Moisés murió en una celda de aislamiento de la prisión Las Palmas II (en Juan Grande, en el sur de la isla de Gran Canaria) sobre la una de la tarde del 9 de noviembre de 2023. El recluso, de 41 años, llevaba tres días quejándose de fuertes dolores. El médico del centro penitenciario le había dado paracetamol, convencido de que se trataba de dolores musculares. Su sufrimiento quedó documentado en las grabaciones de seguridad que la familia ha logrado recabar. “Se desmayó en dos ocasiones”, cuenta su hermana Ángeles. 

El facultativo anotó en su informe que el interno estaba “fingiendo un desvanecimiento” y “alterando el orden”. Moisés fue conducido a una celda de aislamiento. Horas después, falleció. La autopsia desveló que había sufrido un infarto de miocardio. “Si se le hubiese tratado, mi hermano estaría vivo”, dice Ángeles. El caso se judicializó y ya hay escritos de acusación. La familia del recluso y la Fiscalía piden para el médico que lo atendió cuatro años de cárcel, seis de inhabilitación para ejercer la profesión y una indemnización de cerca de un millón de euros. Instituciones Penitenciarias figura como responsable civil subsidiario.

Dos años después de la muerte de Moisés en Gran Canaria, otro recluso falleció en el centro penitenciario Tenerife II. Ocurrió el 21 de diciembre de 2025. Según recoge una denuncia presentada por la asociación Adepres (Asociación de Derecho Penitenciario Rebeca Santamalia) al Defensor del Pueblo a partir del testimonio de una persona “allegada” al fallecido, el preso solicitó asistencia a finales de noviembre con síntomas “de una gran congestión”. Su requerimiento “no fue atendido” y los síntomas “se fueron agravando con los días”, expone el escrito.  

La noche del 19 de diciembre tocó el timbre de alarma “sin ser atendido”, por lo que reclusos de celdas contiguas “empezaron a dar golpes y gritos pidiendo auxilio”. La escena se repitió un día después. Siempre según la denuncia, entre la activación de la alarma y la activación de los funcionarios pasaron cuatro horas. A la mañana siguiente, el preso fue trasladado en silla de ruedas desde su celda hasta el servicio médico, donde falleció. 

La queja incide en el perfil de vulnerabilidad del preso fallecido, una persona migrante sin apenas redes de apoyo en el exterior, y en “los antecedentes de desatención médica” en el centro penitenciario y solicita que se averigüen las circunstancias de la muerte y el grado de cumplimiento del Protocolo de Minnesota, una guía de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para investigar de forma independiente las muertes potencialmente ilícitas. Fuentes del Defensor del Pueblo han confirmado a este periódico que la queja ha sido admitida y está “en trámite”, pero evitan dar más información por la confidencialidad del expediente. 

Dos tercios de las plazas médicas vacantes

Esos “antecedentes de desatención médica” que señala la queja apuntan a una crisis estructural en la atención sanitaria en las prisiones canarias. Las cifras son demoledoras. Según los datos facilitados a este periódico por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, en las cárceles del Archipiélago apenas están cubiertas 11 de las 30 plazas de médicos que, según los sindicatos, están contempladas en las plantillas. Casi dos tercios de los puestos están vacantes. 

Uno de los casos más llamativos es el de Las Palmas II, uno de los centros donde se produjeron los fallecimientos. Solo tiene una plaza cubierta, la de subdirector médico, que además realiza las consultas a través de telemedicina, según señalan portavoces de los sindicatos Acaip-UGT y CCOO. En la otra cárcel de Gran Canaria, Las Palmas I (Salto del Negro), hay ahora cuatro facultativos gracias a “incorporaciones recientes”, señala Laura Rodríguez, miembro de la Ejecutiva Nacional de CCOO Prisiones y destinada en Canarias. Óscar Raluy, de Acaip-UGT, precisa que la prisión “ha soportado momentos sin médico”. La Relación de Puestos de Trabajo (RPT) prevé diez plazas.

Tenerife II (La Esperanza) cuenta en la actualidad con tres médicos para atender a más de un millar de presos. El Defensor del Pueblo, en el ejercicio de sus funciones como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, visitó el centro por última vez en octubre de 2022 y advirtió del “déficit crítico de personal médico”. 

En aquel momento, el puesto clave de subdirección médica se encontraba vacante (ahora está cubierto) y había cinco facultativos, de los que dos “estaban a punto de jubilarse”. Ese informe detectó que ni siquiera se garantizaba el material médico necesario para que los internos controlaran enfermedades previas. Así, detectaron a diabéticos sin aparatos para controlar la glucemia y el caso de un interno al que, al entrar en prisión, se le retiró el dispositivo de ayuda respiratoria que usaba en el exterior. Según los libros de registro, la asistencia a demanda estaba limitada a un máximo de diez internos al día, con demoras de unos veinte días para pedir una nueva cita. “Nosotros siempre atendemos las indicaciones del Defensor del Pueblo”, señalan fuentes oficiales de Instituciones Penitenciarias. 

Los recursos médicos de las cárceles canarias se completan con dos facultativos en la prisión de Lanzarote y uno de La Palma. El Centro de Inserción Social de Tenerife no tiene. 

“La falta de médicos se ha institucionalizado”, advierte Óscar Raluy, trabajador penitenciario y delegado de Acaip-UGT. “El modelo preventivo ha muerto. Ahora solo se atiende lo urgente, no hay tiempo para otra cosa”, señala. Ante la escasez de médicos, la presión asistencial recae sobre el personal de enfermería. Según denuncia Laura Rodríguez, estos profesionales se ven abocados a tomar decisiones “para las que no están preparados”, lo que les obliga a ejercer bajo una “grave indefensión jurídica”. 

Canarias sigue sin asumir su competencia

Todas las fuentes consultadas coinciden en situar el origen de esta crisis en el incumplimiento de la Ley 16/2003, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud. En su disposición adicional sexta, esta normativa ordenó la transferencia de los servicios sanitarios dependiente de Instituciones Penitenciarias a las comunidades autónomas, con el objetivo de “lograr su plena integración en los servicios de salud autonómicos”. 

La ley daba un plazo máximo de 18 meses para ejecutar el traspaso. Han transcurrido 23 años desde entonces y solo Euskadi, Catalunya y Navarra han asumido formalmente estas competencias. Joaquín Leyva, portavoz nacional de Acaip-UGT, sitúa este bloqueo como uno de los principales factores para explicar la crisis de la sanidad penitenciaria, ya que, según explica, durante años “no se dotaron los servicios médicos” ni se renovó al personal de Instituciones Penitenciarias ante la expectativa de una transferencia de competencias que en la mayoría de las comunidades sigue sin llegar. 

Organizaciones como Rehoyando, en Gran Canaria, u Orahan, en Tenerife, han comenzado a movilizarse para exigir el efectivo traspaso de las competencias a las comunidades autónomas y la dignificación de la atención sanitaria dispensada a la población reclusa. 

Desde la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, aseguran que su determinación de transferir las competencias a Canarias “es clara” y achacan la parálisis a una “falta de voluntad política por parte de quien tiene que recibirla”. La Consejería canaria de Sanidad no ha contestado a las preguntas de este periódico. 

Para los sindicatos, este bloqueo en el traspaso se explica por dos razones: la falta de “voluntad política” y una cuestión económica. Laura Rodríguez (CCOO) sostiene que las comunidades no quieren estas competencias “por el gasto que genera”. La representante sindical define el escenario actual como un “negocio” para las comunidades autónomas. Cuenta que cuando un recluso tiene que ser excarcelado y trasladado a un hospital, el Servicio Canario de Salud (SCS) factura unos gastos a la administración estatal que, en caso de asumir la asistencia directa de los precios, ya estarían cubiertos. 

Detalla que “el traslado en ambulancia son 80 euros por trayecto”, las consultas externas rondan los 150 euros o que un parto “cuesta 4.000 euros”. Según la información de la que dispone CCOO, el gasto sanitario anual en una prisión grande (como las dos de Gran Canaria o la de Tenerife II) se sitúa alrededor de los 625.000 euros. El gasto total farmacéutico es de 415.000 euros, indica la portavoz sindical. 

Las comunidades autónomas se quejan de que Instituciones Penitenciarias no les paga por atender a los reclusos. Rodríguez señala que esa deuda es consecuencia directa de no haber asumido las competencias que le corresponden desde 2003. “Si se hubiera cumplido la ley desde el minuto uno no habría esa deuda y si seguimos esperando a transferir las competencias se seguirá generando más deuda”, sostiene la representante de CCOO. 

Una visión que comparte Joaquín Leyva (Acaip-UGT), quien cuestiona la inacción de comunidades como Canarias: “No sabemos si es un problema financiero, de organización o simplemente un problema político que no se quiere resolver”. 

La brecha salarial que ahuyenta a los médicos

A la desidia autonómica para asumir la sanidad en las prisiones se suma la falta de incentivos para atraer y retener profesionales. “No hay médicos en prisiones porque cobran menos”, resume de forma tajante Rodríguez, que precisa, a modo de ejemplo, que los facultativos del SCS cobran alrededor de un 35% más por hora de guardia que los de Instituciones Penitenciarias. La portavoz de CCOO añade que las diferencias salariales pueden rondar los 1.000 o 1.500 euros al mes “dependiendo de las guardias y los centros”. 

“En el Estado, a nivel general, es la administración que menos paga a los facultativos”, redunda Joaquín Leyva. A los peores salarios, el representante de Acaip-UGT añade las limitaciones que tienen los facultativos de Instituciones Penitenciarias para ejercer en la sanidad privada o tener otros trabajos complementarios. “No es ya que cobren menos de por sí, sino que, además, no pueden incrementar de ninguna manera sus retribuciones”. 

La salud mental

Los sindicatos sostienen que los principales damnificados de estas carencias son la población reclusa y la plantilla de las cárceles. Leyva incide en que la escasez de médicos dificulta la detección temprana de patologías, con especial gravedad en el caso de las enfermedades mentales. El portavoz sindical explica que el ingreso en prisión suele actuar como un “estresor” que “desenmascara” patologías psiquiátricas latentes que, al no ser detectadas a tiempo por un médico, acaban produciendo brotes que “a menudo” derivan en agresiones entre internos o hacia los propios trabajadores. 

El último informe del Defensor del Pueblo sobre la prisión de Tenerife II constató que casi el 63% de los internos estaba bajo tratamiento con psicofármacos. Los centros penitenciarios no disponen de psiquiatras propios en la plantilla. Solo se programan visitas de profesionales externos a los centros “una o dos veces al mes”, según los sindicatos. El Defensor del Pueblo advierte de que, al no haber psiquiatras ni psicólogos clínicos, los programas de atención a la enfermedad mental no funcionan de forma adecuada. Los reclusos “no tienen una intervención especializada, sino un control basado en la farmacoterapia”. Ante la falta de un diagnóstico claro, muchos internos “descompensados” acaban siendo clasificados en módulos de “conflictivos”. 

Leyva señala que la figura del médico es, además, “un requisito legal indispensable” para la aplicación de medidas disciplinarias. “Tú no puedes aislar a un preso que está violento si no hay una supervisión médica”, dice el portavoz de Acaip, que también subraya el perfil del paciente recluso, que suele requerir mayor atención que la población general debido a la alta prevalencia de problemas graves derivados de afecciones o enfermedades como la diabetes o la hepatitis.

Segundo varapalo para Municipalistas Primero Canarias en su batalla legal contra la dirección de Nueva Canarias- Frente Amplio Canarista (NC-FAC). La jueza de la Plaza 2 de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria ha rechazado un nuevo intento de paralizar la declaración de tránsfugas de los altos cargos electos que abandonaron NC para enrolarse en el proyecto impulsado, entre otros, por el actual alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa.

Es el segundo auto en poco más de un mes. El primero fue dictado el 6 de marzo por la magistrada Beatriz Rallo, titular de la plaza 4 de la misma sección. En aquella ocasión, el Bloque Nacionalista Rural (BNR) -partido de Sosa- y el concejal de San Bartolomé de Tirajana Samuel Henríquez solicitaron medidas cautelares inaudita parte (sin escuchar a la otra parte) para suspender los acuerdos que el partido había adoptado en diciembre de 2025. Su objetivo era evitar que se hiciera efectiva la condición de “tránsfugas”, ya que ello implicaría pasar a ser concejales “no adscritos”, lo que limitaría sus derechos políticos y económicos en los ayuntamientos.

Esa primera resolución reconocía que existía una urgencia real para adoptar la medida cautelar, ya que NC había notificado las resoluciones a los ayuntamientos de San Bartolomé de Tirajana y de Moya. Sin embargo, denegó la suspensión de esos acuerdos al entrar a valorar el fondo del asunto. Basándose en el Pacto Antitransfuguismo, la jueza concluyó que no concurría la “apariencia de buen derecho”. El auto determinó que el abandono de las filas de NC sin el consentimiento de este partido para recalar en el BNR no estaba previsto en el pacto electoral del frente amplio canarista y suponía, a primera vista, “una transgresión y un fraude de ley”.

Apenas un mes después, otro juzgado frustra el segundo intento de Primero Canarias para frenar esa declaración de tránsfugas. Sin embargo, esta vez el portazo llega por defectos de forma.

En este segundo auto, dictado el 9 de abril, la magistrada Noemí Lázare ha denegado otra petición de medidas cautelares sin entrar en el fondo del asunto. La jueza señala en esta resolución que , aunque la demanda fue presentada formalmente en nombre y representación del BNR, “se desconoce quiénes son las personas físicas demandantes y qué cargos ocupan tras las elecciones de 2023”.

La resolución afea a Primero Canarias que no especifique este dato básico en su demanda y agrega que sólo es posible deducir que afecta a miembros del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana, entre ellos el propio alcalde (que ahora dice militar en el BNR), por la documentación adjunta aportada.

Y si el primer auto se refería al acuerdo del Consejo Político Nacional de NC en diciembre de 2025, este segundo alude al adoptado el 14 de marzo. Entre los puntos del orden del día figuraban “el inicio de la tramitación de los expedientes disciplinarios” y propuestas vinculadas a “varios casos de transfuguismo”.

Sin urgencia justificada

Primero Canarias optó por la vía excepcional de pedir medidas cautelares inaudita parte. La Ley de Enjuiciamiento Civil exige para ello acreditar razones de “urgencia o necesidad”. Según la reciente resolución judicial, la nueva formación “no alegó ni justificó cumplidamente” este extremo, limitándose a advertir de un perjuicio inminente basándose en referencias “genéricas”.

El mayor reproche de la jueza radica en la falta de concreción. La resolución sostiene que Primero Canarias pidió “con carácter absolutamente genérico” la paralización de todos los acuerdos adoptados por el Consejo Político de NC el 14 de marzo, incluidos aquellos que en nada afectaban a los declarados tránsfugas.

Para la magistrada, “es evidente que no puede pretenderse” una suspensión general, ya que en el orden del día figuran puntos como los asuntos de urgencia o el apartado de ruegos y preguntas, que “nada tienen que ver con el objeto de estas medidas”.

El auto constata que Primero Canarias “ni siquiera ha cumplido el requisito procesal necesario de ofrecimiento de caución”. La ley exige a quien solicita una paralización de este tipo que ofrezca una caución (fianza) suficiente para responder de forma rápida y eficaz por daños y perjuicios.

Ante ese cúmulo de defectos formales -falta de urgencia acreditada, petición genérica, demandantes sin identificar y ausencia de fianza-, la magistrada ha denegado la medida cautelar solicitada y, al igual que en el primer auto, ha impuesto el pago de las costas a Primero Canarias.

Contra esta segunda resolución denegatoria cabe interponer recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Las Palmas en el plazo de veinte días.

“Este edificio es de los más antiguos y emblemáticos del casco histórico de Mogán. La construcción data del siglo XVIII, anterior a la misma iglesia”. “Han quitado las tejas del techo, roto un corredor, un balcón exterior y siguen haciendo destrozos, todo ello sin licencia ni permiso alguno”. “El edificio constituye una pieza única representativa de arquitectura rural tradicional canaria (...) No se entiende cómo este ilustre Ayuntamiento ha permitido que se lleve a cabo la demolición de un edificio tan emblemático, con una estética impecable y con una estructura basada en una carpintería artesanal de madera de tea de pino canario, permaneciendo pasivamente inmóvil, indiferente y estático”. 

La historia empieza en abril de 2001. Vecinos de Mogán, en el sur de Gran Canaria, denuncian la demolición de una casa del siglo XVIII con alto valor arquitectónico en el casco del pueblo, a escasos metros de la iglesia, para levantar en su lugar un bloque de viviendas. Uno de los denunciantes es Benigno Bravo de Laguna, el primer alcalde de la democracia en el municipio sureño. Agentes de la Policía Local se personan en el lugar y levantan actas contra el promotor de las obras (la empresa Braumrott) y el constructor tras constatar el derribo de la casona sin licencia.

El servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo de Gran Canaria reclama explicaciones urgentes al alcalde de Mogán (Antonio Santana). La casona está incluida en el inventario del Patrimonio Arquitectónico del municipio. El Ayuntamiento paraliza y precinta las obras, da un plazo de tres meses al promotor para legalizar las actuaciones, bajo apercibimiento de multas, y ordena dar traslado a la Fiscalía por si los hechos fuesen constitutivos de un delito de desobediencia. Además, anuncia la apertura de un expediente sancionador. La empresa presenta alegaciones donde cuestiona que esa casona esté protegida y solicita después una licencia específica para consumar el derribo. 

El Ayuntamiento niega de forma definitiva la autorización para la demolición de la casona y ya en 2002 ordena el “restablecimiento del orden jurídico infringido y la realidad física alterada”, lo que obliga a la empresa a devolver a su estado original la edificación histórica. 

Un cuarto de siglo después, ya sólo quedan sus ruinas. En el lugar se erigen hoy los esqueletos de los tres edificios que debían albergar 52 viviendas, 35 trasteros y 64 plazas de garaje. La empresa promotora llegó a ejecutar la cimentación, el 90% de la estructura y un 20% de los cerramientos. El Ayuntamiento de Mogán nunca abrió el anunciado procedimiento sancionador ni dio traslado de los hechos a la Fiscalía. Tampoco instó la ejecución de la orden de restauración de la casona del siglo XIII sepultada por esas obras. 

La mole de hormigón ha permanecido abandonada en el casco del municipio durante más de dos décadas, un escenario que puede cambiar en breve. El mismo Ayuntamiento que hace 25 años paralizó y precintó la obra ilegal acaba de aprobar su rescate con 1,5 millones de euros de dinero público, con el objetivo de destinarla a vivienda social. 

La compra

La operación se cerró por la vía de urgencia en la Junta de Gobierno Local celebrada el 10 de febrero de 2026. El gobierno liderado por Onalia Bueno (Juntos por Mogán) acordó la compra del inmueble a la empresa Hoteles Nuevo Milenio. La adquisición está financiada al 100% con fondos del Gobierno canario. En una resolución dictada el 30 de diciembre de 2025, el entonces director del Instituto Canario de Vivienda (Icavi), Antonio Ortega (dimitió meses después tras ser procesado por delito sexual), concedió al Ayuntamiento de Mogán una ayuda directa y con abono anticipado por 2,5 millones, de los que el Consistorio sureño aprobó destinar 1,5 de forma exclusiva a la compraventa de esa estructura inacabada en el casco del pueblo. 

Cuando la Junta de Gobierno de Mogán acordó la adquisición de ese esqueleto urbanístico, la empresa vendedora no había inscrito aún las fincas en el Registro de la Propiedad. Lo hizo el 19 de febrero, nueve días después de ese acuerdo y una semana antes de la firma de la compraventa ante notario, según recoge una nota simple solicitada por este periódico. 

Lo llamativo es que la empresa vendedora había adquirido esa parcela en agosto de 2022. Es decir, que en tres años y medio ni la había registrado ni había hecho nada con ella. Hoteles Nuevo Milenio se constituyó en 2001. Tiene un capital de 13.830 euros y una facturación anual estimada inferior al medio millón de euros, según datos del registro mercantil. Desde enero de 2019 su administrador único es Julio Méndez, quien sustituyó en este cargo a Eugenio Hernández, un conocido empresario del sur de Gran Canaria que está procesado en el llamado caso 18 Lovas, una presunta red de prostitución de menores. 

El precio 

Hoteles Nuevo Milenio había comprado esos edificios inacabados en agosto de 2022 a Criteria Caixa, el brazo inversor de la entidad financiera Caixabank, según consta en la escritura de compraventa incorporada al expediente municipal. No se conoce el precio de esa transacción porque en la escritura se han tachado todos los importes. En el expediente no hay ningún dato que revele cuánto le costó el edificio a Nuevo Milenio en 2022 ni, por tanto, el beneficio que pudo haber obtenido con su venta al Ayuntamiento en 2026. 

Esa falta de transparencia ha encendido las alarmas en la oposición. Para Juan Manuel Gabella, concejal de Nueva Canarias (NC) en la oposición, es “muy grave” que el Ayuntamiento afronte un desembolso millonario “a ciegas” para un edificio “sobre el que hay cargas y una orden de restablecimiento de la legalidad urbanística infringida”.  

El edil denuncia la “incongruencia” del gobierno municipal. En la copia de las escrituras de la compraventa de 2022 (entre Caixabank y Hoteles Nuevo Milenio), los importes totales y el precio unitario por vivienda han sido tachados “voluntariamente y a conciencia” bajo un supuesto paraguas de privacidad, mientras el expediente deja al descubierto “datos estrictamente protegidos por ley”, como los DNI de los intervinientes, explica. 

La formación canarista advierte el peligro de estar financiando con fondos públicos “un negocio redondo” para un intermediario privado. “El Ayuntamiento ha pagado 1,5 millones de euros sin saber cuánto le costó al anterior propietario en 2022”. 

El concejal de NC registró este viernes un escrito en el que reprocha al Ayuntamiento de Mogán la “supresión deliberada” en el expediente de los importes de la compraventa entre particulares de 2022 y solicita tener acceso a esos datos “que no están protegidos”. 

Denuncia de un empresario

Un empresario del sur de Gran Canaria, Juan Manuel Pérez León, trató de frenar ese desembolso millonario del Ayuntamiento de Mogán mediante un recurso presentado el 25 de febrero. Es decir, un día antes de que se firmara la operación ante notario. En ese escrito, este ciudadano, un conocido denunciante de presuntas tramas de corrupción en las Islas, alertaba de que el gobierno liderado por Onalia Bueno había pactado “un precio desproporcionado respecto al estado real del inmueble” y que, por ello, había “vulnerado de lleno el principio de eficiencia” en el gasto público. 

El importe de 1,5 millones de euros se fijó a partir de la tasación realizada por un arquitecto externo contratado por el Ayuntamiento. Para realizar el informe de valoración económica, se basó en viviendas a la venta exclusivamente en el casco de Mogán, una zona con una “situación de estancamiento” del mercado inmobiliario debido a “la debilidad de la demanda y la ausencia de oferta”. La arquitecta municipal asumió como propia la tasación del profesional externo y dio luz verde a la compra de los esqueletos. 

El empresario denunciante alertaba de que el Ayuntamiento había acordado pagar el 94% del valor de tasación del inmueble sin exigir “una valoración pericial independiente”, ajena a la esfera municipal, y sin haber deducido “de forma explícita” el “elevadísimo sobrecoste” que tendría que inyectar la administración para terminar los edificios y hacerlos habitables. Pérez León advertía, además, que de haber comprado esa mole de hormigón directamente a la entidad bancaria hace años, el Ayuntamiento de Mogán “seguramente se hubiese ahorrado más de un millón de euros”. 

La Junta de Gobierno desestimó el recurso presentado por el empresario a partir de un informe de la Asesoría Jurídica y del servicio de Urbanismo. Sobre la tasación, la administración defendió que “se ajusta a la legalidad” porque fue realizada “por un profesional externo colegiado” y valora el inmueble “explícitamente” como un edificio “con obras paralizadas” y con un porcentaje de ejecución “de apenas el 23,15%”. Así, entiende que la cifra fijada (1,59 millones) refleja “de manera objetiva el estado real del inmueble”. 

El informe jurídico sí que da la razón al denunciante en cuanto a las vicisitudes urbanísticas de la parcela. El Ayuntamiento reconoce que en 2001 ordenó precintar la obra por la demolición sin licencia de la casona del siglo XVIII y que exigió la restauración a su estado original y dice no tener constancia “de que las obras de demolición ejecutadas hayan sido legalizadas”. Aun así, niega que exista un riesgo de devolver la subvención al Instituto Canario de la Vivienda. Según dice, este organismo del Gobierno de Canarias era “plenamente conocedor de la situación de la parcela”, ya que en la propia resolución que concede los fondos especifica que el dinero va destinado a adquirir “una edificación no terminada en fase de estructura” para adaptar el proyecto y culminar las obras. 

Además de denunciar la “aberración jurídica” que, en su opinión, supone invertir dinero público en un inmueble que carece de licencia de primera ocupación y que arrastra un expediente de infracción urbanística desde 2001, el empresario Juan Manuel Pérez León advertía de otras cuestiones, como la presunta invasión de dominio público hidráulico. En su respuesta, los técnicos de Urbanismo sostienen que el Barranco de Mogán no está “deslindado oficialmente en ese tramo” y que la obra está a unos 40 metros del “posible” cauce, por lo que “aparentemente” no está ni en dominio público ni en zona de servidumbre. 

El gobierno local también se niega a exigir a la vendedora, Hoteles Nuevo Milenio, los certificados de estar al corriente de pago con Hacienda, la Seguridad Social y otras administraciones, como solicitaba el denunciante, que sostiene que detrás de esta operación hay un entramado societario del también empresario Eugenio Hernández. 

El Ayuntamiento contesta que la legislación aplicable a la compraventa por adquisición directa, como la que se ha producido en este caso, no exige reclamar la documentación de “no deudor” a la empresa vendedora.

En esta y otras denuncias sobre operaciones en Mogán, el empresario Juan Manuel Pérez León advierte “un patrón”, un esquema en cuatro fases: una actuación urbanística irregular (en este caso, el derribo de la casona), una “inacción administrativa durante años” (la inejecución de la orden de restauración), una “consolidación de la obra” y, por último, “el intento de legalización” (a través de la compra y adaptación del esqueleto). 

Una decisión “lógica, eficiente y sostenible”

El gobierno municipal considera que la operación está plenamente justificada. La memoria del proyecto defiende que el rescate del edificio es la decisión “más lógica, eficiente y sostenible”. Argumenta que aprovechar la estructura existente permitirá reducir los plazos para entregar las viviendas sociales y supondrá “un beneficio innegable” para el casco histórico, al “suprimir por fin la imagen de deterioro y abandono” que proyecta la mole en pleno centro del pueblo. Nada dice de la infracción urbanística sobre la que se asienta.

La sentencia (aún no firme) que ratifica la ilegalidad de las 37 viviendas construidas sin licencia en la planta baja de la urbanización Monte Carrera, en la localidad de Arguineguín, ha forzado al Ayuntamiento de Mogán a frenar el expediente del denominado Programa de Actuación sobre el Medio Urbano (PAMU), una iniciativa privada que pretende, precisamente, regularizar esos inmuebles a través de la cesión de unos terrenos.  

El expediente ha sido paralizado para evaluar cómo afecta el reciente fallo judicial a ese plan, según informan fuentes municipales y ha confirmado el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Mogán, Mencey Navarro, en declaraciones al periódico Canarias 7. 

En el informe que dio luz verde a la tramitación del PAMU, la arquitecta municipal ya había advertido de que ese litigio judicial podía tener incidencia sobre el expediente administrativo de regularización de las viviendas y que ello debía ser valorado “jurídicamente”. 

En una sentencia dictada el pasado 31 de marzo, la magistrada titular de la plaza 2 del Tribunal de Instancia (Sección Contencioso-Administrativo) de Las Palmas de Gran Canaria desestima el recurso de la empresa promotora de esas viviendas, Carrera Ground Floor, contra la orden de restablecimiento de la legalidad urbanística alterada dictada por el propio Ayuntamiento de Mogán, que era firme en la vía administrativa desde enero de 2022.  

El fallo dio por probado que las obras se ejecutaron sin licencia durante la pandemia de Covid-19 y consistieron en el derribo de los muros del sótano para habilitar pisos irregulares. La licencia original, de marzo de 2005, permitía una altura máxima de dos plantas. Sin embargo, el complejo se construyó excediendo este límite, levantándose con tres alturas en contra de la normativa urbanística de la zona. 

Para no tener que demoler esa planta construida de más, se llegó a un acuerdo de legalización en abril de 2011. La solución consistió en tapiar la planta baja con un muro perimetral, convirtiéndola en un sótano cerrado. Sin embargo, en el año 2020, según recogen las actas levantadas por la Policía Local tras las denuncias de los vecinos y confirman informes periciales, la empresa promotora derribó esos muros de cerramiento para construir ahí las 37 nuevas viviendas y tres locales comerciales. 

La sentencia dictamina que, al derribar los muros y abrir esas viviendas sin licencia, la urbanización volvió a tener tres plantas habitables y, por tanto, se vulneró la legalidad. 

Apenas un mes antes de que se dictara esta sentencia, el pleno del Ayuntamiento de Mogán, con los votos a favor de los concejales del grupo de gobierno (Juntos por Mogán), había dado luz verde a la tramitación del PAMU, que pretende amnistiar esas obras. 

Esa iniciativa privada propone ceder al Ayuntamiento 625 metros cuadrados a cambio de que se le concediera un incremento de edificabilidad de 3.120 metros cuadrados, lo que la promotora necesita para regularizar las 37 viviendas y los tres locales comerciales. En febrero, el gobierno local autorizó someter el proyecto a evaluación ambiental simplificada.

La propiedad de los terrenos cedidos

Juan Manuel Gabella, concejal de Nueva Canarias- Bloque Canarista (NC-Bc), había remitido el pasado 10 de abril a la alcaldesa, al secretario del Ayuntamiento y a la Asesoría Jurídica un escrito en el que, además de pedir aclaración sobre las consecuencias jurídicas de la reciente sentencia sobre el expediente de regularización de las viviendas, cuestionaba que se hubiera dado continuidad al PAMU sin que la empresa promotora hubiera aportado el documento acreditativo de la titularidad de los terrenos que pretende ceder. 

En ese escrito, el concejal canarista recordaba que el propio Ayuntamiento de Mogán requirió ese certificado de titularidad a la empresa y esta no lo ha entregado. 

La Comunidad de Propietarios del complejo, llamada Monte Carrera Green Garden Club, también se opuso frontalmente a la maniobra de legalización impulsada por la promotora y remitió un escrito al Ayuntamiento el 6 de marzo exigiendo “la inmediata paralización” del expediente. Los vecinos advirtieron que los terrenos que la empresa pretende ceder el Ayuntamiento a cambio de un aumento de la edificabilidad son en realidad “elementos comunes de la comunidad”. Afirmaron, además, que esa iniciativa nunca fue sometida a la debida consulta entre los propietarios ni dieron su consentimiento para tal fin. 

También el empresario Juan Manuel Pérez León solicitó formalmente la paralización del expediente en una denuncia presentada en vía administrativa. En ella afirmaba que este proyecto generaba “un efecto llamada a las irregularidades urbanísticas”, al permitir la consolidación de obras clandestinas. 

Revés judicial para Primero Canarias Municipalistas. La magistrada Beatriz Rallo, titular de la sección Civil del Juzgado de Instancia 4 de Las Palmas de Gran Canaria, ha desestimado la solicitud de medidas cautelares presentada por el Bloque Nacionalista Rural (BNR, el partido de Teodoro Sosa, alcalde de Gáldar e impulsor de Primero Canarias) y por Samuel Henríquez, concejal de San Bartolomé de Tirajana, contra el acuerdo adoptado por el Consejo Político Nacional de Nueva Canarias- Frente Amplio (NC-FAC) y su entonces presidente, Román Rodríguez, el 22 de diciembre. Un acuerdo que incluía la declaración de “tránsfugas” de los cargos electos que habían decidido abandonar Nueva Canarias, entre ellos el propio Henríquez.

Los demandantes perseguían la suspensión inmediata de ese acuerdo y, en consecuencia, paralizar cualquier comunicación a los ayuntamientos donde ejercen sus concejales. 

Y es que la consecuencia directa de esa declaración de “tránsfugas” es que esos concejales pasarían a tener la condición de “no adscritos”, lo que limitaría sus derechos económicos y políticos, ya que en ningún caso podrían ser superiores a los que les hubiera correspondido en caso de haber permanecido en su grupo original (Nueva Canarias-Bloque Canarista). 

Los concejales de Primero Canarias niegan esa condición de tránsfugas. Sostienen que abandonaron Nueva Canarias, pero no la coalición electoral (Nueva Canarias- Frente Amplio Canarista) en su conjunto, que estaba formada por otros partidos, como el referido Bloque Nacionalista Rural, al que aseguran ahora pertenecer.

En un auto fechado el pasado 6 de marzo, la jueza reconoce la existencia de la urgencia y el riesgo de perjuicio por la demora procesal, puesto que NC ya había notificado esa resolución a los ayuntamientos de San Bartolomé de Tirajana y de Moya. 

Sin embargo, la magistrada ha denegado la solicitud de Samuel Henríquez y del BNR al entender que no se cumple el requisito indispensable de la “apariencia de buen derecho” (fumus boni iuris) de los demandantes. El auto se ampara en las disposiciones del Pacto Antitranfuguismo, que estipula explícitamente que dentro de una candidatura promovida por una coalición se considera tránsfuga a la persona electa que abandona el partido político que propuso su incorporación (NC-BC), incluso si recala en otro espacio de la coalición (BNR), “siempre que lo haga sin el consentimiento del partido original”. 

La magistrada subraya que los demandantes, que pidieron la medida cautelar inaudita parte (sin escuchar a la otra parte), no aportó los estatutos del partido en el que Samuel Henríquez causó baja (NC-BC). 

Según detalla el fallo, Henríquez fue incluido en la lista por Nueva Canarias-Bloque Canarista al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y, según la jueza, no se han aportado indicios de que este partido consintiera su pase al Bloque Nacionalista Rural (BNR) dentro de la misma coalición. El auto señala que este abandono “no previsto en el pacto de coalición” supone a primera vista “una transgresión y un fraude de ley”. 

La jueza recuerda que la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local establece que los miembros que abandonen su grupo de procedencia adquirirán la condición de no adscritos. Así, aunque conservan sus derechos fundamentales de participación, como la voz y el voto en los plenos, sus derechos políticos y económicos quedan limitados. 

El auto también alude al reglamento del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, que contempla expresamente que el abandono de la formación política implica convertirse en concejal no adscrito.  

El fallo impone al BNR y a Samuel Henríquez el pago de las costas procesales, pero no es firme. Se puede recurrir en apelación ante la Audiencia Provincial de Las Palmas. 

Esta reciente resolución judicial incide en el pulso abierto en el municipio grancanario de Santa Lucía de Tirajana. El alcalde, Francisco García, y los cinco concejales que se fueron de NC a Primero Canarias siguen intentando evitar que se les considere tránsfugas, apoyándose en un informe del Gobierno de Canarias, mientras que el secretario municipal defiende lo contrario y NC mantiene que deberían pasar a ser miembros no adscritos.

El paciente esperaba por una colonoscopia calificada como “preferente” desde febrero de 2023, pero el Hospital Universitario de Canarias (HUC), el de referencia para la población del norte de Tenerife, no le dio cita para esta prueba hasta noviembre, nueve meses después. Para entonces, el cáncer diagnosticado (adecarcinoma) ya se había extendido por metástasis a otros órganos vitales y sólo cabía aplicar cuidados paliativos. Murió a los tres meses, en febrero de 2024. 

Ante la reclamación patrimonial formulada por la familia del fallecido, el Servicio Canario de Salud (SCS) admitió parte de responsabilidad por el retraso injustificado en la prueba diagnóstica, pero no toda. La administración planteó “la concurrencia de cierto grado de autoría del propio paciente” porque “existió cierta pasividad al no advertir de tal retraso ni reclamar su pronta realización”. 

La Consejería de Sanidad pretendía corresponsabilizar al paciente del retraso para tratar de reducir la cuantía de la indemnización que debe pagar a la familia por los daños morales infligidos.

En un dictamen firmado a finales de marzo, el Consejo Consultivo de Canarias, órgano encargado de velar por la legalidad de las decisiones de las administraciones públicas de las Islas, rechaza los argumentos de Sanidad, a quien atribuye la responsabilidad exclusiva de la “pérdida de oportunidad” que sufrió el paciente debido al diagnóstico tardío.

“No cabe sostener” que la respuesta a la urgencia de esa prueba diagnóstica requiriera “un impulso por parte del paciente”, concluye el Consultivo. Al contrario, su necesidad era “apremiante” desde febrero de 2023, desde que se conoció el resultado positivo de la prueba de sangre en heces que había pedido días antes su médico de atención primaria. La prueba fue solicitada el 10 de febrero de 2023. La colonoscopia se practicó el 7 de noviembre. El paciente murió el 8 de febrero de 2024.

Los informes

El propio Servicio Canario de Salud (SCS), a través del Servicio de Inspección y Prestaciones (SIP), admitió que esa “demora prolongada” había favorecido “la progresión tumoral”.

En el informe remitido al Consultivo, el SIP estimaba que en enero de 2023 el tumor ya existía, al menos, en un estadio dos. De haber actuado con la celeridad debida, las posibilidades de supervivencia del paciente habrían sido “sustancialmente mayores”.

La Consejería de Sanidad cuantificaba la “pérdida de oportunidad” para el paciente en un 60%: de un 75% de posibilidades de supervivencia a cinco años en un estadio dos (enero) a un 15% cuando fue diagnosticado (noviembre) en un estadio cuatro (metástasis).

La familia, por su parte, presentó su propio informe pericial, que concluía que el intervalo prudente entre el positivo en la prueba de sangre en heces y la colonoscopia no debió superar el mes o los dos meses. Cuando se realizó, nueve meses después, el paciente “ya presentaba anemia, síndrome constitucional (cansancio, pérdida de apetito y adelgazamiento involuntario), diarreas con nocturnidad y tenesmo”, hallándose en esa prueba diagnóstica “un adecarcinoma rectal avanzado y limitándose las opciones a quimioterapia paliativa con una supervivencia de sólo tres meses desde el diagnóstico efectivo”.

Esta demora asistencial provocó, en opinión del doctor que firma ese informe pericial, “una flagrante pérdida de oportunidad terapéutica”.

La indemnización

En este procedimiento de responsabilidad patrimonial, el Servicio Canario de Salud no ha discutido la existencia del daño ni la legitimidad de los reclamantes (la madre y los tres hermanos del fallecido). Ni siquiera ha cuestionado el importe reclamado por los interesados (95.750,16 euros para la madre y 18.532, 29 para cada hermano).

Lo que pretendía era eludir el pago íntegro de la indemnización descargando parte de la responsabilidad en el propio paciente. A juicio de la administración, este “debió informar al médico de cualquier cambio o empeoramiento en su condición”.

El informe del servicio de Inspecciones y Prestaciones recoge el siguiente tenor literal: “Desde febrero de 2023 hasta el 19 de octubre de 2023 no fue solicitada al servicio sanitario otra atención, ni al médico de familia ni a un servicio de urgencias. Ello pudo contribuir al retraso diagnóstico. Si el paciente no informa de los cambios en sus síntomas, el médico no está al tanto de la verdadera situación a fin de acelerar o no la obtención de un diagnóstico y tratamiento”.

A juicio de Sanidad, “esto tiene una indudable influencia en el resultado final”, puesto que “si bien en modo alguno excluye la responsabilidad del SCS en los hechos, la propia conducta del paciente permite modular los daños causados”. “Estaríamos hablando, por tanto, de una responsabilidad compartida”, concluye.

El Consejo Consultivo rechaza de forma tajante esta interpretación de la Consejería de Sanidad. El retraso diagnóstico no proviene de esa supuesta “pasividad” del paciente, sino del retraso en la realización de una prueba solicitada con carácter preferente. No era necesario que el pacientela impulsada ni tampoco una progresión en los síntomas. “Con o sin dolor abdominal, expresamente manifestado o no por el paciente, la urgencia en la realización de la colonoscopia mantuvo siempre su imperiosidad, su necesidad apremiante por sí misma, tan sólo a partir del resultado positivo de la prueba de sangre en heces”.

Y advierte además el órgano consultivo que lo dicho por la Consejería de Sanidad no es cierto. El SCS obvió en su informe que el paciente sí requiriró entre febrero y octubre de asistencia sanitaria. En concreto, en mayo acudió a su médico de familia, según refleja su historia clínica. No consta que en esa conculsta el facultativo “se hubiera interesado” por la prueba diagnóstico“ y menos aún que, ”advertido el retraso, la reiterara con carácter urgente“.

Por todo ello, niega la existencia de “corresponsabilidad alguna del paciente” en el retraso de la prueba, que es achacable en exclusiva al SCS. El Consultivo remarca que el daño indemnizable no es “el resultado final” (en este caso, el fallecimiento), sino “la probabilidad frustrada de haber alcanzado un resultado clínico más favorable por falta de diligencia en la actuación asistencial”.

En este caso, “el retraso injustificado” en la colonoscopia “privó al paciente de la oportunidad real de recibir un diagnóstico precoz y, con ello, un tratamiento con finalidad curativa o, al menos, con mayores probabilidades de prolongar su supervivencia y conservar su calidad de vida”.

El Consultivo fija la indemnización en la cuantía resultante de aplicar un 60% (pérdida de oportunidad) a las cantidades reclamadas por la familia. Es decir, 57.450,1 euros para la madre y 11.119,37 para cada hermano. En total, 90.808,22 euros.

El Hospital Universitario de Canarias (HUC) registra los peores tiempos de respuesta para pruebas diagnósticas de los principales centros sanitarios del Archipiélago. Los últimos datos publicados revelan cifras alarmantes, como una espera media de 540 días (un año y medio) para una endoscopia, 183 para una ecografía o 158 para un escáner. Además, lidera las demoras en consultas externas, con más de 42.000 pacientes en lista de espera. 

La Consejería de Sanidad difundió el pasado 30 de marzo un comunicado en el que señalaba que a lo largo de 2025 citó a un total de 291.088 personas con edades comprendidas entre los 50 y los 69 años para participar en el Programa de Diagnóstico Precoz de Cáncer de Colon y Recto de Canarias y que acudieron a la consulta un 38%.

Un insólito e injustificado requisito ha hecho saltar por los aires un concurso público de más de 100.000 euros en San Sebastián de La Gomera, municipio de unos 9.500 habitantes. El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Canarias ha anulado la licitación de la capital de la isla colombina para contratar un servicio de asesoramiento laboral y gestión de nóminas. ¿El motivo? Los pliegos otorgaban 20 de los 100 puntos en juego a la gestoría capaz de presentarse en el Ayuntamiento en menos de cuatro horas tras recibir un aviso. 

Según el tribunal de contratos, esa exigencia adolece de una “absoluta falta de motivación” en el expediente y no sólo vulnera los principios de “igualdad, transparencia y proporcionalidad”, sino que, además, constituye “una cláusula de arraigo territorial” prohibida, puesto que genera “discriminación” entre las licitadoras.  

El Ayuntamiento capitalino sacó a concurso el servicio el pasado mes de febrero. El gobierno municipal, formado por la Agrupación Socialista Gomera (ASG) y por Coalición Canaria (CC), justificó la externalización del servicio de asesoramiento laboral y gestión de nóminas en la falta de personal del departamento de recursos humanos. Esta área se sostiene en la actualidad tan sólo con dos auxiliares administrativos y una técnico general, por lo que destinar a uno de ellos en exclusiva a esas tareas mermaría “gravemente” la actividad administrativa diaria del Ayuntamiento, expone la memoria justificativa.

Ese documento incide, además, en que el Consistorio carece de personal con la formación técnica específica para utilizar sistemas telemáticos de gestión laboral y que contratar a un especialista para estas tareas supondría un gasto anual que ronda los 60.000 euros, una cantidad superior a la prevista en la externalización (103.500 euros por tres años).

Una empresa radicada en Sevilla (Gaesa Asesores) recurrió los pliegos ante el Tribunal de Contratos Públicos de Canarias. Esta gestoría sostiene que premiar con 20 de los 100 puntos (los 80 restantes corresponden al precio) a las empresas que tengan la capacidad de llegar a una reunión presencial en el Ayuntamiento en menos de cuatro horas introduce un elemento de “arraigo territorial indirecto no justificado”. Es decir, en su opinión ese criterio favorece “indebidamente” a las asesorías ya instaladas en la isla, “penaliza” a competidores con experiencia equivalente y produce una “restricción artificial” de la competencia. 

Esta empresa remarca que ese requisito no responde a ninguna necesidad técnica y no tiene nada que ver con el objeto del contrato. 

La secretaria municipal tampoco lo entiende

Lo curioso de este caso es que, al verse obligado a responder al recurso de la empresa, el propio Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera acabó entonando el mea culpa. La secretaria general no acertó a encontrar “la justificación, coherencia y necesidad” que fundamentaba ese requisito que exigía la “ineludible presencia” de la adjudicataria en las oficinas municipales en un plazo máximo de cuatro horas. La propia funcionaria calificó la exigencia redactada por su administración de “desproporcionada y no justificada”. 

La secretaria municipal recalca en su informe que toda la gestión de nóminas y los trámites ante la Seguridad Social se realizan mediante plataformas telemáticas. Por lo tanto, el intercambio de expedientes y documentos “no exige la presencia de la adjudicataria” en el Ayuntamiento, sino simplemente garantizar el acceso informático a los archivos. 

Con este contexto de una empresa que recurre y una administración que se allana, el tribunal de contratos anula el requisito de las cuatro horas y, en consecuencia, los pliegos. Sostiene este organismo que no hay ni un solo motivo en el expediente para justificar esa exigencia y que, por tanto, es discriminatoria. El tribunal recuerda en su resolución, dictada el pasado lunes 6 de abril, que los objetivos de comunicación pueden lograrse mediante medios virtuales, por lo que imponer la presencia física de un asesor laboral externo “pierde justificación objetiva y se convierte en un obstáculo injustificado para la libre concurrencia”. 

Esa resolución obligaba al Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera a retrotraer las actuaciones al momento anterior a la aprobación de las bases para formular un nuevo concurso. Tan sólo un día después, el 7 de abril, la alcaldesa, Angélica Padilla (ASG), firmaba un decreto por el que anulaba el concurso y ordenaba abrir un nuevo expediente de contratación con las “modificaciones oportunas”. 

Apenas un mes después de que el Ayuntamiento de Mogán abriera la puerta a la regularización de 37 viviendas en la planta baja de la urbanización Monte Carrera, un exclusivo complejo de la localidad de Arguineguín, la justicia ha asestado un duro golpe a las aspiraciones de la empresa promotora de esa iniciativa, Carrera Ground Floor. 

En una sentencia fechada el pasado 31 de marzo, la magistrada Esperanza Ramírez, titular de la Plaza 2 de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas de Gran Canaria, ha desestimado un recurso de la empresa y ha confirmado la ilegalidad de esas 37 viviendas que fueron construidas sin licencia en el sótano del complejo durante la pandemia. La resolución judicial, eso sí, aún no es firme. Se puede recurrir en apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en un plazo de quince días. 

La licencia para la construcción de la urbanización Monte Carrera se concedió en marzo de 2005 y permitía dos plantas por edificación. Sin embargo, la promotora levantó tres, contraviniendo por tanto la norma urbanística. Con tal de evitar tener que demoler esa tercera planta ya construida, el Ayuntamiento de Mogán permitió que la parte baja se convirtiera en sótano, para lo que fue necesario construir unos muros perimetrales. 

Ya en 2020 unos vecinos denunciaron que se estaban acometiendo obras en ese sótano. En concreto, el derribo de muros y la reforma de la planta baja para habilitar 37 viviendas. El Ayuntamiento de Mogán abrió entonces un expediente que acaba con una orden de restablecimiento de la legalidad urbanística, una resolución que es firme en vía administrativa desde enero de 2022 y que es la que llevó a los juzgados la promotora. 

Carrera Ground Floor argumentaba que la infracción urbanística estaba prescrita (el plazo es de cuatro años a contar desde la última actuación) porque no se había podido determinar en qué momento se derribaron los muros perimetrales. Sin embargo, la jueza da por probado que las obras se ejecutaron en 2020, coincidiendo con la pandemia de Covid-19. En la vista, agentes de la Policía Local confirmaron que en esa época habían sorprendido a los operarios trabajando en la zona e incluso “cortando con una radial” esos muros. La ley señala un plazo de prescripción de cuatro años. 

El perito de la Comunidad de Propietarios Monte Carrera Green Garden Club, por su parte, destacó en la vista que las obras no estaban terminadas cuando hizo una inspección en esas mismas fechas y que era imposible que se hubieran ejecutado antes de 2020. “No es posible derribar un muro sin hacer ruido y se hubieran denunciado como se hizo en 2020”. También explicó que el agua y la luz “la cogían directamente de la comunidad”.  

La empresa promotora también alegaba que la edificación estaba en situación de “fuera de ordenación”. La jueza aclara que la urbanización, que originalmente sólo tenía permiso para dos plantas, había sido legalizada años atrás convirtiendo la tercera planta irregular en un sótano cerrado mediante muros. Al demolerlos para construir las 37 nuevas viviendas, la edificación “pasa nuevamente a ser ilegal, por cuanto el número de alturas vuelve a ser superior al permitido”, sentencia la magistrada en la resolución fechada el 31 de marzo. 

La sentencia considera “plenamente proporcional y ajustada a derecho” la orden de restablecimiento de la legalidad alterada, ya que existen evidencias de que se ejecutaron obras sin licencia en el sótano del complejo. 

La iniciativa privada

Esta sentencia judicial llega poco más de un mes después de que el gobierno de Mogán diera luz verde a la tramitación de una iniciativa privada con la que la empresa Carrera Ground Floor pretende regularizar esas 37 viviendas. 

Bajo la figura de un Programa de Actuación sobre el Medio Urbano (PAMU), esta promotora propone ceder unos 625 metros cuadrados al Ayuntamiento a cambio de que la administración le conceda un incremento de edificabilidad de 3.120 metros cuadrados que, en la práctica, serviría para amnistiar y regularizar esas 37 viviendas declaradas ilegales. 

En el pleno municipal de febrero, con los votos a favor del grupo de gobierno (Juntos por Mogán), se autorizó someter este proyecto a evaluación ambiental simplificada. Tanto los partidos de la oposición (NC-Bc y PSOE) como la comunidad de propietarios de la urbanización rechazan la iniciativa. No sólo porque supondría la regularización de unas viviendas ilegales, sino también porque, según sostienen, los terrenos que la promotora pretende ceder al Ayuntamiento no son suyos, sino de todos los propietarios del complejo. 

En el expediente constan dos informes de la arquitecta municipal. Aunque son favorables a la tramitación del proyecto, al considerar que la iniciativa podría tener un “impacto positivo” tanto para el entorno urbano como para la calidad de vida de sus habitantes, ya que la zona ganaría espacio libre público y zonas verdes, esos informes advierten de forma expresa la posible afección del procedimiento judicial en curso sobre la autorización. “Esa cuestión (el proceso judicial) deberá ser valorada jurídicamente a fin de determinar su posible incidencia sobre la tramitación del presente instrumento”, advertía. 

Días antes de conocerse la sentencia judicial, un empresario local, Juan Manuel Pérez León, presentó una denuncia ante el Ayuntamiento de Mogán en la que pedía la paralización cautelar e inmediata del expediente de legalización de las 37 viviendas de Monte Carrera. Según advertía en ese escrito, la operación urbanística “vulnera el principio de legalidad” y sienta “un precedente peligroso”, generando “un efecto llamada a las irregularidades urbanísticas” al permitir que se consoliden obras clandestinas tras años de inactividad administrativa. 

Un problema “largamente enquistado” en Las Palmas de Gran Canaria, los cobros invalidados de la tasa de estacionamiento regulado (zona azul y verde) por ausencia de un procedimiento de comprobación, está a punto de resolverse. Eso es, al menos, lo que ha afirmado este miércoles el concejal de Hacienda, Francisco Hernández Spínola, en la comisión de pleno de gestión económica-financiera y especial de cuentas.

El Ayuntamiento capitalino ha modificado el sistema de cobro para cumplir la Ley General Tributaria. En el último año, el propio Consistorio había reconocido en varias resoluciones que omitió “total y absolutamente el procedimiento legal establecido” para reclamar las deudas por aparcar sin tique o con exceso de tiempo, puesto que liquidaba de forma automática esas tasas sin propuesta previa y, por tanto, sin posibilidad de alegación por parte del usuario.

Según ha explicado Spínola en la comisión de pleno, el Ayuntamiento ha implementado un nuevo sistema que resuelve esta deficiencia de la que han venido advirtiendo desde hace años tanto el Tribunal Económico Administrativo Municipal (TEAM) como los juzgados de lo contencioso-administrativo de la capital y también por último el Consejo Consultivo, órgano fiscalizador de la comunidad autónoma.

El concejal ha señalado que el Ayuntamiento ha “robotizado” las tareas de apertura de expediente. “Se está logrando optimizar la capacidad operativa del servicio permitiendo el alta automatizada” del expediente tributario con la emisión de la propuesta de liquidación.

Hasta ahora se liquidaba la tasa de forma automática cuando el usuario no pagaba por aparcar en zona azul o verde o cuando se excedía con el tiempo, lo que suponía un incumplimiento de la normativa tributaria. Con el nuevo “procedimiento robotizado”, el Ayuntamiento incluye el trámite intermedio que antes obviaba, la propuesta de resolución. El usuario puede alegar lo que considere conveniente antes de la liquidación definitiva, del cobro.

Cada año se contabilizan unas 100.000 liquidaciones por aparcar en las zonas de estacionamiento limitado sin tique o por tiempo superior al abonado. El Ayuntamiento insiste en que el uso del dominio público para estacionar constituye una tasa, no una multa. Es un procedimiento tributario, no sancionador.

El uso de una tasa de estacionamiento limitado “está amparada en la normativa vigente y avalada por los tribunales”, insiste el Consistorio capitalino, que niega que se trate de un régimen sancionador encubierto. “Es un instrumento para ordenar un recurso limitado y garantizar el interés general”, señala.

El Ayuntamiento sostiene que el sistema aplicado hasta la fecha “no ha vulnerado los derechos de la ciudadanía, ya que ha permtido la notificación formal, la presentación de alegaciones y la interposición de recursos”. “No puede considerarse, por tanto, ilegales, aunque los órganos consultivos han indicado que debe tramitarse mediante un procedimiento distinto (con propuesta de liquidación y, posteriormente, la liquidación)”, añaden fuentes municipales.

Con el nuevo procedimiento, que se ha comenzado a implementar en marzo, el Ayuntamiento “está adaptando su gestión a un sistema más garantista” para la ciudadanía. Mientras se completa esta adaptación, “se revisan las liquidaciones afectadas”, agrega.

Tanto la justicia, a través de múltiples sentencias, como el propio Ayuntamiento, a través de las revisiones de actos firmes propios, han venido acreditando que la anterior fórmula (liquidación automática, sin propuesta previa) es nula de plena derecho.

La práctica es cada vez más habitual. Un detective contratado por una mutua colaboradora de la Seguridad Social espía a una trabajadora de baja en busca de un fraude. A Adriana (nombre ficticio), dependienta en una conocida tienda de animales del sur de Tenerife, la grabaron en el gimnasio mientras pedaleaba en una bicicleta estática la víspera de Reyes de 2023 y otros dos días de enero (9 y 10). La Mutua de Accidentes de Canarias (MAC), que cubre las contingencias comunes y de accidentes de trabajo de su empresa, actuó de inmediato. Consideró esa actividad incompatible con la incapacidad temporal, suspendió el subsidio que cobraba la empleada y puso los hechos en conocimiento de la Seguridad Social por si consideraba procedente iniciar un expediente sancionador contra ella. 

Lo que la mutua pasó por alto, y así lo ha advertido una reciente sentencia -ya firme- del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), es que la trabajadora se limitaba a seguir un consejo médico. Cinco meses antes, en agosto de 2022, había sido operada del síndrome del túnel carpiano, una dolorosa afección en la muñeca derecha. Tanto su médico de familia como el traumatólogo habían constatado que había perdido fuerza en la musculatura y le habían recomendado realizar “deporte que no influya en la recuperación” y “ejercicios de fortalecimiento según tolerancia”. Y eso es lo que hizo. 

La sentencia, que condena a la MAC a devolver a la trabajadora las prestaciones suspendidas y también a pagar las costas procesales, pone de manifiesto una evidencia. La actividad practicada por la empleada de baja laboral, el uso de la bicicleta estática, en nada afecta a la muñeca operada, puesto que “no precisa requerimientos de intensidad” en las manos, sino en las piernas. “Difícilmente se puede sostener” así la existencia de fraude, concluye la Sala de lo Social del TSJC en una sentencia dictada el 3 de diciembre del año pasado y que adquirió firmeza el 14 de enero de 2026 al no haber sido recurrida por la mutua, tal y como confirman fuentes oficiales de la compañía. 

La “intrascendencia” del ‘spinning’

El fallo del alto tribunal canario ya venía a confirmar el dictado en febrero de 2024 por el Juzgado de lo Social 3 de Santa Cruz de Tenerife. La mutua llegó a pedir al TSJC que modificara los hechos probados de la sentencia inicial para que especificara que la trabajadora había practicado “spinning” en sesiones de una hora en lugar de “bicicleta estática”. La respuesta judicial es contundente. El matiz es “intrascendente”. Y es que el “spinning consiste precisamente en montar en bicicleta estática, sólo que en grupo y con música de fondo”, recoge el fallo no recurrido. 

Desde la MAC sostienen que, en este caso, el TSJC “no reprocha la actuación de la mutua”. Lo determinante, añaden estas fuentes, es que el tribunal consideró que la actividad llevada a cabo por la trabajadora “no requería exigencias físicas incompatibles con el diagnóstico de su baja médica” y que, además, “tenía pautada, por prescripción facultativa la práctica deportiva para fortalecer musculatura”. Por ello, decidió no recurrir ante el Supremo, aceptando el fallo del TSJC, que, además de obligarle a devolver las cantidades suspendidas, le imponía el pago de 600 euros en concepto de costas procesales. 

Tras la suspensión (ahora revocada) de la prestación por incapacidad temporal, Adriana, que entonces llevaba ya nueve años en la empresa, recibió el alta el 13 de febrero de 2023, apenas un mes después. Al día siguiente, volvió a causar baja, esta vez por ansiedad. 

Sin exceso de competencias, pero sin fraude

La sentencia del TSJC precisa que, en el caso de Adriana, la mutua no extinguió con carácter definitivo la prestación, lo que hubiera excedido sus competencias, sino que sólo suspendió el pago del subsidio, por lo que llevó a cabo lo que define como “un acto de gestión prestacional” propio de su función como colaboradora de la Seguridad Social.

Esta apreciación es relevante porque enmarca la actuación de la mutua dentro de los límites que impone el artículo 175 de la Seguridad Social. En algunas resoluciones judiciales sobre la misma materia (bajas laborales e informes de detectives), los tribunales han llegado a imponer el pago de indemnizaciones elevadas a las mutuas cuando aprecian que ha habido una mala praxis, como por ejemplo dar el alta prematura basada en pruebas dudosas. 

Es decir, la sentencia del TSJC llega a dos conclusiones. La primera, que la mutua no sobrepasó las competencias que tiene atribuidas como entidad colaboradora de la Seguridad Social. Y la segunda, que el fraude que advirtió no existió en ningún caso. Los ejercicios de bicicleta estática no son incompatibles con la recuperación de la operación del túnel carpiano. O, dicho de otro modo, la empleada siguió las recomendaciones médicas y eligió “una actividad intensiva de las extremidades inferiores y sin compromiso de las superiores y de sus articulaciones”. Por todo ello, entiende que es procedente revocar el acuerdo de la mutua MAC por el que se suspendió el derecho de la trabajadora a percibir el subsidio por baja. 

Una práctica controvertida 

El uso de detectives para seguir a trabajadores y detectar bajas fraudulentas se ha institucionalizado en los últimos años. Las mutuas firman acuerdos marco para realizar este tipo de controles bajo el argumento de que están velando por “la correcta gestión de los fondos públicos” que tienen encomendada y que el gasto en estos seguimientos es rentable, puesto que un porcentaje elevado de actuaciones concluye en un “ahorro” para la Seguridad Social, ya que se detectan fraudes y se suspenden cobros indebidos. 

La Mutua de Accidentes de Canarias (MAC), la de mayor implantación en las Islas (cubre a más de 160.000 trabajadores y 17.000 empresas y cuenta con doce centros asistenciales en el Archipiélago) reserva unos 150.000 euros al año para este fin. La mutua prevé sacar en el segundo semestre de 2026 a licitación un nuevo acuerdo marco de servicio de detectives por procedimiento abierto, por un importe de 300.000 euros para dos años.  

Las mutuas y la patronal sostienen, además, que se trata de una medida disuasoria, puesto que la mera posibilidad de seguimiento privado “desincentiva” conductas fraudulentas. 

La práctica es controvertida. Los sindicatos la rechazan. “Este tipo de estrategias llevadas a cabo por las patronales, por las empresas y por las propias mutuas no son nuevas, pero nos siguen preocupando, porque lo que hacen es ahondar en la criminalización de los trabajadores que están enfermos”, explica Héctor Fajardo, vicesecretario general de Organización y Comunicación de la Unión General de Trabajadores (UGT) en Canarias. 

“Si un trabajador no va a trabajar por una situación de incapacidad temporal es porque realmente su estado de salud no se lo permite. No tiene sentido profundizar en estas estrategias que lo que generan es miedo en los trabajadores, que temen muchas veces cogerse una baja, obligándoles a ir a trabajar enfermos por miedo a que su empresa tome represalias contra ellos”, añade Fajardo. 

También desde Comisiones Obreras (CCOO) se han mostrado contrarios al uso de recursos públicos para la contratación de detectives que persiguen a trabajadores y trabajadoras. Desde este sindicato creen que el foco debe estar en la prevención de las patologías y en los tratamientos de recuperación. La organización señala que hay jurisprudencia relevante al respecto, como una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que condenó a una mutua a devolver prestaciones a una trabajadora de ayuda a domicilio que también padecía el síndrome del túnel carpiano y a la que también grabó un detective realizando ejercicios de fortalecimiento recomendados o tareas domésticas ligeras. 

Los tribunales, señalan las mismas fuentes, “a menudo determinan que la actividad captada por el detective, como por ejemplo conducir o hacer la compra, no implica necesariamente que el trabajador esté fingiendo la incapacidad para realizar movimientos repetitivos propios de su puesto de trabajo”. 

Tanto CCOO como UGT se han mostrado muy críticos con el discurso de la patronal sobre el absentismo laboral en Canarias. Los empresarios insisten en que las islas tienen la tasa más elevada del país y han emprendido una cruzada para “mejorar la productividad”. Incluso han impulsado un portal de denuncias de “bajas fraudulentas” para trasladarlas a Inspección de Trabajo, la Seguridad o las mutuas. 

Frente a esta posición, los sindicatos sostienen que la patronal está metiendo en el saco del absentismo fraudulento las bajas médicas y ausencias justificadas (permisos, vacaciones…) y abogan por centrar el debate en la salud laboral, en la prevención y en las condiciones de trabajo. Para tratar de desmontar la tesis empresarial, el sindicato CCOO lanzó una campaña el pasado verano en la que recordaba que en Canarias la duración de las bajas no se aleja demasiado de la media nacional (44,44 días de media frente a 39,49) y que hay comunidades como Extremadura en donde esta cifra se eleva hasta los 77,71 días.

Lo rescataron cuando era un cachorro de apenas seis meses que había sido abandonado en el sur de Tenerife. Durante casi cuatro años convivió en un hogar formado por una pareja, una niña y otro perro. En 2023, un coche lo arrolló en un paso de peatones. Su dueño, que lo llevaba sujeto con la correa, resultó herido. El animal falleció en el acto. El conductor huyó del lugar. Nunca se pudo probar el exceso de velocidad del vehículo.

Más de dos años después, la justicia ha cuantificado en 5.000 euros los daños morales que ese atropello mortal generó en el dueño del animal. La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife considera que esa cifra es proporcionada al “enorme impacto emocional” que supuso para el afectado presenciar la muerte de su perro. El sufrimiento, incide la sentencia, se vio agravado por la conducta del conductor, por su huida.

La sentencia de primera instancia ya había certificado el daño moral y los había cifrado en esa cantidad atendiendo “a las circunstancias concurrentes”. Las indemnizaciones de carácter simbólico “no son admisibles”, había advertido el juzgado de Puerto de la Cruz. 

El cálculo de la aseguradora

La aseguradora del conductor (Zurich) recurrió ese fallo en apelación ante la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife. Sólo discutía la cuantía de la indemnización. Sostenía que la primera sentencia no había explicado qué circunstancias concurrían para fijar esa indemnización y comparaba el caso con otros de Cádiz, A Coruña, Córdoba o Málaga donde las cantidades habían oscilado entre los 1.000 y los 2.500 euros. 

Además, la compañía de seguros alegaba que se había producido un error en la valoración de la prueba, puesto que, según decía, no se había tenido en cuenta un detalle que figuraba en el atestado policial: la escasa visibilidad en el momento del accidente. 

También argumentaba que el tiempo que la familia había pasado con el perro era inferior al de otro caso de Barcelona en que se impuso una indemnización menor y que esto debía tenerse en cuenta para “medir de algún modo la relación afectiva y la vinculación existente entre dueño y animal” y, por tanto, para fijar la cuantía de la indemnización. 

La abogada de Zurich defendía, además, que no se había acreditado el exceso de velocidad del vehículo, y que ni el informe del médico forense ni el informe clínico de urgencias del Servicio Canario de Salud (SCS) hacían referencia al “daño psicológico” del perjudicado. La aseguradora precisaba que el demandante había acudido a consulta psicológica “una sola vez después de varios meses desde el accidente (seis meses) solicitando ayuda por el malestar que sentía desde el atropello de su perro, siendo así que desde entonces ”se siente inseguro y en estado de alerta“. Sostenía esta parte que el psicólogo que atendió al dueño del animal no declaró en el juicio. 

Zurich entendía que la cantidad de 1.500 euros era “prudencial” para fijar la indemnización sobre la base de “la jurisprudencia existente sobre casos similares”. 

La Audiencia Provincial, con la magistrada Mónica García de Yzaguirre como ponente, rechazó el recurso de la compañía de seguros y confirmó e hizo firme la sentencia del juzgado de primera instancia de Puerto de la Cruz al entender que estaba bien motivada. 

A la hora de valorar el daño moral, aquella sentencia había tenido en cuenta “el tiempo pasado por el demandante en compañía del animal”, “el cariño que prestaba a la mascota” y “el dolor de su pérdida después de años de mutua compañía”, como atestiguó en el juicio su pareja, quien contó que desde el momento del accidente su marido tenía problemas para dormir, ya que sufría pesadillas en las que “revivía lo ocurrido”. 

La Audiencia Provincial entiende que el informe del psicólogo (que no pudo acudir a testificar en el juicio) es “insuficiente” para acreditar la existencia de secuelas psicológicas, pero precisa que ello no debe confundirse con el daño moral y que tampoco puede “dejar de tenerse en cuenta” para valorar el impacto emocional que ha tenido en el demandante el atropello mortal de su perro y, en especial, “las circunstancias en que se produjo”.

El hecho de que el conductor abandonara el lugar tras el accidente “aumentó el dolor y sufrimiento” del dueño del animal, añade la resolución judicial. 

“Enorme impacto emocional”

Con todo, el informe del psicólogo y la declaración de los testigos revelan “el enorme impacto emocional sufrido por el demandante, sin que sea necesaria la prueba de la existencia de secuelas psíquicas”. “El dolor alcanza a todo el núcleo familiar, pues el perro convivía como un miembro más” de la familia, señala la sentencia, que incide en el dolor de la hija. “Más de tres años en la vida de un niño es un periodo muy relevante”. 

En conclusión, la Audiencia de Santa Cruz de Tenerife avala la cuantía de la indemnización fijada por la jueza de primera instancia, puesto que su resolución “se encuentra correctamente razonada y ponderada y no aparece como arbitraria ni excesiva”. Además, impone el pago de las costas procesales a la compañía aseguradora y al conductor.

La Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias escenificó este miércoles la firma de un contrato de 16,8 millones de euros para la prestación del servicio de ayuda a domicilio a unas 1.500 personas en situación de dependencia en las islas de Tenerife, La Gomera, Lanzarote y Fuerteventura. “Vamos a garantizar que a toda persona usuaria que lo necesite, con independencia del lugar donde viva, se le preste el servicio”, dijo la consejera del ramo, Candelaria Delgado, en un acto en el que también estuvo presente Franciso Cruz, representante de BCM Gestión de Servicios S.L., la empresa adjudicataria. 

Lo que la foto oficial no muestra -ni tampoco la consejera explicó- es el rocambolesco proceso de adjudicación de ese contrato. Antes de llegar a ese apretón de manos con el que Delgado y Cruz sellaron el acuerdo, el caso pasó por el Tribunal de Contratos Públicos de Canarias, que forzó a la administración a rectificar tras haber dejado fuera a esa empresa por un retraso burocrático provocado por la propia Consejería. 

El concurso fue convocado en julio de 2025. El presupuesto base de licitación es de 16,8 millones de euros (un año de contrato), aunque el valor estimado del concurso asciende a 36,5 millones, incluyendo esta cantidad no sólo una posible prórroga (de un año), sino otro lote destinado a la supervisión y control de calidad de estos servicios.

Tras evaluar las ofertas, la Consejería de Bienestar Social otorgó la máxima puntuación a BCM Gestión de Servicios, una empresa constituida en 1997 y que tiene su sede social en Málaga. Esta licitadora fue propuesta como adjudicataria en octubre del año pasado. La administración le concedió entonces un plazo de diez días para presentar la documentación final requerida. Es en ese momento cuando se evidencia el conflicto. La ganadora no cumplía uno de los requisitos fijados en el pliego, el de contar con acreditación empresarial para prestar servicio a personas dependientes, según un decreto de 2012. 

La Mesa de Contratación dio la oferta por retirada y excluyó a BCM Gestión de Servicios del concurso. En diciembre de 2025, adjudicó el contrato a la segunda clasificada en el concurso, Formas Nivaria S.L., una pequeña empresa radicada en La Laguna.  

La empresa excluida, BCM Gestión de Servicios, recurrió al Tribunal Administrativo de Contratos Públicos. Esta licitadora contó que, entre la documentación presentada, figuraba una declaración responsable en la que indicaba que había solicitado la acreditación para prestar servicios a personas dependientes el 23 de junio de 2025 y que, al no haber recibido respuesta, la había obtenido “por silencio administrativo” tres meses después. 

En su resolución, el Tribunal de Contratos Públicos de Canarias explica que la ley establece con claridad que las empresas deben contar con la habilitación empresarial exigida en la fecha límite de presentación de ofertas. En el caso del concurso de ayuda a domicilio, el 11 de septiembre de 2025. La empresa que recurrió la habría obtenido, por silencio positivo, el día 23 de ese mismo mes. Es decir, doce días después. 

Sin embargo, en este caso concurre una circunstancia excepcional. Y es que la administración competente para otorgar esa habilitación empresarial es la propia Consejería de Bienestar Social, el órgano que contrata el servicio de Ayuda a Domicilio. 

Por lo tanto, el tribunal de contratos concluye que si la empresa no disponía de la habilitación requerida se debía, única y exclusivamente, a la “inacción” de la propia administración que la había excluido. Dejar fuera a una licitadora por un error propio hubiera sido “completamente contrario” al principio de proporcionalidad que rige la contratación pública y, por tanto, contrario a derecho, recoge la resolución fechada el 17 de marzo. 

En consecuencia, el tribunal de contratos estimó el recurso presentado por BCM Gestión de Servicios, declaró la nulidad del acuerdo que la excluyó del proceso y de la orden de adjudicación a Formas Nivaria y ordenó retrotraer el procedimiento al momento anterior a la revisión de la documentación de la licitadora que había obtenido la máxima puntuación. 

La resolución obligaba a la mesa de contratación a volver a calificar las propuestas teniendo por presentada la habilitación empresarial de BCM Gestión de Servicios, que volvió a ser de esta manera la adjudicataria del contrato del servicio de ayuda a domicilio para personas dependientes en las islas de Tenerife, La Gomera, Fuerteventura y Lanzarote. 

El caso de las ambulancias

El caso del contrato de ayuda a domicilio tiene ciertas similitudes con el de otro servicio público esencial en Canarias, el de ambulancias, aunque con un matiz y un resultado distinto. En aquella ocasión, el órgano contratante (la empresa pública Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad (GSC) en Canarias, vinculado con la Consejería de Sanidad) adjudicó uno de los lotes, por importe de 44,5 millones de euros, a una empresa (la UTE Acciona-Icot) que, a la fecha de presentación de la oferta, no disponía de la habilitación empresarial exigida para prestar el servicio, al igual que BCM Gestión de Servicios. 

Esa autorización debía darla el Servicio Canario de Salud (SCS), también dependiente de la Consejería de Sanidad. Sin embargo, la administración entendía que esa habilitación empresarial para operar en el sector de las ambulancias no era necesaria y que era suficiente con que cada vehículo dispusiera del permiso, algo que sí cumplía la empresa que obtuvo la mayor puntuación. Sin embargo, la segunda clasificada (Tasisa) recurrió a la justicia y el Supremo, en una reciente sentencia, le dio la razón, anulando esa adjudicación y obligando a Sanidad a indemnizar a la perjudica por el lucro cesante, en un expediente que, entre adjudicación y prórrogas, ya rozaba los 53,7 millones de euros. 

Una denuncia presentada al filo de la medianoche del domingo al lunes por Juan Manuel Pérez León, empresario del sur de Gran Canaria, pide al Ayuntamiento de Mogán la paralización cautelar e inmediata del proyecto para legalizar 37 viviendas en la exclusiva urbanización Monte Carrera, en la localidad de Arguineguín.

El denominado “Programa de Actuación sobre el Medio Urbano (PAMU) en Loma II” es una iniciativa privada que promueve la sociedad Carrera Ground Floor y que el Consistorio sureño ya tramita. El pleno municipal celebrado a finales de febrero autorizó someter el proyecto a evaluación ambiental simplificada.

Como contó recientemente este periódico, la empresa propone ceder terrenos al Ayuntamiento para incrementar las dotaciones públicas y zonas verdes en ese espacio urbano de La Loma de Arguineguín a cambio de lograr un aumento de edificabilidad de 3.120 metros cuadrados, lo que en la práctica serviría para legalizar las 37 viviendas y tres locales que se empezaron a construir sin licencia en la planta baja del complejo durante la pandemia de Covid 19.

Esas obras fueron denunciadas por los vecinos y dieron lugar a un expediente de Disciplina Urbanística en el Ayuntamiento de Mogán que concluyó en una orden de derribo que es firme en vía administrativa desde enero de 2022 pero que aún hoy, más de cuatro años después, sigue judicializada.

El empresario Juan Manuel Pérez León dirige su escrito, entre otros, a la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno (Juntos por Mogán); el concejal de Urbanismo, Mencey Navarro, y el secretario municipal, David Chao. Además de pedir la suspensión “cautelar e inmediata” del expediente, insta a su revisión de oficio por parte de la administración para verificar la legalidad urbanística de la operación. También solicita la intervención de administraciones superiores (el área de Disciplina Territorial del Cabildo de Gran Canaria e, incluso, la Consejería de Política Territorial del Gobierno de Canarias), y la depuración “de responsabilidades administrativas, contables e incluso penales”. El denunciante amenaza con llevar el caso a la Fiscalía.

En su exposición de los hechos, el escrito incide en que el proyecto pretende un incremento de la edificabilidad, la transformación de “espacios no residenciales” (la parte baja de los complejos) en 37 viviendas y, en definitiva, “un intento de regularización urbanística de situaciones ilegales previas”. El denunciante recuerda que esas obras fueron precintadas y que hay un expediente de restablecimiento de la legalidad urbanística, una orden de derribo que no ha sido ejecutada, lo que puede constituir “una inactividad administrativa prolongada en materia de disciplina urbanística”.

A juicio del empresario, el expediente que tramita el Ayuntamiento de Mogán puede vulnerar el principio de legalidad urbanística a través de un esquema en cuatro fases: una “actuación urbanística irregular” (las obras sin licencia en la planta baja del complejo); una “inacción administrativa durante años” (orden de derribo firme desde enero de 2022 sin ejecutar); una “consolidación de la obra” y el “intento posterior de legalización” (mediante el PAMU).

La denuncia incide en que este “patrón” puede provocar “un efecto llamada a las irregularidades urbanísticas” en el municipio. “La ley debería ser para todo el mundo igual, puesto que no pueden actuar de forma arbitraria permitiéndoles a unos una cosa y a otros no, por lo que sienta un precedente peligroso”, advierte.

Además, el denunciante habla de la “posible falta de legitimación” del promotor de la iniciativa. Y es que los terrenos ofrecidos al Ayuntamiento “podrían ser elementos comunes de la comunidad de propietarios”, tal y como han señalado los propios vecinos en otro escrito dirigido al Ayuntamiento liderado por Onalia Bueno. Pérez León remarca que no consta “acuerdo válido” de la comunidad para ceder esa superficie ni “acreditación de disponibilidad jurídica”. Además, remarca que los propietarios afectados no han sido notificados de esa iniciativa, no han sido considerados interesados y supieron del proyecto a través de los medios.

La existencia de un procedimiento judicial en curso (el recurso contra la orden administrativa firme de derribo) “refuerza la necesidad de cautela administrativa”, expone ese escrito.

El denunciante reclama la paralización inmediata del expediente, la verificación de la titularidad de los terrenos ofrecidos al Ayuntamiento, la acreditación de la legitimación de promotor, la incorporación de la comunidad de propietarios como interesada , el inicio de la revisión de oficio y su remisión al órgano consultivo autonómico. Además, insta al Cabildo de Gran Canaria (o, en su defecto, al Gobierno de Canarias) a intervenir por la “posible inactividad municipal”.

Por otra parte, reclama un informe jurídico al secretario municipal sobre la validez del expediente y un análisis de nulidad y advierte de que, en caso de que el Consistorio sureño no actúe, pondrá los hechos en conocimiento de la Fiscalía y valorará también su traslado al Tribunal de Cuentas.

María José Rosell es cirujana pediátrica en el Hospital Universitario de León. Ejerce como especialista desde julio de 2024 tras concluir “de forma brillante” su formación en Asturias. Antes pasó por Canarias. En concreto, por el Hospital de La Candelaria de Tenerife, que atiende a la población de la capital y de la zona sur de la isla. Ahí vivió una experiencia tormentosa. Entró en mayo de 2019 en un servicio con una alta conflictividad laboral. A finales de año, seis médicos abandonaron la unidad, que quedó bajo mínimos, sustentada solo por dos facultativos y dos residentes. Meses después, Rosell denunció a su jefe por acoso laboral y la dirección del hospital no solo no la protegió, sino que se lo recriminó y forzó su salida. Había un “odioso interés” en que la entonces cirujana en formación “abandonara el servicio de una vez” y dejara de “evidenciar los problemas y conductas” en Cirugía Pediátrica. Todo ello a pesar de valorar “enormemente” sus “altas capacidades” para el desempeño de ese puesto.  

Los entrecomillados del primer párrafo están extraídos de una sentencia dictada el pasado 27 de febrero por el Juzgado de lo Social 3 de Santa Cruz de Tenerife. En un contundente fallo que aún no es firme, la magistrada condena al Servicio Canario de Salud (SCS) a indemnizar con 35.701,11 euros a la cirujana por los daños patrimoniales y morales que le infligió debido a un grave incumplimiento en materia de prevención de riesgos laborales. 

Los antecedentes

La resolución judicial dibuja un escenario de desidia y revictimización. El relato comienza en mayo de 2019, fecha en la que Rosell se incorpora como médica en formación al servicio de Cirugía Pediátrica de La Candelaria. Tan solo cinco meses después, seis especialistas activan el protocolo de acoso laboral contra el entonces jefe del servicio, M.A.G.C. Denuncian un trato “despótico”, de “menosprecio” de conocimientos y habilidades profesionales y una distribución “arbitraria” de funciones, de modo que las intervenciones más complicadas se reservan casi de forma exclusiva para sí mismo y para otro doctor.  

A finales de año, esos seis facultativos renuncian y la unidad queda en manos del jefe denunciado, de otro adjunto y de dos residentes, una de tercer año y Rosell. Las conclusiones del protocolo de acoso llegan en marzo de 2020. La Comisión de Investigación constata que la convivencia es “insostenible” y que hay un evidente riesgo psicosocial por el “estilo de mando autoritario” del jefe del servicio, pero no puede concluir “con certeza” que se trate de un caso de acoso laboral, puesto que la prueba de más peso en la instrucción es la obtenida de las entrevistas y no aprecia acreditación documental suficiente. 

Esa comisión exige dos evaluaciones: sobre la idoneidad del jefe y sobre los riesgos psicosociales. La primera tardaría más de tres años y medio. La segunda se emite en noviembre de 2020 y acredita la existencia de un “riesgo importante” en el servicio. 

La denuncia de las residentes

Tras la renuncia de los seis especialistas a finales de 2019, el servicio se mantiene con solo cuatro integrantes y la misma presión asistencial durante un año. A pesar de los resultados académicos positivos de las dos residentes, la escasez de médicos incrementa la exposición de Rosell y de su compañera al “autoritarismo” del jefe. Ambas lo denuncian por acoso laboral el 19 de noviembre de 2020. Y al día siguiente son convocadas a una reunión en la que participan el tutor de las residentes y el director médico del hospital, R.G.P. La conversación queda grabada y es aportada al proceso judicial como prueba, sin que el SCS haya cuestionado su validez. 

En ese audio, el director médico recrimina a las residentes su actitud. Les achaca que en el anterior protocolo de acoso (el abierto por la denuncia de los seis especialistas) no habían declarado nada en contra del jefe y les advierte: “A él no lo vamos a tocar, él tiene plaza aquí dentro, pero a ti te jode la especialidad”. Y añade: “Cuando hubo una denuncia lo defendieron. O sea, que esto se lo tienen ganado, también se los digo. Con toda la mala leche del mundo. Esto que tienen se lo han ganado ustedes mismas (...) Pues a mamarla, compadre. A mamársela. Eso es lo que ustedes han buscado”. 

En los días posteriores se suceden otros episodios. En uno de ellos, según denuncia, Rosell tiene que encerrarse bajo llave y a oscuras por miedo en un despacho mientras su jefe intenta forzar la puerta desde fuera. Incluso llega a llamar a la Policía Nacional pidiendo auxilio. Tras esta escalada de tensión, la dirección médica convoca una nueva reunión y el jefe del servicio causa baja el 30 de noviembre, once días después de la denuncia. 

La gerencia acuerda entonces iniciar el procedimiento para suspender la acreditación docente de Cirugía Pediátrica, al haberse reducido la actividad quirúrgica y disponer el servicio de un solo especialista. Se transfiere la carga asistencial y las guardias al otro centro de referencia de Tenerife, el Hospital Universitario de Canarias (HUC). Este nuevo escenario obliga a las residentes a salir, a una rotación externa urgente. Rosell tiene que irse a Barcelona durante cuatro meses, de enero a mayo de 2021. 

A su regreso, el jefe sigue de baja. Se reincorpora en septiembre. En ese momento se celebra una nueva reunión en la que se acuerda que no coincidan. No puede tener contacto con las residentes, ni establecer sus rotaciones ni organizar sus guardias. Sin embargo, todo eso se queda en una “mera declaración de intenciones”, según recoge la sentencia. Las médicas en formación siguen bajo “la posible arbitrariedad” del jefe denunciado, quien mantiene su superioridad “al ejercer sus funciones de planificación, organización y distribución del servicio (adjudicación de intervenciones quirúrgicas, pacientes…)” En definitiva, “proyectando influencia directa” en el trabajo de Rosell, cuando “ya era clara la animadversión” hacia la residente que había iniciado el protocolo de acoso. 

Desde ese momento y hasta el 1 de diciembre de 2021, fecha en la que la gerencia comunica de forma oficial al jefe de Cirugía Pediátrica la retirada cautelar de las funciones de organización y planificación, el SCS “mantuvo expuesta a Rosell al riesgo psicosocial, cuando menos de autoritarismo, y de posible acoso, sin medida protectora alguna”. 

En 2022, la subdirección médica asume formalmente la planificación de quirófanos y consultas de Cirugía Pediátrica, aunque el jefe de servicio “sigue intentando organizar parte de la agenda”. En marzo se inicia por fin, dos años después de haber sido solicitado, el procedimiento para evaluar su puesto. Y ese mismo mes, en concreto el día 18, se celebra una nueva reunión entre altos cargos del hospital y las residentes, que vuelven a recibir recriminaciones y reproches. “Que hayamos llegado a este punto de la docencia y que no hayas visto antes que era tu momento de marchar. Me cuesta entenderlo”, se escucha en un momento de esa conversación, que también fue grabada. En otro instante, les advierten de que ningún otro hospital querrá contratarlas por su carácter “problemático”.  

En mayo de 2022, el Ministerio de Sanidad emite la resolución definitiva de desacreditación de la unidad docente de Cirugía Pediátrica del Hospital de La Candelaria. Rosell tiene que irse. Se traslada a Asturias para completar su formación como residente. 

Protocolo de acoso 

La sentencia también se detiene en los “incumplimientos flagrantes” de los plazos y previsiones cautelares del protocolo contra el acoso. El fallo pone de relieve que la primera comisión de investigación para evaluar la denuncia de las residentes se abre en marzo de 2021, tres meses después de presentada, aunque se devuelve de inmediato a la gerencia porque los hechos podían ser constitutivos de acoso por razón de sexo. 

La nueva comisión se constituye en abril de 2022, un año y medio después de la denuncia. Y tras unas “mínimas diligencias” -dar audiencia a Rosell- concluye, “como era esperable”, que no se trataba de acoso por razón de sexo, “puesto que ya habían existido procesos previos promovidos por facultativos varones con origen en el mismo jefe de servicio”, sino de un “posible acoso laboral psicológico cuyo riesgo ya se había apuntado” tras la renuncia de los seis especialistas a finales de 2019. El protocolo se archiva en enero de 2023, con Rosell ya en la Península. La afectada decide entonces acudir a los juzgados. 

A finales de ese año, la gerencia del hospital destituye a M.A.G.C. como jefe del servicio de Cirugía Pediátrica por negarse a ser evaluado. 

“Rechazo frontal a la actitud combativa”

La jueza pone de manifiesto en su sentencia el “rechazo frontal” de todos los estamentos jerárquicos del hospital a “la actitud combativa y de denuncia” de Rosell “frente a la tóxica situación mantenida en el tiempo que se daba en el servicio de Cirugía Pediátrica” y que evidenció, por ejemplo, una enfermera que testificó en el juicio y contó que era habitual que el jefe increpara “con alta voz” a especialistas y residentes en medio de las cirugías y que las profesionales salieran llorando del quirófano. 

La magistrada lamenta que la dirección llegara incluso a “la discriminación y a la advertencia directa de las consecuencias negativas indeseadas por tales denuncias, pese a conocer y destacar cada uno de los intervinientes en su día la enorme y particular valía profesional de Rosell como cirujana pediátrica”. Su actitud “inconformista” frente a la lesión a su derecho a la salud en el trabajo “redunda en beneficio de toda la ciudadanía (...), aunque lamentablemente en su día los dirigentes” del Hospital de La Candelaria “no lo supieran ver e intentaran acallar a esta valiosa profesional”, reza el fallo. 

La jueza rechaza las justificaciones dadas por el director médico del complejo, que defendía que se le intentó facilitar “una salida laboral”. “Si el problema está dentro del servicio, las medidas protectoras se deben tomar, lógica e inicialmente, dentro de este servicio, y no facilitando laxamente una salida laboral al trabajador que denuncia distorsiones para que se marche del servicio”, incide la resolución judicial, que aún se puede recurrir. 

La conclusión que alcanza la magistrada es que no había un interés en proteger a las denunciantes o evaluar la idoneidad para el puesto del jefe del servicio y sí había, en cambio, “un odioso interés en que la residente abandonara el servicio de una vez y dejara de evidenciar problemas y conductas que decía haber vivido dentro”. En definitiva, “existe un claro incumplimiento de medidas de prevención de riesgos laborales por el SCS”, al “no haberse activado medidas inmediatas para dar solución efectiva a las comunicaciones, peticiones e informes que desde 2020 ha venido remitiendo la trabajadora residente”. 

La indemnización acordada en la sentencia incluye daños morales (30.000 euros); patrimoniales, por el traslado temporal de la residente a Barcelona en la rotación externa urgente, y otros de diversa índole. En total, 35.701,11 euros. 

Para Rosell, la sentencia es una victoria. La especialista incide en que, “lejos de escuchar” a las residentes que habían denunciado a su jefe por acoso laboral, desde el hospital se les tildó de “conflictivas, de problemáticas”, se les “cerró las puertas” y se les intentó “callar y echar”.

Este periódico se ha puesto en contacto con el SCS para recabar su valoración sobre la sentencia y conocer si será recurrida, pero hasta la fecha no ha obtenido respuesta. 

Al igual que hiciera en noviembre con el caso de los informes pagados con dinero público a un magistrado emérito del Supremo para su defensa penal, la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno (Juntos por Mogán), ha vuelto a zanjar en menos de un minuto otra comparecencia polémica en el pleno municipal. En esta ocasión, los dos partidos de la oposición (Nueva Canarias-Bloque Canarista y el PSOE) habían solicitado a la regidora sureña que “despejara las dudas” sobre la investigación al agente de la Policía Local que presuntamente se apropió de 135.000 euros de las multas de tráfico que imponía a turistas.

En esta breve comparecencia, Bueno se ha defendido de las acusaciones de la oposición por la “falta de control” o la “actitud negligente” del gobierno municipal sobre las multas de tráfico y ha zanjado el debate ordenando la expulsión de la sala del concejal de NC-Bc Juan Manuel Gabella, tras llamarle al orden en tres ocasiones (todas por discrepancias sobre los tiempos de intervención).

El caso estalló a principios de febrero. La Guardia Civil detuvo el 2 de febrero al agente O.L.S.N. mientras estaba de servicio. Las pesquisas se habían iniciado un año antes. En los últimos cinco años este agente se habría apropiado de unos 135.000 euros de las multas que cobraba en efectivo a los turistas y que después anulaba en su PDA (agenda electrónica).

La oposición reprochó a la alcaldesa la “falta de control” del gobierno municipal sobre esos procedimientos sancionadores y sus anulaciones. “La realidad de los hechos es muy preocupante y apunta a una actuación negligente del concejal de Policía defenestrado (Mencey Navarro), de la alcaldesa y del responsable de Mogán Gestión (empresa pública que gestiona los PDA)”, señaló Gabella (NC). “La imagen de la Policía Local se ha visto seriamente perjudicada. No se puede permitir este menoscabo”, sostuvo Artemi Artiles (PSOE).

En su escueta intervención, la alcaldesa explicó que tuvo conocimiento de la actuación de ese funcionario policial en febrero de 2025 tras “un control rutinario” de las PDA utilizadas por los agentes y que no se pudo detectar antes porque las anulaciones en los dispositivos no se volcaban al departamento de recaudación, por lo que “escapaban” de los mecanismos de control directo.

La regidora ha defendido que se actuó “con total rigor y profesionalidad” en cuanto se tuvo conocimiento de los hechos y que fue el jefe de la Policía Local quien trasladó a las autoridades competentes esa información que ha dado origen a un procedimiento judicial por presunta malversación. “Hay un total control”, ha contestado a la oposición.

Bueno también ha negado que, como insinuaba el PSOE, esos hechos fueran el desencadenante de la retirada de competencias sobre la Policía Local al concejal Mencey Navarro, ejecutada el mismo mes. “En absoluto. Cuando tengo conocimiento de los hechos yo ya había asumido las competencias en Seguridad”, ha señalado.

Antecedentes

El concejal Juan Manuel Gabella (NC), que acabó siendo expulsado del pleno, incidió en que “hay quejas contra ese mismo agente desde 2008”. “Y nadie sabía nada. La alcaldesa, que se entera de todo, no tenía ni idea de lo que pasaba en Mogán”, ha ironizado.

El edil canarista ha señalado, además, que en 2012 cuatro agentes de la Policía Local de Mogán ya denunciaron “esas mismas prácticas” cometidas supuestamente por otro policía. Unas prácticas de las que, dijo, “tenía pleno conocimiento” el exconcejal de Policía Mencey Navarro, puesto que actuó como abogado de los denunciantes en aquel procedimiento que se sustanció en el Juzgado de Instrucción 2 de San Bartolomé de Tirajana.

Gabella cuestionó además la seguridad de las PDA que utilizan los policías locales. “Cualquier agente que conozca el número de un compañero puede acceder en su nombre a la aplicación y poner multas en nombre de este”. En esta misma línea, Artiles (PSOE) ha pedido un cambio en el procedimiento de multas por el que se exija “un informe detallado” de cada una de las anulaciones, que sea firmada al menos por dos agentes y que sea revisada por el departamento de recaudación para evitar esas anomalías.

La oposición puso de manifiesto la falta de supervisión de este sistema, que permitió que el agente ahora investigado pudiera apropiarse de ese dinero de las multas durante al menos cinco años. Sólo se descubrió la actuación irregular, agregaron, “por casualidad”, cuando se redactaba un manual para nuevos agentes.

El debate concluyó con la expulsión del concejal Gabella. Tras responder a las preguntas formuladas por la oposición, Bueno acusó a NC de “incumplir” de manera reiterada el reglamento municipal. En ese momento, el edil canarista pidió intervenir “por una cuestión de orden”. Tras negarse en varias ocasiones, la alcaldesa ordenó a la Policía Local que expulsara del salón de plenos a Gabella, que seguía pidiendo hablar con el micrófono apagado.

Entre 2017 y 2023 el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria cobró a un vecino 50 liquidaciones por aparcar su coche en la llamada zona azul sin el preceptivo tique de pago. Aunque se suele asociar a una multa, no se trata de un procedimiento sancionador, sino tributario, regulado en una ordenanza fiscal aprobada en 2012. El trámite es conocido. Los ciudadanos que aparquen en esta zona están obligados a autoliquidar una tasa en los parquímetros siempre que lo hagan dentro de los horarios limitados. Si no se paga o el vehículo permanece más minutos de los abonados y los operarios de una empresa municipal (Sagulpa) lo detectan, se gira la liquidación, que es de ocho euros por impago y de seis euros por exceso de tiempo. 

En junio de 2024, este vecino decidió impugnar ante el Ayuntamiento esas liquidaciones, que ya eran firmes. Solicitó la revisión de actos nulos, al entender que la administración no había respetado las formalidades que impone la legislación tributaria. Y, en consecuencia, pidió la devolución de esas cantidades con sus correspondientes intereses de demora. 

La revisión de actos nulos es un procedimiento “excepcional y de carácter limitado” que permite a la administración volver sobre sus propios actos y dejarlos sin efecto cuando ya ha transcurrido el plazo para que el ciudadano pueda recurrir. La jurisprudencia del Supremo sostiene que sólo se puede revertir una decisión administrativa firme cuando exista una nulidad “palmaria”. Es decir, cuando el defecto formal o infracción que ha cometido la administración sea de tal calibre que no pueda mantenerse el acto. O dicho de otro modo, el vicio de debe ser “especialmente grave”. 

Y eso es, precisamente, lo que ha reconocido el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. En una resolución notificada a este vecino en octubre del año pasado, el órgano de Gestión Tributaria de la capital admite que prescindió “total y absolutamente” del procedimiento legal establecido para cobrar esas liquidaciones. Y que, por tanto, son nulas de pleno derecho y procede la devolución de cantidades al reclamante.  

No es la primera vez que ese incumplimiento se pone de manifiesto. Ya lo habían constatado tanto el tribunal económico administrativo municipal como los tribunales de lo contencioso de la capital en múltiples resoluciones. La novedad es que la propia administración ya reconoce de oficio -en este y en otros casos similares a cuyas resoluciones también ha tenido acceso este periódico- que no ha seguido el procedimiento tributario debido para liquidar la tasa por impago o exceso de tiempo.

En esos casos, el Ayuntamiento había aprobado directamente la liquidación de la tasa sin notificar un requerimiento o propuesta de liquidación alguna al obligado tributario, a la persona que debía pagarla. Al emitir el cobro por la vía rápida tras la actuación del agente encargado de la gestión del estacionamiento limitado (de la empresa Sagulpa), la administración vulneró el derecho del ciudadano a ser escuchado, a formular alegaciones frente a esa liquidación. Así lo recoge esa última resolución. 

El jefe del servicio municipal de Tributos confiesa que ese cobro no se gestionó conforme al procedimiento previsto en la normativa fiscal. En lugar de aprobar y girar directamente la liquidación definitiva al ciudadano tras el aviso del controlador de Sagulpa, la administración debe notificarle una propuesta de liquidación y garantizar el trámite de audiencia, permitiéndole presentar alegaciones. En aquellos casos en los que el conductor o la conductora negara el hecho (haber aparcado en zona azul sin pagar o haberse pasado del tiempo estipulado), el Ayuntamiento tiene que verificar los datos y acreditar el incumplimiento. Por ejemplo, a través de fotografías. No puede imponer, según este procedimiento, una deuda automática. 

Según datos facilitados por el Ayuntamiento, en la capital grancanaria -con algo más de 38.000 residentes- “se ponen de manifiesto cada año alrededor de 100.000 hechos imponibles” vinculados a la ausencia de tique o el exceso sobre el tiempo autoliquidado. Ese volumen “requiere disponer de herramientas específicas, que garanticen la seguridad jurídica y permitan al Ayuntamiento gestionar la tasa de forma eficaz y conforme a la normativa tributaria”, explican a este periódico desde el área de Tributos. 

Las fuentes municipales señalan que el Ayuntamiento está implantando el procedimiento exigido en sus nuevos sistemas de gestión “para asegurar su correcta aplicación”. Mientras se completa esta adaptación, la administración “continúa revisando las liquidaciones afectadas y anulando en aquellos casos en los que se ha apreciado el defecto señalado”. 

El informe del Consejo Consultivo 

Esta adaptación del Ayuntamiento responde también a las observaciones formuladas en un informe dictado en mayo del año pasado por el Consejo Consultivo de Canarias en relación con uno de esos casos que concluyeron en la revisión de oficio del Ayuntamiento (forzado por sentencia judicial) y la declaración de la nulidad de pleno derecho de múltiples liquidaciones cobradas a un vecino. 

En su reclamación, presentada en enero de 2021, este ciudadano negaba los hechos, esto es, haber aparcado en las calles que figuraban en las liquidaciones. Sostenía, además, que el Ayuntamiento le estaba cobrando “sanciones disfrazadas de liquidación” para evitar las garantías de defensa del procedimiento sancionador de tráfico. Reclamaba la devolución de las cantidades pagadas más sus intereses correspondientes. En total, cerca de 3.500 euros.

El denunciante aludía a que hace un tiempo, cuando se firmaron esas liquidaciones, los controladores del servicio de estacionamiento regulado carecían de los medios necesarios para la obtención de pruebas sobre la comisión de los hechos y que su testimonio no gozaba de la presunción de veracidad que sí tienen los funcionarios policiales. 

En primer lugar, el Consultivo descarta que la tasa sea una multa encubierta. El dictamen señala que el Ayuntamiento tiene cobertura legal (la Ley Reguladora de las Haciendas Locales) para cobrar una tasa por el aprovechamiento especial de dominio público. 

En este sentido, el Ayuntamiento capitalino defiende que la opción elegida, la tasa, era “menos gravosa” que la sanción o multa. “La sanción que podría conllevar en caso de que se tramitase la denuncia por infracción de tráfico es de 80 euros, importe de sanciones leves, con una reducción del 50% en el caso de que se hubiese abonado por pronto pago”.

En cualquier caso, el dictamen de mayo del Consultivo subrayaba como hecho “indubitado”, que ni siquiera es negado por el Ayuntamiento, que se exigió el pago de la tasa al ciudadano “sin haber tramitado procedimiento administrativo alguno”. El órgano fiscalizador considera que la administración incurrió en una de las causas más graves de invalidez recogidas en la Ley General Tributaria, la de dictar actos “prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido” Por ello, considera conforme a derecho anular esas liquidaciones y devolver al reclamante las cantidades cobradas.

Volver a reclamar el pago 

En las resoluciones en las que admite esa ausencia del procedimiento de comprobación limitada, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria advierte de que ese “defecto formal” no acarrea la extinción del derecho de la administración a reclamar el pago. 

La administración comunica a los ciudadanos que procederá a iniciar nuevas actuaciones para volver a exigir la deuda respetando las garantías del obligado tributario. Sostiene que los controladores, pese a no gozar de presunción de veracidad, tienen la condición de “testigos imparciales” y que consignan datos como “la matrícula, marca, modelo y color del vehículo, la fecha, la hora, la calle y el número en que el vehículo se encontraba ocupando documento gráfico”, por lo que creen disponer de las pruebas para liquidarlo otra vez. 

Sin embargo, hay un matiz. Sólo lo podrá hacer si la deuda no ha prescrito. La Ley General Tributaria establece, con carácter general, que las deudas prescriben a los cuatro años. En varios de los casos a los que ha tenido acceso este periódico, ya ha transcurrido ese plazo entre la fecha del hecho imponible (la liquidación) y la declaración de nulidad.

Nuevo relevo en la Consejería de Sanidad. El hasta ahora gerente de Atención Primaria de Tenerife, Jesús Delgado, presentó el pasado jueves su dimisión. Su sustituta en el cargo será Victoria Llarena, que desde noviembre ocupaba el puesto de directora de gestión y asuntos generales en la misma gerencia. 

El director del Servicio Canario de Salud (SCS), Adasat Goya, firmó el pasado jueves a las 14.27 horas la resolución por la que se comunica el cese, “a petición propia”, de Delgado y el nombramiento de Llarena a partir del viernes. 

El cese de Delgado se esperaba desde hace semanas en el ámbito sanitario. Fuentes internas consultadas por este periódico señalan que se trata de una “dimisión forzada”, puesto que desde la dirección del SCS había descontento con su gestión y se le había “invitado a salir”. 

Delgado ha estado vinculado a Coalición Canaria (CC). En las últimas elecciones formó parte de la lista que encabezaba Jonathan Domínguez a la Alcaldía de La Laguna. Y durante el primer mandato de Fernando Clavijo como presidente fue gerente del Hospital de La Candelaria. 

Delgado llegó a entrar en las cábalas para ser consejero de Sanidad tras las elecciones de 2023 y el pacto entre CC y el PP. Sin embargo, acabó ocupando el cargo de gerente de Atención Primaria, en el que ha durado menos de tres años. 

Durante su trayectoria profesional, el dimisionario gerente de Atención Primaria de Tenerife, licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de La Laguna (ULL) y con máster en Economía de la Salud y Gestión Sanitaria y Administración Sanitaria, trabajó como médico de familia y de urgencias y ocupó varios cargos, como el de director de la Zona Básica de Salud de Añaza, Arico y Barranco Grande.

La nueva gerente, Victoria Llarena, ha sido técnica del servicio de Contratación y Asuntos Generales del SCS; jefa del servicio de aprovisionamiento del Hospital Universitario de Canarias (HUC); jefa del servicio de planificación económica de fondos Next Generation de la administración sanitaria y, desde noviembre, directora de gestión y asuntos generales de la gerencia de Atención Primaria de Tenerife.  

El pleno del Tribunal Constitucional mantiene en suspenso el blindaje salarial que el Gobierno de Coalición Canaria (CC) y el Partido Popular (PP) coló en los presupuestos autonómicos de 2025 para permitir que los altos cargos sanitarios pudieran mantener las retribuciones que percibían en el sector privado. Dos fueron los gerentes beneficiados de esa reforma y uno de ellos es el actual director del Servicio Canario de Salud (SCS), Adasat Goya, que en la actualidad cobra 111.649 euros, 38.000 más que su antecesor en el cargo.

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la disposición final cuarta de los presupuestos canarios, la que incluía esa reforma legislativa para directores y gerentes de la sanidad pública. 

Hasta ese momento, la Ley de Ordenación Sanitaria de Canarias, vigente desde 1994, garantizaba que los empleados públicos que eran nombrados gerentes no percibieran retribuciones inferiores a las que tuvieran en el puesto que desempeñaban con anterioridad.  

La reforma incorporada por CC y PP vía presupuestos extendía esa garantía a quienes provinieran de una actividad privada, tanto por cuenta propia como por cuenta ajena. 

El Gobierno central entiende que esa medida es contraria a la congelación de retribuciones prevista en las cuentas estatales (prorrogadas) de 2025 y al incremento general del 2,5% fijado para todo el personal del sector público. 

También alega que con ese blindaje salarial para los gerentes sanitarios de las Islas “se quiebra el principio de legalidad presupuestaria”, puesto que “no se concreta la cuantía” de esa subida, sino que “queda al arbitrio del puesto que -incluyendo el sector privado- haya podido ostentar el que posteriormente sea nombrado gerente”. 

Según el abogado del Estado, esa “incertidumbre” acerca de cuál puede ser el incremento retributivo para los gerentes sanitarios en Canarias, sin establecer máximos, “pone en jaque todo el sistema de gastos e ingresos contenido en la norma presupuestaria autonómica”. Esos sueldos podrían incluso “ser superiores a los de los altos cargos, lo que resultaría incongruente en términos absolutos”, exponía la representación estatal en este litigio. 

El Constitucional admitió a trámite el recurso en noviembre del año pasado y decidió dejar en suspenso la reforma legislativa aprobada por el Gobierno de Canarias hasta analizar el fondo del asunto. Esa medida cautelar tenía un plazo de cinco meses. Ahora, el alto tribunal ha decidido prorrogarla tras escuchar a las partes. Sostiene que levantar la suspensión podría generar “un grave quebranto” para los propios gerentes si al final la norma se declara inconstitucional, puesto que se enfrentarían al deber de restituir lo cobrado en exceso. 

El pleno del Constitucional señala que mantener esa suspensión tiene efectos “más fácilmente reparables”, ya que si la reforma legislativa es avalada en el futuro sólo hay que abonar a los gerentes afectados las cantidades atrasadas. 

Tanto el Parlamento de Canarias como el Gobierno regional habían solicitado levantar esa suspensión del incremento retributivo para los directores sanitarios. Entre otras razones, argumentaban que en la actualidad sólo hay una persona que se beneficia de ese cambio. Se trata de Pablo Eguía del Río, gerente de los servicios sanitarios de Lanzarote, que aumentó sus emolumentos en 43.700 euros (de los 95.316,25 a los 138.993,92) para equipararlos a los que percibía en su actividad anterior como neurólogo. 

Sin embargo, el Gobierno no incluye en su respuesta a Adasat Goya, que antes de asumir la dirección del SCS ocupó la gerencia del Hospital Universitario de Canarias (HUC) y vio cómo su retribución se incrementó de los 92.037,75 a los 109.663,38 euros en aplicación de esa norma incorporada en los presupuestos de 2025, según la propia administración informó a este periódico en respuesta a una solicitud de información cursada a través del Portal de Transparencia. 

Antes de asumir funciones de gestión sanitaria, Goya ejerció en el sector portuario, primero como estibador y después coordinador de la terminal de contenedores. Además, fue concejal del municipio tinerfeño de El Sauzal (por Coalición Canaria) durante 16 años. 

En la actualidad, ya como director del SCS, cobra 111.649 euros, la tercera mayor retribución de entre los cargos públicos de la administración canaria. Entre medias, la Consejería de Sanidad le ha pagado, a través de la Fundación Canaria Instituto de Investigación Sanitaria (FIISC), adscrita a la Consejería de Sanidad, un curso de alta dirección en salud de la Fundación San Telmo, por importe de 13.592 euros. 

La suspensión de la norma se mantendrá hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el fondo del asunto.

El juzgado de la Plaza 1 de lo Mercantil de Las Palmas de Gran Canaria ha adjudicado al grupo Martinón los hoteles subastados en el concurso de acreedores de Santana Cazorla, unos activos por los que también pujaba Lopesan. En un auto dictado este martes, el juez Alberto López Villarrubia resuelve la disputa que mantienen desde hace cerca de un año los dos gigantes del turismo en las Islas por hacerse con los hoteles Valle Taurito, Costa Taurito y Lago Taurito, en Mogán, y con la concesión del Hotel Las Tirajanas, en San Bartolomé de Tirajana. 

Tras un proceso de venta gestionado por una entidad especializada, se presentaron dos pujas máximas por esos activos de la concursada Mar Abierto, perteneciente al otrora potente holding empresarial de los hermanos Santana Cazorla. El grupo Martinón presentó una oferta de 85 millones de euros a través de su sociedad División Turística Valle Taurito. La propuesta de Lopesan, mediante su filial Isla Marina, era 1.000 euros superior. 

Sin embargo, el juez ha dictaminado que no rige el criterio estricto de una subasta pura, donde gana quien ofrezca más dinero, sino “un procedimiento híbrido” donde se deben valorar otros elementos, como la subrogación de contratos o la postura de los trabajadores. Y es por ese motivo por el que ha decidido otorgar esos hoteles al grupo Martinón, en un auto que no es firme. 

Fue el propio administrador concursal, Amalio José Miralles, quien elevó un informe razonado a favor de la adjudicación al grupo Martinón aludiendo a tres factores que luego el juez hizo suyos para resolver el “empate técnico” del precio. 

Por un lado, el “grave perjuicio” que, en su opinión, suponía la decisión de Lopesan de no asumir el contrato para la explotación del parque acuático y el aparcamiento que da servicio a los hoteles. Según el administrador, esta exclusión hubiera ocasionado un perjuicio económico a la concursada (Mar Abierto), al tener que asumir indemnizaciones y posibles demandas, ya que el parque es un reclamo incluido en los paquetes vacacionales. 

Por otro lado, el auto hace referencia a la aceptación por parte de Martinón de que los derechos de cobro frente a turoperadores, estimados en 2,5 millones de euros, se quedaran en la masa activa del concurso para beneficio de los acreedores. Lopesan exigía que la cesión fuera a su favor, lo que “habría minorado” el patrimonio del concurso, recoge la resolución.

El tercer factor es la preferencia de los representantes de los trabajadores por la proposición presentada por Martinón, que se comprometía a subrogar a todo el personal con contrato laboral vigente en la fecha de transmisión, manteniendo su antigüedad y los derechos adquiridos. Isla Marina, en cambio, excluía a aquellos que estaban en situación de excedencia.

Desestimadas las alegaciones de Lopesan

El auto desestima las alegaciones presentadas por Lopesan, que defendía que su oferta era superior y que la de Martinón era “inválida” porque vinculaba la adjudicación del lote de los hoteles con el de los locales. El juez hace alusión a resoluciones previas en las que acordó que la subasta debía resolverse separando los lotes y que, por tanto, no se iban a tener en cuenta esas vinculaciones que condicionaban la compra de un lote a otro.

También incide el magistrado en que no se trata de una “subasta estricta” de mejor precio y que la exclusión de la subrogación del contrato del parque acuático o la retención de cobros pasados de turoperadores perjudicaban a la concursada. Lopesan sostenía que el administrador concursal había aplicado una norma sobrevenida en los criterios de adjudicación.

Por su parte, el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana pidió suspender la cesión del Hotel Las Tirajanas por existir un expediente de resolución de la concesión administrativa. El juez lo rechaza, indicando que Martinón asume el riesgo legal de ese expediente.

El auto da diez días a División Turística Valle Taurito para que consigne los 85 millones de euros en la cuenta del juzgado. Ese plazo comenzará a contar desde que la resolución adquiera firmeza. De momento se puede recurrir en reposición (ante el mismo juez).

El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Canarias ha suspendido de manera cautelar un concurso de 155 millones de euros para la prestación del servicio de hemodiálisis extrahospitalaria a pacientes del Servicio Canario de Salud (SCS) tras los recursos de dos de las principales empresas del sector, Avericum y Fresenius. 

La propia Consejería de Sanidad se ha mostrado partidaria de la paralización del procedimiento hasta que el tribunal se pronuncie sobre las quejas de las licitadoras, que alegan, entre otras razones, que las tarifas fijadas no se corresponden con los precios de mercado o “incongruencias técnicas” en los pliegos de este concurso para la asistencia de pacientes con enfermedades renales crónicas de cuatro hospitales públicos de las Islas. 

El expediente del contrato, uno de los mayores en importe de la sanidad canaria, se abrió en el verano de 2025. El informe propuesta está firmado el 6 de agosto por Adasat Goya, que entonces apenas llevaba una semana como director del Servicio Canario de Salud. 

El concurso se divide en siete lotes que corresponden a dos unidades externas de diálisis para la derivación de pacientes en el caso de los hospitales Doctor Negrín (norte de Gran Canaria), La Candelaria (sur de Tenerife) y el Hospital Universitario de Canarias (norte de Tenerife), y una para los usuarios del José Molina Orosa (Lanzarote).

La duración prevista del contrato es de cuatro años, con posibilidad de prorrogar otro ejercicio como máximo y de aumentar hasta un 20% el importe de licitación. En total, 155 millones de euros. La Consejería de Sanidad precisa que estos servicios ya estaban externalizados. 

Dos recursos

Dos de las principales empresas del sector, la canaria Avericum y la multinacional Fresenius, impugnaron los pliegos en sendos recursos interpuestos días antes de la fecha fijada para la presentación de las ofertas (el pasado 26 de febrero). 

Avericum ya es adjudicataria de otros contratos de hemodiálisis en las Islas (en los hospitales Doctor Negrín y José Molina Orosa y en una unidad asistencial vinculada a la gerencia del Insular de Gran Canaria) y ha protagonizado episodios controvertidos. 

Su director y administrador único es Francisco Javier Artiles, un abogado que estuvo investigado en el llamado caso Lifeblood, un presunto amaño en la adjudicación de un contrato de hemodiálisis de 124 millones de euros a la empresa del mismo nombre, sin experiencia en el sector. La causa penal acabó archivada (la Fiscalía no encontró pruebas concluyentes), aunque en su auto de sobreseimiento provisional, la jueza instructora, Victoria Rosell, sí apreció indicios de tráfico de influencias, puesto que Artiles era asesor del SCS en esa época y habría actuado de tapado en favor de la adjudicataria.

Con posterioridad, Avericum ha ganado varios contratos en Canarias con importantes rebajas sobre las tarifas del presupuesto de licitación. En 2019, por ejemplo, redujo en un 30% el precio de las sesiones para hacerse con el servicio a los pacientes de la zona sur de la isla de Gran Canaria. También ha resultado adjudicataria de diversos concursos en otras comunidades con quejas de los competidores por esa política de bajos precios.

En relación con este último concurso en Canarias, Avericum acudió al tribunal de contratos el pasado 16 de febrero, diez días antes de que concluyera el plazo para presentar las ofertas. En su recurso advierte de graves deficiencias económicas en los pliegos. Sostiene que la tarifa fijada por el SCS no se corresponde con los precios de mercado. 

En el concurso se ha establecido un precio máximo unitario de licitación de 165.02 euros por sesión de hemodiálisis. En el adjudicado a Avericum hace más de un lustro para la zona sur de Gran Canaria, la tarifa quedó fijada en 102,93 euros sin posibilidad de revisión. 

Por otra parte, en el concurso ahora paralizado el SCS prevé un incremento anual del 2% para los lotes de los hospitales de Tenerife y el de Gran Canaria y del 4% para el de Lanzarote en previsión del aumento del volumen de pacientes y necesidades asistenciales. Según consta en la memoria del concurso, para determinar el importe de licitación y los costes directos e indirectos del servicio, la administración pública realizó una estimación basándose en los costes de los centros sanitarios propios del SCS. 

En su recurso, Avericum denuncia la “indefinición absoluta” de esa memoria económica y que, a la hora de fijar la tarifa, no se ha tenido en cuenta ni el beneficio industrial ni los gastos generales. La licitadora también señala que el reparto de puestos de diálisis entre los lotes es “absolutamente desproporcionado e injustificado”. El concurso requiere 100 puestos para las unidades de diálisis para pacientes del Hospital Doctor Negrín; otros 100 para los de La Candelaria; 120 para los del HUC, y 40 para los del Molina Orosa. 

La segunda recurrente es la multinacional Fresenius Medical Care. Esta empresa, líder en el sector de la diálisis y dueña de Quirón Salud, admitió en 2019 ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (Securities and Exchange Comission) que sobornó a médicos de varios países, entre ellos de España, para obtener información confidencial anticipada sobre las especificaciones técnicas de las licitaciones públicas. 

El caso, que investigó las las prácticas irregulares cometidas por la empresa entre 2006 y 2017, se cerró con el pago por parte de la empresa de más de 200 millones de dólares en multas y con el compromiso de contratar a un Monitor de Cumplimiento Independiente durante al menos dos años para revisar, evaluar y obligar a mejorar todas sus políticas contra la corrupción, sus auditorías y sus controles internos a nivel global. 

Fresenius presentó su recurso el 18 de febrero, dos días después que Avericum. La multinacional se queja de la “falta de proporcionalidad y justificación en la previsión de pacientes”, la exigencia de “puestos mínimos” (360 generales de diálisis y 16 específicos para pacientes con hepatitis B) o “la imposición de dos turnos diarios”. 

Esta licitadora advierte, además, de una “incongruencia técnica” en los pliegos, puesto que el contrato está diseñado para la prestación de un servicio de hemodiálisis de naturaleza extrahospitalaria (en centros ubicados a tres kilómetros como máximo), pero sin embargo se imponen requisitos de “alojamiento e integración” en infraestructuras “intrahospitalarias”. 

El recurso de Fresenius incide también en la “ausencia de desglose” del precio unitario, en que los pliegos no establecen un tope máximo en los criterios de adjudicación, en concreto en el que otorga puntos por cada nefrólogo extra ofrecido, “lo que impide valorar la viabilidad real” de las proposiciones, o que se impongan obligaciones “condicionadas a la voluntad del hospital de referencia y de cuantía indeterminada”. 

Suspensión cautelar

En sus recursos ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Canarias, tanto Avericum como Fresenius solicitaron la suspensión cautelar del concurso para evitar perjuicios “de imposible o difícil reparación”. Ambas empresas advertían de que si el proceso avanzaba y se abrían las propuestas (económica y técnica) de las licitadoras se habría público el contenido de las ofertas, lo que perturbaría “la confidencialidad, la competencia y la integridad” de una futura licitación si al final el tribunal anula los pliegos. 

Según las licitadoras, la suspensión no genera ningún perjuicio al interés general ni a la sanidad pública, ya que las necesidades de los pacientes en tratamiento de hemodiálisis están cubiertas mediante los contratos vigentes, “que se siguen prestando sin interrupción”. 

El propio SCS (órgano de contratación) expresó su conformidad de forma expresa con que se adoptara esa medida provisional. En este escenario, el tribunal de contratos asume los argumentos de las empresas recurrentes y sostiene que revelar las ofertas de los competidores causaría “daños irreparables” al alterar la confidencialidad y la libre concurrencia. La paralización sólo se hace efectiva para el momento inmediatamente anterior a la apertura del sobre dos, el que contiene la proposición económica y técnica. 

De esta manera el tribunal salva el trámite del sobre 1, que corresponde a la documentación general de las empresas y no contiene información confidencial.