Han pasado ya dos meses y medio desde que se detectó un extraño virus en la ciudad china de Wuhan, y más de un mes desde que el Gobierno decretó su cierre a cal y canto. Desde la víspera del Año Nuevo Lunar, casi 60 millones de personas están enclaustradas en sus casas, y la segunda potencia mundial ha reducido su actividad al mínimo para evitar la propagación del coronavirus que tiene al mundo en vilo.

Ahora, después de haber encadenado más de dos semanas con un número decreciente de nuevos contagios diarios, China necesita reactivar la economía para evitar que la crisis sanitaria haga mella en el pilar sobre el que se sustenta la legitimidad política del Partido Comunista: su capacidad para incrementar constantemente el bienestar de los 1.400 millones de habitantes del país más poblado del planeta.

Pero no va a ser fácil arrancar el motor de la fábrica del mundo. Lo refleja bien el Índice de Gestores de Compras, que en febrero cayó a su mínimo histórico: 35,7 puntos. Por debajo de 50 se entiende que hay una contracción de la actividad industrial. Las expectativas no son buenas. Lo demuestra el Índice de Condiciones Empresariales que publica en Pekín la escuela de negocios CKGSB, una variable que recoge la confianza de la pequeña y mediana empresa china y que en febrero se desplomó también hasta el mínimo histórico: 37,3 puntos de 100, casi 20 menos que en enero.

“Estábamos preparados para una caída, pero no para una tan abrupta”, apunta la institución. Según los diferentes componentes del índice, las empresas consideran que, sobre todo, van a caer sus ingresos, y su capacidad tanto para financiarse como para reclutar talento.

La Cámara de Comercio Europea en China, que el pasado jueves publicó un extenso informe sobre las consecuencias económicas del coronavirus, señala que el 89% de las empresas asociadas están sufriendo un impacto medio o severo. Y que el 48% espera que los ingresos durante la primera mitad del año se reduzcan al menos un 20%. Así, un 46% ha rebajado sus objetivos de crecimiento para el conjunto de 2020. Algo similar sucede entre las empresas estadounidenses: un 10% pierde más de 500.000 yuanes (66.000 euros) al día.

Uno de los problemas principales, mencionado por un 47% de las empresas europeas encuestadas, está en la escasez de la mano de obra. Lo explica bien la joyera catalana Paloma Sánchez, que produce y vende en Pekín. “Las restricciones a los movimientos han hecho que mis orfebres no hayan podido regresar de la provincia de Guangdong. Y, aunque pudiesen volver, en Pekín los someterían a una cuarentena de 14 días”, indica.

“Así que, aunque se pueda abrir la tienda, no podemos fabricar las piezas de los pedidos que tenemos pendientes. Y no sabemos cuánto se va a alargar esta situación. Mis gastos son los mismos, porque tengo que pagar alquileres y sueldos, pero no tengo ingresos”, lamenta. En torno al 30% de las empresas europeas en China se encuentra en esta situación.

Sector servicios e industria, los más afectados

A esta coyuntura hay que sumar el descalabro del consumo, que afecta al 56% de las compañías. “Ya teníamos asumido que, como siempre, durante las dos semanas del Año Nuevo Lunar las ventas caerían. Pero, a diferencia de lo que ha sucedido en otras ocasiones, ese consumo no se ha reactivado en las dos semanas siguientes porque la gente está en casa y solo compra lo básico. Si esta situación se alarga mucho en el tiempo, puede resultar catastrófica para el comercio”, añade Sánchez.

Asier Bideguren, responsable de producción de la fábrica textil de Ponsa en Dongguan, es de la misma opinión. “El sector servicios va a ser el más afectado por la crisis del coronavirus, sobre todo el de la hostelería. Muchos restaurantes están cerrados o solo pueden servir a domicilio, y la gente cocina en casa”, avanza.

Sergio Moreno, chef del restaurante Commune Social de Shanghái, le da la razón. Después de haber pasado más de un mes fuera de China porque no conseguía regresar desde África, donde estaba de vacaciones, ahora se enfrenta a una demanda que coquetea con el cero. “Algunos empleados no han regresado y no se les espera, pero es que todavía ni siquiera podemos abrir. Vamos a poner en marcha el envío a domicilio, pero eso no cubrirá ni los costes de operación. Esperamos que la normalidad regrese hacia el 10 de marzo, porque, de lo contrario, el barco se hunde”, explica el cocinero malagueño.

Tampoco va a ser un campo de rosas para la industria. “A China le va a afectar bastante. Sobre todo, a la empresa pequeña y privada, porque el Gobierno hará todo lo posible por sostener el sector público y maquillar con él los datos macroeconómicos”, analiza Bideguren. “Habrá muchas diferencias por sectores. En el textil, que es en el que estamos nosotros, va a afectar sobre todo al del algodón. Y es evidente que las marcas de moda van a buscar proveedores en otros países”, vaticina.

Según el informe publicado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en China, un tercio de las empresas americanas está sopesando la posibilidad de trasladar su producción fuera del gigante asiático, sobre todo al sudeste del continente. Y Joerg Wuttke, presidente de la Cámara Europea, añade que el coronavirus “va a cambiar la forma en la que hacemos los negocios”, impulsando una mayor diversificación. Pero advierte de que “para muchos, irse de China no es una posibilidad porque no existe otra China”.

Ponsa no tiene intención de moverse. “Nuestra materia prima es derivada del plástico y el precio se mantiene estable. Por eso, aunque va a ser un año difícil, las expectativas que tenemos son similares a las del año pasado. Hemos abierto 10 días más tarde de lo esperado y ahora estamos recuperando ese tiempo perdido añadiendo una hora extra a la semana. De momento, nadie ha cancelado pedidos. Así que el quid de la cuestión va a estar en la negociación de los precios con clientes y proveedores”, explica Bideguren.

Mucho más difícil va a ser la situación en el sector de automoción. China es el principal mercado mundial y la crisis del coronavirus puede ser el tiro de gracia para unas ventas que encadenan ya muchos meses en declive. No en vano, según la Asociación China de Fabricantes de Automóviles, la venta de coches en la primera mitad de febrero cayó un 92% hasta los 4.909. “La mayor parte de los concesionarios ha permanecido cerrada y los que han abierto apenas han recibido clientes”, explicó la Asociación en un comunicado que augura tiempos oscuros para el sector.

Lo corrobora Pedro Segovia, director industrial de la empresa de recambios RTS en la localidad de Jinhua. “El impacto económico de la industria de automoción va a ser catastrófico para China. Porque el coronavirus llega en un momento en el que el sector se encuentra en un importante periodo de transición, tras la crisis del diésel y en los albores de los vehículos de energías limpias. La incertidumbre agudiza la caída de las ventas de automóviles y, lógicamente, eso se traslada a los fabricantes de componentes”, opina Segovia, que aún vive aislado y limita los movimientos al trabajo y al supermercado.

Él también cree que la coyuntura actual va a dar “la puntilla a las plantas chinas de muchas empresas que ya de por sí veían que sus márgenes se estaban reduciendo por la propia evolución del país”. Y avanza que también va a suponer el traslado de la producción de fabricantes de todos los tamaños a otros países como pueden ser México, Indonesia o Turquía.

“Tengo amigos que trabajan en México, donde yo estuve dos años, que me confirman subidas importantes de pedidos como prevención. Eso va a proporcionar una importante oportunidad de crecimiento en otros países, a pesar de que no se crezca globalmente. La gran duda es saber si cuando la situación se normalice, los pedidos volverán a China o se quedarán en su nuevo destino”, se pregunta el industrial.

“Yo creo que en muchos casos no lo harán, porque los márgenes que obtienen las empresas en sus plantas chinas no es, ni mucho menos, los de hace 10 o 15 años. El país ya casi solo resulta interesante para aquellas empresas con ventas en la propia China”, opina. “El país ha pasado de ser la fábrica del mundo a convertirse en el mayor consumidor del mundo. Por eso, la clave de su recuperación va a estar en el comportamiento que tenga el consumo interno”.

A ese respecto, muchos vaticinan un rebote. “Cuando todo vuelva a la normalidad, espero que la gente vuelva a disfrutar de la vida y haga esas compras que ha retenido durante todo este tiempo”, comenta Sánchez. Y Goldman Sachs es de la misma opinión: cuando pase la crisis, el comercio vivirá un boom temporal. Wuttke va más allá y cree que esta crisis puede ser incluso la razón perfecta para que, como ha hecho en otras, China se abra más al mundo y profundice en sus reformas económicas.

Quizá por eso, y a falta de estadísticas macroeconómicas que permitan cuantificar el daño provocado por el coronavirus en la segunda potencia mundial, todo apunta a que China mantiene su confianza en alcanzar un crecimiento económico del 6% en el conjunto del año. “El 2020 puede ser monumental para China si logra marcar un nuevo punto de inflexión en su desarrollo. La epidemia del coronavirus solo hará que esta gesta sea más épica”, afirmó la agencia de noticias oficial Xinhua en un editorial.

“Es difícil que la epidemia del coronavirus afecte al papel que China juega en la cadena de suministro global en un mundo cada vez más interconectado”, añadió Xinhua en otra noticia en la que hacía hincapié en el elevado coste que puede tener localizar la producción en otros países. “Si la epidemia se controla antes del pico de exportaciones de marzo y abril, la industria china apenas sufrirá daños”, dijo en la misma información Xu Qiyuan, investigador de la Academia China de Ciencias Sociales.

Las autoridades llaman a la calma

El mensaje del Gobierno, apuntalado todos los días en la prensa china, es claro: crear confianza en la economía del país. Para lograrlo, el Ejecutivo ha puesto en marcha diferentes medidas de estímulo, que van desde el traslado gratuito de trabajadores, hasta la exención de IVA durante un trimestre, pasando por la reducción de los alquileres y de las cuotas de la seguridad social. Y pocos dudan de que llegará una nueva ola de ayudas y de subvenciones para tratar de paliar el batacazo.

Pero, en gran medida, y como reconoce el propio Xu, todo dependerá de lo que suceda fuera de China. De si el coronavirus se propaga por el mundo y se convierte en una pandemia, o no. “Nuestro miedo es a lo que pueda pasar en Europa y Estados Unidos. ¿Van a tomar las mismas medidas que en China? ¿Se van a parar las construcciones? Si eso sucede, sí que podríamos tener un problema grave”, reconoce Antxon San Miguel, director de operaciones de la fábrica de tuberías que la catalana Tucai tiene en Ningbo. “La mayoría de nuestro mercado es de exportación, así que el coronavirus va a afectar a nuestros resultados en febrero porque ha habido una caída en las ventas, pero la cartera de pedidos para marzo es similar a la del año pasado”, explica esperanzado.

De momento, la planta de Tucai funciona al 75%, está contratando a personal local para sustituir al que no puede regresar desde otros lugares de China, y espera alcanzar el pleno rendimiento el 15 de marzo. Su objetivo sigue siendo el de crecer un 10% con respecto a 2019.

Bideguren también es optimista, pero un poco más cauto: “Si hay un repunte de la epidemia y se propaga a nivel global, el año sí será dramático porque afectará a nuestras exportaciones. China será la que salga peor parada, pero terminará infectando a la economía mundial. Porque el consumo depende de la confianza que tenga la población. Por eso, es difícil avanzar aún qué sucederá”. El 28% de los encuestados por la Cámara Europea coincide con esa última frase.

Desde el aire, Shanghái siempre impresiona. Esta megalópolis de 24 millones de habitantes, capital económica de China, es una gigantesca jungla de asfalto. No obstante, desde hace un mes, lo que más llama la atención no son sus rascacielos y sus autopistas elevadas hasta en cinco alturas, sino el hecho de que estén casi vacías.

Según herramientas 'online' como Gaode Map, el tráfico rodado en la ciudad ha caído en torno a un 40% en comparación con el del 25 de enero. La razón es clara: la epidemia del coronavirus que se originó en la ciudad de Wuhan ha provocado un parón sin precedentes en la actividad de la segunda potencia mundial.

Hay otras estadísticas que dan cuenta de la magnitud de este batacazo que amenaza la economía del gigante asiático. Por ejemplo, según la Asociación China de Fabricantes de Automóviles, la venta de coches entre el 1 y el 16 de este mes ha caído un 92% hasta los 4.909.

“La mayor parte de los concesionarios ha permanecido cerrada y los que han abierto apenas han recibido clientes”, ha explicado la Asociación en un comunicado que augura tiempos difíciles para la industria de automoción. En general, con casi 60 millones de personas en cuarentena y varios millones más afectadas por restricciones en el movimiento, el consumo se ha desplomado.

Por su parte, el sector manufacturero también está teniendo problemas para retomar la actividad. La falta de mano de obra, incapaz de moverse por el país, y los problemas de transporte provocan escasez de materias primas y de componentes. La cadena de suministro global se ha roto en varios puntos, y las fábricas que logran levantar la persiana lo hacen de momento lejos de su máxima capacidad. “Nosotros estamos trabajando al 40% y todavía tenemos bloqueados a 98 de nuestros 350 empleados”, comenta Antxon San Miguel, director de Operaciones de Tucai, fabricante de tuberías, en la ciudad de Ningbo.

A falta de datos macroeconómicos que sirvan para cuantificar el impacto económico de la epidemia, y que seguramente se publicarán en abril con las cifras del primer trimestre, Carbon Brief resalta en un informe uno de los pocos aspectos positivos de la infección: las emisiones de CO2 de China, el país que más contamina del mundo, se han reducido en un 25% en las últimas dos semanas.

En gran medida, eso se debe a la reducción de la demanda eléctrica, que ha dejado el uso de carbón en centrales térmicas en mínimos de los últimos cuatro años. Tanto las refinerías de petróleo como los fabricantes de acero han reducido su actividad hasta mínimos nunca vistos en el último lustro, y el número de vuelos domésticos ha caído un 70%.

Carbon Brief estima que el coronavirus ha reducido las emisiones globales de CO2 en 100 millones de toneladas, un 6% del total en ese período, y que la coyuntura actual también ha propiciado que se hayan desplomado los niveles de otros contaminantes atmosféricos: la concentración de dióxido de nitrógeno, por ejemplo, ha caído hasta un 36%. Por su parte, la OPEC estima que la crisis sanitaria podría reducir la demanda de petróleo un 0,5% entre enero y septiembre, y eso sin tener en cuenta que la epidemia podría extenderse, como está sucediendo, a otros países fuera de China.

No obstante, Carbon Brief subraya que este es un alivio temporal, ya que, obviamente, el impacto medioambiental volverá a crecer cuando China retome la actividad al 100%. Es incluso posible que empeore debido a la necesidad de forzar la producción a máximos nunca antes vistos para satisfacer una demanda que rebotará con fuerza para compensar las pérdidas anteriores. No en vano, organizaciones internacionales como el FMI o instituciones como Goldman Sachs recuerdan que a la recesión económica provocada por las epidemias le suele suceder un fuerte rebote, tanto en la actividad industrial como en el consumo.

Y otros efectos negativos del coronavirus ya se pueden apreciar en las estanterías de los comercios de alimentación: productos que antes se vendían sin embalar, como fruta o piezas de bollería, ahora están recubiertos de plástico para evitar que el Covid-19 pueda esconderse en ellos. “Hemos incrementado mucho el uso del plástico para dar confianza a los consumidores. No sé si será una medida temporal o si la mantendremos, pero no nos podemos permitir que el miedo dé al traste con nuestro negocio”, explica la joven responsable de una panadería de Shanghái, que se identifica solo como Linda Li.

En cualquier caso, otra de las consecuencias positivas que algunos esperan de esta epidemia es que se regule el consumo de animales salvajes en China. Y hay razones para el optimismo. Después de que se haya demostrado que el gigante asiático no aprendió la lección del Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS, por sus siglas en inglés), y que eso ha provocado que el coronavirus haya vuelto a saltar de animales salvajes –no se sabe aún de cuál– a seres humanos, el principal órgano legislativo de China anunció su intención de aprobar una normativa más estricta para el comercio y el sacrificio de estas especies.

Si lo hace, podría ser una gran noticia no solo para quienes temen este tipo de epidemias, sino también para especies en peligro de extinción como el pangolín. Porque una cosa es que estén protegidas sobre el papel y otra muy diferente que se destinen los medios materiales necesarios para hacer valer las leyes. El Covid-19 es un buen ejemplo de que no hacerlo puede resultar muy peligroso.

Finalmente, entre los efectos secundarios del coronavirus podría estar otro que beneficiaría enormemente a la población china. Porque son muchos los que, a raíz de la muerte del médico Li Wenliang –amonestado por advertir de la epidemia en su fase inicial–, exigen que se respeten libertades individuales como la de expresión. Y ya no es solo un discurso propio de los activistas políticos. Ha calado hondo en la población e incluso la agencia oficial Xinhua, dependiente del Gobierno, ha publicado un artículo con el titular 'dejemos que la gente diga la verdad, el cielo no se va a caer'.

Aunque esa frase está sacada de un discurso que pronunció Mao Zedong en 1962, el texto advierte sobre los riesgos de una regresión en materia de libertades como la que parece que se está viviendo desde que Xi Jinping accedió a la presidencia en 2013.

“Creí que China mejoraría su sistema político como ha hecho con el económico. Me siento decepcionado por la respuesta que nuestros dirigentes dieron en un inicio al coronavirus. Ahora quieren hacernos ver que han logrado contener la epidemia gracias a sus esfuerzos, pero nunca mencionan que, si hemos llegado a esta situación, es por culpa de su negligencia: antes que poner remedio pusieron mordazas”, critica un ingeniero de Shanghái que reconoce ser miembro del Partido Comunista. “Este golpe debería hacernos reflexionar y mejorar”, sentencia.

La apuesta por un movimiento horizontal organizado gracias a las nuevas tecnologías y capaz de englobar a ideologías diferentes inspira causas por el mundo

Medios digitales retransmiten en directo las protestas con

smartphones

y grupos de abogados ofrecen a los detenidos servicios legales gratuitos a través de aplicaciones de chat

La mayoría de campañas de

crowdfunding

superan ampliamente los objetivos que se proponen y activistas de todo todo el mundo aportan su grano de arena al terreno creativo

“La principal característica del movimiento prodemocracia de Hong Kong es que no tiene líderes, es horizontal. A diferencia de lo que sucedió en 2014 con el Movimiento de los Paraguas, que acabó con varios de sus líderes en prisión, eso impide que nos descabecen”, explica Woody Tam, un estudiante de 24 años que lleva cuatro meses enfrentándose a la Policía en el campo de batalla de la excolonia británica, sacudida desde el pasado 9 de junio por las protestas que nacieron contra la propuesta de ley de extradición –retirada formalmente el pasado día 23– y que han derivado en la exigencia de elecciones con sufragio universal. “La implicación de gente de todos los estamentos de la sociedad, que ofrecen gratis su talento, y el uso de nuevas tecnologías es lo que nos ha permitido tener tanto éxito y mantener la lucha durante tanto tiempo”, subraya Tam.

“Todas las acciones surgen de forma orgánica. La gente hace propuestas en el foro LIHKG –que algunos parlamentarios prochinos quieren bloquear-, y luego la gente se organiza en los grupos de Telegram -utilizada por su sólido sistema de encriptación–. Cada cual aporta lo que puede”, añade Kenny Tai, otro manifestante de 25 años. “Estudiantes periodistas” y medios digitales retransmiten en directo las protestas con smartphones para registrar cualquier caso de brutalidad policial y recoger los nombres de los detenidos, que suelen gritarlos para que luego se pueda seguir su caso y evitar así su desaparición, y grupos de abogados les ofrecen servicios legales gratuitos a través de aplicaciones de chat.

La página web HKMap.live, cuya aplicación ha sido vetada por Apple, señala los lugares en los que se encuentra la Policía y aquellos en los que se producen disturbios. Es una herramienta desarrollada por un informático anónimo para facilitar que la población evite las zonas de conflicto, pero el Gobierno la considera una amenaza porque también ofrece a los manifestantes violentos información sobre los movimientos de los antidisturbios.

Esa sofisticación y el alarde de medios del que hacen los más radicales, equipados con cascos, máscaras antigás, potentes punteros láser utilizados para cegar a los antidisturbios, escudos caseros fabricados con señales de tráfico o maletas partidas por la mitad, e incluso sierras radiales para acceder a establecimientos que relacionan con el Gobierno chino, ha provocado que muchos vean la mano negra de potencias extranjeras, a las que acusan de querer desestabilizar a China. “La realidad es mucho más sencilla: los hongkoneses estamos donando dinero a través de campañas de crowdfunding”, señala Jessica Chen, miembro del Consejo Estudiantil de la Universidad Baptista de Hong Kong.

Este periodista ha podido comprobar que la mayoría de estas campañas de micromecenazgo superan ampliamente los objetivos que se proponen, y que se complementan con colectas de dinero en efectivo durante las marchas pacíficas. “Muchos de quienes no nos enfrentamos a la Policía también donamos cascos o máscaras antigás. La mayoría de la ciudadanía de Hong Kong se ha volcado con el movimiento, porque es consciente de que, si fracasa, las libertades de las que gozamos hoy pueden desaparecer cuando China controle por completo la ciudad, en 2047”, analiza Chen.

Ella misma es buen ejemplo de ello. “Yo asistía a las manifestaciones cuando eran pacíficas. Pero, luego, mis padres se empezaron a preocupar por mi seguridad y, después de varias desavenencias, me encerraron en casa para que no pudiese salir. Tuve que elegir entre la relación con mi familia y mis convicciones políticas, y decidí buscar la vía para no renunciar a ninguna: no acudo a las protestas, pero ayudo desde la retaguardia”, relata. Entre sus cometidos está otro muy de vanguardia: borrar el contenido crítico que hayan publicado en redes sociales los estudiantes detenidos. “Como la Policía mira sus cuentas, en cuanto sabemos que están arrestados contactamos a familiares y amigos para que intervengan en sus redes y eviten así que se sustancien los cargos. Algunos incluso nos dejan sus contraseñas para facilitar la labor”, explica.

Y no solo se implican los hongkoneses. Activistas chinos de todo el mundo aportan su granito de arena en el terreno creativo, uno de los más activos de las protestas. Badiucao, por ejemplo, es uno de los artistas disidentes más prominentes, y no duda en poner su talento como dibujante de ácidas viñetas políticas al servicio de las cinco exigencias de los manifestantes. Él ha creado ya varias imágenes icónicas que a menudo se pueden ver pegadas en los reivindicativos “muros de Lennon” de Hong Kong, paredes y pasadizos que se llenan con pintadas reivindicativas y pósteres que recuerdan los momentos clave del movimiento.

“El arte está jugando un papel esencial a la hora de mantener vivas las protestas”, afirma Badiucao a eldiario.es. “Lo hace en tres frentes: mantiene a la gente unida, renueva las demandas dándoles otros sentidos y una dimensión diferente, y ayuda a captar gente que se siente identificada. Mi arte utiliza el lenguaje visual para empoderar al pueblo, registrar los momentos más icónicos del movimiento, y facilitar que el mensaje se disemine por el mundo. Las noticias se consumen a toda velocidad, pero el arte perdura. Y si una de mis viñetas se hace viral, el mundo presta atención y se identifica con la causa. Verlas pegadas en los 'Muros de Lennon' es un orgullo para mí”.

Virales se han hecho los diseños de una esvástica creada con las estrellas amarillas sobre fondo rojo de la bandera de China, y lo mismo ha sucedido con el término acuñado para acompañarlos, en forma de hashtag: #Chinazi. Diferentes momentos clave de las manifestaciones, como las palizas de Yuen Long, los manifestantes que han perdido un ojo por disparos de balas de goma, o la carga de los antidisturbios en la estación de Prince Edward, también se han plasmado en dibujos que han dado la vuelta al mundo y que los manifestantes blanden frente a las fuerzas de seguridad. Badiucao añade el ejemplo de la composición de un himno, Gloria a Hong Kong, que ha tenido tanto éxito que no faltan quienes proponen adoptarlo en sustitución del oficial. Desde hace unos días, incluso se ha desarrollado un videojuego para “liberar a Hong Kong”.

Para muchos, este es el nuevo manual de protesta de la sociedad civil en el siglo XXI. “Los hongkoneses están luchando contra la mayor y más poderosa dictadura del mundo. Su ejemplo inspira a muchos otros movimientos por el mundo”, asegura Badiucao. Incluso la prensa oficial china, la más crítica con el movimiento de Hong Kong, lo ve así. Diarios como el ultranacionalista Global Times han trazado multitud de similitudes entre las protestas del principal centro financiero de Asia y las que protagonizan los chilenos o los independentistas de Cataluña.

Sobre todo esos últimos, porque a Pekín le interesa incidir en que el movimiento de Hong Kong no busca la democracia sino la secesión. Y en que no es pacífico sino violento. Sin duda, el hecho de que los hongkoneses hayan convocado una marcha llena de esteladas en favor de Cataluña se lo ha puesto fácil. “Stand with Catalonia” [apoyemos a Cataluña] es un grito de guerra que se ha sumado también a otros lemas coreados y pintados por la ciudad. El editor jefe del rotativo, Hu Xijin, vio los primeros paralelismos en el intento de cerrar el aeropuerto de El Prat, algo que en Hong Kong los manifestantes consiguieron durante dos días consecutivos, y luego su diario se ha centrado en resaltar la contención de la Policía de Hong Kong comparada con las actuaciones de cuerpos en Cataluña o Chile.

“Entre nuestras demandas, de momento, no se encuentra la independencia. Aunque muchos sí que la tenemos como objetivo final. Pero nos solidarizamos con Cataluña por la opresión del Estado, la brutalidad policial y las libertades fundamentales. Y contra la existencia de presos políticos”, defiende Lucía Tse, una de las jóvenes que la semana pasada se manifestó con una estelada. “En España algunos dicen que hablamos sin saber, pero sí que nos hemos informado”, espeta. “Han encarcelado a un grupo de gente por proponer un referéndum de autodeterminación que nosotros apoyamos”, añade esta joven ingeniera que echa mano de otro lema: “Nos podéis encarcelar a todos, pero no a nuestras ideas”.

Jason Leung también cree que la independencia de Hong Kong es la única salida para esta Región Autonómica Especial de China. Su testimonio es llamativo porque este joven trabaja para el Gobierno. “Al principio iba al frente, pero ahora no lo hago por miedo a que me reconozcan y afecte a mi carrera profesional. No obstante, creo que la independencia debe ser un último paso que todavía no podemos proponer. Ahora hay que centrar nuestros esfuerzos en alcanzar el sufragio universal y una mayoría prodemocracia en el Parlamento regional”, afirma.

Leung está empleado por la oficina que gestiona las próximas elecciones locales del 24 de noviembre, y prevé un descalabro de los partidos prochinos y un auge de los prodemocracia. “Esto elevará la presión sobre el Gobierno, que creo que está dispuesto a hacer una nueva concesión y aceptar que se lleve a cabo una investigación independiente sobre la actuación de la Policía. Si se materializa, después de haber logrado que se retire la propuesta de ley que inició todo, se demostrará que, como ha sucedido en Chile, la movilización sí que sirve para algo”.

En la urbanización de Jiang Shizhen han aparecido cuatro contenedores de colores. Los vecinos están confusos, así que el gobierno municipal de Shanghái ha puesto a un voluntario para explicar lo que sucederá a partir del 1 de julio. “Entrará en vigor la nueva normativa de reciclado que obliga a separar la basura”, le comenta el joven ataviado con un chaleco de colores adornado con un corazón. “Hay cuatro categorías: los desechos orgánicos van al cubo marrón; los restos residuales no reciclables, al negro, que también es donde se echan los huesos; la basura reciclable, al azul; y todos los desechos peligrosos, al rojo”. Jiang se rasca la cabeza poco convencido mientras lee el folleto explicativo que le da el voluntario. “Va a ser un caos”, vaticina.

La escena recuerda a las que se vivieron en España hace dos décadas, cuando se obligó a la recogida selectiva de basuras para propiciar el reciclaje. Y los comentarios también son similares. “Me he quedado mirando los diferentes contenedores y lo único que he podido hacer es quedarme como un pasmarote sujetando las bolsas de basura. No tengo ni idea de dónde va cada cosa”, comentaba en Weibo, el Twitter chino, un usuario apodado Niguanne. “¿Dónde tengo que tirar la arena con los excrementos de mi gato? La arena debería ir al negro y la caca al marrón”, añadía otro internauta desconcertado.

Las críticas se centran en que, a diferencia de lo que se hace en países donde la clasificación está íntimamente ligada al material –como el papel o el vidrio–, en Shanghái se habla de 'basura húmeda' y 'basura seca'. “Todos los países han adoptado sistemas sencillos de reciclaje. Solo Shanghái lo ha complicado tanto. No sé qué funcionario ha tenido esta brillante idea”, critica Shi Liqin un estudiante de máster en la universidad de Fudan.

El objetivo del Gobierno es que, para el año que viene, el 35% de todos los residuos domésticos sean reciclados. En una megalópolis como Shanghái, que produce en torno a 9 millones de toneladas de basura al año, se trata de una cantidad nada despreciable. Y, a diferencia de lo que ha sucedido en intentos anteriores, esta vez va en serio: las comunidades de vecinos serán multadas hasta 500.000 yuanes (64.000 euros) si no cumplen con la normativa, mientras que los ciudadanos podrán ser castigados con multas de hasta 200 yuanes (25 euros) por cada infracción que cometan.

El programa piloto de Shanghái, el primero de China, certifica un incremento de la conciencia medioambiental en el país que más contamina del mundo. Sigue la estela de la ciudad sureña de Shenzhen, que en abril hizo obligatorio el reciclaje de todos los desechos de gran tamaño –como muebles o electrodomésticos– y pone las bases de un modelo que se irá extendiendo por el país. Pekín espera que, a finales del año que viene, más de cien ciudades hayan adoptado sistemas similares. También sirve para compensar el efecto que ha tenido en las empresas de reciclaje la prohibición de importar basura del extranjero.

Porque el 1 de enero de 2018, China sacudió los cimientos del mundo desarrollado con el veto a la compra de 24 tipos de desechos, incluidos el plástico, el papel, y los textiles. Y a finales del año pasado extendió la prohibición a otras 16 categorías, incluidos los componentes de automóvil y los barcos. Así, la importación de basura en China, que llegó a alcanzar 60 millones de toneladas anuales en su punto culminante, cayó el año pasado un 48%. Y todo apunta a que la partida se hará todavía mucho más pequeña en 2019, porque en julio será ilegal importar desechos de diferentes tipos de cobre, acero y aluminio, y a finales de este año se sumarán 16 categorías de basura más.

Esta coyuntura ha provocado una crisis en los países desarrollados, que ahora buscan destinos alternativos. Un ejemplo muy claro es el de Estados Unidos: en la primera mitad del año pasado, sus exportaciones de basura a China cayeron un 92%; a su vez, las que tenían Tailandia como destino se multiplicaron por 20, mientras que Malasia recibió casi tres veces más desechos estadounidenses y a Vietnam llegó un 46% más. Aun así, ni siquiera esos espectaculares incrementos fueron suficiente para compensar el descenso provocado por la prohibición del gigante asiático.

Además, China puede ser también un ejemplo para otros países asiáticos que comienzan a preocuparse por su medio ambiente. Ha sucedido en Malasia, que en mayo comenzó a rechazar buques llenos de basura plástica. En total, el país devolverá a sus países de origen –sobre todo Estados Unidos, Canadá y Arabia Saudí, pero también a España– hasta 3.000 toneladas de desechos que considera de muy baja calidad o no reciclables.

“Se comercia con la basura con el pretexto del reciclado, pero, en realidad, lo que sucede es que el mundo se deshace de ella en países pobres”, señaló la ministra de Medio Ambiente del país, Yeo Bee Yin. “Los malasios estamos forzados a sufrir la contaminación atmosférica provocada por la quema de plásticos de otros países, la polución de los ríos y los basureros ilegales entre otros problemas”, añadió.

“Si no envían su basura al sudeste asiático, la mandarán a África”, subrayó Yeo en una entrevista concedida al Financial Times en febrero. La ministra malasia es partidaria de una convención internacional que regule este negocio, y cada vez son más los países que están imponiendo restricciones. Vietnam introdujo algunas en mayo del año pasado, aunque fueron temporales, y Tailandia está estudiando una solución que sirva tanto para proteger el medio ambiente como los intereses económicos de las empresas de reciclaje.

No obstante, es evidente que el problema está también en Occidente. “China ha dejado al descubierto la hipocresía de países que se enorgullecen de su liderazgo en el campo del reciclaje, pero que, en realidad, lo que hacen es enviar su basura a otros países. Clasificada, eso sí”, criticó Liu Jianguo, un profesor de la Universidad de Tsinghua especializado en la gestión de residuos. “Los países occidentales deberían buscar una solución para lidiar con su propia basura, sin enviar el problema a otros países”, sentenció en declaraciones a la prensa local. Puede que antes los países en vías de desarrollo estuviesen dispuestos a ponerse en riesgo por el beneficio económico, pero la situación está cambiando rápidamente.

Meghna Lama luce una sonrisa embaucadora. Ella, consciente de su magnetismo, sabe exprimirla al máximo: ya sea para ganarse al público con el resultado de sus sesiones fotográficas o para evadir preguntas incómodas. Aunque, al final, termina accediendo a responder esas últimas con gesto más serio. Al fin y al cabo, antes que modelo y Miss Pink Nepal 2010, Lama se considera activista. Y eso requiere bucear a menudo en una historia llena de sinsabores.

“Nací varón en Damak, una zona rural de Nepal. Recuerdo mi infancia, a partir de los siete años, como un período de confusión total”, recuerda Lama en una conversación con eldiario.es.

“Sabía que era diferente al resto de niños, pero no por qué. Me veía más atraído por los juegos de niñas y algunos compañeros me insultaban porque rehuía los deportes y tenía un carácter algo afeminado. Pero, en aquella época y en aquel lugar, nada se sabía del colectivo LGBTI, así que no entendí lo que pasaba conmigo hasta que entré en el instituto”, prosigue.

Ella se sentía mujer, pero no conocía ningún otro caso como el suyo y creyó que lo mejor era suprimir esa identidad en la medida de lo posible. Su único hermano murió en un accidente y esa tragedia complicó aún más su transición. “De repente, me convertí en hijo único. En el hombre que debía perpetuar la estirpe familiar. Me presentaron a varias mujeres con las que querían casarme, y el pueblo se volvió en contra de mi familia cuando las rechacé. Algunos incluso culparon a mi madre de la muerte de mi hermano y de mi 'orientación sexual' –el pueblo la identificaba como homosexual&ndash, y comenzaron a exigirle a mi padre que nos abandonase y que se casara con otra mujer. Al final, traté de suicidarme bebiendo veneno”, relata Lama.

“Cuando vieron que si mantenían esa actitud también me perderían a mí, mis padres cedieron en sus exigencias y me mudé a Katmandú”. En la capital, Lama abrió los ojos a una realidad completamente desconocida para ella y las piezas de su puzle encajaron. Allí descubrió la Blue Diamond Society, la primera ONG dedicada a luchar por los derechos del colectivo LGBTI en Nepal. “Por un lado, fue un alivio comprenderme; por otro, supe que mi vida nunca sería fácil”, comenta.

Ganar un certamen de belleza, su punto de inflexión

Sin recursos para salir adelante, y ya vestida de mujer, Lama comenzó a experimentar la discriminación que sufre el tercer género, como se conoce a quienes no encajan en el esquema binario hombre/mujer. “Encontrar un trabajo es misión imposible. Incluso lograr que te alquilen un piso digno es complicado”, señala. Así que Lama acabó en la salida más habitual de las personas transgénero: la prostitución. “No es una opción, es la única forma de sobrevivir”, sentencia.

Pero, tras el movimiento democrático iniciado en 2006, que puso fin a dos décadas de guerra civil, derrocó a la monarquía y marcó la llegada al poder de maoístas y comunistas, la situación para el tercer género en Nepal dio un vuelco. La aceptación social se disparó, y el colectivo se coló en la agenda política. En 2015, la Constitución fue modificada para proteger a la comunidad LGBTI frente a diferentes tipos de discriminación, y también se aprobó el término 'otros' para que, en documentos oficiales como el carné de identidad o el pasaporte, el tercer género se añadiera a los tradicionales hombre y mujer.

El punto de inflexión en la vida de Lama se produjo un lustro antes de aquel hito, en 2010, cuando ganó el certamen de belleza Miss Pink para personas transgénero y representó a Nepal en el equivalente internacional, Miss Transgender Queen. “Supuso un cambio total por dos cosas: en primer lugar, porque la prensa y la sociedad se comenzaron a interesar por mi historia, lo cual se tradujo en oportunidades laborales y también en un canal para hacer activismo; en segundo lugar, me dio la confianza suficiente como para poner en marcha mi transición física”, afirma Lama.

Comenzó una terapia hormonal y, como en Nepal la cirugía de reasignación de sexo está aún prohibida, terminó viajando a Tailandia para seguir el procedimiento de implante de senos. “En el futuro también quiero operarme los genitales, pero no saco el tiempo suficiente. Hacen falta meses de reposo y yo estoy ahora muy activa”, cuenta entre carcajadas. Y no miente. Lama se ha propuesto derribar otra de las barreras que constriñen la vida de los transexuales, la de la pobreza, y ha logrado poner en marcha un exitoso negocio.

“En 2015 abrí Pink Tiffany, el primer bar-restaurante para la comunidad LGBTI. Tenía varios objetivos: demostrar que nosotros también podemos sacar adelante un negocio, crear puestos de trabajo dignos para el colectivo, y ofrecer un lugar en el que nos sintamos seguros y no suframos discriminación”, explica en una de las mesas del local, situado en el turístico barrio de Thamel. Una de las columnas está decorada con los colores del arcoíris, en la pared de un extremo luce un retrato de Buda, “lo divino”, y en la opuesta hay dos alas de ángel “que representan la libertad”.

Lama tuvo que buscar el apoyo de un hombre heterosexual para cerrar el contrato de alquiler del local, que terminó reubicando en 2017 en la localización actual. No obstante, regentar un negocio que todavía se considera peculiar conlleva problemas particulares. “La Policía le presta especial atención”, señala con una sonrisa y encogiéndose de hombros cuando se le pregunta si eso quiere decir que los agentes exigen sobornos para dejar en paz a la clientela. A pesar de las dificultades, en sus planes está inaugurar más locales.

Volcada en el activismo

Además del negocio hostelero, Lama está muy involucrada en la lucha por los derechos LGBTI. Como otros activistas, hace presión sobre los políticos para que se vuelva a reformar la Constitución de forma que tengan los mismos derechos que los heterosexuales. Eso incluye, por ejemplo, la aceptación del matrimonio homosexual, un debate que ha encallado en el Parlamento después de que el Gobierno encargase un informe al respecto.

A pesar de que todavía queda mucho camino por recorrer en Nepal, organizaciones como Human Rights Watch consideran al país del Himalaya un faro para el colectivo LGBTI. Un buen ejemplo de que lo es se ve nada más aterrizar en el país: en el formulario de inmigración la casilla 'Otros' aparece junto a la de 'Hombre' y 'Mujer'.

Lama, sin embargo, continúa manteniendo su carné de identidad de hombre. Es una decisión que no tiene nada que ver con Nepal, sino con el resto del mundo. “Que mi sexo se marque como 'Otros' me puede dar problemas en diferentes países, sobre todo en los de Oriente Medio, donde ni siquiera se me permitiría la entrada. Así que, cuando viajo allí –es un destino habitual para los nepaleses–, me visto como hombre y paso como tal. Nepal ha avanzado mucho y estoy orgullosa de ello, pero, desafortunadamente, muchos otros países se han quedado atrás”, sentencia.

En China, los grandes acontecimientos políticos y económicos del país van acompañados casi siempre de un buen tiempo inusual. Los métodos que el Gobierno chino usa para asegurar un cielo azul en las citas más importantes son conocidos. Comenzó a utilizarlos con los Juegos Olímpicos de Pekín en 2008 y ha vuelto a emplearlos en desfiles militares y grandes cumbres multilaterales.

En concreto, lo que hacen las autoridades es modificar el tiempo a su antojo rociando las nubes con yoduro de plata. Este elemento, combinado con otros, propicia la precipitación de lluvias. O de nieve, como sucedió en 2009, con una de las nevadas más copiosas registradas en la capital china en un mes de noviembre, que fue provocada por 186 cohetes cargados con estos químicos. La técnica, denominada sembrado de nubes, no es nueva, ya que países desérticos como Israel llevan desarrollándola y experimentando con ella desde la década de 1970.

La diferencia es que, ahora, el gigante asiático se ha propuesto dejar de utilizarla exclusivamente de forma puntual para instalar una gigantesca red de chimeneas que permitan modificar el clima del Tíbet, región controlada por China al noreste del Himalaya, 'el techo del mundo'. El proyecto, denominado Tianhe [Río en el cielo], es el mayor plan de geoingeniería del mundo –cubrirá una superficie de 1,6 millones de kilómetros cuadrados, tres veces la de España–, y tiene como objetivo lograr entre 5.000 y 10.000 millones de metros cúbicos de agua adicionales para las regiones norteñas del país. Esto supone incrementar la capacidad hídrica del país hasta un 7%.

De momento, la Corporación de Ciencia y Tecnología Aeroespacial, que desarrolla también proyectos militares para China, ha instalado más de 500 chimeneas que sirven para diseminar los químicos en el aire. “El plan se encuentra en una fase de prueba, pero los resultados están siendo muy prometedores”, comentó uno de los científicos del proyecto al diario de Hong Kong South China Morning Post.

Si todo continúa como está previsto, en un futuro cercano se instalarán varios miles de estas chimeneas por diferentes puntos del Tíbet, y su funcionamiento será controlado por una red de satélites que controlará los efectos en tiempo real. “Es una innovación crítica para resolver la escasez de agua en China. El proyecto supondrá una contribución importante no solo para el desarrollo de China sino también para la prosperidad del mundo”, justificó Lei Fanpei, presidente de la corporación.

Un proyecto con efectos impredecibles

“Solo unos pocos países son capaces de llevar a cabo este tipo de modificación climática a gran escala”, comentó hace unos años Cui Lianqing, meteorólogo de la Fuerza Aérea, tras la celebración del espectacular desfile militar en conmemoración del 60º aniversario de la proclamación de la República Popular. Los cielos azules de Pekín asombraron a todo el mundo, acostumbrado ya a ver la capital china tras una cortina de contaminación, pero tenían poco de naturales.

“Si el cambio climático comienza a ponerse verdaderamente feo, muchos países comenzarán a buscar medidas desesperadas para mitigar sus efectos. Eso podría llevar a la implementación de proyectos unilaterales de geoingeniería”, añadió entonces al diario The Guardian David Victor, un experto en política energética de la Universidad de Stamford. Sus palabras se han demostrado proféticas con los nuevos planes de China.

El problema radica en que el agua es un recurso cuya cantidad permanece invariable en el planeta. Es decir, si el norte de China recibe más, otros lugares pueden sufrir sequía. El Tíbet es, además, el territorio en el que nacen los principales ríos del continente asiático: el Yangtsé y el Río Amarillo recorren territorio exclusivamente chino, pero el Mekong es la principal arteria fluvial del sudeste asiático, y el Ganges o el Brahmaputra son clave para India. En total, el Tíbet es el origen de gran parte de los recursos hídricos de la mitad de la población del planeta.

Así, el proyecto 'Sky River' preocupa a los países que surcan estos ríos. Los científicos afirman que el plan puede tener consecuencias impredecibles tanto en China, como en el resto de los países de la región. En primer lugar, porque el caudal de los ríos, que ya está afectado por niveles graves de contaminación y una interminable sucesión de presas hidroeléctricas, podría verse afectado. Y, en segundo lugar, porque la lluvia provocada por los agentes químicos puede dañar la fauna acuática.

“Cuando el yoduro de plata cae a tierra disuelto en el agua su toxicidad no es elevada, pero sí lo suficiente como para modificar el ecosistema”, afirmó Faye McNeill, ingeniero químico de la Universidad de Columbia, en declaraciones a Asia Times. Los productos químicos no son suficientemente perniciosos como para afectar a los peces, pero sí a los microorganismos que viven en el agua, y esto podría tener consecuencias en el ciclo de los nutrientes de la fauna.

De momento, el proyecto se desarrolla con la opacidad propia de los secretos de Estado y muy pocos han levantado la voz contra él porque es poco conocido. Uno de ellos es el ministro de Finanzas del estado indio de Assam, Himanta Biswa Sarma, que ha urgido al Gobierno de India –cuyas relaciones con China son siempre tensas– a que exija más información y estudie las consecuencias que puede tener en el país. Pero parece poco probable que Pekín, envalentonada por el poder que le confiere haberse convertido en la segunda potencia mundial, cambie de opinión y dé su brazo a torcer.

- “Las personas que no estén unidas por un matrimonio legal y que mantengan relaciones sexuales podrán ser condenadas a una pena de hasta cinco años de prisión”.

- “Quienes convivan como marido y mujer sin haber contraído matrimonio legalmente podrán ser castigados hasta con un año de cárcel”.

Esas son las polémicas frases que el parlamento de Indonesia quiere incluir en la reforma de los artículos 484 y 488 del código penal, que hacen referencia al sexo extramatrimonial y a la cohabitación. Como el matrimonio entre personas del mismo sexo está prohibido en Indonesia, esta reforma supone, de facto, la criminalización de la homosexualidad. Es la fórmula que los políticos han encontrado después de que, el año pasado, el Tribunal Constitucional rechazase una petición para ilegalizar las relaciones homosexuales.

Es también reflejo del gran paso atrás que el archipiélago está dando en materia de derechos y de libertades. Es lo que piensa Amir, que se enfrenta a diario a la discriminación por ser homosexual en la capital, donde vive. “Es el resultado del explosivo binomio que crean la política conservadora y el auge del islamismo integrista”, opina.

Una persecución creciente

La ley indonesia ya recoge el adulterio como delito. Pero, para que una relación sea tipificada como tal es necesario que uno de los protagonistas esté casado. La nueva formulación, con el mero cambio de unas pocas palabras, es la que provoca un vuelco en la situación.

La reforma, que aún está siendo debatida en el Parlamento, se suma a la creciente persecución que sufre el colectivo LGTBI en el país: el Gobierno ha prohibido aplicaciones de móvil para citas populares entre homosexuales y la Policía ha incrementado las redadas contra bares gais y la detención de sus clientes.

Además, el Ministerio de Salud ha incluido la homosexualidad en la lista de 'desórdenes mentales'. En la provincia de Aceh –regida por la 'sharia'–, dos hombres fueron fustigados 83 veces por mantener relaciones homosexuales y 12 mujeres transexuales fueron forzadas a cortarse el pelo y vestir ropa de hombre en público.

“Ser homosexual en Indonesia supone vivir atemorizado de por vida. Antes ya era suficiente castigo el estigma social que acarrea, pero ahora va a ser todavía peor. Va a ser un crimen”, se lamenta Amir. El Gobierno, sin embargo, afirma que la ilegalización servirá para aplacar a los colectivos más conservadores y evitar ataques violentos contra la comunidad LGBTI. Es más, asegura que la reforma supondrá una mayor protección para los homosexuales, algo que la organización Human Rights Watch ya ha tachado de “sinsentido”.

Los promotores de las enmiendas también esgrimen que los indonesios están a favor de la reforma legal, y algunas encuestas así lo corroboran: en diciembre, un 87,6% de quienes respondieron a las preguntas de la consultoría Saiful Mujani afirmaron que el colectivo LGBTI “representa una amenaza social”.

La aprobación de las enmiendas estaba prevista para San Valentín –no se sabe si como muestra de humor negro– pero fue retrasada un par de meses. En cualquier caso, como la iniciativa cuenta con el visto bueno de los diez partidos políticos más relevantes, pocos dudan que se terminará llevando a cabo.

El 81,5% justificó su opinión argumentando que “la religión prohíbe ese tipo de sexualidad”, y solo el 57,7% consideró que los no heterosexuales “tienen derecho a la vida”. Un diputado islamista, Muslin Ayub, fue más allá y propuso castigar a los gais con la pena de muerte.

Dita Reninda, una periodista de Yakarta, es una de las voces que apoyan la nueva redacción propuesta. Sus argumentos evidencian su normalizada homofobia. “La homosexualidad puede ser dañina para la sociedad, porque la mayoría de los gais se camuflan detrás de una apariencia normal y no son honestos. Tampoco con sus esposas, lo cual provoca que muchas mujeres se vean infectadas con el VIH porque sus maridos mantienen relaciones homosexuales sin protección y a escondidas”, comenta.

Otros colectivos afectados

Naciones Unidas ha pedido que Indonesia no apruebe la reforma del código penal. “La retórica de odio contra la comunidad LGTB se está cultivando con objetivos políticos muy cínicos y solo provocará sufrimiento y una mayor división innecesaria. La discriminación en base a la orientación sexual, o por cualquier otra razón, es intolerable”, afirmó en febrero Zeid Ra’ad Al Hussein, comisario de la ONU para los Derechos Humanos.

Otros colectivos también han denunciado que los cambios propuestos en el código penal van a tener un impacto muy negativo en las mujeres, homosexuales o no, porque afectará también a las parejas más pobres, que, sobre todo en las zonas rurales, no contraen matrimonio de forma legal.

También sufrirán sus efectos las minorías étnicas que profesan el animismo y que se casan con una ceremonia religiosa sin validez en el registro civil, porque no está amparada por los seis cultos reconocidos. La reforma dejará en situación de vulnerabilidad a las víctimas de violaciones: bastará que el violador asegure que fue una relación consentida para que la mujer pueda ser acusada de mantener relaciones extramaritales.

“Si la mujer no prueba que hubo violencia o amenazas durante la relación, podría convertirse en imputada”, explicó el representante del Instituto para la Reforma de la Justicia Criminal, Erasmus Napitupulu. Las trabajadoras del sexo también podrían ser perseguidas por este delito, que, como han apuntado algunos juristas, incluso se podría utilizar contra turistas y residentes extranjeros que no hayan contraído matrimonio y mantengan una relación sentimental.

Finalmente, la reforma del código penal tiene un cariz autoritario. Afecta también a los artículos 238 y 239 sobre la difamación del presidente y del vicepresidente. Aunque el Tribunal Constitucional se ha mostrado contrario a la redacción propuesta, la nueva ley recogerá penas de hasta cinco años de prisión para quienes insulten o difamen a los mandatarios en público o de forma visible.

“Poco a poco, un país que se enorgullecía de ser moderado en su visión del islam se está radicalizando hasta niveles difíciles de creer. Pensábamos que, con el desarrollo económico, poco a poco Aceh se iría abriendo como el resto del país; pero es el resto del país el que se está cerrando como Aceh”, critica Amir.

Siete minutos. Es el tiempo que la Policía de Guiyang necesitó para capturar al reportero de la BBC John Sudworth, que había decidido retar a los nuevos sistemas de vigilancia por reconocimiento facial de China.

Las autoridades entraron al trapo, le hicieron una foto para tenerlo fichado en el registro nacional, que ya cuenta con imágenes y huellas digitales de todos sus ciudadanos y de gran parte de quienes visitan el país, y luego se dedicaron a buscarlo utilizando las cámaras de videovigilancia de la capital de la provincia sureña de Guizhou.

Los algoritmos de inteligencia artificial no tardaron en dar con él y unos agentes lo interceptaron en la estación de tren. Así, Sudworth demostró que es imposible escapar al Gran Hermano del gigante asiático.

Lo ha certificado hace unos días un caso real en la ciudad de Nanchang. Allí, estos sistemas de seguridad identificaron a un fugitivo entre los 60.000 asistentes a un concierto. A través de las cámaras situadas en las taquillas, el software reconoció al señor Ao, buscado por delitos económicos y envió la alarma a los policías que se encontraban en la zona. “Estaba completamente sorprendido de que lo hubiésemos capturado”, declaró orgulloso uno de los agentes que participó en la operación, Li Jin, a la agencia Xinhua.

170 millones de cámaras de videovigilancia

Basta un breve paseo por cualquier ciudad china para darse de bruces con una innumerable cantidad de cámaras. Las hay de todos los tamaños y formas: las que parecen un huevo negro, las que apuntan en una sola dirección como si fuesen un cañón, y las baterías de cámaras que rotan 270 grados y que incluyen hasta flashes para operación nocturna. La presencia de algunas resulta muy evidente, otras hay que buscarlas a conciencia. Todas ellas, hasta unos 170 millones, son los ojos del Partido Comunista. Y esto es solo el comienzo, porque China sumará otros 400 millones en los próximos años.

En Yitu, una de las empresas que desarrollan software de reconocimiento facial para el Gobierno, me enseñan cómo funciona el sistema poniéndome a mí mismo como ejemplo. Sin que me haya percatado, nada más entrar a su sede en Shanghái, una cámara me ha tomado una fotografía que sirve al resto para identificarme en cada rincón del edificio.

Luego, el sistema muestra dónde he estado y a qué hora en un mapa en el que también se pueden ver los vídeos de lo que he hecho en cada uno de esos lugares. Su fundador, Zhu Long, afirma que son sistemas de vigilancia que mejoran notablemente la efectividad de las fuerzas de seguridad y que, por ende, hacen a China un país mucho más seguro.

Las 30.000 cámaras de seguridad del metro de Shanghái, el más extenso del planeta, han servido para capturar a diferentes personas requeridas por la justicia. Pero el problema está en que el Gobierno también los utiliza para neutralizar cualquier activismo. Sumados a la férrea vigilancia en Internet, sobre todo en redes sociales –todas las empresas están obligadas a compartir sus datos con las autoridades–, China está creando lo que la ONG Human Rights Watch denomina una “nube policial” que, denuncian, viola la privacidad y los derechos fundamentales de sus ciudadanos.

“Las autoridades recaban y centralizan cada vez más información de cientos de millones de ciudadanos corrientes, identifican a los que se desvían de lo que ellos consideran 'ideología normal', y utilizan los datos para vigilarlos”, ha afirmado la directora de HRW para China, Sophie Richardson.

“El Gobierno está explorando de forma activa nuevas tecnologías, como la analítica de 'big data' y los sistemas basados en computación en la nube para agregar y 'minar' información personal –en la que se cuentan transacciones online, historiales médicos o afiliaciones a diferentes organizaciones– de forma más eficiente”, añadió la organización en un informe publicado el pasado noviembre.

La vigilancia traspasa las fronteras chinas

Es un Estado policial invisible, facilitado por los últimos avances tecnológicos. Y en regiones 'problemáticas' como Tíbet o Xinjiang se suma a la tradicional red de informadores del Gobierno para crear un marco de seguridad inquebrantable dentro de sus fronteras. Un ejemplo lo viví cuando viajé a la ciudad de Kashgar, en el extremo oeste de Xinjiang: cinco minutos después de entrar al hotel, la Policía apareció en el hall para llevar a cabo un interrogatorio aparentemente inocuo.

Pero el asunto va más allá de China: diferentes casos han demostrado que las fuerzas de seguridad –oficiales o no– también operan en el extranjero. Como el de Gui Minhai, editor chino, nacionalizado sueco y residente en Tailandia, especializado en la publicación de libros críticos con el Partido Comunista en Hong Kong. En 2015, unos desconocidos –aparentemente agentes chinos– lo abdujeron en su domicilio tailandés y lo trasladaron a China. Allí permanece recluido, y su caso ha enfrentado a China con Suecia, ya que Gui fue interceptado hace unos meses por la Policía china cuando viajaba en un tren con diplomáticos del país europeo para recibir tratamiento médico. 

Otros casos han sobresaltado a Hong Kong, un territorio donde las fuerzas chinas no tienen jurisdicción. Un documental emitido recientemente por Al Jazeera demuestra que todo tipo de activistas forzados al exilio viven con el temor de que agentes chinos arremetan contra ellos en sus países de acogida o tomen represalias con sus familiares en el gigante asiático.

Tanto la CIA como el FBI han acusado a Pekín de haber tejido una tupida red de espías por todo el mundo, y diferentes organizaciones denuncian que el mundo lo permite con el objetivo de agradar al régimen y de asegurarse así oportunidades económicas. “No es solo una amenaza gubernamental, es también una amenaza social. Es algo que vemos con preocupación”, señaló el director del FBI, Christopher Wray, durante una comisión del Senado estadounidense.

En esta coyuntura, Wray –y muchos otros– señala al Instituto Confucio, equivalente al Instituto Cervantes de España, como una de las principales armas de China en la expansión de su influencia política y social. El Confucio se instala en universidades y centros educativos extranjeros –ya hay más de 500 en el mundo– que le prestan un lugar y logística a cambio de financiación directa del Gobierno chino.

Aunque sus responsables niegan que su labor vaya más allá de la enseñanza del idioma y de la cultura de China, sus profesores son elegidos por los dirigentes chinos y ejercen presión sobre los centros extranjeros en los que anidan para que se eviten temas críticos con la segunda potencia mundial. “Son una herramienta de propaganda y crean una red de gente afín a China para influenciar a las próximas generaciones occidentales”, explicó a Al Jazeera Chen Yonglin, un diplomático chino que decidió desertar tras haber ayudado a crear la estrategia para acabar con la disidencia.

No obstante, estos sistemas de control se ven con buenos ojos por muchos otros gobiernos, democráticos o no. China marca el camino en Asia, donde diferentes países de su esfera –Tailandia, Filipinas, Camboya– han tomado un cariz cada vez más autoritario, pero los escándalos sobre la privacidad afectan también a EEUU y Europa, donde se considera adoptar sistemas de inteligencia artificial para  vigilar a la población con el pretexto de la seguridad.

Ernawati no ha cometido ningún delito, pero está condenada a sufrir de por vida la peor de las torturas. Ella solo quería sacar adelante a su familia, pero ahora son sus allegados quienes la han recluido en el trastero. La estancia en la que está encerrada apenas tiene metro y medio de largo por otro tanto de ancho.

Pero eso da igual, porque esta mujer de 23 años permanece constantemente atada a la pared con una cadena que incluso le impide levantarse. Está obligada a hacerse sus necesidades fisiológicas encima, y, por si fuese poco, en la minúscula habitación no hay ventana ni bombilla, y la puerta se mantiene cerrada casi todo el día. Ernawati solo ve la luz cuando su madre la limpia o le da de comer, muchas veces un vaso de plástico con pipas o frutos secos.

Ernawati sufre esquizofrenia. O, al menos, eso es lo que creen en el centro de salud de la localidad indonesia de Sukabumi, en el extremo occidental de la isla de Java. Hasta 2016 pudo llevar una vida normal. Muchos creen que hace dos años algo causó su trastorno mental cuando estaba trabajando como empleada doméstica en Arabia Saudí. “Ernawati siempre fue una chica poco habladora”, pero no tenía ninguna enfermedad, cuenta su madre, Abtyah, de 55 años. “Había viajado en dos ocasiones a Arabia Saudí y con el dinero que ganó pagó gran parte de esta casa. Pero la tercera vez que viajó, con el objetivo de ahorrar para dar a los hijos una buena educación, solo duró un mes”.

En agosto de 2016, Abtyah recibió una llamada que cambió por completo su vida. “Era del Consulado de Indonesia en Riad. Me dijeron que Ernawati estaba mal y que la iban a deportar, pero no ofrecieron más información”, recuerda su madre. Funcionarios del gobierno de Sukabumi la recibieron y la ingresaron en un hospital. “Como no tenemos dinero, su tratamiento se limitó a los 40 días gratuitos que ofrece la seguridad social”, afirma Abtyah. “Cuando llegó a casa, nos dimos cuenta de que no la podíamos dejar suelta, porque se escapaba, se encaraba a los vecinos, y provocaba muchos problemas”.

Al principio, Abtyah ataba a Ernawati con una cuerda y la soltaba a menudo. “Era imposible cuidar de ella. Se hacía daño y hacía daño a otras personas. Sin ningún tipo de ayuda, me vi obligada a encadenarla”, dice, incapaz de contener el llanto. “Tampoco puedo dejarle suficiente cadena como para que se levante porque da patadas a la pared y se lastima”, añade Abtyah, que ahora se ve en la tesitura de tener que sacar adelante sola a sus tres nietos.

“Trabajo como jornalera en el campo, pero ahora apenas puedo hacer nada porque tengo que cuidar de Ernawati y de los tres niños. Los dos mayores van a la escuela, pero la pequeña -de dos años y medio- todavía no”, se lamenta. “Y estoy muy cansada porque por las noches Ernawati no deja de gritar, y yo no puedo dormir”.

No obstante, cuando Abtyah abre la puerta del trastero en el que está Ernawati, la joven dedica una amplia sonrisa. Preguntada por la razón de que esté encadenada, responde que no lo sabe. Pero asegura que si la dejan libre se portará bien. Dice que tampoco recuerda qué le sucedió en Arabia Saudí.

“Muchas mujeres sufren abusos en Arabia Saudí”

Pero, según Sugih, un sanitario del centro de salud que la debería tratar, puede que ahí esté la clave del estado de Ernawati. “Muchas mujeres sufren todo tipo de abusos en ese país, razón por la que Indonesia ha prohibido que viajen allí para trabajar como empleadas domésticas. Puede que se haya traumatizado y eso haya desencadenado la esquizofrenia. No obstante, el suyo es un caso extremo”.

Sugih sabe perfectamente en qué condiciones vive Ernawati, porque un empleado del centro de salud la visita cada cinco días para llevarle medicamentos: Diazepam y otros tranquilizantes que dejan a la joven en un estado de semiinconsciencia. “Hemos sugerido que lleven a Ernawati al hospital para un tratamiento prolongado. Creemos que podría ser eficaz para mejorar su estado mental, pero la familia no tiene recursos ni para ir al hospital y nosotros no podemos obligarlos a mejorar las condiciones en las que vive Ernawati”, afirma el sanitario por teléfono.

Nadie sabe decir tampoco si es legal mantener a una persona encadenada y sin luz las 24 horas del día. Pero la mayoría asegura que Ernawati no es, ni mucho menos, la única. “Es habitual que, en zonas remotas, los enfermos mentales que dan problemas sean recluidos en casa sin ningún tipo de asistencia médica especializada”, reconoce Sugih. Con un sistema sanitario muy deficiente en las zonas rurales, los enfermos mentales son los que más sufren, porque muchas veces ni siquiera se considera que padecen una enfermedad. “La gente los tacha de locos, y punto”.

19.000 casos en Indonesia, según HRW

Según un informe publicado en 2016 por Human Rights Watch, casi 19.000 personas con enfermedades mentales viven en condiciones similares a las de Ernawati. Es lo que se conoce como 'pasung', una práctica prohibida en 1977 que incluye el encadenamiento o el confinamiento de los enfermos mentales.

Según el propio Gobierno, unas 57.000 personas la han sufrido en el país, y en torno a 18.800 están actualmente encerradas en cuartos de sus propios hogares o en instituciones públicas en las que tampoco reciben un trato especialmente digno. El Gobierno se ha propuesto erradicar el ‘pasung’ en 2019, pero reconoce que las malas infraestructuras y la falta de recursos hará imposible la consecución de este objetivo.

Con la puerta abierta, Ernawati comienza a cantar. Reza el Corán, y se tapa la cabeza con el hiyab. “Trata de que nos apiademos y la soltemos, pero ya sabemos lo que hace después”, dice Abtyah, que aprovecha para peinar el cabello de su hija. En el trastero huele a excrementos, pero la madre no puede lavar a menudo a su hija porque no tiene fuerza para evitar que escape. “Tengo que esperar a que venga alguno de sus hermanos, que son también los que nos ayudan algo en lo económico”, dice.

Desafortunadamente, la condición mental de Ernawati no ha sido el único infortunio de su vida: los padres la casaron a los 14 años con un hombre que entonces tenía 20. Cuando regresó enferma de Arabia Saudí, la abandonó. “El tiempo que enviaba dinero, él estuvo muy contento. Pero cuando vio que tenía que cuidar de ella, no lo volvimos a ver”, cuenta Abtyah resignada. A su lado, los tres niños ven la televisión en una pantalla rota ajenos a la situación en la que se encuentra su madre. “Su futuro es el que me preocupa”, señala Abtyah. “Porque el mío y el de Ernawati ya no existe”, apostilla.

Ganga Kunwar todavía siente un escalofrío cada vez que recuerda la primera vez que tuvo la regla. No porque sintiese miedo ante el hecho biológico en sí, sino porque sabía que, por primera vez en casi 12 años, la iban a echar de casa.

“Ya me habían avisado mis padres de que tendría que respetar la tradición hinduista del 'chhaupadi' -que obliga a la segregación de las mujeres durante su menstruación- y que me recluirían en el 'goth' -como se llama a la pequeña chabola en la que son separadas de la familia-. Hacía frío y sentí terror ante la obligación de quedarme sola en ese cobertizo que no tenía ni puerta, así que me subí a un árbol y estuve encaramada a él durante cuatro días”, recuerda ahora, con 30 años.

Del árbol la bajó su madre, que no le dio mayor importancia al asunto. “Pensó que tenía miedo y que era una chiquillada sin importancia”, comenta Kunwar. Pero los habitantes de Payal, un pequeño poblado del distrito nepalés de Accham, se lo tomaron muy en serio. Creyeron que no había cumplido con la tradición y comenzaron a achacarle todos los males que sucedían.

“Si alguien se ponía enfermo, decían que la culpa era mía por no haberme quedado en el 'goth'. Si un tigre mataba al ganado, también”, cuenta Kunwar.

“La primera vez que tuve la regla, me intentaron violar”

A su lado se ha reunido un grupo de mujeres que quieren compartir sus experiencias sobre el 'chhaupadi'. “La primera vez que tuve la regla, como el 'goth' estaba muy lejos de nuestra casa, un grupo de chicos me intentó violar. Si no hubiese sido por un hombre que me salvó, lo habrían logrado”, afirma Basanti Bohara.

“A mí me tocó en invierno. Estaba en la montaña y hacía muchísimo frío. Así que tuve que encender una fogata que apagué cuando el humo apenas me dejaba respirar”, añade Ganga Pariyar. El pasado día 8, una mujer de 21 años murió por inhalación de humo cuando estaba segregada.

En la aldea de Payal saben bien lo que eso supone. En 2012, dos jóvenes fallecieron en sus respectivos 'goth' y un grupo de mujeres -en el que se encuentran Kunwar, Bohara, y Pariyar- se rebeló contra el 'chhaupadi'.

“Decidimos destruir todos los 'goth' que había para que los hombres no nos pudiesen echar de casa”, comenta Bohara. Pero el remedió terminó siendo peor que la enfermedad. Muchas familias, temerosas de que saltarse la tradición trajese mala suerte, una creencia alentada por los chamanes, decidieron continuar expulsando a las mujeres durante la menstruación. A falta de un cobertizo en el que resguardarse, estas se veían obligadas a dormir al aire libre.

La lucha por la erradicación del 'chhaupadi'

Fue entonces cuando diferentes organizaciones no gubernamentales actuaron. “Abrimos un diálogo con las autoridades locales para convencerles de que había que abolir esta práctica, que no solo va contra la Constitución y los Derechos Humanos, sino que pone en peligro la salud e incluso la vida de las mujeres”, explica Lachhindra Maharjan, trabajador local de Save The Children.

Es una de las ONG que trabajan en Nepal para lograr la erradicación del 'chhaupadi', una práctica que incluye un amplio abanico de prohibiciones durante la menstruación: las mujeres no pueden tocar ni a los hombres ni alimentos o animales domésticos, y tampoco pueden acudir a rezar a los templos.

La estrategia surtió efecto en Payal y ahora el pueblo está orgulloso de haber logrado la etiqueta 'chhaupadi free' –libre de chhaupadi–. No obstante, un recorrido por sus callejuelas embarradas demuestra que todavía es fácil encontrar chamizos para la segregación de las mujeres.

Tres meses de cárcel por echar a una mujer con la regla

Algunas reconocen que la tradición es más fuerte que la ley, aunque muchas han encontrado una forma intermedia para cumplir ambas: separarse de la familia recluyéndose en una habitación vacía de la vivienda, que únicamente se utiliza para este propósito. “Es algo que también se hace en ciudades, incluso en la capital, Katmandú”, reconoce Maharjan.

Los diputados nepalíes que actualmente debaten cómo articular la prohibición del 'chhaupadi', aprobada el año pasado y cuya entrada en vigor está prevista para el mes de agosto, tendrán que decidir, entre otras cosas, si esa alternativa es legal.

De momento, ya han anunciado que obligar a una mujer a ser segregada será castigado con hasta tres meses de cárcel y una multa de 3.000 rupias (25 euros). Se lleva así al Código Penal el dictamen del Tribunal Supremo, que ya en 2005 consideró ilegal esta tradición y exigió al Gobierno que iniciase los trámites para su prohibición.

“Es mejor que se muera en el 'goth' que tenerla en casa”

A pesar de todo, Namsara Thakulla continuará exigiendo a su nieta, Gita Thakulla, que se recluya en el 'goth' cuando tenga la regla. “Es mejor que muera allí que tenerla con el resto de la familia en casa”, sentencia esta mujer de 65 años que se gana la vida adivinando el futuro en otra remota localidad de Accham.

“Si alguien muere durante el 'chhaupadi' es porque estaba destinada a ello. Pero no podemos enfurecer a los dioses, porque el resultado será mucho peor”, afirma sin rubor alguno.

A unos 50 kilómetros, en Banyagadi Jaygath, el chamán Prem Bahadur Khadka promulga algo similar. “No estoy de acuerdo con la destrucción de los 'goth' a la que obligan algunos gobernantes. Yo soy partidario del 'chhaupadi' y sé que sucede cuando no se sigue: si alguna mujer me toca cuando tiene la regla, vomito sangre.

Por eso, siempre que me preguntan, yo aconsejo que saquen a las mujeres fuera de casa para evitar tragedias“, señala este hombre de 82 años que asegura haber sido poseído por un espíritu que le dio sus actuales poderes sanadores cuando tenía 25 años.

Puede parecer una broma, pero en el pueblo todos le toman muy en serio.

Curiosamente, su hijo es el responsable de acabar con el 'chhaupadi' en la zona. Rajendra Bahadur Khadka es el gobernador de esta municipalidad rural, un nuevo término administrativo que engloba diferentes aldeas. “Yo no soy mi padre”, aclara cuando se incide en esta coincidencia. “El 'chhaupadi' ha sido abolido en su forma más cruel en un 90%, y creo que es una práctica que se debe regular”, afirma, demostrando que no está en contra de la segregación de las mujeres. “Sacarlas fuera de la casa no es aceptable, pero separarlas en una habitación destinada a ello, sí”.

Es lo que Khadka hace con su esposa. Cuando menstrúa, él no la toca ni come lo que ella cocina. “Estoy haciendo todo lo posible por cambiar mi mentalidad, pero este es un país hinduista con tradiciones muy arraigadas. Nuestro plan ahora es destruir los 'goth' para que en dos años no quede ninguno y abolir el 'chhaupadi' en la próxima década”, explica el político.

Claro que, cuando dice abolir él se refiere a transformar la práctica en una versión más moderna y aceptable a los ojos del mundo. “Las cosas llevan su tiempo. Nepal será un país mucho mejor cuando nosotros y nuestros padres muramos”, sentencia.

El Año Nuevo chino es el momento más idóneo para descubrir cuál es la composición social de las grandes ciudades del país más poblado del mundo. La gran migración rural que ha facilitado el milagro económico chino de las últimas cuatro décadas se revierte durante la mayor festividad del país, equiparable a la Nochebuena cristiana ya que supone el reencuentro de la familia.

Las estaciones de tren y los aeropuertos no dan abasto mientras megalópolis como Shanghái, Pekín, o Shenzhen se quedan vacías. Las fábricas cierran, las construcciones se detienen, y cientos de millones de personas participan en el mayor éxodo temporal del planeta.

La mayoría regresa a sus lugares de origen desde las zonas urbanas en las que se labra un futuro mejor. Los emigrantes rurales son la mano de obra barata que mantiene en marcha la fábrica del mundo y da forma a los relucientes rascacielos de la segunda potencia mundial.

“Ahora hay trabajo. No nos pagan muy bien, pero es suficiente para llevar una vida humilde e incluso para ahorrar. Vivimos mucho mejor que nuestros padres”, cuenta Hu Heping, un obrero originario de la provincia de Anhui que lleva más de una década ganándose la vida en Shanghái. Ha trabajado en algunas de las obras más significativas de la capital económica de China, incluida la Torre de Shanghái, el rascacielos más alto del país y el segundo en el ranking mundial.

No obstante, ahora Hu está sopesando la posibilidad de regresar a casa, un pueblo de apenas 40.000 habitantes. Ha cumplido ya 40 años, su madre es demasiado mayor para valerse por sí misma y no se siente bienvenido en Shanghái. “La gente local tiene un punto de arrogancia que no logro comprender. Porque esta ciudad debe toda su espectacularidad a gente como yo, que se ha deslomado para construirla. Los shanghaineses no han movido un dedo para levantarla. Sin embargo, las autoridades cada vez nos ponen más difícil establecernos aquí”, lamenta.

Puede que el próximo 16 de febrero se marche para celebrar el Año Nuevo y no vuelva.

Un plan que desplaza a la población migrante

Si Hu emprende el camino de vuelta, el Ayuntamiento le estará agradecido. A finales del mes pasado, Shanghái decidió seguir los pasos de la capital, Pekín, y aprobó un plan para poner coto a su población, estimada a finales de 2016 en 24,2 millones de habitantes. El objetivo es limitarla a un máximo de 25 millones de aquí a 2035, algo nada fácil de conseguir si se tiene en cuenta que en las últimas dos décadas ha crecido a un ritmo superior al 1% anual.

Las autoridades consideran que la superpoblación está ejerciendo una presión excesiva sobre los recursos disponibles. Aseguran que provoca la endémica congestión del tráfico, el aumento de los niveles de contaminación y la saturación de servicios públicos como la sanidad o la educación. Shanghái sufre lo que se conoce como 'la enfermedad de las ciudades grandes'.

La estrategia de los dirigentes para vacunar a la megalópolis antes de que sea demasiado tarde incluye limitar a 3.200 kilómetros cuadrados el suelo urbanizable que liberará en los próximos 17 años. Y, aunque los dirigentes comunistas no lo mencionen expresamente, en su mente también está el derribo de pequeños edificios antiguos para construir en su lugar urbanizaciones de lujo. Es el proceso de gentrificación que esconde un plan destinado a desplazar a la población inmigrante, que suma el 40% del total de Shanghái.

Familias resisten a las excavadoras

“El Gobierno no quiere pobres”, sentencia con rotundidad la señora Han. Pertenece a una de las tres familias que se niegan a abandonar los edificios en los que han vivido toda su vida. Los suyos son los últimos edificios de ladrillo gris que quedan en pie al final de la calle Hailun, donde todo lo demás son solares llenos de cascotes y viejas pertenencias. Y no sabe cuánto más podrán resistir. De hecho, en la puerta ya ha aparecido el temido símbolo chai, que significa 'derribo' y que señala el lugar en el que tienen que actuar las excavadoras.

Han es natural de Shanghái, pero el resto de las familias de este vecindario humilde procedía de otras provincias. “Les intimidaron y decidieron marcharse”, cuenta. Con una compensación económica ridícula, vieron que continuar en Shanghái no era factible –los precios de la vivienda son los más elevados del país– y decidieron marcharse.

Han, sin embargo, no tiene adónde ir. Y con casi 80 años y un marido incapaz de moverse, dará la batalla. “No me niego a marcharme, aunque nos vayan a enviar al extrarradio. Pero exijo una indemnización justa”, apostilla. En una de las paredes, eso es exactamente lo que promete para los dueños de las viviendas un póster oficial ilustrado con el mazo de un juez. “Mentira”, dispara la anciana.

Una segregación histórica

Como ha sucedido con los vecinos de Han, los gobernantes de Shanghái parecen convencidos de que las propias leyes del mercado se encargarán de expulsar a los emigrantes rurales. Pero en otras ciudades como Pekín, las autoridades locales han tomado medidas directas. De hecho, con la excusa de la seguridad, tras un trágico incendio en noviembre, puso en marcha una campaña de expropiaciones forzosas que diferentes organizaciones pro derechos humanos han tildado de “purga de pobres”. Miles han tenido que abandonar sus hogares y muchos han decidido regresar a sus lugares de origen.

Pero la segregación de la población rural no es nada nuevo en China. El sistema del hukou, una especie de permiso de residencia interno, se introdujo en la década de 1950 precisamente para evitar la migración hacia las ciudades. Este documento identifica a los ciudadanos como residentes rurales o urbanos y les garantiza diferentes derechos de acuerdo con su estatus. El problema es que los habitantes de zonas agrícolas no pueden acceder a los servicios básicos de las ciudades a las que van a trabajar, sobre todo educación y sanidad.

Consciente de la injusticia que eso supone, hace ya casi una década que el Gobierno central planteó abolir el hukou. No obstante, las medidas tomadas por Pekín y Shanghái demuestran que las principales ciudades chinas solo están interesadas en mostrar su cara más vanguardista. En la China del siglo XXI prefieren que los más empobrecidos no queden a la vista.

Lila Devi Bohara es un buen ejemplo de que Nepal no es, precisamente, el mejor país para ser niña. Tenía 15 años cuando sus padres la prometieron en matrimonio con un joven de 20. Los progenitores de él buscaban a una mujer que hiciese las tareas de la casa porque no tenían una hija, y les gustó Lila porque, como dice quien ahora es su suegro, “era guapa, tenía buen carácter y parecía diligente”. El trato se cerró entre ambas familias y Lila conoció a Lal Bahadur Bohara, su actual marido.

Los padres de Lila decidieron cancelar la boda en el último momento. “Temían que las autoridades se enterasen y ellos fuesen amonestados por haber propiciado un matrimonio infantil”, recuerda Lal. Al fin y al cabo, ahora en Nepal está penado incluso con la cárcel.

El matrimonio infantil es una de las lacras contra la infancia por las que, en 2013, el Gobierno puso en marcha, con el apoyo técnico del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), un proyecto para hacer que Nepal sea un “país idóneo” para los niños y niñas –Child Friendly, en inglés–. Pero los retos son muchos. 

“Se trata de un programa que tiene cuatro pilares principales: supervivencia, protección, desarrollo, y participación de la infancia. Dentro de esas categorías se han identificado 27 indicadores sociales diferentes que se deben reducir o incrementar hasta un rango determinado. Por ejemplo, uno de ellos es el matrimonio infantil, que Nepal se ha propuesto erradicar en 2030”, explica Navaraj Pudasaini, responsable de programas de Protección de la Infancia de Unicef en distritos del oeste del país.

Otros objetivos son llevar electricidad y agua corriente al 100% de los hogares, erradicar la defecación al aire libre, o lograr la escolarización de todos los niños. “Es importante recalcar que, en esta ocasión, el programa cuenta con una asignación presupuestaria obligatoria que es auditada por el Gobierno”, apunta Pudasaini. El 15% de los presupuestos locales se debe dedicar a la infancia, un 10% adicional debe ir destinado a programas de mujeres, y otro 10% a colectivos vulnerables.

Cuando los objetivos de esos 27 indicadores sociales –a los que se suman otros 12 institucionales– se han alcanzado en más del 80% –salvo algunos casos en los que se debe obtener el 100%–, las localidades reciben el distintivo de Child Friendly, o idóneas para la infancia. Lakshminagar, el remoto pueblo del distrito occidental de Doti en el que viven Lila y Lal, está cerca de conseguir esta ansiada distinción.

El precio del matrimonio infantil

Los padres de Lila no contaban con que, cuando decidieron frenar su matrimonio, la pareja se había enamorado. Estos decidieron escapar juntos y casarse en secreto. No fue una boda legal, ya que se limitaron a ponerse mutuamente el tika –un punto rojo en la frente que distingue a los casados, como la alianza en la cultura occidental–, pero los familiares tuvieron que aceptar la unión. 

Ahora, a sus 19 años, la joven ya tiene dos hijos y acarrea con casi todo el peso de la familia: trabaja el campo, cuida de los hijos, prepara la comida en la cocina de leña que hace el aire irrespirable, limpia la casa y lava la ropa. La suya, la de sus dos retoños, y la del resto de familiares que habitan el sencillo edificio de adobe y de madera en el que viven todos juntos. Se levanta antes de que salga el sol y acaba de trabajar mucho después de que se haya puesto. Mientras tanto, Lal pasea con las manos en los bolsillos, fuma, charla con los amigos y trastea con el móvil. Lo “normal”, vaya.

Cuando están juntos aseguran sentirse satisfechos de sus vidas. Pero cuando ella habla sola reconoce que se arrepiente de lo que hizo. De hecho, ahora es secretaria del grupo de madres de Lakshminagar, un pequeño pueblo en el distrito occidental de Doti. “Nos reunimos para compartir información sobre salud prenatal y vacunas, cómo cuidar de los hijos o cómo ahorrar dinero”, explica con un hilillo de voz.

En estos grupos, promovidos por el propio Gobierno y por Unicef como medio de transmisión de información vital para el desarrollo de la comunidad, ha aprendido, dice, los peligros a los que se enfrentó por protagonizar un matrimonio infantil, que afecta todavía al 37% de las mujeres nepalesas. “Sé que podría haber muerto por haberme quedado embarazada tan pronto y por no haber acudido a recibir asistencia sanitaria”, cuenta, avergonzada también por haber abandonado la escuela en sexto curso.

Pero el suyo es un caso similar al de muchos millones. No es de los más sangrantes. De hecho, las estadísticas de Nepal demuestran que incluso superar los cinco años de edad ya es un logro importante. Porque 21 neonatos mueren por cada 1.000 nacidos vivos, y otros 18 más fallecen antes de alcanzar el lustro de vida. Entre quienes salen adelante y tienen menos de 15 años, 770.000 no están escolarizados y más de un tercio trabaja –un 80% de ellos lo hace en empleos de riesgo–. Además, Unicef estima que 12.000 niñas y niños son víctima del tráfico de personas cada año.

Estos datos esconden grandes diferencias regionales. Mientras las estadísticas de las principales ciudades y de la capital, Katmandú, han mejorado considerablemente, los de distritos remotos como Doti todavía resultan descorazonadores. Allí la mortalidad infantil supera la barrera de 40 por cada 1.000. 

Las localidades que tratan de obtener el distintivo de “idónea para la infancia” tienen por delante muchos problemas que mitigar. De momento, solo tres lo han conseguido, y cabe la posibilidad de que los datos hayan sido ‘cocinados’ por las Autoridades para colgarse la medalla. “No sería la primera vez”, reconoce Pudasaini, que recalca que Unicef no tiene autoridad para verificar los datos, solo para apoyar en la consecución de los objetivos.

Lakshminagar es una de las localidades que están más cerca de lograr el reconocimiento. Sin embargo, todavía queda mucho por hacer para que el pueblo sea ideal. De hecho, en el pequeño ambulatorio situado en un sencillo edificio de hormigón, las enfermeras –ni siquiera hay un médico–critican que las infraestructuras son insuficientes y están en mal estado.

Solo hace falta echar un vistazo para convencerse de que no mienten. En las estanterías faltan medicamentos esenciales, no hay siquiera un fórceps entre el material médico y las camas están corroídas y no pueden inclinarse. Aquí, una incubadora es algo de ciencia ficción.

“Además, debido a lo dispersa que está la población y a la falta de transporte público, muchas mujeres tienen que caminar hasta cinco horas para llegar aquí. Así que muchas paren antes de llegar, por el camino”, cuenta Pabitra Awasthi, la matrona que ha asistido gran parte de los 56 partos registrado en el centro entre enero y octubre de este año.

“Los casos complicados no los podemos atender y los tenemos que referir al hospital de Dhanghadi -una ciudad situada a cuatro horas de carretera-. Afortunadamente, en los últimos dos años no hemos tenido ninguna muerte de bebés o de madres en este centro”, apostilla con una sonrisa poco antes de prestar atención al latido del feto que crece en el vientre de una embarazada de seis meses.

Más optimistas son en la escuela, aunque el día de nuestra visita es el primero después de una fiesta nacional y apenas acude a clase la mitad de los alumnos. Eso sí, la otra mitad se cuadra seriamente frente a la enseña nacional y aguanta estoicamente al sol una larga perorata de su director, que hace hincapié en la necesidad de respetarse los unos a los otros.

Si no lo hacen por las buenas, lo harán por las malas, porque en la escuela creen que, en ocasiones, una torta es mejor que cualquier otro remedio. “Tratamos de evitarlo siempre, pero a veces no es posible”, reconoce un profesor. Así se entiende que el 82% de los niños nepaleses sufran lo que se conoce como 'disciplina violenta'.

La violencia machista es otra lacra muy arraigada en el país del Himalaya. La ha experimentado un tercio de las mujeres casadas, y un 43% de las encuestadas por Unicef considera que en ocasiones está justificada la violencia del marido hacia ellas. 

En este contexto, un grupo de niñas de Lakshminagar ha decidido desafiar al machismo imperante jugando al voleibol. “El deporte es donde vemos más disparidad entre chicos y chicas. Ellos parece que tienen todo el derecho a practicarlo, mientras que nosotras debemos dedicarnos a otras labores. Pero también nos gusta jugar, así que hemos creado un equipo”, cuenta Burga Bohara, de 16 años.

Tanto ella como su compañera Basanti Sand, de la misma edad, aseguran que no permitirán que sus padres las casen antes de la edad legal -20 años- y que su idea es escapar de Lakshminagar en cuanto puedan. “Las zonas rurales de Nepal no ofrecen ninguna oportunidad a la juventud”, sentencian.

Puede que la localidad en la que juegan al voleibol y ganan a sus compañeros varones pronto cuelgue el cartel de 'Child Friendly', pero sobre el terreno se demuestra que queda mucho camino por delante para que haga honor a la realidad. No obstante, el establecimiento de objetivos concretos y la dotación económica para su consecución está obteniendo resultados positivos, pero, como apunta Pudasaini, “lentos”.

Para cientos de miles de niños, los cambios pueden llegar demasiado tarde.

Una de las primeras sensaciones que asaltan al extranjero recién llegado a China es la del aislamiento: nada más aterrizar y encender su teléfono móvil, comprobará que casi ningún elemento de su vida cibernética funciona. No podrá acceder a su correo electrónico de Gmail, ni a redes sociales habituales como Facebook, Twitter, Instagram o Pinterest.

Tampoco podrá hacer preguntas a Google, ni orientarse a través de la aplicación de mapas del gigante estadounidense de Internet. Y tendrá que informarse a través de un pequeño –y menguante– abanico de medios de comunicación internacionales.

Sin embargo, a esta sensación de aislamiento le seguirá otra de sorpresa al ver que la población china está permanentemente enganchada al móvil. Los 1.400 millones de habitantes del país más poblado del mundo navegan en la intranet china, donde reinan las alternativas locales que ofrecen todos esos servicios que el extranjero echa en falta: Baidu es Google, Weibo es Twitter, WeChat es Facebook, Instagram y WhatsApp, Alipay es Paypal, Youku es YouTube, y así hasta el infinito.

Eso sí, todas estas empresas tienen un denominador común: cumplen la legislación china. Esto quiere decir que comparten todos los datos privados con el gobierno chino, filtran los resultados de sus búsquedas de acuerdo con los designios del Partido Comunista, y permiten que los censores intervengan a su antojo en sus contenidos.

De momento, la salvación de quienes quieren acceder en China a una Red libre tiene tres letras: VPN. Son las siglas de Virtual Private Network (Red Virtual Privada), el software que permite saltar lo que se conoce como la 'Gran Muralla Cibernética' para poder navegar por todos esos servicios que veta Pekín.

Los proveedores de estos programas y las autoridades chinas llevan años jugando al gato y al ratón, pero la ciberpolicía podría marcarse pronto el tanto de la victoria. Según anunció Bloomberg a principios de julio, los dirigentes chinos han decidido cortar por lo sano y exigir que todos los proveedores de datos –que son de titularidad pública– corten de raíz el acceso a estas VPN personales de aquí a febrero del año que viene.

Si se llega a este extremo, las consecuencias pueden ser muy importantes. Y no solo porque un buen número de extranjeros decida marcharse del país –algo que muchos se plantean después de conocer el plan de China– o porque resulte más difícil atraer talento foráneo a China, sino porque puede tener un importante impacto económico en las empresas.

Muchas utilizan estas VPN para acceder a servicios y usuarios en el extranjero, y un 49% de las compañías europeas establecidas en el gigante asiático afirman –según el último informe anual de la Cámara de Comercio Europea– que las trabas en Internet ya afectan a su negocio. Ese porcentaje aumenta hasta el 76,4% en el caso de las empresas estadounidenses incluso sin que exista todavía un bloqueo total.

Además, si se alcanza ese extremo, también se dificultaría el trabajo de científicos y académicos, que tendrían muchas más dificultades para acceder al conocimiento fuera de sus fronteras. “Ya es un engorro porque las VPN son poco estables y apenas podemos acceder a sitios de descarga de archivos sin ellas. Muchas veces nos envían estudios o informes utilizando servicios como Dropbox, que no funcionan en China” explica un profesor de la Universidad de Fudan, en Shanghái, que prefiere mantenerse en el anonimato. “Que se aumenten las restricciones será negativo para todos y afectará al desarrollo tecnológico y científico del país”, opina en una conversación con eldiario.es.

La represión contra los activistas no cesa

En definitiva, la medida aislaría todavía más a China y acercaría su modelo al de Corea del Norte. “Es una muestra más de cómo el régimen chino se encierra en sí mismo”, comenta Leung Chung-hang, parlamentario del partido independentista Youngspiration en Hong Kong. “Y es también una prueba de que ni ha puesto en marcha las reformas que todos esperaban, ni lo hará”, sentencia.

No en vano, en 1980, cuando Deng Xiaoping decidió acabar con el maoísmo que había llevado la ruina a China, los analistas extranjeros coincidieron en un punto: es solo cuestión de tiempo que la apertura económica propicie reformas políticas. La mayoría aseguraba que la demanda de democracia llegaría cuando los chinos lograsen saciar el hambre. Es una cuestión de prioridades, decían. El movimiento estudiantil de 1989, que acabó en la matanza de Tiananmen, fue uno de los chispazos que vaticinaron muchos. Y quizá también el último.

Desde entonces, todo tipo de activismo ha recibido la misma respuesta: un puño de acero. Da igual que sean feministas que protestan contra el acoso sexual en el transporte público, obreros que exigen el justo pago de sus pensiones, activistas que investigan las condiciones laborales en fábricas que producen artículos para las empresas de Ivanka Trump, o disidentes que reclaman la instauración de una democracia. Todos acaban detenidos o entre rejas, acusados muchas veces de dos delitos cuya definición es lo suficientemente imprecisa para servir de arma contra todo aquel que resulta incómodo para el Gobierno: la subversión contra el Estado y provocar desórdenes sociales.

El primero es el que se utilizó para condenar a once años de prisión al Premio Nobel de la Paz Liu Xiaobo, cuyo único crimen fue exigir que se cumpla el artículo 35 de la propia Constitución china –que ampara libertades como la de prensa o la de expresión– y pedir en la Carta 08 una transición hacia la democracia parlamentaria.

Después de haber cumplido 8 años en la cárcel, el pasado 13 de julio Liu murió en el hospital de Shenyang en el que recibía tratamiento por el cáncer de hígado terminal que se le diagnosticó demasiado tarde en prisión y se convirtió en el primer galardonado con un Nobel que muere cautivo desde 1938, cuando Carl von Ossietzky murió bajo custodia en la Alemania nazi.

“Internet es la ventana al mundo en esta caja sellada”

El afamado artista Ai Weiwei, que fue uno de los 600 firmantes del texto coescrito por Liu, también sabe lo que supone enfrentarse al régimen chino. De hecho, sufrió un traumatismo craneoencefálico grave provocado por el golpe de un miembro de las fuerzas de seguridad chinas después de investigar lo sucedido en las escuelas que se derrumbaron durante el terremoto de Sichuan, en 2008, y tuvo que ser operado en Alemania.

Cuatro años después desapareció sin dejar rastro durante los 81 días en los que estuvo retenido de forma ilegal antes de que se formalizasen cargos contra su empresa por evasión fiscal. Él asegura que todo tiene que ver con su exigencia de reformas políticas que no llegan.

Para Ai, Internet es la herramienta más poderosa en el camino hacia la democracia. “Es la única ventana al mundo en esta caja sellada, y el único elemento que puede impulsar un cambio. Por eso le preocupa al Gobierno, que trata de silenciar Internet para que el pueblo no pueda expresarse”, analiza en una entrevista con este medio. “Mientras tanto, el mundo dice: 'Dejemos a China que se desarrolle y ya se democratizará'. Pero yo digo: 'Si no haces algo por la democracia eres parte del crimen'. El cambio nunca llegará si nos quedamos mirando”, prosigue.

Desafortunadamente, para Ai y para prominentes activistas como Hu Jia, que a menudo utilizan las redes sociales extranjeras para hacer llegar su mensaje fuera de China –dentro no tiene ningún predicamento–, el posible bloqueo de las VPN puede suponer un gran golpe.

De momento, el ministerio de Industria y de las Tecnologías de la Información ha negado que vaya a prohibirlas todas, pero sí ha recordado que su uso solo está autorizado a quienes tienen la licencia correspondiente. En la práctica, eso quiere decir que se tratará de mitigar el impacto económico de la medida, pero no el que tendrá entre quienes desean acceder a información global libre.

La batalla por el ciberespacio chino

Aunque siempre ha estado censurado y vigilado, la actual batalla en el ciberespacio chino se remonta a 2010, cuando Google decidió dejar de plegarse a la legislación china que le obligaba a filtrar los resultados de sus búsquedas. Durante un tiempo estuvo redirigiendo el tráfico de la China continental a su buscador en Hong Kong –donde Internet es libre–, pero Pekín terminó por bloquear todos sus servicios: desde el buscador, hasta el correo electrónico, pasando por el 'mercado' de aplicaciones Google Play. Desde entonces, en varias ocasiones se ha rumoreado el retorno de Google, pero todavía no se ha producido.

Quien sí ha anunciado recientemente el establecimiento de un servidor en China es Apple. Y ha confirmado que acatará las leyes, incluida la nueva y polémica Ley de Seguridad Nacional. De esta forma, si el Gobierno requiere información privada sobre sus usuarios, la multinacional americana tendrá que proporcionársela.

Es una decisión que contrasta con sus reiteradas negativas a colaborar con las autoridades estadounidenses y que muchos han interpretado como una victoria de los dirigentes chinos sobre la empresa californiana, que tiene en China su principal motor de crecimiento.

Como apunta Ai, este recién adquirido poder económico es una de las principales razones por las que China puede permitirse actuar con arrogancia y sin temor a represalias internacionales. Atrás ha quedado la posibilidad de que se le impongan sanciones, como se hizo tras la matanza de Tiananmen. Ahora China es el principal actor del comercio internacional y la segunda potencia mundial. No hay quien le tosa.

Y no parece que su presidente, Xi Jinping, tenga intención alguna de dar un golpe de timón. De hecho, cuando asumió el cargo en 2013, muchos se refirieron a él con el calificativo de reformista. Creyeron que iba a convertirse en el hombre que relajase el sistema político chino. Sin embargo, a punto de acabar su primer mandato, lo que ha hecho ha sido acumular poder hasta alcanzar el mismo nivel que Mao Zedong y Deng Xiaoping, y acrecentar la represión política.

49 periodistas y blogueros encarcelados

Es una percepción que comparten los responsables del informe gubernamental canadiense al que hace unos días tuvo acceso la prensa de ese país. En él se dice tajantemente que “en los dos últimos años el respeto a los derechos humanos en China vive un claro retroceso”. El estudio afirma que libertades como la de prensa o la de expresión están seriamente amenazadas, y recoge diversas razones para sustentar esta conclusión.

Por ejemplo, “en marzo de 2016, el presidente Xi Jinping visitó las principales cadenas de televisión del país y dijo a sus periodistas que deben estar al servicio del Partido Comunista y respetar su liderazgo”. Además, el informe también recalca que “Sina y Tencent –dos de las principales empresas de Internet del país– tienen ahora prohibido publicar noticias propias, lo cual otorga a la prensa estatal –controlada directamente por el Partido– el monopolio de la información”.

Al menos 49 periodistas y blogueros están en cárceles chinas, y los periodistas extranjeros a menudo critican que sufren el acoso de las autoridades, e incluso detenciones arbitrarias, mientras hacen su trabajo. El estudio también refleja la preocupación por la libertad religiosa después de que cientos de cruces de iglesias cristianas hayan sido retiradas “bajo el pretexto de que son estructuras ilegales”. El único aspecto positivo que ve el gobierno canadiense es la estimada reducción en el número de ejecuciones, que sigue siendo un secreto de Estado.

Mientras tanto, la comunidad internacional calla. Se acabaron las cumbres en las que jefes de Estado criticaban a China por su falta de respeto hacia los derechos humanos. Ahora, como mucho, los comunicados al respecto los emiten instituciones de tercera categoría. Y la razón de este vuelco es muy clara: hay demasiados intereses en juego. Sobre todo económicos. Pero, curiosamente, las empresas extranjeras establecidas en China también se quejan de que cada vez es más difícil hacer dinero allí.

“El presidente Xi Jinping se erige en adalid de la globalización en Davos y habla sobre las bondades del libre comercio, pero en China pone en práctica todo lo contrario”, critica Carlo D’andrea, vicepresidente de la Cámara de Comercio Europea, que presentó el último informe anual de la institución en mayo. “La era dorada para las empresas en China ha acabado”, sentencia.

La razón, afirma D’andrea, está también en el incumplimiento de las reformas económicas que el propio Xi prometió. Y en el establecimiento de nuevas barreras proteccionistas. “Nuestra reacción no puede ser aumentar el proteccionismo europeo sino presionar a China para que abra sus puertas como prometió”, declara el empresario. Desafortunadamente, también reconoce que quizá ya sea demasiado tarde para que esa presión, si llega en algún momento, surta efecto.

El Nobel de la Paz chino, Liu Xiaobo, ha muerto este jueves bajo custodia en un hospital del norte del país, tras haber sido recientemente excarcelado por un cáncer terminal, según un comunicado oficial. Sus demandas de reformas le han terminado costando la vida.

Un cáncer de hígado, diagnosticado demasiado tarde el 23 de mayo, y la negativa de las autoridades a concederle la libertad para recibir tratamiento en el extranjero hicieron que uno de los activistas más prominentes de la segunda potencia mundial acabase en estado crítico, con un fallo orgánico múltiple y gran dificultad para respirar. Sus familiares se negaron a mantenerlo con vida de forma artificial, razón por la que los médicos consideraban que su fallecimiento era solo cuestión de tiempo.

De nada sirvieron las tímidas voces que desde la comunidad internacional pidieron su liberación. Entre los jefes de Estado, solo la canciller alemana, Angela Merkel, pidió a China que mostrase “algo de humanidad” con Liu. Pero, como recalcó un artículo del diario oficialista Global Times, “China ya tiene confianza en sí misma y fuerza suficiente como para no doblegarse ante la presión internacional”. Aunque eso suponga, como apuntó el disidente Hu Jia, cometer “un asesinato político”.

Liu Xiaobo nunca pensó que lo arrestarían por redactar junto a otros activistas chinos la Carta 08, un texto inspirado en la Carta 77 checoslovaca que fue publicado a finales de 2008, coincidiendo con el 60º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, para exigir reformas políticas en China.

Mucho menos pudo prever que eso acarrearía una condena a once años de prisión por “incitar a la subversión contra el Estado”. Recibió esa sentencia en 2009, meses antes de recibir el Premio Nobel de la Paz “por su larga y no violenta lucha en favor de los derechos fundamentales en China”.

Nacido en 1955 en la ciudad nororiental de Changchun, Liu descubrió la sinrazón del maoísmo que va a acabar con él nada más entrar en la adolescencia. Antes de comenzar la enseñanza secundaria, fue enviado al campo para trabajar en una granja durante la onerosa Revolución Cultural.

Tras su regreso a casa, estuvo empleado en una empresa de construcción hasta que pudo matricularse en la Universidad de Jilin para estudiar Literatura China, su pasión. Tras licenciarse, Liu comenzó una exitosa carrera como escritor y continuó estudiando hasta completar su doctorado en la Universidad Normal de Pekín, donde comenzó a trabajar como profesor.

Su biógrafo, Yu Jie, recuerda al joven Liu como un hombre bohemio y donjuán que siempre encontraba tiempo para el 'hanky panky'. Pero también como un gran profesional devoto de su trabajo. No en vano, sus escritos y su incipiente activismo prodemocracia fueron lo que le convirtieron en profesor invitado en Oslo, Hawái, y en la Columbia University de Nueva York, que es donde estaba impartiendo clase cuando estalló la revolución estudiantil de Tiananmén.

“Aunque termine sufriendo, continuaré luchando”

En cuanto tuvo noticia de lo que sucedía, no lo dudó ni un momento. En abril de 1989 dejó su trabajo para volar a Pekín, donde participó de forma muy activa en las protestas. “Aunque termine sufriendo una interminable serie de tragedias, continuaré luchando y mostraré mi oposición a la dictadura”, dijo en una premonitoria entrevista previa a la matanza.

El 2 de junio de aquel año, Liu comenzó una huelga de hambre junto a otros activistas. Dos días después, la situación se tornó extremadamente violenta y él, consciente del peligro que existía, negoció con el Ejército la retirada de un importante grupo de estudiantes. Los historiadores concuerdan que, a la postre, fue una decisión que salvó numerosas vidas.

Desafortunadamente, después de rechazar el asilo político en Australia, acabo entre rejas por primera vez. Se le consideró culpable de llevar a cabo “acciones de propaganda contrarrevolucionaria” y no fue liberado hasta enero de 1991. Curiosamente, durante su primer cautiverio sucedió algo que cambió la vida de Liu para siempre: se divorció de su primera mujer.

La importancia de su esposa, la poetisa Liu Xia

La poetisa Liu Xia hizo lo propio con su primer marido. Fueron unos primeros pasos aparentemente fortuitos que propiciaron, a su salida de prisión, que ambos iniciasen una historia de amor incondicional que se ha mantenido hasta el final. “He encontrado toda la belleza del mundo en esta mujer”, dijo él.

Se habían conocido a principios de los 80 porque compartían círculos intelectuales similares, y, aunque ella no tenía carácter político, la llama no tardó en prender. Liu antepuso su lucha a su vida privada y no tardó en volver a encontrarse con las autoridades, que lo tenían permanentemente vigilado. En 1995 pasó siete meses detenido sin cargos, estrategia habitual en el aparato de represión chino, y en 1996 fue un paso más allá en su confrontación con el régimen.

Junto a otros disidentes, Liu exigió que se cumpliese el artículo 35 de la Constitución y que se otorgasen derechos fundamentales reconocidos teóricamente por la Carta Magna, como las libertades de prensa, expresión y manifestación. También reclamó la posibilidad de establecer diferentes partidos políticos.

El grupo incluso exigió el procesamiento de Jiang Zemin, que entonces ostentaba los cargos de presidente de la República Popular y secretario general del Partido Comunista, por haber hecho declaraciones anticonstitucionales al afirmar que el Ejército es el “líder absoluto” del Partido y no del Estado. Lógicamente, Liu fue apresado de nuevo. Esta vez su sentencia aumentó hasta los tres años.

Eso no evitó que Liu y Liu se casaran en 1996, cuando él estaba encerrado en un campo de trabajos forzados. Y como ambos han recordado en varias ocasiones, después de haber logrado esquivar todas las trabas que les puso el Gobierno para contraer matrimonio, la boda no estuvo exenta de un contratiempo surrealista: la cámara del fotógrafo que debía retratarlos juntos para el Libro de Familia no funcionaba.

Así que, mucho antes de que se popularizaran las herramientas digitales de retoque fotográfico, los Liu tuvieron que juntar dos instantáneas individuales de forma artesanal para obtener la imagen que requería el certificado de matrimonio. Y el banquete lo sirvieron en la cantina de lo que ella calificó como “campo de concentración”: arroz con verduras y unos trozos de pollo.

Una vida condenada a entrar en prisión

La pareja nunca tuvo hijos porque Liu no quería que viesen a su padre arrestado una y otra vez. El activista sabía que estaba condenado a continuar entrando en prisión de forma intermitente, porque tenía muy claro que no lo iban a callar. “Creo que en una dictadura si quieres ser una persona con dignidad, debes luchar por los derechos humanos”, se reafirmó durante una conversación en 2007. Un año después, selló su suerte.

Junto a otros activistas e intelectuales, hasta 600 terminaron firmándola, incluidos artistas del renombre de Ai Weiwei, Liu colaboró en la redacción de la Carta 08, que se limitaba a pedir una reforma de la Constitución que acabase con el partido único y facilitase la transición a una democracia parlamentaria. Liu, que siempre había criticado duramente al Partido Comunista por aferrarse al poder, fue arrestado dos días antes de la publicación del documento.

Después de meses detenido, el día de Navidad de 2009, una fecha elegida para reducir el impacto mediático internacional –algo que ha sucedido con muchas decisiones polémicas de China, tomadas cuando los corresponsales cogen vacaciones o publicadas a altas horas de la noche–, Liu recibió su última sentencia. Y se le condenó, precisamente, por uno de los delitos que quería abolir. Once años de prisión que terminaron convirtiéndose en pena de muerte.

El Premio Nobel no ablandó a los dirigentes chinos

Ni siquiera la concesión del Premio Nobel de la Paz, en cuya ceremonia Liu estuvo presente a través de una silla vacía, sirvió para ablandar a los dirigentes chinos, que siempre se han referido al disidente como “un criminal convicto”. Es más, lo que consiguió el galardón es que China y Noruega se enfrentasen en un agrio conflicto diplomático que ha durado años, y que Liu Xia fuese puesta bajo arresto domiciliario, a pesar de que no se han presentado nunca cargos contra ella.

Aislada del mundo desde 2010, sus allegados aseguran que cayó en una grave depresión hace ya varios años, que se ha agudizado por la muerte de varios allegados, y que en 2014 sufrió un infarto. Sin duda, la situación de su marido será otro duro golpe para una mujer que ha sido condenada por amar de forma incondicional. “Lo más difícil no es ser un activista, sino ser el familiar de un activista”, admitió él antes de ingresar en prisión por última vez.

A pesar de todo el sufrimiento, Liu Xiaobo nunca perdió la esperanza. “Estoy convencido de que el progreso democrático en China no se detendrá. Estoy lleno de optimismo y espero ver en el futuro una China libre. Porque no existe ninguna fuerza capaz de detener la lucha por la libertad, China terminará convirtiéndose en un Estado de derecho donde reinen los derechos humanos”, afirmó en un comunicado publicado tras el último juicio.

Lamentablemente, él ya no verá la China con la que soñó.

“Hay razones de sobra para estar preocupados por el futuro de Hong Kong”. Nicholas Bequelin, director de Amnistía Internacional en Extremo Oriente, no tiene dudas al respecto. El próximo 1 de julio se cumplirán 20 años desde que la ciudad fue devuelta a China por parte del Reino Unido, y es evidente la erosión de la particular fórmula adoptada por ambos países para preservar la identidad de esta ciudad de siete millones de habitantes.

El lema 'un país, dos sistemas', acuñado para integrar el modelo capitalista de Hong Kong en un país comunista como China, protege libertades como la de prensa o la de manifestación y otorga una amplia autonomía a este centro financiero mundial. Pero varios acontecimientos de los últimos años hacen pensar que Hong Kong cada vez se parecerá más a China y no al revés, como vaticinaron los más pesimistas en 1997.

“El más importante ha sido la detención ilegal en Hong Kong de varios libreros y de un empresario”, apunta Bequelin. No en vano, la Declaración Conjunta firmada por Reino Unido y China contempla que las fuerzas de seguridad del gigante asiático no tienen jurisdicción en Hong Kong, que cuenta con sus propios cuerpos policiales, no así militares. “Se trata de una violación de ese acuerdo y así lo ha reconocido también, por primera vez en la historia, el Parlamento británico, que realiza un informe semestral para analizar el desarrollo de Hong Kong”, apunta el activista.

En total, en 2015 desaparecieron misteriosamente cinco editores y libreros especializados en publicaciones críticas con el Partido Comunista. Casi todos fueron detenidos en Hong Kong sin el conocimiento ni permiso de las autoridades de la Región Administrativa Especial, pero también hubo un caso en Tailandia.

Reaparecieron después, tras haber sido trasladados a China para su interrogatorio. Uno de ellos, Gui Minhai, de nacionalidad sueca, incluso fue obligado a reconocer un viejo delito –un accidente de tráfico– en una confesión televisada. Aún sigue en prisión.

“Mi padre está encarcelado sin acceso a un abogado”

Su hija, Angela Gui, criticó hace unos días en un artículo publicado por The Guardian el continuo ataque que sufren las libertades en Hong Kong. “Pronto mi padre habrá pasado dos años encarcelado sin acceso a un abogado o a los servicios consulares suecos, y sin tener contacto con su familia”, detalla Gui. Es un caso que refleja “la muerte del Estado de derecho en Hong Kong”, afirma la joven.

Gui también recuerda que seis candidatos en las pasadas elecciones al consejo autonómico –el Ejecutivo local– fueron vetados por Pekín, y que los dos 'localistas' del partido Youngspiration que sí lograron un escaño fueron finalmente privados de él por no leer correctamente el texto de la jura del cargo.

“La Declaración Conjunta se redactó para garantizar que ningún hongkonés tuviese que temer una llamada a la puerta a medianoche. Pero la realidad es que lo que ha sucedido a mi padre le puede pasar a cualquiera que las autoridades chinas quieran silenciar o llevar frente a su sistema de justicia”, sentencia Gui.

No es la única que teme por el futuro de Hong Kong. La multitudinaria Revolución de los Paraguas de 2014, liderada por grupos estudiantiles y partidos 'localistas' que luchan por defender la idiosincrasia de la ciudad, demostró durante los casi tres meses que duró la ocupación de varias calles del centro que el descontento va en aumento y es mayoritario entre la juventud.

Solo un 3% de los jóvenes se siente chino

La encuesta anual sobre identidad nacional de la Universidad de Hong Kong lo confirmó: solo un 3,1% de quienes tienen entre 18 y 29 años se sienten chinos, el porcentaje más bajo desde 1997. La cifra aumenta hasta el 21% si se incluye a toda la población de la ciudad, pero también los más mayores recelan cada vez más del gobierno central.

Mientras en 2008 un 53,1% de los hongkoneses confiaba en Pekín, en 2015 la tortilla había dado la vuelta y el 40% recelaba del gobierno que dirige el presidente Xi Jinping. Ahora cuenta solo con la confianza de un 35,2% de la población hongkonesa. Y Bequelin avanza que “la tensión con el gobierno central va a continuar creciendo rápidamente”.

El director de Amnistía Internacional en Extremo Oriente justifica su pesimismo con la frustración que provoca el incumplimiento de la promesa de unas elecciones democráticas libres y justas. “Es algo que está recogido en la Ley Básica (equivalente a la Constitución de Hong Kong), pero que no se ha materializado por completo. El Gobierno esperaba contar con una mayoría favorable a sus políticas y que eso asegurase un jefe del Ejecutivo proPekín. Como no ha sido así, han modificado las normas para introducir un filtro por el que pasen solo los candidatos que sean aceptables para el Partido Comunista. Eso no es democracia”, sentencia.

Bequelin continúa con una larga lista de agravios hacia Hong Kong: “La libertad de expresión está amenazada. Pekín tilda de separatistas opciones políticas razonables, y confunde la lealtad al país con la lealtad al Partido Comunista. Con la idea del patriotismo, el Gobierno lo que exige es lealtad política. Así, cada vez vemos una mayor politización de la Administración local, que antes era neutral. Es un clima que propicia la radicalización de las ideas políticas de quienes se sienten oprimidos, y nosotros constatamos que se está llevando a cabo una brutal persecución de activistas que luchan por ideales legítimos”.

La visión de China

Desde Pekín las cosas se ven de forma muy diferente. En vísperas de la conmemoración del 20º aniversario de la devolución a China, la prensa oficial y oficialista alaba la trayectoria que ha seguido la excolonia británica. Y utiliza para ello datos económicos. Una de las razones que más se esgrimen en China para afirmar que Hong Kong se ha beneficiado de su vuelta a la patria es el hecho de que eso le permitió capear el temporal que provocó la crisis financiera de Asia en 1997 y la crisis económica global iniciada en Estados Unidos hace una década.

“El principio 'un país, dos sistemas' ha sido un éxito total”, afirmó a la agencia de noticias Xinhua el director de la Oficina de Enlace del gobierno central en Hong Kong, Zhang Xiaoming. “El papel del gobierno central en la Región Administrativa Especial se está desarrollando de forma fluida. La soberanía se ha completado y la seguridad nacional se ha preservado. La integración de Hong Kong en China ha sido beneficiosa para ambos”, añadió. “Además, la población disfruta de un grado de libertad sin precedente”.

Por su parte, el diario Global Times, controlado por el Partido Comunista, ha publicado un artículo en el que incide en el aumento del comercio de Hong Kong con China. El hecho de pertenecer a la segunda potencia mundial, que hace 20 años ni siquiera pertenecía al grupo de los diez países más poderosos del mundo, se interpreta como algo positivo.

Sin embargo, ese poder recién adquirido es precisamente lo que Angela Gui considera un peligro. Sobre todo en lo que se refiere a la presión que puede ejercer la comunidad internacional para preservar las libertades de Hong Kong. “Theresa May a menudo enfatiza la importancia de los valores británicos en sus discursos. Pero el silencio de Gran Bretaña en relación con Hong Kong demuestra la facilidad con la que se olvidan esos valores. Me preocupan las implicaciones globales que tiene el que se permita a China saltarse un tratado tan importante. Y temo que en el futuro veamos muchos más secuestros como el de mi padre, porque el Reino Unido ahora solo habla de comercio”, sentencia.

Bequelin también considera que el ascenso de China es un arma de doble filo. “Se ha visto con el turismo, por ejemplo. Por un lado, supone la llegada de mucho dinero. Pero, por otro lado, que 60 millones de chinos del continente visiten Hong Kong cada año crea graves fricciones con la población local –una campaña contra ellos los equiparaba a una plaga de langostas–. Por otro lado, los establecimientos dirigidos a la población nativa mueren y el sector inmobiliario se ha convertido en una locura. Hong Kong es la ciudad más cara del mundo en el ámbito de la vivienda.

Además, la ciudad está perdiendo competitividad en asuntos vitales como la innovación o los puertos, y “los jóvenes se ven privados de oportunidades laborales, con sueldos bajos que impiden su emancipación”. Eso último explica que un 60% de los menores de 30 años tenga entre sus planes emigrar.

Por si fuese poco, Bequelin también considera que existe una estrategia del gobierno de Pekín “para sustituir a las elites económicas de Hong Kong por otras de la China continental”. Las estadísticas también demuestran que Hong Kong es cada vez menos relevante para el Gran Dragón. En 1997 suponía un 19% del PIB de toda China, pero ahora aporta solo el 2% y su peso continúa cayendo. Por todo ello, el representante de Amnistía Internacional resume su visión del futuro de Hong Kong haciendo un símil con un fenómeno meteorológico muy común en la excolonia: “Se avecina un tifón”.

Hace año y medio, cuando fue a votar en unas elecciones generales por primera vez en su vida, Moe Thway no podía contener su emoción. Miembro fundador de Generation Wave, un grupo de jóvenes activistas democráticos que nació en 2007 al calor de la Revolución Azafrán, sentía que ese momento cambiaría el rumbo de Myanmar para siempre. Y que la lucha iba a culminar con éxito.

La antigua Birmania estaba a punto de acudir a las urnas para elegir a su primer presidente democrático desde 1962, y el único voto imaginable era el de la Liga Nacional para la Democracia (LND). “No importa que la Constitución redactada por los militares impida que su líder, Aung San Suu Kyi, se presente como candidata –porque sus hijos tienen pasaporte extranjero–. Sabemos que ella ejercerá el poder a través de Htin Kyaw”, comentó entonces a este periodista.

Efectivamente, el candidato de la LND arrasó en los comicios y en marzo del año pasado fue investido presidente con 360 votos de un total de 652. “El Ejército se reserva un 25% de los escaños, que le otorgan poder de veto en la reforma de la Constitución, y se adjudica tres de los ministerios clave. Va a ser difícil introducir reformas, pero esperamos ver cambios importantes de forma inmediata”, auguró el joven activista prodemocracia.

Muchos como él salieron a festejar en las calles la culminación de uno de los procesos de democratización más inusuales de la historia. De hecho, fue la propia Junta Militar la que decidió iniciarlo en 2010 de forma pacífica.

Ahora, sin embargo, Moe Thway ya no se muestra tan entusiasta. Es uno de los muchos birmanos que comienzan a ver las sombras del Gobierno. Tampoco faltan los que están decepcionados con 'la Dama', como se conoce a Suu Kyi. Fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz en 1991 después de haber ganado unas elecciones democráticas cuyo resultado los militares no acataron, y pasó más de una década bajo arresto domiciliario. Pero se demuestra que eso no garantiza dotes excepcionales para la presidencia.

“Creíamos que su trayectoria y experiencia personal garantizaban un gobierno justo, implicado en la solución de los múltiples problemas que acucian al país. Pero puede ser que nos hayamos equivocado”, afirma ahora.

El fundador de Generation Wave no es, ni mucho menos, el único que critica a la presidenta en la sombra. Al contrario, los ataques se multiplican por todo el mundo, y el aura mística que envolvía a Suu Kyi parece haber desaparecido. Es más, lo impensable ha sucedido: las manifestaciones en su contra aumentan y la LND solo obtuvo nueve de los diecinueve escaños en liza en las pasadas elecciones parciales de abril. Es, sin duda, una diferencia brutal con los resultados de 2012, cuando logró 43 de los 44 en juego.

“Los pobres son ahora más pobres”

La situación se ha deteriorado hasta el punto de que la propia Suu Kyi reconoció sus errores durante un discurso televisado con motivo del primer aniversario de su acceso al poder. “Si creéis que no soy lo suficientemente buena para el país y el pueblo, si alguien o alguna organización cree que lo puede hacer mejor que nosotros, estamos dispuestos a dimitir”, afirmó.

El problema, apuntan muchos, es que no existe alternativa. Y, mientras tanto, las desigualdades avanzan en el terreno económico, las libertades continúan erosionándose como nadie pudo haber predicho, y ninguna de las graves lacras sociopolíticas del país recibe solución.

“Si se miran las estadísticas macroeconómicas, Birmania es un caso de éxito. Un buen ejemplo de cómo la democracia se refleja en el crecimiento económico. Pero los números esconden la verdad: que los realmente beneficiados por la bonanza son unos pocos y que, precisamente, son los que están relacionados con el régimen militar anterior”, critica Zin Mar Lin, una de las integrantes de la Brave New Burma Federation.

“Los precios de la vivienda, por ejemplo, se han disparado. Todo el mundo quiere construir hoteles y promocionar el turismo, pero quienes poseen tierra y edificios son los que cambiaron sus uniformes por el traje y la corbata. Los pobres son ahora más pobres”, añade.

Ataques a la libertad de prensa

Por otro lado, las libertades que la población esperaba en esta nueva etapa no cristalizan. Es más, activistas prodemocracia y periodistas de toda índole se han manifestado públicamente en contra de la sección 66(d) de la Ley de Telecomunicaciones, que fue aprobada en 2013 y que castiga la difamación en la prensa o en redes sociales con penas de hasta tres años de prisión.

La redacción del texto legal es lo suficientemente vaga y amplia como para que sea fácil encausar a quienes resultan incómodos para el poder, y así se ha hecho en más de medio centenar de casos contra periodistas, blogueros, y activistas. Incluso prominentes figuras de la LND, como U Myo Yan Naung Thein, han sido imputados por posts en Facebook o Twitter. Su delito es criticar al Gobierno o al Ejército.

“Vamos hacia atrás en lo que a la libertad de expresión se refiere”, asegura un periodista de Frontier, uno de los medios más críticos con la ley, que pide mantener su identidad en el anonimato.

“El artículo 66d está diseñado, lo mismo que la Constitución, para otorgar al Ejecutivo poderes que son propios de una dictadura. Pretende meter miedo a los medios de comunicación y lograr así que los periodistas se autocensuren. Curiosamente, el Gobierno de Suu Kyi podría tratar de derogar la ley, pero incluso se ha negado a discutir esa posibilidad”, apostilla por correo electrónico.

La “brutal” guerra contra grupos étnicos armados

En cualquier caso, todos estos problemas quedan reducidos a nimiedades si se comparan con los dos grandes frentes que el nuevo gobierno democrático tiene abiertos en la periferia del país, y en los que no ha logrado avances significativos. Por un lado, está la tragedia humanitaria de los rohingya, la minoría musulmana que habita sobre todo en el Estado occidental de Rakhine y que Naciones Unidas considera la etnia más perseguida del mundo.

Por otro lado, continúa abierto el conflicto bélico que enfrenta al Ejército con una veintena de grupos étnicos armados. La mayoría firmó acuerdos de alto al fuego antes de la celebración de las elecciones democráticas, pero algunos, como el Kachin Independence Army (KIA), siguen librando sangrientos combates que han provocado decenas de miles de desplazados internos.

La situación de estos últimos tampoco ha cambiado. “Esperábamos una mejoría importante con la llegada de Aung San Suu Kyi, y la seguimos esperando, pero lo cierto es que la violencia ha aumentado y que el Gobierno ha cortado vías humanitarias que antes sí estaban abiertas”, denunció Mark Cutts, de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (UNOCHA), en una entrevista con Al Jazeera. “Es imprescindible que la gente que está sufriendo pueda acceder a la ayuda”, sentenció.

En la zona que controla el KIA la situación de los desplazados es desesperada. En el campo de Jeyang, por ejemplo, malviven unos 8.500 miembros de la etnia kachin –cristiana– que han tenido que abandonar sus viviendas ante el avance de las tropas del Gobierno.

“Ni siquiera los birmanos se enteran de lo que pasa aquí”

“La brutalidad que mueve a los militares birmanos es inimaginable. Continúan arrasando pueblos enteros, donde las mujeres son violadas y las viviendas saqueadas o destruidas. El mundo no sabe lo que sucede aquí, y, lo que es todavía peor, ni siquiera los birmanos se enteran”, se lamenta Labang Dai Pisa, director del organismo que administra los campos en los que ya han encontrado refugio 85.000 desplazados.

En Laiza, el principal bastión del KIA y ciudad fronteriza con China, las ametralladoras y los lanzagranadas están presentes en cada esquina. Y en los centros de adiestramiento de las afueras tampoco hay tregua. Cientos de adolescentes se entrenan con fusiles de madera para aprender a empuñar una versión casera del Kalashnikov AK–47.

Mientras tanto, el Ejército continúa arrebatando posiciones al KIA y dejando un reguero de muertos en su avance. “El Gobierno propone un alto al fuego a nivel nacional, como el que ha firmado con otros grupos, para dar comienzo a un proceso de paz. A nosotros nos parece bien, pero las hostilidades no cesan y tenemos que defendernos”, explica el general de los insurrectos, Gun Maw. Como muchos otros grupos armados, el KIA lleva combatiendo al Ejército desde la independencia de Birmania, y exige la creación de un estado federal descentralizado.

Los rohingya: la mancha más oscura de Suu Kyi

250 kilómetros al suroeste, la guerra es muy diferente. En el Estado de Rakhine se libra lo que muchos consideran una limpieza étnica. Los budistas bamar, con el polémico monje Ashin Wirathu al frente –que se autodenominó el Bin Laden birmano–, rechazan de plano a la etnia rohingya, y exigen su devolución a Bangladesh, un país que tampoco los reconoce como ciudadanos propios a pesar de que ahí está su origen.

Los sistemáticos casos de torturas, violaciones, y discriminación de todo tipo que sufren los rohingya han propiciado la creación de grupos guerrilleros extremistas que combaten también a las fuerzas del estado.

Mientras unos y otros se enfrentan con balas e interpretaciones interesadas de la historia, unos 140.000 civiles rohingya malviven en campos de refugiados que no cumplen los estándares mínimos de nutrición, asistencia sanitaria, y educación. Así, la muerte se ha convertido en el desagradable vecino de todos, y a miles de niños se les ha arrebatado el futuro.

Sin duda, los rohingya son la mancha más oscura en la figura de Suu Kyi. A pesar de que la Dama ha prometido en diferentes ocasiones respetar los derechos humanos y proporcionar asistencia humanitaria a todos los ciudadanos, se niega a condenar la situación que vive esta etnia.

Es más, la LND ni siquiera considera que se deba utilizar el término rohingya para referirse a quienes tacha de bengalíes que inmigraron de forma ilegal. “La comunidad internacional nos presiona para que los llamemos así, pero no entendemos por qué. Son bengalíes”, zanja U Nyan Win, uno de los dirigentes del partido de Suu Kyi que estuvo tres años encarcelado sin juicio durante la dictadura. “En cualquier caso, somos partidarios de enmendar la Ley de Nacionalidad de 1982 para que los bengalíes dejen de ser apátridas y se desactive así el conflicto”.

“Posiblemente, el problema está en que se han puesto excesivas esperanzas en una sola persona. Suu Kyi no es una diosa, sino una política. Se debe a sus votantes, como cualquier otro. Y tiene las manos atadas en muchas ocasiones porque el Ejército mantiene su poder de veto”, explica en tono conciliador Tort Reign, un activista de la minoría étnica Naga.

“Un año puede parecer mucho tiempo, pero no es nada si tenemos en cuenta que salimos de medio siglo de dictadura. Hay que tener paciencia y dar un voto de confianza a quien ha sacrificado tanto de su vida por el país. Juzguemos a Suu Kyi dentro de un lustro”, sentencia.

“Muchos pederastas occidentales pasan desapercibidos y no cometen delitos en sus países de origen, pero aprovechan la pobreza y la implementación laxa de las leyes en países en vías de desarrollo para abusar de niños sin pagar las consecuencias”. Seila Samleang, director ejecutivo de la ONG camboyana APLE (Action Pour Les Enfants, Acción para la infancia, en francés), explica rotundo la razón que ha llevado a Australia a convertirse en el primer país del mundo que propone una ley para retirar el pasaporte a los pedófilos listados en el Registro Nacional de Depredadores Infantiles.

Si la proposición de ley que ha hecho el senador Derryn Hinch se aprueba en el Parlamento este mes, algo que se da por seguro ante la falta de oposición, más de 20.000 australianos tendrán prohibidos todos sus viajes al extranjero. 3.200 de los listados en el registro han cometido delitos graves y, por ello, nunca saldrán de esa base de datos. Así que no podrán salir de Australia de por vida.

“Esta es la medida más dura que jamás se ha tomado para combatir el turismo sexual. Queremos evitar que nuestros ciudadanos abusen de niños en países más vulnerables”, recalcó el pasado martes el ministro australiano de Justicia, Michael Keenan.

El político reconoció que las leyes actuales son “completamente inadecuadas” –según estadísticas oficiales, el año pasado 800 de estos depredadores viajaron fuera de Australia, la mitad de ellos saltándose la obligatoriedad de dar cuenta de ello–, y urgió a que se aprueben rápido las enmiendas del Código Penal y de la normativa que regula la emisión de pasaportes.

Samleang, que ha pasado más de una década combatiendo a pederastas extranjeros en Camboya, uno de los países más vulnerables, aplaude la iniciativa y lanza una incómoda pregunta: “¿Quién se atreverá a seguir los pasos de Australia?”.

A pesar de que muchos países asiáticos –sobre todo en el sureste del continente– y latinoamericanos han endurecido las penas que imponen a los pederastas, y aunque se trata de un delito que se puede perseguir incluso en los países de origen de quienes lo perpetran, el turismo sexual todavía no es un mal del pasado.

Lo confirman las estadísticas que Samleang esgrime. Solo en 2016, APLE rescató a 27 víctimas de abusos sexuales, representó a 82 más en casos que vieron los tribunales, y fue vital para la condena de 17 personas que cometieron abusos a menores. Desafortunadamente, son todavía pocos si se tiene en cuenta que la ONG afirma haber recibido 95 denuncias a través de su línea de ayuda.

Un australiano abusó de 11 niñas en Bali

Precisamente, son este tipo de casos en el sudeste asiático los que han llevado a Australia a actuar. El último, en octubre del año pasado, se cerró con la condena a 15 años de prisión de un australiano de 70 años, Robert Andrew Fiddes Ellis, por haber abusado de 11 niñas con edades comprendidas entre los 8 y los 17 años en la turística isla indonesia de Bali.

“Aunque muchos de los pederastas responden al perfil de anciano solitario que predomina en el imaginario colectivo, no hay que olvidar que existen muchos otros tipos que pasan más desapercibidos. Incluso quienes no tienen intención de abusar de niños pueden terminar haciéndolo si se dan condiciones favorables para ello”, comenta Samleang en Phnom Penh.

De hecho, en un reciente viaje a la capital camboyana, este periodista pudo confirmar que, aunque no resulta tan evidente como hace años, todavía hay burdeles y proxenetas que ofrecen sexo con “niñas muy jóvenes”.

El “aquí, a los 14 ya son mujeres” como justificación

El alcohol y la desinhibición que provoca la sensación de impunidad hacen que incluso jóvenes se sientan tentados de mantener relaciones sexuales con menores, aunque no siempre vayan buscando niños. Curiosamente, la justificación del “es que aquí a los 14 ya son mujeres” todavía se escucha en algunos círculos.

Además, APLE constata que el endurecimiento de las penas y una mayor implementación de las leyes ha provocado profundos cambios en el 'modus operandi' de los pederastas. Ya no buscan a sus víctimas en parques o entre niños de la calle.

Una ONG como tapadera de un pedófilo

“Ahora se hacen pasar por voluntarios de ONG o profesores de inglés. Van a comunidades pobres y se ganan la confianza de la familia en el ámbito privado, que es también en el que cometen los abusos. Así, es mucho más difícil conseguir pruebas que los incriminen”, explica Khoem Vando, uno de los investigadores de APLE.

Un caso paradigmático de este cambio es el de Nick Griffin, un pedófilo británico que pasó desapercibido gracias a la tapadera de la ONG que creó, el Fondo para Orfanatos de Camboya. El centro de acogida que construyó llegó a estar habitado por un centenar de niños y niñas y fue el escenario perfecto para cometer sus abusos. Realizó tocamientos y forzó a practicar sexo oral a siete de ellos.

Después de ser condenado en 2011 y de ser extraditado al Reino Unido un año después, se descubrió que antes ya había violado a una adolescente en su país. La ley propuesta por Australia podría evitar que gente como él cometiese delitos en el extranjero.

Investigación sobre un español en Camboya

También hay españoles entre los depredadores que ha perseguido APLE. Uno de ellos es F.P.C., que fue condenado 'in absentia' a seis años de prisión. Las autoridades españolas lo arrestaron en 2010 y pasó 74 días en la cárcel de Valdemoro. Pero el tribunal camboyano no respondió a la comisión rogatoria enviada por el juzgado español responsable del caso y la Policía no encontró pruebas incriminatorias en sus ordenadores y discos duros, así que quedó en libertad.

Samleang sostiene que es un buen ejemplo de cómo los enrevesados entresijos de la justicia internacional logran que pederastas convictos estén en libertad sin cargos. Sin embargo, fuentes judiciales españolas consideran que el caso es muy endeble porque se sustenta en un solo testimonio –el del adolescente abusado– al que ni siquiera ha examinado un médico forense.

Lo cierto es que resulta muy complicado lograr pruebas. Muchas víctimas, amedrentadas y estigmatizadas, llevan el abuso y la humillación en silencio. Y los equipos de investigación en países empobrecidos tampoco realizan su labor con los estándares más avanzados, razón por la que un juez extranjero puede poner objeciones lógicas a la aplicación en casa de una sentencia dictada fuera.

Además, la propia APLE ha sido acusada por diferentes encausados de fabricar pruebas para lograr más convicciones y recaudar así más donaciones, algo que sus miembros niegan rotundamente.

¿Europa debería seguir los pasos de Australia?

La propuesta australiana podría resolver la mayoría de estos problemas, razón por la que es lógico preguntarse si Europa debería seguir sus pasos y cercenar uno de los derechos de sus ciudadanos en caso de que hayan cometido abusos sexuales, incluso después de haber cumplido su condena por ello. Se trata de una medida mucho más comedida que la castración química, cuya adopción se ha aprobado en Indonesia y en Corea del Sur para crímenes sexuales.

En cualquier caso, el turismo sexual supone solo una pequeña parte de todos los casos de pederastia y de abusos sexuales a menores registrados en el mundo. Según el último estudio realizado en Camboya, el 5,6% de los niños y el 4,4% de las niñas del reino jémer han sufrido algún tipo de abuso sexual, un elevado porcentaje que no se explica sin tenerlo en cuenta.

La mayoría de las agresiones se produce en el hogar y es perpetrada por familiares o amigos. Es un hecho global que también se refleja en las detenciones practicadas durante 2016 en Camboya, donde ocho de los imputados fueron extranjeros y nueve locales.

“Obviamente, el cambio más importante se tiene que dar en las sociedades locales y está íntimamente relacionado con el valor que otorgan a la infancia y a la mujer”, apunta Samleang. Eso sí, el grano de arena que aporta Australia será bienvenido.

Vanita sufre una discriminación triple: por su discapacidad física, por pertenecer a una minoría tribal, y por ser mujer. El suyo es un drama que refleja bien los diferentes obstáculos a los que se enfrentan las mujeres de India, un país en el que son discriminadas incluso antes de nacer. No en vano, la popularización de la tecnología para determinar el sexo de un feto ha hecho que haya quien se gana la vida en las zonas rurales con un equipo de ecografía que lleva de casa en casa, en busca de embarazadas. Si descubren que en el vientre se gesta una niña, muchas son forzadas a abortar.

Así, mientras en el mundo nacen de media 106 varones por cada 100 mujeres, en el país hindú ellos son 112. Se estima que en las últimas tres décadas 12 millones de niñas no han llegado a nacer por esta práctica del feticidio. Afortunadamente para Vanita, que ahora tiene 21 años y cuatro hermanos, sus padres no supieron cuál sería su sexo cuando se guarecía en el útero. Su verdadera pesadilla se pospuso hasta que cumplió los 15 años.

“Fue cuando murió mi madre. Tuvo un accidente en un auto-rickshaw (triciclo motorizado utilizado a modo de taxi) que volcó, y no pudieron salvarla”, recuerda entre sollozos. “Mi padre solo tardó tres meses en volver a contraer matrimonio. Se casó con una hermana de mi madre que me maltrataba y con la que ya mantenía antes una relación secreta. Entonces, todo cambió. Mi padre me dijo que tenía que dejar los estudios y ponerme a trabajar, así que me fui al campo como jornalera, donde me pagaban 100 rupias (1,4 euros) al día. Pero como yo no aprobaba su relación con mi tía, ella decidió quitarme de en medio casándome con otro tío mío, mucho mayor que yo”. La ley india permite estas uniones entre familiares, pero Vanita se negó. Para forzarla, su madrastra dio con una solución demasiado habitual: pidió al pretendiente que la violara para que no pudiese rechazar el matrimonio tras haber perdido la virginidad.

Según estadísticas oficiales, cada media hora una mujer es violada en India. Y estas cifras no incluyen los abusos sexuales que se dan dentro del matrimonio, porque no son considerados delito. Desafortunadamente, muchas veces ni siquiera se investigan los casos que sí están tipificados como crímenes. Se demostró el año pasado, cuando los habitantes del distrito de Badaun, ubicado en el estado norteño de Uttar Pradesh, encontraron ahorcadas a dos primas adolescentes que habían desaparecido la noche anterior. Según contó una de sus madres, iban en busca de un lugar suficientemente apartado como para pasar desapercibidas mientras defecaban, ya que no tenían acceso a un retrete.

El informe preliminar que publicó la prensa local señaló que las dos chicas fueron interceptadas por un grupo de cinco hombres que las violaron repetidamente y que luego, según añadió el examen forense, las colgaron de un árbol de mango hasta provocar su muerte. Sin embargo, la polémica conclusión oficial final determinó que se habían suicidado.

En muchos casos, la Policía acepta sobornos de los delincuentes para no investigar el caso o para llegar a conclusiones erróneas que los exculpen. Y hay ocasiones en las que son los propios agentes quienes ejercen la violencia contra la mujer, sea o no de índole sexual. El último caso se dio el pasado día 6 en el estado de Uttar Pradesh, donde una mujer murió, presuntamente, a causa de las quemaduras que le provocaron varios policías que le prendieron fuego cuando ella se negó a pagarles un soborno. Y no es la primera vez que sucede. Así, el estigma y la desprotección policial y judicial que acecha a las víctimas hacen que muchas ni siquiera denuncien su caso.

La lacra de los abusos sexuales no sabe de edad y tampoco es exclusiva de las zonas rurales. Un estudio reveló en 2011 numerosos casos de niñas de menos de 10 años que fueron violadas mientras buscaban un váter público en las barriadas de la capital, Nueva Delhi. El informe transcribió entrevistas con algunas de sus madres que contaron cómo tenían que enfrentarse a sus atacantes y exponerse a una violencia que puede resultar mortal. Se demostró con el caso que más ha conmocionado al país: el de Jyoti Singh.

Cierto cambio a raíz del horror

Esta joven estudiante de medicina se subió a un autobús en Delhi la noche del 16 de diciembre de 2012 para regresar a casa con un amigo después de haber visto una película en el cine. Los ocupantes del vehículo privado, amigos que habían estado bebiendo, decidieron entonces golpear a su acompañante varón y violarla. No sólo abusaron sexualmente de ella, también le introdujeron una barra de acero por el ano hasta que sus intestinos quedaron al aire. Los tiraron a una cuneta y Jyoti murió tras dos eternas semanas de agonía en un hospital de Singapur.

A pesar de las manifestaciones de rabia que se extendieron por el país, y de la condena a muerte de los acusados mayores de edad, el problema persiste. “No obstante, se evidencia un cambio social derivado de esta terrible historia en el hecho de que cada vez hay más casos que se denuncian”, explica Doreen Reddy, directora del programa de Mujer de la Fundación Vicente Ferrer (FVF) en la ciudad sureña de Anantapur. “Pero hace falta un cambio de mentalidad mucho más profundo en sectores de la sociedad, como la Policía, que son parte intrínseca del patriarcado indio. Ponen reglas a las mujeres pero no a los hombres, y luego las culpan a ellas de los crímenes que sufren”.

Vanita fue afortunada. Se enteró del plan que urdía su madrastra y decidió preservar su dignidad. “Hice polvo las pulseras de cristal que suelo llevar y me lo bebí para suicidarme”, cuenta. En un hospital de la FVF consiguieron salvarle la vida, pero desde entonces su familia le ha dado la espalda. “Ahora me han buscado otro pretendiente. Ya está casado, pero como no tiene hijos puede contraer matrimonio otra vez. Sé que será difícil encontrar a alguien que me acepte con mi discapacidad, pero yo no lo quiero. Es gordo y viejo, así que lo he rechazado”. Vanita sufrió un episodio de fiebre cerebral que le provocó la parálisis en la mano derecha y en la pierna izquierda. No es muy evidente, y apenas afecta a su movilidad, pero en la India rural supone una pesada losa social.

Al fin y al cabo, la mujer es poco más que una mercancía. Y el hecho de que la dote tenga tanta importancia así lo confirma. “Es un gran problema, pero, afortunadamente, entre las mujeres con mayor formación está desapareciendo. De hecho, hay algunas que se niegan a contraer matrimonio si existe la exigencia de la dote. Se da sobre todo en las ciudades, que van muy por delante en lo relativo a los derechos de la mujer, pero confiamos en que se vaya trasladando también al campo”, explica Reddy. “En cualquier caso, lo más importante es lograr que las mujeres sean económicamente independientes. Porque eso les permitirá tomar sus propias decisiones sin tener que depender de una familia que quizá las mantenga deliberadamente malnutridas y sin formación”. Es un objetivo todavía muy lejano, porque ellas suponen sólo un tercio de la población económicamente activa, y ese porcentaje incluso cayó del 37% en 2005 al 29% en 2010.

Por eso, la FVF hace tiempo que diseñó un programa para dar trabajo a mujeres con discapacidad como Vanita, las más vulnerables, que ahora se encarga de producir objetos de artesanía que luego vende la propia Fundación. Su compañera Laxmi Devi es un buen ejemplo de la fuerza que estas mujeres adquieren por el simple hecho de ganar dinero con su trabajo. A ella la polio la condenó a vivir a rastras cuando sólo tenía cuatro años. Era un lastre para su familia, también desestructurada, y en ocasiones sufría discriminación. Ahora, después de tres años trabajando en la FVF, su salario es suficiente como para cuidar de su madre, que sufre una discapacidad mental leve. “Sé que nadie querrá casarse conmigo, pero por lo menos me siento útil”, afirma.

Las mujeres a las que acoge la FVF son la excepción de una sociedad cruel en la que imperan todavía los matrimonios infantiles y el tráfico de personas para la prostitución. Lo sabe bien Suseelamma Nirugutta, que quedó viuda cinco días después de haber dado a luz a su segunda hija. Sin posibilidad de obtener ingresos y en una muestra de excesiva ingenuidad, aceptó la oferta de una mujer que le prometió un trabajo decente en la capital, Nueva Delhi, adonde fue con su hija pequeña, de sólo año y medio. “Nos llevaron a una casa en la que yo trabajaba como sirvienta y en la que me ofrecían alcohol y carne. Soy vegetariana y nunca bebo, así que no acepté”. Pero un día la forzaron, y tres días estuvo con mareos. “Me dijeron que me iban a llevar al hospital, pero acabé en un salón de belleza donde me maquillaron y me dieron ropa sexy. Allí me amenazaron con matarnos a mi hija y a mí si no hacía lo que me decían”.

Nirugutta cayó por el precipicio de la prostitución. Pero no por mucho tiempo. “Durante una redada nos metieron a unas 25 chicas en un cuarto secreto. Como hacía muchísimo calor y apenas se podía respirar, una comenzó a gritar y la Policía nos encontró”. En cualquier otro país, su liberación habría sido motivo de celebración, pero en India no. Nirugutta acabó en la cárcel, donde estuvo encerrada tres años después de que la 'madame' del burdel la acusara de haber traficado con mujeres. Más adelante fue internada con su hija en un centro de acogida, donde conoció a decenas de mujeres víctima de trata, hasta que consiguió probar su inocencia y fue liberada. “Pero no podía regresar a Chinapalli –el pueblo del estado de Andhra Pradesh del que es originaria– porque no tenía dinero, así que pedí a un Policía que me ayudase a encontrar un trabajo para ahorrar durante unos meses y regresar con algo de dinero para que nadie sospechase. Mi familia creía que había muerto”, recuerda.

La losa del matrimonio infantil

La suya es una historia que comparten miles de mujeres, y no siempre tiene un final tan feliz. Una encuesta realizada hace tres años entre 370 especialistas en temas de género apuntó que India es el peor país del G-20 para ser mujer. Las estadísticas dejan claro el porqué: 56.000 mujeres mueren al año dando a luz, muchas son apartadas de la escuela, algo que se hace evidente en la tasa de alfabetización (55% frente al 77% de los hombres), de media ganan un 62% del salario del hombre, y un 57% de los adolescentes (52% en el caso de las chicas) considera aceptable pegar a la mujer, un hecho que aumentó un 7,1% entre 2010 y 2011. Y quien se sorprenda de que las leyes del país no protejan más a la mujer quizá no necesita más que ver la composición del Parlamento para entender por qué: sólo un 11% de los diputados son mujeres.

En gran medida, todos estos males tienen su origen en otro dato escalofriante: en torno al 45% de las niñas contraen matrimonio antes de los 18 años. Navaneetha Harijana habría sido una de ellas si no fuese por la intervención de la FVF, que consiguió detener la boda cuando sólo faltaba una semana para su celebración. Sucedió hace un año, cuando ella tenía 15. Su padre escuchó los rumores de que se había enamorado de un chico y le ordenó dejar de acudir a la escuela para casarla con su tío. Su madre, que también contrajo matrimonio cuando le llegó la primera menstruación y quedó embarazada a los 15, accedió. “Pensé que sería lo mejor para ella, porque así no tendría que preocuparse de ganarse la vida”, comenta Narusamma Harijana.

“Mi marido, además, está preocupado por el tema de la dote, porque cuanto más mayor sea la niña, más dinero hay que ofrecer, y nosotros somos pobres”. También son una familia que ejemplifica bien la media del entorno rural: “Mi marido se emborracha casi todas las noches desde los 17 años, y me golpea a menudo. Si hablo, me pega porque hablo; si callo, me pega porque no hablo. Una vez incluso temí por la vida de mi bebé porque me pateó el vientre”. Al final, después del nacimiento de Navaneetha, decidió aceptar las 500 rupias (7,10 euros) que el Gobierno ofrece como incentivo y se sometió a una ligadura de trompas para evitar más cargas familiares.

Pero el marido, temeroso de un 'matrimonio por amor', se empeñó en casar a la Navaneetha. Ella reconoce que se había enamorado, y que le habría gustado mantener la relación. Pero se lo prohibieron. Afortunadamente, alguien informó a la FVF, y sus cooperantes trataron de convencer a la familia de que no la casaran. Ante la negativa, la chica fue internada en un centro de menores y la Fundación amenazó con denunciar la ceremonia ante la Policía. Porque, aunque parezca mentira, en India la edad legal para contraer matrimonio son los 18 años, dos menos si los novios cuentan con el consentimiento de los padres. Claro que, en lo que respecta a la mujer, una cosa es lo que dicta la ley y otra muy diferente cómo se lleva a la práctica.

A pesar de ser un Estado democrático que les otorga los mismos derechos en la Constitución, las mujeres indias son discriminadas, maltratadas y utilizadas como mercancía

En gran medida, estos males tienen su origen en un dato escalofriante: en torno al 45% de las niñas contraen matrimonio antes de los 18 años

Narasamma Harijana aceptó casar a su hija con 15 años. Ella contrajo matrimonio a esa edad: “Mi marido se emborracha casi todas las noches desde los 17 años, y me golpea a menudo”

Provoca gran dolor ver las magníficas plazas de las ciudades históricas de Patan y Bhaktapur, declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, reducidas a escombros. Pero más triste todavía es la pérdida de casi 5.000 vidas humanas, una cifra que seguramente continuará aumentando de forma proporcional al avance de los equipos de rescate que todavía no han conseguido acceder al epicentro del terremoto que el pasado sábado sacudió Nepal con una fuerza de 7,8 grados en la escala de Richter. Como suele ser habitual en estos casos, la tragedia ha sorprendido al mundo. Pero lo cierto es que estaba prevista desde hacía mucho tiempo. Había sucedido antes y, desafortunadamente, se volverá a repetir.

Desde el aire se ha podido comprobar que pueblos enteros han quedado completamente destruidos, y, para colmo de males, ahora están aislados por los aludes y los corrimientos de tierra que el seísmo ha provocado en el techo del mundo. Con los hospitales desbordados y faltos de medicamentos y de personal, las víctimas están condenadas a una tensa espera en la que muchos perderán la vida. De hecho, el Gobierno ya ha anunciado que la cifra final de víctimas mortales podría superar las 10.000.

El desastre no es nuevo y tampoco será el último. Las causas son variadas. Lógicamente, la principal es el choque de las placas tectónicas de India y de Eurasia. Precisamente, ese es el fenómeno que dio lugar a la cordillera del Himalaya hace unos 65 millones de años, y la tierra todavía hoy continúa desplazándose entre cuatro y cinco centímetros al año. Así, cada 75 años un gran seísmo suele azotar el país. Es un momento en el que se libera tanta energía como la de 20 explosiones termonucleares, y así la Tierra encuentra un efímero equilibrio. El último gran temblor se registró en 1934, de forma que era sólo cuestión de tiempo –poco– que se volviese a desatar la furia del planeta.

Es evidente que no hay nada que el ser humano pueda hacer al respecto. Pero sí puede aspirar a mitigar los daños del terremoto con una buena preparación de los núcleos urbanos y con la formación de equipos de rescate profesionales. Claro que eso supone disponer de medios materiales que resultan extremadamente caros y que Nepal, uno de los países más pobres de Asia, no puede permitirse.

“Ha sido inevitable, completamente inevitable”, contó a Bloomberg Richard Sharpe, un ingeniero neozelandés especializado en terremotos que hace 20 años participó en la redacción del manual de construcción de Nepal. “Lo difícil es ponerlo en práctica. El país ha tenido tanta inestabilidad política -primero una larga y cruenta guerra civil y luego el fin de la monarquía- que no ha existido voluntad a la hora de implementar las reglas”, añadió. Así, un informe de 2001 ya advirtió de que la capital nepalesa, Katmandú, era la ciudad más vulnerable del mundo frente a terremotos.

La cruel realidad demuestra que un seísmo de características como las del que se desató el pasado sábado puede tener consecuencias muy diferentes dependiendo de dónde se produzca. Y, sin duda, el grado de desarrollo de los diferentes lugares es inversamente proporcional al daño que va a causar. Por ejemplo, en Japón, un país situado en una de las zonas sísmicas más activas del planeta, conocida como el círculo de fuego del Pacífico, el número de víctimas habría sido muy inferior gracias al estricto estándar de construcción por el que se rigen todos los edificios modernos. “Al país le llevó más de 70 años llegar a la situación en la que se encuentra ahora. Hace falta tiempo e inversión. Hay que ir paso a paso”, afirmó Kenji Sawada, director ejecutivo de la Sociedad Japonesa para el Aislamiento Sísmico. Pero hay que dar el primer paso, claro.

Así, mientras los países en vías de desarrollo han sufrido 28 terremotos de fuerza superior a grado 7 entre 2001 y 2015, sólo ocho más que los que han sacudido al mundo desarrollado, allí se han contabilizado más de 160.000 muertos frente a sólo mil que dejaron en los países más avanzados –sin contabilizar las víctimas por tsunamis y según los datos del Instituto Geológico de Estados Unidos–. El mundo desarrollado ha conseguido reducir la mortalidad de estas tragedias diez veces más rápido que los estados más pobres.

Desafortunadamente, pocos países aprenden de los errores de sus vecinos, y varias de las megalópolis más pobladas de Asia viven al borde del precipicio. Desde Delhi hasta Dacca, pasando por Islamabad, las principales capitales del subcontinente indio podrían quedar reducidas a escombros con un seísmo incluso más leve que el de Nepal. Los muertos sumarían cientos de miles.

La excepción China

China es la excepción a esta triste regla. En 2008 el gigante asiático sufrió una de sus peores catástrofes naturales en Sichuan, donde un terremoto que causó 87.000 muertos dejó en evidencia varios asuntos preocupantes: en primer lugar, que el gran desarrollo económico que ha vivido el país en las últimas tres décadas ha sido muy desigual, y, en segundo lugar, que la corrupción política no sólo tiene un impacto económico.

También mata. Es lo que sucedió en los 5.000 centros educativos que se vinieron abajo por culpa de los materiales de baja calidad que se habían utilizado en su construcción. La diferencia del costo con los que se había previsto utilizar se la llevaron gerifaltes del Partido Comunista que incluso tuvieron que arrodillarse ante la multitud para pedir perdón y evitar ser linchados hasta la muerte.

No obstante, aquel terremoto también marcó un punto de inflexión en cómo China encara una crisis de esta magnitud. A diferencia de lo sucedido en Nepal, Pekín movilizó todos los medios a su alcance en pocas horas gracias a la calidad de las infraestructuras de transporte que el país ha ido construyendo, y cientos de miles de dispositivos militares lograron rescatar a tiempo a cientos de supervivientes. Además, hospitales de campaña bien dotados sirvieron para paliar la congestión en los centros sanitarios. A la postre, el seísmo también tuvo un impacto positivo: las viviendas en las que se ha reubicado a cientos de miles de damnificados han sido erigidas para resistir un envite como aquel, y los requisitos para edificar en todo el país se han endurecido.

Hará bien Nepal en aprender de China. Según diferentes estimaciones, la devastación provocada por el terremoto le costará en torno al 20% de su PIB, y la reconstrucción llevará una década. Preocupan también las centrales hidroeléctricas a las que todavía no se ha podido acceder para comprobar los daños que han sufrido, ya que proporcionan la energía –siempre escasa– que el país necesita desesperadamente para continuar con su desarrollo económico.

Así que, en esta ocasión más que nunca, el país requiere ayuda internacional urgente que no huya cuando hayan desaparecido los medios de comunicación que ahora dedican sus portadas al desastre. Porque la tierra volverá a romperse en Nepal, y contener la devastación que provocará está en manos de quienes pueden ayudar a reconstruir pueblos y ciudades con el cuidado que requiere el riesgo que sufre el país. Ahora, en paz y con el proceso de democratización casi concluido, es un buen momento para hacerlo.

Afortunadamente, se trata de un territorio relativamente poco poblado y de una economía pequeña, en la que cualquier contribución puede marcar una gran diferencia. Nepal puede servir de ejemplo para otros países que viven con el mismo peligro y no parecen hacer nada para evitarlo. “No podemos esperar a que un terremoto destruya nuestras ciudades para darnos cuenta de que tenemos que ponernos a evitar esta tragedia ya”, me explicó, indignado, un ingeniero paquistaní cuando cubrí el seísmo que dejó 79.000 muertos en el norte de ese país en 2005. “Que miles de personas, sobre todo niños, hayan muerto porque no ha habido voluntad política para evitarlo es una vergüenza para el ser humano”, criticaba un maestro al que entrevisté tras el terremoto de Sichuan. Desafortunadamente, parece que sólo se pasa a la acción cuando los muertos se amontonan. Y, a veces, ni siquiera entonces.