Tras años de reivindicaciones, con una extensa huelga de por medio, el personal del banco de sangre de Canarias vio hecha realidad el 1 de enero de 2025 una vieja aspiración. El Instituto de Hemodonación y Hemoterapia, un organismo autónomo, se integraba en el Servicio Canario de Salud (SCS) bajo la figura de una nueva dirección general. Se materializaba así un compromiso firmado un año y medio antes, en abril de 2023, en las postrimerías de la pasada legislatura, por el gobierno progresista en Canarias (liderado por el PSOE) para asegurar que el banco quedara al 100% en manos públicas.

Con el acuerdo de integración se daba un paso histórico que debía dar estabilidad a la institución pero que, sin embargo, ha quedado empañado por una crisis que ha alcanzado su punto álgido con la pérdida de más de 3.500 bolsas de plasma en la provincia de Santa Cruz de Tenerife por fallos en la cámara de refrigeración. Un episodio que, además, cuestiona los protocolos y los recursos del banco de sangre de Canarias en un momento trascendental, a tan solo un año del plazo marcado por Europa para cumplir con los requisitos fijados en el nuevo -y estricto- reglamento SoHO sobre las normas de calidad y seguridad de las sustancias de origen humano (como sangre, tejidos y células).

Los tres primeros años de la actual legislatura han estado marcados por la convulsión en el banco de sangre de Canarias. Empezando por los nombramientos. Desde que Coalición Canaria (CC) y el Partido Popular (PP) pactaran para gobernar en las Islas tras las elecciones de mayo de 2023 (con el apoyo de la Agrupación Socialista Gomera y de la Agrupación Herreña Independiente), han ocupado el puesto de máxima responsabilidad en Hemodonación y Hemoterapia tres personas: una como presidenta y dos como directores.

Ya desde el principio del mandato se evidenció que la dirección del banco de sangre de Canarias era una concesión de CC a su aliado electoral Unidos por Gran Canaria, el partido del que procede la consejera de Sanidad, Esther Monzón. Desde julio de 2023 hasta enero de 2025 la presidencia del ya extinto Instituto de Hemodonación y Hemoterapia recayó en Gemma Torres, en aquel momento líder de la rama juvenil de Unidos. En esa época se supo que había mentido sobre su currículo, que había presumido de un grado en Derecho que no tenía. La consejera aprovechó el acuerdo de integración de principios de 2025 para cesarla.

Su sustituto, el primer director general de Hemodonación y Hemoterapia del Gobierno de Canarias, fue Iván Santiago Falcón. Al igual que su predecesora, procedía de Unidos por Gran Canaria y no tenía formación en el ámbito sanitario ni experiencia previa en cargos públicos y de gestión. Solo duró en el cargo diez meses. En octubre de 2025 presentó su dimisión en medio de una crisis: el banco había perdido 60 trabajadores por un incumplimiento del acuerdo de integración, se habían tenido que cancelar cientos de colectas, las donaciones de algunos de los grupos sanguíneos más comunes habían caído a niveles críticos, se habían tenido que suspender y reprogramar cientos de operaciones y los sindicatos habían presentado una demanda de vulneración de derechos fundamentales frente a la supresión unilateral de los comités de empresa en ambas provincias, una decisión que sería finalmente revocada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

Falcón cesó “a petición propia” en octubre y tan solo un mes después fue recolocado como asesor en el gabinete de la consejera de Sanidad, con un sueldo de casi 60.000 euros. Para suplirlo, Monzón dejó por primera vez de lado el criterio que había seguido hasta la fecha, de reparto de cuotas de partidos, y confío la dirección general a Francisco Javier Rodríguez Sosa, que a diferencia de sus predecesores sí está vinculado con el ámbito sanitario y con el banco de sangre. Ha trabajado como enfermero del equipo de extracciones del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia y hasta su nombramiento como director general ejercía de coordinador del departamento de gestión de colectas en Las Palmas.

Más de 3.500 bolsas de plasma desechadas

El episodio más polémico de la legislatura se conoció el pasado mes de junio durante un pleno del Parlamento de Canarias. El diputado socialista Miguel Ángel Pérez denunció que se habían tenido que desechar más de 3.500 bolsas de plasma por averías en la cámara frigorífica de -40 grados ubicada en la sede de Santa Cruz de Tenerife. Esta cantidad equivale a unos 1.050 litros y representa aproximadamente un tercio de la producción anual de plasma en las Islas. El dato es aún más crítico si se tiene en cuenta que las Islas sólo producen el 35% de los hemoderivados que necesitan e importa el 65% restante.

Los hechos se habían producido en octubre del año pasado, pero los trabajadores ya venían advirtiendo de esos fallos en los registros de las temperaturas “desde hacía meses”, según cuenta Daniel Quintero, presidente del comité de empresa en Santa Cruz de Tenerife. El representante de CCOO explica que el plasma es un recurso estratégico, el único componente del banco de sangre capaz de generar un activo económico al convertirse en medicamentos “tan importantes que se usan todos los días en los hospitales”.

“Es un escándalo por mucho que lo hayan intentado ocultar. Era una situación que ya los trabajadores venían alertando, que había problemas con las cámaras de alta refrigeración”, añade. La multinacional Grifols, que se encarga de convertir ese plasma en medicamentos en virtud de un contrato de cinco millones de euros, constató que ese plasma había estado expuesto a temperaturas inusualmente altas y que, por lo tanto, no se podía procesar garantizando la seguridad de los medicamentos resultantes, por lo que hubo que desechar esas miles de bolsas procedentes de donaciones altruistas.

El director general de Hemodonación y Hemoterapia, Francisco Javier Rodríguez Sosa, atribuye lo sucedido al “deterioro propio de la antigüedad” de la cámara de almacenamiento de plasma de la sede de Tenerife, que lleva más de quince años de servicio. “A lo largo de su vida útil ha requerido diversas actuaciones de mantenimiento correctivo para mantener su funcionamiento en condiciones adecuadas”, señala el alto cargo, que añade que se tuvo conocimiento “de esta problemática” tanto a través del personal del centro como de la “industria fraccionadora” (Grifols) y que se han adoptado medidas correctoras.

En concreto, Rodríguez Sosa señala que se ejecutó de urgencia una “intervención correctiva” sobre la cámara averiada, que en estos momentos “mantiene las condiciones de calidad exigidas para la conservación del plasma”. Además, la Consejería de Sanidad ha adquirido quince congeladores de -40 grados que se prevén recibir en agosto. El director general también anuncia la próxima construcción de una nueva cámara de almacenamiento en la provincia de Las Palmas para “asegurar la continuidad del servicio y prevenir pérdidas por avería en la cadena de frío”.

Los representantes de los trabajadores rechazan la justificación de la obsolescencia. “No es obsolescencia, es una negligencia que ha costado salud, que ha costado recursos, que ha costado dinero (se ha tenido que importar más plasma) y un daño de imagen”, señala Quintero, que insiste en que se ha tenido que tirar “toda la producción que estaba almacenada desde hace meses” y que todavía no ha escuchado ni una disculpa.

Enmienda rechazada

En noviembre del año pasado, siendo ya por tanto conocedores de las averías alertadas por los trabajadores y por Grifols, CC y PP rechazaron en el Parlamento regional una enmienda presentada por el PSOE para destinar cuatro millones de euros a la adquisición y reforma de un inmueble para la Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia. En esa enmienda, los socialistas incidían en la necesidad de disponer de “nuevas instalaciones de trabajo, almacenamiento y gestión de la sangre y los hemoderivados que ponga al día el precario estado de instalaciones y maquinaria actualmente en uso”.

El PSOE ponía como “grave ejemplo” de lo que estaba ocurriendo “el permanente fallo de las cámaras de refrigeración y congelación, que se encuentran con constantes problemas que no cumplen con los requisitos mínimos necesarios para la gestión de la sangre y los productos hemoderivados”. Los socialistas proponían una inversión plurianual para adquirir dos nuevas instalaciones destinadas al servicio en ambas provincias, pero su enmienda fue rechazada por los partidos que sustentan al Gobierno regional.

Sin certificados de calidad

Para el presidente del comité de empresa de Hemodonación y Hemoterapia en la provincia occidental, la pérdida de plasma es la evidencia de “la falta de rigor y gestión de un banco de sangre que carece de estructuras de calidad y certificaciones”. Quintero recuerda que en julio de 2027 será de obligado cumplimiento el reglamento europeo SoHO, aprobado en mayo de 2024 y que exige “altos niveles de calidad y seguridad” en el tratamiento de sustancias de origen humano para evitar la transmisión de las enfermedades.

El representante de los trabajadores califica de “completa anomalía” el hecho de que el banco de sangre de Canarias sea “el único” de ámbito autonómico que no posea el certificado de calidad CAT (Comité de Acreditación en Transfusión), un sello oficial que garantiza “la seguridad y excelencia” en el sector hemoterápico en España.

Este certificado garantiza la seguridad del paciente y el donante, minimizando el riesgo de reacciones adversas y fallos de compatibilidad; permite rastrear un componente sanguíneo desde la vena del donante hasta la del receptor, y valida la competencia técnica en el tratamiento de los hemoderivados, asegurando que el procesamiento, el fraccionamiento y la conservación de la sangre “cumplen con criterios científicos de vanguardia”. Estos procesos estandarizados son auditados por hematólogos y técnicos en activo.

El director general de Hemodonación y Hemoterapia señala que ese certificado es un reconocimiento formal “de carácter voluntario” y que su ausencia “no supone merma alguna en la calidad ni en la seguridad de los productos”. Rodríguez Sosa sostiene que el banco de sangre de Canarias produce hemocomponentes “que cumplen plenamente los requisitos de calidad y seguridad exigidos por la normativa vigente”. El alto cargo señala, no obstante, que el centro “se encuentra inmerso en el proceso de solicitud” de esa certificación.

“De ser obligatorio, estaríamos cerrados. Si nosotros no tenemos un certificado de banco de sangre pasan cosas como las del plasma. Si no tenemos certificaciones de calidad, tienden a pasar errores como este”, precisa Daniel Quintero, quien advierte de que el reglamento SoHO “conlleva cambios estructurales” que el banco de sangre de Canarias “está muy lejos de conseguir”. “Y no estamos viendo avances”, agrega.

El director general, en cambio, sostiene que el banco de sangre está desarrollando un proyecto orientado a la obtención de las certificaciones y la adecuación a los requisitos exigidos en la normativa europea. Alude a “la elaboración e implementación del sistema de gestión de la calidad (documentación controlada, procedimientos e instrucciones técnicas” y a la “adecuación de instalaciones y equipos”, con especial atención “a la cadena de frío (cámara, congeladores y sistemas de monitorización y control de temperatura”. Todo ello con el horizonte de la autorización del centro como entidad de SoHO.

“Ahora mismo no hay nada y se está intentando conseguir unas certificaciones que hace años llevan intentando conseguir”, advierten los trabajadores.

Cuando Iván Santiago Falcón dimitió como director general de Hemodonación y Hemoterapia del Gobierno de Canarias el 13 de octubre de 2025, apenas diez meses después de acceder al cargo, el banco de sangre de las Islas estaba sumido en una crisis sin precedentes. La pérdida de casi el 30% de la plantilla había reducido de manera drástica su capacidad operativa, obligando a cancelar cientos de colectas. Las reservas de los grupos sanguíneos más comunes cayeron a niveles críticos y hubo que suspender y reprogramar decenas de intervenciones quirúrgicas. Y, aunque esto se supo luego, justo el mes en que dimitió las roturas y fallos de temperatura de las cámaras de alta refrigeración provocaron la pérdida de más de 3.500 bolsas de plasma en Tenerife.

Aún hoy, la Consejería de Sanidad se limita a decir que el cese se produjo “a petición propia” de Falcón, sin dar más explicaciones. Lo cierto es que más que una dimisión fue una recolocación. El 21 de noviembre, apenas 40 días después, Esther Monzón (Coalición Canaria), la misma consejera que había aceptado su cese, firmó una orden para incorporarlo como asesor a su gabinete, con una retribución íntegra anual de 58.648,98 euros (sin contar la Seguridad Social ni la antigüedad). Una cifra inferior, eso sí, a la que percibe (como mínimo) un director general en las Islas: 80.932,20 euros.

“Iván Santiago Falcón cesó como director general a petición propia y se incorporó a la Consejería unos meses después (en realidad, poco más de un más después) con funciones de apoyo al gabinete”, se limitan a informar fuentes oficiales de la Consejería de Sanidad a las preguntas de Canarias Ahora sobre las razones de la reubicación del exdirector del banco de sangre y sus nuevas funciones. Este periódico también ha pedido la versión de Falcón sobre este cambio a través del mismo cauce, pero no ha obtenido respuesta.

El ahora asesor de Monzón había tomado las riendas de la recién creada Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia en enero de 2025. Era un momento histórico, el de la integración del banco de sangre en el Servicio Canario de Salud (SCS). La consejera aprovechó esa transición para reemplazar a la última presidenta del Instituto de Hemodonación y Hemoterapia, Gemma Torres, muy cuestionada después de que saliese a la luz pública que había mentido con respecto a su titulación académica.

Hasta esa fecha, Falcón era un desconocido en el ámbito sanitario. No tenía formación ni experiencia alguna en el sector. Graduado en Lengua Española y Literaturas Hispánicas por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, con un máster en Formación del Profesorado, su trayectoria laboral previa se limitaba a puestos administrativos en la empresa Ralons, la Unión Deportiva Las Palmas y en el partido Unidos por Gran Canaria.

Su llegada al cargo (el primero que ocupaba en política institucional) no respondió a criterios técnicos ni a la promesa electoral de Fernando Clavijo de “profesionalizar la gestión sanitaria”, sino al estricto reparto de cuotas del pacto de gobierno. Falcón no sólo trabajó como administrativo de Unidos por Gran Canaria los cinco meses previos a las elecciones autonómicas y locales de 2023, sino que en esos comicios concurrió en las listas de este partido haciendo doblete (como número dos al Ayuntamiento de Moya y en el puesto 16 al Cabildo de Gran Canaria).

Coalición Canaria había cedido la dirección del banco de sangre a su aliado Unidos por Gran Canaria (UxGC), el partido en el que militaba la propia Esther Monzón (ahora ya integrada formalmente en CC) y también la antecesora de Falcón, Gemma Torres.

Diez meses de crisis

Los diez meses del ahora asesor de Sanidad al frente de la Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia estuvieron marcados por una crisis laboral y de gestión. “Dejó a la deriva una institución que estaba viviendo un proceso histórico de integración”, resume el enfermero Daniel Quintero, representante de Comisiones Obreras (CCOO) y presidente del comité de empresa en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

“Tenía un perfil bajo, ningún conocimiento del centro, un 0% de conocimiento de gestión, un 0% en conocimiento sanitario. No hubo ni una sola mejora, apenas se presentó ante los trabajadores. Dejó un agujero de gestión”, sostiene el portavoz sindical.

Otras fuentes internas dibujan el retrato de un alto cargo tutelado y sin capacidad de mando. “Casi no hablaba en las reuniones, lo hacían otras personas de la Consejería. El trato con los trabajadores fue nulo, cero, y no se le recuerda iniciativa alguna”, señala una profesional del banco de sangre que prefiere mantenerse en el anonimato y que considera que a Iván Santiago Falcón “se le hizo muy grande” el puesto, el primero que ocupaba en política.

Bajo su mandato, y tras la integración en el SCS, el banco de sangre sufrió la pérdida de unos 60 trabajadores -un tercio de la plantilla- por el “sistemático incumplimiento” del acuerdo de integración, tal y como denunciaron los sindicatos. Esta circunstancia mermó de manera drástica la capacidad para realizar colectas en la calle, arrastrando las reservas a niveles críticos y obligando a suspender decenas de intervenciones quirúrgicas.

Según datos proporcionados por la propia institución, las donaciones de sangre cayeron en Canarias de las 60.728 bolsas de 2024 a las 59.106 de 2025, situándose por primera vez por debajo de las 60.000. No fue, sin embargo, un hecho aislado, sino la confirmación de una tendencia a la baja. El año anterior a la irrupción de la pandemia de Covid-19, el número de donaciones rondaba las 63.000 bolsas en las Islas y en 2021 se alcanzó un pico de 66.554. A partir de ahí, la cifra ha ido descendiendo hasta los mínimos del año pasado.

Estos dos últimos años se han tenido que reprogramar más de 180 intervenciones quirúrgicas en los hospitales de Canarias por falta de sangre. Durante la etapa de Falcón al frente de la Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia se alertó, incluso, del aplazamiento de un trasplante de pulmón en el Hospital Doctor de Gran Canaria.

Aunque Falcón tampoco se prodigó en los medios de comunicación, en alguna de sus intervenciones en la radio calificó estas suspensiones de meras “reprogramaciones puntuales” y responsabilizó a la Dirección General de Función Pública de las trabas para contratar al personal tras la integración del banco de sangre en el SCS.

En septiembre de 2025, un mes antes de que Falcón dimitiera, el diputado Yoné Caraballo (Nueva Canarias-Bloque Canarista) pidió en el Parlamento de Canarias la destitución del director del banco de sangre por su “pésima gestión”. “La sanidad no puede gestionarse como un chiringuito político mientras Canarias se queda sin sangre”, dijo entonces el canarista, que calificó la gestión del ahora asesor de “dirección fantasma”. En aquella sesión, la consejera Esther Monzón acusó a Caraballo de generar “alarmismo”.

Pérdida de plasma

El pasado junio también se tuvo conocimiento, a través de una denuncia en sede parlamentaria del diputado socialista Miguel Ángel Pérez, que a finales de 2025 hubo que desechar más de 3.500 bolsas de plasma (hemocomponente mediante el que se fabrican medicamentos), un tercio de la producción anual, debido a fallos de temperatura en las cámaras de alta refrigeración ubicadas en Santa Cruz de Tenerife. La multinacional Grifols, adjudicataria de un contrato de casi cinco millones de euros para el fraccionamiento de hemoderivados, rechazó los lotes canarios por una grave falta de seguridad.

“Es la producción de meses de trabajo y donaciones altruistas”, recuerda Daniel Quintero, que califica de “negligencia” lo sucedido y que incide en que esta pérdida forzó a la sanidad pública a gastar dinero extra comprando plasma de urgencia.

El representante sindical sostiene que los trabajadores llevaban “muchos meses” alertando de los problemas en las cámaras, con registros diarios que confirmaban los fallos incluso desde antes de octubre. “El que se fue (en referencia a Iván Santiago Falcón), se fue sabiendo que teníamos problemas y el que llegó (el actual director general de Hemodonación y Hemoterapia del Gobierno canario, Francisco Javier Rodríguez Sosa) entró sabiendo que teníamos problemas y nadie hizo nada”, sostiene Quintero.

Sin comités de empresa

A esa crisis de gestión se le sumó la laboral durante la etapa de Falcón al frente del banco de sangre de Canarias. No sólo por la mencionada pérdida de trabajadores, de la que el ahora asesor de Sanidad responsabilizó a Función Pública, sino por la extinción unilateral de los comités de empresa en junio de 2025, una maniobra que fulminó la representación de más de 200 empleados en plena crisis. Esa decisión se ejecutó apenas 48 horas después de que los trabajadores se manifestaran a las puertas del Parlamento de Canarias para denunciar el caos operativo y la falta de personal en el banco de sangre.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) declaró en enero de este año “nula de pleno derecho” la decisión de Sanidad por vulnerar la libertad sindical.

En cualquier caso, los trabajadores señalan que la salida de Falcón, que fue sustituido por el enfermero Francisco Javier Rodríguez Sosa, tampoco ha ayudado a mejorar las cosas y el banco de sangre sigue sumido en una crisis que esta misma semana se ha vuelto a evidenciar ante la alerta por los niveles críticos del grupo sanguíneo 0-.

Nueva Canarias ha pedido a Javier Romero que entregue su acta en el Ayuntamiento de Mogán después de que el concejal haya anunciado este miércoles que abandona la formación canarista para incorporarse a Primero Canarias.

El secretario de Nueva Canarias-Bloque Canarista en Mogán, el también edil Juan Manuel Gabella, ha recordado que Romero se había comprometido en los órganos locales a entregar el acta en caso de ise a otro partido. Lo hizo en una ejecutiva local celebrada en el verano de 2025, pocos días después de acudir a un acto de Primero Canarias.

Los canaristas han expresado su “más profundo rechazo” a una “actitud tránsfuga” que, “además de traicionar a los votantes que depositaron su confianza en NC-BC, ha traicionado la confianza que los compañeros de la organización depositaron en él”.

“Hoy parece que este compromiso (el de entregar el acta) no lo tiene muy claro”, señala una nota difundida por NC. En ella, la formación canarista señala que Gabella se ha reunido este miércoles con Romero tras conocer a través de los medios de comunicación su incorporación a Primero Canarias y que el concejal le ha pedido tiempo “para meditarlo y formular una respuesta en el mes de agosto”.

Al ser preguntado por su decisión, Romero ha señalado a Canarias Ahora que llevaba tiempo pensando en desvincularse de NC “y en parte de la política”.

En referencia al compromiso adquirido en los órganos internos de Nueva Canarias, el concejal reconoce que el partido le pidió el acta “desde el primer momento”. “Y a mí me parecía bien a unos meses de finalizar la legislatura que otro compañero viviese la experiencia”, precisa.

Sin embargo, el edil fichado por Primero Canarias para liderar su Asamblea Local en Mogán desliza que no entregará el acta. “También creo que me debo a los votantes a los que dije que estaría hasta el final, luchando por el interés general. Yo no voy a cambiar mi lucha ni mis objetivos y tengo muchos temas y expedientes pendientes”, sostiene Romero, que recuerda que en las elecciones de mayo de 2023 fue cabeza de lista del partido que ahora abandona.

Primero Canarias anunciaba a primera hora de este miércoles la incorporación del concejal moganero (exdirector de la televisión pública del municipio sureño) al proyecto que lideran Teodoro Sosa, alcalde de Gáldar, y Óscar Hernández, regidor de Agüimes.

“Supone un importante respaldo a la creación de la asamblea local de Primero Canarias en Mogán, así como a la conformación de la candidatura municipalista al Ayuntamiento de Mogán de cara a las elecciones del próximo año 2027”, señalaba.

“Conductas corruptas y antidemocráticas”

Para Gabella, es “especialmente grave” que “quien hoy pide tiempo para meditar si entrega o no el acta defendiera en el seno de Nueva Canarias el compromiso de devolverla cuando un concejal abandonara la organización para integrarse en otra formación política”.

“Alejarse de esas posiciones es adentrarse en conductas corruptas y antidemocráticas, contrarias a toso aquello por lo que NC-BC lleva trabajando en el municipio de Mogán durante más de dos décadas. Es una traición a los votantes, a los valores, a las personas que han colaborado con la formación política y es hacerle el juego a quienes ven la administración pública como un negocio”, concluyen los canaristas.

Insólito episodio judicial en las Islas. El Supremo ha anulado una sentencia dictada en 2024 por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) tras constatar que la Sala se había limitado a copiar y pegar “de forma acrítica y mecánica” los argumentos de una de las partes para darle la razón en un pleito sobre un contrato público de asistencia jurídica del Ayuntamiento de Pájara, municipio del sur de la isla de Fuerteventura. Los magistrados eludieron la exigencia constitucional de motivar de forma debida su decisión, concluye el alto tribunal español al resolver un recurso de casación para formar jurisprudencia.

En la resolución ahora anulada, el magistrado ponente, Francisco José Gómez Cáceres, justifica ese copia y pega ante “la brillantez, claridad y solidez” del escrito presentado por el despacho de abogados Montero Aramburu, uno de los bufetes que habían licitado por ese contrato en Pájara. Según este juez, la Sala había llegado a la “convicción firme, sin vacilación ni titubeo alguno”, de que lo mejor era hacer suyas, sin más, las conclusiones del bufete demandante. “Difícilmente podríamos exponer de modo tan sencillo las pegas y obstáculos que hacen legalmente inviable sostener la validez de la decisión que no sin cierto atrevimiento adoptó en su día el Ayuntamiento de Pájara”, recoge la sentencia.

“Sirvan aquí tales impecables consideraciones como instrumento mediante el que queda colmado a cabalidad el deber de motivación que sobre nosotros pesa”, expone el ponente antes de advertir de que, a partir de ese momento, reproducirá de manera íntegra los razonamientos del demandante: “Desde ahora corresponden al texto original las expresiones, vocablos, oraciones, párrafos, etc. destacados mediante el uso de la negrita”.

Lo que se discutía en ese pleito era la adjudicación en el año 2022 del contrato de asesoría jurídica del Ayuntamiento de Pájara, con un valor estimado de 1,2 millones de euros por tres años con opción a uno más. Tras algunos vaivenes motivados por recursos ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Canarias, el Consistorio se lo había adjudicado a la UTE (Unión Temporal de Empresas) local Abogados Travieso, Gutiérrez y Cabrera.

El conocido bufete Montero-Aramburu recurrió esa adjudicación por lo que consideraba un incumplimiento formal de su competidora, que por una imposibilidad técnica subió las copias de las requeridas 140 resoluciones judiciales favorables a través del registro electrónico del Ayuntamiento de Pájara y no donde, según las bases, debía hacerlo: la Plataforma de Contratación del Sector Público. El tribunal de contratos desestimó el recurso de Montero-Aramburu porque entendía que debía primar el fondo (la entrega de las resoluciones) sobre la forma, pero el TSJC sí dio la razón a este bufete reproduciendo íntegramente los argumentos recogidos en el escrito de alegaciones.

Esa sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal canario -conformada por el magistrado ponente, el mencionado Gómez Cáceres, junto a Jaime Borrás e Inmaculada Rodríguez Falcón- fue recurrida por la UTE perjudicada, que no se resignó a perder el contrato y elevó el caso al Supremo. Sostenía, entre otras razones, que se había vulnerado la exigencia constitucional de motivar las resoluciones al limitarse a asumir los argumentos expuestos por la parte contraria.

La respuesta del Supremo ha sido demoledora. En una sentencia fechada el pasado 29 de junio y que tiene a María Alicia Millán como ponente, el alto tribunal español califica la actuación del TSJC de “singular anomalía”. “El deber de motivación exige que el órgano judicial fundamente su decisión en razones propias, sin que pueda erigir en único soporte argumental las alegaciones de una de las partes”, explica.

No basta, continúa el Supremo, con una “mera adhesión formal o acrítica” a la tesis defendida por una de las partes. El tribunal canario no sólo debió explicitar por qué los argumentos del despacho de abogados Montero Aramburu se consideraban “jurídicamente correctos y adecuados para la resolución de la controversia”, sino también tenía que haber justificado “de manera expresa” el rechazo a las consideraciones de la otra parte.

Para la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso del Supremo, escudarse en la pretendida calidad técnica del recurso asumido no suple la exigencia constitucional. La sentencia recuerda que la jurisprudencia admite la “motivación por remisión” a otros escritos, pero siempre sobre resoluciones judiciales anteriores, no sobre un escrito de parte.

El alto tribunal considera que, al haber reproducido de manera mecánica las alegaciones del demandante, el TSJC no sólo comprometió el deber de motivación impuesto por la Constitución Española, sino que también “proyectó dudas” sobre la apariencia de imparcialidad del juez, “en la medida en que la resolución se presenta como una simple traslación de la posición de parte y no como el resultado de un proceso intelectivo propio, objetivo y jurídicamente fundamentado”.

La insólita práctica del tribunal canario constituye “una motivación aparente o formal, vacía de contenido jurisdiccional efectivo” que desnaturaliza la labor de los jueces y juezas, redunda el Supremo en su fallo.

Expediente en el Poder Judicial

En esta reciente sentencia, el Supremo no sólo estima el recurso, anula la resolución del TSJC y devuelve las actuaciones para que dicte un nuevo fallo motivado, sino que, además, remite testimonio al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) “a los efectos oportunos”.

Alude, en concreto, al artículo 417.15 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que califica de falta muy grave “la absoluta y manifiesta falta de motivación de las resoluciones judiciales que la precisen, siempre que dicha falta haya sido apreciada en resolución judicial firme”. Las faltas muy graves cometidas por jueces y magistrados se castigan con suspensión, traslado forzoso o separación de la carrera judicial.

Fuentes oficiales del órgano de gobierno de los jueces han confirmado a este periódico que, a raíz de esa comunicación del Supremo, se ha abierto la preceptiva diligencia informativa, el cauce legal para analizar si existe infracción disciplinaria y determinar, en su caso, la apertura de un expediente sancionador.

Según fuentes consultadas por este periódico, la UTE local adjudicataria del contrato prestó el servicio de asistencia jurídica al Ayuntamiento de Pájara durante cuatro años, un plazo que ya ha finalizado. Por tanto, lo que está en juego ahora es una posible reclamación del despacho Montero Aramburu por los beneficios que habría dejado de percibir.

Su reputación de persona dialogante y amigo de la conversación larga y distendida la demuestra Juan Avello ante cualquier circunstancia, incluida una entrevista periodística. Él mismo lo reconoce ante la primera de sus respuestas. Quizás sean esas dos cualidades algunas de las que le han ayudado a llegar a presidir el Tribunal Superior de Justicia de Canarias tras una etapa como decano de los juzgados de Las Palmas de Gran Canaria. Pero por mucho que hable no se moja en los asuntos espinosos, como la crisis reputacional que vive la justicia en España: prefiere hablar de lo que él cree que interesa a la ciudadanía aunque una de esas preocupaciones -reconoce- sea la independencia judicial.

Vaya momento más oportuno para ponerse a presidir un tribunal superior, con buena parte de la ciudadanía mostrando abiertamente su desconfianza en el Poder Judicial.

Buena pregunta inicial. A mí me gusta más simplificar las cosas. Las noticias en relación a tribunales son un porcentaje ínfimo de lo que de verdad día a día hace la justicia. Yo estuve en el anterior destino, fui decano [de Las Palmas de Gran Canaria], y me movía mucho por el edificio. El 99% de la Justicia es el señor que recurre la denegación de una prestación de la Seguridad Social, el señor que recurre una denegación de una licencia para abrir un establecimiento, el que recurre porque no le indemnizan por un accidente de tráfico o una cláusula abusiva. Ese es el día a día de la justicia y el porcentaje más elevado. La otra parte tiene su importancia, o le damos mayor importancia de la que puede que tenga. Lo que de verdad le interesa al ciudadano es que cuando su juicio le toque, vaya lo antes posible. Las estadísticas de satisfacción de los ciudadanos con la justicia son francamente favorables. A mi juicio, cuando hay casi un 55 o un 60% de personas que dicen estar satisfechas con la justicia, me parece prácticamente milagroso.

Yo creo que el presidente del TSJ tiene que cumplir su función institucional, su función de defensa de la independencia judicial, porque es un medio para garantizar el prestigio de la justicia en beneficio siempre de la ciudadanía. Que un ciudadano confíe en la justicia es muy importante para la justicia y para él, y para el Estado de Derecho también. Que no es una cosa que la tengamos dada y que pueda ser siempre y en todo momento. Hay que defenderla y hay que concienciar a los ciudadanos, a los periodistas, a los jueces.

Asumir esta presidencia es automáticamente asumir también la de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Que en el caso concreto de Canarias tiene una ventaja: que no hay aforados. ¿Cree que esto debería ser así en todas las comunidades autónomas, incluso en el ámbito estatal, y nos ahorraríamos muchos disgustos?

Aquí el legislador canario, en sus competencias, modificó el estatuto y suprimió los aforamientos. Es una decisión del legislador. Se quitó y no pasó realmente nada. No le veo mayor trascendencia. Yo creo que independientemente de que te juzgue un tribunal u otro, esas son las reglas del juego. Está establecido previamente, lo importante es que te juzgue un tribunal imparcial. Y que tenga la apariencia de imparcialidad y que una vez que te juzgue se puedan interponer recursos pertinentes si la legislación lo permite.

Aquí se suprimieron los aforamientos ¿y realmente cambió algo, pasó algo o modificó en algo la vida de los ciudadanos? A mí me da la sensación de que a los ciudadanos no les importa mucho. Si me dice, ¿quitaría usted los aforamientos? Pues sí o no los quitaría.

Que decidan ellos. Lo que sí garantizaría es que todo el mundo tuviera los mismos derechos y que las garantías procesales se respeten, como no puede ser de otra manera. Y gracias a Dios estamos también en un ámbito de la Unión Europea, con unas garantías y unos estándares mínimos que tenemos que cumplir.

Este respeto que usted muestra por una decisión legislativa, como ha sido la supresión de los aforamientos, sin embargo no está muy generalizado en su gremio. Hemos asistido a protestas, incluso aquí, de gente con toga y con puñetas en la puerta de los juzgados, protestando contra decisiones legislativas. ¿Por qué esa prudencia que usted demuestra no está más generalizada?

Las generalizaciones no suelen ser buenas. Yo creo que no suelen ser frecuentes las concentraciones de jueces y en algunas ocasiones podemos buscar también el ejemplo de los jueces polacos. Cuando el Poder Legislativo adoptaba decisiones que, a juicio de los jueces polacos, eran atentatorias contra los principios generales o contra los principios de separación de poderes o de la independencia judicial, nadie se sorprendió de que fueran todas las semanas a manifestarse en el Parlamento Europeo. Yo creo que los jueces tenemos también libertad de expresión y podemos manifestarnos con total y absoluto respeto, que yo creo que esa es la gran línea divisoria.

Los jueces no podemos estar sindicados, entonces es decisión personal de cada uno. Es importante pensar que los jueces no se manifiestan en contra de un concreto partido político, ni un gobierno, ni nada, ni en su beneficio tampoco, porque encima tampoco nos manifestábamos para que nos subieran el sueldo, sino que nos manifestábamos porque pensábamos, o el que se manifestó, porque esto es una decisión individual y personal de cada uno, que alguna decisión ponía en peligro el beneficio de los ciudadanos y el beneficio del sistema de garantías que tenemos.

Ayer hizo mención expresa y con mucha elegancia y agradecimiento a su antecesor. Sin embargo, su antecesor no estaba, ¿qué le pasó?

Es un tema personal. Yo lo que le puedo decir es que por mi parte, lo lógico y evidente, e hice una mención a su extraordinario trabajo.

¿Pero lo cree así?

Claro, si no, no lo diría. No era una cláusula de estilo, ni un formalismo, lo dije sinceramente y de corazón.

¿Pero le justificó su ausencia de algún modo o no apareció directamente?

No puedo contestar porque yo respondo por lo que yo hago y respondo por lo que yo sé. Yo trabajé con él durante cinco años que fui decano exclusivo y fue miembro de Sala de Gobierno y tengo el mejor de los conceptos [de Juan Luis Lorenzo Bragado]. Además, desde un punto de vista institucional jamás diré nada malo de ningún compañero. Y aparte, porque no tengo motivo. El que haya venido o no haya venido creo que es también una anécdota, es decisión personal de cada uno, asistir o no asistir, yo ahí no puedo entrar ni puedo explicar, respondo por mí. Lo que sí digo es que si dentro de cinco años el consejo que en su momento esté decide que yo no soy o que puede haber un compañero mejor, yo sí iré a la toma de posesión del próximo.

La elección de Gloria Poyatos como madrina junto a su padre en el acto de su toma de posesión, ¿es un gesto de bienqueda, una demostración de la capacidad que tiene usted para las relaciones públicas o que está usted verdaderamente convencido de que se puede hablar con cualquiera, como dijo, y llegar a acuerdos?

Lo dije en el discurso también. Es una decisión tomada con el corazón y con la cabeza. El corazón está de más que yo diga que Gloria es extraordinaria en todos los sentidos, como profesional y como persona, y por lo tanto, ¿qué problema hay? Si es una extraordinaria persona, una extraordinaria compañera, una extraordinaria profesional, qué suerte tengo de que haya sido mi madrina, eso es lo primero. Segundo, que se puede ver o entender, bueno no tengo problema tampoco en que sea, ¿qué porcentaje hay de la carrera judicial que son mujeres? ¿Cómo no va a haber una compañera acompañándome? Mi padre [el magistrado Ramón Avello, que ejerce en Asturias], lo teníamos claro y no había discusión, pero me llevo bien con Gloria, le tengo la mejor de las estimas, es una persona comprometida, buena, cariñosa, responsable. Todo lo que pueda decir es bueno. ¿Que es progresista? Perfecto, fenomenal. Cuando hablo con Gloria de temas de conciliación, ¿cómo no me voy a poner de acuerdo con ella? Si es que tiene razón, si es que es de sentido común, si es que vamos por ahí, ¿qué más da? Que dicen que yo soy conservador, bueno, pero las mujeres tendrán derecho a su pensión y a sus días de descanso y a su paternidad y a su maternidad, en fin, las cosas que antes no había. Si yo estoy de acuerdo con Gloria en todo, ¿será porque ella es progresista? Será.

Juan Avello Formoso (Oviedo, 1975) asume la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) avalado por un sólido consenso en la judicatura y tras casi dos décadas de ejercicio en Gran Canaria. El hasta ahora juez decano de Las Palmas toma el timón del alto tribunal autonómico con una visión clara: la necesidad imperiosa de modernizar la Administración de Justicia, reclamar los refuerzos que el sistema pide a gritos y situar a la persona “en el centro” del proceso.

El reto que tiene sobre la mesa es titánico. El Archipiélago lidera desde hace siete años las tasas de litigiosidad en España, con juzgados sobrecargados y atascos históricos, como los miles de expedientes de extranjería que colapsan Tenerife. En esta entrevista, Avello aborda los males endémicos de la justicia en las Islas y también sus fortalezas, analiza las deficiencias tecnológicas y de infraestructuras, reflexiona sobre la lacra de la violencia machista y advierte de que los jueces están sosteniendo el servicio público a costa de su propia salud.

Canarias encadena siete años como la comunidad con mayor litigiosidad de España, ¿qué explica mejor el dato: una sociedad conflictiva, una economía más frágil y dependiente del turismo o una administración que resuelve sus problemas en los tribunales?

Las tres. Hay un libro muy bueno, ‘La factura de la injusticia’, que trata un tema que me interesa, porque creo que realmente al final vamos a tener que ir por ahí. Que funcione bien la justicia es muy importante para la economía. Este libro, de (Juan S.) Mora-Sanguinetti, analiza los factores que inciden en la sobrelitigiosidad. Y son los que dice usted.

Primero, el tipo de actividad económica preponderante. En Navarra, por poner un ejemplo, en zonas altamente industrializadas la litigiosidad es menor, porque para construir una central termoeléctrica se hacen unos contratos del carajo y eso genera menos litigios que el sector servicios.

Después está la población estacional o la población flotante, los turistas que vienen. Aquí la forma de calcular el índice de litigiosidad es: número de procedimientos por número de habitantes. Aquí los 15 millones de personas que vienen aquí, esos algún pleito tendrán, pueden plantear procedimientos, pero no se tienen en cuenta para calcular la media.

Y después, la calidad legislativa. Son los tres factores que tocó usted. La calidad legislativa genera litigios. Si tú haces una ley que no está clara, eso incide también en la litigiosidad. Son los tres factores. ¿Cuál es preponderante aquí, en Canarias? Yo creo que el sector al que se dedica Canarias (el turismo) incide en el índice de litigiosidad, pero eso daría mucho para hablar. (Canarias) también tiene el mayor índice de litigiosidad en la jurisdicción social y los visitantes tampoco se contratan aquí o no vienen a trabajar. Entonces, es una explicación posible y añadida a muchas más cosas, pero eso es para estudiarlo.

Según la última memoria del TSJC, los jueces y juezas canarias son los que dictan más sentencias. ¿Esto es una señal de eficiencia o de una sobrecarga extrema y crónica?

Es un ejemplo magnífico de la responsabilidad de los jueces. Si tú tienes que trabajar un 120% del módulo y estás a 350, es indudable que te está suponiendo un esfuerzo físico y psíquico. Ser juez es muy difícil y yo lo sufrí en mis carnes cuando ejercía la función jurisdiccional con esa responsabilidad que tienes de que sacar el trabajo, porque depende una persona de eso. Tienes que tener, primero, una capacidad resolutiva tremenda, una capacidad de trabajo tremenda y una dedicación mañana, tarde y noche muchas veces. Por tanto, reconocimiento total y absoluto a todas las funciones, a todo el trabajo que hacen todos los jueces de Canarias.

Segundo, pues algo hay que no cuadra, ¿no? Si la previsión de tu trabajo máximo es 120 y estás en 350, está claro que hay algo. Si a usted su jefe le dice que tiene que hacer un reportaje al día y está haciendo diez, pues hay algo que no cuadra, ¿verdad? Los diez reportajes seguro que no son igual de buenos que hacer un reportaje.

Cuando los jueces pedimos algo, nunca pedimos para nosotros, pedimos porque estamos convencidos de que es mejor para el servicio público. Cuando un barco está a punto de hundirse o tiene una vía de agua, ¿qué se puede hacer? Uno, intentar evitar que entre más agua: mediación, más unificación, las cosas que podamos hacer. O dos, sacar más agua: más plazas, más jueces, porque toda la idea de los tribunales de instancia gira un poco en torno a eso. Es decir, que para crear más plazas de juez no sea necesario crear nuevos juzgados con un juez, un secretario, diez funcionarios, el espacio… ¿Qué es lo que hace falta? Pues si un juez está poniendo 700, 800 sentencias al año, por lo menos que haya otro más y que sean 400.

Canarias, además de ser la comunidad autónoma con mayor litigiosidad, fue también la comunidad que más resoluciones dictó. O sea, interpretándolo y traduciéndolo, donde los jueces trabajamos más. Y además, el índice de confirmación de las sentencias dictadas en primera instancia es superior a la media nacional.

¿Y cómo se traduce eso en la salud de los miembros de la judicatura? ¿Están quemados los jueces y las juezas de Canarias?

Generalizar no es bueno. Están comprometidos con su trabajo y son responsables y lo hacen lo mejor que se puede. Y eso, siempre que tenga yo oportunidad, tanto con los periodistas, como en cualquier acto, el compromiso de esta presidencia es reconocer siempre el gran trabajo que hacen los jueces, porque es el gran capital humano que tenemos y porque a costa muchas veces de su salud trabajan en beneficio de los ciudadanos, por la responsabilidad, el compromiso, la forma de ser que tienen los jueces.

Los jueces tenemos cosas de deformación profesional. Yo lo vi en casa. Y tenemos responsabilidad y es un trabajo importante, entonces lo haces con todo el esfuerzo que supone, pero la teoría es que no debería de ser así, pero no por nosotros, que también, sino por la calidad del trabajo que se hace. Podrás hacer mejores sentencias y podrás dar una mejor respuesta a los ciudadanos si el trabajo es razonable y lo puedes hacer bien.

En su toma de posesión dijo que aspiraba a una revolución en la justicia para situar a la persona en el centro. ¿Cómo se materializa esto? ¿Qué cambios puede notar la ciudadanía?

Hay una cosa de todos esos números que estuvimos antes hablando: el mayor índice de litigiosidad, la mayor capacidad resolutiva, el mayor índice de confirmación… En los últimos años siempre se han obtenido por órganos judiciales en Canarias premios de calidad.

El Decanato de Las Palmas de Gran Canaria, cuando era decano Óscar (González Prieto), recibió un premio de la calidad de la justicia. El Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia, con Tomás (Martín), es pionero, una auténtica referencia a nivel internacional y una maravilla. El programa de atención a las personas con discapacidad del partido judicial de Arrecife también recibió por implementación de nuevas técnicas de gestión. Y recientemente, el protocolo de atención a sanitarios agredidos.

Se hacen las cosas bien, a pesar del trabajo que hay. A lo mejor, precisamente por eso. Poner al ciudadano en el centro de todo parece un eslogan, pero es que es verdad, es que es así, es que no puede ser de otra manera.

Ahora que habla del juzgado pionero de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia en Las Palmas de Gran Canaria, ¿se trasladará ese modelo a otros partidos judiciales?

Sí, además la ley orgánica así lo prevé. Y en aquellos partidos judiciales en los que sea posible, se hará. Cuando vas a ese juzgado y ves a las víctimas menores de edad, ves que hay algo digno y si hay algo por lo que de verdad se puede luchar es por la infancia, porque es el futuro de todos nosotros. Si van allí y ven cómo es y cómo se trabaja allí y ven desgraciadamente cómo es en otros sitios, pues se dan cuenta de eso, cualquier persona con dos dedos de frente se da cuenta de que eso es mucho mejor.

El sistema de gestión procesal Atlante sigue dando problemas. Hace unas semanas, la Sala de Gobierno del TSJC denunciaba una nueva oleada de incidencias que había paralizado la actividad judicial. ¿Hasta qué punto esta inestabilidad está afectando a los plazos procesales? ¿Hay solución?

Entiendo que el trabajo de los demás es muy complicado. Yo personalmente no soy técnico ni informático y no sé, pero soy respetuoso con el trabajo que hacen los demás. El sistema de gestión procesal Atlante es de los mejores que hay en España, y como cualquier sistema puede fallar, todo el mundo puede cometer algún error. Cuando se detecta el problema, lo importante es resolverlo en un plazo de tiempo razonable. Yo estoy convencido que los responsables de Atlante, de la comunidad autónoma, de la Dirección General (de Relaciones con la Administración de Justicia), desde que surgió el problema lo detectaron e hicieron todo lo posible por resolverlo.

Es su trabajo y su responsabilidad, y yo estoy convencido que tenemos a los mejores profesionales, que tenemos a los mejores encargados del sistema informático, el sistema de gestión procesal en Atlante falló exclusivamente en la provincia de Las Palmas. Tenerife no tuvo incidencias. Personalmente creo que un sistema de gestión procesal correcto. Cuando se estropea, pues genera disfunciones, claro, pues imagínese un hospital si se va a la luz,

Esperemos que no vuelva a pasar, yo estoy convencido que se adoptaron las medidas necesarias, porque igual que nosotros estamos allí, la comunidad autónoma es la competente y estaban muy preocupados, y me consta que estaban muy preocupados, pues se hizo todo lo posible. Esperemos que no vuelva a pasar y que cuando pase se solucione lo antes posible, pero que falle el ordenador desgraciadamente entra dentro de lo posible.

La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso de Santa Cruz de Tenerife arrastra miles de recursos de extranjería. La memoria del TSJC señala que, al ritmo actual, se tardaría nueve años en resolver todos. ¿Qué medidas concretas propone más allá de pedir recursos al Ministerio, que ya lo ha denegado hasta en cuatro ocasiones?

Lo primero y más importante: tengo que ir a Tenerife cuanto antes. A Tenerife y a todas las islas y a todos los partidos judiciales. Es imposible trabajar si no conoces a las personas. Hay que poner nombres, caras. El problema de Tenerife habrá primero que analizarlo. Hay que sacar el agua, como dijimos antes, y eso pasa necesariamente por dotarlo de más personas. Poca solución más hay. Por tanto, primero identificar el problema. Segundo, hay que pedir y hay que exigir y conseguir los refuerzos necesarios para que puedan sacar ese procedimiento y después, aprendiendo de cara al futuro, intentar que no vuelva a pasar. Intentar que antes de que se genere esa bolsa de procedimientos, tengamos mecanismos para detectar y adelantarnos a ese problema

Canarias tiene la cuarta tasa más alta de mujeres víctimas de violencia machista. ¿Qué refuerzos específicos necesitan los juzgados de violencia sobre la mujer para responder mejor?

Lo mejor sería que no hicieran falta, que no hubiera víctimas. Lo más importante, a mi juicio, es la educación. Me sorprendió muchísimo hace cuatro meses que fuimos a un instituto en el marco del programa Educando en Justicia. Se hace una especie de simulación de juicio.Y era un caso de un chico y una chica que eran pareja y se habían hecho alguna foto íntima, se la habían mandado al novio y el novio las había difundido. Entonces, cuando celebras el simulacro de juicio, se plantean dudas. Y varios preguntaron: Oye, mira, si la foto es mía, ¿puedo hacer con ella lo que quiera? Y no, no puedes hacer con ella lo que quieras, que es otra persona, que es su intimidad. Entonces, vamos a ver si el problema está en chavales de 15 años que piensan que pueden difundir esas fotos. O que le pueden mirar el móvil a su novia.

Para mí, esa sí que es la medida de verdad. Llevamos veintitantos años con la ley y no somos capaces de disminuir el número de víctimas. Vamos a adelantar, vamos a anticipar, que el juzgado entre en funcionamiento ya es un fracaso. Pero es verdad que, desgraciadamente, tiene que seguir existiendo.

Si en todos los juzgados es importante la instalación o el medio donde se desarrolla la función jurisdiccional, en los juzgados de violencia sobre la mujer todavía más, porque hay una víctima, porque lo pasan mal, porque el entorno facilita mucho tu tránsito por ahí.

Claro, otra vez en comparación, ¿cómo funcionan aquí en Las Palmas? Pues con sus cosas mejorables, como todo, pero si lo comparas con Tenerife… El máximo o lo ideal lo tenemos, pues vamos a intentar conseguirlo. Si lo tenemos aquí en Las Palmas, pues en Tenerife seguro que lo conseguimos. Empujando todos en la misma dirección.

Y después, ahora los juzgados tienen nuevas competencias, pues habrá que mirar a ver cómo van los números y reforzar las plantillas, formar a los funcionarios que trabajan en esa jurisdicción. Es una jurisdicción especializada y hay que recibir formación.

¿Cuál es la necesidad más acuciante de renovación de infraestructuras, de la planta judicial?

La planta, los edificios, son muy importantes. El ejemplo nos lo da aquí Las Palmas de Gran Canaria. Disponemos del mejor edificio judicial de España. Al menos, de los que conozco.

Con diferencia es el mejor. Eso se manifestó en que aquí fue mucho más fácil que en otros sitios implantar los tribunales de instancia.

Tenemos el partido judicial de Puerto del Rosario. Tiene tres sedes. Hay que unificarlas. Es urgente y necesario. Santa Cruz de Tenerife tendremos que afrontarlo también. Hay que resolver ese problema. Poco a poco, con paciencia. Yo cuento con la máxima colaboración porque siempre me dieron muestras de ello y siempre fueron extraordinariamente eficaces y eficientes, por lo menos en mi experiencia en el tribunal de instancia de Las Palmas.

La comunidad autónoma sabe cuáles son sus responsabilidades, sabe que tiene competencias en esa materia y sabe que nosotros estamos aquí para ayudar y tirar en la misma dirección e intentar buscar la solución. Esto es economía familiar. También a todo el mundo le gustaría tener un Mercedes, pero si no llegamos al Mercedes y hay que ir en guagua, se va en guagua, pero vamos a intentar organizarnos y con las posibilidades que haya y con la buena disposición y voluntad de la administración con competencias en materia de justicia, pues seguro que se soluciona todo.

El alcalde de Santa Lucía de Tirajana, Francisco García, vulneró derechos fundamentales de los concejales de la oposición con su maniobra para evitar ser declarado formalmente tránsfuga en el pleno extraordinario celebrado a principios de mayo. Esa es, al menos, la tesis que defiende la Fiscalía en el procedimiento que se sustancia en un juzgado de lo contencioso-administrativo de Las Palmas de Gran Canaria a raíz de la demanda presentada por Eva Araña, edil de AV-PP (Agrupación de Vecinos- Partido Popular).

La oposición había incluido en el orden del día del pleno del 5 de mayo un único asunto: tomar conocimiento de un informe emitido por el secretario de la corporación el 18 de marzo. En ese escrito, el funcionario municipal sostenía que el alcalde y los cinco concejales que habían sido expulsados de la coalición electoral Nueva Canarias-Frente Amplio Canarista tras sumarse al proyecto de Municipalistas Primero Canarias debían adquirir la condición de no adscritos, figura que equivale a ser declarados tránsfugas y que conlleva una clara limitación de derechos políticos y económicos.

Sin embargo, Francisco García impidió “deliberadamente” que el pleno conociera y debatiera ese informe. Para justificar esta negativa, el regidor se escudó en que iba a recabar un dictamen alternativo de la Viceconsejería de Administraciones y Transparencia del Gobierno de Canarias. Según recoge el fiscal, el alcalde “sabía de antemano” que ese informe sería favorable a sus intereses, puesto que ese mismo departamento ya se había pronunciado con anterioridad sobre el mismo asunto a petición del Ayuntamiento de Gáldar.

Para el fiscal José Antonio Blanco, excluir ese debate del pleno municipal fue una decisión “arbitraria” que vulneró el derecho a la participación en los asuntos públicos de los concejales de la oposición y al ejercicio de sus funciones “sin perturbaciones ilegítimas”, un derecho consagrado en el artículo 23 de la Constitución Española.

En un escrito firmado el pasado 15 de julio, el representante del Ministerio Público sostiene que el alcalde excluyó del debate municipal una cuestión que “pertenece y forma parte del necesario control que deben tener los demás grupos municipales y que era el objeto expreso del orden del día del pleno extraordinario”. El fiscal coincide, por tanto, con la demandante, en que se trató de una decisión arbitraria, discriminatoria y vulneradora de derechos fundamentales, por lo que interesa al juzgado que dicte sentencia en este sentido.

El pronunciamiento de la Fiscalía es el último capítulo de una serie que comenzó con la expulsión de Francisco García y cinco concejales de Nueva Canarias (NC). Tras su salida, los ediles intentaron una pirueta para no perder sus sueldos de dedicación exclusiva ni sus áreas de gobierno, al sostener que militaban en el Bloque Nacionalista Rural (BNR), liderado por el alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa, principal impulsor de Municipalistas Primero Canarias. Y es que el BNR también formaba parte de la coalición con la que se presentaron a las elecciones (Nueva Canarias- Bloque Canarista). Intentaban así eludir la ley antitransfuguismo.

Sin embargo, de momento se han topado con dos reveses judiciales. Dos magistradas han rechazado paralizar la declaración de tránsfugas de estos ediles. La jueza Beatriz Rallo denegó las medidas cautelares solicitadas señalando que abandonar NC para saltar al BNR sin consentimiento del partido original supone, a primera vista, “una transgresión y un fraude de ley”. Un mes después, la jueza Noemí Lázare tumbó un segundo intento de Primera Canarias por graves defectos de forma en su demanda, al no justificar la urgencia de las medidas cautelares, ni identificar a los demandantes ni depositar fianza.

Por otra parte, la Dirección General de Régimen Jurídico Autonómico y Local, dependiente del Ministerio de Política Territorial, ha emitido otro informe que desautoriza el dictamen del Gobierno canario al que se aferran el alcalde de Santa Lucía y sus cinco concejales. El órgano estatal avala la tesis del secretario municipal y concluye que, al haber sido expulsados del partido que los presentó, deben pasar al grupo de no adscritos.

Hasta 56 veces cargaron agua en el mismo estanque dos helicópteros pesados Kamov durante las labores de extinción del gran incendio forestal que se originó el 17 de agosto de 2019 en Valleseco, en las medianías de Gran Canaria, y que se extendió a otros municipios hasta el día 25. Esa balsa de riego tenía una capacidad superior a los 5.600 metros cúbicos.

Aunque se prioriza la recogida en espacios naturales para evitar perjuicios a particulares, la Ley de Montes otorga autoridad al director técnico de las tareas de extinción para “disponer, cuando sea necesario y aunque no se pueda contar con la autorización de los propietarios”, de la “utilización de aguas” y la entrada en fincas forestales o agrícolas.

En este caso, los trabajos provocaron severos daños en la balsa de agua y en las tuberías de riego. Su propietaria, una agricultora de Valleseco, presentó en primera instancia una reclamación de 38.743,03 euros ante el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Al ver rechazadas sus pretensiones, decidió activar la vía judicial y solicitó que se declarase la responsabilidad compartida del Estado, del Cabildo de Gran Canaria y de la empresa de helicópteros y que se le pagasen los 45.326,01 euros en los que una tasación de la propia corporación insular había cifrado los costes de reparación.

Y es que el Cabildo de Gran Canaria reconoció desde un primer momento la existencia de una relación de causalidad entre los daños que reclamaba la agricultora y las operaciones de los helicópteros y fue el encargada de verificar y tasar los desperfectos a través de un informe emitido por su servicio de Extensión Agraria y Desarrollo Agropecuario.

Sin embargo, la institución insular terminó remitiendo el expediente de reclamación al Ministerio de Transición Ecológica aduciendo que los helicópteros eran de titularidad estatal.

Cruce de acusaciones

La Abogacía del Estado, en cambio, defendía que debía quedar eximido del pago porque el incendio de Valleseco no fue declarado emergencia de interés nacional, de modo que la dirección de extinción correspondía exclusivamente al Cabildo de Gran Canaria. Además, argumentó que los helicópteros Kamov contratados por el Estado actuaban como “un mero apoyo” y que la orden de cargar el agua en esa balsa fue dada por el mando técnico insular.

Por su parte, la empresa contratista (Babcock) alegó que no debía responder por los daños, puesto que sus pilotos se limitaron a cumplir las instrucciones de la dirección técnica.

El debate jurídico que se planteó en la Audiencia Nacional tenía que ver, por tanto, con la responsabilidad de esos daños. Y la Sala de lo Contencioso resuelve la discrepancia declarando que existe una responsabilidad compartida. Es decir, que tanto el Estado como el Cabildo de Gran Canaria como la empresa de helicópteros deben asumir de manera conjunta la indemnización de algo más de 45.000 euros para reparar esos perjuicios.

La sentencia, que tiene como ponente al magistrado Ricardo Fernández Carballo-Calero, alude al artículo 33 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, que regula la responsabilidad concurrente de las administraciones públicas.

Condena solidaria

Para la Audiencia Nacional, no ha quedado acreditado que los daños y perjuicios fueran consecuencia “exclusiva, inmediata y directa” de una orden de la dirección técnica del Cabildo de Gran Canaria ni de una “falta de pericia” de los medios aéreos contratados por el Ministerio para la Transición Ecológica.

No se trata, reza el fallo, de “depurar las relaciones internas” entre las administraciones involucradas. A juicio de la Sala, el caso debe centrarse en “la necesaria responsabilidad solidaria” entre ellas, puesto que el Ministerio y la empresa de helicópteros “han colaborado” con el Cabildo “mediante actividades complementarias” y “ciertamente significativas” a las competencias propias de la corporación insular en la extinción de incendios forestales.

También hubo discrepancias en relación con la cuantía de la indemnización. La aseguradora de la empresa de helicópteros pretendía rebajar los daños a la cifra de 6.801,45 euros, bajo el argumento de que la balsa ya había consumido su vida útil de ocho años y medio y que presentaba un estado de deterioro, admitiendo, eso sí, que los helicópteros habían agravado esos desperfectos con su “actividad de proximidad” para la recogida de aguas.

La Sala, en cambio, asume la tasación de los técnicos del Cabildo de Gran Canaria, que realizó “las comprobaciones oportunas” en el ejercicio de sus funciones de valoración y verificación de daños en cuartos de aperos, alpendres y balsas de riego.

Además de condenar al Estado, al Cabildo y a la empresa contratista a pagar de forma solidaria la indemnización de 45.326,01 euros, la sentencia les impone el pago de las costas procesales. La resolución no es firme. Se puede recurrir en casación ante el Supremo.

Santiago Pérez renuncia a seguir ejerciendo la acusación popular en el caso Reparos de La Laguna. La decisión del profesor de Derecho Constitucional, ya alejado de la primera línea política, responde a su profundo desacuerdo con el auto dictado el pasado 16 de julio por la Sección Segunda de la Audiencia de Santa Cruz de Tenerife, que ha archivado de forma definitiva la causa para ocho de los nueve investigados. El órgano provincial sólo mantiene viva la causa contra José Alberto Díaz (Coalición Canaria), sucesor en la Alcaldía de Fernando Clavijo, y por un único decreto: la prórroga del millonario contrato de limpieza.

En su escrito de renuncia, al que ha tenido acceso este periódico, el denunciante del caso Reparos carga contra los magistrados por confirmar “de un plumazo” el carpetazo a 80 decretos investigados mediante los que “se comprometieron y pagaron ilegalmente” 83 millones de euros. Para Pérez, resulta “aberrante” reconvertir en “meras irregularidades administrativas” actuaciones que, tal y como advirtió de manera constante la Intervención municipal durante dos mandatos (de 2011 a 2019), eran “nulas de pleno derecho”.

No entiende el exconcejal lagunero que el tribunal admita la “reiteración de esta práctica ilegal” (levantar de manera sistemática los reparos de ilegalidad formulados por Intervención y prorrogar contratos de servicios públicos ya extinguidos) como “fuente de normalización en lugar de lo que es: un factor adicional de agravamiento jurídico”.

Para Pérez, la Audiencia incurre en “errores evidentes” al archivar esos 80 decretos extendiendo para todos ellos la tesis que ya mantuvo el Tribunal Supremo en 2023 para exonerar de responsabilidad penal a Clavijo en la pieza separada que se formó cuando el actual presidente del Gobierno de Canarias se aforó al convertirse en senador.

Según el denunciante del caso Reparos, no es cierto, tal y como afirma la Audiencia, que en todos esos casos la decisión de levantar los reparos de la Intervención municipal se adoptara con un informe previo favorable de los técnicos competentes.

Pérez insiste en que los hechos “contradicen” esa afirmación de la Sala. El denunciante recuerda que, tal y como recogió la Fiscalía Anticorrupción en un informe de 2022 después de un “examen exhaustivo de los expedientes” objeto de investigación, en algunos de esos decretos los informes de los técnicos “coincidían” con las advertencias de ilegalidad de Intervención; en otros, “simplemente se invocaban razones de asegurar la continuidad de los servicios”, y en determinados casos, ni siquiera había informes contradictorias y las prórrogas se sustentaban en la mera voluntad de la autoridad municipal, del concejal.

Sí a Díaz, no a Clavijo

Sin embargo, el detonante de la retirada de Pérez tiene que ver con lo que ha sucedido con la única prórroga de servicios que se sigue investigando, la del contrato de limpieza.

La Sala de lo Penal ha ordenado al juez instructor acotar exclusivamente el caso Reparos sobre el alcalde José Alberto Díaz por haber firmado el decreto mediante el que se extendió el contrato con Urbaser pese a haberse superado el plazo máximo estipulado en los pliegos y, además, con el mismo precio, pese a que la flota de vehículos ya había pasado a ser municipal. La Audiencia considera esa decisión “económicamente relevante” y “sin cobertura técnica suficiente”, puesto que generó un beneficio económico indebido a la empresa, al menos durante los seis meses que se mantuvo esa tarifa (fue modificada después de que el propio Pérez presentara en los juzgados una ampliación de denuncia).

Para el histórico dirigente socialista, resulta “incomprensible” que la Sala omita otro decreto que, a su juicio, reúne “aún muchos más indicios de malversación de caudales”. Se refiere, en concreto, al que firmó en 2012 el entonces alcalde Clavijo para liberar “injustificadamente” a la empresa Urbaser de su obligación de renovar 34 de los 46 vehículos del servicio. Una decisión que, según el denunciante del caso Reparos, ocasionó un daño económico “de mucha mayor entidad” a la hacienda municipal.

Pérez considera que ese daño es “perfectamente determinable”, puesto que la factura que la empresa giraba cada mes al ayuntamiento por la gestión del servicio se configuraba por el coste de explotación, el margen de beneficio empresarial y por la amortización de la inversión. Una inversión que “en el caso que examinamos fue considerablemente reducida por la decisión ilegal de la Alcaldía”, expone el escrito presentado por el denunciante.

Según lo estipulado en los pliegos de condiciones, el contratista tenía la obligación de entregar los vehículos al Ayuntamiento “en perfecto estado de conservación, utilización y funcionamiento” al acabar el contrato. “La no realización del plan de sustitución” daría lugar “a que parte de la flota estuviese depreciada y/o obsoleta al finalizar el contrato, con más de quince años de antigüedad y, por tanto, de dudosa funcionalidad”.

Pérez sostiene, por tanto, que el último auto de la Audiencia puede tener “carácter discriminatorio” con respecto al ahora único investigado, José Alberto Díaz, al omitir un hecho (el decreto de Clavijo) “de mayor gravedad jurídica y muchísima mayor trascendencia económica”, ya que el Ayuntamiento de La Laguna pagó durante más de seis años una factura (de más de un millón de euros al mes) que incluía la amortización de una inversión “que no se había materializado”, de una obligación de la que había exonerado a la empresa el actual presidente del Gobierno de Canarias.

“Se produjo así un nuevo daño patrimonial a la administración municipal, que había pagado con el dinero de los contribuyentes la sustitución de la flota del servicio, que no se produjo, y recibió unos vehículos obsoletos y casi inservibles” concluye el escrito.

El profesor de Derecho Constitucional incide en que el auto de la Sala II del Supremo que archivó la pieza separada contra Clavijo se limitó a analizar los indicios de prevaricación, pero “no se dignó a hacer la menor consideración” sobre “el consistente indicio de malversación”. Entiende, por tanto, que la pieza separada “no debe tener trascendencia alguna con respecto a un decreto indiciariamente constitutivo de un delito diferente”.

Por esas razones, Santiago Pérez ha comunicado formalmente a la Sala que desiste del ejercicio de la acusación popular en esta causa “a todos los efectos”.

Giro de la Fiscalía

Santiago Pérez presentó la denuncia inicial en 2018 y, con posterioridad, varias ampliaciones. En 2023, se quedó solo como acusación después de que la Fiscalía Anticorrupción diera un giro radical en el procedimiento, pasando de sostener una acusación firme a reclamar el archivo de la causa. En un principio, el Ministerio Público advirtió indicios claros de prevaricación continuada, tal y como recogen los informes fechados en marzo de 2020 y abril de 2022 sobre los decretos firmados para prorrogar contratos ya extinguidos en contra del criterio de la Intervención. En aquel momento, la Fiscalía entendía que la actuación de los alcaldes y concejales, al levantar de manera sistemática los reparos, cumplía “sobradamente” con los elementos objetivos del delito.

El punto de inflexión llega en 2023 con el auto de la Sala Segunda del Supremo presidida por el canario Manuel Marchena. El alto tribunal sostuvo que las reiteradas prórrogas de contratos suponían irregularidades administrativas, pero no merecían reproche penal. A raíz de esa decisión, la Fiscalía Anticorrupción modificó súbitamente su posición para alinearse con el sobreseimiento de la causa para el resto de encausados al entender que, aunque los decretos afectaban a distintas áreas y personas, bebían todos de un “tronco común”.

Es decir, extrapolaba la tesis del Supremo a todas las actuaciones investigadas, sin analizarlas de manera individual como había señalado años atrás que debía hacerse.

La perseverancia de Santiago Pérez, con sus sucesivos recursos, ha permitido reabrir el caso Reparos en tres ocasiones. Sin embargo, este último fallo de la Audiencia Provincial ha supuesto un punto de no retorno que le ha llevado a abandonar de forma definitiva una batalla legal de ocho años.

El polémico proyecto para instalar en Canarias la primera granja de cría intensiva de pulpos del mundo está a un paso del archivo. La Autoridad Portuaria de Las Palmas inició el pasado 8 de mayo el procedimiento para declarar caducada la solicitud de concesión de dominio público cursada por la empresa Nueva Pescanova.

Esta medida llega después de que la empresa reconociera el 14 de abril (apenas unas semanas antes) que aún no había iniciado los trámites para presentar la exigida evaluación de impacto ambiental ordinaria, a pesar de asegurar que seguía interesada en la concesión.

Ante esta inactividad, el ente presidido por Beatriz Calzada (Coalición Canaria) ha aplicado el artículo 95.1 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común. Esta normativa estipula que, cuando un expediente se paraliza por causas imputables al solicitante, la administración le otorga un ultimátum: si transcurridos tres meses no realiza las actividades necesarias para reanudar la tramitación, se “acordará el archivo de las actuaciones”.

Esa información figura en los antecedentes de una resolución fechada el 14 de mayo y firmada por la propia Calzada y la secretaria del Consejo de Administración, María Bosch. Este documento, al que ha tenido acceso este periódico, estima parcialmente un recurso interpuesto por la asociación Compassion in World Farming International (CIWFI), a la que finalmente se le reconoce el derecho a consultar el expediente de forma telemática, aunque la Autoridad Portuaria se ratifica en su negativa a admitir a la organización internacional como parte interesada del proceso.

A ello se le suma que el Gobierno de Canarias ya declaró caducado el pasado mes de enero el procedimiento de autorización de vertidos del proyecto porque la empresa no aportó en plazo la documentación requerida, según recoge la respuesta a otra solicitud de acceso a la información pública presentada por la organización AnimaNaturalis.

La empresa gallega Nueva Pescanova anunció en 2021 sus planes para construir la primera granja comercial de cría intensiva de pulpos del mundo en el Puerto de Las Palmas. En concreto, una instalación de poco más de 50.000 metros cuadrados en la dársena de La Esfinge. La compañía reservó 50 millones de euros para la ejecución de la granja, en la que pretendía producir unas 3.000 toneladas anuales de pulpo, cifra equivalente a más del 10% de la producción nacional de este animal.

El proyecto se sometió primero a una evaluación ambiental simplificada en la que se detectaron “posibles efectos adversos significativos”, como el riesgo de malos olores que afectarían a una terminal de pasajeros o el posible empeoramiento de la calidad del agua portuaria debido a los residuos orgánicos. Al advertir estos posibles impactos, el Gobierno de Canarias decidió someterlo a la evaluación ambiental ordinaria, más exhaustiva.

En octubre del año pasado, Compassion in World Farming publicó un informe advirtiendo del enorme coste ecológico del proyecto. La organización internacional calculó que se necesitarían hasta 28.000 toneladas de peces salvajes para alimentar a los pulpos sólo durante el primer año de funcionamiento de la granja marina.

Más de 42.000 correos y protesta

Desde que Nueva Pescanova anunciara sus planes, numerosos científicos y colectivos se han opuesto al proyecto y han recordado que el pulpo es una especie altamente sintiente, solitaria y aparentemente “incompatible” con su cría en cautividad.

La oposición al proyecto ha ido creciendo y ya son más de 42.000 los mensajes enviados al correo electrónico de la presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada, reclamando el cierre del expediente.

Las organizaciones AnimaNaturalis y Compassion in World Farming han convocado para el próximo sábado 25 de julio una protesta contra la granja de pulpos. Será a partir de las 11.30 horas en el monumento Espiral de Viento, en el comienzo de la calle Triana de Las Palmas de Gran Canaria. El objetivo, señalan los organizadores, es “instar a la Autoridad Portuaria a archivar definitivamente el expediente”, aún pendiente de resolución definitiva.

La protesta cuenta con el apoyo de Eko, Ecologistas en Acción, Acción Océanos, We The Free, Raíces y Brotes, Turcón, WeMove Europe, Aquatic Animal Alliance, Aquatic Life Institute y Eurogrup for Animals.

El 24 de julio, un día antes de la protesta, se difundirá una carta abierta con esa misma petición que ha sido firmada por más de 110 organizaciones en contra del proyecto.

Duro reproche de la Audiencia Nacional a las prácticas de la delegación en Canarias de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT). En una reciente sentencia, este órgano judicial ha anulado la inspección a una empresa turística isleña, Turisman 2000 e Hijos, tras constatar que Hacienda alargó los tiempos “en fraude de ley” para intentar “burlar” la norma que limita a un máximo de doce meses las investigaciones fiscales.

El conflicto tiene su origen en una liquidación del Impuesto de Sociedades de 2010. La empresa pretendió acogerse a las ventajas fiscales de la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC) para tributar menos por los beneficios obtenidos de la venta de dos complejos de apartamentos turísticos ubicados en la zona de Maspalomas, en el sur de Gran Canaria.

La RIC permite reducir drásticamente la base imponible del impuesto (hasta un 90%) si la empresa se compromete a retener esas ganancias para futuras inversiones. Sin embargo, Hacienda sostenía que esa sociedad no podía dotar la RIC en esa operación (y, por lo tanto, no podía reducir su factura fiscal) porque no cumplía uno de los requisitos, el de haber desarrollado “una verdadera actividad económica” de arrendamiento de inmuebles, un negocio “real y activo” en esos complejos, en los años precedentes.

Eso es lo que se discutía de fondo de este pleito: si la empresa había desarrollado o no una actividad real de arrendamiento en esos complejos y si, por tanto, podía acogerse a la RIC.

Sin embargo, lo que reprueba con contundencia la Audiencia Nacional son las formas utilizadas por la inspección de la Agencia Tributaria en Las Palmas para llevar a cabo esta regularización y denegar el beneficio fiscal pretendido por la empresa turística.

El artículo 150.1 de la Ley General Tributaria vigente en aquel momento establecía que las actuaciones de inspección debían concluir en un plazo estricto de doce meses. A juicio de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, Hacienda disfrazó el inicio real de sus pesquisas para “burlar” la regla general.

Según el relato de hechos probados de la sentencia, el 18 de octubre de 2012 la inspección dictó un “requerimiento de información” a la empresa para obtener la documentación sobre los complejos vendidos. La sociedad entregó estos papeles tan solo trece días después. Es decir, que en noviembre de 2012 la Agencia Tributaria ya disponía de los datos requeridos.

Sin embargo, en lugar de abrir el procedimiento en ese momento, esperó más de dos años, hasta el 30 de marzo de 2015, para notificar el inicio de las actuaciones, exigiendo a la empresa que aportase exactamente la misma documentación que ya había aportado años atrás. La investigación tributaria finalizó en mayo de 2016.

En el procedimiento judicial, la Abogacía del Estado intentó defender la legalidad de este proceder de Hacienda, pero la Audiencia Nacional es tajante. La sentencia subraya que el departamento de Inspección de la Agencia Tributaria no se sujetó a los plazos de la ley y “enmascaró” el requerimiento de 2012 con “la intención fraudulenta de alargar el tiempo de duración” de la inspección tributaria a la empresa.

Para la Sala, “no tiene ningún sentido” que Hacienda decidiera iniciar el procedimiento de inspección en marzo de 2015 cuando disponía de la documentación “única y exclusiva” desde octubre de 2012. Los magistrados sostienen que “la verdadera finalidad” de los inspectores fue “preconstituir la prueba necesaria” contra la empresa, “dejando al albur de su decisión los derechos del que se ve afectado por la inspección”.

La sentencia advierte de que este modo de actuar “tampoco se ajustó al principio de la buena administración”, que garantiza el derecho de la ciudadanía a que sus asuntos se resuelvan en un tiempo razonable y proporcionado. En este caso, la empresa sometida a la inspección de Hacienda se vio afectada por esta actuación “aunque fuera intermitentemente, más de tres años y medio”, superando “con creces” el tiempo máximo permitido por lo la ley para llevar a cabo una investigación tributaria.

Por todo ello, la Audiencia Nacional declara que el derecho a liquidar la deuda tributaria está prescrito y, en consecuencia, anula las resoluciones de Hacienda “por no ser ajustadas a derecho” y condena al pago de las costas a la Administración General del Estado.

La sentencia de la Audiencia Nacional no es firme. Contra ella cabe un recurso de casación ante el Tribunal Supremo en el plazo de treinta días. Sin embargo, fuentes de la Agencia Tributaria han confirmado a este periódico que el fallo no será recurrido y subrayan que la sentencia no discute el fondo de la regularización efectuada sobre cómo aplicó el contribuyente la RIC, sino que se queda estrictamente en una cuestión procedimental y de forma.

Los tribunales canarios son los más saturados de España (por séptimo año consecutivo), pero también los más eficientes. Es la idea principal que recoge la memoria de 2025 del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). Las estadísticas sitúan al Archipiélago como líder nacional en litigiosidad (con 202 pleitos por cada mil habitantes) y a sus órganos judiciales como los más resolutivos (con una media de 395 sentencias por juez al año y un 91% de fallos confirmados por el Supremo, la segunda comunidad con el mejor porcentaje). El balance, difundido este miércoles, vuelve a dibujar un panorama crítico de medios materiales y humanos en la administración de Justicia en las Islas.

El documento advierte de una sobrecarga “extrema”. En la actualidad, 131 órganos judiciales de Canarias, casi tres de cada cinco (59%), superan el 130% del módulo de entrada de asuntos que el Consejo General del Poder Judicial establece como límite. Es decir, asumen un 30% más del trabajo que, según los parámetros fijados por el órgano de gobierno de los jueces, un tribunal puede resolver en un año sin comprometer el derecho de la ciudadanía a una justicia sin dilaciones indebidas.

Para explicar por qué Canarias encadena siete años como líder en litigiosidad (superando en 48,3 puntos la media nacional y en 35,6 a Madrid, la segunda en el escalafón), la memoria alude a la fuerte dependencia del turismo y del sector servicios en las Islas.

La memoria del TSJC se apoya en los estudios de Juan S. Mora-Sanguinetti, economista del Banco de España, que sostiene que la economía es el principal factor, “que no único”, que incide sobre la tasa de litigiosidad de los territorios. En particular, este autor expone que aquellos que se sustentan en el sector servicios y en actividades estrechamente vinculadas al turismo, como la hostelería o las ventas minoristas, son mucho más “pleitistas”.

El documento remarca que las Islas registraron en 2025 un récord de turistas internacionales (más de quince millones), con una estancia media de ocho días. El alto tribunal canario precisa que esto significa que “la población de hecho” sea, al menos, un 10% superior a la censada. Y ese impacto demográfico se traslada a los juzgados. Por ello, insta a tener en cuenta esos números como un “verdadero y fiable referente para dimensionar las necesidades de la Administración de Justicia en Canarias”.

La memoria se detiene en el colapso en la jurisdicción contencioso-administrativa, “sin parangón en el conjunto del estado”. Y lo ejemplifica en la Sección Primera de la Sala con sede en Santa Cruz de Tenerife, que acumula más de 10.000 recursos en trámite, en su inmensa mayoría contra órdenes de devolución y expulsión de personas migrantes. El TSJC señala que, trabajando a su máximo ritmo resolutivo, los magistrados tardarían “casi nueve años” en liquidar todos esos asuntos sin contar las nuevas entradas.

Para intentar paliar esta asfixia ante la falta de recursos en esta jurisdicción, el TSJC ha impulsado una herramienta de inteligencia artificial junto a la Universidad de La Laguna, el proyecto ARDE-J, con el propósito de agilizar asuntos repetitivos en extranjería.

El documento pone además de manifiesto un limbo normativo en materia migratoria. La aparición en la costa de cadáveres sin identificar se rige por un decreto preconstitucional de 1974 que no regula las inhumaciones ni aclara qué administración debe costearlas, por lo que la Presidencia del TSJC promueve la creación de un nuevo protocolo de actuación.

Falta de forenses y psicólogos

La memoria del TSJC también pone el foco en la falta de estabilidad de la plantilla. De los 2.759 funcionarios de la Administración de Justicia en Canarias (gestores y tramitadores procesales, auxilio judicial y forenses), el 37,2% son interinos. La Sala de Gobierno incide en la alarmante carencia de perfiles especializados, que provoca un retraso “inadmisible” en la emisión de informes periciales. El documento insiste en la necesidad urgente de dotar de médicos forenses al Instituto de Medicina Legal de Santa Cruz de Tenerife o de cubrir las vacantes de psicólogos en los equipos técnicos de menores en la provincia de Las Palmas.

Ante la saturación de la Administración de Justicia en Canarias, la Sala de Gobierno del TSJC considera imperativa la ampliación de la planta judicial y ha solicitado formalmente la creación de 53 nuevos órganos judiciales.

Caos informático

Por otra parte, el TSJC vuelve a poner de relieve “los fallos generalizados” del sistema informático de gestión procesal Atlante. Esta circunstancia, unida a la falta de escáneres operativos y dispositivos de firma biométrica, obligaron al Gobierno de Canarias a declarar una “emergencia digital” el 30 de junio de 2025. En cualquier caso, los problemas persisten, como demuestra el comunicado difundido la semana pasada por el alto tribunal canario sobre una “nueva oleada de incidencias” que habían paralizado la gestión. En respuesta a esta queja, la Consejería de Justicia, que lidera Nieves Lady Barreto (Coalición Canaria), ha anunciado la próxima implementación de medidas para mejorar el rendimiento del sistema.

La memoria advierte de lagunas de ciberseguridad. La Sala de Gobierno alerta de la “imposibilidad técnica” de transmitir de manera segura atestados policiales y diligencias que contienen datos personales “altamente sensibles”, entre ellos los de menores víctimas de delitos sexuales o testigos protegidos.

Ante esta grave vulnerabilidad, el TSJC ha lanzado un requerimiento “prioritario y urgente” al Gobierno regional para implantar un sistema telemático cifrado de extremo a extremo.

Termitas, filtraciones y falta de espacio

La memoria del TSJC también dedica un apartado a las deficiencias en las infraestructuras. La Sala de Gobierno reclama un plan de “mantenimiento urgente” para atajar “problemas estructurales, filtraciones, humedades y falta de insonorización” en los tribunales.

A modo de ejemplo, menciona que los juzgados de San Sebastián de La Gomera tienen humedades, filtraciones y “daños de termitas”. El edificio de Granadilla de Abona (Tenerife) “no reúne requisitos mínimos de seguridad ni dignidad laboral”. Puerto del Rosario (Fuerteventura) sufre “una grave dispersión en tres sedes”, un problema que se ha agravado por el cierre del edificio de la Fiscalía, lo que ha terminado obligando a los profesionales a utilizar las salas de vistas como despacho. Y San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria) padece “una insuficiencia y falta de adecuación” tan severa que ya afecta a la Fiscalía y compromete la futura ubicación de nuevas plazas.

Sentencias singulares y terapia con perros

El balance de 2025 reserva un espacio para resoluciones judiciales singulares y proyectos de humanización de la Justicia. El TSJC aplaude la consolidación de la terapia asistida con perros en el pionero Juzgado de Violencia contra la Infancia de Las Palmas de Gran Canaria, que lidera el magistrado Tomás Martín. La memoria destaca que este programa ha obtenido resultados muy positivos en la adaptación al entorno judicial y la reducción de la ansiedad de los menores durante sus declaraciones.

En el apartado de resoluciones, hace referencia a la condena por violencia vicaria a un hombre que mató al perro de su pareja tirándolo por un acantilado delante de ella; a la declaración de improcedente del despido de una cajera de supermercado que fue engañada telefónicamente por un estafador que se hizo pasar por su jefe, o a la sentencia que reconoció el derecho de una trabajadora a cambiar su jornada exclusivamente a las mañanas para poder atender a su bebé de cuatro meses y a su abuela con discapacidad.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha anulado la ordenanza que regula la pionera tasa turística de Mogán por “camuflar” un impuesto que escapa de sus competencias.

En una sentencia dictada el pasado 28 de mayo, pero conocida este lunes, la Sala de lo Contencioso- Administrativo del alto tribunal canario estima el recurso presentado por la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de la provincia de Las Palmas (FEHT).

El Ayuntamiento de Mogán, liderado por Onalia Bueno (Juntos por Mogán), aprobó en febrero de 2025 la llamada Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Servicios y Realización de Actividades Derivadas de la Acción Turística y la Obligación de Sostenibilidad. Esta normativa fijaba una tasa de 0,15 euros al día para cada persona que pernoctara en los establecimientos del municipio.

El gobierno municipal justificó su creación argumentando que, al ser un destino turístico, necesitaba estos recursos para mitigar el impacto de ese sector sobre el territorio y asegurar la sostenibilidad de los servicios públicos. Para facilitar la recaudación de esta pionera tasa municipal, la ordenanza obligaba a los propietarios de los inmuebles turísticos a cobrarla.

Según la información proporcionada por el Ayuntamiento de Mogán a los medios el pasado mes de mayo, durante el primer año de vigencia recaudó 1,4 millones de euros por esta tasa. La alcaldesa dijo entonces que había congelado la revisión de tarifas hasta contar con un aval judicial que no ha llegado.

Rechazo de la patronal y de la oposición

Tanto la patronal turística como los partidos de la oposición en Mogán (Nueva Canarias y el PSOE) rechazaron esta iniciativa y advirtieron de su ilegalidad.

La FEHT acudió a los tribunales argumentando que la ordenanza vulneraba el principio de reserva de ley, ya que el hecho imponible (el motivo por el que se paga) se basaba en definiciones “vagas, abstractas y genéricas” que impedían conocer qué servicios concretos financiaba la tasa.

También alegó una vulneración del principio de capacidad económica, por no diferenciar las categorías de alojamiento, o defectos en el cálculo económico, como haber omitido ingresos por subvenciones o haber incluido gastos generales de funcionamiento del Ayuntamiento. Además, denunciaba que trasladaba la carga del cobro a los propios establecimientos turísticos.

“Desnaturalizar” el concepto de tasa

En la sentencia conocida este lunes, el tribunal señala que, aunque los “ecotributos” tienen un propósito loable de protección medioambiental, los municipios tienen una capacidad tributaria limitada, lo que hace que, en casos como el de Mogán, se “desnaturalice” el concepto de tasa para camuflar impuestos con un fin recaudatorio.

La Sala comparte con la patronal turística que el hecho imponible de la tasa, la razón de su cobro, se basa en expresiones ambiguas, imprecisas, genéricas y abstractas, como “acciones derivadas del turismo”, “proyectos medioambientales”, “economía circular” o “patrimonio histórico”.

Esta indefinición, continúa el tribunal, impide a la ciudadanía conocer con certeza qué presupuesto determina su obligación de pago, lo que choca con la jurisprudencia que exige que los servicios financiados por una tasa estén definidos de manera nítida, clara y precisa.

El fallo insiste en que una tasa no puede recaudar más de lo que cuesta el servicio prestado, por el principio de equivalencia. Al usar la tasa como una vía de financiación “general”, el gobierno de Bueno no logró acreditar ese equilibrio.

La Sala también cuestiona la memoria económica del Ayuntamiento. A modo de ejemplo, señala que incluyó en el apartado de costes el valor total de inversiones plurianuales, en lugar de recoger sólo la parte correspondiente a la amortización anual. También mezcla el número de “plazas oficiales” con el de “personas pernoctando”, lo que distorsiona el resultado.

El juez se disculpa por el retraso

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Francisco José Gómez Cáceres, no es firme e impone al Ayuntamiento el pago de las costas procesales del recurso, hasta un límite de 3.000 euros.

En los antecedentes de la sentencia, el juez se disculpa con las partes por el retraso en dictar la resolución. Gómez Cáceres confiesa que se demoró un mes más de lo esperado porque el borrador de la sentencia tenía 350 folios, un dato que el propio magistrado califica de “tan cierto como absurdo”, y tuvo que reducirlo hasta los 39 folios finales.

“No es esta dilación, ni cualquier otra en las que he incurrido, el motivo por el que pido perdón. Tampoco quiero apagar con estas palabras las consecuencias de la tardanza, que asumiré como debe afrontar las cosas el hombre de una pieza. Sólo quiero dejar expresa constancia, una vez más, de mi honda gratitud para con los destinatarios de estos renglones”, señala el juez. Y concluye este alegato: “Para mi sorpresa, me parece que una larga carrera profesional no me ha preparado para afrontar estas complicaciones, es decir, para transmitir mi pesar fácilmente y con alguna verosimilitud”.

El Tribunal Supremo ha dado definitivamente la razón al Cabildo de Gran Canaria en la pugna que mantenía con la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por la constructora isleña Satocan y la multinacional española Indra Sistemas en relación con la prórroga excepcional de un contrato anulado por la justicia.

En enero de 2016 esa UTE había sido la adjudicataria de un contrato para el mantenimiento de carreteras en el norte de la isla, por un importe de 8 millones de euros. Sin embargo, tres años y medio después, en junio de 2019, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) anuló esa adjudicación al estimar el recurso presentado por otra licitadora, LEM Infraestructuras y Servicios.

Para cumplir con esa sentencia, el Cabildo de Gran Canaria, liderado por Antonio Morales (Nueva Canarias- Bloque Canarista), adoptó dos decisiones. Por un lado, inició los trámites para la nueva adjudicación, que se acabó materializando en febrero de 2020. Y por otro, y ante el riesgo de dejar las vías sin mantenimiento hasta que el traspaso se pudiera ejecutar, dictó una resolución que obligaba a Satocan e Indra a continuar prestando el servicio de forma temporal para evitar un perjuicio a la ciudadanía.

Esa resolución es el origen del complejo litigio judicial que el Supremo acaba de resolver. Satocan e Indra impugnaron esa decisión del Cabildo. Argumentaron que el contrato había sido declarado nulo desde su inicio y que, por tanto, carecía de validez legal desde ese momento, por lo que la administración era incompetente para prorrogarlo.

Lo que pretendía en último término esta UTE era que se liquidara el contrato no en función de las tarifas previstas en los pliegos del concurso, sino “según el coste real y efectivo” de los trabajos realizados durante su vigencia. Es decir, quería cobrar más.

La prórroga extraordinaria duró desde noviembre de 2019 hasta marzo de 2020. Y Satocan-Indra percibió por seguir prestando el servicio durante este periodo 748.579,12 euros (lo estipulado según los precios fijados en los pliegos).

Aunque el juzgado de primera instancia dio la razón a la UTE, tanto el TSJC como el Supremo fallaron a favor del Cabildo. Según estas resoluciones, la corporación insular actuó de manera correcta al imponer la continuidad del servicio para evitar “un grave trastorno al servicio público”, ya que las carreteras no podían quedarse sin mantenimiento mientras se solucionaba el traspaso a la nueva empresa.

En relación con los importes, el TSJC ya había declarado que la UTE no tenía derecho a cobrar intereses de demora por esas facturas al tratarse de un contrato nulo. Tampoco a ser indemnizada por el “coste real” de los trabajos realizados durante la prórroga extraordinaria, sino por los precios fijados en la adjudicación inicial.

Ahora, el Supremo ha desestimado íntegramente el recurso de casación presentado por Satocan e Indra. La UTE alegaba que el entonces vigente artículo 35.3 de la Ley de Contratos del Sector Público, en la que se basó el Cabildo de Gran Canaria para imponer la continuidad del servicio, sólo era aplicable cuando el contrato había sido anulado por la propia administración y no por sentencia judicial.

Prevalece el interés público

Esa era la cuestión que para el Supremo presentaba interés para la formación de jurisprudencia. Y la respuesta del alto tribunal da la razón al Cabildo. No hay una diferencia “sustancial” en que el contrato sea anulado por la administración o por los tribunales. En ambos casos se genera un vacío temporal en la prestación del servicio que “no puede prevalecer ante la necesidad de satisfacer el interés público”.

El Supremo destaca que el Cabildo de Gran Canaria no trató de eludir la sentencia que anuló la adjudicación, sino que, por el contrario, demostró “una innegable diligencia” al tramitar el nuevo contrato con LEM Infraestructuras y Servicios mientras garantizaba, con la prórroga extraordinaria, la continuidad del servicio y, por tanto, la seguridad en las carreteras.

Además de desestimar el recurso de la UTE y, por tanto, de avalar la actuación del Cabildo de Gran Canaria, la sentencia del Supremo, que es firme, impone a Satocan e Indra el pago de las costas procesales.

Según datos difundidos por la propia compañía en una nota de prensa, la tecnológica Indra facturó 5.457 millones de euros en 2025, una cifra récord, y logró un beneficio neto de 436 millones de euros. La empresa tiene presencia en 46 países.

Por su parte, Satocan es un grupo empresarial con 40 años de trayectoria en Canarias. La constructora ha extendido sus negocios a otros sectores (turismo, renovables, gestión de centros comerciales...) y en la actualidad agrupa más de 70 empresas.

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo (Coalición Canaria), lanzó este martes un órdago a la oposición en el pleno del Parlamento regional. Ante las críticas por las demoras de más de diez días para conseguir una cita médica en atención primaria, el jefe del Ejecutivo retó al diputado de Nueva Canarias (NC) Luis Campos a acudir con él a un centro de salud para comprobar que se atiende en el día a cualquier ciudadano que vaya sin cita previa. “Yo soy usuario de la sanidad pública y a mí me ha pasado”, le dijo.

A pie de consulta, el escenario que describen los profesionales que ejercen en atención primaria en Canarias tiene muchos más matices que el trazo grueso dibujado por Clavijo en el debate parlamentario. “Puedes acudir a tu centro de salud y, por supuesto, si hay una urgencia se va a atender sobre la marcha. Y si no, probablemente también se va a atender, porque solemos atender todo, pero siempre a costa de sobrecargar más todavía las consultas”, explica Ana Joyanes, portavoz de la Asociación de Médicos de Atención Primaria de Canarias (AMAPCAN), una plataforma nacida tras la pandemia de Covid-19.

“Cuando nosotros tenemos mucha carga de trabajo no podemos dedicarle el mismo tiempo, la misma atención a los pacientes, y no podemos hacer algo tan importante en atención primaria como la prevención de la enfermedad”, explica Joyanes, que apela a un uso responsable de los servicios sanitarios. “Si es algo que puede esperar, lo correcto es pedir una cita previa. Si es algo que no puede esperar, por supuesto se le va a atender”, dice.

Gustavo Moreno, presidente de la Sociedad Canaria de Medicina de Familia y Comunitaria (SOCAMFYC), es tajante al diseccionar las palabras de Clavijo. “Se te atiende si tienes algo que hay que atender urgente”, matiza. Y lo ilustra con un ejemplo. Si hay dolor de pecho, la atención es inmediata. Si se ha caducado la receta, “probablemente no te van a atender en el día, te van a dar una cita administrativa”.

El especialista incide en que, más allá del debate parlamentario, que asimila a uno de “patio de colegio”, hay “verdaderos retos” en la atención primaria de las islas. Y uno de ellos es la pedagogía ciudadana. “Una cosa es que me den cita para dentro de diez días y otra cosa es que lo que a mí me sucede tenga que tener respuestas hoy. Aunque pueden coincidir, una cosa es la accesibilidad y otra la inmediatez”, señala Moreno, que agrega que para gestionar esta demanda, algunos centros de salud están implementando sistemas de triaje que derivan al paciente según su necesidad: de medicina, de enfermería o administrativa.

El lastre de la “burocracia inducida”

Los especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria hablan de problemas endémicos que engrosan de manera artificial las listas de espera para una consulta en el centro de salud. Uno de ellos es la excesiva carga administrativa. “Cada vez que nos dicen de reducir la carga burocrática, nos ponen otro trámite burocrático más. La burocracia sigue asfixiándonos y sigue quitándonos tiempo para lo que es realmente importante, que es atender al paciente”, señala Joyanes, que no ve avances en este aspecto pese a la declaración de intenciones recogida en la estrategia de salud comunitaria en atención primaria.

A esto se suma lo que Gustavo Moreno denomina “burocracia inducida”, que es la generada por especialistas de otros niveles asistenciales. Cita el caso de un paciente que ha acudido a su consulta derivado de un oftalmólogo porque requiere una analítica. “El oftalmólogo es un médico igual que yo. No le haga al paciente pedir una cita con su médico de familia para solicitar una analítica que, además, no sé para qué la quiere”, protesta.

Según los cálculos de esta sociedad de especialistas en medicina de familia y comunitaria, entre renovaciones de recetas, transporte sanitario y esta burocracia derivada del hospital, se ocupa “en torno a un 20 o un 25% de las citas de consultas diarias”.

Profesionalización de la medicina de familia

Moreno subraya la “necesidad urgente” de profesionalizar el servicio. “Al señor Clavijo, si lo tuviera delante, le diría: preocúpese menos de la lista de espera de atención primaria y preocúpese más por tener un servicio profesionalizado”. El presidente de SOCAMFYC denuncia la práctica de contratar facultativos que no poseen la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria para cubrir vacantes y bajas. Canarias, señala Moreno, es una de las comunidades que más médicos sin especialidad contrata para los centros de salud.

“Tú no te imaginas que un infarto lo atienda un oftalmólogo. A nadie se le ocurre que un conductor de guaguas no tenga el carné de conducir. Si eso lo vemos claro, ¿cómo es posible que no lo estemos viendo en la atención primaria?, se pregunta Moreno.

El médico de familia explica que se trata de estudiantes que han terminado la carrera, no hacen el MIR y se activan para trabajar en atención primaria, o de médicos que vienen de otros países y no cuentan con la especialidad en medicina familiar y comunitaria.

Esta realidad genera, según Moreno, “una sobrepetición de pruebas, tratamientos inadecuados” y supone “un riesgo directo para la seguridad del paciente”.

“Todos los médicos que estamos en atención primaria deberíamos ser especialistas o haber superado alguna prueba que garantice que estamos capacitados en medicina familiar y comunitaria. No se puede equiparar a cualquiera con un especialista porque no se hace en cardiología, no se hace en digestivo, no se hace con otras. Y la nuestra es una especialidad, se entienda o no se entienda”, apunta Joyanes.

La portavoz de AMAPCAN entiende que en las circunstancias actuales “es difícil dar respuesta a las necesidades de asistencia sólo con los especialistas formados”. Sin embargo, sostiene que la atención primaria en Canarias estaría en otro escenario “si se la hubiera tratado mejor”, primero en cuanto a previsiones, para formar “al número correcto de especialistas”, y después en cuanto al trabajo, a “cómo tratan a los profesionales a nivel laboral”. “No han salido los suficientes especialistas y, por otra parte, muchos de los que salen se marchan. La gente joven lo tiene clarísimo: si aquí no me tratan bien, me voy a otro sitio donde me traten mejor”, agrega Joyanes.

En la misma línea, Gustavo Moreno advierte de que sin un plan de acción y sin agilizar los procesos de contratación y las oposiciones “la sanidad pública no va a mejorar nunca”. La oposición anterior a la última extraordinaria y de estabilización se convocó en 2007, se realizó en 2014 y concluyó con la toma de posesión de las plazas en 2018. “Tardamos once años en resolver una oposición. Eso no puede ser”, lamenta.

Moreno denuncia también la precariedad de los médicos sustitutos, que pueden acumular “72 horas seguidas trabajando” con tal de que el sistema sanitario “pueda mantener las consultas abiertas” o prácticas de contratación “abusivas e irracionales” para el personal de enfermería, “a quienes se les penaliza quitándole futuros contratos si no atienden llamadas, incluso si el motivo es que no pueden hacerlo porque ese día están trabajando.

La estrategia +AP

El Gobierno de Canarias impulsó a principios de 2023 un plan de 60 millones de euros para reducir la sobrecarga en los centros de salud limitando las agendas de los médicos de atención primaria a un máximo de 34 pacientes por día. Los profesionales coinciden en que la estrategia ha tenido un cumplimiento desigual y hacen un balance crítico sobre su ejecución real debido a las carencias estructurales de este nivel asistencial.

“Es una sensación agridulce. Por una parte, vimos alguna luz al final del túnel, pero esa luz se ha vuelto a oscurecer y seguimos con grandes deficiencias”, señala Joyanes, que explica que, en la práctica, esa reducción de cupos se ha topado con la falta de personal y recursos. Según la portavoz de AMAPCAN, disminuir la lista diaria de pacientes no sirve si el sistema no contrata médicos de refuerzo para atender las incidencias. Los imprevistos se suman a la agenda del médico titular, con lo cual “todo vuelve a recaer sobre el mismo”.

Joyanes valora esa reducción de cupos, pero advierte de que sigue habiendo notorias desigualdades, que no se ha cumplido esa previsión en todas las zonas de salud, y que el tiempo por consulta “sigue siendo bastante escaso”.

A Moreno, por su parte, no le acaba de convencer tener un límite estricto de pacientes por día, ya que cada uno de ellos “requiere tiempos distintos”. En cualquier caso, prefiere este modelo al prepandémico, donde los médicos llegaban a ver 60 pacientes a diario. “Es una barbaridad porque no se atiende con la calidad adecuada y, además, es muy ineficiente, porque tampoco solucionaba la lista de espera”, concluye el médico.

El “reiterado” incumplimiento de sentencias firmes en materia laboral por parte del Consulado de Marruecos en Canarias ha llevado a cuatro agentes locales de esta delegación, dos de ellas ya jubiladas, a pedir la intervención del ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, y de su homólogo marroquí, Nasser Bourita.

En una carta también remitida a la embajadora de Marruecos en España, Karima Benyaich, y al delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, los firmantes reclaman que se adopten las medidas oportunas para garantizar el cumplimiento “íntegro y efectivo” de los fallos judiciales que han ido recayendo a su favor desde enero de 2024 en los juzgados de lo social de Las Palmas de Gran Canaria.

La conflictividad laboral en el Consulado de Marruecos en Canarias se disparó tras la llegada de Fatiha El Kamouri en 2022. Durante la misión de la actual cónsul, que concluirá este año, los agentes locales (trabajadores que se rigen por la normativa laboral española) han presentado más de dos decenas de demandas que suman 108.569 euros entre acciones de reclamación de cantidades (por antigüedad, bolsa de vacaciones, complementos de incapacidad temporal o gratificaciones) e indemnizaciones (acoso laboral y daño moral).

De todos esos procedimientos judiciales, la delegación consular ya ha sido condenada a pagar cerca de 80.000 euros (más intereses) en resoluciones firmes.

Acoso laboral

Según la misiva, al margen de los incumplimientos de sentencias por reclamación de cantidades, el Consulado de Marruecos en Canarias sigue sin acatar dos resoluciones firmes por vulneración de derechos fundamentales y una por acoso laboral.

Una de las afectadas es una agente local que ejercía labores de atención al público, registro consular y pasaporte y a quien la cónsul ubicó en un puesto con “la mesa vacía, sin ordenador, con un teléfono desenchufado, sin ningún tipo de material de oficina y despojada de funciones”, según recoge la condena por modificación sustancial de condiciones de trabajo.

A otro empleado que ejercía en los servicios de caja, recepción, archivo y servicio social, la cónsul lo convirtió en su conductor personal, con disponibilidad absoluta y llamadas “a deshoras”. Una sentencia anuló esa modificación sustancial de sus condiciones de trabajo y una segunda declaró que el trabajador sufrió un trato denigrante por parte de la cónsul y constató el clima de “hostigamiento” que los agentes locales dicen sufrir desde la llegada de El Kamouri en 2022, por lo que ordenó “el cese del acoso laboral y el pago de una indemnización de 20.000 euros por daños morales”.

Según recoge la carta remitida el pasado 28 de abril, coincidiendo con el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, a pesar de esas sentencias estos trabajadores no han sido restituidos en sus puestos y siguen “sin funciones asignadas, aislados físicamente en dependencias separadas, incomunicados, bajo vigilancia constante y sometidos a una situación laboral que, en la práctica, impide el cumplimiento real de los fallos judiciales”.

Este escenario, continúa la misiva, “no sólo prolonga el perjuicio personal y profesional sufrido por los trabajadores afectados, sino que plantea una seria preocupación en relación al respeto debido a las resoluciones dictadas por los tribunales españoles en materia laboral, jurisdicción que resulta plenamente aplicable a los agentes locales contratados bajo la legislación española”.

Los firmantes recalcan que la intención del escrito dirigido a los ministros, a la embajadora y al delegado del Gobierno en Canarias no es “generar confrontación”, sino “trasladar con responsabilidad institucional” una realidad que califican de “jurídicamente grave” y que, a su juicio, afecta no sólo a los trabajadores implicados, sino también “a la imagen y al respeto debido al ordenamiento jurídico del país anfitrión”.

Primer escrito en 2022

Ya en noviembre de 2022, tan solo dos meses después del aterrizaje de la actual cónsul, un grupo de seis agentes locales remitió una comunicación formal a altas instancias para poner en su conocimiento “el deterioro del clima laboral” en el Consulado de Marruecos tras la llegada de El Kamouri. En esa primera carta, este grupo de trabajadores ya alertaba de su “profunda preocupación” por conductas que, en su opinión, eran constitutivas de “acoso, hostigamiento, presión indebida y trato laboral impropio”.

“Lamentablemente, lejos de haberse corregido, la situación descrita lleva prolongándose desde hace más de tres años, con consecuencias personales y profesionales muy graves para los trabajadores afectados. Durante este periodo, todos los empleados nos hemos visto obligados a solicitar bajas médicas por ansiedad y estrés laboral, habiéndose producido, incluso, situaciones de grave afectación a la salud, derivadas del clima de presión extrema existente”, señalan los firmantes.

Ante el incumplimiento de las sentencias, los agentes locales se están viendo obligados a recurrir a procedimientos judiciales de ejecución forzosa, lo que puede conllevar “la eventual exigencia de responsabilidades derivadas de su inobservancia, como multas y sanciones pecuniarias o embargos” para el Consulado de Marruecos, advierten.

De hecho, en una resolución firmada en diciembre de 2025 una jueza ya ordenó “imponer apremios pecuniarios” (multas) al Consulado de Marruecos ante el incumplimento reiterativo de una sentencia por vulneración de derechos fundamentales.

Según la documentación aportada por los agentes locales, otro juzgado llegó a citar personalmente a la cónsul en marzo de este año para “justificar las razones del incumplimiento” de otro fallo, pero El Kamouri no se presentó. También según esos escritos, varias vistas tuvieron que ser suspendidas a principios de año después de que el abogado del Consulado de Marruecos renunciara a su defensa.

Dignidad y derechos laborales

Por todo ello, los trabajadores exigen a los ministros de Exteriores de España y Marruecos que intervengan para “garantizar el cumplimiento íntegro y efectivo de todas las sentencias firmes dictadas por los tribunales españoles”, así como la restitución de los empleados en sus puestos y funciones “en condiciones reales, dignas y acordes con lo judicialmente acordado, asegurando que no se produzcan actuaciones que puedan interpretarse como represalias o como prolongación de conductas ya declaradas ilícitas”.

También reclaman “un entorno laboral respetuoso con la dignidad, los derechos laborales y la legalidad vigente” y poner fin a una situación “que se prolonga desde hace más de tres años y que ha generado un grave deterioro humano, profesional y organizativo”.

“Siempre hemos desempeñando nuestras funciones con profesionalidad y lealtad institucional. Nuestra voluntad y único objetivo ha sido y sigue siendo continuar desmpeñando nuestras funciones con normalidad y pleno respeto a la legalidad vigente, como lo hemos hecho durante años”, concluyen los agentes locales.

Desde que Canarias Ahora publicó las primeras informaciones sobre la conflictividad laboral en el Consulado de Marruecos en Canarias, en octubre de 2023, no ha recibido respuesta alguna de la delegación consular a los correos enviados.

Hasta la fecha, los trabajadores firmantes de la carta no han recibido contestación por parte de las instituciones a las que la remitieron.

Moisés murió en una celda de aislamiento de la prisión Las Palmas II (en Juan Grande, en el sur de la isla de Gran Canaria) sobre la una de la tarde del 9 de noviembre de 2023. El recluso, de 41 años, llevaba tres días quejándose de fuertes dolores. El médico del centro penitenciario le había dado paracetamol, convencido de que se trataba de dolores musculares. Su sufrimiento quedó documentado en las grabaciones de seguridad que la familia ha logrado recabar. “Se desmayó en dos ocasiones”, cuenta su hermana Ángeles. 

El facultativo anotó en su informe que el interno estaba “fingiendo un desvanecimiento” y “alterando el orden”. Moisés fue conducido a una celda de aislamiento. Horas después, falleció. La autopsia desveló que había sufrido un infarto de miocardio. “Si se le hubiese tratado, mi hermano estaría vivo”, dice Ángeles. El caso se judicializó y ya hay escritos de acusación. La familia del recluso y la Fiscalía piden para el médico que lo atendió cuatro años de cárcel, seis de inhabilitación para ejercer la profesión y una indemnización de cerca de un millón de euros. Instituciones Penitenciarias figura como responsable civil subsidiario.

Dos años después de la muerte de Moisés en Gran Canaria, otro recluso falleció en el centro penitenciario Tenerife II. Ocurrió el 21 de diciembre de 2025. Según recoge una denuncia presentada por la asociación Adepres (Asociación de Derecho Penitenciario Rebeca Santamalia) al Defensor del Pueblo a partir del testimonio de una persona “allegada” al fallecido, el preso solicitó asistencia a finales de noviembre con síntomas “de una gran congestión”. Su requerimiento “no fue atendido” y los síntomas “se fueron agravando con los días”, expone el escrito.  

La noche del 19 de diciembre tocó el timbre de alarma “sin ser atendido”, por lo que reclusos de celdas contiguas “empezaron a dar golpes y gritos pidiendo auxilio”. La escena se repitió un día después. Siempre según la denuncia, entre la activación de la alarma y la activación de los funcionarios pasaron cuatro horas. A la mañana siguiente, el preso fue trasladado en silla de ruedas desde su celda hasta el servicio médico, donde falleció. 

La queja incide en el perfil de vulnerabilidad del preso fallecido, una persona migrante sin apenas redes de apoyo en el exterior, y en “los antecedentes de desatención médica” en el centro penitenciario y solicita que se averigüen las circunstancias de la muerte y el grado de cumplimiento del Protocolo de Minnesota, una guía de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para investigar de forma independiente las muertes potencialmente ilícitas. Fuentes del Defensor del Pueblo han confirmado a este periódico que la queja ha sido admitida y está “en trámite”, pero evitan dar más información por la confidencialidad del expediente. 

Dos tercios de las plazas médicas vacantes

Esos “antecedentes de desatención médica” que señala la queja apuntan a una crisis estructural en la atención sanitaria en las prisiones canarias. Las cifras son demoledoras. Según los datos facilitados a este periódico por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, en las cárceles del Archipiélago apenas están cubiertas 11 de las 30 plazas de médicos que, según los sindicatos, están contempladas en las plantillas. Casi dos tercios de los puestos están vacantes. 

Uno de los casos más llamativos es el de Las Palmas II, uno de los centros donde se produjeron los fallecimientos. Solo tiene una plaza cubierta, la de subdirector médico, que además realiza las consultas a través de telemedicina, según señalan portavoces de los sindicatos Acaip-UGT y CCOO. En la otra cárcel de Gran Canaria, Las Palmas I (Salto del Negro), hay ahora cuatro facultativos gracias a “incorporaciones recientes”, señala Laura Rodríguez, miembro de la Ejecutiva Nacional de CCOO Prisiones y destinada en Canarias. Óscar Raluy, de Acaip-UGT, precisa que la prisión “ha soportado momentos sin médico”. La Relación de Puestos de Trabajo (RPT) prevé diez plazas.

Tenerife II (La Esperanza) cuenta en la actualidad con tres médicos para atender a más de un millar de presos. El Defensor del Pueblo, en el ejercicio de sus funciones como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, visitó el centro por última vez en octubre de 2022 y advirtió del “déficit crítico de personal médico”. 

En aquel momento, el puesto clave de subdirección médica se encontraba vacante (ahora está cubierto) y había cinco facultativos, de los que dos “estaban a punto de jubilarse”. Ese informe detectó que ni siquiera se garantizaba el material médico necesario para que los internos controlaran enfermedades previas. Así, detectaron a diabéticos sin aparatos para controlar la glucemia y el caso de un interno al que, al entrar en prisión, se le retiró el dispositivo de ayuda respiratoria que usaba en el exterior. Según los libros de registro, la asistencia a demanda estaba limitada a un máximo de diez internos al día, con demoras de unos veinte días para pedir una nueva cita. “Nosotros siempre atendemos las indicaciones del Defensor del Pueblo”, señalan fuentes oficiales de Instituciones Penitenciarias. 

Los recursos médicos de las cárceles canarias se completan con dos facultativos en la prisión de Lanzarote y uno de La Palma. El Centro de Inserción Social de Tenerife no tiene. 

“La falta de médicos se ha institucionalizado”, advierte Óscar Raluy, trabajador penitenciario y delegado de Acaip-UGT. “El modelo preventivo ha muerto. Ahora solo se atiende lo urgente, no hay tiempo para otra cosa”, señala. Ante la escasez de médicos, la presión asistencial recae sobre el personal de enfermería. Según denuncia Laura Rodríguez, estos profesionales se ven abocados a tomar decisiones “para las que no están preparados”, lo que les obliga a ejercer bajo una “grave indefensión jurídica”. 

Canarias sigue sin asumir su competencia

Todas las fuentes consultadas coinciden en situar el origen de esta crisis en el incumplimiento de la Ley 16/2003, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud. En su disposición adicional sexta, esta normativa ordenó la transferencia de los servicios sanitarios dependiente de Instituciones Penitenciarias a las comunidades autónomas, con el objetivo de “lograr su plena integración en los servicios de salud autonómicos”. 

La ley daba un plazo máximo de 18 meses para ejecutar el traspaso. Han transcurrido 23 años desde entonces y solo Euskadi, Catalunya y Navarra han asumido formalmente estas competencias. Joaquín Leyva, portavoz nacional de Acaip-UGT, sitúa este bloqueo como uno de los principales factores para explicar la crisis de la sanidad penitenciaria, ya que, según explica, durante años “no se dotaron los servicios médicos” ni se renovó al personal de Instituciones Penitenciarias ante la expectativa de una transferencia de competencias que en la mayoría de las comunidades sigue sin llegar. 

Organizaciones como Rehoyando, en Gran Canaria, u Orahan, en Tenerife, han comenzado a movilizarse para exigir el efectivo traspaso de las competencias a las comunidades autónomas y la dignificación de la atención sanitaria dispensada a la población reclusa. 

Desde la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, aseguran que su determinación de transferir las competencias a Canarias “es clara” y achacan la parálisis a una “falta de voluntad política por parte de quien tiene que recibirla”. La Consejería canaria de Sanidad no ha contestado a las preguntas de este periódico. 

Para los sindicatos, este bloqueo en el traspaso se explica por dos razones: la falta de “voluntad política” y una cuestión económica. Laura Rodríguez (CCOO) sostiene que las comunidades no quieren estas competencias “por el gasto que genera”. La representante sindical define el escenario actual como un “negocio” para las comunidades autónomas. Cuenta que cuando un recluso tiene que ser excarcelado y trasladado a un hospital, el Servicio Canario de Salud (SCS) factura unos gastos a la administración estatal que, en caso de asumir la asistencia directa de los precios, ya estarían cubiertos. 

Detalla que “el traslado en ambulancia son 80 euros por trayecto”, las consultas externas rondan los 150 euros o que un parto “cuesta 4.000 euros”. Según la información de la que dispone CCOO, el gasto sanitario anual en una prisión grande (como las dos de Gran Canaria o la de Tenerife II) se sitúa alrededor de los 625.000 euros. El gasto total farmacéutico es de 415.000 euros, indica la portavoz sindical. 

Las comunidades autónomas se quejan de que Instituciones Penitenciarias no les paga por atender a los reclusos. Rodríguez señala que esa deuda es consecuencia directa de no haber asumido las competencias que le corresponden desde 2003. “Si se hubiera cumplido la ley desde el minuto uno no habría esa deuda y si seguimos esperando a transferir las competencias se seguirá generando más deuda”, sostiene la representante de CCOO. 

Una visión que comparte Joaquín Leyva (Acaip-UGT), quien cuestiona la inacción de comunidades como Canarias: “No sabemos si es un problema financiero, de organización o simplemente un problema político que no se quiere resolver”. 

La brecha salarial que ahuyenta a los médicos

A la desidia autonómica para asumir la sanidad en las prisiones se suma la falta de incentivos para atraer y retener profesionales. “No hay médicos en prisiones porque cobran menos”, resume de forma tajante Rodríguez, que precisa, a modo de ejemplo, que los facultativos del SCS cobran alrededor de un 35% más por hora de guardia que los de Instituciones Penitenciarias. La portavoz de CCOO añade que las diferencias salariales pueden rondar los 1.000 o 1.500 euros al mes “dependiendo de las guardias y los centros”. 

“En el Estado, a nivel general, es la administración que menos paga a los facultativos”, redunda Joaquín Leyva. A los peores salarios, el representante de Acaip-UGT añade las limitaciones que tienen los facultativos de Instituciones Penitenciarias para ejercer en la sanidad privada o tener otros trabajos complementarios. “No es ya que cobren menos de por sí, sino que, además, no pueden incrementar de ninguna manera sus retribuciones”. 

La salud mental

Los sindicatos sostienen que los principales damnificados de estas carencias son la población reclusa y la plantilla de las cárceles. Leyva incide en que la escasez de médicos dificulta la detección temprana de patologías, con especial gravedad en el caso de las enfermedades mentales. El portavoz sindical explica que el ingreso en prisión suele actuar como un “estresor” que “desenmascara” patologías psiquiátricas latentes que, al no ser detectadas a tiempo por un médico, acaban produciendo brotes que “a menudo” derivan en agresiones entre internos o hacia los propios trabajadores. 

El último informe del Defensor del Pueblo sobre la prisión de Tenerife II constató que casi el 63% de los internos estaba bajo tratamiento con psicofármacos. Los centros penitenciarios no disponen de psiquiatras propios en la plantilla. Solo se programan visitas de profesionales externos a los centros “una o dos veces al mes”, según los sindicatos. El Defensor del Pueblo advierte de que, al no haber psiquiatras ni psicólogos clínicos, los programas de atención a la enfermedad mental no funcionan de forma adecuada. Los reclusos “no tienen una intervención especializada, sino un control basado en la farmacoterapia”. Ante la falta de un diagnóstico claro, muchos internos “descompensados” acaban siendo clasificados en módulos de “conflictivos”. 

Leyva señala que la figura del médico es, además, “un requisito legal indispensable” para la aplicación de medidas disciplinarias. “Tú no puedes aislar a un preso que está violento si no hay una supervisión médica”, dice el portavoz de Acaip, que también subraya el perfil del paciente recluso, que suele requerir mayor atención que la población general debido a la alta prevalencia de problemas graves derivados de afecciones o enfermedades como la diabetes o la hepatitis.

Segundo varapalo para Municipalistas Primero Canarias en su batalla legal contra la dirección de Nueva Canarias- Frente Amplio Canarista (NC-FAC). La jueza de la Plaza 2 de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria ha rechazado un nuevo intento de paralizar la declaración de tránsfugas de los altos cargos electos que abandonaron NC para enrolarse en el proyecto impulsado, entre otros, por el actual alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa.

Es el segundo auto en poco más de un mes. El primero fue dictado el 6 de marzo por la magistrada Beatriz Rallo, titular de la plaza 4 de la misma sección. En aquella ocasión, el Bloque Nacionalista Rural (BNR) -partido de Sosa- y el concejal de San Bartolomé de Tirajana Samuel Henríquez solicitaron medidas cautelares inaudita parte (sin escuchar a la otra parte) para suspender los acuerdos que el partido había adoptado en diciembre de 2025. Su objetivo era evitar que se hiciera efectiva la condición de “tránsfugas”, ya que ello implicaría pasar a ser concejales “no adscritos”, lo que limitaría sus derechos políticos y económicos en los ayuntamientos.

Esa primera resolución reconocía que existía una urgencia real para adoptar la medida cautelar, ya que NC había notificado las resoluciones a los ayuntamientos de San Bartolomé de Tirajana y de Moya. Sin embargo, denegó la suspensión de esos acuerdos al entrar a valorar el fondo del asunto. Basándose en el Pacto Antitransfuguismo, la jueza concluyó que no concurría la “apariencia de buen derecho”. El auto determinó que el abandono de las filas de NC sin el consentimiento de este partido para recalar en el BNR no estaba previsto en el pacto electoral del frente amplio canarista y suponía, a primera vista, “una transgresión y un fraude de ley”.

Apenas un mes después, otro juzgado frustra el segundo intento de Primero Canarias para frenar esa declaración de tránsfugas. Sin embargo, esta vez el portazo llega por defectos de forma.

En este segundo auto, dictado el 9 de abril, la magistrada Noemí Lázare ha denegado otra petición de medidas cautelares sin entrar en el fondo del asunto. La jueza señala en esta resolución que , aunque la demanda fue presentada formalmente en nombre y representación del BNR, “se desconoce quiénes son las personas físicas demandantes y qué cargos ocupan tras las elecciones de 2023”.

La resolución afea a Primero Canarias que no especifique este dato básico en su demanda y agrega que sólo es posible deducir que afecta a miembros del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana, entre ellos el propio alcalde (que ahora dice militar en el BNR), por la documentación adjunta aportada.

Y si el primer auto se refería al acuerdo del Consejo Político Nacional de NC en diciembre de 2025, este segundo alude al adoptado el 14 de marzo. Entre los puntos del orden del día figuraban “el inicio de la tramitación de los expedientes disciplinarios” y propuestas vinculadas a “varios casos de transfuguismo”.

Sin urgencia justificada

Primero Canarias optó por la vía excepcional de pedir medidas cautelares inaudita parte. La Ley de Enjuiciamiento Civil exige para ello acreditar razones de “urgencia o necesidad”. Según la reciente resolución judicial, la nueva formación “no alegó ni justificó cumplidamente” este extremo, limitándose a advertir de un perjuicio inminente basándose en referencias “genéricas”.

El mayor reproche de la jueza radica en la falta de concreción. La resolución sostiene que Primero Canarias pidió “con carácter absolutamente genérico” la paralización de todos los acuerdos adoptados por el Consejo Político de NC el 14 de marzo, incluidos aquellos que en nada afectaban a los declarados tránsfugas.

Para la magistrada, “es evidente que no puede pretenderse” una suspensión general, ya que en el orden del día figuran puntos como los asuntos de urgencia o el apartado de ruegos y preguntas, que “nada tienen que ver con el objeto de estas medidas”.

El auto constata que Primero Canarias “ni siquiera ha cumplido el requisito procesal necesario de ofrecimiento de caución”. La ley exige a quien solicita una paralización de este tipo que ofrezca una caución (fianza) suficiente para responder de forma rápida y eficaz por daños y perjuicios.

Ante ese cúmulo de defectos formales -falta de urgencia acreditada, petición genérica, demandantes sin identificar y ausencia de fianza-, la magistrada ha denegado la medida cautelar solicitada y, al igual que en el primer auto, ha impuesto el pago de las costas a Primero Canarias.

Contra esta segunda resolución denegatoria cabe interponer recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Las Palmas en el plazo de veinte días.

“Este edificio es de los más antiguos y emblemáticos del casco histórico de Mogán. La construcción data del siglo XVIII, anterior a la misma iglesia”. “Han quitado las tejas del techo, roto un corredor, un balcón exterior y siguen haciendo destrozos, todo ello sin licencia ni permiso alguno”. “El edificio constituye una pieza única representativa de arquitectura rural tradicional canaria (...) No se entiende cómo este ilustre Ayuntamiento ha permitido que se lleve a cabo la demolición de un edificio tan emblemático, con una estética impecable y con una estructura basada en una carpintería artesanal de madera de tea de pino canario, permaneciendo pasivamente inmóvil, indiferente y estático”. 

La historia empieza en abril de 2001. Vecinos de Mogán, en el sur de Gran Canaria, denuncian la demolición de una casa del siglo XVIII con alto valor arquitectónico en el casco del pueblo, a escasos metros de la iglesia, para levantar en su lugar un bloque de viviendas. Uno de los denunciantes es Benigno Bravo de Laguna, el primer alcalde de la democracia en el municipio sureño. Agentes de la Policía Local se personan en el lugar y levantan actas contra el promotor de las obras (la empresa Braumrott) y el constructor tras constatar el derribo de la casona sin licencia.

El servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo de Gran Canaria reclama explicaciones urgentes al alcalde de Mogán (Antonio Santana). La casona está incluida en el inventario del Patrimonio Arquitectónico del municipio. El Ayuntamiento paraliza y precinta las obras, da un plazo de tres meses al promotor para legalizar las actuaciones, bajo apercibimiento de multas, y ordena dar traslado a la Fiscalía por si los hechos fuesen constitutivos de un delito de desobediencia. Además, anuncia la apertura de un expediente sancionador. La empresa presenta alegaciones donde cuestiona que esa casona esté protegida y solicita después una licencia específica para consumar el derribo. 

El Ayuntamiento niega de forma definitiva la autorización para la demolición de la casona y ya en 2002 ordena el “restablecimiento del orden jurídico infringido y la realidad física alterada”, lo que obliga a la empresa a devolver a su estado original la edificación histórica. 

Un cuarto de siglo después, ya sólo quedan sus ruinas. En el lugar se erigen hoy los esqueletos de los tres edificios que debían albergar 52 viviendas, 35 trasteros y 64 plazas de garaje. La empresa promotora llegó a ejecutar la cimentación, el 90% de la estructura y un 20% de los cerramientos. El Ayuntamiento de Mogán nunca abrió el anunciado procedimiento sancionador ni dio traslado de los hechos a la Fiscalía. Tampoco instó la ejecución de la orden de restauración de la casona del siglo XIII sepultada por esas obras. 

La mole de hormigón ha permanecido abandonada en el casco del municipio durante más de dos décadas, un escenario que puede cambiar en breve. El mismo Ayuntamiento que hace 25 años paralizó y precintó la obra ilegal acaba de aprobar su rescate con 1,5 millones de euros de dinero público, con el objetivo de destinarla a vivienda social. 

La compra

La operación se cerró por la vía de urgencia en la Junta de Gobierno Local celebrada el 10 de febrero de 2026. El gobierno liderado por Onalia Bueno (Juntos por Mogán) acordó la compra del inmueble a la empresa Hoteles Nuevo Milenio. La adquisición está financiada al 100% con fondos del Gobierno canario. En una resolución dictada el 30 de diciembre de 2025, el entonces director del Instituto Canario de Vivienda (Icavi), Antonio Ortega (dimitió meses después tras ser procesado por delito sexual), concedió al Ayuntamiento de Mogán una ayuda directa y con abono anticipado por 2,5 millones, de los que el Consistorio sureño aprobó destinar 1,5 de forma exclusiva a la compraventa de esa estructura inacabada en el casco del pueblo. 

Cuando la Junta de Gobierno de Mogán acordó la adquisición de ese esqueleto urbanístico, la empresa vendedora no había inscrito aún las fincas en el Registro de la Propiedad. Lo hizo el 19 de febrero, nueve días después de ese acuerdo y una semana antes de la firma de la compraventa ante notario, según recoge una nota simple solicitada por este periódico. 

Lo llamativo es que la empresa vendedora había adquirido esa parcela en agosto de 2022. Es decir, que en tres años y medio ni la había registrado ni había hecho nada con ella. Hoteles Nuevo Milenio se constituyó en 2001. Tiene un capital de 13.830 euros y una facturación anual estimada inferior al medio millón de euros, según datos del registro mercantil. Desde enero de 2019 su administrador único es Julio Méndez, quien sustituyó en este cargo a Eugenio Hernández, un conocido empresario del sur de Gran Canaria que está procesado en el llamado caso 18 Lovas, una presunta red de prostitución de menores. 

El precio 

Hoteles Nuevo Milenio había comprado esos edificios inacabados en agosto de 2022 a Criteria Caixa, el brazo inversor de la entidad financiera Caixabank, según consta en la escritura de compraventa incorporada al expediente municipal. No se conoce el precio de esa transacción porque en la escritura se han tachado todos los importes. En el expediente no hay ningún dato que revele cuánto le costó el edificio a Nuevo Milenio en 2022 ni, por tanto, el beneficio que pudo haber obtenido con su venta al Ayuntamiento en 2026. 

Esa falta de transparencia ha encendido las alarmas en la oposición. Para Juan Manuel Gabella, concejal de Nueva Canarias (NC) en la oposición, es “muy grave” que el Ayuntamiento afronte un desembolso millonario “a ciegas” para un edificio “sobre el que hay cargas y una orden de restablecimiento de la legalidad urbanística infringida”.  

El edil denuncia la “incongruencia” del gobierno municipal. En la copia de las escrituras de la compraventa de 2022 (entre Caixabank y Hoteles Nuevo Milenio), los importes totales y el precio unitario por vivienda han sido tachados “voluntariamente y a conciencia” bajo un supuesto paraguas de privacidad, mientras el expediente deja al descubierto “datos estrictamente protegidos por ley”, como los DNI de los intervinientes, explica. 

La formación canarista advierte el peligro de estar financiando con fondos públicos “un negocio redondo” para un intermediario privado. “El Ayuntamiento ha pagado 1,5 millones de euros sin saber cuánto le costó al anterior propietario en 2022”. 

El concejal de NC registró este viernes un escrito en el que reprocha al Ayuntamiento de Mogán la “supresión deliberada” en el expediente de los importes de la compraventa entre particulares de 2022 y solicita tener acceso a esos datos “que no están protegidos”. 

Denuncia de un empresario

Un empresario del sur de Gran Canaria, Juan Manuel Pérez León, trató de frenar ese desembolso millonario del Ayuntamiento de Mogán mediante un recurso presentado el 25 de febrero. Es decir, un día antes de que se firmara la operación ante notario. En ese escrito, este ciudadano, un conocido denunciante de presuntas tramas de corrupción en las Islas, alertaba de que el gobierno liderado por Onalia Bueno había pactado “un precio desproporcionado respecto al estado real del inmueble” y que, por ello, había “vulnerado de lleno el principio de eficiencia” en el gasto público. 

El importe de 1,5 millones de euros se fijó a partir de la tasación realizada por un arquitecto externo contratado por el Ayuntamiento. Para realizar el informe de valoración económica, se basó en viviendas a la venta exclusivamente en el casco de Mogán, una zona con una “situación de estancamiento” del mercado inmobiliario debido a “la debilidad de la demanda y la ausencia de oferta”. La arquitecta municipal asumió como propia la tasación del profesional externo y dio luz verde a la compra de los esqueletos. 

El empresario denunciante alertaba de que el Ayuntamiento había acordado pagar el 94% del valor de tasación del inmueble sin exigir “una valoración pericial independiente”, ajena a la esfera municipal, y sin haber deducido “de forma explícita” el “elevadísimo sobrecoste” que tendría que inyectar la administración para terminar los edificios y hacerlos habitables. Pérez León advertía, además, que de haber comprado esa mole de hormigón directamente a la entidad bancaria hace años, el Ayuntamiento de Mogán “seguramente se hubiese ahorrado más de un millón de euros”. 

La Junta de Gobierno desestimó el recurso presentado por el empresario a partir de un informe de la Asesoría Jurídica y del servicio de Urbanismo. Sobre la tasación, la administración defendió que “se ajusta a la legalidad” porque fue realizada “por un profesional externo colegiado” y valora el inmueble “explícitamente” como un edificio “con obras paralizadas” y con un porcentaje de ejecución “de apenas el 23,15%”. Así, entiende que la cifra fijada (1,59 millones) refleja “de manera objetiva el estado real del inmueble”. 

El informe jurídico sí que da la razón al denunciante en cuanto a las vicisitudes urbanísticas de la parcela. El Ayuntamiento reconoce que en 2001 ordenó precintar la obra por la demolición sin licencia de la casona del siglo XVIII y que exigió la restauración a su estado original y dice no tener constancia “de que las obras de demolición ejecutadas hayan sido legalizadas”. Aun así, niega que exista un riesgo de devolver la subvención al Instituto Canario de la Vivienda. Según dice, este organismo del Gobierno de Canarias era “plenamente conocedor de la situación de la parcela”, ya que en la propia resolución que concede los fondos especifica que el dinero va destinado a adquirir “una edificación no terminada en fase de estructura” para adaptar el proyecto y culminar las obras. 

Además de denunciar la “aberración jurídica” que, en su opinión, supone invertir dinero público en un inmueble que carece de licencia de primera ocupación y que arrastra un expediente de infracción urbanística desde 2001, el empresario Juan Manuel Pérez León advertía de otras cuestiones, como la presunta invasión de dominio público hidráulico. En su respuesta, los técnicos de Urbanismo sostienen que el Barranco de Mogán no está “deslindado oficialmente en ese tramo” y que la obra está a unos 40 metros del “posible” cauce, por lo que “aparentemente” no está ni en dominio público ni en zona de servidumbre. 

El gobierno local también se niega a exigir a la vendedora, Hoteles Nuevo Milenio, los certificados de estar al corriente de pago con Hacienda, la Seguridad Social y otras administraciones, como solicitaba el denunciante, que sostiene que detrás de esta operación hay un entramado societario del también empresario Eugenio Hernández. 

El Ayuntamiento contesta que la legislación aplicable a la compraventa por adquisición directa, como la que se ha producido en este caso, no exige reclamar la documentación de “no deudor” a la empresa vendedora.

En esta y otras denuncias sobre operaciones en Mogán, el empresario Juan Manuel Pérez León advierte “un patrón”, un esquema en cuatro fases: una actuación urbanística irregular (en este caso, el derribo de la casona), una “inacción administrativa durante años” (la inejecución de la orden de restauración), una “consolidación de la obra” y, por último, “el intento de legalización” (a través de la compra y adaptación del esqueleto). 

Una decisión “lógica, eficiente y sostenible”

El gobierno municipal considera que la operación está plenamente justificada. La memoria del proyecto defiende que el rescate del edificio es la decisión “más lógica, eficiente y sostenible”. Argumenta que aprovechar la estructura existente permitirá reducir los plazos para entregar las viviendas sociales y supondrá “un beneficio innegable” para el casco histórico, al “suprimir por fin la imagen de deterioro y abandono” que proyecta la mole en pleno centro del pueblo. Nada dice de la infracción urbanística sobre la que se asienta.

La sentencia (aún no firme) que ratifica la ilegalidad de las 37 viviendas construidas sin licencia en la planta baja de la urbanización Monte Carrera, en la localidad de Arguineguín, ha forzado al Ayuntamiento de Mogán a frenar el expediente del denominado Programa de Actuación sobre el Medio Urbano (PAMU), una iniciativa privada que pretende, precisamente, regularizar esos inmuebles a través de la cesión de unos terrenos.  

El expediente ha sido paralizado para evaluar cómo afecta el reciente fallo judicial a ese plan, según informan fuentes municipales y ha confirmado el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Mogán, Mencey Navarro, en declaraciones al periódico Canarias 7. 

En el informe que dio luz verde a la tramitación del PAMU, la arquitecta municipal ya había advertido de que ese litigio judicial podía tener incidencia sobre el expediente administrativo de regularización de las viviendas y que ello debía ser valorado “jurídicamente”. 

En una sentencia dictada el pasado 31 de marzo, la magistrada titular de la plaza 2 del Tribunal de Instancia (Sección Contencioso-Administrativo) de Las Palmas de Gran Canaria desestima el recurso de la empresa promotora de esas viviendas, Carrera Ground Floor, contra la orden de restablecimiento de la legalidad urbanística alterada dictada por el propio Ayuntamiento de Mogán, que era firme en la vía administrativa desde enero de 2022.  

El fallo dio por probado que las obras se ejecutaron sin licencia durante la pandemia de Covid-19 y consistieron en el derribo de los muros del sótano para habilitar pisos irregulares. La licencia original, de marzo de 2005, permitía una altura máxima de dos plantas. Sin embargo, el complejo se construyó excediendo este límite, levantándose con tres alturas en contra de la normativa urbanística de la zona. 

Para no tener que demoler esa planta construida de más, se llegó a un acuerdo de legalización en abril de 2011. La solución consistió en tapiar la planta baja con un muro perimetral, convirtiéndola en un sótano cerrado. Sin embargo, en el año 2020, según recogen las actas levantadas por la Policía Local tras las denuncias de los vecinos y confirman informes periciales, la empresa promotora derribó esos muros de cerramiento para construir ahí las 37 nuevas viviendas y tres locales comerciales. 

La sentencia dictamina que, al derribar los muros y abrir esas viviendas sin licencia, la urbanización volvió a tener tres plantas habitables y, por tanto, se vulneró la legalidad. 

Apenas un mes antes de que se dictara esta sentencia, el pleno del Ayuntamiento de Mogán, con los votos a favor de los concejales del grupo de gobierno (Juntos por Mogán), había dado luz verde a la tramitación del PAMU, que pretende amnistiar esas obras. 

Esa iniciativa privada propone ceder al Ayuntamiento 625 metros cuadrados a cambio de que se le concediera un incremento de edificabilidad de 3.120 metros cuadrados, lo que la promotora necesita para regularizar las 37 viviendas y los tres locales comerciales. En febrero, el gobierno local autorizó someter el proyecto a evaluación ambiental simplificada.

La propiedad de los terrenos cedidos

Juan Manuel Gabella, concejal de Nueva Canarias- Bloque Canarista (NC-Bc), había remitido el pasado 10 de abril a la alcaldesa, al secretario del Ayuntamiento y a la Asesoría Jurídica un escrito en el que, además de pedir aclaración sobre las consecuencias jurídicas de la reciente sentencia sobre el expediente de regularización de las viviendas, cuestionaba que se hubiera dado continuidad al PAMU sin que la empresa promotora hubiera aportado el documento acreditativo de la titularidad de los terrenos que pretende ceder. 

En ese escrito, el concejal canarista recordaba que el propio Ayuntamiento de Mogán requirió ese certificado de titularidad a la empresa y esta no lo ha entregado. 

La Comunidad de Propietarios del complejo, llamada Monte Carrera Green Garden Club, también se opuso frontalmente a la maniobra de legalización impulsada por la promotora y remitió un escrito al Ayuntamiento el 6 de marzo exigiendo “la inmediata paralización” del expediente. Los vecinos advirtieron que los terrenos que la empresa pretende ceder el Ayuntamiento a cambio de un aumento de la edificabilidad son en realidad “elementos comunes de la comunidad”. Afirmaron, además, que esa iniciativa nunca fue sometida a la debida consulta entre los propietarios ni dieron su consentimiento para tal fin. 

También el empresario Juan Manuel Pérez León solicitó formalmente la paralización del expediente en una denuncia presentada en vía administrativa. En ella afirmaba que este proyecto generaba “un efecto llamada a las irregularidades urbanísticas”, al permitir la consolidación de obras clandestinas.