más de un más después) con funciones de apoyo al gabinete”, se limitan a informar fuentes oficiales de la Consejería de Sanidad a las preguntas de Canarias Ahora sobre las razones de la reubicación del exdirector del banco de sangre y sus nuevas funciones. Este periódico también ha pedido la versión de Falcón sobre este cambio a través del mismo cauce, pero no ha obtenido respuesta.

El ahora asesor de Monzón había tomado las riendas de la recién creada Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia en enero de 2025. Era un momento histórico, el de la integración del banco de sangre en el Servicio Canario de Salud (SCS). La consejera aprovechó esa transición para reemplazar a la última presidenta del Instituto de Hemodonación y Hemoterapia, Gemma Torres, muy cuestionada después de que saliese a la luz pública que había mentido con respecto a su titulación académica.

Hasta esa fecha, Falcón era un desconocido en el ámbito sanitario. No tenía formación ni experiencia alguna en el sector. Graduado en Lengua Española y Literaturas Hispánicas por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, con un máster en Formación del Profesorado, su trayectoria laboral previa se limitaba a puestos administrativos en la empresa Ralons, la Unión Deportiva Las Palmas y en el partido Unidos por Gran Canaria.

Su llegada al cargo (el primero que ocupaba en política institucional) no respondió a criterios técnicos ni a la promesa electoral de Fernando Clavijo de “profesionalizar la gestión sanitaria”, sino al estricto reparto de cuotas del pacto de gobierno. Falcón no sólo trabajó como administrativo de Unidos por Gran Canaria los cinco meses previos a las elecciones autonómicas y locales de 2023, sino que en esos comicios concurrió en las listas de este partido haciendo doblete (como número dos al Ayuntamiento de Moya y en el puesto 16 al Cabildo de Gran Canaria).

Coalición Canaria había cedido la dirección del banco de sangre a su aliado Unidos por Gran Canaria (UxGC), el partido en el que militaba la propia Esther Monzón (ahora ya integrada formalmente en CC) y también la antecesora de Falcón, Gemma Torres.

Diez meses de crisis

Los diez meses del ahora asesor de Sanidad al frente de la Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia estuvieron marcados por una crisis laboral y de gestión. “Dejó a la deriva una institución que estaba viviendo un proceso histórico de integración”, resume el enfermero Daniel Quintero, representante de Comisiones Obreras (CCOO) y presidente del comité de empresa en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

“Tenía un perfil bajo, ningún conocimiento del centro, un 0% de conocimiento de gestión, un 0% en conocimiento sanitario. No hubo ni una sola mejora, apenas se presentó ante los trabajadores. Dejó un agujero de gestión”, sostiene el portavoz sindical.

Otras fuentes internas dibujan el retrato de un alto cargo tutelado y sin capacidad de mando. “Casi no hablaba en las reuniones, lo hacían otras personas de la Consejería. El trato con los trabajadores fue nulo, cero, y no se le recuerda iniciativa alguna”, señala una profesional del banco de sangre que prefiere mantenerse en el anonimato y que considera que a Iván Santiago Falcón “se le hizo muy grande” el puesto, el primero que ocupaba en política.

Bajo su mandato, y tras la integración en el SCS, el banco de sangre sufrió la pérdida de unos 60 trabajadores -un tercio de la plantilla- por el “sistemático incumplimiento” del acuerdo de integración, tal y como denunciaron los sindicatos. Esta circunstancia mermó de manera drástica la capacidad para realizar colectas en la calle, arrastrando las reservas a niveles críticos y obligando a suspender decenas de intervenciones quirúrgicas.

Según datos proporcionados por la propia institución, las donaciones de sangre cayeron en Canarias de las 60.728 bolsas de 2024 a las 59.106 de 2025, situándose por primera vez por debajo de las 60.000. No fue, sin embargo, un hecho aislado, sino la confirmación de una tendencia a la baja. El año anterior a la irrupción de la pandemia de Covid-19, el número de donaciones rondaba las 63.000 bolsas en las Islas y en 2021 se alcanzó un pico de 66.554. A partir de ahí, la cifra ha ido descendiendo hasta los mínimos del año pasado.

Estos dos últimos años se han tenido que reprogramar más de 180 intervenciones quirúrgicas en los hospitales de Canarias por falta de sangre. Durante la etapa de Falcón al frente de la Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia se alertó, incluso, del aplazamiento de un trasplante de pulmón en el Hospital Doctor de Gran Canaria.

Aunque Falcón tampoco se prodigó en los medios de comunicación, en alguna de sus intervenciones en la radio calificó estas suspensiones de meras “reprogramaciones puntuales” y responsabilizó a la Dirección General de Función Pública de las trabas para contratar al personal tras la integración del banco de sangre en el SCS.

En septiembre de 2025, un mes antes de que Falcón dimitiera, el diputado Yoné Caraballo (Nueva Canarias-Bloque Canarista) pidió en el Parlamento de Canarias la destitución del director del banco de sangre por su “pésima gestión”. “La sanidad no puede gestionarse como un chiringuito político mientras Canarias se queda sin sangre”, dijo entonces el canarista, que calificó la gestión del ahora asesor de “dirección fantasma”. En aquella sesión, la consejera Esther Monzón acusó a Caraballo de generar “alarmismo”.

Pérdida de plasma

El pasado junio también se tuvo conocimiento, a través de una denuncia en sede parlamentaria del diputado socialista Miguel Ángel Pérez, que a finales de 2025 hubo que desechar más de 3.500 bolsas de plasma (hemocomponente mediante el que se fabrican medicamentos), un tercio de la producción anual, debido a fallos de temperatura en las cámaras de alta refrigeración ubicadas en Santa Cruz de Tenerife. La multinacional Grifols, adjudicataria de un contrato de casi cinco millones de euros para el fraccionamiento de hemoderivados, rechazó los lotes canarios por una grave falta de seguridad.

“Es la producción de meses de trabajo y donaciones altruistas”, recuerda Daniel Quintero, que califica de “negligencia” lo sucedido y que incide en que esta pérdida forzó a la sanidad pública a gastar dinero extra comprando plasma de urgencia.

El representante sindical sostiene que los trabajadores llevaban “muchos meses” alertando de los problemas en las cámaras, con registros diarios que confirmaban los fallos incluso desde antes de octubre. “El que se fue (en referencia a Iván Santiago Falcón), se fue sabiendo que teníamos problemas y el que llegó (el actual director general de Hemodonación y Hemoterapia del Gobierno canario, Francisco Javier Rodríguez Sosa) entró sabiendo que teníamos problemas y nadie hizo nada”, sostiene Quintero.

Sin comités de empresa

A esa crisis de gestión se le sumó la laboral durante la etapa de Falcón al frente del banco de sangre de Canarias. No sólo por la mencionada pérdida de trabajadores, de la que el ahora asesor de Sanidad responsabilizó a Función Pública, sino por la extinción unilateral de los comités de empresa en junio de 2025, una maniobra que fulminó la representación de más de 200 empleados en plena crisis. Esa decisión se ejecutó apenas 48 horas después de que los trabajadores se manifestaran a las puertas del Parlamento de Canarias para denunciar el caos operativo y la falta de personal en el banco de sangre.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) declaró en enero de este año “nula de pleno derecho” la decisión de Sanidad por vulnerar la libertad sindical.

En cualquier caso, los trabajadores señalan que la salida de Falcón, que fue sustituido por el enfermero Francisco Javier Rodríguez Sosa, tampoco ha ayudado a mejorar las cosas y el banco de sangre sigue sumido en una crisis que esta misma semana se ha vuelto a evidenciar ante la alerta por los niveles críticos del grupo sanguíneo 0-.

Nueva Canarias ha pedido a Javier Romero que entregue su acta en el Ayuntamiento de Mogán después de que el concejal haya anunciado este miércoles que abandona la formación canarista para incorporarse a Primero Canarias.

El secretario de Nueva Canarias-Bloque Canarista en Mogán, el también edil Juan Manuel Gabella, ha recordado que Romero se había comprometido en los órganos locales a entregar el acta en caso de ise a otro partido. Lo hizo en una ejecutiva local celebrada en el verano de 2025, pocos días después de acudir a un acto de Primero Canarias.

Los canaristas han expresado su “más profundo rechazo” a una “actitud tránsfuga” que, “además de traicionar a los votantes que depositaron su confianza en NC-BC, ha traicionado la confianza que los compañeros de la organización depositaron en él”.

“Hoy parece que este compromiso (el de entregar el acta) no lo tiene muy claro”, señala una nota difundida por NC. En ella, la formación canarista señala que Gabella se ha reunido este miércoles con Romero tras conocer a través de los medios de comunicación su incorporación a Primero Canarias y que el concejal le ha pedido tiempo “para meditarlo y formular una respuesta en el mes de agosto”.

Al ser preguntado por su decisión, Romero ha señalado a Canarias Ahora que llevaba tiempo pensando en desvincularse de NC “y en parte de la política”.

En referencia al compromiso adquirido en los órganos internos de Nueva Canarias, el concejal reconoce que el partido le pidió el acta “desde el primer momento”. “Y a mí me parecía bien a unos meses de finalizar la legislatura que otro compañero viviese la experiencia”, precisa.

Sin embargo, el edil fichado por Primero Canarias para liderar su Asamblea Local en Mogán desliza que no entregará el acta. “También creo que me debo a los votantes a los que dije que estaría hasta el final, luchando por el interés general. Yo no voy a cambiar mi lucha ni mis objetivos y tengo muchos temas y expedientes pendientes”, sostiene Romero, que recuerda que en las elecciones de mayo de 2023 fue cabeza de lista del partido que ahora abandona.

Primero Canarias anunciaba a primera hora de este miércoles la incorporación del concejal moganero (exdirector de la televisión pública del municipio sureño) al proyecto que lideran Teodoro Sosa, alcalde de Gáldar, y Óscar Hernández, regidor de Agüimes.

“Supone un importante respaldo a la creación de la asamblea local de Primero Canarias en Mogán, así como a la conformación de la candidatura municipalista al Ayuntamiento de Mogán de cara a las elecciones del próximo año 2027”, señalaba.

“Conductas corruptas y antidemocráticas”

Para Gabella, es “especialmente grave” que “quien hoy pide tiempo para meditar si entrega o no el acta defendiera en el seno de Nueva Canarias el compromiso de devolverla cuando un concejal abandonara la organización para integrarse en otra formación política”.

“Alejarse de esas posiciones es adentrarse en conductas corruptas y antidemocráticas, contrarias a toso aquello por lo que NC-BC lleva trabajando en el municipio de Mogán durante más de dos décadas. Es una traición a los votantes, a los valores, a las personas que han colaborado con la formación política y es hacerle el juego a quienes ven la administración pública como un negocio”, concluyen los canaristas.

Insólito episodio judicial en las Islas. El Supremo ha anulado una sentencia dictada en 2024 por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) tras constatar que la Sala se había limitado a copiar y pegar “de forma acrítica y mecánica” los argumentos de una de las partes para darle la razón en un pleito sobre un contrato público de asistencia jurídica del Ayuntamiento de Pájara, municipio del sur de la isla de Fuerteventura. Los magistrados eludieron la exigencia constitucional de motivar de forma debida su decisión, concluye el alto tribunal español al resolver un recurso de casación para formar jurisprudencia.

En la resolución ahora anulada, el magistrado ponente, Francisco José Gómez Cáceres, justifica ese copia y pega ante “la brillantez, claridad y solidez” del escrito presentado por el despacho de abogados Montero Aramburu, uno de los bufetes que habían licitado por ese contrato en Pájara. Según este juez, la Sala había llegado a la “convicción firme, sin vacilación ni titubeo alguno”, de que lo mejor era hacer suyas, sin más, las conclusiones del bufete demandante. “Difícilmente podríamos exponer de modo tan sencillo las pegas y obstáculos que hacen legalmente inviable sostener la validez de la decisión que no sin cierto atrevimiento adoptó en su día el Ayuntamiento de Pájara”, recoge la sentencia.

“Sirvan aquí tales impecables consideraciones como instrumento mediante el que queda colmado a cabalidad el deber de motivación que sobre nosotros pesa”, expone el ponente antes de advertir de que, a partir de ese momento, reproducirá de manera íntegra los razonamientos del demandante: “Desde ahora corresponden al texto original las expresiones, vocablos, oraciones, párrafos, etc. destacados mediante el uso de la negrita”.

Lo que se discutía en ese pleito era la adjudicación en el año 2022 del contrato de asesoría jurídica del Ayuntamiento de Pájara, con un valor estimado de 1,2 millones de euros por tres años con opción a uno más. Tras algunos vaivenes motivados por recursos ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Canarias, el Consistorio se lo había adjudicado a la UTE (Unión Temporal de Empresas) local Abogados Travieso, Gutiérrez y Cabrera.

El conocido bufete Montero-Aramburu recurrió esa adjudicación por lo que consideraba un incumplimiento formal de su competidora, que por una imposibilidad técnica subió las copias de las requeridas 140 resoluciones judiciales favorables a través del registro electrónico del Ayuntamiento de Pájara y no donde, según las bases, debía hacerlo: la Plataforma de Contratación del Sector Público. El tribunal de contratos desestimó el recurso de Montero-Aramburu porque entendía que debía primar el fondo (la entrega de las resoluciones) sobre la forma, pero el TSJC sí dio la razón a este bufete reproduciendo íntegramente los argumentos recogidos en el escrito de alegaciones.

Esa sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal canario -conformada por el magistrado ponente, el mencionado Gómez Cáceres, junto a Jaime Borrás e Inmaculada Rodríguez Falcón- fue recurrida por la UTE perjudicada, que no se resignó a perder el contrato y elevó el caso al Supremo. Sostenía, entre otras razones, que se había vulnerado la exigencia constitucional de motivar las resoluciones al limitarse a asumir los argumentos expuestos por la parte contraria.

La respuesta del Supremo ha sido demoledora. En una sentencia fechada el pasado 29 de junio y que tiene a María Alicia Millán como ponente, el alto tribunal español califica la actuación del TSJC de “singular anomalía”. “El deber de motivación exige que el órgano judicial fundamente su decisión en razones propias, sin que pueda erigir en único soporte argumental las alegaciones de una de las partes”, explica.

No basta, continúa el Supremo, con una “mera adhesión formal o acrítica” a la tesis defendida por una de las partes. El tribunal canario no sólo debió explicitar por qué los argumentos del despacho de abogados Montero Aramburu se consideraban “jurídicamente correctos y adecuados para la resolución de la controversia”, sino también tenía que haber justificado “de manera expresa” el rechazo a las consideraciones de la otra parte.

Para la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso del Supremo, escudarse en la pretendida calidad técnica del recurso asumido no suple la exigencia constitucional. La sentencia recuerda que la jurisprudencia admite la “motivación por remisión” a otros escritos, pero siempre sobre resoluciones judiciales anteriores, no sobre un escrito de parte.

El alto tribunal considera que, al haber reproducido de manera mecánica las alegaciones del demandante, el TSJC no sólo comprometió el deber de motivación impuesto por la Constitución Española, sino que también “proyectó dudas” sobre la apariencia de imparcialidad del juez, “en la medida en que la resolución se presenta como una simple traslación de la posición de parte y no como el resultado de un proceso intelectivo propio, objetivo y jurídicamente fundamentado”.

La insólita práctica del tribunal canario constituye “una motivación aparente o formal, vacía de contenido jurisdiccional efectivo” que desnaturaliza la labor de los jueces y juezas, redunda el Supremo en su fallo.

Expediente en el Poder Judicial

En esta reciente sentencia, el Supremo no sólo estima el recurso, anula la resolución del TSJC y devuelve las actuaciones para que dicte un nuevo fallo motivado, sino que, además, remite testimonio al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) “a los efectos oportunos”.

Alude, en concreto, al artículo 417.15 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que califica de falta muy grave “la absoluta y manifiesta falta de motivación de las resoluciones judiciales que la precisen, siempre que dicha falta haya sido apreciada en resolución judicial firme”. Las faltas muy graves cometidas por jueces y magistrados se castigan con suspensión, traslado forzoso o separación de la carrera judicial.

Fuentes oficiales del órgano de gobierno de los jueces han confirmado a este periódico que, a raíz de esa comunicación del Supremo, se ha abierto la preceptiva diligencia informativa, el cauce legal para analizar si existe infracción disciplinaria y determinar, en su caso, la apertura de un expediente sancionador.

Según fuentes consultadas por este periódico, la UTE local adjudicataria del contrato prestó el servicio de asistencia jurídica al Ayuntamiento de Pájara durante cuatro años, un plazo que ya ha finalizado. Por tanto, lo que está en juego ahora es una posible reclamación del despacho Montero Aramburu por los beneficios que habría dejado de percibir.

Su reputación de persona dialogante y amigo de la conversación larga y distendida la demuestra Juan Avello ante cualquier circunstancia, incluida una entrevista periodística. Él mismo lo reconoce ante la primera de sus respuestas. Quizás sean esas dos cualidades algunas de las que le han ayudado a llegar a presidir el Tribunal Superior de Justicia de Canarias tras una etapa como decano de los juzgados de Las Palmas de Gran Canaria. Pero por mucho que hable no se moja en los asuntos espinosos, como la crisis reputacional que vive la justicia en España: prefiere hablar de lo que él cree que interesa a la ciudadanía aunque una de esas preocupaciones -reconoce- sea la independencia judicial.

Vaya momento más oportuno para ponerse a presidir un tribunal superior, con buena parte de la ciudadanía mostrando abiertamente su desconfianza en el Poder Judicial.

Buena pregunta inicial. A mí me gusta más simplificar las cosas. Las noticias en relación a tribunales son un porcentaje ínfimo de lo que de verdad día a día hace la justicia. Yo estuve en el anterior destino, fui decano [de Las Palmas de Gran Canaria], y me movía mucho por el edificio. El 99% de la Justicia es el señor que recurre la denegación de una prestación de la Seguridad Social, el señor que recurre una denegación de una licencia para abrir un establecimiento, el que recurre porque no le indemnizan por un accidente de tráfico o una cláusula abusiva. Ese es el día a día de la justicia y el porcentaje más elevado. La otra parte tiene su importancia, o le damos mayor importancia de la que puede que tenga. Lo que de verdad le interesa al ciudadano es que cuando su juicio le toque, vaya lo antes posible. Las estadísticas de satisfacción de los ciudadanos con la justicia son francamente favorables. A mi juicio, cuando hay casi un 55 o un 60% de personas que dicen estar satisfechas con la justicia, me parece prácticamente milagroso.

Yo creo que el presidente del TSJ tiene que cumplir su función institucional, su función de defensa de la independencia judicial, porque es un medio para garantizar el prestigio de la justicia en beneficio siempre de la ciudadanía. Que un ciudadano confíe en la justicia es muy importante para la justicia y para él, y para el Estado de Derecho también. Que no es una cosa que la tengamos dada y que pueda ser siempre y en todo momento. Hay que defenderla y hay que concienciar a los ciudadanos, a los periodistas, a los jueces.

Asumir esta presidencia es automáticamente asumir también la de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Que en el caso concreto de Canarias tiene una ventaja: que no hay aforados. ¿Cree que esto debería ser así en todas las comunidades autónomas, incluso en el ámbito estatal, y nos ahorraríamos muchos disgustos?

Aquí el legislador canario, en sus competencias, modificó el estatuto y suprimió los aforamientos. Es una decisión del legislador. Se quitó y no pasó realmente nada. No le veo mayor trascendencia. Yo creo que independientemente de que te juzgue un tribunal u otro, esas son las reglas del juego. Está establecido previamente, lo importante es que te juzgue un tribunal imparcial. Y que tenga la apariencia de imparcialidad y que una vez que te juzgue se puedan interponer recursos pertinentes si la legislación lo permite.

Aquí se suprimieron los aforamientos ¿y realmente cambió algo, pasó algo o modificó en algo la vida de los ciudadanos? A mí me da la sensación de que a los ciudadanos no les importa mucho. Si me dice, ¿quitaría usted los aforamientos? Pues sí o no los quitaría.

Que decidan ellos. Lo que sí garantizaría es que todo el mundo tuviera los mismos derechos y que las garantías procesales se respeten, como no puede ser de otra manera. Y gracias a Dios estamos también en un ámbito de la Unión Europea, con unas garantías y unos estándares mínimos que tenemos que cumplir.

Este respeto que usted muestra por una decisión legislativa, como ha sido la supresión de los aforamientos, sin embargo no está muy generalizado en su gremio. Hemos asistido a protestas, incluso aquí, de gente con toga y con puñetas en la puerta de los juzgados, protestando contra decisiones legislativas. ¿Por qué esa prudencia que usted demuestra no está más generalizada?

Las generalizaciones no suelen ser buenas. Yo creo que no suelen ser frecuentes las concentraciones de jueces y en algunas ocasiones podemos buscar también el ejemplo de los jueces polacos. Cuando el Poder Legislativo adoptaba decisiones que, a juicio de los jueces polacos, eran atentatorias contra los principios generales o contra los principios de separación de poderes o de la independencia judicial, nadie se sorprendió de que fueran todas las semanas a manifestarse en el Parlamento Europeo. Yo creo que los jueces tenemos también libertad de expresión y podemos manifestarnos con total y absoluto respeto, que yo creo que esa es la gran línea divisoria.

Los jueces no podemos estar sindicados, entonces es decisión personal de cada uno. Es importante pensar que los jueces no se manifiestan en contra de un concreto partido político, ni un gobierno, ni nada, ni en su beneficio tampoco, porque encima tampoco nos manifestábamos para que nos subieran el sueldo, sino que nos manifestábamos porque pensábamos, o el que se manifestó, porque esto es una decisión individual y personal de cada uno, que alguna decisión ponía en peligro el beneficio de los ciudadanos y el beneficio del sistema de garantías que tenemos.

Ayer hizo mención expresa y con mucha elegancia y agradecimiento a su antecesor. Sin embargo, su antecesor no estaba, ¿qué le pasó?

Es un tema personal. Yo lo que le puedo decir es que por mi parte, lo lógico y evidente, e hice una mención a su extraordinario trabajo.

¿Pero lo cree así?

Claro, si no, no lo diría. No era una cláusula de estilo, ni un formalismo, lo dije sinceramente y de corazón.

¿Pero le justificó su ausencia de algún modo o no apareció directamente?

No puedo contestar porque yo respondo por lo que yo hago y respondo por lo que yo sé. Yo trabajé con él durante cinco años que fui decano exclusivo y fue miembro de Sala de Gobierno y tengo el mejor de los conceptos [de Juan Luis Lorenzo Bragado]. Además, desde un punto de vista institucional jamás diré nada malo de ningún compañero. Y aparte, porque no tengo motivo. El que haya venido o no haya venido creo que es también una anécdota, es decisión personal de cada uno, asistir o no asistir, yo ahí no puedo entrar ni puedo explicar, respondo por mí. Lo que sí digo es que si dentro de cinco años el consejo que en su momento esté decide que yo no soy o que puede haber un compañero mejor, yo sí iré a la toma de posesión del próximo.

La elección de Gloria Poyatos como madrina junto a su padre en el acto de su toma de posesión, ¿es un gesto de bienqueda, una demostración de la capacidad que tiene usted para las relaciones públicas o que está usted verdaderamente convencido de que se puede hablar con cualquiera, como dijo, y llegar a acuerdos?

Lo dije en el discurso también. Es una decisión tomada con el corazón y con la cabeza. El corazón está de más que yo diga que Gloria es extraordinaria en todos los sentidos, como profesional y como persona, y por lo tanto, ¿qué problema hay? Si es una extraordinaria persona, una extraordinaria compañera, una extraordinaria profesional, qué suerte tengo de que haya sido mi madrina, eso es lo primero. Segundo, que se puede ver o entender, bueno no tengo problema tampoco en que sea, ¿qué porcentaje hay de la carrera judicial que son mujeres? ¿Cómo no va a haber una compañera acompañándome? Mi padre [el magistrado Ramón Avello, que ejerce en Asturias], lo teníamos claro y no había discusión, pero me llevo bien con Gloria, le tengo la mejor de las estimas, es una persona comprometida, buena, cariñosa, responsable. Todo lo que pueda decir es bueno. ¿Que es progresista? Perfecto, fenomenal. Cuando hablo con Gloria de temas de conciliación, ¿cómo no me voy a poner de acuerdo con ella? Si es que tiene razón, si es que es de sentido común, si es que vamos por ahí, ¿qué más da? Que dicen que yo soy conservador, bueno, pero las mujeres tendrán derecho a su pensión y a sus días de descanso y a su paternidad y a su maternidad, en fin, las cosas que antes no había. Si yo estoy de acuerdo con Gloria en todo, ¿será porque ella es progresista? Será.

Juan Avello Formoso (Oviedo, 1975) asume la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) avalado por un sólido consenso en la judicatura y tras casi dos décadas de ejercicio en Gran Canaria. El hasta ahora juez decano de Las Palmas toma el timón del alto tribunal autonómico con una visión clara: la necesidad imperiosa de modernizar la Administración de Justicia, reclamar los refuerzos que el sistema pide a gritos y situar a la persona “en el centro” del proceso.

El reto que tiene sobre la mesa es titánico. El Archipiélago lidera desde hace siete años las tasas de litigiosidad en España, con juzgados sobrecargados y atascos históricos, como los miles de expedientes de extranjería que colapsan Tenerife. En esta entrevista, Avello aborda los males endémicos de la justicia en las Islas y también sus fortalezas, analiza las deficiencias tecnológicas y de infraestructuras, reflexiona sobre la lacra de la violencia machista y advierte de que los jueces están sosteniendo el servicio público a costa de su propia salud.

Canarias encadena siete años como la comunidad con mayor litigiosidad de España, ¿qué explica mejor el dato: una sociedad conflictiva, una economía más frágil y dependiente del turismo o una administración que resuelve sus problemas en los tribunales?

Las tres. Hay un libro muy bueno, ‘La factura de la injusticia’, que trata un tema que me interesa, porque creo que realmente al final vamos a tener que ir por ahí. Que funcione bien la justicia es muy importante para la economía. Este libro, de (Juan S.) Mora-Sanguinetti, analiza los factores que inciden en la sobrelitigiosidad. Y son los que dice usted.

Primero, el tipo de actividad económica preponderante. En Navarra, por poner un ejemplo, en zonas altamente industrializadas la litigiosidad es menor, porque para construir una central termoeléctrica se hacen unos contratos del carajo y eso genera menos litigios que el sector servicios.

Después está la población estacional o la población flotante, los turistas que vienen. Aquí la forma de calcular el índice de litigiosidad es: número de procedimientos por número de habitantes. Aquí los 15 millones de personas que vienen aquí, esos algún pleito tendrán, pueden plantear procedimientos, pero no se tienen en cuenta para calcular la media.

Y después, la calidad legislativa. Son los tres factores que tocó usted. La calidad legislativa genera litigios. Si tú haces una ley que no está clara, eso incide también en la litigiosidad. Son los tres factores. ¿Cuál es preponderante aquí, en Canarias? Yo creo que el sector al que se dedica Canarias (el turismo) incide en el índice de litigiosidad, pero eso daría mucho para hablar. (Canarias) también tiene el mayor índice de litigiosidad en la jurisdicción social y los visitantes tampoco se contratan aquí o no vienen a trabajar. Entonces, es una explicación posible y añadida a muchas más cosas, pero eso es para estudiarlo.

Según la última memoria del TSJC, los jueces y juezas canarias son los que dictan más sentencias. ¿Esto es una señal de eficiencia o de una sobrecarga extrema y crónica?

Es un ejemplo magnífico de la responsabilidad de los jueces. Si tú tienes que trabajar un 120% del módulo y estás a 350, es indudable que te está suponiendo un esfuerzo físico y psíquico. Ser juez es muy difícil y yo lo sufrí en mis carnes cuando ejercía la función jurisdiccional con esa responsabilidad que tienes de que sacar el trabajo, porque depende una persona de eso. Tienes que tener, primero, una capacidad resolutiva tremenda, una capacidad de trabajo tremenda y una dedicación mañana, tarde y noche muchas veces. Por tanto, reconocimiento total y absoluto a todas las funciones, a todo el trabajo que hacen todos los jueces de Canarias.

Segundo, pues algo hay que no cuadra, ¿no? Si la previsión de tu trabajo máximo es 120 y estás en 350, está claro que hay algo. Si a usted su jefe le dice que tiene que hacer un reportaje al día y está haciendo diez, pues hay algo que no cuadra, ¿verdad? Los diez reportajes seguro que no son igual de buenos que hacer un reportaje.

Cuando los jueces pedimos algo, nunca pedimos para nosotros, pedimos porque estamos convencidos de que es mejor para el servicio público. Cuando un barco está a punto de hundirse o tiene una vía de agua, ¿qué se puede hacer? Uno, intentar evitar que entre más agua: mediación, más unificación, las cosas que podamos hacer. O dos, sacar más agua: más plazas, más jueces, porque toda la idea de los tribunales de instancia gira un poco en torno a eso. Es decir, que para crear más plazas de juez no sea necesario crear nuevos juzgados con un juez, un secretario, diez funcionarios, el espacio… ¿Qué es lo que hace falta? Pues si un juez está poniendo 700, 800 sentencias al año, por lo menos que haya otro más y que sean 400.

Canarias, además de ser la comunidad autónoma con mayor litigiosidad, fue también la comunidad que más resoluciones dictó. O sea, interpretándolo y traduciéndolo, donde los jueces trabajamos más. Y además, el índice de confirmación de las sentencias dictadas en primera instancia es superior a la media nacional.

¿Y cómo se traduce eso en la salud de los miembros de la judicatura? ¿Están quemados los jueces y las juezas de Canarias?

Generalizar no es bueno. Están comprometidos con su trabajo y son responsables y lo hacen lo mejor que se puede. Y eso, siempre que tenga yo oportunidad, tanto con los periodistas, como en cualquier acto, el compromiso de esta presidencia es reconocer siempre el gran trabajo que hacen los jueces, porque es el gran capital humano que tenemos y porque a costa muchas veces de su salud trabajan en beneficio de los ciudadanos, por la responsabilidad, el compromiso, la forma de ser que tienen los jueces.

Los jueces tenemos cosas de deformación profesional. Yo lo vi en casa. Y tenemos responsabilidad y es un trabajo importante, entonces lo haces con todo el esfuerzo que supone, pero la teoría es que no debería de ser así, pero no por nosotros, que también, sino por la calidad del trabajo que se hace. Podrás hacer mejores sentencias y podrás dar una mejor respuesta a los ciudadanos si el trabajo es razonable y lo puedes hacer bien.

En su toma de posesión dijo que aspiraba a una revolución en la justicia para situar a la persona en el centro. ¿Cómo se materializa esto? ¿Qué cambios puede notar la ciudadanía?

Hay una cosa de todos esos números que estuvimos antes hablando: el mayor índice de litigiosidad, la mayor capacidad resolutiva, el mayor índice de confirmación… En los últimos años siempre se han obtenido por órganos judiciales en Canarias premios de calidad.

El Decanato de Las Palmas de Gran Canaria, cuando era decano Óscar (González Prieto), recibió un premio de la calidad de la justicia. El Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia, con Tomás (Martín), es pionero, una auténtica referencia a nivel internacional y una maravilla. El programa de atención a las personas con discapacidad del partido judicial de Arrecife también recibió por implementación de nuevas técnicas de gestión. Y recientemente, el protocolo de atención a sanitarios agredidos.

Se hacen las cosas bien, a pesar del trabajo que hay. A lo mejor, precisamente por eso. Poner al ciudadano en el centro de todo parece un eslogan, pero es que es verdad, es que es así, es que no puede ser de otra manera.

Ahora que habla del juzgado pionero de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia en Las Palmas de Gran Canaria, ¿se trasladará ese modelo a otros partidos judiciales?

Sí, además la ley orgánica así lo prevé. Y en aquellos partidos judiciales en los que sea posible, se hará. Cuando vas a ese juzgado y ves a las víctimas menores de edad, ves que hay algo digno y si hay algo por lo que de verdad se puede luchar es por la infancia, porque es el futuro de todos nosotros. Si van allí y ven cómo es y cómo se trabaja allí y ven desgraciadamente cómo es en otros sitios, pues se dan cuenta de eso, cualquier persona con dos dedos de frente se da cuenta de que eso es mucho mejor.

El sistema de gestión procesal Atlante sigue dando problemas. Hace unas semanas, la Sala de Gobierno del TSJC denunciaba una nueva oleada de incidencias que había paralizado la actividad judicial. ¿Hasta qué punto esta inestabilidad está afectando a los plazos procesales? ¿Hay solución?

Entiendo que el trabajo de los demás es muy complicado. Yo personalmente no soy técnico ni informático y no sé, pero soy respetuoso con el trabajo que hacen los demás. El sistema de gestión procesal Atlante es de los mejores que hay en España, y como cualquier sistema puede fallar, todo el mundo puede cometer algún error. Cuando se detecta el problema, lo importante es resolverlo en un plazo de tiempo razonable. Yo estoy convencido que los responsables de Atlante, de la comunidad autónoma, de la Dirección General (de Relaciones con la Administración de Justicia), desde que surgió el problema lo detectaron e hicieron todo lo posible por resolverlo.

Es su trabajo y su responsabilidad, y yo estoy convencido que tenemos a los mejores profesionales, que tenemos a los mejores encargados del sistema informático, el sistema de gestión procesal en Atlante falló exclusivamente en la provincia de Las Palmas. Tenerife no tuvo incidencias. Personalmente creo que un sistema de gestión procesal correcto. Cuando se estropea, pues genera disfunciones, claro, pues imagínese un hospital si se va a la luz,

Esperemos que no vuelva a pasar, yo estoy convencido que se adoptaron las medidas necesarias, porque igual que nosotros estamos allí, la comunidad autónoma es la competente y estaban muy preocupados, y me consta que estaban muy preocupados, pues se hizo todo lo posible. Esperemos que no vuelva a pasar y que cuando pase se solucione lo antes posible, pero que falle el ordenador desgraciadamente entra dentro de lo posible.

La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso de Santa Cruz de Tenerife arrastra miles de recursos de extranjería. La memoria del TSJC señala que, al ritmo actual, se tardaría nueve años en resolver todos. ¿Qué medidas concretas propone más allá de pedir recursos al Ministerio, que ya lo ha denegado hasta en cuatro ocasiones?

Lo primero y más importante: tengo que ir a Tenerife cuanto antes. A Tenerife y a todas las islas y a todos los partidos judiciales. Es imposible trabajar si no conoces a las personas. Hay que poner nombres, caras. El problema de Tenerife habrá primero que analizarlo. Hay que sacar el agua, como dijimos antes, y eso pasa necesariamente por dotarlo de más personas. Poca solución más hay. Por tanto, primero identificar el problema. Segundo, hay que pedir y hay que exigir y conseguir los refuerzos necesarios para que puedan sacar ese procedimiento y después, aprendiendo de cara al futuro, intentar que no vuelva a pasar. Intentar que antes de que se genere esa bolsa de procedimientos, tengamos mecanismos para detectar y adelantarnos a ese problema

Canarias tiene la cuarta tasa más alta de mujeres víctimas de violencia machista. ¿Qué refuerzos específicos necesitan los juzgados de violencia sobre la mujer para responder mejor?

Lo mejor sería que no hicieran falta, que no hubiera víctimas. Lo más importante, a mi juicio, es la educación. Me sorprendió muchísimo hace cuatro meses que fuimos a un instituto en el marco del programa Educando en Justicia. Se hace una especie de simulación de juicio.Y era un caso de un chico y una chica que eran pareja y se habían hecho alguna foto íntima, se la habían mandado al novio y el novio las había difundido. Entonces, cuando celebras el simulacro de juicio, se plantean dudas. Y varios preguntaron: Oye, mira, si la foto es mía, ¿puedo hacer con ella lo que quiera? Y no, no puedes hacer con ella lo que quieras, que es otra persona, que es su intimidad. Entonces, vamos a ver si el problema está en chavales de 15 años que piensan que pueden difundir esas fotos. O que le pueden mirar el móvil a su novia.

Para mí, esa sí que es la medida de verdad. Llevamos veintitantos años con la ley y no somos capaces de disminuir el número de víctimas. Vamos a adelantar, vamos a anticipar, que el juzgado entre en funcionamiento ya es un fracaso. Pero es verdad que, desgraciadamente, tiene que seguir existiendo.

Si en todos los juzgados es importante la instalación o el medio donde se desarrolla la función jurisdiccional, en los juzgados de violencia sobre la mujer todavía más, porque hay una víctima, porque lo pasan mal, porque el entorno facilita mucho tu tránsito por ahí.

Claro, otra vez en comparación, ¿cómo funcionan aquí en Las Palmas? Pues con sus cosas mejorables, como todo, pero si lo comparas con Tenerife… El máximo o lo ideal lo tenemos, pues vamos a intentar conseguirlo. Si lo tenemos aquí en Las Palmas, pues en Tenerife seguro que lo conseguimos. Empujando todos en la misma dirección.

Y después, ahora los juzgados tienen nuevas competencias, pues habrá que mirar a ver cómo van los números y reforzar las plantillas, formar a los funcionarios que trabajan en esa jurisdicción. Es una jurisdicción especializada y hay que recibir formación.

¿Cuál es la necesidad más acuciante de renovación de infraestructuras, de la planta judicial?

La planta, los edificios, son muy importantes. El ejemplo nos lo da aquí Las Palmas de Gran Canaria. Disponemos del mejor edificio judicial de España. Al menos, de los que conozco.

Con diferencia es el mejor. Eso se manifestó en que aquí fue mucho más fácil que en otros sitios implantar los tribunales de instancia.

Tenemos el partido judicial de Puerto del Rosario. Tiene tres sedes. Hay que unificarlas. Es urgente y necesario. Santa Cruz de Tenerife tendremos que afrontarlo también. Hay que resolver ese problema. Poco a poco, con paciencia. Yo cuento con la máxima colaboración porque siempre me dieron muestras de ello y siempre fueron extraordinariamente eficaces y eficientes, por lo menos en mi experiencia en el tribunal de instancia de Las Palmas.

La comunidad autónoma sabe cuáles son sus responsabilidades, sabe que tiene competencias en esa materia y sabe que nosotros estamos aquí para ayudar y tirar en la misma dirección e intentar buscar la solución. Esto es economía familiar. También a todo el mundo le gustaría tener un Mercedes, pero si no llegamos al Mercedes y hay que ir en guagua, se va en guagua, pero vamos a intentar organizarnos y con las posibilidades que haya y con la buena disposición y voluntad de la administración con competencias en materia de justicia, pues seguro que se soluciona todo.