Desde que el pasado mes de julio un telescopio de la red de detección de asteroides ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System) ubicado en Chile descubriera un cometa interestelar viajando a gran velocidad hacia el Sol, astrofísicos de todo el planeta han puesto sus ojos en este inusual objeto para intentar aprovechar su cercanía para investigarlo. Se trata del cometa 3I/ATLAS (3 por tercero, I, por interestellar, y ATLAS, por los telescopios que lo descubrieron).

Se trata de una gran oportunidad, ya que en la Historia de la Humanidad solo se han observado otros dos objetos como este: uno en 2017 y otro en 2019 (Oumuamua y 2I/Borisov, respectivamente). No es, pues, un visitante muy común, de ahí el enorme interés en observarlo antes de que se aleje para siempre de nuestro barrio cósmico (el Sistema Solar), al que, previsiblemente, nunca regresará.

Sin embargo, desde su aparición, también se han multiplicado las teorías que afirman que se trata de un objeto artificial, tal vez una nave o sonda alienígena, que está explorando nuestro Sistema con fines inimaginables. Mientras la observación científica rigurosa hace interesantes hallazgos sobre el comportamiento y características de este objeto, hay quien utiliza estos datos para construir teorías sobre el fin del mundo por un impacto catastrófico o una supuesta invasión extraterreste. Algunas de esas afirmaciones provienen incluso de astrofísicos famosos y mediáticos de instituciones tan prestigiosas como Harvard, que rentabilizan sus intervenciones alimentando el relato que convierte a 3I/ATLAS en una potencial amenaza aunque la ciencia esté demostrando lo contrario: es un cometa como cualquier otro, de origen interestelar, que pasará muy lejos de la Tierra y que se comporta de forma explicable.

Sin embargo, basta hacer una búsqueda en Google para leer titulares sobre 3I/ATLAS que incluyen palabaras como misterioso, intrigante, enigmático... Según ese relato conspiranoico, que encuentra campo abonado en las redes sociales, nada de lo que hace este cometa es normal: su coma (una nube de gas y polvo que se forma alrededor de su núcleo helado a medida que se acerca al Sol) hace cosas extrañas, su composición es anómala, como su trayectoria, que parece “pensada” para echar un vistazo a los planetas del Sistema Solar o trazar un rumbo para quedarse orbitando el Sol, o emite luz variable. Además, es sospechoso que la NASA haya activado el sistema de Defensa Planetaria en medio del apagón que vive la administración de EEUU por falta de fondos, por lo que su página web no se actualiza, ocultando datos, tal vez. Ese sistema pide a todos los observatorios del mundo que enfoquen al 3I/ATLAS para coordinar una defensa contra él... “Si vas a irte de vacaciones hazlo antes del 29 de octubre. Nadie sabe qué pasará después”, dijo uno de los científicos de Harvard más proclives a defender el origen alienígena de 3I/ALAS, como también hizo con otro de los objetos interestelares descubiertos hasta ahora, Oumuamua. El 29 de octubre... Más adelante regresaremos a esa fecha.

Estas son afirmaciones que ponen los pelos de punta y agitan la imaginación. Pero la ciencia dice otra cosa.

Desmontando a los aliens

Javier Licandro, investigador del Sistema Solar en el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), participa en la observación y estudio del cometa desde su hallazgo y es tajante sobre las informaciones que corren como la pólvora por redes y medios de comunicación acerca del cometa: “La afirmación de que 3I/ATLAS está desconcertando a los astrofísicos en todo el planeta es completamente falsa. No está desconcertando a nadie, a los astrofísicos no”. En su opinión, hay gente que está “planteando cosas”, pero estas no tienen “ni pies ni cabeza”. Y subraya que toda la comunidad de expertos que estudian el Sistema Solar lo tiene clarísimo: “Estamos frente a un cometa que se formó alrededor de otras estrellas, que se escapó de esas estrellas, como se escapan muchos cometas que se forman alrededor del Sol, y, en su camino, se encontró con nuestra estrella”. Una historia sin sobresaltos.

De hecho, insiste, 3I/ATLAS “no tiene nada de particular. De hecho, el comportamiento que ha tenido no muestra nada para decir así no se comportan los cometas. Muy por el contrario”, sentencia. El científico reconoce que este cometa tiene particularidades, pero “como las tienen todos los cometas”, ya que “cada uno ”es diferente a otro, eso lo sabemos desde hace tiempo“. En el caso de 3I/ATLAS, ”todavía tiene en la superficie una cantidad enorme de dióxido de carbono, y eso le da ciertas particularidades, pero nada raro“.

Ese es, de hecho, uno de los argumentos conspiranoicos: la extraña composición de 3I/ATLAS. Licandro, sin embargo, expone que él mismo, junto a la doctora Naomi Pinilla de la Universidad de Ohio, ha publicado recientemente un estudio sobre los objetos precursores de los cometas, llamados transneptunianos, en el que demuestran que existen tres tipos de composición superficial en la región de los transneptunianos, y una de ellas está compuesta por objetos que tienen mucho dióxido de carbono (como 3I/ATLAS). Estos objetos se han formado a una distancia tal de la estrella que el dióxido de carbono está congelado porque la temperatura es muy fría, relata Licandro. “Son objetos que no tienen casi compuestos orgánicos, pero sí tienen un montón de dióxido de carbono. Lo que pasa es que cuando estos objetos se transforman en cometas, suelen perder el dióxido de carbono muy rápidamente”, expone [se calcula que 3I/ATLAS pierde unos 150 kilos de materia por segundo]. Y remata: “Este objeto nunca se había acercado a su estrella. Probablemente la primera estrella por la que pasa realmente cerca es el Sol, por eso tiene tanto dióxido de carbono, y nada más”. “La composición es típica de objetos que se forman en nuestro Sistema Solar y que son precursores de cometas”, concluye.

Fin del misterio.

Respecto a la trayectoria del objeto, que algunos señalan que parece pensada a propósito, Licandro puntualiza que “el movimiento es el de un objeto que viene en una órbita hiperbólica, que se ha encontrado con el Sol, y que pasa de largo”.

Sobre supuestas anomalías en la actividad del cometa, el científico apaga cualquier sofoco: “Es la típica de un cometa que va incrementándose a medida que se acerca al Sol”, porque “se calienta”. Actualmente, su actividad más elevada “es debida al componente mayor” del cometa, que en todos ellos, y también en este, “es el hielo de agua”. Ahora mismo, indica Licandro, “una vez que cruzó la línea de las tres unidades astronómicas (UA, respecto al Sol), ”el agua llega a una temperatura en que pasa de sólido y gas. Esa transformación de hielo en gas hace que el gas sea eyectado, arrastrando a otras partículas. Esas partículas de polvo forman la coma“. Y sentencia: ”No hay nada de lo que hemos observado que no nos diga que esto es un objeto natural, un cometa. Y cualquier otra especulación son cantos de sirena“.

Licandro aclara que las especulaciones sobre las supuestas rarezas detectadas en la coma del cometa (precisamente en observaciones hechas desde el Teide) son falsas. “No tiene nada de raro”, señala. Para explicarlo, recuerda que este cometa, como muchos otros, tiene un jet. Cuando este jet fue observado desde el Teide apuntaba en la dirección del Sol. Sin embargo, en observaciones posteriores, varió. Licandro recuerda lo ocurrido con el cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko, que tenía forma de cacahuete. El jet salía por la parte más estrecha del objeto, en el centro. Los jets, detalla, “pueden deberse a una zona del objeto que es particularmente activa, y el material sale como un chorro de esa región, una región concentrada, pequeña, del cometa, o también puede deberse a alguna forma extraña en su geometría”. De ahí que puedan darse variaciones. “Los chorros, los jets, los vemos a montones. No hay nada inusual en él”, sentencia.

Ahora mismo el resplandor del Sol impide continuar observando al objeto mientras se acerca a la estrella, pero en noviembre volverá a ser visible. Será entonces cuando, de nuevo, podrá verse y estudiarse el jet, si ha variado o qué ha ocurrido en él al aproximarse.  

Respecto a la fecha señalada del 29 de octubre, Licandro desmonta cualquier teoría catastrofista. “El día 29, el cometa pasa por el perihelio, el momento en que va a estar más cercano al Sol. Ahí va a recibir un poco más de radiación solar. Simplemente mostrará que hay un pico de actividad que seguramente ocurrirá unos días después, que es lo típico también en todos los cometas. No tiene más importancia que eso”. Y añade que ni siquiera será un momento “muy espectacular”, ya que no se acercará demasiado al Sol, cuando “hay cometas que pasan rozando”.

Por último, la NASA. Según las teorías que circulan por las redes, la Agencia estadounidense ha activado el sistema de alerta planetaria por este cometa interestelar, lo que para muchos es un indicio de que algo malo está ocurriendo y, por supuesto, está siendo ocultado a la población. Licandro lo aclara. “Es como lo que vivimos hace poquito en Garachico”, en referencia al simulacro de erupción volcánica realizado en esta localidad de Tenerife el pasado mes de septiembre. “Es un ensayo, un ejercicio”, sentencia.

“Aprovechando el interés que ha despertado 3I/ATLAS, y que va a estar todo el mundo observándolo, la International Asteroid Warning Network (IAWN) ha hecho esta campaña”. En ella participan observatorios y científicos de todo el mundo, para compartir datos y unificar criterios. “Estos ejercicios son como simulacros, lo que pasa es que son simulacros con objetos reales”. Eso, matiza, “no significa que tengan ningún peligro, pero nos prepara para actuar conjuntamente, coordinadamente y correctamente con las mejores metodologías y los mejores instrumentos para el caso de que tengamos que monitorizar un objeto real”, relata.

Licandro recuerda que precisamente en una reciente reunión sobre la astrometría de estos objetos que se acercan a la Tierra, uno de los temas comentados fueron las dificultades que existen en el caso de los cometas para medir su posición, algo “extremadamente complicado”. Se abordó cómo atacar esta problemática para que todos los astrofísicos usen una metodología parecida. “Para eso lo mejor es hacer un ejercicio como un simulacro, como lo que hace cualquier agencia de protección civil”, explica.

Ese tipo de campañas con un target real, añade, se preparan con objetos que son “interesantes, pero que no son en absoluto peligrosos. Es el caso de 3I/ATLAS, y nos ha tocado ver en estos días que la NASA subrepticiamente y ocultamente está estudiando este objeto porque en realidad es peligroso”, dice, recordando los mensajes virales en redes sociales. “Vivimos un tiempo muy complicado donde los bulos y la superchería se venden con mucha facilidad y lamentablemente hay gente que monetiza con todo esto”, opina. “Todos sabemos... Gente que cobra por sus entrevistas, gente que tiene su blog con muchas visitas, sus redes sociales muy visitadas porque todo esta magufada genera muchos clics y los clics monetizan y lamentablemente algunos venden su prestigio bien ganado en otro campo con tal de ganar dinero”, incide.

“Vivimos en un mundo donde los bulos y la charlatanería está abundando, no solo para la política, lo vimos con las vacunas, con la pandemia, y el chiste es que ya lo vemos hasta con los cometas”, lamenta.

“Tener la oportunidad de estudiar estos residuos de la formación de otros planetas alrededor de otra estrella es única y por eso hay que aprovecharla al máximo”, concluye.

Observando el 3I/ATLAS desde Canarias y desde fuera de la Tierra

Ya en julio, el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), que forma parte de la red ATLAS, anunció que se unía a la observación internacional del cometa con un telescopio recientemente instalado en el Teide, Tenerife. Las observaciones realizadas desde la isla, y también desde La Palma, por el grupo de Sistema Solar, liderado por los investigadores del IAC Julia de León y Javier Licandro, contribuyeron a determinar la órbita del objeto y características de su coma.

Ya entonces, el IAC subrayó que no hay peligro en este cometa, ya que pasará muy lejos de la Tierra. Y detalló que tiene entre 10 y 30 kilómetros de diámetro y se desplaza a una velocidad de aproximadamente 68 kilómetros por segundo (más de 200.000 kilómetros por hora).

La Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés) ha aprovechado sus misiones interplanetarias para observar el cometa desde puntos de observación mucho más estratégicos que la Tierra y su entorno.

Entre el 1 y el 7 de octubre, las sondas Mars Express y ExoMars Trace Gas Orbiter lo pudieron observar cuando se aproximó a Marte. La distancia más cercana entre la sonda y el cometa fue de 30 millones de kilómetros.

Entre el 2 y el 25 de noviembre, el Jupiter Icy Moons Explorer (Juice) de la ESA observará el cometa con diversos instrumentos. Según esta agencia, dado que Juice podrá verlo poco después de su aproximación más cercana al Sol, es probable que tenga la mejor vista del 3I/ATLAS en un estado “muy activo”, con un halo brillante alrededor de su núcleo y una larga cola extendiéndose tras él.

Después se acercará a Júpiter, y se ha sugerido que la sonda Juno, que orbita al planeta, pueda también intentar observarlo. Tras eso, el cometa se adentrará de nuevo en la oscuridad del Universo, alejándose de la Tierra y sus habitantes para siempre.

Canarias ha perfilado este martes las acciones que busca para cambiar su modelo productivo atendiendo a las singularidades territoriales de cada isla, pero dejando de lado dos de las principales demandas de la ciudadanía en las protestas masivas contra el modelo actual de desarrollo que tuvieron lugar en abril y octubre (20-A y 20-O): la implantación de una ecotasa y una moratoria turística que ponga límites a esta industria, que prevé superar los 18 millones de visitantes este año.

En la segunda Conferencia de Presidentes que el Ejecutivo canario ha celebrado en Las Palmas de Gran Canaria y en la que han estado presente los presidentes insulares, Fernando Clavijo ha adelantado que los Presupuestos de la comunidad autónoma para 2025 incluyen 764 millones para comenzar a aplicar algunas de las 51 medidas acordadas por los cinco grupos de trabajo creados para abordar los desafíos de las islas en las próximas décadas. Esas medidas se suman a las 66 aportaciones ciudadanas más las que propongan los cabildos insulares. Un comité de seguimiento “fusionará” estas propuestas con las que ya ha trabajado el Parlamento y Gesplan, ha indicado Clavijo, quien también ha hecho hincapié a la colaboración que se mantiene con la Federación Canaria de Municipios.

Clavijo ha detallado que de los 764 millones, 97 millones son en concepto de bonificaciones fiscales en materia de vivienda, eficiencia energética y lucha contra el cambio climático.

Ni ecotasa, ni moratoria, sino más planificación y agilidad para construir

Preguntado por si las medidas ya definidas incluyen la implantación de una moratoria turística y una ecotasa, el presidente ha dicho que la segunda cuestión no se ha abordado y que sobre la primera se ha concluido la necesidad de “poner límites al crecimiento a través de la planificación”, para lo que se considera fundamental agilizarla con el fin de “no ir por detrás del crecimiento”, como ha ocurrido hasta ahora. Sin embargo, no se ha acordado imponer una moratoria como tal.

La presidenta en funciones de la Federación Canaria de Islas, Rosa Dávila, apuntó que en Tenerife existe una tasa para la visita a determinados espacios naturales protegidos (por ahora, solo Masca), al igual agregó que se trabaja en planes de movilidad sostenible para el conjunto de las islas.

Por su parte, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, afirmó que desde la institución que lidera han defendido la ecotasa de manera genérica, así como una moratoria, por ejemplo, para la vivienda vacacional.

“Lo hemos expresado públicamente y yo creo que podemos ir avanzando en ese sentido pero estamos de acuerdo en que hay que adaptar los servicios públicos universales que tenemos en esta tierra, la realidad poblacional y el crecimiento turístico. Tenemos que avanzar en perfeccionar y adaptar la educación a las nuevas demandas”, apostilló.

Ejes de trabajo

Los grandes ejes sobre los que hay que dar soluciones, según estos expertos, son, además de la inmigración, la vivienda, la protección del territorio y los espacios naturales, la planificación del territorio, la lucha contra el cambio climático, la sequía y la seguridad energética.

Por otro lado, Clavijo ha anunciado que en el primer trimestre de 2025 el Gobierno canario prevé aprobar un segundo decreto para reducir a entre 90 y 180 días el plazo para la concesión de licencias municipales de construcción, que en la actualidad supera los dos años.

El presidente regional ha insistido en que “el modo canario de hacer política funciona”, como demuestra, según él, el trabajo desarrollado por esta Conferencia de Presidentes, donde hay representados distintos partidos (CC, PP, PSOE, NC, ASG y AHI) que son capaces de llegar a acuerdos en favor del futuro del archipiélago.

Sin embargo, cabe recordar que hace apenas una semana el PSOE criticó precisamente estas mesas de expertos y puso en duda su utilidad porque “no escuchan a la ciudadanía ni responden a su hartazgo”. Además, consideró que lo que ha hecho el Ejecutivo es “no desarrollar las cuestiones de peso en esas mesas”, pues las reuniones estuvieron “plagadas de cargos políticos y cargos intermedios del Gobierno, sin casi expertos o escucha pública”.

También fueron muy criticadas por el movimiento social nacido tras el 20A, Canarias Palante. “Esta mesa de expertos, de la que forman parte el Gobierno de Canarias y los cabildos, no representa los intereses ni las voces de quienes vivimos aquí, sino que sigue el mismo patrón de exclusión de siempre: un pequeño grupo tomando decisiones a espaldas del pueblo”, señaló la organización a mediados de octubre.

Rosa Dávila, que también preside en Cabildo de Tenerife, ha abundado en que todas las propuestas diseñadas para abordar el reto demográfico de Canarias se aplicarán teniendo en cuenta las peculiaridades de cada isla, ya que las llamadas verdes, La Palma, La Gomera y El Hierro, precisan retener población, al igual que las localidades de menos de 10.000 habitantes, mientras que en el resto de territorios insulares hay lugares “saturados”.

Mejorar la redistribución de la riqueza en el archipiélago es otro de los objetivos, ya que el empobrecimiento de la clase media, que destina más del 40% de su salario a la vivienda, hace que esté en situación de exclusión social, ha subrayado Clavijo.

Céntimo forestal

Por otra parte, en relación a la implantación del céntimo forestal, Dávila consideró “lógico” que las islas que tienen una bonificación por la “falta de competencia y que tienen más alto” el precio de los combustibles, “no” se aplique, si bien manifestó que Gran Canaria y Tenerife, con un modelo económico y población “similar”, están de acuerdo en su aplicación. Añadió que en los presupuestos del Cabildo de Tenerife está recogido.

Han pasado seis meses desde que el pasado 20 de abril (20A) más de 200.000 personas salieran a las calles en las ocho islas de Canarias y en ciudades de la Península y el extranjero para protestar contra el modelo de desarrollo del archipiélago, basado desde hace décadas en el impulso al turismo masivo y que está dejando desde hace meses cifras récords de llegadas de visitantes, vuelos e ingresos en hoteles y apartamentos. Estas protestas alcanzaron gran repercusión informativa, no solo nacional, sino también internacional, y prendieron la mecha de protestas en otros territorios, como Baleares, Málaga, Cantabria, Barcelona y Sevilla. En este período, pese al contundente respaldo que obtuvo el 20A, no se ha dado ningún paso por parte de la industria o las administraciones que responda a las reivindicaciones de este movimiento social. Es por ello que se han vuelto a convocar marchas en varias islas. Es el 20-O, que tendrá lugar este fin de semana, esta vez, en zonas turísticas.

Los organizadores consideran que no solo no se ha avanzado hacia la solución de los problemas y la limitación de la industria, sino que se está permitiendo que esta siga creciendo, con la autorización de nuevos hoteles, más viviendas vacacionales e incentivando la llegada de más visitantes. Tampoco se ha adoptado ninguna medida encaminada a la protección del territorio, ni se han mejorado las condiciones de las trabajadoras de las camareras de piso, ni se ha obligado al sector a repartir beneficios, y el Gobierno, de Coalición Canaria y el PP, sigue negándose con argumentos ya superados en otros territorios turísticos a imponer una ecotasa o una moratoria turística.

El turismo, que según las previsiones cerrará el año con 18 millones de turistas en Canarias, sostiene al 25% de la actividad empresarial en el territorio, más del 35% de la riqueza (PIB) en las islas y el 40% del empleo directo, según la patronal hotelera de Tenerife. Sin embargo, cuando se constata que una vez más Canarias tiene los segundos salarios más bajos del país, la industria turística vuelve a afirmar que sus convenios están por encima de la media del sector.

Las tasas de pobreza en las islas tampoco son responsabilidad de que la economía canaria esté basada en el sector servicios, el que ostenta las remuneraciones más bajas y el menor coste por empleado. Y mientras, el presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, afirma que si no es del turismo, de qué va a vivir Canarias. “¿A qué cambiamos? Canarias no puede vivir si no es del turismo”, señaló este mismo miércoles en un desayuno informativo organizado por el periódico Canarias7.

Los organizadores del 20A y del 20-O lo han dejado claro desde las primeras convocatorias: no es contra el turismo como industria o actividad, es contra un modelo de desarrollo que no para de crecer a costa de consumir territorio y recursos y que ya choca directamente con el modo de vida de los residentes. La solución, para los convocantes, pasa por poner límites: a las llegadas, al número de hoteles, al número de cruceros, al número de residentes extranjeros, a la compra de viviendas por parte de extranjeros, al número de campos de golf, al uso del agua, a los vehículos de alquiler, a los aviones, a los visitantes a entornos protegidos, etc. etc..

La llegada de 18 millones de personas a las Islas, un territorio frágil y fragmentado, con escasez de recursos como el agua y problemas de gestión de residuos, aguas y generación de energías, es de por sí un problema que genera cada vez más malestar entre los residentes, que se sienten expulsados de su tierra, según señala la Federación Ben Magec-Ecologistas en Acción, una de las convocantes del 20-O.

El turismo masivo y la falta de control y vigilancia está poniendo en riesgo los enclaves naturales de las Islas como las Cañadas del Teide, Timanfaya, Anaga o la Caldera de Taburiente, pero también la convivencia en lugares como Boca Cangrejo, Masca o La Graciosa, donde los vecinos han protagonizado protestas contra la invasión turística.

No mejora, empeora

Pese a esta realidad, las administraciones canarias han avanzado en los últimos meses hacia la ampliación de las plazas turísticas en las Islas. El borrador de la ley de alquiler vacacional del Gobierno regional supuso una avalancha de nuevas licencias de alquiler turístico, con lo que estas plazas han incrementado hasta suponer ya más que las hoteleras. Además, se han reactivado proyectos hoteleros con irregularidades como el hotel en La Tejita o Cuna del Alma, ambos en Tenerife. Y el Cabildo de esa isla, gobernado por CC y el PP, ha dado luz verde a un nuevo parque temático en el sur de la isla, esta vez, con instalaciones tanto en tierra como en el mar, pese a situarse en la Zona de Especial Conservación Marina Teno-Rasca.

También han proseguido las campañas de cabildos, ayuntamientos y Turismo de Canarias, pagadas con dinero público, para abrir nuevos mercados turísticos, nuevas rutas aéreas y atraer más visitantes a las Islas, como si el 20A no hubiese existido.

Pero el Gobierno canario sigue descartando rotundamente la aplicación de una tasa por pernoctación a los extranjeros, algo que se aplica en innumerables destinos turísticos por todo el mundo y cuya recaudación puede destinarse a diferentes fines, como acciones para minimizar el impacto de los propios visitantes (residuos, aguas, carreteras, etc.) o recuperar entornos naturales amenazados por las visitas, por citar dos ejemplos. Además, una encuesta de Instituto Canario de Estadística realizada en agosto desveló que la mayoría de los turistas estaría dispuesta a pagar una tasa y que no dejaría de viajar a las islas si se le cobrase.

Pese a la falta de agua y a la restricción a su consumo en municipios de todo el archipiélago, ninguna medida de ahorro se ha aplicado al sector turístico; al contrario, se ha autorizado un nuevo campo de golf en Adeje, Tenerife, con un consumo de agua equivalente al de 16.400 personas. La isla se encuentra en plena emergencia hídrica desde mayo.

Tampoco se han atendido las reivindicaciones de parte del sector hotelero, las trabajadoras denominadas kellys (las que limpian). Una de sus históricas peticiones, que supone una mejora para sus condiciones laborales y que afecta a su salud, es que se sustituyan las camas de los hoteles por camas elevables. Pero los partidos que sustentan al Gobierno canario en el Parlamento regional (PP, CC, AHI y ASG) votaron en contra de implantar esta medida en el sector, como sí se hace por ejemplo en Baleares. El argumento, que se incrementa el gasto. No obstante, son precisamente los establecimientos turísticos quienes copan las subvenciones del Ejecutivo, que tiene una línea de ayudas para 2024 en la que se recogía precisamente la adquisición de camas elevables, entre otros elementos. Algo que, de momento, se niega a tramitar por Ley. 

El Gobierno canario dijo haber escuchado a la ciudadanía tras el 20A, pero desde entonces la situación migratoria es la que ocupa su agenda. Ninguna de las reivindicaciones del 20A ha sido atendida y las mesas de expertos creadas por el Ejecutivo para analizar la situación y proponer medidas han sido tachadas por los organizadores de las protestas como “opacas”, en las que un pequeño grupo toma decisiones “a espaldas del pueblo” como antaño hacían “los caciques”.

La situación, por tanto, no solo no ha mejorado, sino que ha empeorado, según los convocantes de las manifestaciones, porque llegan más turistas y la previsión es que lleguen aún más, mientras sigue dándose luz verde a más hoteles e infraestructuras turísticas mientras no se soluciona el colapso de las infraestructuras sociales canarias, que tiene escasez de médicos, profesores, hospitales, centros de salud, viviendas y hasta juzgados, y donde se sustituye el agua de manantial, casi agotada, por agua de desaladora, más cara y contaminante.

Canarias vive un “colapso social y medioambiental”, dicen los convocantes, frente al que los dirigentes públicos “no tienen respuesta ni buscan soluciones y agravan aún más negándose sistemáticamente a llevar a cabo cualquier medida que sirva para controlar una problemática que hace años pasó los límites”.

Tan sencillo como eso: poner límites.

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo (Coalición Canaria), se ha reunido este jueves con Pedro Sánchez en la Moncloa dentro de la ronda de contactos autonómicos y, como era de esperar, el tema migratorio ha estado sobre la mesa. Clavijo, al término del encuentro, ha expresado su desconcierto por lo ocurrido el día anterior en la Cámara Baja. Y por primera vez ha criticado abiertamente la postura del PP, su socio de gobierno en las Islas, que no solo votó en contra de tomar en consideración la reforma de la Ley de Extranjería, sino que abandonó la negociación con el Gobierno central sobre este asunto y dedicó el pleno de este miércoles a hablar de ETA.

“No entendemos lo que ocurrió ayer en el Congreso. No entendemos la postura del PP”, señaló Clavijo antes de añadir: “Estamos muy decepcionados”, también con las declaraciones del portavoz del PSOE, Patxi López, en las que, según Clavijo, “de manera frívola” comparó migrantes con turistas.

Sobre la ruptura de la negociación, Clavijo ha señalado: “No solo no compartimos, sino que no entendemos ni desde luego justificamos de ninguna manera que te levantes de una mesa de negociación, sobre todo con un asunto tan importante como el que estamos hablando”, ha reprochado al PP. “Los problemas se resuelven estando en la mesa, los problemas se resuelven dialogando, hablando”, ha abundado.

Clavijo ha confirmado que ha trasmitido este malestar al PP nacional y que su voluntad es la de contactar de nuevo con el partido: “Tenemos que seguir negociando”.

Desde el pasado mes de julio, cuando el PP (junto a Vox y Junts) tumbó la toma en consideración de la reforma de la Ley de Extranjería, el partido de Clavijo, lejos de reprochar a su socio haber desbaratado una posible solución al colapso de los centros de acogida de menores en las Islas, dedicó sus ataques al Gobierno central, abrazando el argumento de los populares de que no había “voluntad política” en el Ejecutivo porque no se había negociado con los populares. Sin embargo, cuando la propuesta llegó al Congreso y se votó hacía meses que se negociaba el texto, unas conversaciones en las que había participado activamente el PP de Canarias, que además votó a favor del documento en el Parlamento regional (lo respaldaron todos los grupos menos Vox).

Durante el verano, además, hubo contactos entre el Gobierno central, el canario y el PP, pero Clavijo afirmó en varias ocasiones que no sabía nada del Ejecutivo desde hacía “meses”, lo que fue desmentido por el PSOE, que entonces hizo públicos al menos dos encuentros.

Cuando de nuevo volvieron a sentarse a negociar, el PP se levantó de la mesa y rompió el diálogo asegurando que España había rechazado la ayuda de la UE para trasladar a los migrantes a los estados miembros. Se basa esta afirmación en una carta de Ursula Von der Leyen en la que afirmaba que se podía “hacer más”, lo que fue interpretado por el PP como que España rechazaba una intervención mayor. Sin embargo, esto ha sido negado tajantemente desde el Gobierno y desde el PSOE. Concretamente, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que participaba en la mesa de negociación, retó al PP a decir cuántas plazas, dónde y cuándo se ofrecieron por parte de la UE a España. “La respuesta es cero”, dijo, y tachó de bulo y mentira esa afirmación del PP. También el eurodiputado canario del PSOE Juan Fernando López Aguilar aseguró que no era cierto que España hubiera rechazado la ayuda europea en la materia.

Feijóo revienta el pleno

Este miércoles los diputados acudieron al Congreso para abordar la situación migratoria, especialmente el colapso de los centros de acogida a menores no acompañados en Canarias, y para hablar de financiación autonómica. En su intervención, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recriminó a quienes utilizan la inmigración para esparcir bulos y mensajes de odio y recordó que España, con una mención concreta a Canarias, es también tierra de migrantes. Tras describir las duras condiciones en las que los isleños partían hacia Venezuela en los años 40 del siglo pasado, Sánchez anunció que pediría a la Unión Europea adelantar la entrada en vigor del Pacto de Migración y Asilo para que sus herramientas en materia de control de fronterizo y de reparto de personas migrantes empiecen a usarse en el verano del año 2025 y no en el de 2026, como está previsto. También presentó otras medidas, como que el próximo mes llevará al Consejo de Ministros al nuevo reglamento de extranjería y otras acciones en materia de inmigración, como la puesta en marcha de 6.000 plazas más de acogida, un Plan Nacional de Integración y Convivencia Intercultural y un nuevo programa de migración laboral.

En su respuesta, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, habló de ETA y apenas dedicó tres minutos al asunto migratorio. De hecho, la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, tuvo que recordarle el reglamento, según el cual debe ceñirse al tema del día, en este caso, inmigración.

Un trato diferenciado

En el encuentro en Moncloa, Clavijo ha reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que la comunidad autónoma cuente con un tratamiento singular desde el Estado en cuanto al tratamiento de los menores migrantes.

Cuando los inmigrantes llegan a Canarias “llegan a Europa y llegan a España”, llegan a las islas “porque nos los trae Salvamento Marítimo” y por tanto hace falta “un acuerdo de país” y que el Estado asuma sus responsabilidades, afirmó.

El presidente canario ha informado de que Sánchez se ha comprometido a ingresar antes de fin de mes 50 millones de euros incluidos en el presupuesto para compensar los gastos autonómicos en la atención de los menores migrantes, aunque Canarias exige 160 millones.

Sánchez ha aceptado que es necesario que se pongan más recursos y ha emplazado a Clavijo a una próxima reunión con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para tratar de esa financiación adicional que compense el gasto de Canarias en atender a unos 5.500 menores de edad extranjeros no acompañados. 

El pleno del Tribunal Constitucional ha suspendido este martes por unanimidad varios apartados del protocolo de atención a los niños llegados en pateras y cayucos aprobado por el Gobierno de Canarias (Coalición Canaria y PP), que actualmente ya estaba suspendido por orden del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

Fuentes de la corte de garantías informan de que el pleno ha tomado esta decisión tras admitir a trámite el recurso del Gobierno central, que considera que el acuerdo impugnado puede vulnerar varios derechos fundamentales y también competencias autonómicas en materia de inmigración y asistencia a menores no acompañados.

El Tribunal, tras haber invocado el Gobierno en su impugnación el artículo 161.2 de la Constitución, ha suspendido la vigencia y aplicación de los apartados segundo, tercero y sexto desde el día 26 de septiembre de 2024, fecha de interposición de la impugnación.

Se trata de los apartados que ya la Fiscalía había señalado como inductores de un posible delito de abandono y que añadían trámites burocráticos en un momento en el que debía primar la urgencia por otorgar la atención debida a los niños recién llegados. En concreto, el apartado dos señala que “el menor no acompañado debe ser oído previamente sobre su ubicación o asignación y el derecho a una resolución administrativa individualizada de ubicación en la Comunidad Autónoma que corresponda, con intervención del Ministerio Fiscal en salvaguarda de sus derechos”. 

El artículo tercero señala que antes de ubicar al menor en un centro “se requerirá su previa reseña de identificación, su inscripción en el RMENA si constase, y una resolución administrativa de asignación o ubicación individualizada del órgano correspondiente del Estado, previa audiencia al menor, en presencia de un intérprete de su lengua materna u otra que pueda entender, con conocimiento del Fiscal, y un acto formal de entrega con documentación individualizada, una vez cumplidos los requisitos que le fueran exigidos a quien le estuviera prestando la atención inmediata”.

Y el sexto, el más extenso de los tres apartados, señala que antes de entregar a los menores a los recursos de la comunidad autónoma es necesario que este cuente con una documentación individualizada “que garantice su correcta identidad y circunstancias individuales, entre ellas las circunstancias en que fue hallado y cuántos datos sean de interés para los derechos del menor así como para valorar su situación riesgo o desamparo y, si así se hubiese acordado por el Ministerio Fiscal, el número de expediente de riesgo abierto en la Sección de Menores, junto a todos aquellos documentos que permitan garantizar su trazabilidad o que haya confusión de identidades entre menores.

Se trata, tal y como señalaron la Fiscalía Superior de Canarias y el Ministerio de Infancia, de trámites burocráticos que se pretende que sean previos a la prestación de asistencia urgente, lo que no solo pone en riesgo los derechos fundamentales de los menores, sino que los coloca en una situación de desamparo y supone un trato discriminatorio por razón de origen.

Advertencias previas al Gobierno canario

La Fiscalía Superior de Canarias fue la primera en advertir al Ejecutivo canario de que la ejecución del protocolo suponía “la ausencia de atención inmediata a la situación de desamparo'' en la que los niños y adolescentes llegan a Canarias, lo que podía hacer que tanto el Gobierno como los funcionarios que lo aplicasen incurrieran en un delito de abandono. Por ello, pidió al TSJC medidas cautelarísimas para evitar que se comenzara a aplicar.

En el recurso, la fiscal María Farnés señaló que en el protocolo “no se hacen constar cuáles son las posibles consecuencias de que la comunidad autónoma no ejerza la competencia que tiene asignada por ley, como es la protección y asistencia inmediata a los menores''. Y añadió: ”Los menores extranjeros no acompañados están siempre en desamparo. No hay situación más clara de un menor en desamparo que la de los menores extranjeros no acompañados“.

''No existe motivo para someter a un niño pequeño que llega solo a un trámite inexistente en la ley y retrasar su entrada en un centro de menores adecuado, que es donde la ley establece que debe estar. Sin duda, la aplicación de este protocolo permite la permanencia de menores indubitados en centros policiales'', concluyó en un documento la Fiscalía Superior de Canarias. 

Fernando Clavijo (Coalición Canaria), presidente del Gobierno canario, tildó las conclusiones de la Fiscalía de ''ridículas'', y las advertencias hechas tanto desde el ministerio fiscal como desde el Estado de “ataque” y “amenaza” a Canarias.

El Gobierno de Canarias, formado por Coalición Canaria y el PP, con el apoyo de los grupos minoritarios AHI y ASG, afirmó tras las históricas manifestaciones del 20 de abril en contra de un modelo de desarrollo en las Islas basado en el turismo de masas que escucharía las reclamaciones que se gritaron simultáneamente en las ocho islas del archipiélago (y más allá): más protección en los entornos naturales de las islas e incluso una ley de residencia para controlar el desmedido aumento de la población en los últimos años, pasando también por una tasa turística que costee los gastos que conlleva recibir a más de 16 millones de visitantes cada año, como la gestión de los residuos sólidos, la generación de energía o la depuración de aguas, así como la vigilancia y protección de los parajes naturales del archipiélago. Y lo más importante, una moratoria a la construcción de nuevos hoteles y a las viviendas vacacionales. En resumidas cuentas: que se pusieran límites a la llegada masiva de turistas y se cambiase el modelo actual por uno más respetuoso no solo con la naturaleza isleña, sino con los residentes y sus espacios.

Pero cuando acaban de cumplirse cinco meses desde aquellas protestas del 20A, el debate sobre el modelo turístico, para alivio de las administraciones públicas canarias, ha desaparecido de los titulares y tertulias, enterrado bajo una nueva emergencia, la migratoria. La atención a 6.000 niños que por distintas circunstancias (muchas veces, por la muerte de quien les acompañaba) han llegado a las islas sin ningún adulto que se haga cargo de ellos se ha convertido en el caballo de batalla de este Gobierno canario y del PP nacional con el Gobierno central, hasta el punto de que el asunto migratorio es ya una de las cuestiones que más preocupa a los ciudadanos, según el CIS.

Y así, con el debate político canario centrado desde antes del verano en la cuestión migratoria, pasan casi desapercibidas declaraciones como las hechas este miércoles por la consejera de Turismo del Gobierno canario: ni habrá moratoria al alquiler vacacional ni habrá tasa turística. Los argumentos de Jessica de León (PP) para cerrar la puerta, una vez más, a estas dos reivindicaciones son que ya regularán este tipo de alojamientos los ayuntamientos y que no se quiere “saquear” a los canarios, respectivamente; unas palabras que cinco meses atrás habrían provocado una ola de reacciones pero que hoy quedan sepultadas en la batalla política que el Ejecutivo de Clavijo mantiene con el Estado por la atención a los menores migrantes.

Desde que la ciudadanía se echó a la calle a pedir límites a la industria turística y políticas que protejan a los habitantes de Canarias y a las islas en sí nada ha cambiado en el Archipiélago: el Gobierno regional ha dado licencias para construir nuevos hoteles en varias islas, se han reactivado las obras en Cuna del Alma tras conceder el Ayuntamiento de Adeje (PSOE) licencia de obras, se ha retomado también el polémico Circuito del Motor en Tenerife, y también el hotel de La Tejita sigue adelante. Además, cada mes se superan las cifras de llegadas de turistas respecto a hace un año, mientras se dispara el gasto de los visitantes y la industria sube los precios, impulsando en verano el IPC.

Al mismo tiempo, Canarias ha renovado el dudoso honor de tener los segundos sueldos más bajos del país, mientras la hostelería, en el conjunto del país, acapara las remuneraciones más bajas.

La resaca del 20A

El Gobierno canario aseguró que había escuchado al 20A y que incluso estaba cumpliendo con sus reivindicaciones. Pero solo cuatro días después de las manifestaciones los cuatro grupos que sustentan al Gobierno canario (CC, PP, AHI y ASG) rechazaron en el Parlamento una moción del grupo Nueva Canarias-Bloque Canarias (NC-BC) que incluía siete medidas para controlar el crecimiento turístico y que recogía muchas de las reivindicaciones del 20A. Solo una de las propuestas salió adelante (instar al Gobierno a cobrar por entrar en determinados espacios naturales de Canarias), y el resto, entre ellas la moratoria y la tasa turística, fueron rechazadas.

Cinco meses después se está preparando una la Ley de Alquiler Vacacional, pero esta ha recibido ya más de 3.000 alegaciones e incluso la Fundación César Manrique considera que el texto merece una enmienda a la totalidad. Entre otras cuestiones, expertos consultados por este periódico consideran que lejos de reducir el número de viviendas vacacionales, abre la puerta a que se multipliquen, reduce los requisitos para constituirlas y no dedica ningún esfuerzo a controlar que se cumple la legalidad.

Un mes después del 20A, la oposición al Gobierno ya le afeaba el no haber adoptado “ni una sola medida” en los cuatro consejos de Gobierno celebrados desde las manifestaciones que respondieran a esas reivindicaciones, y sí una para aumentar en casi mil las camas hoteleras en Fuerteventura. “Ni una sola medida, la política de antes y de ahora es la misma, no varía nada, anuncio tras anuncio”, denunció entonces Sebastián Franquis.

Eran días en los que el debate parlamentario estaba muy focalizado en cuestionar y tratar de mejorar el modelo de desarrollo de Canarias.

Este viernes se celebra el Día Mundial del Turismo y las Islas van camino este 2024 de pulverizar todos sus registros históricos de llegadas e ingresos. Mientras, el turismo masivo sigue pasando factura a la convivencia con los residentes, como en la localidad costera tinerfeña de Bocacangrejo, que intenta atraer a menos visitantes, o en el sur de Tenerife, donde residentes son acosados para dejar sus viviendas de alquiler para que estas entren en el negocio turístico. Pero el foco político está en otra parte.

Algo ha quedado claro este viernes tras la comparecencia del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, en el Parlamento regional para dar cuenta de la situación migratoria en las Islas: toda la Cámara comparte la opinión de que la Unión Europea debe intervenir directamente en la gestión de las llegadas de migrantes al archipiélago. Más allá de ese punto, los partidos difieren en sus discursos y las acusaciones entre las formaciones mayoritarias han copado buena parte del debate.

Coalición Canaria ha centrado su discurso en acusar al Gobierno de Pedro Sánchez, y concretamente al PSOE, de la situación límite que sufren los recursos de acogida autonómicos, competentes en la atención a los menores que llegan solos. El PSOE, por su parte, reclama al presidente Clavijo que “mire hacia su derecha”, en referencia a su socio de Gobierno, el PP, porque fue este partido el que dinamitó el pasado mes de julio en el Congreso de los Diputados la toma en consideración de la reforma de la Ley de Extranjería para que la atención a los menores fuera corresponsabilidad de todas las comunidades autónomas. De haber votado a favor, se habría tramitado durante el verano esa reforma y se habría iniciado ya la distribución de los menores por todo el territorio nacional, con lo que habría disminuido la presión en los recursos isleños. Y por último, el PP acusa a Sánchez de estar solo pendiente de Catalunya y no prestar atención a Canarias.

En su intervención, Clavijo ha reclamado una nueva negociación para el reparto de los menores migrantes en la que participen tanto el Gobierno canario como el Gobierno de España, pero también el Partido Popular y Junts. “Al menos hay que intentarlo, nadie me ha explicado por qué no se ha intentado”, ha dicho Clavijo. El presidente canario ha defendido la necesidad de que el PP y Junts participen en las negociaciones porque fueron los que se opusieron en el Congreso a la admisión a trámite de la modificación de la Ley de Extranjería acordada entre los gobiernos de Canarias y de España, y que estaba abierta a modificaciones durante un posterior trámite parlamentario.

El Gobierno de Canarias “no va a ser cómplice de normalizar una situación extraordinaria”, ni de que los menores migrantes vean vulnerados sus derechos o de que “el pueblo canario soporte en solitario toda la presión migratoria” procedente del continente africano“, ha dicho el presidente canario.

Ha acusado al Gobierno de España de “mirar para otro lado”, de no tomar la iniciativa y de argumentar que todo es “muy complicado”. Pero, para Clavijo, “no es difícil” aplicar el mismo criterio de distribución de menores que se acordó por las comunidades en la conferencia sectorial para unos 400 migrantes que para unos miles.

El presidente ha indicado que el 12 de agosto hubo “una reunión discreta” e “informal”, que luego hizo pública el PSOE, en la que participó el Gobierno de España, representado por el ministro Ángel Víctor Torres, y el PP, pero el Ejecutivo central aún no ha cumplido el compromiso alcanzado, según él.

El Gobierno de España se comprometió a trasladar un informe sobre las plazas y los menores migrantes distribuidos por el territorio nacional y realizar dos simulaciones sobre su distribución, pero “pasan los días” y no llega la información, se ha quejado.

Clavijo ha recordado que, ante la crisis migratoria y “la imposibilidad de asumir más menores”, el Gobierno de Canarias decidió esta semana “revisar los procedimientos” con la finalidad de “blindar” los derechos de los menores y de los trabajadores de la comunidad autónoma, así como “dar cobertura legal” a las ONG.

Por eso se ha dado orden a los servicios jurídicos “para que analicen la situación”, no “para ir contra nadie”, sino “a favor de los menores y sus derechos”, así como los de los trabajadores, expuso el presidente autonómico.

Clavijo repasó las reuniones y actuaciones realizadas sobre inmigración en esta legislatura, incluido el acuerdo alcanzado con el Gobierno de España para modificar la Ley de Extranjería. Esa modificación fracasó porque el PP y Junts votaron en contra después de que el Gobierno de España no negociara con ellos para dar respuesta a sus peticiones, ha recordado, aunque no dirigió ninguna de sus palabras al PP.

Y pese a sus declaraciones de las últimas semanas en las que ha responsabilizado del fracaso únicamente el Gobierno de España, al PSOE y a Ángel Víctor Torres, ha afirmado este viernes que tras la negativa del PP, Vox y Junts ha buscado “la unidad política y espacios de encuentro” para intentar acordar una solución, de la que, según él, surgió el encuentro del 12 de agosto, cosa que ha sido desmentida por el portavoz del PSOE. “Si hay voluntad de acuerdo, nos sentamos en una mesa el Gobierno de España, el Gobierno de Canarias, el PP y Junts”, ha propuesto el presidente canario, quien ha remarcado que el Partido Popular gobierna en la mayoría de las comunidades autónomas.

En la réplica al resto de grupos, Clavijo ha agradecido el fondo y las formas de los diputados de AHI, ASG y CC, mientras que al de Vox, Nicasio Galván, le ha recriminado que su partido se dedique a “amenazar cual matón de patio de colegio” al PP con tumbar los presupuestos en aquellas comunidades donde cogobernaban. 

¿Dónde está Domínguez (PP)?

En su turno, el portavoz del PSOE, Sebastián Franquis, lamentó que Clavijo responsabilice al Gobierno de España de la crisis de los menores migrantes cuando “el gran problema” para su reparto entre las demás comunidades autónomas es el PP, que votó en contra en el Congreso.

Franquis afirmó que, a pesar de ese fracaso en julio pasado, su partido sigue “apostando por el acuerdo”.

Dijo que fue precisamente por iniciativa del PSOE que hubo en agosto una reunión “discreta” entre el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y representantes del PP, desmintiendo lo afirmado previamente por Clavijo.

Por eso, aseguró Franquis, Clavijo “mintió” cuando reprochó al Gobierno de España que no hubiera habido ninguna reunión en agosto, y acusó al presidente canario de “mirar para otro lado” cuando se trata de pedir responsabilidades al PP.

“Me extraña que después de lo que pasó en el Congreso de los Diputados, su reproche sea para los que votaron que sí”, expuso el portavoz socialista, para quien Clavijo tiene un problema “a la derecha” en su propio Gobierno.

Franquis ratificó su disposición a seguir dialogando, pero pidió a Clavijo que “no se equivoque de adversario”, porque el problema no está en Pedro Sánchez, en Ángel Víctor Torres ni en el PSOE, sino “en su socio de gobierno, que votó que no en contra de un acuerdo mayoritario del Parlamento de Canarias”.

También se preguntó por qué por segunda vez el vicepresidente canario, Manuel Domínguez, del PP, se ausenta del Parlamento justo cuando se debaten cuestiones relacionadas con la crisis migratoria. Domínguez ha acudido este viernes a la reunión de barones del PP en Madrid.

Un “último esfuerzo”

El portavoz del Grupo Nacionalista Canario, José Miguel Barragán, pidió a PP y PSOE “un último esfuerzo” para sacar adelante la reforma de la Ley de Extranjería.

Barragán indicó que “hay que hablar” de dos de los cuatro puntos que plantea el PP: la financiación a las comunidades autónomas y la distribución de los menores, porque “todo el mundo da por hecho” de que aprobada la ley, resuelto el problema, pero “puede venir un tribunal a raíz de una denuncia de una comunidad y paralizarla”.

De ahí, ha proseguido, “la importancia del acuerdo con el PP que reivindicamos”, y de ahí esa petición de “un último esfuerzo”, pues detecta que existe “voluntad” entre los dos principales partidos políticos, “más allá de la tensión verbal que vemos todos los días”.

No en vano, ha recalcado que hasta el día en que se publicó en el Boletín Oficial del Estado el acuerdo entre PSOE y PP para la renovación del Consejo General del Poder Judicial se estuvieron dando “cachetones”, pero “ese acuerdo que pensábamos que no salía, salió”. 

Sentarse “las veces que haga falta”

El diputado de Nueva Canarias Luis Campos pidió al PSOE y al Gobierno de España que “se sienten” a negociar la reforma de la ley de Extranjería “las veces que haga falta”, como si es también con el PP y Junts, como propone el presidente canario, y pidió al Ejecutivo central “más responsabilidad a la hora de tomar decisiones”, en algunas de las cuales “andan lentos”.

También criticó que después de “semanas, meses”, pidiendo desde Canarias la cesión de espacios militares para la acogida de migrantes, la ministra de Defensa, Margatira Robles, ofrezca ahora dos, o que el ejecutivo central comprometa 50 millones “sabiendo el coste que tiene” la atención de estas personas.

Ahora bien, discrepó rotundamente con la acusación de los grupos que apoyan al Gobierno de Canarias (AHI, ASG, C y PP) de que el ejecutivo central “no ha hecho nada”, lo cual “no es verdad y es injusto”.

Campos afirmó que si al PSOE le ha pedido “una vuelta de tuerca más” en la búsqueda de soluciones, al PP le reclama “la primera vuelta de tuerca” porque “no ha hecho nada salvo obstaculizar” y pronunciar “discursos xenófobos”.

“La única forma de colaborar era votar que sí y votaron que no” a la reforma de la Ley de Extranjería, espetó Campos a los diputados del PP, a los que ha reprochado que estén “más preocupados” en mirar hacia otros lados: por un lado, hacia la Moncloa para intentar “reventar” a Pedro Sánchez; hacia Madrid para ver “ lo que dice” la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; y hacia Vox y Alvise “a ver si pueden recuperar algún voto”.

También le recriminó al presidente Clavijo que no le haya dedicado “ni un solo reproche” a su compañero en el Gobierno de Canarias, el PP, que es “el responsable” de que la reforma de la Ley de Extranjería no fuera siquiera tramitada en el Congreso.

El portavoz de Nueva Canarias le pidió también al jefe del ejecutivo regional que se deje de “ambigüedades” sobre la acogida de los menores migrantes no acompañados en vista de que nadie de su gabinete saliera a desmentir las interpretaciones que hicieron los medios de comunicación de los acuerdos del Consejo de Gobierno.

Es más, aludió a declaraciones que le “preocupan”, como las de la diputada de CC en el Congreso, Cristina Valido, sobre el envío de migrantes “a otras costas” españolas, palabras que “si las hiciera alguien de Vox o la presidenta italiana, Giorgia Meloni, saltaríamos todos diciendo que es una aberración”.

Campos recordó que estas declaraciones coinciden con las que hizo el vicepresidente canario y líder regional del PP, Manuel Domínguez, en una radio. Por ello, pidió que no se trate a los menores migrantes como “mercancías”, con “albarán de entrega” y se les dé un trato digno.

Diálogo y diplomacia

El portavoz del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera (ASG), Casimiro Curbelo, expresó que la situación migratoria en las Islas es “un asunto de Estado, que precisa de mayores dosis de diálogo y capacidad de acuerdo, y menos crispación por parte del PSOE y el PP, para alcanzar pactos”, y reiteró que “no es un problema político ni territorial, sino humanitario ante el que no podemos fracasar”.

En este sentido, lamentó que haya fuerzas democráticas que “miran para otro lado u organizan debates o polémicas estériles” o la lentitud del Gobierno estatal para buscar una solución a esta crisis, y puso de relieve “la unidad del Pacto por la Emigración suscrito en Canarias por la mayoría de las formaciones con representación parlamentaria”.

A su juicio, “el drama humanitario generado por la migración va a ir a peor, pues no es algo coyuntural o temporal, sino estructural, debido al crecimiento poblacional que está viviendo África y las situaciones de guerra, hambre, inseguridad y falta de desarrollo y oportunidades que sufre este continente”.

Por ello, indicó que es fundamental la intervención de la Unión Europea, ya que la respuesta no la puede dar una comunidad autónoma, ni siquiera un solo país“.

Con este objetivo, invitó a la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, a visitar las islas, al igual que en su día lo hizo a Lampedusa, pues “Canarias se merece la misma consideración”.

Agradeció al presidente del Gobierno que haya liderado y mantenido la unidad en el proceso de buscar la solución más adecuada para la distribución de los menores migrantes no acompañados tras fracasar el reparto solidario y voluntario, y respaldó los acuerdos adoptados por el Ejecutivo en su último Consejo de Gobierno.

Un reparto de 7.000 menores –sumados los de Canarias y Ceuta– que, en opinión de Casimiro Curbelo, “no puede ser un problema en un país de 47 millones de habitantes y menos cuando pudo atender sin problemas a 35.000 menores llegados de Ucrania”.

También calificó de “extraordinario y admirable” el comportamiento de los canarios y las canarias con las personas migrantes, de manera concreta a los herreños y herreñas, pese a enfrentarnos, “a veces en una terrible soledad”, a la tarea de salvarles, acogerles y atenderles sanitariamente con nuestros propios medios y muchas veces desbordados.

Culpar a Sánchez

El portavoz del PP en el Parlamento, Juan Manuel García Casañas, atribuyó al Gobierno de Pedro Sánchez la responsabilidad de la crisis migratoria que afecta a Canarias y de que las islas sean “la principal ruta de llegada” y la ruta “de la muerte”.

Justificó el rechazo de su partido en el Congreso a la distribución de menores migrantes porque no se ha garantizado una financiación hasta su mayoría de edad, un reparto equitativo entre todas las comunidades autónomas y la declaración de crisis migratoria para la agilización de trámites, aunque ha obviado que estas cuestiones que podían haberse incluido durante el trámite parlamentario si hubiese votado que sí.

“Votamos que no porque no nos vendemos, anteponemos el bienestar de los canarios, de los niños y de las niñas, a cualquier acuerdo político” para que Sánchez esté en La Moncloa, y acusó al presidente del Gobierno de “mirar para otro lado”, en particular hacia Catalunya, pero no para Canarias.

“Desde que Sánchez llegó a La Moncloa han llegado 130.000 personas, ese es el resultado”, afirmó.

El representante del PP lamentó que se llame racista e insolidario a los que exigen medidas de contención, o insensibles a los que reclaman más medios materiales y humanos.

El portavoz de Vox en el Parlamento, Nicasio Galván, también acusó al Gobierno de España de “nula planificación” y “nulo interés por resolver el problema” de la inmigración.

Desde que el Partido Popular cerrase la puerta a siquiera tomar en consideración una posible reforma de la Ley de Extranjería, en concreto de su artículo 35 para que la acogida de los menores migrantes no acompañados se realice entre todas las comunidades autónomas, su socio de gobierno en Canarias, Coalición Canaria, no ha dejado de culpar al Gobierno de España del fracaso de esta iniciativa, que partió del propio Ejecutivo canario. Fue el PP quien, como Vox y Junts, votó en contra de iniciar el trámite parlamentario, que habría permitido hacer modificaciones y añadidos al texto inicial, pactado entre Canarias y el Estado, pero, con el argumento de que no se aceptaron sus propuestas antes de la tramitación, el PP lo rechazó. No le valía, o eso arguyó, hacer las aportaciones durante el trámite en el Parlamento, como es habitual, sino que tenía que ser antes, y como no fue así, el voto fue negativo.

El vicepresidente de Canarias, Manuel Domínguez, que también preside el PP en las Islas, había respaldado previamente el texto y había asegurado que su partido haría lo mismo. Pero en las semanas previas a la votación en el Congreso (el 23 de julio), Domínguez y sus palabras se fueron difuminando hasta desaparecer por completo: no asistió a la ronda de contactos en Madrid entre Clavijo y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, con los grupos parlamentarios para exponerles y explicarles el texto, ni asistió al Congreso el día de la votación. Es más, solo un día antes el PP de Canarias por fin cambió oficialmente de postura y afirmó que era “la reforma de CC con el PSOE”, desvinculándose del texto pese a haber participado activamente en su elaboración, como el propio portavoz del Gobierno canario explicó.

En ese momento, todas las miradas se dirigieron al presidente canario, a quien su vicepresidente no solo había dejado solo en una negociación trascendental, sino a quien su socio de gobierno había tumbado su iniciativa más ansiada. Entonces se puso en marcha la maquinaria para no responsabilizar al PP de lo ocurrido y poner así en peligro la continuidad del pacto CC-PP, y culpar a otro del fracaso en el Congreso: el Gobierno, y más concretamente, el PSOE, y aún más específicamente, a Ángel Víctor Torres, a quien este jueves la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila (CC), ha pedido que se le releve como interlocutor del Gobierno en materia migratoria.

Desde ese mismo 23 de julio las declaraciones de Clavijo y de los líderes de Coalición Canaria se han dirigido únicamente a reprochar a los socialistas, y a Torres particularmente, el fracaso de la iniciativa y, por extensión, de la saturación que sufren los centros de acogida de menores migrantes en el archipiélago.

La respuesta del PSOE ha sido clara desde el primer momento: si CC y Clavijo tienen que pedir explicaciones, si tienen que reprochar a alguien, es a su socio de Gobierno, el PP, porque el PSOE respaldó no solo la elaboración del texto, sino también su toma en consideración en el Congreso.

El momento más tenso ha llegado esta misma semana, cuando Clavijo anunció tras el Consejo de Gobierno de este lunes que la comunidad autónoma no se haría cargo de más menores migrantes no acompañados, pese a tener las competencias al respecto, porque los recursos están saturados, y dio instrucciones a las ONG para no aceptar a ninguno más salvo permiso expreso de la Consejería de Infancia.

La situación es límite porque las llegadas aumentan (al menos 15 niños más este mismo jueves) y los ataques hacia el Gobierno (o el intento de defensa del PP) se han intensificado. En menos de 24 horas, Clavijo ha culpado al PSOE de ser el responsable de “querer arrimar al PP a la derecha” y ha llegado a afirmar que no es lo mismo el PP de Canarias que el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Así lo declaró este miércoles en una entrevista con Aimar Bretos en la Cadena Ser, cuando el periodista le recordó que quien tumbó el intento de reforma de la Ley de Extranjería fue su socio de Gobierno. Clavijo respondió: “No es mi socio de gobierno, porque yo no quiero mezclar poder ejecutivo y poder legislativo”, pero el periodista intervino: “Es su socio de gobierno, presidente”, a lo que acabó argumentando que para él no es lo mismo el PP en las Islas, el que preside Manuel Domínguez, que el PP en el Congreso, el de Feijóo. “El PP es el PP en todas partes”, sentenció el periodista.

Clavijo admitió entonces que no lo entendió [el rechazo del PP], pero explicó que se debió a que Torres no quiso sentarse a negociar los puntos propuestos por los populares días antes a la votación. Sobre estos puntos, el PSOE aclaró en su momento que algunos ya estaban de hecho recogidos en el propio documento de modificación de la ley propuesto y que otros podían debatirse en el trámite parlamentario. Pese a ello, el PP votó en contra, y Clavijo continúa centrando sus críticas en quien sí votó a favor.

Romper el pacto de Gobierno en Canarias con el PP dejaría sin la presidencia a Clavijo y a Coalición Canaria, puesto que el partido con más escaños, y ganador de las elecciones autonómicas en 2023, fue el PSOE, encabezado precisamente por Ángel Víctor Torres. Una ruptura CC-PP dejaría a ambas formaciones sin poder en el Ejecutivo regional.

La única diputada de Coalición Canaria (CC) en el Congreso, Cristina Valido, ha afirmado este martes en el pleno que debería retirarse la toma en consideración de la reforma de la Ley de Extranjería si no cuenta con votos suficientes, después de que el PP, Vox y Junts hayan mostrado su rechazo. “Si en las próximas horas no hay un acuerdo, pediré que no se vote, que se quede sobre la mesa y que sigamos hablando. No voy a explicar en Canarias que el Congreso de los Diputados no es capaz de trabajar en materia migratoria y de reformar y adaptarse, que no entiende que el interés superior del menor es una prioridad para los poderes públicos. Esta es la triste situación, es el momento crucial al que se enfrenta hoy esta Cámara”.

Valido ha explicado que ya en la votación de investidura de Pedro Sánchez CC pactó con el PSOE esta reforma, y añadió que ella misma ha interpelado a la ministra de Infancia, Sira Rego, en muchas ocasiones. Valido explicó que el presidente de Canarias, Fernando Clavijo (CC), se ha reunido con representantes de las comunidades autónomas y con todos lo grupos “y llevamos meses advirtiendo: Canarias no puede hacer más, se ha desgañitado para llegar hoy a vivir a este cruce de acusaciones”.

La diputada de Coalición Canaria ha recordado que “hoy solo se vota la admisión a trámite” de la reforma, un texto sobre el que, ha incidido, “podemos trabajar”.

“Vamos a construir una política migratoria que responda a la nueva realidad. Hay que abandonar el cortoplacismo, la rentabilidad política, la preocupación electoral”, ha exigido Valido, quien ha apuntado que “el consenso no se consigue con ofensas, insultos o señalamiento”. Valido ha lamentado que haya grupos que tienen “relatos y discursos de sobra para desgastarse, para crujirse unos a otros” y les ha pedido que no usen a los menores para esto.

Pero pese a que este martes solo se vota la toma en consideración del proyecto y, si saliese adelante, se iniciaría entonces el trámite parlamentario, en el que cabrían aportaciones de todos los grupos antes de la votación para su aprobación, el PP se ha enrocado en que se acepten una serie de exigencias antes de votar hoy. Y aunque el Gobierno central no se ha negado a negociar y además algunas de esas exigencias ya están contempladas en el texto, el portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado, ya aseguró este lunes y ha repetido este martes que el voto de su partido será un no a tan siquiera tomar en consideración la reforma.

El PP de Canarias, de apoyar la reforma y participar en ella, a menospreciarla porque “es del PSOE”

El Gobierno de Canarias está formado por CC y el PP, que en las Islas ha defendido desde el primer momento la necesidad de emprender este cambio en la Ley de Extranjería, e incluso participó en la redacción del texto de la propuesta de modificación de la ley, que además se votó en el Parlamento regional y obtuvo el apoyo de todos los grupos, excepto Vox. Sin embargo, cuando llegó el momento de reunirse con el Ministerio de Política regional para defender el documento y presentárselo al resto de grupos del Congreso, el líder de los populares en Canarias, Manuel Domínguez, que además es el vicepresidente del Gobierno regional, decidió no acompañar a Clavijo a la ronda de contactos. Domínguez se ha desmarcado de toda la negociación y se ha ido alejando progresivamente del proyecto mientras desde Génova no se aclaraba qué postura tomar, hasta que este mismo lunes el secretario general de los populares canarios y consejero de Educación, Poli Suárez, afirmó que se trata de una reforma “del PSOE, CC y Sumar” al mismo tiempo que el portavoz parlamentario, Miguel Tellado, aclaró que finalmente el PP rechazaría tomar en consideración la reforma de la ley.

Pese a las discrepancias respecto a la reforma, el portavoz del Gobierno canario, Alfonso Cabello, insistió este lunes en que hay unidad en el Ejecutivo, aunque contradijo a Suárez al afirmar que el PP de Canarias sí ha participado en la reforma desde el principio, desmintiendo a Tellado y al propio Suárez cuando han afirmado que no se ha contado con los populares para esta iniciativa que, cabe recordar, partió del Gobierno canario, no del central.

El Partido Popular de Canarias, socio de gobierno en las Islas junto a Coalición Canaria, se ha desmarcado finalmente este lunes de la reforma de la Ley de Extranjería para que la acogida de los niños y niñas migrantes se realice en todo el Estado cuando los recursos de una comunidad autónoma sobrepasen el 150% de su capacidad. Los populares isleños, que hasta ahora habían respaldado ese cambio legislativo e incluso votaron en el Parlamento regional a favor del texto que después se remitió al Gobierno central para presentarlo a las comunidades autónomas, ahora reculan y afirman que esa propuesta es del PSOE, Sumar y Coalición Canaria y que no ha sido negociada con su partido. Esto contrasta con lo afirmado por el propio Clavijo en junio, cuando todos los grupos del Parlamento, menos vox, apoyaron el texto: Canarias “sigue absolutamente unida” en este asunto, con un “cierre de filas total”, algo que ahora el PP ha dinamitado.

Además, hay que recordar que en el acuerdo de gobierno para el Ejecutivo de Canarias suscrito por CC y el PP se incluía un apartado que recogía expresamente: “Respecto a los niños, niñas y adolescentes migrantes, se considerará un asunto prioritario de Estado para, con cambios legislativos, lograr que todas las CCAA se impliquen con solidaridad en acogida, formación e integración de los menores que llegan a Canarias”.

Este lunes, víspera del debate en el Congreso de los Diputados para tratar esa modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería para lograr que los menores llegados solos a un territorio sean acogidos por el conjunto de las autonomías del país, el PP está más cerca que nunca de aclarar su postura al respecto, y es un no en la votación, después de varias semanas sin aclarar su posición y aludiendo a bulos sobre los menores migrantes o sugiriendo que intervenga la Armada para interceptar pateras en el Atlántico.

El secretario general del PP de Canarias y consejero de Educación de la comunidad autónoma, Poli Suárez, ha afirmado que la propuesta de reforma “la hacen PSOE, Sumar y Coalición Canaria. El PSOE, el Gobierno central, no ha negociado con el PP. Lo que ha negociado ha sido por vía de Whatsapp. Y nosotros hemos hecho públicas las condiciones que queremos poner para poder apoyar la reforma de la ley. Estamos hablando de personas, de niños y niñas”, ha añadido. Se refería Suárez a la conversación por mensajería instantánea que mantuvieron este domingo el portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.

Tras ese contacto, el PP difundió una nota de prensa en la que afirmaba que el Gobierno se había negado a negociar sus propuestas. Tras esto, el gabinete del ministro Torres salió al paso aclarando lo hablado con el portavoz popular y tachando de “informaciones incorrectas” lo afirmado desde el PP. Y subrayó que en esa conversación por escrito en ningún momento se le ha trasladado al PP el “NO” a negociar del Gobierno ante sus peticiones“. ”Todo lo contrario“, afirmó el gabinete de Torres: ”Si este martes se admite a trámite la proposición de ley del grupo Socialista, Sumar y Coalición Canaria, la misma podrá mejorarse en el trámite parlamentario con todas las aportaciones de los grupos parlamentarios, incluido el PP“.

Y además, aclaró que algunas de esas las peticiones hechas por el PP ya estaban, de hecho, contempladas en el texto registrado en el Congreso: la propuesta de no exceptuar a ningún territorio o la posibilidad de que la emergencia se amplíe a otros territorios, si esta se produce.

El líder de los populares canarios se borró de la negociación

El líder del PP de Canarias, y vicepresidente del Gobierno regional, Manuel Domínguez, iba a participar en la ronda de contactos de la reforma legal entre el Ejecutivo canario y el central, pero a última hora decidió ausentarse de dicho viaje a Madrid, donde además de con el ministro, estaba prevista una ronda de contactos con todos los grupos parlamentarios para presentar el proyecto. “Incluso tenía los billetes de avión”, afirmaron desde su partido entonces. Los motivos para explicar su ausencia fueron que se quería evitar la “politización” del asunto. Sin embargo, esa ausencia sirve ahora para justificar que no se apoye la reforma porque, según el PP, la negoció personalmente Clavijo con Torres, sin el PP.

Aunque Domínguez dejó solo a Clavijo en la ronda de contactos y la reforma peligra por la falta de apoyo del PP nacional, según Poli Suárez en el Gobierno de Canarias el pacto de gobierno “es sólido, de mucho diálogo, de mucha conversación, de mucho entendimiento”. Según él, además, el PP “no es necesario” para que la Cámara acepte debatir esa proposición de ley, si el PSOE consigue que la apoyen todos sus socios de investidura, obviando que la propuesta no partió del PSOE, sino de CC, su socio de gobierno, y que está incluida en el acuerdo PP-CC.

Pese a que fue el PP de Canarias el que prefirió no asistir a la ronda de contactos con los grupos parlamentarios y con el ministro Torres, Poli Suárez afirma que ha habido “falta de seriedad por parte del Gobierno central” en este asunto y ha dicho que ni siquiera se ha sentado a negociar el texto con la dirección de su partido, sino que solo ha intercambiado mensajes por móvil.

“Aquí no ha habido negociaciones, aquí ha habido WhatsApps. Y cuando estamos hablando de una responsabilidad que tiene que ser compartida entre todos, no se puede hacer una negociación política, insisto, vía Whatsapp, hay que sentarse”, ha añadido, obviando de nuevo que Domínguez estaba llamado a participar en las reuniones y que, además, la negociación se abriría oficialmente en el Congreso cuando se iniciase su trámite parlamentario, con debate, aportaciones de los grupos y una votación. Pero para ello ha de admitirse a trámite la reforma, algo que solo podrá lograrse si el PP se abstiene o vota que sí a hacerlo, algo que por ahora se niega a hacer.

A la hora de afrontar el crecimiento imparable de las cifras turísticas y la llamada turistificación de algunas zonas, destinos como Baleares y Barcelona optaron en un momento dado por “parar y pensar” cómo afrontar la situación y, tras ello, hacer “políticas valientes”, como establecer moratorias o límites. Es la experiencia que compartieron David Bondia, del Síndic de Greuges (Defensor del Pueblo) de Barcelona, y Iago Negeruela, exconsejero de Turismo de Baleares, en el I Foro Internacional de debate Presente y Futuro del Turismo en Canarias. Junto a ellos conversó José María Romero, investigador del proyecto EMCROTUR de la Universidad de Málaga, quien, como experto en efectos del turismo masivo y sostenibilidad, alertó de que el bum del turismo “es una nueva pandemia”, con efectos “mucho peores de lo que imaginamos”.

Bondia comenzó explicando la función del Síndic: “No estamos ni para alabar ni para maldecir al turismo. Lo que hacemos es garantizar el derecho a la ciudad y los derechos humanos de proximidad. Cuando nos entra una queja relativa a un ciudadano de Barcelona o a un turista [es decir, tanto por parte de habitantes como de personas en tránsito por la ciudad] que implica a la administración es cuando nos tenemos que pronunciar”.

La característica de Barcelona, detalló Bondia, es que tiene 1,7 millones de residentes, pero cada día hay 2,7 millones de personas en la ciudad, muchos de ellos turistas. La ciudad condal “fue abanderada” del intento de regulación del alquiler vacacional porque en su momento adoptó el PEUAT (Plan Especial Urbanístico de Alojamiento Turístico). “Es una forma de planificar la ciudad teniendo en cuenta que hay zonas muy tensificadas y densificadas”, relató.

“Se puso un límite a las viviendas vacacionales y que hubiese un reparto más equitativo por la ciudad, para que no todas estuvieran en el centro”. Este PEUAT solo duró hasta 2020 porque el sector turístico y el sector empresarial lo recurrieron en los tribunales y finalmente fue declarado nulo, explicó.

Desde 2022 hay un nuevo plan urbanístico que regula todos los alojamientos turísticos de la ciudad, tanto hoteles, como albergues, hostales y pensiones, residencias de estudiantes reconvertidas en alojamientos turísticos, hogares compartidos (familia alquila habitaciones) y, por supuesto, las viviendas turísticas. Lo hace por zonas, de manera que en la zona 1 no se puede construir más, en la zona 2 se mantiene lo existente, en la zona 3 se puede crecer solo si hay bajas en las zonas 1 y 2, y la zona 4 incorpora unos barrios con características propias. “El diseño intenta buscar un equilibrio entre residentes y turistas”, aclaró.

Además, hizo hincapié en que respecto a las viviendas vacacionales hay que distinguir entre las que tienen licencia y las que no. “En esto Barcelona lo está haciendo muy bien. Hay un equipo de informadores y una web para saber quiénes tienen y quiénes no”. Pese a todo esto, siguen proliferando y muchas, sin licencia. 

El objetivo, incidió, es decrecer en el numero de licencias porque este tipo de alojamientos afecta a la convivencia con los vecinos: “Ahí es donde intervenimos”.

Desde el Síndic del Greuges han identificado varios “derechos fundamentales para los residentes que se han visto alterados por la mala gestión del turismo”. Es decir, el turismo masivo atenta contra los derechos de los residentes. Se trata del derecho a una convivencia pacífica, el derecho al espacio público, el derecho a la vivienda, el derecho al descanso, el derecho a la movilidad, o el derecho a la seguridad.

Respecto a las protestas en Canarias por el 20A, Bondia señaló que la gente cuando se moviliza sabe por qué lo hace, en referencia a quienes han afirmado que eran tantas las peticiones en aquellas protestas que no se sabía qué se reclamaba: “Movilizarse es un aspecto positivo porque genera reacciones y nos ayuda a actuar”. Por ello, como propuesta para mejorar la convivencia turismo-residente, expuso que “hay que poner a los cuidando en el centro, y dejar de hablar de turismofobia y hablar de ciudadofilia, amor a la ciudad. Las personas son el centro de todo”.

“Parar y pensar”

En Baleares la tasa turística, o el impuesto turístico, lleva implantado ocho años y cuando hubo un cambio en el Govern no se derogó. “Eso demuestra que ha funcionado. Se han recaudado más de 800 millones con ese impuesto, que se han dedicado a numerosas cuestiones, como construir vivienda o mejorar espacios”. Por ello, añadió Iago Negueruela, hay que hacer “políticas valientes”, pese a las fuertes críticas que se reciben al principio. “También pasó con la moratoria turística”, relató, que fue duramente criticada por el sector y por la oposición de entonces en el Govern. 

“Si se habla de gestionar y se quiere que venga más gente hay que tenerlo en cuenta para las carreteras, por ejemplo. Así que decidimos que no hubiese más plazas turísticas” mientras se gestionaba lo demás. Es decir, en Baleares se optó por “parar y pensar; no parar para pensar mientras todo crece”, alertó. “Ni la tasa ni la moratoria han tenido consecuencias negativas para el sector”, aclaró.

Además, Negueruela detalló que cuando dirigía la Consejería de Turismo de Baleares intervinieron “fuerte” para mejorar los salarios en el sector, y también para obligar a cambiar las camas de los hoteles por unas elevables, como pedían las camareras de piso. Así la perspectiva social sobre el turismo “se integra mejor”, explicó: “Eso es también mejorar el mensaje, ver qué se exige, y no solo pensar en que se comunica mal, sino que a lo mejor no se da lo que la sociedad reclama”, argumentó, en relación tanto a las protestas del 20A como a quienes en la industria turística consideran que la percepción de la sociedad respecto al turismo es negativa porque no se han comunicado bien los logros.

Negueruela añadió que hay otro debate, además del turístico: el crecimiento poblacional. “Si hay segunda vivienda, viviendas vacacionales y hoteles, los trabajadores del sector no encontrarán vivienda. No podemos seguir con una turistificación que afecta a todo y que somete a mucha presión a los ciudadanos en las ciudades”, insistió. 

El exconsejero de turismo incidió en que otro de los límites impuestos en Palma fue a los cruceros: “Solo tres al día aunque hay capacidad para ocho”.

Negueruela continuó explicando que el debate ahora en Baleares es qué reducción de plazas tiene que hacer el archipiélago, ya que cada vez la temporada turística dura más por el calor, e incluso compite con Canarias en algunos meses del año. Por ello, animó a tomar “decisiones valientes” respecto a la viviendas vacacionales.

“El turismo seguirá creciendo porque se ha convertido en un bien de primera necesidad en algunos países”, dijo. Por eso “el debate real es que hay que limitar y reducir. La sociedad lo está pidiendo. Lo que la gente reclamaba (tanto en el 20A como en Baleares recientemente) era principalmente la vivienda, con limitación a los alquileres. En definitiva, expuso, hay que garantizar derechos básicos, que el turismo aporte más y que las administraciones gestionen mejor.

“Una nueva pandemia”

José María Romero expuso la situación en Málaga y afirmó que es “especial” porque está muy atrasada en cuanto a regulación. “Ahora solo se busca incrementar el número de visitantes, con proyectos de rascacielos por la ciudad y mercantilización, incluso de los museos. También hay una gran proliferación de viviendas turísticas. De 2016 al 2023 han aumentado en más de un 2.000% en el centro de Málaga, o sea, que en el centro hay mas plazas turísticas que residenciales”. 

La consecuencia, continuó, es que se ha perdido población en el centro histórico. “Esa turistificación crea un exceso enorme en los precios del alquiler, pero también molestias en los espacios públicos y en la vida diaria de los habitantes. Las viviendas vacacionales se están extendiendo por todo el litoral, con una perdida del 14% en las zonas costeras”, relató.

Y añadió que incluso él, pese a ser investigador en la materia, se quedó “sorprendido” cuando comprobó las cifras reales de viviendas vacacionales. “No somos conscientes de lo que está pasando”, alertó. “Es una nueva pandemia, la situación es tremendamente grave y afecta a muchos sectores, no solo a los residentes”.

Romero expuso que en Málaga, “por desgracia, no se está haciendo mucho contra la turistificación de la ciudad”. Las consecuencias, insistió, “serán tremendamente graves. Nos cuesta entender la velocidad de lo que está ocurriendo”. 

Por ello, animó a pensar qué futuro se quiere. En esta línea, afirmó que uno de los escenarios es el colapso; otro es “el decrecimiento ordenado”. 

Tanto a él como a su grupo de expertos en la Universidad malagueña les pareció que “el 20A fue un punto de inflexión” y tras él ya “ha habido protestas también en Baleares y ahora las habrá en Málaga”. Por ello, insistió: “Hay que replantearse las cosas de otra manera, no esperar al colapso”.

El archipiélago de Hawái, en Estados Unidos, intenta desde hace pocos años, pero especialmente desde la pandemia de COVID-19, limitar el número de turistas que llegan a sus costas porque, entre otras consecuencias, esta industria de masas está afectando a sus espacios naturales y a sus habitantes. Desde la gentrificación de las comunidades a la turistificación de sus rincones más apreciados, este archipiélago intenta proteger no solo sus valores naturales, sino a su comunidad indígena, que se ve desplazada por los altos precios de las viviendas y por la llegada masiva de residentes temporales de alto poder adquisitivo que se han hecho con parte de la oferta inmobiliaria.

Keani Rawlins, vicepresidenta del consejo del condado de Maui (Hawái, EEUU), explicó el pasado viernes en el I Foro Internacional de debate Presente y Futuro del Turismo en Canarias organizado por Canarias Ahora y La Fundación Diario de Avisos cuáles son los problemas asociados al turismo que afronta Hawái, qué medidas han tomado en estas islas y cuáles han sido los resultados obtenidos. Y aunque los archipiélagos de Hawái y Canarias disten miles de kilómetros uno de otro, los problemas derivados de la llegada masiva de visitantes son muy similares en ambos.

¿Qué problemas asociados al turismo masivo hay actualmente en Hawái?

Hawái tiene siete islas habitadas, con poblaciones de distintos tamaños. La isla más poblada es Oahu, la isla de la que yo soy es Molokai, y el condado al que yo represento es el de Maui. 

En 2019, antes de la pandemia de COVID-19, superamos los 10 millones de turistas anuales y nuestra población total es de 1,5 millones de habitantes. Hemos experimentado un sobreturismo, un turismo masivo, muy extractivo, que ha impactado en detrimento de nuestro medio ambiente, nuestra cultura, nuestra comunidad.  

Algunos de los impactos en la sociedad, como en otros lugares populares en el mundo, es el desplazamiento de los miembros de comunidades preexistentes, disparándose los impuestos a las propiedades; eso es a lo que se enfrenta mucha gente, específicamente los indígenas hawaianos, así como personas de familias que han estado aquí durante generaciones. Pero sobre todo hemos visto disminuir nuestra calidad de vida en general realmente por el sobreturismo.

¿La industria turística o las administraciones han tomado alguna medida para solucionar estos problemas?

Supongo que como se ha dicho muchas veces antes, hay lugares que mueren de éxito. Una de las cosas que intentamos incorporar en los lugares más populares de Hawái son los sistemas de reservas, pero no existe un sistema de reservas que se pueda implementar en todas las áreas de muchos de nuestros Parques de Playas, que son abiertos, por lo que hemos comenzado a cobrar el aparcamiento, por horas o todo el día, no para residentes.

Hemos intentado trabajar con nuestro gobierno federal para limitar la cantidad de aviones que vienen al condado de Maui. Eso está más allá de nuestras competencias, y no tenemos el control sobre eso, así que es un poco más difícil de conseguir.

Una de las cosas que yo encabecé para mi isla, Molokai, es prohibir alquileres vacacionales, alquileres de corta estancia, en zonas residenciales, en nuestros barrios. Otra cosa que hicimos fue promulgar una moratoria para la construcción de nuevos hoteles y resorts.

Como en las Islas Canarias, las zonas más deseadas de las islas no son las áreas más conservadas, deberían ser zonas que no estén desarrolladas. Algunos resorts fueron construidos justo en la orilla del mar, así que en zonas donde una vez hubo una gran playa, ya no hay arena. Esa es la clase de impacto que estamos teniendo en las playas.

Lo preocupante es que eso hiere al propio turismo, cuando afecta al entorno, la razón por la que muchos turistas vienen a Hawái son sus preciosas playas de arena. Ya sabes la expresión: se están dando un tiro en el pie impactando así precisamente las cosas que los turistas vienen a experimentar. 

Topar, o limitar o prohibir el desarrollo continuo de los alquileres vacacionales en algunas zonas es algo que como gobierno local también hemos hecho.

¿Los resultados han sido positivos?

Sí, aunque algunos de los nuevos hoteles en construcción ya habían conseguido sus permisos finales, o los que estaban a medias de ser construidos, seguirán adelante, pero eso no sacia el apetito de la industria turística. Sin esa regulación que aprobamos, la isla de Oahu estaría cubierta de alojamientos turísticos, empeorando el que la comunidad local sea desplazada.

Muchos en Canarias y en todo el mundo pueden identificarse con que Hawái no es Hawái sin los hawaianos. Son los hawaianos quienes practican la cultura que ama tanta gente en el mundo, ya sean nuestra gastronomía, nuestras artes o nuestra música. No será una experiencia auténtica sin nuestra gente, y la industria turística continúa desplazando a los indígenas de esta tierra. 

¿Cuál es el ambiente social en Hawái respecto al turismo?

Nunca hay un consenso al 100% sobre algo. Hay gente que se está beneficiando económicamente de la industria turística, así que esta gente sigue dando la bienvenida al turismo.

Hemos estado escuchando durante años que es necesario un equilibrio. Las palabras clave han sido el “turismo regenerativo” o el “turismo sostenible”, pero la cuestión es el número de turistas que vienen, porque incluso si el 100% de los turistas son respetuosos y amables o generosos cuando vienen, estarán en un edificio por ejemplo para 100 personas, pero hay 500, así que aunque todos ellos sean personas maravillosas y preciosas sigue siendo incómodo, estará repleto, no será divertido y no será un buen plan, porque la capacidad máxima de ese lugar es de 100 personas y se está muy por encima de eso. Así que esa es la sensación aquí.

Las infraestructuras que se han construido son para una cantidad concreta de personas. Por ejemplo nuestras carreteras, cuando la gente está intentado ir a su trabajo, el tráfico está congestionado, o si en el fin de semana te quieres ir a relajar a la playa o a hacer una caminata hay demasiadas personas. Es difícil no sentir resentimiento hacia el Gobierno y hacia la industria que está destruyendo nuestro hogar. Están permitiendo la destrucción con la falta de regulación, con controles insuficientes para indicarles a estas personas que vienen (puede que con sus mejores intenciones) que nuestras infraestructuras o el tamaño de nuestras islas no pueden soportar tanto.

Como en las Islas Canarias, nuestros recursos y nuestra tierra son finitos, tienen límite. Muchos de los promotores que vienen aquí tienen una mentalidad continental, donde hay grandes extensiones de tierras y parece que están descubriendo ahora en América que el agua también es finita. Así que es necesario implementar más regulación, no podemos seguir actuando como si hubiese una cantidad infinita que puede desperdiciarse, hay que proteger los recursos como lo limitados que son.

Pero sobre todo, el sentimiento de los nativos hawaianos es la frustración, un deseo de poder seguir viviendo aquí, en nuestras casas, y proteger nuestra “Aina” o madre patria, nuestra tierra, nuestro hogar ancestral, nuestra cultura, ser capaces de criar a nuestros hijos en la cultura en la que crecimos. Estas son algunas de las cosas que estamos intentando trabajar con las entidades responsables: que cuando los turistas vengan lo hagan con respeto, que traten nuestro hogar como el hogar de alguien a quien están visitando y no como si estuvieran en un parque temático, porque además hay peligros reales. Hay personas que han perdido la vida pensando por ejemplo que el océano es un juego; o en caminatas, donde hay precipicios, hay gente que se sale de los senderos y se pierde… así que estamos trabajando con las autoridades intentando mejorar el mensaje para educar mejor a quienes nos visitan.

¿Qué habría que cambiar para mejorar la vida de los hawaianos al mismo tiempo que se mantiene la industria turística?

Es una buena pregunta y estoy segura de que es una cuestión que se hacen muchas comunidades a sí mismas en todo el mundo.

Lo que necesitaríamos que ocurriera es que nuestra comunidad estuviese más implicada e involucrada en los procesos políticos, elegir a personas que de verdad representen a los intereses de nuestra comunidad en la toma de decisiones para controlar al turismo y asegurarnos de que el sistema maximiza los beneficios comunes y no desplaza a nuestros miembros. 

¿Eres optimista respecto al futuro del turismo en Hawái?

Una de las cuestiones que nuestra comunidad ha trasladado a las entidades responsables del turismo es no anunciar nuestra isla (Molokai) como un lugar para visitar. Un 60% de nuestra comunidad son nativos hawaianos, así que seguimos siendo la voz mayoritaria en nuestra isla, y por eso para nuestra isla soy muy optimista. En las islas vecinas, la población indígena o quienes llevan generaciones viviendo aquí siguen disminuyendo en número mientras crecen quienes se mudan aquí y se llaman a sí mismos residentes temporales o estacionales, pero no son residentes, no crean comunidad. Aquellos que son parte de la comunidad contribuyen a apoyar a las siguientes generaciones protegiendo el medio ambiente o perpetuando nuestra cultura, los otros siguen abogando por una industria que explota nuestra cultura y nuestro entorno por la mayor cantidad de dinero posible. Este sistema capitalista es como Auróboros, la serpiente que se muerde la cola, que lo devora todo hasta que no queda nada. Así es se siente.

Así que para mi isla soy optimista, para las islas vecinas… es una batalla constante. 

¿Es posible que el turismo y los hawaianos convivan sin estos problemas? ¿Cómo?

Creo que puede ser posible pero no con una industria turística tal como es ahora. Ahora mismo la industria turística está compitiendo con nuestra comunidad. Nos gustaría poder vivir en paz con una industria que pudiera ser beneficiosa, porque crea beneficios, crea empleos, genera ganancias, pero esas cosas no pueden ser más importantes que la calidad de vida de nuestros residentes.

Nuestros residentes, tanto nativos hawaianos o los que han vivido aquí por generaciones, siguen teniendo un precio, es decir, sus casas residenciales siguen siendo convertidas en alquileres vacacionales y se hace imposible encontrar un refugio. 

Nos gustaría que nuestros hijos y los hijos de las antiguas familias y las próximas siete generaciones y más allá puedan vivir aquí… y que este lugar no sea solo un espacio de recreo para los ricos y sean solo los poderosos quienes puedan permitirse vivir aquí.

El bum que vive el turismo en todo el mundo no será un fenómeno pasajero, al menos no a corto plazo, porque se ha convertido ya en una primera necesidad para los ciudadanos de todas las edades en numerosos países europeos. De ahí que Canarias, como potencia turística, deba cuanto antes regular toda esa oferta que no está ordenada, especialmente los alquileres en viviendas vacacionales sin licencia, y hacer frente a los retos y desafíos de esta industria mejorando la gestión y la planificación e incrementando la disciplina para velar por el cumplimiento de las leyes y el respeto a los espacios naturales de las islas. Todo ello, mejorando la convivencia e integrando a la población residente.

Fueron algunas de las conclusiones del I Foro Internacional de debate Presente y Futuro del Turismo en Canarias organizado por Canarias Ahora y la Fundación Diario de Avisos que se celebró el pasado viernes en Santa Cruz de Tenerife.

La primera mesa de debate del foro contó con la participación de Mónica Palacios, directora de promoción de producto, Comunicación Corporativa y Gestión de Crisis de Turismo de Canarias; de José Alba, director general de la división hotelera del Grupo Lopesan, y de Miguel Villarroya, director general de Spring Hotels.

Todos ellos coincidieron en que el turismo vive un momento dulce, no solo en Canarias, pero apuntaron que para que pueda hablarse de “bonanza” esos buenos datos de visitantes y gasto deben mantenerse en el tiempo. De hecho, apuntó José Alba, en Gran Canaria parte del sector aún está en fase de recuperación de la inversión tras haber reformado su planta alojativa.

El turismo, un fenómeno sociológico

Mónica Palacios señaló que el turismo está experimentando un crecimiento en todo el mundo por, entre otros motivos, cuestiones sociológicas, que hacen que viajar sea una de las prioridades para gran parte de la población europea y de otros lugares del mundo, y que esa búsqueda de una “experiencia de viaje” se haya traducido en un turismo de mayor calidad. 

“La industria ha cambiado”, dijo, “especialmente en lo referente a la sostenibilidad”. Aquí, apuntó que “se están desarrollando proyectos muy importantes por parte de las empresas turísticas que la ciudadania desconoce; intentamos que la gente los conozca porque son empresas involucradas y comprometidas con el medio ambiente, para que la gente sepa el avance de esta industria”. Y recordó que el destino Canarias se adhirió en 2022 a la declaración de Glasgow con un plan de acción climática pionero en España. “Eso no se ha comunicado bien”, afirmó, en referencia a las reiteradas críticas a esta industria, especialmente durante las protestas del 20A.

José Alba incidió en que no toda la industria está creciendo y que de hecho Gran Canaria tiene 50.000 camas menos que hace unos años, pero al mismo tiempo la vivienda vacacional no ha dejado de crecer, sin estar regulada y sin estar contemplada en el marco de una estrategia turística sólida y ordenada. “Eso crea una distorsión de la realidad del sector”, afirmó. Además, dijo, “ha desaparecido paulatinamente la figura del intermediario, los turoperadores, con lo que se ha podido invertir en mejoras, tanto laborales como de la planta alojativa”. Alba concluyó que todo lo que está regulado tiene aspectos muy positivos, “lo que no, no tan positivos”.

Miguel Villarroya opinó que la industria se ha transformado en la medida en que también lo hace el cliente y destacó la necesidad de “regular rápidamente esa oferta que no está ordenada”. Y aportó varios datos: hay 15.000 nuevos alojamientos de vivienda vacacional en Tenerife solo en el último año, lo que supone 60.000 plazas más desde 2023. “Hay que ordenar urgentemente”, apremió.

Como punto a mejorar, Palacios indicó que el turismo debe “generar valor para la ciudadanía”, mientras que un reto, en su opinión, sigue siendo la descarbonización, la sostenibilidad del destino. “En eso ponemos ahora nuestros recursos”, afirmó. Alba coincidió en que el principal reto es el medio ambiente, pero subrayó también el marco jurídico, que debe mejorar, como también la ordenación del territorio y la administración para que haya “más claridad en el ordenamiento turístico”. Y apuntó la necesidad de que todos los actores turísticos contribuyan “por igual” al desarrollo de la economía canaria, algo que, en su opinión, no ocurre ahora. “No es lo mismo un hotel que un alojamiento turístico en vivienda. Un hotel aporta muchísimo mas”. 

Conclusiones sobre el 20A

Respecto al cambio de modelo demandado por las manifestaciones del 20A en Canarias, Palacios estuvo de acuerdo en que la población manifieste sus necesidades y su malestar, pero apuntó que entre las reivindicaciones “había necesidades muy diversas y no todo tenía que ver con lo mismo, era una manifestación social muy amplia y que no tiene que ver con el turista, porque no es el turista el que genera ese malestar. Eran más bien cuestiones sociales, como la dificultad del acceso a la vivienda, la movilidad, el transporte, el desabastecimiento de agua o la turistificación”. Sin embargo, añadió que el número de turistas no se ha incrementado respecto a 2017, mientras que sí lo ha hecho la población. “La proporción es equivalente a hace unos años, pero hace unos años el 80% estaba de acuerdo con el turismo y con promoverlo”. Algo ha cambiado, dijo.

José Alba opinó que las reivindicaciones del 20A se habían “pervertido” y que se protestaba contra el sector turístico sin que este fuera responsable de algunos de esos problemas, que tienen más que ver con una mala gestión por parte de las administraciones. Y puso como ejemplo que el grupo al que representa (Lopesan) para un 25% por encima del convenio colectivo del sector, que genera más electricidad de la que consume y que parte de los productos que utilizan en sus establecimientos son producidos en sus propios huertos de kilómetro cero. “En Gran Canaria se manifestó mucha gente del barrio de Guanarteme, donde los vecinos se han visto desplazados por los alquileres vacacionales; eso no tiene que ver con mi hotel, que tiene menos camas y que no consume más suelo. No todas las empresas actúan como Lopesan, por eso hay que buscar soluciones y mejorar los planes de ordenación, en vez de culpar o responsabilizar al modelo turístico regulado”. 

Miguel Villarroya opinó que se buscó “un culpable” y que este fue la industria hotelera, “que no tiene culpa de que se hayan creado 100.000 plazas turísticas de viviendas vacacionales en los últimos cinco años” y que esta “no crea tanta riqueza”. Y añadió que “no hay que pensar en subir sueldos, como se pedía en las manifestaciones, por un problema que no ha creado la industria, y sí pensar en subir sueldos para retener talento”.

Por último, Mónica Palacios apuntó que, respecto al debate sobre el modelo turístico, no se debe tanto a que la industria “haya hecho algo mal”, sino a que se ha producido un cambio social imprevisto: “La gente viaja varias veces al año, prioriza el viajar y tener experiencias”.

José Alba señaló que la industria ha comunicado “fatal” sus logros y sus puntos fuertes y que no ha sabido “hacer atractivo” el sector a la ciudadania, por lo que invitó a hacer una reflexión a la propia industria, algo en lo que coincidió Miguel Villarroya.

Además, como potencia turística, afirmó que hay que mejorar la profesionalización y exportar talento, formación y experiencia, porque Canarias es ejemplo de modelo de éxito en universidades y en países que buscan mejorar su turismo. Esto, dijo, puede ser uno de los aspectos que contribuyan a diversificar la economía de Canarias, aunque siga estando vinculado al turismo: escuelas de alto nivel para formar a profesionales del sector. Ahora, señaló, siendo punteros, los canarios deben salir fuera a especializarse. Por último, apuntó que aquellas empresas que no estén a la vanguardia “tienen que hacer los deberes. Y que las administraciones fuercen a la renovación”.

La falta de gestión, el deterioro de los ecosistemas, la depredación del litoral y la pérdida del valor añadido que supone la naturaleza de Canarias para quienes visitan el archipiélago son algunos de los problemas más acuciantes en relación con el turismo de masas en las Islas. Así lo han expuesto este viernes el documentalista Felipe Ravina, la catedrática en Geografía Física de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Emma Pérez-Chacón, y el profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Matías González, en el I Foro Internacional de debate Presente y Futuro del Turismo de Canarias, organizado por Canarias Ahora y la Fundación Diario de Avisos, y patrocinado por Promotur, Lopesan Hotel Group y Spring Hotels.

Ravina comenzó afirmando que, tras escuchar a los intervinientes del sector turístico, quería dejar claro que respecto al futuro de Canarias, el turismo y el 20A, “no hay que buscar enemigos, sino trabajar en conjunto”, y expuso “para dar un poco de perspectiva” los datos de visitantes de países como Brasil o Argentina, o archipiélagos como el de Galápagos, todos con un número de turistas muy inferior al de Canarias. Con ello quiso reivindicar que el número “se nos ha ido totalmente de las manos”, lo que está afectando no solo a los espacios naturales sino también “al modo de vida” de la gente en las islas, ya que “hay seis turistas por cada residente”. Al final, explicó, “es un problema de número, porque este es un territorio limitado, con unos recursos limitados”.

Expuso con datos los daños medioambientales que está sufriendo Canarias por la creciente presión que se ejerce sobre sus ecosistemas: “En los últimos 50 años hemos perdido el 90% de nuestra biomasa”.

Y señaló especialmente los millones de litros de aguas residuales que se vierten cada día sobre ecosistemas protegidos. “Todo eso el turista lo ve cuando bucea; los emisarios están en medio de puntos de buceo y eso afecta al valor añadido, esos problemas de gestión pueden afectar al turista que viene buscando unas islas en buen estado”.

Más datos. En las aguas del sur de Tenerife “en 15 años hemos perdido el 50% de los cachalotes; la población de calderones, según diferentes estudios, sufre estrés crónico y eso afecta a las crias”. Y relató un reciente encuentro (mientras rodaba un documental en aguas tinerfeñas) con una ballena que arrastraba el cadáver de su cría. “Falta gestión y control en la zona, que provoca una imagen que Tenerife no se merece”.

Ravina relató que esas cifras de llegadas de turistas, como se vio en el 20A, “crean un sentimiento de rechazo. El hartazgo es cada vez mayor, no por el turismo, sino por la falta de gestión. Las infracciones que vemos en nuestros espacios naturales no tienen repercusión para esos turistas, que abandonan la isla sin sanción”. 

A esto, explicó, se suman los atascos y el colapso de las carreteras y de los espacios protegidos. “Disciplina”, dijo, recordando lo explicado en la primera mesa del Foro, y recordó entonces el proyecto Cuna del Alma: “No contempló hasta 10 especies protegidas en sus informes. Es responsabilidad del Gobierno parar proyectos que no cumplen la ley. Es normal el sentimiento de que nos han arrebatado esos trocitos de costa que nos quedan, ignorando a la población local. Lo veo a diario, en las costas, cada vez peor los fondos. Hay lugares que ya no existen”, insistió. 

El documentalista agregó que la preocupación medioambiental ha pasado a ser una preocupación general de la sociedad. “La población se siente desplazada, son muchos factores que influyen en el hartazgo”. Y añadió que “el fracaso” de las administraciones y de la industria es que “este paraíso ha dejado de serlo, gente que deja de sentirse orgullosa y empieza a sentir vergüenza”. Todo esto, explicó, hizo que el 20A se sumase mucha gente a las protestas. 

Ravina añadió que los convocantes del 20A han intentado compartir que la protesta “no es contra el turismo” e insistió en que no hay que señalar a enemigos, para resaltar que, como los representantes del turismo en la mesa 1, “estamos de acuerdo en que el problema es la falta de gestión”. Pero, como apuntó Keani Rawlins (representante de Hawái), “aunque se hable de turismo regenerativo, si son demasiadas personas no es sostenible”. 

Por todo ello, consideró imprescindible que no se aumenten las plazas turísticas, tampoco los residentes. “Hay que limitarlo, no es un territorio infinito. Esas era las dos reivindicaciones principales el 20A. Que las islas estén bien, sobre todo si hablamos de valor añadido para que los turistas se lleven una imagen positiva. Puede que algunos turistas no vuelvan si ven una imagen de unas islas que son un desastre”.

Un ejemplo, incidió, es el Puertito de Adeje, “una maravilla del buceo, donde había de todo”. Pero, “por la falta de gestión, eso que era único en Canarias y Europa, se perdió”. Esto, dijo, “es algo que pasa a diario. Si se hubiese protegido sería un atractivo más. Todo eso es valor para el visitante y se puede perder si se sigue el camino actual”. 

El documentalista añadió que el principal reclamo al turista son nuestros espacios naturales, por ello, “lo mejor que le podría pasar al turismo y al residente es que nuestros espacios naturales se protejan. No creemos enemigos, hay que mejorar la gestión y que se protejan los espacios naturales”. 

El 'valor añadido', en peligro

Matías González inició su intervención lanzando una pregunta a los asistentes: “¿Estamos preparados para afrontar los retos de los que se ha hablado aquí?”. En su opinión, para iniciar una mejora es necesaria una mayor coordinación entre departamentos dentro de la administración, y puso varios ejemplos sobre los distintos problemas que conlleva el reparto de competencias y que algunas consejerías trabajen de manera independiente a otras en cuestiones que atañen a ambas. “Hay demasiada inercia en los mecanismos de las administraciones, distintas competencias, hacen falta colaboraciones interadministrativas”, señaló.

“El turismo es mucho más de lo que hacemos en nuestra empresa”, espetó antes de reflexionar: “Si es cierto que lo que importa es la experiencia para un turista, hay que aceptar entonces que la rentabilidad de esa empresa (hotel) no depende solo de lo que esa empresa hace dentro de sus instalaciones, sino también fuera (playas, restaurantes, montes, etc.). Por tanto, habrá que invertir más en la preservación y conservación de la naturaleza. Creo que hay un deficit en la necesidad de definir lo que es común en el turismo”, explicó, en referencia al uso de carreteras, hospitales, aceras, energía, recursos, etc. Esto, dijo, “es un tema clave, como reflexión”. 

Por todo ello, prosiguió, “necesitamos reorientar esta industria, que nos da de comer y condiciona nuestras vidas en muchos sentidos, porque transforma también nuestros hábitats naturales y humanos. Tenemos que implicarnos todos en nuestra interacción”. 

Sin embargo, señaló que la industria debe también “escuchar” a la sociedad sobre cuánto quiere verse expuesta a la interacción con el turista. “Nos falta una comprensión de la naturaleza compleja de este fenómeno que es el turismo. Hay que gestionar mejor esas interacciones”.

Y por último, expuso que según estudios recientes solo el 5%de los turistas se informan sobre los espacios protegidos de Canarias en las páginas oficiales. La mayoría “se informa en perfiles de influencers, que suelen saltarse las normas para obtener una buena imagen”. Esto, concluyó, “hay que cambiarlo”.

El litoral, doblemente amenazado

La catedrática en Geografía Física de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Emma Pérez-Chacón centró su intervención en los daños causados al litoral de las islas por la urbanización descontrolada y por la fragilidad del mismo.

La experta destacó que solo el 3% del territorio sigue siendo playa duna. “Esa zona es la que ha sido el oscuro objeto de deseo de la construcción. Ademas, no se han conservado ni protegido esas zonas” y las construcciones han acabado por “entorpecer la llegada de arena” a esas áreas arenosas de las islas. A la hora de desarrollar la industria turística y de urbanizar, no se han tenido en cuenta estos aspectos. “Hemos construido sobre la desembocadura de barrancos, porque acaban en el litoral”, y puso como ejemplo Los Cristianos, en Tenerife, donde cuando llueve en abundancia se producen inundaciones, porque es el cauce del barranco.

“Ocupamos el litoral con fondo de barranco, se colmata ese barranco y se pasa al siguiente. Eso provoca importantes alteraciones en la dinámica”, ha detallado. Y eso, ha añadido, afecta también a las construcciones, que muestran problemas con el tiempo.

“Es como el cuadro de Saturno devorando a su hijo”, ha expuesto. “Todo esto nos dice que nuestra manera de relacionarnos con el litoral debe ser revisada”. La catedrática ha explicado que el 12% de la franja costera canaria está deteriorada, según un informe de Greenpeace, y según un informe de la ULPGC que se publicará próximamente, los datos son aún peores. “Nos salen cifras en Tenerife del 21% y en Gran Canaria, del 20%. Si nos centramos a la franja más cercana a la costa, en Gran Canaria el porcentaje es del 30%”.

La consecuencia es “un litoral artificializado, alterado”. Si esto se examina junto a las zonas de vertidos residuales se ve “una intensa relación”.

Y por último, hay que añadir la subida del nivel del mar por el cambio climático. Entonces la experta advirtió: “No les quiero asustar, pero les recomiendo ver el proyecto de Grafcan donde se pueden ver las zonas inundables de Canarias en un futuro por la subida del nivel del mar. Buena parte de ellas son turísticas”.

Pérez-Chacón reflexionó sobre que en el pasado había menos conocimiento del valor del medio natural y de las consecuencias de la actuación humana sobre él; por tanto “Ahora tenemos mucha mas responsabilidad”.

Por ello, hizo cinco propuestas: reciclar el territorio litoral degradado, en vez de ganar terreno; mejorar el tratamiento y la reutilizaron de agua; no hacer nuevas intervenciones en el litoral en zonas susceptibles de ser inundadas; no edificar en cauces de barrancos, no edificar en laderas con pendiente superior al 50%.

“Hay que planificar para la incertidumbre”, por lo que no ocupar más litoral sabiendo que es sensible es lo más responsable y lo más coherente.

El futuro del turismo en Canarias está asegurado, dados los buenos resultados que está obteniendo esta industria, pero debe mejorar algunos aspectos para que su relación con la ciudadanía, y su propia supervivencia, no peligre. Esos aspectos son muy diversos, pero se pueden resumir en más gestión, más planificación, más protección del entorno natural, más previsión ante las amenazas del cambio climático y más escucha hacia esa ciudadanía descontenta con fenómenos tales como la turistificación de las ciudades, la falta de viviendas asequibles o la saturación en la movilidad.

Estas son algunas de las conclusiones extraídas de la celebración del I Foro Internacional de debate Presente y Futuro del Turismo en Canarias, organizado por Canarias Ahora y la Fundación Diario de Avisos, y que ha tenido lugar este viernes en Tenerife. El acto ha estado patrocinado por Promotur, Lopesan y Spring Hotels.

El foro ha dado voz tanto al Gobierno de Canarias y a empresarios del sector, como a expertos en distintas áreas y representantes políticos de diferentes destinos turísticos que viven una situación similar a la del Archipiélago: Barcelona, Illes Balears, Málaga y Hawái.

“Gestión, regulación, ordenación y disciplina”

El primero en intervenir fue Miguel Ángel Rodríguez, director general de Ordenación, Promoción y Formación del Gobierno de Canarias, que defendió la necesidad de tener una visión de futuro siguiendo el “modelo catedral”, es decir, con una buena “cimentación” y cuyos resultados perduren en el tiempo. Rodríguez admitió que quería transmitir una imagen positiva del turismo, porque aporta el 35% del PIB y el 40% empleo y porque Canarias es la comunidad que más dinero genera por turista. Por eso, ha dicho, “queremos un turismo de mayor valor añadido, no contar turistas, sino contar empleos, contar fiscalidad”.

Pero aún así, dijo, hay aspectos que cambiar. Explicó que hay un proceso de renovación de la planta hotelera en las islas y que “hay asignaturas que mejorar”. Aquí hizo una autocrítica hacia la administración, en un discurso que fue muy elogiado y recordado durante el resto de la jornada. Rodríguez indicó que el marco normativo del turismo debe ser mejorado porque contempla la vivienda vacacional, por ejemplo.

La renovación también afecta al espacio turístico para ser “más amable para el residente y para el visitante”. Destacó la falta de regulación en cuanto a campings, viviendas singulares y al turismo activo y señaló que todo lo que no está regulado “produce afecciones ambientales, sobre todo en costas”.

Respecto a los retos, subrayó la necesidad de “crear refugios climáticos” y mejorar la planificación urbanística de las islas. E invitó a hacer una reflexión sobre un posible decrecimiento. “La clave está en saber qué queremos, que es bienestar del residente, y a partir de ahí viene el bienestar del turista”.

Por último, afirmó que para que todo esto se ponga en marcha debe haber más disciplina: “Canarias tiene un enorme problema con hacer cumplir las leyes”.

Diagnóstico del sector: mejorar la comunicación, la gestión y exportar conocimiento y experiencia

A continuación, el Foro acogió la primera mesa de debate, en la que participaron Mónica Palacios, directora de promoción de producto, Comunicación Corporativa y Gestión de Crisis de Turismo de Canarias, José Alba, director general de la división hotelera del Grupo Lopesan, Miguel Villarroya, director general de Spring Hotels.

Todos ellos coincidieron en que el sector vive un momento dulce pero apuntaron que para que pueda hablarse de “bonanza” esos buenos datos de visitantes y gasto deben mantenerse en el tiempo.

Mónica Palacios explicó que el turismo está creciendo en todo el mundo por, entre otros motivos, cuestiones sociológicas y esa búsqueda de una “experiencia de viaje” se ha traducido en un turismo de mayor calidad.

“La industria ha cambiado”, dijo, “especialmente en lo referente a la sostenibilidad”. “Se están desarrollando proyectos muy importantes por parte de las empresas turísticas que la ciudadania desconoce”.

José Alba incidió en que Gran Canaria tiene 50.000 camas menos que hace unos años, pero al mismo tiempo la vivienda vacacional no ha dejado de crecer, sin estar regulada. “Eso crea una distorsión de la realidad del sector”. Además, concluyó que todo lo que está regulado tiene aspectos muy positivos, “lo que no, no tan positivo”.

Miguel Villarroya incidió en la necesidad de “regular rápidamente esa oferta que no está ordenada”. Y aportó varios datos: hay 15.000 alojamientos de vivienda vacacional en Tenerife solo en el último año, lo que supone 60.000 plazas más desde 2023. “Hay que ordenar urgentemente”, concluyó.

Como retos, Palacios indicó que para el sector sigue siendo la descarbonización, la sostenibilidad, y Alba añadió la mejora del marco jurídico, la ordenación del territorio y la administración para que haya “más claridad”. Y subrayó la necesidad de que todos los actores turísticos contribuyan “por igual” al desarrollo de la economía canaria, algo que “no ocurre ahora”.

Respecto al cambio de modelo demandado por las protestas del 20A, Palacios apuntó que “eran más bien cuestiones sociales, como la dificultad del acceso a la vivienda, la movilidad, el transporte, el desabastecimiento de agua o la turistificación”. Sin embargo, añadió que el número de turistas no se ha incrementado respecto a 2017, mientras que sí lo ha hecho la población.

José Alba opinó que las reivindicaciones del 20A se habían “pervertido” y que se protestaba contra el sector turístico sin que este fuera responsable de algunos de esos problemas, que tienen más que ver con una mala gestión por parte de las administraciones. Y puso como ejemplo que el grupo al que representa (Lopesan) paga un 25% por encima del convenio colectivo, genera más electricidad de la que consume y parte de los productos que utiliza en sus establecimientos son producidos en sus propios huertos de kilómetro cero. “No todas las empresas actúan como Lopesan, por eso hay que buscar soluciones y mejorar los planes de ordenación, en vez de culpar o responsabilizar al modelo turístico regulado”, dijo. 

Villarroya opinó que se buscó “un culpable” y que este fue la industria hotelera, “que no tiene culpa de que se hayan creado 100.000 plazas turísticas de viviendas vacacionales en los últimos cinco años”.

Por último, Alba señaló que la industria ha comunicado “fatal” sus logros y que no ha sabido “hacer atractivo” el sector a la ciudadania, por lo que invitó a hacer una reflexión, algo en lo que coincidió Villarroya. Además, como potencia turística, afirmó que hay que mejorar la profesionalización y exportar talento, formación y experiencia.

Hawái: mismos problemas al otro lado del mundo

A continuación, el Foro dirigió su mirada hacia un archipiélago que, a pesar de encontrarse al otro lado del mundo, afronta problemas muy similares a los de Canarias en relación con un turismo de masas. Keani Rawlins, vicepresidenta del consejo del condado de Maui (Hawái, EEUU), explica en una entrevista realizada por la periodista Dácil Jiménez cuáles son esos problemas, qué medidas han tomado en sus islas y cuáles han sido los resultados obtenidos.

Expertos muestran la otra cara del turismo en Canarias

A continuación intervinieron tres expertos invitados: el documentalista Felipe Ravina, la catedrática en Geografía Física de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Emma Pérez-Chacón, y el profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Matías González.

Ravina comenzó dejando claro que respecto al futuro de Canarias “no hay que buscar enemigos, sino trabajar en conjunto”, y expuso “para dar un poco de perspectiva” los datos de visitantes de países como Brasil o Argentina, o archipiélagos como el de Galápagos, todos con un número de turistas muy inferior al de Canarias. Con ello quiso reivindicar que “el número se nos ha ido totalmente de las manos” y está afectando no solo a los espacios naturales sino también “al modo de vida” de la gente. “Es un problema de número, porque este es un territorio limitado, con unos recursos limitados”.

Expuso con datos los daños medioambientales que está sufriendo Canarias por la creciente presión sobre sus ecosistemas: “En los últimos 50 años hemos perdido el 90% de nuestra biomasa”.

Y señaló especialmente los millones de litros de aguas residuales que se vierten cada día sobre ecosistemas protegidos. “Todo eso el turista lo ve cuando bucea y eso afecta al valor añadido, esos problemas de gestión pueden afectar al turista que viene buscando unas islas en buen estado”.

Esas cifras de llegadas de turistas, como se vio en el 20A, “crean un sentimiento de rechazo. El hartazgo es cada vez mayor, no por el turismo, sino por la falta de gestión”.

A esto se suman los atascos y el colapso de los espacios protegidos. “Disciplina”, dijo, recordando lo explicado en la primera mesa del Foro, y señaló entonces el proyecto Cuna del Alma: “No contempló hasta 10 especies protegidas en sus informes. Es responsabilidad del Gobierno parar proyectos que no cumplen la ley”. 

“Son muchos factores que influyen en el hartazgo” y “el fracaso” de las administraciones y de la industria es que “este paraíso ha dejado de serlo, gente que deja de sentirse orgullosa y empieza a sentir vergüenza”. Todo esto, explicó, hizo que el 20A se sumase mucha gente a las protestas. 

Por todo ello, consideró imprescindible que no se aumenten las plazas turísticas, tampoco los residentes. Añadió que el principal reclamo al turista son nuestros espacios naturales, por ello, “lo mejor que le podría pasar al turismo y al residente es que nuestros espacios naturales se protejan”. 

El 'valor añadido', en peligro

Matías González inició su intervención lanzando una pregunta a los asistentes: “¿Estamos preparados para afrontar los retos de los que se ha hablado aquí?”. En su opinión, para iniciar una mejora es necesaria una mayor coordinación entre departamentos dentro de la administración, y puso varios ejemplos sobre los distintos problemas que conlleva el reparto de competencias y que algunas consejerías trabajen de manera independiente a otras en cuestiones que atañen a ambas. “Hay demasiada inercia en los mecanismos de las administraciones, distintas competencias, hacen falta colaboraciones interadministrativas”, señaló.

“El turismo es mucho más de lo que hacemos en nuestra empresa”, espetó antes de reflexionar: “Si es cierto que lo que importa es la experiencia para un turista, hay que aceptar entonces que la rentabilidad de esa empresa (hotel) no depende solo de lo que esa empresa hace dentro de sus instalaciones, sino también fuera (playas, restaurantes, montes, etc.). Por tanto, habrá que invertir más en la preservación y conservación de la naturaleza. Creo que hay un deficit en la necesidad de definir lo que es común en el turismo”, explicó, en referencia al uso de carreteras, hospitales, aceras, energía, recursos, etc..

Por todo ello, prosiguió, “necesitamos reorientar esta industria, que nos da de comer y condiciona nuestras vidas en muchos sentidos, porque transforma también nuestros hábitats naturales y humanos”. 

Sin embargo, señaló que la industria debe también “escuchar” a la sociedad sobre cuánto quiere verse expuesta a la interacción con el turista. “Nos falta una comprensión de la naturaleza compleja de este fenómeno que es el turismo. Hay que gestionar mejor esas interacciones”.

El litoral, doblemente amenazado

La catedrática en Geografía Física de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Emma Pérez-Chacón centró su intervención en los daños causados al litoral de las islas por la urbanización descontrolada y por la fragilidad del mismo.

La experta destacó que solo el 3% del territorio sigue siendo playa duna, una zona que ha sido históricamente “el oscuro objeto de deseo de la construcción”, por lo que no se lo ha conservado ni protegido. “Ocupamos el litoral con fondo de barranco, se colmata ese barranco y se pasa al siguiente. Eso provoca importantes alteraciones en la dinámica”, lo que afecta también a las construcciones, que muestran “problemas” con el tiempo.

“Es como el cuadro de Saturno devorando a sus hijos”, ha expuesto. “Todo esto nos dice que nuestra manera de relacionarnos con el litoral debe ser revisada”.

Gran parte del litoral está “artificializado, alterado”. Si esto se examina junto a las zonas de vertidos residuales se ve “una intensa relación”.

Hay que añadir la subida del nivel del mar por el cambio climático. Entonces la experta advirtió: “No les quiero asustar, pero les recomiendo ver el proyecto de Grafcan donde se pueden ver las zonas inundables de Canarias en un futuro por la subida del nivel del mar. Buena parte de ellas son turísticas”.

E hizo cinco propuestas: reciclar el territorio litoral degradado; mejorar el tratamiento y la reutilizaron del agua; no hacer nuevas intervenciones en el litoral en zonas susceptibles de ser inundadas; no edificar en cauces de barrancos, no edificar en laderas con pendiente superior al 50%.

“Hay que planificar para la incertidumbre”, por lo que no ocupar más litoral sabiendo que es sensible es lo más responsable y lo más coherente.

Cómo afrontan Barcelona, Baleares y Málaga sus problemas con el turismo

A continuación, David Bondia, del Síndic de Greuges (Defensor del Pueblo) de Barcelona, expuso el panorama actual en la ciudad condal y explicó, entre otras cuestiones, la afectación del turismo de masas a los derechos de los vecinos. Junto él debatieron Iago Negeruela, exconsejero de Turismo de Baleares, quien impulsó durante su mandato en la pasada legislatura medidas tales como una tasa turística; y José María Romero, investigador del proyecto EMCROTUR de la Universidad de Málaga. Este expuso cómo afronta esta ciudad la llegada de millones de turistas mientras lidia con la amenaza del cambio climático y su afectación a las zonas costeras.

Bondia relató que Barcelona fue abanderada del intento de regulación del alquiler vacacional. “Se puso un límite a las viviendas vacacionales y que no todas estuvieran en el centro”. Además, expuso que desde 2022 hay un nuevo plan urbanístico cuyo diseño busca “un equilibrio entre residentes y turistas”.

Además, hizo hincapié en que respecto a las viviendas vacacionales hay que distinguir entre las que tienen licencia y las que no. “En esto Barcelona lo está haciendo muy bien. Hay un equipo de informadores y una web para saber quiénes tienen y quiénes no”. Pese a todo esto, siguen proliferando y muchas sin licencia.

El objetivo, detalló es decrecer en el numero de licencias porque este tipo de alojamientos afecta a la convivencia: “Ahí es donde intervenimos”.

Desde el Síndic del Greuges han identificado varios “derechos fundamentales para los residentes que se han visto alterados por la mala gestión del turismo”, como son el derecho a una convivencia pacifica, el derecho al espacio público, el derecho a la vivienda, el derecho al descanso, el derecho a la movilidad, o el derecho a la seguridad.

Respecto al 20A, Bondia expuso como propuesta para mejorar la convivencia turismo-residente que “hay que poner a los ciudadanos en el centro y dejar de hablar de turismofobia y hablar de ciudadofilia, amor a la ciudad”.

En Baleares, explicó Iago Negueruela, el impuesto turístico lleva implantado ocho años y cuando hubo un cambio en el Govern no se derogó. “Eso demuestra que ha funcionado”. Por ello, “hay que hacer políticas valientes, pese a las fuertes críticas que se reciben al principio. También pasó con la moratoria turística”.

Negueruela animó a “parar y pensar; no parar para pensar mientras todo crece. Ni la tasa ni la moratoria han tenido consecuencias negativas para el sector”, explicó.

Además, detalló que cuando dirigía la Consejería de Turismo de Baleares intervinieron “fuerte” para mejorar salarios y condiciones en el sector. “Así la perspectiva social se integra mejor, eso es también mejorar el mensaje. Ver qué se exige, y no solo pensar en que se comunica mal, sino que a lo mejor no se da lo que la sociedad reclama”, argumentó.

Negueruela añadió que hay otro debate: el crecimiento poblacional. “No podemos seguir con una turistificación que afecta a todo y que someten a mucha presión a los ciudadanos en las ciudades”. 

Otro de los límites impuestos en Palma fue a los cruceros.

“El turismo seguirá creciendo”, dijo. Por eso “el debate real es que hay que limitar y reducir. La sociedad lo está pidiendo. Lo que la gente reclamaba (tanto en el 20A como en Baleares recientemente) era principalmente la vivienda, con limitación a los alquileres”. En definitiva, expuso, hay que garantizar derechos básicos, que el turismo aporte más y que las administraciones gestionen mejor.

José María Romero expuso la situación de Málaga y afirmó que es “especial” porque está muy atrasada en cuanto a regulación. “Ahora solo se busca incrementar el número de visitantes, con proyectos de rascacielos por la ciudad y mercantilización incluso de los museos. También hay una gran proliferación de viviendas turísticas. De 2016 al 2023 han aumentado en más de un 2.000% en el centro de Málaga, o sea, que en el centro hay mas plazas turísticas que residenciales”. 

La consecuencia es que se ha perdido población en el centro histórico. “Esa turistificación crea un exceso enorme en los precios del alquiler, pero también molestias en los espacios públicos y en la vida diaria de los habitantes. Las viviendas vacacionales se están extendiendo por todo el litoral, con una perdida del 14% en las zonas costeras”, relató.

“No somos conscientes de lo que está pasando”, alertó. “Es una nueva pandemia, la situación es tremendamente grave y afecta a muchos sectores, no solo a los residentes”, añadió y expuso que en Málaga, “por desgracia, no se está haciendo mucho contra la turistificación de la ciudad”. Las consecuencias, insistió, “serán tremendamente graves. Nos cuesta entender la velocidad de lo que está ocurriendo”.

Por ello, animó a pensar qué futuro se quiere. En esta línea, afirmó que uno de los escenarios es el colapso; otro es “el decrecimiento ordenado”. 

Tanto a él como a su grupo de expertos en la Universidad malagueña les pareció que “el 20A fue un punto de inflexión” y tras él ya “ha habido protestas también en Baleares y ahora las habrá en Málaga”. Por ello, insistió: “Hay que replantearse las cosas de otra manera, no esperar al colapso”.

Conclusiones

El foro finalizó con una mesa de conclusiones integrada por Rafael Yanes, ex diputado del Común en la pasada legislatura; Alfredo Díaz, jefe pedagógico de la Fundación César Manrique, artista lanzaroteño cuyo legado medioambiental es siempre reivindicado en la defensa del patrimonio natural y cultural de las islas; y Carlos Sosa, director de Canarias Ahora.

Yanes resaltó como conclusión principal que se abre un debate en el que los principales actores de la industria han mostrado su predisposición a escuchar. “Por qué estamos aquí, por el 20A, que mostró un descontento por varios aspectos, principalmente vivienda y transporte colectivo, aspectos en los que la administración ”se ha desentendido“. ”No se ha apostado por la vivienda pública“, señaló.

Además, destacó que debe haber “intervenciones valientes, como limitar las plazas, exigir camas elevables y la ecotasa o impuesto, porque hacen falta impuestos para garantizar los derechos de los menos favorecidos”, ya que Canarias presenta las peores cifras del país en numerosos indicadores sociales, como pobreza o dependencia.

Y añadió que hay “una asignatura pendiente: que el residente entienda que el turismo es bueno para su vida, porque genera dinero que mejora su calidad de vida; pero los números dicen otra cosa: la renta de Canarias está por debajo del 60% de la europea”. Por ello, explicó el rechazo de la sociedad cuando en los medios se ve que llegan más y más turistas mientras el residente sigue sufriendo los peores datos sociales del país. “¿Dónde está yendo la rentabilidad de esa actividad turística? Ese es el principal punto de discrepancia entre industria y sociedad, explicó. Por ello, ”debemos ver al turismo como provechoso y que haya una convivencia efectiva. Pero eso no ocurre“ por la mala gestión que ha habido.

Alfredo Díaz destacó de la jornada que hay una “incertidumbre”: “Todas las voces que hemos oído tienen su mirada, el debate es interesante, pero el tiempo corre, el debate es urgente y nos ha cogido el toro. El tiempo se acabó, hay que actuar”, apremió.

Respecto al 20A, afirmó que cualquier sociedad que se precie se debe alegrar por que la población se manifieste por sus preocupaciones. Pero incidió en que el “modelo desarrollista no puede dejar de crecer, porque es su naturaleza”. Por ello, destacó que se hubiese escuchado durante la jornada de “parar”, “decrecer”, “una idea que viene de atrás”. Díaz expuso que ya César Manrique tenía en los años 80 un manifiesto “durísimo que pedía parar”. “De lo que hablaba era de que para poder organizar bien las cosas, primero hay que parar. Pero ahora estamos a caballo y es imposible”, insistió. 

La administración, incidió, “no resuelve porque no hay una solución definitiva, solo tiene un diagnostico aproximado. Las decisiones se toman tomando conciencia. Primero hay que definir el problema, aunque sea una obviedad. Entonces podrás buscar una solución. Tiene que ser así, pero con la urgencia del tiempo”, explicó.

“Si queremos que estas islas tengan futuro hay que proteger el patrimonio natural. Es lo que hicieron Manrique y Cerdá, proteger el valor de lo singular. El viento, los volcanes, en el caso de Lanzarote… Somos únicos e irrepetibles, como nuestros espacios. El respeto a nuestro entorno debe regir en las islas. ¿Por qué no copiamos ese modelo de Manrique y Cerdá? Funcionó, y podría volver a funcionar”, concluyó.

Por último, Carlos Sosa expuso tres conclusiones: la primera, que Canarias no está sola en esta situación y, por tanto, la búsqueda de soluciones podría ser mas fácil porque hay muchos territorios “ocupados y preocupados por estos temas”; en segundo lugar, la falta de gestión ha sido señalada como uno de los principales problemas. Por ello, se preguntó cómo es posible que las diferentes administraciones no hayan detectado no solo el malestar, sino los problemas estructurales que tenemos; y por ultimo, la ciudadanía empieza a ser el centro el centro del debate.

En esta línea, el periodista afirmó que todos “tenemos una responsabilidad” y expuso que el 20A fue “una reacción de la ciudadanía, lo que demuestra que esta puede tomar la palabra cuando quiere. Y debería hacerlo más, no solo cada cuatro años”.

“El 20A ha provocado un cambio, una cierta autocrítica en el sector. Ilusiona ver que la gente toma conciencia del valor de su entorno y de su barrio”. Las administraciones, concluyó, “tienen que recoger el guante”.

Las obras de construcción de un hotel de lujo junto a la playa de La Tejita, una de las últimas sin masificar de la isla de Tenerife y que cuenta con un espacio protegido para salvaguardar su paisaje dunar, han estado acompañadas de polémica desde que el Ayuntamiento de Granadilla anunció, el día de Navidad de 2015, que iba a concederles licencia. En aquel momento el alcalde era Jaime González Cejas, del PSOE, que después fue procesado por varios delitos relacionados con la corrupción.

Desde entonces la protesta ecologista y de colectivos cívicos para impedir urbanizar este enclave cada vez menos virgen se ha sucedido a lo largo de los años y, junto al proyecto Cuna del Alma, es considerado una de las chispas que encendió hace más de dos años las protestas en la isla, y ya en toda Canarias con las movilizaciones masivas del 20A, en contra de un modelo de desarrollo en el que el turismo de masas ocupa y destruye parte de los enclaves naturales del archipiélago.

Las protestas han ido desde concentraciones junto a las obras con asambleas informativas, hasta entradas en el perímetro para paralizar las palas excavadoras o subirse a las grúas de construcción durante días. Esta fue, junto a la reciente huelga de hambre de varios activistas, una de las acciones más mediáticas en contra de este proyecto.

Las obras no solo vienen a urbanizar un enclave cada vez menos natural, sino que, para más inri, han cometido varias irregularidades, por lo que ha recibido varias órdenes de paralización, la última, en 2021. En la actualidad, los trabajos prosiguen pese a que la Dirección General de Costas ha indicado a la empresa promotora, el Grupo gallego Viqueira, que carece de título habilitante para realizar esas obras en una parte de la parcela, un área que fue incluida dentro del dominio público marítimo terrestre en 2021, cuando se modificó el deslinde en la playa.

El anterior Gobierno de Canarias, ante el rechazo de la sociedad a este proyecto (ya en 2022 hubo una multitudinaria manifestación en Santa Cruz de Tenerife en contra de este hotel y de Cuna del Alma), negoció con la promotora comprarle la parcela por unos 25 millones de euros. Incluso se consignó el presupuesto para hacerlo en un expediente de la Consejería de Transición Ecológica.

Sin embargo, con el cambio de Gobierno regional, la nuevo consejero, Mariano Hernández Zapata (PP), niega que ese expediente exista y, además, el presidente del Ejecutivo, Fernando Clavijo, se ha lavado las manos en el asunto y ha afirmado que son los ayuntamientos de Granadilla (por el hotel de La Tejita) y Adeje (por Cuna del Alma), ambos del PSOE, los que pueden parar los proyectos porque son los que dieron las licencias. Sin embargo fue el Gobierno regional, y no los ayuntamientos, el que paralizó ambos proyectos en la pasada legislatura debido a diversas irregularidades e infracciones.

La alcaldesa de Granadilla, el pasado 22 de abril, pidió una reunión con el Estado, el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife para buscar “una solución viable” que garantice la protección la playa de La Tejita. Casi al mismo tiempo, también Clavijo anunció que convocaría a los alcaldes de Adeje y Granadilla para tratar estos temas y mostrarles su “apoyo”, ya que, según él, su Gobierno no puede hacer nada al respecto.

Y aquí es donde los proyectos del hotel de La Tejita y Cuna del Alma han entrado en una nueva fase, la de pasarse la pelota de una administración a otra hasta llegar a la descalificación personal.

La reunión convocada por Clavijo iba a tener lugar este viernes, 3 de mayo, pero el jueves Jennifer Miranda, la alcaldesa socialista de Granadilla, anunció que no acudiría. En una rueda de prensa junto a las obras del polémico hotel, Miranda explicó que tomaba esta decisión tras escuchar las declaraciones de Clavijo y de varios miembros del Ejecutivo regional sobre la negativa a adquirir la parcela en la que se construye el hotel La Tejita, “símbolo de la necesidad de cambio” del modelo económico de Canarias. Según ella, el objetivo de Clavijo era “señalar” a los dos alcaldes socialistas (Granadilla y Adeje) en “una operación de maquillaje político” para “sacar del foco” al Gobierno de Canarias.

Miranda, además, explicó que la semana anterior se había reunido con el Grupo Viqueira y que este sigue predispuesto a vender la parcela. Por último, la alcaldesa alegó que el Ayuntamiento de Granadilla no puede revisar “de forma arbitraria y discrecional” la licencia si antes no lo hacen el Gobierno de Canarias y el Cabildo con los dos informes preceptivos en los que se basó la misma.

El plante de la alcaldesa tuvo una reacción inmediata en las filas de CC. Clavijo afirmó que si esta hubiese acudido al encuentro habría tenido a su disposición todos los informes técnicos para afrontar el asunto “de manera seria” y que su ausencia ponía en evidencia, a su juicio, que “las intenciones son otras”.

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila (CC), fue más allá y tildó el plante de Miranda como la reacción “de una niña malcriada”.

Además, insistió en que es el Ayuntamiento el que tiene “una responsabilidad importante” para revertir la licencia, así como para solicitar los informes que quiera para ver si es posible la adquisición del terreno. “Parece que ella sí ha mantenido diálogo con la propiedad. Hubiera sido interesante ver con ella la posibilidad que existe, con sus expedientes e informes preceptivos, de rescatar esa licencia, ir a procedimiento en el que se pueda ampliar la zona de protección y renaturalizar lo colindante al espacio protegido”, apuntó Dávila. 

Tanto Clavijo como Dávila insistieron en que la responsabilidad es del Ayuntamiento de Granadilla, porque es “el que ha hecho el Plan General de Urbanismo y el que dio la licencia” para el hotel de La Tejita. Cabe recordar que el Ayuntamiento aprobó la licencia urbanística del proyecto el 19 de septiembre de 2017 y la de obras el 25 de noviembre de 2018. En ambos casos, el alcalde era Domingo Regalado, también de CC. 

“Arrogancia y engreimiento”

El secretario general del PSOE de Tenerife, Pedro Martín, salió al paso de las reacciones de Clavijo y Dávila y defendió a Miranda. “Rosa Davila puede estar en desacuerdo con la no asistencia de la alcaldesa de Granadilla a una reunión del Gobierno de Canarias, incluso, aun sabiendo que estaba orquestada por CC para eludir sus responsabilidades y echar la culpa de los problemas de la isla a dos ayuntamientos del PSOE. Pero llamar a la alcaldesa niña malcriada es una falta de respeto institucional impropia de alguien que es presidenta del Cabildo de Tenerife. Rosa Dávila, con esta arrogancia y engreimiento, lejos de descalificar a Jennifer Miranda, conseguirá concitar aún más apoyos en torno a su trabajo en defensa de Granadilla como alcaldesa”, afirmó Martín.

También la diputada socialista Patricia Hernández defendió a Miranda en redes sociales: “Sin respeto institucional, sin argumentos, sin razones, llegan los insultos”.

Sí hubo un expediente de compra de la parcela

Clavijo negó de nuevo este viernes, como ya hizo el consejero Hernández Zapata (PP) hace unos semanas, que exista en el Ejecutivo expediente alguno para comprar la parcela donde se está construyendo el hotel de La Tejita, así como partidas en las cuentas de la comunidad para afrontarlo. 

Sin embargo, como ha publicado Canarias Ahora, el Ejecutivo anterior sí inició en abril de 2023 un proceso de compra para adquirir los terrenos donde se levanta ya parte del hotel, cuya extensión asciende a los 52.987 metros cuadrados. El Gobierno y la promotora alcanzaron un acuerdo, aunque Clavijo lo niegue. Y, de hecho, la empresa impulsora de la actuación llegó a dirigirse a la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas el pasado mes de agosto, ya con Clavijo en la presidencia, para “continuar la tramitación del proceso de adquisición directa”.

El Gobierno de Canarias ha anunciado este jueves que ha solicitado ya a los servicios jurídicos de la comunidad autónoma un informe sobre la viabilidad de una reforma legislativa que permita establecer mecanismos para limitar la compra de viviendas por parte de capital extranjero en las islas. Hace menos de dos semanas todos los partidos que forman o apoyan al Gobierno canario (Coalición Canaria, PP, ASG y AHI) votaron en contra de una moción presentada por NC-BC que recogía precisamente la adopción de medidas para limitar la compra de viviendas a extranjeros. También votaron en contra de una moratoria turística, una ecotasa y promover de forma urgente medidas legislativas de política turística y urbanística para limitar el crecimiento turístico condicionado a las realidades insulares y a la existencia de servicios públicos.

Sin embargo ahora, en una nota remitida este jueves, el Gobierno de CC-PP obvia que votó en contra y explica que quiere que se debata sobre el tema en la Unión Europea. Para ello, argumenta que ya existen territorios comunitarios que cuentan con estas limitaciones a la compra de viviendas por parte de extranjeros, pero que su regulación es previa al ingreso en la Unión, y pone como ejemplo a Malta, que entró en la UE en 2005 y en la negociación y acuerdo posterior añadió una disposición que impide a los ciudadanos europeos comprar más de una vivienda en la isla a no ser que sean residentes en Malta durante más de cinco años.

Esta es, afirma, la única forma de conseguir la autorización, conocida como la Acquisition of Inmueble Property Act (aiP Permit). El Ejecutivo canario subraya que el Gobierno de La Valeta adoptó precisamente esta medida por el reducido tamaño y el peso del sector turístico en su economía.

El Gobierno canario también cita el caso de Finlandia, que para su entrada en la UE incluyó una restricción en la adquisición de terrenos o viviendas para archipiélago de las islas Aland. De esta forma, un europeo no finlandés necesita el permiso de las autoridades del país para comprar una propiedad.

Este estudio, afirma el Gobierno, es una de las primeras consecuencias de la celebración de la I Conferencia de Presidentes para abordar junto a los cabildos el reto demográfico, así como, el trabajo iniciado con los 46 municipios canarios de menos de 10.000 habitantes y a la agenda marcada por la Viceconsejería para el Reto Demográfico.

En los planes más inmediatos del Ejecutivo figura, además, introducir el debate sobre la saturación de población en las zonas turísticas, problema que comparten otros archipiélagos y núcleos costeros europeos.

Por este motivo, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha solicitado formalmente a la Conferencia de las Regiones Periféricas y Marítimas de Europa (CRPM) la celebración de un foro monográfico en Bruselas, liderado por Canarias, que “permita analizar la situación y consensuar respuestas conjuntas a problemas comunes como el de la superpoblación en estas zonas”.

“Canarias lleva nueve meses dando pasos para avanzar hacia un modelo de desarrollo más sostenible, un camino que hemos iniciado ya con los cabildos y también con los ayuntamientos, pero es necesaria también la implicación del Estado y de la Unión Europea”, subrayó Clavijo. Sin embargo, hace menos de dos semanas, los partidos del Gobierno de Canarias votaron en el Parlamento regional en contra de una moción para, precisamente, controlar el crecimiento turístico y reorientar el modelo turístico hacia la sostenibilidad económica, social y medioambiental. La moción recogía muchas de las reivindicaciones exigidas por la población en las masivas manifestaciones del sábado 20A, pero solo una de las siete propuestas incluidas en el documento salió adelante, pese al voto contrario de Vox, y el resto fueron rechazadas. Eran medidas tales como una ecotasa, una moratoria turística o, precisamente, tomar medidas para limitar la compra de viviendas a extranjeros.

Más allá de las Islas

Pese a votar en contra, ahora Clavijo asegura que el desafío demográfico “es un asunto que trasciende más allá de las islas” y un “reto” que se comparte en mayor medida con otras islas y zonas costeras europeas “y que requiere de un debate también en el seno de la UE”.

El objetivo del Gobierno de Canarias con la convocatoria de este foro en Bruselas es, según el propio Ejecutivo, “marcarle la tarea” a la futura Comisión Europea que resulte elegida tras las elecciones y que las distintas fuerzas políticas incluyan la iniciativa en su hoja de ruta.

Esta sería la primera iniciativa liderada por Canarias para abordar el reto demográfico en la Unión Europea, que quiere abordar en la CRPM porque es el foro europeo en el que están presentes todas las zonas costeras e islas europeas, añade el Gobierno canario, que lanza el asunto a Bruselas mientras vota en contra de medidas para afrontarlo en el propio Parlamento regional.

El Ejecutivo dice confiar en que se pueda abrir el debate antes de la próxima Asamblea de esta organización el próximo año en Canarias, tal y como se acordó en la última reunión celebrada la pasada semana en Punta Delgada, Azores.

La CRPM es una organización, de la que forma parte Canarias, creada en 1973 y que reúne a 150 regiones marítimas y costeras de 24 estados de la Unión Europea que tiene como principal objetivo la cohesión social, económica y territorial de las islas y zonas marítimas europeas y su encaje en las políticas con un impacto territorial que emanan de la UE.

Aún faltaba una hora para el inicio de la manifestación, pero en todas las capitales de las islas ya podían verse banderas de Canarias, pancartas y prendas amarillas, uno de los colores más simbólicos del Archipiélago y escogido para la protesta. Los altos índices de pobreza, la falta de agua, la escasez de vivienda y la destrucción de los espacios naturales empujaron este sábado 20 de abril a cerca de 200.000 personas a sumarse a una movilización histórica en contra del modelo turístico. “Canarias se agota”, advirtieron los asistentes al unísono en toda la comunidad autónoma. 

Chani, de 78 años, camina por la Avenida de Mesa y López, en Las Palmas de Gran Canaria. Ella, que tiene muchos años a sus espaldas, alzó la voz porque “no se puede vivir de la manera en que estamos haciéndolo”, “no tenemos a nadie quien nos cuide” y “estamos desamparados”. A su lado, las pancartas emiten mensajes similares. En la protesta hay jóvenes, sobre todo, pero también mayores. La llamada ha interpelado a todas las generaciones de las Islas. 

“Me tengo que ir fuera porque aquí no encuentro nada. Quiero ver una Canarias que priorice a la gente de aquí, que no nos obligue a irnos”, exclama Zoe, de 27 años, poco después. Una de las reivindicaciones del 20A ha sido la limitación de la compra de vivienda por parte de los extranjeros así como también la regulación de la vivienda vacacional, que se ha multiplicado en todas las localidades del territorio y traído consigo la subida de los precios de los alquileres.

El recorrido de los manifestantes en Gran Canaria comenzó en los alrededores del Auditorio Alfredo Kraus, abarrotado hasta la última baldosa. Continuó por el paseo de Las Canteras y terminó en la Plaza del Pilar, en el icónico barrio de Guanarteme, donde fue leído el manifiesto y hubo actuaciones musicales. Los convocantes cifran la afluencia en 50.000 personas. La Delegación del Gobierno rebaja el registro a 14.000.  

El cántico principal era simple, pero directo: “Canarias no se vende, se ama y se defiende”, repetido sin descanso durante minutos. A veces paraba por los aplausos, como si los participantes quisieran reconfortarse por estar ahí, dando la cara por el Archipiélago. Los vecinos asomaban sus cabezas por las ventanas. Había quienes se subían a contenedores y farolas para inmortalizar el momento, tildado de histórico desde el minuto uno. Hasta un par de hidroaviones recargando agua al principio de la concentración parecían sumarse a las reivindicaciones.  

“Mi isla no es tu parque de atracciones”, “aquí vive gente” o “todos mis vecinos son guiris” fueron algunas de las pancartas exhibidas. Al pasar por delante del futuro Residencial Las Américas, un edificio de diez plantas con 468 pisos de lujo, el grupo entero de manifestantes alzó los brazos, movió las manos y enmudeció. Saben que aquí, con casi toda seguridad, la ciudadanía local lo tendrá difícil para acceder a una vivienda. Fue una especie de minuto de silencio por todos ellos. Un gesto que resumió por qué hoy tomaron las calles.

“No es un ataque, es una defensa”

En Tenerife, la manifestación superó todas las expectativas. Fue la primera isla en organizar la protesta, harta de haberse convertido en el escenario sobre el que se planean nuevos macroproyectos turísticos o grandes puertos que amenazan la biodiversidad tinerfeña. Aunque la Subdelegación del Gobierno en Canarias cifra en 32.000 los asistentes, los organizadores y asistentes apuntan a más de 80.000 manifestantes. La cantidad de gente presente en la movilización hizo que, cuando la cabecera ya estaba a las puertas del Cabildo de Tenerife, muchas personas siguieran aún en el punto de inicio.

La falta de refuerzos en el transporte público también hizo que muchas personas se perdieran esta jornada histórica. No solo las calles por las que discurrió la protesta estaban llenas, sino también las aledañas. Cuando se leyeron los manifiestos y las consignas, aún seguía bajando gente por la céntrica Calle del Castillo. Según los asistentes, la jornada se compara a los días en los que se celebra el Carnaval de Día y en los que la cifra oficial suele superar con creces las 100.000 personas. 

Los destinatarios principales de las reivindicaciones gritadas en Tenerife han sido el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo (Coalición Canaria), el presidente de la patronal hotelera, Jorge Marichal, y la presidenta del Cabildo insular, Rosa Dávila (CC). Las kellys y los activistas que llevan más de una semana en huelga de hambre por la paralización del hotel de La Tejita y que exigen también que se frene el macroproyecto turístico de Cuna del Alma han cosechado los aplausos más sonados. 

En cambio, los abucheos han ido dirigidos a las patronales y a las viviendas vacacionales. Durante todo el recorrido han sonado sin descanso numerosos bucios, símbolo de la cultura canaria y de la resistencia guanche. El ambiente no ha sido festivo, como pedían los convocantes, sino muy reivindicativo y con elementos folclóricos como los tambores.

Lanzarote revive el espíritu de César Manrique

En Lanzarote, cerca de 10.000 personas tomaron la capital para hacerse oír. La isla Reserva de la Biosfera ha sufrido en los últimos años incontables atentados medioambientales en sus espacios protegidos. Además, sus residentes viven desde hace meses constantes cortes en el suministro de agua que les impide también regar sus cosechas. ''Agua para las papas, no para las piscinas'', gritaron.

Los manifestantes también han recordado al artista César Manrique, referente de la lucha medioambiental de la isla y del resto del Archipiélago. ''Manrique ya decía que esto pasaría'' o ''Si César levantara la cabeza'' fueron algunos de los lemas coreados en la isla.

''En Lanzarote nos levantamos casi cada día con una nueva noticia sobre una indecencia cometida por tal o cual turista que degrada nuestro territorio frágil y protegido, y regresa a casa en la mayoría de las ocasiones sin consecuencia ni sanción'', rezó el manifiesto leído en Arrecife. ''La actividad turística actual viene acompañada de un despilfarro de uno de nuestros más preciados recursos: el agua. Un turista consume de media seis veces más agua por día que un vecino o vecina'', añadieron los manifestantes. A las puertas del Cabildo preguntaron por el presidente, Oswaldo Betancort (CC) y gritaron ''Coalición Canaria es una inmobiliaria''.

“No tierras raras''

Los tres proyectos presentados por una constructora para buscar tierras raras en Fuerteventura han sido la gota que colmó el vaso de los isleños. Al menos 2.800 personas según las cifras oficiales protestaron en la isla más larga del Archipiélago en contra de la sobreexplotación del territorio.

A las exigencias enunciadas en el resto del Archipiélago, Fuerteventura sumó las protestas contra los proyectos mineros que pretenden buscar tierras raras en 131 cuadrículas mineras de la isla y que afectan a espacios protegidos y zonas de especial protección para las aves. También gritaron en contra el despilfarro de agua, exigieron una implantación ordenada de la energía eólica y soluciones a la falta de vivienda para los residentes y trabajadores . ''Stop hoteles, SOS Canarias'', gritaron.

La Gomera, una de las últimas islas en sumarse a la protesta, se reunieron 300 personas. También en El Hierro se organizó una concentración bajo el lema 'Canarias tiene un límite' en la que estuvieron presentes cerca de 150 vecinos. En La Palma se leyó un manifiesto a las 17.00 horas para mostrar ''su apoyo incondicional'' al resto de las islas.

En Caleta de Sebo, la capital de La Graciosa, los vecinos y vecinas han mostrado su hartazgo respecto a la gestión de los espacios naturales protegidos. ''La Graciosa fue declarada parque natural en 1986 y no fue hasta 2006 que se aprobó su plan rector de uso y gestión'', criticaron. ''A pesar de recibir casi medio millón de visitantes, somos uno de los únicos pueblos que llevamos 38 años viviendo dentro de un Espacio Natural Protegido sin órgano de gestión'', recordaron.

''Que la isla vive del turismo principalmente es una realidad, que sufrimos saturación turística algunos meses del año también lo es. Nadie ha hecho nada, esto sigue igual o peor'', lamentaron los gracioseros.

No solo en Canarias la población ha salido a las calles contra el turismo de masas. Las protestas del 20A se han celebrado también en Madrid, Barcelona, Granada, Londres y París. Además, medios nacionales e internacionales como la BBC o The Guardian se han hecho eco de ellas en sus portadas. Mientras tanto, Coalición Canaria, que preside junto al PP el Gobierno canario, no se da por aludida y ha dicho que la movilización ''ratifica el trabajo iniciado por el actual Gobierno'', aunque la llegó a tildar de turismofobia pocos días después de su convocatoria.

En apenas unas horas (a las 12.00, hora local canaria) de este sábado, 20 de abril, toda Canarias está llamada a una protesta que busca ser histórica y que tendrá lugar de forma simultánea en las ocho islas del archipiélago, así como en varias ciudades de la Península y el extranjero (Málaga, Granada, Madrid, Barcelona, Ámsterdan, Londres y Berlín. El lema, Canarias tiene un límite. El objetivo, reconducir el modelo de desarrollo en las islas basado en el turismo, que, si bien es el que sustenta a casi el 40% del empleo (directo o indirecto) y es el principal sector en el PIB, es también un modelo que genera desigualdad y que no ha distribuido la riqueza entre la población isleña. Baste un dato, tanto en 2017 como este 2023, Canarias registró sus cifras más altas de llegadas de turistas y, al mismo tiempo, sus tasas más elevadas de pobreza (informe AROPE). Además, es un modelo que consume gran cantidad de recursos y que transforma el territorio, concentrándose en las zonas costeras y emblemáticas de las islas.

La protesta, como han insistido en señalar los convocantes, no es para echar a los turistas o acabar con esta industria, como han pretendido afirmar quienes se oponen a este movimiento. Es para ponerle límites y condiciones, y para protestar contra quienes han gobernado solo pensando en términos de beneficios económicos y escuchando solo los intereses de un sector y unos empresarios muy concretos. Y estos son los motivos:

Canarias tiene los segundos sueldos más bajos del país y una tasa de pobreza y riesgo de exclusión social por encima del 33% de la población. Esta, además, no ha parado de crecer en los últimos años a un ritmo vertiginoso en el conjunto del archipiélago, especialmente en Tenerife y Fuerteventura, hasta superar los 2,2 millones de habitantes. Y no, esos nuevos residentes no son africanos llegados en pateras o cayucos. Estos, más del 80%, acaba trasladándose al continente europeo. Los nuevos residentes son, en su mayoría, italianos, británicos, alemanes y venezolanos (más del 21% de la población residente nació en el extranjero). Y mientras esto ha ocurrido, las infraestructuras y servicios, como los sanitarios, educativos o de saneamiento de aguas, apenas se han desarrollado. Los sucesivos gobiernos de Canarias han apostado en las últimas décadas (siempre con Coalición Canaria en el poder, salvo en el período 2019-2023) por seguir alimentando la industria turística, con la excepción de una moratoria aprobada a principios de los 2000, que frenó durante un tiempo la construcción de plazas hoteleras. Pero poco se ha apostado por la sostenibilidad y el medio ambiente, o por solucionar el histórico problema de la depuración de aguas en islas como Tenerife, con millones de litros vertidos al mar sin tratar.

Tras la pandemia, además, el ritmo de llegada de turistas, crecimiento de la población y empeoramiento de los servicios parece haberse acelerado. En islas como Tenerife existe la sensación de que “aquí no cabe un alfiler”. Vayas donde vayas hay colas de coches, falta de aparcamiento y turistas. Se ven escenas de colapso incluso en zonas rurales, como el caserío de Masca o el Parque Rural de Anaga, cuyos vecinos piden, sin éxito, medidas para controlar el número de vehículos de alquiler que transitan por sus carreteras. Mientras que hace pocos años los turistas se encontraban solo en las zonas hoteleras (sur de la isla y el municipio norteño de Puerto de la Cruz) ahora se les ve incluso en los barrios. Les han llevado hasta allí las viviendas vacacionales, que han repartido a los visitantes por toda la geografía insular, llegando incluso en algunas poblaciones canarias a suponer más del 20% de las viviendas. Los precios del alquiler se han disparado y la población local ha sido poco a poco desplazada. La apuesta del anterior Gobierno canario de atraer a “nómadas digitales” no ayudó a esta crisis habitacional.

Proteger a los hoteles, incluso si no cumplen la ley

A todo esto se suma la posición del actual Gobierno de Canarias (CC-PP) respecto a varios proyectos turísticos que cuentan con un gran rechazo entre la población y que, además, están plagados de irregularidades. Son la construcción de un hotel en la playa de La Tejita (Tenerife), el complejo turístico Cuna del Alma (Tenerife) y el Hotel Riu Oliva Beach (Dunas de Corralejo, en Fuerteventura). En los dos primeros casos, había órdenes de paralización de las obras por diferentes motivos; en el tercero, hay una orden de derribo por parte del Ministerio de Transición Ecológica. Pero la postura del actual Ejecutivo ha sido la misma en todos los casos: defender a la empresa promotora o explotadora del negocio. Así, en apenas ocho meses desde que llegó a la presidencia Fernando Clavijo (CC), se han dejado caducar los expedientes sancionadores a Cuna del Alma y se ha permitido que continúen las obras en La Tejita, pese a que la empresa no tiene título habilitante para ello. Y respecto al Oliva Beach, el Gobierno ha querido convertir la orden de derribo en una suerte de conflicto Canarias-España por las competencias en materia de Costas. Ni una palabra a estas empresas para que respeten y cumplan la ley.

Gota a gota, hasta llenar el vaso

Todos estos puntos, y algunos más, como la escasez de vivienda a precios asequibles (más de un tercio de las que se venden son compradas por extranjeros), la emergencia hídrica declarada en varias islas, la emergencia energética declarada en todo el archipiélago o la cesta de la compra más cara del país con los segundos sueldos más bajos han terminado por crear una sensación de “robo”, de “hartazgo”, de “expulsión de tu propia tierra” o de “colapso” que lleva candente en el ambiente, especialmente en Tenerife, desde hace al menos dos años. Fue entonces cuando se organizó la primera gran manifestación contra Cuna del Alma y contra todos los macroproyectos previstos en la isla, que no son pocos: unos trenes al norte y al sur (con un coste de más de 4.000 millones de euros), un circuito del motor (más de 50 millones y sin empresas que quieran gestionarlo por las dudas sobre su rentabilidad) o un puerto en Fonsalía (rodeado de una franja de agua que constituye el único santuario de ballenas de España y de la Unión Europea, y es el tercero del mundo).

Y no solo en Tenerife. También en Gran Canaria ha habido movilizaciones contra la construcción de la terminal de bombeo de Chira-Soria, y en Fuerteventura, contra la construcción junto a las Dunas de Corralejo de un parque temático sobre el cine, con platós, centro comercial y un tanque de agua de varios millones de litros en una isla desértica.

Es lo habitual en estas islas que cada poco se conozca que se ha autorizado la construcción de un nuevo hotel o que, para sortear la protección del suelo, se ha declarado que un proyecto turístico es “interés insular”. Ha ocurrido con la construcción de una ciudad del cine en Gran Canaria, con el hotel y spa Dichosa Wellnes, junto a las coladas aún enfriándose del volcán de La Palma, o con un nuevo hotel y 30 villas turísticas en El Hierro.

Se echan de menos leyes para proteger el suelo, para aumentar la vigilancia de los espacios protegidos, o sanciones más duras para quienes incumplen la normativa de construcción, para facilitar que la población canaria encuentre casa en su isla o un trabajo más allá del sector servicios y sus sueldos precarios.

El 20A como válvula de escape

Canarias era ya una olla a presión que necesitaba una válvula de escape. Y en ese contexto llegó la convocatoria para este 20A, primero en Tenerife, y luego, una a una, se fueron sumando las ocho islas del archipiélago, porque todas tienen algo por lo que protestar, y un fin común, reconducir el modelo de desarrollo y poner un límite a la llegada de turistas y población creciente.

Por eso se reclama una tasa turística, cuyo importe recaudado se destine a proteger y vigilar los entornos naturales de las islas; una moratoria turística y que no se pueda construir ni una plaza hotelera o vacacional más y medidas para evitar que personas no residentes adquieran viviendas con fines especulativos, así como una ley de residencia para limitar el número de personas que se trasladan a vivir a las islas, entre otras.

La convocatoria, antes incluso de que llegue este sábado a las 12.00, ya ha sido todo un éxito porque ha conseguido cosechar el apoyo de múltiples organizaciones y personalidades de todos los ámbitos, especialmente el social, medioambiental y científico. Y se ha colado en el discurso político, obligando a los partidos, al Gobierno y a las patronales turísticas a reaccionar. Ahora el discurso del Ejecutivo regional, que empezó acusando a los convocantes de turismofobia, ha cambiado hasta señalar a las patronales de ser las responsables del malestar por no subir sueldos. Y estas han respondido acusando al Gobierno de no haber construido infraestructuras y no haber solucionado el problema habitacional. De subir sueldos no han dicho nada, pero sí han propuesto que los ayuntamientos cedan suelo para construir viviendas para los trabajadores de los hoteles a precios “tasados”, es decir, que puedan pagar con sus sueldos actuales. El propio Gobierno reconoció hace meses que “algo falla”, porque el turismo crece y la pobreza también, pero hace apenas unos días Clavijo defendió que este modelo productivo no se cambiará porque es “un éxito”.

Se prevé que este 2024 rompa todos los récords de llegada de turistas, con más de 17 millones. Habrá que ver si se cumple la tradición y se dan también en este año los niveles más altos de pobreza, porque en las estadísticas ambos factores van de la mano en Canarias: cuando ha habido más turismo, también se han dado las mayores tasas de pobreza. De ahí la principal reivindicación del 20A, cambiar el modelo de desarrollo, porque el actual “cronifica la pobreza”.

La pregunta que cabe hacerse ahora es qué pasará tras este sábado. Los convocantes (decenas de organizaciones en todas las islas) quieren que este sea solo el primer paso de un cambio de rumbo, poniendo a la ciudadanía en el centro en lugar del beneficio económico. Este mismo viernes, el presidente canario ha dicho que lo de este sábado es una “oportunidad” para poder abrir un proceso social de reflexión y para intentar cambiar las cosas a mejor. Las patronales, probablemente, esperan solo a que escampe.

Quedan apenas tres días para que Canarias acuda, se prevé que masivamente, a una protesta simultánea en las siete islas, más Londres, Berlín, Madrid, Barcelona, Málaga y Granada, para pedir un cambio en el modelo de desarrollo del Archipiélago, imponiendo límites al turismo y tomando medidas para proteger a la población local y al entorno y paisajes isleños, entre otras reivindicaciones.

A esta convocatoria, que partió de una docena de organizaciones en Tenerife, la secundan ya decenas de colectivos ecologistas, sociales, cívicos, medioambientales, sindicatos, agentes de medio ambiente y forestales e incluso partidos políticos de toda Canarias. Una a una todas las islas del archipiélago se han sumado hasta lograr una convocatoria unida y amplia que pretende ser histórica en cuanto al número de asistentes.

A estas voces que piden cambios en el modelo de desarrollo se sumaron también este lunes las murgas de Tenerife. Consideradas las voces de los barrios y del pueblo, no se habían pronunciado hasta ahora, pero durante los pasados Carnavales las letras de sus canciones dejaron bien clara su postura. Ahora, en un vídeo difundido en redes sociales, representantes de cada una de las bandas han dado diferentes argumentos para acudir a la protesta del sábado, 20A, recalcando, eso sí, que no es turismofobia, como se ha afirmado desde el Gobierno regional, el sector empresarial y la patronal hotelera.

“Los murgueros y murgueras alzan la voz para decir que... no es turismofobia, es fobia a un modelo insostenible, es que nos echen de nuestras casas, es que Canarias no es un parque de atracciones...”, comienzan diciendo miembros de Los Bambones, Los Triki Trakes, Tiralenguas y Diabólicas. Les siguen La Sorona, Trabachones, Marchilongas, Zeta Zetas, Ni Pico ni Corto, Los Chinchosos, Trapaseros, Tras con Tras, Desbocados, Diablos Locos y Mamelucos. Juntos gritan al final que Canarias tiene un límite, eslogan de la manifestación.

Que las murgas se sumen a esta reivindicación le otorga a esta un sentido más amplio y refleja que el mensaje de movilización contra el modelo de desarrollo ha calado más profundamente en la sociedad canaria que en protestas anteriores, y que el nivel de hartazgo es mucho mayor. Hay que recordar que mientras Canarias bate récord de llegadas de turistas (más de 16 millones en 2023, sobre una población de 2,2 millones) y de gasto de los turistas en el destino, los niveles de pobreza siguen por encima del 33% de la sociedad, la tasa de paro sigue siendo de las más altas del país y los sueldos, los segundos más bajos. A esto se suma que la población ha crecido considerablemente en los últimos años con la llegada de habitantes venidos de la Península y otras partes de Europa, así como de América Latina, mientras las infraestructuras sanitarias o educativas, las carreteras y el saneamiento apenas ha variado. Tampoco se ha incrementado la vigilancia ni la protección de los espacios protegidos o emblemáticos de las islas, que soportan cada vez una presión mayor dado el aumento de visitantes. Y así ocurre que el Parque Nacional del Teide, que con más de 4 millones de turistas al año es el primero en visitas en España y el cuarto de toda la UE, tan solo cuenta con cuatro agentes para la vigilancia de sus más de 26.000 hectáreas.

El Archipiélago se encuentra en una emergencia habitacional y energética declarada por el Gobierno regional, mientras que la isla más poblada y la que recibe más turistas, Tenerife, está en emergencia hídrica, como Fuerteventura y La Palma. Y mientras, las políticas de desarrollo siguen encaminadas a traer más turistas este 2024, cuando, según las previsiones, se superarán las marcas de un 2023 de récord.